CELEX: 62005CJ0135
Incumplimiento de Estado
Gestión de residuos
Directivas 75/442/CEE, 91/689/CEE y 1999/31/CE

Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República
Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442/CEE del
Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (DO L 194, p. 39; EE 15/01, p. 129), modificada por la Directiva
91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991 (DO L 78, p. 32) (en lo sucesivo, «Directiva»); del artículo 2, apartado 1,
de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos (DO L 377, p. 20),
y del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de
residuos (DO L 182, p. 1), al no haber adoptado todas las medidas necesarias:
–        Para garantizar que los residuos se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente; y para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada
de residuos.
–        Para que todo poseedor de residuos los entregue a un recolector privado o público o a una empresa que efectúe las operaciones
de eliminación o valorización, o se ocupe él mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con las disposiciones de
la Directiva 75/442.
–        Para que cualquier establecimiento o empresa que efectúe las operaciones de eliminación de residuos tenga la obligación de
obtener una autorización de la autoridad competente.
–        Para que en todos los lugares en que se viertan (descarguen) residuos peligrosos, dichos residuos se registren y se identifiquen.
–        Para que, en lo que respecta a los vertederos a los que se haya concedido autorización o que ya estén en funcionamiento el
16 de julio de 2001, la entidad explotadora elabore y someta a la aprobación de la autoridad competente, antes del 16 de julio
de 2002, un plan de acondicionamiento del mismo que incluya los datos relativos a las condiciones de la autorización así como
cualquier medida correctora que la entidad explotadora juzgue necesaria; y para que, una vez presentado el plan de acondicionamiento,
las autoridades competentes adopten una decisión definitiva sobre la posibilidad de continuar las operaciones, cerrando lo
antes posible las instalaciones que no hayan obtenido autorización para continuar sus actividades, o autorizando las obras
necesarias y fijando un período transitorio para la realización del plan.

Marco jurídico

La Directiva 75/442
El artículo 4 de la Directiva 75/442 dispone:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los residuos se valorizarán o se eliminarán sin
poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente […]
[…]
Los Estados miembros adoptarán también las medidas necesarias para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada
de residuos.»
El artículo 8 de la Directiva 75/442 obliga a los Estados miembros a adoptar las disposiciones necesarias para que todo poseedor
de residuos, o bien los entregue a un recolector privado o público o a una empresa que efectúe las operaciones previstas en
los anexos II A o II B de esta Directiva, o bien se ocupe él mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con las
disposiciones de dicha Directiva.
El artículo 9, apartado 1, de la Directiva 75/442 prevé que, a efectos de la aplicación, en particular, de su artículo 4,
cualquier establecimiento o empresa que efectúe operaciones de eliminación de residuos debe obtener una autorización de la
autoridad competente encargada de aplicar las disposiciones de dicha Directiva. El apartado 2 del propio artículo 9 precisa
que esas autorizaciones podrán, o bien concederse por un período determinado, renovarse y estar sujetas a condiciones y obligaciones,
o bien denegarse, en particular en el caso de que el método de eliminación previsto no sea aceptable desde el punto de vista
de la protección del medio ambiente.

La Directiva 91/689
El artículo 2 de la Directiva 91/689 dispone
«1.      Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurar que, en todos los lugares en que se viertan (descarguen)
residuos peligrosos, dichos residuos se registren y se identifiquen.
[…]»

La Directiva 1999/31
A tenor del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31:
«Los Estados miembros tomarán medidas para que los vertederos a los que se haya concedido autorización o que ya estén en funcionamiento
en el momento de la transposición de la presente Directiva no puedan seguir funcionando a menos que [...]:
a)      en el período de un año a partir de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 18, [es decir, como muy tarde el
16 de julio de 2002] la entidad explotadora de un vertedero [elabore] y [someta] a la aprobación de la autoridad competente
un plan de acondicionamiento del mismo, que incluya los datos enumerados en el artículo 8 y cualquier medida correctora que
la entidad explotadora juzgue necesaria con el fin de cumplir los requisitos de la presente Directiva, a excepción de aquellos
que figuran en el punto 1 del anexo I;
b)      una vez presentado el plan de acondicionamiento, las autoridades competentes adoptarán una decisión definitiva sobre la posibilidad
de continuar las operaciones, sobre la base de dicho plan de acondicionamiento y de lo dispuesto en la presente Directiva.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para cerrar lo antes posible, con arreglo a lo dispuesto en la letra g)
del artículo 7 y en el artículo 13, las instalaciones que no hayan obtenido, de conformidad con el artículo 8, autorización
para continuar sus actividades;
c)      sobre la base del plan aprobado de acondicionamiento del vertedero, la autoridad competente autorizará las obras necesarias
y fijará un período transitorio para la realización del plan de acondicionamiento. Cualquier vertedero existente deberá cumplir
los requisitos de la presente Directiva con excepción de aquellos que figuran en el punto 1 del anexo I dentro de un plazo
de ocho años a partir de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 [es decir, a más tardar, el 16 de julio de
2009]».
En virtud del artículo 18, apartado 1, de dicha Directiva, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en ella a más tardar dos años después de
su entrada en vigor [es decir, como muy tarde, el 16 de julio de 2001] e informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

El procedimiento administrativo previo
A raíz de diversas quejas, preguntas parlamentarias y artículos de prensa, así como de la publicación, el 22 de octubre de
2002, de un informe del Corpo forestale dello Stato (Servicio forestal estatal; en lo sucesivo, «CSF»), que revelaba la existencia
de un gran número de vertederos ilegales e incontrolados en Italia, la Comisión decidió comprobar el cumplimiento por dicho
Estado miembro de las obligaciones que le incumben en virtud de las Directivas 75/442, 91/689 y 1999/31.
Dicho informe culminaba la tercera etapa de un proceso lanzado en 1986 por el CFS con el fin de contabilizar los vertederos
ilegales en las zonas boscosas y montañosas de las regiones italianas de estatuto ordinario, a saber, todas las regiones italianas,
excepto Friuli-Venecia Julia, Cerdeña, Sicilia, Trentino-Alto Adigio y Valle de Aosta. Un primer censo realizado en 1986 había
examinado 6.890 de los 8.104 municipios italianos y había permitido al CFS comprobar la existencia de 5.978 vertederos ilegales.
Un segundo censo, efectuado en 1996, había incluido a 6.802 municipios y había desvelado al CFS la existencia de 5.422 vertederos
ilegales. Tras el censo de 2002, el CFS contabilizó aún 4.866 vertederos ilegales, de los que 1.765 no figuraban en los informes
anteriores. Según el CFS, 705 de dichos vertederos ilegales contenían residuos peligrosos. En cambio, de acuerdo con dicho
organismo, el número de vertederos autorizados era de sólo 1.420.
La Comisión resume de la siguiente manera los resultados de ese último censo:
Región
Número de vertederos ilegales
Superficie de los vertederos ilegales (en m ²)
Vertederos utilizados / no utilizados
Vertederos saneados / no saneados
Abruzos
1.016.139
111 / 250
70 / 291
Basilicata
222.830
40 / 112
43 / 109
Calabria
1.655.479
81 / 366
19 / 428
Campania
445.222
40 / 185
37 / 188
Emilia Romaña
254.398
189 / 191
59 / 321
Lacio
663.535
120 / 306
110 / 316
Liguria
329.507
145 / 160
58 / 247
Lombardía
1.132.233
124 / 417
159 / 382
Marcas
364.781
70 / 174
41 / 203
Molise
199.360
14 / 70
13 / 71
Umbría
71.510
33 / 124
61 / 96
Piamonte
270.776
114 / 221
119 / 216
Abulia
3.861.622
440 / 159
37 / 562
Toscaza
545.005
107 / 329
154 / 282
Véneto
5.482.527
26 / 148
50 / 124
Total
4.866
16.519.790
1.654 / 3.212
1.030 / 3.836
Aunque los datos facilitados por el CFS se refieren únicamente a las quince regiones italianas de estatuto ordinario, la Comisión
indica que, en el marco del presente procedimiento, desea perseguir a la República Italiana por la totalidad de los vertederos
ilegales que existen en su territorio. En efecto, la Comisión afirma disponer de información que permite concluir que la situación
es similar en las regiones de estatuto especial.
Dicha institución remite, a ese respecto, al plan de gestión de residuos de la región de Sicilia, notificado a la Comisión
el 4 de marzo de 2003 junto con el plan de saneamiento de las zonas contaminadas de la región en cuestión. Según la Comisión,
dicho plan revela la existencia de numerosos vertederos ilegales, de emplazamientos de residuos abandonados, de depósitos
de residuos no autorizados y de emplazamientos sin especificar, algunos de los cuales contienen residuos peligrosos.
Otro tanto sucede en lo que se refiere a las Regiones de Friuli-Venecia Julia, Trentino-Alto Adigio y Cerdeña, respecto a
las cuales la Comisión completa la descripción de la situación global en Italia mediante documentos oficiales procedentes
de las autoridades de dichas regiones y mediante informes de las comisiones de investigación parlamentarias, así como con
artículos de prensa.
A modo de ejemplo, la Comisión menciona un vertedero situado en el lugar denominado «Cascina Corradina», en el término municipal
de San Fiorano, que inicialmente fue objeto de un procedimiento aparte, pero que después se unió al presente procedimiento
a efectos de recurso ante el Tribunal de Justicia.
Basándose en todas estas informaciones y con arreglo al artículo 226 CE, la Comisión, mediante escrito de 11 de julio de 2003,
requirió al Gobierno italiano para que presentase sus observaciones al respecto.
Al no haber obtenido de las autoridades italianas información alguna que permitiese concluir que habían cesado los incumplimientos
que se les imputaban, la Comisión, mediante escrito de 19 de diciembre de 2003, emitió un dictamen motivado, instando a la
República Italiana a adoptar las medidas necesarias para atenerse a él en el plazo de dos meses desde su notificación.
La Comisión no recibió respuesta alguna a dicho dictamen motivado. Por consiguiente, interpuso el presente recurso.

El recurso

Sobre la admisibilidad
El Gobierno italiano sostiene que el recurso de la Comisión debería declararse inadmisible debido al carácter genérico e indeterminado
del incumplimiento que se le imputa, ante el que se encuentra imposibilitado para presentar una defensa concreta de hecho
y de Derecho. En particular, según dicho Gobierno, la Comisión no identificó a los poseedores o explotadores de los vertederos,
ni a los propietarios de los terrenos en los que se abandonaron residuos.
La Comisión considera, en cambio, que puede examinar en un procedimiento único la cuestión de la eliminación de residuos en
el conjunto del territorio italiano. Este enfoque, que califica como «horizontal», permite, por una parte, identificar y corregir
con mayor eficacia los problemas estructurales que subyacen en el supuesto incumplimiento de la República italiana, y, por
otra parte, agilizar los mecanismos de control del respeto del Derecho comunitario en materia medioambiental. A este respecto,
la Comisión se remite a las conclusiones del Abogado General Geelhoed en el asunto Comisión/Irlanda (sentencia de 26 de abril
de 2005, C‑494/01, Rec. p. 3331).
En primer término, es de señalar que, sin perjuicio de la obligación de la Comisión de asumir la carga de la prueba, que recae
sobre ella en el marco del procedimiento previsto en el artículo 226 CE, el Tratado CE no contiene regla alguna que se oponga
al tratamiento global de un considerable número de situaciones que dan lugar a que la Comisión considere que un Estado miembro
ha incumplido de forma reiterada y prolongada las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho comunitario.
En segundo lugar, según jurisprudencia reiterada, una práctica administrativa puede ser objeto de un recurso por incumplimiento,
siempre que presente un grado suficiente de continuidad y generalidad (véase, en particular, la sentencia Comisión/Irlanda,
antes mencionada, apartado 28 y la jurisprudencia citada).
Por último, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya admitió recursos interpuestos por la Comisión en análogas circunstancias,
en los que ésta invocaba precisamente una infracción sistemática y generalizada por parte de un Estado miembro de los artículos
4, 8 y 9 de la Directiva 75/442 (sentencia de 6 de octubre de 2005, Comisión/Grecia, C‑502/03, no publicada en la Recopilación)
y una infracción de esos mismos artículos así como del artículo 14 de la Directiva 1999/31 (sentencia de 29 de marzo de 2007,
Comisión/Francia, C‑423/05, no publicada en la Recopilación).
Por consiguiente, el recurso de la Comisión es admisible.

Sobre el fondo
La carga de la prueba
El Gobierno italiano afirma que las fuentes de información en que la demandante apoya su recurso carecen de credibilidad en
la medida en que, por una parte, los informes del CFS no fueron elaborados en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente
y de Conservación del Territorio, que, según dicho Gobierno, es la única autoridad nacional competente desde el punto de vista
del ordenamiento jurídico comunitario, y, por otra parte, las actas de las comisiones de investigación parlamentarias o los
artículos de prensa no constituyen confesiones, sino únicamente fuentes genéricas de prueba cuyo fundamento debe demostrar
quien las invoca.
La Comisión considera, por el contrario, que los informes elaborados por el CFS constituyen una fuente de información fiable
y privilegiada en materia medioambiental. Según ella, el CFS es una fuerza de policía estatal de carácter civil, que tiene
como misión, entre otras, la de defender el patrimonio forestal italiano, proteger el medio ambiente, el paisaje y el ecosistema
y ejercer funciones de policía judicial velando por el respeto de las normativas nacionales e internacionales en la materia.
A este respecto, es preciso recordar que, en un procedimiento por incumplimiento con arreglo al artículo 226 CE, corresponde
a la Comisión probar la existencia del incumplimiento alegado. Es la Comisión quien debe aportar al Tribunal de Justicia los
datos necesarios para que éste pueda verificar la existencia de tal incumplimiento, sin poder basarse en una presunción (sentencia
de 25 de mayo de 1982, Comisión/Países Bajos, 96/81, Rec. p. 1791, apartado 6).
No obstante, los Estados miembros están obligados, en virtud del artículo 10 CE, a facilitar a la Comisión el cumplimiento
de su misión, que consiste, en particular, según el artículo 211 CE, en velar por la aplicación de las disposiciones del Tratado CE,
así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud del mismo (sentencia Comisión/Irlanda, antes mencionada,
apartado 42 y la jurisprudencia citada).
Desde este punto de vista, es preciso tener en cuenta el hecho de que, por lo que se refiere a la comprobación de la correcta
aplicación en la práctica de las disposiciones nacionales destinadas a garantizar la ejecución efectiva de las directivas,
entre ellas las adoptadas en materia medioambiental, la Comisión, que no dispone de facultades propias de investigación en
la materia, depende en gran medida de los elementos proporcionados por los eventuales denunciantes, por los organismos privados
o públicos activos en el territorio del Estado miembro de que se trate, así como por el propio Estado miembro (véase, en este
sentido, la sentencia Comisión/Irlanda, antes mencionada, apartado 43 y la jurisprudencia citada).
A este respecto, los informes elaborados por el CFS y por comisiones de investigación parlamentarias o los documentos oficiales
procedentes, en particular, de las autoridades regionales pueden considerarse fuentes válidas de información a efectos de
la incoación por la Comisión del procedimiento contemplado en el artículo 226 CE.
De ello se desprende, en particular, que cuando la Comisión ha aportado suficientes datos que ponen de relieve determinados
hechos acaecidos en el territorio del Estado miembro demandado, le incumbe a éste rebatir de manera fundada y pormenorizada
los datos presentados y las consecuencias que se derivan de ellos (sentencia Comisión/Irlanda, antes mencionada, apartado
44 y la jurisprudencia citada).
En estas circunstancias, las comprobaciones necesarias que hayan de realizarse sobre el terreno incumben, en primer lugar,
a las autoridades nacionales, y ello con un espíritu de cooperación leal, con arreglo al deber de cada Estado miembro, a que
se ha hecho referencia en el apartado 27 de la presente sentencia, de facilitar a la Comisión el cumplimiento de su misión
general (sentencia Comisión/Irlanda, antes mencionada, apartado 45 y la jurisprudencia citada).
De este modo, cuando la Comisión invoca determinadas denuncias detalladas en las que consten incumplimientos repetidos de
las disposiciones de la Directiva, incumbe al Estado miembro afectado rebatir de forma concreta los hechos alegados en dichas
denuncias. Asimismo, cuando la Comisión ha aportado suficientes pruebas que ponen de relieve que las autoridades de un Estado
miembro han llevado a cabo, de forma repetida y continuada, una práctica que es contraria a las disposiciones de una Directiva,
incumbe al Estado miembro rebatir de manera fundada y pormenorizada los datos presentados y las consecuencias que de ellos
se derivan (sentencia Comisión/Irlanda, antes mencionada, apartados 46 y 47, y la jurisprudencia citada). Esta obligación
incumbe a los Estados miembros en virtud del deber de cooperación leal, consagrado en el artículo 10 CE, a lo largo de todo
el procedimiento previsto en el artículo 226 CE. Ahora bien, de los autos se desprende que durante la fase del procedimiento
administrativo previo las autoridades italianas no cooperaron plenamente con la Comisión en la instrucción del presente asunto.
La infracción de los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442; del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/689 y del artículo
14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31
–       Alegaciones de las partes
Para rebatir las imputaciones formuladas por la Comisión, el Gobierno italiano, basándose en la información que pudo recabar
de las administraciones regionales y provinciales y del Nucleo Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri (Núcleo Operativo
Ecológico del Arma de Carabineros), sostiene, en primer lugar, que los datos facilitados por la Comisión son inconsistentes
y no se corresponden con la verdadera situación en Italia. Recusa, en particular, el número de «vertederos ilegales» censados
por la Comisión, argumentando, en primer lugar, que ésta contabilizó varias veces algunos vertederos; en segundo lugar, que
calificó como vertederos ilegales meros depósitos o abandonos de residuos, de los que una parte está siendo saneada o ha sido
ya vaciada de residuos, y, en tercer lugar, que no tuvo en cuenta su grado de peligrosidad, dado que la mayor parte de esos
vertederos están bajo control o intervención.
Dicho Gobierno recuerda, a continuación, los recientes progresos realizados por la República Italiana en la ejecución de las
obligaciones derivadas de las Directivas 75/442, 91/689 y 1999/31.
La Comisión alega, en primer lugar, que el Gobierno italiano no aporta información en sentido contrario procedente de alguna
fuente de rango comparable al de las suyas. En segundo lugar, aunque la Comisión tome nota de que los residuos han sido retirados
de determinados vertederos, sostiene que las situaciones de próxima regularización son muy minoritarias con respecto a aquéllas
en que las autoridades nacionales no han emprendido actuación alguna para subsanar su carácter ilícito.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, se desprende de una reiterada jurisprudencia que la existencia de un incumplimiento debe apreciarse en función
de la situación del Estado miembro tal como ésta se presentaba al final del plazo señalado en el dictamen motivado y que los
cambios ocurridos posteriormente no pueden ser tomados en cuenta por el Tribunal de Justicia aun cuando constituyan una correcta
aplicación de la norma de Derecho comunitario que es objeto del recurso por incumplimiento (véanse, en este sentido, las sentencias
de 11 de octubre de 2001, Comisión/Austria, C‑111/00, Rec. p. 7555, apartados 13 y 14; de 30 de enero de 2002, Comisión/Grecia,
C‑103/00, Rec. p. I‑1147, apartado 23; de 28 de abril de 2005, Comisión/España, C‑157/04, no publicada en la Recopilación,
apartado 19, y de 7 de julio de 2005, Comisión/Italia, C‑214/04, no publicada en la Recopilación, apartado 14).
Seguidamente, en lo que se refiere, más específicamente a la apreciación de la infracción por parte de un Estado miembro del
artículo 4 de la Directiva 75/442, es de señalar que este último dispone que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para garantizar que los residuos se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente, pero no especifica el contenido concreto de las medidas que deban adoptarse
para garantizar ese objetivo. No obstante, no deja de ser cierto que dicha disposición obliga a los Estados miembros en cuanto
al objetivo que debe alcanzarse, dejándoles un margen de apreciación en la evaluación de la necesidad de tales medidas (sentencia
de 9 de noviembre de 1999, Comisión/Italia, denominada «San Rocco», C‑365/97, Rec. p. I‑7773, apartado 67). Por lo tanto,
en principio, no cabe deducir directamente de la discrepancia de una situación de hecho con los objetivos fijados en el artículo
4 de la citada Directiva que el Estado miembro afectado haya incumplido necesariamente las obligaciones que le impone esta
disposición. No obstante, es cierto que la persistencia de esa situación de hecho, en especial cuando entraña una degradación
significativa del medio ambiente durante un período prolongado, sin que intervengan las autoridades competentes, puede poner
de manifiesto que los Estados miembros han sobrepasado el margen de apreciación que les confiere el precepto (sentencia San
Rocco, antes citada, apartados 67 y 68).
A este respecto, procede declarar que el fundamento de las imputaciones formuladas contra la República Italiana se desprende
claramente de los autos. En efecto, si bien la información facilitada por dicho Gobierno ha permitido comprobar que en Italia
ha ido mejorando con el tiempo el logro de los objetivos enunciados en las disposiciones de Derecho comunitario incumplidas,
tal información revela, no obstante, que al expirar el plazo señalado en el dictamen motivado persistía la disconformidad
general de los vertederos con dichas disposiciones.
Por lo que se refiere a la imputación basada en la infracción del artículo 4 de la Directiva 75/442, consta en autos que,
al expirar el plazo señalado en el dictamen motivado, había en el conjunto del territorio italiano un número considerable
de vertederos cuyos explotadores no garantizaron que los residuos se valorizasen o se eliminasen sin poner en peligro la salud
del hombre y sin utilizar procedimientos ni métodos que pudiesen perjudicar el medio ambiente, así como puntos de eliminación
incontrolada de residuos. A modo de ejemplo, según se desprende del anexo 1 del escrito de dúplica del Gobierno italiano,
éste reconoció la existencia, en la región de los Abruzos, de 92 emplazamientos en que se habían abandonado residuos, comprobada
con ocasión de un control local tras el censo efectuado por el CFS.
La subsistencia de esta situación durante un período de tiempo prolongado tiene como consecuencia necesaria una degradación
significativa del medio ambiente.
En cuanto a la imputación basada en la infracción del artículo 8 de la Directiva 75/442, ha quedado probado que, a la expiración
del plazo señalado, las autoridades italianas no garantizaron que los poseedores de residuos o bien se ocupasen ellos mismos
de la eliminación o la valorización de éstos, o bien los entregasen a un recolector o a una empresa encargada de efectuar
dichas operaciones, conforme a lo dispuesto en la Directiva 75/442. A este respecto, se desprende del anexo 3 del escrito
de dúplica del Gobierno italiano que las autoridades italianas contabilizaron al menos 9 emplazamientos de estas características
situados en la Región de Umbría y 31 en la Región de Apulia, provincia de Bari.
Por lo que se refiere a la imputación basada en la infracción del artículo 9 de la Directiva 75/442, no se cuestiona que,
en el momento de expirar el plazo señalado en el dictamen motivado, numerosos vertederos funcionaban sin haber obtenido la
autorización de las autoridades competentes. En particular, dan fe de ello, como resulta claramente del anexo 3 del escrito
de dúplica del Gobierno italiano, los casos de abandonos de residuos ya mencionados en los apartados 39 y 41 de la presente
sentencia, pero también la existencia de al menos 14 vertederos ilegales en la Región de Apulia (provincia de Lecce).
Respecto a la imputación basada en que las autoridades italianas no inventariaron ni identificaron los residuos peligrosos
en cada vertedero o lugar de vertido de éstos, es decir, basada en la infracción del artículo 2 de la Directiva 91/689, basta
señalar que el Gobierno de dicho Estado miembro no aporta argumentos y pruebas específicas para contradecir las alegaciones
de la Comisión. En particular, no desmiente la existencia en su territorio, al expirar el plazo señalado en el dictamen motivado,
de al menos 700 vertederos ilegales que contenían residuos peligrosos, no sujetos, por consiguiente, a control alguno. De
ello se desprende que las autoridades italianas no pueden conocer el flujo de residuos peligrosos depositados en dichos vertederos
y que, por lo tanto, la obligación de inventariarlos e identificarlos no se ha cumplido.
Otro tanto puede decirse, por último, de la imputación basada en la infracción del artículo 14 de la Directiva 1999/31. En
este caso, el propio Gobierno italiano indicó que 747 vertederos que se encontraban en su territorio deberían haber sido objeto
de planes de acondicionamiento. Ahora bien, el examen del conjunto de los documentos aportados como anexo del escrito de dúplica
del Gobierno italiano revela que, al expirar el plazo señalado en el dictamen motivado, dichos planes sólo se habían presentado
respecto de 551 vertederos y que únicamente 131 planes fueron aprobados por las autoridades competentes. Por otra parte, como
fundadamente pone de manifiesto la Comisión, dicho Gobierno no precisó qué acciones se habían emprendido en relación con los
vertederos cuyos planes de acondicionamiento no habían sido aprobados.
De ello se desprende que la República Italiana ha incumplido de forma generalizada y persistente las obligaciones que le incumben
en virtud de los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442; del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/689, y del artículo
14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31. Por consiguiente, el recurso de la Comisión es fundado.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones
que le incumben en virtud de los artículos 4, 8 y 9 de la Directiva 75/442; del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/689,
y del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31, al no haber adoptado todas las medidas necesarias:
–        Para garantizar que los residuos se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente; y para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada
de residuos.
–        Para que todo poseedor de residuos los entregue a un recolector privado o público o a una empresa que efectúe las operaciones
de eliminación o valorización, o se ocupe él mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con las disposiciones de
la Directiva 75/442.
–        Para que cualquier establecimiento o empresa que efectúe las operaciones de eliminación de residuos tenga la obligación de
obtener una autorización de la autoridad competente.
–        Para que en todos los lugares en que se viertan (descarguen) residuos peligrosos, dichos residuos se registren y se identifiquen.
–        Para que, en lo que respecta a los vertederos a los que se haya concedido autorización o que ya estén en funcionamiento el
16 de julio de 2001, la entidad explotadora elabore y someta a la aprobación de la autoridad competente, antes del 16 de julio
de 2002, un plan de acondicionamiento del mismo que incluya los datos relativos a las condiciones de la autorización así como
cualquier medida correctora que la entidad explotadora juzgue necesaria; y para que, una vez presentado el plan de acondicionamiento,
las autoridades competentes adopten una decisión definitiva sobre la posibilidad de continuar las operaciones, cerrando lo
antes posible las instalaciones que no hayan obtenido autorización para continuar sus actividades, o autorizando las obras
necesarias y fijando un período transitorio para la realización del plan.

Costas
En virtud del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que pierda el proceso
será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la Comisión ha solicitado la condena en costas
de la República Italiana y los motivos formulados por ésta han sido desestimados, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:
1)
Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 4, 8 y 9 de la
Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156/CEE
del Consejo, de 18 de marzo de 1991; del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre
de 1991, relativa a los residuos peligrosos, y del artículo 14, letras a) a c), de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de
26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber adoptado todas las medidas necesarias:
–
Para garantizar que los residuos se valoricen o se eliminen sin poner en peligro la salud del hombre y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar el medio ambiente; y para prohibir el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada
de residuos.
–
Para que todo poseedor de residuos los entregue a un recolector privado o público o a una empresa que efectúe las operaciones
de eliminación o valorización, o se ocupe él mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con las disposiciones de
la Directiva 75/442.
–
Para que cualquier establecimiento o empresa que efectúe las operaciones de eliminación de residuos tenga la obligación de
obtener una autorización de la autoridad competente.
–
Para que en todos los lugares en que se viertan (descarguen) residuos peligrosos, dichos residuos se registren y se identifiquen.
–
Para que, en lo que respecta a los vertederos a los que se haya concedido autorización o que ya estén en funcionamiento el
16 de julio de 2001, la entidad explotadora de un vertedero elabore y someta a la aprobación de la autoridad competente, antes
del 16 de julio de 2002, un plan de acondicionamiento del mismo que incluya los datos relativos a las condiciones de la autorización
así como cualquier medida correctora que la entidad explotadora juzgue necesaria; y para que, una vez presentado el plan de
acondicionamiento, las autoridades competentes adopten una decisión definitiva sobre la posibilidad de continuar las operaciones,
cerrando lo antes posible las instalaciones que no hayan obtenido autorización para continuar sus actividades, o autorizando
las obras necesarias y fijando un período transitorio para la realización del plan.
2)
Condenar en costas a la República Italiana.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: italiano.