CELEX: 61989CJ0241
Edulcorantes sintéticos
Etiquetado
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Mediante resolución de 5 de julio de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 1 de agosto del mismo año, el Tribunal de grande instance de París planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 30 del Tratado con el fin de determinar si la normativa francesa relativa al etiquetado, a la presentación y a la publicidad de los edulcorantes sintéticos es compatible con dicho artículo 30.
La normativa de que se trata figura en el apartado 1 del artículo 10 de la Ley n° 88-14, de 5 de enero de 1988, relativa a los procedimientos judiciales entablados por las asociaciones de consumidores inscritas y a la información a los consumidores. En virtud de dicha disposición, cualquier indicación que evoque las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar o que evoque la palabra «azúcar» está prohibida en el etiquetado de las sustancias edulcorantes que posean un poder de endulzar superior al del azúcar sin tener sus cualidades nutritivas, en el etiquetado de los productos alimenticios que contengan dichas sustancias y en los procesos de venta, modos de presentación o modos de información a los consumidores relativos a estas sustancias o productos. No obstante, se pueden conservar las denominaciones y marcas de fábrica de las sustancias edulcorantes comercializadas antes del 1 de diciembre de 1987 por el sector médico y farmacéutico. Estas disposiciones son completadas por las del Decreto de 11 de marzo de 1988 por el que se modifica el Decreto de 20 de julio de 1977 relativo a los productos dietéticos y de régimen.
La cuestión planteada por el Tribunal de grande instance de París se suscitó en el marco de un litigio entre la SARPP, Société d'application et de recherches en pharmacologie et phytothérapie (en lo sucesivo, «SARPP»), por una parte, y la Chambre syndicale des raffïneurs et conditionneurs de sucre de France (en lo sucesivo, «Chambre syndicale») y varias sociedades que importan o comercializan edulcorantes sintéticos en Francia, por otra parte.
Mediante resolución de 5 de enero de 1989, el Presidente del Tribunal de grande instance de Nantes ordenó, a instancia de la Chambre syndicale, que fuesen retirados del mercado los productos comercializados por la SARPP con la marca «Su-crandel», cuyo envase no era conforme al apartado 1 del artículo 10 de la Ley n° 88-14. Como consecuencia de esta resolución, la SARPP emplazó a la Chambre syndicale ante el Tribunal de grande instance de París para que éste declarase que dicha Ley y el Decreto de 11 de marzo de 1988 son contrarios al artículo 30 del Tratado.
Estimando que la legislación francesa —especialmente la prohibición de que figure en el etiquetado y en la publicidad de los edulcorantes sintéticos cualquier indicación que evoque la palabra «azúcar» o las características físicas, químicas y nutritivas del azúcar— puede constituir una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación, prohibida por el artículo 30, el Tribunal de grande instance de París se planteó la cuestión de si dicha legislación podría estar justificada por razones de protección del consumidor o de salud pública.
En tales circunstancias, el Tribunal de grande instance de París decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronuncie con carácter prejudicial sobre la cuestión siguiente :
«¿Son compatibles con las disposiciones del artículo 30 del Tratado de Roma el apartado 1 del artículo 10 de la Ley n° 88-14 de 5 de enero de 1988 y el Decreto de 11 de marzo de 1988 en la medida en que prohiben cualquier indicación que evoque las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar o que evoque la palabra “azúcar” en el etiquetado y en la publicidad de los edulcorantes sintéticos?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
A título preliminar debe señalarse que, si bien no corresponde a este Tribunal de Justicia, en el marco del artículo 177 del Tratado, pronunciarse sobre la compatibilidad de una normativa nacional con el Tratado, es competente, en cambio, para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación pertenecientes al ámbito del Derecho comunitario que puedan permitirle determinar dicha compatibilidad para la resolución del asunto que le haya sido sometido. Además, para ello, el Tribunal de Justicia puede verse inducido a tomar en consideración normas de Derecho comunitario a las que el órgano jurisdiccional nacional no haya hecho referencia al formular su cuestión.
De los autos se desprende que, mediante la cuestión planteada, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si el Derecho comunitario se opone a que se aplique a los productos nacionales e importados una normativa nacional que prohibe cualquier indicación que evoque la palabra «azúcar» y las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar en el etiquetado y en la publicidad de los edulcorantes sintéticos destinados a ser suministrados al consumidor.
Disposiciones comunitarias aplicables
Procede señalar que, el 18 de diciembre de 1978, el Consejo adoptó la Directiva 79/112/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final (
DO L 33, p. 1
; EE 13/09, p. 162).
Como se desprende de su exposición de motivos, dicha Directiva pretende favorecer la libre circulación de los productos alimenticios mediante la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado. Con este fin, adopta varias normas comunes, de carácter general y horizontal, aplicables al conjunto de los productos alimenticios que están en el mercado.
El artículo 2 de la Directiva enuncia el principio en que debe basarse toda normativa en materia de etiquetado y de publicidad. En virtud de la letra a) del apartado 1 de dicha disposición, el etiquetado de los productos alimenticios destinados a ser entregados, sin ulterior transformación, al consumidor final no debe ser de tal naturaleza que induzca a error al comprador, especialmente «sobre las características del producto alimenticio», o «atribuyendo al producto alimenticio efectos o propiedades que no posea», o «sugiriéndole que el producto alimenticio posee características particulares, cuando todos los productos similares posean estas mismas características». Además, con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 2, el etiquetado no puede atribuir propiedades medicinales a los productos alimenticios. Por otra parte, en virtud del apartado 3 del artículo 2, estas prohibiciones se aplican igualmente a la presentación de los productos alimenticios y a su publicidad.
A efectos de garantizar la información y la protección de los consumidores, el artículo 3 de la mencionadda Directiva enumera las únicas indicaciones obligatorias que implica el etiquetado de los productos alimenticios. Las condiciones en que estas indicaciones deben figurar en el etiquetado se especifican en los artículos 4 a 14, que prevén, además, algunas excepciones a lo dispuesto en el artículo 3.
El apartado 1 del artículo 15 de la Directiva dispone que los Estados miembros no pueden prohibir el comercio de los productos alimenticios que se ajusten a esta Directiva mediante la aplicación de disposiciones nacionales no armonizadas que regulen el etiquetado y la presentación de ciertos productos alimenticios o de los productos alimenticios en general. No obstante, en virtud del apartado 2 del artículo 15, esta prohibición no se refiere a las normativas nacionales no armonizadas justificadas por alguna de las razones que se enumeran de forma exhaustiva en dicha disposición. Entre estas razones figuran la protección de la salud pública y la represión de la competencia desleal.
Hay que destacar que las disposiciones de la Directiva referentes al etiquetado se diferencian en un punto esencial de las relativas a la publicidad. En efecto, como se desprende del noveno considerando, debido a su carácter general y horizontal, la Directiva permite a los Estados miembros mantener o adoptar normas que vengan a añadirse a las previstas por ella. En materia de etiquetado, los límites de la competencia que de este modo se deja a los Estados miembros son fijados por la propia Directiva, ya que enumera de forma exhaustiva, en el apartado 2 de su artículo 15, las razones que pueden justificar la aplicación de normas nacionales no armonizadas que prohiban el comercio de productos que se ajusten a la Directiva. Sin embargo, esta disposición no es aplicable a la publicidad. Por consiguiente, la cuestión de si, en esta materia, el Derecho comunitario se opone a la aplicación de una normativa nacional que venga a añadirse a las normas previstas por la Directiva, debe examinarse a la luz, principalmente, de las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías y, en especial, de los artículos 30 y 36.
De esta diferencia se desprende una consecuencia importante. En efecto, como ha indicado este Tribunal de Justicia en su sentencia de 18 de febrero de 1987, Mathot, apartado 11 (
98/86, Rec. 1987, p. 809
), la Directiva 79/112 ha creado obligaciones en lo relativo al etiquetado de los productos alimenticios comercializados en el conjunto de la Comunidad, sin que pueda hacerse ninguna distinción según el origen de estos productos, con la única excepción de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3. Por consiguiente, si las disposiciones de la Directiva se oponen a la aplicación de una normativa nacional referente al etiquetado de los productos alimenticios, dicha normativa no puede aplicarse ni a los productos alimenticios importados ni a los de origen nacional. En cambio, cuando una normativa nacional en materia de publicidad es contraria a los artículos 30 y 36 del Tratado, la aplicación de dicha normativa sólo se prohibe en lo que respecta a los productos importados, no a los de origen nacional.
Habida cuenta de esta diferencia, resulta necesario examinar por separado los aspectos de la normativa nacional de que se trata relativas, por una parte, al etiquetado y, por otra, a la publicidad.
Sobre los aspectos de la nominativa controvertida relativos al etiquetado
Por lo que se refiere a los aspectos de la normativa nacional relativos al etiquetado, debe señalarse, en primer lugar, que la prohibición de cualquier indicación que evoque la palabra «azúcar» o las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar en el etiquetado de los edulcorantes sintéticos va más alia de las exigencias establecidas por el apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 79/112 con el fin de evitar que el consumidor sea inducido a error acerca de las características, efectos y propiedades de estos artículos. En efecto, para conseguir dicho objetivo, basta con prohibir cualquier mención que indique, sugiera o haga creer que los edulcorantes sintéticos poseen propiedades similares a las del azúcar, cuando no las posean. En cambio, el deseo de evitar que el consumidor sea inducido a error no puede justificar que se prohiba de manera general toda mención que evoque la palabra «azúcar» o cualquier indicación que evoque las características de dicho producto que también posean los edulcorantes sintéticos, tales como su poder de endulzar.
La prohibición nacional de que se trau debe considerarse como un norma «no armonizada», en el sentido del artículo 15 de dicha Directiva. Esta norma prohibe el comercio de edulcorantes sintéticos cuyo etiquetado se ajusta a las reglas previsus en la Directiva, ya que estos productos no pueden ser comercializados cuando su etiqueudo incluya, además, cualquier indicación que evoque la palabra «azúcar» o las características de este producto. Por consiguiente, la prohibición de que cualquier indicación que evoque la palabra «azúcar» o las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar que también poseen los edulcorantes sintéticos figure en el etiquetado de éstos, sólo puede aplicarse a dichos productos, ya sean importados o de origen nacional, si está justificada por alguna de las razones que se mencionan en el apartado 2 del artículo 15 de la Directiva.
A este respecto, la Chambre syndicale alega que dicha prohibición pretende impedir cualquier competencia desleal entre el azúcar y los edulcorantes sintéticos. Según la Chambre syndicale, como consecuencia de las repetidas campañas de desprestigio de que el azúcar ha sido objeto por parte de los fabricantes de edulcorantes sintéticos, cualquier evocación de la palabra «azúcar» o de las características de dicho producto en el etiquetado de los edulcorantes sintéticos constituye un acto de competencia desleal.
Este argumento no puede acogerse. En efecto, toda indicación que evoque la palabra «azúcar» o las características de ese producto y que figure en el etiquetado de los edulcorantes sintéticos no tiene necesariamente por efecto desprestigiar el azúcar. Tal es el caso, especialmente, de las marcas de edulcorantes sintéticos en las que figura el radical «suc». Por lo unto, aunque la prohibición de que se trau pretenda reprimir la competencia desleal, es manifiesumente desproporcionada respecto a dicho objetivo, el cual puede conseguirse recurriendo a las disposiciones generales que reprimen los actos de competencia desleal o prohibiendo, en el etiqueudo de los edulcorantes sintéticos, únicamente las indicaciones que tengan por objeto o por efecto desprestigiar el azúcar.
Procede, además, señalar que el legislador francés ha previsto una excepción a la prohibición de que se trau, al disponer que las denominaciones y marcas de fábrica de los edulcorantes sintéticos comercializados antes del 1 de diciembre de 1987 por el sector médico y farmacéutico pueden conservarse, cualesquiera que sean. De ello resulta que el propio legislador francés no considera que la prohibición de cualquier evocación de la palabra «azúcar» en el etiquetado de los edulcorantes sintéticos sea necesaria para impedir toda competencia desleal entre estos productos, ya que algunos edulcorantes sintéticos pueden comercializarse con una marca que evoque dicha palabra, y el hecho de que esos edulcorantes hayan sido comercializados anteriormente por el sector médico y farmacéutico no constituye una garantía contra la competencia desleal.
Por otra parte, a una medida nacional, como la controvertida, no puede aplicársele una excepción basada en la protección de la salud pública.
En efecto, la referida prohibición no tiene la finalidad de informar a los compradores de los posibles peligros que implicaría el consumo de edulcorantes sintéticos para la salud humana.
Por consiguiente, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que las disposiciones de la Directiva 79/112, especialmente sus artículos 2 y 15, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se aplique a los productos nacionales e importados una normativa nacional que prohibe, en el etiquetado de los edulcorantes sintéticos, cualquier indicación que evoque la palabra «azúcar» o las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar que posean también los edulcorantes sintéticos.
Sobre los aspectos die la normativa controvertida relativos a la publicidad
En lo que se refiere a los aspectos de la normativa nacional relativos a la publicidad, hay que destacar que, por una parte, esta normativa es idéntica a la referente al etiquetado y que, por otra parte, las disposiciones del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 79/112 aplicables a la publicidad son también idénticas a las que regulan el etiquetado. Por consiguiente, habida cuenta de lo que se ha indicado más arriba (apartados 18 y 19), procede considerar que la prohibición de cualquier indicación que evoque la palabra «azúcar» o que evoque las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar que posean también los edulcorantes sintéticos, en la publicidad dedicada a estos productos, constituye una normativa «no armonizada» por la referida Directiva.
Por tanto, debe examinarse si, y hasta qué punto, el artículo 30 del Tratado se opone a la aplicación de dicha prohibición.
A este respecto, hay que recordar que es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (iniciada con la sentencia de 11 de julio de 1974, Dassonville,
8/74, Rec. 1974, p. 837
) que la prohibición de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, establecida por el artículo 30 del Tratado, se refiere a cualquier normativa comercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente el comercio intracomunitário.
Una legislación, como la controvertida, que limita o que prohibe determinadas formas de publicidad, aun cuando no condicione directamente las importaciones, puede restringir el volumen de éstas debido a que afecta a las posibilidades de comercialización de los productos importados (véase la sentencia de 15 de diciembre de 1982, Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, apartado 15,
286/81, Rec. 1982, p. 4575
). Efectivamente, no se puede descartar la posibilidad de que el hecho de que un operador interesado se vea obligado a modificar la forma o el contenido de una campaña publicitaria en función de los Estados miembros de que se trate, o bien a abandonar un sistema publicitario que considere particularmente eficaz, pueda constituir un obstáculo a las importaciones, aun cuando dicha legislación se aplique indistintamente a los productos nacionales y a los importados.
Además, este obstáculo a los intercambios intracomunitários resulta de una disparidad entre las normativas nacionales. En efecto, de los autos se desprende que, si bien la legislación francesa prohibe cualquier evocación de la palabra «azúcar» o de las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar en la publicidad de los edulcorantes sintéticos, en cambio, tales indicaciones se admiten en otros Estados miembros.
A este respecto, resulta de la jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia (véanse, especialmente, las sentencias de 20 de febrero de 1979, Rewe,
120/78, Rec. 1979, p. 649
; de 10 de noviembre de 1982, Rau,
261/81, Rec. 1982, p. 3961
, y de 12 de marzo de 1987, Comisión contra Alemania,
178/84, Rec. 1987, p. 1227
), que, a falta de una normativa común sobre la comercialización de los productos de que se trate, los obstáculos a la libre circulación intracomunitária, derivados de las diferencias entre las normativas nacionales, deben aceptarse en la medida en que dicha normativa, indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los importados, pueda justificarse por ser necesaria para satisfacer razones de interés general mencionadas en el artículo 36 del Tratado, como la protección de la salud de las personas, o exigencias imperativas referentes, entre otras cosas, a la defensa de los consumidores. Además, es preciso que dicha normativa sea proporcionada al objetivo pretendido. Si un Estado miembro tiene la posibilidad de elegir entre diferentes medidas aptas para alcanzar el mismo objetivo, debe elegir el medio que cree la menor cantidad posible de obstáculos a la libertad de los intercambios.
Las razones invocadas para justificar los aspectos de la normativa nacional de que se trata relativos a la publicidad tienen un alcance idéntico a las alegadas para justificar los aspectos de dicha normativa referentes al etiquetado, a saber, la represión de la competencia desleal y la protección de la salud de las personas. Por los motivos que se indican más arriba (apartados 20 a 24), los argumentos invocados a este respecto no pueden acogerse.
Por consiguiente, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que los artículos 30 y 36 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se aplique a los productos importados una normativa nacional que prohibe, en la publicidad dedicada a los edulcorantes sintéticos, cualquier indicación que evoque la palabra «azúcar» o las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar que posean también los edulcorantes sintéticos.
Costas
Los gastos efectuados por la República Francesa y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunal de grande instance de París mediante resolución de 5 de julio de 1989, declara:

1)
Las disposiciones de la Directiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1978, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios destinados al consumidor final, especialmente sus artículos 2 y 15, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se aplique a los productos nacionales e importados una normativa nacional que prohibe, en el etiquetado de los edulcorantes sintéticos, cualquier indicación que evoque la palabra «azúcar» o las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar que posean también los edulcorantes sintéticos.

2)
Los artículos 30 y 36 del Tratado CEE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que se aplique a los productos importados una normativa nacional que prohibe, en la publicidad dedicada a los edulcorantes sintéticos, cualquier indicación que evoque la palabra «azúcar» o las características físicas, químicas o nutritivas del azúcar que posean también los edulcorantes sintéticos.

Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
G.F. Mancini
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.