CELEX: 61989CJ0338
Fuerza mayor
Interrupción de los suministros a causa de una huelga

Mediante resolución de 8 de septiembre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 31 de octubre siguiente, el Østre Landsret planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de los artículos 36 y 37 del Reglamento (CEE) n° 3183/80 de la Comisión, de 3 de diciembre de 1980, por el que se establecen modalidades comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas (
DO L 338, p. 1
; EE 03/20, p. 5).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Organisationen Danske Slagterier (en lo sucesivo, «ODS»), en representación de la sociedad danesa Jydske Andelsslagteriers Konservesfabrik AmbA (en lo sucesivo, «Jaka»), y el Landbrugsministeriet (Ministerio de Agricultura danés; en lo sucesivo, «el Ministerio») en relación con la negativa de este último a prorrogar la validez de un certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución.
En virtud del apartado 1 del artículo 36 del Reglamento n° 3183/80:
«Cuando la importación o la exportación no pueda efectuarse durante el período de validez del certificado por causa de fuerza mayor, el titular del certificado solicitará la prórroga del período de validez del certificado o la anulación del certificado al organismo competente del Estado miembro emisor del certificado, y aportará la prueba de la circunstancia que considere caso de fuerza mayor.»
El apartado 4 del mismo artículo precisa que el organismo competente contemplado en el apartado 1 decidirá si la circunstancia alegada constituye un caso de fuerza mayor.
El apartado 1 del artículo 37 de dicho Reglamento está redactado en los siguientes términos:
«Cuando la circunstancia alegada constituya un caso de fuerza mayor, el organismo competente del Estado miembro emisor del certificado decidirá que se anule la obligación de importar o de exportar, devolviéndose la fianza, o que se prorrogue el período de validez del certificado por el plazo que se estime necesario en razón de la circunstancia alegada; la prórroga podrá tener lugar después de la expiración del período de validez del certificado. La decisión del organismo competente podrá ser diferente de la decisión solicitada por el titular del certificado. Cuando se haya presentado, más de treinta días después de la expiración del período de validez del certificado, una solicitud de anulación de un certificado que implique una fijación anticipada, el organismo competente podrá decidir, en lugar de la anulación, prorrogar el período de validez del certificado si el tipo fijado por anticipado más los ajustes eventuales fuere inferior al tipo del día, en caso de que deba entregarse el importe, o superior al tipo del día, en caso de que deba percibirse el importe.»
Jaka produce y exporta principalmente conservas de jamón cocido, fabricadas a partir de materias primas que normalmente le suministran tres mataderos daneses (en lo sucesivo, «los mataderos») que son, al mismo tiempo, sus socios. Jaka utiliza habitualmente certificados de fijación anticipada de las restituciones para sus exportaciones fuera de la Comunidad.
El 25 de febrero de 1985, Jaka solicitó al Ministerio un certificado de fijación anticipada para 700 toneladas de productos a base de jamón. El certificado fue expedido el 4 de marzo siguiente y era válido hasta el 31 de mayo de 1985.
Con anterioridad a la solicitud de dicho certificado, la Asociación nacional de sindicatos daneses había presentado los días 13 y 21 de febrero de 1985, conforme a las disposiciones vigentes, un doble preaviso de huelga para el 4 de marzo de 1985, con vistas a las negociaciones para la revisión de los convenios colectivos de trabajo que expiraban el 1 de marzo de 1985 y que afectaban a, aproximadamente, un 80 °/o de los trabajadores por cuenta ajena en Dinamarca.
El mediador designado por el Estado ordenó el aplazamiento de las huelgas comunicadas y entabló negociaciones con las organizaciones patronales y sindicales hasta el 21 de marzo. Al fracasar dichas negociaciones, se desencadenaron las huelgas el 24 de marzo de 1985. A pesar de que ni Jaka ni los mataderos se vieron afectados por las negociaciones ni por las huelgas, éstas sí influyeron en los transportes cuyo destino o punto de partida eran los mataderos, así como en su limpieza, ocasionando su cierre y la suspensión de las entregas. Por consiguiente, Jaka se vio obligada a interrumpir su actividad el 1 de abril de 1985 y sólo a partir del 15 de abril pudo reanudar progresivamente la producción.
Durante el período posterior al 15 de abril, Jaka no pudo producir a su debido tiempo la cantidad de conservas necesarias para cumplir con la obligación de exportación derivada del certificado, que expiraba el 31 de mayo de 1985. De un dictamen pericial realizado en el marco del litigio principal, se desprende que la capacidad de producción de Jaka habría sido suficiente^ a tal fin si la huelga no hubiera tenido lugar pero que, una vez desencadenada ésta y teniendo en cuenta otros compromisos de venta, Jaka sólo podía garantizar, como muy pronto, para el 5 de julio de 1985, la producción de las conservas cubiertas por dicho certificado.
El 3 de junio de 1985, Jaka solicitó la prórroga del período de validez del certificado hasta el 12 de julio. La solicitud fue denegada por el Ministerio el 14 de junio, a causa de que la huelga no podía haber producido efectos tan persistentes. No obstante, tras reconocer posteriormente que se había cometido un error, se redimieron las obligaciones y se declaró libre de responsabilidad la fianza. El 26 de julio de 1985, Jaka finalizó la exportación de las conservas comprendidas en el certificado.
Tras haber sido desestimada una reclamación presentada ante el Ministerio, la ODS, actuando en representación de Jaka, sometió el asunto al Østre Landsret, a fin de que se declarara que las exportaciones de que se trata no habían podido efectuarse a causa de fuerza mayor, que el Ministerio estaba obligado a prorrogar la validez del certificado controvertido y que las exportaciones realizadas en julio de 1985 conferían a Jaka derecho a las restituciones fijadas anticipadamente.
En estas circunstancias, el Østre Landsret decidió suspender el procedimiento y someter al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 36 y 37 del Reglamento (CEE) n° 3183/80 del Consejo en el sentido de que constituye un caso de fuerza mayor el supuesto de que se suspendan los suministros de materias primas a una empresa que ha obtenido un certificado de fijación anticipada a causa de una huelga legal que afecta a otras empresas, si en el momento de solicitar el certificado ya se había convocado la huelga con indicación de que su inicio se produciría durante el plazo de validez del certificado, aunque existía la posibilidad de que la huelga no afectara a la empresa? Era posible, por ejemplo, que se reanudaran las negociaciones y se firmara un nuevo convenio, que se aplazaran las huelgas, que, con carácter excepcional, la huelga no incidiera sobre el transporte de animales a la empresa y el de los productos desde la misma, o que tuviera lugar una intervención legal para impedir la huelga.
2)
¿Existen limitaciones temporales en relación con los artículos 36 y 37 en cuanto al período durante el cual puede considerarse que una huelga ya finalizada constituye fuerza mayor, en el caso de que la capacidad de la empresa se explote en su totalidad tanto en el momento del inicio de la huelga como posteriormente, cuando no hay posibilidad alguna de comprar de terceros las materias primas necesarias para la producción de la empresa durante el tiempo que dure la huelga ni de adquirir productos elaborados durante dicho tiempo o con posterioridad?
3)
¿Pueden inferirse algunas orientaciones de las disposiciones comunitarias pertinentes acerca de los elementos que debe ponderar la autoridad competente cuando deba tomar una decisión en un caso de fuerza mayor según el artículo 37, ya sea la de acordar la anulación de la obligación de exportación y liberar de responsabilidades a la fianza o la de prorrogar el plazo de validez del certificado de fijación anticipada a petición del exportador?
4)
¿Ostenta la autoridad competente la facultad discrecional de acordar la práctica de una prueba pericial, al adoptar su decisión en relación con la importancia de los diversos elementos que deben tenerse en cuenta, conforme a la respuesta que se dé a la cuestión 3?»
Para una más amplia exposición del contexto jurídico y de los antecedentes de hecho del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista, bn lo sucesivo, sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Con carácter preliminar, es necesario destacar que, con arreglo a los autos, la fianza constituida por Jaka fue declarada libre de responsabilidades debido a un error de las autoridades danesas y que, según las explicaciones dadas durante la vista, el Derecho danés prohibe la modificación, en perjuicio del administrado, de una decisión discrecional de la Administración, de modo que la decision de liberar la fianza no puede cuestionarse. No obstante, puesto que no se ha planteado el problema de los efectos de la liberación de la fianza, ni la cuestión de si el Derecho comunitario se opone a una disposición nacional como la descrita durante la vista, no procede abordar estos temas.
Sobre la primera cuestión
Para responder a la primera cuestión, es necesario recordar que conforme a reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, puesto que el concepto de fuerza mayor no posee un contenido idéntico en los diversos ámbitos de aplicación del Derecho comunitario, su significado debe determinarse en función del marco legal en el que esté destinado a producir efectos.
En lo que respecta, en concreto, a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del Reglamento n° 3183/80, antes citado, este Tribunal de Justicia ya ha afirmado que, si bien el concepto de fuerza mayor no se limita al de imposibilidad absoluta, implica, no obstante, que la no realización del hecho de que se trate se deba a circunstancias ajenas a aquél que lo invoque, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no hubieran podido evitarse a pesar de toda la diligencia empleada (véase, en concreto, la sentencia de 10 de julio de 1990, Grecia/Comisión,
C-334/87, Rec. p. I-2849
).
Una huelga en empresas distintas de la del titular del certificado de exportación debe considerarse como una circunstancia ajena al interesado en la medida en que éste no ha podido ejercer influencia alguna sobre los acontecimientos que provocaron la interrupción de la actividad laboral.
Por el contrario, en lo que respecta al resto de los requisitos enunciados por la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia, debe señalarse que una huelga precedida del preaviso exigido por la ley y en relación con la cual se indica que podría extenderse a sectores que afectan a las actividades del titular del certificado no constituye un acontecimiento anormal e imprevisible.
A la vista de las circunstancias del litigio principal, la ODS alega que presentar un doble preaviso de huelga, con vistas a las negociaciones relativas a la revisión de los convenios colectivos en Dinamarca, no es suficiente para que una huelga se considere probable, dado que la presentación del preaviso constituye una simple rutina y es necesario por el hecho de que las negociaciones no suelen finalizar sino en el último momento del plazo de expiración del convenio vigente.
No obstante, ha de señalarse que, teniendo en cuenta los datos aportados durante la vista, esta circunstancia no puede conferir un carácter anormal e imprevisible al desencadenamiento de una huelga que afecta a amplios sectores de la economía nacional o a las repercusiones que para el titular del certificado tiene. En efecto, parece que, si bien en las trece últimas negociaciones para la revisión de los convenios colectivos en Dinamarca, los sindicatos siempre han presentado un preaviso de huelga, en tres de los trece casos, efectivamente se produjo una paralización de la actividad laboral.
Del mismo modo, la posibilidad a que alude el Juez de remisión de que la huelga no tuviera repercusiones para la empresa afectada, debido al reinicio de las negociaciones, al aplazamiento de la huelga o a que se estableciera una excepción en favor de los transportes de animales o de productos alimenticios, no es determinante. Tal y como este Tribunal de Justicia ha declarado en su sentencia de 11 de julio de 1968, Schwarzwaldmilch (
4/68, Rec. p. 549
), es anormal el acontecimiento que un comerciante prudente y diligente consideraría como improbable. Ahora bien, tal no sucede cuando la supresión de los'efectos de una huelga, en sí misma previsible, depende de que se produzcan otros acontecimientos ajenos a la voluntad del operador comercial afectado, que revisten un carácter aleatorio, como demuestra la práctica sindical danesa a la que se ha aludido en el presente procedimiento.
Además, es necesario afirmar que, como señala el Abogado General en los apartados 23 y 24 de sus conclusiones, en un supuesto como el del litigio principal, el operador comercial podía evitar las consecuencias de la huelga absteniéndose de solicitar el certificado de exportación con fijación anticipada de la restitución y cobrando las restituciones al tipo vigente el día de la exportación.
El argumento de la ODS conforme al cual tal solución impediría, de hecho, a los exportadores disfrutar de la posibilidad de solicitar certificados de fijación anticipada de la restitución no es convincente. Es reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véase sentencia de 26 de abril de 1988, Krücken,
316/86, Rec. p. 2213
) que esta posibilidad se otorgó en aras de la seguridad jurídica de las transacciones, que deben poder realizarse conforme a datos conocidos por el operador económico y garantizarle una equivalencia entre el precio mundial y el precio comunitario. El objetivo de dicha garantía global es proteger al operador económico frente a una evolución desfavorable e imprevisible en el momento en que se dispone a contratar, sin que se le permita, no obstante, y salvo casos excepcionales, sacar partido de una evolución favorable. Si, de este modo, los operadores económicos obtienen del sistema de fijación anticipada ventajas considerables, justo es que soporten también los riesgos que de él se derivan.
Por tanto, sería lógico que el operador económico que, a la vista de las circunstancias propias de su empresa, de la situación del mercado, o incluso de acontecimientos de naturaleza económica o social ajenos a su actividad, no se halle en situación de comprometerse a llevar a buen término la exportación prevista, se abstuviera de solicitar la fijación anticipada de la restitución. Si por el contrario, decide acogerse a ella se expone, en caso de que la exportación no pueda realizarse, a las consecuencias previstas por la normativa comunitaria y, en concreto, a la pérdida de la fianza. De ello se desprende que, en conjunto, el régimen de certificados de exportación de los productos agrícolas se basa en la idea de que, en determinados casos, los operadores económicos pueden legítimamente hallarse ante la imposibilidad de solicitar la fijación anticipada a causa de circunstancias que les son ajenas, a condición de que éstas no sean anormales e imprevisibles.
Procede, pues, responder a la primera cuestión planteada por el Østre Landsret que los artículos 36 y 37 del Reglamento n° 3183/80 deben interpretarse en el sentido de que no constituye un caso de fuerza mayor el hecho de que el suministro de materias primas a una empresa, que ha obtenido un certificado de fijación anticipada, se suspenda a causa de una huelga legal que afecta a otras empresas, si el preaviso de huelga, ya presentado en el momento en que la empresa solicitó el certificado, indicaba que la huelga comenzaría durante el período de validez del certificado, pero que existían posibilidades de que la huelga no tuviera lugar o de que no afectara a dicha empresa.
A la vista de la respuesta dada a la primera cuestión, las demás cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional nacional carecen de objeto.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
El TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Østre Landsret mediante resolución de 8 de septiembre de 1989, declara:

Los artículos 36 y 37 del Reglamento (CEE) n° 3183/80 de la Comisión, de 3 de diciembre de 1980, por el que se establecen modalidades comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas, deben interpretarse en el sentido de que no constituye un caso de fuerza mayor el hecho de que el suministro de materias primas a una empresa, que ha obtenido un certificado de fijación anticipada, se suspenda a causa de una huelga legal que afecta a otras empresas, si el preaviso de huelga, ya presentado en el momento en que la empresa solicitó el certificado, indicaba que la huelga comenzaría durante el período de validez del certificado, pero que existían posibilidades de que la huelga no tuviera lugar o de que no afectara a dicha empresa.

Due
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Kakouris
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de mayo de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua dc procedimiento: danćs.