CELEX: 61988CJ0330
Responsabilidad contractual
Cláusula compromisoria

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 1988, el Sr. Alfredo Grifoni, propietario de una empresa especializada en la prestación de servicios de hojalatería y ferretería, interpuso, con arreglo al artículo 153 y al párrafo primero del artículo 188 del Tratado CEEA, un recurso por responsabilidad contractual contra la Comunidad Europea de la Energía Atómica, representada por la Comisión de las Comunidades Europeas. El demandante solicita al Tribunal de Justicia que condene a esta última a pagarle una cantidad de dinero en concepto de contraprestación por la ejecución de obras efectuadas en virtud de un acuerdo-marco.
El Sr. Grifoni alega que, al haber sido adjudicatario de una contrata que tenía por objeto la ejecución de determinadas obras de su especialidad, celebró un acuerdo-marco a raíz de una oferta que había hecho el 21 de noviembre de 1979 y de una oferta posterior de 10 de marzo de 1984, que la Comisión aceptó mediante carta certificada de 21 de mayo de 1984. Basándose en dicho acuerdo y desde el mes de marzo de 1980 hasta el de mayo de 1987, momento en el que se interrumpieron las relaciones contractuales entre el Sr. Grifoni y la Comisión, efectuó, en diversas ocasiones y según encargos que la Comisión le formuló, diversas obras por cuenta del Centro Común de Investigación de Ispra.
Para una más amplia exposición de las cláusulas del acuerdo-marco, de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El Sr. Grifoni sostiene que, según el acuerdo-marco mencionado anteriormente, debería habérsele pagado contabilizando «por administración» las obras encargadas que dice haber efectuado y que, a pesar de sus reiterados requerimientos de pago, la Comisión no procedió al abono total de las cantidades que se le debían. Por ello el demandante solicita el pago de una cantidad estimada inicialmente en 450597910 LIT, que posteriormente, en el escrito de réplica, elevó a 933494064 LIT, más los intereses y la revaluación monetaria.
Hay que precisar que el Tribunal de Justicia es competente para conocer del recurso en virtud del artículo 153 del Tratado CEEA y de una cláusula del acuerdo-marco que atribuye competencia exclusiva al Tribunal de Justicia para resolver las controversias relativas a la ejecución o a la interpretación del acuerdo.
Cuatro son las pretensiones del Sr. Grifoni, según lo concretado en el escrito de réplica y en sus declaraciones realizadas en la vista. El Sr. Grifoni pretende haber efectuado :
a)
Prestaciones ejecutadas con arreglo a encargos verbales, regularizados en parte con posterioridad mediante encargos escritos. Tan sólo se le han abonado las prestaciones a que se refieren los encargos escritos.
b)
Prestaciones ejecutadas íntegramente en virtud de encargos verbales.
c)
Prestaciones ejecutadas de acuerdo con encargos escritos, que posteriormente fueron ampliadas mediante encargos verbales; tan sólo se le abonaron las prestaciones a que se refieren los encargos escritos.
d)
Prestaciones ejecutadas de conformidad con encargos escritos, pero contabilizadas incorrectamente.
Ante todo deben examinarse los supuestos referidos en las letras a) y b): el Sr. Grifoni alega que tiene derecho a pagos adicionales porque, conforme al acuerdo-marco, efectuó diversas obras encargadas verbalmente por la Comisión. Posteriormente, algunos de dichos encargos verbales fueron objeto de formalización mediante encargos escritos, de los que, solamente algunos cubrían todo lo que se había encargado verbalmente. En numerosos casos, los encargos habrían sido únicamente verbales, sin que posteriormente hubiera formalización escrita.
Sobre el particular, debe destacarse en primer lugar que, en virtud de la primera frase del apartado 1 del artículo 50 del Reglamento Financiero de 21 de diciembre de 1977 aplicable al Presupuesto General de las Comunidades Europeas (
DO L 356, p. 1
; EE 01/02, p. 90), habrán de revestir forma escrita los contratos administrativos de compras y alquiler de suministros, de mobiliario y material, las prestaciones de servicios o la ejecución de obras. Procede añadir que el apartado 1 del artículo 3 del pliego de condiciones generales, que, en virtud del artículo 15 del acuerdo-marco mencionado anteriormente, forman parte integrante del mismo, exige igualmente la forma escrita para los contratos celebrados entre la Comisión y terceros.
Además debe subrayarse que, en el artículo 18, dicho pliego de condiciones generales contiene una cláusula según la cual «cualquier modificación del contrato (incluidos los aumentos y supresiones) debe figurar en un documento aparte formalizado en las mismas condiciones que el contrato; un acuerdo verbal no será vinculante para las partes»
(traducción no oficial).
Según lo que antecede, las relaciones contractuales entre las partes requieren necesariamente la forma escrita tanto para la celebración del contrato como para cualquier modificación del mismo. Igualmente se deduce de lo anterior que los encargos iniciales y sus modificaciones posteriores convenidas basándose en el acuerdo-marco mencionado deben también formalizarse por escrito. Por consiguiente, los encargos verbales no pueden constituir una base jurídica válida para el pago de las obras efectuadas.
En consecuencia, independientemente de que la Comisión niegue que hayan existido encargos verbales, la argumentación del Sr. Grifoni sobre el particular carece de fundamento jurídico válido, debiendo ser desestimada.
El Sr. Grifoni se refiere asimismo a obras que fueron objeto de encargos por escrito, completadas o modificadas posteriormente mediante encargos verbales y afirma que tan sólo se le abonaron las obras objeto de los encargos por escrito.
Sobre el particular, procede considerar que, teniendo en cuenta lo dispuesto en el citado apartado 1 del artículo 50 del Reglamento Financiero y las citadas cláusulas, no puede tener validez la modificación de los encargos por escrito mediante otros verbales. Esta interpretación figura también en el artículo 6 del acuerdo-marco celebrado entre el Sr. Grifoni y la Comisión, que contiene una cláusula según la cual «si durante la ejecución de la obra resultase necesaria la realización de trabajos no comprendidos en el encargo, estos últimos deberán ser objeto de previa autorización escrita de la dirección de la obra, tras la presentación de un desglose detallado y definitivo por parte de la empresa. Ningún trabajo realizado en circunstancias distintas será reconocido ni pagado»
(traducción no oficial).
Según los autos, esta cláusula se reproduce en la letra G de los encargos escritos que la Comisión formuló al Sr. Grifoni.
Según lo anterior, carece de fundamento jurídico la argumentación del demandante referida a los encargos verbales por los que se completan o modifican los efectuados por escrito.
Según consta en autos, puede añadirse que, mediante carta certificada de 4 de mayo de 1981, la Comisión había manifestado al Sr. Grifoni que cualquier modificación o ampliación en relación con los trabajos convenidos de acuerdo con los contratos en vigor, que pudieran suponer un aumento del coste, deberían ser objeto de un presupuesto escrito por duplicado redactado por el Sr. Grifoni, y que estos trabajos suplementarios sólo se realizarían después de recibir el ejemplar del presupuesto aceptado por el responsable de la División «Infraestructura».
Por último, el Sr. Grifoni alegó en la vista de forma expresa que, dado que la Comisión contabilizó incorrectamente determinados encargos escritos, no le había pagado el total debido.
Sobre el particular debe destacarse que ni en el recurso ni en la réplica aparece que el Sr. Grifoni haya precisado en concreto sus pretensiones, indicando en los documentos que presentó los errores contables que alega. Por otra parte, no aportó prueba alguna de la existencia de errores concretos ni adujo haber formulado reservas en los documentos que firmaba en cada uno de los pagos. Era necesario concretar las pretensiones del demandante habida cuenta de que, como señaló el Abogado General, la Comisión había presentado, como anexo al escrito de contestación y para cada uno de los encargos, los documentos acreditativos del «estado de fin de la obra» ejecutada con las correspondientes cantidades especificadas por el mismo Sr. Grifoni, con inclusión de la frase «las obras corresponden técnicamente al encargo formulado», así como las firmas tanto del Sr. Grifoni como del responsable del Centro.
Como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de diciembre de 1961, Fives Lille Caii (asuntos acumulados
19/60, 21/60, 2/61 y 3/61, Rec. pp. 559 y ss., especialmente 588
), la simple mención abstracta de los motivos en la demanda no cumple los requisitos exigidos por el Estatuto y el Reglamento, debiendo concretarse en la demanda en qué consiste el motivo sobre el que se apoya el recurso. De ello se sigue que la demanda del Sr. Grifoni a este respecto es demasiado general e imprecisa para poder ser estimada por el Tribunal.
Asimismo, procede añadir que, además de los motivos anteriormente examinados, el Sr. Grifoni parece alegar con carácter general que, aparte de los encargos verbales y escritos, efectuó obras por un valor netamente superior a las cantidades percibidas. Por consiguiente, suplica al Tribunal de Justicia que haga un inventario de las obras que ha llevado a cabo y calcule su valor global para que se le atribuya el saldo restante debido.
Como se ha manifestado anteriormente, semejante motivo no puede encontrar fundamento en las relaciones contractuales de las partes descritas más arriba. Por otra parte, si este motivo pudiera interpretarse en el sentido de que la Comunidad se ha enriquecido sin causa a costa del Sr. Grifoni, constituiría un motivo nuevo que, en cualquier caso, tendría un fundamento extracontractual, de forma que quedaría excluido del ámbito de aplicación de la cláusula compromisoria y entonces su examen no estaría comprendido dentro de la competencia del Tribunal de Justicia.
Teniendo en cuenta la totalidad de las anteriores consideraciones, debe desestimarse el recurso por infundado.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Sr. Grifoni, procede condenarle en costas.

En virtud de lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) decide :

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a la parte demandante.

Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de marzo de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Cuarta
M. iez de Velasco
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.