CELEX: 62002CJ0302
Prestaciones familiares
Pensión alimenticia concedida por un Estado miembro en concepto de anticipo a hijos menores de edad
Hijo de un preso
Requisitos para la concesión de la pensión
Preso al que se le traslada a otro Estado miembro para cumplir su pena
Artículo 12 CE
Artículos 3 y 13 del Reglamento (CEE) nº 1408/71

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12 CE, en relación con el artículo 3 del
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social
a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan
dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de junio de 2001 (DO L 187, p. 19) (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1408/71»).
Dicha petición se formuló en el marco del procedimiento incoado en nombre de Nils Laurin Effing, menor de edad, relativo al
derecho de éste a seguir percibiendo anticipos sobre su pensión alimenticia.
Marco normativo
Normativa comunitaria
Reglamento nº 1408/71
La finalidad del Reglamento nº 1408/71 es coordinar las legislaciones nacionales de seguridad social, conforme a los objetivos
señalados en el artículo 42 CE, en el marco de la libre circulación de personas.
El artículo 2, apartado 1, del citado Reglamento establece:
«El presente Reglamento se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia y a los estudiantes, que estén
o hayan estado sujetos a la legislación de uno o de varios Estados miembros y que sean nacionales de uno de los Estados miembros,
o apátridas o refugiados que residan en el territorio de uno de los Estados miembros, así como a los miembros de su familia
y a sus supervivientes.»
El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71, relativo a la igualdad de trato, dispone:
«Las personas que residan en el territorio de uno de los Estados miembros y a las cuales sean aplicables las disposiciones
del presente Reglamento, estarán sujetas a las obligaciones y podrán acogerse al beneficio de la legislación de todo Estado
miembro en las mismas condiciones que los nacionales de éste, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en
el presente Reglamento.»
El artículo 4, apartado 1, letra h), de este mismo Reglamento, el cual define el campo de aplicación material de éste, aclara:
«El presente Reglamento se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de seguridad social relacionadas con:
[...]
h)

las prestaciones familiares.»
Por lo que atañe a la determinación de la legislación aplicable, el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 1408/71, establece:
«Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 14 a 17:
a)
la persona que ejerza una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro estará sometida a la legislación
de este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado miembro o aunque la empresa o el empresario que la ocupa
tenga su sede o su domicilio en el territorio de otro Estado miembro;
b)
la persona que ejerza una actividad por cuenta propia en el territorio de un Estado miembro estará sometida a la legislación
de este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado miembro;
[…]
f)
la persona a la que deje de serle aplicable la legislación de un Estado miembro, sin que por ello pase a aplicársele la legislación
de otro Estado miembro de conformidad con una de las reglas enunciadas en las letras anteriores o con una de las excepciones
o normas especiales establecidas en los artículos 14 a 17, quedará sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio
resida, de conformidad con las disposiciones de esta legislación únicamente.»
El artículo 73 del Reglamento nº 1408/71, que lleva el encabezamiento «Trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia cuyas
familias residan en un Estado miembro distinto del Estado competente», está redactado en los siguientes términos:
«El trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia sometido a la legislación de un Estado miembro tendrá derecho, para los
miembros de su familia que residan en el territorio de otro Estado miembro, a las prestaciones familiares previstas por la
legislación del primer Estado, como si residieren en el territorio de éste, sin perjuicio de las disposiciones del Anexo VI.»
El artículo 74 del citado Reglamento, titulado «Desempleados cuyas familias residan en un Estado miembro distinto del Estado
competente», dispone:
«El trabajador, por cuenta ajena o por cuenta propia, en desempleo que disfruta de las prestaciones por desempleo al amparo
de la legislación de un Estado miembro tendrá derecho, para los miembros de su familia que residan en el territorio de otro
Estado miembro, a las prestaciones familiares previstas por la legislación del primer Estado, como si residieren en el territorio
de éste, sin perjuicio de las disposiciones del Anexo VI.»
Normativa nacional
La österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschuβgesetz)
(Ley federal austriaca relativa a la concesión de anticipos sobre pensiones de alimentos para los hijos, BGBl. I, 1985, nº 451;
en lo sucesivo, «UVG») prevé que el Estado concederá anticipos sobre la pensión alimenticia.
Conforme al artículo 3 de la UVG, la concesión de un anticipo de esta índole depende en principio de la existencia en el territorio
nacional de un título que lleve aparejada ejecución. Sin embargo, el artículo 4 de la UVG dispone que, en determinadas circunstancias,
se concederán los anticipos aun cuando parezca que no pueda cumplirse la obligación alimenticia o no se haya reconocido el
derecho a la pensión alimenticia. De esta forma, el artículo 4, número 3, de la UVG establece que se concederán asimismo anticipos:
«cuando el deudor de la obligación de prestar alimentos esté privado de libertad en el territorio nacional durante un período
de tiempo superior a un mes por haberse dictado una resolución judicial en un proceso penal y no pueda cumplir sus obligaciones
por este motivo».
Convenio sobre traslado de los presos
De conformidad con el Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983 (en lo sucesivo,
«Convenio») y al cual se adjuntaron las declaraciones de la República de Austria (BGBl. I, 1986, nº 524) y el artículo 76
de la Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz (Ley de extradición y asistencia judicial, ARGH, BGBl. I, 1979, nº 529), las personas
condenadas en el territorio de un Estado firmante del citado Convenio (Estado de condena) podrán, conforme al artículo 2 de
éste, solicitar su traslado al territorio de su país de origen (Estado de cumplimiento) para cumplir la condena que se les
haya impuesto. En este caso, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b), del Convenio, podrá sustituirse la sanción impuesta
en el Estado de condena por una sanción prevista en la legislación del Estado de cumplimiento para la misma infracción.
Según los considerandos del Convenio, la finalidad principal del citado traslado es favorecer la reinserción social de las
personas condenadas, permitiendo a los extranjeros que estén privados de su libertad como consecuencia de una infracción penal
cumplir su condena en su medio social de origen.
Desde su entrada en vigor en Irlanda, el 1 de noviembre de 1995, el Convenio vincula a todos los Estados miembros. Dicho Convenio
entró en vigor en Austria el 1 de enero de 1987 y en Alemania el 1 de febrero de 1992, y ha sido ratificado asimismo por los
diez nuevos Estados miembros.
El litigio principal y la cuestión prejudicial
En el litigio principal, el demandante, Nils Laurin Effing, impugna la decisión de las autoridades austriacas de poner fin
a los anticipos sobre la pensión alimenticia que percibía en virtud del artículo 4, número 3, de la UVG.
Su padre, el Sr. Ingo Effing, es nacional alemán. Según la información facilitada en la resolución de remisión, este último
acreditaba residir habitualmente en Austria, donde trabajaba por cuenta ajena. Sin embargo, sobre este extremo, el Gobierno
austriaco ha aclarado que el interesado había estado cubierto por la seguridad social austriaca hasta el 30 de junio de 2001,
en calidad de comerciante. Por su parte, Nils Lauring Effing es nacional austriaco. Quedó confiado a la custodia de su madre,
en cuyo hogar reside, en Austria.
El 7 de junio de 2000 se decretó en Austria la prisión provisional del padre del demandante en el asunto principal, que fue
condenado después a una pena de prisión. Con tal motivo, se concedió a Nils Laurin Erffing un anticipo mensual sobre la pensión
alimenticia por un importe de 200,43 euros para el período comprendido entre el 1 de junio de 2000 y el 31 de mayo de 2003,
en virtud del artículo 4, número 3, de la UVG.
El padre de Nils Laurin Effing comenzó a cumplir la pena privativa de libertad a la que había sido condenado en la prisión
de Garsten, en Austria. El 19 de diciembre de 2001 fue trasladado a su país de origen, Alemania, para cumplir allí el resto
de su pena. Según la resolución de remisión, dicho traslado tuvo lugar con arreglo al Convenio.
A tenor de los datos facilitados por el Gobierno alemán, la sanción impuesta en Austria al padre del demandante en el asunto
principal se convirtió en una pena de prisión prevista en la legislación alemana con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra b),
del Convenio. Dicho Gobierno puso también de manifiesto que, durante su reclusión, entre los meses de febrero y julio de 2002,
así como desde septiembre de 2002 hasta marzo de 2003, el interesado había trabajado a cambio de una retribución, conforme
a la obligación de trabajar que el Derecho alemán impone a los detenidos. De las citadas retribuciones se dedujeron cotizaciones
en concepto del seguro de enfermedad y también del seguro de desempleo. El 3 de abril de 2003, el padre del demandante en
el asunto principal quedó en libertad.
Con motivo del traslado a Alemania del padre de Nils Laurin Effing, el Bezirksgericht Donaustadt (Austria), órgano jurisdiccional
de primera instancia, mediante una resolución dictada el 24 de enero de 2002, puso fin a los anticipos sobre la pensión alimenticia
percibidos por este último, desde finales del mes de diciembre de 2001. Según dicho órgano jurisdiccional, ya no concurrían
los requisitos que permitían la concesión de los anticipos por cuanto el padre del demandante en el asunto principal estaba
preso en el extranjero.
A raíz de un recurso interpuesto por Nils Laurin Effing, el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), resolviendo
en apelación, confirmó la resolución del órgano jurisdiccional de primera instancia. La concesión de un anticipo sobre una
pensión alimenticia en virtud del artículo 4, número 3, de la UVG se halla supeditada al requisito de que la persona de que
se trate cumpla su pena en el territorio austriaco.
Nils Laurin Effing presentó un recurso de casación contra la citada resolución ante el Oberster Gerichtshof, alegando que
el traslado del deudor de los alimentos a un establecimiento penitenciario situado en otro Estado miembro no pone fin al pago
de anticipos sobre su pensión alimenticia. En su opinión, del artículo 4, número 3, de la UVG se desprende que el establecimiento
penitenciario situado en el territorio austriaco debe asimilarse a cualquier otro establecimiento penitenciario situado en
el territorio de la Comunidad.
Por su parte, el Oberster Gerichtshof considera que el artículo 4, número 3, de la UVG debe interpretarse en el sentido de
que excluye del disfrute de anticipos sobre la pensión alimenticia a aquellos descendientes que estén al cuidado de nacionales
extranjeros que cumplan en su país de origen una pena de privación de libertad a la cual hayan sido condenados en Austria.
Fundándose en los trabajos preparatorios referentes a una modificación de una versión anterior de la UVG aprobada en 1980,
dicho órgano jurisdiccional señala, por un lado, que los menores de edad cuyo progenitor deudor de alimentos se halle en prisión
son víctimas inocentes de los delitos cometidos por su ascendiente y merecen la asistencia y protección del Estado. Por otro
lado, la obligación del Estado austriaco que se deriva de lo anterior, consistente en velar por que los presos reciban un
salario adecuado o se les dé la oportunidad de cumplir de otra forma su obligación de prestar alimentos, debe quedar limitada
a los presos que trabajen y que se encuentren en un establecimiento penitenciario situado en el territorio nacional.
Sin embargo, al considerar que una interpretación de esta índole del artículo 4, número 3, de la UVG puede suponer una discriminación
por razón de la nacionalidad y, por consiguiente, una infracción de los artículos 12 CE y 3 del Reglamento nº 1408/71, el
Oberster Gerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Debe interpretarse el artículo 12 [CE], en relación con el artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 1408/71 […] en el sentido
de que se opone a una normativa nacional que resulta menos favorable para los ciudadanos comunitarios en relación con la percepción
de un anticipo sobre una pensión de alimentos cuando el padre deudor de alimentos cumple una pena privativa de libertad en
su Estado de origen (y no en Austria), de modo que el hijo de un nacional alemán que vive en Austria resulta discriminado
por el hecho de que no se le conceda un anticipo sobre una pensión de alimentos debido a que su padre cumple en su Estado
de origen (y no en Austria) una pena privativa de libertad impuesta en Austria?»
Sobre la cuestión prejudicial
Sobre la aplicabilidad del Reglamento nº 1408/71
En primer lugar, por lo que atañe al campo de aplicación material del Reglamento nº 1408/71, debe observarse, a semejanza
del órgano jurisdiccional remitente y de quienes han presentado observaciones al Tribunal de Justicia, que ya se ha solicitado
al Tribunal de Justicia que se pronuncie, en el marco del Reglamento nº 1408/71, sobre la calificación de los anticipos sobre
las pensiones alimenticias previstos en la UVG (sentencias de 15 de marzo de 2001, Offermanns, C‑85/99, Rec. p. I‑2261, y
de 5 de febrero de 2002, Humer, C‑255/99, Rec. p. I‑1205).
Según las sentencias citadas Offermans, apartado 49, y Humer, apartado 33, los referidos anticipos constituyen prestaciones
familiares a efectos del artículo 4, apartado 1, letra h), del Reglamento nº 1408/71.
Por consiguiente, en el presente caso, basta aclarar que el hecho de que los anticipos sobre la pensión alimenticia se hayan
concedido en virtud del artículo 4, número 3, de la UVG, a saber por cuanto el padre del demandante, deudor de alimentos,
cumplía una pena de prisión, y no con arreglo a la disposición general contenida en el artículo 3 de la UVG, en modo alguno
puede afectar a la calificación de los citados anticipos como «prestaciones familiares» a efectos del artículo 4, apartado
1, letra h), del Reglamento nº 1408/71. Según el artículo 1, letra u), inciso i), del mencionado Reglamento, el termino «prestaciones
familiares» designa todas las prestaciones en especie o en metálico destinadas a compensar las cargas familiares. Sobre este
particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que la expresión «compensar las cargas familiares» que figura en el referido
artículo 1, letra u), inciso i), debe interpretarse en el sentido de que se refiere, en particular, a una contribución pública
al presupuesto familiar, destinada a aligerar las cargas derivadas de la manutención («Unterhalt») de los hijos (sentencia
Offermans, antes citada, apartado 41).
Por consiguiente, la concesión de anticipos en virtud del artículo 4, número 3, de la UVG se halla comprendida asimismo dentro
del campo de aplicación material del Reglamento nº 1408/71.
En segundo lugar, por lo que atañe al campo de aplicación personal del Reglamento nº 1408/71, el Gobierno austriaco sostiene
que no puede admitirse que un preso que haya sido trasladado a otro Estado miembro para cumplir en éste su pena sea un trabajador
por cuenta ajena que ha hecho uso de la libre circulación de los trabajadores garantizada por el Tratado CE.
En este sentido, el artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71 establece que este Reglamento se aplicará a los trabajadores
por cuenta ajena o por cuenta propia que estén o hayan estado sometidos a la legislación de uno o de varios Estados miembros
así como a los miembros de sus familias.
Los términos «trabajador por cuenta ajena» y «trabajador por cuenta propia», contenidos en la citada disposición, se definen
en el artículo 1, letra a), del citado Reglamento. Designan a cualquier persona que esté asegurada en el marco de uno de los
regímenes de seguridad social mencionados en el artículo 1, letra a), contra las contingencias y con los requisitos indicados
en dicha disposición (sentencias de 3 de mayo de 1990, Kits van Heijningen, C‑2/89, Rec. p. I‑1755, apartado 9, y de 30 de
enero de 1997, Stöber y Piosa Pereira, asuntos acumulados C‑4/95 y C‑5/95, Rec. p. I‑511, apartado 27).
De ello se desprende, según ha recordado en particular el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de mayo de 1998, Martínez
Sala (C‑85/96, Rec. p. I‑2691), apartado 36, que una persona tiene la condición de trabajador en el sentido del Reglamento
nº 1408/71 por estar asegurada, aunque sólo sea contra una contingencia, en virtud de un seguro obligatorio o facultativo
en el marco de un régimen general o particular de seguridad social mencionado en el artículo 1, letra a), del Reglamento nº 1408/71,
con independencia de la existencia de una relación laboral.
En estas circunstancias, y contrariamente a las alegaciones del Gobierno austriaco, el Gobierno alemán y la Comisión consideran
con razón que el padre del demandante en el asunto principal es un trabajador en el sentido del artículo 2, apartado 1, del
Reglamento nº 1408/71, dado que estuvo cubierto por un seguro de desempleo durante la mayor parte del período controvertido,
a saber, mientras estuvo en la cárcel en Alemania. Además, el dato transfronterizo reside en el hecho de que el padre del
demandante en el asunto principal es un nacional alemán que ha trabajado en el territorio de la República de Austria, Estado
miembro donde, mientras duró su reclusión, hizo uso de su derecho a ser trasladado al Estado miembro del cual era originario
para cumplir su pena.
Sobre la legislación aplicable y a la inexistencia de discriminación por razón de la nacionalidad
En lo que se refiere a la determinación de la legislación aplicable, el Gobierno austriaco sostiene que si el Tribunal de
Justicia llegara a declarar que el Reglamento nº 1408/71 es aplicable en principio a los presos y que éstos han de considerarse
trabajadores por cuenta ajena, debe utilizarse como criterio esencial de conexión el Estado miembro de empleo del referido
trabajador por cuenta ajena, conforme al artículo 13, apartado 2, letra a), del mencionado Reglamento. Esto significa que,
en el presente asunto, aun cuando el Reglamento nº 1408/71 fuera aplicable, en principio, a los presos, no procede conceder
los anticipos sobre la pensión alimenticia previstos en el Derecho austriaco una vez que el preso que sea deudor de la obligación
alimenticia haya sido trasladado a otro Estado miembro.
El citado Gobierno aclara además que, si el citado criterio de conexión no pudiera aplicarse, por ejemplo, porque el nuevo
Estado donde se cumple la pena no prevé que se emplee a los presos, es preciso fundarse en las normas jurídicas reguladoras
de la seguridad social del Estado miembro de residencia, conforme al artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento nº 1408/71.
En el presente asunto, ello significa que, aun cuando el Reglamento nº 1408/71 fuera, en principio, aplicable a los presos,
ya no procede conceder los anticipos sobre la pensión alimenticia previstos en el Derecho austriaco después de que un preso
obligado a prestar alimentos se haya trasladado a otro Estado miembro.
Además, de los artículos 73 y 74 del Reglamento nº 1408/71 se desprende que el derecho a las prestaciones familiares de los
miembros de la familia de dicho trabajador no se funda en la legislación del lugar de residencia del miembro de la familia
de que se trate, sino en la del Estado miembro competente, es decir, aquel en el que esté empleado el trabajador.
La Comisión alega que, en el asunto principal, deben ser aplicables tanto el Derecho austriaco como el Derecho alemán. La
Comisión se refiere, en este sentido, al artículo 76 del Reglamento nº 1408/71, en el que se dictan normas de prioridad con
el fin de evitar una acumulación de derechos a las prestaciones familiares. Esta disposición sería superflua si únicamente
fuesen aplicables las disposiciones de un ordenamiento jurídico con arreglo a las normas destinadas a evitar los conflictos
de leyes.
Por lo que atañe a estos distintos aspectos, procede destacar que las disposiciones del título II del Reglamento nº 1408/71,
en que se integra el artículo 13, constituyen un sistema completo y uniforme de normas destinadas a evitar los conflictos
de leyes. Estas disposiciones tienen como finalidad principal evitar la aplicación simultánea de varias legislaciones nacionales
y las complicaciones que pueden resultar de ello (sentencia de 11 de junio de 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, Rec. p. I‑3419,
apartado 28).
Por consiguiente, el derecho aplicable a la situación de un trabajador que se halle en una de las situaciones cubiertas por
lo dispuesto en el título II del Reglamento nº 1408/71 debe determinarse en función de las referidas disposiciones. Ciertamente,
según señala la Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones, no siempre se halla excluida, sin embargo, la aplicación
de lo dispuesto en otro ordenamiento jurídico. Como ha recordado la Comisión, una situación de esta índole puede presentarse
en particular cuando dos cónyuges trabajen en dos Estados miembros distintos cuyas legislaciones prevean, ambas, la atribución
de unas prestaciones familiares análogas (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de diciembre de 1992, McMenamin, C‑119/91,
Rec. p. I‑6393). Sin embargo, en el caso de autos, es preciso reconocer que ninguno de los documentos presentados al Tribunal
de Justicia permite suponer que el demandante en el asunto principal pueda hallarse comprendido dentro del ámbito de aplicación
del Reglamento nº 1408/71 en un concepto distinto del de «miembro de la familia» de su padre, en el sentido del mencionado
Reglamento.
El artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1408/71 tiene por objeto determinar la legislación aplicable en una
situación en la cual el trabajador ejerza una actividad por cuenta ajena, en el sentido del Reglamento nº 1408/71. En un caso
de esta índole, la legislación aplicable es la del Estado en el cual se ejerza tal actividad.
Por el contrario, el artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento nº 1408/71, cubre aquellas situaciones en las cuales
la legislación de un Estado miembro deje de serle aplicable al interesado en razón, principalmente, de que haya cesado sus
actividades profesionales sin que pase a serle aplicable la legislación de otro Estado miembro en virtud de las normas contenidas
en los artículos 13 a 17 del mencionado Reglamento. En tal caso, el interesado estará sometido a la legislación del Estado
miembro donde resida.
Por lo que atañe a la interpretación del artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 1408/71, es cierto que, antes
de la introducción del artículo 13, apartado 2, letra f), de este mismo Reglamento, la referida disposición ha sido interpretada
en el sentido de que un trabajador que deje de ejercer sus actividades en el territorio de un Estado miembro y que se haya
desplazado al territorio de otro Estado miembro sin trabajar en éste sigue sujeto a la legislación del Estado miembro en el
cual haya ejercido su última actividad, cualquiera que sea el tiempo que haya transcurrido desde el cese de las actividades
de que se trate hasta la terminación de la relación laboral (sentencia de 12 de junio de 1986, Ten Holder, 302/84, Rec. p. 1821,
apartado 15), a menos que dicho cese sea definitivo (véanse las sentencias de 21 de febrero de 1991, Noi, C‑140/88, Rec. p. I‑387,
apartados 9 y 10, y de 10 de marzo de 1992, Twomey, C‑215/90, Rec. p. I‑1823, apartado 10).
Sin embargo, el artículo 13, apartado 2, letra f), introducido en el Reglamento nº 1408/71 a raíz de la sentencia Ten Holder,
antes citada, implica que un cese de toda actividad profesional, bien sea temporal o definitiva, coloca a la persona afectada
al margen del ámbito de aplicación del artículo 13, apartado 2, letra a). De esta forma, el referido artículo 13, apartado
2, letra f), se aplica en particular a una persona que haya cesado de ejercer sus actividades profesionales en el territorio
de un Estado miembro y que haya trasladado su residencia al territorio de otro Estado miembro (véase la sentencia Kuusijärvi,
antes citada, apartados 39 a 42 y 50).
De las precisiones anteriores se deduce que en unas circunstancias como las del asunto principal, en las cuales un preso ha
dejado de ejercer toda actividad profesional en el Estado miembro donde ha comenzado a cumplir su pena y que ha sido trasladado,
a petición suya, desde una institución penitenciaria situada en dicho Estado miembro a una institución penitenciaria situada
en su Estado miembro de origen para cumplir los quince meses de detención que le quedan por expiar, la legislación aplicable
al interesado en virtud de las normas de conflicto contenidas en el artículo 13 del Reglamento nº 1408/71 no puede ser la
del Estado que ha abandonado a causa del traslado.
Efectivamente, en tales circunstancias, la legislación aplicable no puede ser otra que la del Estado miembro donde el interesado
cumpla el final de su pena. Esta afirmación es suficiente por sí sola a efectos de la solución del litigio principal, sin
que sea necesario determinar si, en el caso de autos, debe ser aplicable la legislación alemana como legislación del Estado
de residencia del interesado en virtud del artículo 13, apartado 2, letra f), del Reglamento nº 1408/71 o, llegado el caso,
y habida cuenta de las aclaraciones contenidas en las observaciones del Gobierno alemán, con arreglo al artículo 13, apartado
2, letra a), del mencionado Reglamento como legislación del Estado miembro donde el interesado ejerce una actividad profesional.
Por otra parte, debe destacarse que los artículos 73 y 74 de este mismo Reglamento establecen que los trabajadores sujetos
a la legislación de un Estado miembro (o los trabajadores en situación de desempleo que disfruten de las prestaciones por
desempleo al amparo de la legislación de un Estado miembro), tendrán derecho, para los miembros de su familia que residan
en el territorio de otro Estado miembro, a las prestaciones familiares previstas por la legislación del primer Estado miembro
(sobre este particular, véase, en especial, la sentencia Kuusijärvi, antes citada, apartado 68).
De ello se desprende que el Reglamento nº 1408/71 no puede interpretarse en el sentido de que se opone a que la legislación
de un Estado miembro supedite, en circunstancias como las del litigio principal, la concesión de prestaciones familiares a
los miembros de la familia de una persona que haya dejado de ejercer toda actividad profesional en su territorio al requisito
de que dicha persona conserve en él su residencia (véase, en este sentido, la sentencia Kuusijärvi, antes citada, apartados
50 y 51).
Por lo que atañe, en particular, al artículo 3 del mencionado Reglamento, debe recordarse que esta disposición prohíbe toda
discriminación por razón de la nacionalidad en lo que se refiere a las condiciones para que las personas que se rijan por
lo dispuesto en el citado Reglamento puedan acogerse al beneficio de la legislación de todo Estado miembro «sin perjuicio
de las disposiciones particulares contenidas en el presente Reglamento». Ahora bien, según se ha recordado anteriormente,
de los artículos 13 y 73 del Reglamento nº 1408/71 se desprende que, en circunstancias como las del litigio principal, en
las que el padre del demandante en el asunto principal ha dejado de ejercer toda actividad profesional en Austria y ya no
reside en dicho país, la concesión de prestaciones familiares a este último se rige por la legislación alemana.
Por razones similares, debe considerarse que, en unas circunstancias como las del litigio principal, el artículo 12 CE, al
que también alude la cuestión prejudicial habida cuenta de la nacionalidad alemana del padre del demandante en el asunto principal,
tampoco se opone a la aplicación de una legislación que, como la UVG, supedite la concesión de prestaciones familiares a los
miembros de la familia de un preso al requisito de que esté encarcelado en su territorio.
Efectivamente, debe recordarse, a este respecto, que, a tenor del artículo 12 CE, apartado 1, en el ámbito de aplicación del
Tratado y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en éste, se prohibirá toda discriminación por razón de
la nacionalidad. Esta norma ha sido desarrollada, respecto a los trabajadores por cuenta ajena, por los artículos 39 CE a
42 CE, así como por los actos de las instituciones comunitarias adoptados en virtud de estos artículos y, en particular, por
el Reglamento nº 1408/71. En particular, el artículo 3 del citado Reglamento tiene por objeto garantizar, con arreglo al artículo
39 CE, en beneficio de los trabajadores a quienes se aplica el Reglamento, la igualdad en materia de seguridad social, sin
distinción de nacionalidad (sentencia de 28 de junio de 1978, Kenny, 1/78, Rec. p. 1489, apartados 9 y 11).
Además, si bien los artículos 12 CE y 3 del Reglamento nº 1408/71 pretenden suprimir de esta forma las discriminaciones por
razón de la nacionalidad que puedan resultar de la legislación o de las prácticas administrativas de un mismo Estado miembro,
dichos preceptos no pueden tener como consecuencia prohibir las diferencias de trato que puedan derivarse, llegado el caso,
de las disparidades existentes entre las legislaciones nacionales por las que se regulan las prestaciones familiares y que
sean aplicables en virtud de las normas de conflicto de leyes como las contenidas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento
nº 1408/71.
De todo lo anterior se desprende que procede responder a la cuestión planteada que, en circunstancias como las del asunto
principal, en las cuales un trabajador, en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento nº 1408/71, haya sido trasladado,
en calidad de preso, al Estado miembro del cual sea originario para cumplir el resto de su pena, la legislación aplicable
en el ámbito de las prestaciones familiares será la legislación de este Estado miembro, conforme a lo dispuesto en el artículo
13, apartado 2, del mencionado Reglamento. Ni lo dispuesto en el referido Reglamento, y en particular en el artículo 3 de
éste, ni tampoco el artículo 12 CE se oponen a que, en una situación de esta índole, la legislación de un Estado miembro supedite
la concesión de prestaciones familiares como las previstas en la UVG a los miembros de la familia de un nacional comunitario
en la situación descrita al requisito de que éste permanezca encarcelado en su territorio.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:
En circunstancias como las del asunto principal, en las cuales un trabajador, en el sentido del artículo 2, apartado 1, del
Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social
a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplacen
dentro de la Comunidad, en su versión modificada por el Reglamento (CEE) nº 1386/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de junio de 2001, haya sido trasladado, en calidad de preso, al Estado miembro del cual sea originario para cumplir el
resto de su pena, la legislación aplicable en el ámbito de las prestaciones familiares será la legislación de este Estado
miembro, conforme a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del mencionado Reglamento. Ni lo dispuesto en el referido
Reglamento, y en particular en el artículo 3 de éste, ni tampoco el artículo 12 CE se oponen a que, en una situación de esta
índole, la legislación de un Estado miembro supedite la concesión de unas prestaciones familiares como las previstas en la
österreichisches Bundesgesetz über die Gewährung von Vorschüssen auf den Unterhalt von Kindern (Unterhaltsvorschußgesetz)
(Ley federal austriaca relativa a la concesión de anticipos para el mantenimiento de los hijos) a los miembros de la familia
de un nacional comunitario en la situación descrita al requisito de que éste permanezca encarcelado en su territorio.
Firmas
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Lengua de procedimiento: alemán.