CELEX: 61990CJ0348
Funcionarios
Vacaciones
Indemnización compensatoria por vacaciones no disfrutadas

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 27 de noviembre de 1990, el Parlamento Europeo, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CEE y a las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, interpuso un recurso de casación contra la sentencia de 26 de septiembre de 1990, dictada en el asunto T-139/89, mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia anuló en parte la decisión del Parlamento Europeo de 1 de febrero de 1989 relativa a la compensación de las vacaciones no disfrutadas por uno de sus agentes temporales, la Sra. Gabriella Virgili-Schettini.
En apoyo de su recurso de casación, mediante el cual solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, el Parlamento alega tres motivos relativos, el primero de ellos, al hecho que el Tribunal de Primera Instancia declaró indebidamente la admisibilidad del recurso, el segundo, a la falta de motivación de la sentencia recurrida y, el tercero, a la infracción por parte del Tribunal de Primera Instancia del artículo 4 del Anexo V del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»).
Para una más amplia exposición de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe del Juez Ponente. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos documentos del expediente en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal de Justicia.
Mediante su primer motivo, el Parlamento imputa al Tribunal de Primera Instancia haber declarado la admisibilidad del recurso al considerar que al mismo había precedido la reclamación administrativa exigida por el apartado 2 del artículo 91 del Estatuto, siendo así que, en el caso de autos, esta reclamación no era válida ya que, contrariamente a lo previsto en el apartado 2 del artículo 90 del Estatuto, tan sólo procedía del Abogado de la Sra. Virgili-Schettini.
A este respecto, basta con señalar, corno lo ha hecho el Tribunal de Primera Instancia, que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la reclamación administrativa presentada por el funcionario no está sujeta a ningún requisito formal y su contenido debe ser interpretado y entendido por la Administración con toda la diligencia que una gran organización bien equipada debe a sus justiciables, incluidos los miembros de su personal (véase, especialmente, la sentencia de 9 de marzo de 1978, Herpels/Comisión,
54/77, Rec, p. 585
). En esta misma sentencia, el Tribunal de Justicia añadió que no cabe prohibir a los interesados recurrir al asesoramiento de un Abogado durante la fase administrativa previa. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia entendió, con razón, que supondría dar prueba de un formalismo de todo punto excesivo, carente de fundamento legal y contrario a la orientación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, exigir al funcionario que firme la nota de reclamación redactada por su Abogado.
De esto se sigue que debe desestimarse por infundado el primero de los motivos del Parlamento, sin que sea preciso comprobar si no debería declararse la inadmisibilidad del mismo por no haber sido expuesto ante el Tribunal de Primera Instancia.
Mediante su segundo motivo, el Parlamento afirma que los criterios jurídicos según los cuales se efectuó el cálculo que condujo a los 27 días de vacaciones que debían pagarse a la demandante no se deducen de la sentencia.
A este respecto, según los apartados 26, 27, 35 y 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia utilizó como fundamento jurídico el párrafo primero del artículo 4 del Anexo V del Estatuto, relativo a la acumulación de los días de vacaciones, y el artículo 58 del Estatuto, referente a la licencia por maternidad, para declarar, por una parte, que la acumulación de días de vacaciones en beneficio de la Sra. Virgili-Schettini era imputable a las necesidades del servicio y, por otra, que el Parlamento podía considerar, con razón, que las seis semanas anteriores al parto formaban parte de la licencia por maternidad. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estimó parcialmente la pretensión de la demandante y procedió a la deducción de los días correspondientes a la licencia por maternidad, punto en el cual estimó los argumentos del Parlamento.
De lo anterior se deduce que la sentencia recurrida tiene una motivación suficiente en lo relativo a los criterios jurídicos según los cuales se efectuó el cálculo de los días de vacaciones que el Parlamento debe indemnizar. Por consiguiente, debe desestimarse por infundado el segundo de los motivos del Parlamento.
Finalmente, mediante su tercer motivo, el Parlamento imputa al Tribunal de Primera Instancia haber declarado que el artículo 4 del Anexo V del Estatuto permitía a la Sra. Virgili-Schettini acumular un tiempo de vacaciones superior a los doce días sin presentar un certificado de sus superiores jerárquicos que acreditara que la citada acumulación extraordinaria tenía su origen en razones imputables a las necesidades del servicio. Al actuar de esta forma, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta ni la normativa interna de la Institución ni su facultad de organización interna, que una jurisprudencia reiterada reconoce a las Instituciones. Además, la citada interpretación tiene como efecto invertir la carga de la prueba al obligar al Parlamento a probar un hecho negativo, a saber, la falta de razones imputables a las necesidades del servicio.
A este respecto, debe subrayarse que, aun cuando las Instituciones están facultadas, en el marco de la potestad de organización interna que tienen reconocida, para establecer un procedimiento interno en materia de vacaciones, el citado procedimiento no obsta al derecho que asiste al funcionario de probar por cualquier medio que sus vacaciones se acumularon por razones imputables a las necesidades del servicio. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia interpretó correctamente el Estatuto al considerar que el criterio determinante para proceder a la acumulación de los días de vacaciones reside en saber si la citada acumulación se hallaba justificada o no por las necesidades del servicio en el cual se halla destinado el funcionario.
Con arreglo a este criterio, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la acumulación por parte de la demandante en primera instancia a lo largo de los años de unos días de vacaciones que no había agotado era imputable a las necesidades del servicio en el cual se hallaba destinada. Por tratarse de una valoración de los hechos del litigio, este Tribunal de Justicia carece de competencia para cuestionarla.
Por consiguiente, debe desestimarse por infundado el tercero de los motivos del Parlamento.
Costas
Conforme al apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Al haber sido desestimados los motivos formulados por el Parlamento, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
decide :

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar en costas al Parlamento.

Slynn
Joliét
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Primera
Gordon Slynn
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.