CELEX: 62003CJ0293
Funcionarios
Transferencia de los derechos a pensión
Artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios
Pensión de jubilación anticipada
Cómputo de los períodos de actividad laboral en las Comunidades Europeas
Artículo 10 CE

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2 CE, 3 CE, 17 CE, 18 CE, 39 CE, 40 CE,
42 CE y 283 CE, así como la del artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 1612/68, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre
circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 2; EE 05/01, p. 77).
Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. My y la Office nationale des pensions (en lo sucesivo, «ONP»)
relativo a la negativa de este último a tener en cuenta la actividad profesional desarrollada por el interesado al servicio
de una institución de las Comunidades Europeas en orden al reconocimiento de un derecho a una pensión de jubilación anticipada
en virtud del régimen belga.
Marco normativo
Normativa comunitaria
A tenor del artículo 11, apartados 1 y 2, del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en
lo sucesivo, «Estatuto») en su redacción aplicable en la fecha en que se produjeron los hechos del asunto principal:
«1.

El funcionario que cese para:
–
entrar al servicio de una administración o de una organización nacional o internacional que hubiera celebrado un acuerdo con
las Comunidades,
–
ejercer una actividad por cuenta propia o ajena en virtud de la cual adquiera derechos a pensión en un régimen cuyos organismos
de gestión hayan celebrado un acuerdo con las Comunidades,
tendrá derecho a hacer transferir el equivalente actuarial de sus derechos a pensión de jubilación, adquiridos en las Comunidades,
a la caja de pensiones de esta administración o de esta organización, o a la caja en la que el funcionario adquiera sus derechos
a pensión de jubilación en virtud de su actividad por cuenta propia o ajena.
2.

El funcionario que entre al servicio de las Comunidades tras haber:
–
cesado en el servicio de una administración o de una organización nacional o internacional,

o
–
ejercido una actividad por cuenta propia o ajena,
tendrá la facultad, en el momento de su nombramiento definitivo, de hacer transferir a las Comunidades bien el equivalente
actuarial, bien el total de las cantidades de rescate de sus derechos o pensión de jubilación que hubiera adquirido en virtud
de las actividades mencionadas anteriormente.
En tal caso, la institución en la que el funcionario preste servicios determinará, teniendo en cuenta el grado de su nombramiento,
el número de anualidades que tomará en cuenta a efectos de su propio sistema de pensiones, en virtud del período de servicio
anterior, basándose en la cuantía del equivalente actuarial o del rescate.»
Normativa nacional
A tenor del artículo 3 de la Ley de 21 de mayo de 1991 por la que se establecen determinadas relaciones entre los regímenes
belgas de pensión y los de las instituciones de Derecho internacional público
(Moniteur belge
de 20 de junio de 1991; en lo sucesivo, «Ley de 1991»):
«Todo funcionario podrá, con autorización de la institución competente, solicitar que se transfiera a la institución el importe
de la pensión de jubilación correspondiente a los servicios y períodos anteriores a su entrada al servicio de la institución».
En virtud del artículo 9 de la mencionada Ley, la persona interesada podrá, sin embargo, retirar su solicitud de transferencia
de los derechos a pensión a cargo del régimen belga. Esta retirada tiene carácter definitivo e irrevocable.
El artículo 2, apartado 1, punto 5, de la Ley de 1991 define el término «funcionario» como «cualquier miembro del personal
acogido al régimen de pensiones de la institución y cuya transferencia de los derechos a pensión no se halle regulada ni por
un Reglamento ni por un acuerdo especial». Por lo que atañe al término «institución», se define en el artículo 2, apartado
1, punto 1, en el sentido de que engloba a «las instituciones comunitarias, los organismos asimilados a éstas para la aplicación
del Estatuto de los Funcionarios y otros agentes de la Unión Europea, así como los organismos de régimen comunitario cuyo
sistema de pensiones confiere al funcionario titularizado la facultad de solicitar la transferencia, a la caja de pensiones
de la institución, de los derechos a pensión que haya devengado antes de entrar al servicio de la institución».
La Ley de 10 de febrero de 2003 por la que se regula la transferencia de los derechos a pensión entre los regímenes belgas
de pensiones y los de las instituciones de derecho internacional público
(Moniteur belge
de 27 de marzo de 2003; en lo sucesivo, «Ley de 2003») prevé para lo sucesivo, en su artículo 14, la posibilidad de que un
funcionario que cese en el ejercicio de sus funciones al servicio de las Comunidades Europeas, para ejercer una actividad
profesional en Bélgica, solicite la transferencia al régimen belga bien del equivalente actuarial de los derechos a pensión
devengados en virtud del régimen comunitario, bien la cantidad a tanto alzado de rescate correspondiente a las cotizaciones
abonadas en virtud del citado régimen.
Con arreglo a su artículo 29, la Ley de 2003 entrará en vigor el 1 de enero de 2002 y se aplicará a las solicitudes de transferencia
formuladas a partir de la referida fecha.
Por otra parte, el artículo 4, apartado 2, párrafo primero, del Real Decreto de 23 de diciembre de 1996 por el que se da cumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley de 26 de julio de 1996, por la que se moderniza la seguridad social
y se garantiza la viabilidad de los regímenes legales de pensiones
(Moniteur belge
de 17 de enero de 1997; en lo sucesivo, «Real Decreto»), dispone:
«La posibilidad de obtener una pensión de jubilación anticipada conforme al apartado 1 se supedita a la condición de que el
interesado pruebe que ha cumplido al menos 35 años civiles de carrera que le den derecho a una pensión en virtud del presente
Real Decreto, de la Ley de 20 de julio de 1990, del Real Decreto nº 50, de un régimen belga para obreros, empleados, mineros,
marineros o trabajadores por cuenta propia, en virtud de un régimen belga aplicable al personal de los servicios públicos
o de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles belga o en virtud de otro régimen legal.»
El litigio principal y la cuestión prejudicial
El Sr. My, de nacionalidad italiana, nacido el 20 de febrero de 1941, cotizó 19 años al régimen belga de seguridad social
de los trabajadores por cuenta ajena, antes de entrar, a partir del 1 de junio de 1974, al servicio del Consejo de las Comunidades
Europeas en calidad de funcionario y ello hasta el 31 de mayo de 2001.
En marzo de 1992, el interesado solicitó a la ONP la transferencia de los derechos a pensión del régimen belga al de las Comunidades
Europeas, con arreglo a la Ley de 1991. En octubre de 1992, dicha Oficina le notificó sus derechos a pensión transferibles.
Sin embargo, en octubre de 2000, el Consejo informó a la citada Oficina que el Sr. My había decidido renunciar a la transferencia
de sus derechos a pensión devengados al amparo de la legislación belga, según le autorizaba a hacerlo el artículo 9 de la
Ley de 1991. Mediante escrito de 17 de octubre de 2000 dirigido al Sr. My, la ONP tomó nota de la citada renuncia.
El 20 de octubre de 2000, el Sr. My solicitó que se le concediera una pensión de jubilación anticipada con arreglo al artículo
4, apartado 2, del Real Decreto.
Mediante resolución de 2 de mayo de 2001, la ONP denegó la referida solicitud por cuanto el interesado no había cumplido 35 años
de servicios efectivos en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Real Decreto, para tener derecho a una pensión de jubilación
anticipada. Para proceder de esta forma, la citada Oficina se negó a computar los 27 años de servicios prestados por el Sr.
My a las Comunidades Europeas en calidad de funcionario, ya que la normativa belga no contemplaba el régimen previsto en el
Estatuto.
Dado que el Tribunal du travail de Bruselas albergaba dudas acerca de la compatibilidad con los principios de la libre circulación
de los trabajadores y de no discriminación, así como con los derechos garantizados por el Tratado CE a los ciudadanos de la
Unión, por una parte de la Ley de 1991 y del Estatuto, en la medida en que no garantizan el derecho a la transferencia de
los derechos a pensión del régimen comunitario al régimen nacional, así como, por otra parte, del artículo 4, apartado 2,
del Real Decreto, en cuanto esta disposición no permite el cómputo de los períodos de actividad cumplidos al servicio de una
institución comunitaria, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Son contrarias a los nuevos artículos 2, 3, 17, 18, 39, 40, 42 y 283 del Tratado constitutivo de la Unión Europea, así como
al artículo 7 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 […] disposiciones nacionales como la [Ley de 1991 y el Real Decreto], en particular
su artículo 4, apartado 2, así como el artículo 11 del anexo VIII del Estatuto […]:
1)
en la medida en que dichas disposiciones nacionales y el citado Estatuto no permiten a un ciudadano de la Unión Europea, como
el demandante, cuya carrera profesional se haya desarrollado sucesivamente en una empresa o en un servicio público nacional
y en la función pública de la Unión Europea o viceversa, comparar las ventajas de la pensión que obtendría en cada régimen,
nacional o europeo, mediante la transferencia de los derechos adquiridos en los otros regímenes, ni solicitar, sobre la base
de dicha comparación, la transferencia de tales derechos, ya sea del régimen nacional al régimen europeo, ya sea, a la inversa,
del régimen europeo al régimen nacional;
2)
en la medida en que tales disposiciones, al prever que el interesado debe renunciar expresamente a la transferencia del régimen
belga al régimen europeo, o bien al favorecer una práctica administrativa en tal sentido, sin que la comparación antes mencionada
se haya realizado, inducen o pueden inducir a error al trabajador interesado; y
3)
en la medida en que tales disposiciones nacionales no permiten, para la concesión de una pensión nacional anticipada, tener
en cuenta los años de actividad profesional como funcionario de la Unión Europea?»
Sobre la cuestión prejudicial
En lo relativo a la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
En primer lugar, el Gobierno neerlandés considera que debe declararse la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial
por cuanto, en la resolución de remisión, se echan en falta determinadas informaciones tanto sobre las circunstancias de hecho
como sobre el marco normativo del litigio principal.
Sobre este particular, debe recordarse que, conforme a una reiterada jurisprudencia, la necesidad de llegar a una interpretación
del Derecho comunitario que sea eficaz para el juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo
en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los supuestos de hecho en los que se basan tales
cuestiones para que los Gobiernos de los Estados miembros, así como las demás partes interesadas tengan la posibilidad de
presentar observaciones conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia
de 11 de abril de 2000, Deliège, asuntos acumulados C‑51/96 y C‑191/97, Rec. p. I‑2549, apartados 30 y 31).
En el caso de autos, de las observaciones presentadas por las partes en el asunto principal, por el Gobierno helénico, por
el propio Gobierno neerlandés y por la Comisión de las Comunidades Europeas se desprende que las informaciones facilitadas
por la resolución de remisión permitieron a éstos pronunciarse adecuadamente sobre la cuestión planteada al Tribunal de Justicia.
Además, a las informaciones contenidas en la resolución de remisión han venido a añadirse los datos del asunto comunicados
por el órgano jurisdiccional nacional y las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia. El conjunto de
estos elementos, reproducido en el informe para la vista, fue puesto en conocimiento de los Gobiernos de los Estados miembros
y de las demás partes interesadas de cara a la vista en la que estos últimos pudieron, en su caso, completar sus observaciones.
Por consiguiente, debe desestimarse la objeción formulada por el Gobierno neerlandés.
En segundo lugar, la ONP estima que debe declararse la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial por cuanto ésta
ha quedado sin objeto después de la entrada en vigor de la Ley de 2003, en la medida en que, según el citado organismo, dicha
Ley prevé la posibilidad de que los funcionarios de las Comunidades Europeas soliciten la transferencia de los derechos a
pensión devengados en virtud del régimen comunitario al régimen belga, lo cual permite el cómputo de los períodos de actividad
como funcionario de una institución comunitaria en orden al reconocimiento de un derecho a una pensión nacional de jubilación
anticipada.
Sobre este particular, aun cuando la Ley de 2003 permite, según ha afirmado la ONP en la vista, que se computen aquellos períodos
en los que se haya cotizado al régimen comunitario, aunque el interesado no haya solicitado, como en el asunto principal,
la transferencia de sus derechos a pensión del régimen comunitario al régimen belga, consta en autos que el Sr. My formuló
su solicitud de pensión de jubilación anticipada el 20 de octubre de 2000, es decir más de un año antes de la entrada en vigor
de la Ley de 2003. Ahora bien, en virtud de su artículo 29, la mencionada Ley entró en vigor el 1 de enero de 2002 y se aplica
únicamente a las solicitudes de transferencia formuladas después de la citada fecha.
En consecuencia, debe desestimarse asimismo la objeción formulada por la ONP.
En último lugar, la Comisión estima que las dos primeras partes de la cuestión, relativas a la transferencia de los derechos
a pensión propiamente dichos, carecen de toda relación con el litigio principal, el cual versa exclusivamente sobre el cómputo
de los 27 años en que el interesado estuvo al servicio del Consejo en orden al reconocimiento de un derecho a una pensión
de jubilación anticipada al amparo de la legislación belga. Por lo tanto, este último aspecto es el único que requiere una
respuesta del Tribunal de Justicia.
Sobre este punto, procede recordar que, con arreglo a una reiterada jurisprudencia, dentro del marco de la cooperación entre
el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente
al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional
que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial
para poder dictar su sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente,
dado que las cuestiones prejudiciales planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia
está, en principio, obligado a pronunciarse (véanse, en particular, las sentencias de 15 de diciembre de 1995, Bosman, C‑415/93,
Rec. p. I‑4921, apartado 59, y de 19 de febrero de 2002, Arduino, C‑35/99, Rec. p. I‑1529, apartado 24).
Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha indicado asimismo que, en algunos supuestos excepcionales, le incumbe examinar los
requisitos para que un juez nacional le plantee una cuestión en orden a comprobar su propia competencia (véase en este sentido,
la sentencia de 16 de diciembre de 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, apartado 21). La negativa a pronunciarse sobre una
cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional únicamente es posible cuando resulte evidente que la
interpretación del Derecho comunitario solicitada no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio
principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de
hecho o de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones que le sean planteadas (véanse, en particular,
las sentencias antes citadas Bosman, apartado 61, y Arduino, apartado 25).
Pues bien, según se ha podido ya comprobar, en el asunto principal, el Sr. My no ha solicitado en ningún momento la transferencia
de los derechos a pensión devengados en virtud del régimen comunitario al régimen de pensiones belga, sino tan sólo el cobro
de una pensión nacional de jubilación anticipada. Sobre este particular, el Sr. My cuestionó la negativa del ONP a computar
los 27 años de actividad laboral como funcionario del Consejo para calcular los 35 años de servicios, previstos en el artículo
4, apartado 2, del Real Decreto, de los cuales depende la concesión del derecho a percibir la citada pensión.
De ello se desprende que el litigio principal versa únicamente sobre la cuestión de si el Derecho comunitario obliga a las
autoridades belgas a computar los períodos de actividad del Sr. My cubiertos tanto bajo el régimen de pensiones belga como
bajo el régimen comunitario.
En estas circunstancias, no procede responder a las dos primeras partes de la cuestión planteada.
En lo relativo al cómputo de los períodos de actividad al servicio de las Comunidades Europeas
Sobre los artículos 2 CE, 3 CE, 40 CE y 283 CE
Según ha indicado ya el Tribunal de Justicia (sentencias de 29 de septiembre de 1987, Giménez Zaera, 126/86, Rec. p. 3697,
apartado 11, y de 11 de marzo de 1992, Compagnie commerciale de l'Ouest y otros, asuntos acumulados C‑78/90 a C‑83/90, Rec.
p. I‑1847, apartados 17 y 18), los artículos 2 CE y 3 CE establecen los objetivos generales desarrollados por otras disposiciones
del Tratado. Dichas disposiciones no pueden aplicarse de manera independiente respecto a otras normas más específicas del
Tratado mencionadas en la cuestión prejudicial.
De la misma forma, los artículos 40 CE y 283 CE se limitan a servir de base jurídica para las medidas, que adopte el Consejo,
necesarias para hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores, garantizada por el artículo 39 CE, y para establecer
el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, así como el Régimen aplicable a los otros agentes de dichas Comunidades,
respectivamente.
Por consiguiente, en el marco del presente asunto, los artículos 2 CE, 3 CE, 40 CE y 283 CE carecen de pertinencia.
Sobre los artículos 17 CE y 18 CE
Aun cuando el artículo 17 CE crea una ciudadanía de la Unión, se limita a establecer que los ciudadanos de la Unión serán
titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en el Tratado. Por consiguiente, el citado precepto no puede
ser objeto, en este sentido, de una aplicación autónoma con relación a las disposiciones específicas del Tratado que regulan
los derechos y deberes de los ciudadanos de la Unión.
Por lo que atañe al artículo 18 CE, que enuncia, de manera general, el derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y
residir libremente en el territorio de los Estados miembros, tiene una expresión específica en el artículo 39 CE por lo que
respecta a la libre circulación de los trabajadores. Pues bien, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente pregunta
asimismo al Tribunal de Justicia sobre la interpretación que debe darse a esta última disposición, conviene comenzar pronunciándose
sobre este extremo (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre de 2002, Oteiza Olazábal, C‑100/01, Rec. p. I‑10981,
apartado 26).
Sobre el artículo 42 CE
El artículo 42 CE confía al Consejo la misión de establecer un régimen que permita a los trabajadores superar los obstáculos
que puedan resultar para ellos de las normas nacionales dictadas en el ámbito de la seguridad social. El Consejo cumplió,
en principio, esta obligación cuando adoptó el Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a
la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia
y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento
(CE) nº 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1).
Pues bien, según ha declarado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 3 de octubre de 2000, Ferlini (C‑411/98, Rec. p. I‑8081),
apartado 41, los funcionarios de las Comunidades Europeas no pueden ser calificados de trabajadores en el sentido del Reglamento
nº 1408/71 dado que no están sujetos a una legislación nacional en materia de seguridad social, tal como lo exige el artículo
2, apartado 1, del citado Reglamento, que define el ámbito de aplicación personal de este último.
En consecuencia, la situación del Sr. My no se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación del artículo 42 CE ni del
Reglamento nº 1408/71.
Sobre los artículos 39 CE y 7 del Reglamento nº 1612/68
Es jurisprudencia reiterada que el funcionario de las Comunidades Europeas tiene la condición de trabajador migrante. En efecto,
un ciudadano comunitario que trabaje en un Estado miembro diferente de su Estado de origen no pierde la condición de trabajador,
en el sentido del artículo 39 CE, apartado 1, por ocupar un empleo en una organización internacional, ni siquiera si las condiciones
de su ingreso y residencia en el país de empleo están regidas de modo particular por un Convenio internacional (sentencias
de 15 de marzo de 1989, Echternach y Moritz, asuntos acumulados 389/87 y 390/87, Rec. p. 723, apartado 11; de 27 de mayo de
1993, Schmid, C‑310/91, Rec. p. I‑3011, apartado 20, y Ferlini, antes citada, apartado 42).
De ello se desprende que a un trabajador nacional de un Estado miembro, como el Sr. My, no se le puede negar el disfrute de
los derechos y ventajas sociales que le reconocen el artículo 39 CE y el Reglamento nº 1612/68 (véanse las sentencias de 13
de julio de 1983, Forcheri, 152/82, Rec. p. 2323, apartado 9; Echternach y Moritz, antes citada, apartado 12; Schmid, antes
citada, apartado 22, y Ferlini, antes citada, apartado 43).
Sin embargo, consta en autos que el Sr. My, que llegó a Bélgica cuando tenía nueve años, desempeñó todas sus actividades profesionales
en el territorio belga, en un primer momento, en calidad de trabajador por cuenta ajena de distintas sociedades belgas y,
en un segundo momento y hasta la edad de la jubilación, como funcionario de la Secretaría General del Consejo.
Pues bien, las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de los trabajadores y, en especial, el artículo
39 CE, no pueden aplicarse a situaciones puramente internas de un Estado miembro (sentencia de 5 de junio de 1997, Uecker
y Jacquet, asuntos acumulados C‑64/96 y C‑65/96, Rec. p. I‑3171, apartado 16, y la jurisprudencia citada).
Sin embargo, para demostrar la existencia de una vinculación con alguna de las situaciones contempladas en el artículo 39 CE,
la Comisión ha alegado que el período de actividad laboral en un servicio público internacional, como la Unión Europea, debía
asimilarse a un período de actividad en el servicio público de otro Estado miembro.
Según se desprende de los puntos 85 a 89 de las conclusiones del Abogado General, una ficción jurídica de esta índole no puede
encontrar apoyo en las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de los trabajadores.
En consecuencia, la situación del Sr. My tampoco se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de los artículos 39 CE
y 7 del Reglamento nº 1612/68.
Sobre el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y el artículo 10 CE
Puesto que el sistema de transferencia de los derechos a pensión, tal como se halla regulado en el artículo 11, apartado 2,
del anexo VIII del Estatuto, permite efectuar una coordinación entre los regímenes nacionales y el régimen comunitario de
pensiones, pretende facilitar el paso desde empleos nacionales, públicos o privados, a la Administración comunitaria, garantizando
de este modo a las Comunidades las mejores posibilidades de selección de un personal cualificado, dotado ya de una adecuada
experiencia profesional (sentencia de 20 de octubre de 1981, Comisión/Bélgica, 137/80, Rec. p. 2393, apartados 11 y 12).
El Tribunal de Justicia declaró, en particular, que cuando un Estado miembro se niega a adoptar las medidas necesarias para
permitir la transferencia del equivalente actuarial o del total de las cantidades devengadas en concepto de rescate de los
derechos a pensión de jubilación devengados en el régimen nacional de pensiones al régimen comunitario de pensiones, previsto
en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, podría hacer más difícil la selección, por parte de la Comunidad,
de funcionarios nacionales con una determinada antigüedad, dado que un paso semejante del servicio nacional al servicio comunitario
tendría como consecuencia privarlos de los derechos a pensión que les corresponderían de no haber aceptado entrar al servicio
de la Comunidad (sentencia Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 19).
Pues bien, éste es también el caso cuando un Estado miembro se niega a computar los períodos de actividad laboral cubiertos
bajo el régimen comunitario de pensiones, en orden al reconocimiento de un derecho a pensión de jubilación anticipada en virtud
de su régimen.
En efecto, hay que reconocer que una normativa nacional como la que se cuestiona en el asunto principal puede obstaculizar
y, por lo tanto, desalentar el ejercicio de una actividad profesional en una institución de la Unión Europea en la medida
en que cuando un trabajador, que ha estado afiliado a un régimen nacional de pensiones, acepta un empleo en tal institución,
corre el riesgo de perder la posibilidad de disfrutar, con arreglo al citado régimen, de una prestación de vejez a la que
habría tenido derecho en caso de no haber aceptado tal empleo.
No pueden admitirse semejantes consecuencias habida cuenta del deber de cooperación y de asistencia leales que recae sobre
los Estados miembros con respecto a la Comunidad y que halla su expresión en la obligación, impuesta por el artículo 10 CE,
de facilitar a ésta el cumplimiento de su misión.
Procede, pues, responder a la cuestión planteada que el artículo 10 CE, en relación con el Estatuto, debe interpretarse en
el sentido de que se opone a una normativa nacional que no permite que se computen los años de trabajo que un nacional comunitario
haya cumplido al servicio de una institución comunitaria, en orden al reconocimiento de un derecho a pensión de jubilación
anticipada en virtud del régimen nacional.
Habida cuenta de todo lo anterior, no procede responder a la cuestión planteada en la medida en que versa sobre la interpretación
del artículo 18 CE.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
El artículo 10 CE, en relación con el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, debe interpretarse en el sentido
de que se opone a una normativa nacional que no permite que se computen los años de trabajo que un nacional comunitario haya
cumplido al servicio de una institución comunitaria, en orden al reconocimiento de un derecho a pensión de jubilación anticipada
en virtud del régimen nacional.
Firmas
–
Lengua de procedimiento: francés.