CELEX: 61990CJ0027
Reglamentos
Ayudas a la transformación de tomates
Validez

Mediante resolución de 26 de diciembre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de enero de 1990, el Tribunal administratif de Dijon (Francia) planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la validez del Reglamento (CEE) n° 989/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, por el que se establece un sistema de umbrales de garantía para determinados productos transformados a base de frutas y hortalizas (
DO L 103, p. 19
; EE 03/30, p. 113), y de los Reglamentos (CEE) de la Comisión n° 1925/84, de 5 de julio de 1984 (
DO L 179, p. 15
); n° 2222/85, de 31 de julio de 1985 (
DO L 205, p. 16
; EE 03/36, p. 213); n° 2077/86, de 30 de junio de 1986 (
DO L 179, p. 11
), y n° 2160/87, de 22 de julio de 1987 (
DO L 202, p. 32
), por los que se fijan, para las campañas sucesivas 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987 y 1987/1988, el precio mínimo que deberá pagarse a los productores por los tomates y el importe de la ayuda a la producción para los productos transformados a base de tomates.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la Société industrielle de transformation de produits agricoles (en lo sucesivo, «SITPA») y la Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (en lo sucesivo, «Oniflhor») sobre el pago de la diferencia entre la ayuda que Oniflhor hubiera debido pagar si la Comisión no hubiera acordado su reducción y la ayuda efectivamente concedida.
La organización común de mercados en el sector de los productos transformados a base de frutas y hortalizas, regulada por el Reglamento (CEE) n° 516/77 del Consejo, de 14 de marzo de 1977 (
DO L 73, p. 1
; EE 03/12, p. 46), sustituido por el Reglamento (CEE) n° 426/86 del Consejo, de 24 de febrero de 1986 (
DO L 49, p. 1
), contiene un régimen de ayuda a la producción: en virtud del apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n° 516/77, tal como fue modificado por el Reglamento (CEE) n° 988/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984 (
DO L 103, p. 11
; EE 03/30, p. 105), y del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento n° 426/86, en caso de riesgo de un desequilibrio importante entre la producción y las posibilidades de salida de la misma, el Consejo podrá adoptar las medidas apropiadas y, en particular, limitar la ayuda a la producción a una cantidad determinada.
El Reglamento n° 989/84, antes citado, basado en el Reglamento n° 516/77, igualmente mencionado, establece para cada campaña un umbral de garantía que corresponde a una determinada cantidad de productos transformados a base de tomates y prevé que en caso de que se sobrepase este umbral de garantía, calculado basándose en la media de las cantidades producidas en el curso de las tres campañas anteriores a la campaña para la que deba fijarse la ayuda, esta última se reducirá para la campaña siguiente en función de la medida en que se haya sobrepasado el umbral.
Como se comprobó que durante las campañas 1982/1983 y 1983/1984 se había sobrepasado ampliamente este umbral de garantía, la Comisión procedió, para las campañas 1984/1985 a 1987/1988, a reducir las ayudas mediante los Reglamentos núms. 1925/84, 2222/85, 2077/86 y 2160/87, antes citados, basados en el Reglamento n° 989/84.
Alegando que la normativa comunitaria controvertida adolecía de invalidez, SITPA solicitó a Oniflhor el pago de la diferencia entre la ayuda íntegra, que debía habérsele abonado a falta de reducciones, y el importe efectivamente concedido. SITPA interpuso un recurso contra la resolución denegatoria de esta solicitud ante el tribunal administratif de Dijon, que planteó al Tribunal de Justicia una petición de decisión prejudicial sobre la validez de los Reglamentos núms. 989/84, 1925/84, 2222/85, 2077/86 y 2160/87, antes mencionados.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en 8
En sus observaciones escritas y orales, SITPA expone que la Comisión ha incumplido la obligación de motivación contemplada en el artículo 190 del Tratado CEE, por cuanto el citado Reglamento n° 989/84 se limita a referirse, sin más precisiones, a las características del mercado de los productos transformados a base de tomates y no contiene ninguna indicación sobre las razones que han llevado a optar por una disminución del importe nominal de la ayuda en lugar de instaurar un sistema de cupos que, sin embargo, está expresamente previsto en el Reglamento de base n° 516/77. Los Reglamentos adoptados sucesivamente por la Comisión para las campañas 1984/1985 a 1987/1988 adolecen del mismo vicio. Por otra parte, la Comisión no dio, en estos Reglamentos, indicaciones respecto a la medida en que se había sobrepasado el umbral de garantía en relación con la media de las cantidades producidas en el curso de las tres campañas anteriores a la campaña para la que debía fijarse la ayuda, ni sobre el método de cálculo de esta ayuda. El Reglamento n° 2160/87, ya mencionado, incurre, además, en un error de hecho.
SITPA cuestiona también la validez de la normativa comunitaria por cuanto el Consejo y la Comisión violaron el principio de no discriminación consagrado en el apartado 3 del artículo 40 del Tratado al instaurar y aplicar un sistema de reducción de las ayudas tanto frente a los productores franceses, que no eran responsables de que se hubiera sobrepasado el umbral de garantía, como frente a los productores establecidos en otros Estados miembros, que sí lo eran.
Procede destacar, en primer lugar, como ha expuesto el Abogado General en sus conclusiones en los apartados 7 y siguientes, que, según jurisprudencia reiterada, la motivación exigida por el artículo 190 del Tratado debe adaptarse a la naturaleza del acto jurídico de que se trata. No puede exigirse que la motivación de los Reglamentos especifique los distintos elementos de hecho o de Derecho, en ocasiones
muy numerosos y complejos, que constituyen su objeto, cuando éstos estén en armonía con el sistema normativo del que forman pane (sentencia de 22 de enero de 1986, Eridania,
250/84, Rec. p. 117
).
En cuanto a la determinación de las características del mercado, que justifican el establecimiento de un sistema de umbrales de garantía, procede afirmar que los considerandos del Reglamento n° 989/84, antes mencionado, indican claramente que aquellas consisten en el acaecimiento de la situación prevista en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n° 516/77, tal como fue modificado por el Reglamento n° 988/84 del Consejo, a saber, la aparición de un desequilibrio importante entre la producción y las posibilidades de salida de esta última. El segundo considerando del Reglamento n° 989/84 precisa, además, que el umbral de garantía se fijará de forma que corresponda a las posibilidades de salida de los productos de que se trata.
Respecto a la motivación de que se eligiera una reducción del importe nominal de la ayuda en lugar de instaurar un sistema de cupos, procede destacar que el propio apartado 3 del artículo 3 del Reglamento n° 516/77, tal como fue modificado por el Reglamento n° 988/84, establece que, en caso de riesgo de desequilibrio importante entre la producción y las posibilidades de salida de esta última, el Consejo podrá adoptar las medidas apropiadas. El hecho de que el Consejo haya precisado en este texto que, entre estas medidas, figura en especial la limitación de la concesión de la ayuda a la producción a una cantidad determinada, evidencia que puede adoptar medidas incluso muy rigurosas para los productores, sin que ello le impida adoptar medidas menos severas, siempre que sean apropiadas. El Reglamento n° 989/84 precisa, además, en su tercer considerando, que la medida más apropiada para responder a la situación del mercado es la reducción de la ayuda en función de la medida en que se hayan sobrepasado los umbrales establecidos.
En cuanto al reproche de que los Reglamentos de la Comisión núms. 1925/84 y 2222/85 y, en menor medida, los Reglamentos núms. 2077/86 y 2160/87, no determinan la medida en que se ha sobrepasado el umbral de garantía en relación con la media de las cantidades producidas en el curso de las tres campañas anteriores, debe reconocerse que los considerandos de los Reglamentos controvertidos se refieren, en efecto, únicamente a la campaña anterior a aquella para la que deba fijarse la ayuda, en la que se ha sobrepasado el umbral de garantía. No obstante, procede considerar que esta omisión tan sólo constituye un error de redacción que no puede viciar a los Reglamentos por falta de motivación, pues en ningún caso ha podido inducir a error a los interesados en cuanto a la justificación de la medida adoptada por la autoridad comunitaria. Por otra parte, como ha destacado el Abogado General en los apartados 55 y siguientes de sus conclusiones, este error de redacción no aparece en todas las versiones lingüísticas. Pero éstas deben ser tenidas en cuenta cuando una de las versiones de un texto presenta incoherencias con la letra y el espíritu de la normativa global a la que pertenece.
Por lo que se refiere al reproche referente a que se omitió indicar el método de cálculo de la ayuda, debe resaltarse que los cuatro Reglamentos de la Comisión controvertidos establecen, en sus considerandos, las bases jurídicas del cálculo de las ayudas, refiriéndose, en particular, a las disposiciones aplicables de los Reglamentos núms. 516/77 y 426/86, y del Reglamento n° 989/84.
El error de hecho en que ha incurrido la Comisión al adoptar el Reglamento n° 2160/87, declarando por error que se había sobrepasado el umbral de garantía para todos los productos transformados a base de tomates, no puede constituir tampoco una infracción del artículo 190 del Tratado, en la medida en que dicho error no es un elemento importante de la motivación que, por otra parte, es satisfactoria.
Por este motivo, procede hacer constar que los Reglamentos de que se trata contienen las indicaciones que permiten a los interesados conocer la razón de ser de esta normativa y al Tribunal de Justicia ejercer su control, y responden por consiguiente a las exigencias de motivación del artículo 190 del Tratado CEE.
En lo referente al reproche relativo a la violación del principio de no discriminación, SITPA afirma que el sistema de umbrales de garantía, instaurado por el Consejo, y las reducciones de la ayuda, efectuadas por la Comisión, se aplican de manera uniforme en toda la Comunidad, de modo que los transformadores franceses, que no son responsables de que se hayan sobrepasado los umbrales de garantía, son penalizados de la misma forma que las empresas italianas y griegas, culpables de los fraudes que han motivado que se sobrepasaran los citados umbrales de garantía.
Debe afirmarse que este reproche se basa, en primer lugar, en el hecho de que las Instituciones comunitarias hubieran debido reaccionar ante los fraudes cometidos
en Italia y Grecia. Ahora bien, de la sentencia de 17 de mayo de 1990, Sonito (
C-87/89, Rec. p. I-1981
), se deduce que la Comisión no tenía en su poder datos precisos y concluyentes sobre los presuntos fraudes cometidos en Grecia e Italia y por consiguiente no podía cuestionar legalmente los datos facilitados por estos Estados.
En consecuencia, el Consejo podía, sin violar el principio de no discriminación, adoptar, a propuesta de la Comisión, un Reglamento que estableciera un sistema de umbrales de garantía para el conjunto del mercado comunitario de los productos transformados a base de frutas y hortalizas. La Comisión, por su parte, estaba obligada, en virtud del Reglamento del Consejo, a efectuar una reducción anual de la ayuda que se imponía en función de la medida en que se sobrepasara el umbral de garantía.
En la medida en que debe entenderse que se reprocha también al Consejo y a la Comisión el haber penalizado a los transformadores franceses, en tanto que el hecho de que la producción sobrepasara el umbral de garantía no se debió a un aumento de la producción francesa, debe destacarse que, en el marco de una organización común de mercados, no habiendo un sistema de cupos nacionales, todos los productores comunitarios, sea cual fuere el Estado miembro en que estén establecidos, deben asumir de forma solidaria y por igual, las consecuencias de las decisiones que tienen que tomar las Instituciones comunitarias, dentro del ámbito de sus competencias, a fin de reaccionar frente al riesgo de un desequilibrio que puede surgir en el mercado entre la producción y las posibilidades de venta.
Por todo ello, procede declarar que al adoptar los Reglamentos controvertidos el Consejo y la Comisión no han violado el principio de no discriminación.
De la exposición anterior se deduce que el examen del Reglamento n° 989/84 del Consejo y de los Reglamentos núms. 1925/84, 2222/85, 2077/86 y 2160/87 de la Comisión, no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a su validez.
Costas
Los gastos efectuados por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Tribunal administratif de Dijon mediante resolución de 26 de diciembre de 1989, declara:

El examen del Reglamento (CEE) n° 989/84 del Consejo, de 31 de marzo de 1984, por el que se establece un sistema de umbrales de garantía para determinados productos transformados a base de frutas y hortalizas, y de los Reglamentos de la Comisión (CEE) n° 1925/84, de 5 de julio de 1984; (CEE) n° 2222/85, de 31 de julio de 1985; (CEE) n° 2077/86, de 30 de junio de 1986, y (CEE) n° 2160/87, de 22 de julio de 1987, por los que se establece el precio mínimo que debe pagarse a los productores de tomates y el importe de la ayuda a la producción de productos transformados a base de tomates para las campañas sucesivas de 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987 y 1987/1988, no ha revelado elementos que puedan afectar a su validez.

O'Higgins
Mancini
Schockweiler
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de enero de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Segunda
T. F. O'Higgins
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.