CELEX: 61985CJ0232
Funcionario
Revalorización de un concurso

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 23 de julio de 1985, el Sr. Jean Victor Becker, funcionario de grado A 6 de la Comisión de las Comunidades Europeas, interpuso, al amparo del artículo 91 del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «el Estatuto»), un recurso que, en síntesis, pretende la anulación de la decisión de la Comisión, de 24 de abril de 1985, por la que se rechaza su reclamación del 30 de noviembre de 1984 dirigida contra la negativa de la Comisión a revalorizar el concurso interno COM/339/82.
El Sr. Becker fue contratado el 10 de enero de 1976 en calidad de agente temporal de la Comisión, clasificado en el grado A 5, para ejercer las funciones de administrador principal adjunto a un miembro de la Comisión. En virtud de varios contratos sucesivos, su relación laboral se prolongó hasta el mes de febrero de 1984. Por decisión del 6 de febrero de 1984, notificada el 15 siguiente, el demandante fue nombrado, tras el concurso COM/339/82 relativo a un empleo de la carrera A
7/A.
6, funcionario en prácticas clasificado en el grado A6.
El formulario de candidatura del Sr. Becker a dicho concurso, de 4 de julio de 1983, venía acompañado de una nota en la que recordaba unas promesas recibidas, según el demandante, de un antiguo miembro de la Comisión para su nombramiento definitivo en el grado A 5 y de unos informes que, al parecer, le habían dado los servicios de la Comisión, a cuyo tenor las únicas excepciones para un nombramiento en el grado inicial eran las previstas para las funciones de jefe de servicio especializado o funciones similares. Además, la nota expresaba que los servicios de la Comisión habían publicado con anterioridad varias convocatorias de concursos internos para cubrir puestos en las carreras A 5/A 4 y A 3.
El 27 de junio de 1984, el Sr. Becker presentó ante la AFPN una solicitud de revalorización del concurso COM/339/82 que le permitiese recibir el grado A 5. En dicha solicitud, expone que, de las convocatorias de concursos-oposición internos COM/296/80, COM/460/82 y COM/078/83, publicados tras su nombramiento y relativos a puestos de la categoría A 5/A 4, se deduce que las razones aducidas por los servicios de la Comisión para evitar su nombramiento en el grado A 5 eran inexactas. Esta solicitud fue rechazada el 6 de noviembre de 1984 por decisión del Director General de Personal, basándose en que los concursos aludidos por el Sr. Becker habían sido organizados en aplicación de las decisiones de la Comisión sobre política de selección de personal. Tras formular una reclamación al amparo del apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, rechazada el 24 de abril de 1985 por decisión del Vicepresidente de la Comisión, el Sr. Becker interpuso el presente recurso.
La Comisión se ha opuesto a la admisibilidad del recurso basándose en que no se había respetado el plazo para reclamar contra la decisión del 6 de febrero de 1984.
El demandante responde que el recurso fue presentado en tiempo hábil. Sostiene que hasta su nombramiento, en el momento de la publicación de los concursos mencionados, constitutiva de hechos nuevos, no había tomado conciencia de la discriminación sufrida. Por lo tanto, se debe considerar que el acto lesivo es la respuesta de la Comisión del 6 de noviembre de 1984.
Por lo que se refiere a los demás hechos del asunto y a la argumentación detallada de las partes, la Sala se remite al informe para la vista.
Conviene recordar que, a tenor del apartado 1 del artículo 90 del Estatuto, los funcionarios pueden solicitar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos que adopte una decisión con respecto a ellos. Sin embargo, según una reiterada jurisprudencia, esta facultad no permite al funcionario incumplir los plazos previstos por los artículos 90 y 91 del Estatuto para la presentación de la reclamación y el recurso, cuestionando, por medio de tal solicitud, una decisión anterior no recurrida en el plazo fijado. Estos plazos, establecidos con el fin de asegurar la claridad y la seguridad de las situaciones jurídicas, son de orden público y las partes no pueden sustraerse a ellos. De ello resulta que sólo la existencia de hechos nuevos de influencia notoria puede justificar la presentación de una solicitud de revisión de una decisión que haya adquirido firmeza.
En este caso concreto, el acto lesivo, en el sentido del apartado 1 del artículo 91 del Estatuto, que define la competencia del Tribunal en materia de recursos de funcionarios, lo constituye la decisión de la Comisión del 6 de febrero de 1984, por la que se nombra al demandante funcionario en prácticas de grado A 6. En efecto, esta decisión es la que determina las funciones atribuidas al demandante y la que en definitiva determina su correspondiente clasificación. Este acto no fue impugnado en los plazos previstos, por lo que conviene examinar hasta qué punto la aparición de un nuevo hecho de influencia notoria justifica su revisión una vez transcurridos los plazos establecidos.
A este respecto, procede hacer constar que la publicación de las convocatorias de varios concursos para cubrir puestos de grado A 5/A 4 no es un hecho nuevo. Tales convocatorias no modifican la situación jurídica del demandante. No afectan directamente al puesto del demandante, y no puede considerarse que le hayan permitido enterarse por primera vez de que la Comisión organiza concursos para cubrir puestos que no son de A 7/A 6. A mayor abundamiento, el demandante, ya en su formulario de candidatura de 4 de julio de 1983, había llamado la atención de los servicios de la Comisión sobre la existencia de excepciones a la regla del nombramiento definitivo en el grado inicial como consecuencia de un concurso interno.
A la vista de lo que antecede, hay que concluir que la situación del demandante no ha sido modificada en lo sustancial por la publicación, tras su nombramiento, de los mencionados concursos y, en consecuencia, éstos no pueden ser considerados como hechos nuevos en los que podría apoyar su pretensión el demandante.
Procede pues declarar la inadmisibilidad del recurso.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte vencida será condenada en costas. Sin embargo, según el artículo 70 del mismo Reglamento, irán a cargo de las instituciones los gastos causados a las mismas en los recursos de los agentes de las Comunidades.

En virtuel de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
decide:

1)
Declarar la inadmisibilïdad del recurso.

2)
Cada parte cargará con sus propias costas.

O'Higgins
Due
Bahlmann
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 13 de noviembre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Segunda
T.F. O'Higgins
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.