CELEX: 61985CJ0071
Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social
Apartado 1 del artículo 4
Directiva 79/7/CEE
Efecto directo

Mediante resolución de 13 de marzo de 1985, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 de marzo de 1985, el Gerechtshof de La Haya planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (
DO 1979, L 6, p. 24
; EE 05/02, p. 174), sobre si dicha disposición puede considerarse que tiene efectos directos en los Países Bajos desde el 23 de diciembre de 1984, fecha en la que los Estados miembros deberían haber adoptado las medidas necesarias para garantizar su ejecución.
Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Federatie Nederlandse Vakbeweging (Federación neerlandesa de Sindicatos, en lo sucesivo «FNV») y el Estado neerlandés. Este litigio tiene por objeto el reconocimiento de que el Estado neerlandés actuó ilegalmente al mantener en vigor o al rechazar la aplicación, a partir del 23 de diciembre de 1984, de la letra 1) del apartado 1 del artículo 13 de la Wet Werkloosheidsvoorziening (Ley neerlandesa de protección por desempleo; en lo sucesivo «WWV») que excluye del «derecho a prestaciones al trabajador que, teniendo la condición de mujer casada, no puede ser calificado como cabeza de familia (“Kostwinster”, sustentador), conforme a las disposiciones reglamentarias promulgadas por el ministro competente, tras dictamen de la comisión central, o que no vive permanentemente separado de su cónyuge». La FNV sostiene que las mujeres casadas excluidas del beneficio de las prestaciones de desempleo por la mencionada disposición han adquirido un derecho a dichas prestaciones en virtud de las disposiciones combinadas de la WWV y del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE (en lo sucesivo la «Directiva»).
Es indiscutible que la letra 1) del apartado 1 del artículo 13 de la WWV va en contra del principio de igualdad de trato definido en el artículo 4 de la Directiva.
Del expediente se desprende que el Gobierno neerlandés inicialmente consideraba posible, en el marco de una amplia reforma del sistema de seguridad social, hacer coincidir la incorporación de la Directiva con una fusión de la WWV y de la Verkloosheidswet (Ley sobre el Desempleo; en lo sucesivo «WW»). Esta reforma habría de suponer la derogación de la condición referente al estatuto de cabeza de familia.
Una vez que se vislumbró que dicha fusión no podría realizarse antes del 23 de diciembre de 1984, el Gobierno presentó un proyecto de ley provisional de modificación de la letra 1) del apartado 1 del artículo 13 de la WWV para extender a los varones parados la condición relativa al estatuto de cabeza de familia, pero este proyecto fue rechazado por la segunda cámara del Parlamento el 13 de diciembre de 1984. Por carta fechada el 18 de diciembre de 1984, el Secretario de Estado de Asuntos Sociales y de Empleo anunció al Presidente de la segunda cámara la presentación de un nuevo proyecto de ley, cuyas disposiciones habrían de tener aplicación retroactiva a partir del 23 de diciembre de 1984 para que la Directiva entrase en vigor en los plazos establecidos. Se pedía al Parlamento aprobarlo antes del 1 de marzo de 1985 (Proyecto n
o
18849, presentado el 6 de febrero de 1985).
De otro lado, el Secretario de Estado hizo saber a las autoridades competentes, mediante circular de 21 de diciembre de 1984, que las disposiciones controvertidas de la WWV debían seguir siendo aplicadas a la espera de la Ley de modificación, que tuviera efecto retroactivo.
La demandante en el asunto principal, cuyos estatutos prevén la defensa de los trabajadores y de sus familias, emplazó al Estado neerlandés en un procedimiento judicial de urgencia ante el Presidente del Arrondissementsrechtbank de La Haya, solicitando que se le ordenara que no aplicara, o al menos que no atribuyera efectos a la letra 1) del apartado 1 del artículo 13 de la WWV por lo que se refiere a la noción de cabeza de familia, hasta la entrada en vigor de la nueva legislación, mediante resolución de 17 de enero de 1985. El Presidente ordenó al Estado neerlandés la modificación del artículo 13 en cuestión antes del 1 de marzo de 1985. Tanto la Administración como la FNV recurrieron esta decisión en apelación.
El Gerechtshof de La Haya, ante el que se interpuso el recurso de apelación, suspendió su fallo por estimar impreciso el alcance de la Directiva, y planteó al Tribunal de Justicia tres cuestiones redactadas en los siguientes términos:
«1)
¿Tiene el artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE un efecto directo a partir del 23 de diciembre de 1984, con la consecuencia de que desde esa fecha el párrafo inicial y la letra 1) del apartado 1 del artículo 13 de la Wet Werkloosheidsvoorziening neerlandesa (Ley de protección por desempleo) carecen de aplicación y que las mujeres excluidas por dicha disposición del ámbito de las prestaciones han adquirido a partir de esa fecha un derecho a las mismas?
2)
¿Es determinante a este respecto el hecho de que, salvo la posibilidad de derogar sin más la disposición mencionada en la primera cuestión, el Estado neerlandés dispusiera de otras posibilidades para aplicar la Directiva, como la de someter, en relación con la derogación de la citada disposición, el derecho a la prestación a condiciones más rigurosas y la de limitarlo por lo que se refiere a los parados menores de 35 años con el fin de financiar las consecuencias de la derogación?
3)
En este contexto, ¿es importante que la derogación de la disposición en cuestión haga necesaria la previsión de una disposición transitoria y que se presente una elección entre distintas posibilidades?»
Del expediente se desprende que la letra 1) del apartado 1 del artículo 13 de la WWV ha sido derogado, con efecto retroactivo al 23 de diciembre de 1984, por la Ley de 24 de abril de 1985, Stb. 230, entrada en vigor el 1 de mayo de 1985. La Ley establece que la supresión de la condición relativa a la cualidad de cabeza de familia no se aplica a los trabajadores cuya situación de desempleo dio comienzo antes del 23 de diciembre de 1984. Con vistas a asegurar la financiación del régimen de prestaciones conforme a la WWV, la Ley reduce, por otra parte, la duración de dichas prestaciones por lo que se refiere a los desempleados —masculinos o femeninos— que sean menores de 35 años.
De ello se sigue que, a partir de la entrada en vigor de la Ley de 24 de abril de 1985, los desempleados masculinos y femeninos están sometidos a un mismo régimen, y lo mismo sucede por lo que se refiere al período comprendido entre el 23 de diciembre de 1984 y la fecha de dicha entrada en vigor, entendiéndose sin embargo que las diferencias basadas en la cualidad de cabeza de familia continúan afectado al derecho a las prestaciones de los desempleados cuya situación de paro dio comienzo antes del 23 de diciembre de 1984.
Por lo que se refiere a la argumentación detallada de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista que se adjunta a la presente sentencia.
En torno a la primera cuestión
Mediante la primera cuestión, el Gerechtshof pretende saber sustancialmente si el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva engendra derechos en beneficio de los particulares a partir de la expiración del plazo concedido a los Estados miembros para adecuarse a la misma, y en el caso de que la respuesta fuese afirmativa, si las mujeres casadas excluidas por la legislación nacional han adquirido desde esa fecha un derecho a la prestación en las mismas condiciones que los hombres.
Hay que recordar que según una constante jurisprudencia del Tribunal, formulada especialmente en la sentencia de 19 de enero de 1982 (Becker,
8/81, Rec. 1982, p. 53
), en todos los casos en los que las disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de su contenido, no están sujetas a condiciones y son suficientemente precisas, pueden ser invocadas por los particulares en defecto de medidas de aplicación adoptadas en los plazos establecidos, en contra de toda disposición nacional no conforme con la directiva, en la medida en que definan derechos que los particulares pueden hacer valer respecto del Estado.
Dicha jurisprudencia se basa en la consideración de que sería incompatible con el carácter obligatorio que el artículo 189 del Tratado CEE atribuye a la Directiva excluir en principio que la obligación que impone pueda ser invocada por las personas afectadas. El Tribunal ha extraído de ello la consecuencia de que el Estado miembro que no hubiera adoptado, en los plazos establecidos, las medidas de ejecución impuestas por la Directiva, no puede oponer a los particulares el incumplimiento, por él mismo, de las obligaciones que ésta conlleva.
El Gerechtshof desea saber si puede atribuirse dicho carácter al apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, y si, en consecuencia, dicho artículo generó derechos en beneficio de los particulares en los Países Bajos entre el 23 de diciembre de 1984, fecha en la que debía haberse incorporado la Directiva y la fecha en la que se adoptó la nueva legislación nacional en la materia.
El artículo 1 de la Directiva en cuestión expresa su finalidad en los siguientes términos: «La presente Directiva contempla la aplicación progresiva, dentro del ámbito de la seguridad social y otros elementos de protección social previstos en el artículo 3, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, denominado en lo sucesivo “principio de igualdad de trato
”».
Como ha resuelto recientemente el Tribunal en su sentencia de 24 de junio de 1986 (Drake,
150/85, Rec. 1986, p. 1995
) la finalidad expresada en el artículo 1 de la Directiva 79/7/CEE es recogida por el apartado 1 de su artículo 4 que prohibe en materia de seguridad social toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente, en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo al ámbito de aplicación de los regímenes de seguridad social y de las condiciones de acceso a los mismos.
Conviene observar que el apartado 1 del artículo 4, en sí mismo considerado, y teniendo en cuenta la finalidad de la citada Directiva y de su contenido, excluye toda discriminación por razón de sexo de manera general y en términos inequívocos. La disposición es, pues, lo suficientemente precisa como para ser invocada por un justiciable y aplicada por el juez. Sin embargo, queda por examinar si la prohibición de discriminación que establece puede considerarse como no sujeta a condiciones, habida cuenta de las excepciones previstas en su artículo 7 y de que, según el tenor del artículo 5, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias con el fin de suprimir las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato en el ámbito del Derecho nacional.
Por lo que se refiere en primer lugar al artículo 7, conviene observar que dicha disposición únicamente tiene como efecto el de conceder a los Estados la facultad de excluir del ámbito de aplicación de la Directiva ciertos supuestos bien determinados, pero sin imponer condición alguna para la aplicación del principio de igualdad de trato por lo que se refiere al artículo 4 de la Directiva. De lo que se sigue que el artículo 7 no es de aplicación a este caso.
En cuanto al artículo 5, que obliga a los Estados miembros a tomar «las medidas necesarias con el fin de suprimir las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato», no puede deducirse de sus términos que prevea condiciones a las que haya de someterse la prohibición de discriminación. En efecto, mientras que concede a los Estados miembros una facultad de apreciación en lo relativo a los medios, el artículo 5 impone el resultado que dichos medios han de obtener, a saber la supresión de todas aquellas disposiciones que sean contrarias al principio de igualdad de trato.
De ello se deriva que el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva no confiere en absoluto a los Estados miembros la facultad de condicionar o de restringir la aplicación del principio de igualdad de trato en su propio ámbito de aplicación, y que esta disposición es lo suficientemente precisa e incondicionada como para que pueda invocarse a partir del 23 de diciembre de 1984, en defecto de las medidas de aplicación, por los particulares ante las jurisdicciones nacionales para impedir la aplicación de toda disposición nacional disconforme con el citado artículo.
De lo que se sigue que, hasta el momento en que el Gobierno nacional adopte las necesarias medidas de ejecución, las mujeres tienen derecho a ser tratadas de la misma manera y a que les sea aplicado el mismo régimen que a los hombres que están en la misma situación, régimen que, en defecto de ejecución de la citada Directiva, sigue siendo el único sistema válido de referencia.
En consecuencia, a la primera cuestión debe responderse que el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, del 19 de diciembre de 1978, relativa a la prohibición de toda discriminación por razón de sexo en materia de seguridad social, podía ser invocado a partir del 23 de diciembre de 1984, en defecto de adopción de la Directiva, para impedir la aplicación de toda disposición nacional no conforme a dicho apartado 1 del artículo 4. En ausencia de medidas de aplicación del citado artículo, las mujeres tienen derecho a ser tratadas de la misma manera y a que se les aplique el mismo régimen que a los hombres que se encuentren en la misma situación, régimen que, en defecto de ejecución de la citada Directiva, sigue siendo el único sistema válido de referencia.
En torno a las cuestiones segunda y tercera
Por lo que se refiere a las cuestiones segunda y tercera planteadas por el Gerechtshof en orden a decidir si el Estado miembro puede, para adaptar su ordenamiento jurídico a los principios de la Directiva, recurrir a métodos que no sean coincidentes con la pura y simple derogación de la disposición incompatible y, en particular, si es necesaria una reglamentación transitoria, basta con observar, como así lo ha hecho ya el Tribunal en la sentencia de 19 de enero de 1982 (Becker, asunto
8/81, Rec. 1982, p. 53
), que no se puede invocar el hecho de que las directivas permiten elegir la forma y los medios de obtención del resultado perseguido para negar todo efecto a aquellas disposiciones de la Directiva que pueden ser invocadas en justicia a pesar del hecho de que ésta última no haya sido ejecutada en su conjunto.
En consecuencia, conviene responder a las cuestiones segunda y tercera que un Estado miembro no puede invocar la facultad discrecional de que dispone en lo que se refiere a la elección de los medios para aplicar el principio de igualdad de trato en materia de seguridad social, previsto por la Directiva 79/7/CEE, para negar todo efecto al apartado 1 de su artículo 4, que puede ser invocado en justicia a pesar del hecho de que la citada Directiva no haya sido ejecutada en su conjunto.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno británico y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Gerechtshof de La Haya mediante resolución de 13 de marzo de 1985,
declara:

1)
El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la prohibición de toda discriminación por razón de sexo en materia de seguridad social, podía, en defecto de adopción de la Directiva, ser invocado a partir del 23 de diciembre de 1984 para impedir la aplicación de toda disposición nacional que no resultare conforme con el citado apartado 1 del artículo 4. En ausencia de medidas de aplicación del mencionado artículo, las mujeres tienen derecho a ser tratadas de la misma manera y a que se les aplique el mismo régimen que a los hombres que se encuentren en la misma situación, régimen que, en defecto de ejecución de la citada Directiva, sigue siendo el único sistema válido de referencia.

2)
Un Estado miembro no puede invocar la facultad Adiscrecional de que dispone en la elección de los medios para aplicar el principio de igualdad de trato en materia de seguridad social previsto por la Directiva 79/7/CEE, para negar todo efecto al apartado 1 de su artículo 4, que puede ser invocado en justicia a pesar del hecho de que la mencionada Directiva no haya sido ejecutada en su conjunto.

Mackenzie Stuart
Galmot
Kakouris
O'Higgins
Schockweiler
Bosco
Koopmans
Due
Everling
Bahlmann
Joliet
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de diciembre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente
A. J. Mackenzie Stuart
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.