CELEX: 61989CJ0064
Recaudación "a posteriori" de derechos de aduana
Error de la Administración

Mediante resolución de 24 de enero de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 3 de marzo siguiente, el Bundesfinanzhof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, dos cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 4 del Reglamento (CEE) n
o
1573/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n
o
1697/79 del Consejo (
DO L 161, p. 1
; EE 02/06, p. 273; en lo sucesivo, «Reglamento de la Comisión») así como del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n
o
1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979, referente a la recaudación
a posteriori
de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar derechos (
DO L 197, p. 1
; EE 02/06, p. 54; en lo sucesivo, «Reglamento del Consejo»).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Deutsche Fernsprecher GmbH (en lo sucesivo, «Deutsche Fernsprecher») y el Hauptzollamt de Giessen (Administración Principal de Aduanas de Giessen; en lo sucesivo, «Hauptzollamt»), sobre la conformidad a Derecho de la recaudación
a posteriori
de derechos de importación referentes a piezas para instalación telefónica que fueron objeto de un perfeccionamiento pasivo.
El régimen del perfeccionamiento pasivo permite, en las condiciones previstas por el Reglamento (CEE) n
o
2473/86 del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativo al régimen de perfeccionamiento pasivo y al sistema de intercambios modelo (
DO L 212, p. 1
), exportar temporalmente mercancías comunitarias fuera del territorio aduanero de la Comunidad para someterlas a operaciones de perfeccionamiento y despachar a libre práctica dentro del territorio aduanero de la Comunidad los productos que resulten de esas operaciones (llamados «productos compensadores»), con exención total o parcial de los derechos de importación.
Entre el 10 de junio de 1981 y el 27 de mayo de 1982, Deutsche Fernsprecher hizo despachar a libre práctica, en un servicio del Hauptzollamt, unas piezas para instalación telefónica que, en el marco de un perfeccionamiento pasivo previo, habían sido fabricadas en lo esencial a partir de mercancías que con anterioridad habían sido exportadas de la Comunidad sin condonación ni reembolso de derechos de aduana.
En su declaración en aduana, Deutsche Fernsprecher expresó todos los datos que hay que tener en cuenta para el cobro de derechos de aduana y particularmente el valor material de los objetos temporalmente exportados. A continuación, las mercancías quedaron, a pesar de ello, exentas de derecho de aduana, porque el valor en aduana de los productos sometidos a perfeccionamiento se calculó sobre la base del importe pagado por las operaciones de perfeccionamiento, sin tener en cuenta el valor material de las mercancías comunitarias temporalmente exportadas. Dudando de la corrección de tal exención, Deutsche Fernsprecher solicitó a la Administración de Aduanas que revisara su caso y obtuvo del Director de ésta la confirmación de su franquicia aduanera.
Mediante actas de rectificación de 1 y 2 de julio de 1982 el Hauptzollamt acordó la recaudación
a posteriori
de derechos de aduana cuyo importe total se fijó, a raíz de una reclamación formulada por Deutsche Fernsprecher en 27114,70 DM.
Deutsche Fernsprecher formuló a continuación recurso ante el Finanzgericht (Tribunal de lo Contencioso Tributario), que anuló las actas de rectificación mencionadas con fundamento en que el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento del Consejo se oponía a tal recaudación. En opinión del Finanzgericht, la demandante no podía descubrir el error de la Administración de aduanas, que obedecía a una aplicación errónea de las disposiciones relativas a la determinación del valor en aduana de las mercancías de que se trataba.
Ante el recurso de casación formulado por el Hauptzollamt contra dicha sentencia, el Bundesfinanzhof, que albergaba dudas tanto sobre la competencia de las autoridades alemanas para decidir, sin someter previamente a la Comisión una solicitud de Decisión sobre la posibilidad de una recaudación
a posteriori,
como sobre la interpretación dada por el Finanzgericht al apartado 2 del artículo 5 del Reglamento del Consejo, antes citado, suspendió el procedimiento y formuló al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales :
«1)
El Derecho comunitario aplicable, y, en especial, el artículo 4 del Reglamento (CEE) n
o
1573/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, ¿deben interpretarse en el sentido de que, en el caso de una recaudación
a posteriori
de derechos de aduana por un importe igual o superior a 2000 ECU, no es preciso someter a la Comisión una solicitud de Decisión sobre la posibilidad de abstenerse de efectuar tal recaudación, cuando la autoridad competente del Estado miembro en el que se haya cometido el error causante de no haberse percibido tales derechos aprecie que no se reúnen todas las condiciones previstas en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n
o
1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979?
2)
En el caso de que responda a la primera pregunta en sentido afirmativo: el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n
o
1697/79 ¿debe interpretarse en el sentido de que han de aplicarse criterios objetivos para determinar si el error podía ser conocido por el deudor y por tanto estimar que pudo conocerlo si el interesado hubiera podido comprobar el error con ayuda de las disposiciones publicadas aplicables en la materia, que no son confusas ni incompletas, o también ha de considerarse que no podía conocer el error si la autoridad aduanera manifestó al interesado su opinión errónea —en la que se basó el tratamiento arancelario— mediante dos informaciones no vinculantes?»
Para una más amplia exposición de los hechos, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El presente asunto versa fundamentalmente sobre dos disposiciones:
—
El artículo 4 del Reglamento de la Comisión, que dispone que,
«cuando la autoridad competente del Estado miembro en el que haya sido cometido el error no esté en condiciones de asegurar [léase: comprobar] por sus propios medios el cumplimiento de todas las condiciones señaladas en el apartado 2 del artículo 5 del Reglamento de base o cuando el importe de los derechos sea igual o superior a 2000 ECU, dicha autoridad competente someterá a la Comisión una solicitud de Decisión que deberá contener todos los elementos necesarios para la apreciación del caso».
así como
—
El apartado 2 del artículo 5 del Reglamento del Consejo que prevé que,
«las autoridades competentes podrán abstenerse de efectuar la recaudación
a. posteriori
de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hubieran sido percibidos como consecuencia de un error de las mismas autoridades competentes que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor, siempre que éste, por su parte, hubiera actuado de buena fe y hubiera observado todas las disposiciones establecidas por la regulación en vigor en relación con su declaración en aduana».
Sobre la interpretación del artículo 4 del Reglamento de la Comisión
Mediante la primera cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pretende sustancialmente saber si, en virtud del artículo 4 del Reglamento de la Comisión, las autoridades nacionales están obligadas a someter a la Comisión una solicitud de Decisión sobre la posibilidad de no efectuar la recaudación
a posteriori
de derechos de aduana cuando el importe de los derechos no percibidos sea igual o superior a 2000 ECU, incluso si consideran que no se cumplen las condiciones del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento del Consejo.
Hay que señalar que el Reglamento de la Comisión tiene por objeto fijar las condiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento del Consejo, esto es, de la norma que permite no efectuar la recaudación en ciertos supuestos. De ello resulta que el artículo 4 del Reglamento de la Comisión no contempla el supuesto de que las autoridades competentes tengan la convicción de que no se cumplen las condiciones del apartado 2 del artículo 5 y, por tanto, consideren que tienen que efectuar la recaudación.
Esta interpretación es conforme con la finalidad del Reglamento de la Comisión. En efecto, la atribución de una facultad de decisión a la Comisión, en materia de recaudación
a posteriori
de los derechos de aduana, tiene como objetivo garantizar la aplicación uniforme del Derecho comunitario. Ésta corre el riesgo de quebrar en los casos en que se da curso a una solicitud de renuncia a la recaudación
a posteriori,
pues la apreciación sobre la que puede basarse el Estado miembro para adoptar una resolución favorable podría, en la realidad, y a causa de la probable ausencia de todo recurso contencioso, escapar de un control capaz de asegurar una aplicación uniforme de las condiciones establecidas por la legislación comunitaria. Por el contrario, no sucede lo mismo cuando las autoridades nacionales efectúan la recaudación, sea cual fuere el importe de los derechos controvertidos. En este supuesto el interesado puede impugnar tal resolución ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Por consiguiente, podrá garantizar el Tribunal de Justicia la uniformidad del Derecho comunitario en el marco del procedimiento prejudicial.
Procede, pues, responder a la primera cuestión que el artículo 4 del Reglamento n
o
1573/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, ha de interpretarse en el sentido de que, cuando el importe de los derechos no percibidos es igual o superior a 2000 ECU, las autoridades nacionales no están obligadas a someter a la Comisión una solicitud de Decisión sobre la posibilidad de no efectuar la recaudación
a posteriori
de derechos de aduana, si estiman que no se cumplen las condiciones del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n
o
1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979.
Sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento del Consejo
Mediante la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pregunta qué criterios han de aplicarse para determinar que un error puede ser razonablemente conocido por el deudor, en el sentido del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento del Consejo.
El Bundesfinanzhof se pregunta al respecto, entre otras cosas, si es correcta la postura adoptada por el Finanzgericht, según la cual no cabe exigir del importador conocimientos más amplios que los de los propios funcionarios de aduanas.
No cabe acoger tal posición. Efectivamente, como han subrayado la Comisión y el Gobierno español, la adopción de este principio daría lugar a la consecuencia de que sería prácticamente imposible efectuar una recaudación
a posteriori,
ya que necesariamente el error lo habrá cometido siempre un funcionario competente que no haya contemplado desde todos los puntos de vista una determinada situación de hecho o de derecho. El apartado 2 del artículo 5 del Reglamento del Consejo quedaría vacío de contenido, ya que presupone necesariamente que los derechos de que se trate se dejaron de percibir como consecuencia de un error de las propias autoridades competentes.
Hay que observar, no obstante, que es necesario proceder a una evaluación concreta de todas las circunstancias del supuesto de autos para resolver si el error podía o no ser conocido por el agente económico afectado.
Hay que tener en cuenta al respecto, en particular, la naturaleza concreta del error, la experiencia profesional y la diligencia del agente.
En cuanto a la naturaleza concreta del error, procede investigar en cada ocasión si la normativa de que se trate es compleja o si, por el contrario, es lo bastante sencilla para que el examen de los hechos permita descubrir fácilmente un error. Hay que reseñar que en un supuesto como el de autos, en que el agente económico recibió por dos veces la confirmación de que la concepción errónea que constituía el fundamento del tratamiento aduanero era correcta, el error reiterado de la autoridad aduanera constituye un indicio de que el problema que había que resolver era de naturaleza compleja.
En cuanto a la experiencia profesional del agente económico, se ha de investigar si se trata o no de un agente económico profesional, cuya actividad consiste fundamentalmente en efectuar operaciones de importación-exportación, y si tenía ya una cierta experiencia en el comercio de las mercancías de que se trate, en particular si había realizado anteriormente operaciones de esta clase para las que se hubieran calculado correctamente los derechos de aduana.
En cuanto a la diligencia del agente económico, hay que señalar que, desde el momento en que tenga dudas sobre la exactitud del cálculo del valor en aduana de las mercancías, le corresponde informarse y buscar todas las aclaraciones posibles para comprobar si sus dudas están o no justificadas.
Corresponde al órgano jurisdiccional nacional valorar si, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, se cumplen estos criterios.
En consecuencia, procede responder a la segunda cuestión que, para valorar si se ha producido «un error que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor», en el sentido del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n
o
1697/79, se ha de tener en cuenta, en particular, la naturaleza del error, la experiencia profesional del agente económico afectado y la diligencia por él acreditada. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional valorar si, partiendo de esta interpretación, el error que dio lugar a que no se percibieran los derechos de aduana pudo o no ser conocido por el deudor.
Costas
Los gastos efectuados por el Reino de España y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesfinanzhof, mediante resolución de 24 de enero de 1989, declara:

1)
El artículo 4 del Reglamento (CEE) n
o
1573/80 de la Comisión, de 20 de junio de 1980, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n
o
1697/79 del Consejo, referente a la recaudación a
posteriori
de los derechos de importación o de los derechos de exportación que no hayan sido exigidos al deudor por mercancías declaradas en un régimen aduanero que suponga la obligación de pagar derechos, ha de interpretarse en el sentido de que, cuando el importe de los derechos no percibidos es igual o superior a 2000 ECU, las autoridades nacionales no están obligadas a someter a la Comisión una solicitud de Decisión sobre la posibilidad de no efectuar la recaudación
a posteriori
de derechos de aduana, si estiman que no se cumplen las condiciones del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n
o
1697/79 del Consejo, de 24 de julio de 1979.

2)
Para valorar si se ha producido «un error que razonablemente no pudiera ser conocido por el deudor» en el sentido del apartado 2 del artículo 5 del Reglamento n
o
1697/79 del Consejo, se ha de tener en cuenta, en particular, la naturaleza del error, la experiencia profesional del agente económico afectado y la diligencia por él acreditada. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional valorar si, partiendo de esta interpretación, el error que dio lugar a que no se percibieran los derechos de aduana pudo o no ser conocido por el deudor.

Zuleeg
Joliét
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Grévisse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de junio de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de Sala en funciones de Presidente de la Sala Quinta
M. Zuleeg
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.