CELEX: 61985CJ0091
Agentes retribuidos con cargo a los créditos de investigación y de inversión
Sueldo
Discriminación

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 5 de abril de 1985, las Sras. Olga Priplata-Schneider, Anne-Marie Christ-Clemen y la Srta. Elizabeht Me Donnell, agentes temporales de la Comisión, interpusieron un recurso que tiene por objeto la anulación de sus hojas de haberes entregadas, respectivamente, de mayo a diciembre de 1984 y de julio a diciembre de 1984.
Las demandantes fueron contratadas por la Comisión en calidad de agentes temporales para ocupar un puesto de trabajo comprendido en la relación de efectivos aneja a la sección del presupuesto correspondiente a cada institución y al cual las autoridades presupuestarias han otorgado un carácter temporal [artículo 2, letra a), del régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo RAA)]; fueron clasificadas en la categoría C.
Los puestos de trabajo temporales a los que se las destinó se transformaron en permanentes a partir del 1 de enero de 1984. Las demandantes firmaron, a finales de abril o comienzos de mayo de 1984, una cláusula adicional a sus contratos conforme a la cual quedaban contratadas en calidad de agentes temporales en el sentido del artículo 2, letra d), del RAA a partir del 1 de enero de 1984.
Las demandantes afirman que, en el momento de recibir su retribución por su nueva situación, se percataron de que esta modificación de su contrato suponía una disminución de su retribución del orden del 5 %. Por consiguiente, presentaron reclamaciones, en aplicación del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra dicha cláusula adicional, que fueron denegadas mediante decisiones de fechas 4, 10 y 21 de enero de 1985.
La diferencia de sueldo es consecuencia del párrafo 5 del artículo 20 del RAA, añadido por el artículo 1, apartado 5, del Reglamento n
o
2615/76 del Consejo, de 21 de octubre de 1976, por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n
o
259/68, por lo que respecta al régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (
DO L 299, p. 1
; EE 01/02, p. 58). Esta disposición prevé, para los agentes contratados para ocupar, temporalmente un puesto de trabajo permanente, retribuidos con cargo a los créditos de investigación y de inversión y comprendidos en la relación de efectivos aneja al presupuesto de la institución interesada, un cuadro de sueldos base distinto del aplicable a los demás agentes temporales. Los sueldos base correspondientes a los agentes de investigación de las categorías C y D son inferiores en un 5 % a las de los demás agentes temporales que pertenecen a esas mismas categorías.
Las demandantes alegan la ilegalidad de esta disposición, por ser contraria al principio superior del derecho a la igualdad de trato consagrado por el Tribunal, principio que impide asignarles una retribución inferior a la de los demás funcionarios y agentes que cumplen las mismas funciones y que se encuentren en situaciones comparables así como, por otra parte, disminuir sus sueldos base por cuanto siguen cumpliendo las mismas funciones que antes de pasar al nuevo régimen. Añaden que esta discriminación no existe más que para los agentes de las categorías C y D, y no para los de las categorías A y B.
La Comisión niega que sea discriminatorio tratar de forma diferente a los agentes temporales retribuidos con cargo a los créditos de investigación y de inversión con relación a los demás agentes temporales, puesto que no son contratados según los mismos criterios ni retribuidos con cargo a los mismos créditos que estos últimos. Según su criterio, el hecho de que agentes que ejercen las mismas funciones reciban retribuciones distintas no tiene, en sí, nada de ilegal. Además, el paso del régimen anterior al actual supone también ventajas para las demandantes, como son la perspectiva de una mayor estabillidad de empleo y el derecho a una pensión que puede sustituirse por una prestación por cese, que era la única prevista en el régimen anterior. Una apreciación conjunta del nuevo régimen debería aparecer como más favorable desde un punto de vista global, dado que las ventajas compensan en todo caso las ligeras disminuciones de la retribución que ha supuesto.
Antes de entrar en la discusión de las alegaciones de las partes, conviene señalar que la diferencia de trato que se impugna ha sido abolida por el artículo 7 del Reglamento n
o
1578/85 del Consejo, de 10 de junio de 1985, por el que se modifica el régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas (
DO L 154, p. 1
; EE 01/04, p. 102), que ha suprimido, en el artículo 20 del RAA, el párrafo criticado así como el cuadro específico de sueldos base. Al someter al Consejo, en julio de 1983, la propuesta de reglamento por el que se modifica el RAA con objeto de suprimir en particular el cuadro específico de los sueldos base y de asegurar la asimilación de los sueldos de los agentes de investigación de las categorías C y D a las de los demás agentes temporales de las categorías correspondientes, la Comisión motivó su propuesta en los siguientes términos: «El principio de igualdad debe primar sobre los elementos históricos en que se basa esta diferencia de sueldos base desde la entrada en vigor del nuevo régimen del 30 de octubre de 1976; no se puede razonablemente mantener esta desigualdad de retribución en los casos de igualdad de trabajo y de funciones. Por ello, se propone remediar esta diferencia (artículo 6) considerada por los interesados como discriminatoria».
Habida cuenta de tales circunstancias, conviene examinar si el artículo 20 del RAA, tal y como estaba en vigor hasta su derogación por el artículo 7 del Reglamento n
o
1578/85 antes citado, viola el principio de igualdad de retribuciones entre los funcionarios que se encuentren en situaciones comparables, consagrado principalmente por la sentencia de 31 de mayo de 1979 (Newth,
156/78, Rec. 1979, p. 1941
).
Tal y como lo declaró el Tribunal en su sentencia de 2 de diciembre de 1982 (Micheli,
198 a 202/81, Rec. 1982, p. 4145
), una desigualdad de trato entre diferentes funcionarios no constituye una violación de este principio más que en el caso de que la diferencia no esté objetivamente justificada.
En el caso de autos, la Comisión pretende encontrar la justificación objetiva de la diferencia de trato en el hecho, por una parte, que, inicialmente, las personas destinadas a los programas de investigación y de inversión se reclutaban en calidad de agentes locales o de establecimiento y, por otra parte, que el nuevo régimen es, para los interesados, más favorable en términos generales que el precedente.
La primera explicación debe descartarse; efectivamente, las demandantes tenían, desde su entrada en servicio, la calidad de agentes temporales. En lo que se refiere a la segunda justificación enunciada, basta con constatar que, tras su cambio a la nueva categoría de agentes temporales, las demandantes han seguido ejerciendo exactamente las mismas funciones que antes, y con examinar si la disminución de su retribución con respecto a la retribución anterior y a la de los demás agentes temporales puede verse justificada y compensada por una mejora de sus condiciones de empleo en otros aspectos.
A este respecto, la Comisión arguye la mayor estabilidad de empleo de la que se benefician las demandantes bajo el nuevo régimen. A esta alegación hay que responder que, si bien es exacto que, con arreglo al antiguo régimen, los contratos no se celebraban más que por la duración de un programa determinado, tampoco lo es menos que los contratos podían prorrogarse, desde el momento en que los propios programas eran prorrogados o sustituidos por otros. El hecho de que puestos de trabajo existentes hayan sido transformados en permanentes muestra por otro lado que no estaba prevista la paralización de los programas. Por otra parte, con arreglo al nuevo régimen, aun cuando el puesto de trabajo es permanente, el titular del mismo no tiene una garantía particular, dado que, en calidad de agente temporal, su contrato puede quedar resuelto en cualquier momento con un preaviso de tres meses.
Queda el hecho de que, con arreglo al nuevo régimen, las demandantes se beneficien del derecho a una pensión de jubilación. No obstante, por una parte, no se trata más que de una simple expectativa sujeta a un cierto número de requisitos, entre ellos en particular la de una duración mínima del empleo, que, en el momento de la modificación de sus empleos, las demandantes no reunían. Por otra parte, con arreglo al régimen anterior, las demandantes se beneficiaban del derecho a una indemnización por cese que puede considerarse como equivalente a una pensión de jubilación capitalizada. De cualquier forma, esta diferencia de régimen ha sido entretanto abolida y en la actualidad todos los agentes temporales se benefician de un derecho a pensión.
Por ello, no se puede considerar que el reconocimiento de un derecho tan elemental como el derecho a una pensión de jubilación, dentro del ámbito de la función pública, pueda justificar, como contrapartida, una disminución de la retribución.
Para justificar el hecho de que la disminución de la retribución no afectara más que a los agentes de las categorías C y D, y no a los de las categorías A y B, la Comisión invoca de nuevo consideraciones presupuestarias, alegando que la situación económica comunitaria no permitía, en aquel momento, a causa del gran número de agentes de dichas categorías, conceder el sueldo normal a los agentes de las categorías C y D de la nueva carrera, mientras que no existía la misma dificultad para los agentes de las categorías A y B debido a su número restringido.
Además de que esta alegación no se comprende fácilmente si se considera que antes de la modificación de sus empleos, las demandantes y los agentes de las categorías C y D gozaban de la retribución que correspondía normalmente a tales categorías, hay que hacer constar que consideraciones presupuestarias no pueden justificar diferencias de retribución entre agentes que pertenezcan a una misma categoría y desempeñen cometidos de índole igual o comparable.
La Comisión niega también a las demandantes el derecho de impugnar la aplicación del nuevo régimen alegando que éstas aceptaron formalmente dicho régimen al firmar la cláusula adicional a sus contratos. Esta objeción no puede aceptarse por no poder considerarse la firma de este contrato, en el caso de autos, como aceptación válida de todas las modalidades del nuevo régimen. Por una parte, las demandantes no tenían otra elección si no querían perder su empleo, tal y como se deduce de la decisión de la Comisión denegatoria de sus reclamaciones; por otra parte, la cláusula adicional no indicaba de ninguna forma que el nuevo contrato supusiera una disminución de sus retribuciones, consecuencia que podían ignorar las demandantes, habida cuenta de la complejidad de la normativa en cuestión.
Por consiguiente, procede declarar que al establecer, para los agentes temporales destinados a un puesto de trabajo permanente, retribuidos con cargo a los créditos de investigación y de inversión y pertenecientes a las categorías C y D, un cuadro del que resultan retribuciones inferiores en un 5 % aproximadamente a las de los demás agentes temporales, el artículo 1, apartado 5, del Reglamento n
o
2615/76 ha violado, en el caso de que no haya una diferenciación objetivamente justificada, el principio de igualdad de retribuciones entre funcionarios que se encuentren en situaciones comparables y que desempeñen funciones de la misma naturaleza.
Esta disposición no puede, por tanto, servir de fundamento jurídico a las hojas de haberes que son objeto del recurso.
Por consiguiente, procede anular las hojas de haberes de las demandantes Olga Priplata-Schneider y Elizabeth Mc Donnell correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 1984 y de la demandante Anne-Marie Christ-Clemen correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1984, en la medida en que la retribución abonada a las demandantes es inferior a la que perciben los agentes temporales de las categorías C y D que se encuentran en la misma situación.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
decide:

1)
Anular las hojas de haberes de las demandantes Olga Priplata-Schneider y Elizabeth Mc Donnell, correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 1984, y de la demandante Anne-Marie Christ-Clemen correspondientes a los meses de julio a diciembre de 1984, en la medida en que la retribución abonada a las demandantes es inferior a la que perciben los agentes temporales de las categorías C y D que se encuentran en la misma situación.

2)
Condenar en costas a la Comisión.

Schockweiler
Bosco
Joliét
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 8 de octubre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente de la Sala Primera
F. Schockweiler
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.