CELEX: 61988CJ0054
Libertad de establecimiento
Ejercicio de profesiones paramédicas (bioterapia y pranoterapia)

Mediante resoluciones de 8 de febrero de 1988 (asunto C-54/88, Nino), 9 de marzo de 1988 (asunto C-91/88, Prandini y Goti) y 6 de diciembre de 1988 (asunto C-14/89, Pierini), recibidas, respectivamente, en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 19 de febrero de 1988, el 16 de marzo de 1988 y el 19 de enero de 1989, los Pretori di Conegliano, di Prato y di Pisa plantearon, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, tres cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación de los artículos 5, 52 y 57 del Tratado CEE, así como del Programa General para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento, de 18 de diciembre de 1961 (DO 1962, p. 36), con el fin de determinar si una ley italiana que prohibe el ejercicio ilegal de la profesión médica es compatible con el Derecho comunitario.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres procesos penales incoados contra la Sra. Eleonora Nino, el Sr. Rinaldo Prandini, la Sra. Bruna Goti y el Sr. Pier Cesare Pierini, todos ellos nacionales italianos y miembros de la Associazione italiana flussoterapeuti e pranoterapeuti, que, sin estar autorizados para el ejercicio de la medicina, habían desarrollado en Italia actividades de bioterapia y de pranoterapia.
El artículo 348 del Código penal italiano sanciona como delito el ejercicio de una profesión sin autorización del Estado cuando esta última sea necesaria. De los autos se desprende que en Italia la bioterapia y la pranoterapia figuran entre las actividades comprendidas dentro del ejercicio de la profesión médica y requieren, como tales, que se expida una autorización especial.
El 24 de junio de 1986, la Sra. Nino fue inculpada del delito sancionado por el artículo 348 del Código penal italiano, por haber ejercido ilegalmente la profesión médica al realizar intervenciones de bioterapia y de pranoterapia. La Sra. Goti y los Sres. Prandini y Pierini fueron inculpados del mismo delito el 3 de junio de 1986.
Citados ante los Pretori, los inculpados alegaron que la disposición penal cuya infracción se les imputaba era contraria a la libertad de establecimiento. Por lo tanto, los Pretori suspendieron los procesos y plantearon al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
El artículo 52 del Tratado, interpretado en relación con el artículo 57, y habida cuenta de que el mismo tiene efecto directo en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, ¿implica la obligación para los Estados miembros y por consiguiente para el Gobierno italiano, de adoptar las medidas normativas que constituyen el presupuesto indispensable para la aplicación de las directivas en materia de libertad de establecimiento prevista por el Tratado? En caso de no adoptar dichas medidas, ¿incumple el Gobierno italiano la obligación que le impone el artículo 5 del Tratado?
2)
Un Estado miembro que no haya regulado en absoluto las profesiones paramédicas tales como la bioterapia, ¿puede imponer una sanción penal a un ciudadano comunitario, potencialmente autorizado para el ejercicio de la profesión de bioterapeuta en otros Estados miembros, por un hecho (curas con métodos bioterapéuticos) tipificado en la ley como delito, cuando tal actividad está prohibida tan sólo porque el Estado miembro no la ha reconocido ni regulado?
3)
En defecto de las directivas cuya adopción por parte del Consejo prevé el artículo 57 del Tratado, ¿puede el Consejo, basándose en el título 5 del Programa General para la supresión de las restricciones a la libertad de establecimiento y con el fin de remediar la falta de directivas, adoptar disposiciones con objeto de coordinar los requisitos para el ejercicio de las profesiones paramédicas objeto de la presente petición de interpretación?»
Para una más amplia exposición de los hechos de los procesos principales, de las disposiciones comunitarias y nacionales en cuestión, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Debe señalarse, con carácter preliminar, que tanto la Directiva 75/362/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1975, sobre reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de médico, que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestación de servicios (
DO L 167, p. 1
; EE 06/01, p. 186), como la Directiva 75/363/CEE del Consejo, también de 16 de junio de 1975, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a las actividades de los médicos (
DO L 167, p. 14
; EE 06/01, p. 197), sólo contienen disposiciones relativas a la profesión de médico. No existe ninguna disposición comunitaria que regule el ejercicio de las profesiones paramédicas contempladas en los asuntos principales.
Los inculpados mantienen que la disposición penal nacional cuya infracción se les imputa es contraria a la libertad de establecimiento. Según ellos, el ejercicio efectivo de dicha libertad, tal como está previsto en el artículo 52 del Tratado, no puede ser denegado a una persona que entre dentro del ámbito de aplicación del Derecho comunitario por el solo hecho de que las directivas contempladas por el artículo 57 del Tratado aún no han sido adoptadas en lo que respecta a una profesión determinada. Por consiguiente, y habida cuenta de que en algunos otros Estados miembros se les permitiría ejercer su profesión, sin estar autorizados para el ejercicio de la medicina, añaden, los procesos penales incoados contra ellos violan el principio de la libertad de establecimiento.
El Gobierno italiano, apoyado por la Comisión, alega, en cambio, que en los casos de autos no hay ningún elemento que los vincule con el Derecho comunitario y que, por consiguiente, no se suscita ninguna cuestión que entre en el ámbito de este Derecho. Con carácter subsidiario, el Gobierno italiano, apoyado en este punto por el Gobierno belga, considera que el artículo 52 del Tratado, en relación con el artículo 57, no obliga en absoluto a los Estados miembros a regular el ejercicio de cada actividad profesional.
Procede destacar que, como indican los autos, todos los inculpados son nacionales italianos que residen en Italia, han obtenido sus calificaciones de bioterapeuta y pranoterapeuta en ese país y han sido procesados según el artículo 348 del Código penal italiano a causa de intervenciones practicadas únicamente en el territorio de dicho Estado miembro. Todos estos elementos demuestran que los asuntos principales se refieren a situaciones puramente internas de un Estado miembro.
Ahora bien, como ha precisado este Tribunal de Justicia en la sentencia de 20 de abril de 1988 (Bekaert,
204/87, Rec. 1988, p. 2029
), la inexistencia en un caso concreto de todo elemento ajeno a un contexto meramente nacional tiene corno efecto, en materia de libertad de establecimiento, el que las disposiciones de Derecho comunitario no resulten aplicables a dicha situación.
Procede, pues, responder a las cuestiones planteadas por los Pretori di Conegliano, di Prato y di Pisa que las disposiciones del Tratado CEE relativas a la libertad de establecimiento no se aplican a situaciones puramente internas de un Estado miembro, tales como aquellas en las que nacionales de un Estado miembro ejercen, en el territorio de éste, una actividad profesional por cuenta propia respecto de la cual no pueden invocar ninguna formación o práctica anteriores realizadas en otro Estado miembro.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos italiano y belga, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los procesos principales, el carácter de un incidente promovido ante los órganos jurisdiccionales nacionales, corresponde a éstos resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por los Pretori di Conegliano, di Prato y di Pisa mediante resoluciones de 8 de febrero, 9 de marzo y 6 de diciembre de 1988, declara:

Las disposiciones del Tratado CEE relativas a la libertad de establecimiento no se aplican a situaciones puramente internas de un Estado miembro, tales como aquellas en las que nacionales de un Estado miembro ejercen, en el territorio de éste, una actividad profesional por cuenta propia respecto de la cual no pueden invocar ninguna formación o práctica anteriores realizadas en otro Estado miembro.

Slynn
Joliét
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de octubre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Primera
Gordon Slynn
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.