CELEX: 62006FJ0042
Función pública
Funcionarios

1.
Funcionarios — Calificación — Informe de evolución de carrera
(Estatuto de los Funcionarios, art. 43)
2.
Funcionarios — Recursos — Recurso de indemnización — Anulación del acto ilegal impugnado — Reparación adecuada del perjuicio
moral
(Estatuto de los Funcionarios, art. 91)
1.
Del artículo 8, apartado 5, párrafo cuarto, de las disposiciones generales de aplicación del articulo 43 del Estatuto adoptadas
por la Comisión se desprende que la Administración está obligada a fijar al titular del empleo objetivos y criterios de evaluación.
Según esta disposición, el diálogo formal que sostienen el calificador y el titular del empleo al inicio de cada ejercicio
de evaluación no debe versar sólo sobre la calificación de las prestaciones de dicho titular, durante el período de referencia,
que se extiende desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año precedente a aquel en el que se realiza el ejercicio de evaluación,
sino también sobre la fijación de los objetivos para el año siguiente al período de referencia, puesto que dichos objetivos
constituyen la base de referencia para calificar el rendimiento. Dicha obligación viene recordada en la guía de calificación
que la Comisión se impuso a sí misma como norma de conducta.
En ausencia de establecimiento de los objetivos y de los criterios de evaluación para el período de referencia de que se trata,
la Administración no puede sostener que se habían prorrogado los objetivos asignados para el período de referencia precedente,
por cuanto no implicaban fecha alguna de fin de validez.
(véanse los apartados 31, 32 y 37)
Referencia:
Tribunal de Justicia: 1 de diciembre de 1983, Blomefield/Comisión (190/82, Rec. p. 3981), apartado 20
Tribunal de Primera Instancia: 24 de enero de 1991, Latham/Comisión (T‑63/89, Rec. p. II‑19), apartado 25; 30 de septiembre
de 2003, Tatti/Comisión (T‑296/01, RecFP pp. I‑A‑225 y II‑1093), apartado 43
2.
La anulación de un acto de la Administración impugnado por un funcionario constituye, en sí misma, una reparación adecuada
y, en principio, es decir, faltando en el citado acto cualquier apreciación expresamente negativa acerca de las capacidades
del demandante susceptible de perjudicarle, suficiente de cualquier perjuicio moral que a éste haya podido irrogar el acto
anulado.
(véase el apartado 44)
Referencia:
Tribunal de Primera Instancia: 26 de enero de 1995, Pierrat/Tribunal de Justicia (T‑60/94, RecFP pp. I‑A‑23 y II‑77), apartado 62