CELEX: 61993CJ0469
Efecto directo de las disposiciones contenidas en el GATT y en los convenios de Lomé
Tributos internos

Mediante resolución de 10 de noviembre de 1993, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de diciembre siguiente, el Tribunale
di Trieste planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (en lo sucesivo,
GATT) y de los Convenios ACP-CEE firmados en Lomé entre los Estados de Africa, del Caribe y del Pacífico y la Comunidad Económica
Europea (en lo sucesivo,
Convenios ACP-CEE).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Amministrazione delle Finanze dello Stato y la sociedad
Chiquita Italia (en lo sucesivo,
Chiquita Italia).
La Ley italiana nº 986/64, de 9 de octubre de 1964 (en lo sucesivo,
ley italiana), estableció, a partir del 1 de enero de 1965, un impuesto sobre los plátanos frescos, que posteriormente fue aumentado en
varias ocasiones.
Mediante sentencia de 7 de mayo de 1987, Co-Frutta (193/85, Rec. p. 2085), el Tribunal de Justicia declaró que el párrafo
segundo del artículo 95 del Tratado CEE se opone a un impuesto sobre el consumo que grave determinadas frutas importadas,
por cuanto puede proteger la producción nacional. También declaró que el artículo 95 es aplicable a todos los productos procedentes
de los Estados miembros, incluidos los originarios de terceros países puestos en libre práctica en los Estados miembros.
Asimismo, el Tribunal de Justicia declaró en su sentencia dictada también el 7 de mayo de 1987, Comisión/Italia (184/85, Rec.
p. 2013), apartado 15, que la República Italiana, al haber establecido y mantenido en vigor un impuesto especial sobre los
plátanos frescos aplicable a los plátanos originarios de otros Estados miembros, había incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud del párrafo segundo del artículo 95 del Tratado.
En efecto, el Tribunal de Justicia consideró, por un lado, que dicho impuesto tenía carácter de tributo interno puesto que
formaba parte de un régimen general de exacciones internas, en el que se incluyen sistemáticamente determinadas categorías
de productos con arreglo a criterios objetivos, aplicados con independencia del origen de los productos. Por otro lado, consideró
que constituía una medida proteccionista en el sentido del párrafo segundo del artículo 95, por cuanto podía proteger la producción
nacional de frutas.
Fundándose en estas sentencias, Chiquita Italia, mediante dos recursos de 2 de abril y de 25 de mayo de 1990, solicitó al
Pretore di Trieste que ordenara a la Administración italiana que le permitiera introducir en Italia los lotes de plátanos
procedentes de Colombia, Honduras y Santa Lucía, sin satisfacer el impuesto sobre el consumo establecido por la Ley italiana,
basándose en que era contrario al Derecho comunitario.
El Pretore di Trieste estimó dichos recursos.
El ministero delle Finanze interpuso, el 18 de septiembre de 1990, dos recursos ante el Tribunale di Trieste que tenían por
objeto la declaración de que el impuesto controvertido era conforme a Derecho y su recaudación procedente. En efecto, ésta
sólo debería considerarse ilegal respecto de los plátanos originarios de otros Estados miembros o despachados a libre práctica
en la Comunidad y no respecto de los plátanos procedentes directamente de países terceros.
El 29 de diciembre de 1990, la Ley nº 428/90 (Anexo de la GURI de 12 de enero de 1991) suprimió el impuesto italiano sobre
el consumo de plátanos. De la resolución de remisión se desprende que esta Ley no tuvo, sin embargo, efecto retroactivo.
Mientras se sustanciaba el procedimiento ante el Tribunale di Trieste, el Tribunal de Justicia dictó la sentencia de 9 de
junio de 1992, Simba y otros (asuntos acumulados C-228/90 a C-234/90, C-339/90 y C-353/90, Rec. p. I-3713) que también tenía
por objeto la importación en Italia de plátanos directamente procedentes de Estados terceros.
El Tribunal de Justicia reiteró en dicha sentencia que el impuesto sobre el consumo controvertido constituía un tributo interno
en el sentido del artículo 95 del Tratado. Recordó a continuación (apartado 14) que esta disposición sólo era aplicable a
los productos importados de los demás Estados miembros y no se extendía a los productos importados directamente de países
terceros.
No obstante, el Tribunal de Justicia consideró (apartado 19) que, si bien el Tratado en sí no recoge disposiciones que prohíban
posibles discriminaciones en la aplicación de tributos internos a los productos importados directamente de países terceros,
han de tenerse en cuenta los acuerdos internacionales que vinculan a la Comunidad con los países terceros de origen de los
lotes de plátanos y que, posiblemente, recojan cláusulas que pueden influir sobre la solución de los litigios principales.
El Tribunal de Justicia también señaló (apartado 20) que, con arreglo al apartado 2 del artículo 139 del Tercer Convenio ACP-CEE,
la Comunidad y sus Estados miembros se comprometieron, en el ámbito del régimen general de intercambios, a no utilizar medidas
proteccionistas contra los productos importados de los Estados ACP.
Recordó a continuación (apartado 21) la naturaleza protectora de un tributo como el impuesto nacional sobre el consumo, respecto
a la producción nacional de frutas de mesa del Estado miembro de que se trate.
No obstante, indicó (apartado 22) que correspondía a los órganos jurisdiccionales remitentes, en su caso, previa consulta
al Tribunal de Justicia mediante cuestiones prejudiciales sobre su interpretación, determinar si las disposiciones de los
acuerdos internacionales prohíben efectivamente la percepción, por un Estado miembro, de un tributo como el impuesto sobre
el consumo que grava los lotes de plátanos frescos importados directamente de los Estados terceros de que se trate.
Por último, el Tribunal de Justicia subrayó (apartado 28) que, en el caso de que los órganos jurisdiccionales remitentes consideren
que una Ley nacional que establece un tributo como el impuesto nacional sobre el consumo es incompatible con las disposiciones
del Derecho comunitario convencional que confieren derechos a los particulares, éstos no estarán obligados a pagar el tributo.
A raíz de dicha sentencia, la sociedad Chiquita Italia pagó el impuesto sobre el consumo por los plátanos importados de Honduras.
Persiste, por el contrario, en su negativa a satisfacer dicho impuesto en lo que respecta a las importaciones procedentes
de Colombia y de Santa Lucía alegando que, en este aspecto, el impuesto es contrario al artículo III del GATT y a determinadas
disposiciones contenidas en los Convenios ACP-CEE.
Por considerar que la solución del litigio del que conocía dependía de la interpretación del GATT y de los Convenios de Lomé,
el órgano jurisdiccional de remisión decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes
cuestiones prejudiciales:
1)
Habida cuenta de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 9 de junio de 1992 en los
asuntos acumulados C-228/90 a C-234/90, C-339/90 y C-353/90, y en particular por lo que respecta al alcance del Derecho comunitario
convencional, ¿el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y los convenios firmados entre los Estados ACP
y la Comunidad Económica Europea atribuyen derechos a los particulares que éstos pueden invocar ante los Estados firmantes?,
y en caso de infracción, ¿tiene el Juez nacional la obligación de abstenerse de aplicar la norma interna que contradiga el
citado Acuerdo o tales Convenios?
2)
En caso de respuesta afirmativa, ¿es un tributo interno como el impuesto sobre el consumo de plátanos frescos, establecido
en Italia mediante la Ley nº 986/64, modificada por la Ley nº 873/82, ya aplicado a los citados productos importados de terceros
países miembros del GATT o firmantes de los Convenios celebrados entre los Estados ACP y la Comunidad Económica Europea, contrario
a las citadas normas comunitarias convencionales y, como consecuencia, debe el Juez nacional abstenerse de aplicarlo?
Dado que el órgano jurisdiccional remitente no ha aportado ninguna precisión sobre el Convenio ACP-CEE al que se refiere,
procede determinar, con carácter preliminar, cuál de los cuatro Convenios ACP-CEE se aplica en el presente caso.
A este respecto, debe observarse que las importaciones que constituyen el hecho imponible del impuesto controvertido tienen
lugar a partir del mes de abril de 1990.
Así pues, las disposiciones invocadas por las distintas partes que intervienen en el litigio están contenidas bien en la Tercera
Parte, Título I del Cuarto Convenio ACP-CEE, firmado en Lomé el 15 de diciembre de 1989 (DO 1991, L 229, p. 1), bien en el
Protocolo nº 5 relativo a los plátanos (DO 1991, L 229, p. 213), que entraron en vigor el 1 de marzo de 1990 (artículo 2 de
la Decisión nº 2/90 del Consejo de Ministros ACP-CEE, de 27 de febrero de 1990, relativa a las medidas transitorias válidas
a partir de 1 de marzo de 1990).
En estas circunstancias, procede referirse únicamente al Cuarto Convenio ACP-CEE.
Sobre la primera cuestión
Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si el GATT y el Cuarto
Convenio ACP-CEE pueden contener disposiciones que atribuyan a los particulares determinados derechos que éstos pueden invocar
ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales que los contradigan.
A este respecto, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la cuestión del efecto directo de las disposiciones
contenidas en un Acuerdo celebrado por la Comunidad con países terceros requiere invariablemente un análisis del espíritu,
el sistema y la letra de dicho Acuerdo (véase, en especial, la sentencia de 12 de diciembre de 1972, International Fruit Company,
asuntos acumulados 21/72 a 24/72, Rec. p. 1219).
Por lo que se refiere al GATT, es preciso observar que el Tribunal de Justicia ha considerado en repetidas ocasiones, y recientemente
en su sentencia de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo (C-280/93, Rec. p. I-4973), apartado 106, que el GATT, basado conforme
a su preámbulo en el principio de negociaciones emprendidas
a base de reciprocidad y de mutuas ventajas, se caracteriza por la gran flexibilidad de sus disposiciones, en particular de aquellas que se refieren a las posibilidades
de establecer excepciones, a las medidas que pueden adoptarse en caso de dificultades extraordinarias y a la solución de discrepancias
entre las Partes contratantes.
El Tribunal de Justicia subrayó (apartado 107) que estas medidas engloban, para la solución de las discrepancias, según los
casos, manifestaciones o propuestas escritas que deben examinarse
con comprensión, indagaciones eventualmente seguidas de recomendaciones, consultas o decisiones de las Partes contratantes, incluida la autorización
a algunas Partes contratantes para suspender, con respecto a otras, la aplicación de toda concesión u obligación derivada
del Acuerdo General, y finalmente, en caso de que se produzca tal suspensión, la facultad de la parte interesada de denunciar
este Acuerdo.
También señaló (apartado 108) que, para el caso de que determinados productores sufrieran o estuvieran expuestos a sufrir
algún perjuicio grave como consecuencia de algún compromiso asumido en virtud del Acuerdo General o de alguna concesión sobre
una preferencia, el artículo XIX reconoce la facultad a favor de una Parte contratante de suspender unilateralmente su compromiso
y retirar o modificar la concesión, bien después de consultar al conjunto de las Partes contratantes, a falta de acuerdo entre
las Partes contratantes interesadas, o bien incluso, en caso de urgencia y con carácter provisional, sin consulta previa (véanse
las sentencias International Fruit Company, antes citada, apartados 21, 25 y 26; de 24 de octubre de 1973, Schlüter, 9/73,
Rec. p. 1135, apartado 29; de 16 de marzo de 1983, SIOT, 266/81, Rec. p. 731, apartado 28, y SPI y SAMI, asuntos acumulados
267/81, 268/81 y 269/81, Rec. p. 801, apartado 23).
Por consiguiente, estas particularidades impiden que un justiciable pueda invocar las disposiciones del GATT ante los órganos
jurisdiccionales nacionales de un Estado miembro para oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales.
En lo que respecta al Cuarto Convenio ACP-CEE, el Gobierno italiano considera que, al igual que el GATT, no puede contener
disposiciones que atribuyan a los particulares derechos que éstos puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales,
y ello teniendo en cuenta los objetivos y principios generales de dicho Convenio, cuya finalidad es fomentar el desarrollo
económico, cultural y social de los Estados ACP.
A este respecto, debe señalarse que el Cuarto Convenio ACP-CEE, así como, por otra parte, los Convenios ACP-CEE que lo precedieron
o los Convenios de asociación entre la Comunidad Económica Europea y los Estados africanos y malgache, no tiene la misma naturaleza
que el GATT, como se desprende de los anteriores apartados 26 a 29.
Estos Convenios se caracterizan por un desequilibrio muy apreciable de los compromisos suscritos por las Partes contratantes.
Su objetivo general es, en efecto, fomentar el desarrollo económico y social de los Estados terceros firmantes, especialmente
mediante una mejora de las condiciones de acceso de sus productos al mercado comunitario. A este respecto, se plantea la cuestión
de si dicho desequilibrio excluye que algunas de sus disposiciones puedan tener un efecto directo.
Estos Convenios se enmarcan, de hecho, en la prolongación del régimen de asociación que el Tratado CEE, de forma unilateral,
había establecido inicialmente.
Ahora bien, en su sentencia de 5 de febrero de 1976, Bresciani (87/75, p. 129), el Tribunal de Justicia, en relación con el
Segundo Convenio de asociación entre la Comunidad Económica Europea y los Estados africanos y malgache, firmado en Yaundé
el 29 de julio de 1969 (DO 1970, L 282, p. 1), que precedió a los Convenios ACP-CEE, consideró (apartado 23) que este desequilibrio
en las obligaciones asumidas por la Comunidad frente a los Estados asociados, que está en la propia lógica del carácter específico
del Convenio, no es un obstáculo al reconocimiento por parte de la Comunidad del efecto directo de algunas de sus disposiciones.
Por lo tanto, debe considerarse que el Cuarto Convenio ACP-CEE puede contener disposiciones que atribuyan a los particulares
determinados derechos que éstos puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
No invalida esta conclusión el argumento del Gobierno italiano según el cual el Cuarto Convenio ACP-CEE establece un procedimiento
particular para la solución de discrepancias entre Partes contratantes; en efecto, el Segundo Convenio de Yaundé también contenía,
en su artículo 53, un régimen comparable y, pese a ello, el Tribunal de Justicia reconoció, en la citada sentencia, que algunas
de sus disposiciones tenían efecto directo.
Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la primera cuestión que el GATT no contiene disposiciones que atribuyan
a los particulares derechos que éstos puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación
de disposiciones nacionales que lo contradigan, y que el Cuarto Convenio ACP-CEE puede contener tales disposiciones.
Sobre la segunda cuestión
Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si determinadas disposiciones
del GATT o del Cuarto Convenio ACP-CEE pueden interpretarse en el sentido de que se oponen a un tributo interno que, como
el establecido en la Ley italiana nº 986/64, modificada por la Ley nº 873/82, se aplica a productos importados de Estados
terceros firmantes de dichos Convenios.
Habida cuenta de la respuesta dada en relación con las disposiciones del GATT, sólo procede responder a esta segunda cuestión
en lo que respecta a las disposiciones del Cuarto Convenio ACP-CEE.
Con carácter preliminar, debe señalarse que las disposiciones del Cuarto Convenio ACP-CEE son, desde su entrada en vigor,
parte integrante del ordenamiento jurídico comunitario.
Chiquita Italia sostiene que el apartado 2 del artículo 177 del Cuarto Convenio ACP-CEE debe ponerse en relación con el artículo
95 del Tratado CE y, por consiguiente, al igual que a esta disposición, debe reconocérsele efecto directo.
No puede acogerse esta tesis. En efecto, en primer lugar debe señalarse que el Cuarto Convenio ACP-CEE no contiene disposiciones
que se refieran de modo expreso a los tributos internos. Así, mientras que este Convenio contiene en el apartado 1 del artículo
168 y en el apartado 1 del artículo 169 disposiciones comparables a los artículos 9, 12 y 30 del Tratado CE, no hay en él
ninguna disposición específicamente referida a los tributos internos y comparable al artículo 95 del Tratado CE.
Pues bien, como ha señalado acertadamente el Gobierno italiano, si la Comunidad y los Estados ACP hubieran querido regular
el problema de los tributos internos en el marco del régimen general de intercambios establecido por el Convenio, hubieran
adoptado precisamente una disposición calcada del artículo 95 del Tratado CE.
Debe señalarse, a continuación, que el apartado 2 del artículo 177 del Cuarto Convenio ACP-CEE no puede interpretarse fuera
de su contexto. Se integra, en efecto, en una disposición que establece las medidas de salvaguardia aplicables en caso de
graves perturbaciones en un sector de actividad económica de la Comunidad o de uno o más Estados miembros, o bien de riesgos
de deterioro de un sector, causados por la aplicación del régimen general de intercambios establecido por el Convenio.
Por lo tanto, cabe considerar que si las partes en el Convenio hubieran querido perseguir el objetivo mencionado por Chiquita
Italia, habrían colocado esta disposición al mismo nivel que las disposiciones del Convenio que corresponden a los artículos
9, 12 y 30 del Tratado CE y no se hubieran limitado a incluirla en un artículo relativo a las medidas de salvaguardia.
Por último, procede señalar, como hizo el Abogado General en el punto 37 de sus conclusiones, que el Segundo Convenio de Yaundé,
que precedió a los Convenios de Lomé, contenía en su artículo 5 una disposición, redactada en términos similares a los del
apartado 1 del artículo 95 del Tratado CE, según la cual: Sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en el presente Convenio, cada parte se abstendrá de toda medida o
práctica de naturaleza fiscal interna que establezca directa o indirectamente una discriminación entre sus productos y los
productos similares originarios de otras Partes contratantes.
El hecho de que una disposición similar no se haya luego recogido en el
régimen general de intercambios de los Convenios de Lomé muestra la voluntad de las Partes del Convenio de excluirla del ámbito de aplicación de dicho régimen.
Con carácter subsidiario, la demandada en el litigio principal también alega que el apartado 1 del artículo 169 del Cuarto
Convenio ACP-CEE, que establece que la Comunidad no aplicará a la importación de los productos originarios de los Estados
ACP restricciones cuantitativas ni medidas de efecto equivalente, es aplicable en el presente caso.
En efecto, subraya que dicho artículo corresponde al artículo 30 del Tratado CE. Ahora bien, el Tribunal de Justicia declaró
en su sentencia de 22 de septiembre de 1988, Comisión/Irlanda (45/87, Rec. p. 4929), apartado 16, que el artículo 30 del Tratado
tiene como finalidad eliminar todas las medidas de los Estados miembros que obstaculizan las corrientes de importación en
el comercio intracomunitario, tanto si estas medidas inciden directamente sobre la circulación de las mercancías importadas,
como si obstaculizan indirectamente la comercialización de los productos procedentes de otros Estados miembros. El hecho de
que algunos de estos obstáculos deban examinarse en relación con
disposiciones específicas del Tratado, como las del artículo 95 en materia de discriminación fiscal, no reduce en medida alguna
el carácter general de las prohibiciones que impone el artículo 30.
Según Chiquita Italia, si el Tribunal de Justicia estimase que el Cuarto Convenio ACP-CEE carece de disposiciones correspondientes
al artículo 95 del Tratado CE, debería poderse aplicar el apartado 1 del artículo 169 de este Convenio, ya que esta disposición
constituye, al igual que el artículo 30 del Tratado CE, una
lex generalis
a la que hay que remitirse a falta de disposiciones específicas.
A este respecto, la tesis sostenida por Chiquita Italia presupone que tanto el Tratado CE como el Cuarto Convenio ACP-CEE
tienen por objeto garantizar una libre circulación de las mercancías exenta de cualquier forma de obstáculo, incluyendo en
ello los que resultan de tributos internos discriminatorios.
No puede admitirse este razonamiento. En efecto, según reiterada jurisprudencia, la extensión de la interpretación de una
disposición del Tratado a una disposición, redactada en términos comparables, similares o incluso idénticos, que figure en
un acuerdo celebrado por la Comunidad con un país tercero, depende, en especial, de la finalidad perseguida por cada una de
dichas disposiciones en su propio marco y, a este respecto, reviste una importancia considerable la comparación entre los
objetivos y el contexto del acuerdo, por una parte, y los del Tratado, por otra (véase, en especial, la sentencia de 1 de
julio de 1993, Metalsa, C-312/91, Rec. p. I-3751, apartado 11).
Ahora bien, como ya se ha demostrado, a falta de disposiciones específicas relativas a los tributos internos, debe considerarse
que las Partes de este Convenio no pretendieron regularlos en el marco del régimen general de intercambios establecido.
En la vista, Chiquita Italia también invocó el artículo 1 del Protocolo nº 5 relativo a los plátanos, que establece que,
respecto de sus exportaciones de plátanos a los mercados de la Comunidad, ningún Estado ACP será puesto, en lo que se refiere
al acceso a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados, en una situación menos favorable que aquella en
la que se encontraba anteriormente o en la que se encuentre actualmente.
Según Chiquita Italia, esta disposición constituye una cláusula de mantenimiento del
statu quo
que puede tener efecto directo. Ahora bien, esta cláusula ya figuraba en el Primer Convenio ACP-CEE, que entró en vigor el
1 de abril de 1976 (DO 1976, L 25, p. 1). Fue mantenida posteriormente en el Segundo, Tercer y Cuarto Convenios de Lomé. Por
consiguiente, dicha disposición puede ser legítimamente invocada para oponerse a los aumentos del impuesto italiano posteriores
al 1 de abril de 1976.
El Gobierno italiano considera por su parte que, si bien la disposición de que se trata contiene efectivamente una obligación
de mantenimiento del
statu quo
en lo que respecta a los requisitos actuales de acceso de los plátanos ACP a sus mercados tradicionales, no es sin embargo
aplicable al impuesto italiano, en la medida en que éste existe desde 1964, es decir, antes de la entrada en vigor del Cuarto
Convenio ACP-CEE.
En primer lugar, debe observarse que, contrariamente a las demás disposiciones del Protocolo nº 5 relativo a los plátanos,
el artículo 1 está redactado en términos claros, precisos e incondicionales y, por lo tanto, puede ser directamente invocado
por los particulares.
No obstante, debe comprobarse si esta disposición puede invocarse frente a aumentos de un tributo interno como el impuesto
italiano sobre el consumo de plátanos.
A este respecto, hay que señalar que el artículo 1 del Protocolo nº 5 relativo a los plátanos constituye una cláusula de mantenimiento
del
statu quo
. En otras palabras, el objeto de esta disposición es garantizar el acceso de los plátanos procedentes de los Estados ACP
a sus mercados tradicionales en unas condiciones y según unas modalidades que no sean menos favorables que las existentes
en el momento de su entrada en vigor. Sin embargo, esta garantía de acceso sólo beneficia a los plátanos procedentes de los
Estados ACP hasta las cantidades importadas en el momento de la entrada en vigor de dicha disposición.
Ahora bien, no puede negarse que esta cláusula de mantenimiento del
statu quo
impide los aumentos de un tributo como el que es objeto de controversia. Tales aumentos implican, en efecto, incrementos
de precio de los plátanos de que se trate y, por consiguiente, dificultan su venta en el mercado de referencia.
Tampoco puede argumentarse que el ámbito de los tributos internos quedó excluido del régimen general de intercambios establecido
por el Capítulo 1 del Título I de la Tercera Parte del Cuarto Convenio ACP-CEE. En efecto, el artículo 183 del Convenio, que
se remite al Protocolo relativo a los plátanos, se encuentra en el Capítulo 2 del Título I de la Tercera Parte del Cuarto
Convenio, titulado
Compromisos especiales referentes al ron y a los plátanos. Se trata, por lo tanto, de una disposición particular que, con arreglo al principio
lex specialis derogat generali,
puede perfectamente establecer un régimen jurídico distinto del previsto para el resto de los productos originarios de los
Estados ACP.
Por último, es preciso señalar que los tres primeros Convenios ACP-CEE contenían todos una cláusula de mantenimiento del
statu quo
redactada en términos similares a los utilizados en el artículo 1 del Protocolo nº 5 relativo a los plátanos.
Habida cuenta de que el Primer Convenio ACP-CEE entró en vigor el 1 de abril de 1976, procede, por consiguiente, declarar
que los Convenios ACP-CEE se oponen a los aumentos de un tributo interno sobre los plátanos originarios de los Estados ACP
como el impuesto italiano sobre el consumo, toda vez que tales aumentos son posteriores al 1 de abril de 1976 y hacen que
las exportaciones de plátanos estén en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraban anteriormente en
lo que se refiere al acceso a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos italiano y francés y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado
observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las
partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde
a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Tribunale di Trieste mediante resolución de 10 de noviembre de 1993,
declara:
1)
El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio no contiene disposiciones que atribuyan a los particulares derechos
que éstos puedan invocar ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de disposiciones nacionales
que lo contradigan. El Cuarto Convenio ACP-CEE puede contener tales disposiciones.
2)
Los Convenios ACP-CEE se oponen a los aumentos de un tributo interno sobre los plátanos originarios de los Estados ACP como
el impuesto italiano sobre el consumo, toda vez que tales aumentos son posteriores al 1 de abril de 1976 y hacen que las exportaciones
de plátanos estén en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraban anteriormente en lo que se refiere
al acceso a sus mercados tradicionales y a sus ventajas en dichos mercados.
Kakouris
Hirsch
Schockweiler
Kapteyn
Murray
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 1995.
El Secretario
El Presidente de la Sala Sexta
R. Grass
C.N. Kakouris
–
Lengua de procedimiento: italiano.