CELEX: 61987CJ0308
Recurso en indemnización
Responsabilidad extracontractual
Caída desde un edificio

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de octubre de 1987, el Sr. Alfredo Grifoni, propietario de una empresa especializada en la prestación de servicios de hojalatería y de herrería, interpuso un recurso de indemnización, con arreglo a los artículos 151 y 188, párrafo 2, del Tratado CEEA, dirigido contra la Comunidad Europea de la Energía Atómica, representada por la Comisión de las Comunidades Europeas. Este recurso tiene por objeto que se declare la responsabilidad de la Comisión por el daño sufrido por el demandante a consecuencia de un accidente que tuvo lugar en los locales del Centro Común de Investigación de la Comisión en Ispra (en lo sucesivo, «el Centro») y, por lo tanto, se la condene a la indemnización de dicho daño.
El Sr. Grifoni manifiesta que, al ser adjudicatario de un contrato para ejecutar trabajos de hojalatería y de herrería en la estación meteorológica del Centro, se presentó el 20 de octubre de 1985 en los locales del mismo y, acompañado por un agente del Centro, subió a lá azotea de la estación meteorológica, situada a una altura de cerca de 4,50 metros, a fin de recoger datos. Fue víctima de una caída que le ha causado graves lesiones corporales.
Según el Sr. Grifoni, la Comisión es responsable del accidente, conforme al párrafo 2 del artículo 188 del Tratado CEEA, por haber omitido adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir el accidente.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Según el párrafo 2 del artículo 188 del Tratado CEEA, en materia de responsabilidad extracontractual, la Comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
Según una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Comunidad y el reconocimiento del derecho a la reparación del perjuicio sufrido están supeditados a la concurrencia de un conjunto de requisitos en lo que respecta a la ilicitud de la conducta imputada a las instituciones comunitarias, a la realidad del daño y a la existencia de un nexo causal entre la conducta y el perjuicio invocado (véase, en particular, la sentencia de 4 de marzo de 1980, Pool,
49/79, Rec. 1980, p. 569
).
En este asunto, no se discute la existencia del daño. Por lo tanto es conveniente examinar el carácter ilícito de la conducta de la Comisión y el nexo causal entre tal conducta y el perjuicio sufrido por el Sr. Grifoni.
Respecto a la conducta imputada a la Comisión, ante todo, hay que destacar que, cuando una institución de la Comunidad procede a la realización de obras de construcción o de mantenimiento de edificios, está obligada a respetar las reglas de seguridad vigentes relativas al trabajo en el lugar en que éste se ejecuta. En lo que se refiere a las obras efectuadas en el Centro de Ispra, la Comisión estaba obligada, en consecuencia, a observar la legislación italiana en la materia.
La obligación de respetar las disposiciones italianas está, además, expresamente prevista en el artículo 31 del anexo F del Acuerdo de 22 de julio de 1959 entre la República Italiana y la CEEA, puesto en aplicación mediante la Ley n° 906, de 1 de agosto de 1960, relativa a la aprobación y a la ejecución del Acuerdo entre el Gobierno italiano y la Comisión Europea de la Energía Atómica (Euratom) para el establecimiento de un Centro común de investigación nuclear de competencia general celebrado en Roma el 22 de julio de 1959 (GURI n° 212 de 31.8.1960); según dicho artículo, la Comisión aplicará, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones italianas relativas a la higiene y a la seguridad del trabajo.
La Comisión alega que, en este asunto, no es aplicable el citado artículo 31 del anexo F del Acuerdo, porque éste se refiere a la relación de trabajo entre el Centro y algunas categorías de sus propios empleados, mientras que entre el Centro y el Sr. Grifoni no existía una relación de trabajo dependiente.
No puede acogerse esta argumentación. En efecto, las reglas italianas de seguridad que deben ser observadas por la Comisión de acuerdo con dicha disposición están destinadas a proteger a todos aquellos que estén expuestos a riesgos de caída en los locales del Centro.
Entre las normas italianas en materia de accidente de trabajo, es conveniente recordar, en particular, el artículo 10 del Decreto n° 164 del Presidente de la República, de 7 de enero de 1956, relativo a la prevención de accidentes de trabajo en el sector de la construcción (GURI n° 78 de 31.3.1956), que obligaba a la Comisión a proporcionar un cinturón de seguridad apropiado a todos aquellos que efectúen trabajos con riesgos de caída, así como los artículos 26 y 27 del Decreto n° 547 del Presidente de la República, de 27 de abril de 1955, sobre las normas de prevención de accidentes de trabajo (GURI n° 158 de 12.7.1956), que obligaban a la Comisión a proveer una barandilla en los lugares elevados de trabajo.
En este asunto, se desprende de los autos que la Comisión no adoptó las medidas de seguridad establecidas en la citada legislación italiana a fin de prevenir los riesgos de caída de la que podían ser víctimas las personas que efectuaban trabajos en la azotea del Centro.
Se debe concluir que, al haber omitido la diligencia necesaria en la adopción de las medidas de seguridad apropiadas para prevenir el accidente del que ha sido víctima el demandante, la conducta de la Comisión fue ilícita.
En cuanto al nexo causal entre la omisión y la caída del demandante, la Comisión alega que el daño sufrido por el Sr. Grifoni es totalmente imputable a la propia negligencia de este último.
Este motivo sólo puede ser acogido parcialmente. A este respecto, procede observar que, si bien la Comisión, al omitir la adopción de las citadas medidas de seguridad, ha contribuido a la realización del daño, tampoco el demandante ejerció la diligencia necesaria para su propia protección cuando cumplía su trabajo, que en ese momento consistía en recoger datos. En efecto, el Sr. Grifoni, al ser el adjudicatario de los trabajos y un especialista en la materia, hubiera debido adoptar las precauciones necesarias y, en su caso, negarse a efectuar el trabajo hasta que se aplicaran las medidas de protección.
En estas circunstancias, el perjuicio sufrido no tiene su causa exclusiva en la conducta de la Comisión sino también en la del demandante, quien, si bien pudo evitar el accidente mediante la diligencia exigida, no lo hizo y así contribuyó parcialmente a su realización. En consecuencia, procede repartir la responsabilidad de que se trata en partes iguales entre el demandante y la Comisión.
Costas
De cuanto precede resulta que la Comisión debe ser condenada a reparar, hasta el 50 %, el perjuicio sufrido por el demandante a causa del accidente del que fue víctima en las circunstancias descritas y reservar la determinación de la cuantía de la reparación al mutuo acuerdo entre las partes o, en su defecto, a la decisión de este Tribunal.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
con carácter interlocutorio, decide:

1)
Condenar a la Comisión a reparar, hasta el 50 %, el perjuicio sufrido por el demandante a causa de su caída desde la azotea de la estación meteorológica del Centro Común de Investigación de Ispra.

2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)
Las partes comunicarán al Tribunal, dentro de un plazo de seis meses a partir de la fecha de esta sentencia, las cantidades que hayan acordado en concepto de reparación.

4)
A falta de acuerdo, las partes presentarán al Tribunal, en el mismo plazo, sus pretensiones, indicando cantidades.

5)
Reservar la decisión sobre las costas.

Kakouris
Koopmans
Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.