CELEX: 61990CJ0132
Funcionarios
Deducción fiscal
Hijo a cargo

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de mayo de 1990, el Sr. Schwedler interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CEE y a las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA, contra la sentencia de 8 de marzo de 1990 por la que el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso de anulación entablado contra las decisiones adoptadas respectivamente el 22 de diciembre de 1987 por el Director General de Personal, Presupuesto y Finanzas, y el 2 de mayo de 1988 por el Secretario General del Parlamento Europeo, por las que se le deniega el beneficio de deducción de impuestos por hijo a cargo.
En apoyo de su recurso, el Sr. Schwedler alega tres motivos basados, el primero de ellos, en la interpretación errónea efectuada por el Tribunal de Primera Instancia del concepto de «hijo efectivamente mantenido por el funcionario» en el sentido del apartado 2 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «el Estatuto») ; el segundo, en el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia entendiera equivocadamente que las ausencias del cuartel del hijo del recurrente obedecían a una elección personal, y, el tercero, en la falta de pertinencia, para la solución del litigio, de la interpretación de los apartados 3, 4 y 6 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto.
Mediante su primer motivo, el recurrente censura al Tribunal de Primera Instancia haber limitado de manera indebida el concepto de «manutención efectiva» contemplado en el apartado 2 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto, tal como fuera interpretado por este Tribunal de Justicia en la sentencia de 27 de noviembre de 1980, Sorasio/Comisión (asuntos acumulados
81/79, 82/79 y 146/79, Rec. p. 3557
), al declarar que la deducción de impuestos por hijo a cargo sólo puede concederse a «quien asuma la carga material de la totalidad de las necesidades esenciales del hijo»
(traducción provisional)
y que no se pueden hacer cargo de la manutención efectiva del hijo varias personas simultáneamente. En efecto, esta interpretación del Tribunal de Primera Instancia excluye, en concreto, la posibilidad de tener en cuenta la manutención parcial de un hijo, mientras que la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia no implica tal limitación.
En el marco de este motivo, el recurrente alega también que de las circulares internas (Instrucción del Sr. Nord, de 31 de octubre de 1963, relativa a la aplicación del apartado 2 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto y Conclusión n° 188/89, modificada, de 30 de enero de 1990, de la Junta de jefes de administración) se deduce que la manutención, incluso parcial, de un hijo puede dar derecho a la asignación por hijo a cargo.
Mediante su segundo motivo, el recurrente afirma que, teniendo en cuenta lo que tanto los reclutas como el público y el legislador consideran una conquista en un Estado democrático, moderno y social, es decir, que también los soldados que cumplan su servicio militar tengan, por así decirlo, una jornada (de trabajo) de ocho horas y que, a diferencia de lo que ocurría antaño, no deban permanecer en el cuartel durante su tiempo libre, los fines de semana y los demás días festivos, el Tribunal de Primera Instancia consideró indebidamente que el tiempo pasado fuera del cuartel obedecía a una elección personal del interesado.
Mediante su tercer motivo, el recurrente se opone a las conclusiones a que llegó el Tribunal de Primera Instancia al analizar los apartados 3, 4 y 6 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto, en la medida en que la única cuestión que debía dirimirse jurídicamente era la interpretación del apartado 2 del artículo 2 del Anexo VII, puesto que el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 3 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n° 260/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se fijan las condiciones y el procedimiento de aplicación del impuesto establecido en beneficio de las Comunidades Europeas (
DO L 56, p. 8
; EE 01/01, p. 136), se remite a esta disposición para definir el concepto de hijo a cargo.
Para una más amplia exposición de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal de Justicia se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la admisibilidad
El Parlamento Europeo ha propuesto una excepción de inadmisibilidad parcial por entender que los dos primeros motivos del recurrente hacen caso omiso de la competencia atribuida a este Tribunal de Justicia cuando conoce en casación, en la medida en que no se limitan a cuestiones de Derecho.
A este respecto procede señalar que, conforme al artículo 168 A del Tratado CEE y a las disposiciones concordantes de los Tratados CECA y CEEA, el recurso de casación se limitará a las cuestiones de Derecho. Esta limitación reaparece en el párrafo primero del artículo 51 del Estatuto CEE y en las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, que precisan, por consiguiente, los motivos en los que se puede fundar un recurso de casación, a saber, la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, las irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte demandante, así como la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia.
De ello se deduce que el recurso de casación sólo puede basarse en motivos relativos a la violación de normas de Derecho por parte del Tribunal de Primera Instancia, sin que se pueda entrar a examinar los hechos. Por lo tanto, sólo procede acordar la admisibilidad del recurso en la medida en que el mismo censure al Tribunal de Primera Instancia haber fallado infringiendo normas de Derecho cuya observancia debe garantizar (véase la sentencia de 1 de octubre de 1991, Vidrányi/Comisión,
C-283/90 P, Rec. p. I-4339
).
Respecto al motivo basado en el presunto error del Tribunal de Primera Instancia al afirmar que las numerosas estancias del hijo del recurrente fuera del cuartel obedecían a una elección personal, basta con declarar que dicha afirmación no es más que una apreciación puramente fáctica y no supone, por sí misma, la aplicación de ninguna norma jurídica.
Por ello, procede acordar la inadmisión del segundo motivo invocado por el Sr. Schwedler.
Por el contrario, en la medida en que el motivo basado en una limitación indebida del concepto de manutención efectiva, que se deduce de la definición utilizada por el Tribunal de Primera Instancia del concepto de hijo a cargo contemplado en el apartado 2 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto, se refiere a la interpretación de esta disposición, procede examinarlo en cuanto al fondo.
Sobre el fondo
I. En cuanto al motivo basado en una interpretación errónea del apartado 2 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto
Procede
señalar,
en primer lugar,
que el objetivo de carácter social pretendido por la deducción de impuestos controvertida (véase la citada sentencia de este Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 1980, Sorasio) exige tener en cuenta, para su aplicación, únicamente los gastos justificados por una necesidad real y cierta, vinculada a la existencia del hijo y a su manutención efectiva.
Para examinar la fundamentación del motivo, procede recordar que, en la citada sentencia de 27 de noviembre de 1980, este Tribunal de Justicia declaró que cuando los dos progenitores del hijo son funcionarios comunitarios, únicamente puede acogerse a esta deducción el cónyuge cuya retribución de base sea mayor, puesto que no se puede considerar que un hijo sea efectivamente mantenido por cada una de sus padres individualmente (apartados 16 y 17 de la citada sentencia).
No obstante, en dicha sentencia, este Tribunal de Justicia no se pronunció sobre la situación en la que un funcionario sólo asume efectivamente una parte de las necesidades esenciales del hijo y, por tanto, dicha sentencia no puede interpretarse en el sentido de que impide que dicho funcionario pueda acogerse a la deducción de que se trata.
De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia, basándose en la citada sentencia Sorasio, declaró indebidamente, al final del apartado 18 de la sentencia recurrida, que la deducción de impuestos por hijo a cargo sólo puede concederse a «aquel que asume la carga material de la totalidad de las necesidades esenciales del hijo» y que «no cabe considerar que un hijo es efectivamente mantenido, en el sentido del apartado 2 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto, ya citado, simultáneamente por varias personas u organismos distintos y que, por tanto, no puede reputársele simultáneamente a cargo de estos últimos» (apartado 19 de la misma sentencia;
traducción provisional).
Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente, en el apartado 18 de la sentencia recurrida, que de la citada sentencia de 27 de noviembre de 1980 se deduce que la deducción de impuestos por hijo a cargo «se concede por razones sociales ligadas a la existencia del hijo y a los gastos de su manutención efectiva».
Por lo que se refiere al presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia declaró probado, en el apartado 20 de su sentencia, que el ejército alemán cubre las necesidades de los jóvenes llamados a cumplir su servicio militar, especialmente en lo que se refiere a alojamiento, alimentos, atenciones y gastos médicos, suministro de efectos y uniformes, y lavandería, así como el abono de una paga mensual de casi 300 DM destinada a cubrir sus necesidades personales.
El Tribunal de Primera Instancia entendió también, en el apartado 21 de la sentencia recurrida, que en tales circunstancias el recurrente no podía pretender haber asumido simultáneamente la manutención efectiva de su hijo.
Procede señalar que la mencionada fundamentación de la sentencia recurrida como se acaba de exponer en los tres apartados precedentes, es conforme tanto con el tenor y la finalidad del apartado 2 del artículo 2 del Anexo VII del Estatuto como con la citada sentencia de 27 de noviembre de 1980.
En efecto, puesto que la obligación de hacer frente a los gastos de manutención del hijo ha dejado de estar a cargo del beneficiario potencial de la deducción de impuesto, y ha pasado a estar íntegramente a cargo de otro sujeto de derecho, en empresente asunto el ejército alemán, la deducción de que se trata pierde su razón de ser.
De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia obró conforme al Derecho comunitario al declarar, en la sentencia recurrida, que no podía considerarse que el hijo del recurrente estuviera a cargo de éste mientras cumplía su servicio militar puesto que su manutención corría íntegramente a cargo del ejército alemán.
En cuanto a la alegación que el recurrente basa en las circulares internas, baste con declarar que, si bien la manutención, incluso parcial, de un hijo puede dar derecho a la asignación controvertida, consideran que ésta no se adeuda en el supuesto de que el hijo sea mantenido íntegramente por las autoridades militares nacionales.
Del conjunto de las consideraciones precedentes se deduce que el primer motivo invocado es infundado.
II. En cuanto al motivo basado en la falta de pertinencia de la interpretación de los apartados 3, 4 y 6 del artículo 2 del Anexo Vildel Estatuto
A este respecto procede señalar que si bien no existe un paralelismo absoluto entre la asignación por hijo a cargo y la deducción de impuestos controvertida, no es menos cierto que, por perseguir el mismo objetivo social y responder a la misma preocupación, las disposiciones relativas a la asignación por hijo a cargo pueden tenerse en cuenta para corroborar la interpretación de las disposiciones relativas a la deducción de impuestos por hijo a cargo.
Por ello, el Tribunal de Primera Instancia podía legalmente desarrollar la argumentación por analogía contenida en los apartados 22 y 23 de su sentencia.
De ello se deduce que el tercer motivo también es infundado.
Dado que no se puede acoger ninguno de los motivos formulados por el Sr. Schwedler, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Según el artículo 70 del mismo Reglamento, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren incurrido en los recursos de los funcionarios. No obstante, en virtud del artículo 122 del Reglamento, el artículo 70 no se aplicará a los recursos de casación interpuestos por os funcionarios u otros agentes de las Instituciones. Por haber sido desestimados los motivos por el Sr. Schwedler, procede condenarle al pago de las costas del presente procedimiento.

En vinud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide :

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar en costas al recurrente.

Due
Slynn
Jouet
Schockweiler
Grévisse
Mancini
Kakouris
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Diez de Velasco
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.