CELEX: 61989CJ0037
Funcionarios
Transferencia de derechos a pensión

Mediante resolución de 26 de enero de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de febrero siguiente, el Tribunal d'instance de París (cinquième arrondissement) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Weiser, funcionario del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y la Caisse nationale des barreaux français (en lo sucesivo, la «Caisse»).
El Sr. Weiser, que perteneció al Colegio de Abogados de Paris entre 1967 y 1984, pagó a la Caisse las correspondientes cotizaciones de jubilación. En 1985, tras recibir su nombramiento definitivo como funcionario del Tribunal de Justicia, solicitó la transferencia a las Comunidades de los derechos a pensión que causó en Francia, correspondientes al período de cotización comprendido entre 1967 y 1984.
El apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios prevé que el funcionario que entre al servicio de las Comunidades, tras haber cesado en el servicio de una Administración nacional o internacional o de una empresa, tendrá, en el momento de su nombramiento definitivo, la facultad de hacer transferir a las Comunidades bien el equivalente actuarial de los derechos a pensión de jubilación que hubiere causado en la Administración nacional, organización nacional o internacional, o empresa de que dependía, bien el total de las cantidades que hubiere devengado, en concepto de rescate de sus derechos, por la caja de pensiones de tal Administración, organización o empresa, en el momento de su cese en el servicio.
El Sr. Weiser recurrió a los Tribunales contra la decisión por la que la Caisse desestimó su solicitud de transferencia de los derechos a pensión. El Tribunal d'instance de París (cinquième arrondissement), ante el que se interpuso el recurso, planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«Un Abogado francés que deja de ejercer para hacerse funcionario ¿puede solicitar que se le aplique el apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas?»
Para una más amplia exposición del contexto normativo y de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Para responder a la cuestión planteada, debe en primer lugar determinarse el alcance del apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto. A tenor de esta disposición, pueden solicitar la transferencia de los derechos a pensión los funcionarios que con anterioridad prestaron servicio en una Administración, una organización nacional o internacional o una empresa.
Del propio texto del apartado 2 del artículo 11 se deduce que, antes de entrar al servicio de las Comunidades, el funcionario debe haber estado al servicio «de» una Administración, organización o empresa, lo cual sólo puede referirse'al servicio prestado con arreglo a un Estatuto o en virtud de un contrato, con carácter de trabajador por cuenta ajena, y no por cuenta propia.
Por consiguiente, el ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto se limita a las profesiones por cuenta ajena y no abarca aquellas actividades que se caracterizan por una autonomía económica y personal, como es la de Abogado.
De cuanto antecede se deduce que, en el estado actual del Derecho comunitario, una persona que ejerce una actividad por cuenta propia, como es la de Abogado, que deja de ejercer para hacerse funcionario de las Comunidades Europeas, no puede solicitar que se le aplique el apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Tanto la parte demandante en el asunto principal como la Comisión y el Consejo alegan, sin embargo, que tal interpretación textual de la citada disposición supone una violación del principio de igualdad de trato. Por su parte, el Gobierno francés indica, asimismo, que un resultado que condujera a excluir las profesiones liberales del ámbito de aplicación del apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto sería difícil de conciliar con tal principio general del Derecho comunitario.
Es reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia que la facultad de transferir los derechos a pensión constituye un derecho subjetivo, reconocido por el Estatuto, y que puede ser alegado tanto frente a los Estados miembros como frente a las instituciones comunitarias (véase la sentencia de 20 de octubre de 1981, Comisión contra Bélgica,
137/80, Rec. 1981, p. 2393
).
Por consiguiente, debe examinarse si la diferencia de trato entre los funcionarios con arreglo a su pasado profesional resulta conforme con el principio de igualdad de trato. Efectivamente, tal principio constituye un derecho fundamental que también vincula a las autoridades comunitarias cuando dictan normas destinadas a regir la función pública comunitaria y cuyo respeto debe garantizar el Tribunal de Justicia (véanse, recientemente, las sentencias de 18 de abril de 1989, Retter,
130/87, Rec. 1989, p. 865
, y de 14 de febrero de 1990, Schneemann,
C-137/88, Rec. 1990, p. I-369
).
Sobre este particular, debe ponerse de manifiesto que el legislador comunitario, al dictar las normas relativas a la transferencia al régimen de la Comunidad de los derechos a pensión causados en el sistema nacional por los funcionarios comunitarios, tiene la obligación de respetar el principio de igualdad de trato. Por ello, debe evitar dictar normas que traten a los funcionarios de una forma desigual, a menos que la situación de los interesados en el momento de su ingreso al servicio de las Comunidades justifique tales diferencias de trato por las especiales características del régimen de derechos a pensión que causaron o de la inexistencia de tales derechos.
Ahora bien, el mero hecho que antes de su ingreso al servicio de las Comunidades algunos funcionarios hayan causado derechos a pensión como trabajadores por cuenta ajena mientras que otros los causaron como trabajadores por cuenta propia no constituye, de cara a la aplicación de las normas contenidas en el artículo 11 del anexo VIII del Estatuto, una diferencia que justifique la concesión a unos y la denegación a otros de la posibilidad de transferir sus derechos, por cuanto, al menos, tanto unos como otros estuvieron afiliados a sistemas de jubilación que, al igual que los regímenes obligatorios, presentan unas características análogas a la hora de aplicar las disposiciones del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto.
En tales circunstancias, al limitar su ámbito de aplicación a aquellos funcionarios que hayan trabajado por cuenta ajena, el apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto regula de forma distinta situaciones personales que, habida cuenta de la índole y el objeto de la citada disposición, no ofrecen diferencias que puedan justificar semejante trato desigual.
Por todo ello, el apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto es inválido en la medida en que establece una diferencia de trato, en lo relativo a la transferencia de los derechos a pensión de un sistema nacional al régimen comunitario, entre los funcionarios que causaron tales derechos como trabajadores por cuenta ajena y los que los causaron como trabajadores por cuenta propia. Incumbe al legislador comunitario sacar de ello las consecuencias que procedan.
De cuanto antecede se deduce que procede responder a la cuestión planteada que una persona que ejerce una actividad por cuenta propia, como la de Abogado, que deja de ejercer para hacerse funcionario comunitario, no puede, en el estado actual del Derecho comunitario, solicitar que se le aplique el apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas. Dicha disposición, no obstante, es inválida en cuanto establece una diferencia de trato, en lo relativo a la transferencia de los derechos a pensión del sistema nacional al régimen de las Comunidades, entre los funcionarios que causaron tales derechos como trabajadores por cuenta ajena y los que los causaron como trabajadores por cuenta propia.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunal d'instance de París (cinquième arrondissement), mediante resolución de 26 de enero de 1989, declara:

Una persona que desarrolla una actividad por cuenta propia, como la de Abogado, que deja de ejercer para hacerse funcionario comunitario no puede, en el estado actual del Derecho comunitario, solicitar que se le aplique el apartado 2 del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

Dicha disposición, no obstante, es inválida en cuanto establece una diferencia de trato, en lo relativo a la transferencia de los derechos a pensión del sistema nacional al régimen de las Comunidades, entre los funcionarios que causaron tales derechos como trabajadores por cuenta ajena y los que los causaron por cuenta propia.

Due
Schockweiler
Zuleeg
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de junio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.