CELEX: 61988CJ0236
Seguridad Social
Subsidio suplementario del "Fonds national de solidarité"
Posibilidad de exportación de las prestaciones no contributivas

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de agosto de 1988, la Comisión interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al negarse a conceder o a seguir abonando el subsidio suplementario del «Fonds national de solidarité» a los titulares de pensiones francesas de invalidez, de vejez o de supervivencia que residen o trasladan su residencia a otro Estado miembro de la Comunidad, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48 a 51 del Tratado CEE y del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad [modificado y actualizado mediante el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983,
DO L 230, p. 6
; EE 05/03, p. 53].
De los autos se deduce que el subsidio suplementario se concede por parte del «Fonds national de solidarité», crèado en 1956 con objeto de promover una política general de protección de las personas de edad avanzada, especialmente de aquellas que, aunque ya disfrutan de prestaciones de vejez o invalidez adquiridas en virtud de disposiciones legislativas o reglamentarias, no disponen de recursos suficientes.
Los requisitos de concesión de este subsidio, que figuraban anteriormente en los artículos L 684 a 711 del Code de la sécurité sociale (Código de Seguridad Social, en lo sucesivo, «CSS»), se recogen en la actualidad en los artículos L 815-1 a 815-11 del mismo Código. El subsidio suplementario se financia con cargo a impuestos y su concesión no está vinculada a la condición de antiguo trabajador por cuenta ajena o propia. Se trata de una prestación que completa los recursos de cualquier naturaleza, comprendidas las prestaciones contributivas, hasta un nivel considerado indispensable, teniendo en cuenta el coste de la vida en Francia. El artículo L 815-11 del CSS dispone que el subsidio suplementario dejará de pagarse a las personas que trasladen su residencia fuera del territorio de la República Francesa.
El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 1408/71, ya citado, establece que este Reglamento se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de Seguridad Social relacionadas, entre otras, con las prestaciones de invalidez y con las prestaciones de vejez. El apartado 1 del artículo 10 del mismo Reglamento establece que las prestaciones, las rentas y los subsidios «adquiridos» en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros no podrán ser objeto de ninguna reducción por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora.
Mediante escrito de 12 de febrero de 1979, la Comisión solicitó al Gobierno francés que adoptara las medidas necesarias para adaptar la normativa francesa al Derecho comunitario, de forma que, con arreglo a la sentencia de 9 de octubre de 1974 (Biason,
24/74, Rec. 1974, p. 999
), los titulares de una pensión francesa de invalidez que se beneficien del subsidio suplementario del «Fonds national de solidarité» continúen percibiéndolo cuando trasladen su residencia al territorio de otro Estado miembro. Mediante escritos de 15 de junio y de 9 de agosto de 1979, las autoridades francesas informaron a la Comisión de que un examen profundo del problema planteado no les había permitido superar los obstáculos para el pago de la prestación controvertida fuera del territorio francés.
El 24 de julio de 1980, la Comisión emitió el dictamen motivado a que se refiere el artículo 169 del Tratado CEE requiriendo al Gobierno francés a atenerse a él en un plazo de un mes. El 29 de abril de 1981 la Comisión decidió suspender el procedimiento que había iniciado conforme al artículo 169. El 8 de agosto de 1985 sometió al Consejo una propuesta de Reglamento por el que se modificaba el Reglamento n° 1408/71 [COM(85) 396 final;
DO C 240, p. 6
]. Esta propuesta, cuya adopción habría puesto fin al incumplimiento censurado, tenía por objeto, por una parte, incluir expresamente las prestaciones sociales no contributivas, concedidas en metálico, entre las prestaciones a las que se aplica el Reglamento n° 1408/71 y, por otra parte, reservar el derecho a estas prestaciones causado en virtud de la legislación de un Estado miembro únicamente a las personas que residieran en el territorio de ese Estado. No obstante, habida cuenta de que no progresaban las negociaciones en el seno del Consejo, la Comisión decidió reconsiderar su decisión de suspender el procedimiento del artículo 169 del Tratado e interpuso el presente recurso.
Para una más amplia exposición de los hechos del presente asunto, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
De los autos se deduce que, aunque la Comisión solicitó la condena de Francia por incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 48 a 51 del Tratado y del artículo 10 del Reglamento n° 1408/71, sólo fundamentó sus alegaciones en la infracción, por parte de Francia, de las disposiciones del mencionado artículo 10. Por consiguiente, sólo procede apreciar la fundamentación del presente recurso por incumplimiento en relación con esas disposiciones.
La Comisión alega que, conforme a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, contenida, entre otras, en la sentencia de 24 de febrero de 1987 (Giletti y otros, asuntos acumulados
379/85 a 381/85 y 93/86, Rec. 1987, p. 955
), la negativa a conceder o a seguir abonando un subsidio, como el contemplado en el presente asunto, a los titulares que residen o trasladan su residencia a otro Estado miembro constituye una infracción al apartado 1 del artículo 10 del Reglamento n° 1408/71.
A este respecto, procede recordar que, en la citada sentencia de 24 de febrero de 1987, Giletti y otros, dictada con ocasión de una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por la Cour de cassation francesa relativas al mismo subsidio, este Tribunal de Justicia consideró que una legislación como la controvertida, en la medida en que otorga derecho a prestaciones complementarias destinadas a aumentar el importe de las pensiones de la Seguridad Social, al margen de cualquier apreciación sobre las necesidades y situaciones individuales que caracterizan a la asistencia social, forma parte del régimen de Seguridad Social en el sentido del Reglamento n° 1408/71.
En esa misma sentencia este Tribunal declaró que el artículo 10 del Reglamento n° 1408/71 debía interpretarse en el sentido de que ni la adquisición ni la conservación del derecho a las prestaciones, rentas y subsidios previstos por dicha disposición pueden denegarse por la sola razón de que el interesado no resida en el territorio del Estado miembro en que se encuentre la institución deudora.
El Gobierno francés señala que el subsidio suplementario de que se trata se concede teniendo en cuenta un entorno económico y social preciso, puesto que pretende asegurar un mínimo de medios de vida en Francia. Por consiguiente, el pago de esos subsidios en otro Estado miembro dejaría de cumplir la misma función y, por tanto, perdería su razón de ser.
No se puede compartir este criterio. Efectivamente, dado que un subsidio suplementario, como el del caso de autos, forma parte del régimen de la Seguridad Social, en el sentido del Reglamento n° 1408/71, el hecho de que su pago esté vinculado a un determinado entorno económico y social no puede ser, con arreglo al Derecho comunitario actual, una justificación para distinguirlo de la pensión de la que constituye, de pleno derecho, un elemento accesorio.
De ello se deduce que es incompatible con el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento n° 1408/71 supeditar el pago del subsidio suplementario de que se trata al requisito de residencia en el territorio francés.
El Gobierno francés alega, además, que la exportación del subsidio suplementario del «Fonds national de solidarité», al igual que la de las prestaciones no contributivas que existen en otros Estados miembros, plantea graves problemas de gestión, de coordinación y de fondo que sólo podría resolver una normativa comunitaria. Por otra parte, ése era el objetivo de la Comisión al presentar, el 8 de agosto de 1985, la citada propuesta de Reglamento.
A este respecto procede señalar que, a falta de modalidades particulares aplicables a las prestaciones no contributivas de que se trate, la solución de los problemas planteados por el Gobierno francés debe buscarse en las disposiciones actuales de los Reglamentos, tal y como han sido interpretadas por este Tribunal.
Aunque la aplicación de estas disposiciones puede dar lugar a dificultades prácticas, ello, como ya ha señalado este Tribunal en la sentencia de 28 de mayo de 1974 (Callemeyn,
187/73, Rec. 1974, p. 553, apartado 12
), no puede perjudicar los derechos que los principios de la normativa social comunitaria conceden a los particulares. Por otra parte, procede señalar que los problemas prácticos siempre pueden someterse a la Comisión administrativa sobre la Seguridad Social de los trabajadores migrantes, tarea especialmente prevista en la letra d) del artículo 81 del Reglamento n° 1408/71.
De ello se deduce que las dificultades mencionadas por el Gobierno francés no pueden justificar el incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario.
En cuanto a la referencia del Gobierno francés a la propuesta de la Comisión de 8 de agosto de 1985, procede subrayar que el hecho de que se haya presentado al Consejo una propuesta que podría poner fin a la infracción no puede eximir al Estado miembro responsable de esta infracción de atenerse a las disposiciones comunitarias en vigor.
Procede, pues, declarar que, al negarse a conceder o a seguir abonando el subsidio suplementario del «Fonds national de solidarité» a los titulares de pensiones francesas de invalidez, de vejez o de supervivencia que residen o trasladan su residencia a otro Estado miembro de la Comunidad, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 del Reglamento n° 1408/71.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Francesa, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que, al negarse a conceder o a seguir abonando el subsidio suplementario del «Fonds national de solidarité» a los titulares de pensiones francesas de invalidez, de vejez o de supervivencia que residen o trasladan su residencia a otro Estado miembro de la Comunidad, la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad.

2)
Condenar en costas a la República Francesa.

Schockweiler
Zuleeg
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Grévisse
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de julio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente en funciones
F. A. Schockweiler
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.