CELEX: 62006CJ0349
Acuerdo de Asociación CEE-Turquía
Artículo 59 del Protocolo Adicional
Artículos 7, párrafo primero, y 14 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación
Directiva 2004/38/CE
Derecho de residencia del hijo de un trabajador turco
Hijo mayor de edad que ya no está a cargo de sus padres
Multiplicidad de condenas penales
Legalidad de una decisión de expulsión

1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 59 del Protocolo Adicional, firmado el
23 de noviembre de 1970 en Bruselas y concluido, aprobado y confirmado en nombre de la Comunidad mediante el Reglamento (CEE)
nº 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972 (DO L 293, p. 1; EE 11/01, p. 213; en lo sucesivo, «Protocolo Adicional»),
y de los artículos 7 y 14 de la Decisión nº 1/80 del Consejo de Asociación, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo
de la Asociación (en lo sucesivo, «Decisión nº 1/80»). El Consejo de Asociación fue instituido mediante el Acuerdo por el
que se crea una Asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía, firmado en Ankara el 12 de septiembre de 1963 por
la República de Turquía, por una parte, y los Estados miembros de la CEE y la Comunidad, por otra, y concluido, aprobado y
confirmado en nombre de esta última en virtud de la Decisión 64/732/CEE del Consejo, de 23 de diciembre de 1963 (DO 1964,
217, p. 3685; EE 11/01, p. 18). Dicha petición tiene también por objeto la interpretación del artículo 28 de la Directiva
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión
y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica
el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE;
90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158, p. 77; en lo sucesivo, «Directiva 2004/38»).
2       Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre el Sr. Polat, nacional turco, y la Stadt Rüsselsheim, relativo
a un procedimiento de expulsión del territorio alemán.

Marco jurídico

Acuerdo de Asociación CEE‑Turquía
3       El artículo 59 del Protocolo Adicional tiene el siguiente tenor:
«En los ámbitos cubiertos por el presente Protocolo, Turquía no podrá beneficiarse de un trato más favorable que el que los
Estados miembros se conceden entre sí en virtud del Tratado constitutivo de la Comunidad.»
4       El artículo 7 de la Decisión nº 1/80 dispone:
«Los miembros de la familia de un trabajador turco que forme parte del mercado legal de trabajo de un Estado miembro que hayan
sido autorizados a reunirse con él:
–       tendrán derecho, sin perjuicio de la preferencia que debe concederse a los trabajadores de los Estados miembros de la Comunidad,
a aceptar cualquier oferta de empleo, siempre que lleven residiendo legalmente en el Estado miembro al menos tres años;
–       podrán acceder libremente a cualquier actividad laboral por cuenta ajena de su elección, siempre que lleven residiendo legalmente
en el Estado miembro al menos cinco años.
Los hijos de los trabajadores turcos que hayan adquirido una formación profesional en el país de acogida, independientemente
de la duración de su residencia en dicho Estado miembro, podrán aceptar en él cualquier oferta de empleo, siempre que uno
de sus progenitores haya ocupado legalmente un puesto de trabajo en el Estado miembro de que se trate durante al menos tres años.»
5       De conformidad con el artículo 14, apartado 1, de la misma Decisión:
«Las disposiciones de la presente sección se aplicarán sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden
público, seguridad y salud públicas.»

Normativa nacional
6       El artículo 47, apartado 1, de la Ausländergesetz (Ley de Extranjería, BGB1. 1990 I, p. 1354) dispone:
«1) Se expulsará a un extranjero cuando:
1.      haya sido condenado mediante sentencia firme, por uno o varios delitos dolosos, a una pena privativa de libertad o a una medida
especial para menores de al menos tres años; haya sido condenado mediante sentencia firme, por delitos dolosos, a varias penas
privativas de libertad o medidas especiales para menores con una duración total de al menos tres años durante un período de
cinco años, o cuando, en el caso de la última condena mediante sentencia firme, se haya ordenado su ingreso en prisión, o
2.      haya sido condenado mediante sentencia firme a una medida especial para menores de al menos dos años o a una pena privativa
de libertad por un delito doloso con arreglo a la Ley de estupefacientes, por perturbación de la paz pública [...] o por perturbación
de la paz pública en el marco de una reunión pública [...] y la ejecución de la condena no haya sido objeto de suspensión
condicional.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
7       De los autos se desprende que el Sr. Polat, nacido el 25 de junio de 1972, entró en Alemania en 1972, poco después de su nacimiento,
con objeto de la reagrupación familiar con sus padres, que residían en territorio alemán. Su padre trabajó por cuenta ajena,
con interrupciones, desde 1971 hasta 1991 y recibe una pensión de jubilación desde el 1 de octubre de 1991.
8       El Sr. Polat llevó a cabo su formación escolar en este Estado miembro, obteniendo un diploma de enseñanza secundaria. Desde
el 11 de julio de 1988, es titular de un permiso de residencia por tiempo indefinido en Alemania.
9       Entre 1989 y 1992, trabajó por cuenta ajena en el aeropuerto de Fráncfort.
10     Desde el 1 de febrero de 1996 hasta el 28 de noviembre de 1997, el Sr. Polat realizó su servicio militar en Turquía. Tras
su regreso a Alemania, trabajó de nuevo por cuenta ajena entre 1998 y 2000, viviendo entre 1998 y 2006 en el piso de sus padres,
que declaró como domicilio principal en 2000. Durante ese año contribuyó a las cargas familiares con 200 euros mensuales y
obtuvo ingresos de entre 400 y 1.400 euros mensuales. Desde 2000, ha percibido subsidios por desempleo trabajando por cuenta
ajena durante breves períodos.
11     Ya como menor de edad, el Sr. Polat cometió infracciones contra la Ley de estupefacientes y robos. Una vez cumplidos los 21 años,
fue condenado penalmente en 18 ocasiones, principalmente por robos y violación de la Ley de estupefacientes, en un primer
momento a penas de multa, nueve veces entre 1994 y 1995, y posteriormente a penas privativas de libertad con suspensión de
la ejecución entre 1998 y 2004.
12     Mediante carta fechada el 16 de julio de 2001, las autoridades nacionales le comunicaron que, como consecuencia de las infracciones
cometidas, tenían la intención de ordenar su expulsión. No obstante, tras su admisión en un establecimiento terapéutico las
autoridades renunciaron a la expulsión prevista.
13     Posteriormente, tras las frecuentes interrupciones de los tratamientos de desintoxicación y la persistencia del comportamiento
delictivo del Sr. Polat, el Amtsgericht Frankfurt am Main y el Amtsgericht Rüsselsheim revocaron la suspensión de la ejecución
de las penas impuestas y el Sr. Polat ingresó en prisión el 23 de junio de 2004, permaneciendo allí hasta el 8 de febrero
de 2006.
14     Mediante resolución de 14 de octubre de 2004, la Stadt Rüsselsheim acordó la expulsión del Sr. Polat del territorio alemán
y ordenó la ejecución inmediata de esta medida. El motivo que se adujo a la hora de adoptar esta resolución fue el hecho de
que las infracciones penales cometidas por el Sr. Polat y las condenas a las que dieron lugar dichas infracciones eran los
elementos constitutivos de la obligación de expulsión contemplada en el artículo 47, apartado 1, punto 1, de la Ley de extranjería.
15     La Administración competente consideró, a este respecto, que el Sr. Polat no se había integrado en Alemania. Ni las penas
de multa ni de prisión con suspensión de ejecución, ni las advertencias del Servicio de Inmigración, evitaron que cometiese
otros delitos graves. A juicio de la Administración, debía considerársele un delincuente reincidente cuya expulsión era necesaria
e indispensable por razones especiales de prevención.
16     Al haberse desestimado su reclamación contra la resolución de expulsión, el Sr. Polat interpuso, el 3 de agosto de 2005, un
recurso ante el Verwaltungsgericht Darmstadt, alegando que era la primera vez que ingresaba en prisión y que estaba buscando
activamente una plaza en un centro médico con el fin de seguir un tratamiento de desintoxicación y que, a la luz de estas
circunstancias, existían perspectivas reales de resocialización.
17     Ante esta situación, el Verwaltungsgericht Darmstadt decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Es compatible con el artículo 59 del Protocolo Adicional […] el hecho de que un nacional turco, que en su condición de hijo
se haya reunido mediante la vía de la reagrupación familiar con sus padres, trabajadores por cuenta ajena en la República
Federal de Alemania, no pierda su derecho de residencia derivado del derecho a aceptar cualquier oferta de empleo de su elección,
establecido éste en el artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80 [...] –salvo en los casos previstos
en el artículo 14 de esta Decisión y en el supuesto de que abandone el territorio del Estado miembro de acogida durante un
período de tiempo significativo y sin motivos legítimos–, aun cuando, una vez cumplidos los 21 años de edad, ya no conviva
con sus padres y no se halle a su cargo?
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:
2)      Un nacional turco cuya situación jurídica derivada del artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80
se haya extinguido por los motivos mencionados en la primera cuestión, ¿puede adquirirla de nuevo si, tras cumplir 21 años,
regresa por un período de más de tres años al hogar de sus padres, donde puede vivir gratuitamente y es mantenido, y su madre
realiza durante ese período una actividad económica de poca entidad (limpiadora que trabaja normalmente de 30 a 70 horas mensuales,
temporalmente 20 horas mensuales)?
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
3)      ¿Es distinta la situación jurídica si el miembro de la familia, durante su convivencia con el trabajador, ha recibido en varias
ocasiones tratamiento hospitalizado (desde el 30 de agosto de 2001 hasta el 20 de junio de 2002, y desde el 2 de octubre de
2003 hasta el 8 de enero de 2004)?
4)      ¿Es distinta la situación jurídica si el nacional turco, durante su convivencia con el trabajador, ha obtenido regularmente
ingresos propios mensuales de entre 400 euros como mínimo y 1.400 euros?
En caso de que deba considerarse que sigue existiendo una situación jurídica derivada del artículo 7, párrafo primero, segundo
guión, de la Decisión nº 1/80 (si se responde de modo afirmativo a la primera cuestión o de modo afirmativo a la segunda cuestión
y de modo negativo a las cuestiones tercera y cuarta):
5)      Un nacional turco que disfruta de la situación jurídica derivada del artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión
nº 1/80 y que vive desde 1972 en el territorio federal, ¿puede invocar la protección especial contra la expulsión del artículo
28, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/38/CE [...]?
6)      ¿Es distinta la situación jurídica si el nacional turco, dentro del período de diez años anterior a la adopción de la decisión
de expulsión, residió en Turquía desde el 1 de febrero de 1996 hasta el 28 de noviembre de 1997 para prestar su servicio militar?
En caso de respuesta negativa a la quinta cuestión o de respuesta afirmativa a la sexta cuestión:
7)      Un nacional turco que disfruta de la situación jurídica derivada del artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión
nº 1/80 y que vive desde 1972 en el territorio federal, ¿puede invocar la protección especial contra la expulsión del artículo
28, apartado 2, de la Directiva 2004/38?
En caso de respuesta negativa a la séptima cuestión:
8)      Un nacional turco que disfruta de la situación jurídica derivada del artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión
nº 1/80, ¿puede invocar la protección especial contra la expulsión del artículo 28, apartado 1, de la Directiva 2004/38?
En caso de que deba considerarse que sigue existiendo una situación jurídica derivada del artículo 7, párrafo primero, segundo
guión, de la Decisión nº 1/80 [...]:
9)      Una serie de pequeños delitos (esencialmente delitos contra la propiedad), que en sí mismos no suponen una amenaza real y
suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, ¿puede justificar, por su elevado número, una expulsión,
si existe la posibilidad de que se cometan más delitos, y si en caso de que sean nacionales los que se encuentran en una situación
semejante no se adopta ninguna medida?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Sobre la primera cuestión
18     Esta cuestión, que tiene esencialmente por objeto determinar los motivos por los cuales un nacional turco, como el Sr. Polat,
puede perder los derechos que se le otorgan, en el Estado miembro de acogida, en virtud del artículo 7, párrafo primero, segundo
guión, de la Decisión nº 1/80 en materia de libre acceso a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección y, correlativamente,
de residencia, se inscribe dentro del mismo marco jurídico y fáctico que dio lugar a la sentencia de 18 de julio de 2007,
Derin (C‑325/05, Rec. p. I‑0000).
19     Estas dos cuestiones, planteadas por el mismo órgano jurisdiccional remitente, se basan en la misma motivación y están redactadas
exactamente en los mismos términos.
20     Por consiguiente, la primera cuestión planteada en el presente asunto debe tener la misma respuesta que la que se dio en la
sentencia Derin, antes citada.
21     Procede, por tanto, responder a la primera cuestión que un nacional turco, autorizado a entrar cuando era niño en el territorio
de un Estado miembro en el marco de la reagrupación familiar y que ha adquirido el derecho a acceder libremente a cualquier
actividad por cuenta ajena de su elección con arreglo al artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80,
sólo pierde el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, que es el corolario de ese derecho de libre acceso,
en dos supuestos, a saber:
–       en los casos previstos en el artículo 14, apartado 1, de dicha Decisión o
–       cuando abandona el territorio del Estado miembro de que se trate por un período significativo sin motivos legítimos,
aunque sea mayor de 21 años, ya no esté a cargo de sus padres, sino que lleva una existencia autónoma en el Estado miembro
de que se trate, y no estuvo a disposición del mercado de trabajo durante varios años debido al cumplimiento de una pena privativa
de libertad de tal duración que se dictó contra él y cuya ejecución no fue suspendida.
En una situación como la del demandante en el asunto principal, la interpretación precedente no es incompatible con las exigencias
del artículo 59 del Protocolo Adicional.

Sobre la cuestiones segunda a cuarta
22     Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, no procede responder a las cuestiones segunda, tercera y cuarta.

Sobre las cuestiones quinta a octava
23     Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si
una persona que se encuentra en la situación del demandante en el litigio principal puede invocar los derechos que se derivan
del artículo 28 de la Directiva 2004/38.
24     Según este órgano jurisdiccional, la aplicación de la Directiva 2004/38 está justificada por el hecho de que el Tribunal de
Justicia ha interpretado el artículo 14 de la Decisión nº 1/80 a la luz de la Directiva 64/221/CEE del Consejo, de 25 de febrero
de 1964, para la coordinación de las medidas especiales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia,
justificadas por razones de orden público, seguridad y salud pública (DO 1964, 56, p. 850; EE 05/01, p. 36). Dado que esta
Directiva fue reemplazada por la Directiva 2004/38 y que, conforme al tenor del artículo 38, apartado 3, de esta última, las
referencias a las disposiciones de las Directivas derogadas se entenderán hechas a la Directiva 2004/38, en lo sucesivo es
necesario hacer referencia a ésta para determinar el alcance del artículo 14 de la Decisión nº 1/80.
25     Procede recordar que, de conformidad con el artículo 38, apartado 2, de la Directiva 2004/38, la Directiva 64/221 quedó derogada
con efectos a partir del 30 de abril de 2006.
26     Al haberse adoptado la resolución de expulsión de la que el Sr. Polat fue objeto el 4 de octubre de 2004 y al haberse interpuesto
el recurso ante el órgano jurisdiccional remitente el 3 de agosto de 2005, es forzoso declarar que, en el momento en el que
tuvieron lugar los hechos del litigio principal, la Directiva 64/221 aún estaba en vigor.
27     Por tanto, al no ser aplicable la Directiva 2004/38 al litigio principal, no procede responder a las cuestiones quinta a octava.

Sobre la novena cuestión
28     Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente si el artículo 14, apartado 1, de la Decisión
nº 1/80 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que una serie de pequeños delitos, que, considerados individualmente,
no suponen una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, pueda justificar una
orden de expulsión dictada contra un nacional turco, si existe la posibilidad de que se cometan más delitos, y si en caso
de que sean los propios nacionales los que se encuentran en una situación semejante, la condena penal no se acompaña de ninguna
otra medida.
29     Según jurisprudencia reiterada, los principios admitidos en el marco de los artículos 39 CE a 41 CE deben aplicarse, en la
medida de lo posible, a los nacionales turcos que gozan de los derechos reconocidos por la Decisión nº 1/80 (véanse, en particular,
las sentencias de 6 de junio de 1995, Bozkurt, C‑434/93, Rec. p. I‑1475, apartados 14, 19 y 20, y de 11 de noviembre de 2004,
Cetinkaya, C‑467/02, Rec. p. I‑10895, apartado 42).
30     De ello se deduce que, para determinar el alcance de la excepción de orden público prevista en el artículo 14, apartado 1,
de la Decisión nº 1/80, procede remitirse a la interpretación dada a esta excepción en materia de libre circulación de trabajadores
nacionales de los Estados miembros de la Comunidad. Tal interpretación está tanto más justificada por cuanto dicha disposición
está redactada en términos casi idénticos a los del artículo 39 CE, apartado 3 (sentencias de 10 de febrero de 2000, Nazli,
C‑340/97, Rec. p. I‑957, apartado 56, y Cetinkaya, antes citada, apartado 43).
31     Ahora bien, conforme al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 64/221, las medidas adoptadas por razones de orden público
o de seguridad pública, deberán estar fundamentadas, exclusivamente, en el comportamiento de la persona de que se trate. El
apartado 2 de este artículo precisa que la mera existencia de condenas penales no constituye por sí sola motivo para la adopción
de dichas medidas.
32     La existencia de una condena penal sólo puede apreciarse en la medida en que las circunstancias que dieron lugar a dicha condena
pongan de manifiesto la existencia de un comportamiento personal que constituya una amenaza actual para el orden público (véanse,
en particular, las sentencias de 27 de octubre de 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. p. 1999, apartado 28; de 19 de enero de 1999,
Calfa, C‑348/96, Rec. p. I‑11, apartado 24, y de 7 de junio de 2007, Comisión/Países Bajos, C‑50/06, Rec. p. I‑0000, apartado 41).
33     El Tribunal de Justicia siempre ha destacado que la reserva de orden público constituye una excepción al principio fundamental
de la libre circulación de las personas, que debe ser interpretada de forma restrictiva y cuyo alcance no puede ser determinado
por los Estados miembros unilateralmente (sentencias de 28 de octubre de 1975, Rutili, 36/75, Rec. p. 1219, apartado 27; Bouchereau,
antes citada, apartado 33; de 27 de abril de 2006, Comisión/Alemania, C‑441/02 , Rec. p. I‑3449, apartado 34, y Comisión/Países
Bajos, antes citada, apartado 42).
34     Según una jurisprudencia reiterada, la utilización, por parte de una autoridad nacional, del concepto de orden público requiere,
aparte de la perturbación social que constituye toda infracción de la ley, que exista una amenaza real y suficientemente grave
que afecte a un interés fundamental de la sociedad (sentencias Rutili, antes citada, apartado 27; de 29 de abril de 2004,
Orfanopoulos y Oliveri, C‑482/01 y C‑493/01, Rec. p. I‑5257, apartado 66, y Comisión/Alemania, antes citada, apartado 35).
35     En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado ya que sólo se puede privar a un nacional turco de los derechos que le
confiere directamente la Decisión nº 1/80 mediante la expulsión cuando tal medida esté justificada por la circunstancia de
que el comportamiento personal del interesado supone un riesgo concreto de nuevas perturbaciones graves del orden público.
Por tanto, tal medida no puede adoptarse de un modo automático a raíz de una condena penal y con una finalidad de prevención
general (sentencias Nazli, antes citada, apartados 61 y 63, y de 7 de julio de 2005, Dogan, C‑383/03, Rec. p. I‑6237, apartado 24).
36     A este respecto, la existencia de varias condenas penales no tiene, en sí misma, relevancia.
37     A mayor abundamiento, de la resolución de remisión se desprende que una condena penal dictada contra los propios nacionales
responsables de infracciones como aquellas que dieron lugar a la resolución de expulsión de que se trata en el asunto principal
no va acompañada de ninguna sanción accesoria.
38     A este respecto, basta recordar que las reservas contenidas en los artículos 39 CE y 46 CE permiten a los Estados miembros
adoptar, con respecto a los nacionales de los demás Estados miembros, especialmente por razones de orden público, medidas
que no podrían aplicar a sus propios nacionales, en el sentido de que no pueden expulsar a éstos del territorio nacional ni
prohibirles el acceso a él (véanse las sentencias de 4 de diciembre de 1974, Van Duyn, 41/74, Rec. p. 1337, apartados 22 y
23; de 18 de mayo de 1982, Adoui y Cornuaille, 115/81 y 116/81, Rec. p. 1665, apartado 7; Calfa, antes citada, apartado 20,
y de 26 de noviembre de 2002, Oteiza Olazabal, C‑100/01, Rec. p. I‑10981, apartado 40).
39     Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede responder a la novena cuestión que el artículo 14, apartado 1, de
la Decisión nº 1/80 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se ordene la expulsión de un nacional turco
que haya sido objeto de varias condenas penales, siempre y cuando su comportamiento personal constituya una amenaza real y
suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar
si éste es el caso en el asunto principal.

Costas
40     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
1)
Un nacional turco, autorizado a entrar cuando era niño en el territorio de un Estado miembro en el marco de la reagrupación
familiar y que ha adquirido el derecho a acceder libremente a cualquier actividad por cuenta ajena de su elección con arreglo
al artículo 7, párrafo primero, segundo guión, de la Decisión nº 1/80, de 19 de septiembre de 1980, relativa al desarrollo
de la Asociación, adoptada por el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Económica
Europea y Turquía, sólo pierde el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, que es el corolario de ese derecho
de libre acceso, en dos supuestos, a saber:
–
en los casos previstos en el artículo 14, apartado 1, de dicha Decisión o
–
cuando abandona el territorio del Estado miembro de que se trate por un período significativo sin motivos legítimos,
aunque sea mayor de 21 años, y no esté a cargo de sus padres, sino que lleva una existencia autónoma en el Estado miembro
de que se trate, y no estuvo a disposición del mercado de trabajo durante varios años debido al cumplimiento de una pena privativa
de libertad de tal duración que se dictó contra él y cuya ejecución no fue suspendida.
En una situación como la del demandante en el asunto principal, la interpretación precedente no es incompatible con las exigencias
del artículo 59 del Protocolo Adicional, firmado en Bruselas el 23 de noviembre de 1970 y concluido, aprobado y confirmado
en nombre de la Comunidad en virtud del Reglamento (CEE) nº 2760/72 del Consejo, de 19 de diciembre de 1972.
2)
El artículo 14, apartado 1, de la Decisión nº 1/80 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se ordene la
expulsión de un nacional turco que haya sido objeto de varias condenas penales, siempre y cuando su comportamiento personal
constituya una amenaza real y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad. Corresponde al órgano
jurisdiccional remitente comprobar si éste es el caso en el asunto principal.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.