CELEX: 62005CJ0045
Estructuras agrícolas
Regímenes de ayudas comunitarias
Sector de la carne de vacuno
Identificación y registro de animales de la especie bovina
Prima por sacrificio
Exclusión y reducción

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los Reglamentos (CE) n
o
1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de los mercados en el sector
de la carne de vacuno (DO L 160, p. 21), y (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000,
que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la
carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 820/97 del Consejo
(DO L 204, p. 1), así como de los Reglamentos (CEE) nº 3887/92 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1992, por el que se establecen
las normas de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias
(DO L 391, p. 36), y (CE) nº 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, por el que se establecen disposiciones
de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducidos por
el Reglamento (CEE) nº 3508/92 del Consejo (DO L 327, p. 11). Por lo que se refiere al Reglamento nº 1254/1999, la referida
petición versa también sobre la validez de su artículo 21.
Dicha petición se planteó en el marco de un litigio entre la empresa de explotación agrícola especializada en la cría de animales
de la especie bovina Maatschap Schonewille-Prins (en lo sucesivo, «Schonewille») y el Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Ministro de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos; en lo sucesivo, «Ministro»), sobre la negativa de este último
a concederle las primas por sacrificio de animales de la especie bovina que anteriormente le había solicitado.

Marco jurídico

Normativa comunitaria
En virtud del artículo 11 del Reglamento nº 1254/1999, el productor que críe animales de la especie bovina en su explotación
podrá acogerse a una prima por sacrificio que se concederá cuando los animales con derecho a prima se sacrifiquen o exporten
a un tercer país.
A este respecto, el artículo 21 del citado Reglamento precisa lo siguiente:
«Para poder optar a los pagos directos contemplados en el presente capítulo, los animales deberán hallarse identificados y
registrados con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 820/97.»
El decimoctavo considerando del Reglamento nº 1254/1999 señala lo siguiente:
«Los pagos directos deben supeditarse al cumplimiento por parte de los poseedores de los animales en cuestión de las normas
comunitarias pertinentes sobre la identificación y el registro de los animales de la especie bovina; [...]»
El Reglamento (CE) nº 820/97 del Consejo, de 21 de abril de 1997, por el que se establece un sistema de identificación y registro
de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de
vacuno (DO L 117, p. 1), fue derogado, con efectos de 1 de septiembre de 2000, por el Reglamento nº 1760/2000.
Los considerandos cuarto a séptimo del Reglamento nº 1760/2000 indican:
«Tras la inestabilidad originada en el mercado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno por la crisis
de la encefalopatía espongiforme bobina, la mayor transparencia en las condiciones de producción y comercialización de los
productos en cuestión, especialmente en lo que atañe a la rastreabilidad de los mismos, ha tenido una influencia positiva
sobre el consumo de carne de vacuno. A fin de mantener y reforzar la confianza del consumidor en dicho producto y evitar que
se produzcan engaños, es necesario crear un marco mediante el cual se facilite información al consumidor mediante un etiquetado
adecuado y claro del producto.
A tal fin, es fundamental establecer, por un lado, un sistema eficaz de identificación y registro de los animales de la especie
bovina en la fase de producción [...]
Mediante las garantías aportadas por esta mejora, se satisfarán asimismo algunos requisitos de interés general, como la protección
de la salud humana y de la sanidad animal.
Como resultado de todo ello, aumentará la confianza de los consumidores en la calidad de la carne de vacuno y de los productos
a base de carne de vacuno, se mantendrá un alto nivel de protección de la salud y se reforzará la estabilidad sostenible del
mercado de carne de vacuno.»
El artículo 7, apartado 1, del citado Reglamento nº 1760/2000 dispone:
«Cada poseedor de animales, con excepción de los transportistas, deberá:
–        llevar un registro actualizado,
–        informar a la autoridad competente, tan pronto como esté plenamente en funcionamiento la base de datos informatizada, en un
plazo que deberá fijar el Estado miembro y comprendido entre tres y siete días, de todos los traslados desde la explotación
y hacia la misma y de todos los nacimientos y las muertes de animales ocurridas en la explotación, y las fechas de esos acontecimientos;
no obstante, a petición de un Estado miembro, la Comisión podrá determinar, con arreglo al procedimiento contemplado en el
apartado 2 del artículo 23, las condiciones en las que los Estados miembros podrán ampliar el plazo máximo y prever las normas
específicas aplicables a los desplazamientos de bovinos para pastar durante el verano en diferentes lugares de montaña.»
El artículo 22, apartado 1, del mismo Reglamento establece:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Reglamento. [...]
Las sanciones impuestas por los Estados miembros a los poseedores serán proporcionales a la gravedad de la infracción. [...]»
El artículo 11, apartado 1, del Reglamento nº 3887/92 dispone:
«Las sanciones establecidas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de las sanciones suplementarias dispuestas
a escala nacional.»
El Reglamento nº 3887/92 fue derogado, con efectos de 1 de enero de 2002, por el Reglamento nº 2419/2001.
El artículo 44 del Reglamento nº 2419/2001 indica:
«1.      Las reducciones y exclusiones establecidas en el presente Título no se aplicarán cuando los productores hayan presentado información
factual correcta o consigan demostrar la inexistencia de otro tipo de falta por su parte.
2.      Las reducciones y exclusiones contempladas en el presente Título no se aplicarán a aquellas partes de las solicitudes de ayuda
respecto de las cuales los productores informen por escrito a la autoridad competente de que la solicitud de ayuda es incorrecta
o ha adquirido semejante carácter desde su presentación, siempre que los productores no hayan sido informados de la intención
de la autoridad competente de efectuar un control sobre el terreno, y que esta autoridad no haya notificado ya a los productores
la existencia de irregularidades en la solicitud.
La notificación del productor mencionada en el párrafo primero tendrá por efecto la adaptación de la solicitud de ayuda a
la situación real.»
El artículo 45 del mismo Reglamento dispone:
«1.      Respecto de los animales de la especie bovina objeto de solicitud, se aplicará el artículo 44, a partir del momento de presentación
de la solicitud de ayuda, a los errores y omisiones en las entradas de la base de datos informatizada.
2.      Respecto de los animales de la especie bovina no objeto de solicitud, las reducciones y exclusiones contempladas en el artículo
39 no se aplicarán si el productor comunica las modificaciones y correcciones de las entradas de la base de datos informatizada
a la autoridad competente, siempre que el productor no haya sido informado de la intención de la autoridad competente de efectuar
un control sobre el terreno.»
El artículo 47, apartado 2, del Reglamento nº 2419/2001 establece:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 2988/95 del Consejo, las reducciones y exclusiones
contempladas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de las sanciones adicionales previstas en las demás disposiciones
de Derecho comunitario o nacional.»

Normativa nacional
El Reglamento neerlandés de la Oficina de Comercialización de Ganado y Carne de 1998, sobre identificación y registro de animales
de la especie bovina (Verordening identificatie en registratie runderen 1998 van het Productschap Vee en Vlees; en lo sucesivo,
«Reglamento PVV»), dispone lo siguiente:
«Artículo 12
1.      El poseedor, a excepción del transportista, estará obligado a consignar rigurosa y exhaustivamente en el registro los datos
contemplados en el artículo 4, apartado 3, y en el artículo 7, apartado 1, segundo guión, del Reglamento nº 820/97.
[...]
Artículo 13
1.      El poseedor, a excepción del transportista, estará obligado a notificar al servicio en el plazo de tres días laborables los
datos contemplados en el artículo 12, apartado 1, de este Reglamento [...]»
El derecho a la prima por sacrificio está contemplado en el Reglamento neerlandés sobre las primas comunitarias por animales
(Regeling dierlijke EG-premies, Stcrt. 1996, nº 80; en lo sucesivo, «Regeling»).
El artículo 2.3, apartado 2, del Regeling establece lo siguiente:
«El sacrificio o la exportación a un tercer país de un animal de la especia bovina que cuente con, al menos, ocho meses de
edad en el momento del sacrificio o de la exportación a un tercer país, según los datos obtenidos del registro de identificación
y de inscripción, dará lugar a una prima que será satisfecha a los productores, previa solicitud, conforme a lo dispuesto
en el presente Regeling y en los Reglamentos nº 1254/1999 y nº 2342/1999.»
El artículo 2.4b, apartado 2, del Regeling precisa:
«Las solicitudes de prima por sacrificio de animales de la especie bovina en un matadero situado en los Países Bajos se presentarán
mediante la notificación del sacrificio realizada por el matadero en cuestión al registro de identificación e inscripción
conforme a lo dispuesto en el Reglamento PVV.»
El artículo 4.9 del Regeling dispone:
«1.      No se pagará ninguna prima por los animales de la especie bovina respecto de los cuales el productor no haya cumplido en el
plazo de veinticinco días las disposiciones que resulten de aplicación en virtud del Reglamento PVV relativas a la notificación
al registro de identificación e inscripción de la fecha de nacimiento, de la fecha de llegada o salida de la explotación o
de la fecha del sacrificio o exportación a un tercer país, en la medida en que la obligación de efectuar la notificación se
haya originado el 1 de enero de 2000 o con posterioridad.
2.      La prima se reducirá en un 25 % para los animales de la especie bovina respecto de los cuales el productor no haya cumplido,
dentro del correspondiente plazo pero sí dentro de los veinticinco días siguientes al hecho en cuestión, las disposiciones
que resulten de aplicación en virtud del Reglamento PVV relativas a la notificación al registro de identificación e inscripción
de la fecha de nacimiento, de la fecha de llegada o salida de la explotación o de la fecha del sacrificio o exportación a
un tercer país, en la medida en que la obligación de efectuar la notificación se haya originado el 1 de enero de 2000 o con
posterioridad.»

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
El 1 de febrero de 2001, Schonewille solicitó al Ministro, en virtud del Regeling, la concesión de primas por sacrificio para
365 animales de la especie bovina.
Mediante resolución de 24 de junio de 2002, el Ministro declaró que, del total de los bovinos para los que se solicitaba una
prima para el año 2001, sólo 260 cumplían total o parcialmente las condiciones de concesión de dicha prima.
Mediante escrito de 23 de julio de 2002, Schonewille presentó una reclamación contra dicha resolución. El Ministro adoptó
el 19 de agosto de 2002 una resolución rectificativa mediante la que consideraba que otros 15 bovinos más cumplían los requisitos
que daban derecho a percibir la prima en su totalidad mientras que otro animal no los cumplía plenamente.
Tras diversos intercambios de correspondencia entre las partes del procedimiento principal y al mantener Schonewille su reclamación,
el Ministro adoptó una nueva resolución el 19 de junio de 2003. En ésta se declaraba la inadmisibilidad de la reclamación
por lo que respecta a la prima por sacrificio correspondiente a los 15 animales adicionales que finalmente fueron considerados
merecedores de la prima, y que la reclamación era infundada en todo lo demás.
Por otra parte, en dicha resolución, el Ministro, por un lado, desestimó íntegramente la solicitud de prima respecto de un
bovino debido a que no se había efectuado la notificación al registro de identificación y de inscripción en el plazo previsto
en el artículo 4.9, apartado 1, del Regeling. Por otro lado, redujo un 25 % la prima solicitada para un grupo de bovinos con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.9, apartado 2, del Regeling.
El 30 de julio de 2003, Schonewille interpuso recurso contra la referida resolución de 19 de junio de 2003 ante el órgano
jurisdiccional remitente.
En el asunto principal, Schonewille sostiene que el Ministro consideró erróneamente que la notificación tardía al registro
de identificación y de inscripción de una fecha de llegada de un bovino a una explotación podía justificar la denegación o
la reducción de la prima por sacrificio. A su juicio, la posibilidad de que los bovinos opten a la prima debe apreciarse exclusivamente
con arreglo al artículo 21 del Reglamento nº 1254/1999. Al exigir únicamente este artículo que el animal sea identificado
y registrado conforme a lo dispuesto en el Reglamento nº 1760/2000, Schonewille considera que el Ministro no puede establecer,
en el ámbito de la identificación y el registro de bovinos, requisitos adicionales para la concesión de dicha prima, como
los requisitos relativos a la fecha de notificación al referido registro establecidos en el artículo 4.9 del Regeling.
Según el órgano jurisdiccional remitente, la cuestión que se plantea en el caso de autos es esencialmente si, habida cuenta
de las irregularidades comprobadas en las notificaciones efectuadas por Schonewille al encargado del registro de identificación
y de inscripción de las fechas de llegada de los animales de la especie bovina a la explotación, el Ministro podía fundadamente
excluir total o parcialmente el derecho a la prima por sacrificio en virtud de lo dispuesto en el Reglamento nº 1254/1999.
En estas circunstancias, el College van Beroep voor het bedrijfsleven decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1254/1999 en el sentido de que cualquier irregularidad en el cumplimiento
de lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1760/2000 en relación con un animal conduce a la exclusión total de la prima por
sacrificio de dicho animal?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es válido el artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1254/1999, habida
cuenta, en particular, de las consecuencias derivadas de él?
3)      ¿Son aplicables los artículos 44 y 45 del Reglamento (CE) nº 2419/2001 a irregularidades en el cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento (CE) nº 1760/2000?
4)      En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿una correcta aplicación del artículo 45 del Reglamento (CE) nº 2419/2001,
en relación con el artículo 44, hace que no quede excluida la prima por sacrifico en caso de negligencia en la notificación
de datos al encargado de la base de datos informatizada, si los datos transmitidos, tales como, en este caso, los datos de
entrada, son totalmente correctos (y ya desde el principio fueron exactos y, por tanto, nunca hubo que corregirlos)? Si esto
no es válido para cualquier negligencia, ¿puede aplicarse en la situación controvertida en el caso de autos, en la cual la
negligencia consistió en la transmisión de datos tardía (unos días o semanas) mientras que el sacrificio tendría lugar mucho
más tarde?
5)      ¿Deben interpretarse el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 3887/92 y/o el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 1760/2000 y/o
el artículo 47, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2419/2001 en el sentido de que un Estado miembro puede excluir el derecho
a la prima por sacrificio previsto en la normativa comunitaria o aplicar reducciones al mismo a través de una sanción nacional
para garantizar que se dé cumplimiento a lo dispuesto en este Reglamento?
6)      En caso de respuesta afirmativa en todo o en parte a la quinta cuestión, las excepciones previstas en la normativa comunitaria
a las reducciones y exclusiones comunitarias, en especial los artículos 45 y 46 del Reglamento (CE) nº 2419/2001, ¿son aplicables
por analogía a las reducciones y exclusiones nacionales?
7)      En caso de respuesta afirmativa a la sexta cuestión, ¿una correcta aplicación por analogía del artículo 45 del Reglamento
(CE) nº 2419/2001, en relación con el artículo 44, hace que las irregularidades en la notificación de datos a la base de datos
informatizada y, en particular, la transmisión tardía de datos no puedan acarrear la exclusión de la prima por sacrificio,
si los datos recogidos en el registro, tales como, en este caso, la fecha de entrada, son totalmente correctos?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende fundamentalmente que se dilucide si el artículo
21 del Reglamento nº 1254/1999 debe interpretarse en el sentido de que la inobservancia del plazo de notificación a la base
de datos informatizada del traslado de un bovino a una explotación o desde ésta, establecido en el artículo 7, apartado 1,
segundo guión, del Reglamento nº 1760/2000, lleva consigo la exclusión de la prima por sacrificio respecto de ese animal.
Según reiterada jurisprudencia, para la interpretación de una disposición de Derecho comunitario procede tener en cuenta no
sólo el tenor de ésta, sino también su contexto y los objetivos que pretende alcanzar la normativa de que forma parte (véanse,
en particular, las sentencias de 13 de noviembre de 2003, Granarolo, C‑294/01, Rec. p. I‑13429, apartado 34, y de 7 de diciembre
de 2006, SGAE, C‑306/05, Rec. p. I‑0000, apartado 34).
A tenor del artículo 21 del Reglamento nº 1254/1999, para poder optar a la concesión de la prima por sacrificio, los bovinos
«deberán hallarse identificados y registrados con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento [nº 1760/2000]».
Se desprende claramente del tenor del citado artículo que, como indica el decimoctavo considerando del Reglamento nº 1254/1999,
la concesión de una prima por sacrificio está supeditada al cumplimiento por parte de los poseedores de los animales en cuestión
de las normas comunitarias pertinentes sobre la identificación y el registro de los animales de la especie bovina.
Por otra parte, hay que señalar que el vigesimoctavo considerando del Reglamento nº 2419/2001 indica expresamente que «la
identificación y el registro adecuados de bovinos constituye una condición de subvencionabilidad [para la concesión de la
prima por sacrificio] con arreglo al artículo 21 del Reglamento [...] nº 1254/1999».
Además, como recuerda el octavo considerando del Reglamento nº 1760/2000, «los animales destinados al comercio intracomunitario
deben ser identificados de acuerdo con las normas comunitarias y registrados de forma que pueda localizarse la explotación,
el centro o la organización de origen o de tránsito, y [...] estos sistemas de identificación y de registro deben ampliarse
a los traslados de animales dentro del territorio de cada Estado miembro antes del 1 de enero de 1993».
A este respecto, por lo que atañe concretamente al registro de bovinos, el artículo 7, apartado 1, segundo guión, del Reglamento
nº 1760/2000 dispone que cada poseedor de animales deberá «informar a la autoridad competente, [...] en un plazo que deberá
fijar el Estado miembro y comprendido entre tres y siete días, de todos los traslados desde la explotación y hacia la misma
y de todos los nacimientos y las muertes de animales ocurridos en la explotación, y las fechas de esos acontecimientos; no
obstante, a petición de un Estado miembro, la Comisión podrá determinar, con arreglo al procedimiento contemplado en el apartado
2 del artículo 23, las condiciones en que los Estados miembros podrán ampliar el plazo máximo y prever las normas específicas
aplicables a los desplazamientos de bovinos para pastar durante el verano en diferentes lugares de montaña».
Hay que señalar que esta disposición está redactada en términos imperativos que describen de manera detallada el alcance de
la obligación de notificación que incumbe a los poseedores de animales y definen con precisión el plazo concedido a dichos
poseedores para cumplir la referida obligación.
Del mismo modo, procede señalar que la citada disposición,
in fine,
determina de manera precisa las modalidades de prórroga del mencionado plazo. Pues bien, la indicación precisa de esas modalidades
carecería de eficacia si los poseedores de animales fueran libres de no respetar dicho plazo.
De ello se deduce que la disposición mencionada debe ser interpretada en el sentido de que cada poseedor de animales está
obligado a respetar el plazo señalado cuando notifique a la base de datos informatizada el traslado de un animal de la especie
bovina desde la explotación y hacia la misma.
Tal interpretación se corresponde, por otra parte, con la formulación recogida expresamente en el artículo 9 del Reglamento
(CE) nº 911/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, por el que se aplica el Reglamento nº 1760/2000 en lo que respecta
a las marcas auriculares, los pasaportes y los registros de las explotaciones (DO L 163, p. 65), según la cual el poseedor
de los animales deberá efectuar dicha notificación en un plazo comprendido entre tres y siete días.
Además, esta misma interpretación resulta corroborada por los objetivos perseguidos por el Reglamento nº 1760/2000, que, como
se desprende de sus considerandos cuarto a séptimo, son aumentar la confianza de los consumidores en la calidad de la carne
de vacuno y de los productos a base de esta carne, mantener un nivel elevado de protección de la salud pública y reforzar
la estabilidad sostenible del mercado de la carne de vacuno.
Para que puedan alcanzarse estos objetivos, es indispensable que el sistema de identificación y de registro de los bovinos
sea totalmente eficaz y fiable en cualquier momento de manera que, en particular, permita a las autoridades competentes localizar
a la mayor brevedad posible, en caso de epizootia, la procedencia de un animal y tomar inmediatamente las disposiciones necesarias
para evitar cualquier riesgo para la salud pública. Ahora bien, no sucedería así si el poseedor de los animales no notifica
a la base de datos informatizada los traslados de sus bovinos dentro del plazo establecido por el artículo 7, apartado 1,
segundo guión, del Reglamento nº 1760/2000.
Por lo demás, es preciso señalar que el deber de notificación dentro del plazo señalado en el citado artículo no sufre, aparte
de la excepción que en él se menciona, ninguna otra excepción prevista expresamente por las disposiciones comunitarias, ni
tampoco por las del Reglamento nº 1254/1999, que supeditan la concesión de la prima por sacrificio al cumplimiento de las
normas comunitarias aplicables a la identificación y registro de los bovinos, normas de las que forman parte las disposiciones
del artículo 7, apartado 1, segundo guión, del Reglamento nº 1760/2000.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión que el artículo 21 del Reglamento
nº 1254/1999 debe interpretarse en el sentido de que la inobservancia del plazo de notificación a la base de datos informatizada
del traslado de un bovino desde la explotación y hacia la misma, establecido en el artículo 7, apartado 1, segundo guión,
del Reglamento nº 1760/2000, hace que dicho bovino no pueda optar a la concesión de la prima por sacrificio y, por tanto,
quede excluido de la percepción de esa prima.

Sobre la segunda cuestión
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pretende fundamentalmente que se dilucide si los efectos
del artículo 21 del Reglamento nº 1254/1999, descritos en la respuesta a la primera cuestión, son desproporcionados, de forma
que lleven consigo la invalidez de dicha disposición.
Procede recordar a este respecto que el principio de proporcionalidad, que forma parte de los principios generales del Derecho
comunitario, exige que los actos de las instituciones comunitarias no rebasen los límites de lo que resulta apropiado y necesario
para el logro de los objetivos legítimamente perseguidos por la normativa controvertida, entendiéndose que, cuando se ofrezca
una elección entre varias medidas adecuadas, deberá recurrirse a la menos onerosa, y que las desventajas ocasionadas no deben
ser desproporcionadas con respecto a los objetivos perseguidos (véanse, en particular, las sentencias de 5 de octubre de 1994,
Crispoltoni y otros, C‑133/93, C‑300/93 y C‑362/93, Rec. p. I‑4863, apartado 41, y de 5 de mayo de 1998, Nacional Farmers’
Union y otros, C‑157/96, Rec. p. I‑2211, apartado 60).
Por lo que se refiere al control judicial de los requisitos mencionados, el legislador comunitario dispone en materia de política
agraria común de una potestad discrecional que corresponde a las responsabilidades políticas que le atribuyen los artículos
34 CE a 37 CE. Por consiguiente, sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, con relación
al objetivo que tiene previsto conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida (véanse las
sentencias, antes citadas, Crispoltoni y otros, apartado 42, así como Nacional Farmers’ y otros, apartado 61).
Es necesario precisar asimismo que, cuando el legislador comunitario fija condiciones de admisibilidad para la concesión de
una ayuda, la exclusión provocada por la inobservancia de alguno de esas condiciones no constituye una sanción, sino la mera
consecuencia de la inobservancia de las referidas condiciones legalmente establecidas (véase, en este sentido, la sentencia
de 11 de noviembre de 2004, Toeters y Verberk, C‑171/03, Rec. p. I‑10945, apartado 47).
El artículo 21 del Reglamento nº 1254/1999 supedita la concesión de la prima por sacrificio al cumplimiento de las normas
comunitarias aplicables a la identificación y registro de los bovinos que figuran en las disposiciones del Reglamento nº 1760/2000.
Entre éstas, el artículo 7, apartado 1, segundo guión, exige el cumplimiento de un plazo de notificación a la base de datos
informatizada del traslado del bovino desde la explotación y hacia la misma. De ello se desprende que la inobservancia de
este plazo lleva consigo la exclusión del beneficio de la prima por sacrificio respecto al bovino de que se trate, exclusión
que constituye una mera consecuencia de la inobservancia de alguna de las condiciones de admisibilidad para la concesión de
dicha prima.
Como resulta de los apartados 40 y 41 de la presente sentencia, la obligación de observar el plazo de notificación establecido
en el artículo 7, apartado 1, segundo guión, del Reglamento nº 1760/2000 tiene especial importancia en el marco de las normas
comunitarias aplicables a la identificación y registro de bovinos.
En efecto, dicha obligación, que permite a las autoridades competentes determinar rápidamente la procedencia de un animal
en caso de epizootia y adoptar inmediatamente las disposiciones necesarias para evitar cualquier riesgo para la salud pública,
se enmarca entre los objetivos del sistema de identificación y registro de bovinos expuestos en los citados apartados y, en
particular, el de garantizar una posibilidad de localización eficiente en tiempo real de dichos animales, que resulta esencial
por razones de salud pública. De ello se desprende que no puede considerarse que esa obligación constituye una medida manifiestamente
inadecuada con respecto a los mencionados objetivos.
Por otra parte, hay que señalar que la exclusión del beneficio de la prima por sacrificio en el supuesto de que se rebase
el plazo de notificación a la base de datos informatizada afecta únicamente a los bovinos respecto a los cuales se haya incumplido
la obligación de registro establecida en el artículo 7, apartado 1, segundo guión, del Reglamento nº 1760/2000.
Procede, pues, responder a la segunda cuestión que su examen no ha revelado la existencia de ningún elemento que pueda afectar,
a la luz del principio de proporcionalidad, a la validez del artículo 21 del Reglamento nº 1254/1999 en la medida en que hace
que un bovino respecto al cual no se haya observado el plazo de notificación establecido en el artículo 7, apartado 1, segundo
guión, del Reglamento nº 1760/2000 no pueda optar a la concesión de la prima por sacrificio y, por tanto, quede excluido de
la percepción de esa prima.

Sobre las cuestiones tercera y cuarta
Mediante sus cuestiones tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende
fundamentalmente que se dilucide si los artículos 44 y 45 del Reglamento nº 2419/2001 se aplican a la exclusión del beneficio
de la prima por sacrificio respecto de un bovino cuyos datos relativos al traslado desde la explotación y hacia la misma no
fueron notificados a la base de datos informatizada dentro del plazo establecido en el artículo 7, apartado 1, segundo guión,
del Reglamento nº 1760/2000, en el supuesto de que esos datos, transmitidos con retraso a dicha base, sean correctos.
Con carácter preliminar, hay que precisar que, como señaló el Abogado General en el punto 67 de sus conclusiones, el Reglamento
nº 2419/2001 no es, en principio, aplicable a los hechos del asunto principal, ya que éstos se inscriben
ratione temporis
en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 3887/92.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado en su sentencia de 1 de julio de 2004, Germen (C‑295/02, Rec. p. I‑6369),
apartado 61, que el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) nº 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995,
relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312, p. 1), debe interpretarse en
el sentido de que, en el caso de una solicitud de ayuda «animales» comprendida en el ámbito de aplicación
ratione temporis
del Reglamento nº 3887/92 que adolece de una irregularidad que da lugar a la aplicación de una sanción en virtud del artículo
10, apartado 2, letra a) de este último Reglamento, actualmente artículo 10
ter,
apartado 2, párrafos primero y segundo, tras las modificaciones introducidas por el Reglamento (CE) nº 2801/1999 de la Comisión,
de 21 de diciembre de 1999 (DO L 340, p. 29), las autoridades competentes deben aplicar retroactivamente las disposiciones
del artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 2419/2001, basándose en que estas disposiciones son menos severas para el comportamiento
de que se trata (véase también la sentencia de 8 de marzo de 2007, Campina, C‑45/06, Rec. p. I‑0000, apartados 32 y 33).
De ello se deduce que las excepciones previstas en los artículos 44 y 45 del Reglamento nº 2419/2001 se aplican retroactivamente
a las sanciones impuestas con respecto a las solicitudes de ayuda comprendidas dentro del ámbito de aplicación
ratione temporis
del Reglamento nº 3887/92, ya que la aplicación de dichos artículos conduce a sanciones menos severas que las aplicables en
virtud de este último Reglamento, que no prevé tales excepciones.
Por lo que se refiere al ámbito de aplicación material de los artículos 44 y 45 del Reglamento nº 2419/2001, procede señalar
que el artículo 44, apartado 1, limita la aplicación de las excepciones previstas en los citados artículos a las reducciones
y exclusiones contempladas en el título IV del mismo Reglamento. De ello se deduce que, a la luz de las enseñanzas de la sentencia
Gerken, antes citada, las referidas excepciones únicamente pueden referirse, en el marco del Reglamento nº 3887/92, a sanciones
como las previstas en el citado artículo 10
ter.
Este artículo, que establece sanciones consistentes en reducciones y exclusiones del importe total de la ayuda a la que puede
optar el ganadero, tiene por objeto, como ha precisado el Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, penalizar económicamente
al ganadero en razón de la diferencia constatada entre el número de animales declarado en la solicitud de ayuda y el número
de animales admisibles comprobado.
Ahora bien, como se desprende del apartado 48 de la presente sentencia, la exclusión del beneficio de la prima por sacrificio
respecto de un bovino cuyos datos relativos al traslado desde la explotación y hacia la misma no fueron notificados a la base
de datos informatizada dentro del plazo establecido en el artículo 7, apartado 1, segundo guión, del Reglamento nº 1760/2000
no constituye una sanción sino la consecuencia de la inobservancia de las condiciones de admisibilidad para la concesión de
la citada prima.
Por consiguiente, las excepciones previstas en los artículos 44 y 45 del Reglamento nº 2419/2001 no pueden referirse a dicha
exclusión de manera que pueda optar a la prima por sacrificio un bovino cuyas condiciones de concesión de la referida prima
no hayan sido cumplidas.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones tercera y cuarta que los artículos 44
y 45 del Reglamento nº 2419/2001 no se aplican a una exclusión del beneficio de la prima por sacrificio respecto de un bovino
cuyos datos relativos al traslado desde la explotación y hacia la misma no hayan sido notificados a la base de datos informatizada
dentro del plazo establecido en el artículo 7, apartado 1, segundo guión, del Reglamento nº 1760/2000, de manera que dicho
bovino pueda optar a la concesión de la prima por sacrificio, aun cuando esos datos transmitidos tardíamente a la referida
base sean correctos.

Sobre la quinta cuestión
Mediante su quinta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta básicamente si los artículos 11 del Reglamento nº 3887/92
y/o 22 del Reglamento nº 1760/2000 y/o 47, apartado 2, del Reglamento nº 2419/2001 deben ser interpretados en el sentido de
que un Estado miembro puede reducir o excluir el derecho a una prima por sacrificio mediante una sanción nacional para garantizar
el cumplimiento de la normativa comunitaria.
Con carácter preliminar, procede precisar que, como se deduce de los apartados 54 y 55 de la presente sentencia, dado que
el Reglamento nº 2419/2001 no es, en principio, aplicable a los hechos del asunto principal y que las enseñanzas de la sentencia
Gerken, antes citada, únicamente permiten la aplicación retroactiva de las sanciones previstas por dicho Reglamento cuando
sean menos severas para el comportamiento de que se trate, el artículo 47, apartado 2, del citado Reglamento, que contempla
la posibilidad de una acumulación de sanciones tanto nacionales como comunitarias, no puede ser aplicado de manera retroactiva
y, por consiguiente, no puede aplicarse en el asunto principal.
Es preciso señalar asimismo que los objetivos del Reglamento nº 3887/92 son, conforme a sus considerandos séptimo y noveno,
controlar eficazmente el cumplimiento de las disposiciones en materia de ayudas comunitarias y establecer disposiciones tendentes
a prevenir y sancionar eficazmente las irregularidades y los fraudes (véanse las sentencias de 16 de mayo de 2002, Schilling
y Nehring, C‑63/00, Rec. p. I‑4483, apartado 25, así como Gerken, antes citada, apartado 41).
En este sentido, por lo que respecta a las solicitudes de prima por sacrificio de bovinos, el citado Reglamento establece
de manera precisa las sanciones consistentes en reducciones y exclusiones del importe total de la ayuda comunitaria que se
aplican en caso de que existan irregularidades. Establece así un sistema de normas comunes dirigidas a proteger los intereses
financieros de la Comunidad Europea.
De ello se deduce que los Estados miembros no pueden establecer sanciones nacionales que consistan en reducciones y exclusiones
del importe total de la ayuda comunitaria a la que puede optar el ganadero que haya presentado una solicitud de prima por
sacrificio, ya que sanciones de esta naturaleza figuran ya de manera detallada en el Reglamento nº 3887/92.
Tal interpretación se corresponde, por otra parte, con la formulación expresa adoptada en los artículos 51 del Reglamento
nº 2419/2001 y 75 del Reglamento (CE) nº 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones
para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento
(CE) nº 1782/2003 del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa
en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (DO L 141, p. 18),
que sucedió a los Reglamentos n
os
3887/92 y 2419/2001, a tenor de la cual los Estados miembros únicamente podrán aplicar sanciones nacionales adecuadas contra
los productores u otros agentes comerciales participantes en el procedimiento de concesión de ayudas cuando dichos Reglamentos
no determinen las reducciones y exclusiones oportunas.
Por último, procede indicar que esta misma interpretación no contradice lo dispuesto en los artículos 11 del Reglamento nº 3887/92
y/o 22 del Reglamento nº 1760/2000, ya que no impide que los Estados miembros establezcan sanciones nacionales distintas de
las reducciones y exclusiones contempladas en el Reglamento nº 3887/92.
A la luz de las consideraciones anteriores, procede responder a la quinta cuestión que el artículo 11 del Reglamento nº 3887/92
y/o el artículo 22 del Reglamento nº 1760/2000 deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no puede establecer
sanciones nacionales que consistan en reducciones y exclusiones del importe total de la ayuda comunitaria a la que puede optar
el ganadero que haya presentado una solicitud de prima por sacrificio, puesto que sanciones de esta naturaleza figuran ya
de manera detallada en el Reglamento nº 3887/92.

Sobre las cuestiones sexta y séptima
Habida cuenta de la respuesta dada a la quinta cuestión, no ha lugar a responder a las cuestiones sexta y séptima.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
1)
El artículo 21 del Reglamento (CE) nº 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización
común de los mercados en el sector de la carne de vacuno, debe interpretarse en el sentido de que la inobservancia del plazo
de notificación a la base de datos informatizada del traslado de un bovino desde la explotación y hacia la misma, establecido
en el artículo 7, apartado 1, segundo guión, del Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al
etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 820/97
del Consejo, hace que dicho bovino no pueda optar a la concesión de la prima por sacrificio y, por tanto, quede excluido de
la percepción de esa prima.
2)
El examen de la segunda cuestión prejudicial no ha revelado la existencia de ningún elemento que pueda afectar, a la luz del
principio de proporcionalidad, a la validez del artículo 21 del Reglamento nº 1254/1999 en la medida en que hace que un bovino
respecto del cual no se haya observado el plazo de notificación establecido en el artículo 7, apartado 1, segundo guión, del
Reglamento nº 1760/2000 no pueda optar a la concesión de la prima por sacrificio y, por tanto, quede excluido de la percepción
de esa prima.
3)
Los artículos 44 y 45 del Reglamento (CE) nº 2419/2001 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2001, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios introducido
por el Reglamento (CEE) nº 3508/92 del Consejo, no se aplican a una exclusión del beneficio de la prima por sacrificio respecto
de un bovino cuyos datos relativos al traslado desde la explotación y hacia la misma no hayan sido notificados a la base de
datos informatizada dentro del plazo establecido en el artículo 7, apartado 1, segundo guión, del Reglamento nº 1760/2000,
de manera que dicho bovino pueda optar a la concesión de la prima por sacrificio, aun cuando esos datos transmitidos tardíamente
a la referida base sean correctos.
4)
El artículo 11 del Reglamento (CEE) nº 3887/92 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1992, por el que se establecen las normas
de aplicación del sistema integrado de gestión y control relativo a determinados regímenes de ayudas comunitarias, y/o el
artículo 22 del Reglamento nº 1760/2000 deben interpretarse en el sentido de que un Estado miembro no puede establecer sanciones
nacionales que consistan en reducciones y exclusiones del importe total de la ayuda comunitaria a la que puede optar el ganadero
que haya presentado una solicitud de prima por sacrificio, puesto que sanciones de esta naturaleza figuran ya de manera detallada
en el Reglamento nº 3887/92.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: neerlandés.