CELEX: 62003CJ0121
Incumplimiento de Estado
Directivas 75/442/CEE y 91/156/CEE
Concepto de residuos
Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente
Directiva 80/68/CEE
Protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas
Directiva 80/778/CEE
Calidad de las aguas destinadas al consumo humano

1       Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que:
–       al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de
los artículos 4, 9 y 13 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194,
p. 39; EE 15/01, p. 129), en su versión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78,
p. 32) (en lo sucesivo, «Directiva 75/442»), al no haber tomado las medidas necesarias para garantizar que los residuos procedentes
de las instalaciones porcinas ubicadas en la zona del Baix Ter, provincia de Gerona, sean eliminados o valorizados sin poner
en peligro la salud humana ni perjudicar al medio ambiente y por no contar gran parte de dichas instalaciones con la autorización
exigida por esta Directiva, ni efectuar los controles periódicos necesarios a dichas instalaciones;
–       al no haber realizado una evaluación de impacto previa a la construcción o modificación de los proyectos de las citadas instalaciones
porcinas, contrariamente a lo exigido por los artículos 2 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de
junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente (DO L 175, p. 40; EE 15/06, p. 9; en lo sucesivo, «Directiva 85/337, en su versión inicial») o de esta Directiva
en su versión modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997 (DO L 73, p. 5) (en lo sucesivo, «Directiva
85/337»);
–       al no haber realizado los estudios hidrogeológicos necesarios en la zona afectada por la contaminación, en relación con las
explotaciones porcinas objeto del presente recurso, contrariamente a lo exigido por los artículos 3, letra b), 5, apartado
1, y 7 de la Directiva 80/68/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la protección de las aguas subterráneas
contra la contaminación causada por determinadas sustancias peligrosas (DO 1980, L 20, p. 43; EE 15/02, p. 162);
–       al haber sobrepasado, en varias redes públicas de distribución de agua del área del Baix Ter, la concentración máxima admisible
del parámetro «nitratos» establecida en el anexo I, cuadro C, número 20, de la Directiva 80/778/CEE del Consejo, de 15 de
julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 229, p. 11; EE 15/02, p. 174), contrariamente
a lo exigido por el artículo 7, apartado 6, de dicha Directiva,
el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las mencionadas Directivas.

Marco jurídico

Normativa sobre residuos
Normativa comunitaria
2       El artículo 1, letra a), párrafo primero, de la Directiva 75/442 define residuo como «cualquier sustancia u objeto perteneciente
a una de las categorías que se recogen en el Anexo I y del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la
obligación de desprenderse».
3       El artículo 1, letra a), párrafo segundo, de la Directiva 75/442 encomienda a la Comisión la elaboración de «una lista de
residuos pertenecientes a las categorías enumeradas en el Anexo I». En su Decisión 94/3/CE, de 20 de diciembre de 1993, por
la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442 (DO 1994, L
5, p. 15), la Comisión aprobó un «catálogo europeo de residuos», en el que figuran, entre los «residuos de la producción primaria
agrícola», las «heces animales, orina y estiércol (incluida paja podrida), efluentes recogidos selectivamente y no tratados
in situ»
. En la introducción del anexo de dicha Decisión se precisa que dicha lista de residuos es una lista «no exhaustiva», que
«la inclusión de una sustancia en [la lista] no implica que sea un residuo en cualquier circunstancia» y que «la inclusión
sólo es pertinente cuando la sustancia se ajusta a la definición de residuo».
4       El mismo artículo 1 en su letra c) define al poseedor como «el productor de los residuos o la persona física o jurídica que
los tenga en su posesión».
5       El artículo 2 de la Directiva 75/442 dispone:
«1.      Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva:
a)      los efluentes gaseosos emitidos en la atmósfera;
b)      cuando ya estén cubiertos por otra legislación:
[…]
iii)      los cadáveres de animales y los residuos agrícolas siguientes: materias fecales y otras sustancias naturales y no peligrosas
utilizadas en el marco de la explotación agrícola;
[…]
2.      Las disposiciones específicas particulares o complementarias de las de la presente Directiva, destinadas a regular la gestión
de determinadas categorías de residuos, podrán establecerse mediante directivas específicas.»
6       El artículo 4 de dicha Directiva establece:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin
poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente y, en
particular:
–       sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora;
–       sin provocar incomodidades por el ruido o los olores;
–       sin atentar contra los paisajes y los lugares de especial interés.
Los Estados miembros adoptarán también las medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada
de residuos.»
7       Según el artículo 9 de la misma Directiva, a efectos de aplicación del artículo 4, cualquier establecimiento o empresa que
efectúe las operaciones de eliminación de residuos citadas en el anexo II A deberá obtener una autorización de la autoridad
competente, autorización que se referirá, en particular, a los tipos y cantidades de residuos, a las prescripciones técnicas,
a las precauciones que deberán tomarse en materia de seguridad, al lugar de eliminación y al método de tratamiento.
8       A tenor del artículo 13 de la Directiva 75/442:
«Los establecimientos o empresas que se ocupen de las operaciones mencionadas en los artículos 9 a 12 estarán sujetos a inspecciones
periódicas apropiadas por parte de las autoridades competentes.»
Normativa nacional
9       La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE de 22 de abril de 1998), dispone, en su artículo 2, apartado 2, que «la presente
Ley será de aplicación supletoria a las materias que se enuncian a continuación en aquellos aspectos regulados expresamente
en su normativa específica:
[…]
b)      La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal, en lo regulado en el Real Decreto 2224/1993,
de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen animal
y protección frente a agentes patógenos en piensos de origen animal.
c)      Los residuos producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas consistentes en materias fecales y otras sustancias naturales
y no peligrosas, cuando se utilicen en el marco de las explotaciones agrarias, en lo regulado en el Real Decreto 261/1996,
de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes
agrarias y en la normativa que apruebe el Gobierno en virtud de lo establecido en la disposición adicional quinta.
[…]».
10     Dicha disposición adicional quinta establece que la utilización como fertilizante agrícola de los residuos señalados en el
artículo 2, apartado 2, letra c), estará sujeta a la normativa que a estos efectos apruebe el Gobierno y a las normas adicionales
que, en su caso, aprueben las Comunidades Autónomas. Según esta misma disposición adicional, en dicha normativa se fijarán
los tipos y cantidades de residuos que puedan ser utilizados como fertilizante y las condiciones en las que la actividad queda
dispensada de la autorización, y se establecerá que la mencionada actividad deberá llevarse a cabo sin poner en peligro la
salud humana y sin utilizar procedimientos o métodos que puedan perjudicar al medio ambiente, y en particular sin producir
contaminación al agua. En su apartado 3, la disposición adicional establece igualmente que, si los residuos regulados en ella
son utilizados en la forma señalada en la misma, se considerará que no se ha producido una operación de vertido, a los efectos
establecidos en el artículo 92 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
11     En virtud del mandato legal previsto en esta disposición adicional quinta, el Gobierno español aprobó el Real Decreto 324/2000,
de 3 de marzo, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas (BOE de 8 de marzo de 2000).
Este Real Decreto dispone que la gestión de los estiércoles de las explotaciones porcinas podrá realizarse, entre otros procedimientos,
mediante la valorización de los mismos como abono órgano-mineral, y que la cantidad máxima de estiércoles utilizada de tal
modo y su contenido en nitrógeno se ajustarán a lo establecido en el Real Decreto 261/1996.
12     La Comunidad Autónoma de Cataluña aprobó, en lo que a ella respecta, la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos.
El artículo 4, apartado 2, letra c), de dicha Ley excluye del ámbito de aplicación de la misma «los residuos de explotaciones
agrícolas y ganaderas que no sean peligrosos y se utilicen exclusivamente en el marco de la explotación agraria». El Decreto
220/2001, de 1 de agosto, de gestión de las deyecciones ganaderas, que establece la obligación de elaborar planes de gestión
y de llevar registros, ha venido a completar dicha norma. El Decreto precisa que dichas deyecciones deben gestionarse respetando
lo establecido en el Código de buenas prácticas agrarias aprobado por Orden de 22 de octubre de 1998.

Normativa relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente
Normativa comunitaria
13     El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 85/337, en su versión inicial, disponía:
«Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que, antes de concederse la autorización, los proyectos
que puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones
o su localización, se sometan a una evaluación en lo que se refiere a sus repercusiones.
Estos proyectos se definen en el artículo 4.»
14     Según el artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva, «los proyectos pertenecientes a las clases enumeradas en el Anexo II
se someterán a una evaluación, de conformidad con los artículos 5 a 10, cuando los Estados miembros consideren que sus características
los exigen». En el anexo II, punto 1, letra f), se mencionan las instalaciones para cerdos.
15     Con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 85/337, «los proyectos enumerados en el Anexo I serán objeto de una
evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5 a 10».
16     En dicho anexo I, punto 17, la letra b) menciona las instalaciones para la cría intensiva de cerdos, con más de 3.000 plazas
para cerdos de engorde (de más de 30 kg), y la letra c), las instalaciones con más de 900 emplazamientos para cerdas de cría.
17     El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337 dispone que, por lo que respecta a los proyectos enumerados en el anexo II
de esta Directiva, los Estados miembros determinarán, mediante un estudio caso por caso, o mediante umbrales o criterios establecidos
por el Estado miembro, «si el proyecto será objeto de una evaluación de conformidad con lo establecido en los artículos 5
a 10». El apartado 3 del mismo artículo 4 precisa que, «cuando se examine caso por caso o se establezcan umbrales o criterios
a los efectos del apartado 2, se tendrán en cuenta los criterios pertinentes de selección establecidos en el anexo III».
18     El anexo II, punto 1, letra e), de la Directiva 85/337 menciona las «instalaciones para la cría intensiva de ganado (proyectos
no incluidos en el Anexo I)» y el punto 13 del mismo anexo, «cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en
el Anexo I o en el Anexo II, ya autorizados, ejecutados, o en proceso de ejecución, que puedan tener efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente». Los Estados miembros debían adaptar su Derecho interno a la Directiva 85/337 antes del 14 de marzo
de 1999.
Normativa nacional
19     Con arreglo a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Intervención integral de la Administración
Ambiental, y a su reglamento de desarrollo, el Decreto 136/1999, de 18 de mayo, las explotaciones de más de 2.000 cerdos para
engorde o 750 cerdas para cría están sometidas a la obtención previa de una autorización ambiental, que entraña obligaciones
específicas de gestión de los estiércoles y de los cadáveres de animales. Las explotaciones con un número de cerdos comprendido
entre 200 y 2.000 deben obtener una licencia ambiental antes de su creación. Esta misma Ley establece que las explotaciones
porcinas existentes que no dispongan de autorización ambiental deben solicitar la correspondiente licencia administrativa
a fin de regularizar su situación.
20     A nivel nacional, la Ley 6/2001, de 8 de mayo, por la que se modifica el Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio
de 1986, de evaluación de impacto ambiental (BOE de 9 de mayo de 2001), obliga a someter a un procedimiento de evaluación
de impacto ambiental las nuevas instalaciones de ganadería intensiva que superen las 2.000 plazas para cerdos de engorde y
las 750 plazas para cerdas de cría.

Normativa sobre protección de las aguas subterráneas
Normativa comunitaria
21     El artículo 3 de la Directiva 80/68 dispone:
«Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para:
[…]
b)      limitar la introducción en las aguas subterráneas de sustancias de la lista II con el fin de evitar la contaminación de estas
aguas por dichas sustancias.»
22     El punto 3 de dicha lista II menciona las «sustancias que tengan un efecto perjudicial en el sabor y/o el olor de las aguas
subterráneas, así como los compuestos que puedan originar dichas sustancias en las aguas, volviéndolas no aptas para el consumo
humano».
23     El artículo 5 de la Directiva 80/68 dispone que los Estados miembros someterán a una investigación previa los vertidos de
sustancias de la lista II y podrán conceder una autorización siempre que se cumplan todas las precauciones técnicas para evitar
la contaminación de las aguas subterráneas por dichas sustancias.
24     Con arreglo al artículo 7 de la Directiva 80/68, «las investigaciones previas contempladas en los artículos 4 y 5 deberán
constar de un estudio de las condiciones hidrogeológicas de la zona afectada, del eventual poder depurador del suelo y del
subsuelo, de los riesgos de contaminación y de alteración de la calidad de las aguas subterráneas por el vertido y determinar
si, desde el punto de vista medioambiental, el vertido en esas aguas constituye una solución adecuada».
Normativa nacional
25     En el marco de presente asunto no se ha comunicado al Tribunal de Justicia ninguna norma jurídica nacional que tenga por objeto
específicamente garantizar la adaptación del Derecho interno a la Directiva 80/68.

Normativa sobre calidad de las aguas destinadas al consumo humano
Normativa comunitaria
26     El artículo 2 de la Directiva 80/778 dispone:
«Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por aguas destinadas al consumo humano todas las aguas utilizadas para
tal fin, ya sea en su estado original, ya sea después de tratamiento, sea cual fuere su origen:
–       bien sean aguas destinadas al consumo
o
–       bien sean aguas:
–       utilizadas en una empresa alimentaria para fines de fabricación, de tratamiento, de conservación o de comercialización de
productos o substancias destinadas al consumo humano
y
–       que afecten a la salubridad del producto alimenticio final.»
27     A tenor del artículo 7, apartado 1, de dicha Directiva:
«Los Estados miembros fijarán los valores aplicables a las aguas destinadas al consumo humano para los parámetros que figuran
en el Anexo I.»
28     El apartado 6 del mismo artículo dispone que «los Estados miembros habrán de adoptar las disposiciones necesarias a fin de
que las aguas destinadas al consumo humano sean al menos conformes a las exigencias especificadas en el Anexo I».
29     Dicho anexo I establece, en el número 20 del cuadro C, que la concentración máxima admisible para el parámetro «nitratos»
es de 50 mg/l.
Normativa nacional
30     La zona a la que hace referencia el presente recurso fue declarada zona vulnerable por el Decreto 283/1998, de 21 de octubre,
de la Comunidad Autónoma de Cataluña. En ejecución de dicha norma se aprobó el Decreto 167/2000, de 2 de mayo, de medidas
excepcionales en materia de fuentes de abastecimiento públicas afectadas por nitratos, con objeto de garantizar la calidad
de las aguas destinadas al consumo humano.

Procedimiento administrativo previo
31     En el año 2000, la Comisión recibió una denuncia sobre la contaminación del acuífero del Baix Ter, situado en la parte final
del río Ter, en la provincia de Gerona, así como de las aguas suministradas a un gran número de municipios del Empordà, en
la misma provincia. El denunciante afirmaba que dicha contaminación, producida por diversas sustancias y en especial por los
nitratos, se debía principalmente al desarrollo de las explotaciones porcinas intensivas, cuyo estiércol estaba siendo vertido
directamente, sin control ni tratamiento, al medio acuático. El denunciante trasmitió a la Comisión los resultados de unos
análisis que mostraban el contenido en nitratos de dichas aguas, al tiempo que indicaba que la Delegación de Sanidad de Gerona
se había negado a facilitarle ciertas informaciones sobre la calidad de las mismas.
32     Mediante escrito de 2 de mayo de 2000, la Comisión solicitó a las autoridades españolas que presentaran sus observaciones
sobre dicha denuncia y que le trasmitieran ciertas informaciones sobre las explotaciones porcinas de que se trata y el estado
del acuífero del Baix Ter.
33     Mediante escrito de 13 de julio de 2000, las autoridades españolas remitieron unos informes elaborados por el Departamento
de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña. En su respuesta alegaban que los residuos agrícolas estaban excluidos del
ámbito de aplicación de la Directiva 75/442 y que las actividades de este tipo no estaban sometidas al procedimiento de evaluación
de impacto ambiental previsto por la Directiva 85/337. Unos documentos adjuntos a dicha respuesta mostraban que se habían
abierto expedientes sancionadores a raíz del control de los vertidos procedentes de explotaciones ganaderas y que la contaminación
del acuífero por nitratos había aumentado, pues la mitad de las muestras tomadas en el primer trimestre de 2000 incumplían
la norma de 50 mg/l. En lo que respecta a la Directiva 80/778, las autoridades españolas mencionaban el Decreto 167/2000.
34     Considerando que las autoridades españolas estaban incumpliendo las Directivas 75/442, 85/337, también en su versión inicial,
80/68 y 80/778, la Comisión envió un escrito de requerimiento al Reino de España el 25 de octubre de 2000.
35     Mediante escritos de 1 y 15 de febrero de 2001, las autoridades españolas respondieron al escrito de requerimiento remitiendo
a la Comisión un informe elaborado por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña, en el que la Administración
catalana se declarara consciente de la problemática planteada por la contaminación de nitratos en el Baix Ter. Las autoridades
españolas reconocieron en particular que en seis municipios del acuífero de que se trata la concentración de nitratos superaba
la norma de 50 mg/l. Alegaron sin embargo que el Decreto 283/1998 había designado la zona en cuestión zona vulnerable en Cataluña,
en relación con la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, y que el Gobierno había aprobado el 3 de abril
de 2000 un programa de medidas de gestión de los recursos hídricos en las zonas vulnerables a dicha contaminación. Las autoridades
españolas precisaron igualmente que, en la zona de que se trata, el Código de buenas prácticas agrarias aprobado por Orden
de 22 de octubre de 1998 era de obligado cumplimiento, al igual que el Decreto 205/2000, de aprobación del programa de medidas
agronómicas aplicables a las zonas vulnerables. En cuanto a las Directivas 75/442 y 80/68, las autoridades españolas sostuvieron
que no habían sido vulneradas, puesto que todas las instalaciones porcinas estaban sometidas a un procedimiento destinado
a garantizar una correcta gestión de sus residuos.
36     Mediante escrito de 15 de marzo de 2001, las autoridades españolas trasmitieron a la Comisión un informe sanitario elaborado
por el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña que reconocía que en varios municipios del
acuífero de que se trata y en gran número de pozos se superaba la concentración máxima de nitratos de 50 mg/l.
37     Estimando que tales respuestas continuaban sin ser satisfactorias, la Comisión remitió al Reino de España un dictamen motivado
mediante escrito de 26 de julio de 2001, concediéndole un plazo de dos meses desde su notificación con el fin de que adoptara
las medidas necesarias para atenerse al mismo.
38     Mediante escrito de 3 de diciembre de 2001, las autoridades españolas respondieron al dictamen motivado, remitiendo a la Comisión
un nuevo informe elaborado por el Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de Cataluña. Dicho informe indicaba que
se estaba llevando a cabo un proceso de regularización de la situación de las explotaciones porcinas y se estaban emitiendo
informes ambientales previos al otorgamiento o denegación de la autorización. Las autoridades españolas mencionaron igualmente
la existencia de un plan de inspección de las explotaciones y la apertura de expedientes sancionadores. Pusieron de relieve
que todas las nuevas instalaciones de ganadería intensiva que superaran las 2.000 plazas para cerdos de engorde y 750 plazas
para cerdas de cría estaban sometidas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, con arreglo a la Ley 6/2001. Reconocieron,
por último, que el límite máximo de concentración de nitratos se sobrepasaba en cinco municipios de la zona en cuestión, con
una población de sólo 1.424 habitantes, según un informe de 14 de septiembre de 2001 de la Dirección de Salud Pública de la
Generalidad de Cataluña remitido a la Comisión.
39     Considerando que el Reino de España seguía sin adoptar las medidas necesarias para cumplir sus obligaciones, la Comisión interpuso
el presente recurso ante el Tribunal de Justicia.
40     El Reino de España solicita que se desestime el recurso y se condene en costas a la Comisión.

Sobre el recurso

Sobre las imputaciones basadas en la infracción de la Directiva 75/442
Alegaciones de las partes
41     La Comisión sostiene que las explotaciones controvertidas producen una importante cantidad de residuos, en particular purines
y cadáveres de animales, y que dichos residuos están sometidos a la Directiva 75/442, dado que no existe otra legislación
comunitaria específica que cubra todos los riesgos para el medio ambiente generados por ellos.
42     Según la Comisión, la contaminación de las aguas del acuífero del Baix Ter, reconocida por las autoridades españolas en sus
escritos de 1 y 15 de febrero de 2001, de 15 de marzo de 2001 y de 3 diciembre de 2001, se debe al vertido sin gestión ni
control de un creciente volumen de purines, en contra de lo establecido en el artículo 4 de dicha Directiva. Afirma que varios
análisis lo confirman y que la cantidad media de nitratos en las aguas de la unidad hidrogeológica del Baix Ter es de 61 mg/l,
superior a la concentración máxima autorizada.
43     Además, la Comisión sostiene que, en la fecha fijada en el dictamen motivado, las explotaciones porcinas de que se trata funcionaban
sin la autorización exigida por el artículo 9 de la misma Directiva. Asegura que las autoridades españolas así lo han reconocido
al indicar que la situación de muchas de estas explotaciones estaba siendo regularizada, lo que prueba, en su opinión, que
la legislación nacional invocada por dichas autoridades no se cumple.
44     La Comisión alega, por último, que las explotaciones porcinas de la zona, unas 200, no fueron sometidas a inspecciones periódicas
apropiadas y efectivas por parte de las autoridades competentes, en contra de lo dispuesto en el artículo 13 de la Directiva
75/442. Las autoridades españolas se han limitado, según la Comisión, a remitir un cuadro referido al período 1994-1998 y
a mencionar la existencia de un plan de inspecciones y algunas actuaciones sancionadoras.
45     El Gobierno español se opone a la calificación de residuo a efectos de la Directiva 75/442 aplicada a los purines de cerdo.
Sostiene que los purines se utilizan como fertilizante orgánico-mineral de los suelos y no son por tanto un residuo, sino
una materia prima. A su juicio, la normativa aplicable a los purines utilizados como materia prima es en realidad la Directiva
91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida
por nitratos utilizados en la agricultura (DO L 375, p. 1), que pretende prevenir la contaminación producida por los nitratos
procedentes de la agricultura.
46     El Gobierno español precisa además que, en cualquier caso, la Directiva 91/676 debe ser calificada de «otra legislación» a
efectos del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 75/442, lo que impide aplicar esta última Directiva a los purines de cerdo.
Añade que, en el supuesto de que el concepto de «otra legislación» debiera interpretarse en el sentido de que se refiere igualmente
a las legislaciones nacionales, dicho concepto se aplicaría a su juicio a los Reales Decretos 261/1996 y 324/2000.
47     Con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal de Justicia estimase que los purines están incluidos en el ámbito
de aplicación de la Directiva 75/442, el Gobierno español indica que la Comisión, que debe probar los hechos que alega, no
ha demostrado que exista un incumplimiento de dicha Directiva. Afirma que las autoridades españolas competentes actuaron resueltamente,
lo que ha permitido obtener resultados tangibles.
48     En su escrito de réplica, la Comisión sostiene en primer lugar que el concepto de «otra legislación» a efectos del artículo
2, apartado 1, de la Directiva 75/442 se refiere únicamente a otra legislación comunitaria y no a normativas de los Estados
miembros. Según la Comisión, el Tribunal de Justicia debería modificar la jurisprudencia establecida en su sentencia de 11
de septiembre de 2003, AvestaPolarit Chrome (C‑114/01, Rec. p. I‑8725), en la que el Tribunal de Justicia declaraba que una
legislación nacional también podía constituir «otra legislación».
49     En cualquier caso, la Comisión estima que la legislación nacional existente –el Real Decreto 261/1996 y el Real Decreto 324/2000–
no garantiza un nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente comparable al de la Directiva 75/442. Por otra
parte, afirma que no existe otra legislación comunitaria aplicable a los purines distinta de la Directiva 75/442. La Directiva
91/676 tiene, en su opinión, un ámbito de aplicación específico que no abarca todos los daños medioambientales causados por
el estiércol. En lo que respecta a los cadáveres de animales, la Comisión señala que el Gobierno español no los menciona y
que la Directiva 90/667/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, por la que se establecen las normas veterinarias relativas
a la eliminación y transformación de desperdicios animales, a su puesta en el mercado y a la protección de los agentes patógenos
en los piensos de origen animal o a base de pescado, y por la que se modifica la Directiva 90/425/CEE (DO L 363, p. 51), que
no contempla la totalidad de los daños causados por dichos cadáveres, tampoco puede ser calificada de «otra legislación».
La Comisión llega a la conclusión de que la única Directiva aplicable a los residuos (purines y cadáveres de animales) procedentes
de las explotaciones porcinas es la Directiva 75/442.
50     En segundo lugar, la Comisión impugna la tesis del Gobierno español de que los purines no constituyen un residuo, sino una
materia prima. El hecho de que los purines de cerdo sean objeto de valorización y figuren en el catálogo europeo de residuos
son argumentos, en su opinión, que incitan a calificar de residuo dicha sustancia. La Comisión sostiene que únicamente los
purines utilizados en la misma explotación ganadera como abono y conforme a las buenas prácticas agrarias pueden ser considerados
subproductos. Considera que no ocurre así en todas las explotaciones porcinas a que se refiere el recurso, pues la cantidad
de purines producida es demasiado grande para destinarse en su totalidad a dicho uso.
51     Por último, la Comisión considera haber probado suficientemente que las autoridades españolas incumplían las obligaciones
establecidas por la Directiva 75/442.
52     En su escrito de dúplica, el Gobierno español alega que no le parece pertinente volver a discutir la interpretación del concepto
de «otra legislación» realizada por el Tribunal de Justicia en su sentencia AvestaPolarit Chrome, antes citada.
53     El Gobierno español pone de relieve que la normativa interna aplicable, en su conjunto –compuesta por una parte, a nivel nacional,
por el Real Decreto 261/1996 para las zonas vulnerables y el Real Decreto 324/2000 para las no vulnerables, completados con
carácter supletorio por la Ley 10/1998 y, por otra, por la muy completa normativa aprobada por la Comunidad Autónoma de Cataluña
para regular las deyecciones del ganado (planes de gestión, libros de gestión, normas sobre la aplicación a la tierra de las
deyecciones y su transporte fuera de la explotación, régimen de autorización, régimen sancionador, etc.)–, constituye «otra
legislación» a efectos del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 75/442 y, por tanto, esta última no es aplicable.
En su opinión, la Comisión se equivoca al insistir en los cadáveres de animales en su escrito de réplica, pues el recurso
se ha referido en todo momento a la contaminación de las aguas provocada por las deyecciones del ganado.
54     El Gobierno español alega que, a nivel comunitario, el reciclaje del estiércol en la agricultura se regula en la Directiva
91/676. Considera que la Directiva 90/667 no es, en cambio, aplicable a los purines, pues los excrementos animales están excluidos
de su ámbito de aplicación. En su opinión, los purines constituyen en efecto un subproducto, cuando son valorizados como fertilizantes
de acuerdo con las buenas prácticas agrarias. El hecho de que se comercialicen con facilidad incluso fuera de las áreas donde
se producen demuestra, a su juicio, que no cabe aplicarles el concepto de residuo utilizado en la Directiva 75/442. En lo
relativo a los cadáveres de animales, el Gobierno español considera que la normativa específicamente aplicable es el Reglamento
(CE) nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (DO L 273, p. 1).
55     Por último, el Gobierno español subraya que las autoridades catalanas han llevado a cabo una acción de formación de los agricultores
para la correcta gestión de los residuos del estiércol y promovido la creación de plantas de compostado para el tratamiento
de las deyecciones excedentarias. Así, doce de estas plantas se encuentran en funcionamiento actualmente y diez más en trámite
de aprobación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
56     Con carácter previo, debe precisarse que la Comisión ha mencionado expresamente en su recurso los cadáveres de animales entre
los residuos generados por las explotaciones porcinas controvertidas. Por tanto, las imputaciones basadas en la infracción
de la Directiva 75/442 no sólo se refieren a los incumplimientos en que supuestamente han incurrido las autoridades españolas
respecto de la gestión de los purines de cerdo producidos por dichas explotaciones, sino también por la no aplicación de varias
disposiciones de dicha Directiva a los cadáveres de animales.
57     Hay que recordar que el alcance del concepto de «residuo», en el sentido de la Directiva 75/442, depende del significado del
término «desprenderse», empleado en el artículo 1, letra a), párrafo primero, de dicha Directiva (véase la sentencia de 18
de diciembre de 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, Rec. p. I‑7411, apartado 26).
58     En determinadas circunstancias, un bien, un material o una materia prima que resulta de un proceso de fabricación o de extracción
que no está destinado principalmente a producirlo puede constituir no un residuo, sino un subproducto del que la empresa no
desea «desprenderse» en el sentido del artículo 1, letra a), párrafo primero, de la Directiva 75/442, pero que tiene la intención
de explotar o comercializar en circunstancias que le sean ventajosas, en un proceso ulterior sin operación de transformación
previa. En este supuesto no hay nada que justifique la aplicación de las disposiciones de esta Directiva, cuya finalidad es
regular la eliminación o valorización de residuos, a bienes, materiales o materias primas que tienen económicamente el valor
de productos, con independencia de cualquier transformación, y que, como tales, están sometidos a la legislación aplicable
a dichos productos, siempre que esta reutilización no sólo sea posible, sino segura, sin transformación previa, y sin solución
de continuidad del proceso de producción (véase la sentencia de 18 de abril de 2002, Palin Granit y Vehmassalon kansanterveystyön
kuntayhtymän hallitus, C‑9/00, Rec. p. I‑3533, apartados 34 a 36).
59     Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que la ganga y la arena residual de operaciones de enriquecimiento de mineral procedentes
de la explotación de una mina no podían ser calificadas de residuos en el sentido de la Directiva 75/442 si el poseedor las
utiliza legalmente para el relleno necesario de las galerías de la mina y da garantías suficientes sobre la identificación
y la utilización efectivas de dichas sustancias (en este sentido, véase la sentencia AvestaPolarit Chrome, antes citada, apartado
43). El Tribunal de Justicia también ha declarado que no era un residuo a efectos de dicha Directiva el coque de petróleo
producido en una refinería de petróleo de manera voluntaria o como resultado de la producción simultánea de otras sustancias
combustibles petrolíferas, y que con toda certeza se utiliza como combustible para las necesidades energéticas de la refinería
y las de otras industrias (auto de 15 de enero de 2004, Saetti y Frediani, C‑235/02, Rec. p. I‑1005, apartado 47).
60     Como señala certeramente el Gobierno español, el estiércol, en las mismas circunstancias, puede no constituir un residuo,
si se utiliza como abono en el marco de una práctica legal de aplicación en terrenos bien identificados y si su almacenamiento
se limita a las necesidades de tales operaciones de abono.
61     Contrariamente a lo defendido por la Comisión, no cabe limitar este análisis al estiércol utilizado como abono en los terrenos
pertenecientes a la misma explotación agraria que ha generado dicho estiércol. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia,
una sustancia puede no ser considerada un residuo en el sentido de la Directiva 75/442 si con certeza va a ser utilizada para
las necesidades de otros operadores económicos distintos del que la ha producido (en este sentido, véase el auto Saetti y
Frediani, antes citado, apartado 47).
62     Por el contrario, el análisis que permite considerar, en determinadas situaciones, que un residuo de producción no es un residuo
sino un subproducto o una materia prima reutilizable sin solución de continuidad en el proceso de producción no puede aplicarse
a los cadáveres de animales de cría, cuando dichos animales han muerto en la explotación y no han sido sacrificados para el
consumo humano.
63     En efecto, tales cadáveres, por regla general, no pueden reutilizarse para el consumo humano. La normativa comunitaria, en
especial la Directiva 90/667, que ha sido derogada, después de la fecha señalada en el dictamen motivado, por el artículo
37 del Reglamento nº 1774/2002, los considera «desperdicios animales» y, además, «materias de alto riesgo», que han de ser
transformados en fábricas autorizadas o eliminados mediante incineración o enterramiento. La propia Directiva 90/667 establece
que estas materias pueden utilizarse para la alimentación de animales que no están destinados al consumo humano, pero únicamente
al amparo de autorizaciones concedidas por los Estados miembros y bajo la supervisión veterinaria de las autoridades competentes.
64     Por tanto, los cadáveres de animales muertos en las explotaciones controvertidas no pueden ser utilizados en ningún caso de
modo que no queden cubiertos por la definición de residuos a efectos de la Directiva 75/442. El poseedor de dichos cadáveres
está sometido sin duda a la obligación de desprenderse de ellos, por lo que se ha de considerar que estas materias constituyen
residuos.
65     En el presente asunto y por lo que se refiere, en primer lugar, a los purines de las explotaciones ganaderas controvertidas,
se desprende de los documentos obrantes en autos que estos purines se utilizan como abono agrícola, en el marco de normas
de aplicación a la tierra conformes con las buenas prácticas agrícolas que ha dictado la Comunidad Autónoma de Cataluña. En
consecuencia, las personas que dirigen dichas explotaciones no tienen la intención de desprenderse de ellos, por lo que dichos
purines no constituyen residuos en el sentido de la Directiva 75/442.
66     El hecho de que en el catálogo europeo de residuos figuren, entre los «residuos de la producción primaria agrícola», las «heces
animales, orina y estiércol (incluida paja podrida), efluentes recogidos selectivamente y no tratados
in situ»
no puede invalidar esta conclusión. En efecto, esta mención general de los efluentes no toma en consideración las condiciones
en que éstos se utilizan y que son determinantes para apreciar el concepto de residuo. Además, en la introducción del anexo
del catálogo europeo de residuos se precisa que dicha lista de residuos es una lista «no exhaustiva», que «la inclusión de
una sustancia en [la lista] no implica que sea un residuo en cualquier circunstancia» y que «la inclusión sólo es pertinente
cuando la sustancia se ajusta a la definición de residuo».
67     Por consiguiente, procede desestimar las imputaciones de infracción de la Directiva 75/442 en la medida en que se refieren
a los purines.
68     Por lo que se refiere, en segundo lugar, a los cadáveres de animales producidos por las explotaciones ganaderas controvertidas,
y que han de ser considerados residuos en el sentido de la Directiva 75/442, como se ha afirmado en el apartado 65 de la presente
sentencia, el Gobierno español sostiene, no obstante, que dichos cadáveres ya están «cubiertos por otra legislación» y, por
tanto, están excluidos del ámbito de aplicación de dicha Directiva en virtud de su artículo 2, apartado 1, letra b), inciso iii).
69     El Tribunal de Justicia ha declarado que este concepto de «otra legislación» puede referirse tanto a una legislación comunitaria
como a una legislación nacional que cubran una categoría de residuos mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra b), de
la Directiva 75/442, si tal legislación, comunitaria o nacional, regula la gestión de los citados residuos como tales y si
conduce a un nivel de protección del medio ambiente por lo menos equivalente al que persigue la citada Directiva (véase la
sentencia AvestaPolarit Chrome, antes citada, apartado 61).
70     Sin que sea necesario pronunciarse en el presente asunto sobre las críticas que la Comisión formula contra la sentencia AvestaPolarit
Chrome, antes citada, debe señalarse que, en lo que atañe a los cadáveres de animales controvertidos, el legislador comunitario
ha adoptado «otra legislación» comunitaria distinta de la Directiva 75/442, a efectos del artículo 2, apartado 1, letra b),
de esta Directiva.
71     En efecto, la Directiva 90/667 regula, en particular, la gestión de estos cadáveres entendidos como residuos. Establece normas
precisas aplicables a esta categoría de residuos y, concretamente, dispone que sean transformados en fábricas autorizadas
o eliminados mediante incineración o enterramiento. Por ejemplo, define los supuestos en que estos residuos se han de incinerar
o enterrar cuando no es posible transformarlos. Así, en su artículo 3, apartado 2, dispone que estos residuos pueden ser incinerados
o enterrados, entre otros casos, cuando «la cantidad y la distancia que deba recorrerse no justifiquen la recogida de desperdicios»
y que «el enterramiento deberá realizarse a suficiente profundidad para que los animales carnívoros no puedan tener acceso
a los cadáveres o desperdicios, y en terreno adecuado para evitar la contaminación de las capas freáticas o cualquier daño
al medio ambiente. Antes del enterramiento, los cadáveres o los desperdicios deberán rociarse en caso necesario con un desinfectante
apropiado autorizado por la autoridad competente». Dicha Directiva establece asimismo los controles e inspecciones que han
de efectuar los Estados miembros y dispone en su artículo 12 que, en determinados casos, los expertos veterinarios de la Comisión,
en colaboración con las autoridades nacionales, podrán realizar controles
in situ
. El Reglamento nº 1774/2002 entró en vigor después de haber expirado el plazo señalado en el dictamen motivado y, por tanto,
no es aplicable en el presente asunto. Adoptado a raíz de la crisis sanitaria de las «vacas locas», impone exigencias aún
más precisas para el almacenamiento, tratamiento e incineración de los desperdicios animales.
72     Las disposiciones de la Directiva 90/667 regulan las repercusiones medioambientales del tratamiento de cadáveres de animales
y, por su grado de precisión, establecen un nivel de protección del medio ambiente, cuando menos, equivalente al establecido
por la Directiva 75/442. Por tanto, y en contra de lo alegado por la Comisión en su escrito de réplica, constituyen «otra
legislación» que cubre esta categoría de residuos, lo que permite considerar que tal categoría está excluida del ámbito de
aplicación de dicha Directiva, sin que sea necesario examinar si también debe considerarse que la legislación nacional invocada
por el Gobierno español constituye, en sí misma, «otra legislación».
73     Por tanto, la Directiva 75/442 no es aplicable a los cadáveres de animales controvertidos. Dado que la Comisión sólo ha alegado
la infracción de dicha Directiva, deben desestimarse las imputaciones basadas en su incumplimiento en la medida en que se
refieren a dichos cadáveres.
74     En consecuencia, procede desestimar estas imputaciones en su totalidad.

Sobre las imputaciones basadas en la infracción de la Directiva 85/337
Alegaciones de las partes
75     La Comisión alega que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 4, apartado 2, de la Directiva
85/337, también en su versión inicial, no concede a los Estados miembros la facultad de excluir global y definitivamente de
la obligación de evaluación una o varias clases de proyectos contempladas en el anexo II de dicha Directiva. En su opinión,
el margen de apreciación de que disponen los Estados miembros a la hora de determinar los proyectos de dicho anexo II se encuentra
limitado por la obligación de someter a un estudio de sus repercusiones todos los proyectos que puedan tener repercusiones
importantes sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus dimensiones o su localización. La Comisión
alega que el Tribunal de Justicia ha declarado ya que el Reino de España había incumplido las obligaciones que imponen dichas
disposiciones (sentencia de 13 de junio de 2002, Comisión/España, C-474/99, Rec. p. I‑5293).
76     En el presente asunto, la Comisión considera que se deberían haber aplicado los procedimientos de evaluación previa del impacto
ambiental, habida cuenta de los efectos negativos de las explotaciones porcinas sobre el medio ambiente, especialmente la
contaminación de las aguas y los malos olores, del tamaño y de la enorme proliferación de dichas explotaciones en una misma
zona y de la localización de las mismas en una zona declarada vulnerable en virtud de la Directiva 91/676 por las propias
autoridades españolas. A su juicio, así lo reconocieron las propias autoridades españolas en su informe de 31 de octubre de
2001 de respuesta al dictamen motivado.
77     La Comisión sostiene, pues, que el Reino de España ha incumplido los artículos 2 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337,
también en su versión inicial, dependiendo de que la fecha de la solicitud de autorización o de modificación de los proyectos
de que se trata sea anterior o posterior al 14 de marzo de 1999, fecha de entrada en vigor de las modificaciones efectuadas
por la Directiva 97/11.
78     El Gobierno español considera que la Comisión no ha precisado cuál de las dos versiones de la Directiva 85/337 era la que
había sido incumplida, por lo que, a su parecer, procede declarar la inadmisibilidad de la imputación.
79     Con carácter subsidiario, dicho Gobierno sostiene que procede desestimar en cualquier caso esta imputación. Alega que en la
zona del Baix Ter se han presentado, entre 2000 y 2003, doce expedientes para la autorización o licencia ambiental de explotaciones
porcinas, de los cuales nueve corresponden a legalizaciones de explotaciones preexistentes, por lo que únicamente hay tres
expedientes que supongan en la práctica un aumento de las capacidades ganaderas. Añade que cuatro expedientes han dado lugar
a decisiones desestimatorias.
80     En su escrito de réplica, la Comisión alega haber indicado con claridad que las autoridades españolas habían incumplido la
Directiva 85/337, también en su versión inicial, dependiendo de la fecha en que las instalaciones ganaderas hubieran sido
abiertas o ampliadas. Por tanto, considera que su imputación es admisible. En cuanto al fondo, la Comisión indica que el Gobierno
español no ha impugnado sus alegaciones en apoyo de dicha imputación.
81     En su escrito de dúplica, el Gobierno español continúa sosteniendo que las alegaciones de la Comisión son imprecisas, dado
el número de explotaciones que se trata –387 en 1989–, y que, por tanto, tal imputación no es admisible.
Apreciación del Tribunal de Justicia
82     Es preciso recordar que la Comisión está obligada a indicar, en todo recurso presentado en virtud del artículo 226 CE, las
imputaciones precisas sobre las que se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie, así como las razones de hecho y
de Derecho en las que se basan dichas imputaciones, al menos en forma sumaria (véanse, en especial, las sentencias de 23 de
octubre de 1997, Comisión/Grecia, C‑375/95, Rec. p. I‑5981, apartado 35, y de 29 de noviembre de 2001, Comisión/Italia, C‑202/99,
Rec. p. I‑9319, apartado 20).
83     Así ocurre en el presente asunto.
84     En efecto, la Comisión ha indicado que sus imputaciones se referían a la no realización de una evaluación previa de las repercusiones
sobre el medio ambiente de las explotaciones porcinas de la zona del Baix Ter, dando varios ejemplos precisos de explotaciones
que deberían haber sido sometidas a dicha evaluación e indicando que la Directiva cuya infracción se alegaba era la Directiva
85/337 o esta Directiva en su versión inicial, dependiendo de que la fecha de la solicitud de autorización o de modificación
de los proyectos de que se trata fuera anterior o posterior al 14 de marzo de 1999, fecha de entrada en vigor de las modificaciones
efectuadas por la Directiva 97/11.
85     De este modo, las imputaciones han sido presentadas con precisión suficiente para que el Reino de España pueda defenderse
y, por tanto, son admisibles.
86     En cuanto al fondo, y por lo que se refiere, en primer lugar, a las explotaciones establecidas o modificadas antes del 14
de marzo de 1999, la Comisión sostiene fundadamente que los proyectos de instalación o de modificación de dichas explotaciones,
aun cuando figuren en el anexo II de la Directiva 85/337, en su versión inicial, debieron haber sido sometidos a una evaluación
previa de sus repercusiones sobre el medio ambiente, habida cuenta de sus características, con arreglo al artículo 2, apartado
1, de la misma Directiva.
87     En efecto, aunque el artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 85/337, en su versión inicial, confería a los
Estados miembros un margen de apreciación para determinar si los proyectos de las clases enumeradas en el anexo II de esta
Directiva debían ser sometidos a evaluación o para establecer criterios o umbrales, este margen de apreciación estaba limitado
por la obligación, impuesta en el artículo 2, apartado 1, de la misma Directiva, de someter a una evaluación de sus repercusiones
a los proyectos que pudieran tener un impacto importante sobre el medio ambiente, en particular debido a su naturaleza, sus
dimensiones o su localización (en este sentido, véanse las sentencias de 24 de octubre de 1996, Kraaijeveld y otros, C‑72/95,
Rec. p. I‑5403, apartado 50; de 21 de septiembre de 1999, Comisión/Irlanda, C‑392/96, Rec. p. I‑5901, apartado 64, y Comisión/España,
antes citada, apartados 30 y 31). Como ha declarado el Tribunal de Justicia, los Estados miembros no podían excluir global
y definitivamente de la obligación de evaluación a una o varias clases de proyectos contempladas en el anexo II (en este sentido,
véase la sentencia de 2 de mayo de 1996, Comisión/Bélgica, C‑133/94, Rec. p. I‑2323, apartados 41 a 43).
88     En el presente asunto, las características de las explotaciones controvertidas hacían necesario que fueran sometidas a una
evaluación de sus repercusiones. La dimensión de muchas de estas explotaciones, su situación geográfica en una zona declarada
vulnerable en 1998 por las autoridades españolas con arreglo a la Directiva 91/676, su número relativamente elevado en la
misma zona y los inconvenientes específicos inherentes a este tipo de explotaciones ganaderas exigían la realización de dichas
evaluaciones.
89     Ahora bien, el Gobierno español no ha acreditado que se hubiera sometido a evaluación previa a las explotaciones de que se
trata antes del 14 de marzo de 1999. Así, en el procedimiento administrativo previo manifestó que la normativa nacional entonces
vigente no preveía que las actividades de que se trata debieran someterse a una evaluación de sus repercusiones sobre el medio
ambiente. De modo análogo, sus alegaciones ante el Tribunal de Justicia sólo se refieren a la aplicación en la zona del Baix
Ter de disposiciones nacionales que entraron en vigor después del 14 de marzo de 1999.
90     Por consiguiente, procede estimar las imputaciones basadas en la infracción de la Directiva 85/337, en su versión inicial.
91     En lo que atañe, en segundo lugar, a las explotaciones ganaderas establecidas o modificadas después del 14 de marzo de 1999,
fecha de entrada en vigor de las modificaciones efectuadas por la Directiva 97/11, hay que recordar que el artículo 4, apartado
2, de la Directiva 85/337 prevé que los Estados miembros determinen, mediante un estudio caso por caso o mediante umbrales
o criterios que establezcan, si los proyectos mencionados en el anexo II de dicha Directiva, entre los que figuran instalaciones
para la cría intensiva de ganado que no estén incluidas en el anexo I de la misma Directiva, deben someterse a una evaluación
de sus repercusiones.
92     Esta disposición tiene esencialmente el mismo alcance que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 85/337, en su versión
inicial. No modifica la regla general, establecida en el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva, de que los proyectos
que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente, en virtud, entre otras cosas, de su naturaleza, dimensiones
o localización, se sometan a una evaluación de sus repercusiones sobre el medio ambiente. Por consiguiente, la entrada en
vigor de las modificaciones efectuadas por la Directiva 97/11 no ha afectado a la obligación de las autoridades españolas
de garantizar que se realicen dichas evaluaciones en el caso de las explotaciones ganaderas controvertidas.
93     No obstante, el Gobierno español sostiene que, con arreglo a la Ley 3/1998 y a su reglamento de desarrollo, las explotaciones
de más de 2.000 cerdos para engorde o 750 cerdas para cría están sometidas a la obtención previa de una autorización ambiental,
que entraña obligaciones específicas de gestión de los estiércoles y de los cadáveres de animales. Las explotaciones con un
número de cerdos comprendido entre 200 y 2.000 cerdos deben obtener una licencia ambiental antes de su creación. Esta misma
Ley estableció que las explotaciones porcinas existentes que no dispusieran de autorización ambiental debían solicitar la
correspondiente licencia administrativa a fin de regularizar su situación.
94     Según el Gobierno español, sólo tres de las solicitudes presentadas con arreglo a dicha Ley implican un aumento de las capacidades
ganaderas. Alega que, por tanto, todas las instalaciones nuevas son objeto de una autorización o permiso ambiental y que las
de mayor importancia se someten, sobre la base de los criterios expuestos en el apartado 93 de la presente sentencia, a una
evaluación de sus repercusiones.
95     El Gobierno español señala asimismo que, en el conjunto de los municipios de la zona del Baix Ter de que se trata en el presente
recurso, el número de explotaciones porcinas ha pasado de 387 en 1989 a 197 en 1999. Desde este último año, aunque el número
de estas explotaciones ha aumentado ligeramente, se ha reducido significativamente el de los animales, siendo la reducción
de 12.017 cabezas. La actuación de las autoridades españolas se refleja en la incoación de 63 expedientes sancionadores, con
la imposición de sanciones económicas.
96     Ahora bien, la Comisión no se opone a los umbrales establecidos en la normativa adoptada por la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Además, si bien afirma que las medidas tomadas al amparo de la Ley 3/1998 no son eficaces, no demuestra que se hayan establecido
o modificado determinadas explotaciones después del 14 de marzo de 1999 sin haber sido sometidas a una evaluación de sus repercusiones.
En contra de lo defendido por la Comisión, las autoridades españolas no han reconocido que haya explotaciones en dicha situación.
Sólo han admitido que las explotaciones establecidas antes de la entrada en vigor de la Ley 3/1998 y de su reglamento de desarrollo
no se habían sometido a un estudio de repercusiones y que algunas de ellas eran objeto de procedimientos de autorización que
podrían conducir a su regularización.
97     En estas circunstancias no se ha acreditado que el Reino de España haya incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
de los artículos 2 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337. Por consiguiente, procede desestimar las imputaciones basadas
en la infracción de dichas disposiciones.
98     De lo anterior se desprende que las imputaciones de la Comisión basadas en el incumplimiento de la obligación de evaluación
de las repercusiones sobre el medio ambiente de las explotaciones porcinas de la zona del Baix Ter sólo están fundadas en
la medida en que se refieren a la infracción de los artículos 2 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337, en su versión inicial.

Sobre las imputaciones basadas en la infracción de la Directiva 80/68
99     La Comisión sostiene que los purines son sustancias que tienen efectos en el sabor y en el olor de las aguas subterráneas
y que, por tanto, están incluidas en la lista II de la Directiva 80/68. De lo anterior deduce que, con arreglo a los artículos
3, letra b), 5, apartado 1, y 7 de la Directiva 80/68, en las zonas afectadas por la contaminación donde se iban a instalar
explotaciones porcinas se deberían haber aplicado procedimientos de autorización que incluyesen investigaciones previas y
estudios hidrogeológicos. Según la Comisión, la existencia de vertidos y filtraciones incontroladas de purines queda demostrada
por los procedimientos sancionadores y requerimientos incoados por las autoridades españolas contra las personas que dirigen
las explotaciones controvertidas.
100   No obstante, debe señalarse, por una parte, que la utilización de purines como abono es una operación que, en la mayoría de
los casos, constituye una buena práctica agrícola y no una «acción de eliminación o de depósito a fin de eliminar dichas sustancias»,
en el sentido del artículo 5 de la misma Directiva.
101   Por otra parte, aun suponiendo que el abono con purines tuviera efectos en el sabor o en el olor de las aguas subterráneas
y que pudiera contaminar las aguas, el régimen de protección de las aguas contra la contaminación producida por el estiércol
no se basa en la Directiva 80/68 sino en la Directiva 91/676. Ésta tiene por objeto específico luchar contra la contaminación
de las aguas causada por la propagación o el vertido de residuos procedentes de la ganadería y por el uso excesivo de fertilizantes.
El régimen de protección que establece incluye medidas de gestión precisas que los Estados miembros deben imponer a los agricultores
y ganaderos y que tienen en cuenta el carácter más o menos vulnerable de las zonas receptoras del estiércol.
102   Ahora bien, si el artículo 5 de la Directiva 80/68 se interpretara en el sentido de que los Estados miembros han de someter
la utilización como abono agrícola de los purines o, en general, del estiércol a una investigación previa, que también incluiría
un estudio hidrogeológico, se estaría imponiendo una obligación extensa de investigación cualquiera que fuera la zona afectada.
Esta obligación sería manifiestamente más rigurosa que la que el legislador comunitario ha deseado imponer a los Estados miembros
en el ámbito agrícola mediante la Directiva 91/676. El régimen de protección establecido por la Directiva 80/68 reemplazaría
parcialmente al establecido específicamente por la Directiva 91/676.
103   Por consiguiente, no cabe acoger tal interpretación de la Directiva 80/68.
104   Las autoridades españolas no estaban, pues, obligadas en virtud de la Directiva 80/68 a someter la utilización de los purines
de las explotaciones ganaderas controvertidas al procedimiento de autorización previsto en esta Directiva ni, en estas circunstancias,
a efectuar estudios hidrogeológicos en la zona afectada.
105   En consecuencia, procede desestimar las imputaciones basadas en la infracción de la Directiva 80/68.

Sobre las imputaciones basadas en la infracción de la Directiva 80/778
Alegaciones de las partes
106   La Comisión alega que en algunos municipios de la zona del Baix Ter se ha sobrepasado en varias ocasiones la concentración
máxima en nitratos de 50 mg/l fijada por el anexo I, cuadro C, número 20, de la Directiva 80/778 y que así lo han reconocido
las autoridades españolas en sus escritos de 13 de julio de 2000, de 1 y 15 de febrero de 2001, de 15 de marzo de 2001, de
3 de diciembre de 2001 y de 29 de enero de 2002.
107   El Gobierno español alega que la Comunidad Autónoma de Cataluña ha impulsado un Plan de corrección de la contaminación del
agua por nitratos, que se ha traducido en la realización de estudios y de numerosos análisis y en la adopción de medidas de
protección de las captaciones de agua por parte de la Agencia Catalana del Agua. Señala que en el área del Baix Ter se ha
creado una red de control con 28 puntos de análisis que se muestrean cada tres meses, y que en 2003, un 73 % de las muestras
procedentes de dicha red tenían una concentración en nitratos inferior a 50 mg/l. Según dicho Gobierno, se han realizado esfuerzos
comparables para el estudio de la presencia de compuestos nitrogenados en los acuíferos de la comarca de Gerona. Alega que
los resultados aún insuficientes de todas estas acciones se explican en parte por la grave sequía padecida en Cataluña estos
últimos años. El Gobierno español añade que se han intensificado las inspecciones de establecimientos ganaderos y que en 2002
se iniciaron igualmente en varios municipios obras para resolver los problemas de abastecimiento público de agua potable.
Según el Gobierno español, es previsible la resolución inmediata de los problemas detectados en el resto de las redes.
Apreciación del Tribunal de Justicia
108   Como ha declarado el Tribunal de Justicia, el artículo 7, apartado 6, de la Directiva 80/778 no impone un mero deber de diligencia,
sino una obligación de resultado (sentencia de 14 de noviembre de 2002, Comisión/Irlanda, C‑316/00, Rec. p. I‑10527, apartado 37).
109   Ahora bien, el Gobierno español no niega que entre el 30 y el 40 % de las muestras de agua analizadas en la zona de que se
trata en el presente recurso presentan una concentración en nitratos que no respeta el umbral de 50 mg/l establecido en el
anexo I, cuadro C, número 20, de la Directiva 80/778. Este Gobierno reconoce, entre otros extremos, que en determinados municipios,
y en particular, los de Albons, Parlavà, Rupià y Foixà, no se respetan las obligaciones que esta Directiva impone respecto
del parámetro «nitratos».
110   Las medidas adoptadas por las autoridades españolas, si bien parecen haber mejorado globalmente la calidad del agua destinada
al consumo humano en la zona del Baix Ter, no son suficientes para demostrar que se han respetado las obligaciones derivadas
del artículo 7, apartado 6, de la Directiva 80/778.
111   Por lo que se refiere a la circunstancia, alegada por el Gobierno español, de que el riesgo para la salud se ha minimizado
a través de campañas de información, ésta no exime en absoluto a las autoridades españolas de la obligación de resultado que
les incumbe en virtud de la Directiva 80/778.
112   Por consiguiente, las imputaciones basadas en la infracción de la Directiva 80/778 están fundadas.
113   De todo lo anterior resulta que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas
85/337, en su versión inicial, y 80/778:
–       al no haber realizado una evaluación de impacto previa a la construcción o modificación de las instalaciones porcinas de la
zona del Baix Ter, contrariamente a lo exigido por los artículos 2 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337, en su versión
inicial,
–       al haber sobrepasado, en varias redes públicas de distribución de agua del área del Baix Ter, la concentración máxima admisible
del parámetro «nitratos» establecida en el anexo I, cuadro C, número 20, de la Directiva 80/778, contrariamente a lo exigido
por el artículo 7, apartado 6, de dicha Directiva.
114   Procede desestimar el recurso en todo lo demás.

Costas
115   A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Según el artículo 69, apartado 3, de dicho Reglamento, en circunstancias excepcionales
o cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Justicia podrá repartir las costas o
decidir que cada parte abone sus propias costas.
116   En el presente litigio ha de tenerse en cuenta que el recurso no ha sido estimado por lo que se refiere a la totalidad del
incumplimiento alegado por la Comisión.
117   Por consiguiente, procede condenar al Reino de España a abonar dos tercios del total de las costas. Se condena a la Comisión
a cargar con el tercio restante.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas del Consejo 85/337/CEE,
de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre
el medio ambiente, y 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano,
al no haber realizado una evaluación de impacto previa a la construcción o modificación de las instalaciones porcinas de la
zona del Baix Ter, contrariamente a lo exigido por los artículos 2 y 4, apartado 2, de la Directiva 85/337, y al haber sobrepasado,
en varias redes públicas de distribución de agua del área del Baix Ter, la concentración máxima admisible del parámetro «nitratos»
establecida en el anexo I, cuadro C, número 20, de la Directiva 80/778, contrariamente a lo exigido por el artículo 7, apartado
6, de dicha Directiva.
2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.
3)
Condenar al Reino de España a abonar dos tercios del total de las costas. Condenar a la Comisión de las Comunidades Europeas
a cargar con el tercio restante.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.