CELEX: 62004TJ0246
Funcionarios
Recurso de anulación
Admisibilidad
Recurso de indemnización

1.
Funcionarios — Recursos — Acto lesivo — Concepto — Acto de trámite
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
2.
Funcionarios — Recursos — Pretensión de indemnización presentada conjuntamente con una pretensión de anulación
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 90 y 91)
3.
Funcionarios — Calificación — Informe de calificación
(Estatuto de los Funcionarios, art. 43)
4.
Funcionarios — Promoción — Examen comparativo de los méritos
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 43 y 45)
5.
Funcionarios — Calificación — Informe de evolución de carrera
(Estatuto de los Funcionarios, art. 43)
6.
Funcionarios — Calificación — Informe de evolución de carrera
(Estatuto de los Funcionarios, arts. 43 y 45)
1.
Únicamente son lesivos, a efectos de los artículos 90 y 91 del Estatuto, los actos o las medidas que producen efectos jurídicos
obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando de manera caracterizada su situación jurídica
y que fijan definitivamente la posición de una institución. Cuando se trata de actos o de decisiones cuya elaboración se lleva
a cabo en varias fases, en particular al término de un procedimiento interno, únicamente constituyen actos impugnables las
medidas que fijan definitivamente la posición de una institución al término de dicho procedimiento, con exclusión de los trámites
intermedios, cuyo objetivo es preparar la decisión final.
Un «proyecto» de informe de calificación es un acto preparatorio que no produce ningún efecto jurídico que pueda afectar directamente
a los intereses del funcionario interesado y, por tanto, no es un acto lesivo respecto de éste.
(véanse los apartados 41 a 43)
Referencia: Tribunal de Primera Instancia, 24 de junio de 1993, Seghers/Consejo (T‑69/92, Rec. p. II‑651), apartado 28; Tribunal
de Primera Instancia, 28 de septiembre de 1993, Yorck von Wartenburg/Parlamento (T‑57/92 y T‑75/92, Rec. p. II‑925), apartado
36; Tribunal de Primera Instancia, 15 de junio de 1994, Pérez Jiménez/Comisión (T‑6/93, RecFP pp. I‑A‑155 y II‑497), apartado
34; Tribunal de Primera Instancia, 22 de marzo de 1995, Kotzonis/CES (T‑586/93, Rec. p. II‑665), apartado 29; Tribunal de
Primera Instancia, 17 de diciembre de 2003, McAuley/Consejo (T‑324/02, RecFP pp. I‑A‑337 y II‑1657), apartado 28
2.
Aunque el recurso de anulación y el recurso de indemnización constituyen vías autónomas de recurso, las pretensiones de indemnización
son inadmisibles cuando la acción de indemnización guarda una estrecha relación con una acción de anulación que, por otro
lado, ha sido declarada inadmisible. Éste es el caso cuando las pretensiones de indemnización tienen como única finalidad
lograr la reparación de las consecuencias del acto que se impugnaba mediante el recurso de anulación, que ha sido declarado
inadmisible, en particular cuando el recurso de indemnización tiene como única finalidad compensar las pérdidas de sueldo
que no habrían tenido lugar si, por otra parte, se hubiera estimado el recurso de anulación.
No obstante, cuando ambos recursos tengan su origen en actos o comportamientos distintos de la administración, el recurso
de indemnización no puede asimilarse al recurso de anulación, aun cuando ambos recursos conduzcan al mismo resultado pecuniario
para el demandante, de modo que la inadmisibilidad del recurso de anulación no entraña la del de indemnización.
(véanse los apartados 46 a 48)
Referencia: Tribunal de Justicia, 12 de diciembre de 1967, Collignon/Comisión (4/67, Rec. pp. 469 y ss., especialmente p. 480);
Tribunal de Justicia, 24 de junio de 1971, Vinck/Comisión (53/70, Rec. p. 601), apartados 8 a 15; Tribunal de Justicia, 13
de julio de 1972, Heinemann/Comisión (79/71, Rec. p. 579); Tribunal de Justicia, 14 de febrero de 1989, Bossi/Comisión (346/87,
Rec. p. 303); Tribunal de Primera Instancia, 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T‑27/90, Rec. p. II‑35), apartado 38; Tribunal
de Primera Instancia, 28 de junio de 2005, Ross/Comisión (T‑147/04, RecFP pp. I‑A‑171 y II‑771), apartado 39, y la jurisprudencia
citada
3.
La Administración debe velar por que los informes de calificación se redacten periódicamente en las fechas señaladas por el
Estatuto y por que se elaboren con regularidad, tanto por motivos de buena administración como para salvaguardar los intereses
de los funcionarios. En efecto, un retraso registrado en la elaboración de los informes de calificación puede, por sí mismo,
perjudicar al funcionario por el mero hecho de que el desarrollo de su carrera puede verse afectado por la falta de tal informe
en un momento en que deban adoptarse determinadas decisiones que le afectan. Un funcionario cuyo expediente personal es irregular
e incompleto experimenta por este motivo un perjuicio moral relativo al estado de incertidumbre y de inquietud en que se encuentra
acerca de su porvenir profesional. A falta de circunstancias particulares que justifiquen los retrasos comprobados, la Administración
incurre en una irregularidad que puede generar su responsabilidad.
(véanse los apartados 64 y 65)
Referencia: Tribunal de Justicia, 18 de diciembre de 1980, Gratreau/Comisión (156/79 y 51/80, Rec. p. 3943), apartado 15;
Tribunal de Justicia, 6 de febrero de 1986, Castille/Comisión (173/82, 157/83 y 186/84, Rec. p. 497), apartado 36; Tribunal
de Primera Instancia, 8 de noviembre de 1990, Barbi/Comisión (T‑73/89, Rec. p. II‑619), apartado 41; Tribunal de Primera Instancia,
28 de mayo de 1997, Burban/Parlamento (T‑59/96, RecFP pp. I‑A‑109 y II‑331), apartados 44 y 50; Tribunal de Primera Instancia,
12 de junio de 2002, Mellone/Comisión (T‑187/01, RecFP pp. I‑A‑81 y II‑389), apartados 77 y 78
4.
El informe de calificación constituye un elemento de juicio indispensable cuando el superior jerárquico toma en consideración
la carrera del funcionario. Incluso si un funcionario no tiene ningún derecho a ser promovido, sin embargo no puede excluirse
que la falta de informe de calificación en el momento del ejercicio de promoción pertinente tenga repercusión en su carrera.
Además, si bien es cierto que, en circunstancias excepcionales, la falta de informe de calificación pueda verse compensada
por la existencia de otras informaciones acerca de los méritos del funcionario, éstas deben responder a determinados requisitos
que incumbe a la institución demandada demostrar que se reúnen. En todo caso, un informe de calificación provisional e impugnado
por el interesado no puede, por sí mismo, servir de fuente de otras informaciones.
(véanse los apartados 70 a 72)
Referencia: Tribunal de Justicia, 17 de diciembre de 1992, Moritz/Comisión (C‑68/91 P, Rec. p. I‑6849), apartado 16; Tribunal
de Primera Instancia, 5 de octubre de 2000, Rappe/Comisión (T‑202/99, RecFP pp. I‑A‑201 y II‑911), apartados 38, 40, 52 y 56;
Tribunal de Primera Instancia, 7 de mayo de 2003, Den Hamer/Comisión (T‑278/01, RecFP pp. I‑A‑139 y II‑665), apartado 95
5.
Cuando se está en presencia al mismo tiempo de una modificación del sistema de calificación, de la adscripción del interesado
a nuevas funciones, acompañadas de diferencias materiales en la naturaleza de las funciones, y de un grado elevado de responsabilidades,
las posibles diferencias percibidas entre las apreciaciones realizadas sobre un funcionario con motivo de dos informes de
calificación sucesivos no pueden calificarse de «descenso de la calificación» que necesite de una motivación especial.
(véase el apartado 95)
6.
Se infringe el derecho de defensa de un funcionario cuando la administración, durante el procedimiento de evaluación, no respeta,
sin explicar los motivos, los requisitos formales previstos por una directiva interna que versa sobre modalidades específicas
que se refieren a los funcionarios de un servicio determinado y relativas a la consignación en el informe de evolución de
carrera, de los dictámenes recabados en las consultas preceptivas, de manera que el funcionario evaluado no puede dar a conocer
válidamente su opinión acerca de tal dictamen.
La mera referencia en el informe de evolución a la existencia de consultas no basta para advertir al funcionario interesado
de la existencia de un dictamen que tiene derecho a exigir que se incorpore.
Cuando un dictamen sobre un funcionario de grado elevado, representante de la Unión en tanto que jefe de delegación, es particularmente
negativo y por tanto, puede bajar su calificación, éste debe ser informado de manera clara e inequívoca para que pueda dar
a conocer válidamente su punto de vista.
Sin embargo, para que una violación del derecho de defensa suponga una anulación, es menester que, sin esta irregularidad,
el procedimiento hubiera podido concluir con un resultado diverso.
(véanse los apartados 134 y 147 a 149)
Referencia: Tribunal de Justicia, 29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión (209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125),
apartado 47; Tribunal de Justicia, 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión (C‑142/87, Rec. p. I‑959), apartado 48; Tribunal
de Primera Instancia, 23 de abril de 2002, Campolargo/Comisión (T‑372/00, RecFP pp. I‑A‑49 y II‑223), apartado 39