CELEX: 62008TJ0069
Aproximación de las legislaciones
Directiva 2001/18/CE
Disposiciones nacionales que establecen excepciones a una medida de armonización
Decisión desestimatoria de la Comisión
Falta de notificación en el plazo de seis meses previsto en el artículo 95 CE, apartado 6, párrafo primero

Marco jurídico
El artículo 100 A del Tratado CE (actualmente, tras su modificación, artículo 95 CE), disponía, en su apartado 4:
«Si, tras la adopción por el Consejo, por mayoría cualificada, de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario
aplicar disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 36 [del Tratado CE,
actualmente, tras su modificación, artículo 30 CE], o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente,
dicho Estado miembro lo notificará a la Comisión.
La Comisión confirmará las disposiciones mencionadas después de haber comprobado que no se trata de un medio de discriminación
arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros.
No obstante el procedimiento previsto en los artículos 169 y 170 [del Tratado CE, actualmente, tras su modificación, artículos
226 CE y 227 CE], la Comisión o cualquier Estado miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia si considera
que otro Estado miembro abusa de las facultades previstas en el presente artículo.»
El Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999, modificó sustancialmente el artículo 100 A del Tratado CE.
El artículo 95 CE prevé:
«1.      No obstante lo dispuesto en el artículo 94 [CE] y salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, se aplicarán las disposiciones
siguientes para la consecución de los objetivos enunciados en el artículo 14 [CE]. El Consejo, con arreglo al procedimiento
previsto en el artículo 251 [CE] y previa consulta al Comité Económico y Social, adoptará las medidas relativas a la aproximación
de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por objeto el establecimiento
y el funcionamiento del mercado interior.
2.      El apartado 1 no se aplicará a las disposiciones fiscales, a las disposiciones relativas a la libre circulación de personas
ni a las relativas a los derechos e intereses de los trabajadores por cuenta ajena.
3.      La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de las legislaciones en materia de
salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, se basará en un nivel de protección elevado,
teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. En el marco de sus respectivas competencias,
el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.
4.      Si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario
mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 30 [CE]
o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión
dichas disposiciones así como los motivos de su mantenimiento.
5.      Asimismo, sin perjuicio del apartado 4, si tras la adopción de una medida de armonización por el Consejo o la Comisión, un
Estado miembro estimara necesario establecer nuevas disposiciones nacionales basadas en novedades científicas relativas a
la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado miembro
surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización, notificará a la Comisión las disposiciones previstas
así como los motivos de su adopción.
6.      La Comisión aprobará o rechazará, en un plazo de seis meses a partir de las notificaciones a que se refieren los apartados
4 y 5, las disposiciones nacionales mencionadas, después de haber comprobado si se trata o no de un medio de discriminación
arbitraria o de una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros y si constituyen o no un obstáculo para el
funcionamiento del mercado interior.
Si la Comisión no se hubiera pronunciado en el citado plazo, las disposiciones nacionales a que se refieren los apartados
4 y 5 se considerarán aprobadas.
Cuando esté justificado por la complejidad del asunto y no haya riesgos para la salud humana, la Comisión podrá notificar
al Estado miembro afectado que el plazo mencionado en este apartado se amplía por un período adicional de hasta seis meses.»
El artículo 254 CE dispone:
«1.      Los reglamentos, las directivas y las decisiones adoptados con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 [CE] serán
firmados por el presidente del Parlamento Europeo y por el presidente del Consejo y se publicarán en el
Diario Oficial de [la Unión Europea]
. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.
2.      Los reglamentos del Consejo y de la Comisión, así como las directivas de estas instituciones que tengan como destinatarios
a todos los Estados miembros, se publicarán en el
Diario Oficial de [la Unión Europea]
. Entrarán en vigor en la fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.
3.      Las demás directivas, así como las decisiones, se notificarán a sus destinatarios y surtirán efecto a partir de tal notificación.»

Hechos que dieron origen al litigio
La Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el
medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO L 106,
p. 1), fue adoptada sobre la base del artículo 95 CE. Según su artículo 1, tiene por objetivo aproximar las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros y proteger la salud humana y el medio ambiente, por una
parte, cuando se produzcan liberaciones intencionales en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (en lo
sucesivo, «OMG») para cualquier otro propósito distinto del de su comercialización en la Comunidad Europea y, por otra, se
comercialicen organismos modificados genéticamente como productos o componentes de productos en la Comunidad.
Mediante escrito de 13 de abril de 2007, la República de Polonia notificó a la Comisión de las Comunidades Europeas, con arreglo
al artículo 95 CE, apartado 5, los artículos 111 y 172 de un proyecto de ley polaco (en lo sucesivo, «proyecto de ley») relativo
a los OMG, como excepciones a las disposiciones de la Directiva 2001/18.
Las excepciones que figuraban en el proyecto de ley eran las siguientes:
–        la obligación, impuesta a quien solicite una autorización para efectuar liberaciones intencionales de OMG en el medio ambiente
de presentar declaraciones escritas de los propietarios de las explotaciones vecinas del lugar de la liberación intencional,
en las que estos manifiesten que no se oponen a ello, así como un certificado del alcalde del municipio o de la ciudad en
el que conste que el plan de ordenación del territorio local prevé la posibilidad de liberaciones intencionales, habida cuenta
de la necesidad de proteger el medio ambiente local, la naturaleza y el paisaje natural de la zona afectada (artículo 111,
apartado 2, puntos 5 y 6, del proyecto de ley);
–        la prohibición de cultivar plantas genéticamente modificadas en el territorio nacional, salvo la posibilidad de cultivar dichas
plantas en las zonas específicamente designadas por el Ministerio de Agricultura (artículo 172 del proyecto de ley).
Mediante escrito de 9 de julio de 2007 dirigido a la representación permanente de la República de Polonia ante la Unión Europea,
la Secretaría General de la Comisión acusó recibo de la notificación de la República de Polonia con arreglo al artículo 95 CE,
apartado 5. En dicho correo, la Comisión indicó, en particular, que examinaría dicha notificación en un plazo de seis meses
que empezaría a correr el 17 de abril de 2007, a saber, el primer día laborable siguiente a la recepción, por la Comisión,
de la solicitud presentada, y que, de conformidad con el artículo 95 CE, apartado 6, párrafo tercero, podría prorrogar ese
plazo seis meses más si la complejidad de la cuestión lo justificara, siempre que no hubiera riesgo para la salud humana.
El 26 de julio de 2007, la Comisión publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea
la notificación efectuada por la República de Polonia con arreglo al artículo 95 CE, apartado 5 (DO C 173, p. 8).
El 12 de octubre de 2007, la Comisión adoptó, por el procedimiento escrito acelerado E/2254/2007, la Decisión C (2007) 4697
que desestima, con arreglo al artículo 95 CE, apartado 6, las excepciones a las disposiciones de la Directiva 2001/18 notificadas
por la República de Polonia (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
La Decisión impugnada, en su artículo 1, dispone que «se rechazan el artículo 111, apartado 2, puntos 5 y 6, y el artículo
172 del proyecto de ley […] notificados por Polonia con arreglo al artículo 95 [CE], apartado 5 […].»
Mediante correo electrónico de 12 de noviembre de 2007, la Comisión remitió a la República de Polonia una copia de la Decisión
impugnada. Dicho correo tenía el siguiente contenido:
«Estimada [Señora], le remitimos la decisión de la Comisión relativa a la notificación polaca, tal como fue adoptada y notificada
a la República de Polonia el 12 de octubre de 2007 […].»
Mediante correo electrónico de 30 de noviembre de 2007, la República de Polonia respondió a la Comisión del siguiente modo:
«Estimado [Señor],
En relación con nuestros últimos contactos (y con su correo electrónico al que se hace referencia más abajo), me gustaría
saber si la Comisión ha enviado oficialmente su respuesta a la autoridad polaca con respecto a la notificación polaca relativa
al proyecto de ley de OMG. Los documentos que figuran en anexo a su último correo electrónico únicamente podemos considerarlos
como un proyecto de decisión de la Comisión (de 11 de octubre de 2007), que fue objeto del procedimiento escrito ante la Comisión
el día siguiente.
Espero que ambos tengamos presente que, en caso de que no hubiera respuesta oficial de la Comisión, se derivarían algunas
consecuencias para el procedimiento ulterior, de conformidad con el Tratado.
Le agradecería una respuesta y una aclaración de su parte al respecto.»
El 4 de diciembre de 2007, la Comisión, con arreglo al artículo 254 CE, notificó la Decisión impugnada a la República de Polonia.
Mediante correo electrónico de 5 de diciembre de 2007, la República de Polonia preguntó a la Comisión si había recibido confirmación
de que la decisión había sido efectivamente adoptada y notificada a la República de Polonia. Mediante correo electrónico del
mismo día, la Comisión respondió que efectivamente la Decisión impugnada había sido notificada el día anterior.
Mediante escrito de 20 de diciembre de 2007, dirigido al representante permanente adjunto de la República de Polonia ante
la Unión Europea, el secretario general adjunto de la Comisión Europea señaló lo siguiente:
«En relación con la presentación del proyecto de ley relativo a los organismos modificados genéticamente, recibido el 13 de
abril de 2007, la Comisión adoptó, el 12 de octubre de 2007, una decisión que rechaza ese proyecto por falta de presentación
de nuevas pruebas científicas, de conformidad con el artículo 95 CE, apartado 5.
Debido a un error técnico, la información no llegó a Polonia el día de la adopción de la decisión antes mencionada. Tras haber
comprobado que la información no había llegado a su destinatario, la Comisión remitió su decisión a Polonia el 4 de diciembre
de 2007 […].
A pesar del retraso en la información, la Comisión insta a Polonia a que respete el contenido de la decisión adoptada dentro
del plazo de seis meses previsto en el artículo 95 CE, apartado 6, y a que se abstenga de adoptar cualquier acto jurídico
que estableciera excepciones a las disposiciones de la Directiva 2001/18. Permítanos recordarle asimismo que los Estados miembros
no pueden invocar motivos de forma para justificar vulneraciones de determinados aspectos esenciales del Derecho comunitario
ni obstaculizar el funcionamiento del mercado interior».
La decisión impugnada se publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea
el 19 de enero de 2008 (DO L 16, p. 17).
Durante el período comprendido entre el 12 de octubre y el 4 de diciembre de 2007, la República de Polonia no adoptó el proyecto
de ley.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante escrito de demanda presentado ante la Secretaría del Tribunal el 12 de febrero de 2008, la República de Polonia interpuso
el presente recurso.
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal respectivamente el 14 de mayo, el 23 de mayo, el 26 de mayo y
el 30 de mayo de 2008, el Reino de Dinamarca, la República Checa, la República Helénica y la República de Austria solicitaron
intervenir en apoyo de las pretensiones de la República de Polonia.
Mediante auto de 4 de julio de 2008, el Presidente de la Sala Octava del Tribunal estimó las demandas de intervención a las
que se refiere el apartado 19 anterior.
El 20 de agosto y el 17 de septiembre de 2008, la República Checa y la República de Austria presentaron respectivamente sus
escritos de intervención. Las partes principales formularon sus observaciones en relación con dichos escritos. La República
Helénica no presentó escrito de intervención.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de marzo de 2009, el Reino de Dinamarca solicitó la retirada
de su demanda de intervención.
Mediante auto de 20 de abril de 2009, el presidente de la Sala Octava del Tribunal accedió a dicha solicitud.
La República de Polonia solicita al Tribunal que:
–        Anule la Decisión impugnada.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la República de Polonia.
La República Checa solicita al Tribunal que:
–        Anule la Decisión impugnada.
–        Condene en costas a la Comisión.
La República de Austria solicita al Tribunal que:
–        Anule la Decisión impugnada.
–        Condene en costas a la Comisión.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Octava) decidió abrir la fase oral del procedimiento y, en el marco de
las diligencias de ordenación del procedimiento del artículo 64 de su Reglamento de Procedimiento, formular una pregunta por
escrito a la Comisión. Esta respondió en el plazo señalado.
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal respectivamente el 3 de agosto, el 18 de septiembre y el 2 de
octubre de 2009, la República de Austria, la República Helénica y la República Checa informaron al Tribunal de que no estarían
representadas en la vista.
En la vista de 28 de octubre de 2009 se oyeron las alegaciones de las partes principales y sus respuestas a las preguntas
orales formuladas por el Tribunal.

Fundamentos de Derecho
La República de Polonia invoca tres motivos en apoyo de su recurso, basados respectivamente en la violación del artículo 95 CE,
apartado 6, en relación con el artículo 254 CE, apartado 3, la violación de un requisito esencial del procedimiento y la violación
del principio de seguridad jurídica.
Procede empezar examinando el primero de esos motivos.
Alegaciones de las partes
La República de Polonia, apoyada por la República Checa y la República de Austria, alega que se ha infringido el artículo
95 CE, aparatado 6, en relación con el artículo 254 CE, apartado 3.
En primer lugar, la República de Polonia alega que el plazo previsto en el artículo 95 CE, apartado 6, es un plazo imperativo
dado que su expiración tiene por efecto material fundamental que se consideren aprobadas las disposiciones nacionales notificadas.
En primer término, el carácter imperativo de ese plazo constituye la expresión de la voluntad de los Estados miembros. De
este modo, con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, la posibilidad de adoptar disposiciones nacionales que contengan
excepciones a las medidas armonizadas se supeditaba a que la Comisión aprobara esas disposiciones. Sin embargo, se consideraba
que el silencio de la Comisión constituía la expresión de un acuerdo tácito en la adopción de las medidas nacionales.
En segundo término, el carácter imperativo de ese plazo y la aprobación de las disposiciones nacionales tras la expiración
de este fueron confirmados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de septiembre de 2007, Land Oberösterreich y
Austria/Comisión (C‑439/05 P y C‑454/05 P, Rec. p. I‑7141, apartados 40 y 41). Habida cuenta de que la Comisión no notificó
a la República de Polonia la decisión de aprobar o rechazar las disposiciones nacionales en el plazo de seis meses previsto
en el artículo 95 CE, apartado 6, párrafo primero, ni le informó de la eventual prórroga del plazo con arreglo al artículo
95 CE, apartado 6, párrafo tercero, los artículos 111 y 172 del proyecto de ley se consideran, por lo tanto, aprobados desde
el 14 de octubre de 2007.
En tercer término, la República de Polonia alega que si el artículo 95 CE, apartado 6, menciona expresamente una obligación
de notificación para las disposiciones nacionales, sin hacer la misma referencia en el caso de la decisión de la Comisión,
ello significa que el artículo 254 CE, apartado 3, instituye tal obligación para todas las decisiones comunitarias, pero no
para las disposiciones nacionales. Por otra parte, el juez comunitario ya utilizó la expresión «adopción de la decisión» en
sentido amplio para referirse tanto a la adopción interna como a la notificación de una decisión (sentencias el Tribunal de
Justicia de 18 de junio de 2002, España/Comisión, C‑398/00, Rec. p. I‑5643, apartado 34, y Land Oberösterreich y Austria/Comisión,
citada en el apartado 36
supra,
apartado 37).
En segundo lugar, la República de Polonia, apoyada por la República Checa y la República de Austria, alega que solo la fecha
de notificación de una decisión a sus destinatarios es determinante para que surta efectos.
Por consiguiente, en primer término, la mera adopción de una decisión no surte ningún efecto jurídico en relación con sus
destinatarios. Por contrario, una decisión solo surte efecto, con arreglo al artículo 254 CE, apartado 3, en el momento en
que les sea notificada, es decir, en el momento en que sus destinatarios tengan la posibilidad de conocer su contenido. Por
lo tanto, la adopción el 12 de octubre de 2007 de la Decisión impugnada no tiene ninguna incidencia sobre el respeto del plazo
de seis meses previsto en el artículo 95 CE, apartado 6.
En el caso de autos, la Decisión impugnada fue notificada a la República de Polonia el 4 de diciembre de 2007, es decir, después
de haber expirado el plazo de seis meses previsto en el artículo 95 CE, apartado 6. La República de Polonia no tuvo conocimiento
de la adopción, el 12 de octubre de 2007, de la Decisión impugnada, ni de su contenido, ya que dicha adopción constituía tan
solo un acto interno de la Comisión. En consecuencia, la Decisión impugnada no pudo surtir efecto jurídico alguno y, por lo
tanto, no pudo impedir que surtieran efecto las disposiciones nacionales con arreglo al artículo 95 CE, apartado 6, párrafo
segundo, cuando expiró el plazo de seis meses previsto por el párrafo primero de esa disposición.
En segundo término, la Decisión impugnada fue notificada el 4 de diciembre de 2007 en aplicación del artículo 254 CE, con
arreglo al cual las decisiones surten efecto en el momento de su notificación a sus destinatarios. A la inversa, las decisiones
no surten efecto antes de ser notificadas a sus destinatarios. Esta tesis fue defendida por el Tribunal de Justicia en su
sentencia de 25 de enero de 1979, Racke (98/78, Rec. p. 69, apartado 15), y posteriormente precisada en la sentencia España/Comisión,
citada en el apartado 37
supra
.
Por lo que se refiere a la remisión que hace la Comisión a las sentencias de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión (48/69, Rec.
p. 619); Geigy/Comisión (52/69, Rec. p. 787), y de 29 de mayo de 1974, König (185/73, Rec. p. 607), la República de Polonia
sostiene que esos asuntos abordaban la irregularidad de la notificación o de la publicación de los actos de Derecho comunitario.
Sin embargo, en ninguno de esos asuntos se hacía referencia a la infracción del artículo 95 CE, apartado 6, o de una disposición
similar que fijara un plazo de notificación o de publicación de un acto y que confiriera un «efecto material esencial» a la
expiración de dicho plazo. Es cierto que la sentencia König, antes citada, versaba sobre un plazo previsto por el Tratado.
Sin embargo, a diferencia de este, el plazo del artículo 95 CE, apartado 6, es un «plazo material». Por consiguiente, para
la República de Polonia, la extemporaneidad de la notificación de la Decisión impugnada tiene un «efecto jurídico esencial»,
a saber, que las disposiciones nacionales se consideran aprobadas.
En tercer lugar, en su sentencia España/Comisión, citada en el apartado 37
supra
(apartado 31), relativa a una decisión en materia de ayudas de Estado, el Tribunal de Justicia consideró que la adopción de
la decisión controvertida no había podido tener por efecto interrumpir el transcurso del plazo de quince días laborables previsto
en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n º 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del artículo [88] CE (DO L 83, p. 1), ya que del artículo 254 CE, apartado 3, resulta que las
decisiones se notifican a sus destinatarios y surten efecto a partir de dicha notificación. Además, en esa sentencia, el Tribunal
de Justicia señaló que la obligación de notificación resulta de la disposición general que figura en el artículo 254 CE, apartado
3, y que la producción de efecto de todas las decisiones depende de su notificación.
En cuarto lugar, con arreglo al artículo 230 CE, apartado quinto, un recurso de anulación contra una decisión únicamente puede
interponerse a partir de su notificación, lo que excluye que una decisión pueda surtir efecto antes de esta, ya que de lo
contrario, en caso de falta de notificación o de notificación extemporánea de una decisión, resultaría imposible todo control
jurisdiccional de la legalidad de esta (conclusiones del Abogado General Alber en el asunto en que recayó la sentencia España/Comisión,
citada en el apartado 37
supra
, Rec. p. I‑5646, punto 69). En ese supuesto, la República de Polonia sostiene que se encontró en una situación paradójica,
porque estaba vinculada por la Decisión impugnada desde el 12 de octubre de 2007, sin poder interponer recurso contra esa
decisión antes de su notificación por la Comisión el 4 de diciembre de 2007.
La Comisión sostiene que las alegaciones de la República de Polonia son infundadas.
La Comisión alega, en primer lugar, que ha cumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 95 CE, apartado 6,
al haber adoptado la Decisión impugnada dentro del plazo señalado.
En primer término, por lo que atañe a la
ratio legis
del artículo 95 CE, apartado 6, la Comisión recuerda que el artículo 100 A, apartado 4, del Tratado CE no preveía ningún
plazo en el que estuviera obligada a examinar las disposiciones notificadas por un Estado miembro que introducían excepciones
a las disposiciones de las Directivas comunitarias sobre el mercado interior. La Comisión únicamente estaba obligada, como
consecuencia de su deber de cooperación leal en virtud del artículo 10 CE, a proceder con toda la diligencia debida y en el
plazo más breve. El artículo 95 CE, apartado 6, párrafo segundo, introducido por el Tratado de Ámsterdam, impuso un acierta
disciplina en materia de verificación. Sobre la base de la sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de junio de 1999, Kortas
(C‑319/97, Rec. p. I‑3143, apartados 36 a 38), la Comisión sostiene que esa disposición se refiere, sin embargo, a la falta
de decisión de la Comisión y no a la falta de notificación de la decisión.
En segundo término, con independencia del carácter extemporáneo de la notificación de la Decisión impugnada, la Comisión rechazó
los artículos 111 y 172 del proyecto de ley y adoptó la Decisión impugnada el 12 de octubre de 2007, es decir, antes de la
expiración del plazo de seis meses a partir de la notificación de las disposiciones nacionales en cuestión. Por consiguiente,
en su opinión, cumplió la obligación que le incumbe en virtud del artículo 95 CE, apartado 6. Por lo tanto, la notificación
de la Decisión impugnada después de la expiración del plazo de seis meses (dado que la República de Polonia no discute la
adopción de la decisión impugnada el 12 de octubre de 2007) no hace nacer la situación de la ficción jurídica prevista en
el artículo 95 CE, apartado 6, párrafo segundo, que únicamente opera en caso de omisión de la Comisión. La Comisión sostiene
que si la obligación de notificar sus decisiones en un plazo de seis meses a partir de la notificación de las disposiciones
nacionales resultaba claramente del artículo 95 CE, apartado 6, y si las disposiciones nacionales se consideraban aprobadas
por falta de notificación de su decisión en ese plazo, la invocación del artículo 254 CE, apartado 3, por la República de
Polonia es, por lo tanto, superflua. Según la Comisión, la eventual aprobación implícita de la normativa nacional una vez
transcurrido el plazo de seis meses a partir de su notificación, en caso de falta de notificación de su decisión durante ese
plazo, debería haber sido expresamente prevista por el artículo 95 CE, apartado 6. Además, en la sentencia España/Comisión,
citada en el apartado 37
supra
(apartado 30), el Tribunal de Justicia consideró que el acto adoptado por los miembros de la Comisión durante el procedimiento
escrito acelerado, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento interno de la Comisión, y autenticado mediante la firma
de su Secretario General, había adquirido el carácter de decisión de la Comisión en el sentido del artículo 249 CE el mismo
día de su adopción. Según la Comisión, en el presente asunto sucede lo mismo.
En tercer término, según la Comisión, la República de Polonia parece sostener que el retraso de la notificación de la Decisión
impugnada de 12 de octubre de 2007 tuvo por efecto el nacimiento de una segunda decisión, es decir, un
actus contrarius,
que rechazaba la presunta aprobación de las excepciones propuestas por el proyecto de ley notificado. Pues bien, ese razonamiento
es, en su opinión, manifiestamente erróneo y contrario al contenido mismo de la demanda, dado que la República de Polonia
no discute que la Decisión impugnada fuera adoptada el 12 de octubre de 2007.
En cuarto término, la interpretación de la Comisión se basa en la redacción de los párrafos primero y tercero del artículo
95 CE, apartado 6, los cuales se refieren precisamente a una «notificación», contrariamente al párrafo segundo de esa disposición.
Por lo tanto, según la Comisión, la interpretación literal del artículo 95 CE, apartado 6, permite considerar que el único
requisito que debe concurrir para cumplir su obligación de verificación es que adopte su decisión en el plazo de seis meses
previsto a tal efecto. Esta interpretación fue confirmada por el Tribunal de Justicia en su sentencia Land Oberösterreich
y Austria/Comisión, citada en el apartado 36
supra
(apartados 37 y 40). La República de Polonia reconoce además que la exigencia de notificación en el plazo de seis meses recorta
el tiempo efectivamente disponible para la adopción de la decisión por parte de la Comisión, en perjuicio del procedimiento
de verificación y de la obligación de motivar dicha decisión. Esta interpretación se impone también si se tiene en cuenta
el objetivo del artículo 95 CE, apartado 6, que es definir un marco temporal en el que la Comisión debe decidir sobre las
disposiciones nacionales que se le notifican con el fin de introducir excepciones a las medidas de armonización del mercado
interior.
En segundo lugar, le Tratado CE dispone que la notificación de una decisión de la Comisión, si bien tiene una incidencia en
la producción de efecto de esta para sus destinatarios y en la determinación del inicio del plazo del recurso, no tiene influencia
alguna en la validez de esa decisión.
En primer término, en su sentencia ICI/Comisión, citada en el apartado 42
supra
(apartado 39), el Tribunal de Justicia consideró que las irregularidades en el procedimiento de notificación de una Decisión,
efectuada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 254 CE, apartado 3, son ajenas al acto y, en consecuencia, no pueden viciarlo.
En el caso de autos, el retraso producido en la notificación de la Decisión impugnada, provocado por un error técnico, puede
constituir una irregularidad de este tipo. Además, en su sentencia Geigy/Comisión, citada en el apartado 42
supra
(apartado 18), el Tribunal de Justicia examinó la cuestión de la notificación a la luz del plazo de recurso previsto en el
artículo 230 CE. Tras declarar que las irregularidades de la notificación no habían impedido a la demandante presentar un
recurso, consideró que el motivo basado en la infracción del artículo 254 CE, apartado 3, era inadmisible debido a la falta
de interés en ejercitar la acción. Además, en su sentencia König, citada en el apartado 42
supra
(apartados 6 a 8), el Tribunal de Justicia declaró que el retraso producido en la publicación de un reglamento no afecta
a su validez, sino solo a la fecha a partir de la cual dicho acto puede aplicarse y producir efectos jurídicos. Por último,
en su sentencia de 23 de noviembre de 1999, Portugal/Consejo (C‑149/96, Rec. p. I‑8395, apartado 54), el Tribunal de Justicia
declaró asimismo que la publicación tardía de una decisión del Consejo en el
Diario Oficial de la Unión Europea
no influye en la validez de dicho acto.
En segundo término, según la Comisión, la remisión de la demandante a la sentencia España/Comisión, citada en el apartado
supra
, no tiene en cuenta el contexto específico y los efectos jurídicos del procedimiento previsto en el artículo 95 CE, apartado
6. Por lo tanto, en su opinión, el artículo 95 CE, apartado 6, se refiere a una excepción manifiesta a las normas del mercado
interior introducida en un proyecto de reglamentación del Estado miembro, pero que podría admitirse si se cumplieran ciertos
requisitos. Ahora bien, la falta de notificación en el plazo de seis meses de una decisión adoptada en virtud de la disposición
de que se trata no puede suponer la ilegalidad de dicha decisión, ya que de lo contrario se estaría privando a la Comisión
de cualquier posibilidad de control jurídico posterior sobre las disposiciones nacionales que introducen excepciones, lo que
se apartaría ciertamente de la intención de los autores del Tratado. En sentido contrario, en la sentencia España/Comisión,
citada en el apartado 37
supra
, la anulación de la decisión controvertida, por haber sido notificada fuera del plazo establecido, supuso únicamente una
nueva calificación jurídica del proyecto de ayuda de Estado, preservando de este modo la posibilidad de que la Comisión ejerciera
un control jurídico. Además, la sentencia España/Comisión, citada en el apartado 37
supra
, abordaba una situación de hecho y de Derecho completamente diferente del presente asunto. En particular, la exigencia de
notificación inmediata de una decisión adoptada sobre la base del Reglamento nº 659/1999 está explícitamente prevista en el
artículo 25 del citado Reglamento, exigencia que no figura en el artículo 95 CE, apartado 6, ni en el artículo 254 CE, apartado
3. Por lo tanto, en su opinión, el razonamiento del Tribunal de Justicia no tiene carácter absoluto.
En tercer término, los efectos jurídicos de la notificación, el 4 de diciembre de 2007, de la Decisión impugnada consisten,
por una parte, en la apertura del plazo de recurso previsto por el artículo 230 CE, párrafo quinto y, por otra, en la oponibilidad
de la Decisión impugnada a la República de Polonia. En el caso de autos, la Comisión alega, por una parte, que la República
de Polonia no adoptó los artículos 111 y 172 del proyecto de ley ni durante el período que precedió a la notificación de la
Decisión impugnada, ni después de su notificación y, por otra, que en apoyo de su recurso la demandante solo invoca la notificación,
el 4 de diciembre de 2007, de la Decisión impugnada. Pues bien, de la jurisprudencia resulta que dicha notificación no afecta
a la validez de la Decisión impugnada, sino que constituye únicamente un obstáculo a su oponibilidad a la República de Polonia
durante el período comprendido entre el 12 de octubre de 2007 y el 4 de diciembre de 2007. Además, cabe considerar que la
República de Polonia tenía conocimiento del rechazo del proyecto de ley antes de la notificación oficial de la Decisión impugnada.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Con carácter preliminar, procede recordar que el Tratado CE tiene como objetivo el establecimiento progresivo del mercado
interior, que implica un espacio sin fronteras interiores en el que quede garantizada la libre circulación de mercancías,
personas, servicios y capitales. Con este fin, el Tratado CE previó la adopción de medidas relativas a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros. En el marco de la evolución del Derecho primario, el Acta Única Europea introdujo
en dicho Tratado una nueva disposición, el artículo 100 A del Tratado CEE (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de marzo
de 2003, Dinamarca/Comisión, C‑3/00, Rec. p. I‑2643, apartado 56), que fue sustituida, con la entrada en vigor del Tratado
de Ámsterdam el 1 de mayo de 1999, por el artículo 95 CE.
El Tratado de Ámsterdam introdujo modificaciones en el capítulo 3, relativo a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros, del título V de la tercera parte del Tratado CE (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 2003,
Alemania/Comisión, C‑512/99, Rec. p. I‑845, apartado 38).
A tenor del artículo 100 A, apartado 4, del Tratado CE, disposición aplicable antes de la entrada en vigor del Tratado de
Ámsterdam, si, tras la adopción de una medida de armonización, un Estado miembro estimaba necesario aplicar disposiciones
nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 36 del Tratado CE o relacionadas
con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, dicho Estado miembro las notificaba a la Comisión. Esta confirmaba
las disposiciones mencionadas después de haber comprobado que no se trataba de un medio de discriminación arbitraria o de
una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de mayo de 1994,
Francia/Comisión, C‑41/93, Rec. p. I‑1829, apartado 27, y Alemania/Comisión, citada en el apartado 56
supra
, apartado 39). Un Estado miembro solo estaba autorizado a aplicar las disposiciones nacionales notificadas con arreglo al
artículo 100 A, apartado 4, del Tratado CE, después de haber obtenido de la Comisión una decisión confirmándolas (sentencia
Francia/Comisión, antes citada, apartado 30).
El artículo 100 A, apartado 4, del Tratado CE no fijaba plazo alguno a la Comisión para confirmar las disposiciones que le
hubieran sido notificadas. Sin embargo, el Tribunal de Justicia consideró que la inexistencia de un plazo en esta materia
no dispensaba a la Comisión de su obligación de actuar, en el marco de sus responsabilidades, con toda la diligencia debida
(sentencia Kortas, citada en el apartado 47
supra,
apartado 34).
El artículo 95 CE, que, en virtud del Tratado de Ámsterdam, sustituye y modifica el artículo 100 A del Tratado CE, establece
una distinción en función de que las disposiciones notificadas sean disposiciones nacionales preexistentes a la armonización
o disposiciones nacionales que el Estado miembro de que se trate desee introducir. En el primer supuesto, previsto en el artículo
95 CE, apartado 4, el mantenimiento de las disposiciones nacionales preexistentes debe justificarse por alguna de las razones
importantes contempladas en el artículo 30 CE o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente.
En el segundo supuesto, previsto en el artículo 95 CE, apartado 5, los Estados miembros tienen la obligación de someter a
la aprobación de la Comisión todas las disposiciones nacionales que estimen necesarias por las que se establezcan excepciones
(sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de noviembre de 2008, Países Bajos/Comisión, C‑405/07 P, Rec. p. I‑8301, apartado
51). En ese caso, el establecimiento de nuevas disposiciones nacionales debe basarse en novedades científicas relativas a
la protección del medio de trabajo o del medio ambiente y justificadas por un problema específico de dicho Estado miembro
surgido con posterioridad a la adopción de la medida de armonización (sentencia Alemania/Comisión, citada en el apartado 56
supra,
apartado 40).
Procede señalar que, con arreglo al artículo 95 CE, apartado 6, párrafo segundo, las disposiciones nacionales que establecen
excepciones se consideran aprobadas si la Comisión no se pronuncia dentro de un plazo de seis meses después de las notificaciones
a las que se refieren los apartados 4 y 5 de esta disposición. Además, con arreglo al artículo 95 CE, apartado 6, párrafo
tercero, no es posible ampliar dicho plazo cuando el asunto no es complejo ni cuando hay riesgos para la salud humana (sentencia
Land Oberösterreich y Austria/Comisión, citada en el apartado 36
supra,
apartado 40).
Por consiguiente, de esa disposición resulta que el legislador comunitario consideró necesario, en el Tratado de Ámsterdam,
imponer a la Comisión determinado plazo para proceder a la verificación de las disposiciones nacionales que le hayan sido
notificadas (véase, en este sentido, la sentencia Kortas, citada en el apartado 47
supra,
apartado 33).
Según la jurisprudencia, del párrafo segundo del artículo 95 CE, apartado 6, se desprende efectivamente que los autores del
Tratado han querido que el procedimiento previsto en dicho artículo finalice rápidamente, tanto en interés del Estado miembro
que presenta la notificación como en aras del correcto funcionamiento del mercado interior (véanse, en este sentido, las sentencias
Dinamarca/Comisión, citada en el apartado 55
supra,
apartado 49, y Land Oberösterreich y Austria/Comisión, citada en el apartado 36
supra
, apartados 40 y 41; sentencia del Tribunal de 5 de octubre de 2005, Land Oberösterreich y Austria/Comisión, T‑366/03 y T‑235/04,
Rec. p. II‑4005, apartado 43).
En el caso de autos, consta que la Decisión impugnada fue notificada a la República de Polonia el 4 de diciembre de 2007,
es decir, fuera del plazo de seis meses previsto por el artículo 95 CE, apartado 6, párrafo primero.
Sin embargo, la Comisión alega, a este respecto, que la Decisión impugnada fue adoptada el 12 de octubre de 2007, es decir,
antes de la expiración del plazo de seis meses previsto en el artículo 95 CE, apartado 6, párrafo segundo, y que, por lo tanto,
ha cumplido la obligación que le incumbe en virtud de dicha disposición.
Para sostener esta afirmación, la Comisión presentó varios documentos relativos al procedimiento de adopción de la Decisión
impugnada, a saber, una copia de una nota para los miembros de la Comisión de 9 de octubre de 2007 relativa al procedimiento
escrito acelerado E/2254/2007, con vistas a la adopción de la Decisión impugnada, la copia de una adenda a dicha nota de 11
de octubre de 2007 (que lleva un sello que indica «APROBADO 12 OCT. 2007 SGAII – 11h)», y la copia de la nota para los miembros
de la Comisión de 12 de octubre de 2007, titulada «Aprobación de los procedimientos escritos», por la que el Director de la
Secretaría General de la Comisión comunica a los miembros de la Comisión que esta adoptó la Decisión impugnada, el 12 de octubre
de 2007, mediante el procedimiento escrito.
De estos documentos se desprende que se instó efectivamente a los miembros de la Comisión a pronunciarse el 12 de octubre
de 2007, por la vía del procedimiento escrito acelerado, sobre la base de la propuesta, elaborada por la Dirección General
«Medio Ambiente», de aprobar el proyecto de decisión de la Comisión relativa al proyecto de ley.
Sin embargo, contrariamente a las afirmaciones de la Comisión, la adopción de la Decisión impugnada en esa fecha no pudo tener
por efecto la interrupción del transcurso del plazo de 6 meses previsto en el artículo 95 CE, apartado 6, párrafo primero.
En efecto, a tenor del artículo 254 CE, apartado 3, la Decisión impugnada surtió efecto a partir de la notificación a su destinatario,
en el presente caso, la República de Polonia (véanse en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 8 de marzo
de 1979, Salumificio di Cornuda, 130/78, Rec. p. 867, apartado 23, y de 20 de noviembre de 2008, Foselev Sud-Ouest, C‑18/08,
Rec. p. I‑8745, apartado 18).
Ciertamente, como señala la Comisión, el artículo 95 CE, apartado 6, párrafo segundo, contrariamente al párrafo tercero de
esta disposición, contempla la «falta de decisión» de la Comisión. Sin embargo, debe señalarse que, por lo que se refiere
a una decisión cuyo objeto es impedir la adopción de disposiciones nacionales notificadas a la Comisión por un Estado miembro,
la producción de efectos, que debe coincidir necesariamente con la interrupción del plazo de seis meses previsto en el artículo
95 CE, apartado 6, párrafo primero, no puede ser anterior a la fecha en la que puede oponerse a dicho Estado miembro, es decir,
a la fecha de su notificación (véase, por analogía, la sentencia España/Comisión, citada en el apartado 37
supra,
apartado 32). Además, a este respecto, la Comisión, en respuesta a una pregunta del Tribunal, afirmó en la vista que desde
la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam no ha sido notificada al Estado miembro afectado ninguna decisión de la Comisión
adoptada sobre la base del artículo 95 CE, apartado 6, fuera del plazo de seis meses previsto en el párrafo primero de esta
disposición.
Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el artículo 95 CE, apartado 6, párrafo segundo, que se refiere al supuesto
de que «la Comisión no se hubiera pronunciado en [el] plazo [de seis meses previsto en el apartado primero de esta disposición]»,
no puede interpretarse, por lo tanto, en el sentido de que solo la adopción de la decisión, con independencia de su notificación,
interrumpe el plazo. En efecto, como señala la República de Polonia, el proceso decisorio interno de la Comisión, en general,
no es perceptible para el Estado miembro afectado. Por consiguiente, si se basara, a efectos de la interrupción del cómputo
del plazo, en la toma de decisión y no en la notificación de esta al Estado miembro afectado, dicho plazo se vería extendido
con respecto a este (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Alber en el asunto en el que recayó la
sentencia España/Comisión, citada en el apartado 37
supra,
puntos 66 y 67).
Esta conclusión no es desvirtuada por la alegación de la Comisión según la cual se produjo un «error técnico» en el momento
de la notificación de la Decisión impugnada, ya que esta fue omitida de la lista de las decisiones que debían ser notificadas,
preparada por la Secretaría General de la Comisión, toda vez que dicho error le es exclusivamente imputable.
De las consideraciones anteriores se desprende que la Decisión impugnada, adoptada el 12 de octubre y no notificada a las
autoridades polacas hasta el 4 de diciembre de 2007, se produjo fuera del plazo de seis meses previsto en el artículo 95 CE,
apartado 6, párrafo primero. Por consiguiente, a partir de la expiración de ese plazo, el proyecto de ley se consideraba aprobado
y, por lo tanto, la Comisión no podía rechazarlo mediante la Decisión impugnada.
Habida cuenta de las consideraciones precedentes, debe estimarse el presente motivo y procede anular la Decisión impugnada.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la Comisión, procede condenarla
en costas, conforme a lo solicitado por la República de Polonia.
Con arreglo al artículo 87, apartado 4 del Reglamento de Procedimiento, la República Checa, la República Helénica y la República
de Austria cargarán con sus propias costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)
decide:
1)
Anular la Decisión 2008/62/CE de la Comisión, de 12 de octubre de 2007, relativa a los artículos 111 y 172 del proyecto de
ley de Polonia sobre organismos modificados genéticamente, notificados por la República de Polonia con arreglo al artículo
95 CE, apartado 5, como excepciones a lo dispuesto en la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la
liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente.
2)
La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las efectuadas por la República de Polonia.
3)
La República Checa, la República Helénica y la República de Austria cargarán con sus propias costas.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Dittrich
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de diciembre de 2010.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: polaco.