CELEX: 62006CJ0143
Libre circulación de mercancías
Artículos 28 CE y 30 CE
Artículos 11 y 13 del Acuerdo EEE
Medicamentos importados no autorizados en el Estado de importación
Prohibición de publicidad
Directiva 2001/83/CE

Motivación de la sentencia
1. La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 86, apartado 2, tercer guión, de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311, p. 67), en su versión modificada por la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 (DO L 136, p. 34) (en lo sucesivo, «Directiva 2001/83»).
2. Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre, por una parte, la sociedad Ludwigs Apotheke München Internationale Apotheke (en lo sucesivo, «Ludwigs-Apotheke») y, por otra, Juers Pharma Import Export GmbH (en lo sucesivo, «Juers Pharma»), en relación con el envío a farmacéuticos, por esta última, de listas de medicamentos no autorizados en Alemania.
Marco jurídico
Directiva 2001/83
3. El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2001/83 enuncia:
«La presente Directiva se aplicará a los medicamentos de uso humano destinados a ser comercializados en los Estados miembros y preparados industrialmente o en cuya fabricación intervenga un proceso industrial.»
4. A tenor del artículo 5, apartado 1, de esta Directiva:
«Los Estados miembros podrán, de acuerdo con la legislación vigente y con vistas a atender necesidades especiales, excluir de las disposiciones de la presente Directiva a los medicamentos que se suministren atendiendo a una solicitud de uso compasivo, elaborados de acuerdo con la prescripción de un facultativo reconocido y que los destine a un paciente individual bajo su responsabilidad personal directa.»
5. Con arreglo al artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la citada Directiva:
«No podrá comercializarse ningún medicamento en un Estado miembro sin que la autoridad competente de dicho Estado miembro haya concedido una autorización de comercialización, de conformidad con la presente Directiva, o sin que se haya concedido una autorización de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) nº 2309/93 [del Consejo, de 22 de julio de 1993, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y supervisión de medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (DO L 214, p. 1)].»
6. El artículo 86 de la Directiva 2001/83, que figura en el título VIII, «Publicidad», dispone:
«1. A efectos del presente título, se entenderá por publicidad de medicamentos toda forma de oferta informativa, de prospección o de incitación destinada a promover la prescripción, la dispensación, la venta o el consumo de medicamentos; comprenderá en particular:
– la publicidad de medicamentos destinada al público;
– la publicidad de medicamentos destinada a personas facultadas para prescribirlos o dispensarlos;
[…]
2. El presente título no contempla:
– el etiquetado y el prospecto, sujetos a las disposiciones del Título V;
– la correspondencia, acompañada, en su caso, de cualquier documento no publicitario, necesaria para responder a una pregunta concreta sobre un medicamento en particular;
– las informaciones concretas y los documentos de referencia relativos, por ejemplo, al cambio de envase, a las advertencias relativas a reacciones adversas en el marco de la farmacovigilancia, a los catálogos de ventas y a las listas de precios siempre que no figure ninguna información sobre el medicamento;
– la información relativa a la salud humana o a enfermedades de las personas, siempre que no se haga referencia alguna, ni siquiera indirecta, a un medicamento.»
7. El artículo 87, apartado 1, de la Directiva 2001/83, prevé:
«Los Estados miembros prohibirán toda publicidad de un medicamento para el que no se haya otorgado una autorización de comercialización de conformidad con el Derecho comunitario.»
Normativa alemana
8. El artículo 73, apartado 1, de la Arzneimittelgesetz (Ley de medicamentos; en lo sucesivo, «AMG») prohíbe la comercialización de los medicamentos que, sometidos a la obligación de autorización o de registro, no hayan sido autorizados o registrados.
9. Como excepción a esta norma, el artículo 73, apartado 3, de la AMG permite a las farmacias importar de otro Estado medicamentos no autorizados en Alemania que, sin embargo, se comercialicen legalmente en ese otro Estado. Esta excepción sólo cubre el suministro de pequeñas cantidades de medicamentos, previo encargo de particulares.
10. El artículo 8 de la Heilmittelwerbegesetz [Ley alemana de publicidad de medicamentos; en lo sucesivo, «HWG»] prohíbe toda publicidad de los medicamentos que se pueden adquirir con arreglo al artículo 73, apartado 3, de la AMG.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
11. Ludwigs‑Apotheke y Juers Pharma se dedican al comercio de medicamentos cuya importación en Alemania está autorizada en virtud del artículo 73, apartado 3, de la AMG.
12. En el marco de esta actividad, Juers Pharma envía a los farmacéuticos listas de medicamentos en las que se indican los no autorizados en Alemania mediante su denominación comercial, y en las que se mencionan asimismo las dimensiones de su envase, el precio y la dosis, cuando el medicamento se presenta en diferentes dosis. Estas listas indican asimismo, en algunos casos, los países de procedencia de tales medicamentos, ya se trate de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado tercero signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), en los que hayan sido autorizados.
13. Ludwigs‑Apotheke presentó una demanda de medidas cautelares en la que solicitaba que se prohibiera a Juers Pharma enviar las citadas listas, puesto que tal envío constituye una publicidad de medicamentos no autorizados en Alemania prohibida en virtud del artículo 8 de la HWG, y obtuvo del Landgericht Hamburg (Tribunal regional de Hamburgo) un auto que estimaba dicha demanda el 9 de agosto de 2004. A raíz de la oposición formulada por Juers Pharma, el Landgericht Hamburg, volvió a pronunciarse, acogiendo las alegaciones formuladas por ésta, y declaró, mediante auto de 12 de octubre de 2004, que las listas de medicamentos en cuestión en el procedimiento de medidas cautelares no debían considerarse publicidad. Esta conclusión se basaba en el artículo 86, apartado 2, tercer guión, de la Directiva 2001/83, en virtud del cual no están cubiertos por el título VIII de la Directiva, que regula la publicidad, las informaciones concretas y los documentos de referencia relativos, por ejemplo, a los catálogos de ventas y a las listas de precios siempre que no figure ninguna información sobre el medicamento. Por consiguiente, según dicho auto, la prohibición de publicidad que figura en el artículo 8 de la HWG no debe aplicarse a las listas de medicamentos como las que son objeto del procedimiento de medidas cautelares.
14. Después de que Ludwigs-Apotheke recurriera dicho auto, el Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, mediante sentencia de 19 de mayo de 2005, restableció las medidas adoptadas por el Landgericht Hamburg en el primer auto de medidas cautelares de 9 de agosto de 2004. Según el órgano jurisdiccional de apelación, a la vista del tenor del artículo 86, apartado 2, tercer guión, de la Directiva 2001/83, los catálogos de venta y las listas de precios están excluidos del ámbito de aplicación del título VIII de dicha Directiva. Por lo tanto, esta disposición no se opone a que la legislación nacional considere tales listas como publicidad y establezca su prohibición.
15. Dado que Juers Pharma no reconoció el carácter definitivo de las medidas acordadas en el procedimiento de medidas cautelares, Ludwigs-Apotheke prosiguió el procedimiento ante el Landgericht Hamburg, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las dos siguientes cuestiones prejudiciales:
«1) ¿Ha de interpretarse el artículo 86, apartado 2, tercer guión, de la Directiva [2001/83] en el sentido de que se opone a una normativa nacional que prohíbe el envío de listas de precios de medicamentos a farmacias por considerarlo publicidad ilícita para la importación de medicamentos, en la medida en que los medicamentos recogidos en dichas listas no estén autorizados en el Estado miembro en cuestión pero se permita su importación, en casos particulares, desde otros Estados miembros de la Unión Europea y desde Estados terceros?
2) ¿Cuál es la función de la disposición con arreglo a la cual el título que regula la publicidad no contempla los catálogos de ventas ni las listas de precios siempre que no figure ninguna información sobre el medicamento, si no delimita taxativamente el ámbito de aplicación de la normativa nacional en materia de publicidad de los medicamentos?»
Cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión
16. Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 86, apartado 2, tercer guión, de la Directiva 2001/83 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional como el artículo 8 de la HWG, que prohíbe toda publicidad para medicamentos no autorizados en Alemania que pueden, sin embargo, ser importados, en virtud de una excepción establecida en el artículo 73, apartado 3, de la AMG, de otros Estados miembros o de otros Estados que son parte en el Acuerdo EEE.
17. Varios interesados que presentaron observaciones escritas al Tribunal de Justicia expresaron sus dudas sobre la aplicabilidad del título VIII de la Directiva 2001/83, relativo a la publicidad, y, por lo tanto, del artículo 86, apartado 2, tercer guión, de esta Directiva, en circunstancias como las del litigio principal. Así, los Gobiernos polaco y del Reino Unido evocaron la pertinencia eventual del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/83 y defendieron la hipótesis de que los medicamentos mencionados en las listas controvertidas en el litigio principal están excluidos por completo de la aplicación de esta Directiva en virtud de esa disposición. Por su parte, Ludwigs-Apotheke y la Comisión sostuvieron que el artículo 86, apartado 2, tercer guión, de la citada Directiva excluye los catálogos de venta y las listas de precios del ámbito de aplicación del título VIII de la Directiva 2001/83, relativo a la publicidad, de modo que los Estados miembros son libres para regular esta materia, siempre que respeten los requisitos establecidos en los artículos 28 CE y 30 CE.
18. Para determinar si el título VIII de la Directiva 2001/83, relativo a la publicidad, se aplica en circunstancias como las del litigio principal y dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, es preciso examinar el marco normativo en el que se encuadra una disposición como el artículo 8 de la HWG.
19. Como se desprende de la exposición sobre la legislación alemana aplicable en el litigio principal, que figura en la resolución de remisión, el artículo 73, apartado 1, de la AMG prohíbe la comercialización en Alemania de los medicamentos sometidos a autorización o a registro si no han sido autorizados o registrados. Como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de diciembre de 2003, Deutscher Apothekerverband (C‑322/01, Rec. p. I‑14887, apartado 52), esta prohibición general se corresponde con la prohibición, adoptada en el Derecho comunitario, de comercialización de medicamentos no autorizados en el Estado miembro de que se trate, establecida en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2001/83. Según esta disposición, no podrá comercializarse ningún medicamento en un Estado miembro sin que la autoridad competente de dicho Estado miembro haya concedido una autorización de comercialización, de conformidad con dicha Directiva, o sin que se haya concedido una autorización de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento nº 2309/93. Por consiguiente, los Estados miembros deben, en principio, prohibir completamente la comercialización de medicamentos que no cuenten con una autorización nacional o comunitaria de comercialización.
20. Ahora bien, consta que el artículo 73, apartado 3, de la AMG permite a los farmacéuticos importar, en cantidades limitadas, de otro Estado miembro o de un Estado parte en el Acuerdo EEE medicamentos cuya comercialización no haya sido autorizada en Alemania pero que, sin embargo, se comercialicen lícitamente en ese otro Estado, previo encargo de particulares.
21. Es preciso señalar que, si bien la Directiva 2001/83 no prevé expresamente tal excepción, ésta no es, sin embargo, necesariamente contraria a dicha Directiva, ya que no excede los límites que permiten no cuestionar la obligación de obtener una autorización de comercialización. En efecto, a tenor del considerando trigésimo de la Directiva, debe ser posible que una persona establecida en un Estado miembro reciba desde otro Estado miembro una cantidad razonable de medicamentos destinados a su uso personal. En este sentido, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/83 prevé que un Estado miembro, de acuerdo con la legislación vigente y con miras a atender necesidades especiales, pueda excluir de las disposiciones de la Directiva a los medicamentos que se suministren atendiendo a un encargo leal y no solicitado, elaborados de acuerdo con las especificaciones de un facultativo reconocido y que los destine a sus pacientes particulares bajo su responsabilidad.
22. Cabe destacar que de los datos aportados ante el Tribunal de Justicia no puede deducirse una eventual voluntad del legislador alemán de ejercer la facultad prevista en esta disposición. Sin embargo, en la medida en que el artículo 73, apartado 3, de la AMG tiene por objeto permitir la comercialización de una cantidad limitada de medicamentos no autorizados en el marco de un encargo individual justificado por necesidades especiales, puede considerarse que esta disposición aplica el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/83.
23. Por consiguiente, debe considerarse que los medicamentos comprendidos en el artículo 73, apartado 3, de la AMG están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/83. Por consiguiente, las disposiciones del título VIII de esta Directiva, relativo a la publicidad, no les son aplicables.
24. En tales circunstancias, y a efectos de aportar al juez nacional una respuesta útil que le permita resolver el litigio de que conoce, es necesario examinar la compatibilidad con el Derecho comunitario de una prohibición de publicidad como la que establece el artículo 8 de la HWG, no con respecto al título VIII de la Directiva 2001/83, sino a las disposiciones del Tratado CE relativas a la libre circulación de mercancías, y en particular los artículos 28 CE y 30 CE, así como, en la medida en que las listas controvertidas en el litigio principal mencionan también los medicamentos importados de Estados terceros signatarios del Acuerdo EEE, en relación con las disposiciones de este Acuerdo relativas a la libre circulación de mercancías, a saber, los artículos 11 y 13.
25. La libre circulación de mercancías es un principio fundamental del Tratado que se plasma en la prohibición, enunciada en el artículo 28 CE, de las restricciones cuantitativas a la importación entre los Estados miembros, así como de todas las medidas de efecto equivalente.
26. Esta prohibición de las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, se dirige a cualquier normativa de los Estados miembros que pueda obstaculizar directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio intracomunitario (véanse, en particular, las sentencias de 11 de julio de 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, apartado 5, y de 10 de enero de 2006, De Groot en Slot Allium y Bejo Zaden, C‑147/04, Rec. p. I‑245, apartado 71).
27. No obstante, una normativa nacional que obstaculice la libre circulación de mercancías puede justificarse, como prevé el artículo 30 CE, por razones de protección de la salud y de la vida de las personas. Según jurisprudencia reiterada, entre los bienes o intereses protegidos por el artículo 30 CE, la salud y la vida de las personas ocupan el primer rango y, a falta de armonización comunitaria en la materia, corresponde a los Estados miembros, dentro de los límites impuestos por el Tratado, decidir en qué medida desean asegurar su protección, teniendo en cuenta las exigencias de la libre circulación de mercancías dentro de la Comunidad Europea (véanse en este sentido, en particular, las sentencias Deutscher Aphotekerverband, antes citada, apartado 103 y la jurisprudencia citada, y de 14 de septiembre de 2006, Alfa Vita Vassilopoulos y Carrefour‑Marinopoulos, C‑158/04 y C‑159/04, Rec. p. I‑8135, apartado 21).
28. No obstante, para que una normativa nacional se ajuste al principio de proporcionalidad, es necesario comprobar no sólo que los medios elegidos sean aptos para la realización del objetivo pretendido, sino también que no vayan más allá de lo que es necesario para lograrlo (véase, en particular, la sentencia Alfa Vita Vassilopoulos y Carrefour-Marinopoulos, antes citada, apartado 22).
29. Por consiguiente, procede examinar si una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal supone una restricción en el sentido del artículo 28 CE y, en caso de respuesta afirmativa, si se basa en una justificación admisible en virtud del artículo 30 CE, tal como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia.
30. El Tribunal de Justicia ya realizó este examen en relación con el artículo 8 de la HWG en la sentencia de 10 de noviembre de 1994, Ortscheit (C‑320/93, Rec. p. I‑5243). En esa sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que la prohibición de hacer publicidad prevista en esta disposición constituye una medida de efecto equivalente en el sentido del artículo 30 del Tratado CEE (posteriormente artículo 30 del Tratado CE, actualmente artículo 28 CE, tras su modificación). En efecto, el Tribunal de Justicia declaró, en los apartados 9 y 10 de la citada sentencia, que esta medida, por una parte, afecta únicamente a los medicamentos extranjeros y, por otra, que puede reducir el volumen de las importaciones de medicamentos no autorizados en Alemania, dado que priva de una fuente de información sobre la existencia y la disponibilidad de tales medicamentos a los farmacéuticos y a los médicos cuya participación es indispensable para la importación de esos medicamentos, en virtud del artículo 73, apartado 3, de la AMG.
31. Sin embargo, el Tribunal de Justicia consideró que esta prohibición estaba justificada con arreglo al artículo 36 CEE (posteriormente artículo 36 del Tratado CE, actualmente artículo 30 CE, tras su modificación) por razones que se refieren a la protección de la salud y de la vida de las personas. En efecto, en los apartados 19 y 20 de la sentencia Ortscheit, antes citada, declaró que esta prohibición tiene la finalidad de mantener el carácter excepcional de la importación por encargo singular de medicamentos carentes de autorización sanitaria, y ello para evitar que se eluda sistemáticamente la autorización sanitaria nacional exigida en principio por la normativa alemana, puesto que, si los medicamentos no autorizados en Alemania pudieran ser objeto de publicidad en dicho país, existiría el riesgo de que los fabricantes solicitaran y obtuvieran la autorización de los medicamentos en un Estado miembro menos exigente y luego los importasen en Alemania en virtud de encargos singulares que hubieran promovido mediante campañas publicitarias. El Tribunal de Justicia declaró que la prohibición de publicidad establecida en el artículo 8 de la HWG es, por lo tanto, necesaria para la eficacia del sistema de autorización nacional.
32. Es importante señalar que, en la época de los hechos que originaron el litigio objeto de la sentencia Ortscheit, antes citada, la Directiva 92/28/CEE del Consejo, de 31 de marzo de 1992, relativa a la publicidad de los medicamentos para uso humano (DO L 113, p. 13), no era aplicable ratione remporis.  Sin embargo, como sostiene la Comisión en sus observaciones, esta circunstancia no impide que las declaraciones del Tribunal de Justicia en la citada sentencia sigan siendo válidas en el actual estado del Derecho comunitario, habida cuenta de la armonización realizada entre tanto por la Directiva 2001/83, que derogó la Directiva 92/28.
33. En efecto, la Directiva 2001/83 parte del principio de que la comercialización de un producto calificado de medicamento está supeditada a la concesión de una autorización de comercialización –expedida o bien por la autoridad competente de un Estado miembro o bien en el marco del procedimiento comunitario centralizado previsto por el Reglamento nº 2309/93. Esta norma general, consagrada en el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2001/83, admite excepciones, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 5, apartado 1, de esta Directiva. Como ya se ha expuesto en los apartados 19 a 22 de la presente sentencia, la legislación alemana controvertida en el litigio principal aplica efectivamente estas disposiciones. Por lo tanto, a semejanza de la Directiva 2001/83, esta normativa nacional se dirige a garantizar que la posibilidad de importación de medicamentos no autorizados siga siendo excepcional. Sin embargo, la publicidad para tales medicamentos tiene un efecto completamente opuesto.
34. De ser difundida entre los farmacéuticos, tal publicidad podría efectivamente incitar a éstos a promover entre sus clientes los medicamentos cuya comercialización en el mercado en Alemania no ha sido autorizada, fomentando de este modo los encargos de estos medicamentos, y podría, por lo tanto, provocar aumentar la importación de éstos. Es preciso señalar a este respecto que, en el marco de la excepción establecida en el artículo 73, apartado 3, de la AMG, los farmacéuticos únicamente desempeñan un papel pasivo de intermediario, puesto que sólo tienen derecho a realizar las gestiones necesarias para importar el medicamento solicitado desde otro Estado cuando esa actuación responda al encargo de un particular.
35. Ha de señalarse que la función específica asignada a una prohibición de publicidad como la establecida en el artículo 8 de la HWG consiste en reforzar el carácter extraordinario de una autorización excepcional de comercialización de medicamentos no autorizados y no registrados tal como prevé el artículo 73, apartado 3, de la AMG, preservando de este modo el efecto útil del procedimiento de autorización de comercialización. Por lo tanto, puede considerarse que una restricción que resulte de esta prohibición está justificada por la protección de la vida y la salud de las personas, y es necesaria a tal fin, con arreglo al artículo 30 CE, en la medida en que trata de limitar el volumen de importaciones de medicamentos no autorizados.
36. Con todo, es preciso comprobar si tal restricción no va más allá de lo estrictamente necesario para lograr ese objetivo.
37. De la resolución de remisión se desprende que el artículo 8 de la HWG, que establece una prohibición de publicidad para los medicamentos no autorizados cuya venta se autoriza con carácter excepcional, impide la difusión de listas de medicamentos como las controvertidas en el litigio principal, que no contienen información esencial sobre las características o los efectos de los medicamentos.
38. A este respecto, puede establecerse un paralelismo entre la exclusión, que realiza el artículo 86, apartado 2, tercer guión, de la Directiva 2001/83, del ámbito de aplicación del título VIII de esta Directiva, relativo a la publicidad, de las informaciones concretas y los documentos de referencia relativos, por ejemplo, al cambio de envase, a las advertencias relativas a reacciones adversas en el marco de la farmacovigilancia, a los catálogos de ventas y a las listas de precios siempre que no figure ninguna información sobre el medicamento.
39. No puede considerarse que listas como la controvertida en el asunto principal, a falta de información sobre los efectos terapéuticos de los medicamentos no autorizados en el Estado miembro afectado, permitan en sí mismas que los farmacéuticos puedan promover, entres sus clientes, la importación de tales medicamentos. Así, no es plausible un aumento de las importaciones de medicamentos no autorizados, tal como se describe en el apartado 34 de la presente sentencia.
40. Por consiguiente, en este contexto normativo, la difusión de medicamentos como los controvertidos en el litigio principal entre los farmacéuticos no puede tener consecuencias sobre el volumen de las importaciones de medicamentos no autorizados en el Estado miembro afectado y, por lo tanto, no puede menoscabar el carácter excepcional de tales importaciones.
41. De lo antedicho se desprende que una prohibición como la que se establece en el artículo 8 de la HGW, considerada en su contexto normativo, va más allá de lo necesario para lograr el objetivo de garantizar que la importación de medicamentos no autorizados siga siendo excepcional, para preservar el efecto útil del procedimiento de autorización de la comercialización, en la medida en que esta prohibición se aplique a la difusión, entre los farmacéuticos, de listas de medicamentos no autorizados como los controvertidos en el litigio principal.
42. Por consiguiente, es preciso concluir que la aplicación de una disposición como el artículo 8 de la HWG a la difusión, entre los farmacéuticos, de listas de medicamentos como las controvertidas en el litigio principal no puede justificarse, en virtud del artículo 30 CE, por razones de protección de la salud y de la vida de las personas.
43. En la medida en que estas listas se refieren también a medicamentos importados de Estados terceros parte en el Acuerdo EEE, es preciso señalar que las normas relativas a las restricciones a la libre circulación de mercancías enunciadas en los artículos 11 y 13 de este Acuerdo son en esencia idénticas a las establecidas en los artículos 28 CE y 30 CE. Por consiguiente, a la luz de la conclusión que figura en el apartado anterior de esta sentencia, procede declarar que, en la medida en que se opone a la difusión entre los farmacéuticos de listas de medicamentos como las controvertidas en el litigio principal, la prohibición de publicidad establecida por un disposición como el artículo 8 de la HGW no puede justificarse en virtud del artículo 13 del Acuerdo EEE.
44. A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión planteada que una prohibición de publicidad como la establecida en el artículo 8 de la HWG no debe apreciarse a la luz de las disposiciones relativas a la publicidad de la Directiva 2001/83, sino a la luz de los artículos 28 CE y 30 CE y 11 y 13 del Acuerdo EEE. Los artículos 28 CE y 11 del Acuerdo EEE se oponen a esta prohibición, en la medida en que se aplica a la difusión, entre los farmacéuticos, de listas de medicamentos no autorizados cuya importación desde otro Estado miembro o un Estado tercero parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sólo está autorizada con carácter excepcional, que sólo contienen información relativa a la denominación comercial, a las dimensiones del envase, a la dosis y al precio de esos medicamentos.
Sobre la segunda cuestión
45. Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a la segunda cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente.
Costas
46. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
Una prohibición de publicidad como la establecida en el artículo 8 de la Heilmittelwerbegesetz (Ley alemana de publicidad de medicamentos) no debe apreciarse a la luz de las disposiciones relativas a la publicidad de la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, en su versión modificada por la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sino a la luz de los artículos 28 CE y 30 CE y 11 y 13 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992. Los artículos 28 CE y 11 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se oponen a esta prohibición, en la medida en que se aplica a la difusión, entre los farmacéuticos, de listas de medicamentos no autorizados cuya importación desde otro Estado miembro o un Estado tercero parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo sólo está autorizada con carácter excepcional, que sólo contienen información relativa a la denominación comercial, a las dimensiones del envase, a la dosis y al precio de esos medicamentos.