CELEX: 61989CJ0260
Derechos exclusivos en materia de radiodifusión y televisión
Libre circulación de mercancías
Libre prestación de servicios
Normas sobre la competencia
Libertad de expresión

Mediante resolución de 11 de abril de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de agosto siguiente, el Monomeles Protodikeio (Tribunal de primera instancia) de Tesalónica, pronunciándose en procedimiento sobre medidas provisionales, planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del Tratado CEE, en particular de sus artículos 2, 3, letra f), 9, 30, 36, 85 y 86, así como del artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos»), para comprobar la compatibilidad con dichas disposiciones de un régimen nacional de derechos exclusivos en materia de televisión.
Estas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Elliniki Radiophonia Tileorassi Anonimi Etairia (en lo sucesivo, «ERT»), empresa helénica de radio y televisión, a la que el Estado helénico concedió derechos exclusivos para el ejercicio de sus actividades, por una parte, y Dimotiki Etairia Pliroforissis (en lo sucesivo, «DEP»), sociedad municipal de información de Tesalónica, y el Sr. S. Kouvelas, Alcalde de dicha ciudad, por otra parte. A pesar de la existencia de derechos exclusivos, de los que disfruta la ERT, la DEP y el Alcalde han creado en Tesalónica, en 1989, una estación de televisión que, desde ese mismo año, empezó a difundir emisiones televisadas.
La ERT fue creada por la Ley n° 1730/1987
(Diario Oficial de la República Helénica,
n° 145 A de 18.8.1987, p. 144). Según el apartado 1 del artículo 2 de esta Ley, la ERT tiene por objeto la organización, la explotación y el desarrollo de la radiodifusión, así como la contribución a la información, a la cultura y a la diversión del pueblo helénico, sin ánimo de lucro. El apartado 2 de dicho artículo dispone que el Estado concede a la ERT un privilegio exclusivo en materia de radio y televisión para todas las actividades que concurren a la realización de su objetivo. El privilegio comprende sobre todo la emisión de sonidos e imágenes de todas las clases a partir del territorio helénico por los métodos de la radiodifusión y de la televisión destinados a la recepción, sea general, sea por circuitos especiales cerrados, por cable o de cualquier otra forma, y la instalación de estaciones de radiodifusión y televisión. Con arreglo al apartado 3 del artículo 2, la ERT producirá y explotará por cualesquiera medios emisiones de radiodifusión y de televisión. El apartado 1 del artículo 16 de la misma Ley prohibe a cualquier persona la realización sin autorización de la ERT de las actividades respecto a las que la ERT ostenta un derecho exclusivo.
Por entender que las actividades de la DEP y del Alcalde de Tesalónica invadían sus derechos exclusivos, la ERT inició un procedimiento de medidas provisionales ante el Tribunal de primera instancia de Tesalónica, para conseguir, basándose en el artículo 16 de la Ley n° 1730/1987, antes citada, la prohibición de difundir cualquier emisión, el embargo del equipo técnico y su secuestro. Ante dicho Tribunal, la DEP y el Sr. Kouvelas invocaron principalmente disposiciones de Derecho comunitario y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Por considerar que el asunto planteaba importantes cuestiones de Derecho comunitario, el órgano jurisdiccional nacional suspendió el procedimiento para plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales :
«1)
Una ley que autoriza a un único operador a ejercer el monopolio de la televisión sobre todo el territorio de un Estado miembro y a proceder a transmisiones televisivas de cualquier naturaleza, ¿es compatible con las disposiciones del Tratado CEE y el Derecho derivado?
2)
En caso afirmativo, ¿se infringe la libertad fundamental de circulación de mercancías prevista por el artículo 9 del Tratado CEE, y en qué medida, teniendo en cuenta el hecho de que el ejercicio por parte de un operador único del privilegio exclusivo en materia de televisión entraña una prohibición para los demás ciudadanos de la Comunidad, de exportar, arrendar o distribuir de cualquier forma en el Estado miembro de que se trata materiales, soportes de sonido, películas, documentales televisivos y otros productos que pueden ser utilizados para la emisión de mensajes televisivos, a menos que sea para dar cumplimiento a los objetivos del citado operador, poseedor del privilegio exclusivo de la televisión, especialmente cuando el operador de que se trata disfruta igualmente de la posibilidad de elegir libremente el material nacional y los productos nacionales y preferirlos a los de los demás Estados miembros de la Comunidad?
3)
La concesión a un operador único del privilegio de la televisión ¿constituye, y hasta qué punto, una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación prohibida expresamente por lo dispuesto en el artículo 30 del Tratado CEE?
4)
En el supuesto de que la ley conceda a un operador único el privilegio exclusivo de efectuar emisiones televisadas y de proceder en todo el territorio de un Estado miembro a transmisiones televisivas de cualquier naturaleza y si dicha concesión debe considerarse lícita por ajustarse a lo dispuesto en el artículo 36 del Tratado CEE, tal corno lo interpreta el Tribunal de Justicia, porque la citada concesión cumple con una exigencia imperativa y sirve a un objetivo de interés general, como es la organización de la televisión en su carácter de servicio de interés público, se pregunta si, y en qué medida, el resultado excede del objetivo perseguido, en otros términos, si la realización de este objetivo que es la protección del interés público se produce de la forma menos gravosa, es decir, la que menos obstaculiza la libre circulación de mercancías.
5)
Los derechos exclusivos concedidos por un Estado miembro a una empresa (un operador) en materia de transmisiones televisivas y el ejercicio de estos derechos ¿son compatibles, y en qué medida, con las normas sobre la competencia de las disposiciones del artículo 85, en relación con la letra f) del artículo 3 del Tratado CEE, cuando la realización de determinados actos por parte de la empresa de que se trata y, con carácter indicativo, el hecho de que ésta proceda por sí sola a) a la difusión de mensajes publicitarios, b) a poner en circulación películas, documentales y otras obras de televisión producidas en la Comunidad, c) a elegir discrecionalmente la distribución y transmisión de mensajes televisivos, películas, documentales y otras obras de televisión, impide, restringe o falsea el juego de la competencia en detrimento de los consumidores comunitarios en su sector de actividad y en todo el territorio de un Estado miembro, aunque la Ley le autoriza a hacerlo?
6)
En la hipótesis en que el Estado miembro utilice la empresa encargada del servicio de televisión, incluso en lo que se refiere a su actividad comercial, más concretamente, publicidad, como empresa encargada de la gestión de servicios de interés económico general, ¿son incompatibles las normas sobre la competencia de las disposiciones del artículo 85 en relación con las de la letra f) del artículo 3 del Tratado con el cumplimiento de la misión encargada a dicha empresa, y en qué medida lo son?
7)
¿Puede considerarse que tal empresa, a la que la Ley del Estado miembro otorga el derecho exclusivo a proceder, en materia de televisión, en todo el territorio de dicho Estado miembro, a transmisiones televisivas de cualquier naturaleza, ejerce una oposición dominante sobre una parte sustancial del mercado común?
8)
En caso afirmativo, el hecho de que la citada empresa imponga a los consumidores comunitarios (a falta de cualquier competencia en el mercado) precios monopolistas sobre las emisiones publicitarias televisadas, así como un trato preferencial caprichoso y el hecho de que ejecute los actos mencionados en la quinta cuestión citada, que conducen a la eliminación de la competencia en su sector de actividad, ¿constituyen una utilización abusiva de la posición dominante, y en qué medida?
9)
El hecho de que una Ley confiera hoy a un operador único el monopolio de la televisión en todo el territorio de un Estado miembro y el privilegio exclusivo de proceder a transmisiones televisadas de cualquier naturaleza ¿es conciliable, por una parte, con el objetivo social perseguido por el Tratado CEE (según su preámbulo y su artículo 2) que consiste en la constante mejora de las condiciones de vida de los pueblos europeos y la elevación acelerada de su nivel de vida y, por otra parte, con la disposición del artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950?
10)
La libertad de expresión consagrada por el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950 y el objetivo social del Tratado CEE al que se ha hecho referencia y mencionado en el preámbulo y el artículo 2 de dicho Tratado, ¿imponen por sí mismos obligaciones a los Estados miembros y cuáles son dichas obligaciones, independientemente de la existencia de disposiciones escritas de Derecho comunitario en vigor?»
Para una más amplia exposición del contexto jurídico y de los términos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Fundamentalmente, según la resolución de remisión, el órgano jurisdiccional nacional trata mediante su primera cuestión de saber si el Derecho comunitario se opone a la existencia de un monopolio de la televisión ostentado por una sola sociedad a quien un Estado miembro ha concedido derechos exclusivos a este fin. Las cuestiones segunda, tercera y cuarta se refieren a si las normas relativas a la libre circulación de mercancías, en particular el artículo 9 y los artículos 30 y 36 del Tratado, se oponen a la existencia de semejante monopolio. Como estas cuestiones se refieren a un monopolio de servicios, procede considerar que interesan no sólo a las normas del Tratado en materia de libre circulación de mercancías, sino sobre todo a las relativas a la libre prestación de servicios y especialmente al artículo 59 del Tratado.
Las cuestiones quinta, sexta, séptima y octava se refieren a la interpretación de las normas sobre la competencia aplicables a las empresas. A este respecto el órgano jurisdiccional nacional quiere saber, en primer lugar, si la letra f) del artículo 3 y el artículo 85 del Tratado se oponen a la concesión, por el Estado, de derechos exelusivos en el campo de la televisión. En segundo lugar el órgano jurisdiccional nacional se pregunta si una empresa que disfruta de un derecho exclusivo en materia de televisión sobre todo el territorio de un Estado miembro ostenta por ese hecho una posición dominante sobre una parte sustancial del mercado, en el sentido del artículo 86 del Tratado, y si determinados comportamientos constituyen un abuso de esta posición dominante. En tercer lugar, el órgano jurisdiccional nacional trata de saber si la aplicación de las normas sobre la competencia se opone al ejercicio de la misión particular encomendada a dicha empresa.
Las preguntas novena y décima se refieren al examen de una situación de monopolio en el campo de la televisión en relación con el artículo 2 del Tratado, por una parte, y del artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, por otra.
Sobre el monopolio de la televisión
Procede recordar que, en la sentencia de 30 de abril de 1974, Sacchi (
155/73, Rec. p. 409
), apartado 14, el Tribunal de Justicia resolvió que nada se opone en el Tratado a que los Estados miembros, en virtud de consideraciones de interés público, de naturaleza no económica, sustraigan del juego de la competencia las emisiones de radiotelevisión, otorgando a una o varias entidades el derecho exclusivo para ello.
De todas maneras, según los apartados 1 y 2 del artículo 90 del Tratado, la manera en que dicho monopolio esté organizado o ejercido puede ir contra las normas del Tratado, especialmente las relativas a la libre circulación de mercancías, a la libre prestación de servicios y a las normas sobre la competencia.
Procede por consiguiente contestar al órgano jurisdiccional nacional que el Derecho comunitario no se opone a la atribución de un monopolio de la televisión, por consideraciones de interés público, de naturaleza no económica. Sin embargo, las modalidades de organización y el ejercicio de semejante monopolio no deben ir contra las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación de mercancías y de servicios ni contra las normas sobre la competencia.
Sobre la libre circulación de mercancías
Procede observar, con carácter preliminar, que según la citada sentencia de 30 de abril de 1974, Sacchi, las emisiones de mensajes televisados están comprendidas dentro de las reglas del Tratado relativas a las prestaciones de servicios y que un monopolio en materia de televisión, al ser un monopolio para la prestación de servicios, no es, de por sí, contrario al principio de la libre circulación de mercancías.
De todos modos, según la misma sentencia, los intercambios relativos a toda clase de materiales, soportes de sonido, películas y otros productos utilizados para la difusión de mensajes televisados están sujetos a las normas relativas a la libre circulación de mercancías.
A este respecto procede precisar que la concesión a una sola empresa de derechos exclusivos en materia de emisión de mensajes televisivos y la atribución a tal efecto de la facultad exclusiva de importar, alquilar o distribuir los materiales y productos necesarios para la difusión no constituye, de por sí, una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, en el sentido del artículo 30 del Tratado.
Distinta sería la solución si se diera lugar, directa o indirectamente, a una discriminación entre productos nacionales y productos importados en perjuicio de estos últimos. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional, único competente para conocer los hechos, examinar si es éste el supuesto en el caso de autos.
Por lo que respecta al artículo 9 del Tratado, basta comprobar que dicho artículo establece una prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y de exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente. Dado que los autos no contienen ninguna indicación de la que derive que la legislación de que se trata supone la percepción de un impuesto con motivo de la importación o de la exportación, no parece que el artículo 9 sea aplicable para determinar si existe el monopolio de que se trata teniendo en cuenta las reglas relativas a la libre circulación de mercancías.
Procede por consiguiente responder que los artículos del Tratado CEE sobre la libre circulación de mercancías no se oponen a la concesión a una sola empresa de derechos exclusivos en el campo de las emisiones de mensajes televisados y a la atribución a tal efecto de la facultad exclusiva de importar, alquilar o distribuir los materiales y productos necesarios para la difusión, en la medida en que ello no dé lugar a una discriminación entre productos nacionales e importados en perjuicio de estos últimos.
Sobre la libre prestación de servicios
De acuerdo con el artículo 59 del Tratado, las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad debían estar suprimidas a la expiración del período transitorio para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no sea el del destinatario de la prestación. Las exigencias de esta disposición suponen especialmente la eliminación de cualquier discriminación contra el prestador de un servicio establecido en un Estado miembro distinto de aquél en que la prestación debe ser satisfecha.
Ahora bien, según se ha indicado en el apartado 12 de la presente sentencia, por más que la existencia de un monopolio de prestación de servicios no sea, de por sí, incompatible con el Derecho comunitario, no puede excluirse la posibilidad de que el monopolio esté organizado de tal manera que vaya contra las normas relativas a la libre prestación de servicios. Tal es el caso especialmente si el monopolio desemboca en una discriminación entre las emisiones televisadas nacionales y las que proceden de otros Estados miembros, en perjuicio de estas últimas.
Por lo que se refiere al monopolio discutido en el asunto principal, según el texto del apartado 2 del artículo 2 de la Ley n° 1730/1987, así como según la jurisprudencia del Consejo de Estado helénico, el privilegio exclusivo de la ERT incluye tanto el derecho de difundir emisiones propias (en lo sucesivo, «difusión») como el derecho de captar y retransmitir emisiones procedentes de otros Estados miembros (en lo sucesivo, «retransmisión»).
Como observó la Comisión, la acumulación del monopolio de difusión y de retransmisión en una misma empresa proporciona a ésta la posibilidad de transmitir sus propios programas y, a la vez, limitar la retransmisión de los programas de otros Estados miembros. Esta posibilidad, a falta de garantía alguna para la retransmisión de los programas de otros Estados miembros, puede llevar a la empresa a favorecer sus propios programas en perjuicio de los programas extranjeros. En este sistema, la igualdad de oportunidades entre la difusión de los propios programas y la retransmisión de los programas de otros Estados miembros corre el riesgo, por consiguiente, de verse seriamente comprometida.
La determinación de si la acumulación del derecho exclusivo de difusión y el de retransmisión desemboca efectivamente en una discriminación en perjuicio de las emisiones procedentes de otros Estados miembros forma parte de la apreciación de los hechos, para los cuales únicamente el Juez nacional es competente.
Procede subrayar a continuación que las normas relativas a la libre prestación de servicios se oponen a una normativa nacional que tenga semejantes efectos discriminatorios, a menos que dicha normativa se funde en la disposición excepcional contenida en el artículo 56 del Tratado, a la que se remite el artículo 66. Según el artículo 56, que debe ser objeto de interpretación estricta, determinadas normas discriminatorias pueden estar justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas.
Ahora bien, según las observaciones formuladas ante el Tribunal de Justicia, la normativa de que se trata tenía como único objetivo evitar perturbaciones debidas al número reducido de canales disponibles. Semejante objetivo no podría, sin embargo, constituir una justificación de esta normativa, en el sentido del artículo 56 del Tratado, cuando la empresa de que se trata no utiliza más que un limitado número de los canales disponibles.
Por lo tanto, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que el artículo 59 del Tratado se opone a una normativa nacional que crea un monopolio de derechos exclusivos de difusión de emisiones propias y de retransmisión de emisiones procedentes de otros Estados miembros, cuando semejante monopolio entraña efectos discriminatorios en perjuicio de las emisiones procedentes de otros Estados miembros, a menos que esta normativa esté justificada por alguna de las razones indicadas en el artículo 56, al que se remite el artículo 66 del Tratado.
Sobre las normas de competencia
Conviene recordar, con carácter preliminar, que la letra f) del artículo 3 del Tratado no hace sino enunciar un objetivo de la Comunidad que ha sido precisado en varias disposiciones del Tratado relativas a las normas sobre la competencia, especialmente las artículos 85, 86 y 90.
Por lo que se refiere al comportamiento autónomo de una empresa, éste debe apreciarse en relación con las disposiciones del Tratado aplicables a las empresas, especialmente los artículos 85, 86 y el apartado 2 del artículo 90.
Respecto al artículo 85, es suficiente observar que éste se aplica, según sus propios términos, a los «acuerdos entre empresas». Ahora bien, la resolución de remisión no da ninguna indicación sobre la existencia de acuerdo alguno entre empresas. No procede por tanto interpretar esta disposición.
El artículo 86 del Tratado declara incompatible con el mercado común, en la medida en que el comercio entre Estados miembros puede ser afectado por ella, la explotación abusiva de una posición dominante en dicho mercado o en una parte sustancial del mismo.
A este respecto es oportuno recordar que una empresa que disfruta de un monopolio legal puede considerarse que ocupa una posición dominante en el sentido del artículo 86 del Tratado (véase sentencia de 3 de octubre de 1985, CBEM,
311/84, Rec. p. 3261, apartado 16
) y que el territorio de un Estado miembro, al que se extiende dicho monopolio, puede constituir una parte sustancial del mercado común (véase sentencia de 9 de noviembre de 1983, Michelin,
322/81, Rec. p. 3461, apartado 28
).
Si bien el artículo 86 del Tratado no prohibe un monopolio en cuanto tal, se opone sin embargo a su explotación abusiva. A tal efecto el artículo 86 enumera, a título de ejemplo, cierto número de prácticas abusivas.
A este respecto procede precisar que, según el apartado 2 del artículo 90 del Tratado, las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedan sometidas a las normas sobre la competencia mientras que no se demuestre que la aplicación de dichas reglas es incompatible con el ejercicio de su misión específica (véase, sobre todo, sentencia de 30 de abril de 1974, Sacchi, antes citada, apartado 15).
Por consiguiente, es competencia del Juez nacional apreciar la compatibilidad de las prácticas de dichas empresas con el artículo 86 y comprobar si tales prácticas, en el caso de que sean contrarias a esta disposición, pueden estar justificadas por necesidades derivadas de la misión específica que se hubiere confiado a las empresas.
Por lo que se refiere a las medidas estatales y más específicamente a la concesión de derechos exclusivos, hay que recordar que, si los artículos 85 y 86 se refieren exclusivamente a las empresas, ello no impide que el Tratado imponga a los Estados miembros no establecer o mantener en vigor medidas que puedan eliminar la eficacia de dichas disposiciones (véase sentencia de 16 de noviembre de 1977, INNO,
13/77, Rec. p. 2115, apartados 31 y 32
).
De este modo el apartado 1 del artículo 90 dispone que los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas del Tratado.
A este respecto procede reconocer que el apartado 1 del artículo 90 del Tratado se opone a que un Estado miembro conceda un derecho exclusivo de retransmisión de emisiones de televisión a una empresa que tenga un derecho exclusivo de difusión de emisiones, cuando estos derechos puedan crear una situación en la cual dicha empresa se vea llevada a infringir el artículo 86 del Tratado por una política de emisión discriminatoria en favor de sus propios programas.
Por consiguiente, procede responder al órgano jurisdiccional remitente que el apartado 1 del artículo 90 del Tratado se opone a la concesión de un derecho exclusivo de difusión y de un derecho exclusivo de retransmisión de emisiones de televisión a una sola empresa, cuando estos derechos puedan crear una situación en la que dicha empresa se vea llevada a infringir el artículo 86 mediante una política de emisión discriminatoria en favor de sus propios programas, salvo si la aplicación del artículo 86 le impide el cumplimiento de la misión específica que se le ha confiado.
Sobre el artículo 2 del Tratado
Según reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véase, en particular, sentencia de 24 de enero de 1991, Alsthom,
C-339/89, Rec. p. I-107
), el artículo 2 del Tratado, mencionado en las cuestiones prejudiciales novena y décima, describe la misión de la Comunidad Económica Europea. Los objetivos enunciados por esta disposición se refieren a la existencia y al funcionamiento de la Comunidad cuya consecución debe ser el resultado del establecimiento del mercado común y de la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros.
Procede por tanto contestar al órgano jurisdiccional nacional que el artículo 2 no puede proporcionar criterios para enjuiciar la conformidad de un monopolio de la televisión nacional con el Derecho comunitario.
Sobre el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
Por lo que respecta al artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, mencionado en las cuestiones novena y décima, procede recordar, con carácter preliminar que, según reiterada jurisprudencia, los derechos fundamentales forman parte de los principios generales del derecho cuyo respeto garantiza el Tribunal de Justicia. Al efecto, el Tribunal de Justicia se inspira en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros así como en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internacionales relativos a la protección de los derechos humanos con los que los Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido (véase, sobre todo, sentencia de 14 de mayo de 1974, Nold,
4/73, Rec. p. 491, apartado 13
). El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos reviste a este respecto un significado particular (véase, sobre todo, sentencia de 15 de mayo de 1986, Johnston,
222/84, Rec. p. 1651
, apartado 18). De ahí se deduce que, como afirmó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 13 de julio de 1989, Wachauf (
5/88, Rec. p. 2609
), apartado 19, no pueden admitirse en la Comunidad medidas incompatibles con el respeto de los derechos humanos reconocidos y garantizados de esta manera.
Según su jurisprudencia (véanse las sentencias de 11 de julio de 1985, Cinéthèque, asuntos acumulados
60/84 y 61/84, Rec. p. 2605, apartado 26
, y de 30 de septiembre de 1987, Demirel,
12/86, Rec. p. 3719, apartado 28
), el Tribunal de Justicia no puede enjuiciar, en relación con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, una normativa nacional ajena al ordenamiento comunitario. Por el contrario, desde el momento en que semejante normativa entre en el campo de aplicación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia, que conozca de un asunto planteado con carácter prejudicial, debe proporcionar todos los elementos de interpretación necesarios para la apreciación, por el órgano jurisdiccional nacional, de la conformidad de dicha normativa con los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia tal como están expresados, en particular, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
En particular, cuando un Estado miembro invoca los artículos 56 y 66 para justificar una normativa que puede obstaculizar el ejercicio de la libre prestación de servicios, esta justificación, prevista por el Derecho comunitario, debe interpretarse a la luz de los principios generales del Derecho y especialmente de los derechos fundamentales. De este modo la normativa nacional de que se trata no podrá acogerse a las excepciones establecidas por los artículos 56 y 66 más que si es conforme a los derechos fundamentales cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia.
De ello se sigue que en semejante caso compete al Juez nacional y, en su caso, al Tribunal de Justicia, apreciar la aplicación de dichas disposiciones, teniendo en cuenta todas las normas del Derecho comunitario, incluida la libertad de expresión, consagrada por el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en cuanto principio general del derecho cuya observancia garantiza el Tribunal de Justicia.
Procede por tanto responder al órgano jurisdiccional nacional que las limitaciones impuestas a la facultad de los Estados miembros de aplicar las disposiciones contempladas por los artículos 56 y 66 del Tratado por razones de orden público, seguridad o salud públicas, deben apreciarse a la luz del principio general de la libertad de expresión, consagrada por el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno francés y por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Monomeles Protodikeio de Tesalónica mediante resolución de 11 de abril de 1989, declara:

1)
El Derecho comunitario no se opone a la atribución de un monopolio de la televisión, por consideraciones de interés público, de naturaleza no económica. Sin embargo, las modalidades de organización y el ejercicio de semejante monopolio no deben ir contra las disposiciones del Tratado en materia de libre circulación de mercancías y de servicios ni contra las normas sobre la competencia.

2)
Los artículos del Tratado CEE sobre la libre circulación de mercancías no se oponen a la concesión a una sola empresa de derechos exclusivos, en el campo de las emisiones de mensajes televisados, y a la atribución a tal efecto de la facultad exclusiva de importar, alquilar o distribuir los materiales y productos necesarios para la difusión, en la medida en que ello no dé lugar a una discriminación entre productos nacionales e importados en perjuicio de estos últimos.

3)
El artículo 59 del Tratado se opone a una normativa nacional que crea un monopolio de derechos exclusivos de difusión de emisiones propias y de retransmisión de emisiones procedentes de otros Estados miembros, cuando dicho monopolio entraña efectos discriminatorios en perjuicio de las emisiones procedentes de otros Estados miembros, a menos que esta normativa esté justificada por alguna de las razones indicadas en el artículo 56, al que se remite el artículo 66 del Tratado.

4)
El apartado 1 del artículo 90 del Tratado se opone a la concesión de un derecho exclusivo de difusión y de un derecho exclusivo de retransmisión de emisiones de televisión a una sola empresa, cuando estos derechos puedan crear una situación en la cual dicha empresa se vea llevada a infringir el artículo 86 mediante una política de emisión discriminatoria en favor de sus propios programas, salvo si la aplicación del artículo 86 le impide el cumplimiento de la misión específica que se le ha confiado.

5)
El artículo 2 del Tratado CEE no puede proporcionar criterios para enjuiciar la conformidad de un monopolio de la televisión nacional con el Derecho comunitario.

6)
Las limitaciones impuestas a las facultades de los Estados miembros para aplicar las disposiciones contempladas en los artículos 66 y 56 del Tratado por razones de orden público, de seguridad y salud públicas, deben apreciarse a la luz del principio general de la libertad de expresión consagrada por el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos.

Due
O'Higgins
Rodríguez Iglesias
Díez de Velasco
Slynn
Kakouris
Joliét
Schockweiler
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de junio de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua dc procedimiento: griego.