CELEX: 61990CJ0035
IVA
Directiva 77/388/CEE
Legislación nacional contraria

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de febrero de 1990, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al eximir del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestación consiste en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo de las obras audiovisuales, contrariamente a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (
DO L 145, p. 1
; EE 09/01, p'. 54; en ¡o sucesivo, «Sexta Directiva»).
La Ley n° 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en lo sucesivo, «IVA»;
Boletín Oficial del Estado español
de 9 de agosto de 1985), declaró sujetos al régimen general del IVA los servicios profesionales antes citados, conforme a las disposiciones de la Sexta Directiva y del Acta de Adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas. El Real Decreto n° 2028/85, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido
{Boletín Oficial del Estado españolad
31 de octubre de 1985) confirmó dicha sujeción. Posteriormente, la Ley n° 22/1987, de 11 de noviembre, sobre Propiedad Intelectual
{Boletín Oficial del Estado español
de 17 de noviembre de 1987) declaraba exentos del IVA, en su Disposición Adicional Tercera, estos mismos servicios.
La Comisión considera que esta exención es contraria al apartado 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva, que dispone que estarán sujetas al IVA «las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el interior del país por un sujeto pasivo que actúe como tal». Opina, en primer lugar, que la facultad conferida a los Estados miembros por la letra b) del apartado 3 del artículo 28 de la Sexta Directiva, de continuar dejando exentas, durante un período transitorio, determinadas prestaciones, entre ellas las que constituyen el objeto del presente asunto, únicamente se refería a los Estados miembros que, en el momento de la entrada en vigor de esta Directiva, ya aplicaban el IVA conforme a las primeras Directivas comunitarias. En lo que respecta a los Estados miembros que se adhirieron a la Comunidad posteriormente, sólo una autorización^similar a la obtenida por la República Portuguesa en el Acta de Adhesión habríá~permitido al Reino de España aplicar la disposición antes citada.
La Comisión añade que, aunque no se admita esta interpretación de la letra b) del apartado 3 del artículo 28 y deba interpretarse que esta disposición permite a un nuevo Estado miembro continuar dejando exentas las actividades de que se trata, cuando dicha exención exista ya en el marco de un impuesto, como el vigente en España antes de la adhesión (Impuestos cumulativos en cascada sobre el volumen de negocios), la exención controvertida sería, no obstante, ilegal, puesto que el Reino de España no puede estar autorizado a declarar nuevamente exentas del IVA prestaciones que, tras la fecha de su adhesión, sometió a dicho Impuesto.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El Gobierno español considera que la letra b) del apartado 3 del artículo 28 de la Sexta Directiva autoriza la exención de que se trata. En efecto, a tenor de dicha norma, los Estados miembros podrán «en el curso del período transitorio a que se refiere el apartado [...] continuar dejando exentas las operaciones enumeradas en el Anexo F, en las condiciones vigentes en el Estado miembro»; y en dicho Anexo figuran, en el punto 2, las prestaciones de servicios de «autores, artistas e intérpretes de obras de arte». Ahora bien, en la época de adopción de la Sexta Directiva, así como inmediatamente antes de la adhesión del Reino de España a las Comunidades Europeas, las prestaciones de servicios controvertidas estaban exentas, en España, del impuesto al que sustituyó el IVA.
Baste señalar, a este respecto, que al haber sometido el Reino de España las prestaciones de servicios de que se trata al régimen general del IVA, mediante la Ley 30/1985 antes citada, que entró en vigor el 1 de enero de 1986, ya no podía invocar posteriormente la facultad de continuar dejando exentas dichas actividades, conforme a la letra b) del apartado 3 del artículo 28 de la Sexta Directiva.
El Gobierno español alega, por otra parte, que la prolongación del régimen transitorio relativo a las exenciones más allá del plazo previsto en el apartado 4 del artículo 28 permite interpretar la letra b) del apartado 3 de este artículo en el sentido de que los Estados miembros pueden volver a declarar exentas, en su legislación, las actividades de que se trata, especialmente cuando sea necesario para garantizar la igualdad de trato de los autores residentes en su territorio, con respecto a los autores residentes en el territorio de otros Estados miembros, que continúen otorgando dicha exención.
A este respecto, es necesario destacar que, si para la interpretación de una norma de Derecho comunitario es necesario tener en cuenta su estado de evolución en la fecha en que haya de efectuarse'la aplicación de tal norma (véase, entre otros, dictamen de 4 de octubre de 1979,
1/78, Rec. p. 2871, apartado 44
), la prolongación del régimen transitorio relativo a las exenciones del IVA, más allá del plazo inicialmente previsto, no puede justificar que los Estados miembros puedan otorgar exenciones que no estaban autorizados a establecer. En efecto, tal facultad menoscabaría la finalidad de la letra b) del apartado 3 del artículo 28, que consiste en permitir una adaptación progresiva de las legislaciones nacionales en los ámbitos de que se trata.
Por consiguiente, procede afirmar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al eximir del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestación consiste en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo de las obras audiovisuales, contrariamente a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino de España, procede condenarlo en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
decide:

1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al eximir del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios profesionales, incluidos aquéllos cuya contraprestación consiste en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, compositores musicales, autores de obras teatrales y los autores del argumento, adaptación, guión o diálogo de las obras audiovisuales, contrariamente a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2 de la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme.

2)
Condenar en costas al Reino de España.

Due
Slynn
Joliét
Grévisse
Kapteyn
Kakouris
Moitinho de Almeida
Diez de Velasco
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de octubre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.