CELEX: 61988CJ0021
Contratos públicos de suministro
Reserva del 30 % de estos contratos a empresas situadas en una determinada región

Mediante resolución de 1 de abril de 1987, recibida en el Tribunal de Justicia el 20 de enero de 1988, el Tribunale amministrativo regionale della Toscana planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 30, 92 y 93 del Tratado CEE, para apreciar la compatibilidad con estas disposiciones de una normativa italiana que reserva a las empresas establecidas en la región del Mezzogiorno un porcentaje de los contratos públicos de suministro.
Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Du Pont de Nemours Italiana SpA, apoyada por Du Pont de Nemours Deutschland GmbH, y la Unità sanitaria locale n° 2 di Carrara (en lo sucesivo, «USL»), apoyada por la Sociedad 3M Italia, sobre las condiciones de adjudicación de un contrato de suministro de películas y líquidos de radiología.
Con arreglo a los aparta dos 16 y 17 del artículo 17 de la ley n° 64 de 1 de marzo de 1986 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), ei Estado italiano hizo extensiva a todos los organismos y Administraciones públicos asi como a los organismos y Sociedades con participación estatal, incluidas las USL situadas en el conjunto del territorio nacional, la obligación de suministrarse, al menos en un 30 % de sus necesidades, de empresas industriales, agrícolas y artesanales establecidas en el Mezzogiorno, en las que los productos de referencia surran una transformación.
Con arreglo a las disposiciones de esta legislación nacional, mediante decisión de 3 de junio de 1986, la USL determinó el procedimiento de licitación restringida de un contrato de suministro de películas y líquidos de radiología. En el pliego de clausulas particulares anexo, aquélla repartió el contrato en dos lotes, uno de los cuales igual al 30 % del importe global, se reservaba a las empresas establecidas en el Mezzogiorno. Du Pont de Nemours Italiana SpA impugnò esta decisión ante e Tribunale amministrativo regionale della Toscana, alegando que había sido exclura de la participación en el procedimiento de licitación de este lote, en razón de noposeer establecimientos en el Mezzogiorno. Mediante decisión de 15 de juno de 1986, la USL procedió a adjudicar el lote correspondiente al 70 % del importe global del contrato de referencia. Du Pont de Nemours Italiana SpA recurrió asimismo contra esta decisión ante el mismo Tribunal.
En el marco del examen de estos dos recursos, el órgano jurisdiccional nacional decidió plantear al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial las siguientes cuestiones :
1)
¿Debe ser interpretado el artículo 30 del Tratado, que prohibe las restricciones cuantitativas a la importación y toda medida de efecto equivalente, en el sentido de que se opone a la normativa nacional de que se trata?
2)
¿Tiene las características de una «ayuda», en el sentido del artículo 92, la obligación de reservar una parte de los pedidos, impuesta por el artículo 17 de la ley n 64 de 1 de marzo de 1986, en la medida en que se persigue el objetivo «de favorecer el desarrollo económico» de una región donde «el nivel de vida es anormalmente bajo», mediante la instalación de empresas que pueden contribuir al desarrollo socioeconómico de dichas regiones?
3)
¿Atribuye el artículo 93 del Tratado de forma exclusiva a la Comisión la función de apreciar la compatibilidad de las ayudas contempladas en el artículo 92, o incumbe dicha función igualmente al Juez nacional cuando verifica el posible conflicto de la Ley nacional con las normas del sistema jurídico comunitario?
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, de la normativa aplicable, así como de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
A. Sobre la primera cuestión
Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si el artículo 30, que prohibe las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente, se opone a una normativa nacional que reserva a las empresas establecidas en determinadas regiones del territorio nacional un porcentaje de los contratos públicos de suministro.
A este respecto, debe recordarse, de modo preliminar, que conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia iniciada por la sentencia de 11 de julio de 1974 (Dássonville,
8/74, Rec. 1974, p. 837, apartado 5
), el artículo 30, al prohibir las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación entre los Estados miembros, abarca toda normativa comercial que pueda obstaculizar directa o indirectamente, actual o potencialmente el comercio intracomunitário.
Por otra parte, hay que señalar, que a tenor del primer considerando de la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1976, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de suministro (
DO 1977, L 13, p. 1
; EE 17/01, p. 29; en lo sucesivo, «Directiva 77/62»), en vigor cuando se produjeron los hechos del litigio principal, «en virtud de los artículos 30 y siguientes del Tratado, están prohibidas las restricciones a la libre circulación de mercancías en el sector de los suministros públicos».
Por consiguiente, procede determinar el efecto que puede producir sobre la libre circulación de mercancías un régimen preferencial como el que se contempla en el asunto principal.
A este respecto, procede observar que dicho régimen, que favorece a las mercancías transformadas en una determinada región de un Estado, miembro, impide que las administraciones y organismos públicos afectados sé abastezcan, para satisfacer una parte de sus necesidades, de empresas situadas.en otros Estados miembros. En estas circunstancias, debe reconocerse que los productps originarios de otros Estados miembros son discriminados con relación a los productos fabricados en el Estado miembro de que se trata, y que de este modo se obstaculiza el normal curso de los intercambios intracomunitários.
Esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que dicho régimen preferencial produzca efectos limitativos en idéntica proporción tanto respecto de los productos fabricados por empresas del Estado miembro de que se trata que no están situadas en la región contemplada por el régimen preferencial, como respecto de los productos fabricados por empresas establecidas en los demás Estados miembros.
En efecto, procede subrayar, por un lado, que si bien no todos los productos del Estado miembro de que se trata quedan favorecidos con relación a los productos extranjeros, no es menos cierto que ţodps los productos que se benefician del régimen preferencial spri productos nacionales yį que, por otra parte, el hecho de que el efecto restrictivo de una medida estatal sobre las importaciones no favorezca al conjunto de los productos nacionales, sino sólo a una parte de los mismos, no puede exceptuar a la medida de que se trata de la prohibición del artículo 30.
A continuación procede declarar que, por causa de su carácter discriminatorio, un régimen como.el que se contempla en el asunto principal nò puede justificarse por razón de las exigencias imperativas reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, exigencias que sólo pueden ser tenidas eh cuenta cuando se trata de medidas aplicables indistintamente a los productos nacionales y a los importados (sentencia de 17 de junio de 1981, Comisión contra Irlanda,
113/80, Rec. 1981, p. 1625
).
Debe añadirse que dicho régimen no entra tampoco en el ámbito de aplicación de las excepciones taxativamente enumeradas por el artículo 36 del Tratado.
Sin embargo, el Gobierno italiano ha invocado el artículo 26 de la citada Directiva 77/62, a tenor del cual «la presente Directiva no impedirá la aplicación de las disposiciones en vigor en el momento de su adopción, que figuran en la ley italiana n° 835 de 6 de octubre de 1950 (GURI n° 245, de 24.10.1950) y en sus modificaciones sucesivas, sin perjuicio de la compatibilidad de esas disposiciones con el Tratado».
A este respecto procede señalar, por un lado, que el contenido de la legislación nacional a la que se refiere el órgano jurisdiccional nacional (Ley n° 64/86) es en parte distinto y más extenso de lo que era en el momento de la adopción de la Directiva (Ley n° 835/50) y, por otro, que el artículo 26 de la Directiva precisa que ésta se aplicará «sin perjuicio de la compatibilidad de esas disposiciones con el Tratado». En todo caso, no se puede interpretar la Directiva en el sentido de que autoriza la aplicación de una legislación nacional cuyas disposiciones infrinjan las del Tratado y, por consiguiente, en el sentido de que constituye un obstáculo para la aplicación del artículo 30 en un asunto como el principal.
Así pues, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que el artículo 30 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que reserve a las empresas establecidas en determinadas regiones del territorio nacional un porcentaje de los contratos públicos de suministro.
B. Sobre la segunda cuestión
Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende saber si la posible calificación de la normativa de que se trata como ayuda en el sentido del artículo 92 podría exceptuarla de la prohibición del artículo 30.
A este respecto/basta recordar que, con arreglo a reiterada jurisprudencia (véase, en particular, la sentencia de 5 de junio de 1986, Comisión contra Italia,
103/84, Kec. 1986, p. 1759
), en ningún caso puede servir el artículo 92 para enervar las normas del Tratado sobre la libre circulación de mercancías. En efecto, de esta jurisprudencia resulta que tanto estas normas como las disposiciones del Tratado sobre ayudas de Estado persiguen un objetivo común, consistente en garantizar la hbre circulación de mercancías entre los Estados miembros en condiciones normales de competencia. Como el Tribunal de Justicia precisó en la jurisprudencia citada, el hecho de que una medida nacional pueda ser calificada en su caso de ayuda en el sentido del artículo 92, no es, por lo tanto, razón suficiente para exceptuar a esta medida de la prohibición del artículo 30.
A la vista de esta jurisprudencia y sin que haya lugar a examinar el carácter de ayuda de la normativa de que se trata, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que la posible calificación de una normativa nacional como ayuda en el sentido del artículo 92 no puede exceptuar a dicha normativa de la prohibición del articulo 30.
C. Sobre la tercera cuestión
De las respuestas dadas a las cuestiones precedentes se deriva que, en una situación como la del asunto principal, corresponde al órgano jurisdiccional nacional garantizar la plena aplicación del artículo 30. En estas circunstancíasela tercera cuestión, referente a la función del órgano jurisdiccional nacional en la apreciación de la compatibilidad de las ayudas con el artículo 92, carece ya de objeto.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno italiano, el Gobierno francés y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones escritas ante este Inbunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovió ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunale amministrativo regionale della Toscana, mediante resolución de 1 de abril de 1987, declara:

1)
El artículo 30 del Tratado CEE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que reserva a las empresas establecidas en determinadas regiones del territorio nacional un porcentaje de los contratos públicos de suministro.

2)
La posible calificación de una normativa nacional como ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado no puede exceptuar a esta normativa de la prohibición del artículo 30 del Tratado.

Due
Kakouris
Schockweiler
Zuleeg
Koopmans
Mancini
Joliét
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Grévisse
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.