CELEX: 61985CJ0092
Funcionarios
Nombramiento, clasificación de grado

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de abril de 1985, el Sr. Hamai, funcionario de grado LA 7 de la División de interpretación del Tribunal de Justicia, interpuso un recurso que tiene por objeto obtener la anulación de la decisión adoptada, el 13 de diciembre de 1984, por la Comisión de reclamaciones del Tribunal de Justicia, que denegó la reclamación del demandante, quien pretendía obtener su clasificación en el grado LA 6 con bonificación de antigüedad de escalón en dicho grado.
El demandante expone que, después de haber sido intérprete en la Comisión desde 1973 hasta 1977 y de haber abandonado dicha institución con el grado LA 7, escalón 2, continuó trabajando como intérprete independiente para las instituciones de las Comunidades Europeas y para otros empleadores, hasta 1980, fecha a partir de la cual empezó a trabajar como intérprete independiente en el Tribunal de Justicia. El 20 de enero de 1982, aceptó de esta institución un contrato de agente temporal por tiempo determinado con el grado LA 7, escalón 3, aunque solicitó ser clasificado en el grado LA 6. El 15 de octubre de 1983, envió al Secretario del Tribunal de Justicia una carta en la que solicitaba ser clasificado en el grado LA 6, habida cuenta del cese de uno de sus colegas de la interpretación neerlandesa que ocupaba un puesto en dicho grado. Esta carta no recibió ninguna respuesta.
El 17 de noviembre de 1983, se publicó el anuncio de vacante n° CJ 117/82, relativo a un puesto de intérprete de lengua francesa con la mención de que «el puesto se cubrirá con el grado LA 7, salvo en caso de traslado de un funcionario de grado LA 6». El demandante presentó su candidatura, pero, el 9 de enero de 1984, el anuncio de que se trata fue sustituido por otro con el n° CJ 117/82
bis
que, por el contrario, preveía el nombramiento en LA 7/LA 6. Tras la publicación, el 19 de enero de 1984, de la convocatoria del concurso-oposición interno de la institución, n° CJ 117/82, que preveía igualmente el nombramiento en LA 7/LA 6 para un puesto de intérprete de lengua francesa, al demandante, único candidato y ganador de dicho concurso, se le informó mediante carta del Secretario del Tribunal de Justicia, de 24 de mayo de 1984, de su nombramiento, el 16 de mayo de 1984, como funcionario en período de prueba a partir del 1 de junio de 1984, con el grado LA 7, escalón 4.
El demandante expone por último que, tras haber enviado a la AFPN, el 21 de junio de 1984, una solicitud de nueva clasificación, repitió los términos de la misma en una reclamación presentada el 9 de agosto de 1984, en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, y completó su solicitud mediante un memorándum de 21 de noviembre de 1984. El 13 de diciembre de 1984, la Comisión competente en materia de reclamaciones, creada a tal fin por el Tribunal de Justicia para actuar en sustitución de la AFPN, adoptó una decisión denegatoria de esta reclamación, notificada al interesado el 8 de enero de 1985, a raíz de la cual se interpuso el presente recurso.
Sobre la admisibilidad
La parte demandada sostiene que el recurso es inadmisible ya que está dirigido contra la decisión, de 13 de diciembre de 1984, adoptada por la Comisión de reclamaciones del Tribunal de Justicia, que es tan sólo una decisión confirmatoria de la decisión de nombramiento y de clasificación del demandante en el grado LA 7 adoptada por la AFPN el 16 de mayo de 1984, y que, por consiguiente, no constituye un acto lesivo en el sentido del artículo 91 del Estatuto de los funcionarios.
El demandante alega que, en realidad, él cuestiona a través de su recurso la legalidad de la decisión de la AFPN de 16 de mayo de 1984. Explica que si el recurso está dirigido formalmente contra la decisión de la Comisión de reclamaciones de 13 de diciembre de 1984, es porque ésta contiene, a diferencia de la decisión de 16 de mayo de 1984 carente de claridad, una motivación que permite apreciar exactamente su alcance, de modo que, conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1981 (Mascetti,
145/80, Rec. 1981, p. 1975
), sólo ella podía ser formalmente objeto de un recurso. El demandante expone además que, habiendo considerado inicialmente que el acto de 13 de diciembre de 1984 era sólo un dictamen sobre su reclamación que iba a ser seguido de una decisión de la AFPN, consideró, a falta de dicha decisión, que el acto de 13 de diciembre de 1984, tanto por su formulación y por su motivación como por la cualificación y la composición del órgano de la que emanaba, era algo más que un mero acto confirmatorio.
Es necesario hacer constar que, aun cuando el recurso está dirigido formalmente contra la decisión de la Comisión de reclamaciones del Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 1984, mediante la cual se denegaba su reclamación, se deduce de los motivos y alegaciones desarrollados en el escrito de interposición del recurso que éste se dirige de hecho contra la decisión de 16 de mayo de 1984, que fue objeto de la reclamación, y por la que se nombraba al demandante a partir del 1 de junio de 1984 intérprete con el grado LA 7. De ello se deriva que el recurso es admisible y que el Tribunal de Justicia debe entrar sobre el fondo del asunto.
Sobre el fondo
Sobre el incumplimiento de la convocatoria del concurso y la violación de los principios de confianza legítima y de buena administración
El demandante alega ante todo que, al nombrarle en el grado LA 7, la administración ha incumplido la convocatoria del concurso. Considera que a través de la modificación efectuada en el anuncio de vacante n° CJ 117/82
bis,
la AFPN se reservó la posibilidad de nombrarle en el grado LA 6 y que esta posibilidad se transformó en obligación al poseer el demandante la cualificación y la experiencia profesional requerida para ser nombrado en dicho grado. El demandante sostiene además que su nombramiento en el grado LA 7 contravino el principio de la protección de la confianza legítima que justificadamente mantenía por el hecho de que algunos de sus colegas, que contaban con una cualificación y una experiencia profesional igual, y en algunos casos inferior a la suya, habían sido nombrados con el grado LA 6 en 1981; por el hecho de que su carta de 15 de octubre de 1983 dirigida al Secretario del Tribunal de Justicia y en la que solicitaba su nueva clasificación en LA 6 no había recibido respuesta; por el hecho de las garantías dadas en este sentido por su Jefe de Servicio y, por último, por el hecho de que la administración no desmintió dichas esperanzas. Por último, el demandante sostiene que la administración ha actuado en violación del principio de buena administración en la medida en que no manifestó su intención de adoptar una nueva práctica que consistiera en proceder a nombramientos únicamente en el grado inicial y en la medida en que su caso podía difícilmente representar una buena ocasión para cambiar de práctica, dada su cualificación profesional comparada a la de sus colegas que se habían beneficiado anteriormente de un nombramiento en el grado LA 6.
La administración demandada sostiene que la modificación efectuada en el segundo anuncio del concurso no suponía para la AFPN más que una simple facultad para proceder a nombramientos en el grado LA 6, y nunca una obligación. Considera además que el demandante no podía razonablemente albergar esperanzas de que se le nombrara en el grado LA 6, dado que las garantías que le pudiera haber dado su Jefe de Servicio no vinculaban a la AFPN, que el silencio que siguió a su carta al Secretario del Tribunal de Justicia de 15 de octubre de 1983 no le autorizaba a interpretarlo como favorable a su solicitud y que los nombramientos de los colegas del demandante en el grado LA 6 en 1981 no le permitían creer legítimamente que también tuviera derecho al nombramiento en LA 6, ya que aquéllos se produjeron en el marco de una situación diferente, caracterizada por el hecho de que el Servicio de Interpretación se encontraba en una fase de estructuración. Por último, la administración demandada considera que no se le puede reprochar el haber cambiado de práctica por lo que se refiere al grado de los nombramientos a los que a partir de entonces procediera, puesto que la nueva práctica en la materia se adecuaba a lo dispuesto en el artículo 31 del Estatuto.
Es necesario declarar que la modificación introducida en el segundo anuncio de vacante sobre el grado en el cual se efectuaría el nombramiento, repetida en la convocatoria del concurso, no suponía para la AFPN una obligación de proceder al nombramiento del demandante en el grado LA 6. Por otro lado, ninguno de los hechos a los que se refiere el demandante para justificar la confianza que podía legítimamente tener de ser nombrado en el grado LA 6 puede probar la violación del principio de la protección de la confianza legítima o del principio de la buena administración. Los motivos del demandante sobre todos los puntos que preceden deben por consiguiente ser desestimados.
Sobre la violación del principio de igualdad de trato
El demandante alega que algunos de sus colegas intérpretes fueron nombrados funcionarios en período de prueba en noviembre de 1981 y nombrados definitivamente en agosto de 1982, en el grado LA 6, a pesar del hecho de que presentaban una cualificación y una experiencia profesional como mucho iguales a las suyas, y en algunos casos inferiores. Invoca a este respecto el informe sobre su período de prueba, según el cual sus conocimientos, su experiencia profesional y la calidad de su trabajo eran superiores a las correspondientes al grado que ocupaba, así como el hecho de que la Comisión de reclamaciones ha admitido que su experiencia profesional y su competencia eran iguales a las de sus colegas clasificados en un grado superior. Sostiene que en aplicación del principio de igualdad de trato, se le debería haber nombrado en el grado LA 6, dado que se encontraba disponible un puesto en dicho grado.
La parte demandada no discute la alegación del demandante según la cual sus méritos eran al menos iguales a los de sus colegas. No obstante, sostiene que en 1981, la práctica de los nombramientos en el grado LA 6 era necesaria en razón del hecho de que el Servicio de Interpretación acababa de ser creado, y que dichos nombramientos fueron efectuados con vistas a su organización, caso que ya no se daba en el momento del nombramiento del demandante.
Este argumento de la parte demandada no puede ser admitido. Tal como se desprende del expediente del asunto, en el momento del concurso de que se trata, sólo habían quedado provistos un cierto número de los puestos creados para la organización del Servicio de Interpretación, por lo que no puede considerarse que en aquel momento el Servicio no se encontrara ya en fase de organización. Además, no parece que la parte demandada estimara entonces que dicha fase había sido culminada ni que hubiera decidido por consiguiente cambiar la práctica de los nombramientos en el grado LA 6. Parece por el contrario que la intención de la AFPN era mantener esta práctica en caso de que hubiera funcionarios cualificados, como se deduce del hecho de que el anuncio de vacante n° CJ 117/82 fuera sustituido por el n° CJ 117/82
bis,
precisamente con el objetivo, entre otros, de prever expresamente la posibilidad de proceder al nombramiento previsto en el grado LA 6, tal como se hizo, asimismo, en la convocatoria consecutiva del concurso. Hay que subrayar también el hecho de que el demandante formaba parte del equipo que se encargaba de la interpretación desde 1980, incluso aunque no pudiera participar en los concursos de 1981 con el fin de ser nombrado definitivamente.
Habida cuenta de tales circunstancias, la facultad discrecional prevista en el artículo 31, apartado 2, del Estatuto, de la que dispone la AFPN en cuanto al grado de nombramiento de los candidatos que superaron el concurso en el que participó el demandante, debió efectivamente ser utilizada y aplicada para respetar el principio de igualdad de trato, consagrado por el artículo 5 del Estatuto de los funcionarios y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Tal como sostiene el demandante, y sin que la parte demandada lo discuta, se deduce de los escritos obrantes en autos que sus colegas nombrados en 1981 en el grado LA 6, sólo presentan una cualificación y una experiencia profesional como mucho iguales a las suyas. La administración demandada debería, por consiguiente, haber procedido al nombramiento del demandante en el mismo grado LA 6 que sus colegas nombrados con anterioridad.
Se desprende de lo anterior que este motivo está fundado y que la decisión de 16 de mayo de 1984 debe ser anulada en cuanto no procedió al nombramiento del demandante en el grado LA 6.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado.
Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandada, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
decide:

1)
Anular la decisión de 16 de mayo de 1984 de la AFPN del Tribunal de Justicia en la medida en que no nombró al demandante en el grado LA 6.

2)
Condenar a la parte demandada en costas.

Kakouris
Koopmans
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 23 de octubre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Cuarta
C. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.