CELEX: 61989CJ0304
Fondo Social Europeo
Recurso de anulación contra la reducción de la ayuda económica concedida inicialmente

Mediante recurso presentado en la Secretaria del Tribunal de Justicia el 5 de octubre de 1989, la sociedad Estabelecimentos Isidoro M. Oliveira (en lo sucesivo, «Oliveira») solicitó, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación de dos Decisiones de la Comisión de 27 de junio de 1989 mediante las que se reducía la ayuda que el Fondo Social Europeo (en lo sucesivo, el «Fondo») había otorgado inicialmente a dos proyectos de formación presentados por cuenta de la demandante.
Con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 1 de la Decisión 83/516/CEE del Consejo, de 17 de octubre de 1983, sobre las funciones del Fondo Social Europeo (
DO L 289, p. 38
; EE 05/04, p. 26), dicho Fondo participará en la financiación de acciones de formación y orientación profesional.
Según el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2950/83 del Consejo, de 17 de octubre de 1983, sobre aplicación de la Decisión 83/516/CEE (
DO L 289, p. 1
; EE 05/04, p. 22; en lo sucesivo el «Reglamento»), la aprobación por el Fondo de una solicitud de financiación llevará aparejada el abono de un anticipo del 50 % de la ayuda concedida, en la fecha prevista para el comienzo de la acción de formación. A tenor del apartado 4 de ese mismo artículo, en las solicitudes de pago del saldo se consignará un informe detallado sobre el contenido, los resultados y los aspectos financieros de la operación de que se trate.
El apartado 1 del artículo 6 del Reglamento prevé que, cuando la ayuda del Fondo no sea utilizada con arreglo a las condiciones fijadas en la Decisión de aprobación, la Comisión podrá suspender, reducir o suprimir la ayuda, después de haber dado al Estado miembro de que se trate la oportunidad de formular sus observaciones. El apartado 2 del mencionado artículo dispone que las cantidades abonadas que no hayan sido utilizadas con arreglo a las condiciones fijadas en la Decisión de aprobación habrán de ser devueltas, y que el Estado miembro interesado será responsable subsidiario del reembolso de las sumas indebidamente abonadas, cuando se trate de acciones cuyo buen fin garantizan los Estados miembros en virtud de lo establecido en el apartado 2 del artículo 2 de la ya citada Decisión 83/516.
El Departamento de Asuntos del Fondo Social Europeo de Lisboa (en lo sucesivo, «DAFSE») presentó ante los Servicios del Fondo, en nombre de la República Portuguesa, dos solicitudes de ayuda económica en favor de la sociedad demandante.
Los dos proyectos de formación para los que se solicitaba ayuda fueron aprobados mediante sendas Decisiones de la Comisión, si bien introduciendo en él ciertas modificaciones relativas a la cuantía de la ayuda. Dichas Decisiones le fueron comunicadas al DAFSE y éste, a su vez, las notificó a la demandante.
Una vez finalizadas las acciones de formación, la demandante presentó al DAFSE los documentos que acreditaban que las acciones se habían llevado a cabo, así como las solicitudes definitivas de pago del saldo y el informe detallado sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos a que hace referencia el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento.
Con arreglo a dicha disposición, la República Portuguesa certificó la exactitud fáctica y contable de los datos que figuraban en las solicitudes de pago y transmitió éstas a la Comisión.
Después de haber examinado las solicitudes de pago del saldo, la Comisión puso de relieve que existía una determinada cantidad correspondiente a gastos que no podían beneficiarse de ayudas. En consecuencia, mediante las dos Decisiones impugnadas, que fueron comunicadas al DAFSE y que éste, a su vez, notificó a la demandante, la Comisión procedió a reducir la ayuda del Fondo que inicialmente se había concedido.
Para fundamentar su recurso de anulación contra las referidas Decisiones, la parte demandante formula cuatro motivos, basados, respectivamente, en la existencia de vicios sustanciales de forma, en la violación de los principios generales del Derecho, en la vulneración de los derechos adquiridos y en la insuficiente motivación de las Decisiones impugnadas.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio y del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
De los autos resulta que la Comisión comunicó a las autoridades portuguesas competentes las dos Decisiones impugnadas en forma de actos motivados, mediante los que se les notificaba que, con arreglo al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento, la ayuda del Fondo quedaba reducida a una cuantía inferior a la aprobada inicialmente.
En la medida que ello es así, las Decisiones de reducción impugnadas, aunque están dirigidas a la República Portuguesa, afectan directa e individualmente a la demandante en el sentido del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, puesto que le privan de una parte de la ayuda que se le había concedido inicialmente, sin que el Estado miembro disponga a este respecto de un margen de discrecionalidad propio.
Para fundamentar su primer motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma, Oliveira mantiene que las Decisiones impugnadas infringieron el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento, puesto que, contrariamente a lo que prescribe dicha disposición, la Comisión no dio al Estado miembro interesado la posibilidad de ser oído antes de que se adoptasen las discutidas Decisiones.
La Comision alega que las autoridades nacionales competentes pueden, bien acep- -tar las Decisiones de reducción de la ayuda financiera y comunicárselas a los promotores del proyecto, bien impugnarlas con arreglo al ya citado apartado 1 del artículo 6. En caso de impugnación, continúa la Comisión, se inicia una nueva fase de concertación entre los Servicios del Fondo y las autoridades nacionales, culminada la cual las Decisiones son confirmadas o modificadas, convirtiéndose en definitivas mediante su notificación a los promotores de los proyectos. En el caso de autos, añade, las autoridades portuguesas consintieron expresamente las reducciones llevadas a cabo por la Comisión y aceptaron notificar a la demandante las Decisiones impugnadas. En cualquier caso, concluye la Comisión, la demandante no puede invocar un derecho a ser consultado al que su legítimo titular ha renunciado.
Procede declarar, en primer lugar, que la Comisión no puede negar el interés de la demandante en formular este motivo.
En efecto, la demandante tiene un interés legítimo en invocar el posible incumplimiento del requisito formal que figura en el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento, puesto que semejante irregularidad puede haber tenido incidencia en la legalidad de las Decisiones impugnadas.
En cualquier caso, constituye jurisprudencia del Tribunal de Justicia el que éste puede examinar de oficio la existencia de vicios sustanciales de forma (véanse las sentencias de 21 de diciembre de 1954, Francia/Alta Autoridad,
1/54, Rec. p. 7
; Italia/Alta Autoridad,
2/54, Rec. p. 73
; y de 20 de marzo de 1959, Nold/Alta Autoridad,
18/57, Rec. p. 89
).
Las partes están de acuerdo en que, antes de adoptar las Decisiones impugnadas, la Comisión no dio a la República Portuguesa la oportunidad de formular sus observaciones, incumpliendo de este modo la obligación que le impone claramente el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento.
Por otra parte, consta que el Estado miembro es el único interlocutor del Fondo (véase la sentencia de 15 de marzo de 1984, EISS/Comisión,
310/81, Rec. p. 1341, apartado 15
) y que se responsabiliza en la medida en que certifica la exactitud fáctica y contable de los datos que figuran en las solicitudes de pago del saldo y en que puede incluso estar obligado a garantizar el buen fin de las acciones de formación.
Habida cuenta de su papel central y de la importancia de las responsabilidades que asume al presentar los proyectos de formación y controlar su financiación, el dar al Estado miembro afectado la oportunidad de formular sus observaciones con carácter previo a la adopción de una Decisión definitiva de reducción constituye un requisito formal esencial, cuyo incumplimiento supone la nulidad de las Decisiones impugnadas.
No puede admitirse el argumento que la Comisión basa en la posibilidad de que el Estado miembro de que se trate llegue a una concertación con el Fondo una vez que le hayan sido notificadas las Decisiones de reducción.
A este respecto, basta con poner de relieve que tanto el beneficiario de la ayuda, informado del inicio de dicha concertación, como el Estado miembro interesado se encontrarían entonces fuera de plazo para interponer un recurso de anulación contra las Decisiones de reducción en aquellos casos en que, a pesar de las objeciones que alegue dicho Estado miembro, la Comisión confirme sus Decisiones iniciales con posterioridad a la expiración del plazo de dos meses fijado en el párrafo tercero del artículo 173 del Tratado.
En semejante supuesto, el beneficiario de la ayuda y el Estado miembro tampoco podrían pedir la anulación de las Decisiones que confirmen las reducciones de las ayudas, habida cuenta de que no cabe admitir un recurso de anulación interpuesto contra una Decisión puramente confirmativa de una Decisión anterior no impugnada dentro de plazo (véase el auto de 21 de noviembre de 1990, Infortec,
C-12/90, Rec. p. I-4265, apartado 10
).
De lo anterior se deduce que deben anularse las Decisiones de reducción impugnadas, sin que proceda examinar los restantes motivos alegados por la demandante.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la Comisión, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
decide:

1)
Anular las Decisiones de 27 de junio de 1989 por las que se declara que no pueden beneficiarse de ayudas determinados gastos por importe total de 63450244 ESC y 23713486 ESC, correspondientes, respectivamente, a las solicitudes de ayuda n° 870708/Pl y n° 870708/P3, presentadas ante el Fondo Social Europeo.

2)
Condenar en costas a la Comisión.

O'Higgins
Mancini
Schockweiler
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de mayo de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Segunda
T. F. O'Higgins
(
*1
)	Lengua de procedimiento: portugués.