CELEX: 61991CJ0211
Incumplimiento de Estado
Acceso a la redes de teledistribución
Requisitos

Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de agosto de 1991, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, un recurso con objeto de que se declare que el Reino de Bélgica, en lo que se refiere a la legislación aplicable en la Comunidad flamenca, ha incumplido las obligaciones que le incumben conforme a los artículos 52, 59, 60 y 221 del Tratado CEE
- al prohibir la transmisión, por una red de distribución, de programas televisados de servicios de radiodifusión de otros Estados miembros si la emisión no ha tenido lugar en la lengua o en una de las lenguas del Estado miembro en el que está establecido el servicio de radiodifusión;
- al condicionar la transmisión, por una red de distribución, de programas de televisión de servicios de radiodifusión privados de otros Estados miembros a una autorización previa que puede vincularse a requisitos especiales;
- al reservar el 51 % del capital de la sociedad de televisión privada que emite para el conjunto de la Comunidad flamenca a los editores de diarios y semanarios de lengua neerlandesa cuyo domicilio social esté situado en la región de lengua neerlandesa o en la zona bilinguee de Bruselas capital;
- al dar una definición discriminatoria de las producciones culturales propias que forman una parte obligatoria de la programación de las sociedades de televisión privadas.
2 El Gobierno belga no se opone a las tres últimas imputaciones.
3 Para una más amplia exposición de los términos del litigio, de la normativa que se discute, del desarrollo del procedimiento así como de los motivos y alegaciones de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Primera imputación: la exigencia relativa a la lengua de los programas
4 La primera imputación se refiere a la prohibición dirigida a las sociedades de teledistribución, de transmitir a través de sus redes programas de estaciones de radiodifusión sonoros o televisados de otros Estados miembros cuya emisión no se efectúe en la lengua o en una de las lenguas del Estado miembro en que el organismo de radiodifusión está establecido. Esta prohibición se recoge en los artículos 3 y 4 del Decreto de la Comunidad flamenca de 28 de enero de 1987, relativo a la transmisión de programas sonoros y televisados por las redes de radiodifusión y de teledistribución y relativo a la autorización de sociedades de televisión privadas (Moniteur belge de 19.3.1987, p. 4196).
5 Es oportuno reconocer que la normativa discutida constituye un obstáculo a la libre prestación de servicios, por cuanto impide a las estaciones de radiodifusión establecidas en otros Estados miembros que puedan hacer retransmitir a través de las redes del cable de la Comunidad flamenca programas emitidos en una lengua distinta de la del país de establecimiento.
6 Este obstáculo tiene un carácter discriminatorio no sólo porque, como admitió el Gobierno belga, no se aplica a las estaciones establecidas en Bélgica, sino sobre todo porque excluye, para las estaciones establecidas en un Estado miembro distinto de los Países Bajos, la posibilidad de ofrecer programas en neerlandés al público de la Comunidad flamenca, cuando esta posibilidad existe, naturalmente, para las estaciones nacionales.
7 El Gobierno belga alega, no obstante, objetivos de política cultural para justificar la normativa de que se trata, a saber, la conservación del pluralismo en la prensa escrita, que se beneficia directamente de los ingresos por publicidad de las estaciones nacionales de televisión, la preservación y el desarrollo del patrimonio artístico así como la viabilidad de las estaciones nacionales.
8 Estas alegaciones no pueden ser estimadas.
9 Los objetivos primero y tercero de política cultural invocados por el Gobierno belga revelan que la medida denunciada tiene en realidad por objeto limitar la competencia efectiva a las estaciones nacionales, con la finalidad de proteger los ingresos publicitarios de estas últimas. En lo que respecta al objetivo de preservación y desarrollo del patrimonio artístico, baste señalar, con la Comisión, que la medida recurrida produce en realidad una reducción de la demanda de producciones televisuales en neerlandés.
10 Por otra parte, además, las justificaciones alegadas por el Gobierno belga no corresponden a ninguna de las excepciones a la libre prestación de servicios admitidas por el artículo 56, a saber, el orden público, la seguridad y la salud públicas.
11 Ahora bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, especialmente, la sentencia de 25 de julio de 1991, Collectieve Antennevorziening Gouda, C-288/89, Rec. p. I-4007, apartado 11), sólo se pueden invocar estas excepciones eficazmente para justificar normativas nacionales que no son aplicables indistintamente a las prestaciones de servicios, cualquiera que sea su origen.
12 Por lo que respecta al argumento que el Gobierno belga pretende fundar en la sentencia de 3 de diciembre de 1974, Van Binsbergen (33/74, Rec. p. 1299), y según el cual un prestador de servicios no puede librarse de las normas aplicables a los prestadores de servicios establecidos en el Estado miembro hacia cuyo territorio está orientada su actividad, no cabe aceptarlo. En efecto, si bien es cierto que, según el apartado 13 de esta sentencia, el Estado destinatario puede adoptar disposiciones orientadas a impedir que la libertad asegurada por el artículo 59 sea utilizada por un prestador, cuya actividad esté entera o principalmente orientada hacia su territorio, para librarse de las normas profesionales que le serían aplicables si estuviera establecido en el territorio de dicho Estado, ello no significa sin embargo que un Estado miembro pueda excluir de forma general que ciertos servicios puedan ser prestados por operadores establecidos en otros Estados miembros, lo que suprimiría la libre prestación de servicios.
13 Resulta de lo anterior que debe estimarse la primera imputación formulada por la Comisión.
Las otras tres imputaciones
14 Tal como el propio Gobierno demandado admite, la legislación de aplicación en la Comunidad flamenca no se atenía, en el momento del vencimiento del plazo establecido por el dictamen motivado, a los artículos 59 y 60 del Tratado en lo que se refiere a la segunda imputación, a los artículos 52 y 221 en lo que se refiere a la tercera imputación y al artículo 59 en lo que se refiere a la cuarta imputación.
15 En consecuencia, procede acoger asimismo estas tres imputaciones y, por consiguiente, declarar el incumplimiento tal como se formula en las pretensiones de la Comisión.
Decisión sobre las costas
Costas
16 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandada, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:
1) El Reino de Bélgica, en lo relativo a la legislación aplicable en la Comunidad flamenca, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 52, 59, 60 y 221 del Tratado CEE
- al prohibir la transmisión, por una red de distribución, de programas televisados de servicios de radiodifusión de otros Estados miembros si la emisión no ha tenido lugar en la lengua o en una de las lenguas del Estado miembro en el que está establecido el servicio de radiodifusión;
- al condicionar la transmisión, por una red de distribución, de programas de televisión de servicios de radiodifusión privados de otros Estados miembros a una autorización previa que puede vincularse a requisitos especiales;
- al reservar un 51 % del capital de la sociedad de televisión privada que emite para el conjunto de la Comunidad flamenca a los editores de diarios y semanarios de lengua neerlandesa cuyo domicilio social esté situado en la región de lengua neerlandesa o en la zona bilinguee de Bruselas capital;
- al dar una definición discriminatoria de las producciones culturales propias que forman una parte obligatoria de la programación de las sociedades de televisión privadas.
2) Condenar al Reino de Bélgica al pago de todas las costas.