CELEX: 61989CJ0201
Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades
Inmunidad de los Parlamentarios europeos
Competencia del Tribunal de Justicia

Mediante resolución de 2 de junio de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 del mismo mes, la Cour d'appel de Colmar planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del Derecho comunitario en lo que se refiere a las respectivas competencias del Tribunal de Justicia y de los órganos jurisdiccionales nacionales.
Dicha cuestión se suscitó en el marco de una acción ejercitada por el Sr. Jean-Marie Le Pen y el partido político francés «Front national» contra las personas, las sociedades y los partidos políticos a los que consideran responsables de la redacción, traducción, edición, impresión y distribución de un folleto sobre la escalada del racismo y del fascismo en Europa. Este folleto, elaborado por iniciativa del Grupo Socialista del Parlamento Europeo después de que el Parlamento adoptase una declaración en la que condenaba el racismo y la xenofobia, fue distribuido en varias versiones lingüísticas en los locales de dicha institución en Estrasburgo.
Los demandantes consideraron que el folleto en cuestión contenía imputaciones difamatorias respecto a ellos. Por lo tanto, demandaron por daños y perjuicios ante el Tribunal de grande instance de Estrasburgo a los Sres. Detlef Puhl y Andrew Bell, como autores de los textos del folleto, al Sr. Rudi Arndt, como Presidente del Grupo Socialista del Parlamento Europeo, a las sociedades Thomas Druck y Printéclair, establecidas, respectivamente, en la República Federal de Alemania y en Bélgica, como impresores del folleto, así como a los diferentes partidos que forman el Grupo Socialista.
El Tribunal de Estrasburgo se declaró incompetente para pronunciarse sobre la demanda formulada contra el Sr. Arndt, porque éste había actuado en el ejercicio de sus funciones de miembro del Parlamento Europeo y gozaba, por tanto, de la inmunidad prevista por el artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «el Protocolo»). En cuanto a los otros demandados, el Tribunal desestimó las demandas considerando que, según la legislación francesa, la responsabilidad de estos demandados era subsidiaria respecto a la del editor responsable, que en este caso era perfectamente conocido, a saber, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo. No obstante, este Grupo carecía de personalidad jurídica según el Derecho francés.
La Cour d'appel de Colmar, ante la que se recurrió en apelación, examinó especialmente el punto de vista de los apelados, Puhl y otros, según el cual el Tribunal de Justicia era el único competente para conocer de la acción de que se trata, que era una acción de responsabilidad extracontractual con arreglo al párrafo 2 del artículo 215 del Tratado CEE. A este respecto, los apelados formularon dos argumentos. En primer lugar, alegaron que, como los folletos únicamente se difundieron en los locales del Parlamento Europeo, la supuesta difamación no fue cometida en territorio francés. En segundo lugar, afirmaron que el Tribunal de Justicia tiene competencia exclusiva para conocer de las acciones de responsabilidad dirigidas contra las instituciones comunitarias y sus agentes.
En vista de estos argumentos, la Cour d'appel decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial, cuyo texto es el siguiente:
«¿Tiene competencia el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para juzgar los hechos expuestos, teniendo en cuenta que se produjeron en los locales del Parlamento Europeo en Estrasburgo?»
De la resolución de remisión se desprende que debe entenderse por «los hechos expuestos» la difusión de una publicación de carácter supuestamente difamatorio.
Para una más amplia exposición de los hechos y del procedimiento y para un resumen de las observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia, así como de las respuestas del Parlamento Europeo a las preguntas de éste, la Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El examen de los autos muestra, como han señalado acertadamente las partes en el litigio principal y la Comisión, que el órgano jurisdiccional nacional se ha.planteado en realidad dos cuestiones diferentes. En primer lugar, quiere saber si, en virtud de los artículos 178 y 183 del Tratado, el Tribunal de Justicia tiene competencia exclusiva para conocer de una acción de responsabilidad extracontractual con motivo de la difusión de una publicación difamatoria en los locales del Parlamento Europeo. En segundo lugar, se pregunta si la difusión de una publicación por un grupo político del Parlamento Europeo da lugar a la responsabilidad extracontractual de dicha institución..
En lo que respecta al primer problema, Puhl y otros, apelados en el litigio principal, invocan el artículo 1 del Protocolo, relativo a la inviolabilidad de los locales y edificios de las Comunidades, para mantener que los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden pretender tener ninguna competencia para conocer de los hechos cometidos dentro de dichos locales y edificios, dado que el Tribunal de Justicia es el único competente a ese respecto.
Esta tesis no puede acogerse. El artículo 1 del Protocolo se refiere, como resulta de sus propios términos, a la inmunidad de los locales y edificios, así como de otros bienes de las Comunidades, contra medidas de apremio. Esta disposición no trata del reparto de competencias entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales en materia de responsabilidad extracontractual.
Además, no existe ninguna otra disposición de Derecho comunitario que confiera competencia al Tribunal de Justicia para conocer de las acciones de responsabilidad extracontractual que no se dirijan contra la Comunidad o sus instituciones, aun cuando tales acciones se basen en la difusión de una publicación difamatoria en los locales de una de dichas instituciones.
En lo que respecta al segundo problema, el de la eventual responsabilidad del Parlamento Europeo por los actos de un grupo político, procede recordar, en primer lugar, que, según el artículo 26 del Reglamento del Parlamento Europeo, los Diputados pueden organizarse en grupos de acuerdo con sus afinidades políticas. Estos grupos políticos se constituyen tras entregar al Presidente del Parlamento una declaración en la que figuran la denominación del grupo, la firma de sus miembros, de los que este artículo fija un número mínimo, así como la composición de la Mesa.
El Reglamento del Parlamento Europeo concede determinadas facultades a los grupos políticos a efectos de la preparación de las decisiones y de las posturas que debe adoptar dicha institución, por ejemplo la de presentar una moción de censura (artículo 30) o la de solicitar un debate (artículos 32 a 35). Las mismas facultades se reconocen también a un número mínimo de diputados que varía según los casos.
En cambio, no hay ninguna disposición del Reglamento del Parlamento Europeo que habilite a un grupo político para actuar en nombre del Parlamento respecto a otras instituciones o respecto a terceros. Por otra parte, ninguna norma de Derecho comunitario implica que los actos de un grupo político puedan imputarse al Parlamento Europeo como institución de las Comunidades.
Debe deducirse de ello que la difusión, por parte de un grupo político, de una publicación supuestamente difamatoria no da lugar a la responsabilidad extracontractual de las Comunidades.
Por tanto, procede responder a la cuestión planteada que los artículos 178 y 183 del Tratado CEE y 1 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades deben interpretarse en el sentido de que:
a)
El Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de una acción de responsabilidad extracontractual sólo porque el acto imputado se haya producido en los locales del Parlamento Europeo.
b)
La difusión por parte de un grupo político, en el sentido del artículo 26 del Reglamento del Parlamento Europeo, de una publicación supuestamente difamatoria no da lugar a la responsabilidad extracontractual de las Comunidades.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas y por el Parlamento Europeo no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por la Cour d'appel de Colmar mediante resolución de 2 de junio de 1989, decide declarar que:

Los artículos 178 y 183 del Tratado CEE y 1 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades deben interpretarse en el sentido de que:

a)
El Tribunal de Justicia no tiene competencia para conocer de una acción de responsabilidad extracontractual sólo porque el acto imputado se haya producido en los locales del Parlamento Europeo.

b)
La difusión por parte de un grupo político, en el sentido del artículo 26 del Reglamento del Parlamento Europeo, de una publicación supuestamente difamatoria no da lugar a la responsabilidad extracontractual de las Comunidades.

Kakouris
Koopmans
Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C.N. Kakouris
(
*1
)	Lengua dc procedimiento: francés.