CELEX: 62008CJ0197
Incumplimiento de Estado
Directiva 95/59/CE
Impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco
Artículo 9, apartado 1
Libre determinación, por fabricantes e importadores, de los precios máximos de venta al por menor de sus productos
Normativa nacional que fija un precio mínimo de venta al por menor de cigarrillos
Normativa nacional que prohíbe la venta de productos del tabaco a "un precio promocional contrario a los objetivos de salud pública"
Concepto de "legislaciones nacionales sobre el control del nivel de precios o sobre el cumplimiento de los precios impuestos"
Justificación
Protección de la salud pública
Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República Francesa ha incumplido
las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59/CE del Consejo, de 27 de noviembre
de 1995, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el volumen de negocios que gravan el consumo de labores
del tabaco (DO L 291, p. 40), en su versión modificada por la Directiva 2002/10/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2002 (DO
L 46, p. 26) (en lo sucesivo, «Directiva 95/59»), al haber adoptado y mantenido vigente un sistema de precios mínimos para
la venta al por menor de los cigarrillos despachados al consumo en Francia, así como una prohibición de venta de productos
del tabaco «a un precio promocional contrario a los objetivos de salud pública».

Marco jurídico

Normativa comunitaria
Los considerandos segundo, tercero y séptimo de la Directiva 95/59 tienen el siguiente tenor:
«2)       Considerando que el objetivo del Tratado [CE] es el de crear una unión económica que implique una competencia [sana] y presente
características análogas a las de un mercado interior; que, en lo que concierne al sector de las labores del tabaco, la realización
de este objetivo presupone la aplicación en los Estados miembros de impuestos sobre el consumo de productos de dicho sector
que no falseen las condiciones de competencia y no obstaculicen su libre circulación en la Comunidad;
3)      Considerando que, en lo que concierne a los impuestos especiales, la armonización de las estructuras debe conducir, en particular,
a que la competitividad de las diferentes categorías de labores del tabaco pertenecientes a un mismo grupo no sea falseada
por los efectos de la imposición y que, en consecuencia, se realice la apertura de los mercados nacionales de los Estados
miembros;
[...]
7)       Considerando que los imperativos de la competencia implican un régimen de precios libres para todos los grupos de labores
del tabaco […]».
En virtud del artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva:
«Tendrán la consideración de labores del tabaco:
a)      los cigarrillos;
b)      los cigarros puros y los cigarritos;
c)      tabaco para fumar:
–        picadura fina de tabaco destinada a liar cigarrillos,
–        los demás tabacos para fumar,
tal como se definen en los artículos 3 a 7.»
El artículo 8 de la Directiva 95/59 dispone:
«1.      Los cigarrillos fabricados en la Comunidad y los importados de países terceros estarán sometidos en cada Estado miembro a
un impuesto especial proporcional calculado sobre el precio máximo de venta al por menor, incluidos los derechos de aduana,
así como a un impuesto especial específico calculado por unidad de producto.
2.      El tipo de impuesto especial proporcional y el importe del impuesto especial específico deberán ser los mismos para todos
los cigarrillos.
[...]»
En virtud del artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva:
«Tendrán la consideración de fabricantes las personas físicas o jurídicas establecidas en la Comunidad que transformen el
tabaco en productos manufacturados confeccionados para la venta al por menor.
Los fabricantes o, en su caso, sus representantes o mandatarios en la Comunidad, así como los importadores de países terceros,
determinarán libremente los precios máximos de venta al por menor de cada uno de sus productos para cada Estado miembro en
que vayan a ser destinados a ser puestos a consumo.
No obstante, la disposición del párrafo segundo no impedirá la aplicación de las legislaciones nacionales sobre el control
del nivel de precios o sobre el cumplimiento de los precios impuestos, siempre que sean compatibles con la normativa comunitaria.»
El artículo 16 de dicha Directiva establece:
«1.      La cuantía del impuesto especial específico sobre los cigarrillos se establecerá por referencia a los cigarrillos de la clase
de precio más solicitada según los datos conocidos el 1 de enero de cada año, empezando por el 1 de enero de 1978.
2.      El elemento específico del impuesto especial no podrá ser inferior al 5 % ni superior al 55 % del importe de la carga fiscal
total resultante de la acumulación del impuesto especial proporcional, del impuesto especial específico y del impuesto sobre
el volumen de negocios percibidos sobre estos cigarrillos.
[...]
5.      Los Estados miembros podrán recaudar un impuesto especial mínimo sobre los cigarrillos vendidos a precio inferior al precio
de venta al por menor de los cigarrillos de la clase de precios más solicitada, siempre que dicho impuesto no sea superior
a la cuantía del impuesto especial aplicable a los cigarrillos de la categoría de precios más solicitada.»
Las Directivas 92/79/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los impuestos sobre los cigarrillos
(DO L 316, p. 8), y 92/80/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación de los impuestos sobre el
tabaco elaborado, excluidos los cigarrillos (DO L 316, p. 10), en sus versiones modificadas por la Directiva 2003/117/CE del
Consejo, de 5 de diciembre de 2003 (DO L 333, p. 49), fijan, respectivamente, los tipos y/o importes mínimos del impuesto
especial global sobre los cigarrillos y sobre el tabaco elaborado, excluidos los cigarrillos. La Directiva 92/80 contiene
también ciertas normas relativas a la estructura del impuesto especial sobre estos últimos.
Mediante la Decisión 2004/513/CE del Consejo, de 2 de junio de 2004 (DO L 213, p. 8), se aprobó en nombre de la Comunidad
el Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, firmado en Ginebra el 21 de mayo de 2003
(en lo sucesivo, «Convenio OMS»). El artículo 6 de dicho Convenio, bajo el título «Medidas relacionadas con los precios e
impuestos para reducir la demanda de tabaco», está redactado en los siguientes términos:
«1.      Las Partes reconocen que las medidas relacionadas con los precios e impuestos son un medio eficaz e importante para que diversos
sectores de la población, en particular los jóvenes, reduzcan su consumo de tabaco.
2.      Sin perjuicio del derecho soberano de las Partes a decidir y establecer su propia política tributaria, cada Parte tendrá en
cuenta sus objetivos nacionales de salud en lo referente al control del tabaco y adoptará o mantendrá, según proceda, medidas
como las siguientes:
a)      aplicar a los productos de tabaco políticas tributarias y, si corresponde, políticas de precios para contribuir al logro de
los objetivos de salud tendentes a reducir el consumo de tabaco, [...]
[...].»

Normativa nacional
El code général des impôts (Código tributario) (en lo sucesivo, «CGI») regula, entre otros, los impuestos sobre el tabaco
en Francia. El artículo 38, apartado II, de la Ley nº 2004-806, de 9 de agosto de 2004, relativa a la política de salud pública
(JORF de 11 de agosto de 2004, p. 14277), modificó el artículo 572, párrafo primero, del CGI. El mencionado artículo 572,
párrafo primero, en su versión modificada, dispone:
«El precio al por menor de cada producto, expresado por 1.000 unidades o por 1.000 gramos, será único para el conjunto del
territorio y será determinado libremente por los fabricantes y suministradores autorizados. Resultará aplicable tras su homologación
en las condiciones establecidas mediante decreto por el Conseil d’État. No obstante, no podrá homologarse el precio al por
menor de los cigarrillos, expresado por 1.000 unidades, si fuese inferior al resultante de aplicar, al precio medio de dichos
productos, un porcentaje fijado por decreto.»
En virtud del artículo 1 del Decreto nº 2004-975, de 13 de septiembre de 2004, adoptado para desarrollar el párrafo primero
del artículo 572 del CGI (JORF de 18 de septiembre de 2004, p. 16264), «el porcentaje contemplado en el párrafo primero del
artículo 572 del [CGI] queda fijado en 95».
El artículo 30, apartado II, de la Ley nº 2005-1719, de 30 de diciembre de 2005, de presupuestos para 2006 (JORF de 31 de
diciembre de 2005, p. 20597), modificó el artículo 572
bis
del CGI. Dicho artículo 572
bis,
en su versión modificada, dispone:
«El precio de venta al por menor de los productos vendidos por los revendedores mencionados en el párrafo primero del artículo
568 y de los productos entregados a los viajeros por los compradores-revendedores a los que se refiere el párrafo cuarto de
este artículo se determinará libremente, sin que dicho precio pueda ser, no obstante, inferior al precio minorista, expresado
por 1.000 unidades o por 1.000 gramos, adoptado en el decreto de homologación. [...]»
El code de la santé publique (Código de salud pública) (en lo sucesivo, «CSP») contiene, en especial, disposiciones relativas
a la lucha contra el tabaquismo. El artículo L. 3511-1 del CSP, en su versión modificada por el Decreto legislativo nº 2006-596,
de 23 de mayo de 2006 (JORF de 25 de mayo de 2006, p. 7791), dispone:
«Se considerarán productos del tabaco los productos destinados a ser fumados, aspirados, mascados o chupados, siempre que
estén constituidos, aunque sea parcialmente, por tabaco, así como los productos destinados a ser fumados incluso si no contienen
tabaco, con la única exclusión de los productos destinados al uso médico, en el sentido del párrafo tercero (2º) del artículo
564
decies
del [CGI].
Se considerará como ingrediente cualquier sustancia o componente distinto de las hojas y demás partes naturales o no transformadas
de la planta del tabaco que se use en la fabricación o en la preparación de un producto del tabaco y que siga estando presente
en el producto elaborado, aunque sea en forma modificada, incluidos el papel, el filtro, las tintas y la goma adhesiva.»
En su versión resultante de la Ley nº 2004-806, mencionada en el apartado 9 de esta sentencia, y aplicable a 4 de septiembre
de 2006, fecha de expiración del plazo fijado en el dictamen motivado mencionado en el apartado 17 de la presente sentencia,
el artículo L. 3511-3, párrafo primero, del CSP, está redactado del modo siguiente:
«Se prohíben la propaganda o la publicidad, directa o indirecta, en favor del tabaco, de los productos del tabaco o de los
ingredientes definidos en el párrafo segundo del artículo L. 3511-1, así como toda distribución gratuita o venta de un producto
del tabaco a un precio promocional contrario a los objetivos de salud pública.»
Las disposiciones de lucha contra el tabaquismo del CSP se acompañan de las sanciones penales previstas en los artículos L. 3512-1
a L. 3512-4 de este Código.

Procedimiento administrativo previo
El 21 de marzo de 2005, la Comisión dirigió a la República Francesa un escrito de requerimiento en el que sostenía que el
sistema de precios mínimos para la venta al por menor de cigarrillos y la prohibición de fijar precios del tabaco de carácter
«promocional [y] contrario a los objetivos de salud pública», establecidos por la normativa francesa, son incompatibles con
el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59.
En su respuesta de 29 de julio de 2005, la República Francesa comunicó que consideraba que dicha normativa se justifica por
el objetivo de protección de la salud pública previsto en el artículo 30 CE.
La Comisión envió el 4 de julio de 2006 un dictamen motivado en el que reiteraba su punto de vista e instaba a dicho Estado
miembro a cumplir con las obligaciones dimanantes del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59, en un plazo de dos meses
a partir de la recepción de dicho dictamen motivado.
Considerando que la situación seguía sin ser satisfactoria a la vista de las respuestas de la República Francesa de 5 de octubre
y de 22 de diciembre de 2006, la Comisión interpuso el presente recurso.

Sobre el recurso

Alegaciones de las partes
La Comisión considera que la Directiva 95/59 pretende garantizar una competencia sana y no falseada por los efectos impositivos,
en aras de la consecución de la apertura de los mercados nacionales de los Estados miembros. El artículo 9, apartado 1, de
dicha Directiva garantiza que la determinación de la base del impuesto especial se someta a los mismos principios en todos
los Estados miembros e impide que las normas estatales en materia de precios puedan hacer fracasar el cumplimiento de dichos
objetivos. Habida cuenta de su tenor y finalidad, no cabe duda de que dicha disposición prohíbe la fijación de precios mínimos
para la venta al por menor. El establecimiento de precios mínimos supone excluir la diferencia de precios entre los distintos
productos, derivada de la acción de los diversos factores que influyen en la formación de los precios por los fabricantes.
Se produce de este modo una distorsión de los flujos comerciales entre Estados miembros. A juicio de la Comisión, en los Estados
miembros que imponen un precio mínimo se ve frenada la importación de productos cuyo precio neto (impuestos excluidos) es
inferior al de los productos similares comercializados en dichos Estados.
La Comisión alega que el régimen impositivo francés de los cigarrillos establece un precio mínimo correspondiente al 95 %
de su precio medio, por debajo del cual los precios de venta al por menor de cigarrillos no pueden recibir la correspondiente
homologación, que es requisito para la fijación de los precios en el mercado. En consecuencia, los fabricantes o importadores
no pueden fijar libremente el precio máximo de venta al por menor de sus productos, porque, en cualquier caso, este precio
máximo no puede ser inferior al precio mínimo impuesto. El citado régimen impositivo de los cigarrillos es, pues, incompatible
con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59.
Además, las disposiciones del CSP controvertidas confieren a las autoridades francesas un poder discrecional para prohibir
la venta al por menor de las labores del tabaco a un precio determinado e impiden así que los fabricantes e importadores fijen
libremente el precio máximo de venta al por menor de cada uno de sus productos. El concepto de «precio promocional contrario
a los objetivos de salud pública», contenido en el artículo L. 3511-3 del CSP, no se define en la legislación nacional ni
permite, en consecuencia, a los operadores afectados conocer sus derechos y sus obligaciones de un modo claro y preciso, ni
a los órganos jurisdiccionales nacionales garantizar su respeto. Este concepto es, pues, contrario a los principios de seguridad
jurídica y de protección de los particulares.
Según la Comisión, el hecho de que la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y por la que se modifican
las Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE (Tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (DO L 228, p. 1), conlleve
un principio de libre determinación de los precios no significa que un principio similar, que figura claramente en otra disposición
comunitaria, el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59, tenga que ser considerado como inaplicable.
La Comisión arguye además que, aunque las prohibiciones impuestas respectivamente por esta última disposición y por el artículo
28 CE puedan superponerse, el artículo 9 de la Directiva 95/59 es una norma autónoma de Derecho derivado que cumple una función
autónoma en el contexto de dicha Directiva y cuya aplicación no puede limitarse a los supuestos en que se infrinja también
el artículo 28 CE.
Dicha institución considera que el análisis conforme al cual la normativa francesa controvertida impide la libre formación
de precios máximos de venta de productos del tabaco no se ve cuestionado por el artículo 9, apartado 1, párrafo tercero, de
la Directiva 95/59, que deja a salvo la aplicación de las «legislaciones nacionales sobre el control del nivel de precios»
y de las «legislaciones nacionales sobre el [...] cumplimiento de los precios impuestos».
La Comisión sostiene que las consideraciones vinculadas a la salud pública, previstas en el artículo 30 CE, no pueden justificar
la infracción del Derecho comunitario imputada en el presente asunto. En su opinión, la legalidad de las medidas nacionales
dictadas en una materia regulada por normativa armonizada a nivel comunitario debe apreciarse exclusivamente en relación con
esta normativa y no a la luz de las disposiciones del Derecho primario que permiten establecer excepciones a las libertades
fundamentales. En cualquier caso, en la medida en que se puede garantizar la protección de la salud pública fijando precios
de venta elevados para las labores del tabaco, se puede alcanzar plenamente dicho objetivo mediante una política tributaria
adaptada. Por otra parte, las consideraciones de salud pública han tenido su papel en la elaboración y revisión de las directivas
comunitarias relativas a la armonización en materia de impuestos especiales sobre los productos del tabaco, sin que se haya
abandonado por ello el principio de libre fijación de los precios. En cambio, un sistema de precios mínimos puede producir
efectos nefastos para la protección de la salud, porque, al proteger el margen de los productores, les proporciona ingresos
adicionales que pueden invertirse en un incremento de la venta de las labores del tabaco.
Además, el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59 es compatible con el Convenio OMS. Por una parte, dicho Convenio
no obliga a las Partes contratantes a aplicar precios mínimos. Por otra, no confiere a los Estados miembros el derecho, oponible
frente a la Comunidad, a elegir entre aplicar políticas tributarias y aplicar políticas de precios, pues dicha cuestión compete,
en virtud del artículo 35, apartado 2, de dicho Convenio, al funcionamiento interno de la Comunidad.
La Comisión considera asimismo que las afirmaciones de la Recomendación 2003/54/CEE del Consejo, de 2 de diciembre de 2002,
relativa a la prevención del tabaquismo y a una serie de iniciativas destinadas a mejorar la lucha contra el tabaco (DO 2003,
L 22, p. 31), a las que alude la República Francesa no son vinculantes y que, en cualquier caso, no pueden interpretarse en
el sentido de que incitan a un incumplimiento del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59. El Informe de la Comisión
al Parlamento Europeo y al Consejo de 16 de julio de 2008 relativo a la estructura y a los tipos del impuesto especial que
grava los cigarrillos y otras labores del tabaco [COM(2008) 460 final], invocado también por dicho Estado miembro, contempla,
por otra parte, la fiscalidad como elemento de una estrategia global de prevención y de disuasión del consumo de tabaco.
Por último, la Comisión considera que los Estados miembros pueden mantener precios elevados para los productos del tabaco
aumentando el nivel de tributación de dichos productos, de conformidad con las modalidades previstas en las directivas correspondientes.
Estas directivas no establecen un nivel máximo de carga fiscal. Así pues, los Estados miembros pueden procurar siempre que
se alcance el nivel de precios deseado gracias a la influencia que ejercen los impuestos sobre el precio final. La capacidad
de los fabricantes para sufrir pérdidas por no querer repercutir la carga fiscal a los precios de venta está, por otra parte,
sometida forzosamente a limitaciones económicas.
La República Francesa sostiene que la normativa nacional controvertida no es contraria al artículo 9, apartado 1, párrafo
segundo, de la Directiva 95/59. Este Estado miembro considera que dicha disposición no establece el principio general de que
los precios son determinados libremente por fabricantes e importadores. Solicita al Tribunal de Justicia que reconsidere en
este sentido la interpretación que ha dado a dicha disposición. En su opinión, a diferencia de, por ejemplo, la Directiva
92/49, que contempla la armonización de los requisitos de acceso a actividades no asalariadas y a su ejercicio, la Directiva
95/59 sólo pretende armonizar una parte de las legislaciones de los Estados miembros en materia de impuestos especiales. Según
dicho Estado miembro, el principio de libre fijación de precios o de tarifas puede relacionarse con la armonización de los
requisitos para el ejercicio de una actividad no asalariada, pero no con la armonización fiscal. Además, debe interpretarse
dicho principio a la luz de la libre circulación de mercancías prevista en el artículo 28 CE, que se limita a prohibir las
normas nacionales en materia de precios que penalicen los productos importados.
La República Francesa considera que, en cualquier caso, la normativa nacional controvertida deriva de las reservas previstas
en el artículo 9, apartado 1, párrafo tercero, de la Directiva 95/59. Por una parte, la expresión «legislaciones nacionales
sobre el control del nivel de precios», que figura en dicha disposición, contempla tanto las legislaciones nacionales en materia
de precios que presentan carácter general como las que, al igual que la aquí controvertida, tienen carácter particular. Este
Estado miembro se opone, pues, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada de la sentencia de 19 de octubre de 2000,
Comisión/Grecia (C‑216/98, Rec. p. I‑8921), según la cual esta expresión debe interpretarse en el sentido de que únicamente
concede a los Estados miembros una facultad discrecional para adoptar normativas nacionales de carácter general, destinadas
a frenar la subida de los precios. Por otra parte, según la misma jurisprudencia, la expresión «legislaciones nacionales sobre
el [...] cumplimiento de los precios impuestos» designa un precio que, una vez determinado por el fabricante o por el importador
y aprobado por la autoridad pública, se impone como precio máximo. Pues bien, según la República Francesa, si la autoridad
pública debe aprobar este precio, también debe poder rechazarlo.
Subsidiariamente, este Estado miembro alega que la normativa nacional controvertida se justifica por el objetivo de protección
de la salud pública que figura en el artículo 30 CE. En su opinión, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia permite a los
Estados miembros aplicar disposiciones nacionales restrictivas del comercio intracomunitario para proteger la salud de las
personas, como demuestra la sentencia Comisión/Grecia, antes citada. La normativa nacional controvertida es necesaria y proporcionada
en relación con dicho objetivo. Su consecución no podría garantizarse mediante una subida de impuestos, puesto que los fabricantes
e importadores no siempre la repercuten en el precio de venta, lo que excluye un descenso automático en el consumo.
Según la República Francesa, la fijación de un precio mínimo es una medida adaptada para mantener un nivel elevado de precios
y, en consecuencia, para prevenir la adicción al tabaco de los más jóvenes. Así se deriva del artículo 6, apartado 2, letra a),
del Convenio OMS. A su juicio, su tesis se ve confirmada por el apartado 7 de la Recomendación 2003/54 y por el punto 3.3,
párrafo primero, del Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 16 de julio de 2008 relativo a la estructura
y a los tipos del impuesto especial que grava los cigarrillos y otras labores del tabaco.

Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar, con carácter preliminar, que, como resulta de su tercer considerando, la Directiva 95/59 se inscribe en
el marco de una política de armonización de las estructuras del impuesto especial sobre labores del tabaco cuyo fin es evitar
que la competitividad entre las diferentes categorías de labores del tabaco pertenecientes a un mismo grupo sea falseada y
realizar así la apertura de los mercados nacionales de los Estados miembros.
A tales efectos, el artículo 8, apartado 1, de dicha Directiva establece que los cigarrillos fabricados en la Comunidad y
los importados de países terceros estarán sometidos en cada Estado miembro a un impuesto especial proporcional calculado sobre
el precio máximo de venta al por menor, incluidos los derechos de aduana, así como a un impuesto especial específico calculado
por unidad de producto (sentencia Comisión/Grecia, antes citada, apartado 19).
Además, resulta del séptimo considerando de la Directiva 95/59 que los imperativos de la competencia implican un régimen de
precios libres para todos los grupos de labores del tabaco.
A este respecto, el artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva establece que los fabricantes o, en su caso, sus representantes
o mandatarios en la Comunidad, así como los importadores de países terceros, determinarán libremente el precio máximo de venta
al por menor para cada uno de sus productos, con objeto de garantizar que la competencia pueda funcionar efectivamente entre
ellos (sentencia Comisión/Grecia, antes citada, apartado 20). Esta disposición pretende garantizar que la determinación de
la base del impuesto especial proporcional sobre productos del tabaco, a saber, el precio máximo de venta al por menor de
estos productos, se someta a las mismas reglas en todos los Estados miembros. También pretende, como ha puesto de manifiesto
la Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, respetar la libertad de dichos operadores para beneficiarse efectivamente
de la ventaja competitiva derivada de eventuales precios de coste inferiores.
Pues bien, la fijación de un precio mínimo de venta al por menor por las autoridades públicas conlleva que el precio máximo
de venta al por menor determinado por fabricantes e importadores no pueda ser, en cualquier caso, inferior a este precio mínimo
obligatorio. Una normativa que imponga dicho precio mínimo puede, pues, afectar a la competitividad, al impedir que algunos
de dichos fabricantes e importadores aprovechen los precios de coste inferiores para ofrecer precios de venta al por menor
más atractivos.
En consecuencia, no puede considerarse compatible con el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 95/59 un sistema de precios
mínimos de venta al por menor de las labores del tabaco, en la medida en que no esté establecido de modo que excluya, en todo
caso, que se vea afectada la ventaja competitiva que algunos productores o importadores de tales productos puedan obtener
de los precios de coste inferiores y que se produzca, por tanto, una distorsión de la competencia (véanse las sentencias de
4 de marzo de 2010, Comisión/Austria, C‑198/08, Rec. p. I‑0000, apartado 30, y Comisión/Irlanda, C‑221/08, Rec. p. I‑0000,
apartado 41).
Procede examinar la normativa nacional de que se trata en el presente recurso a la luz de estos principios.
Las disposiciones del CGI controvertidas, en relación con el Decreto 2004-975, imponen a fabricantes e importadores un precio
mínimo de venta al por menor de cigarrillos en Francia, correspondiente al 95 % del precio medio de estos productos, y el
artículo L. 3511-3, párrafo primero, del CSP prohíbe la venta de cualquier producto del tabaco a un «precio promocional contrario
a los objetivos de salud pública». En la vista, la República Francesa precisó que se debe entender que el concepto de «precio
promocional contrario a los objetivos de salud pública» se refiere a cualquier precio inferior al fijado en virtud del artículo
572, párrafo primero, del CGI.
Este régimen no permite excluir, en cualquier caso, que el precio mínimo fijado afecte a la ventaja competitiva que pudiera
resultar para algunos fabricantes o importadores de productos del tabaco de los precios de coste inferiores. Al contrario,
tal como la Comisión ha puesto de manifiesto en la vista, sin haber sido desmentida al respecto por la República Francesa,
tal régimen, que además determina el precio mínimo por referencia al precio medio del mercado, puede conllevar la supresión
de las diferencias entre los precios de productos rivales y su convergencia hacia el precio del producto más caro. Dicho régimen
afecta, pues, a la libertad de fabricantes e importadores para determinar su precio máximo de venta al por menor, garantizada
por el artículo 9, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/59.
Por otra parte, contrariamente a las alegaciones de la República Francesa, el régimen de precios mínimos controvertido no
tiene cabida en la excepción prevista en el artículo 9, apartado 1, párrafo tercero, de la mencionada Directiva.
En efecto, en lo que atañe a esta disposición, debe recordarse, por una parte, que la expresión «control del nivel de precios»
se entiende referida a las normativas nacionales de carácter general, como, por ejemplo, las destinadas a frenar la subida
de los precios (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Grecia, antes citada, apartado 25 y jurisprudencia citada).
Por otra parte, la expresión «cumplimiento de los precios impuestos» debe entenderse, en cuanto al mecanismo impositivo del
tabaco, en el sentido de que designa un precio que, una vez determinado por el fabricante o por el importador y aprobado por
la autoridad pública, se impone como precio máximo y debe cumplirse como tal a todos los niveles del circuito de distribución
hasta la venta al consumidor. Este mecanismo de fijación del precio tiene la función de evitar que la integridad de los ingresos
fiscales se vea comprometida mediante la superación del precio impuesto (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Grecia,
antes citada, apartado 26 y jurisprudencia citada).
Pues bien, consta que la normativa nacional controvertida no está destinada ni a frenar la subida de los precios ni a evitar
la pérdida de ingresos fiscales por la superación del precio máximo de venta al por menor libremente fijado por fabricantes
o importadores.
En cuanto al Convenio OMS, tal como ha puesto de manifiesto la Abogado General en los puntos 50 y 51 de sus conclusiones,
no impone a las Partes contratantes ninguna obligación concreta en relación con la política de precios para los productos
del tabaco y se limita a describir las posibles soluciones para tener en cuenta los objetivos nacionales de salud en la lucha
antitabaco. En efecto, el artículo 6, apartado 2, de dicho Convenio se limita a establecer que cada Parte contratante adoptará
o mantendrá medidas «como» aplicar a los productos del tabaco políticas tributarias y, «si corresponde», políticas de precios.
Del mismo modo, no puede deducirse ninguna indicación concreta sobre la aplicación de sistemas de precios mínimos ni de la
Recomendación 2003/54 ni del Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 16 de julio de 2008 relativo a la
estructura y a los tipos del impuesto especial que grava los cigarrillos y otras labores del tabaco, los cuales carecen, por
otra parte, de fuerza vinculante. Efectivamente, los pasajes de dichos textos a los que se refiere la República Francesa traducen
simplemente la idea de que los precios elevados de los productos del tabaco desincentivan el consumo.
En cualquier caso, como resulta del apartado 38 de la presente sentencia, la Directiva 95/59 no se opone a una política de
precios si no es contraria a los objetivos de la mencionada Directiva y, en especial, al de excluir la distorsión de la competitividad
entre las diferentes categorías de labores del tabaco pertenecientes a un mismo grupo.
La República Francesa alega también que el régimen de precios mínimos controvertido se justifica por el objetivo de protección
de la salud y de la vida de las personas previsto en el artículo 30 CE. Según dicho Estado miembro, el incremento del nivel
de los impuestos no puede garantizar que los precios de los productos del tabaco sean lo suficientemente elevados, porque
los fabricantes o importadores pueden absorber este incremento sacrificando una parte de su margen de beneficio o, incluso,
vendiendo con pérdidas.
A este respecto, procede señalar que no puede considerarse que el artículo 30 CE autorice medidas distintas a las restricciones
cuantitativas a la importación y a la exportación y a las medidas de efecto equivalente previstas en los artículos 28 CE y
29 CE (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2002, Comisión/Francia, C‑302/00, Rec. p. I‑2055, apartado
33). Pues bien, en el presente asunto, la Comisión no ha invocado el incumplimiento de estas últimas disposiciones.
No deja de ser cierto que la Directiva 95/59 no impide a la República Francesa continuar con la lucha contra el tabaquismo,
que se inscribe en el objetivo de protección de la salud pública.
En efecto, tal como, por otra parte, se menciona en el séptimo considerando de la Directiva 2002/10, último acto modificativo
de la Directiva 95/59, cuyo artículo 9 ha permanecido, no obstante, sin cambios, el Tratado CE, en particular, el artículo
152 CE, apartado 1, párrafo primero, requiere que la definición y ejecución de todas las políticas y acciones comunitarias
garanticen un elevado nivel de protección de la salud humana.
También se precisa en este mismo considerando que el nivel de los impuestos es un factor importante en el precio de los productos
del tabaco, que a su vez influye en los hábitos de consumo de tabaco de los consumidores. Del mismo modo, el Tribunal de Justicia
ya ha declarado que, en relación con los productos del tabaco, la normativa fiscal constituye un instrumento importante y
eficaz de lucha contra el consumo de estos productos y, por lo tanto, de protección de la salud pública (sentencia de 5 de
octubre de 2006, Valeško, C‑140/05, Rec. p. I‑10025, apartado 58) y que el objetivo de asegurar que los precios de tales productos
se fijen a niveles elevados puede perseguirse de modo adecuado mediante un incremento de la tributación de dichos productos,
puesto que los aumentos de los impuestos especiales han de traducirse tarde o temprano en una subida de los precios de venta
al por menor, sin que la libertad para determinar los precios resulte afectada (véase, en este sentido, la sentencia Comisión/Grecia,
antes citada, apartado 31).
Además, si desean eliminar definitivamente cualquier posibilidad de que los fabricantes o importadores absorban, aunque sea
temporalmente, el impacto de los impuestos sobre los precios de venta al por menor de labores del tabaco, mediante su venta
a pérdida, los Estados miembros pueden, en especial, prohibir la venta de labores del tabaco a un precio inferior a la suma
del precio de coste y del conjunto de los impuestos soportados, permitiendo al mismo tiempo que dichos fabricantes e importadores
se beneficien efectivamente de la ventaja competitiva derivada de eventuales precios de coste inferiores (véanse las sentencias,
antes citadas, Comisión/Austria, apartado 43, y Comisión/Irlanda, apartado 55).
Resulta del conjunto de consideraciones precedentes que ha de estimarse el recurso interpuesto por la Comisión.
En consecuencia, procede declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo
9, apartado 1, de la Directiva 95/59, al haber adoptado y mantenido vigente un sistema de precios mínimos para la venta al
por menor de los cigarrillos despachados al consumo en Francia, así como una prohibición de venta de productos del tabaco
«a un precio promocional contrario a los objetivos de salud pública».

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas a la República Francesa
y haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)
Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 9, apartado 1, de
la Directiva 95/59/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1995, relativa a los impuestos distintos de los impuestos sobre el
volumen de negocios que gravan el consumo de labores del tabaco, en su versión modificada por la Directiva 2002/10/CE del
Consejo, de 12 de febrero de 2002, al haber adoptado y mantenido vigente un sistema de precios mínimos para la venta al por
menor de los cigarrillos despachados al consumo en Francia, así como una prohibición de venta de productos del tabaco «a un
precio promocional contrario a los objetivos de salud pública».
2)
Condenar en costas a la República Francesa.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.