CELEX: 61989CJ0348
Mecanarte
Metalúrgica da Lagoa Ldª contra Chefe do Serviço da Conferência Final da Alfândega do Porto

Mediante resolución de 16 de octubre de 1989, recibida el 14 de noviembre siguiente, el Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, ocho cuestiones prejudiciales sobre la interpretación y la validez del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación
a posteriori
de los derechos de importación o de los derechos de exportación (
DO L 197, p. 1
; EE 02/06, p. 54), así como sobre la interpretación del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1573/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1697/79 (
DO L 161, p. 1
;EE 02/06, p. 273).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco del recurso mediante el que la sociedad importadora Mecanarte-Metalúrgica da Lagoa Lda. (en lo sucesivo, «Mecanarte») solicitó la anulación de la liquidación relativa a la recaudación
a posteriori
de derechos de aduana practicada por la oficina de aduanas de Oporto.
Mecanarte importó en Portugal una partida de 42 manojos de chapas de acero laminadas en caliente, partida que había comprado a su proveedor en la República Federal de Alemania, Schmolz & Bickenbach, y presentó ante las autoridades aduaneras portuguesas un certificado de circulación de las mercancías modelo EUR 1 n° D 790072, expedido en Düsseldorf el 18 de febrero de 1986, que indicaba que tales mercancías eran originarias de la República Federal de Alemania.
Al considerar que la mercancía había sido declarada como procedente de la República Federal de Alemania, la autoridad aduanera portuguesa la clasificó, con arreglo a la normativa comunitaria, en las partidas arancelarias 73.13.230.100 j y 73.13.260.000 t del Arancel Aduanero Común, y la declaró exenta de los derechos de aduana a la importación.
Mediante escrito de 29 de marzo de 1988, el Servicio de Vigilancia Aduanera de Düsseldorf comunicó a la Dirección General de Aduanas portuguesa que el certificado EUR 1 n° D 790072 había sido declarado inválido por haber sido expedido indebidamente por la sociedad Schmolz & Bickenbach, y que los productos de acero laminado designados en el certificado no eran originarios de la República Federal de Alemania, sino de la República Democrática Alemana.
Como consecuencia de esta comunicación, la oficina de aduanas de Oporto, por medio de su Serviço da Conferencia Final, efectuó la liquidación
a posteriori
de los derechos por un importe de 3611599 ESC, a cargo de Mecanarte.
Mecanarte interpuso ante el Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto recurso de anulación contra el acta de liquidación, acta confirmada por una decisión del Director de Aduanas de Oporto que denegaba la petición de Mecanarte de que se remitiese el expediente a la Comisión de las Comunidades Europeas a fin de que ésta decidiese que no se efectuase la recaudación
a posteriori
de los derechos de que se trata.
Al suscitarse dudas tanto en lo relativo a la interpretación y a la validez del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 del Consejo como a la interpretación del artículo 4 del Reglamento n° 1573/80 de la Comisión, el Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes :
«a)
La parte inicial del párrafo primero del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979 (“las autoridades competentes podrán abstenerse de efectuar la recaudación”), ¿atribuye a dichas autoridades una potestad discrecional o una potestad reglada?
b)
Si atribuye una potestad discrecional en materia tributaria, ¿será inválida esa parte de la norma por violación de los principios de legalidad tributaria, de igualdad de los agentes económicos, de no discriminación y de prohibición de la arbitrariedad (artículos 7 y 28 del Tratado CEE y artículo 4 del Tratado CECA)?
c)
A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5, ¿debe entenderse por “error” solamente el de cálculo o de transcripción, o también los errores inducidos por el deudor?
d)
El error relevante, ¿es sólo el cometido por las mismas autoridades competentes para efectuar la recaudación
a posteriori,
o puede serlo también un error cometido por las autoridades del país de exportación de la mercancía cuando dicho país también pertenezca a las Comunidades Europeas?
e)
Cuando el deudor facilite de buena fe a la Aduana elementos de liquidación inexactos o incompletos, como lo es el relativo al origen de la mercancía, ¿habrá observado, incluso en este caso, “todas las disposiciones establecidas por la legislación en vigor en relación con su declaración en aduana”, como lo exige el párrafo primero
in fine
del apartado 2 del artículo 5?
f)
En la competencia que atribuye a la Comisión el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1573/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, en cuanto a los importes superiores a los 2.000 ECU, ¿se incluyen todas las decisiones (tanto las de efectuar la recaudación como las de abstenerse de efectuarla) o únicamente las decisiones de abstenerse de efectuar la recaudación?
g)
En un ordenamiento constitucional como el portugués, que consagra el principio de la primacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno, ¿configura la violación del Derecho comunitario derivado por el Derecho interno un caso de inconstitucionalidad que dispense de la remisión prejudicial inmediata para la interpretación del Derecho comunitario?
h)
Si se acepta que la decisión de efectuar la recaudación corresponde a las autoridades aduaneras nacionales, en el caso de que el deudor presente una solicitud fundada para que se decida no efectuar la recaudación, ¿deberá tal solicitud ser estudiada por la Comisión con objeto de decidir abstenerse o no abstenerse de efectuar la recaudación, o podrán las autoridades aduaneras nacionales decidir por sí mismas sobre la referida solicitud?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal y del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
En el caso de autos se cuestionan esencialmente dos disposiciones:
—
El apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, que dispone lo siguiente:
«Las autoridades competentes podrán abstenerse de efectuar la recaudación
a posteriori
de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hubieran sido percibidos como consecuencia de un error de las mismas autoridades competentes que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, hubiera actuado de buena fe y hubiera observado todas las disposiciones establecidas por la regulación en vigor en relación con su declaración en aduana.»
Así como
—
el artículo 4 del Reglamento n° 1573/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, que dispone lo siguiente:
«Cuando la autoridad competente del Estado miembro en el que haya sido cometido el error no esté en condiciones de asegurar por sus propios medios el cumplimiento de todas las condiciones señaladas en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento de base o cuando el importe de los derechos sea igual o superior a 2000 ECUS, dicha autoridad competente someterá a la Comisión una solicitud de decisión que deberá contener todos los elementos necesarios para la apreciación del caso.»
Sobre las cuestiones primera y segunda
Mediante las cuestiones primera y segunda, se pregunta si el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 confiere a las autoridades competentes la potestad discrecional de efectuar o de abstenerse de efectuar la recaudación
a posteriori
de los derechos de aduana y, en caso de respuesta afirmativa, si dicha disposición es válida habida cuenta de los principios fundamentales recogidos en el Tratado.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, procede hacer constar que, según jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 debe interpretarse en el sentido de que, si se reúnen todos los requisitos que establece dicha norma, el deudor tiene derecho a que no se efectúe la recaudación
a posteriori
(véanse sentencias de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost,
314/85, Rec. p. 4199', apartado 22
; de 23 de mayo de 1989, Top Hit,
378/87, Ree. p. 1359, apartado 18
, y de 12 de julio de 1989, Binder,
161/88, Rec. p. 2415, apartado 16
).
En la medida en que el sujeto pasivo tiene el referido derecho, las autoridades nacionales competentes deben abstenerse de efectuar la recaudación
a posteriori,
ya que, de lo contrario, tal derecho perdería todo su valor.
Procede, pues, responder a la primera cuestión en el sentido de que la primera parte del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, debe interpretarse en el sentido de que atribuye a las autoridades nacionales competentes una potestad reglada en lo relativo a la decisión de abstenerse de efectuar la recaudación
a posteriori
cuando se reúnen los requisitos que establece el apartado 2 del artículo 5 de dicho Reglamento.
Por lo que se refiere a la segunda cuestión, procede observar que el órgano jurisdiccional nacional tan sólo la plantea para el caso de que la respuesta a la primera cuestión determine que el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 atribuye a las autoridades nacionales una potestad discrecional.
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, la segunda cuestión carece de objeto.
Sobre las cuestiones tercera y cuarta
Mediante las cuestiones tercera y cuarta, que conviene examinar conjuntamente, el Juez nacional pide a este Tribunal de Justicia que precise el contenido que abarca la expresión «error de las mismas autoridades competentes que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor», expresión que figura en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79.
Estas cuestiones suscitan tres problemas distintos :
—
el primero consiste en determinar si en el término «error» se incluyen únicamente los errores de cálculo o de transcripción;
—
el segundo consiste en determinar si por «autoridades competentes» procede entender únicamente las autoridades competentes para la recaudación
a posteriori
o, por el contrario, también las autoridades nacionales del Estado miembro de exportación de la mercancía;
—
el tercero consiste en determinar si los errores a que se refiere el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 son la totalidad de los errores cometidos por las autoridades competentes o únicamente aquellos que les sean imputables.
Con carácter liminar, procede señalar que la finalidad del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 es proteger la confianza legítima del sujeto pasivo en cuanto al carácter fundado del conjunto de elementos que conducen a la decisión de recaudar los derechos de aduana o de abstenerse de recaudarlos.
De lo anterior se desprende, en primer lugar, que el concepto de error no puede circunscribirse a los meros errores de cálculo o de transcripción, sino que en él se incluye cualquier tipo de error que vicie la decisión adoptada, como lo es, en particular, el que consiste en la interpretación errónea o aplicación indebida de las normas jurídicas aplicables.
A este respecto, la referencia que en los considerandos del Reglamento n° 1697/79 se hace al error de cálculo o de transcripción debe entenderse como un mero ejemplo, que no agota todos los casos posibles de errores que han de tomarse en consideración en el ámbito del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 del Consejo.
En segundo lugar se desprende que, al no existir una definición precisa y exhaustiva de «autoridades competentes» en el Reglamento n° 1697/79 ni tampoco en el Reglamento n° 1573/80, adoptado para la aplicación del primero (los referidos Reglamentos estaban en vigor en el momento en que se produjeron los hechos que dieron lugar al litigio principal), deberá considerarse como «autoridad competente», en el sentido del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79, toda autoridad que, en el marco de sus competencias, facilite elementos que se tengan en cuenta a la hora de recaudar los derechos de aduanas, y que, de este modo, pueda generar la confianza legítima del sujeto pasivo. Así sucede, en particular, con las autoridades aduaneras del Estado miembro de exportación que intervienen en lo relativo a la declaración en aduana.
Se desprende, en tercer lugar, que la confianza legítima del sujeto pasivo tan sólo es digna de la protección que contempla el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 cuando, como prevé expresamente el texto del Reglamento, sean las «mismas» autoridades competentes las que hayan dado base a la confianza del sujeto pasivo. De este modo, únicamente aquellos errores que sean imputables a una conducta activa de las autoridades competentes y que razonablemente no pudieron ser conocidos por el sujeto pasivo le darán derecho a que no se efectúe la recaudación
a posteriori
de los derechos de aduana.
No puede considerarse que se dé este requisito cuando se induce a las autoridades competentes a error, particularmente sobre el origen de la mercancía, mediante declaraciones inexactas del sujeto pasivo cuya validez no tengan por qué examinar o comprobar. Según jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia, en semejante supuesto es el sujeto pasivo quien soporta el riesgo que entraña un documento comercial que resulta falso con ocasión de un control posterior (sentencia de 13 de noviembre de 1984, Van Gend en Loos, asuntos acumulados
98/83 y 230/83, Rec. p. 3763, apartado 20
).
En cambio, cuando la inexactitud de las declaraciones del sujeto pasivo no sea sino consecuencia de informaciones erróneas aportadas por las mismas autoridades competentes y que les vinculen, lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 se opone a la recaudación
a posteriori
de los derechos de importación y de los derechos de exportación.
De cuanto antecede se deduce que procede responder a las cuestiones tercera y cuarta en el sentido de que los errores contemplados en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 incluyen todos los errores de interpretación o de aplicación de normas sobre derechos de importación y de exportación que razonablemente no pudieron ser conocidos por el sujeto pasivo, siempre que sean consecuencia de una conducta activa, bien de las autoridades competentes para la recaudación
a posteriori,
bien de las autoridades del Estado miembro de exportación, lo que excluye los errores provocados por declaraciones inexactas del sujeto pasivo, salvo aquellos casos en que la inexactitud de tales declaraciones no sea sino consecuencia de informaciones erróneas aportadas por las mismas autoridades competentes y que les vinculen.
Sobre la quinta cuestión
Mediante la quinta cuestión se pretende, en lo fundamental, que se determine si el sujeto pasivo que facilita de buena fe a la aduana elementos de liquidación inexactos o incompletos ha observado, no obstante, todas las disposiciones establecidas por la legislación en vigor en relación con su declaración en aduana, en el sentido del párrafo primero
in fine
del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79.
Según ha declarado este Tribunal de Justicia en la sentencia Top Hit, antes citada (apartados 22 y 26), la observancia de las disposiciones de la normativa en vigor sobre declaración en aduana requiere que el declarante facilite a las autoridades aduaneras toda la información necesaria para el tratamiento aduanero solicitado para la mercancía de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en las normas comunitarias y en aquellas normas nacionales que, en su caso, complementen o adapten el Derecho interno a las primeras.
Esta obligación, sin embargo, no puede ir más allá de proporcionar datos y documentos que sea razonable que el declarante esté en condiciones de conocer y de obtener. De ello se deduce que, si un agente económico aporta de buena fe elementos que, pese a resultar inexactos o incompletos, son los únicos que razonablemente podía conocer u obtener y, por tanto, incluir en su declaración en aduana, deberá considerarse cumplido el requisito de haber observado todas las disposiciones vigentes relativas a la declaración en aduana.
Procede, pues, responder a la quinta cuestión que el párrafo primero
in fine
del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a aquella situación en la que el sujeto pasivo ha observado todos los requisitos establecidos a la vez en las normas comunitarias sobre declaración en aduana y en las normas nacionales que, en su caso, complementan o adaptan el Derecho interno a las primeras, aunque haya aportado de buena fe elementos inexactos o incompletos a las autoridades competentes, siempre que tales elementos sean los únicos que razonablemente podía conocer u obtener.
Sobre la sexta cuestión
Mediante la sexta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende fundamentalmente que se determine si, en virtud del artículo 4 del Reglamento n° 1573/80, la Comisión tan sólo tiene competencia para decidir abstenerse de efectuar la recaudación
a posteriori
de los derechos de aduana, o si, por el contrario, su competencia se extiende también a las decisiones de recaudación, cuando el importe de los derechos no percibidos sea igual o superior a 2000 ECU.
Según se desprende de la sentencia de este Tribunal de Justicia de 26 de junio de 1990, Deutsche Fernsprecher (
C-64/89, Rec. p. I-2535, apartados 12 y 13
), la facultad de decisión que el artículo 4 del Reglamento n° 1573/80 atribuye a la Comisión se refiere únicamente a aquellos casos en los que las autoridades nacionales competentes están convencidas de que se cumplen los requisitos del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 y consideran, por tanto, que no deben efectuar la recaudación
a posteriori.
Tal como precisó este Tribunal de Justicia en la misma sentencia, la referida interpretación se ajusta a la finalidad del Reglamento n° 1573/80, que consiste en garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. Esta aplicación uniforme corre peligro en los supuestos en que se acepta la petición de abstenerse de efectuar la recaudación
a posteriori,
puesto que, como probablemente no se interpondrá ningún recurso judicial, se corre el riesgo de que la apreciación en la que se base un Estado miembro para adoptar una decisión favorable eluda el control que permite garantizar la aplicación uniforme de los requisitos que establece la legislación comunitaria. En cambio, no sucede lo mismo cuando las autoridades nacionales realizan la recaudación, sea cual sea el importe de que se trate. En tal caso cabe que el interesado impugne dicha decisión ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Por consiguiente, la uniformidad del Derecho comunitario podrá ser garantizada por el Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento prejudicial.
Procede, pues, responder a la sexta cuestión en el sentido de que la competencia que el artículo 4 del Reglamento n° 1573/80 atribuye a la Comisión únicamente se extiende a las decisiones de abstenerse de efectuar la recaudación
a posteriori
relativas a derechos cuyo importe sea igual o superior a 2000 ECU.
Sobre la octava cuestión
Mediante la octava cuestión, que está estrechamente ligada a la sexta y que, por consiguiente, procede examinar a continuación, el Juez nacional pregunta a este Tribunal de Justicia si, cuando la decisión de efectuar la recaudación incumbe a las autoridades nacionales y el sujeto pasivo presenta una solicitud motivada para que se decida no efectuar la recaudación, debe someterse a la Comisión la solicitud así presentada o si, por el contrario, corresponde a las autoridades nacionales pronunciarse sobre la misma.
Tal como ha declarado este Tribunal de Justicia en la sentencia de 26 de junio de 1990, Deutsche Fernsprecher, antes citada, corresponde a las autoridades nacionales efectuar la recaudación de los derechos de importación y de exportación, con independencia del importe de que se trate. Habida cuenta de la finalidad del Reglamento n° 1573/80, que, como precisó este Tribunal de Justicia en esa misma sentencia, es la de garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario, corresponde también a las autoridades nacionales resolver cualquier solicitud motivada presentada por un sujeto pasivo para obtener que se decida no efectuar la recaudación. Como se dijo antes en el apartado 34, la obligación de someter el asunto a la consideración de la Comisión tan sólo existe en el supuesto de que las autoridades nacionales se pronuncien por no efectuar la recaudación y cuando el importe de que se trate sea igual o superior a 2000 ECU.
Procede, pues, responder a la octava cuestión en el sentido de que cuando el sujeto pasivo presente una solicitud para que no se efectúe la recaudación de los derechos de importación o de exportación, corresponderá a las autoridades nacionales resolver tal solicitud, y de que únicamente deberán someter el asunto a la apreciación de la Comisión cuando consideren procedente abstenerse de recaudar derechos de un importe igual o superior a 2000 ECU.
Sobre la séptima cuestión
Mediante la séptima cuestión, el Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto plantea problemas de carácter procesal relativos a la aplicación del artículo 177 del Tratado CEE.
De la motivación de la resolución prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional nacional parte de la idea de que las dos disposiciones del Reglamento de Aduanas portugués aplicables al caso de autos no sólo son contrarias al Derecho comunitario, sino que, además, adolecen de vicios de inconstitucionalidad funcional y material, que resultan del hecho de que, por una parte, fueron adoptadas en el ejercicio de la función administrativa y no en el de la función legislativa, función esta última que, en el supuesto presente, corresponde a la Asamblea de la República, y de que, por otra parte, son contrarias al principio de la primacía del Derecho internacional sobre el Derecho interno.
Basándose en lo anterior, el Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto se pregunta, en primer lugar, si tiene competencia para plantear la cuestión prejudicial, en la medida en que advierte la inconstitucionalidad de las disposiciones nacionales de que se trate, dado que la comprobación de la inconstitucionalidad de una norma de Derecho interno debe dar lugar, según el apartado 3 del artículo 280 de la Constitución portuguesa, a la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional portugués, y dado que, por consiguiente, tan sólo este último es competente para plantear una cuestión prejudicial en tales asuntos. El Tribunal Fiscal Aduaneiro se pregunta, en segundo lugar, si la remisión prejudicial no resulta superflua cuando el ordenamiento jurídico nacional está dotado de mecanismos para subsanar los vicios de una disposición nacional.
De este modo, la séptima cuestión prejudicial suscita dos problemas distintos en lo relativo a las modalidades de aplicación del artículo 177 del Tratado CEE:
—
El primero consiste en determinar si el órgano jurisdiccional nacional que comprueba la inconstitucionalidad de una disposición nacional carece de la facultad de plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cuestiones relativas a la interpretación o a la validez del Derecho comunitario, debido al hecho de que cuando se comprueba Un supuesto de inconstitucionalidad debe interponerse obligatoriamente recurso ante el Tribuna Constitucional.
—
El segundo consiste en determinar si el órgano jurisdiccional nacional puede abstenerse de efectuar la remisión prejudicial cuando el ordenamiento jurídico nacional está dotado de mecanismos para subsanar los vicios de una disposición nacional.
En lo relativo al primer problema, es preciso recordar que el artículo 177 del Tratado dispone que el Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial, tanto sobre la interpretación del Tratado y de los actos adoptados por las Instituciones de la Comunidad como sobre la validez de dichos actos. En su párrafo segundo, el referido artículo dispone que los órganos jurisdiccionales nacionales podrán plantear tales cuestiones al Tribunal de Justicia y, en su párrafo tercero, que deberán hacerlo cuando sus decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno.
La competencia que el artículo 177 atribuye al Tribunal de Justicia tiene fundamentalmente por objeto garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario por los órganos jurisdiccionales nacionales. Con este fin, el artículo 177 facilita al Juez nacional un medio para eliminar las dificultades que pudiera suscitar la exigencia de atribuir al Derecho comunitario plena eficacia en el ámbito de los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros.
La eficacia del sistema instaurado por el artículo 177 del Tratado exige que los órganos jurisdiccionales nacionales dispongan de las más amplias facultades para dirigirse al Tribunal de Justicia cuando consideren que un asunto ante ellos pendiente suscita cuestiones que requieren, para poder emitir el fallo, una interpretación o una apreciación de validez de las disposiciones de Derecho comunitario.
Además, la eficacia del Derecho comunitario se vería amenazada si la existencia de un recurso obligatorio ante el Tribunal Constitucional pudiese impedir que el Juez nacional, al conocer de un litigio regulado por el Derecho comunitario, ejerza la facultad, que le atribuye el artículo 177 del Tratado, de plantear al Tribunal de Justicia cuestiones sobre la interpretación o sobre la validez del Derecho comunitario, a fin de poder determinar si una norma nacional resulta o no compatible con dicho Derecho.
Procede, pues, responder a la primera parte de la séptima cuestión en el sentido de que un órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio relacionado con el Derecho comunitario y que comprueba la inconstitucionalidad de una disposición nacional no está privado de la facultad ni exento de la obligación, previstas en el artículo 177 del Tratado CEE, de plantear al Tribunal de Justicia cuestiones sobre la interpretación o la validez del Derecho comunitario por el hecho de que cuando se comprueba algún supuesto de inconstitucionalidad de los referidos deba interponerse obligatoriamente un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En lo relativo al segundo problema, basta con recordar que, según reiterada jurisprudencia, en el marco de la distribución de las funciones jurisdiccionales entre los órganos nacionales de dicha naturaleza y el Tribunal de Justicia que realiza el artículo 177 del Tratado, los órganos jurisdiccionales nacionales disponen de una facultad de apreciación para determinar si una decisión sobre un punto de Derecho comunitario resulta necesaria para poder emitir su fallo (véase, en particular, sentencia de 6 de octubre de 1982, Cilfit,
283/81, Rec. p. 3415, apartado 10
).
A este respecto, ha de precisarse que la facultad de apreciación de que dispone el Juez nacional en virtud del párrafo segundo del artículo 177 del Tratado CEE abarca asimismo la cuestión de determinar en qué fase del procedimiento debe remitirse al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial.
Así pues, procede responder a la segunda parte de la séptima cuestión en el sentido de que, con arreglo al párrafo segundo del artículo 177 del Tratado CEE, incumbe al Juez nacional apreciar la pertinencia de las cuestiones de Derecho que suscite el litigio del que esté conociendo y la necesidad de una decisión prejudicial para poder emitir su fallo, así como la fase del procedimiento en la que proceda remitir al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno portugués, el Ministerio Fiscal portugués, el Consejo de las Comunidades Europeas y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunal Fiscal Aduaneiro do Porto mediante resolución de 16 de octubre de 1989, declara:

1)
La primera parte del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación a
posteriori
de los derechos de importación o de los derechos de exportación, debe interpretarse en el sentido de que atribuye a las autoridades nacionales competentes una potestad reglada en lo relativo a la decisión de abstenerse de efectuar la recaudación
a posteriori
cuando se reúnen los requisitos que establece el apartado 2 del artículo 5 de dicho Reglamento.

2)
Los errores contemplados en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 incluyen todos los errores de interpretación o de aplicación de normas sobre derechos de importación y de exportación que razonablemente no pudieron ser conocidos por el sujeto pasivo, siempre que sean consecuencia de una conducta activa, bien de las autoridades competentes para la recaudación
a posteriori,
bien de las autoridades del Estado miembro de exportación, lo que excluye los errores provocados por declaraciones inexactas del sujeto pasivo, salvo aquellos casos en que la inexactitud de tales declaraciones no sea sino consecuencia de informaciones erróneas aportadas por las mismas autoridades competentes y que les vinculen.

3)
El párrafo primero
¡a fine
del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n° 1697/79 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a aquella situación en la que el sujeto pasivo ha observado todos los requisitos establecidos a la vez en las normas comunitarias sobre declaración en aduana y en las normas nacionales que, en su caso, complementan o adaptan el Derecho interno a las primeras, aunque haya aportado de buena fe elementos inexactos o incompletos a las autoridades competentes, siempre que tales elementos sean los únicos que razonablemente podía conocer u obtener.

4)
La competencia que atribuye a la Comisión el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 1573/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 1697/79, únicamente se extiende a las decisiones de abstenerse de efectuar la recaudación
a posteriori
relativas a derechos cuyo importe sea igual o superior a 2000 ECU, y ello aunque el sujeto pasivo haya presentado una solicitud motivada contra la decisión de recaudar adoptada por las autoridades nacionales competentes.

5)
Cuando el sujeto pasivo presente una solicitud para que no se efectúe la recaudación de los derechos de importación o de exportación, corresponderá a las autoridades nacionales resolver tal solicitud y únicamente deberán someter el asunto a la apreciación de la Comisión cuando consideren procedente abstenerse de recaudar derechos de un importe igual o superior a 2000 ECU.

6)
Un órgano jurisdiccional que conoce de un litigio relacionado con el Derecho comunitario y que comprueba la inconstitucionalidad de una disposición nacional no está privado de la facultad ni exento de la obligación, previstas en el artículo 177 del Tratado CEE, de plantear al Tribunal de Justicia cuestiones sobre la interpretación o la validez del Derecho comunitario por el hecho de que cuando se comprueba algún supuesto de inconstitucionalidad de los referidos deba interponerse obligatoriamente un recurso ante el Tribunal Constitucional. Con arreglo al párrafo segundo del artículo 177 del Tratado CEE, incumbe al Juez nacional apreciar la pertinencia de las cuestiones de Derecho que suscite el litigio del que esté conociendo y la necesidad de una decisión prejudicial para poder emitir su fallo, así como la fase del procedimiento en la que proceda remitir al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial.

Moitinho de Almeida
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de junio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Tercera
J.C. Moitinho de Almeida
(
*1
)	Lengua de procedimiento: portugués.