CELEX: 62003CJ0087
Pesca
Reglamento por el que se reparten las cuotas de capturas entre los Estados miembros
Acta de adhesión de España
Fin del período transitorio
Exigencia de estabilidad relativa
Principio de no discriminación
Nuevas posibilidades de pesca

1       Mediante sus recursos, el Reino de España solicita al Tribunal de Justicia la anulación del Reglamento (CE) nº 2341/2002 del
Consejo, de 20 de diciembre de 2002, por el que se establecen, para 2003, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes
para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques
comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (DO L 356, p. 12), en la medida en
que dicho Reglamento no asigna a España determinadas cuotas correspondientes a posibilidades de pesca que fueron objeto de
reparto en el Mar del Norte y en el Mar Báltico con posterioridad a su adhesión a la Comunidad (asunto C‑87/03) y en el Mar
del Norte con anterioridad a ésta (asunto C‑100/03).

Marco jurídico y procedimiento

Acta de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa
2       Los artículos 156 a 166 del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa y
a las adaptaciones de los Tratados (DO 1985, L 302, p. 23; en lo sucesivo, «Acta de adhesión») regulan, en particular, el
acceso de los buques españoles a las aguas comunitarias y a sus recursos. A tenor de lo dispuesto en el citado artículo 166,
el régimen así definido debía seguir siendo aplicable durante un período que finalizaba el 31 de diciembre de 2002 (en lo
sucesivo, «período transitorio»).

Reglamentos (CEE) n
os
170/83 y 172/83
3       Mediante el Reglamento (CEE) nº 170/83 del Consejo, de 25 de enero de 1983, por el que se constituye un régimen comunitario
de conservación y de gestión de los recursos de la pesca (DO L 24, p. 1; EE 04/02, p. 56), el legislador estableció normas
de reparto del volumen total de capturas entre los Estados miembros. El objetivo del Consejo de la Unión Europea era, entre
otros, contribuir a la estabilidad relativa de las actividades de pesca. Los considerandos quinto y séptimo del mencionado
Reglamento determinan el concepto de estabilidad relativa en el sentido de que su razón de ser es preservar las necesidades
particulares de las regiones cuyas poblaciones locales dependen especialmente de la pesca y de las industrias afines, tomando
en consideración la situación biológica momentánea de las existencias.
4       El Consejo procedió por primera vez al reparto de los recursos disponibles en las aguas comunitarias (en lo sucesivo, «reparto
inicial») mediante el Reglamento (CEE) nº 172/83, de 25 de enero de 1983, por el que se fijan, para determinadas poblaciones
o grupos de poblaciones de peces que se encuentran en la zona de pesca de la comunidad, los totales admisibles de capturas
para 1982, el volumen de estas capturas disponible para la Comunidad, el reparto de dicho volumen entre los Estados miembros
y las condiciones en que pueden pescarse los totales admisibles de capturas (DO L 24, p. 30).
5       Del cuarto considerando del Reglamento nº 172/83 se desprende que, a fin de permitir un reparto equitativo de los recursos
disponibles, el Consejo tuvo en cuenta de un modo muy especial las actividades de pesca tradicionales y las necesidades específicas
de las regiones que dependen especialmente de la pesca y de las industrias afines, así como la pérdida de potencialidades
de pesca en las aguas de los países terceros.

Reglamento (CEE) nº 3760/92
6       El Reglamento (CEE) nº 3760/92 del Consejo, de 20 de diciembre de 1992, por el que se establece un régimen comunitario de
la pesca y la acuicultura (DO L 389, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 1181/98 del Consejo, de 4
de junio de 1998 (DO L 164, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 3760/92»), derogó el Reglamento nº 170/83. El inciso i)
del apartado 4 de su artículo 8 dispone que el Consejo fijará para cada pesquería o grupo de pesquerías, en función de cada
caso, el total admisible de capturas, el total admisible de esfuerzo pesquero o ambos, en su caso, conforme a un régimen plurianual.
7       El artículo 8, apartado 4, inciso ii), del Reglamento nº 3760/92 dispone que el Consejo repartirá las disponibilidades pesqueras
entre los Estados miembros de modo que se asegure a cada Estado miembro una estabilidad relativa de las actividades de pesca,
para cada una de las poblaciones de peces de que se trate. Este concepto de estabilidad relativa se describe en los considerandos
duodécimo a decimocuarto del mismo Reglamento. Según el duodécimo considerando, la conservación y la gestión de los recursos
deben contribuir al incremento de la estabilidad de las actividades pesqueras y deben evaluarse sobre la base de una asignación
de referencia que refleje las orientaciones definidas por el Consejo. El decimotercer considerando reproduce en lo sustancial
los términos de la exposición de motivos del Reglamento nº 170/83 mencionados en el apartado 3 de la presente sentencia.
8       A tenor del artículo 8, apartado 4, inciso iii), del Reglamento nº 3760/92, cuando la Comunidad establezca nuevas oportunidades
de pesca dentro de una pesquería o grupo de pesquerías que no se hubieran ejercido anteriormente en el marco de la política
común de pesca, el Consejo decidirá sobre el método de asignación, teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados miembros.

Reglamento nº 2341/2002
9       Basándose específicamente en las disposiciones del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 3760/92, el Consejo adoptó el
20 de diciembre de 2002 el Reglamento nº 2341/2002, objeto del presente recurso.

Reglamento nº 2371/2002
10     El 20 de diciembre de 2002, el Consejo adoptó asimismo el Reglamento (CE) nº 2371/2002, sobre la conservación y la explotación
sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (DO L 358, p. 59), que deroga el Reglamento nº 3760/92
con efectos a partir del 1 de enero de 2003. El artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 2371/2002 dispone que los buques
pesqueros comunitarios gozarán de igualdad de acceso a las aguas y los recursos en todas las aguas comunitarias, las cuales
se definen en dicho artículo, sin perjuicio de las medidas adoptadas para garantizar la conservación y sostenibilidad de las
especies.
11     Bajo el epígrafe «Asignación de las posibilidades de pesca», el artículo 20, apartado 1, del citado Reglamento prevé que el
Consejo decidirá sobre las limitaciones de capturas o del esfuerzo pesquero y sobre la asignación de las posibilidades de
pesca entre los Estados miembros, así como las condiciones asociadas a dichas limitaciones. Las posibilidades de pesca se
distribuirán entre los Estados miembros de modo tal que se garantice a cada uno de ellos la estabilidad relativa de las actividades
pesqueras para cada población o pesquería.
12     El apartado 2 de dicho artículo dispone que, cuando la Comunidad establezca nuevas posibilidades de pesca, el Consejo decidirá
la asignación de dichas posibilidades teniendo en cuenta los intereses de cada Estado miembro.

Antecedentes de los litigios y procedimiento
13     En el curso de la negociación del Reglamento nº 2341/2002, relativo a las posibilidades de pesca para el año 2003, el Reino
de España, considerando que desde el final del período transitorio tenía derecho a participar en el reparto de las especies
sujetas a limitaciones de capturas en el Mar del Norte y en el Mar Báltico, presentó una solicitud al Consejo con vistas a
obtener cuotas de pesca en los dos mares mencionados.
14     El Reino de España sostuvo que los repartos de cuotas efectuados, tanto con anterioridad como con posterioridad a su adhesión
a la Comunidad, en la zona a la que la flota española no había tenido acceso durante el período transitorio, debían ser revisados
teniendo en cuenta, por un lado, la imposibilidad puramente legal de participar en dichos repartos en la que se había encontrado,
y, por otro lado, las capturas de la mencionada flota en el Mar del Norte durante el período que abarca los años 1973 a 1978.
15     El Consejo denegó la solicitud del Reino de España.
16     En tales circunstancias, el Reino de España decidió interponer los presentes recursos.
17     Mediante autos de 27 de junio y 28 de agosto de 2003, respectivamente, se admitió la intervención de la Comisión de las Comunidades
Europeas y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones del Consejo en los asuntos C‑87/03
y C‑100/03.
18     Mediante auto de 4 de abril de 2005, se acordó la acumulación de los asuntos C‑87/03 y C‑100/03 a efectos de la fase oral
y de la sentencia.

Pretensiones de las partes
19     El Reino de España solicita al Tribunal de Justicia que:
–       Anule el Reglamento nº 2341/2002 en la medida en que no le asigna determinadas cuotas de pesca en las aguas del Mar del Norte
y del Mar Báltico.
–       Condene en costas al Consejo.
20     El Consejo, apoyado por la Comisión y por el Reino Unido, solicita al Tribunal de Justicia que:
–       Desestime los recursos.
–       Condene en costas al Reino de España.

Sobre los recursos
21     Mediante sus recursos, el Reino de España alega que, al no haberle asignado el Reglamento nº 2341/2002 determinadas cuotas
de pesca en el Mar del Norte y en el Mar Báltico, la flota española se encuentra en la práctica, pese a haber finalizado el
período transitorio, en la imposibilidad de pescar la mayoría de las especies sometidas a cuotas en los dos mares mencionados.
El Gobierno de dicho Estado miembro invoca varios motivos. Dos de los motivos son idénticos en los dos asuntos acumulados
y se basan, el primero de ellos, en la violación del principio de no discriminación, y, el segundo, en la infracción del Acta
de adhesión. Por otro lado, el Reino de España invoca un tercer motivo, que en el asunto C‑87/03 se basa en la infracción
del artículo 20, apartado 2, del Reglamento nº 2371/2002, y, en el asunto C‑100/03, en la violación del principio de estabilidad
relativa.
22     Aunque la violación del principio de estabilidad relativa tan sólo se invoca, como motivo formalmente diferenciado, en el
asunto C‑100/03, tal violación se menciona igualmente en ambos asuntos para fundamentar las alegaciones de discriminación
y de infracción del Acta de adhesión. Por consiguiente, procede examinar primero dicho motivo en relación con los dos asuntos.

Sobre el motivo y las alegaciones que se basan en la violación del principio de estabilidad relativa
Observaciones de las partes
23     El Gobierno español alega que el principio de estabilidad relativa tiene alcance general y se aplica, por tanto, a los diferentes
repartos de cuotas, pero que el reparto inicial, que data de 1983, puede modificarse si concurren factores decisivos. La expiración
del período transitorio constituye uno de tales factores.
24     De lo anterior resulta, según dicho Gobierno, que el Reino de España se encuentra desde aquel momento plenamente integrado
en la política común de la pesca y, por consiguiente, que el reparto inicial efectuado con anterioridad a su adhesión a la
Comunidad debe modificarse de tal modo que dicho Estado pueda beneficiarse del mismo. Así pues, los buques españoles deben
obtener cuotas que tengan en cuenta los dos criterios utilizados con ocasión del reparto inicial, que han sido recordados
en el apartado 5 de la presente sentencia, a saber, las actividades de pesca tradicionales y las necesidades específicas de
las regiones que dependen especialmente de la pesca y de las industrias afines.
25     El mencionado Gobierno subraya que los buques españoles pescaron en el Mar del Norte entre los años 1973 y 1976. Sostiene
también que, de conformidad con el principio de estabilidad relativa, en el reparto de cuotas correspondiente al año 2003
únicamente debían tenerse en cuenta las regiones cuyas poblaciones locales dependían especialmente, en esas fechas, de la
pesca y de las industrias afines, pero no aquellas regiones que sólo habían presentado tales características en algún momento
del pasado.
26     El Consejo, la Comisión y el Reino Unido sostienen que el reparto de cuotas efectuado por el Reglamento nº 2341/2002 se atuvo
plenamente al objetivo de la explotación racional de los recursos y a las normas de reparto establecidas según el principio
de estabilidad relativa.
Apreciación del Tribunal de Justicia
27     Este Tribunal de Justicia ya ha declarado en la sentencia de 16 de junio de 1987, Romkes (46/86, Rec. p. 2671), apartado 17,
y ha confirmado en una serie de sentencias dictadas en 1992, que la exigencia de estabilidad relativa debe entenderse como
el mantenimiento de un porcentaje fijo para cada Estado miembro en el reparto de las posibilidades de pesca. El Tribunal de
Justicia añadió que el reparto inicial, efectuado teniendo en cuenta las cantidades medias pescadas por las flotas de los
diferentes Estados miembros durante el período comprendido entre los años 1973 y 1978, continuaría aplicándose hasta que se
hubiera adoptado un reglamento modificativo según el procedimiento seguido por el Reglamento nº 170/83 (véanse, en particular,
las sentencias Romkes, antes citada, apartado 6; de 13 de octubre de 1992, España/Consejo, C‑70/90, Rec. p. I‑5159, apartado
15, España/Consejo, C‑71/90, Rec. p. I‑5175, apartado 15, y España/Consejo, C‑73/90, Rec. p. I‑5191, apartado 28).
28     El Tribunal de Justicia también se ha pronunciado sobre las consecuencias de la adhesión de un nuevo Estado miembro a la Comunidad,
concretamente la del Reino de España. El Tribunal de Justicia declaró que un hecho de ese tipo no puede producir, por sí solo,
efectos jurídicos, dado que las condiciones de adhesión se regulan en el Acta correspondiente (véase la sentencia España/Consejo,
C‑70/90, antes citada, apartado 16). En lo que atañe a dicho Estado miembro, el Tribunal de Justicia declaró que, conforme
a lo dispuesto en el artículo 2 del Acta de adhesión, procede aplicar el acervo comunitario, es decir, las disposiciones de
los Tratados originarios y los actos adoptados por las instituciones de las Comunidades con anterioridad a la referida adhesión,
y, en particular, el principio de estabilidad relativa, tal como se aplicaba en 1983 (véanse las sentencias de 13 de octubre
de 1992, Portugal y España/Consejo, C‑63/90 y C‑67/90, Rec. p. I‑5073, apartados 31, 32 y 34, y España/Consejo, C‑70/90, antes
citada, apartados 19 y 29).
29     De lo anterior se deduce que la adhesión del Reino de España no tuvo como efecto obligar al Consejo a modificar el reparto
existente. Antes al contrario, la clave de reparto fijada con anterioridad a la mencionada adhesión forma parte del acervo
comunitario y resulta aplicable a dicho Estado miembro cuando el Consejo no haya introducido ninguna modificación.
30     En lo que atañe a la finalización del período transitorio, tal como se define en el Acta de adhesión, únicamente puede tener
los efectos jurídicos previstos en la misma. Ahora bien, el Acta de adhesión no prevé una modificación de la clave de reparto,
que surtiría efecto en el momento de la expiración del período transitorio, y ni siquiera impone al Consejo la obligación
de revisar en ese momento la referida clave de reparto. Al no contener el Acta de adhesión disposiciones específicas y al
no haber introducido el Consejo modificación alguna en el momento de la expiración del período transitorio, continúa aplicándose
la clave de reparto existente, fijada de conformidad con el principio de estabilidad relativa.
31     Por otro lado, para justificar la modificación de la clave de reparto, no cabe invocar el hecho de que los buques españoles
pescaran en el Mar del Norte entre los años 1973 y 1976. En efecto, esa actividad pesquera cesó en 1977, como consecuencia
de la decisión que adoptaron los Estados ribereños del Mar del Norte de ampliar a 200 millas marinas sus zonas de pesca exclusiva,
en el marco de la evolución del Derecho internacional del mar. Posteriormente la mencionada situación se mantuvo en el acuerdo
bilateral celebrado en 1980 entre el Reino de España y la Comunidad Europea, siendo recogida más tarde en el Acta de adhesión.
32     Por consiguiente, en lo que atañe a la clave de reparto de las posibilidades de pesca fijada con anterioridad a la adhesión
del Reino de España a la Comunidad, el hecho de que la misma no haya sido modificada por un acto ulterior del Consejo, en
particular, por el Reglamento nº 2341/2002, no resulta contrario al principio de estabilidad relativa.
33     De lo anterior se deduce que procede desestimar el motivo basado en la violación del principio de estabilidad relativa, motivo
que se ha invocado en el asunto C‑100/03.
34     En línea con las consideraciones expuestas en el apartado 22 de la presente sentencia, procede examinar asimismo las alegaciones
formuladas en el marco del asunto C‑87/03 según las cuales el hecho de no haber revisado la clave de reparto para asignar
cuotas en el Mar del Norte y en el Mar Báltico que se aplicó por primera vez tras la adhesión del Reino de España supuso vulnerar
el referido principio de estabilidad relativa.
35     En lo que atañe a estas últimas asignaciones, procede declarar que el principio de estabilidad relativa, que figura en el
Reglamento nº 3760/92, sigue siendo pertinente.
36     El Consejo, apoyado por la Comisión, alega que definió un período de referencia reciente y representativo, que abarcaba varios
años, y que examinó las cantidades capturadas por los pescadores de los Estados miembros con el fin de tener en cuenta las
necesidades de las poblaciones que dependen especialmente de la pesca. Dado que hacía muchos años que los buques españoles
no faenaban en las aguas de que se trata, en el primer reparto no se asignó al Reino de España ninguna cuota, ni tampoco en
el reparto correspondiente al año 2003, de conformidad con el principio de estabilidad relativa.
37     El Gobierno español sostiene, por su parte, que debería haberse modificado el referido principio para tener en cuenta los
intereses de ese Estado miembro. Dicho Gobierno alega, en lo esencial, que, en lugar de distribuir las cuotas manteniendo
invariables los porcentajes establecidos con ocasión de los repartos efectuados en el curso del período transitorio, es decir,
en una época en la que el Reino de España no tenía posibilidad de beneficiarse de ellos, el Consejo debería haber tenido en
cuenta las actividades pesqueras de los buques españoles entre los años 1973 y 1976, así como las necesidades de las poblaciones
españolas que viven actualmente de la pesca.
38     A este respecto, debe recordarse que el reparto de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros, tal como está prevista
en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 3760/92, implica la necesidad de evaluar una situación económica compleja,
evaluación en relación con la cual el Consejo dispone de una amplia facultad de apreciación. Por consiguiente, el control
del juez debe limitarse a comprobar si la medida controvertida adolece de error manifiesto o de desviación de poder, o si
la autoridad de que se trate ha sobrepasado manifiestamente los límites de su facultad de apreciación (sentencias de 12 de
julio de 2001, Jippes y otros,  C‑189/01, Rec. p. I‑5689, apartado 80, y de 9 de septiembre de 2004, España/Comisión,  C‑304/01,
Rec. p. I‑7655, apartado 23).
39     En un contexto que se caracteriza, como han indicado el Consejo y la Comisión, por una pronunciada disminución de las especies,
es preciso considerar, en primer lugar, que el Consejo no vulneró el principio de estabilidad relativa al fijar, con ocasión
del primer reparto de cuotas de determinadas especies en el Mar del Norte y en Mar Báltico, un período de referencia reciente
que abarcaba varios años. En efecto, tal como resulta del apartado 42 de la sentencia de 25 de octubre de 2001, Italia/Consejo
(C‑120/99, Rec. p. I‑7997), el legislador comunitario dispone de una amplia flexibilidad en esta materia.
40     En segundo lugar, el Consejo tampoco violó el principio de estabilidad relativa al excluir del referido reparto al Reino de
España, habida cuenta de que durante el período transitorio no hubo buques españoles faenando en los dos mares mencionados.
41     Por último, procede llegar a la misma conclusión en lo que atañe al mantenimiento de dicha exclusión en el marco del reparto
de las posibilidades de pesca correspondiente al año 2003, habida cuenta del reparto anterior y de la circunstancia, recordada
en el apartado 31 de la presente sentencia, de que durante más de veinte años los buques españoles no habían pescado en los
dos mares mencionados las especies de que se trata.
42     De lo anterior se deduce que procede desestimar las alegaciones formuladas en el asunto C‑87/03 en relación con la violación
del principio de estabilidad relativa.

Sobre el motivo basado en la violación del principio de no discriminación
Observaciones de las partes
43     El Gobierno español alega que, a partir de la expiración del período transitorio, los buques españoles debían beneficiarse
no sólo de la igualdad de acceso a las aguas comunitarias, que no se les niega, sino también de la igualdad de acceso a los
recursos de tales aguas, lo que implica la asignación de cuotas de pesca en el Mar del Norte y en el Mar Báltico. Al no atribuir
tales cuotas al Reino de España, el Reglamento nº 2341/2002 no observa las condiciones de igualdad de trato y crea una discriminación
en perjuicio de los pescadores españoles.
44     No existe razón objetiva alguna que justifique esta discriminación. El Gobierno español añade que debe respetarse la regla
general de la plena aplicabilidad de todo el acervo comunitario a los nuevos Estados miembros a partir del mismo momento de
su adhesión. Las excepciones contenidas en un Acta de adhesión a esta plena aplicabilidad tienen carácter temporal y deben
interpretarse de manera restrictiva.
45     Aunque con anterioridad al 31 de diciembre de 2002 el Reino de España no podía invocar las actividades de pesca que los buques
españoles habían desarrollado en aguas del Mar del Norte durante el período de referencia de los años 1973 a 1978, habida
cuenta de que resultaba aplicable el régimen excepcional previsto en el Acta de adhesión, no sucede lo mismo con posterioridad
a dicha fecha. El Gobierno español añade que, a partir de ese momento, las mencionadas actividades deberían tenerse en cuenta
para modificar el reparto de las posibilidades de pesca vigente hasta la adhesión del Reino de España a la Comunidad y durante
el período transitorio. De este modo, deberían atribuirse al Reino de España cuotas de pesca en proporción con lo que los
buques españoles pescaban antes de la entrada en vigor del régimen comunitario de conservación de los recursos.
46     El Gobierno español añade que, de no haber sido por el período transitorio previsto en el artículo 166 del Acta de adhesión,
el Reino de España habría participado en los repartos de nuevas cuotas que tuvieron lugar a partir de 1986, en consideración
a tres factores: en primer lugar, las capturas realizadas por los pescadores españoles en el Mar del Norte durante los años
1973 a 1976, es decir, el período tomado en consideración para la primera formulación del principio de estabilidad relativa;
en segundo lugar, las capturas de las mismas especies en zonas conexas, y, en tercer lugar, las necesidades de los pescadores
españoles en capturas accesorias.
47     Según el Consejo, la Comisión y el Reino Unido, el Reglamento nº 2341/2002 no crea ninguna discriminación en perjuicio del
Reino de España. En efecto, éste recibe el mismo trato que los Estados miembros que no se beneficiaron del reparto inicial
de cuotas efectuado con anterioridad a su adhesión a la Comunidad y que representan alrededor de la mitad de los referidos
Estados. Aquellas dos instituciones y el Reino Unido subrayan que el Gobierno español no lleva a cabo la necesaria distinción
entre el concepto de acceso a las aguas comunitarias y el de acceso a sus recursos.
Apreciación del Tribunal de Justicia
48     La observancia del principio de no discriminación exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente
y que las situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado
(véase, en particular, la sentencia de 17 de octubre de 1995, Fishermen’s Organisations y otros, C‑44/94, Rec. p. I‑3115,
apartado 46).
49     Así pues, se suscita la cuestión de determinar si la situación del Reino de España es comparable a la de aquellos Estados
miembros a los que el Reglamento nº 2341/2002 no atribuyó cuotas de pesca en el Mar del Norte y en el Mar Báltico.
50     El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de examinar la cuestión de una posible discriminación en perjuicio de Estados
miembros que no habían obtenido determinadas cuotas de pesca con posterioridad a su adhesión a la Comunidad.
51     En el apartado 41 de la sentencia Portugal y España/Consejo, antes citada, se hace constar que la República Portuguesa alegó
que la flota de su país había desarrollado actividades pesqueras en aguas groenlandesas entre 1973 y 1977, es decir, durante
parte del período de referencia inicial, haciendo hincapié en que las cantidades pescadas por su flota eran comparables a
las capturadas por la flota alemana y netamente superiores a las capturadas por la flota del Reino Unido.
52     Sin embargo, el Tribunal de Justicia consideró que la situación de la República Portuguesa no era comparable a la de los demás
Estados miembros beneficiarios de los repartos. Declaró que, dado que el Acta de adhesión no ha modificado la situación existente
en materia de reparto de los recursos externos, sigue siendo aplicable el acervo comunitario, y que, por consiguiente, los
nuevos Estados miembros no pueden invocar circunstancias anteriores a la adhesión, entre ellas, en particular, sus actividades
pesqueras durante el período de referencia, para excluir la aplicación de las disposiciones controvertidas. A partir de su
adhesión, se encuentran en la misma situación que los Estados miembros excluidos de los repartos en virtud del principio de
estabilidad relativa de las actividades pesqueras, situación que se plasma concretamente, por lo que respecta a los Acuerdos
celebrados antes de la adhesión, en el reparto efectuado en 1983 (sentencia Portugal y España, antes citada, apartados 43
y 44).
53     Cabe aplicar el anterior razonamiento a los presentes asuntos. Del mismo se deduce que el Reino de España no se encuentra
en una situación comparable a la de aquellos Estados miembros cuyos buques se beneficiaron de cuotas con ocasión del reparto
inicial y, por consiguiente, que el Gobierno español no puede invocar las actividades pesqueras de los buques españoles en
el Mar del Norte entre los años 1973 y 1976, durante el período de referencia inicial. Su situación sí es comparable, en cambio,
a la de aquellos Estados miembros cuyos buques no obtuvieron tales cuotas, con independencia de que dichos Estados miembros
hubieran desarrollado o no una actividad pesquera en aguas del Mar del Norte o del Mar Báltico, o de ambos, durante el período
de referencia inicial.
54     Es preciso añadir que la finalización del período transitorio no modifica en nada la referida situación.
55     En efecto, el Consejo, la Comisión y el Reino Unido han alegado acertadamente que es importante distinguir entre el concepto
de acceso a las aguas y el concepto de acceso a los recursos. Aunque una vez finalizado el período transitorio el Reino de
España pueda tener de nuevo acceso a las aguas del Mar del Norte y del Mar Báltico, de ello no se deduce que los buques españoles
puedan tener acceso a los recursos de esos dos mares en las mismas proporciones que los Estados miembros que participaron
en el reparto inicial o en repartos ulteriores.
56     Tal como se hace constar en el apartado 41 de la presente sentencia, el Consejo pudo considerar fundadamente que, dado que
los buques españoles no habían pescado en aguas del Mar del Norte y del Mar Báltico durante más de veinte años, la falta de
atribución de cuotas no vulneraba el principio de estabilidad relativa de las actividades pesqueras de las poblaciones de
que se trata. De ello resulta que el Consejo pudo asimismo considerar fundadamente que el Reino de España no se encontraba
en una situación equivalente a la de aquellos Estados miembros cuyos buques habían pescado recientemente, en el curso del
período de referencia pertinente, en aquellas aguas.
57     Por consiguiente, el Consejo no actuó de un modo discriminatorio en perjuicio del Reino de España al no haber dado en el Reglamento
nº 2341/2002 el mismo trato a dicho Estado que a los Estados miembros que participaron en el reparto inicial de las cuotas
de pesca, antes de la adhesión de dicho Reino, o en repartos ulteriores, en el curso del período transitorio.
58     Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar el motivo basado en la violación del principio de no discriminación.

Sobre el motivo basado en la infracción del Acta de adhesión
Observaciones de las partes
59     El Gobierno español considera que, al no atribuir al Reino de España, con posterioridad a la adhesión de dicho Estado miembro
a la Comunidad, una parte de las cuotas de pesca que fueron objeto de reparto en relación con la zona de las aguas comunitarias
del Mar del Norte y del Mar Báltico, el Reglamento nº 2341/2002 prorroga el período transitorio más allá de lo previsto en
el Acta de adhesión, infringiendo, por tanto, sus disposiciones.
60     Según dicho Gobierno, debe aplicarse un razonamiento similar en lo que atañe al hecho de que en el mencionado Reglamento no
se revisara la clave de reparto fijada para el Mar del Norte con anterioridad a la adhesión del Reino de España a la Comunidad.
61     El Gobierno español estima que prorrogar las excepciones previstas en el Acta de adhesión más allá del período transitorio
fijado en la misma equivale a pasar por alto su carácter excepcional, temporal y limitado, así como su finalidad, a saber,
la integración gradual de un nuevo Estado miembro en la Comunidad.
62     El Consejo, la Comisión y el Reino Unido sostienen, por su parte, que las disposiciones del Acta de adhesión dejaron de ser
aplicables una vez finalizado el período transitorio y que, por lo tanto, ya no pueden constituir un criterio para determinar
la legalidad de las medidas adoptadas por el Consejo.
63     Por lo demás, añaden, el Acta de adhesión no exige ni tampoco prevé la revisión del sistema de reparto de cuotas.
Apreciación del Tribunal de Justicia
64     Procede recordar que los artículos 154 a 166 del Acta de adhesión únicamente definen el régimen aplicable en el sector de
la pesca en lo que atañe al período transitorio. Así pues, dichos artículos no pueden, en principio, servir de fundamento
para reclamaciones relativas a un período cuyo comienzo se sitúe en una fecha posterior a la finalización del período transitorio.
65     Además, del Acta de adhesión no resulta en modo alguno que el Consejo tuviera obligación de modificar en el futuro la clave
de reparto de las posibilidades de pesca adoptada antes de la adhesión del Reino de España o, después de ésta, en el curso
del período transitorio.
66     Aunque el régimen aplicable durante el período transitorio sea temporal por definición, ello no quiere decir que todas las
restricciones que prevé cesen automáticamente al finalizar dicho período, cuando tales restricciones resulten asimismo del
acervo comunitario aplicable al Estado miembro. Pues bien, tal como se hace constar en el apartado 29 de la presente sentencia,
el acervo comunitario incluye la clave de reparto establecida por la normativa existente en el momento de la adhesión del
Reino de España. En principio, dicha clave de reparto sigue en vigor mientras no sea modificada por un acto del Consejo. En
cuanto a los repartos de cuotas efectuados en el curso del período transitorio, no se rigen por el Acta de adhesión sino por
los Reglamentos que establecen las cuotas en cuestión y por el principio de la estabilidad relativa.
67     Así pues, el Consejo no infringió en modo alguno el Acta de adhesión por no haber atribuido al Reino de España en el Reglamento
nº 2341/2002 determinadas cuotas de pesca en el Mar del Norte.
68     Por consiguiente, debe desestimarse el motivo basado en la infracción del Acta de adhesión.

Sobre el motivo basado en la infracción del artículo 20, apartado 2, del Reglamento nº 2371/2002
Observaciones de las partes
69     El Gobierno español alega que, a partir de la expiración del período transitorio, las nuevas posibilidades de pesca en el
Mar del Norte y en el Mar Báltico que se repartieran en el transcurso de los años 1992 a 1998 debían asignarse, con arreglo
al artículo 20, apartado 2, del Reglamento nº 2371/2002, teniendo en cuenta los intereses de cada uno de los Estados miembros
y, por consiguiente, también los del Reino de España.
70     Ese mismo Gobierno subraya una vez más, en el marco del presente motivo, que, de no haber existido período transitorio, dicho
Estado miembro habría participado en los repartos de nuevas cuotas efectuados a partir de 1986.
71     El Consejo, la Comisión y el Reino Unido sostienen que las posibilidades de pesca que fueron objeto de asignación de cuotas
entre los Estados miembros con posterioridad a la adhesión del Reino de España, entre los años 1992 y 1998, no son nuevas
en el sentido del artículo 20, apartado 2, del Reglamento nº 2371/2002, ni tampoco a efectos del artículo 8, apartado 4, inciso iii),
del Reglamento nº 3760/92, y que, por consiguiente, el motivo invocado por el Gobierno español carece de fundamento.
Apreciación del Tribunal de Justicia
72     Es preciso señalar que, tal como alega el Consejo, el Reglamento nº 2341/2002 no se basa en el Reglamento nº 2371/2002, sino
en el Reglamento nº 3760/92. En consecuencia, no resulta pertinente la alegación de infracción del artículo 20, apartado 2,
del Reglamento nº 2371/2002.
73     Cabe observar, sin embargo, que el citado artículo 20, apartado 2, reproduce en lo sustancial lo dispuesto en el artículo
8, apartado 4, inciso iii), del Reglamento nº 3760/92.
74     En el caso de autos, por consiguiente, procede examinar el motivo invocado por el Reino de España como si hiciera referencia
a esta última disposición.
75     El Gobierno español menciona determinadas especies que alega fueron objeto de un primer reparto en el curso del período transitorio,
pero no cita ningún reglamento concreto para fundamentar sus afirmaciones.
76     En cambio, el Consejo y el Reino Unido sí citan, sin ser contradichos, dos de los Reglamentos a los que les parece que puede
referirse el Reino de España, a saber, el Reglamento (CE) nº 783/98 del Consejo, de 7 de abril de 1998, que modifica el Reglamento
(CE) nº 45/98 por el que se fijan los totales admisibles de capturas de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de
peces para 1998 y determinadas condiciones en que pueden pescarse (DO L 113, p. 8), y el Reglamento (CE) nº 1570/1999 del
Consejo, de 12 de julio de 1999, relativo a la distribución de las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones de peces
y que modifica el Reglamento (CE) nº 48/1999, por el que se establecen, para 1999, los totales admisibles de capturas de determinadas
poblaciones y grupos de poblaciones de peces y determinadas condiciones en que pueden pescarse (DO L 187, p. 5).
77     Procede señalar que las cuotas de pesca distribuidas por el Reglamento nº 2341/2002 para el año 2003 y que se refieren a las
especies a las que se aplican los dos Reglamentos mencionados en el apartado anterior no constituyen cuotas establecidas por
primera vez por el Consejo, sino, por el contrario, cuotas que fueron objeto de un reparto en el curso del período transitorio.
78     Por consiguiente, las cuotas en cuestión no constituyen nuevas posibilidades de pesca en el sentido del artículo 8, apartado
4, inciso iii), del Reglamento nº 3760/92, sino que se refieren a las posibilidades de pesca ya existentes, reguladas en el
artículo 8, apartado 4, inciso ii), del mismo Reglamento y sujetas al principio de estabilidad relativa.
79     Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el motivo del Reino de España basado en la infracción
del artículo 20, apartado 2, del Reglamento nº 2371/2002.
80     Al no haberse acogido ninguno de los motivos invocados por dicho Estado miembro, los presentes recursos deben ser desestimados.

Costas
81     A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado el Consejo que se condene en costas al Reino de España y al
haber sido desestimados los motivos formulados por este último, procede condenarlo en costas. Con arreglo al artículo 4, párrafo
primero, del mismo artículo, el Reino Unido y la Comisión cargarán con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)
Desestimar los recursos.
2)
Condenar en costas al Reino de España.
3)
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comisión de las Comunidades Europeas cargarán con sus propias costas.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.