CELEX: 61989CJ0373
Igualdad de trato entre hombres y mujeres
Seguridad Social
Directiva 79/7/CEE
Normativa nacional que exime, con determinados requisitos, del pago de cotizaciones a la Seguridad Social a las mujeres casadas, las viudas y los estudiantes

Mediante resolución interlocutoria de 4 de diciembre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de diciembre de 1989, el Tribunal du travail de Nivelles (Bélgica), section Wavre, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social (
DO 1979, L 6, p. 24
; EE 05/02, p. 174).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants «Integrity», ASBL (en lo sucesivo, «Integrity»), y la Sra. Nadine Rouvroy, viuda del arquitecto Sr. Jean Leloup, y sus hijos Olivier, Eric y Mathieu, en relación con el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia correspondientes a los años 1985 y 1986.
Con arreglo al artículo 1 del Real Decreto belga n° 38 de 27 de julio de 1967, por el que se regula el estatuto social de los trabajadores por cuenta propia (publicado en el
Moniteur belge
de 29.7.1967, p. 1001), este estatuto se extiende a las prestaciones familiares, a las prestaciones de jubilación y de supervivencia, así como a las prestaciones en caso de enfermedad o de invalidez. Los trabajadores por cuenta propia y sus auxiliares están sujetos a este régimen.
El Real Decreto de 19 de diciembre de 1967 (publicado en el
Moniteur belge
de 28.12.1967, p. 1496), modificado por el Real Decreto de 20 de julio de 1981 (publicado en el
Moniteur belge
de 20.7.1981, p. 1218), por el que se aprueba el Reglamento general de ejecución del citado Real Decreto n° 38, establece en el párrafo 1 del apartado 1 del artículo 37 lo siguiente:
«Cuando, con arreglo a los apartados 2 y 3 del artículo 11 del Real Decreto n° 38, sus rendimientos de actividades profesionales que deban servir de base para el cálculo de las cotizaciones para un año determinado no alcancen la cantidad de 77472 BFR, para el año de que se trate, las mujeres casadas, las viudas y los estudiantes sujetos al Real Decreto n° 38 pueden solicitar su asimilación a las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 12 de dicho Decreto.»
De acuerdo con el apartado 2 del artículo 12 del citado Real Decreto n° 38, el sujeto pasivo que, además de la actividad que causa su sujeción al estatuto social de los trabajadores por cuenta propia, desarrolle habitualmente y con carácter principal otra actividad profesional no estará obligado al pago de ninguna cotización con arreglo al Real Decreto n° 38 si sus rendimientos de actividades profesionales en calidad de trabajador por cuenta propia no alcanzan un límite determinado. Esta exoneración de cotización no hace que su beneficiario pierda el derecho a las prestaciones previstas en el estatuto social de trabajadores por cuenta propia.
En el transcurso del procedimiento ante el Tribunal du travail de Nivelles, el Sr. Leloup, cuyos ingresos eran muy modestos, solicitó la aplicación del artículo 37 del Real Decreto de 19 de diciembre de 1967. Integrity se opuso a esta solicitud, alegando que el citado artículo 37 sólo es de aplicación a las mujeres casadas, a las viudas y a los estudiantes y no a los hombres casados ni a los viudos. Los herederos del Sr. Leloup, que le sucedieron en el procedimiento, afirmaron que dicho artículo 37 es contrario al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.
El Tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es conforme a la Directiva 79/7/CEE, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, el artículo 37 del Real Decreto de 19 de diciembre de 1967 por el que se aprueba el Reglamento general de ejecución del Real Decreto n° 38, de 27 de julio de 1967, que regula el estatuto social de los trabajadores por cuenta propia?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Procede señalar con carácter previo que, si bien no corresponde al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado, pronunciarse sobre la compatibilidad de una normativa nacional con el Derecho comunitario, es competente, por el contrario, para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación relacionados con dicho Derecho que puedan permitirle apreciar esta compatibilidad para juzgar el asunto del que conoce (véase recientemente la sentencia de 11.de octubre de 1990, Nespoli,
C-196/89, Rec. 1990, p. I-3647
).
Con arreglo al artículo 2 de la citada Directiva 79/7/CEE, esta última se aplicará, en particular, a los trabajadores independientes (léase por cuenta propia). El artículo 3 enumera los regímenes y disposiciones en que debe aplicarse el principio de igualdad de trato en materia de Seguridad Social. Por último, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 4 de esta Directiva:
«El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo:
—
al ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos,
—
a la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones,
—
al cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.»
Ha de entenderse, pues, que la cuestión prejudicial se refiere concretamente a si el artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro reserve únicamente a las mujeres casadas, las viudas y los estudiantes la posibilidad de asimilarse a las personas que no deben cotizar a la Seguridad Social cuando sus ingresos profesionales obtenidos de una actividad como trabajador por cuenta propia sean modestos y ejerzan habitualmente y con carácter principal otra actividad profesional.
Es jurisprudencia reiterada (véase la reciente sentencia de 13 de diciembre de 1989, Ruzius-Wilbrink,
C-102/88, Rec. 1989, p. 4311
) que el apartado 1 del artículo 4, considerado en sí mismo y habida cuenta de la finalidad y del contenido de la Directiva 79/7/CEE, es lo suficientemente preciso para poder ser invocado por un justiciable ante un órgano jurisdiccional nacional y conducir a este último a dejar de aplicar cualquier disposición nacional no conforme a dicho artículo. Debe recordarse a este respecto que el citado artículo impone a los Estados miembros la obligación de suprimir cualquier disposición contraria al principio de igualdad de trato.
Este Tribunal de Justicia ha declarado asimismo en la citada sentencia de 13 de diciembre de 1989 que, en caso de discriminación directa, los miembros del grupo desfavorecido tienen derecho a recibir el mismo trato y a que se les aplique el mismo régimen que a los miembros del grupo favorecido que se encuentran en la misma situación, régimen que, a falta de una ejecución correcta de la Directiva, seguirá siendo el único sistema válido de referencia.
Procede señalar, por último, que, de acuerdo con la lógica interna de la Directiva, el artículo 4, que determina el alcance del principio de igualdad de trato, sólo es aplicable dentro del ámbito de aplicación personal y material de esta última (sentencia de 27 de junio de 1989, J. G. Achterberg-te Riele, asuntos acumulados
48/88, 106/88 y 107/88, Rec. 1989, p. 1963
). En este sentido, con razón ha señalado el Abogado General en sus conclusiones que, en el caso de cotizaciones sociales indivisibles que correspondan a prestaciones sociales integradas tan sólo algunas de ellas en el ámbito de aplicación material de la Directiva 79/7/CEE, el principio de igualdad de trato se aplicará, sin embargo, al conjunto de dichas cotizaciones. Otra cosa ocurrirá cuando se puedan desglosar las cotizaciones en función de las prestaciones singulares.
Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede responder a la cuestión planteada por el Tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, que el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una legislación nacional reserve a las mujeres casadas, a las viudas y a los estudiantes la posibilidad de ser asimilados a personas que no deben pagar ninguna cotización social, sin conceder la misma posibilidad de exención de las cotizaciones a los hombres casados o a los viudos que cumplen, en todo lo demás, los mismos requisitos.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno belga y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunal du travail de Nivelles, section Wavre, mediante resolución de 4 de diciembre de 1989, declara:

El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una legislación nacional reserve a las mujeres casadas, a las viudas y a los estudiantes la posibilidad de ser asimilados a personas que no deben pagar ninguna cotización social, sin conceder la misma posibilidad de exención de las cotizaciones a los hombres casados o a los viudos que cumplen, en todo lo demás, los mismos requisitos.

O'Higgins
Mancini
Schockweiler
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de noviembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Segunda
T. F. O'Higgins
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.