CELEX: 62006CJ0145
Directiva 2003/96/CE
Régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad
Ámbito de aplicación de la Directiva
Hidrocarburos
Aceites lubrificantes utilizados para fines distintos de los de combustible o de carburante
Exclusión
Derogación de la Directiva 92/81/CEE
Régimen nacional de imposición

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de
octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad
(DO L 283, p. 51), en su versión modificada por la Directiva 2004/75/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004 (DO L 157, p. 100)
(en lo sucesivo, «Directiva 2003/96»).
Dichas peticiones se presentaron en el marco de varios litigios entre Fendt Italiana Srl (en lo sucesivo, «Fendt») y la Agenzia
Dogane – Ufficio Dogane di Trento (Autoridad aduanera de Trento), relativos al impago por esta sociedad del impuesto sobre
el consumo, correspondiente al año 2004, existente en el Derecho nacional y que grava el aceite lubrificante.

Marco jurídico

Legislación comunitaria
La Directiva 92/12/CEE
El artículo 1 de la Directiva 92/12/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa al régimen general, tenencia, circulación
y controles de los productos objeto de impuestos especiales (DO L 76, p. 1) establece:
«1.      La presente Directiva establece el régimen de los productos objeto de impuestos especiales y de otros impuestos indirectos
que gravan directa o indirectamente el consumo de dichos productos, con exclusión del impuesto sobre el valor añadido y de
los impuestos establecidos por la Comunidad.
2.      Las disposiciones específicas sobre los tipos impositivos y las estructuras de los productos objeto de impuestos especiales
figuran en Directivas específicas.»
El artículo 3 de la mencionada Directiva dispone:
«1.      La presente Directiva es aplicable, a escala comunitaria, a los productos siguientes, definidos en sus correspondientes Directivas:
–        los hidrocarburos,
[...].
2.      Los productos a que se refiere el apartado 1 podrán estar gravados por otros impuestos indirectos de finalidad específica,
a condición de que tales impuestos respeten las normas impositivas aplicables en relación con los impuestos especiales o el
IVA para la determinación de la base imponible, la liquidación, el devengo y el control del impuesto.
3.      Los Estados miembros conservarán la facultad de introducir o mantener gravámenes sobre otros productos que no sean los enunciados
en el apartado 1, siempre y cuando dichos gravámenes no den lugar, en el comercio entre Estados miembros, a formalidades relativas
al cruce de fronteras.
[...]»
Las Directivas 92/81/CEE y 92/82/CEE
La Directiva 92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonización de las estructuras del impuesto especial
sobre los hidrocarburos (DO L 316, p. 12), en su versión modificada por la Directiva 94/74/CE del Consejo, de 22 de diciembre
de 1994 (DO L 365, p. 46) (en lo sucesivo, «Directiva 92/81»), establece, en su artículo 2, apartado 1, letra d), en relación
con el apartado 4 del mismo artículo, que «los productos del código NC 2710», en la versión de la nomenclatura combinada (en
lo sucesivo, «NC»), en vigor a 1 de octubre de 1994, es decir, en particular, los aceites lubrificantes, son hidrocarburos,
a efectos de la presente Directiva.
A tenor del apartado 2 del citado artículo 2, «[los] hidrocarburos distintos de aquéllos para los que se haya especificado
un nivel de impuesto especial en la Directiva 92/82/CEE, estarán sometidos al impuesto especial si se destinan al consumo,
se ponen a la venta o se utilizan como combustible o como carburante. El tipo impositivo se fijará, en función de la utilización,
al nivel del tipo aplicado al combustible o carburante equivalente. [...]»
El artículo 8, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/81 establece:
«1.      Además de las disposiciones generales sobre las utilizaciones exentas de los productos sujetos a impuestos especiales establecidas
en la Directiva 92/12/CEE, y sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias, los Estados miembros eximirán del impuesto
especial armonizado a los productos mencionados a continuación, en las condiciones que ellos establezcan para garantizar la
franca y correcta aplicación de dichas exenciones y de evitar cualquier fraude, evasión o abuso:
a)      los hidrocarburos no utilizados como carburante o combustible para calefacción;
[...].»
La Directiva 92/82/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial
sobre los hidrocarburos (DO L 316, p. 19), en su versión modificada por la Directiva 94/74 (en lo sucesivo, «Directiva 92/82),
fija un tipo mínimo del impuesto especial para determinados hidrocarburos. El artículo 2 de la citada Directiva enumera los
hidrocarburos objeto de ésta, entre los cuales no figuran los aceites lubrificantes.
La Directiva 2003/96
Los considerandos primero a tercero y séptimo de la exposición de motivos de la Directiva 2003/96 están redactados en los
siguientes términos:
1)      El ámbito de aplicación de la Directiva 92/81/CEE [...] y de la Directiva 92/82/CEE se limita a los hidrocarburos.
2)      La falta de disposiciones comunitarias que sometan a una imposición mínima la electricidad y los productos energéticos distintos
de los hidrocarburos puede ser perjudicial para el buen funcionamiento del mercado interior.
3)      El funcionamiento adecuado del mercado interior y la consecución de los objetivos de otras políticas comunitarias requieren
que la Comunidad establezca unos niveles mínimos de imposición para la mayoría de los productos de la energía, incluidos la
electricidad, el gas natural y el carbón.
[...]
7)      Como parte en la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la Comunidad ha ratificado el Protocolo
de Kyoto. La imposición de los productos energéticos y, cuando proceda, de la electricidad constituye uno de los instrumentos
de que se dispone para alcanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto.»
Por otra parte, el vigésimo segundo considerando de la exposición de motivos de la Directiva 2003/96 establece:
«Los productos energéticos deben estar sometidos fundamentalmente a un marco comunitario cuando se usen como combustible para
calefacción o carburante de automoción. En esta medida, está en la naturaleza y en la lógica del sistema fiscal excluir del
ámbito de aplicación el doble uso y el uso de productos energéticos con fines distintos a los de carburante o combustible,
así como los procesos mineralógicos. El uso similar de la electricidad debe tratarse en pie de igualdad.»
El artículo 1 de la Directiva 2003/96 dispone que los Estados miembros someterán a impuestos los productos energéticos y la
electricidad de conformidad con la presente Directiva.
El artículo 2, apartado 1, letra b), de la mencionada Directiva, en relación con el apartado 5 del mismo artículo, dispone
que, a efectos de la presente Directiva, se entenderá por productos «energéticos» los productos «de los códigos NC 2701, 2702
y 2704 a 2515 inclusive», tal como figuran en el Reglamento (CE) nº 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, por
el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística
y al Arancel Aduanero Común (DO L 279, p. 1), a saber, en particular los hidrocarburos, los cuales se hallan comprendidos
en la partida 2710 de la NC.
El artículo 2, apartado 4, letra b), de la Directiva 2003/96 está redactado en los siguientes términos:
«4.      La presente Directiva no se aplicará a:
[...]
b)      los siguientes usos de los productos energéticos y de la electricidad:
–        productos energéticos utilizados para fines que no sean el de carburante de automoción ni el de combustible para calefacción;
–        productos energéticos de doble uso.
Un producto energético se considera de doble uso cuando se utiliza tanto como combustible para calefacción como para fines
distintos del de carburante de automoción y combustible para calefacción. El uso de los productos energéticos con fines de
reducción química y en los procesos electrolíticos y metalúrgicos deben considerarse como de doble uso,
[...].»
El artículo 3 de la Directiva 2003/96 dispone:
«Se entenderá que las referencias de la Directiva 92/12/CEE a “hidrocarburos” e “impuestos especiales”, en la medida en que
se aplique a hidrocarburos, abarcan todos los productos energéticos, la electricidad y los impuestos indirectos nacionales
a que se hace referencia, respectivamente, en el artículo 2 y en el apartado 2 del artículo 4 de la presente Directiva.»
El artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2003/96 establece:
«1.      Además de las disposiciones generales sobre los usos exentos de los productos sujetos a impuestos especiales establecidas
en la Directiva 92/12/CEE, y sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias, los Estados eximirán del impuesto a los productos
mencionados a continuación, en las condiciones que ellos establezcan para garantizar la franca y correcta aplicación de dichas
exenciones y evitar cualquier fraude, evasión o abuso:
a)      los productos energéticos y la electricidad utilizados para producir electricidad y la electricidad utilizada para mantener
la capacidad de producir electricidad [...]
b)      los productos energéticos suministrados para su utilización como carburante en la navegación aérea distinta de la navegación
aérea de recreo privada.
[...]
c)      los productos energéticos suministrados para ser utilizados como carburante en la navegación en aguas comunitarias (incluida
la pesca), con exclusión de los utilizados en embarcaciones privadas de recreo y la electricidad producida a bordo de las
embarcaciones.
[...]»
Según los artículos 15 y 16 de la Directiva 2003/96, los Estados miembros podrán aplicar asimismo exenciones o reducciones
del nivel de imposición en los casos que allí se mencionan.
El artículo 28, apartados 1 y 2, de la Directiva 2003/96 establece:
«1.      Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, a más tardar el 31 de diciembre de 2003. Informarán inmediatamente
de ello a la Comisión.
2.      Los Estados miembros aplicarán las presentes disposiciones a partir del 1 de enero de 2004, a excepción de las disposiciones
del artículo 16 y del apartado 1 del artículo 18, que los Estados miembros podrán aplicar a partir del 1 de enero de 2003.»
A tenor del artículo 30 de la mencionada Directiva:
«No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 28, quedarán derogadas las Directivas 92/81/CEE y 92/82/CEE a partir
del 31 de diciembre de 2003.
Las referencias a las Directivas derogadas se interpretarán como referencias a la presente Directiva.»

Normativa nacional
El artículo 21, párrafo segundo, del Decreto legislativo nº 504, titulado «Texto refundido de las disposiciones legales que
regulan los impuestos sobre la producción y sobre el consumo y se establecen las correspondientes sanciones penales y administrativas
en esta materia (Decreto legislativo nº 504, «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione
e sui consumi e relative sanzioni penale e ammninistrative»), de 26 de octubre de 1995 (suplemento ordinario al GURI nº 279,
de 29 de noviembre de 1995; en lo sucesivo, «Decreto legislativo nº 504/95»), sujeta los productos comprendidos dentro del
ámbito de aplicación de la partida 2710 de la NC (aceites lubrificantes), utilizados como carburante o como combustible al
mismo tipo de impuesto especial que el previsto para el carburante o el combustible equivalente.
El artículo 62, párrafo primero, del Decreto legislativo nº 504/95 dispone:
«Los aceites lubrificantes (códigos NC 27 10 00 87 a 27 10 00 98) estarán sujetos, además de al tributo previsto en el artículo
21, párrafo segundo, a un impuesto sobre el consumo cuando vayan destinados, se pongan a la venta o se utilicen con unos fines
distintos de la combustión o de la carburación.»
El tipo impositivo de dicho gravamen sobre el consumo es distinto del tipo del impuesto especial al que se refiere el artículo
21, párrafo segundo, del Decreto legislativo nº 504/95.
En su sentencia de 25 de septiembre de 2003, Comisión/Italia (C‑437/01, Rec. p. I‑9861), el Tribunal de Justicia declaró que
la República Italiana había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 3, apartado 2, de la Directiva
92/12 y 8, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/81, al haber mantenido en vigor el artículo 62, párrafo primero, del Decreto
legislativo nº 504/95.
Efectivamente, en el artículo 30 de la sentencia Comisión/Italia, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que, con arreglo
a los artículos 8, apartado 1, letra a), y 2, apartado 2, de la Directiva 92/81, en relación con el artículo 2 de la Directiva
92/82, los aceites lubrificantes únicamente podrán ser sujetos al impuesto especial si están destinados a utilizarse, a ponerse
a la venta o a utilizarse como carburantes o combustibles. En los demás casos, deben quedar necesariamente exentos del impuesto
especial armonizado. Sobre este particular, el Tribunal de Justicia señaló, en los apartados 31 y 32 de la referida sentencia,
que permitir a los Estados miembros gravar con otro tributo indirecto los productos que deben quedar exentos del impuesto
especial armonizado privaría de todo efecto útil, en particular, al artículo 8, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/81.
Está acreditado que, en la fecha en que se produjeron los hechos del asunto principal, las autoridades italianas no habían
derogado el artículo 62, párrafo primero, del Decreto legislativo nº 504/95.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Mediante dos liquidaciones distintas, la Agencia Dogane – Ufficio Dogane di Trento, notificó a Fendt el impago del impuesto
sobre el consumo, correspondiente al año 2004, que gravaba el aceite lubrificante, regulado en el artículo 62, párrafo primero,
del Decreto legislativo nº 504/95.
Los recursos interpuestos por Fendt contra dichas liquidaciones fueron desestimados por la Commissione tributaria provinciale
di Trento. Según este órgano jurisdiccional, los productos energéticos distintos de los que pueden utilizarse como carburante
o como combustible no se hallan comprendidos dentro del limitado ámbito de aplicación de la Directiva 2003/96. El régimen
tributario de los demás productos, entre los cuales se hallan los hidrocarburos, está, por lo tanto, enteramente regulado
por el artículo 62, párrafo primero, del Decreto legislativo nº 504/95. En esta materia, la mencionada Directiva ha supuesto
una innovación al permitir a los Estados miembros establecer un sistema tributario autónomo para los aceites lubrificantes.
La Commissione tributaria di secondo grado di Trento, que conoce del recurso de apelación, señaló, en sus resoluciones de
remisión, que, contrariamente a lo que suponen las autoridades aduaneras competentes, la Directiva 2003/96 no autoriza expresamente
a los Estados miembros a establecer la tributación de los productos utilizados con fines distintos de los de carburante o
combustible. Sin embargo, tanto de la sentencia Comisión/Italia, antes citada, como de la razón de ser de esta Directiva,
así como de la finalidad perseguida por ésta se desprende que los aceites que no se utilicen como carburante o como combustible
están excluidos del régimen comunitario de tributación.
En estas circunstancias, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento decidió suspender el procedimiento en los dos
asuntos de que estaba conociendo y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial, que está formulada
en términos idénticos en cada una de ellos:
«[El] régimen de imposición previsto en el artículo 62 del Decreto legislativo nº 504/95, ¿[es compatible] con la Directiva 2003/96?»
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2006, se acumularon los asuntos C‑145/06 y C‑146/06
a los fines de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.

Sobre las cuestiones prejudiciales
Según ha señalado la Comisión con razón, en el marco del procedimiento previsto en el artículo 234 del Tratado, no corresponde
al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la compatibilidad de disposiciones nacionales con el Derecho comunitario. Sin embargo,
el Tribunal de Justicia es competente para facilitar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación
del Derecho comunitario que puedan permitirle apreciar dicha compatibilidad para la resolución del asunto de que conoce (véase,
en particular, la sentencia de 10 de junio de 1999, Braathens, C‑346/97, Rec. p. I‑3419, apartado 14).
En estas circunstancias, debe entenderse la cuestión planteada en el sentido de que el órgano jurisdiccional remitente pide
en esencia que se dilucide si la Directiva 2003/96 se opone a una legislación nacional, como la que se cuestiona en el asunto
principal, la cual prevé la percepción de un impuesto sobre el consumo que grave los aceites lubrificantes cuando éstos vayan
destinados, se pongan a la venta o se utilicen con fines distintos de los de carburante o combustible.
Sobre este particular, debe subrayarse que, según el artículo 1 de la Directiva 2003/96, los Estados miembros tienen la obligación
de gravar a los productos energéticos conforme a dicha Directiva, ya que ésta, según se desprende de los considerandos segundo
y tercero de su exposición de motivos, se propone establecer unos niveles mínimos comunitarios de imposición para la mayoría
de los productos de la energía.
En virtud del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/96, en relación con el apartado 5 del mismo artículo,
los productos comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la partida 2710 de la NC, a saber los aceites lubrificantes,
constituyen productos energéticos en el sentido de esta Directiva.
Sin embargo, de los propios términos del artículo 2, apartado 4, letra b), primer guión, de la mencionada Directiva se desprende
que ésta «no se aplicará» a los productos energéticos utilizados para fines que no sean el de carburante de automoción ni
el de combustible para calefacción.
Efectivamente, según el vigésimo segundo considerando de la exposición de motivos de la Directiva 2003/96, los productos energéticos
deben estar sometidos fundamentalmente a un marco comunitario cuando se usen como combustible para calefacción o carburante
de automoción. En esta medida, está en la naturaleza y en la lógica del sistema fiscal excluir del ámbito de aplicación del
citado marco el uso de productos energéticos con fines distintos de los de carburante o combustible.
A este respecto, procede observar que, a diferencia del artículo 8, apartado 1, letra a), de la Directiva 92/81, el cual disponía
que los Estados miembros debían eximir del impuesto a los hidrocarburos no utilizados como carburante o combustible para calefacción,
el artículo 14 de la Directiva 2003/96, que enumera exhaustivamente las exenciones obligatorias que recaen sobre los citados
Estados, no menciona los productos energéticos utilizados para fines distintos de los de combustible o de carburante. De la
misma forma, ni el artículo 15 ni tampoco el artículo 16 de esta última Directiva, que establecen determinadas exenciones
facultativas para los Estados miembros, contemplan tales productos.
De ello se deduce, según ha señalado en esencia la Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones que, si bien los hidrocarburos
utilizados con fines distintos de los de combustible o carburante se hallaban claramente comprendidos dentro del ámbito de
aplicación de la Directiva 92/81, pues dichos productos, según ha señalado el Tribunal de Justicia en los apartados 30 y 33
de la sentencia Comisión/Italia, antes citada, están obligatoriamente exentos del impuesto especial armonizado, el legislador
comunitario, al aprobar la Directiva 2003/96, pretendió modificar dicho régimen excluyendo dichos productos del ámbito de
aplicación de esta última Directiva, lo cual, por lo demás, ha reconocido la propia Fendt durante la vista.
De ello se deduce, según alegan los Gobiernos italiano y chipriota así como la Comisión, que a partir del 1 de enero de 2004,
fecha en la cual la Directiva 2003/96 derogó la Directiva 92/81, en virtud de su artículo 30, los Estados miembros están facultados
para someter a tributación los productos energéticos, como los aceites lubrificantes, utilizados para fines distintos de los
de combustible o de carburante.
Sin embargo, en la vista, Fendt sostuvo que tan sólo las disposiciones de la Directiva 92/81, que se hallan comprendidas dentro
del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/96, pueden quedar derogadas por ésta. Por consiguiente, puesto que esta última
Directiva es tan sólo de aplicación a los productos energéticos utilizados como carburante o como combustible, las disposiciones
de la Directiva 92/81, que, a semejanza de su artículo 8, apartado 1, letra a), versan sobre los productos energéticos utilizados
para fines distintos de los de combustible y carburante, no han quedado derogadas por la Directiva 2003/96 y, por lo tanto,
siguen estando en vigor. Esta interpretación se ve confirmada por la finalidad perseguida por la Directiva 2003/96. Efectivamente,
dado que ésta pretende contribuir a alcanzar los objetivos señalados por el Protocolo de Kyoto, no puede volver a conceder
a los Estados miembros la posibilidad de gravar los productos energéticos utilizados para fines distintos de los de combustible
y de carburante dado que éstos no constituyen una fuente de contaminación.
Debe rechazarse esta alegación. Efectivamente, el artículo 30 de la Directiva 2003/96 prevé, a tenor de un sentido literal
carente de toda ambigüedad, que la Directiva 92/81 quedará derogada a partir del 31 de diciembre de 2003. Por lo tanto, ni
la circunstancia de que sean distintos el ámbito de aplicación de esta última Directiva y el de la Directiva 2003/96 ni tampoco
la finalidad perseguida por ésta pueden justificar, so pena de modificar radicalmente el alcance del citado artículo 30, contrariamente
a la intención claramente manifestada del legislador comunitario, que se interprete dicho artículo en el sentido de que determinadas
disposiciones de la Directiva 92/81 siguen estando en vigor.
No obstante, si bien los Estados miembros están facultados para gravar los productos energéticos, como los aceites lubrificantes
utilizados para fines distintos de los de combustible y de carburante, deben ejercer sus competencias en este ámbito respetando
el Derecho comunitario (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de febrero de 1995, Schumacker, C‑279/93, Rec. p. I‑225,
apartado 21, y de 29 de marzo de 2007, Rewe Zentralfinanz, C‑347/04, Rec. p. I‑0000, apartado 21 y la jurisprudencia citada).
En particular, los Estados miembros deben respetar en este sentido no sólo lo dispuesto en el Tratado CE, en concreto los
artículos 25 CE y 90 CE, sino también las normas contenidas en el artículo 3, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva
92/12, como señalan con razón el Gobierno chipriota y la Comisión.
Efectivamente, aun cuando los aceites lubrificantes utilizados para fines distintos de los de combustible y de carburante
se hallan comprendidos en la definición del concepto de «productos energéticos» en el sentido del artículo 2, apartado 1,
letra b), de la Directiva 2003/96, están excluidos expresamente del ámbito de aplicación de esta Directiva por el apartado
4, letra b), primer guión, del citado artículo y, por lo tanto, no están sometidos al régimen del impuesto especial armonizado.
En estas circunstancias, debe considerarse que los citados aceites lubrificantes, que no están sometidos al impuesto especial
armonizado, constituyen productos distintos de los enumerados en el artículo 3, apartado 1, primer guión, de la Directiva
92/12 (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Braathens, apartados 24 y 25, así como Comisión/Italia, apartados
31 y 33), de forma que, conforme al apartado 3, párrafo primero, de dicho artículo, los Estados miembros conservan la facultad
de introducir o de mantener gravámenes sobre dichos productos, siempre y cuando dichos gravámenes no den lugar, en el comercio
entre Estados miembros, a formalidades relativas al cruce de fronteras.
Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que la Directiva 2003/96 debe interpretarse en
el sentido de que no se opone a una legislación nacional, como la que se cuestiona en el asunto principal, la cual prevé la
percepción de un impuesto sobre el consumo que grave los aceites lubrificantes cuando éstos vayan destinados, se pongan a
la venta o se utilicen con unos fines distintos de los de combustible o carburante.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
La Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición
de los productos energéticos y de la electricidad, en su versión modificada por la Directiva 2004/75/CEE del Consejo, de 29
de abril de 2004, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional, como la que se cuestiona
en el asunto principal, la cual prevé la percepción de un impuesto sobre el consumo que grave los aceites lubrificantes cuando
éstos vayan destinados, se pongan a la venta o se utilicen con unos fines distintos de los de combustible o carburante.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: italiano.