CELEX: 62005CJ0274
Incumplimiento de Estado
Directiva 89/48/CEE
Trabajadores
Reconocimiento de títulos

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1, 3, 4, 7, 8 y 10 de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (
DO 1989, L 19, p. 16
), en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de (
DO L 206, p. 1
) (en lo sucesivo, «Directiva 89/48»):
—
al no reconocer los títulos expedidos por las autoridades competentes de otro Estado miembro en el marco de acuerdos de franquicia de enseñanza;
—
al haber previsto la aplicación de medidas de compensación en supuestos que van más allá de lo permitido por la Directiva;
—
al haber atribuido al Consejo de Reconocimiento de la Equivalencia Profesional de los Títulos de Enseñanza Superior (Symvoulio Anagnoriseos Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis; en lo sucesivo, «Saeitte») la competencia para examinar si «el centro de enseñanza en que el solicitante cursó su formación está integrado en el sistema de enseñanza superior» y en qué medida «el solicitante dispone de la experiencia profesional exigida, en el caso de que la duración de los estudios sea inferior al menos en un año a la que se exige en Grecia para el ejercicio de la misma profesión»;
—
al no haber tomado en consideración el reconocimiento profesional de las cualificaciones en lo relativo al empleo en el sector público y a la inscripción en el Techniko Epimelitirio Eladas (Colegio Técnico de Grecia), y
—
al haber exigido, para la inscripción en dicho Colegio Técnico, la presentación de documentos justificativos compulsados por una autoridad consular griega y traducidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores o por un abogado.
La principal cuestión jurídica planteada en el presente asunto es análoga a la suscitada en el asunto, cuya sentencia se pronuncia hoy, Comisión/España (C-286/06, Rec. p. I-8025). Ambos asuntos versan sobre en qué medida puede invocarse la Directiva 89/48 para obligar a un Estado miembro a reconocer títulos expedidos por las autoridades de otro Estado miembro al término de estudios cursados en su propio territorio.
Marco jurídico
Normativa comunitaria
De los considerandos tercero y cuarto de la Directiva 89/48 se desprende que ésta tiene por objeto el establecimiento de un sistema general de reconocimiento de títulos para facilitar a los ciudadanos europeos el ejercicio de todas las actividades profesionales en los Estados miembros de acogida que exijan haber realizado una formación postsecundaria, siempre y cuando estén en posesión de títulos que los capaciten para ejercer dichas actividades, que sancionen un ciclo de estudios de al menos tres años y que hayan sido expedidos en otro Estado miembro.
Concepto de «título»
El artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 establece:
«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a)
“Título”: cualquier título, certificado u otro diploma o cualquier conjunto de tales títulos, certificados u otros diplomas:
—
expedido por una autoridad competente en un Estado miembro, designada con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de dicho Estado,
—
que acredite que el titular ha cursado con éxito un ciclo de estudios postsecundarios de una duración mínima de tres años, o de una duración equivalente a tiempo parcial, en una universidad, en un centro de enseñanza superior o en otro centro de un nivel de formación equivalente y, en su caso, que ha cursado con éxito la formación profesional requerida, además del ciclo de estudios postsecundarios, y
—
que acredite que el titular posee las cualificaciones profesionales requeridas para acceder a una profesión regulada en dicho Estado miembro o ejercerla,
siempre que la formación sancionada por dicho título, certificado u otro diploma haya sido adquirida, principalmente, en la Comunidad, o cuando su titular tenga una experiencia profesional de tres años certificada por el Estado miembro que haya reconocido el título, certificado u otro diploma expedido en un país tercero.
Se equipararán los títulos a los efectos del párrafo primero, los títulos, certificados o diplomas, o cualquier conjunto de tales títulos, certificados u otros diplomas, expedidos por una autoridad competente en un Estado miembro, que sancionen una formación adquirida en la Comunidad, reconocida por una autoridad competente en dicho Estado miembro como de nivel equivalente, y que confiera los mismos derechos de acceso o de ejercicio de una profesión regulada».
Obligación de reconocimiento
El artículo 3, párrafo primero, de la Directiva 89/48 establece que un Estado miembro de acogida que supedita el acceso a una profesión a la posesión de un título no puede denegar a un nacional de un Estado miembro el acceso a dicha profesión, alegando insuficiencia de cualificación, si el solicitante acredita determinadas cualificaciones precisadas en ese artículo. Esto sucede, en particular, si el solicitante posee el título prescrito por otro Estado miembro para acceder a dicha profesión o ejercerla en su territorio, y lo ha obtenido en un Estado miembro.
Medidas de compensación
No obstante lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 89/48, su artículo 4 permite al Estado miembro de acogida exigir al solicitante, en determinadas circunstancias precisadas en él, que acredite que posee una experiencia profesional de determinada duración, que efectúe un período de prácticas durante tres años como máximo o que se someta a una prueba de aptitud (en lo sucesivo, «medidas de compensación»).
En virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), párrafo tercero, de la Directiva 89/48, el Estado miembro de acogida que impone medidas de compensación deberá en principio permitir al solicitante escoger entre el período de prácticas y la prueba de aptitud. Como excepción a este principio, el Estado miembro de acogida podrá exigir, bien un período de prácticas, bien una prueba de aptitud, por lo que se refiere a las profesiones «cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del derecho nacional y en las cuales un elemento esencial y constante del ejercicio de la actividad profesional sea la asesoría y/o asistencia relativas al derecho nacional». El establecimiento de excepciones a la facultad de elección del demandante respecto a otras profesiones está sujeto a la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 10 de esta Directiva, que presupone, en particular, una comunicación a la Comisión del proyecto de excepción y reconoce a esta última la facultad de oponerse en un plazo de tres meses a partir de su notificación.
Disposiciones relativas a las profesiones reguladas por asociaciones u organizaciones reconocidas por el Estado
El artículo 1, letra d), de la Directiva 89/48 distingue entre las actividades profesionales reguladas directa o indirectamente por el Estado y las reguladas por asociaciones u organizaciones reconocidas por el Estado. Según esta disposición, se entiende por:
«“actividad profesional regulada”: una actividad profesional cuyo acceso, ejercicio o alguna de sus modalidades de ejercicio en un Estado miembro estén sometidas directa o indirectamente, en virtud de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, a la posesión de un título. Constituye, en especial, una modalidad de ejercicio de una actividad profesional regulada:
—
el ejercicio de una actividad al amparo de un título profesional, en la medida en que sólo se autorice a ostentar dicho título a quienes se encuentren en posesión de un título determinado por las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas;
—
el ejercicio de una actividad profesional en el ámbito de la sanidad en la medida en que el régimen nacional de Seguridad Social supedite la remuneración y/o el reembolso de dicha actividad a la posesión de un título.
Cuando el párrafo primero no sea de aplicación, se equiparará a una actividad profesional regulada, una actividad profesional ejercida por los miembros de una asociación u organización cuyo objetivo sea promover y mantener un nivel elevado en el ámbito profesional de que se trate y que, para alcanzar dicho objetivo, goce de un reconocimiento bajo una forma específica otorgada por un Estado miembro y
—
que expida un título a sus miembros,
—
dicte normas profesionales a las que habrán que atenerse sus miembros, y
—
confiera a éstos el derecho de ostentar un título, abreviatura o condición que correspondan a tal título.
En el Anexo se incluye una relación no exhaustiva de asociaciones y organizaciones que, en el momento de la adopción de la presente Directiva, reúnen las condiciones que se contemplan en el párrafo segundo. Cada vez que un Estado miembro reconozca una asociación u organización, contemplada en el párrafo segundo, informará a la Comisión, que publicará esta información en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas».
El artículo 7, apartado 3, de la Directiva 89/48, que contiene una disposición especial para las profesiones reguladas por una asociación u organización en el sentido del artículo 1, letra d), párrafo segundo, de dicha Directiva, tiene el siguiente tenor:
«Cuando una profesión esté regulada en el Estado miembro de acogida a través de una asociación [u] organización del tipo que se menciona en la letra d) del artículo 1, los nacionales de los Estados miembros no estarán autorizados a utilizar el título profesional expedido por dicha organización o asociación, ni la abreviatura del mismo, a menos que acrediten su pertenencia a la misma.
Cuando la asociación u organización supedite la afiliación a determinados requisitos de cualificación, sólo podrá aplicarlos a nacionales de otros Estados miembros que estén en posesión de un título de los expresados en la letra a) del artículo 1 o de un diploma de formación en el sentido expresado en la letra b) del artículo 3, con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva, y en particular en los artículos 3 y 4.»
Pruebas que el Estado miembro de acogida puede exigir
En virtud del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 89/48, el Estado miembro de acogida aceptará como prueba del cumplimiento de las condiciones enunciadas en los artículos 3 y 4 de esta Directiva los certificados y documentos expedidos por las autoridades competentes de los Estados miembros, que el interesado deberá presentar en apoyo de su solicitud de ejercicio de la profesión de que se trate.
Normativa nacional
El Decreto presidencial 165/2000, de 28 de junio de 2000 (FEK A’ 149), en su versión modificada por los Decretos presidenciales 373/2001, de (FEK A’ 251), y 385/2002, de (FEK A’ 334) (en lo sucesivo, «Decreto 165/2000»), tiene como finalidad incorporar la Directiva 89/48 al ordenamiento jurídico griego.
El artículo 10 del Decreto 165/2000 atribuye una competencia exclusiva al Saeitte, al que el artículo 11 de dicho Decreto encomendó la misión de resolver las solicitudes de reconocimiento de títulos de enseñanza superior incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/48.
Las disposiciones concretas del Derecho nacional cuestionadas mediante las imputaciones de la Comisión se identificarán en el marco de la apreciación de dichas imputaciones.
Procedimiento administrativo previo
A raíz de las denuncias presentadas por 37 particulares, la Comisión estimó que la normativa helénica no era conforme con la Directiva 89/48 en varios aspectos. Por ello, el 27 de julio de 2001 envió a la República Helénica un escrito de requerimiento, al que siguió otro escrito de requerimiento complementario de . La República Helénica respondió a estos escritos mediante cartas de y de , respectivamente.
Al considerar que estas respuestas eran insatisfactorias, la Comisión dirigió a la República Helénica el 1 de julio de 2002 un dictamen motivado y el un dictamen motivado complementario, requiriendo a este Estado miembro para que tomara todas las medidas necesarias para atenerse a estos dictámenes en un plazo de dos meses a partir de sus respectivas notificaciones. La República Helénica respondió a dichos dictámenes mediante comunicaciones de , de y de .
Aunque admitió que la información comunicada por la República Helénica respondía en algunos aspectos a sus imputaciones, la Comisión mantuvo su postura de que la República Helénica no había adoptado todas las medidas necesarias para adaptar su Derecho interno a la Directiva 89/48. Consiguientemente, decidió interponer el presente recurso.
Sobre el recurso
En su demanda, la Comisión invocó siete motivos en apoyo de su recurso por incumplimiento. A la vista de los argumentos y precisiones proporcionados por el Gobierno helénico en su escrito de contestación, la Comisión desistió en la réplica de sus motivos cuarto y séptimo, de modo que no procede analizarlos.
Sobre el primer motivo, basado en el no reconocimiento de la formación impartida en el marco de un acuerdo de homologación
El primer motivo invocado por la Comisión se basa en la negativa sistemática a reconocer los títulos correspondientes a las formaciones impartidas en el marco de un acuerdo en virtud del cual una formación impartida por un organismo privado en Grecia es homologada por una autoridad competente de otro Estado miembro que expide títulos a los estudiantes que han completado dicha formación (en lo sucesivo, «acuerdo de homologación»).
A este respecto, no se discute que la República Helénica reserva exclusivamente a los centros públicos la enseñanza universitaria y superior. En consecuencia, deniega el reconocimiento tanto de las formaciones impartidas en el marco de un acuerdo de homologación como de los títulos expedidos por las autoridades competentes de otros Estados miembros al término de dichas formaciones.
Según la Comisión, esta negativa constituye una infracción de los artículos 1, letra a), y 3 de la Directiva 89/48. Esta institución sostiene que el título otorgado al término de una formación impartida en el marco de un acuerdo de homologación es un título, en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48, expedido por una autoridad competente en otro Estado miembro y, por tanto, la República Helénica debe reconocerlo en virtud del artículo 3 de esta Directiva.
La República Helénica sostiene, en cambio, que un Estado miembro de acogida no está obligado a reconocer un título expedido por una autoridad competente en otro Estado miembro cuando dicho título sanciona una formación cursada, total o parcialmente, en el Estado miembro de acogida y este último no reconoce que dicha formación esté integrada en el sistema de enseñanza superior.
Por una parte, la República Helénica señala que, conforme a los artículos 149 CE y 150 CE, el contenido y la organización tanto del sistema educativo como de la formación profesional son competencia de los Estados miembros. En consecuencia, las formaciones impartidas en el territorio de un Estado miembro se rigen por el Derecho interno de dicho Estado, que tiene libertad para definir, en particular, la forma jurídica de los centros de enseñanza superior, así como el contenido y el nivel de las formaciones universitarias o superiores impartidas por los centros públicos o privados existentes en su territorio. La obligación impuesta a un Estado miembro de reconocer una formación adquirida en su territorio como formación universitaria o superior cuando, según el Derecho nacional, no constituye tal formación, vulnera el reparto de competencias resultante de los artículos 149 CE y 150 CE.
En este contexto, la República Helénica señala que, en virtud del artículo 16 de la Constitución griega, la enseñanza universitaria y superior se garantiza en este Estado miembro, única y exclusivamente, por centros públicos, estando expresamente prohibida la creación de escuelas superiores por los particulares. En consecuencia, queda excluida cualquier posibilidad de que se reconozca como título universitario o de enseñanza superior un título académico expedido por una escuela privada establecida en Grecia.
Por otra parte, la República Helénica alega que, en lo relativo a las disposiciones específicas de la Directiva 89/48, la cuestión de si un centro de enseñanza situado en un Estado miembro es «una universidad, […] [o] un centro de enseñanza superior» u «otro centro de un nivel de formación equivalente», en el sentido del artículo 1, letra a), segundo guión, de la Directiva 89/48, debe apreciarse sólo a la vista del Derecho del Estado miembro en cuyo territorio se imparte la formación. Por tanto, la condición de los centros controvertidos en el caso de autos debe apreciarse sólo a la vista del Derecho griego. En la medida en que las formaciones impartidas en el marco de un acuerdo de homologación se cursan en centros situados en Grecia que no cumplen los requisitos establecidos por el Derecho griego, los títulos expedidos al término de estas formaciones no son títulos en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48. Por tanto, de la Directiva 89/48 no se deduce obligación alguna de reconocimiento en relación con estos títulos.
La Comisión replica, a este respecto, que tanto la formación impartida en el marco de acuerdos de homologación como los títulos expedidos a su término forman parte íntegramente del sistema de enseñanza del Estado miembro en que está situado el centro de enseñanza que expide el título, independientemente del Estado miembro en que la enseñanza se haya impartido. Según la Comisión, en virtud de los artículos 149 CE y 150 CE, corresponde al Estado miembro en que está situado el centro que expide el título determinar el contenido y la organización de la formación, así como evaluar el nivel de la enseñanza impartida. Asimismo, el artículo 16 de la Constitución griega no es aplicable a la formación impartida en el marco de acuerdos de homologación ya que ésta no pertenece al sistema educativo griego.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 4 de la Directiva 89/48, su artículo 3, párrafo primero, letra a), reconoce a todo solicitante en posesión de un «título», en el sentido de esta Directiva, que le permite ejercer una profesión regulada en un Estado miembro, el derecho a ejercer la misma profesión en cualquier otro Estado miembro.
La definición de «título» que figura en el artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 contiene ciertas reservas sobre la aplicabilidad de esta Directiva a las cualificaciones adquiridas en terceros Estados.
En cambio, ni el artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 ni ningún otro de sus artículos contiene limitación alguna en cuanto al Estado miembro en que un solicitante debe haber adquirido sus cualificaciones profesionales. En efecto, dicho artículo 1, letra a), párrafo primero, establece expresamente que basta con que la formación se haya adquirido, «principalmente, en la Comunidad». Según la jurisprudencia, esta expresión comprende tanto la formación adquirida íntegramente en el Estado miembro que haya expedido el título académico de que se trate como la adquirida íntegra o parcialmente en otro Estado miembro (sentencia de 29 de abril de 2004, Beuttenmüller,
C-102/02, Rec. p. I-5405
, apartado 41).
Además, no existe ningún motivo que pueda justificar tal limitación, pues la cuestión principal, a efectos de pronunciarse sobre la aplicabilidad de la Directiva 89/48, es si el solicitante está o no habilitado para ejercer una profesión regulada en un Estado miembro. Según el sistema establecido por esta Directiva, un título no se reconoce por el valor intrínseco de la formación que acredita, sino porque permite acceder a una profesión regulada en el Estado miembro en que se ha expedido o reconocido. La existencia de diferencias en la duración o en el contenido de la formación adquirida en otro Estado miembro respecto a la impartida en el Estado miembro de acogida no basta para justificar la denegación del reconocimiento de la cualificación profesional de que se trate. A lo sumo, si estas diferencias tienen un carácter sustancial, pueden justificar que, conforme al artículo 4 de dicha Directiva, el Estado miembro de acogida exija que el solicitante se someta a alguna de las medidas de compensación previstas en esta disposición (véanse, en este sentido, las sentencias Beuttenmüller, antes citada, apartado 52, y de 19 de enero de 2006, Colegio,
C-330/03, Rec. p. I-801
, apartado 19).
En efecto, el sistema general de reconocimiento de títulos de enseñanza superior establecido por la Directiva 89/48 está basado en la confianza recíproca que los Estados miembros tienen en las cualificaciones profesionales que otorgan. Este sistema establece, en sustancia, la presunción de que la cualificación de un solicitante habilitado para ejercer una profesión regulada en un Estado miembro es suficiente para el ejercicio de esta misma profesión en los demás Estados miembros.
Es inherente a este sistema, que no procede a armonización alguna de las formaciones que dan acceso a las profesiones reguladas, que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes que expiden los títulos que dan tal acceso verificar, a la luz de las normas aplicables a su sistema de formación profesional, si se cumplen las condiciones exigidas para su expedición. Puede señalarse, a este respecto, que el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 89/48 obliga expresamente al Estado miembro de acogida a aceptar, en todo caso, como prueba del cumplimiento de las condiciones de reconocimiento de un título, los certificados y documentos expedidos por las autoridades competentes de los demás Estados miembros. En consecuencia, el Estado miembro de acogida no puede examinar el fundamento sobre el que se expidieron dichos documentos, aunque sí puede efectuar controles sobre aquellos requisitos establecidos en el artículo 1, letra a), de la Directiva 89/48 cuyo cumplimiento no se desprenda ya del tenor de dichos documentos.
Por tanto, la apreciación de si el centro de enseñanza en que el poseedor del título cursó su formación es «una universidad, […] [o] un centro de enseñanza superior» u «otro centro de un nivel de formación equivalente», en el sentido del artículo 1, letra a), párrafo primero, segundo guión, de la Directiva 89/48, también debe realizarse únicamente a la luz de las normas aplicables al sistema de formación profesional del Estado miembro del que depende la autoridad competente que expide su título.
El enfoque defendido por la República Helénica al respecto, consistente en aplicar las normas adoptadas por el Estado miembro en que se cursó la formación, obligaría, en efecto, a las autoridades competentes que expiden los títulos a tratar de forma distinta a interesados que hayan cursado formaciones equivalentes en función del Estado miembro en que las hayan cursado.
Debe señalarse además que, según el propio tenor de la Directiva 89/48, no es necesario que la formación se haya adquirido en una universidad o en un centro de enseñanza superior. En efecto, según el artículo 1, letra a), segundo guión, de esta Directiva, basta con que sea un «centro de un nivel de formación equivalente». En consecuencia, la exigencia impuesta por esta disposición no pretende garantizar que el centro de enseñanza cumpla unos requisitos formales en cuanto a su estatuto, sino que se refiere esencialmente al nivel de la formación impartida. Este requisito está estrechamente vinculado a las características del título expedido. En consecuencia, la autoridad competente que expide el título debe realizar la apreciación correspondiente y garantizar que éste sólo se concede a quienes están suficientemente cualificados para ejercer la profesión regulada a que da acceso.
De las anteriores consideraciones se deduce que los artículos 1, letra a), y 3 de la Directiva 89/48 deben interpretarse en el sentido de que, sin perjuicio de la aplicación del artículo 4 de esta Directiva, un Estado miembro de acogida está obligado a reconocer un título expedido por una autoridad de otro Estado miembro aun cuando este título sancione una formación adquirida, total o parcialmente, en el Estado miembro de acogida y la legislación de este último Estado no reconozca la pertenencia de dicho título a la enseñanza superior.
Debe añadirse que esta interpretación no cuestiona la responsabilidad de la República Helénica por el contenido de la enseñanza y la organización del sistema educativo.
En primer lugar, debe destacarse a este respecto que la Directiva 89/48 no atañe al reconocimiento de los títulos de formación académica, sino tan sólo a las cualificaciones profesionales que dan acceso a profesiones reguladas.
Además, contrariamente a las directivas sectoriales sobre profesiones específicas, la Directiva 89/48 no tiene como objetivo armonizar las condiciones de acceso o de ejercicio de las distintas profesiones a las que se aplica y, por tanto, los Estados miembros conservan sus competencias para definir dichas condiciones dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario (sentencia de 7 de septiembre de 2006, Price,
C-149/05, Rec. p. I-7691
, apartado 54).
Finalmente, el método de reconocimiento establecido por la Directiva 89/48 no da lugar a un reconocimiento automático e incondicional de los títulos y las cualificaciones profesionales de que se trate. En efecto, el artículo 4 de esta Directiva permite expresamente imponer medidas de compensación cuando la formación cursada por un solicitante difiera desde el punto de vista de su duración o de su contenido de la formación exigida en Grecia.
Asimismo, dado que los títulos que sancionan formaciones impartidas en el marco de acuerdos de homologación son expedidos por las autoridades competentes de otros Estados miembros a la vista exclusivamente de las normas aplicables a sus respectivos sistemas de formación profesional, estos títulos no pertenecen, en el contexto de la Directiva 89/48, al sistema educativo griego. Por tanto, estas formaciones, cuya calidad corresponde garantizar a las autoridades competentes de los Estados miembros que expiden los títulos, no ponen en peligro el objetivo de que la formación universitaria griega mantenga un alto nivel.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar fundado el primer motivo de la Comisión.
Sobre el segundo motivo, basado en la imposibilidad de elegir entre diferentes tipos de medidas de compensación
El artículo 5, apartado 1, letra b), inciso bb), del Decreto 165/2000 establece el principio de que, cuando procede imponer medidas de compensación a un solicitante, este último puede optar entre un período de prácticas y una prueba de aptitud. En la misma disposición figura una excepción a este principio, enunciada en los términos siguientes:
«Esta facultad de opción no rige ni para las profesiones cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del Derecho nacional y en las cuales un elemento esencial y constante del ejercicio de la actividad profesional sea la asesoría y/o asistencia relativas al Derecho nacional, ni tampoco para el resto de profesiones que son objeto de disposiciones específicas.»
Según la Comisión, esta disposición contraviene los artículos 4, apartado 1, letra b), párrafo tercero, y 10 de la Directiva 89/48 en la medida en que establece una excepción al principio de que la elección del tipo de medidas de compensación corresponde al solicitante, no sólo en lo relativo a las profesiones que implican conocimientos del Derecho nacional, sino también «para el resto de profesiones que son objeto de disposiciones específicas».
Por la razón expuesta por la Comisión procede declarar fundado el segundo motivo invocado.
También la República Helénica reconoce el fundamento de este motivo y precisa que la disposición controvertida es fruto de un «error en la elaboración de la ley». Añade que está siendo tramitado un decreto presidencial que suprime la parte errónea de la frase.
Sobre el tercer motivo, basado en las competencias del Saeitte
A tenor del artículo 10, apartado 1, letra b), incisos aa) y bb), del Decreto 165/2000, el Saeitte tiene las siguientes competencias:
«La apreciación de toda cuestión determinante para el reconocimiento de una equivalencia profesional, en particular de:
aa)
si el centro de enseñanza en que el solicitante cursó su formación profesional está integrado en el sistema de enseñanza superior,
bb)
si el solicitante dispone de la experiencia profesional exigida, en el caso de que la duración de los estudios sea inferior al menos en un año a la que se exige en Grecia para el ejercicio de la misma profesión».
Según la Comisión, la disposición antes citada es contraria al artículo 8, apartado 1, de la Directiva 89/48, en la medida en que atribuye una competencia a una autoridad del Estado miembro de acogida para efectuar la verificación de elementos de hecho que, en virtud de este artículo, deben considerarse definitivamente acreditados por los certificados y documentos expedidos por las autoridades competentes del Estado miembro de origen.
Por la razón expuesta por la Comisión procede declarar fundado el tercer motivo invocado.
También la República Helénica reconoce el fundamento de este motivo y señala que está siendo tramitado un decreto presidencial que deroga el artículo 10, apartado 1, letra b), incisos aa) y bb), del Decreto 165/2000.
Sobre el quinto motivo, basado en la falta de reconocimiento de los títulos de empleados en el sector público
La Comisión formula un quinto motivo en el cuarto guión de las pretensiones de su demanda, relativo a la evolución de los salarios y a la carrera de los empleados en el sector público.
Según la Comisión, la práctica administrativa del Saeitte y de los distintos organismos del sector público helénico infringe el artículo 3 de la Directiva 89/48, en la medida en que priva a los poseedores de títulos en el sentido de esta Directiva, empleados en el sector público, del reconocimiento de la equivalencia profesional de sus títulos a efectos de su clasificación en una categoría jerárquica o salarial superior y, consiguientemente, de la posibilidad de ejercer su profesión en condiciones idénticas a las que disfrutan los poseedores de títulos nacionales.
La República Helénica se opone a este motivo. Alega, en su dúplica, que las disposiciones del Estatuto de la función pública que resultan de la Ley 2683/1999 (FEK A’ 19) confieren a quienes fueron contratados tras la entrada en vigor del Decreto 165/2000 y se consideran clasificados de modo erróneo en una determinada categoría del funcionariado, la posibilidad de solicitar su reclasificación en puestos de niveles superiores, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos por las disposiciones en vigor.
La República Helénica respondió a una pregunta formulada por el Tribunal de Justicia afirmando que las personas contratadas tanto antes como después de la entrada en vigor del Decreto 165/2000 tienen derecho a ser reclasificadas.
La República Helénica cita al respecto el artículo 70, apartados 1 y 2, del Estatuto de la función pública, que tiene el siguiente tenor:
«
Reclasificación en un puesto de categoría superior
1.   A petición propia, un funcionario podrá ser reclasificado en un puesto vacante de categoría superior dentro del mismo ministerio o de la misma persona jurídica de Derecho público. El funcionario deberá cumplir los requisitos formales y materiales exigidos para ocupar el puesto en que se reclasifica. No podrá reclasificarse a un funcionario en prácticas.
2.   Los funcionarios que en el momento de ser contratados cumplían los requisitos formales para ser contratados en un puesto de categoría superior no podrán ser reclasificados antes del transcurso de ocho años desde su contratación.»
La Comisión alegó en la vista que esta disposición no garantizaba la seguridad jurídica necesaria a los interesados contratados antes de la entrada en vigor del Decreto 165/2000 en un nivel inferior al que les habría correspondido si se hubieran reconocido sus títulos de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 89/48. A este respecto, la Comisión señaló, en particular, que según el artículo 70, apartado 2, del Estatuto de la función pública, un funcionario clasificado de manera errónea en un determinado nivel debía esperar ocho años desde su contratación para poder ser reclasificado en un puesto de categoría superior.
Además, en respuesta a una cuestión formulada por el Tribunal de Justicia en la vista, la Republica Helénica confirmó que, según el tenor del artículo 70, apartado 1, del Estatuto de la función pública, las personas clasificadas de modo incorrecto sólo pueden solicitar su reclasificación cuando se produzca una vacante de categoría superior dentro del mismo ministerio o de la misma persona jurídica de Derecho público.
Sobre estos aspectos, la República Helénica declaró, en la vista, que «se compromet[ía] a resolver todas las solicitudes de reclasificación del mejor modo posible» y que siempre intentaba reclasificar a quien debía serlo en virtud del Derecho comunitario. El período de espera de ocho años establecido en el artículo 70, apartado 2, del Estatuto de la función pública no afecta a quienes, como consecuencia de un error de la Administración, no fueron inicialmente clasificados en el nivel que les correspondía. Por otra parte, la República Helénica señaló que estaba dispuesta a regularizar, con efecto retroactivo, la situación de quienes no habían sido contratados en el nivel que les correspondía como consecuencia de la demora en la adaptación del Derecho nacional a la Directiva 89/48.
Procede recordar que las disposiciones de una directiva deben ejecutarse con ineludible fuerza imperativa, con la especificidad, precisión y claridad necesarias para cumplir la exigencia de seguridad jurídica. No son admisibles a este respecto meras declaraciones, como las emitidas por la República Helénica en la vista, las cuales, frente a disposiciones expresas del Estatuto de la función pública, mantienen a los sujetos de Derecho afectados en un estado de incertidumbre en cuanto al alcance de sus derechos y obligaciones en un ámbito regulado por el Derecho comunitario (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 24 de marzo de 1994, Comisión/Bélgica,
C-80/92, Rec. p. I-1019
, apartado 20; de , Comisión/Luxemburgo,
C-151/94, Rec. p. I-3685
, apartado 18, y de , Comisión/Bélgica,
C-415/01, Rec. p. I-2081
, apartado 21).
En consecuencia, procede declarar fundado el quinto motivo invocado por la Comisión en tanto en cuanto se basa en que la República Helénica no permite, en el sector público, la reclasificación en un nivel superior de quienes fueron contratados en un nivel inferior al que les habría correspondido si la autoridad competente hubiera reconocido sus títulos de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 89/48.
Sobre el sexto motivo, basado en las modalidades de inscripción en el Colegio Técnico de Grecia
La Comisión formuló un sexto motivo también en el cuarto guión de las pretensiones de su demanda, basado en las modalidades de inscripción en el Colegio Técnico de Grecia (Techniko Epimelitirio Ellados; en lo sucesivo, «TEE»).
En Grecia, la profesión de ingeniero es una profesión regulada cuyo ejercicio se reserva a los miembros del TEE. Éste es una persona jurídica de Derecho público bajo la tutela del Ministerio de Obras Públicas y constituido mediante el Decreto Presidencial de 27 de noviembre y 14 de diciembre de 1926, por el que se codifican las disposiciones y textos legales relativos a la composición del TEE (FEK A’ 430), en su versión modificada por la Ley n
o
1486/1984 (FEK A’ 161), y por el Decreto Presidencial n
o
512/1991, de 30 de noviembre y (FEK A’ 190).
El artículo 4, apartado 3, de la Ley 1486/1984 establece, en particular, que el TEE realizará los exámenes, concederá las habilitaciones para el ejercicio de la profesión de ingeniero de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y llevará los registros de los ingenieros.
La Orden interministerial n
o
ED 5/4/3399, de 14 de septiembre de 1984, del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Educación y Cultos (FEK B’ 713) definió el procedimiento de concesión, por el TEE, de la habilitación para ejercer la profesión de ingeniero. Esta Orden interministerial establece en su artículo único, apartados 1 y 2, lo siguiente:
«1.   El TEE concederá la habilitación para ejercer la profesión a los ingenieros titulados por las escuelas superiores nacionales así como a los ingenieros titulados por escuelas equivalentes establecidas en el extranjero tras superar un examen oral.
2.   Los interesados deberán presentar al TEE los justificantes siguientes:
[…]
d)
(para los poseedores de títulos extranjeros): certificado de conformidad del título presentado, expedido por el Centro Interuniversitario de Reconocimiento de los Títulos Extranjeros [(Diapanepistimiako Kentro Anagnoriseos Titlon Spoudon tis Allodapis; en lo sucesivo, “Dikatsa”)];
[…]»
Alegaciones de las partes
Según la Comisión, el TEE supedita la colegiación de ingenieros cualificados en otro Estado miembro y poseedores de un título en el sentido de la Directiva 89/48, por una parte, a la superación de un procedimiento de selección y, por otra parte, a la presentación de un certificado de conformidad de este título, expedido por Dikatsa. Basa esta afirmación en el tenor de la Orden interministerial ED 5/4/3399 y menciona las denuncias por falta de respuesta de decenas de solicitudes de colegiación en el TEE.
Según la Comisión, estos requisitos infringen el artículo 7, apartado 3, de la Directiva 89/48, ya que, en virtud de esta disposición, una asociación u organización profesional sólo puede supeditar la adquisición de la condición de miembro a la posesión de determinadas cualificaciones en las condiciones previstas por dicha Directiva, en particular en sus artículos 3 y 4.
La República Helénica reconoce expresamente que el TEE no puede supeditar la colegiación de los ingenieros poseedores de un título en el sentido de la Directiva 89/48 a la superación de un procedimiento de selección o a la presentación de un certificado expedido por Dikatsa. Cuando el Saeitte, único competente al respecto, ha reconocido el título de que se trata, el TEE está obligado a colegiar de oficio al interesado.
En cambio, la República Helénica rebate en el plano fáctico el motivo invocado por la Comisión. Alega que el TEE cambió su práctica a raíz de la adopción del Decreto 165/2000 y que, desde entonces, la colegiación de los interesados es automática, sobre la base de un reconocimiento del título por el Saeitte.
Según la República Helénica, la Orden interministerial ED 5/4/3399 no se aplica a los títulos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/48, reconocidos en virtud del Decreto 165/2000. Las pruebas de que se trata afectan sólo a las demás categorías de solicitantes que desean acceder a la profesión de ingeniero en Grecia. Los títulos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 89/48 se reconocen en virtud del Decreto 165/2000 y, en consecuencia, sus poseedores no deben someterse a un procedimiento de selección. Por tanto, el mero hecho de que la convocatoria del procedimiento de selección no mencione expresamente a los poseedores de tales títulos no puede dar lugar a una infracción de la Directiva 89/48. La República Helénica añade, en su escrito de dúplica, que el TEE tiene intención de modificar las convocatorias de los procedimientos de selección para evitar cualquier duda.
En lo relativo a las denuncias recibidas por la Comisión, la República Helénica insiste en que cada caso es particular y cita además seis casos concretos en que el TEE respondió inmediatamente a las solicitudes colegiando a los interesados.
La Comisión replica que el artículo 1 de la Orden interministerial ED 5/4/3399 se refiere de modo general a los «ingenieros titulados por las escuelas superiores nacionales así como a los ingenieros titulados por escuelas equivalentes establecidas en el extranjero», sin distinguir en función de que los títulos controvertidos se hayan o no reconocido en virtud del Decreto 165/2000. Aun cuando el TEE haya cambiado su práctica, la situación actual genera inseguridad jurídica para los trabajadores migrantes.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Según reconoce la República Helénica y se desprende, por otra parte, de la jurisprudencia, el TEE no puede supeditar la colegiación de ingenieros en posesión de un título en el sentido de la Directiva 89/48 a la superación de un procedimiento de selección o a la presentación de un certificado expedido por el Dikatsa (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2005, Peros,
C-141/04, Rec. p. I-7163
, apartados 35 y 39). Tales requisitos son contrarios al artículo 3, párrafo primero, letra a), de la Directiva 89/48.
Sin embargo, debe señalarse que la Comisión basa íntegramente este motivo en el artículo 7, apartado 3, de esta misma Directiva.
Pues bien, este artículo 7, apartado 3, sólo se aplica a las profesiones reguladas en el Estado miembro de acogida por una asociación u organización del tipo que se menciona en el artículo 1, letra d), párrafo segundo, de la Directiva 89/48.
A este respecto, debe señalarse que las actividades profesionales bajo la responsabilidad del TEE no están comprendidas en el ámbito de aplicación del párrafo segundo de la letra d) del artículo 1 de la Directiva 89/48, sino en el del párrafo primero de la letra d) de dicho artículo 1. En efecto, en Grecia, el acceso y el ejercicio de la profesión de ingeniero están directamente supeditados, por disposiciones legislativas, a la posesión de un título.
En estas circunstancias, el sexto motivo formulado por la Comisión no puede prosperar ya que se fundamenta únicamente en una disposición de la Directiva 89/48 que no es aplicable al caso de autos. En consecuencia, procede desestimar el sexto motivo invocado por la Comisión.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1, 3, 4, 8 y 10 de la Directiva 89/48:
—
al no reconocer los títulos expedidos por las autoridades competentes de otro Estado miembro al término de formaciones impartidas en el marco de un acuerdo de homologación;
—
al haber previsto la aplicación de medidas de compensación en supuestos que van más allá de lo permitido por la Directiva 89/48;
—
al haber atribuido al Saeitte la competencia para examinar si «el centro de enseñanza en que el solicitante cursó su formación está integrado en el sistema de enseñanza superior» y en qué medida «el solicitante dispone de la experiencia profesional exigida, en el caso de que la duración de los estudios sea inferior al menos en un año a la que se exige en Grecia para el ejercicio de la misma profesión»;
—
al no haber permitido, en el sector público, la reclasificación en un nivel superior de quienes fueron contratados en un nivel inferior al que les habría correspondido si sus títulos se hubieran reconocido de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 89/48.
Costas
Conforme al artículo 69, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Justicia podrá repartir las costas. Además, conforme al artículo 69, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, la parte que desista será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte. En estas circunstancias, procede condenar a la República Helénica a cargar con dos tercios de las costas de la Comisión y decidir que, en lo demás, cada parte cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

1)
Declarar que la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 1, 3, 4, 8 y 10 de la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años, en su versión modificada por la Directiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de :
—
al no reconocer los títulos expedidos por las autoridades competentes de otro Estado miembro al término de formaciones impartidas en el marco de un acuerdo en virtud del cual dichas autoridades homologan una formación impartida por un organismo privado en Grecia;
—
al haber previsto la aplicación de medidas de compensación en supuestos que van más allá de lo permitido por la Directiva 89/48, en su versión modificada por la Directiva 2001/19;
—
al haber atribuido al Consejo de Reconocimiento de la Equivalencia Profesional de los Títulos de Enseñanza Superior la competencia para examinar si «el centro de enseñanza en que el solicitante cursó su formación está integrado en el sistema de enseñanza superior» y en qué medida «el solicitante dispone de la experiencia profesional exigida, en el caso de que la duración de los estudios sea inferior al menos en un año a la que se exige en Grecia para el ejercicio de la misma profesión», y
—
al no haber permitido, en el sector público, la reclasificación en un nivel superior de quienes fueron contratados en un nivel inferior al que les habría correspondido si sus títulos se hubieran reconocido de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 89/48, en su versión modificada por la Directiva 2001/19.

2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)
Condenar a la República Helénica a cargar con dos tercios de las costas de la Comisión de las Comunidades Europeas y a cargar con sus propias costas.

4)
Condenar a la Comisión de las Comunidades Europeas a cargar con un tercio de sus propias costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: griego.