CELEX: 62007CJ0059
Incumplimiento de Estado
Directiva 2003/109/CE
Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración
No adaptación del Derecho interno dentro del plazo señalado

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de
España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre
de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DO 2004, L 16, p. 44), al
no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a lo dispuesto en
dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber informado sobre ellas a la Comisión.
Como se desprende de su artículo 1, la Directiva 2003/109 establece, por una parte, las condiciones de concesión y retirada
del estatuto de residente de larga duración otorgado por un Estado miembro a los nacionales de terceros países que residen
legalmente en su territorio, así como los derechos correspondientes, y, por otra parte, las condiciones de residencia en Estados
miembros distintos del que haya concedido el estatuto de larga duración de los nacionales de terceros países que gocen de
dicho estatuto.
Conforme al artículo 26, párrafo primero, de la Directiva 2003/109, los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en dicha Directiva a más tardar
el 23 de enero de 2006 e informar de ello inmediatamente a la Comisión. En el párrafo segundo de dicho artículo se precisa
que, cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas deben hacer referencia a la Directiva 2003/109 o ir acompañadas
de dicha referencia en su publicación oficial.

Procedimiento administrativo previo
Al no haber recibido información alguna acerca de las disposiciones adoptadas para la adaptación del Derecho español a la
Directiva 2003/109, la Comisión entabló el procedimiento por incumplimiento previsto en el artículo 226 CE. Tras requerir
al Reino de España para que presentara observaciones, la Comisión dirigió a este Estado miembro, el 4 de julio de 2006, un
dictamen motivado en el que le instaba a adoptar las medidas necesarias para atenerse a su contenido dentro de un plazo de
dos meses a partir de su notificación.
Mediante escrito de 11 de septiembre de 2006, el Reino de España respondió que se estaban preparando las medidas necesarias
para incorporar la Directiva 2003/109 al ordenamiento interno y que se preveía su aprobación durante el ejercicio de 2006.
Al no haber recibido desde esta fecha ninguna información que le permitiera comprobar que se habían adoptado las medidas necesarias
para la adaptación del Derecho nacional a la Directiva 2003/109, la Comisión decidió interponer el presente recurso.

Sobre el recurso
La Comisión alega que del artículo 249 CE, párrafo tercero, se desprende que las directivas obligan al Estado miembro destinatario
en cuanto al resultado que debe conseguirse y, por lo tanto, que los Estados miembros han de adoptar las medidas necesarias
para adaptar el ordenamiento jurídico interno a las directivas dentro de los plazos que en ellas se señalan y comunicarlas
inmediatamente a la Comisión. En el presente caso, pese a que, conforme al artículo 26, párrafo primero, de la Directiva 2003/109,
debían poner en vigor las medidas de adaptación a más tardar el 23 de enero de 2006, las autoridades españolas aún no han
adoptado estas medidas o, en cualquier caso, no las han comunicado a la Comisión.
El Reino de España indica que las autoridades españolas competentes continúan preparando las medidas necesarias para cumplir
estrictamente lo dispuesto en la Directiva 2003/109. Precisa que la adopción de estas medidas requiere la modificación de
la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE
nº 10, de 12 de enero de 2000, p. 1139), lo que no puede hacerse sino por mayoría absoluta del Parlamento español. Indica
que no fue posible aprobar tales medidas durante el ejercicio de 2006.
Sin embargo, el Reino de España subraya que en el ordenamiento jurídico español está regulada ya la figura de la residencia
permanente de los nacionales de terceros países.
Por una parte, el artículo 32 de la Ley Orgánica 4/2000 establece que el estatuto de residencia permanente, que se obtiene
cuando se haya gozado de una autorización de residencia temporal continuada por un período de cinco años, autoriza a residir
en España indefinidamente y a trabajar en igualdad de condiciones que los españoles. Por otra parte, el artículo 57, apartado
5, de la misma Ley prevé que los residentes permanentes solamente podrán ser expulsados cuando hayan participado en actividades
contrarias a la seguridad exterior del Estado o que puedan perjudicar las relaciones del Reino de España con otros países
o cuando estén implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992,
de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE nº 46, de 22 de febrero de 1992, p. 6209).
Por consiguiente, el Reino de España solicita que se desestime el presente recurso.
A este respecto, debe declararse que en absoluto puede considerarse que la legislación española vigente adapte el Derecho
interno, ni tan siquiera parcialmente, a la Directiva 2003/109.
En primer lugar, sólo puede estimarse que la existencia de un estatuto de residente permanente supone la adaptación del Derecho
español a la Directiva 2003/109 si los requisitos de adquisición de este estatuto y los derechos que conlleva son los mismos
que los previstos en dicha Directiva.
Debe señalarse que las explicaciones proporcionadas por el Reino de España son demasiado sucintas como para que el Tribunal
de Justicia compruebe que así sucede en el presente caso.
En particular, el Reino de España no ha dado explicación alguna acerca del modo en que se calcula el período de cinco años
que permite acceder al estatuto de residente permanente. Tampoco ha indicado si se exige el cumplimiento de otros requisitos
aparte de la residencia continuada durante cinco años. Por último, no se ha facilitado ninguna precisión sobre las modalidades
procesales para la obtención del estatuto de residente permanente. Por lo tanto, el Tribunal de Justicia no puede verificar
si los nacionales de terceros países residentes en España que reúnan los requisitos exigidos por la Directiva 2003/109 pueden
adquirir el estatuto de residente permanente ni comprobar cuáles son los procedimientos previstos para esta adquisición.
De igual modo, si bien el Reino de España indica que el residente permanente tiene derecho a trabajar en igualdad de condiciones
que los españoles, no afirma que disfrute de todos los derechos y ventajas que reconoce el artículo 11 de la Directiva 2003/109.
Por lo tanto, no se ha aportado la prueba de que el Reino de España haya cumplido la obligación de introducir en su Derecho
nacional el estatuto de residente de larga duración previsto en la Directiva 2003/109.
En segundo lugar, las disposiciones legales que invoca este Estado miembro, citadas en el apartado 10 de la presente sentencia,
no regulan, en contra de lo dispuesto en el capítulo III de la Directiva 2003/109, los requisitos de la residencia en España
de los nacionales de terceros países a los que otro Estado miembro haya concedido el estatuto de residente de larga duración.
Por último, es jurisprudencia reiterada que, cuando una directiva prevea expresamente que las disposiciones de adaptación
del Derecho interno a la citada directiva hagan referencia a esta última o vayan acompañadas de dicha referencia en su publicación
oficial, es necesario adoptar un acto positivo de adaptación del Derecho interno (sentencias de 27 de noviembre de 1997, Comisión/Alemania, C‑137/96, Rec. p. I‑6749, apartado 8, y de 18 de diciembre de 1997, Comisión/España, C‑360/95, Rec. p. I‑7337, apartado 13, y Comisión/España, C‑361/95, Rec. p. I‑7351, apartado 15).
En el presente caso, el artículo 26, párrafo segundo, de la Directiva 2003/109 establece que las medidas de adaptación del
Derecho interno deben hacer referencia a esta Directiva o ir acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Ahora
bien, el Reino de España no ha alegado que las disposiciones legales que invoca cumplan este requisito.
Por otro lado, pese a que solicita la desestimación del presente recurso, dicho Estado miembro reconoce expresamente la necesidad
de adoptar medidas de Derecho nacional, de entre las que destaca la modificación de la Ley Orgánica 4/2000, para ajustarse
estrictamente a lo dispuesto en la Directiva 2003/109.
Las alegaciones formuladas por el Reino de España en relación con las dificultades que ocasiona el hecho de que dicha Ley
tenga carácter de ley orgánica son inoperantes. En efecto, según reiterada jurisprudencia, un Estado miembro no puede alegar
disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones
y plazos establecidos en una directiva (véase, en particular, la sentencia de 13 de julio de 2006, Comisión/Portugal, C‑61/05, Rec. p. I‑6779, apartado 31).
Por lo tanto, debe considerarse que el recurso interpuesto por la Comisión está fundado.
En consecuencia, procede declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
2003/109, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a lo
dispuesto en dicha Directiva.

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas al Reino de España y
haberse desestimado los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:
1)
Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 2003/109/CE del Consejo,
de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, al no
haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para ajustarse a lo dispuesto en dicha
Directiva.
2)
Condenar en costas al Reino de España.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.