CELEX: 61990CJ0186
Seguridad Social
Prestaciones por el cónyugue a cargo de titulares de pensiones o rentas

Mediante resolución de 12 de enero de 1990, recibida en el Tribunal de Justicia el 8 de junio siguiente, la Corte suprema di cassazione planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial relativa a la interpretación de los artículos 77 a 79 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión codificada por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (
DO L 230, p. 6
; EE 05/03, p. 53).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. Durighello y el Istituto nazionale della previdenza sociale (en lo sucesivo, «INPS») sobre las asignaciones familiares por el cónyuge a cargo, establecidas en la legislación italiana.
Según la resolución de remisión, el Sr. Durighello, de nacionalidad italiana, fue trabajador por cuenta ajena en tres Estados miembros sucesivamente (Italia, Francia y Alemania) y reside actualmente en Italia donde percibe una pensión. Sin embargo, se denegaron al Sr. Durighello las asignaciones de que aquí se discute, en razón de que adquirió el derecho a la mencionada pensión de conformidad al Reglamento n° 1408/71, de que los períodos de seguro cubiertos en Italia no fueron suficientes para permitirle conseguir una pensión autónoma con arreglo a la ley italiana y de que el citado Reglamento no contiene disposiciones relativas a las asignaciones familiares por el cónyuge a cargo del titular de una pensión.
Como los recursos interpuestos contra esta resolución ante el Pretore de Udine y luego ante el Tribunale de Udine fueron desestimados, el Sr. Durighello recurrió ante la Corte di cassazione, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«En la situación descrita anteriormente, las disposiciones del capítulo 8 del título III y en particular los artículos 77 a 79 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo (en su versión modificada y actualizada posteriormente), ¿se oponen a la aplicación, en favor de una persona que resida en Italia y sea titular de una pensión de vejez calculada y pagada con arreglo a las normas del capítulo 3 del título III de dicho Reglamento (en otras palabras, en virtud de la “totalización” de los períodos de trabajo y de cotización cubiertos en Italia, en Francia y en Alemania), de las disposiciones de la ley italiana que establece (con efectos de 1 de enero de 1974 y hasta la fecha de entrada en vigor del citado Decreto-Ley n° 69 de 1988) el derecho del pensionista a recibir asignaciones familiares también por su cónyuge a cargo?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal y de la normativa aplicable, así como de las observaciones escritas presentadas, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Mediante su pregunta, el órgano jurisdiccional nacional pretende, sustancialmente, saber si los artículos 77 a 79 del Reglamento n° 1408/71, antes citado, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que la legislación de un Estado miembro que establece asignaciones para el cónyuge a cargo del titular de una pensión se aplique en el caso de una persona que disfruta de una pensión de vejez con arreglo al Reglamento n° 1408/71.
Competencia del Tribunal de Justicia
El INPS afirma que no procede admitir la petición de decisión prejudicial. Por una parte, dice, sería inútil que el Tribunal de Justicia interpretara, como se le solicita, los artículos 77 a 79 del Reglamento n° 1408/71, por cuanto estas disposiciones, según el INPS, sólo se refieren a las prestaciones familiares por hijos a cargo y no contemplan, por consiguiente, prestaciones como las que se discuten en el litigio principal. Por otra parte, añade que la cuestión prejudicial tiene por objeto pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la compatibilidad de la legislación italiana con el Derecho comunitario, cuestión para la que este Tribunal no sería competente.
Por lo que se refiere al primer aspecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véase, entre otras, la sentencia de 11 de julio de 1991, Crispoltoni,
C-368/89, Rec. p. I-3695, apartado 10
), los órganos jurisdiccionales nacionales, que conocen del litigio y deben asumir la responsabilidad de la resolución judicial que ha de recaer, son los únicos a quienes corresponde apreciar, en lo que respecta a las características especiales de cada asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder pronunciar su sentencia, como la procedencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia.
Unicamente procede que el Tribunal de Justicia acuerde no pronunciarse sobre una petición planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte manifiesto que la interpretación del Derecho comunitario o el examen de la validez de la norma comunitaria solicitados por dicho órgano jurisdiccional no guarden relación alguna con la realidad o el objeto del litigio principal (véanse, entre otras, las sentencias de 16 de junio de 1981, Salonia,
126/80, Rec. p. 1563, apartado 6
, y de 11 de julio de 1991, Crispoltoni, antes citada, apartado 11). Ahora bien, no es éste el caso en el asunto que nos ocupa.
Por lo que respecta al punto segundo, baste recordar la doctrina jurisprudencial de este Tribunal de Justicia, según la cual, si bien no corresponde al Tribunal, en el marco del artículo 177 del Tratado, pronunciarse sobre la compatibilidad de una normativa nacional con el Derecho comunitario, es competente, en cambio, para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación relacionados con dicho Derecho que puedan permitirle apreciar esta compatibilidad para juzgar el asunto del que conoce (véase, entre otras, la sentencia de 18 de junio de 1991, Piageme,
C-369/89, Rec. p. I-2971, apartado 7
).
Fondo del asunto
El INPS observa que los artículos 77 a 79 del Reglamento n° 1408/71 deben interpretarse en el sentido de que no se refieren más que a las prestaciones familiares por hijos a cargo. La consecuencia sería que una persona que se encontrase en una situación como la del Sr. Durighello no tendría derecho a subsidios familiares por el cónyuge a su cargo.
No cabe admitir esta argumentación.
Es verdad que los citados artículos 77 a 79 no mencionan las prestaciones por el cónyuge a cargo. En efecto, según los términos textuales de las disposiciones que examinamos, así como de su título correspondiente, éstas se refieren exclusivamente a las prestaciones por hijos a cargo y por huérfanos. Confirma esta interpretación el hecho de que dichas disposiciones figuran en el capítulo 8 del título III del Reglamento n° 1408/71 bajo la rúbrica «Prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas y por huérfanos».
Es oportuno recordar, de todos modos que, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, los Reglamentos relativos a la Seguridad Social de los trabajadores migrantes no han establecido un régimen común de Seguridad Social, sino que han dejado subsistir distintos regímenes que generan créditos distintos frente a instituciones distintas contra las que el prestatario dispone de derechos directos, en vinud bien sea del Derecho interno únicamente, bien del Derecho interno completado si es preciso por el Derecho comunitario (véase, entre otras, la sentencia de 6 de marzo de 1979, Rossi,
100/78, Rec. p. 831, apartado 13
).
Procede destacar, por otra parte, que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia (véanse, entre otras, las sentencias de 21 de octubre de 1975, Petroni,
24/75, Rec. p. 1149, apartado 13
, y de 15 de octubre de 1991, Faux,
C-302/90, Rec. p. I-4875, apartado 27
), la finalidad de los artículos 48 a 51 del Tratado no se conseguiría si, a consecuencia del ejercicio de su derecho a la libre circulación, los trabajadores hubieran de perder las ventajas de Seguridad Social que les asegura únicamente la Seguridad Social de un Estado miembro.
Por consiguiente, la circunstancia de que el trabajador interesado disfrute de una pensión gracias a la aplicación de las disposiciones del artículo 45 del Reglamento n° 1408/71 relativas a la toma en consideración de los períodos de seguro o de residencia, cubiertos bajo diferentes legislaciones, y no en virtud de una sola legislación nacional, no puede privarle de disfrutar las asignaciones establecidas por la legislación nacional en favor de los pensionistas.
De lo anterior se sigue que los artículos 77 a 79 del Reglamento n° 1408/71 no puede interpretarse en el sentido de que lleguen a privar a un trabajador migrante, que se encuentre en una situación análoga a la que se examina en el recurso principal, de subsidios que hubiera podido conseguir si se le hubiera aplicado la legislación de un solo Estado miembro.
Procede por consiguiente contestar a la cuestión prejudicial que los artículos 77 a 79 del Reglamento n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la versión codificada por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, no pueden interpretarse en e sentido de que se oponen a que la legislación de un Estado miembro que establezca asignaciones familiares por el cónyuge a cargo del titular de una pensión se aplique en el caso de una persona que disfrute de una pensión de vejez con arreglo al Reglamento n° 1408/71, antes citado.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones a este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la Corte suprema di cassazione mediante resolución de 12 de enero de 1990, declara:

Los artículos 77 a 79 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en la versión codificada por el Reglamento (CEE) n° 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, no pueden interpretarse en el sentido de que se oponen a que la legislación de un Estado miembro que establezca asignaciones familiares por el cónyuge a cargo del titular de una pensión se aplique en el caso de una persona que disfrute de una pensión de vejez con arreglo al Reglamento (CEE) n° 1408/71, antes citado.

Due
Joliét
Schockweiler
Grévisse
Mancini
Moitinho de Almeida
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.