CELEX: 61986CJ0144
Convenio de Bruselas
Concepto de litispendencia

Motivación de la sentencia
1 Mediante resolución de 9 de enero de 1986, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de junio siguiente, la Corte suprema di cassazione planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, "el Convenio"), una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 21 del Convenio.
2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Gubisch Maschinenfabrik KG, con domicilio en Flensburg (República Federal de Alemania), y el Sr. Palumbo, con domicilio en Roma, cuyo objeto es la validez de un contrato de compraventa. El Sr. Palumbo había emplazado a la sociedad Gubisch ante el Tribunal de Roma para obtener la declaración de nulidad de dicho contrato, debido a que su propuesta al respecto había sido revocada antes de que llegara a la sociedad Gubisch para su aceptación; el Sr. Palumbo solicitaba, a título subsidiario, la anulación del contrato por vicio del consentimiento, y, con carácter aún más subsidiario, la resolución del contrato, al no haber respetado la sociedad Gubisch el plazo de entrega.
3 La sociedad Gubisch opuso la excepción de incompetencia del Tribunal de Roma en los términos y a los efectos del artículo 21 del Convenio, alegando que, con anterioridad, ella había instado ante el Tribunal comercial de Flensburg el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Sr. Palumbo por efecto del mencionado contrato, es decir, el pago de la máquina comprada.
4 Debido a que el Tribunal de Roma desestimó la excepción de litispendencia basada en el artículo 21 del Convenio, la sociedad Gubisch recurrió ante la Corte suprema di cassazione, la cual suspendió el procedimiento y sometió al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
"El concepto de litispendencia, según el artículo 21 del Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, ¿comprende el caso en que, tratándose de un mismo contrato, una parte interpone ante un órgano jurisdiccional de un Estado contratante una demanda relativa a la nulidad (o, en cualquier caso, a la resolución) del contrato, si la otra parte ha planteado ante un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante una demanda de ejecución del mismo contrato?"
5 Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
6 Para resolver la cuestión planteada, procede determinar de antemano si los conceptos que utiliza el artículo 21 del Convenio para describir los requisitos de la "litispendencia", término que únicamente aparece en la rúbrica de la sección 8 del título II, han de interpretarse de manera autónoma o si hay que entenderlos en relación con el Derecho interno de uno u otro de los Estados.
7 Procede subrayar a este respecto, como ya lo hizo este Tribunal en su sentencia de 6 de octubre de 1976 (Tessili, 12/76, Rec. 1976, p. 1473), que ninguna de las dos opciones puede aceptarse con exclusión de la alternativa, ya que la mejor solución ha de adoptarse caso por caso respecto a cada una de las normas del Convenio, de forma que, eso sí, el Convenio logre completa eficacia con vistas a alcanzar los objetivos previstos en el artículo 220 del Tratado CEE.
8 Conviene recordar a este respecto que el Convenio, según su Preámbulo, que reproduce parcialmente los términos del citado artículo 220, pretende ante todo simplificar el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales así como potenciar en la Comunidad la protección jurídica de las personas que residen en la misma. Concretamente, el artículo 21 forma parte -junto con el artículo 22 relativo a la conexión- de la sección 8 del título II del Convenio, una sección que, en interés de una buena administración de justicia en la Comunidad, procura evitar que se planteen procedimientos paralelos ante los Jueces de los distintos Estados contratantes y la contradicción de las decisiones que de ello pudiera derivarse. Por consiguiente, esta normativa tiene por objeto eliminar, en lo posible y desde un principio, una situación como la prevista por el párrafo 3 del artículo 27, o sea, que no sea reconocida una resolución por ser inconciliable con otra dictada entre las mismas partes en el Estado requerido para reconocerla.
9 Por otra parte, este Tribunal, en su sentencia de 30 de noviembre de 1976 (De Wolf, 42/76, Rec. 1976, p. 1759), ha reconocido la importancia de estos objetivos del Convenio más allá incluso del ámbito estricto de la litispendencia, observando que sería incompatible con el espíritu de los artículos 26 y siguientes, relativos al reconocimiento de resoluciones judiciales, el hecho de plantear ante un Juzgado una demanda idéntica, ya por sus partes, ya por su objeto, a otra demanda decidida ya por el Juez de otro Estado contratante.
10 Procede observar, por otra parte, que el concepto de litispendencia no es idéntico en todos los ordenamientos jurídicos de los Estados contratantes y que, como ya ha establecido este Tribunal en la sentencia de 7 de junio de 1984 (Zelger, 129/83, Rec. 1984, p. 2397), no puede llegarse a un concepto común de litispendencia a partir de la conjunción de las diferentes normativas nacionales aplicables.
11 A la vista de los mencionados objetivos del Convenio y teniendo en cuenta que el artículo 21, en lugar de remitirse al término de "litispendencia" tal y como se emplea en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados contratantes, enuncia varios presupuestos sustanciales como elementos de una definición, es preciso deducir de ahí que los conceptos que utiliza el artículo 21 para determinar una situación de litispendencia deben considerarse autónomos.
12 Este resultado no está en contradicción con la citada sentencia de 7 de junio de 1984, en la que este Tribunal declaró que la cuestión del momento a partir del cual ha de considerarse que un asunto está pendiente a los efectos del artículo 21 del Convenio debe valorarse y resolverse por cada Juez según su propio Derecho nacional. Este razonamiento, en efecto, se apoya en el hecho de que dicho artículo carece de indicación alguna sobre la naturaleza de las formalidades procesales relativas al mismo, dado que el Convenio no pretende unificar dichas formalidades, estrechamente vinculadas a la estructura procesal de los diferentes Estados miembros. Por lo tanto, ello no puede prejuzgar la interpretación del contenido sustancial de los requisitos relativos a la litispendencia contemplados por el artículo 21.
13 La cuestión de si una situación procesal como la del caso de autos está regulada por el artículo 21 debe ser examinada, por lo tanto, teniendo en cuenta las finalidades indicadas y procurando asegurar la coherencia de las disposiciones del artículo 21 y del párrafo 3 del artículo 27. Las características de esta situación consisten en que una parte ha interpuesto ante un Tribunal de primera instancia una demanda reclamando el cumplimiento de una obligación prevista en un contrato de venta internacional, viéndose ulteriormente confrontada a otra demanda, interpuesta por la otra parte en otro Estado contratante, solicitando la nulidad o la resolución del mismo contrato.
14 A este respecto hay que observar, en primer lugar, que, de conformidad con el artículo 21, esta disposición se aplica cuando las partes sean las mismas en los dos asuntos y las dos demandas tengan el mismo objeto y la misma causa, sin exigir ningún otro requisito. Aun cuando la versión alemana del artículo 21 no distinga expresamente entre los conceptos de "objeto" y "causa", debe interpretarse en el mismo sentido que el resto de las versiones lingueísticas, que recogen todas estas distinciones.
15 La situación procesal objeto de la cuestión prejudicial se caracteriza por la circunstancia de que las mismas partes se enfrentan en dos litigios que se desarrollan en diferentes Estados contratantes y que se basan en la misma "causa", es decir, la misma relación contractual. El problema que se plantea es el de si ambos litigios tienen el mismo "objeto", dado que en el primer caso la demanda tiene por objeto la ejecución del contrato y en el segundo su nulidad o su resolución.
16 Cuando se trata en concreto, como en el caso de autos, de una compraventa internacional de objetos muebles corporales, de ello se deriva que la demanda de ejecución del contrato pretende hacerlo eficaz, mientras que la demanda de nulidad y resolución pretende precisamente negarle toda eficacia. La fuerza obligatoria del contrato se encuentra en el centro de ambos litigios. Si la demanda de nulidad o de resolución es la posterior, ésta puede considerarse como un mero medio de defensa contra la primera demanda, presentada como acción autónoma ante un Tribunal de otro Estado contratante.
17 Siendo ésta la situación desde el punto de vista procesal, es forzoso reconocer que ambos litigios tienen el mismo objeto, ya que este último concepto no puede reducirse a la identidad formal de las dos demandas.
18 En efecto, si en un caso como el de autos, las cuestiones discutidas relativas a un mismo contrato de compraventa internacional no se resolvieran únicamente por el Tribunal ante el que pende la demanda de ejecución del contrato y al que le ha sido sometido el asunto en primer lugar, la parte cuya pretensión es obtener la ejecución del contrato se expondría al riesgo de que, en virtud del párrafo 3 del artículo 27, no le fuese reconocida una resolución dictada en su favor aunque no se haya estimado el motivo de defensa eventualmente invocado por la parte demandada basado en la falta de fuerza obligatoria del contrato. No cabe poner en duda, en efecto, que en el Estado requerido se rechazaría el reconocimiento de una decisión judicial dictada en otro Estado contratante por la que se condenara a la parte demandada a la ejecución de un contrato si un Tribunal del Estado requerido hubiese dictado una resolución por la que declarara la nulidad o resolución del mismo contrato. Semejante resultado, que supondría la limitación de los efectos de cada resolución judicial al territorio nacional, atenta contra el objetivo del Convenio, que no es otro que reforzar, en todo el espacio jurídico comunitario, la protección jurídica de las personas residentes en su territorio, y facilitar, en todo Estado contratante, el reconocimiento de las resoluciones judiciales dictadas en cualquier otro Estado contratante.
19 Procede, pues, responder al órgano jurisdiccional nacional que el concepto de litispendencia contemplado por el artículo 21 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 comprende el caso en el que una parte interpone ante un Juez de un Estado contratante una demanda pretendiendo la nulidad o la resolución de un contrato de compraventa internacional, cuando está pendiente ante un Juez de otro Estado contratante una demanda de la parte contraria que pretende la ejecución del mismo contrato.
Decisión sobre las costas
Costas
20 Los gastos efectuados por el Gobierno de la República Federal de Alemania, el Gobierno de la República Italiana y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la Corte suprema di cassazione, mediante resolución de 9 de enero de 1986, decide:
Declarar que el concepto de litispendencia contemplado por el artículo 21 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 comprende el caso en el que una parte interpone ante un Juez de un Estado contratante una demanda pretendiendo la nulidad o la resolución de un contrato de compraventa internacional, cuando está pendiente ante un Juez de otro Estado contratante una demanda de la parte contraria que pretende la ejecución del mismo contrato.