CELEX: 61989CJ0188
Política Social
Igualdad de trato entre trabajadores masculinos y femeninos
Efecto directo de una Directiva frente a una empresa nacionalizada

Mediante resolución de 4 de mayo de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de mayo siguiente, la House of Lords planteó, cori arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo (
DO L 39, p. 40
; EE 05/02, p. 70).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre las Sras. A. Foster, G. A. H. M. Fulford-Brown, J. Morgan, M. Roby, E. M. Salloway y P. Sullivan (en lo sucesivo, «apelantes en el procedimiento principal»), antiguas empleadas de la empresa British Gas Corporation (en lo sucesivo, «BGC»), y la sociedad British Gas pie (en lo sucesivo, «apelada en el procedimiento principal»), que se había subrogado en los derechos de la BGC, sobre la extinción de contrato de trabajo por la jubilación de las primeras por esta última.
En virtud de lo dispuesto en la Gas Act de 1972, que regulaba la BGC en la época en que ocurrieron los hechos del procedimiento principal, ésta era una persona jurídica constituida por ley, encargada de desarrollar y de mantener, en régimen de monopolio, un sistema de distribución del gas en Gran Bretaña.
Los miembros del órgano de dirección de la BGC eran nombrados por el Secretary of State competente. Este último también tenía la facultad de dar a la BGC directrices de carácter general, respecto a cuestiones que afectaran al interés nacional, así como instrucciones respecto de su gestión.
Por su parte, la BGC tenía la obligación de presentar al Secretary of State informes periódicos sobre el ejercicio de sus funciones, su gestión y sus programas. Estos informes se transmitían a continuación a las dos Cámaras del Parlamento. Por otra parte, la Gas Act de 1972 confirió a la BGC el derecho de presentar proposiciones de ley al Parlamento con la autorización del Secretary of State.
La BGC estaba obligada a equilibrar su presupuesto en dos ejercicios económicos sucesivos. El Secretary of State podía ordenarle destinar determinados fondos a fines específicos o ingresarlos en el Tesoro Público.
La BGC fue privatizada en virtud de la Gas Act de 1986. Esta privatización supuso la constitución de la British Gas pie, parte apelada en el procedimiento principal, y a quien se transmitieron los derechos y obligaciones de la BGC a partir del 24 de agosto de 1986.
Las apelantes en el procedimiento principal cesaron en el trabajo por decisión de la BGC en fechas comprendidas entre el 27 de diciembre de 1985 y el 22 de julio de 1986, o sea, en el momento en que alcanzaron la edad de sesenta años. Estos ceses obedecían a una política general seguida por la BGC consistente en la extinción de contratos de trabajo de sus empleados cuando alcanzaban la edad a la que, conforme a la legislación británica, tenían derecho a una pensión del Estado, es decir, 60 años en el caso de las mujeres y 65 en el caso de los hombres.
Las apelantes en el procedimiento principal, que deseaban continuar trabajando, interpusieron ante los órganos jurisdiccionales británicos una demanda de daños y perjuicios, alegando que la extinción de sus contratos de trabajo por parte de la BGC era contraria al apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 76/207. A tenor de este artículo, «la aplicación del principio de igualdad de trato en lo que se refiere a las condiciones de trabajo, comprendidas las condiciones de despido, implica que se garanticen a hombres y mujeres las mismas condiciones, sin discriminación por razón de sexo».
Según la resolución de remisión, las partes en el procedimiento principal coinciden en considerar, basándose en la sentencia de este Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 1986 (Marshall contra Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority,
152/84, Rec. 1986, p. 723
), que la extinción de contratos por jubilación es contraria al apartado 1 del artículo 5 citado. También coinciden en afirmar que esta extinción no es ilegal con arreglo a las disposiciones legales británicas en vigor en la época de los hechos y que, con arreglo a la jurisprudencia de la House of Lords, estas disposiciones no pueden interpretarse de conformidad con la Directiva 76/207. Por el contrario, las partes del procedimiento no están de acuerdo respecto a si el apartado 1 del artículo 5 puede invocarse frente a la BGC.
En tales circunstancias, la House of Lords suspendió el procedimiento y planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Era la British Gas Corporation (en la época de referencia) un organismo de tal naturaleza que las partes apelantes estuvieran legitimadas ante los órganos jurisdiccionales ingleses para invocar directamente la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, y para reclamar una indemnización por daños y perjuicios basándose en que la política de jubilación de la British Gas Corporation era contraria a la Directiva?»
Para una más amplia exposición de los hechos del procedimiento principal, de las disposiciones comunitarias controvertidas, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
Antes de proceder al examen de la cuestión planteada por la House of Lords, hay que señalar, a título preliminar, que el Reino Unido afirmó que no corresponde al Tribunal de Justicia, sino a los órganos jurisdiccionales nacionales, determinar, en el contexto del sistema jurídico nacional, si a un organismo como la BGC se le pueden oponer las disposiciones de una Directiva.
Conviene precisar a este respecto que la cuestión de cuáles son los efectos de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad y, en particular, la de determinar si estos actos son oponibles a determinadas categorías de personas implica necesariamente la interpretación de los artículos del Tratado relativos a los actos de las instituciones así como del acto comunitario de que se trate.
De ello se deduce que este Tribunal de Justicia es competente para determinar, con carácter prejudicial, las categorías de sujetos de derecho frente a los cuales se pueden invocar las disposiciones de una Directiva. Por el contrario, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales decidir si una parte de un litigio del que conocen entra en una de las categorías definidas de esa manera.
Sobre la invocabilidad de las disposiciones de una Directiva frente a un organismo como la BGC
Procede recordar la jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véase sentencia de 19 de enero de 1982, Becker contra Hauptzollamt Münster-Innenstadt,
8/81, Rec. 1982, p. 53, apartados 23 a 25
), conforme a la cual, cuando las autoridades comunitarias han obligado a los Estados miembros, mediante una directiva, a una actuación determinada, la eficacia de semejante acto se debilitaría si se impidera a los justiciables invocarlo ante los Tribunales y a los órganos jurisdiccionales' nacionales tenerlo en cuenta como elemento del Derecho comunitario.
Por consiguiente, el Estado miembro que no ha adoptado a su debido tiempo las medidas de ejecución impuestas por la directiva no puede oponer a los particulares su propio incumplimiento de las obligaciones que impone la directiva. Por tanto, en todos los casos en que las disposiciones de una directiva resulten ser, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas pueden invocarse dichas disposiciones, a falta de medidas de aplicación adoptadas dentro de plazo, frente a cualquier disposición nacional no conforme a la directiva, o incluso en la medida en que pueden definir derechos que los particulares pueden alegar frente al Estado.
En la sentencia de 26 de febrero de 1986 (Marshall, ya citada, apartado 49), este Tribunal de Justicia declaró además que, cuando los justiciables pueden ampararse en una directiva frente al Estado, pueden hacerlo independientemente de cuál sea la calidad en que actúa este último, empresario o autoridad pública. En efecto, en uno u otro caso procede evitar que el Estado pueda obtener ventajas de su incumplimiento del Derecho comunitario.
Basándose en estas consideraciones, este Tribunal de Justicia ha admitido paulatinamente que disposiciones incondicionales y suficientemente precisas de una directiva puedan invocarse por los justiciables frente a organismos o entidades que estén sometidos a la autoridad o al control del Estado o que dispongan de poderes exorbitantes en relación con los que se deriven de las normas aplicables en las relaciones entre particulares.
Por consiguiente, este Tribunal de Justicia ha declarado que las disposiciones de una directiva pueden invocarse frente a la Administración fiscal [sentencias de 19 de enero de 1982, Becker, ya citada, y de 22 de febrero de 1990, CECA contra Acciaierie e Ferriere Busseni (en situación de quiebra),
C-221/88, Rec. 1990, p. I-495
], frente a las corporaciones locales (sentencia de 22 de junio de 1989, Fratelli Costanzo contra Municipio de Milan,
103/88, Rec. 1989, p. 1839
), frente a autoridades constitucionalmente independientes encargadas del mantenimiento del orden y de la seguridad pública (sentencia de 15 de mayo de 1986, Johnston contra Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary,
222/84, Rec. 1986, p. 1651
), así como frente a autoridades públicas que garanticen los servicios de sanidad pública (sentencia de 26 de febrero de 1986, Marshall, ya citada).
De lo antedicho se deduce que, entre las entidades a las que se pueden oponer las disposiciones de una directiva que puedan tener efectos directos, figura, en cualquier caso, un organismo al que, cualquiera que sea su forma jurídica, le ha sido encomendado, en virtud de un acto de la autoridad pública, el cumplimiento, bajo el control de esta última, de un servicio de interés público y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares.
Respecto al apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 76/207, se debe recordar que, en la sentencia de 26 de febrero de 1986 (Marshall, ya citada, apartado 52), este Tribunal de Justicia declaró que esta disposición era incondicional y suficientemente precisa para ser invocada por un justiciable y ser aplicada por los Tribunales.
Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada por la House of Lords que el apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 76/207 del Consejo, de 9 de febrero de 1976, puede invocarse para obtener la indemnización de daños y perjuicios frente a un organismo al que, cualquiera que sea su forma jurídica, le ha sido encomendado, en virtud de un acto de la autoridad pública, el cumplimiento, bajo el control de esta última, de un servicio de interés público y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la House of Lords mediante resolución de 4 de mayo de 1989, declara:

El apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, puede ser invocado para obtener una indemnización por daños y perjuicios contra un organismo al que, cualquiera que sea su forma jurídica, le ha sido encomendado, en virtud de un acto de la autoridad pública, el cumplimiento, bajo el control de esta última, de un servicio de interés público y que dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares.

Slynn
Kakouris
Schockweiler
Zuleeg
Mancini
Joliét
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Grévisse
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de julio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente en funciones
Gordon Slynn
Presidente de Sala
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.