CELEX: 62001TJ0282
Derecho aduanero
Devolución de los derechos de importación
Cargamento de cigarrillos robado durante el transporte
Concepto de situación especial en el sentido del artículo 905 del Reglamento (CEE) nº2454/93
Respeto del plazo

Marco jurídico
Con arreglo al artículo 91, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por
el que se aprueba el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero»), el régimen de tránsito
externo permite la circulación de uno a otro punto del territorio aduanero de la Comunidad de mercancías no comunitarias destinadas
a ser reexportadas a un país tercero, sin que dichas mercancías estén sujetas a los derechos de importación y demás gravámenes
ni a medidas de política comercial.
En virtud del artículo 37 del Código aduanero, las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad estarán
bajo vigilancia aduanera desde su introducción. Permanecerán bajo vigilancia hasta que se reexporten. A tenor del artículo
203, apartado 1, del Código aduanero, la sustracción a la vigilancia aduanera de una mercancía sujeta a derechos de importación
dará origen a una deuda aduanera de importación.
No obstante, el artículo 239 del Código aduanero establece la posibilidad de la devolución total o parcial de los derechos
de importación o de exportación pagados o de la condonación de un importe de deuda aduanera en determinadas situaciones distintas
de las contempladas en los artículos 236, 237 y 238 de dicho Código y que resulten de circunstancias que no impliquen ni intento
de fraude ni manifiesta negligencia por parte del interesado.
El citado artículo 239 fue concretado y desarrollado por el Reglamento (CEE) nº 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993,
por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento nº 2913/92 (DO L 253, p. 1; en lo sucesivo, «Reglamento
de aplicación»), modificado por última vez, en lo que se refiere al marco jurídico relevante en el presente asunto, mediante
el Reglamento (CE) nº 1677/98 de la Comisión, de 29 de julio de 1998 (DO L 212, p. 18).
Con arreglo al artículo 899 del Reglamento de aplicación, cuando la autoridad aduanera a la que se haya presentado la solicitud
de devolución o de condonación compruebe que los motivos invocados en apoyo de dicha solicitud corresponden a una de las situaciones
descritas en los artículos 900 a 903 del Reglamento de aplicación y que no hay intento de fraude ni negligencia manifiesta
por parte del interesado, concederá la devolución o la condonación del importe de los derechos de importación de que se trate.
El artículo 900, apartado 1, letra a), del Reglamento de aplicación establece a este respecto que se procederá a la devolución
o condonación de los derechos de importación cuando las mercancías no comunitarias incluidas en un régimen aduanero que implique
una exención total o parcial de los derechos de importación hayan sido robadas, siempre que dichas mercancías se recuperen
en un breve espacio de tiempo y se repongan en su situación aduanera inicial en el estado en que se hallaban en el momento
del robo.
El artículo 905, apartado 1, del Reglamento de aplicación dispone que, cuando la autoridad aduanera no se halle en condiciones
de decidir, sobre la base del artículo 899, y la solicitud esté fundamentada en motivos que justifiquen que se trata de una
situación especial resultante de circunstancias que no supongan negligencia manifiesta o intento de fraude por parte del interesado,
el Estado miembro de que se trate transmitirá el caso a la Comisión. A tenor del apartado 2 de esta disposición, el expediente
dirigido a la Comisión deberá incluir todos los elementos necesarios para el examen completo del caso presentado. La Comisión
podrá pedir que se le facilite información complementaria si resulta que los elementos de información proporcionados por el
Estado miembro son insuficientes para permitirle resolver con total conocimiento de causa.
El artículo 906
bis
del Reglamento de aplicación precisa que, cuando la Comisión tenga intención de tomar una decisión desfavorable para el solicitante
de la devolución o de la condonación, debe comunicarle por escrito sus objeciones y todos los documentos sobre la base de
los cuales ha emitido dichas objeciones. El solicitante tiene entonces un mes para expresar su punto de vista.
El artículo 907 del Reglamento de aplicación establece que la decisión de la Comisión que determine si la situación especial
examinada justifica o no la concesión de la devolución o de la condonación debe adoptarse en el plazo de nueve meses a partir
de la fecha de recepción del expediente por la Comisión. Cuando la Comisión deba pedir al Estado miembro información complementaria,
dicho plazo se ampliará por un período equivalente al tiempo transcurrido entre la fecha de envío por la Comisión de esta
petición y la fecha de recepción de la información por la Comisión. Asimismo, cuando la Comisión comunique sus objeciones
al solicitante, el plazo se ampliará por un período equivalente al tiempo transcurrido entre la fecha de envío de dichas objeciones
y la fecha de recepción de la respuesta del interesado o, a falta de respuesta, la fecha de vencimiento del plazo que se le
haya asignado para dar a conocer su punto de vista.
A tenor del artículo 908, apartado 2, del Reglamento de aplicación, la autoridad competente del Estado miembro se pronunciará
sobre la solicitud del interesado basándose en la decisión de la Comisión. En virtud del artículo 909 del Reglamento de aplicación,
si la Comisión no toma una decisión en el plazo de nueve meses señalado en el artículo 907, la autoridad aduanera nacional
dará curso favorable a la solicitud de devolución o de condonación.
Hechos que originaron el litigio
El 14 de mayo de 1997, la demandante presentó en la aduana del puerto de Amberes (Bélgica) una declaración relativa a la inclusión
de un cargamento de 12.110.000 cigarrillos en el régimen de tránsito externo para su transporte de Amberes a Montenegro (Serbia
y Montenegro). La aduana de destino era Karawanken/Rosenbach (Austria). Al entrar en el territorio aduanero de la Comunidad,
el camión, el remolque y el cargamento fueron despachados en aduana con arreglo a su utilización temporal. El camión, el remolque
y el cargamento se sometieron a la vigilancia aduanera.
El 15 de mayo de 1997, el camión, el remolque y el cargamento de cigarrillos fueron robados en un área de estacionamiento
de una autopista en Rhein-Böllen (Alemania), cerca de las fronteras belga y neerlandesa.
El 2 de junio de 1997, se encontró el camión en un aparcamiento de autopista en Grevenbroich-Kappeln (Alemania). El 3 de junio
de 1997, se encontró el remolque, vacío, en Zonhoven (Bélgica). Sin embargo, no pudo localizarse el cargamento.
La policía criminal alemana inició una investigación sobre el robo, en el marco de la cual se establecieron contactos con
los servicios competentes de la policía belga. En sus informes de investigación de 2 de junio y 29 de octubre de 1997, la
policía alemana indicó que, según sus sospechas, existía una relación entre este robo y otros robos e intentos de robo cometidos
en áreas de estacionamiento cercanas a aquella en la que se habían producido los hechos de que se trata y concluía que podía
existir un grupo de delincuentes que actuasen de manera coordinada cerca de las fronteras entre Alemania, Bélgica y los Países
Bajos.
El 27 de mayo de 1997, las autoridades alemanas competentes, a saber, el Hauptzollamt Koblenz (Administración Principal de
Aduanas de Coblenza, Alemania), giraron una liquidación, sobre la base del artículo 203 del Código aduanero, por la cual se
reclamaba a la demandante, como responsable del buen funcionamiento del régimen de tránsito, la cantidad de 395.392,01 marcos
alemanes (DEM) en concepto de derechos de aduana sobre el cargamento de cigarrillos.
Mediante escrito de 28 de mayo de 1998, la demandante, que había pagado la cantidad reclamada, solicitó a las autoridades
alemanas la devolución de los derechos de aduana relativos a los cigarrillos robados.
Mediante escrito de 1 de agosto de 2000, recibido por la Comisión el 24 de agosto de 2000, el Ministro federal de Hacienda
alemán pidió a la Comisión que se pronunciase sobre si la devolución de los derechos de importación solicitada por la demandante
estaba justificada en las circunstancias del presente asunto.
Mediante escrito de 1 de marzo de 2001, remitido el 6 de marzo de 2001, la Comisión comunicó a la demandante que tenía la
intención de tomar una decisión desfavorable en relación con ella, expuso las razones que motivaban la desestimación de la
solicitud de devolución y le instó a que expresara su punto de vista en el plazo de un mes.
Mediante escrito de 30 de marzo de 2001, la demandante expresó su postura sobre las objeciones formuladas por la Comisión
en cuanto a la solicitud de devolución.
Mediante escrito de 15 de mayo de 2001, la demandante llamó la atención de la Comisión sobre varios artículos de prensa según
los cuales un alto funcionario del Ministerio federal de Hacienda alemán, que formaba parte del servicio de aduanas e investigaciones
aduaneras, era sospechoso de corrupción y de haber violado el secreto profesional y, desde su ingreso en el servicio, las
investigaciones sobre el contrabando organizado de cigarrillos se habían visto obstaculizadas.
Mediante escrito de 17 de mayo de 2001, la Comisión se dirigió al Ministerio federal de Hacienda alemán y le pidió que aclarase
si el referido funcionario se ocupaba de investigaciones aduaneras en la fecha en que se originó la deuda de que se trata
y si era posible que las actividades de éste tuvieran repercusiones directas en el presente asunto.
Mediante escrito de 30 de mayo de 2001, recibido en la Comisión el 14 de junio de 2001, el Ministerio federal de Hacienda
alemán indicó que dicho funcionario no había asumido la dirección del servicio de investigaciones hasta diciembre de 1997,
es decir, después de los hechos que dieron lugar a la deuda aduanera controvertida. Mediante fax de 27 de junio de 2001, las
autoridades alemanas remitieron a la Comisión la declaración de la demandante en la que hacía constar su conocimiento del
escrito de la Comisión y de la respuesta del Ministerio alemán.
El 15 de junio de 2001, la Comisión consultó al grupo de expertos compuesto por representantes de todos los Estados miembros
reunidos en el marco del Comité del Código aduanero, a instancia de las autoridades alemanas.
El 18 de julio de 2001, la Comisión decidió no conceder la devolución de los derechos de importación mediante la Decisión
REM 19/00 de la Comisión, de 18 de julio de 2001 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). En el considerando 29 de esta Decisión,
la Comisión concluyó que «las circunstancias del presente asunto no [podían] crear, ni por separado ni en conjunto, una situación
especial en el sentido del artículo 239 del [Código aduanero]».
Una vez notificada esta Decisión por la Comisión a la administración alemana, ésta desestimó, el 27 de agosto de 2001, la
solicitud de devolución presentada por la demandante.
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de noviembre de 2001, la demandante interpuso
el presente recurso.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) decidió iniciar la fase oral del procedimiento.
En la vista de 11 de noviembre de 2003, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
por el Tribunal de Primera Instancia.
En dicha vista, la demandante desistió de sus pretensiones de que el Tribunal de Primera Instancia autorizase a la República
Federal de Alemania a devolverle, con arreglo a su solicitud de 28 de mayo de 1998, los derechos de aduana ya pagados.
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Anule la Decisión REM 19/00 de la Comisión, de 18 de julio de 2001.
–
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca, en primer lugar, un motivo basado en el incumplimiento del plazo previsto
para la adopción de la Decisión impugnada y, en segundo lugar, un motivo basado en la existencia de una situación especial
y en la falta de negligencia manifiesta y de intento de fraude en el sentido del artículo 239 del Código aduanero y del artículo
905 del Reglamento de aplicación.
Sobre el primer motivo, basado en el incumplimiento del plazo previsto para la adopción de la Decisión impugnada
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la Comisión adoptó la Decisión impugnada después de que expirase el plazo de nueve meses a partir
de la fecha de recepción del expediente remitido por las autoridades nacionales, contemplado en el artículo 907 del Reglamento
de aplicación. La demandante alega esencialmente que la Comisión no podía ampararse en su petición de información, dirigida
a las autoridades alemanas el 17 de mayo de 2001, en relación con la posible existencia de un caso de corrupción en los servicios
de represión de fraudes aduaneros de éstas, para prorrogar este plazo, ya que dicha petición era totalmente superflua.
A este respecto, la demandante señala, en primer lugar, que la Comisión ya tenía conocimiento de los hechos y circunstancias
objeto de su petición de 17 de mayo de 2001. Afirma, en particular, que la Comisión ya estaba informada de la fecha en la
que la persona sospechosa de corrupción había ingresado en el servicio de represión de fraudes aduaneros, pues el funcionario
de la Comisión encargado de instruir el expediente había trabajado anteriormente en el Ministerio federal de Hacienda alemán
y conocía personalmente este caso.
La demandante indica, en segundo lugar, que los hechos objeto de la petición de la Comisión no podían tener repercusiones
en la tramitación de la solicitud de devolución, puesto que el servicio alemán de represión de fraudes aduaneros no intervino
en el asunto de que se trata, cuya investigación fue realizada por la policía criminal alemana. La demandante alega que, en
su escrito de 15 de mayo de 2001, se limitó a llamar la atención de la Comisión sobre el hecho de que el posible caso de corrupción
que citaba constituía un indicio adicional de la existencia de defectos manifiestos, pero no dio a entender en modo alguno
que este hecho pudiese tener alguna repercusión en la tramitación de su solicitud de devolución.
La Comisión sostiene que la Decisión se adoptó dentro del plazo señalado, teniendo en cuenta que, con arreglo al artículo
907 del Reglamento de aplicación, dicho plazo se prorrogó válidamente a raíz de su petición remitida a la autoridad nacional
con objeto de que se le facilitase información complementaria.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Con arreglo al artículo 905, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento de aplicación, cuando resulte que los elementos de
información proporcionados por la autoridad nacional son insuficientes para permitir a la Comisión resolver con pleno conocimiento
de causa el caso que se le ha sometido, ésta puede pedir que se le facilite información complementaria. A tenor del artículo
907, párrafo segundo, del Reglamento de aplicación, esta petición de información prorroga el plazo del que dispone la Comisión
para pronunciarse sobre la solicitud de devolución.
Para comprobar si la petición de 17 de mayo de 2001 remitida por la Comisión a las autoridades alemanas prorrogó válidamente
el plazo previsto para la adopción de la Decisión impugnada, es necesario examinar, en primer lugar, si la información objeto
de dicha petición podía tener repercusiones sobre la postura que adoptase la Comisión frente a la solicitud de devolución.
Procede recordar que, en su escrito de 17 de mayo de 2001, la Comisión pidió al Ministerio federal de Hacienda alemán que
aclarase si el funcionario sospechoso de corrupción se ocupaba de las investigaciones aduaneras en la fecha en que se originó
la deuda controvertida y si era posible que las actividades de éste tuvieran repercusiones directas en el caso que le había
sido sometido. A este respecto, debe señalarse que se desprende de la jurisprudencia que, para determinar si las circunstancias
del caso de autos constituyen una situación especial, la Comisión tiene la obligación de apreciar el conjunto de los datos
de hecho pertinentes (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de mayo de 2001, Kaufring y otros/Comisión, asuntos
acumulados T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 a T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97 a T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97
y T‑147/99, Rec. p. II‑1337, apartado 222). Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia estima que la Comisión estaba facultada
para considerar en el presente asunto que circunstancias que formaban parte de la esfera de actividad de la administración
nacional, tales como la posible existencia de un caso de corrupción en los servicios de dicha administración, podían eventualmente
constituir una situación especial en el sentido de los artículos 239 del Código aduanero y 905 del Reglamento de aplicación
en caso de que existiese una relación de causalidad con el nacimiento de la deuda aduanera (véase, en este sentido, la sentencia
del Tribunal de Justicia de 7 de septiembre de 1999, De Haan, C‑61/98, Rec. p. I‑5003, apartado 53). Por tanto, procede concluir
que la Comisión podía considerar acertadamente que la información solicitada era pertinente para permitirle resolver con pleno
conocimiento de causa sobre la solicitud de devolución.
Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la demandante según la cual el servicio alemán de represión de fraudes
aduaneros no intervino en la investigación del robo de la mercancía. En efecto, no por ello es menos cierto que la persona
sospechosa de corrupción era un alto funcionario de la administración alemana, con destino en el Ministerio federal de Hacienda,
que disponía de competencias particulares en el ámbito de las investigaciones aduaneras y que, por ello, pudo haber tenido
acceso a información que pudiera facilitar el robo, la receptación o la ocultación del delito.
Además, debe señalarse que la argumentación de la demandante contradice aquí la expuesta por ella tanto durante el procedimiento
administrativo como ante el Tribunal de Primera Instancia al presentar su segundo motivo. Así, fue la demandante quien, mediante
escrito de 15 de mayo de 2001, llamó la atención de la Comisión sobre la posible existencia de un caso de corrupción. Asimismo,
la demandante hizo referencia en varias ocasiones en el escrito de interposición de su recurso a la investigación sobre el
comportamiento del funcionario sospechoso de corrupción, en particular, con el fin de demostrar la existencia de circunstancias
excepcionales.
En segundo lugar, es necesario examinar la alegación de la demandante según la cual la Comisión ya tenía la información solicitada
a la administración alemana. A este respecto, basta con indicar que, aunque se considerase probada la circunstancia de que
el funcionario de la Comisión encargado del expediente disponía efectivamente de información relativa al presunto caso de
corrupción de que se trataba, debido a su actividad profesional anterior en la administración tributaria alemana, el mero
hecho de que un funcionario pueda tener conocimientos personales sobre elementos de un expediente determinado no elimina en
modo alguno la necesidad de obtener documentos adecuados y con valor probatorio. En el caso de autos, tales pruebas sólo podían
proceder de la administración nacional afectada por el supuesto caso de corrupción, en especial mediante una petición de información
en virtud del artículo 905 del Reglamento de aplicación.
En suma, el Tribunal de Primera Instancia estima que la actuación de la Comisión fue conforme al artículo 905, apartado 2,
párrafo tercero, del Reglamento de aplicación. Por tanto, esta petición de información complementaria a las autoridades alemanas
prorrogó el plazo establecido para la adopción de la Decisión, con arreglo al artículo 907, párrafo segundo, segunda frase,
del Reglamento de aplicación. En consecuencia, procede concluir que la Decisión impugnada se adoptó dentro del plazo previsto
al efecto.
Por consiguiente, se desestima el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la existencia de una situación especial y en la falta de negligencia manifiesta y de intento
de fraude en el sentido del artículo 239 del Código aduanero y del artículo 905 del Reglamento de aplicación
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que se encontró en una situación especial resultante de circunstancias que no implicaban ni intento
de fraude ni negligencia manifiesta por su parte, en el sentido de los artículos 239, apartado 1, segundo guión, del Código
aduanero y 905 del Reglamento de aplicación y que, en consecuencia, la solicitud de devolución estaba justificada.
En primer lugar, la demandante alega que no impidió por medio de actuaciones fraudulentas el desarrollo normal del procedimiento
de tránsito externo ni su restablecimiento ni tampoco incurrió en negligencia manifiesta al respecto, sino que, por el contrario,
fue víctima de actos delictivos cometidos por el crimen organizado, en los cuales no participó ningún representante suyo.
La demandante indica que había utilizado todas las posibilidades técnicas para evitar el robo del vehículo y para encontrarlo
rápidamente en caso de sustracción, en particular instalando un sistema de localización por satélite.
En segundo lugar, la demandante sostiene que el robo del vehículo y de los cigarrillos se produjo en circunstancias especiales
en el sentido del artículo 239 del Código aduanero. A este respecto, alega que existe una situación especial en el sentido
de la citada disposición cuando el sujeto pasivo se encuentra en una situación excepcional en relación con la de los demás
operadores que ejercen la misma actividad (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 1999, Trans-Ex-Import, C‑86/97,
Rec. p. I‑1041).
La demandante señala que el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 11 de noviembre de 1999, Söhl & Söhlke (C‑48/98, Rec.
p. I‑7877), estimó que pueden constituir tales circunstancias las circunstancias extraordinarias que, aunque no sean ajenas
al operador económico, no forman parte de las situaciones a las que todo operador económico se enfrenta normalmente en el
ejercicio de su profesión. La demandante alega que, si bien esta sentencia se refiere a las circunstancias consideradas extraordinarias
a efectos de la aplicación del artículo 49 del Código aduanero, no es menos cierto, por un lado, que tanto esta disposición
como el artículo 239 de dicho Código contienen reglas de equidad y, por otro, que sus respectivas normas de aplicación, a
saber, los artículos 859 y 905 del Reglamento de aplicación, son esencialmente las mismas.
La demandante alega que las circunstancias del caso de autos contribuyeron no sólo a concretar el riesgo de robo al que se
enfrenta cualquier transportista de mercancías dentro de la Comunidad, sino también a crear circunstancias extraordinarias
en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que, según afirma, permitieron o incluso facilitaron el robo.
A este respecto, la demandante sostiene de nuevo que fue víctima del crimen organizado. A continuación, afirma que los servicios
de represión alemanes impidieron en varios aspectos la reincorporación de los cigarrillos robados en el procedimiento comunitario
de tránsito externo. La demandante critica en especial la falta de cooperación de la policía alemana con los servicios de
policía belgas y neerlandeses, recuerda la investigación efectuada respecto a un jefe de servicio de la represión de fraudes
aduaneros por obstaculizar investigaciones sobre el contrabando de cigarrillos y afirma que, si bien algunos servicios de
policía tenían conocimiento, desde marzo de 1997, de la existencia de un riesgo agravado de robo en relación con las mercancías
de valor que transitaban por la zona en la que se cometieron los hechos, no adoptaron ninguna medida particular para reforzar
la seguridad de este transporte y omitieron informar a la demandante de los riesgos que corría. Así, ésta se enfrentaba en
el trayecto que debía recorrer a un riesgo de robo sensiblemente más elevado que el que pesaba sobre otros operadores de transporte
que ejercían su actividad en otras rutas europeas. La demandante sostiene, además, que la Comisión permaneció inactiva ante
debilidades institucionales de la represión transfronteriza en la Unión Europea, que facilitaban el robo.
Por último, la demandante alega que las circunstancias del presente asunto son distintas de las del asunto que dio lugar a
la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1983, Magazzini Generali (asuntos acumulados 186/82 y 187/82, Rec.
p. 2951). En particular, la demandante destaca que en aquel asunto los servicios italianos eran los únicos encargados de la
investigación y su actividad no se vio obstaculizada por algunos de sus propios miembros. Además, indica que en el asunto
que dio lugar a la sentencia Magazzini Generali, antes citada, el Tribunal de Justicia debía resolver si un robo puede considerarse,
en principio, un caso de fuerza mayor, mientras que en el caso de autos no se trata de saber si un robo constituye, en principio,
una circunstancia especial en el sentido del artículo 239 del Código aduanero, sino de determinar si los hechos subyacentes
en el robo controvertido constituyen, en conjunto, circunstancias especiales que excluyen con carácter excepcional la responsabilidad
de la demandante.
La Comisión sostiene esencialmente que el robo y los actos fraudulentos cometidos por terceros no se asimilan, como tales,
a circunstancias especiales en el sentido del artículo 239 del Código aduanero, sino que constituyen un riesgo habitual al
que el operador económico está expuesto normalmente en el marco de sus actividades. La Comisión aduce asimismo que ninguna
de las alegaciones de la demandante relativas a las circunstancias del caso de autos sostiene la calificación de este robo
como caso excepcional ni, por tanto, justifica la aplicación del principio de equidad a que se refiere el artículo 239 del
Código aduanero.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
El artículo 905 del Reglamento de aplicación, que concreta y desarrolla la norma contenida en el artículo 239 del Código aduanero,
constituye una cláusula general de equidad destinada, en especial, a cubrir las situaciones excepcionales que, de por sí,
no se puedan subsumir en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 900 a 904 del Reglamento de aplicación (sentencia
Trans-Ex-Import, antes citada, apartado 18).
Del tenor del citado artículo 905 se desprende que el reembolso de los derechos de importación está supeditado al cumplimiento
de dos requisitos acumulativos, a saber, por una parte, la existencia de una situación especial y, por otra, la inexistencia
de negligencia manifiesta o intento de fraude del operador económico (véanse, en este sentido, la sentencia De Haan, antes
citada, apartado 42, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de enero de 2000, Mehibas Dordtselaan/Comisión,
T‑290/97, Rec. p. II‑15, apartado 87). En consecuencia, basta con que no se cumpla uno de estos dos requisitos para que deba
denegarse la devolución de los derechos (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de junio de 1996, Günzler Aluminium/Comisión,
T‑75/95, Rec. p. II‑497, apartado 54, y sentencia Mehibas Dordtselaan/Comisión, antes citada, apartado 87).
Dado que la Comisión estimó en la Decisión impugnada que la solicitud de devolución no estaba justificada debido a que las
circunstancias del caso de autos no creaban una situación especial, no examinó el segundo requisito, relativo a la falta de
intento de fraude y de negligencia manifiesta por parte del interesado. Por consiguiente, la presente discusión debe versar
exclusivamente sobre si la Comisión realizó o no una apreciación errónea del concepto de situación especial.
A este respecto, es necesario señalar que es jurisprudencia reiterada que la Comisión goza de una facultad de apreciación
cuando adopta una decisión en virtud de la cláusula general de equidad prevista en el artículo 905 del Reglamento de aplicación
(véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de noviembre de 1995, France-aviation/Comisión,
T‑346/94, Rec. p. II‑2841, apartado 34; de 17 de septiembre de 1998, Primex Produkte Import-Export y otros/Comisión, T‑50/96,
Rec. p. II‑3773, apartado 60, y Mehibas Dordtselaan/Comisión, antes citada, apartados 46 y 78). Procede destacar asimismo
que la devolución o la condonación de los derechos de importación, que sólo pueden concederse conforme a determinados requisitos
y en los casos previstos específicamente, constituyen una excepción al régimen normal de las importaciones y de las exportaciones
y, en consecuencia, que las disposiciones que prevén tal devolución o tal condonación deben interpretarse en sentido estricto
(sentencia Söhl & Söhlke, antes citada, apartado 52).
Así pues, el Tribunal de Justicia ha declarado que existen circunstancias que pueden constituir una situación especial en
el sentido del artículo 905 del Reglamento de aplicación cuando, a la luz del objetivo de equidad que sirve de base al artículo
239 del Código aduanero, se comprueba la existencia de elementos que pueden colocar al solicitante en una situación excepcional
en relación con los demás operadores que ejercen la misma actividad (sentencias Trans-Ex-Import, antes citada, apartado 22,
y De Haan, antes citada, apartado 52; sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de septiembre de 2001, Bacardi, C‑253/99, Rec.
p. I‑6493, apartado 56).
En el presente asunto, la demandante alega que lo que dio lugar a la situación especial en la que ella se encontraba no es
simplemente el robo de la mercancía, sino el conjunto de circunstancias del caso de autos, que, a su juicio, excluyen con
carácter excepcional su responsabilidad. Por tanto, es necesario determinar si los elementos puestos de manifiesto por la
demandante pueden constituir una situación especial en el sentido del artículo 905, apartado 1, del Reglamento de aplicación.
En primer lugar, la demandante señala que el robo fue obra del crimen organizado. A este respecto, el Tribunal de Primera
Instancia considera que el hecho de que el robo fuese aparentemente perpetrado por un grupo perteneciente a lo que suele llamarse
crimen organizado no le confiere carácter excepcional. En efecto, los operadores económicos que ejercen su actividad en el
transporte de mercancías de gran valor se exponen generalmente al riesgo de actos delictivos por parte de grupos criminales
bien estructurados. En cualquier caso, un grado elevado de organización por parte de los autores de un robo no puede conferir
al delito carácter singular a efectos de la aplicación de las disposiciones aduaneras. Así, el Tribunal de Justicia, al interpretar
los conceptos de «fuerza mayor» y de «pérdida irremediable de la mercancía» para aplicar la Directiva 79/623/CEE del Consejo,
de 25 de junio de 1979, relativa a la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia
de deuda aduanera (DO L 179, p. 31; EE 02/06, p. 43), declaró que la sustracción por terceros de mercancías sometidas a un
derecho de aduana, incluso sin culpa del deudor, no extingue la obligación correspondiente, «cualesquiera que sean las circunstancias
en las cuales se cometió el robo» (sentencia Magazzini Generali, antes citada, apartados 14 y 15).
En segundo lugar, la demandante invoca la supuesta falta de cooperación entre los servicios de policía alemanes, belgas y
neerlandeses durante la investigación del robo. Sin embargo, la cuestión del desarrollo de la investigación se refiere a un
momento posterior al nacimiento de la deuda aduanera, que se produjo, con arreglo al artículo 203, apartado 2, del Código
aduanero, con la sustracción de la mercancía a la vigilancia aduanera. A este respecto, las supuestas carencias durante la
investigación policial no constituyen circunstancias que puedan crear una situación especial en el sentido del artículo 905
del Reglamento de aplicación.
En tercer lugar, la demandante hace referencia al hecho de que se efectuase una investigación respecto a un miembro de la
administración tributaria alemana, sospechoso de haber obstaculizado investigaciones sobre el contrabando de cigarrillos.
Basta con recordar, en relación con ello, que, durante el procedimiento administrativo, la Comisión pidió información sobre
esta cuestión a las autoridades alemanas, que descartaron la posibilidad de que este supuesto caso de corrupción tuviese alguna
influencia en el presente asunto. Por tanto, procede concluir que este hecho, aun suponiendo que se acreditase, no podría
justificar la existencia de circunstancias especiales que afecten a la demandante.
En cuarto lugar, tampoco puede estimarse la alegación de la demandante según la cual, en el trayecto que debía recorrer, se
enfrentaba a un riesgo de robo mayor que el que corrían otros operadores económicos que ejercían su actividad en otros trayectos
europeos, debido a que las autoridades competentes, aun teniendo conocimiento de la existencia de un riesgo agravado de robo
de las mercancías de valor en la zona de que se trataba, no adoptaron medidas específicas para reforzar la seguridad ni informaron
a la demandante de este riesgo. En efecto, aunque esta alegación estuviese fundada, no dejaría de ser cierto que estas circunstancias
afectarían de igual manera a todos los operadores económicos que utilizan esta ruta y, por tanto, no colocarían a la demandante
en una situación excepcional en relación con muchos otros operadores.
En quinto lugar, la demandante invoca la circunstancia de que la Comisión permaneciese inactiva ante debilidades institucionales
de la represión transfronteriza en la Unión Europea, que facilitaron este robo y otros robos cometidos en circunstancias análogas.
Aun suponiendo que estuviese fundada, esta alegación coloca aún menos a la demandante en una situación especial, ya que esta
circunstancia afectaría del mismo modo a un número indefinido de operadores económicos, a saber, los que transportan mercancías
a través de las zonas transfronterizas de la Unión Europea.
En definitiva, procede concluir que ninguno de los elementos invocados por la demandante, por separado o en conjunto, puede
colocarla en una situación excepcional en relación con los demás operadores que ejercen la misma actividad, en el sentido
de la jurisprudencia citada en el apartado 56
supra
.
Esta conclusión no queda desvirtuada por la referencia de la demandante a la sentencia Söhl & Söhlke, antes citada, en la
cual el Tribunal de Justicia, al interpretar el concepto de «circunstancias» en el sentido del artículo 49, apartado 2, del
Código aduanero, señaló que el solicitante podía encontrarse en una situación excepcional con relación a los demás operadores
económicos que ejercen la misma actividad como consecuencia de circunstancias extraordinarias que, aunque no fueran ajenas
al operador económico, no formaban parte de las situaciones a las que todo operador económico se enfrenta normalmente en el
ejercicio de su profesión (sentencia Söhl & Söhlke, antes citada, apartados 73 y 74).
A este respecto, es necesario señalar que la sentencia Söhl & Söhlke, antes citada, trata sobre la interpretación del artículo
49, apartado 2, del Código aduanero, relativo a la prórroga de los plazos previstos para el cumplimiento de las formalidades
necesarias para asignar un destino aduanero a las mercancías que hayan sido objeto de una declaración sumaria, mientras que
el artículo 239 de dicho Código se refiere a una materia muy distinta, a saber, la devolución o la condonación de los derechos
de importación o de los derechos de exportación. En cualquier caso y con independencia de la pertinencia de la sentencia Söhl
& Söhlke, antes citada, para interpretar el artículo 239 del Código aduanero, el Tribunal de Primera Instancia estima que
los criterios puestos de manifiesto por esa sentencia no se cumplen en el caso de autos. En efecto, ninguno de los elementos
invocados por la demandante constituye una circunstancia extraordinaria que no forme parte de los riesgos profesionales inherentes
a la actividad profesional en el sentido de dicha jurisprudencia. En particular, como señaló la Comisión en la Decisión impugnada,
el robo de mercancías es uno de los siniestros que se producen con mayor frecuencia, contra el cual los operadores económicos
suelen asegurarse, en particular los que están especializados en el transporte de mercancías denominadas «de riesgo», debido
a que están sometidas a una imposición elevada.
Por tanto, procede concluir que la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación al considerar que las circunstancias
del caso de autos no constituían una situación especial en el sentido de los artículos 239 del Código aduanero y 905 del Reglamento
de aplicación.
Resulta de lo anterior que el segundo motivo carece de fundamento.
Por consiguiente, procede desestimar el recurso.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión la condena
en costas de la demandante y haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla a cargar con sus
propias costas y con las de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
La parte demandante cargará con sus propias costas y con las de la Comisión.
Lindh
García-Valdecasas
Cooke
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de febrero de 2004.
El Secretario
La Presidenta
H. Jung
P. Lindh
–
Lengua de procedimiento: alemán.