CELEX: 61987CJ0156
Política comercial común
Dumping
Compromiso
Derecho definitivo
Fotocopiadoras de papel normal originarias de Japón

Mediante recurso presentado en la secretaría del Tribunal de Justicia el 21 dé mayo de 1987, Gestetner Holdings pie, con domicilio en Londres (en lo sucesivo, «Gestetner») solicitó, con arreglo al párrafo 2 del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación de la Decisión por la que la Comisión no aceptó el compromiso ofrecido por Gestetner en el marco del procedimiento antidumping relativo a. la importación de fotocopiadoras de papel normal originarias de Japón (en lo sucesivo, «Decisión impugnada») y del Reglamento (CEE) n° 535/87 del Consejo, de 23 de febrero de 1987, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de fotocopiadoras de papel normal originarias de Japón (
DO L 54, p. 12
; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»).
El recurso tiene por objeto, con carácter principal, la anulación en su totalidad del Reglamento impugnado y, con carácter subsidiario, su anulación en la medida en que grava con un derecho antidumping del 12,6 % las fotocopiadoras de papel normal (en lo sucesivo, «PPC») fabricadas por Mita Industrial Company Limited (en lo sucesivo, «Mita»)
Gestetner es un «Original equipment manufacturer» (en lo sucesivo, «OEM»), es decir, un proveedor con su propia marca de productos fabricados por otras empresas. En efecto, compra en Japón PPC á Mita, fabricante japonés, para venderlas con la marca Gestetner en la Comunidad y en numerosos terceros países.
En julio de 1985, Mita, entre otros fabricantes japoneses, fue objeto de una queja presentada ante la Comisión por el Commitee of European Copier Manufacturers, que le acusaba de vender sus productos en la Comunidad a precios de dumping.
El procedimiento antidumping iniciado por la Comisión de acuerdo con el Reglamento (CEE) n° 2176/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (
DO L 201, p. 1
; EE 11/21, p. 3), dió lugar, en un principio, a la imposición a Mita de un derecho antidumping provisional de 13,7 %. Posteriormente, mediante el Reglamento impugnado, adoptado a propuesta de la Comisión, el Consejo estableció el derecho antidumping definitivo en 12,6 %.
Para una más amplia exposición del marco normativo y de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la admisibilidad
Sobre las pretensiones del recurso de anulación de la no aceptación por la Comisión del compromiso ofrecido por Gestetner
Como señaló este Tribunal de Justicia en su auto de 11 de noviembre de 1987 (Nashua contra Consejo y Comisión,
150/87, Rec. 1987, p. 4421, apartado 6
), el papel de la Comisión se integra en el marco del proceso de decisión del Consejo. En efecto, según las disposiciones del Reglamento n° 2176/84 del Consejo, la Comisión está encargada de realizar las investigaciones y decidir a partir de ellas si pone fin al procedimiento o, por el contrario, si lo prosigue adoptando medidas provisionales y proponiendo al Consejo la adopción de medidas definitivas. Ahora bien, al Consejo corresponde pronunciarse definitivamente. En efecto, puede abstenerse de adoptar cualquierecisión si no está de acuerdo con la Comisión o, por el contrario, adoptar una según las propuestas de ésta.
La negativa de la Comisión a aceptar una propuesta de compromiso no es una medida que produzca efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la demandante, dado que la Comisión puede volver sobre su resolución o el Consejo decidir no establecer un derecho atidumping. Una negativa de este tipo es una medida intermedia cuyo objeto es preparar la Decisión final y no constituye, por tanto, un acto impugnable.
Ahora bien, como resulta de las sentencias de 7 de mayo de 1987, (Toyo Bearing contra Consejo,
240/84, Rec. 1987, p. 1809
; Ñachi Fujikoshi contra Consejo,
255/84, Rec. 1987, p. 1861
, y Koyo Seiko contra Consejo,
256/84, Rec. 1987, p. 1899
), al impugnar el Reglamento que establece los derechos antidumping definitivos los operadores económicos, en su caso, pueden alegar cualquier irregularidad relativa a la no aceptación de sus ofertas de compromiso.
Como consecuencia de lo anterior, no se pueden admitir las pretensiones del recurso relativas a la anulación de la Decisión impugnada.
Sobre las pretensiones del recurso de anulación del Reglamento n° 535/87
El Consejo considera que no se puede admitir el recurso en la medida en que pretende la anulación del conjunto del Reglamento impugnado. Alega que Gestetner no puede estar afectada directa e individualmente por las disposiciones del Reglamento impugnado, que imponen derechos antidumping específicos sobre las importaciones de productos fabricados por empresas exportadoras con las que no tiene ningún vínculo. Según el Consejo, las únicas disposiciones que pueden afectar individualmente a Gestetner son las que se refieren a las importaciones de productos fabricados por Mita.
A este respecto procede recordar que, con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia y en especial la sentencia de 7 de mayo de 1987 (Nippon Seiko contra Consejo,
258/84, Rec. ; 1987, p. 1923, apartado 7
), un reglamento que impone derechos antidumping diferentes a una serie de operadores económicos sólo afecta individualmente a uno de ellos por medio de las disposiciones que le.imponen un derecho antidumping particular y fijan su importe y no por las que imponen derechos antidumping a otras sociedades.
Como consecuencia de lo anterior, procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones principales del recurso relativas a la anulación del Reglamento impugnado en su conjunto.
Por lo que respecta a las pretensiones subsidiarias del recurso relativas a la anulación del Reglamento impugnado en la medida en que grava las PPC fabricadas por Mita con un derecho antidumping de 12,6 %, el Consejo sostiene que Gestetner no está afectado directa e individualmente por las disposiciones correspondientes de dicho Reglamento.
A este respecto, el Consejo alega, en primer lugar, que Gestetner es un importador independiente de PPC fabricadas por Mita, cuyo precio de reventa no fue tenido en cuenta por las instituciones para determinar el precio de exportación, único caso en que, con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, procede reconocer al importador de que se trate legitimación para pedir la anulación de un reglamento que establezca derechos antidumping definitivos.
En segundo lugar, el Consejo alega que, para determinar el valor normal de los productos de que se trata, las instituciones fijaron el margen de beneficios del exportador en un 5 %, a partir únicamente de los datos procedentes de Mita, productor exportador, y no de Gestetner.
Es oportuno recordar, en primer lugar, que por su naturaleza y alcance los Reglamentos que establecen un derecho antidumping tienen carácter normativo, en cuanto se aplican a la generalidad de los operadores económicos. No obstante, no se excluye que determinadas disposiciones de estos Reglamentos afecten directa e individualmente a los productores y exportadores de los productos de que se trata, a los que se imputan las prácticas de dumping, basándose en datos sobre su actividad comercial. Éste es, en general, el caso de las empresas productoras y exportadoras que pueden demostrar que han sido individualizadas mediante resoluciones de la Comisión o del Consejo o afectadas por las investigaciones preparatorias (véanse sentencias de 21 de febrero de 1984, Allied Corporation I, asuntos acumulados
239/82 y 257/82, Rec. 1984, p. 1005, apartados 11 y 12
, y de 23 de mayo de 1985, Allied Corporation II,
53/83, Rec. 1985, p. 1621, apartado 4
).
Lo mismo sucede con los importadores cuyos precios de venta han sido tenidos en cuenta para la determinación de los precios de exportación y que, por consiguiente, están afectados por las comprobaciones relativas a la existencia de una práctica de dumping (véanse las sentencias de 29 de marzo de 1979, ISO,
118/77, Rec. 1979, p. 1277, apartado 15
, y de 21 de febrero de 1984, Allied Corporation I, antes citada, apartado 15).
Procede, pues, examinar si, en el presente caso, Gestetner fue afectada por las comprobaciones relativas a la existencia de la práctica de dumping denunciada.
A este respecto, procede destacar que, en atención a las particularidades de las ventas de Mita a los OEM y, en particular, de las diferencias de los gastos efectuados por Mita en las ventas a los OEM en relación con los gastos efectuados por la misma en las ventas de PPC bajo su propia marca, el Consejo consideró adecuado, a la hora de la determinación del valor normal, fijar en un 5 °/o el margen de beneficio de los exportadores, es decir, un tipo inferior al del margen de beneficio medio, estimado en un 14,6 %.
Basándose en el valor normal así calculado para las ventas de Mita a los OEM, las instituciones llegaron a un margen de dumping inferior al determinado para las ventas de PPC comercializadas bajo la propia marca de Mita y éste es el margen de dumping, al igual que los establecidos para todas las fases de las ventas de Mita, que se tuvo en cuenta para el cálculo de un margen de dumping ponderado, según el cual se fijó el derecho antidumping.
Es cierto que el margen de beneficio del 5 % se aplicó sin distinciones entre los distintos operadores económicos afectados al calcular el valor normal de las PPC. No obstante, los operadores económicos de que se trata, cuyo número es limitado, fueron individualizados por las instituciones y el margen de beneficios se fijó en el 5 % precisamente para tener en cuenta las particularidades de sus relaciones comerciales con los productores.
Como consecuencia de lo anterior, sin que sea menester calificar aia demandante de importador o exportador y teniendo en cuenta sus relaciones comerciales con Mita, Gestetner está afectada por las comprobaciones relativas a la existencia de la práctica de dumping denunciada y, por consiguiente, le afectan directa e individualmente las disposiciones del Reglamento en litigio sobre las prácticas de dumping de Mita.
Por consiguiente, procede la admisión de las pretensiones subsidiarias del recurso, en cuanto se encaminan a la anulación del Reglamento n° 535/87, en la medida en que éste grava las PPC fabricadas por Mita con un derecho antidumping del 12,6%.
Sobre el fondo
En apoyo de su demanda, Gestetner alega cinco motivos derivados respectivamente de: 1) el cálculo erróneo del precio de exportación ; 2) la comparación errónea entre el valor normal y el precio de exportación; 3) la definición errónea de sector económico de la Comunidad; 4) la apreciación errónea de los intereses de la Comunidad; 5) la insuficiente motivación de la no aceptación de las ofertas de compromiso formuladas por Gestetner.
Sobre el motivo basado en el cálculo erróneo del precio de exportación
Gestetner sostiene que, habida cuenta su independencia con respecto a Mita, el Consejo hubiera debido admitir como precio de exportación, con arreglo a la letra a) del apartado 8 del artículo 2, el precio que ella pagó a Mita por medio de Mita Europa y no tener en cuenta este mismo precio para calcular el precio de exportación con arreglo a la letra b) del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84.
A este respecto procede señalar que las PPC producidas por Mita se venden por medio de Mita Europa, que gestiona los pedidos de los clientes afectados, les envía las facturas y recibe los correspondientes pagos. Ahora bien, el precio pagado por los compradores de Mita Europa no coincide con el precio facturado por Mita Japón a Mita Europa.
Por ello el Consejo decidió calcular el precio de exportación de acuerdo con el precio facturado por Mita Europa a Gestetner, procediendo a los ajustes previstos por el Reglamento n° 2176/84, es decir, deduciendo de este precio un margen razonable para los gastos generales y los beneficios, estimado en un 5 %.
Al proceder de esta manera, el Consejo aplicó correctamente la letra b) del apartado 8 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84, a tenor del cual:
«Cuando no exista precio de exportación, o se considere que hay una asociación o un acuerdo de compensación entre el exportador y el importador o un tercero, o que, por otras razones, el precio realmente pagado o por pagar por el producto vendido para su exportación a la Comunidad no puede servir de referencia, el precio de exportación podrá calcularse basándose en el precio al que el producto importado se revenda por primera vez a un comprador independiente, o bien, si no se revendiere a un comprador independiente o no se revendiere en el mismo estado en que fue importado, basándose en cualquier criterio razonable. En tales casos se realizarán reajustes para tener en cuenta todos los gastos que se hayan producido entre la importación y la reventa, incluidos todos los derechos y tributos, así como un margen de beneficio razonable.».
Efectivamente, de esta disposición resulta que debe calcularse el precio de exportación cuando, por una u otra razón, el precio realmente pagado o por pagar por el producto vendido para su exportación a la Comunidad no pueda servir de referencia.
En el presente caso, no pueden servir de referencia ni el precio pagado por Mita Europa a Mita Japón ni el pagado por Gestetner a Mita Europa, teniendo en cuenta respectivamente la asociación existente entre el fabricante exportador y su filial y la actividad desplegada por ésta en las ventas. En efecto, los gastos inherentes a esta actividad reducen efectivamente el importe percibido por el fabricante exportador, en la medida en que normalmente son soportados por el importador.
Es cierto que, en su parte final, la letra b) del apartado 8 del artículo 2 sólo menciona los reajustes necesarios para tener encuerna los gastos que se hayan producido entre la importación y la reventa y que, por un lado, la actividad desplegada por Mita Europa es anterior a la importación y, por otro, si se admite que Mita Europa revende las PPC a Gestetner, esta reventa tiene lugar antes de la importación.
No obstante, es oportuno señalar que los mencionados reajustes son los inherentes al cálculo del precio de exportación en los casos más frecuentes de asociación o acuerdo de compensación entre el exportador y el importador o un tercero. La letra b) del apartado 8 del artículo 2 no excluye por ello los reajustes exigidos cuando, por otros motivos, se deba calcular el precio de exportación.
En estas circunstancias, hay que admitir que convenía calcular el precio de exportación según el precio pagado por el primer comprador independiente reajustándolo en función de los gastos y beneficios inherentes al papel de Mita Europa.
Ni de los documentos que constan en autos ni del debate celebrado ante este Tribunal de Justicia resulta que esta deducción haya sido excesiva. Por consiguiente, debe desestimarse el motivo basado en el cálculo erróneo del precio de exportación.
Sobre el motivo basado en la comparación errónea entre el valor normály el precio de exportación
Gestetner sostiene que la diferencia de fase comercial entre, por un lado, los productos vendidos por Mita a Gestetner y, por otro, los vendidos por Mita a los distribuidores y minoristas en Japón, con arreglo al apartado 10 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84, exigía reajustes a los que las instituciones no procedieron. En efecto, en las ventas destinadas al mercado japonés, Mita soporta costes que los OEM soportan en las ventas de los productos a ellos destinados, en particular los gastos de publicidad y de promoción así como los gastos correspondientes al empleo del personal de ventas.
A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que de los autos resulta que las instituciones tomaron en consideración la diferencia entre los costes y los beneficios obtenidos en el marco de las ventas a los OEM y los correspondientes a las otras ventas. En efecto, con este objetivo y habida cuenta de la imposibilidad en la que aquéllas se encontraron para valorar esta diferencia con precisión, y en el marco de la determinación del valor normal, fijaron el margen de beneficios en un 5 % y no al tipo medio de éste, estimado en un 14,6 %.
A continuación hay que destacar que a la parte que solicita el reajuste contemplado en el párrafo 1 del apartado 10 del artículo 2 del Reglamento n° 2176/84 corresponde demostrar la necesidad del mismo y que, con arreglo a la letra c) del párrafo 2 del artículo citado, los reajustes realizados por las diferencias de fase comercial sólo pueden efectuarse en la medida en que no hayan sido tomados en consideración de otra forma. Por último, esta disposición prevé que, por regla general, no se efectúe ningún ajuste por las diferencias que se comprueben en los gastos administrativos y generales, incluidos los gastos de investigación y desarrollo o de publicidad.
Gestetner no ha aportado la prueba de que el reajuste efectuado no permitía cubrir las diferencias alegadas. Tampoco ha demostrado que las diferencias de fase comercial no se hubieran tenido en cuenta en el marco de otros ajustes efectuados en función de las diferencias en las condiciones de venta o que una circunstancia especial justificara que se tuvieran en cuenta los gastos administrativos y generales.
Por consiguiente debe desestimarse el motivo basado en la comparación errónea del valor normal y el precio de exportación.
Sobre el motivo basado en la definición errónea de sector económico de la Comunidad
Gestetner alega, en primer lugar, que las instituciones se han apartado de su anterior práctica, según la cual, cuando un productor tiene vínculos con los exportadores o importadores o él mismo es importador del producto que se presume objeto de dumping o de subvenciones, debe ser excluido automáticamente del conjunto de productores que constituyen el «sector económico de la Comunidad», en el sentido del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento n° 2176/84.
Procede señalar, a este respecto, que, a tenor del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento n° 2176/84, «únicamente se determinará la existencia de perjuicio cuando las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones causen un perjuicio, es decir, causen o amenacen causar, debido a los efectos del dumping o de la subvención, un perjuicio importante a un determinado sector económico establecido en la Comunidad, o retrasen sensiblemente el establecimiento del mismo [...]». A tenor del apartado 5 del mismo artículo, debe entenderse por sector económico de la Comunidad «el conjunto de los productores comunitarios de productos similares o una parte de ellos cuya producción conjunta constituya una parte importante de la producción comunitaria total de dichos productos; no obstante:
—
cuando los productores tengan vínculos con los exportadores o los importadores o sean ellos mismos importadores del producto que se suponga objeto de dumping o de subvenciones, podrá entenderse que la expresión “sector económico de la Comunidad” se refiere al resto de los productores [...]».
Según estas disposiciones, corresponde a las instituciones, en el ejercicio de su facultad de apreciación, examinar si deben excluir del sector económico de la Comunidad a los productores que tengan vínculos con los exportadores o los importadores o que sean ellos mismos importadores del producto objeto de dumping. Esta facultad de apreciación debe ejercerse en cada caso en función de todos los hechos concurrentes.
Ahora bien, hay que reconocer que, conforme a los documentos que constan en autos y a los debates celebrados ante el Tribunal de Justicia, en todos los casos mencionados por la demandante en que un productor comunitario ha sido excluido del «sector económico de la Comunidad» lo ha sido en ejercicio de la mencionada facultad de apreciación. Así pues, no existe la práctica de las instituciones que alega Gestetner.
Seguidamente Gestetner alega que, aunque admitamos que las instituciones no deben excluir a determinados productores del sector económico de la Comunidad en el momento en que comprueben semejantes vínculos, la exclusión de Olivetti, Océ y Tetras, por un lado, y de Rank Xerox, por otro, está justificada en este caso.
Por lo que respecta a Olivetti y Océ, Gestetner observa que la importación de PPC originarias de Japón correspondía a una estrategia por su parte, dirigida a reforzar su posición en el mercado y aumentar sus beneficios. Ahora bien, dada la parte importante que representan las ventas y alquileres en la CEE de PPC importadas por estas dos empresas con respecto al total de sus ventas, la inclusión de éstas en la definición de «sector económico de la Comunidad» nos llevaría a privar de todo significado real a la excepción contemplada en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento n° 2176/84. Con respecto a Tetras, Gestetner recuerda que Canon participa en el capital de esta empresa en un 19 %, con opción de compra del 30 %.
A este respecto, es oportuno señalar que, según las instituciones, Olivetti y Océ importaban PPC procedentes de Japón para poder ofrecer a sus clientes una gama completa de modelos. Las PPC correspondientes a los segmentos 1 y 2 se vendían a precios superiores a los de sus proveedores y representaban entre el 35 y el 40 % de las ventas y alquileres de estos nuevos aparatos en el mercado, durante el período comprendido entre 1981 y julio de 1985. Los intentos de estos dos fabricantes para poner a punto y sacar al mercado una gama completa de modelos fracasaron sin embargo, por el hecho del hundimiento de los precios del mercado causado por las importaciones japonesas.
En estas circunstancias, cuya exactitud no ha sido desmentida ni por los documentos obrantes en autos ni por, los debates ante este Tribunal de Justicia, procede considerar que, con sus importaciones, los citados productores no se ocasionaron un perjuicio a sí mismos provocando la disminución de utilización de sus capacidades productivas, el descenso de sus propios precios o el abandonó de proyectos dirigidos al incremento de la producción o a la fabricación de nuevos productos.
Como consecuencia de lo anterior, se ha de concluir que, al incluir a Olivetti y Oce en el sector económico de la Comunidad, las instituciones no se salieron del margen dé apreciación que tienen reconocido.
Por lo que respecta a Tetras, basta comprobar que, como indican los considerandos 81 y 107 del Reglamento impugnado, dicho fabricante no fue tomado en consideración ni para la valoración del perjuicio ni para la fijación del tipo de derecho antidumping.
Según Gestetner, Rank Xerox tampoco debió ser considerado como productor comunitario. À este respecto recuerda en primer lugar que Rank Xerox participa en el capital de Fuji Xerox, sociedad japonesa, en una proporción del 50 % y que estas dos sociedades están bajo control de Xerox Corporation (EE UU). Por consiguiente, las decisiones comerciales de Rank Xerox se adoptan en el marco de una estrategia comercial del grupo, elaborada para el mundo entero.
Gestetner alega seguidamente que, en los segmentos 1 a 2, Rank Xerox se limita prácticamente a montar los componentes importados de Japón y que el valor añadido en la Comunidad sólo alcanza el 20 °/o si se incluyen los gastos de mano de obra y el 35 % si se incluyen asimismo los beneficios de fábrica. El valor añadido mencionado por las instituciones, según Gestetner, es únicamente una media ponderada para todas las fotocopiadoras Rank Xerox de los segmentos 1 a 4. Esta dependencia de Rank Xerox respecto de las importaciones de PPC japonesas no permite situar a esta compañía entre los fabricantes que constituyen el «sector económico de la Comunidad».
Gestetner añade que la decisión de Rank Xerox de comprar fotocopiadoras de baja capacidad a Fuji Xerox no se justifica por una preocupación de autodefensa. Se trata de una decisión empresarial, como el mismo Consejo reconoció en el considerando 64 del Reglamento impugnado.
Por último, Gestetner alega el perjuicio que causa Rank Xerox a los demás productores comunitarios revendiendo las PPC suministradas por Fuji Xerox a precio de dumping, perjuicio admitido, por otra parte, por el Consejo en el considerando 63 del Reglamento impugnado.
Basándose en estas distintas alegaciones, Gestetner sostiene que, al incluir a las empresas mencionadas en el sector económico de la Comunidad para determinar el perjuicio causado a ésta por la práctica alegada de dumping, las instituciones infringieron los apartados 1 y 5 del artículo 4 del Reglamento n° 2176/84. Añade que el establecimiento de derechos antidumping estaba tanto menos justificado cuanto que los demás productores no podían considerarse representantes «de una parte importante de la producción comunitaria», en el sentido del apartado 5 del artículo 4, y que, por consiguiente, no pudo comprobarse ningún perjuicio para su producción.
Para enjuiciar si en el presente caso el conjunto de los hechos concurrentes exigía la exclusión de Rank Xerox del sector económico de la Comunidad, es oportuno destacar en primer lugar que, por lo que respecta al valor añadido de las PPC fabricadas por Rank Xerox en la Comunidad, éste, durante el período de referencia, era el 50 °/o para las PPC de los segmentos 1 a 4. Es cierto que para las PPC de baja capacidad fabricadas en el Reino Unido este valor era muy inferior. Sin embargo, como el Consejo observó con razón en el considerando 58 del Reglamento impugnado, «dado que el producto similar en el procedimiento se ha definido como todas las fotocopiadoras, desde las copiadoras personales hasta las máquinas clasificadas en el segmento 5 de Dataquest, no sería adecuado analizar si un productor comunitario debería ser parte del sector económico comunitario únicamente en términos de su producción de un modelo o de una gama limitada de modelos».
En segundo lugar, se debe señalar que, con respecto a la importación de PPC procedentes de Japón y facilitadas por Fuji Xerox, las instituciones consideraron que Rank Xerox no había aportado la prueba de que había tenido que comprar las máquinas por razones de autoprotección. De acuerdo con las informaciones obtenidas, se trata de una decisión empresarial adoptada a nivel del grupo Xerox. No obstante, el volumen de dichas importaciones fue mínimo con respecto a toda la gama de PPC producidas por Rank Xerox en la Comunidad, así como con respecto al conjunto del mercado comunitario (1 %), y los precios de reventa fueron idénticos a los de las máquinas equivalentes producidas por Rank Xerox.
Además, se debe destacar que, aunque es cierto que, al revender las PPC importadas de Japón a precios de dumping, inferiores a los de los demás productores comunitarios, Rank Xerox causó un perjuicio a estos últimos, no por ello debía ser excluida del conjunto de productores comunitarios y privada de la protección que ofrece la normativa comunitaria con respecto al perjuicio que, por su parte, experimentó ella misma.
Por último, se debe destacar que, según el Consejo, Rank Xerox se había comprometido a fabricar por sí misma o a procurarse de otros productores comunitarios los componentes destinados a sustituir a los procedentes de Japón. Ahora bien, la realización de este compromiso se encontró seriamente dificultada por falta de medidas antidumping.
Es cierto que Rank Xerox es titular del 50 % del capital de su proveedor japonés, Fuji Xerox. Sin embargo, teniendo en cuenta el conjunto de circunstancias que se han mencionado, cuya exactitud no ha sido invalidada ni por los documentos de los autos ni por las discusiones mantenidas ante este Tribunal de Justicia, procede concluir que las instituciones, al incluir a Rank Xerox en el sector económico de la Comunidad, no se salieron del margen de apreciación que tienen reconocido.
Como consecuencia de lo anterior, debe desestimarse el motivo basado en la definición errónea de la producción comunitaria.
Sobre el motivo basado en la apreciación errónea de los intereses de la Comunidad
Gestetner sostiene que, a la vista de la estructura del mercado y, en particular, de su grado de concentración, los intereses de la Comunidad no precisaban del establecimiento de derechos antidumping. Añade que la imposición de estos derechos reforzó la posición dominante ocupada por Rank Xerox y limitó la competencia y que la evolución del mercado que ello produjo fue desfavorable para los consumidores. De ello deduce que, al establecer los derechos antidumping, las instituciones infringieron el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento n° 2176/84.
Es oportuno destacar que la cuestión de si los intereses de la Comunidad necesitan una actuación comunitaria supone la apreciación de situaciones económicas complejas. Ahora bien, como este Tribunal de Justicia juzgó en particular en su sentencia de 7 de mayo de 1987 (Ñachi Fujikoshi contra Consejo,
255/84, Rec. 1987, p. 1861, apartado 21
) el control jurisdiccional de semejante apreciación debe limitarse a la comprobación del respeto de las normas de procedimiento, de la exactitud material de los hechos tenidos en cuenta para adoptar la resolución impugnada, de la falta de error manifiesto en la apreciación de estos hechos o de la falta de desviación de poder.
A este respecto procede observar que, según las instituciones, de no haber derechos antidumping sería dudoso que pudiese continuar existiendo una producción comunitaria independiente de PPC, siendo así que ésta es precisa para el mantenimiento y desarrollo de las técnicas requeridas para la fabricación de los productos de reprografìa, así como para el mantenimiento de gran número de puestos de trabajo. Este temor se basaba, especialmente, en la compra de la empresa de uno de los productores comunitarios por un fabricante japonés en el curso de la investigación. Asimismo, las instituciones consideraron que esta necesidad de protección de la industria comunitaria era más importante que la protección de los intereses inmediatos de los consumidores.
Esta necesidad justifica asimismo el posible refuerzo de la posición en el mercado de uno de los productores comunitarios como consecuencia del establecimiento de derechos antidumping, tanto más cuanto que las instituciones no tenían razones para temer abusos. Se debe destacar que, desde el establecimiento de estos derechos, ninguno de los seis fabricantes japoneses que ocupaba una parte del mercado comunitario se ha retirado del mismo.
En estas circunstancias, procede declarar que, considerando que los intereses de la Comunidad exigían el establecimiento de derechos antidumping, las instituciones no co'metieron un manifiesto error de apreciación.
Por consiguiente, debe desestimarse el motivo de la apreciación errónea de los intereses de la Comunidad.
Sobre el motivo basado en la insuficiente motivación de la no aceptación de las ofertas de compromiso efectuadas por Gestetner
Gestetner sostiene que la motivación de la no aceptación de sus ofertas de compromiso es insuficiente y, por ende, no conforme con las exigencias del artículo 190 del Tratado. La Comisión se limitó a invocar su práctica tradicional de no aceptar compromisos de importadores (considerando 100 del Reglamento impugnado) sin explicar los motivos de esta práctica y las modalidades de su aplicación al caso concreto, siendo así que la demandante debería haber sido considerada como exportador.
A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia (véase, en particular, la sentencia de 26 de junio de 1986, Nicolet Instrument,
203/85, Rec. 1986, p. 2049, apartado 10
), la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe mostrar, de un modo claro e inequívoco, el razonamiento de la autoridad comunitaria, autora de la resolución impugnada, de manera que los interesados puedan conocer las justificaciones de la medida adoptada para defender sus derechos y, el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control.
Esta exigencia se ha cumplido en este caso. La práctica de la Comisión de no aceptar compromisos de los importadores, expuesta por el Consejo en el considerando 100 del Reglamento impugnado, se basa a la vez en las normas del Código antidumping del GATT, cuyo artículo 7 sólo, prevé la aceptación dé compromisos propuestos por los exportadores, y en el artículo 10 del Reglamento n° 2176/84. Cierto que esta última disposición no excluye la posibilidad de que la Comisión acepte el compromiso ofrecido por un importador, pero de sus términos se deriva que semejante aceptación debe ser excepcional. En efecto, los apartados 4 y 6, relativos a la prosecución de la investigación después de la aceptación de los compromisos y al establecimiento de derechos antidumping después de la denuncia de un compromiso o la comprobación de su incumplimiento, sólo mencionan a los exportadores, es decir, a aquellos operadores económicos cuyos compromisos pueden ser aceptados en principio.
Este régimen se justifica por dos tipos de razones. Por un lado, la aceptación del compromiso ofrecido por un importador tendría como consecuencia incitarle a continuar abasteciéndose fuera de la Comunidad a precios de dumping. Por otro lado, los demás importadores deberían ser tratados del mismo modo, lo que, dado el gran número de empresas afectadas, haría dificilísimo el control del respeto de los compromisos.
Procede observar que el problema de si Gestetner es físicamente exportador o importador de las PPC no tiene ninguna importancia. En efecto, dado que las PPC se compran para su importación a la Comunidad y que por consiguiente se aplican los motivos que justifican la no aceptación de los compromisos ofrecidos por los importadores, Gestetner no podía ser considerado como exportador a estos efectos (párrafo 4 del considerando 100 del Reglamento impugnado).
De ello se deriva que debe desestimarse el motivo de la insuficiencia de motivación de la no aceptación de las ofertas de compromiso formuladas por Gestetner y que, por tanto, debe desestimarse el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos de la demandante, procede condenarla en costas, incluidas las de las partes coadyuvantes que así lo hubiesen solicitado. La sociedad Mita, parte coadyuvante en apoyo de la parte demandante, cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
La demandante cargará con las costas, incluidas las de las partes coadyuvantes. Mita cargará con sus propias costas.

Due
Slynn
Schockweiler
Zuleeg
Koopmans
Mancini
Joliét
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.