CELEX: 62003CJ0213
Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (Convenio de Barcelona)
Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre
Artículo 6, apartado 3
Autorización de descarga
Efecto directo

Mediante resolución de 6 de mayo de 2003, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de mayo siguiente, la Cour de cassation
(Francia) planteó, con arreglo al artículo 234 CE, dos cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 6, apartado
3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre, firmado en Atenas el
17 de mayo de 1980, aprobado por la Decisión 83/101/CEE del Consejo, de 28 de febrero de 1983 (DO L 67, p. 1; EE 15/04, p. 100;
en lo sucesivo, «Protocolo»), así como del artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo, tal como fue enmendado en la Conferencia
de plenipotenciarios, celebrada en Siracusa los días 7 y 8 de marzo de 1996, habiendo sido aprobadas las enmiendas por la
Decisión 1999/801/CE del Consejo, de 22 de octubre de 1999 (DO L 322, p. 18; en lo sucesivo, «Protocolo revisado»).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Syndicat professionnel coordination des pêcheurs de l’étang
de Berre et de la région (en lo sucesivo, «coordination des pêcheurs») y Électricité de France (en lo sucesivo, «EDF») relativo
a vertidos efectuados por la central hidroeléctrica de Saint-Chamas (Francia) en la laguna de Berre.
Marco jurídico
El Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación, firmado en Barcelona el 16 de febrero de 1976
(DO 1977, L 240, p. 3, EE 15/02, p. 5; en lo sucesivo, «Convenio»), fue aprobado por la Comunidad Económica Europea mediante
la Decisión 77/585/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1977 (DO L 240, p. 1; EE 15/02, p. 3).
El artículo 2, letra a), del Convenio define el término «contaminación» del modo siguiente:
«[...] la introducción directa o indirecta en el medio marino, por el hombre, de sustancias o energía que produzcan efectos
deletéreos, tales como daños a los recursos vivos, peligros para la salud humana, obstáculos para las actividades marinas,
incluida la pesca, la deterioración cualitativa del agua del mar y la reducción de las posibilidades de esparcimiento».
A tenor del artículo 4, apartado 1, del Convenio:
«Las Partes Contratantes tomarán, individual o colectivamente, todas las medidas apropiadas, de acuerdo con las disposiciones
del presente Convenio y de los protocolos en vigor en los que sean parte para prevenir, reducir y combatir la contaminación
de la Zona del Mar Mediterráneo y para proteger y mejorar el medio marino en dicha Zona.»
El artículo 8 del Convenio precisa que:
«Las Partes Contratantes tomarán todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir y combatir la contaminación de la Zona
del Mar Mediterráneo causada por desagües de ríos, establecimientos costeros o emisarios, o procedentes de cualesquiera otras
fuentes terrestres situadas dentro de sus respectivos territorios.»
En el mismo sentido, el artículo 1 del Protocolo dispone lo siguiente:
«Las Partes Contratantes […] adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir, reducir, combatir y controlar la contaminación
de la Zona del Mar Mediterráneo causada por descargas de ríos, establecimientos costeros o emisarios, o procedente de cualesquiera
otras fuentes terrestres situadas dentro de sus respectivos territorios.»
Conforme al artículo 3, letra c), del Protocolo:
«La zona de aplicación del presente Protocolo (denominada en lo sucesivo, la “Zona del Protocolo”) comprende:
[...]
c)

las lagunas de agua salada que estén en comunicación con el mar.»
El artículo 4, apartado 1, letra a), establece que el Protocolo se aplica a «las descargas contaminantes que lleguen a la
Zona del Protocolo procedentes de fuentes terrestres situadas en los territorios respectivos de las Partes, en particular:
–
directamente, a través de emisarios o mediante depósitos y descargas costeros;
–
indirectamente, a través de ríos, canales u otros cursos de agua, incluidos los subterráneos, o por medio de escorrentías».
A tenor del artículo 6, apartados 1 y 3, del Protocolo:
«1.

Las Partes se comprometen a reducir estrictamente en la Zona del Protocolo la contaminación de origen terrestre provocada
por las sustancias o fuentes enumeradas en el anexo II del presente Protocolo.
[…]
3.

Tales descargas estarán sujetas estrictamente a la expedición de una autorización por las autoridades nacionales competentes,
para lo cual se tendrán debidamente en cuenta las disposiciones del anexo III [...]»
Conforme al artículo 7, apartado 1, letra e), del Protocolo:
«Las Partes elaborarán y adoptarán gradualmente, en colaboración con las organizaciones internacionales competentes, directrices
y, en su caso, normas o criterios comunes referentes en particular a:
[...]
e)
los requisitos especiales relativos a las cantidades vertidas, la concentración de sustancias en los efluentes y los métodos
de descarga de las sustancias enumeradas en los anexos I y II.»
Resulta de los párrafos 11 y 13 de la sección A del anexo II del Protocolo que están comprendidas en el régimen previsto en
el artículo 6 del mismo las «[sustancias] que directa o indirectamente ejerzan una influencia desfavorable en la concentración
de oxígeno en el medio marino, especialmente aquéllas que puedan provocar fenómenos de eutrofismo», y las «[sustancias] que,
aun sin tener carácter tóxico, puedan resultar nocivas para el medio marino u obstaculizar cualquier uso legítimo del mar
como consecuencia de las cantidades vertidas».
La sección B del anexo II precisa que:
«El control y la rigurosa limitación de las descargas de las sustancias indicadas en la sección A deberán realizarse de acuerdo
con lo dispuesto en el anexo III.»
El anexo III del Protocolo enumera los factores que han de tenerse en cuenta «[para] la expedición de una autorización de
descarga de desechos que contengan las sustancias indicadas en el anexo II […]». Así, los Estados partes deben tener en cuenta
las «[características] y composición de los desechos», las «[características] de los componentes de los desechos con respecto
a su nocividad», las «[características] del lugar de descarga y del medio marino receptor», la «[disponibilidad] de tecnologías
relacionadas con los desechos» y, por último, la «[posible] perturbación de los ecosistemas marinos y de los usos del agua
del mar».
A tenor del artículo 3, letra d), del Protocolo revisado, que corresponde al artículo 3, letra c), del Protocolo, la zona
de aplicación de este último comprende:
«[...]
d)
[las] aguas salobres y las aguas salinas litorales, incluidas las marismas y las lagunas litorales, y las aguas subterráneas
que se comunican con el mar Mediterráneo».
El artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado dispone:
«Las descargas en la zona del Protocolo desde fuentes puntuales y las descargas en el agua o las emisiones a la atmósfera
que alcancen y que puedan afectar al área mediterránea, tal como se define en las letras a), c) y d) del artículo 3 del Protocolo,
estarán sometidas estrictamente a la autorización o regulación de las autoridades competentes de las Partes, teniendo debidamente
en cuenta lo dispuesto en el presente Protocolo y en su anexo II, así como las decisiones o recomendaciones pertinentes aprobadas
en las reuniones de las Partes contratantes.»
El anexo I C del Protocolo revisado enumera las «las categorías de sustancias y fuentes de contaminación» que «servirán de
orientación en la preparación de planes de acción, programas y medidas». En particular, el párrafo 17 menciona las «[sustancias]
no tóxicas que tienen efectos perjudiciales en el contenido de oxígeno del medio marino».
El Protocolo revisado suprime el antiguo anexo II y convierte en «anexo II», modificándolo, el antiguo anexo III.
El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
La laguna de Berre, de 15.000 hectáreas de superficie y situada en Francia, es una laguna de agua salada que comunica directamente
con el mar Mediterráneo.
La coordination des pêcheurs se quejó en varias ocasiones a EDF, de la deterioración del medio acuático de la laguna de Berre,
debida, principalmente, a los aportes de agua dulce procedentes del Durance y descargados artificialmente en esta laguna cada
vez que se ponen en funcionamiento las turbinas de la central hidroeléctrica de Saint-Chamas.
El 1 de septiembre de 1999, la coordination des pêcheurs hizo que se citara a EDF en un procedimiento de medidas cautelares
ante el tribunal de grande instance de Marsella (Francia) por vías de hecho, con el fin de que se ordenara, bajo multa coercitiva,
el cese de la explotación de la central hidroeléctrica de Saint-Chamas. La coordination des pêcheurs alegaba, en particular,
que EDF vertía las descargas de esta central sin haber obtenido la autorización previa prevista en el artículo 6, apartado 3,
del Protocolo.
Mediante auto de 25 de octubre de 1999, el Juez de medidas provisionales de primera instancia desestimó la demanda de medidas
provisionales. Aunque reconocía la existencia de la perturbación causada por la puesta en funcionamiento de las turbinas de
la central hidroeléctrica, consideró:
«Que, por lo que respecta a la aplicación del Derecho comunitario, en especial de los Convenios de Barcelona y el Protocolo
de Atenas, […], la cuestión de su efecto directo para los justiciables plantea también conflictos que no son de la competencia
del órgano jurisdiccional que conoce del recurso principal.
Habida cuenta de que la cuestión de si el hecho de que EDF explote la central hidroeléctrica de Saint-Chamas constituye una
perturbación manifiestamente ilícita, es decir, una vía de hecho en el sentido que generalmente entiende la jurisprudencia,
plantea conflictos demasiado serios para que el juez de medidas provisionales pueda intervenir y poner fin a tres decenios
de explotación, decisión demasiado seria por cuanto conlleva consecuencias gravísimas, en particular desde el punto de vista
de la producción y de la seguridad del sistema eléctrico de la región […]»
La coordination des pêcheurs interpuso un recurso de apelación contra esta sentencia ante la cour d’appel d’Aix-en-Provence
(Francia), que lo desestimó mediante sentencia de 21 de septiembre de 2000. La cour d’appel declaró, en particular, «que los
diferentes artículos [del Protocolo] son interdependientes» y que el artículo 6, apartado 3, «no puede considerarse de modo
aislado, de manera que ninguna autorización de descarga puede ser válida y eficazmente solicitada por EDF al amparo de ese
Protocolo, mientras el Estado francés no haya definido los criterios técnicos aplicables, ya que ninguna resolución al respecto
podría adoptarse».
La coordination des pêcheurs interpuso un recurso de casación contra esta sentencia, alegando, entre otros motivos, que EDF
había infringido el artículo 6, apartado 3, del Protocolo cuya aplicación había sido erróneamente excluida por la cour d’appel.
En estas circunstancias, la Cour de cassation decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las dos
cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Debe considerarse que el artículo 6, apartado 3, del Protocolo […], actualmente artículo 6, apartado 1, según su texto modificado,
tiene efecto directo, de modo que toda persona interesada pueda invocarlo ante los órganos jurisdiccionales nacionales en
apoyo de una acción dirigida a obtener el cese de las descargas de agua que no hayan sido autorizadas conforme al procedimiento
y los criterios que prevé?
2)
¿Debe interpretarse la misma norma en el sentido de que prohíbe a toda persona verter en una laguna salada que comunica con
el mar Mediterráneo sustancias que, si bien no son tóxicas, producen un efecto desfavorable en el contenido de oxígeno del
medio marino, sin haber obtenido una autorización expedida por las autoridades competentes de los Estados miembros, con arreglo
a las disposiciones del Protocolo antes citado y de su anexo III C (actualmente anexo II)?»
Sobre la pertinencia del Protocolo revisado para la solución del litigio principal
EDF y el Gobierno francés consideran que únicamente procede interpretar el Protocolo, puesto que el Protocolo revisado todavía
no ha entrado en vigor.
A este respecto, conforme a reiterada jurisprudencia, el procedimiento previsto en el artículo 234 CE es un instrumento de
cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales (véanse, en particular, las sentencias
de 16 de julio de 1992, Lourenço Dias, C‑343/90, Rec. p. I‑4673, apartado 14, y de 18 de marzo de 2004, Siemens y ARGE Telekom,
C‑314/01, Rec. p. I‑0000, apartado 33, y la jurisprudencia citada).
En el marco de esta cooperación, el órgano jurisdiccional nacional que conoce del litigio, el único que posee un conocimiento
directo de los hechos del asunto principal y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse,
es el mejor situado para apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial
para poder dictar sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (véanse, en particular,
las sentencias Lourenço Dias, antes citada, apartado 15; de 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, Rec. p. I‑607,
apartado 18, y Siemens y ARGE Telekom, antes citada, apartado 34).
En el presente asunto, no es en modo alguno evidente que la interpretación del artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado
carezca de utilidad para la solución del litigio principal. Como observó acertadamente la Comisión, no cabe excluir que, en
el supuesto de que la Cour de cassation case la sentencia de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, el Protocolo revisado haya
entrado en vigor cuando proceda pronunciarse nuevamente sobre el fondo del litigio principal.
Se debe por tanto tener también en cuenta el Protocolo revisado en las respuestas que han de darse a las cuestiones prejudiciales.
Sobre el efecto directo de los artículos 6, apartado 3, del Protocolo y 6, apartado 1, del Protocolo revisado
Observaciones de las partes
EDF alega que existe una interdependencia entre las distintas disposiciones del Protocolo que hace imposible reconocer efecto
directo a su artículo 6, apartado 3, aunque éste contenga una estipulación clara y precisa.
Así, el artículo 6, apartado 1, del Protocolo establece el objetivo de «reducir estrictamente» la contaminación provocada
por las sustancias o fuentes enumeradas en el anexo II (incluidas las sustancias que tienen efectos perjudiciales en el contenido
de oxígeno). Con este fin, conforme al apartado 2 las Partes han de aplicar, «conjunta o individualmente», según el caso,
«los programas y medidas adecuados». Por último, el apartado 3 obliga a obtener una «autorización que tenga en cuenta los
distintos factores que se mencionan en el anexo III». Pues bien, según EDF, el carácter de la obligación de «tener en cuenta»
es muy vago y, si no se precisa, puede llevar a someter a autorización todas las descargas por el mero hecho de que se refieren
a una de las sustancias que se enumeran en el anexo II del Protocolo. Sin embargo, esta exigencia es completamente desproporcionada
para lograr el objetivo perseguido por el referido Protocolo.
EDF invoca también el artículo 7, apartado 1, del Protocolo relativo a las «normas o criterios comunes» cuya elaboración es
necesaria antes de establecer un sistema de autorización previa. Pues bien, hasta la fecha no se han definido estas normas
y criterios por lo que respecta a las descargas de que se trata.
Además, en la medida en que la Comunidad es parte en el Convenio y en el Protocolo, las normas que deben promulgarse para
su aplicación podrían ser principalmente de orden comunitario. Ahora bien, según EDF, no existe por el momento ninguna directiva
relativa a las descargas de agua dulce y de limo en una laguna salada.
Por su parte, la coordination des pêcheurs, el Gobierno francés y la Comisión defienden la tesis del efecto directo del artículo
6, apartado 3, del Protocolo basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de
30 de septiembre de 1987, Demirel, 12/86, Rec. p. 3719, apartado 14).
Consideran que, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del mismo, el artículo 6, apartado 3, del
Protocolo contiene la obligación clara, precisa e incondicional de sujetar las descargas de sustancias contempladas en el
anexo II del Protocolo a la expedición de una autorización previa de las autoridades nacionales competentes. A su juicio,
la prohibición estricta de realizar descargas sin una autorización de este tipo no está sujeta, en su ejecución o en sus efectos,
a reserva alguna ni a la intervención de un acto posterior. Además, el anexo III del Protocolo, al que se remite el artículo
6, apartado 3, enumera todos los factores que han de tenerse en cuenta para la expedición de la autorización.
Según la Comisión, la ausencia de medidas, programas y directrices adoptadas conjuntamente no produce el efecto de paralizar
la aplicación del Protocolo ni de impedir la expedición de autorizaciones de descarga, sino que aumenta el margen de apreciación
de los Estados miembros al expedir dichas autorizaciones, cuyo ejercicio está sujeto a control jurisdiccional.
La coordination des pêcheurs y la Comisión añaden que la versión del artículo 6, que resulta del Protocolo revisado y las
demás enmiendas de los anexos no modifican la afirmación precedente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con terceros
países debe considerarse directamente aplicable cuando, a la vista de su tenor, de su objeto, así como por la naturaleza del
acuerdo, contiene una obligación clara y precisa, que en su ejecución o en sus efectos, no se subordina a la adopción de acto
ulterior alguno (véanse, en particular, las sentencias Demirel, antes citada, apartado 14, y de 8 de mayo de 2003, Wählergruppe
Gemeinsam, C‑171/01, Rec. p. I‑4301, apartado 54).
Para determinar si el artículo 6, apartado 3, del Protocolo responde a dichos criterios, debe abordarse, en primer lugar,
el examen de su texto.
A este respecto, procede señalar que dicha disposición consagra, en términos claros, precisos e incondicionales, la obligación
impuesta a los Estados miembros de sujetar las descargas de sustancias mencionadas en el anexo II del mismo Protocolo a la
expedición de una autorización por las autoridades nacionales competentes, para lo cual se han de tener debidamente en cuenta
las disposiciones de su anexo III.
Como señaló acertadamente la Comisión, el hecho de que las autoridades nacionales dispongan de un margen de apreciación al
expedir dichas autorizaciones, a la vista de los criterios mencionados en el anexo III, en nada disminuye la precisión y el
carácter incondicional de la prohibición que resulta del artículo 6, apartado 3, del Protocolo de realizar las descargas sin
disponer de una autorización previa.
Corroboran esta afirmación el objeto y la naturaleza del Protocolo.
En efecto, se desprende de los artículos 1 y 4 del Protocolo que éste tiene por objeto prevenir, reducir, combatir y controlar
la contaminación de la Zona del mar Mediterráneo causada por descargas de ríos, establecimientos costeros o emisarios, o procedente
de cualesquiera otras fuentes terrestres situadas dentro de sus respectivos territorios. Por ello, reiterando los compromisos
adoptados en virtud de los artículos 4 y 8 del Convenio, el artículo 1 del Protocolo impone a las Partes Contratantes la obligación
de tomar «todas las medidas apropiadas».
Instaurando un régimen de autorización previa de las autoridades nacionales competentes para la descarga de las sustancias
mencionadas en el anexo II, el artículo 6, apartado 3, del Protocolo contribuye al control por los Estados miembros de la
contaminación de origen terrestre de la zona de aplicación del Protocolo. El reconocimiento del efecto directo de la disposición
de que se trata no puede sino servir al objeto del Protocolo, tal como se ha recordado anteriormente, y responder a la naturaleza
del instrumento destinado, en particular, evitar la contaminación causada por la omisión de los poderes públicos.
Las consideraciones anteriores sirven también para interpretar el artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado. La referencia
que en él se hace a las «decisiones o recomendaciones pertinentes aprobadas en las reuniones de las Partes contratantes»,
que las autoridades nacionales competentes han de tener en cuenta, no puede poner en tela de juicio la claridad, la precisión
y el carácter incondicional de la prohibición de realizar descargas sin disponer de una autorización. Además, las enmiendas
aprobadas por la Decisión 1999/801 en nada han modificado el objeto y la naturaleza del Protocolo.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión que tanto el artículo 6, apartado
3, del Protocolo como el artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado, tras su entrada en vigor, tienen efecto directo,
de modo que toda persona interesada tiene derecho a invocar estas disposiciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
Sobre el ámbito de aplicación de los artículos 6, apartado 3, del Protocolo y 6, apartado 1, del Protocolo revisado
Como han observado acertadamente la coordination des pêcheurs, el Gobierno francés y la Comisión, el propio anexo III, al
que se refiere el artículo 6, apartado 3, del Protocolo y que enumera los factores que deben tenerse en cuenta para la expedición
de las autorizaciones de descarga de desechos, se remite al anexo II, que menciona las sustancias contenidas en los desechos
de que se trata. Figuran entre ellas, en el párrafo 11, las «[sustancias] que directa o indirectamente ejerzan una influencia
desfavorable en la concentración de oxígeno en el medio marino, especialmente aquellas que puedan provocar fenómenos de eutrofismo»,
y, en el párrafo 13, las «[sustancias] que, aun sin tener carácter tóxico, puedan resultar nocivas para el medio marino u
obstaculizar cualquier uso legítimo del mar como consecuencia de las cantidades vertidas».
Procede señalar que los párrafos 11 y 13 no someten la exigencia de una autorización previa de descarga de las sustancias
que contemplan a la toxicidad de éstas.
La misma conclusión se impone por lo que respecta al ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado.
En efecto, conforme a esta disposición, en lo sucesivo estarán «sometidas estrictamente a la autorización o regulación de
las autoridades competentes», que tendrán en cuenta lo dispuesto en el Protocolo revisado y en su anexo II, todas las «descargas
en la zona del Protocolo [que comprende, conforme al artículo 3, letra d), del Protocolo revisado, las lagunas saladas que
comunican con el mar Mediterráneo] desde fuentes puntuales y las descargas en el agua o las emisiones a la atmósfera que alcancen
y que puedan afectar al área mediterránea», y ya no sólo los vertidos de sustancias mencionadas en el anexo II del Protocolo.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión que tanto el artículo 6, apartado
3, del Protocolo como el artículo 6, apartado 1, del Protocolo revisado han de interpretarse en el sentido de que, cuando
no se dispone de una autorización expedida por las autoridades nacionales competentes, prohíben el vertido en una laguna salada
que comunica con el mar Mediterráneo de sustancias que, si bien no son tóxicas, producen un efecto desfavorable en el contenido
de oxígeno del medio marino.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia,
no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de
un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Cour de cassation mediante resolución de 6 de mayo de 2003, declara:
1)
El artículo 6, apartado 3, del Protocolo sobre la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre,
firmado en Atenas el 17 de mayo de 1980, aprobado por la Decisión 83/101/CEE del Consejo, de 28 de febrero de 1983, así como,
tras su entrada en vigor, el artículo 6, apartado 1, del mismo Protocolo, tal como fue enmendado en la Conferencia de plenipotenciarios,
celebrada en Siracusa los días 7 y 8 de marzo de 1996, habiendo sido aprobadas las enmiendas por la Decisión 1999/801/CE del
Consejo, de 22 de octubre 1999, tienen efecto directo, de modo que toda persona interesada tiene derecho a invocar estas disposiciones
ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
2)
Estas mismas disposiciones han de interpretarse en el sentido de que, cuando no se dispone de una autorización expedida por
las autoridades nacionales competentes, prohíben el vertido en una laguna salada que comunica con el mar Mediterráneo de sustancias
que, si bien no son tóxicas, producen un efecto desfavorable en el contenido de oxígeno del medio marino.
Timmermans
Gulmann
Puissochet
Cunha Rodrigues
Schintgen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de julio de 2004.
El Secretario
El Presidente de la Sala Segunda
R. Grass
C.W.A. Timmermans
–
Lengua de procedimiento: francés.