CELEX: 61989CJ0258
Medidas de control
Capturas de poblaciones de pescado sometidas a un TAC o a una cuota fuera de la zona de pesca de la Comunidad

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de agosto de 1989, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no aplicar a las capturas de poblaciones o de grupos de poblaciones sometidas a un total admisible de capturas (TAC) o a una cuota efectuadas fuera de la zona de pesca de la Comunidad las medidas de control establecidas por el Reglamento (CEE) n° 2057/82 del Consejo, de 29 de junio de 1982, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros (
DO L 220, p. 1
; EE 04/01, p. 230), y, en particular, por sus artículos 1, 6 a 9 y 10, así como por el Reglamento (CEE) n° 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras (
DO L 207, p. 1
), y, en particular, por sus artículos 1, 5 a 9 y 11.
Los artículos 1 de ambos Reglamentos precitados establecen la obligación de las autoridades competentes de un Estado miembro de incoar una acción penal o administrativa para sancionar el incumplimiento de la normativa en vigor relativa a las medidas de conservación y de control. El artículo 5 del Reglamento n° 2241/87 establece, para los capitanes de barcos de pesca que enarbolen el pabellón de un Estado miembro y que pesquen especies de una población o grupo de poblaciones sometidas a un TAC o a una cuota, la obligación de llevar un diario de a bordo en el que se indicarán las cantidades capturadas de cada especie y mantenidas a bordo, la fecha y el lugar de dichas capturas con referencia a la zona más pequeña para la que se haya fijado y gestionado un TAC o una cuota, así como el tipo de artes utilizadas, inscripciones cuya exactitud deberá ser comprobada por parte de los Estados miembros.
Los artículos 6, 7 y 8 de ambos Reglamentos prevén la obligación, por parte de los capitanes de los barcos de pesca, de realizar declaraciones de descarga y de trasbordo o de capturas existentes a bordo de los stocks sometidos a un TAC o cuota al Estado de descarga y al Estado de abanderamiento respectivamente, e imponen a ambos Estados la obligación de adoptar las medidas necesarias para comprobar la exactitud de las declaraciones recibidas. El artículo 9 de ambos Reglamentos establece la obligación de los Estados miembros de registrar todas las descargas de poblaciones o grupos de poblaciones sometidas a un TAC o a una cuota realizadas por barcos de pesca que enarbolen pabellón de un Estado miembro o que estén registrados en un Estado miembro, y de notificar a la Comisión los datos recibidos. El artículo 11 del Reglamento n° 2241/87 impone a los Estados miembros la obligación de prohibir provisionalmente a los barcos que enarbolan su pabellón la pesca de stocks sometidos a cuota, lo cual debe realizarse en el momento oportuno para garantizar que no se sobrepase la cuota de que se trata.
Las misiones de los Inspectores de la Comisión en 1986 y 1987 pusieron de manifiesto que la Administración española no registró en esos dos años las capturas de las especies sometidas a TAC o a cuotas que se pescaron en las divisiones CIEM VI, VII y VIII fuera del límite de las 200 millas de las zona de pesca de la Comunidad. Las autoridades españolas no incoaron acción penal o administrativa alguna respecto de estos desembarques.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento y de los motivos y alegaciones dé Jas partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento dėl Tribunal.
El Reino de España niega haber incumplido sus obligaciones invocando tres grupos de argumentos dirigidos a demostrar que la Comisión se basa en una interpretación errónea de los Reglamentos antes citados.
Alega en primer lugar que la Comunidad no tiene competencia para dictar de manera autónoma medidas de control de las capturas efectuadas fuera de las aguas sometidas a la soberanía o a la jurisdicción de los Estados miembros. Por consiguiente, dichos Reglamentos no permiten una interpretación conforme a la cual las cuotas comunitarias sean aplicables en las partes de las divisiones CIEM situadas fuera del límite de la zona pesquera comunitaria.
A tal respecto, alega el Reino de España, en esencia, que las únicas medidas que puede adoptar la Comunidad en relación con las capturas efectuadas fuera de las aguas sometidas a la soberanía o a la jurisdicción de los Estados miembros consisten en la negociación de acuerdos internacionales y en la adopción de medidas dirigidas a ejecutar dichos acuerdos.
Esta alegación no puede ser acogida. En efecto, como declaró este Tribunal de Justicia en la sentencia de 16 de febrero de 1978, Comisión/Irlanda (
61/77, Rec. p. 417
), la Comunidad tiene competencia para adoptar medidas de conservación, y ello tanto de manera autónoma como en forma de compromisos contractuales con terceros Estados o en el marco de las organizaciones internacionales. Por lo que se refiere al presente asunto, basta tener en cuenta que la normativa controvertida fue adoptada en el marco de dicha competencia autónoma.
Por consiguiente, ha de desestimarse la primera alegación formulada por el Reino de España.
Mantiene a continuación el Reino de España que una interpretación que desemboque en una limitación unilateral por parte de la Comunidad de las posibilidades de pesca en alta mar es perjudicial para sus pescadores y, al mismo tiempo, no es eficaz, ya que los terceros Estados continuarán dejando toda libertad a sus flotas pesqueras.
Basta observar a este respecto que, por una parte, tomar en cuenta únicamente la población que se encuentre dentro de las aguas comunitarias no sería en modo alguno eficaz y haría peligrar los objetivos de conservación de las especies de que se trata, dado que estas últimas dejarían de estar sometidas a cuota en el momento en que traspasaran el límite de la zona de las 200 millas. Por otra parte, las capturas efectuadas en la zona comunitaria podrían ser fácilmente declaradas como efectuadas en alta mar.
De ello resulta que, en cualquier supuesto, la limitación de las posibilidades de pesca fuera de la zona comunitaria es indispensable en función de los propios objetivos de la política común de pesca.
Por último, el Reino de España estima que el Acta de adhesión de España y Portugal a las Comunidades Europeas (
DO 1985, L 302
; en lo sucesivo, «Acta de adhesión») se opone a que la Comunidad tenga competencia para regular las posibilidades de pesca fuera de las aguas comunitarias. Según España, las cuotas que le fueron asignadas en virtud del artículo 161 de dicha Acta de adhesión no pueden aplicarse fuera de las aguas comunitarias en la medida en que el artículo 156 establece que el acceso a las aguas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros y pertenecientes a las zonas CIEM está regido por las disposiciones de la Sección en la cual están ubicados los artículos 156 y 161. De ello resulta, siempre según España, que estas mismas disposiciones no pueden aplicarse a zonas que no estén sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros, aun cuando estén incluidas en las zonas CIEM.
Según España, las cuotas que tiene asignadas en virtud del artículo 161 de dicha Acta no pueden interpretarse como aplicables fuera de las aguas comunitarias ya que el artículo 161 forma parte de una Sección que, según el artículo 156 del Acta, regula el acceso de los barcos españoles a las aguas «sometidas a la soberanía o a la jurisdicción de los Estados miembros».
En relación con esta alegación, hay que tener en cuenta que, según el artículo 156 del Acta de adhesión, el acceso de España a las aguas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros de la Comunidad de los Diez está sometido a la Sección II del Capítulo 4 del Título II de la Cuarta Párte de dicha Acta. Pues bien, dentro de esta Sección, los artículos 157 a 160 establecen normas relativas al acceso a dichas aguas, mientras que el artículo 161 establece cuotas para España en las zonas VIII y IX, que son exteriores en su totalidad a las aguas de los Estados de la Comunidad de los Diez. Dado que se regula el reparto de los recursos en relación con zonas exteriores a las aguas de los Estados de la Comunidad de los Diez, no cabe invocar el ámbito de aplicación del régimen del acceso a las aguas en lo que respecta al reparto de cuotas.
Por consiguiente, procede también desestimar la tercera alegación formulada por el Reino de España.
Al haberse desestimado todas las alegaciones formuladas por el Reino de España, procede por tanto declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no aplicar a las capturas de poblaciones o de grupos de población sometidas a un TAC o a una cuota efectuadas fuera de la zona de pesca de la Comunidad las medidas de control establecidas por el Reglamento (CEE) n° 2057/82 y, en particular, por sus artículos 1, 6 a 9 y 10, así como por el Reglamento (CEE) n° 2241/87 y, en particular, por sus artículos 1, 5 a9y 11.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino de España, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CEE, al no. aplicar a las capturas de poblaciones o de grupos de población sometidos a un total admisible de capturas (TAC) o a una cuota efectuadas fuera de la zona de pesca de la Comunidad las medidas de control establecidas por el Reglamento (CEE) n° 2057/82 del Consejo, de 29 de junio de 1982, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras ejercidas por los barcos de los Estados miembros, y, en particular, por sus artículos 1, 6 a 9 y 10, así como por el Reglamento (CEE) n° 2241/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, por el que se establecen ciertas medidas de control respecto a las actividades pesqueras, y, en particular, por sus artículos 1, 5 a 9 y 11.

2)
Condenar en costas al Reino de España.

Due
Mancini
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Slynn
Kakouris
Joliét
Schockweiler
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de julio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud.
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.