CELEX: 62004CJ0441
Libre circulación de mercancías
Artículos 28 CE y 30 CE
Medidas de efecto equivalente
Venta a domicilio
Venta de joyas de plata
Prohibición

1       La petición de decisión prejudicial se refiere a la interpretación de los artículos 28 CE y 30 CE.
2       Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad A‑Punkt Schmuckhandels GmbH (en lo sucesivo, «A‑Punkt»)
y la Sra. Schmidt, dirigido a conseguir que ésta cesase en su actividad de venta de joyas de plata a domicilio.

Marco jurídico nacional
3       El artículo 57, apartado 1, del Código austriaco por el que se regulan las profesiones artesanales, comerciantes e industriales
(Gewerbeordnung, BGBl., 194/1994; en lo sucesivo, «GewO») prohíbe la venta y la recogida de pedidos a domicilio de determinadas
mercancías, en particular, joyas de plata, en los siguientes términos:
«Se prohíben las visitas a particulares con objeto de obtener pedidos relacionados con la venta de complementos alimentarios,
venenos, medicamentos, accesorios médicos, relojes de metales preciosos, productos de oro, plata o platino, joyas y piedras
preciosas, armas y municiones, artículos de pirotecnia, productos cosméticos, lápidas, monumentos funerarios y sus accesorios,
así como coronas y otras decoraciones funerarias. Se prohíben también los actos promocionales, incluidas las reuniones de
promoción y de asesoramiento relacionados con estas mercancías, organizados en domicilios privados y dirigidos a particulares,
con independencia de que el acto promocional haya sido organizado por el operador económico o por un tercero [...]»

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
4       La Sra. Schmidt dirige una empresa con domicilio social en Alemania. Ejerce el comercio ambulante de joyas en el territorio
de la Unión Europea, visitando a particulares en sus hogares. Les vende joyas de plata y recoge los pedidos relativos a las
mismas. El precio de venta unitario de dichas joyas no excede de 40 euros.
5       El 18 de diciembre de 2003, la Sra. Schmidt organizó una «reunión de joyas» en un domicilio particular de Klagenfurt, en Austria.
A raíz de esta reunión, A‑Punkt, que ejerce una actividad competidora, inició un procedimiento judicial contra la Sra. Schmidt
ante el Landesgericht Klagenfurt, con objeto de conseguir el cese de la actividad de ésta, al estar prohibida por el artículo
57, apartado 1, de la GewO.
6       La Sra. Schmidt se opone a las pretensiones de la demandante en el asunto principal, alegando que el artículo 57 de la GewO
es contrario a la libre circulación de mercancías, tal como está prevista en el artículo 28 CE. Subraya, en particular, que
la venta a domicilio de joyas de plata es lícita tanto en Alemania como en Italia y en el Reino Unido.
7       En estas circunstancias, el Landgericht Klagenfurt decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las
siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Deben interpretarse los artículos 28 CE y 30 CE en el sentido de que garantizan la libertad de la parte demandada para comercializar,
en el marco de sus actividades profesionales, joyas de plata mediante visitas a particulares para vender y recoger pedidos
de esas joyas?
2)      En caso de respuesta afirmativa, ¿constituye una restricción a la libre circulación de mercancías en el sentido de los artículos
28 CE y 30 CE la normativa de un Estado miembro que prohíbe la comercialización de joyas de plata mediante visitas a particulares
dirigidas a la venta y recogida de pedidos de tales joyas?
3)      En caso de respuesta afirmativa a la segunda pregunta, una normativa nacional que prohíbe la comercialización de joyas de
plata mediante visitas a particulares dirigidas a la venta y recogida de pedidos de tales joyas, infringiendo los artículos
28 CE y 30 CE, ¿es contraria al derecho de una persona a comercializar joyas de plata mediante este sistema?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
8       Mediante sus tres cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia,
si los artículos 28 CE y 30 CE se oponen a una disposición nacional, como el artículo 57 de la GewO, que prohíbe la venta
y la recogida de pedidos de joyas de plata a domicilio.
9       Con carácter preliminar, procede constatar que el artículo 57 de la GewO tiende a excluir un método de comercialización para
este tipo de joyas. Además, el procedimiento principal tiene su origen en una situación en que una persona que dirige una
empresa cuyo domicilio social se encuentra en Alemania organiza una venta de joyas a domicilio en Austria. En estas circunstancias,
el régimen nacional que prohíbe la venta de joyas a domicilio entra en el ámbito de la libre circulación de mercancías.
10     La Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, referente a la protección de los consumidores en el caso
de contratos negociados fuera de los establecimientos comerciales (DO L 372, p. 31; EE 15/06, p. 131) tiene por finalidad
armonizar parcialmente las normas en materia de protección de los consumidores respecto de determinados métodos de comercialización,
entre los que se encuentran las ventas celebradas en el contexto de una visita realizada a un particular por un comerciante.
11     Sin que sea necesario analizar profundamente el grado de armonización realizado por dicha Directiva, consta que los Estados
miembros tienen la facultad, sobre la base del artículo 8 de la misma, de adoptar o mantener disposiciones dirigidas a garantizar
una protección a los consumidores mayor que la prevista en dicha Directiva.
12     Tal como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados miembros pueden establecer o mantener una prohibición,
total o parcial, de celebración de contratos fuera de los establecimientos comerciales (véanse las sentencias de 16 de mayo
de 1989, Buet y EBS, 382/87, Rec. p. 1235, apartado 16, y de 14 de marzo de 1991, Di Pinto, C‑361/89, Rec. p. I‑1189, apartado 21).
Esta facultad debe, sin embargo, ejercerse respetando el principio fundamental de la libre circulación de mercancías, que
halla su expresión en la prohibición, recogida en el artículo 28 CE, de las restricciones cuantitativas a la importación y
de toda medida de efecto equivalente entre los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de marzo de 2004,
Karner, C‑71/02, Rec. p. I‑3025, apartado 34).
13     El Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado sobre la compatibilidad con el artículo 28 CE de diversas disposiciones nacionales
que regulan los métodos de comercialización (véase, en particular, la sentencia de 26 de mayo de 2005, Burmanjer y otros,
C‑20/03, Rec. p. I‑4133, apartado 22).
14     Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, toda normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar
directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario debe considerarse una medida de efecto equivalente
a las restricciones cuantitativas y, por ello, está prohibida por dicho artículo (véanse, en particular, las sentencias de
11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, apartado 5; de 19 de junio de 2003, Comisión/Italia, C‑420/01, Rec. p. I‑6445,
apartado 25, y Karner, antes citada, apartado 36).
15     No obstante, en la sentencia de 24 de noviembre de 1993, Keck y Mithouard (C‑267/91 y C‑268/91, Rec. p. I‑6097, apartado 16),
el Tribunal de Justicia precisó que las disposiciones nacionales que limiten o prohíban ciertas modalidades de venta no obstaculizan
el comercio entre los Estados miembros en el sentido de la jurisprudencia Dassonville siempre que dichas disposiciones, por
una parte, se apliquen a todos los operadores afectados que ejerzan su actividad en el territorio nacional, y por otra, que
afecten del mismo modo, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los productos nacionales y a la de los procedentes
de otros Estados miembros (véanse también las sentencias de 13 de enero de 2000, TK‑Heimdienst, C‑254/98, Rec. p. I‑151, apartado
23; de 11 de diciembre de 2003, Deutscher Apothekerverband, C‑322/01, Rec. p. I‑14887, apartado 68; Karner, antes citada,
apartado 37, y Burmanjer y otros, antes citada, apartado 24).
16     Posteriormente, el Tribunal de Justicia ha calificado de disposiciones que regulan las modalidades de venta, en el sentido
de la sentencia Keck y Mithouard, antes citada, las disposiciones relativas a determinados métodos de comercialización (véanse,
en particular, las sentencias de 2 junio de 1994, Tankstation ’t Heukske y Boermans, C‑401/92 y C‑402/92, Rec. p. I‑2199,
apartados 12 a 14; TK‑Heimdienst, antes citada, apartado 24, y Burmanjer y otros, antes citada, apartados 25 y 26).
17     Tal como resulta del apartado 9 de la presente sentencia, el régimen nacional de prohibición de venta a domicilio de que se
trata se refiere a una forma de comercialización. Es cuestión pacífica que no tiene por finalidad regular los intercambios
de mercancías entre los Estados miembros. Sin embargo, sólo puede eludir la prohibición del artículo 28 CE si cumple los dos
requisitos a que se ha hecho referencia en el apartado 15 de la presente sentencia.
18     En cuanto al primer requisito, parece que el artículo 57 de la GewO se aplica a todos los operadores afectados que ejercen
su actividad en el territorio austriaco, con independencia de su nacionalidad. Así, se cumple el primer requisito enunciado
en la sentencia Keck y Mithouard, antes citada.
19     Respecto del segundo requisito, consta que el régimen de prohibición de venta de joyas a domicilio no realiza ninguna distinción
en función del origen de los productos en cuestión.
20     A continuación, debe verificarse si la prohibición general de vender y recoger pedidos de joyas de plata mediante visitas
a domicilio no dificulta el acceso al mercado de los productos afectados procedentes de otros Estados miembros más de lo que
lo dificulta a los productos nacionales.
21     Una disposición nacional como la controvertida en el asunto principal puede, en principio, restringir el volumen total de
ventas de los productos objeto de litigio en el Estado miembro afectado y puede, por consiguiente, afectar al volumen de las
ventas de esos productos procedentes de otros Estados miembros Sin embargo, tal constatación no basta para calificar a la
disposición de que se trata de medida de efecto equivalente (véanse, en particular, la sentencia Keck y Mithouard, antes citada,
apartado 13, y la sentencia de 20 de junio de 1996, Semeraro Casa Uno y otros, C‑418/93 a C‑421/93, C‑460/93 a C‑462/93, C‑464/93,
C‑9/94 a C‑11/94, C‑14/94, C‑15/94, C‑23/94, C‑24/94 y C‑332/94, Rec. p. I‑2975, apartado 24).
22     Ciertamente, como señala la Comisión de las Comunidades Europeas, la venta a domicilio de joyas de escaso valor puede parecer
más adecuada y más eficaz que su venta en el marco de una estructura comercial fija. En efecto, para los operadores económicos
especializados en joyas de ese valor, la venta en el marco de una estructura comercial fija puede ocasionar costes proporcionalmente
muy elevados.
23     Sin embargo, el hecho de que un método de comercialización sea más eficaz y más económico no es un elemento suficiente para
afirmar que la disposición nacional que lo prohíbe entra en la prohibición prevista en el artículo 28 CE. En efecto, tal disposición
sólo constituye una medida de efecto equivalente si la exclusión del método de comercialización de que se trata afecta en
mayor medida a los productos procedentes de otros Estados miembros que a los productos nacionales.
24     A este respecto, consta que la prohibición controvertida en el asunto principal no afecta a todas las formas de comercialización
de las mercancías afectadas, sino sólo a una de ellas, y no excluye, por consiguiente, la posibilidad de vender dichas mercancías
en el territorio nacional mediante otros métodos.
25     Sin embargo, los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia no le permiten determinar con certeza si la prohibición
de venta a domicilio prevista en el artículo 57 de la GewO afecta en mayor medida a la comercialización de los productos procedentes
de Estados miembros distintos de Austria que a la de los productos procedentes de ese Estado miembro. En estas circunstancias,
corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si se cumple este requisito, concretamente, a la luz de las consideraciones
desarrolladas en los apartados 20 a 24 de la presente sentencia.
26     Si, tras este examen, ese órgano jurisdiccional constata que la prohibición del artículo 57 de la GewO afecta en mayor medida
a los productos procedentes de otros Estados miembros que a los productos nacionales en lo que se refiere al acceso al mercado
nacional, corresponde a éste determinar si esta prohibición se justifica por un objetivo de interés general en el sentido
de la jurisprudencia iniciada con la sentencia de 20 de febrero de 1979, Rewe, «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649), o
por uno de los objetivos enumerados en el artículo 30 CE, y si es necesaria y proporcionada a la realización de tal objetivo.
27     A este respecto, la protección de los consumidores puede justificar la prohibición controvertida en el asunto principal, si
reúne dos requisitos: que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y que no vaya más allá de
lo necesario para alcanzarlo.
28     Tal apreciación deberá tener en cuenta el nivel de protección de los consumidores conforme a la Directiva 85/577, en el ámbito
de la venta y recogida de pedidos de los productos de que se trata.
29     En el marco de este control, deberán también tenerse en cuenta las particularidades de la venta a domicilio de joyas de plata,
concretamente el riesgo potencialmente más elevado de que el consumidor sea inducido a error debido a la falta de información,
a la imposibilidad de comparar los precios o a la insuficiencia de garantías insuficientes en lo que respecta a la autenticidad
de estas joyas, así como a la mayor presión psicológica de compra cuando la venta se organiza en un contexto privado.
30     A la vista de las consideraciones que preceden, procede responder a las cuestiones planteadas que, en lo que se refiere a
la libre circulación de mercancías, el artículo 28 CE no se opone a una disposición nacional por la que un Estado miembro
prohíbe la venta y la recogida de pedidos de joyas de plata a domicilio en su territorio cuando tal disposición se aplica
a todos los operadores implicados, siempre que afecte de la misma forma, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los
productos nacionales y a la de los procedentes de otros Estados miembros. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar
si, a la vista de las circunstancias del asunto principal, la aplicación de la disposición nacional puede impedir el acceso
al mercado de los productos procedentes de otros Estados miembros o dificultar este acceso más que lo que lo dificulta a los
productos nacionales y, si éste es el caso, verificar si la medida en cuestión se justifica por un objetivo de interés general
en el sentido que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia confiere a este concepto o por uno de los objetivos enumerados
en el artículo 30 CE, y si dicha medida es proporcionada a este objetivo.

Costas
31     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
Los artículos 28 CE y 30 CE no se oponen a una disposición nacional por la que un Estado miembro prohíbe la venta y la recogida
de pedidos de joyas de plata a domicilio cuando esta disposición se aplica a todos los operadores implicados, siempre que
afecte de la misma forma, de hecho y de Derecho, a la comercialización de los productos nacionales y a la de los productos
procedentes de otras Estados miembros. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente verificar si, teniendo en cuenta las
circunstancias del asunto principal, la aplicación de la disposición nacional puede impedir el acceso al mercado de productos
procedentes de otros Estados miembros o dificultar este acceso más de lo que dificulta el acceso al mercado de los productos
nacionales y, si éste es el caso, verificar si la medida en cuestión se justifica por un objetivo de interés general en el
sentido que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia confiere a este concepto o por uno de los objetivos enumerados en el
artículo 30 CE, y si dicha medida es proporcionada a este objetivo.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.