CELEX: 61989CJ0027
Agricultura
Trigo tierno panificable
Límites cuantitativos a la compra de intervención especial diferenciados por Estado miembro
Precio de compra y características tecnológicas

Mediante resolución de 22 de diciembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de febrero de 1989, el Tribunal administratif de Versalles planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la validez de determinados reglamentos agrarios comunitarios.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio promovido por demanda de la Société coopérative agricole de Rozay-en-Brie, Provins et environs (en lo sucesivo, «Scarpe»), apoyada en sus pretensiones por dos asociaciones que actúan como partes coadyuvantes, mediante la que solicitaba al Juez nacional que anulara la resolución de l'Office national interprofessionnel des céréales (en lo sucesivo, «ONIC»), por la que se aceptaba parcialmente el trigo tierno panificable que Scarpe había presentado a la intervención, en el marco de una medida especial de compra de intervención adoptada por la Comisión.
El apartado 1 del artículo 3 del Reglamento (CEE) n
o
2727/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (
DO L 281, p. 1
; EE 03/09, p. 13), posteriormente modificado por los Reglamentos (CEE) n
o
1143/76, de 17 de mayo de 1976 (
DO L 130, p. 1
; EE 03/10, p. 90), n
o
1151/77, de 17 de mayo de 1977 (
DO L 136, p. 1
; EE 03/12, p. 153), y n
o
1018/84, de 31 de marzo de 1984 (
DO L 107, p. 1
; EE 03/30, p. 125), prevé la fijación anual por la Comunidad de un precio de intervención único común a los cereales y, por lo que respecta al trigo tierno panificable y con el Nfin de incentivar su producción, de un precio de referencia de un importe superior. De conformidad con lo previsto en el apartado 2 del artículo 3 del citado Reglamento, el precio de referencia se fijará para el trigo tierno que responda a los criterios de la calidad tipo, así como a las exigencias requeridas al nivel de una calidad panificable media.
El apartado 2 del artículo 8 del citado Reglamento dispone que, cuando la situación del mercado del trigo blando panificable de la Comunidad lo exija, se podrán decidir medidas especiales de intervención de este cereal para apoyar el desarrollo de su mercado con relación al precio de referencia. No obstante, dichas medidas podrán afectar a calidades de trigo tierno panificable distintas de aquella respecto de la cual se haya fijado el precio de referencia y, en concreto, aplicarse al trigo tierno que responda a las exigencias mínimas requeridas para la panificación, mediante la correspondiente reducción.
De conformidad con lo previsto en el apartado 5 del artículo 7 del Reglamento n
o
2727/75, ya citado, la Comisión determinará, siguiendo el procedimiento del Comité de gestión, la calidad y cantidad mínimas exigibles en la intervención respecto de cada cereal, así como los haremos de reducción aplicables igualmente a la intervención.
Tras haber fijado en cada campaña el precio de referencia para la calidad mínima del trigo tierno panificable, y, posteriormente, para la calidad media, sin perjuicio de la aplicación a la calidad mínima de una reducción a tanto alzado también determinada por el Consejo, posteriormente, en su Reglamento (CEE) n
o
1019/84, de 31 de marzo de 1984, por el que se fijan para la campaña de comercialización 1984/1985 los precios aplicables en el sector de los cereales (
DO L 107, p. 4
), dicha institución estimó más apropiado no fijar, en el marco de dicho Reglamento, el precio aplicable a la calidad panificable mínima en el supuesto de medidas especiales de intervención, debiendo apreciarse su nivel cuando, eventualmente, se aplicaran dichas medidas.
Al no haber fijado el Consejo, para la campaña 1985/1986, el precio de intervención único común aplicable a los cereales ni el precio de referencia del trigo tierno panificable, la Comisión adoptó el Reglamento (CEE) n
o
2124/85, de 26 de julio de 1985 (DO L 198, p. 31), de medidas de orden cautelar en el sector de los cereales distintos del trigo duro. Teniendo presentes ciertas orientaciones surgidas en el seno del Consejo, el citado Reglamento fijó el precio de intervención único común para la campaña 1985/1986, a un nivel inferior, en un 1,8 %, al correspondiente a la campaña 1984/1985.
Posteriormente, la Comisión adoptó el Reglamento (CEE) n
o
400/86, de 21 de febrero de 1986, sobre la aplicación de una medida especial de intervención para el trigo blando de calidad panadera (
DO L 45, p. 22
). De conformidad con lo previsto en dicho Reglamento, los organismos nacionales de intervención comprarán las cantidades de trigo tierno que les sean ofrecidas, hasta un límite de 1000000 t para la República Federal de Alemania y de 200000 t para la República Francesa, entre otros; a reserva de la reducción que haya de aplicarse a las ofertas recibidas por los Estados miembros cuando la cantidad global ofrecida rebase la cantidad prevista.
Teniendo presentes las exigencias cualitativas del trigo tierno panificable definidas por el Reglamento, la Comisión, de cara a la aplicación de la medida especial de intervención de que se trata, fijó un precio superior en un 5 % al precio de intervención único común determinado por el Reglamento n
o
2124/85 de la Comisión, ya citado.
Dado que las cantidades ofrecidas por los productores franceses se elevaron a un importe global de 1699740 t, el ONIC, en aplicación del Reglamento n
o
400/86, ya citado, tuvo que aplicar a todas las ofertas un porcentaje de reducción del 88,23. Por el contrario, las cantidades ofrecidas en la República Federal de Alemania condujeron al organismo de intervención de dicho Estado a fijar un porcentaje de reducción del 2,55.
En virtud de la resolución de la ONIC referida y en concepto de medida de intervención especial, los servicios regionales de este organismo, mediante resolución de 19 de marzo de 1986, tomaron a su cargo 1560 t de trigo tierno panificable, sobre las 13250 t ofrecidas por Scarpe.
Esta última interpuso ante el Tribunal administratif de Versalles un recurso de anulación contra esta última resolución, alegando ante dicho órgano jurisdiccional que el Reglamento n
o
400/86, sobre cuya base se había adoptado la resolución impugnada, era ilegal desde dos puntos de vista. Por un lado, al fijar límites cuantitativos de compra de intervención diferenciados por Estados miembros, el Reglamento controvertido vulnera lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento n
o
2727/75, el principio de no discriminación, consagrado por el artículo 7 y por el apartado 3 del artículo 40 del Tratado CEE, así como la obligación de motivación impuesta por el artículo 190 del Tratado. En el supuesto de que se estimara que el Reglamento discutido se ajusta a las disposiciones reguladoras de la organización común de mercado del sector de los cereales, se suscitaría, igualmente, la cuestión relativa a su validez a la luz del principio de no discriminación.
Por otra parte, se alega que la Comisión fijó erróneamente y sin motivación alguna un precio especial de intervención, aplicable al trigo tierno panificable de que se trata, inferior al precio fijado para la campaña 1984/1985, respecto de un trigo tierno panificable de calidad inferior. De esta manera y en relación con el precio de referencia teórico que ha de determinarse aplicando al precio de referencia correspondiente a la campaña 1984/1985 el porcentaje de reducción de 1,8, resultante de las orientaciones surgidas en el seno del Consejo respecto de la campaña 1985/1986, la Comisión, mediante el Reglamento controvertido, redujo el precio de intervención especial en una cuantía superior a dicho porcentaje y, por lo tanto, rebasó su propio ámbito de competencias en materia de precios, que, a falta de decisión por parte del Consejo para la campaña 1985/1986, se limitaban a la facultad de adoptar medidas de orden cautelar.
Estimando pertinentes las alegaciones de la parte demandante, el órgano jurisdiccional nacional decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre la siguiente cuestión prejudicial:
«Si el Reglamento n
o
400/86 de la Comisión de las Comunidades Europeas, de 21 de febrero de 1986, junto con los Reglamentos n
o
2727/75, de 29 de octubre de 1975, y n
o
1146/76 del Consejo, de 17 de mayo de 1976, y el Reglamento n
o
1629/77 de la Comisión, de 20 de julio de 1977, infringen lo dispuesto en el artículo 7, en el apartado 3 del artículo 40 y en el artículo 190 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea.»
Para una más amplia exposición del contexto normativo y de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Procede señalar, en primer lugar, que, mediante sentencia de 8 de junio de 1989 (Association genérale des producteurs de blé et autres cereales contra Office national interpofessionnel des céréales,
167/88, Rec. 1989, p. 1653
) el Tribunal de Justicia declaró que, por lo que respecta a los límites cuantitativos de compra de intervención diferenciados por Estado miembro, el examen por este Tribunal de la validez de las mismas disposiciones comunitarias que las que son objeto del caso presente, no había revelado elemento alguno que pudiera afectar a su validez.
Por consiguiente, en el caso presente no queda sino examinar la validez del Reglamento n
o
400/86 en lo que atañe al precio de intervención especial fijado por la Comisión.
Sobre el motivo basado en la incompetencia de la Comisión
De una lectura conjunta de lo dispuesto en los apartados 2 y 5 del artículo 7 del Reglamento n
o
2727/75, se desprende que corresponde a la Comisión, siguiendo el procedimiento del Comité de gestión, determinar los haremos de reducción aplicables a la intervención cuando la calidad del cereal no responda a la calidad tipo respecto de la cual se haya fijado el precio de intervención.
Por otra parte, del contexto en que se sitúa jurídicamente el litigio principal se deduce que el Consejo se limitó a considerar que el nivel del precio aplicable al trigo tierno de calidad panificable mínima, en caso de medidas especiales de intervención, debía apreciarse en el momento de una eventual aplicación de dichas medidas, es decir, por la Comisión.
Por lo tanto, dado que, en virtud del apartado 4 del artículo 8 del Reglamento n
o
2727/75 la Comisión es competente, siguiendo el procedimiento del Comité de gestión, para decidir acerca de la naturaleza y aplicación de las medidas especiales de intervención, le correspondía necesariamente, en función de las exigencias del. mercado, determinar la reducción aplicable a una calidad de trigo tierno panificable inferior a la calidad media.
Esta competencia de la Comisión se infiere de modo implícito, en efecto, de la competencia que le ha otorgado el Consejo para adoptar medidas especiales de intervención referentes a la compra de un trigo tierno panificable distinto del de calidad media, competencia que, por otra parte, las partes coadyuvantes en el litigio principal no han discutido.
Estas últimas afirmaron expresamente, en sus observaciones escritas, que, dentro de sus facultades de gestión, la Comisión estaba igualmente habilitada para adoptar medidas especiales de intervención destinadas al trigo tierno de calidad mínima, debiendo, en todo caso, dicha institución determinar el nivel de precios.
De lo dicho se desprende que la Comisión no ha rebasado su propio ámbito de competencias en materia de precios al adoptar el Reglamento n
o
400/86.
Sobre el motivo basado en el nivel del precio de intervención especial
Consta que, en el caso de autos, la Comisión tuvo presente la política más restrictiva, anunciada por el Consejo en su Reglamento n
o
1019/84, ya citado, y puesta en práctica por la Comisión, con el objetivo de reducir los excedentes observados, en concreto, en el mercado del trigo tierno panificable.
De esta manera, la Comisión podía legítimamente definir exigencias cualitativas más severas de una campaña a otra, al mismo tiempo que reducía el precio especial de intervención y aplicaba una reducción mayor, incluso a calidades de trigo tierno panificable superiores.
No se aprecia, por consiguiente, que, al fijar el precio de intervención especial controvertido, la Comisión haya cometido un error manifiesto de apreciación.
Sobre el motivo basado en la motivación insuficiente del precio especial de intervención
Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal, confirmada, en concreto por la sentencia de 22 de enero de 1986 (Eridania,
250/84, Rec. 1986, p. 117
), que la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate, debiendo mostrar de manera clara y no equívoca el razonamiento de la autoridad comunitaria autora del acto impugnado, de manera tal que los interesados puedan conocer las razones que condujeron a la adopción de la medida impugnada y este Tribunal pueda ejercer su control jurisdiccional. Sin embargo, no cabe exigir que la motivación de los reglamentos especifique los diferentes elementos de hecho o de derecho recogidos en los reglamentos, a veces muy numerosos y complejos, siempre y cuando se integren dentro de la sistemática del conjunto del que forman parte.
Se deduce de lo anterior que el nivel del precio de intervención especial fijado por el Reglamento impugnado, se inscribe dentro del marco normativo constituido por las disposiciones reguladoras del mercado del trigo tierno panificable, así como de la nueva orientación de la política de precios anunciada y puesta en práctica por las instituciones comunitarias durante la anterior campaña de comercialización, razón por la cual era conocida de los agentes económicos del sector.
Así pues, no se aprecia que el Reglamento n
o
400/86 controvertido adolezca de una motivación insuficiente.
En virtud de lo expuesto, procede responder que el examen de la cuestión prejudicial no ha revelado elemento alguno que pudiera afectar a la validez de los Reglamentos a que se refiere el órgano jurisdiccional nacional.
Costas
Los gastos efectuados por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunal administratif de Versalles, mediante resolución de 22 de diciembre de 1988, decide:

Declarar que el examen de la cuestión prejudicial no ha revelado elemento alguno que pudiera afectar a la validez de los Reglamentos a que se refiere el órgano jurisdiccional nacional.

Schockweiler
Mancini
O'Higgins
Pronunciada en audiencia púbica en Luxemburgo, a 2 de mayo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Segunda
F. A. Schockweiler
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.