CELEX: 62003CJ0235
Directiva 2000/35/CE
Concepto de costes de cobro
Gastos de abogado y procurador en un procedimiento judicial en el que no es preciso valerse de estos profesionales
Imposibilidad de inclusión en las costas sobre la base del Derecho nacional
Imposibilidad de invocar la Directiva frente a un particular

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
(DO L 200, p. 35).
Esta petición fue presentada en el marco del examen, por el Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona, de una petición
inicial de juicio monitorio presentada por la sociedad QDQ Media, S.A. (en lo sucesivo, «QDQ Media»), contra el Sr. Omedas
Lecha alegando que éste no había pagado la factura correspondiente a ciertas prestaciones publicitarias destinadas a su actividad
profesional.
Marco jurídico
Derecho comunitario
La Directiva 2000/35 tiene por objeto la armonización de la legislación de los Estados miembros relativa a la de lucha contra
la morosidad en las operaciones comerciales entre empresas o entre éstas y los poderes públicos consistentes en el suministro
de mercancías o en una prestación de servicios a cambio de una remuneración.
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2000/35, dispone:
«Los Estados miembros velarán por que:
[…]
e)
salvo que el deudor no sea responsable del retraso, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una compensación razonable
por todos los costes de cobro que haya sufrido a causa de la morosidad de éste. Estos costes de cobro respetarán los principios
de transparencia y proporcionalidad respecto a la deuda de que se trate. Siempre que respeten los principios citados, los
Estados miembros podrán fijar una cantidad máxima en lo que se refiere a los costes de cobro para diferentes cuantías de deuda.»
Derecho nacional
El artículo 32, apartado 5, de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero de 2000, (en lo sucesivo, «LEC»), prevé,
por lo que se refiere a los gastos derivados de un procedimiento judicial:
«Cuando la intervención de abogado y procurador no sea preceptiva, de la eventual condena en costas de la parte contraria
a la que se hubiese servido de dichos profesionales se excluirán los derechos y honorarios devengados por los mismos, salvo
que el tribunal aprecie temeridad en la conducta del condenado en costas o que el domicilio de la parte representada y defendida
esté en lugar distinto a aquel en que se ha tramitado el juicio, operando en este último caso las limitaciones a que se refiere
el apartado 3 del artículo 394 de esta Ley.»
El artículo 394, apartado 3, de la LEC establece:
«Cuando […] se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda
a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera
parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento […]
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas.
[…]»
La LEC prevé que se puede acudir al procedimiento monitorio para exigir el pago de deudas inferiores a un importe determinado
y siempre que se cumplan ciertos requisitos.
El artículo 814 de la LEC, apartado 2, precisa:
«Para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no será preciso valerse de procurador y abogado.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
La sociedad QDQ Media recurrió a los servicios de un procurador para presentar la petición inicial de juicio monitorio contra
el Sr. Omedas Lecha en reclamación de la cantidad de 470,58 euros ante el órgano jurisdiccional remitente el 18 de febrero
de 2003.
El Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la
cuestión prejudicial siguiente:
«Si en el ámbito de protección al acreedor derivado de la Directiva 2000/35/CE […] sería posible considerar coste de cobro
de la deuda los gastos derivados del uso de abogado y procurador en el proceso monitorio instado para el cobro de dicha deuda.»
Sobre la cuestión prejudicial
Al haber verificado que QDQ Media tenía su domicilio social en Madrid y que había presentado el recurso ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 35 de Barcelona, el Tribunal de Justicia solicitó aclaraciones a este órgano jurisdiccional, conforme
al artículo 104, apartado 5, de su Reglamento de Procedimiento, en particular para conocer la razón por la que el artículo
32, apartado 5, de la LEC, no le permite satisfacer la pretensión de QDQ Media de que los gastos derivados de la intervención
de su procurador se incluyeran en las costas, a cuyo pago podría ser condenado el Sr. Omedas Lecha.
El órgano jurisdiccional remitente respondió a esta solicitud del modo siguiente:
«El artículo 32 de la LEC hace referencia a la posibilidad de imponer costas en procedimientos declarativos de carácter contradictorio.
El juicio monitorio no se incluye dentro de los juicios declarativos por lo menos en la fase de requerimiento de pago, de
hecho la LEC no habla ni de demanda de juicio monitorio sino de petición inicial (artículo 814 de la LEC), ni de partes procesales
sino de acreedor y deudor. La aplicación del artículo 32.5 de la LEC sería posible en la fase contradictoria –que remite a
los trámites del juicio verbal o el ordinario– pero la cuestión prejudicial se planteaba respecto de la posibilidad de condenar
respecto de las costas generadas desde la presentación inicial, es decir, si conforme a la Directiva de referencia, era posible
imponer las costas al deudor que no se opusiera al pago o cuya oposición al pago se hubiera rechazado en todo caso, sin necesidad
de apreciar la mala fe o, en su caso, examinar el domicilio del acreedor. Por otra parte debe indicarse que aunque la entidad
acreedora tiene su domicilio en Madrid lo cierto es que este tipo de empresas disponen de establecimientos y agentes en toda
España. Por lo tanto la cuestión se planteaba respecto de la posibilidad de repercutir los gastos judiciales en todos los
juicios monitorios atendiendo al contenido de la Directiva de referencia.»
Para responder al órgano jurisdiccional nacional, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, al aplicar el Derecho
nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a una directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo
está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, para, al efectuar dicha interpretación,
alcanzar el resultado a que se refiere la directiva y de esta forma atenerse al artículo 249, párrafo tercero, del Tratado CE
(véase, en particular, la sentencia de 14 de septiembre de 2000, Collino y Chiapero, C‑343/98, Rec. p. I‑6659, apartado 21).
De las explicaciones e interpretación del Derecho nacional proporcionadas por el órgano jurisdiccional remitente, resulta
que este ordenamiento no permite imponer al deudor los gastos derivados de la intervención de un procurador en la presentación
de la petición inicial de juicio monitorio cuando el procedimiento no llega a una fase contradictoria o cuando un establecimiento
o agencia del acreedor se encuentra en la demarcación del tribunal ante el que se ha presentado la petición, situaciones a
las que se refiere precisamente el órgano jurisdiccional remitente en su cuestión.
Según éste, en estas situaciones es imposible alcanzar el resultado perseguido en interés de QDQ Media mediante la aplicación
del Derecho nacional, aun interpretado a la luz de la Directiva 2000/35 en la medida de lo posible.
Pues bien, en un supuesto de este tipo, y tratándose de un litigio entre particulares, como el del asunto principal, una directiva
no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular ni ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona
(véanse, entre otras, las sentencias de 26 de febrero de 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, apartado 48, y de 5 de octubre
de 2004, Pfeiffer y otros, C‑397/01 a C‑403/01, Rec. p. I‑0000, apartado 108).
Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente que, dado que, sobre la
base del Derecho nacional, no es posible incluir en el cálculo de las costas a las que podría ser condenado un particular
obligado al pago de una deuda profesional los gastos derivados de la intervención de un abogado o de un procurador en defensa
o representación del acreedor en un proceso judicial de reclamación de dicha deuda, la Directiva 2000/35 no puede servir por
sí sola de fundamento a tal posibilidad.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) decide:
Dado que, sobre la base del Derecho nacional, no es posible incluir en el cálculo de las costas a las que podría ser condenado
un particular obligado al pago de una deuda profesional los gastos derivados de la intervención de un abogado o de un procurador
en defensa o representación del acreedor en un proceso judicial de reclamación de dicha deuda, la Directiva 2000/35/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales, no puede servir por sí sola de fundamento a tal posibilidad.
Firmas
–
Lengua de procedimiento: español.