CELEX: 61989CJ0190
Convenio de Bruselas
Artículo 1, párrafo segundo, punto 4
Arbritaje

Mediante resolución de 26 de enero de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de mayo siguiente, la Court of Appeal (Londres) planteó, con arreglo al Protocolo de 3 de junio de 1971, relativo a la interpretación por el Tribunal de Justicia del Convenio de 27 de septiembre de 1968 sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «el Convenio»), tres cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de determinadas disposiciones de dicho Convenio.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Marc Rich & Co. AG, sociedad con domicilio social en Zug, Suiza (en lo sucesivo, «Marc Rich»), por una parte, y la Società Italiana Impianti PA, con domicilio social en Genova, Italia (en lo sucesivo, «Impianti»), por otra parte.
En los autos remitidos al Tribunal de Justicia consta que, mediante télex de 23 de enero de 1987, Marc Rich hizo una oferta de compra de petróleo crudo iraní franco a bordo a Impianti. El día 25 de ese mismo mes, esta sociedad aceptó la referida oferta, pero sometiéndola a algunas condiciones adicionales. El 26 de enero, Marc Rich confirmó su aceptación de esas condiciones adicionales, antes de enviar, el 28 de enero, un nuevo télex que precisaba los términos del contrato y mencionaba la cláusula siguiente:
«Ley aplicable y arbitraje
La interpretación, validez y cumplimiento del presente contrato se regirán por el Derecho inglés. En el supuesto de que surjan diferencias entre el comprador y el vendedor, el punto controvertido se someterá al arbitraje de tres personas en Londres. Cada una de las partes designará un arbitro, siendo elegido el tercero de ellos por los arbitros designados por las partes. El laudo que dicten los tres arbitros o dos de ellos será definitivo y vinculará a ambas partes.»
La carga del petróleo en el buque designado entonces por Marc Rich concluyó el 6 de febrero. Ese mismo día, Marc Rich alegó que la mercancía se encontraba gravemente deteriorada, lo que según ella suponía un perjuicio superior a 7 millones de USD.
El 18 de febrero de 1988, Impianti demandó a Marc Rich ante el tribunale di Genova (Italia), solicitando que se la declarase exenta de cualquier responsabilidad para con ella. El 29 de febrero de 1988 se dio traslado de esta demanda a la sociedad Marc Rich, la cual alegó el 4 de octubre de 1988 la incompetencia del Tribunal italiano, invocando la existencia de una cláusula compromisoria.
Ese mismo 29 de febrero de 1988, Marc Rich inició en Londres el procedimiento de arbitraje, en el que Impianti se negó a participar. El 20 de mayo de 1988, Marc Rich presentó ante la High Court de Londres un escrito solicitando la designación de un arbitro, con arreglo al apartado 3 del artículo 10 de la Arbitration Act de 1950. Mediante resolución de 19 de mayo de 1988, la High Court había autorizado que el escrito de interposición de la demanda se notificase a Impianti en Italia.
El 8 de julio de 1988, Impianti solicitó que se anulase dicha autorización, alegando que el verdadero litigio entre las partes estaba vinculado a la cuestión de determinar si el contrato de referencia contenía o no una cláusula arbitral. Según Impianti, tal litigio estaba incluido en el ámbito de aplicación del Convenio y, por ende, había de ser juzgado en Italia. Según Marc Rich, por el contrario, dicho litigio quedaba excluido del ámbito de aplicación del Convenio, de conformidad con su artículo 1.
La High Court declaró, el 5 de noviembre de 1988, que no se aplicaba el Convenio, que se consideraba que el contrato entre las partes se regía por la ley inglesa y que procedía acordar que se practicara la notificación en el extranjero.
Interpuesto recurso de apelación ante la Court of Appeal, ésta decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Se aplica la excepción del punto 4 del artículo 1 del Convenio
a)
a cualquier litigio o proceso y, en caso afirmativo,
b)
a los litigios o procesos en los que se discute si existe o no una cláusula arbitral?
2)
En el caso de que la presente controversia se incluya en el ámbito de aplicación del Convenio y no le resulte aplicable la excepción al Convenio, ¿podrá la compradora, no obstante, someterse a la competencia de los Tribunales ingleses con arreglo
a)
al punto 1 del artículo 5 del Convenio, y/o
b)
al artículo 17 del Convenio?
3)
En caso de que la compradora pueda someterse a la competencia de los Tribunales ingleses en virtud del anterior apartado 2, se pregunta si
a)
la Court of Appeal debe inhibirse o suspender el procedimiento con arreglo al artículo 21 del Convenio o, alternativamente,
b)
si la Court of Appeal debe suspender el procedimiento con arreglo al artículo 22 del Convenio basándose en que fue el Tribunal italiano el primero en entrar a conocer sobre el asunto.»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal y del desarrollo del procedimiento, así como de las alegaciones escritas presentadas, este Tribunal de Justicia se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la primera cuestión
La primera cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional tiene fundamentalmente por objeto que se determine si el punto 4 del párrafo segundo del artículo 1 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la exclusión que prevé se aplica a un litigio pendiente ante un Tribunal estatal cuyo objeto sea la designación de un arbitro y, en caso afirmativo, si tal exclusión se aplica asimismo cuando el referido litigio suscite la cuestión previa de la existencia o de la validez de un convenio arbitral. Ambos extremos serán examinados sucesivamente.
En el párrafo primero de su artículo 1, el Convenio dispone que se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. Según el párrafo segundo de ese artículo, se excluirá del ámbito de aplicación del Convenio:
«1)
[...]
[...]
4)
el arbitraje.»
En lo relativo a la exclusión del ámbito de aplicación del Convenio de aquellos litigios que tienen por objeto la designación de un arbitro
Impianti estima que la exclusión a que se refiere el punto 4 del artículo 1 del Convenio no se aplica a los procedimientos iniciados ante los órganos jurisdiccionales estatales, ni tampoco a las resoluciones dictadas por ellos. Impianti mantiene que, en puridad de términos, «el arbitraje» se refiere a los procedimientos iniciados ante aquellos particulares a quienes las partes han atribuido facultades para resolver su litigio. Impianti basa fundamentalmente esta tesis en el objetivo del artículo 220 del Tratado, cuya finalidad es establecer un sistema completo para la libre circulación de las resoluciones que resuelven litigios. Por consiguiente, concluye, es legítimo atribuir al punto 4 del párrafo segundo del artículo 1 del Convenio un alcance que evite lagunas en el sistema jurídico de la libre circulación de las resoluciones que ponen fin a los litigios.
Marc Rich y los Gobiernos que han presentado observaciones defienden una interpretación amplia del concepto de arbitraje, excluyendo en todo caso del ámbito de aplicación del Convenio cualquier controversia relativa a la designación de un arbitro.
Según dispone su Preámbulo, el objeto del Convenio es aplicar las disposiciones del artículo 220 del Tratado CEE relativas al reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales. A tenor del párrafo cuarto del artículo 220 del Tratado CEE, los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar en favor de sus nacionales la simplificación de las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales y de los laudos arbitrales.
Al referirse a las decisiones judiciales y a los laudos arbitrales, el artículo 220 del Tratado contempla simultáneamente los procedimientos incoados ante los órganos jurisdiccionales estatales que terminan mediante una decisión judicial y los que se inician ante arbitros privados y terminan mediante laudos arbitrales. De ello no se deduce, sin embargo, que el Convenio, cuyo principal objeto es el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales, haya de tener necesariamente un ámbito de aplicación extenso. En efecto, como el artículo 220 insta a los Estados miembros a entablar, «en tanto sea necesario», negociaciones entre sí, a ellos incumbe determinar la amplitud de su acuerdo.
En lo que atañe a la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Convenio, el informe de los expertos adoptado con ocasión de la elaboración del Convenio (
DO 1979, C 59, p. 1
) explica lo siguiente:
«Ya hay numerosos acuerdos internacionales que regulan la materia del arbitraje que se menciona igualmente en el artículo 220 del Tratado de Roma. Además, el Consejo de Europa ha elaborado un convenio europeo que establece una ley uniforme en materia de arbitraje al que probablemente se añadirá un protocolo destinado a facilitar en mayor grado de lo que se hace en el Convenio de Nueva York, el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales. Por ello pareció preferible excluir la materia del arbitraje.»
Ahora bien, los acuerdos internacionales a los que de este modo se hace referencia —y especialmente el Convenio para el reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales extranjeros (firmado en Nueva York el 10 de junio de 1958,
Recueil des traites des Nations unies,
vol. 330, p. 3)— establecen normas que no deben ser cumplidas por los propios arbitros sino por los Tribunales de los Estados competentes. Tales normas se refieren, por ejemplo, a la decisión de las partes de un litigio de someterlo a arbitraje o al reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales. De ello se deduce que, al excluir del ámbito de aplicación del Convenio la materia del arbitraje basándose en que dicha materia era ya objeto de Convenios internacionales, las partes contratantes tuvieron la intención de excluir en su integridad la materia relativa al arbitraje, incluso los procedimientos incoados ante los Tribunales estatales.
En lo que atañe más concretamente a la designación de un arbitro por un órgano jurisdiccional estatal, procede hacer constar que se trata de una medida estatal destinada a aplicar un procedimiento de arbitraje. Así pues, tal medida forma parte de la materia del arbitraje, de modo que le resulta aplicable la exclusión del punto 4 del párrafo segundo del artículo 1.
Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que los acuerdos internacionales de que se trata no fueran firmados por todos los Estados miembros y no cubran todos los aspectos de la materia del arbitraje y, en particular, el procedimiento relativo al nombramiento de los arbitros.
Por lo demás, la referida interpretación viene corroborada por la opinión de los expertos que figura en el informe que elaboraron con ocasión de la adhesión de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido al Convenio, en cuya virtud el Convenio no se aplica a los procedimientos judiciales que sirven para la aplicación de un procedimiento de arbitraje, como los procedimientos de designación o de recusación de un arbitro (
DO 1979, C 59, p. 95
). Del mismo modo, en el informe elaborado con ocasión de la adhesión de Grecia al Convenio, los expertos estimaron que la intervención de un Tribunal para la constitución del òrgano de arbitraje estaba excluida del ámbito de aplicación del Convenio (
DO 1986, C 298, p. 1
).
En lo que atañe a la incidencia de una cuestión previa relativa a la existencia o a la validez del convenio arbitral sobre la aplicación del Convenio al litigio de que se trata
Impianti mantiene a este respecto que la exclusión que prevé el punto 4 del párrafo segundo del artículo 1 del Convenio no se aplica a los litigios o decisiones judiciales relativos a la existencia o a la validez de un convenio arbitral. Tampoco se aplica dicha exclusión cuando el arbitraje no constituye el objeto principal sino tan sólo un punto accesorio o incidental del procedimiento.
Impianti estima que, de no adoptarse esta interpretación, la mera alegación por una de las partes de que existe una cláusula arbitral permitiría a esa parte eludir la aplicación del Convenio.
En cualquier caso, añade Impianti, la excepción que establece el punto 4 del párrafo segundo del artículo 1 del Convenio no puede aplicarse en el supuesto de que la existencia o la validez de un convenio arbitral constituya el objeto de un litigio pendiente ante diferentes órganos jurisdiccionales que se rijan por el Convenio, con independencia de si tal extremo fue planteado con carácter principal o con carácter previo.
La Comisión comparte la opinión de Impianti en la medida en que la cuestión de la existencia o de la validez de un convenio arbitral se plantee con carácter previo.
No pueden admitirse estas interpretaciones. Para determinar si un litigio está incluido en el ámbito de aplicación del Convenio, únicamente debe tenerse en cuenta el objeto de dicho litigio. Si debido a su objeto —por ejemplo, la designación de un arbitro— un litigio está excluido del ámbito del Convenio, la existencia de una cuestión previa sobre la que deba pronunciarse el Juez para resolver el litigio no puede justificar la aplicación del Convenio, sea cual sea el contenido de la cuestión.
Por lo demás, resultaría contrario al principio de seguridad jurídica, que constituye uno de los objetivos del Convenio (véase la sentencia de 4 de marzo de 1982, Effer,
38/81, Rec. p. 825, apartado 6
), el que la aplicabilidad de la exclusión prevista en el punto 4 del párrafo segundo del artículo 1 dependiese de la existencia de una cuestión previa, que las partes pueden plantear en cualquier momento.
De lo anterior se deduce que, en el supuesto a que se refiere la presente remisión prejudicial, la circunstancia de que se suscite una cuestión previa sobre la existencia o la validez del convenio arbitral no tiene incidencia alguna en la exclusión del ámbito de aplicación del Convenio de un litigio cuyo objeto sea la designación de un arbitro.
En tales circunstancias, procede responder que el punto 4 del párrafo segundo del artículo 1 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la exclusión que prevé se aplica a un litigio pendiente ante un Tribunal estatal que tenga por objeto la designación de un arbitro, aun cuando dicho litigio suscite previamente la cuestión de la existencia o de la validez del convenio arbitral.
Sobre las cuestiones segunda y tercera
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión, las cuestiones segunda y tercera se han quedado sin objeto.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos alemán, francés y del Reino Unido, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la Court of Appeal (Londres) mediante resolución de 26 de enero de 1989, declara:

El punto 4 del párrafo segundo del artículo 1 del Convenio debe interpretarse en el sentido de que la exclusión que prevé se aplica a un litigio pendiente ante un Tribunal estatal que tenga por objeto la designación de un árbitro, aun cuando dicho litigio suscite previamente la cuestión de la existencia o de la validez del convenio de arbitraje.

Due
Mancini
O'Higgins
Rodríguez Iglesias
Slynn
Joliét
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de julio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.