CELEX: 62005CJ0125
Competencia
Acuerdo de distribución de vehículos automóviles
Exención por categoría
Reglamento (CE) nº 1475/95
Artículo 5, apartado 3
Resolución por el proveedor
Entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002
Necesidad de reorganizar la red de distribución
Plazo de preaviso
Motivación
Carga de la prueba

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 1475/95
de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas
categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles (DO L 145, p. 25).
Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre VW‑Audi Forhandlerforeningen (Asociación de concesionarios Volkswagen
y Audi), que actúa en representación de Vulcan Silkeborg A/S (en lo sucesivo, «VS»), y Skandinavisk Motor Co. A/S (en lo sucesivo,
«SMC»), relativo a la legalidad de la resolución por ésta, con un preaviso de un año, del acuerdo que había celebrado con
VS para la distribución en Dinamarca de automóviles de la marca Audi.

Marco jurídico
A tenor del decimonoveno considerando del Reglamento nº 1475/95:
«Los puntos 2 y 3 del apartado 2 y el apartado 3 del artículo 5 fijan las condiciones mínimas de exención relativas a la duración
y a la rescisión del acuerdo de distribución y de servicio de venta y de postventa, porque, a causa de las inversiones del
distribuidor para mejorar la estructura de la distribución y del servicio de los productos contractuales, la dependencia del
distribuidor con respecto al proveedor aumenta considerablemente en caso de acuerdos celebrados a corto plazo o rescindibles
tras un período breve. No obstante, a fin de no entorpecer el desarrollo de estructuras de distribución flexibles y eficaces,
procede conferir al proveedor, con carácter extraordinario, el derecho de rescindir el acuerdo en caso de que precise reorganizar
la totalidad o una parte sustancial de la red. […]»
El artículo 1 del Reglamento nº 1475/95 excluye de la prohibición que establece el artículo 81 CE, apartado 1, los acuerdos
en virtud de los cuales un proveedor encarga a un revendedor autorizado la tarea de promover en un territorio determinado
la distribución de los productos contractuales y se compromete con este revendedor a reservarle, dentro de dicho territorio,
el abastecimiento de vehículos y piezas de recambio.
El artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento prevé que no serán obstáculo para la exención los compromisos por los que el
distribuidor se obligue a observar unas exigencias mínimas en la distribución y el servicio de venta y de postventa relativas,
en particular, al equipamiento de las instalaciones comerciales o a la reparación y el mantenimiento de los productos contractuales.
El artículo 5, apartados 2 y 3, de este mismo Reglamento dispone:
«2.      Cuando el distribuidor haya asumido obligaciones de las contempladas en el apartado 1 del artículo 4 para mejorar la estructura
de la distribución y del servicio de venta y de postventa, la exención se aplicará siempre
[…]
2)      que la duración del acuerdo sea al menos de cinco años o que el plazo de rescisión ordinaria del acuerdo convenido para un
período indeterminado sea al menos de dos años para las dos partes; […]
[…]
3.      Las condiciones de exención previstas en los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de:
–        el derecho del proveedor a rescindir el acuerdo con un preaviso de al menos un año, en caso de necesidad de reorganizar una
parte sustancial o la totalidad de la red,
[…]
En cada supuesto, las partes deberán, en caso de desacuerdo, aceptar un sistema de solución rápida del litigio, tal como el
recurso a un perito independiente o a un arbitro, sin perjuicio del derecho de las partes de acudir a la jurisdicción competente,
de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia en la legislación nacional.»
En su guía explicativa del Reglamento nº 1475/95, la Comisión expone lo siguiente en su respuesta a la pregunta 16, letra a),
titulada «¿Es posible poner término al acuerdo anticipadamente?»:
«El fabricante tendrá la facultad de poner término al acuerdo anticipadamente (mediante un preaviso de un año) cuando se vea
obligado a reorganizar la totalidad o una parte sustancial de su red. La necesidad de la reorganización se determinará de
común acuerdo entre las partes o, en caso de que así lo solicite el concesionario, por un perito independiente o por un árbitro.
El hecho de acudir a un perito independiente o a un árbitro no prejuzga el derecho de las partes a recurrir a un tribunal
nacional en los términos que establezca el Derecho nacional (artículo 5, apartado 3). Si el proveedor se atribuye a sí mismo
en el contrato una facultad de resolución unilateral que exceda de los límites fijados por el Reglamento, perderá automáticamente
el beneficio de la exención por categorías (artículo 6, apartado 1, punto 5, […]).
Esta posibilidad de resolución anticipada se estableció con el fin de que el fabricante pudiera readaptar de modo flexible
su aparato de distribución [considerando decimonoveno]. Puede resultar necesario proceder a una reorganización como consecuencia
del comportamiento de los competidores o de la evolución de las circunstancias económicas, con independencia de que ello esté
motivado por decisiones internas de un fabricante o por influencias externas, por ejemplo el cierre de una empresa que emplee
gran cantidad de mano de obra en una zona específica. Teniendo en cuenta la amplia variedad de situaciones que pueden surgir,
sería poco realista enumerar todas las posibles razones de reorganización.
El análisis de la organización específica de la red de un fabricante es lo que permite determinar, en cada caso concreto,
si una parte “sustancial” de la red se ve afectada o no. El término “sustancial” implica un aspecto tanto económico como geográfico,
que puede limitarse a la red de un Estado miembro determinado o a una parte de ella. En cualquier caso, el fabricante ha de
alcanzar un acuerdo con el concesionario cuyo contrato de distribución pretenda resolver, o bien con un perito independiente
o un árbitro, sin que resulte necesario consultar a los demás concesionarios indirectamente afectados.»
A partir del 1 de octubre de 2002, el Reglamento nº 1475/95 fue sustituido por el Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión,
de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de
acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO L 203, p. 30).
El artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1400/2002, bajo la rúbrica «Restricciones especialmente graves», establece que
la exención no se aplicará a los acuerdos verticales que tengan por objeto ciertas restricciones enumeradas en esta disposición.
El artículo 10 del mismo Reglamento prevé:
«La prohibición establecida en el apartado 1 del artículo 81 no se aplicará durante el período comprendido entre el 1 de octubre
de 2002 y el 30 de septiembre de 2003 a los acuerdos ya vigentes el 30 de septiembre de 2002 que no cumplan los requisitos
de exención establecidos en la exención [léase: en el presente Reglamento], pero sí los previstos en el Reglamento (CE) nº 1475/95.»
En su guía explicativa del Reglamento nº 1400/2002, la Comisión expone lo siguiente en su respuesta a la pregunta 20, bajo
el título «¿Cómo podrá efectuarse la resolución de los contratos que se ajustan al Reglamento nº 1475/95 durante el período
transitorio?»:
«La expiración del Reglamento nº 1475/95, que se producirá el 30 de septiembre de 2002, y su sustitución por un nuevo Reglamento
no implica en sí que tenga que haber una reorganización de la red. Sin embargo, tras la entrada en vigor del Reglamento, un
fabricante de vehículos puede decidir reorganizar considerablemente su red. Para ajustarse al Reglamento nº 1475/95 y, por
tanto, beneficiarse del período transitorio, los preavisos de resolución de un contrato normal deben darse con dos años de
antelación, a no ser que se opte por una reorganización o que exista la obligación de pagar una compensación.»
Además, en lo que se refiere a la pregunta 68, titulada «¿El Reglamento establece unos plazos de preaviso mínimos?», esta
guía señala en el párrafo cuarto de la respuesta a esta pregunta, en cuanto a la resolución con un preaviso de un año:
«Si resulta o no necesario reorganizar la red es una cuestión objetiva, y el hecho de que el proveedor considere que esta
reorganización es necesaria no resuelve el asunto en caso de litigio. En tal supuesto corresponderá al juez o árbitro nacional
resolver el asunto teniendo en cuenta las circunstancias.»

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
El 21 de septiembre de 1996, SMC firmó con VS, empresa que desde 1975 distribuye vehículos de la marca Audi en Dinamarca,
un nuevo acuerdo de distribución para estos vehículos en dicho Estado miembro.
El artículo 19, punto 1, de este acuerdo, bajo el título «Resolución mediante un plazo de preaviso más corto», establece:
«El proveedor tendrá […] derecho a resolver el presente contrato mediante comunicación por carta certificada y con un preaviso
de doce meses cuando resulte necesario reorganizar profundamente la totalidad o una parte de su red de ventas.»
El 16 de mayo de 2002, Audi AG (en lo sucesivo, «Audi») aprobó un plan de reorganización de su red de distribución en Dinamarca
que fijaba, en particular, el número de distribuidores que permitiría conseguir los objetivos financieros perseguidos en este
Estado miembro.
El 2 de septiembre de 2002, SMC envió a los 28 distribuidores de Audi en Dinamarca, entre ellos a VS, la siguiente carta:
«A la luz de las nuevas exenciones por categorías de acuerdos verticales y de prácticas concertadas de la UE en el sector
de los vehículos automóviles, que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2002, nos vemos obligados a reestructurar nuestra red
de distribución dentro del período de un año y a adaptar los contratos de distribución al nuevo Reglamento de exenciones por
categorías.
Así pues, en virtud del artículo 19, apartado 1, del contrato de distribución y teniendo en cuenta la necesidad de una reorganización,
nos vemos obligados a resolver el contrato relativo a los automóviles de turismo Audi que nos vincula a ustedes, con un preaviso
de 12 meses que terminará el 30 de septiembre de 2003.»
Ese mismo día, SMC envió otra carta separada a VS en la que le comunicaba que en los meses siguientes determinaría las demás
exigencias que Audi imponía a los distintos distribuidores y en la que insistía en que todavía era demasiado pronto para poder
valorar por completo las consecuencias para la red de distribución actual de Audi.
Mediante escrito de 3 de octubre de 2002, SMC comunicó a VS, por una parte, que, a fin de satisfacer la demanda ulterior en
el mercado, se reduciría la red de distribución existente de 28 a 14 distribuidores y, por otra, que a VS no se le propondría
un nuevo contrato de distribución.
En tales circunstancias, VW-Audi Forhandlerforeningen, en nombre y por cuenta de los distribuidores de vehículos Audi cuyo
contrato de distribución se resolvía, interpuso una demanda ante el órgano jurisdiccional remitente, alegando que el preaviso
debería haber sido de 24 meses.
Como el Østre Landsret consideró que el presente litigio suscitaba cuestiones sobre la interpretación del Derecho comunitario,
decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      El artículo 5, apartado 3, del Reglamento […] nº 1475/95 […] ¿debe interpretarse en el sentido de que la resolución por el
proveedor, con un preaviso de un año, del acuerdo suscrito con un distribuidor debe justificarse, además de la mera invocación
por aquél de la referida disposición?
2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, se pregunta lo siguiente:
¿Qué requisitos deben establecerse con arreglo al Derecho comunitario en lo que atañe al contenido de la mencionada justificación
y cuándo debe presentarse la justificación?
3)      ¿Qué consecuencias se derivan del hecho de no presentar una justificación adecuada y puntual?
4)      ¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95 […] en el sentido de que exige que la resolución
del acuerdo con un distribuidor mediante un preaviso de un año tenga como justificación un plan de reorganización previamente
elaborado por el proveedor?
5)      En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, se pregunta lo siguiente:
¿Qué requisitos deben establecerse con arreglo al Derecho comunitario en lo que atañe al contenido y a la forma de un plan
de reorganización elaborado por el proveedor y cuándo debe presentarse el plan de reorganización?
6)      En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, se pregunta lo siguiente:
¿Debe el proveedor informar al distribuidor cuyo contrato es objeto de resolución del contenido del plan de reorganización,
y, en caso afirmativo, cuándo y de qué manera debe facilitarse esa información?
7)      En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, se pregunta lo siguiente:
¿Qué consecuencias se derivan del hecho de que un plan de reorganización no cumpla los requisitos que se hayan establecido
en cuanto a la forma y al contenido de dicho plan?
8)      De la versión danesa del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95 […] se desprende que la resolución por un proveedor
de un acuerdo de distribución mediante un preaviso de un año requiere que ésta se produzca “[…] en caso de necesidad de reorganizar
profundamente una parte sustancial o la totalidad de la red […]”. La palabra “necesidad” figura en todas las versiones lingüísticas
del Reglamento nº 1475/95, pero el término “profundamente” sólo aparece en la versión danesa.
En tales condiciones, se pregunta lo siguiente:
¿Qué requisitos deben establecerse en cuanto a la naturaleza de la reorganización para que el proveedor pueda resolver el
acuerdo con el distribuidor, con un preaviso de un año, en virtud del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95 […]?
9)      A los efectos de apreciar si se cumplen los requisitos para que el proveedor pueda resolver el acuerdo con el distribuidor,
con un preaviso de un año, en virtud del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95, ¿procede dar importancia a las
posibles consecuencias económicas que sufriría el proveedor si resolviera el acuerdo con el distribuidor mediante un preaviso
de dos años?
10)      ¿A quién incumbe la carga de la prueba de que se cumplen los requisitos para que el proveedor pueda resolver el acuerdo con
el distribuidor, con un preaviso de un año, en virtud del artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95 […]? ¿Cómo se
puede levantar dicha carga de la prueba?
11)      El artículo 5, apartado 3, del Reglamento nº 1475/95 […] ¿debe interpretarse en el sentido de que los requisitos para que
el proveedor pueda resolver el acuerdo, con un preaviso de un año, en virtud de dicha disposición, han de considerarse cumplidos
por el hecho de que la mera aplicación del Reglamento nº 1400/2002 pueda haber hecho necesaria una reorganización profunda
de la red de distribuidores del proveedor?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se precise el alcance del derecho del
proveedor, establecido en el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, a resolver
un acuerdo con un preaviso de al menos un año cuando resulta necesario reorganizar una parte sustancial o la totalidad de
la red.
Como la Comisión y SMC señalaron en la vista, el órgano jurisdiccional remitente pretende con sus cuestiones, esencialmente,
que se determinen los requisitos de fondo a los que está sujeto el ejercicio del tal derecho de resolución (cuestiones octava
y novena). También en este contexto se plantea la cuestión de a quién incumbe la carga de la prueba de que se cumplen estos
requisitos y cómo debe aportarse tal prueba (décima cuestión). Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente pregunta
si este derecho de resolución está sujeto, además, al cumplimiento de determinados requisitos formales en lo que se refiere
a la motivación de la resolución y a la exigencia de un plan de reorganización (cuestiones primera a séptima). Por último,
desea averiguar, fundamentalmente, si la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 era, por sí sola, capaz de hacer necesaria
una reorganización de la red de distribución en el sentido de la referida disposición del Reglamento nº 1475/95 (undécima
cuestión).

Sobre las cuestiones octava y novena
Mediante estas cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente cuáles
son los requisitos de fondo que deben cumplirse para que se aplique el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión,
del Reglamento nº 1475/95.
Con arreglo al artículo 5, apartado 2, punto 2, del Reglamento nº 1475/95, cuando el distribuidor ha asumido determinadas
obligaciones para mejorar la estructura de la distribución y del servicio de venta y de postventa, la exención prevista en
dicho Reglamento se aplica, si el acuerdo se ha celebrado para un período indeterminado, siempre que el plazo de resolución
ordinaria sea, en principio, de al menos dos años para las dos partes.
Sin embargo, a tenor del apartado 3, párrafo primero, primer guión, de dicho artículo 5, los requisitos de exención previstos
en esta última disposición se entienden sin perjuicio del derecho del proveedor a resolver un acuerdo con un preaviso de al
menos un año, en caso de necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red.
A este respecto, del decimonoveno considerando del Reglamento nº 1475/95 se desprende que, no obstante las inversiones realizadas
por los distribuidores para mejorar la estructura de la distribución y del servicio de los productos contractuales, no se
debe entorpecer el desarrollo de estructuras de distribución flexibles y eficaces. Por consiguiente, según este mismo considerando,
procede conferir al proveedor el derecho a resolver el acuerdo en caso de que precise reorganizar la totalidad o una parte
sustancial de la red.
De ello resulta que el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, de dicho Reglamento establece una excepción
que, como tal, es de interpretación estricta.
A este respecto, del propio tenor de esta disposición se desprende que el derecho de resolución regulado en ella está sujeto
al cumplimiento de dos requisitos que se refieren, por una parte, a la existencia de una reorganización de una parte sustancial
o la totalidad de la red de distribución del proveedor afectado y, por otra parte, al carácter necesario de dicha reorganización.
En cuanto al primer requisito, de los términos de la referida disposición se desprende que ésta exige en primer lugar una
«reorganización» de la red del proveedor de que se trate. Tal reorganización implica necesariamente que se modifique la organización
de las estructuras de distribución de este proveedor, modificación que puede afectar, en particular, a la naturaleza o forma
de estas estructuras, a su objeto, al reparto de las tareas internas en el seno de tales estructuras, a las modalidades de
suministro de los productos y servicios en cuestión, al número o a la calidad de los participantes en dichas estructuras y
a su cobertura geográfica.
Por otra parte, con arreglo a los propios términos del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento
nº 1475/95, en el conjunto de sus versiones lingüísticas, salvo en la versión danesa, es preciso que se reorganice «la totalidad»
o «una parte sustancial» de la red del proveedor. Por consiguiente, la modificación de las estructuras de distribución de
que se trate debe ser significativa, tanto desde una perspectiva material como geográfica.
Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos
concretos del litigio del que conocen y particularmente en función de la organización específica de la red de distribución
del proveedor de que se trate, la existencia objetiva de tal reorganización de esta red.
A este respecto, como la Comisión observó y el Abogado General indicó en los puntos 15 a 26 de sus conclusiones, el hecho
de que la versión danesa del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95 se refiere,
contrariamente a todas las demás versiones lingüísticas de esta disposición, a la necesidad de una reorganización «profunda»
(«gennemgribende») de la red de distribución no reviste una importancia esencial, dado que tal precisión no añade nada a la
exigencia de que la modificación sea significativa, exigencia que se deriva del requisito de que se reorganice la totalidad
o una parte sustancial de la red del proveedor de que se trate, que figura en el conjunto de las demás versiones lingüísticas.
En cuanto al segundo requisito, la Comisión y SMC alegan que sólo corresponde al proveedor apreciar soberanamente la necesidad
de reorganizar su red de distribución. En efecto, entienden que el Reglamento nº 1475/95 no persigue que los órganos jurisdiccionales
o los órganos de arbitraje comprueben las preocupaciones comerciales que un proveedor tenga en el marco de tal reorganización.
Además, las disposiciones de este Reglamento no limitan en absoluto la libertad de dicho proveedor de fijar el número de sus
distribuidores. En consecuencia, para que se cumpla este requisito, basta con que exista una relación de causalidad entre
la resolución y la reorganización de dicha red.
No procede admitir esta tesis que, en lo que se refiere a la Comisión, difiere de la que ella propuso en su respuesta a la
pregunta 68 de la guía explicativa del Reglamento nº 1400/2002.
Ciertamente, en el marco de un litigio sobre la legalidad de una resolución con un plazo de preaviso reducido practicada en
las circunstancias previstas en el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, es verdad
que no incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales ni a los órganos de arbitraje cuestionar las consideraciones económicas
y comerciales por las que un proveedor tomó la decisión de reorganizar su red de distribución.
Sin embargo, no es menos cierto que la necesidad de tal reorganización no puede depender de la apreciación discrecional del
proveedor, so pena de privar a los distribuidores de toda protección jurisdiccional efectiva a este respecto, dado que, en
virtud del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, es esta necesidad la que permite
al proveedor resolver un acuerdo sin estar obligado a respetar el plazo de preaviso ordinario de dos años establecido en el
apartado 2, punto 2, del referido artículo 5, mientras que conserva el beneficio de la exención por categoría prevista en
dicho Reglamento con arreglo al artículo 81 CE, apartado 3.
En consecuencia, tomando en consideración la finalidad y el carácter excepcional del artículo 5, apartado 3, párrafo primero,
primer guión, del Reglamento nº 1475/95, la necesidad de una reorganización para ejercitar el derecho de resolución, con un
preaviso de al menos un año, debe poder justificarse de modo plausible por motivos de eficacia económica basados en circunstancias
objetivas internas o externas a la empresa del proveedor que, a falta de una rápida reorganización de la red de distribución
y habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este proveedor, podrían perjudicar a la eficacia de las estructuras
existentes de dicha red.
Por consiguiente, el mero hecho de que el proveedor considere, basándose en una apreciación comercial subjetiva de la situación
de su red de distribución, que resulta necesaria una reorganización de la misma no basta por sí solo para demostrar la necesidad
de tal reorganización en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95.
En cambio, a este respecto son pertinentes las posibles consecuencias económicas desfavorables que un proveedor podría sufrir
en el supuesto de que resolviera el acuerdo de distribución con un preaviso de dos años.
Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos
concretos del litigio del que conocen, la necesidad objetiva de tal reorganización.
En consecuencia, procede responder a las cuestiones octava y novena que el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer
guión, del Reglamento nº 1475/95 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de la «necesidad de reorganizar una
parte sustancial o la totalidad de la red» presupone una modificación significativa, tanto desde una perspectiva material
como geográfica, de las estructuras de distribución del proveedor de que se trate, modificación que debe justificarse de modo
plausible por motivos de eficacia económica basados en circunstancias objetivas internas o externas a la empresa del proveedor,
las cuales, habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este último y a falta de una rápida reorganización de la
red de distribución del mismo, podrían perjudicar a la eficacia de las estructuras existentes de dicha red. A este respecto,
son pertinentes las posibles consecuencias económicas desfavorables que un proveedor podría sufrir en el supuesto de que resolviera
el acuerdo de distribución con un preaviso de dos años. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos
de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen, si se cumplen estos requisitos.

Sobre la décima cuestión
Mediante su décima cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta a quién incumbe la carga de la prueba para que se
aplique el derecho de resolución, con un preaviso reducido de un año, establecido en el artículo 5, apartado 3, párrafo primero,
primer guión, del Reglamento nº 1475/95, y cuáles son las modalidades de aportación de esta prueba.
A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que incumbe a la empresa que solicita el beneficio
de una exención individual demostrar que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 81 CE, apartado 3 (véase, en
este sentido, la sentencia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión, 43/82 y 63/82, Rec. p. 19, apartado 52). Del mismo
modo, habida cuenta del carácter excepcional del plazo de resolución previsto en el artículo 5, apartado 3, párrafo primero,
primer guión, del Reglamento nº 1475/95 con respecto al plazo de resolución ordinario regulado en el apartado 2, punto 2,
de dicho artículo, cuando un distribuidor impugna la legalidad de dicha resolución ante los órganos jurisdiccionales nacionales
o ante los órganos de arbitraje, corresponde al proveedor que desee acogerse al derecho de resolución con un preaviso de un
año probar que se han cumplido los requisitos establecidos en la primera de estas disposiciones.
En cuanto a las modalidades de aportación de esta prueba, a falta de disposiciones previstas en el Reglamento nº 1475/95,
están reguladas por el Derecho nacional.
En consecuencia, procede responder a la décima cuestión que el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del
Reglamento nº 1475/95 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un distribuidor impugna ante los órganos jurisdiccionales
nacionales o ante los órganos de arbitraje la legalidad de una resolución con un preaviso de un año, incumbe al proveedor
probar que se han cumplido los requisitos establecidos en esta disposición para la aplicación del derecho de resolución con
un preaviso de un año. Las modalidades de aportación de esta prueba están reguladas por el Derecho nacional.

Sobre las cuestiones primera a séptima
Mediante sus cuestiones primera a séptima, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 5, apartado
3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95 debe interpretarse en el sentido de que impone al proveedor que
resuelve un acuerdo de distribución con arreglo a esta disposición, por una parte, la obligación de motivar formalmente la
decisión de resolución y, por otra, la de elaborar, con anterioridad a ésta, un plan de reorganización.
Según VS, el objetivo perseguido por la referida disposición, esto es, garantizar una competencia efectiva entre las redes
de distribución mediante la reducción de la dependencia de los distribuidores, requiere que las actividades de éstos no se
vean entorpecidas por una amenaza de resolución. Por consiguiente, VS entiende que el proveedor está obligado a exponer por
escrito, a más tardar al notificar la resolución, los motivos objetivos y explícitos en los que ésta está basada. Además,
la existencia previa de un plan de reorganización constituye un elemento sustancial de la exigencia de motivación. En opinión
de VS, la Comisión adoptó la misma posición en un comunicado a las autoridades danesas de defensa de la competencia, según
se desprende de un escrito que éstas dirigieron a VW-Audi Forhandlerforeningen el 20 de diciembre de 2002.
A este respecto, procede señalar, sin embargo, que, como la Comisión alega acertadamente en sus observaciones, el artículo
5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, en la medida en que indica que los requisitos de
exención previstos en este Reglamento «se entenderán sin perjuicio» del derecho del proveedor a resolver un acuerdo con un
preaviso de al menos un año en caso de necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red, se limita a
introducir en este Reglamento una mera posibilidad que, siempre que se cumplan los requisitos de aplicación enunciados en
esta disposición, no restringe la libertad contractual de las partes, tal como ésta se ejerce de conformidad con el Derecho
nacional aplicable.
Pues bien, aunque el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95 permite, según su propio
tenor, que un proveedor resuelva un acuerdo con dicho preaviso reducido en caso de que necesite reorganizar su red, esta disposición
no le impone, en cambio, ninguna obligación particular con respecto a la motivación formal de esta resolución ni con respecto
a la forma o al contenido de la reorganización. Es necesario señalar que, por lo demás, tales obligaciones no resultan de
ninguna otra disposición de este Reglamento.
En estas circunstancias, como la Comisión sostiene acertadamente en el marco de este procedimiento, la cuestión de si debe
motivarse formalmente la resolución de un acuerdo con un preaviso de un año, de conformidad con el artículo 5, apartado 3,
párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95, o de si el proveedor debe disponer de un plan de reorganización
elaborado con anterioridad a la notificación de la resolución corresponde solamente al Derecho nacional.
Contrariamente a lo que sostiene VS, los distribuidores no son privados, sin embargo, de toda protección jurisdiccional dado
que, como se desprende de los apartados 42 y 44 de esta sentencia, cuando un distribuidor impugna ante los órganos jurisdiccionales
nacionales o ante los órganos de arbitraje la legalidad de una resolución con un preaviso de un año, corresponde al proveedor
justificar dicha resolución probando que se han cumplido efectivamente los requisitos de fondo exigidos para la aplicación
de la referida disposición.
En consecuencia, procede responder a las cuestiones primera a séptima que el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer
guión, del Reglamento nº 1475/95 debe interpretarse en el sentido de que no impone al proveedor que resuelve un acuerdo de
distribución con arreglo a esta disposición la obligación de motivar formalmente la decisión de resolución ni la de elaborar,
con anterioridad a ésta, un plan de reorganización.

Sobre la undécima cuestión
Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea averiguar, en esencia, si la entrada en vigor del Reglamento
nº 1400/2002 podía, por sí sola, hacer necesaria la reorganización de la red de distribución de un proveedor en el sentido
del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95.
La Comisión y SMC sostienen que la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 podía, por sí sola, hacer necesaria la reorganización
de una red de distribución. Según la Comisión, un órgano jurisdiccional nacional o un órgano de arbitraje no puede dejar de
apreciar si un proveedor tiene tal necesidad. SMC alega que, en el caso de autos, la propia entrada en vigor de este Reglamento
hizo necesaria una reorganización sustancial de su red de distribución en Dinamarca debido, en particular, al hecho de que
se pasaba de una distribución exclusiva con protección territorial a un sistema de distribución selectiva que carece de tal
protección y debido al derecho de los talleres a obtener una autorización a condición de que cumplan determinados criterios
cualitativos.
A este respecto, procede observar que, como subrayó la Comisión en su guía explicativa del Reglamento nº 1400/2002, éste introdujo
unas modificaciones sustanciales con respecto al régimen de exención por categoría establecido en el Reglamento nº 1475/95,
ya que prevé reglas más estrictas que las establecidas en este último Reglamento para la exención de ciertas restricciones
de la competencia comprendidas en la prohibición enunciada en el artículo 81 CE, apartado 1.
En particular, el Reglamento nº 1400/2002 no concede la exención por categoría a las restricciones de las ventas activas y
pasivas por los miembros de un sistema de distribución selectiva [artículo 4, apartado 1, letra b), incisos i) e iii), letras d)
y e), de dicho Reglamento], por lo que en el marco de la exención por categoría prohíbe la combinación de la distribución
exclusiva con la distribución selectiva exenta por el Reglamento nº 1475/95 [artículo 3, puntos 8 a 10 de este Reglamento].
Sin embargo, para beneficiarse de la exención por categoría prevista en el Reglamento nº 1475/95, los proveedores no estaban
obligados en absoluto a introducir en los acuerdos de distribución tales restricciones de la competencia en el sentido del
artículo 81 CE, apartado 1. En efecto, este Reglamento, al igual que el Reglamento nº 1400/2002, como Reglamento de aplicación
del artículo 81 CE, apartado 3, se limita a dar a los agentes económicos del sector de que se trate ciertas posibilidades
que les permitan, a pesar de la presencia de determinados tipos de cláusulas restrictivas de la competencia en sus acuerdos
de distribución y de servicio de venta y de postventa, que éstos queden eximidos de la prohibición del apartado 1 de dicho
artículo 81. Las disposiciones de estos Reglamentos no imponen, sin embargo, a los agentes económicos la obligación de hacer
uso de estas posibilidades mediante el establecimiento de prescripciones vinculantes que afecten directamente a la validez
o al contenido de las cláusulas contractuales o que obliguen a las partes contratantes a adaptar el contenido de su contrato
(véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de diciembre de 1986, VAG France, 10/86, Rec. p. 4071, apartados 12 y 16; de
5 de junio de 1997, VAG, C‑41/96, Rec. p. I‑3123, apartado 16, y de 30 de abril de 1998, Cabour, C‑230/96, Rec. p. I‑2055,
apartado 47).
Así, como señaló SMC, aunque sólo se obtenía la exención por categoría prevista en el Reglamento nº 1475/95 a condición de
que el distribuidor se comprometiera a prestar los servicios de reparación y de mantenimiento, así como el servicio subsiguiente
a los requerimientos [artículos 4, apartado 1, puntos 1 y 6, y 5, apartado 1, punto 1, de dicho Reglamento], mientras que
el Reglamento nº 1400/2002 no concede la exención por categoría a la restricción de la capacidad del distribuidor para subcontratar
la prestación de servicios de reparación y mantenimiento a talleres de reparación autorizados ni a la restricción de estos
últimos de limitarse a tales actividades [artículo 4, apartado 1, letras g) y h), de este último Reglamento], el Reglamento
nº 1400/2002 no prohíbe en absoluto que un distribuidor siga prestando él mismo tales servicios como taller de reparación
autorizado en el marco del sistema de distribución exclusiva o selectiva establecido por el proveedor.
De ello resulta, como la Comisión señaló fundamentalmente en su respuesta a la pregunta 20 de su guía explicativa del Reglamento
nº 1400/2002, que la entrada en vigor de este último no hizo en absoluto necesario, por sí sola, que se reorganizara la red
de distribución de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95.
Sin embargo, teniendo en cuenta las modificaciones sustanciales del régimen de exención introducidas por el Reglamento nº 1400/2002,
es posible que la entrada en vigor de este último haya llevado a algunos proveedores a introducir cambios en sus acuerdos
de distribución para asegurarse de que éstos puedan seguir acogiéndose a la exención por categoría prevista en dicho Reglamento.
En particular, éste pudo ser el caso si los acuerdos celebrados bajo el régimen del Reglamento nº 1475/95 y de conformidad
con el mismo contenían restricciones «especialmente graves», en el sentido del artículo 4, apartado 1, del Reglamento nº 1400/2002.
Debido a estas modificaciones sustanciales introducidas por el Reglamento nº 1400/2002, el artículo 10 de este Reglamento
previó que la prohibición establecida en el artículo 81 CE, apartado 1, no se aplicaría durante el período comprendido entre
el 1 de octubre de 2002 y el 30 de septiembre de 2003 a los acuerdos ya vigentes el 30 de septiembre de 2002 que no cumplieran
los requisitos de exención establecidos en dicho Reglamento, pero sí los previstos en el Reglamento nº 1475/95.
Por consiguiente, habida cuenta del carácter excepcional del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento
nº 1475/95 y como se desprende del considerando trigésimo sexto del Reglamento nº 1400/2002, los cambios que los proveedores
podían introducir en su red de distribución a raíz de la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 podían resultar de una
mera adaptación, durante el período transitorio previsto a este efecto, de los contratos en vigor en el momento en que aquel
Reglamento dejaba de ser de aplicación, sin que tal adaptación implicara automáticamente, como VS sostuvo acertadamente en
la vista, la necesidad, respecto al Derecho nacional aplicable, de resolver estos contratos ni, en cualquier caso, la de reorganizar
la totalidad o una parte sustancial de dicha red de distribución.
Sin embargo, aun cuando la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 no hacía automáticamente necesario que se reorganizaran
las redes de distribución, procede admitir que en algunos casos, en función de las particularidades de la organización específica
de la red de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran unos cambios de
tal importancia que deba considerarse que constituyen una verdadera reorganización de esta red en el sentido del artículo
5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95.
Así, tal reorganización podía resultar necesaria en el sentido de esta disposición si, para seguir beneficiándose de la exención
por categoría, un proveedor, que antes de la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 combinaba la distribución exclusiva
con la selectiva, optaba por organizar su red de distribución sólo según un sistema de distribución selectiva o si decidía
mantener un sistema de distribución exclusiva, únicamente para los servicios de venta, y establecer un sistema de distribución
selectiva para los servicios de postventa prestados por talleres de reparación autorizados.
Sin embargo, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales o a los órganos de arbitraje, remitiéndose a las indicaciones
proporcionadas en los apartados 28 a 38 de la presente sentencia, apreciar, en función del conjunto de elementos concretos
del litigio del que conocen y, en particular, en función de las pruebas aportadas a tal fin por el proveedor, si los cambios
efectuados por éste constituyen tal reorganización de su red de distribución y si esta reorganización se hizo necesaria por
la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002.
En consecuencia, procede responder a la undécima cuestión que la entrada en vigor del Reglamento nº 1400/2002 no hizo necesario,
por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo
primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95. Sin embargo, en función de la organización específica de la red de distribución
de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran unos cambios de tal importancia que constituyen
una verdadera reorganización de esta red en el sentido de la referida disposición. Corresponde a los órganos jurisdiccionales
nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si éste es el caso en función del conjunto de elementos concretos del litigio
del que conocen.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
en el litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de
1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución
y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, debe interpretarse en el sentido de que:
–
La existencia de la «necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red» presupone una modificación significativa,
tanto desde una perspectiva material como geográfica, de las estructuras de distribución del proveedor de que se trate, modificación
que debe justificarse de modo plausible por motivos de eficacia económica basados en circunstancias objetivas internas o externas
a la empresa del proveedor, las cuales, habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este último y a falta de una
rápida reorganización de la red de distribución del mismo, podrían perjudicar a la eficacia de las estructuras existentes
de dicha red. A este respecto, son pertinentes las posibles consecuencias económicas desfavorables que un proveedor podría
sufrir en el supuesto de que resolviera el acuerdo de distribución con un preaviso de dos años. Corresponde a los órganos
jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos concretos del litigio
del que conocen, si se cumplen estos requisitos.
–
Cuando un distribuidor impugna ante los órganos jurisdiccionales nacionales o ante los órganos de arbitraje la legalidad de
una resolución con un preaviso de un año, incumbe al proveedor probar que se han cumplido los requisitos establecidos en esta
disposición para la aplicación del derecho de resolución con un preaviso de un año. Las modalidades de aportación de esta
prueba están reguladas por el Derecho nacional.
–
No impone al proveedor que resuelve un acuerdo de distribución con arreglo a esta disposición la obligación de motivar formalmente
la decisión de resolución ni la de elaborar, con anterioridad a ésta, un plan de reorganización.
–
La entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del
apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector
de los vehículos de motor, no hizo necesario, por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el
sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento nº 1475/95. Sin embargo, en función de la
organización específica de la red de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran
unos cambios de tal importancia que constituyen una verdadera reorganización de esta red en el sentido de la referida disposición.
Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si éste es el caso en función
del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: danés.