CELEX: 61990CJ0315
Dumping
Conclusión del procedimiento
Motores eléctricos de fase única y dos velocidades

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de octubre de 1990, el Groupement des industries de matériels d'équipement électrique et de l'électronique industrielle associée (Gimelec) y la Asociación nacional de fabricantes de bienes de equipo (Sercobe), así como las sociedades italianas Sole SpA y Nuova IBMEI SpA solicitaron, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación de la Decisión 90/399/CEE de la Comisión, de 26 de julio de 1990, por la que se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinados motores eléctricos de fase única y dos velocidades originarios de Bulgaria, Rumania y Checoslovaquia (
DO L 202, p. 47
; en lo sucesivo, «Decisión objeto de litigio»).
En julio de 1989, Gimelec y Sercobe, así como la Associazione Nazionale Industrie Elettrotechniche e Ellettroniche (ANIE), organizaciones profesionales que representan a los productores comunitarios de motores eléctricos de fase única y dos velocidades utilizados para la fabricación de lavadoras de poca velocidad (en lo sucesivo, «motores eléctricos»), presentaron, con arreglo a las disposiciones del Reglamento (CEE) n° 2423/88 del Consejo, de 11 de julio de 1988, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping o de subvenciones por parte de países no miembros de la Comunidad Económica Europea (
DO L 209, p. 1
; en lo sucesivo, «Reglamento de base»), una denuncia ante la Comisión comunicando la existencia de prácticas de dumping de que eran objeto las importaciones de motores eléctricos similares procedentes de Bulgaria, Rumania y Checoslovaquia.
Al considerar que la denuncia contenía pruebas suficientes en cuanto a la existencia de dumping y de un perjuicio consecuencia del mismo, la Comisión anunció, mediante aviso publicado en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 14 de noviembre de 1989 (
DO C 286, p. 11
), la apertura de un procedimiento antidumping e inició una investigación.
Al termino de dicha investigación, que cubrió el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 1989, la Comisión llegó a la conclusión de que las importaciones de motores eléctricos originarios de Rumania y de Checoslovaquia no habían causado un perjuicio importante a la industria comunitaria. En cuanto a Bulgaria, la Comisión la excluyó de la investigación debido al hecho de que no se había comprobado en 1988 y durante el período de investigación ninguna exportación procedente de este país.
Por consiguiente, la Comisión adoptó la Decisión objeto de litigio conforme al artículo 9 del Reglamento de base.
Para sostener su recurso, las demandantes alegan dos motivos que se refieren, por una parte, a la inexistencia, según la Comisión, de un perjuicio importante resultado de las importaciones originarias de Rumania y de Checoslovaquia y, por otra parte, la exclusión de las importaciones originarias de Bulgaria de la investigación.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Motivo relativo a la inexistencia de un perjuicio importante resultado de las importaciones originarías de Rumania y de Checoslovaquia
Mediante este motivo, las demandantes alegan que la Decisión objeto de litigio es manifiestamente errónea por basarse, por un lado, en una supuesta disminución de la cuota de mercado representada por las importaciones de que se trata y, por otro lado, en el hecho de que dichas importaciones no hubieran tenido efectos sobre los precios practicados por los productores comunitarios. En lo que respecta a estos dos factores, la Decisión objeto de litigio está, además, insuficiente y erróneamente motivada.
La Comisión señala, con carácter preliminar, que se desprende de los puntos 8 a 16 de la Decisión objeto de litigio que ésta no se basa exclusivamente en los dos motivos expuestos por las demandantes, sino que ha tenido en cuenta el conjunto de factores enumerados en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base. En función de esto concluye que, aunque estuvieran justificadas, las críticas hechas por las demandantes no serían suficientes en modo alguno para invalidar la declaración de la Comisión respecto a la inexistencia de un perjuicio importante.
Esta conclusión no puede ser acogida. Como reconoce la propia Comisión en su escrito de duplica, un cierto número de factores esenciales le llevaron a declarar que no existe perjuicio, entre los cuales figuran en particular aquellos que hacen constar las demandantes. Por tratarse de factores esenciales, no se puede considerar que, incluso si las críticas de las demandantes relativas a la valoración realizada por la Comisión de estos dos factores tienen fundamento, la Decisión objeto de litigio es, sin embargo, válida a la vista de los otros factores tomados en consideración.
Procede, por lo tanto, examinar los argumentos de las demandantes relativos a los dos factores controvertidos, es decir, la disminución de la cuota de mercado representada por las importaciones originarias de Rumania y Checoslovaquia y la falta de efecto de estas importaciones sobre los precios de venta practicados por los productores comunitarios.
Disminución de la cuota de mercado representada por las importaciones procedentes de Rumania y Checoslovaquia
Las demandantes discuten, en primer lugar, la fiabilidad de los datos que han servido de base para la determinación del volumen de las importaciones controvertidas durante los años 1986 a 1988, así como durante el período de investigación, en la medida en que se ha partido exclusivamente de las respuestas a los cuestionarios antidumping aportadas por los exportadores rumanos y checoslovacos, en que no han sido objeto de verificación alguna y en que no coinciden con los datos de que disponen los demandantes.
En este sentido, procede subrayar que en el caso de autos la Comisión estaba legitimada para basarse en los datos específicos resultado de su investigación, incluso si dichos datos no se corresponden con las estadísticas comunitarias, en las que se basaron las demandantes. En efecto, como alegó la Comisión, sin que las demandantes discreparan en este punto, las estadísticas comunitarias no pueden aportar pruebas dado que clasifican los motores eléctricos en un capítulo arancelario que engloba igualmente otros productos.
De ello se deduce que la Comisión ha determinado el volumen de las importaciones controvertidas a partir de los datos de que podía razonablemente disponer.
El argumento de las demandantes, ligado a la fiabilidad de dichos datos, debe ser, por ello, rechazado.
Las demandantes sostienen, seguidamente, que la Comisión, al partir de la idea de que un aumento de la cuota de mercado cubierta por las importaciones de que se trata constituye un requisito
sine qua non
para la declaración de un perjuicio en el sentido del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base, realizó una interpretación errónea de dicho artículo.
Procede señalar que, conforme al apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base, el examen del perjuicio deberá incluir un conjunto de factores, teniendo en cuenta que ninguno de ellos por separado constituirá necesariamente una base de juicio determinante (véase la sentencia de 11 de julio de 1990, Neotype Techmashexport, asuntos acumulados
C-305/86 y C-160/87, Rec. p. I-2945, apartado 50
).
De los considerandos de la Decisión objeto de litigio se deduce que la Comisión determinó efectivamente el perjuicio en función de varios de los factores enumerados en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base. Las comprobaciones efectuadas al respecto se refieren, en efecto, al volumen de importaciones en términos absolutos y en relación con el consumo comunitario (puntos 8 y 9), los precios de las importaciones (punto 10), la producción comunitaria (punto 11), la utilización de las capacidades de producción de la industria comunitaria (punto 12), las ventas de la industria comunitaria y la cuota de mercado que les corresponde (puntos 13 y 14), los precios de venta de los productores comunitarios (punto 15) y sus beneficios (punto 16).
Esta apreciación de la Comisión se ajusta a los criterios fijados por el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base para el examen del perjuicio, y esto es así incluso aunque ha considerado la disminución de la cuota de mercado representada por las importaciones de que se trata como un factor esencial.
En estas circunstancias, el argumento de las demandantes, alegando una interpretación errónea del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base, carece de fundamento.
Las demandantes alegan también que la Comisión ha cometido una discriminación manifiesta en su contra al negarse sin motivo a aplicar en el caso de autos su práctica reiterada que consiste en considerar sólo el «mercado libre», cuando una parte de la producción comunitaria se vende dentro del «mercado cautivo» de un grupo integrado, dado que dicha parte no puede considerarse objeto de operaciones comerciales normales y, por lo tanto, no está sometida a los efectos de las importaciones objeto de subcotizaciones. Señalan que si hubiera seguido esta práctica, la Comisión habría comprobado que las importaciones controvertidas no sólo representan una cuota de mercado más elevada (del 39 al 40 % con más del 50 % del mercado italiano), sino que también dicha parte ha permanecido estabilizada o se ha incrementado ligeramente entre 1986 y 1989.
A este respecto, procede recordar que, a tenor de la letra a) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base, el volumen de las importaciones debe ser objeto de un examen «especialmente para determinar si [las importaciones] se han incrementado de manera significativa, tanto en términos absolutos como en relación con la producción o el consumo en la Comunidad».
Como consecuencia de ello, en el caso de que el incremento de las importaciones no se exprese en términos absolutos, hay que valorar, en principio, la cuota de mercado cubierta por las importaciones recogidas en la acusación de dumping en relación con el conjunto de la producción o del consumo comunitarios, es decir, en relación con el volumen del «mercado global». Una excepción a dicha norma sólo puede justificarse en la medida en que el mercado de que se trate se caracterice por una clara distinción entre el «mercado cautivo» y el «mercado libre», dado que, en tal caso, las ventas en el «mercado cautivo» no compiten con los productos vendidos en el «mercado libre» y no pueden, por consiguiente, sufrir los efectos de una práctica de dumping.
A este respecto, no se puede afirmar que la actitud adoptada por la Comisión en ciertos procedimientos específicos en los cuales se ha referido sólo al «mercado libre» para explicar la progresión de la cuota de mercado cubierta por las importaciones objeto de dumping constituye una práctica reiterada. En efecto, en dichos procedimientos, la Comisión no ha hecho más que aplicar, conforme al objetivo del artículo 4 del Reglamento de base, los criterios que permiten la excepción a la regla general que obliga a tener en cuenta el «mercado global».
Inversamente, en el presente procedimiento antidumping, la Comisión acertadamente ha tenido en cuenta, para la valoración del perjuicio, el volumen de las importaciones en relación con el «mercado global», habida cuenta de un cierto número de hechos que las demandantes no han discutido. Así, los motores eléctricos, ya sean importados o de origen comunitario, se venden en el mismo mercado y se utilizan para los mismos fines, es decir, la fabricación de lavadoras. Además, los productores de motores eléctricos vinculados a productores de lavadoras venden igualmente a otros productores de lavadoras y facturan por estas ventas precios muy similares a los que acuerdan con los productores a los que están unidos. Finalmente, los productores de lavadoras compran igualmente motores eléctricos importados así como motores producidos por los dos productores comunitarios llamados independientes.
En vista de dichas consideraciones, no se puede reprochar a la Comisión haber cometido una discriminación manifiesta en perjuicio de las demandantes al valorar basándose en el «mercado global» la evolución de la cuota de mercado cubierta por las importaciones.
En cuanto a las alegaciones de las demandantes, según las cuales la Comisión no habría motivado su negativa a tener en cuenta solamente el «mercado libre», basta con subrayar que, al evaluar la evolución de la cuota de mercado cubierta por las importaciones basándose en el «mercado global», la Comisión no ha hecho otra cosa que aplicar la norma, establecida en la letra a) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base, de forma que no era necesaria ninguna motivación específica.
El argumento de las demandantes, alegando que la Comisión cometió una discriminación manifiesta en su contra al negarse, sin motivo, a tener en cuenta solamente el mercado libre, debe, por lo tanto, desestimarse.
Del conjunto de lo que antecede se deduce que debe desestimarse el motivo relativo a la disminución de la cuota de mercado de las importaciones originarias de Rumania y Checoslovaquia.
Falta de efecto de las importaciones originarías de Rumania y de Checoslovaquia en los precios facturados por los productores comunitarios
Las demandantes alegan, en primer lugar, que la motivación planteada por la Comisión para llegar a la conclusión de que las importaciones controvertidas no han tenido efecto alguno sobre los precios facturados por los productores comunitarios está viciada por una incoherencia fundamental, en la medida en que la Comisión ha buscado sistemáticamente razones distintas del impacto de las importaciones controvertidas para explicar la existencia «de un cierto deterioro de la situación financiera de los productores comunitarios», afirmación expresa del punto 16 de la Decisión objeto de litigio.
A este respecto, las demandantes sostienen, en primer lugar, que el aumento, del orden del 3 al 4 % de los precios de venta de los productores comunitarios, comprobado para las dos empresas que seguían obteniendo beneficios, es decir, la sociedad Selni y la sociedad IBMEI, no prueba que estos últimos no hayan sufrido un perjuicio, en la medida en que este aumento hubiera sido aún más importante sin las importaciones objeto de dumping y en la medida en que dicho aumento sólo refleje el incremento de los costes de producción resultado del aumento de los precios mundiales del cobre en 1989.
En cuanto a la primera parte de este argumento, hay que subrayar que se deduce de los propios términos de la letra c) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento de base que el efecto de las importaciones debe evaluarse en función de las tendencias que se deduzcan de los factores económicos tenidos en cuenta. Ello implica que sólo pueden adquirirse válidamente conocimientos acerca del impacto de las importaciones si puede compararse la situación económica de los productores comunitarios en el momento de la investigación con la de los años precedentes.
Ahora bien, no le era posible a la Comisión proceder a dicha comparación dado que dos de las empresas denunciantes, que representan más de la mitad de la producción comunitaria durante el período de investigación, esto es, las empresas Sole y Nuova IBMEI, no aportaron los datos relativos a los años precedentes en cuanto a su situación económica. A falta de esta colaboración, la Comisión no podía tampoco comprobar si el aumento de los precios había bastado efectivamente para solventar la situación económica de los productores comunitarios.
De ello resulta que la primera parte de dicho argumento debe desestimarse.
En cuanto a su segunda parte, la Comisión señaló durante la vista que la comprobación de las facturas pagadas durante el período de investigación no permitió comprobar efecto alguno del aumento del precio mundial del cobre sobre los precios de producción de los productores comunitarios. En este sentido, la Comisión alega, sin haber sido desmentida en este punto por las demandantes, que los precios facturados a ciertos productores durante dicho período no reflejaban el aumento del precio mundial del cobre ocurrido entonces. En estas circunstancias, la Comisión tenía motivos para considerar que el aumento de los costes de producción durante el período de investigación con motivo del aumento del precio del cobre durante dicho período no quedó probado.
La segunda parte de dicho argumento debe por lo tanto ser igualmente desestimada.
Las demandantes sostienen, en segundo lugar, que, en lo que respecta a las dos empresas que sufrieron pérdidas, esto es, la sociedad Nuova IBMEI y la sociedad Sole, la Comisión, aun cuando se había referido al «mercado global» al examinar el volumen de las importaciones, circunscribió al «mercado libre» su examen del efecto de las importaciones, atribuyendo las pérdidas sufridas a las políticas de compra de los grupos, e hizo caso omiso del hecho de que en el «mercado global» las ventas se hacían con pérdidas.
Este argumento no puede ser acogido. En cuanto a la situación económica de la sociedad Nuova IBMEI, la Comisión expuso de forma convincente que dicha sociedad era la filial de un productor independiente que obtenía beneficios, es decir, la sociedad IBMEI, y que, a falta de elementos de información acerca de su situación económica durante los años precedentes, no había podido demostrarse que las pérdidas registradas durante el período de investigación habían sido causadas por las importaciones objeto de litigio. En cuanto a la situación económica de la sociedad Sole, procede declarar que la Comisión tenía motivos para valorar el efecto de las importaciones en el «mercado libre», dado que las ventas en el interior del grupo no constituyen necesariamente operaciones comerciales normales y que, por lo tanto, no es seguro que los resultados que se derivan de ello reflejen una realidad económica.
Debe, por lo tanto, desestimarse el argumento según el cual el motivo que llevó a la Comisión a concluir que las importaciones de que se trata no habían tenido impacto sobre los precios practicados por los productores comunitarios está viciado por una incoherencia fundamental.
Las demandantes alegan también que esta conclusión carece de motivación suficiente en la medida en que la identidad de los productores comunitarios no se menciona y los motivos invocados se solapan parcialmente.
Este argumento no está fundado. En efecto, la Comisión mencionó nominativamente en el punto 5 de la Decisión objeto de litigio a los productores comunitarios con respecto a los cuales procedió a un control
in situ.
Esta indicación permite igualmente identificar a aquellos productores comunitarios a los que se hace referencia en los puntos 15 a 17 de la Decisión objeto de litigio referentes al examen de los precios de venta y de los beneficios de los productores comunitarios. En estas circunstancias, la motivación aportada por la Comisión cumple las exigencias del artículo 190 del Tratado, tal y como han sido señaladas por una jurisprudencia reiterada, según las cuales en la motivación de un acto debe aparecer, de una manera clara e inequívoca, el razonamiento de su autor de manera que se permita a los interesados conocer la justificación de la medida adoptada con la finalidad de defender sus derechos y que el Tribunal de Justicia ejerza su control (véase, en último lugar, la sentencia de 7 de mayo de 1991, Nakajima All Precision,
C-69/89, Rec. p. I-2069, apartado 14
).
Habida cuenta del conjunto de estas consideraciones, el motivo relativo a la falta de efecto de las importaciones originarias de Rumania y de Checoslovaquia sobre los precios de ventáľ facturados por los productores comunitarios no está fundado.
Como consecuencia de ello, el motivo referente a la falta de perjuicio importante resultado de las importaciones originarias de Rumania y de Checoslovaquia debe desestimarse en su totalidad.
Motivo referente a la exclusión de la investigación de las importaciones originarias de Bulgaria
Mediante este motivo, las demandantes imputan a la Comisión el haber excluido, sin una razón válida, de su investigación las importaciones originarias de Bulgaria cuando, en su denuncia antidumping, las organizaciones profesionales habían llamado la atención de la Comisión acerca de la amenaza que suponían los 50.000 motores eléctricos originarios de dicho país, que fueron importados a España en 1988.
De las afirmaciones de la Comisión se desprende que su decisión de excluir las importaciones procedentes de Bulgaria se basa en informaciones que proceden de tres fuentes. En primer lugar, las estadísticas del Eurostat no mencionaban ninguna importación de motores eléctricos originarios de Bulgaria. Además, el exportador búlgaro declaró no haber efectuado exportaciones hacia la Comunidad durante los años 1988 y 1989. Finalmente, la Administración de Aduanas española confirmó la ausencia de importaciones de motores eléctricos originarios de Bulgaria tanto durante el año 1988 como durante el período de investigación.
Acerca de este último punto, las demandantes sostienen que la Comisión debería haber comprobado la existencia de importaciones no sólo ante las Aduanas españolas, sino también ante las Aduanas italianas y francesas.
A este respecto, procede recordar que la Comisión procedió a una comprobación adicional ante la Administración de Aduanas española debido a que la declaración del exportador búlgaro y los datos de las estadísticas del Eurostat contradecían la afirmación de las organizaciones profesionales según la cual se habían importado 50.000 motores eléctricos a España en 1988. El expediente no incluía, sin embargo, indicio alguno que hiciera suponer la existencia de importaciones a Italia o a Francia de motores eléctricos originarios de Bulgaria, que hubieran podido justificar una comprobación adicional.
En estas circunstancias, no se puede reprochar a la Comisión que no haya procedido a dicha verificación adicional en lo relativo a las importaciones a Italia y a Francia.
En general, las afirmaciones de la Comisión no han sido discutidas de forma detallada por las demandantes. Estas últimas no han aportado, en particular, ninguna prueba relativa a la importación de 50.000 motores eléctricos de origen búlgaro.
Ante estas circunstancias, debe desestimarse el motivo referente a la exclusión de dichas importaciones.
Al no poder acogerse ninguno de los motivos alegados por las demandantes, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por las demandantes, procede condenarlas solidariamente en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a las demandantes solidariamente.

Grévisse
Moitinho de Almeida
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de noviembre de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Tercera
F. Grévisse
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.