CELEX: 62007FJ0065
Función pública
Admisibilidad
Igualdad de trato
Directiva 1999/70

Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 29 de junio de 2007, la Sra. Aayhan y otros
79 antiguos agentes auxiliares de sesión del Parlamento Europeo solicitan, entre otras pretensiones, la anulación de la decisión
de la autoridad competente para celebrar los contratos (en lo sucesivo, «ACCC»), de 20 de abril de 2007, por la que se desestimó
su supuesta «reclamación» de 19 de diciembre de 2006, dirigida a que los sucesivos contratos de duración determinada celebrados
por cada uno de ellos con el Parlamento se considerasen un sólo contrato de duración indefinida a tiempo parcial, a que, en
consecuencia, se dispusiese su reincorporación al Parlamento, y a que se les concediese una indemnización «representativa»
del derecho a vacaciones retribuidas que, según ellos, adquirieron por el período total de tiempo trabajado.

Marco jurídico
1.
El Régimen aplicable a los Otros Agentes de las Comunidades Europeas
A tenor del artículo 52, segunda frase, del Régimen aplicable a los Otros Agentes de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo,
«ROA»), «después del 31 de diciembre de 2006 no podrán contratarse nuevos agentes auxiliares».
El artículo 58, párrafo primero, del ROA dispone:
«El agente auxiliar tendrá derecho a una vacación remunerada de dos días laborables por mes de servicio; el tiempo de servicio
inferior a 15 días o a medio mes no dará derecho a la concesión de vacación.»
El artículo 78 del ROA, perteneciente al título III «Agentes auxiliares», dispone:
«Como excepción a las disposiciones del presente título, los agentes auxiliares contratados por el Parlamento […] durante
el tiempo de duración de sus sesiones se someterán a las condiciones de reclutamiento y retribución previstas en el acuerdo
entre esta institución, el Consejo de Europa y la Asamblea de la Unión de Europa Occidental en lo que se refiere a la contratación
de este personal.
Las disposiciones de este acuerdo así como cualquier modificación posterior de las mismas serán puestas en conocimiento de
las autoridades presupuestarias competentes un mes antes de su puesta en vigor.
Las mismas condiciones de contratación y retribución aplicadas a los intérpretes de conferencia contratados por el Parlamento
[…] serán aplicables a los agentes auxiliares contratados por la Comisión [de las Comunidades Europeas] en calidad de intérpretes
de conferencia por cuenta de las instituciones y organismos comunitarios.
Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2006, fecha a partir de la cual los agentes
de que se trate quedarán sujetos a las condiciones fijadas con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 90.»
El artículo 90 del ROA, que figura en el título IV «Agentes contractuales», capítulo 5 «Disposiciones especiales aplicables
a los agentes contractuales a que se refiere el artículo 3
ter»,
dispone:
«No obstante lo dispuesto en el presente título, los intérpretes de conferencia contratados por el Parlamento […] o por la
Comisión en nombre de las instituciones y organismos de la Comunidad estarán sujetos a las condiciones establecidas en el
Acuerdo de 28 de julio de 1999 entre el Parlamento […], la Comisión y el Tribunal de Justicia, en nombre de las instituciones,
por una parte, y las asociaciones representativas de la profesión, por otra.
Las modificaciones de dicho acuerdo exigidas por la entrada en vigor del Reglamento (CE, Euratom) nº [723/2004 del Consejo,
de 22 de marzo de 2004, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el ROA; (DO L 124,
p.1)], se adoptarán antes del 31 de diciembre de 2006 con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 78 [párrafo
segundo]. Las modificaciones de dicho acuerdo posteriores al 31 de diciembre de 2006 se adoptarán de común acuerdo entre las
instituciones.»
A tenor del artículo 91 del ROA, que figura asimismo en el título IV «Agentes contractuales», en el capítulo VI «Condiciones
de trabajo», «serán aplicables, por analogía, los artículos 16 a 18». El artículo 16, párrafo primero, del ROA se remite,
en lo que respecta, en particular, al tiempo de trabajo, a «los artículos 55 a 61 del Estatuto [de los Funcionarios de las
Comunidades Europeas]», y el artículo 55
bis,
apartado 4, del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto»), se remite a su vez,
en lo que respecta a las condiciones del trabajo a tiempo parcial, al anexo IV
bis
del Estatuto, cuyo artículo 1, párrafo tercero, tercera frase, dispone:
«El trabajo a tiempo parcial no podrá tener una duración inferior a la mitad del tiempo de trabajo normal.»
2.
El Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada
Se desprende de los párrafos segundo y tercero del preámbulo y de los puntos 6 a 8 de las consideraciones generales del Acuerdo
marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura
como anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y
el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO L 175, p. 43), en lo sustancial, que:
–        Las partes del Acuerdo marco reconocen, por una parte, que los contratos de duración indefinida son, y seguirán siendo, la
forma más común de relación laboral, puesto que contribuyen a la calidad de vida de los trabajadores afectados y a mejorar
su rendimiento, pero, por otra parte, que los contratos de trabajo de duración determinada responden, en ciertas circunstancias,
tanto a las necesidades de los empresarios como a las de los trabajadores.
–        El Acuerdo marco enuncia los principios generales y los requisitos mínimos relativos al trabajo de duración determinada, estableciendo
un marco general destinado a garantizar la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración determinada, para
protegerlos contra cualquier discriminación, y a evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivas relaciones laborales
de duración determinada; mientras que se remite a los Estados miembros y a los interlocutores sociales para la definición
de las disposiciones concretas de aplicación de dichos principios y requisitos, con el fin de tener en cuenta la realidad
de las situaciones nacionales, sectoriales y estacionales específicas.
–        Según las partes firmantes del Acuerdo marco, la utilización de contratos de trabajo de duración determinada basados en razones
objetivas es una forma de evitar abusos lesivos para los trabajadores.
A tenor de lo dispuesto en la cláusula 1 del Acuerdo marco, el objeto de dicho Acuerdo es:
«a)      mejorar la calidad del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de no discriminación;
b)      establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración
determinada.»
La cláusula 5 del Acuerdo marco establece que:
«1.      A efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración
determinada los Estados miembros, previa consulta con los interlocutores sociales y conforme a la legislación, los acuerdos
colectivos y las prácticas nacionales, y/o los interlocutores sociales, cuando no existan medidas legales equivalentes para
prevenir los abusos, introducirán de forma que se tengan en cuenta las necesidades de los distintos sectores y/o categorías
de trabajadores, una o varias de las siguientes medidas:
a)      razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos o relaciones laborales;
b)      la duración máxima total de los sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada;
c)      el número de renovaciones de tales contratos o relaciones laborales.
2.      Los Estados miembros, previa consulta a los interlocutores sociales, y/o los interlocutores sociales, cuando resulte […] necesario,
determinarán en qué condiciones los contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada:
a)      se considerarán “sucesivos”;
b)      se considerarán celebrados por tiempo indefinido.»

Hechos que originaron el litigio
Los demandantes son todos antiguos agentes auxiliares contratados en varias ocasiones por el Parlamento, cada una de ellas
mediante un contrato de duración determinada, por el tiempo de duración de sus sesiones, conforme a lo dispuesto en artículo
78 del ROA, para ejercer funciones de agente de guardería, puericultora, mecanógrafo, técnico, cocinero, profesor de lenguas,
encargado del guardarropa, personal de mudanzas, ordenanza, operador de duplicador, asistente y otros.
Ante la perspectiva de que el Parlamento recurriese, a partir del 1 de enero de 2007, a personal temporal para atender sus
necesidades de recursos humanos durante los períodos de sesiones, el 18 de septiembre de 2006, el abogado de los demandantes
dirigió al Director General de la Dirección General (DG) de Personal un escrito que contenía una serie de imputaciones contra
el régimen aplicable hasta ese momento a los agentes auxiliares de sesión, en particular en cuanto a la duración de sus contratos
y al derecho a vacaciones retribuidas, y contra la intención del Parlamento de transformar, a partir del 1 de enero de 2007,
los antiguos contratos de agentes auxiliares de sesión en contratos de trabajo temporal. En conclusión, el abogado de los
demandantes solicitaba que sus contratos de agente auxiliar de sesión de duración determinada se recalificasen como contratos
de agente contractual de duración indefinida, con dedicación parcial (más concretamente, una cuarta parte del tiempo), con
arreglo a los artículos 3
bis
o 3
ter
del ROA, que a sus clientes se les reconociesen retroactivamente las vacaciones retribuidas devengadas y que se pusiese fin
a toda relación contractual con la empresa de trabajo temporal a la que el Parlamento pretendía recurrir.
Tras un encuentro con el abogado de los demandantes el 9 de octubre de 2006, el Director General de la Dirección General de
Personal respondió fundamentalmente, mediante escrito de 26 de octubre siguiente, que resultaba imposible contratar a los
agentes auxiliares de sesión como agentes contractuales, con arreglo a los artículos 3
bis
o 3
ter
del ROA, y que la contratación de trabajadores temporales para asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Parlamento
en Estrasburgo (Francia) era lícita, tanto desde el punto de vista del ROA como desde el punto de vista del Derecho francés.
Mediante escrito de 19 de diciembre de 2006, los demandantes interpusieron una pretendida reclamación contra la decisión de
26 de octubre de 2006 desestimatoria de su solicitud de 18 de septiembre de 2006, solicitando a la ACCC que revocase dicha
decisión y, en consecuencia, considerase el conjunto de los contratos de duración determinada celebrados entre los demandantes
y el Parlamento un sólo contrato por tiempo indefinido, cuyos efectos se prolongaban más allá del 1 de enero de 2007, que
reincorporase a la totalidad de estos agentes mediante un contrato por tiempo indefinido y que concediese a cada uno de los
agentes demandantes, por el período total de tiempo trabajado desde el inicio de su actividad, una indemnización representativa
del derecho a vacaciones retribuidas que devengaron mediante su trabajo.
El 20 de abril de 2007, el Director General de la Dirección General de Personal contestó, tras haber recalificado el escrito
de 19 de diciembre de 2006 como una «petición», en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, que no podía darle
una respuesta favorable.
El 21 de junio de 2007, los demandantes presentaron una reclamación contra la decisión desestimatoria de 20 de abril de 2007.
Mediante decisión de 25 de octubre de 2007, la ACCC desestimó esta última reclamación.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 29 de noviembre de 2007, el Parlamento
propuso una excepción de inadmisibilidad del recurso, en aplicación, según él, del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento
del Tribunal de Primera Instancia, aplicable
mutatis mutandis
al Tribunal de la Función Pública, en virtud del artículo 3, apartado 4, de la Decisión 2004/752/CE, Euratom del Consejo,
de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (DO L 333, p. 7), hasta
la entrada en vigor del Reglamento de Procedimiento de éste.
Mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública por fax el 21 de enero de 2008 (el original
fue presentado el 24 de enero de 2008), los demandantes formularon observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad.
Mediante auto de 13 de marzo de 2008, el Tribunal de la Función Pública ordenó que la excepción de inadmisibilidad propuesta
por el Parlamento se uniese al examen del fondo, conforme a lo dispuesto en el artículo 78, apartado 3, párrafo tercero, del
Reglamento de Procedimiento, aplicable desde el 1 de noviembre de 2007, es decir, desde antes de la presentación de la citada
excepción de inadmisibilidad.
Los demandantes solicitan al Tribunal de la Función Pública que:
–        Anule la decisión desestimatoria de 20 de abril de 2007 adoptada por el Parlamento en respuesta a su reclamación de 19 de
diciembre de 2006.
Y, en consecuencia:
–        recalifique el conjunto de los contratos de duración determinada celebrados entre ellos y el Parlamento como un solo contrato
por tiempo indefinido;
–        declare la obligación del Parlamento de reincorporar a la totalidad de estos agentes mediante un contrato por tiempo indefinido;
–        declare que los agentes del Parlamento denominados auxiliares de sesión tienen derecho, por el período total de tiempo trabajado
desde el inicio de su actividad, a una indemnización representativa del derecho a vacaciones retribuidas que adquirieron mediante
su trabajo.
–        Condene al Parlamento a pagar a cada uno de ellos la cantidad de 2.000 euros en concepto de costas no recuperables.
–        Condene en costas al Parlamento.
El Parlamento solicita al Tribunal de la Función Pública que:
–        Declare manifiestamente inadmisible el supuesto recurso por omisión.
–        Declare infundado el recurso de anulación.
–        Declare inadmisible la pretensión de los demandantes de que se recalifiquen el conjunto de los contratos de duración determinada
celebrados entre ellos y el Parlamento como un sólo contrato por tiempo indefinido.
–        Declare inadmisible la pretensión de que se reincorpore a la totalidad de dichos agentes mediante un contrato por tiempo indefinido.
–        Desestime por infundada la pretensión de los demandantes de que se les conceda una indemnización representativa del derecho
a vacaciones retribuidas.
–        Declare inadmisible la pretensión de que se pague a cada uno de los demandantes la cantidad de 2.000 euros en concepto de
«costas no recuperables».
–        Resuelva sobre las costas con arreglo a Derecho.
Mediante demanda recibida por fax en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 21 de enero de 2008 (el original
se presentó el 28 de enero siguiente), los demandantes solicitan, entre otras pretensiones, la anulación de la decisión de
25 de octubre de 2007 por la que se desestima su reclamación de 27 de junio de 2007 (asunto registrado con la referencia F‑10/08).
Durante la vista, el Tribunal de la Función Pública requirió a los demandantes para que aportasen el último de sus contratos
de agente auxiliar celebrado con el Parlamento con anterioridad a la presentación de su pretendida reclamación de 19 de diciembre
de 2006. Los demandantes cumplimentaron dicho requerimiento mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal de la
Función Pública por fax el 26 de noviembre de 2008 (el original se presentó el 1 de diciembre de 2008). El Parlamento presentó
observaciones sobre dicho escrito el 12 de diciembre de 2008, fecha en que concluyó la fase oral del procedimiento y el presente
asunto quedó visto para sentencia.

Sobre la admisibilidad del recurso
1.
Alegaciones de las partes
El Parlamento estima que el recurso es manifiestamente inadmisible.
Según el Parlamento, en efecto, el primer escrito del abogado de los demandantes, de 18 de septiembre de 2006, únicamente
constituye un conjunto de reflexiones relativas, en otras cuestiones, a la legalidad del artículo 78 del ROA, a la situación
jurídica de los agentes auxiliares de sesión y a la solución a que llegó el Parlamento, consistente en recurrir, a partir
del 1 de enero de 2007, a trabajadores temporales.
Dicha institución señala que el citado escrito no contenía ninguna petición concreta y formal formulada a la ACCC para que
adoptase una decisión con respecto a los demandantes, y que concluía proponiendo un encuentro con el Director General de la
DG de Personal para debatir el asunto. Añade que tal encuentro tuvo lugar el 9 de octubre de 2006.
Según el Parlamento, la respuesta del Director General de la DG de Personal, de 26 de octubre de 2006, carecía por completo
de carácter decisorio y únicamente tenía por objeto resumir la postura del Parlamento sobre los principales puntos abordados
en dicho encuentro.
En cambio, según dicha institución, el escrito de los demandantes de 19 de diciembre de 2006 incluía solicitudes concretas
y debe calificarse como petición en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto y no como reclamación, puesto que,
en dicha fecha, el Parlamento no había adoptado ninguna decisión lesiva para los demandantes.
El Parlamento observa, en consecuencia, que los demandantes pudieron válidamente presentar, el 21 de junio de 2007, una reclamación
contra la decisión de la ACCC de 20 de abril de 2007 por la que se denegaba la citada petición. Dicha reclamación fue desestimada
mediante decisión de la ACCC de 25 de octubre de 2007.
En tales circunstancias, según el Parlamento, debe considerarse que el recurso, interpuesto el 29 de junio de 2007, es prematuro,
puesto que en dicha fecha el procedimiento administrativo previo no había concluido, y, por lo tanto, resulta inadmisible.
Seguidamente, el Parlamento niega la admisibilidad de las pretensiones de la demanda, consistentes, por una parte, en que
se recalifique el conjunto de los contratos de duración determinada celebrados entre los demandantes y el Parlamento como
contratos únicos por tiempo indefinido y, por otra parte, en que el Tribunal de la Función Pública declare la obligación del
Parlamento de reincorporar a la totalidad de los agentes interesados mediante contratos por tiempo indefinido.
Según el Parlamento, únicamente la ACCC tiene derecho a contratar a un agente temporal o auxiliar. Además –señala– en el marco
de la competencia de anulación que le confiere el artículo 230 CE, el juez comunitario no está habilitado para dirigir órdenes
conminatorias a las instituciones. El Parlamento añade que el artículo 233 CE establece un reparto de competencias entre la
autoridad judicial y la autoridad administrativa en virtud del cual corresponde a la institución de la que emana el acto anulado
determinar cuáles son las medidas necesarias para ejecutar una sentencia de anulación, ejerciendo, bajo el control del juez
comunitario, la facultad de apreciación de que dispone a estos efectos de forma que se respeten tanto el fallo y los fundamentos
de la sentencia que debe ejecutar como las disposiciones del Derecho comunitario.
Por último, en la vista, el Parlamento consideró que el recurso era asimismo inadmisible debido a que los contratos de agente
temporal de duración determinada celebrados entre los demandantes y el Parlamento no fueron nunca impugnados dentro de los
plazos establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto.
Los demandantes estiman, por el contrario, que el escrito de 18 de septiembre de 2006 constituye una petición en el sentido
del artículo 90, apartado 1, del Estatuto. No obstante, declaran haber interpuesto un nuevo recurso dirigido contra la decisión
de 25 de octubre de 2007 para el caso de que el escrito de 18 de septiembre de 2006 se calificase como petición.
2.
Apreciación del Tribunal de la Función Pública
Es preciso recordar, en primer lugar, que según jurisprudencia reiterada, la calificación de un escrito o de una nota de petición
en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto depende exclusivamente de la apreciación del Tribunal de Primera Instancia
y no de la voluntad de las partes (autos del Tribunal de Primera Instancia de 15 de julio de 1993, Hogan/Parlamento, T‑115/92,
Rec. p. II‑895, apartado 36, y de 20 de agosto de 1998, Collins/Comité de las Regiones, T‑132/97, RecFP pp. I‑A‑469 y II‑1379,
apartados 12 a 16).
En el caso de autos, resulta claro que los demandantes solicitaron, mediante escrito de 18 de septiembre de 2006, que el conjunto
de los contratos de agente auxiliar de sesión de cada uno de ellos se recalificase como un contrato de agente contractual
por tiempo indefinido, con dedicación parcial, con arreglo a los artículos 3
bis
o 3
ter
del ROA, pagándoseles una indemnización compensatoria de las vacaciones retribuidas correspondientes a los períodos de tiempo
trabajados, y que se pusiese fin a toda relación contractual con la empresa de trabajo temporal a la que, según ellos, el
Parlamento tenía intención de recurrir. Dicho escrito debe calificarse como petición en el sentido del artículo 90, apartado
1, del Estatuto.
La circunstancia de que dicha petición incluyese una invitación a «debatir» el asunto con el «Director de Recursos Humanos»
del Parlamento no puede desvirtuar su calificación jurídica.
En tales circunstancias, procede calificar el escrito de 19 de diciembre de 2006 como una reclamación dirigida contra la decisión
de 26 de octubre de 2006 por la que se denegaba la petición de 18 de septiembre de 2006, reclamación que fue objeto de una
decisión desestimatoria de la AFPN de 20 de abril de 2007.
En segundo lugar, es preciso examinar si, al presentar así una petición, en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto,
los demandantes aplicaron correctamente el procedimiento administrativo previo tal como está regulado en los artículos 90
y 91 del Estatuto, a los que se remite el artículo 46 del ROA.
A este respecto, es jurisprudencia reiterada que, frente a una decisión adoptada por la AFPN y constitutiva de un acto lesivo
para un funcionario, éste, cuando pretenda solicitar la anulación, la modificación o la revocación de dicho acto, no debe
presentar una petición en el sentido del artículo 90, apartado 1, sino utilizar el procedimiento de la reclamación, previsto
en el artículo 90, apartado 2 (véanse, en este sentido, los autos del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 1991,
Weyrich/Comisión, T‑14/91, Rec. p. II‑235, apartados 32 y 34, y de 1 de abril de 2003, Mascetti/Comisión, T‑11/01, RecFP pp. I‑A‑117
y II‑579, apartado 33; sentencia del Tribunal de la Función Pública de 28 de junio de 2006, Le Maire/Comisión, F‑27/05, RecFP
pp. I‑A‑1‑47 y II‑A‑1‑159, apartado 36).
En el caso de autos, como se desprende del apartado 36 de la presente sentencia, mediante su petición de 18 de septiembre
de 2006, los demandantes pretendían obtener de la administración, por una parte, la transformación de sus contratos sucesivos
de agente auxiliar de sesiones en contratos únicos de agente contractual por tiempo indefinido, con arreglo a los artículos
bis
o 3
ter
del ROA, y, por otra parte, el pago de una indemnización por el perjuicio sufrido al no habérseles concedido permisos retribuidos
por los períodos anteriormente trabajados.
Por lo que respecta a la primera parte, el Parlamento alegó en la vista, en lo sustancial, que incumbía a los demandantes
utilizar, dentro de plazo, el procedimiento de reclamación previsto en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto, cuando menos
contra el último de sus contratos de agente auxiliar de sesión por no haberse celebrado por tiempo indefinido.
Es cierto que el contrato despliega normalmente sus efectos a partir de su firma. Por lo tanto, procede iniciar a partir de
la fecha de la firma el cómputo del plazo para presentar una reclamación en tiempo útil de conformidad con el artículo 90,
apartado 2, del Estatuto (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 2002, Martínez Páramo y otros/Comisión
T‑137/99 y T‑18/00, RecFP pp. I‑A‑119 y II‑639, apartado 56). Así pues, en el caso de autos, habría podido concebirse que
los demandantes presentasen formalmente una reclamación contra uno de sus últimos contratos de agente auxiliar de sesión por
no haberse celebrado por tiempo indefinido ni basarse en los artículos 3
bis
o 3
ter
del ROA.
No obstante, habida cuenta de la naturaleza de las imputaciones formuladas por los demandantes y de los argumentos que invocan
en apoyo de las mismas, así como de la duración total de su actividad en el Parlamento en calidad de agente auxiliar de sesiones,
resultaba igualmente admisible para ellos, a la vista del sistema de recursos tal como se configura en los artículos 90 y
91 del Estatuto, instar en un primer momento al Parlamento, formulando una petición con arreglo al artículo 90, apartado 1,
del Estatuto, a ejercer su facultad discrecional con pleno conocimiento de las imputaciones y de los argumentos expuestos
y a adoptar formalmente una decisión sobre la posibilidad de calificar la totalidad de los contratos controvertidos como contratos
por tiempo indefinido, decisión que podría luego ser impugnada por vía de reclamación, y, en su caso, posteriormente, por
vía de recurso.
En cualquier caso, si hubiere de admitirse, en este punto, la tesis del Parlamento, procede observar que la reclamación presentada
el 19 de diciembre de 2006 por los demandantes puede muy bien interpretarse, a la vista de su objeto y contenido, en el sentido
de que va dirigida contra los últimos contratos de agente auxiliar de sesión celebrados, en el transcurso de los tres meses
anteriores, entre el Parlamento y los demandantes, de los que los demandantes presentaron copia, a requerimiento del Tribunal
de la Función Pública. La circunstancia de que tales contratos se presentasen en el momento final de la fase oral del procedimiento
–sin que, por lo demás, la parte demandada formulase objeciones al respecto– no puede determinar la inadmisibilidad formal
de la demanda.
Por lo que respecta a la segunda parte de la petición de 18 de septiembre de 2006, puesto que las pretensiones indemnizatorias
de los demandantes tienen su origen en la conducta supuestamente ilícita del Parlamento, por cuanto, según ellos, dicha institución,
al celebrar contratos de agente auxiliar de sesión de muy corta duración, les privó por completo del derecho a vacaciones
retribuidas durante largos años, incumbía a los demandantes instar a la ACCC, mediante la presentación de una petición con
arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto, a reparar el perjuicio alegado, y proseguir, en su caso, el procedimiento
mediante una reclamación dirigida contra la decisión denegatoria de la petición. Pues bien, esto es precisamente lo que ocurrió
en el caso de autos, como se desprende de los apartados 41 y 44 de la presente sentencia.
Por lo tanto, procede considerar que el presente recurso va dirigido contra la decisión de 26 de octubre de 2006 por la que
se deniega la petición de 18 de septiembre de 2006 (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), tanto en lo que respecta a la solicitud
de que se recalificasen los sucesivos contratos de agente auxiliar de sesión de duración determinada de cada uno de los demandantes
como un contrato de agente contractual por tiempo indefinido, con arreglo a los artículos 3
bis
o 3
ter
del ROA, como en lo que respecta a la solicitud de indemnización.
En tercer y último lugar, es preciso pronunciarse sobre el alcance o la admisibilidad de determinadas pretensiones del recurso.
Los demandantes solicitan al Tribunal de la Función Pública, en particular, que:
«–      Anule la decisión desestimatoria expresa de 20 de abril de 2007 dictada por el Parlamento en respuesta a su reclamación de
19 de diciembre de 2006.
Y en consecuencia:
–        recalifique el conjunto de los contratos de duración determinada celebrados entre ellos y el Parlamento como un solo contrato
por tiempo indefinido;
–        declare la obligación del Parlamento de reincorporar a la totalidad de estos agentes mediante un contrato por tiempo indefinido;
–        declare que los agentes del Parlamento denominados auxiliares de sesión tienen derecho, por el período total de tiempo trabajado
desde el inicio de su actividad, a una indemnización representativa del derecho a vacaciones retribuidas que adquirieron mediante
su trabajo.»
Mediante la primera de las anteriores pretensiones, los demandantes solicitan la anulación de la decisión de 20 de abril de
2007 por la que se desestimó su reclamación. A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, la reclamación
administrativa y su desestimación, expresa o presunta, por la administración forman parte de un procedimiento complejo. En
tales circunstancias, el recurso ante el Tribunal de la Función Pública, aunque formalmente dirigido contra la desestimación
de la reclamación, da lugar a que se someta al Tribunal de la Función Pública el acto lesivo contra el que se presentó la
reclamación (sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de enero de 1989, Vainker/Parlamento, 293/87, Rec. p. 23, apartado
8, y de 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión, C‑343/87, Rec. p. I‑225, apartado 7; sentencias del Tribunal de Primera Instancia
de 16 de octubre de 1996, Capitanio/Comisión, T‑36/94, RecFP pp. I‑A‑449 y II‑1279, apartado 33, y de 7 de junio de 2005,
Cavallaro/Comisión, T‑375/02, RecFP pp. I‑A‑151 y II‑673, apartado 59). En el caso de autos, el recurso debe considerarse
dirigido, por lo tanto, contra la decisión de 26 de octubre de 2006 por la que se deniega la petición de los demandantes de
18 de septiembre de 2006.
Mediante la segunda y la tercera pretensiones anteriores, los demandantes solicitan en realidad al Tribunal de la Función
Pública que dirija órdenes conminatorias a la institución de que se trata o que declare una situación jurídica.
Pues bien, en el marco de un recurso interpuesto al amparo del artículo 91 del Estatuto, el juez comunitario no puede, sin
invadir las prerrogativas de la autoridad administrativa, hacer declaraciones o constataciones de principio ni dirigir órdenes
conminatorias a las instituciones comunitarias (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia
de 27 de junio de 1991, Valverde Mordt/Tribunal de Justicia, T‑156/89, Rec. p. II‑407, apartado 150, y de 8 de junio de 1995,
P/Comisión, T‑583/93, RecFP pp. I‑A‑137 y II‑433, apartados 17 y 18; auto del Tribunal de Primera Instancia de 16 de mayo
de 2006, Voigt/Comisión F‑55/05, RecFP pp. I‑A‑1‑15 y II‑A‑1‑51, apartado 25).
Por lo tanto, la segunda y tercera pretensiones anteriormente mencionadas deben declararse inadmisibles.
Por último, en cuanto a la cuarta pretensión, procede declarar que no hace sino reiterar el contenido de la segunda parte
de la petición de 18 de septiembre de 2006, a que se ha hecho referencia en los apartados 36 y 46 de la presente sentencia,
tal como la denegó la decisión de 28 de octubre de 2006 contra la que va dirigido el presente recurso. Así pues, la cuarta
pretensión se confunde con la primera, tal como ha sido precisada anteriormente.

Sobre la pretensión de anulación
1.
Alegaciones de las partes
La argumentación expuesta por los demandantes en apoyo de su recurso de anulación debe entenderse en el sentido de que se
basa en una excepción de ilegalidad contra el artículo 78 del ROA.
Los demandantes estiman que, al sujetar a los agentes auxiliares de sesión a las condiciones de contratación y de retribución
previstas en un acuerdo celebrado entre el Parlamento, el Consejo de Europa y la Asamblea de la Unión Europea Occidental (UEO;
en lo sucesivo, «acuerdo»), el artículo 78 del ROA produjo el efecto de excluir a esta categoría de agentes del ámbito de
aplicación de la normativa comunitaria aplicable a los funcionarios y a los agentes contractuales y auxiliares, e incluso
de sustraerlos a cualquier fuente de Derecho, ya fuese ésta estatal o comunitaria.
Resulta de ello, según los demandantes, que, durante años, los agentes auxiliares de sesión trabajaron en una situación de
vacío jurídico.
Pues bien –señalan–, incumbía al Consejo de la Unión Europea, con arreglo al artículo 283 CE, someter a estos agentes a un
estatuto, aunque adaptado a las condiciones específicas de sus funciones, en lugar de excluirlos de todo estatuto, como se
deriva de la aplicación del artículo 78 del ROA.
Los demandantes añaden que hacer depender el destino de unos 300 agentes de la sola voluntad de tres empleadores, aunque sean
públicos, es una aberración jurídica, puesto que el acuerdo entre el Parlamento, el Consejo y la Asamblea de la UEO no es
fuente de Derecho. Según ellos, dicho acuerdo únicamente es una fuente de Derecho contractual en cuanto a las relaciones de
esas tres instituciones entre sí, pero no en lo que respecta a las relaciones que éstas mantienen con sus agentes. Así pues,
según los demandantes, el acuerdo no tiene valor reglamentario, ni estatutario, ni contractual.
Por consiguiente, señalan, habría que excluir las disposiciones del artículo 78 del ROA y, a falta de normativa nacional aplicable,
aplicar los principios fundacionales de la Unión Europea.
Los demandantes invocan a este respecto, en primer lugar, la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961,
que garantiza condiciones de trabajo equitativas en materia de remuneración y de duración de la jornada laboral y que prohíbe
toda discriminación.
A este respecto, afirman que la única diferencia objetiva que puede establecerse entre los agentes auxiliares de sesión y
otras categorías de agentes contratados por tiempo indefinido es la que se deriva del particular modo de funcionamiento de
las sesiones plenarias del Parlamento en Estrasburgo. Así, señalan, el Parlamento tiene derecho a contratar a los agentes
auxiliares de sesión únicamente cinco días al mes, debido al carácter específico de sus funciones. Pero no puede, sin embargo,
colocarlos bajo un estatuto precario y someterlos a la sola voluntad, aunque sea conjunta, de los tres empleadores públicos.
Los demandantes sostienen que, por lo tanto, el Parlamento estableció una discriminación entre agentes que realizan el mismo
tipo de funciones, pese a que dicha discriminación no tenía ninguna justificación objetiva y a que el artículo 283 CE no permite
excluir a una categoría de agentes del derecho a tener un estatuto.
Los demandantes añaden que los agentes auxiliares de sesión son contratados para ocupar puestos de trabajo permanentes con
arreglo a un ciclo particular de trabajo y no para ocupar puestos de trabajo precarios.
En segundo lugar, los demandantes invocan el Convenio nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo
a la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado el 25 de junio de 1958, y el Convenio nº 158 de la OIT sobre
la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, adoptado el 22 de junio de 1982, en particular el artículo
4 de este último Convenio, a cuyo tenor «no se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista
para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de
la empresa, establecimiento o servicio».
Pues bien, según los demandantes, en el caso de autos, el Parlamento, gracias al sistema que instauró para con los agentes
auxiliares de sesión, está, cuando menos potencialmente, en condiciones de deshacerse de estos agentes al término de cada
contrato de cinco días sin que los interesados tengan derecho a un recurso efectivo ante un órgano jurisdiccional. Además,
afirman, la externalización de sus funciones en beneficio de una agencia de trabajo temporal, en la medida en que implica
una ruptura del contrato de trabajo con el Parlamento, constituye efectivamente un despido sin alegar causa alguna.
En tercer lugar, los demandantes invocan el Acuerdo-marco, del que se desprende, en el párrafo segundo de su preámbulo, que
los contratos de duración indefinida son la forma más común de relación laboral entre empresarios y trabajadores. Los demandantes
subrayan que únicamente el trabajo de duración indefinida ofrece al trabajador una verdadera situación de Derecho, una estabilidad
en el empleo y la garantía de sus derechos fundamentales.
Por último, los demandantes estiman que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de julio de 1998, Gebhard/Parlamento
(T‑109/96, Rec. p. II‑2785) es anterior a la Directiva 1999/70 y no tiene por objeto el régimen jurídico de los agentes auxiliares
de sesión. Además, contrariamente a lo que se desprende del apartado 41 de dicha sentencia, los puestos de trabajo de agentes
auxiliares de sesión no responden a necesidades puntuales.
El Parlamento observa que, mediante su recurso, los demandantes pretenden hacer valer que el legislador comunitario incumplió
su obligación, establecida en el artículo 283 CE, de crear un estatuto propio para los agentes auxiliares de sesión. Así pues,
el recurso debería interpretarse como un recurso por omisión. Pues bien, según el Parlamento, dicho recurso debe declararse
inadmisible por los motivos que se exponen a continuación.
En primer lugar, dicha institución alega que el recurso debería, cuando menos, ir dirigido contra el Consejo, que, según el
artículo 283 CE, es el legislador en la materia de que se trata.
En segundo lugar, el Parlamento señala que, según jurisprudencia reiterada, la interposición de un recurso por omisión únicamente
es posible si la omisión de la institución de que se trate subsiste después de haber sido requerida para que actúe, y, por
lo tanto, si la institución guarda silencio o formula una respuesta de espera, quedando excluido el recurso por omisión cuando
la institución adopta una postura diferente de la que se le solicitaba, en cuyo caso el interesado dispondría de la vía del
recurso de anulación.
Pues bien, en el caso de autos, según el Parlamento, puesto que tras el envío del escrito de 19 de diciembre de 2006 y la
presentación de la reclamación de 21 de junio de 2007, no guardó silencio ni dio una respuesta de espera, el único recurso
que los demandantes podían legítimamente interponer era el recurso de anulación.
En tercer lugar, el Parlamento alega que, con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, el recurso por omisión únicamente
es admisible si el demandante es destinatario del acto. Por lo tanto, como se desprende de una reiterada jurisprudencia, habría
que declarar la inadmisibilidad de un recurso por omisión dirigido a obtener una disposición de carácter general y normativo
y no un acto que afecte directa e individualmente al demandante.
Pues bien, en el caso de autos, el recurso tiene por objeto que se adopte un nuevo régimen aplicable a todos los agentes auxiliares
de sesión.
En cuarto lugar, el Parlamento duda de la posibilidad de interponer un recurso por omisión ante el Tribunal de la Función
Pública. Afirma que, según el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Decisión 88/591/CECA, CEE, Euratom, del Consejo, de
24 de octubre de 1988, por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (DO L 319, p. 1), el
Tribunal de Primera Instancia es competente para conocer de los recursos por omisión interpuestos contra una institución por
personas físicas o jurídicas. Pues bien, según él, este reparto de competencias no parece haberse modificado con motivo de
la creación del Tribunal de la Función Pública.
Con carácter subsidiario, en la hipótesis de que el Tribunal de la Función Pública declarase la admisibilidad del recurso
por omisión, el Parlamento estima que no ha habido omisión alguna por parte del legislador y que, por consiguiente, el recurso
debe desestimarse por infundado. Según dicha institución, en efecto, el artículo 283 CE fue ejecutado mediante la adopción
por el Consejo del ROA, que contiene un artículo 78 específicamente referente a la situación de los agentes auxiliares de
sesión.
Según el Parlamento, la alegación de los demandantes de que a los auxiliares de sesión se les colocó en una situación de vacío
jurídico queda desmentida por la realidad. Tales agentes forman parte de la categoría de los agentes auxiliares regulada por
el título III del ROA y, salvo disposiciones excepcionales relativas a su contratación y su retribución, gozaban de todos
los derechos y estaban sujetos a todas las obligaciones de los agentes auxiliares: así, tenían derecho a la cobertura de seguridad
social, pagaban impuestos y, si lo deseaban, podían, al igual que los demás agentes auxiliares, inscribirse en el seguro de
desempleo.
Por otra parte, en cuanto a la excepción de ilegalidad propuesta por los demandantes y basada en la incompatibilidad del artículo
78 del ROA con determinados instrumentos internacionales, el Parlamento duda de la admisibilidad de dicha excepción al no
existir un vínculo jurídico entre las decisiones individuales impugnadas y el acto general cuya ilegalidad se invoca. Señala,
en efecto, que las decisiones individuales que son objeto del recurso están constituidas por la negativa de la ACCC, de 20
de abril de 2007, a recalificar los contratos de los demandantes. Ahora bien, en ese momento, no existía ya vínculo alguno
entre esa decisión de la administración y el artículo 78 del ROA, que no es aplicable desde el 1 de enero de 2007.
Además, el Parlamento sostiene que el ROA, como reglamento adoptado por el legislador comunitario, se impone a todos los sujetos
de Derecho, entre ellos, a las instituciones. Por lo tanto, afirma que se vio obligado a aplicar las disposiciones del ROA
al contratar a los agentes auxiliares de sesión, recordando que, según la jurisprudencia, los actos comunitarios gozan de
una presunción de validez hasta que son anulados por un órgano jurisdiccional comunitario o hasta el momento en que dicho
órgano declara su ilegalidad.
En cualquier caso, el Parlamento observa que el respeto de la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961,
está sometido al control del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa y que los convenios de la OIT, que
pertenecen al ámbito del Derecho internacional general, no son fuente de Derecho comunitario, puesto que dichos convenios
no se han celebrado en el ámbito comunitario. Dado que la Comunidad no se encuentra vinculada por ellos, los demandantes no
tienen derecho a invocar la incompatibilidad del artículo 78 del ROA con sus disposiciones. Además, al no pertenecer los Convenios
invocados al ordenamiento jurídico comunitario, no pueden conferir derechos a los demandantes en sus relaciones con el Parlamento.
Por último, el Parlamento se ampara en la sentencia Gebhard/Parlamento, antes citada, de la que se desprende que «el artículo
78 del ROA pretende así permitir a la institución parlamentaria de las Comunidades Europeas proveer a las necesidades transitorias
y masivas de recursos humanos interinos que exige el desarrollo en debida forma de las sesiones de sus distintos órganos deliberantes»
(apartado 41). El Parlamento subraya que, en dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que no parecía «que
el Parlamento [hubiese] sobrepasado los límites de la excepción que le permite hacer el Consejo en el artículo 78 del ROA
al establecer, en virtud de esta disposición, la Reglamentación interna aplicable a los intérpretes de sesión» (apartado 43).
Según el Parlamento, tal conclusión es asimismo aplicable a la normativa relativa a los auxiliares de sesión en general, en
la medida en que la excepción prevista en el artículo 78 del ROA incluye a todos los agentes auxiliares contratados por el
Parlamento por el tiempo que duran los períodos de sesiones.
El Parlamento añade que la sentencia Gebhard/Parlamento, antes citada, ha sido confirmada por una jurisprudencia posterior
a la Directiva 1999/70 (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de junio de 2004, Álvarez Moreno/Parlamento, T‑275/01,
RecFP pp. I‑A‑171 y II‑765, y Garroni/Parlamento, T‑276/01, RecFP pp. I‑A‑177 y II‑795; sentencia del Tribunal de la Función
Pública de 14 de diciembre de 2006, André/Comisión, F‑10/06, RecFP pp. I‑A‑1‑183 y II‑A‑1‑755).
2.
Apreciación del Tribunal de la Función Pública
En apoyo de su recurso de anulación contra la decisión impugnada, por no haberse recalificado los contratos controvertidos
en contratos por tiempo indefinido, a tiempo parcial, ni haberse basado en los artículos 3
bis
o 3
ter
del ROA, los demandantes proponen una excepción de ilegalidad contra el artículo 78 del ROA.
Procede recordar, con carácter preliminar, que el artículo 78 del ROA autoriza una excepción al régimen de los agentes auxiliares,
tal como está regulado en el título III del ROA, permitiendo al Parlamento limitar a la duración de sus períodos de sesiones
el tiempo de contratación de los agentes auxiliares necesarios para la organización de éstas. En efecto, como observó el Tribunal
de Justicia en su sentencia de 11 de julio de 1985, Maag/Comisión (43/84, Rec. p. 2581, apartado 19), a propósito de los intérpretes
«free lance» contratados por la Comisión, el régimen de los agentes auxiliares no puede, en principio, aplicarse a contratos
de corta duración, pero que se repiten con frecuencia año tras año. Lo mismo habría podido decirse, de no existir la excepción
contenida en el artículo 78 del ROA, respecto a la contratación de personas únicamente por el tiempo de duración de las sesiones
del Parlamento.
Como subrayó asimismo el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia Gebhard/Parlamento, antes citada (apartados 40 y 41),
el artículo 78 del ROA pretende permitir al Parlamento proveer a las necesidades transitorias y masivas de recursos humanos
interinos que exige el desarrollo en debida forma de las sesiones de sus distintos órganos deliberantes. A tal efecto, la
disposición controvertida remite a las condiciones de contratación previamente pactadas, con respecto al personal interino
auxiliar necesario para las actividades parlamentarias, entre tres instituciones u organizaciones europeas específicamente
interesadas. El artículo 78, párrafo segundo, del ROA precisa que las disposiciones del acuerdo así como cualquier modificación
posterior serán puestas en conocimiento de las autoridades presupuestarias competentes un mes antes de su aplicación.

Sobre la admisibilidad de la excepción de ilegalidad
A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, para que una excepción de ilegalidad sea admisible, debe existir
una conexión suficientemente estrecha entre el acto individual que es objeto del litigio y la disposición contra la que se
propone la excepción, de suerte que la inaplicabilidad de una tendrá necesariamente una incidencia sobre la legalidad del
otro (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1966, Italia/Consejo y Comisión,
32/65, Rec. pp. 563 y ss., especialmente p. 594, y de 5 de octubre de 2000 Consejo/Chvatal y otros, C‑432/98 P y C‑433/98 P,
Rec. p. I‑8535, apartado 33).
En el caso de autos, al estar dirigido el recurso contra la denegación de la petición de los demandantes de 18 de septiembre
de 2006, consistente en que sus contratos sucesivos de agente auxiliar de sesión de duración determinada se recalificasen
como un contrato único de agente contractual por tiempo indefinido y a tiempo parcial, con arreglo a los artículos 3
bis
o 3
ter
del ROA, debe observarse que la decisión impugnada se presenta como una decisión adoptada sobre la base del artículo 78 del
ROA, de suerte que la ilegalidad de dicho artículo, suponiendo que se demostrase por cualquier motivo, debería necesariamente
tener una incidencia sobre la denegación de la petición de los demandantes.
No obstante, en la hipótesis de que el artículo 78 del ROA fuese ilegal y hubiere de declararse inaplicable en el caso de
autos, la excepción de ilegalidad propuesta por los demandantes no podría conducir a la anulación de la decisión impugnada
si se pusiese de manifiesto que el ROA no contiene ninguna disposición específica que pudiese constituir una base jurídica
adecuada para atender la petición de los demandantes de obtener un contrato de duración indefinida y a tiempo parcial. En
el caso de autos, los demandantes basaron su petición a ese respecto en los artículos 3
bis
o 3
ter
del ROA. Por lo tanto, aunque esta cuestión se refiere más al carácter operante y, por ende, al fundamento de la excepción
de ilegalidad propuesta por los demandantes que a su admisibilidad, resulta útil, ya en la fase del examen de ésta, analizar
si los artículos 3
bis
y 3
ter
pueden,
a priori,
constituir el fundamento jurídico adecuado a que antes se ha hecho referencia, con el fin de delimitar el verdadero interés
del presente litigio.
Según el ROA, únicamente un contrato de agente temporal, en el sentido del artículo 2, letras a) o c), o de agente contractual,
en el sentido del artículo 3
bis,
puede celebrarse por tiempo indefinido con arreglo a las condiciones establecidas en los artículos 8 y 85 del ROA, respectivamente.
Ahora bien, los demandantes no pueden obviamente aspirar a un contrato de los previstos en el artículo 2, letra c), del ROA,
que se refiere a la contratación de un agente temporal que ejerza funciones al servicio de una persona que desempeñe un mandato
previsto en los Tratados. Tampoco pueden, dada la naturaleza de sus prestaciones, que responden a necesidades discontinuas
y de muy corta duración que se repiten cada mes, reivindicar la condición de agente temporal según lo previsto en el artículo
2, letra a), del ROA, que ocupa, al servicio de la administración comunitaria, un puesto de trabajo permanente «comprendido
en la relación anexa a la sección del presupuesto correspondiente a cada institución», y, como subrayó el Tribunal de Justicia
en su sentencia Maag/Comisión (antes citada, apartado 17), inconciliable con las tareas de un personal interino.
El artículo 3
bis
del ROA, que permite asimismo la celebración de contratos de duración indefinida y a tiempo parcial, tiene por objeto, en
cambio, la contratación de un agente no destinado a un puesto de trabajo «de los previstos en el cuadro de efectivos anejo
a la sección del presupuesto referida a la institución de que se trate», para, en particular, «efectuar tareas manuales o
de apoyo administrativo». No puede excluirse
a priori,
en el supuesto de que hubiese de descartarse la aplicación del artículo 78 del ROA debido a su ilegalidad, que el recurso
al artículo 3
bis
del ROA pueda dar respuesta a la petición de las demandantes de que se les conceda un contrato de duración indefinida y por
la cuarta parte del tiempo.
El Parlamento alega, no obstante, que en virtud del artículo 1, párrafo tercero, del anexo IV
bis
del Estatuto, al que remite el artículo 55
bis,
apartado 4, del Estatuto, aplicable por analogía a los agentes contractuales (como, por lo demás, a los agentes temporales),
conforme a lo dispuesto en el artículo 91 en relación con el artículo 16 del ROA, el trabajo a tiempo parcial de un agente
contractual no puede tener una duración inferior a la mitad del tiempo de trabajo normal. Por lo tanto, según el Parlamento,
dicha disposición excluye, en cualquier caso, la posibilidad de que celebre contratos de agente contractual por la cuarta
parte del tiempo con el personal destinado únicamente a las actividades de los períodos de sesiones.
Esta interpretación del artículo 1, párrafo tercero, del anexo IV del Estatuto no puede admitirse. En efecto, el artículo
bis
del Estatuto, cuyas reglas de aplicación se definen en dicho anexo, se refiere únicamente al tratamiento de una petición
de un funcionario consistente en que se le autorice a ejercer su actividad a tiempo parcial. No regula las condiciones en
que una institución podría tomar la iniciativa de celebrar un contrato a tiempo parcial en atención a la propia naturaleza
de la actividad cubierta por éste.
Se desprende de todo lo anterior que la excepción de ilegalidad propuesta por los demandantes no sólo tiene por objeto cuestionar
la legalidad del artículo 78 del ROA, sino que también puede tener como consecuencia, debido a la inaplicabilidad de dicho
artículo, que, para dar respuesta a sus necesidades discontinuas y masivas de recursos humanos durante el tiempo de duración
de sus sesiones, el Parlamento se vea llamado a recurrir a otras soluciones de carácter contractual, entre las que no puede
excluirse,
a priori,
la del artículo 3
bis
del ROA.
Ante la existencia de una conexión suficientemente estrecha entre, por una parte, la decisión impugnada y, por otra parte,
el artículo 78 del ROA, contra el que se propone la excepción, procede considerar admisible la impugnación por vía incidental
de la legalidad del artículo 78 del ROA.

Sobre el fundamento de la excepción de ilegalidad
En el marco de su excepción de ilegalidad contra el artículo 78 del ROA, los demandantes reprochan al legislador comunitario
no haber establecido, en favor de los agentes auxiliares de sesión, una normativa específica, adaptada a las especiales condiciones
de sus funciones, y haber renunciado a la adopción de normas estatutarias remitiéndose a un acuerdo de carácter contractual
celebrado entre el Parlamento, el Consejo de Europa y la Asamblea de la UEO. Así, según los demandantes, se les mantuvo en
una situación de vacío jurídico y en una relación laboral precaria, pese a que se les contrataba para atender necesidades
discontinuas, ciertamente, pero permanentes. En este aspecto, el artículo 78 del ROA es, según ellos, ilegal por diversos
motivos:
–        en primer lugar, el legislador comunitario abdicó de esta forma de sus responsabilidades en materia estatutaria, infringiendo
el artículo 283 CE;
–        en segundo lugar, estableció una discriminación entre, por una parte, los agentes que gozan de un régimen reglamentario completo
y estable y, por otra parte, los agentes auxiliares de sesión, en violación de la Carta Social Europea, firmada en Turín el
18 de octubre de 1961, y del Convenio nº 111 de la OIT;
–        en tercer lugar, atentó contra la estabilidad en el empleo a que tenían derecho a aspirar los demandantes, contraviniendo
el Convenio nº 158 de la OIT y la Directiva 1999/70.
Sobre la supuesta infracción del artículo 283 CE
A este respecto, procede observar que a los agentes auxiliares de sesión les es aplicable el título III del ROA relativo a
los agentes auxiliares, al que únicamente se establece una excepción en lo que respecta a sus condiciones de contratación
y de retribución, que están previstas en el Acuerdo. Ello significa que las demás disposiciones del título III, relativas
en particular a las condiciones de trabajo y a la seguridad social siguen siendo aplicables, independientemente de las normas
internas específicas adoptadas por la Mesa o el Secretario General del Parlamento y destinadas a aplicar o complementar las
normas del ROA.
Así pues, hasta el 31 de diciembre de 2006, el personal contratado por el Parlamento para hacer frente a sus necesidades de
recursos humanos durante los períodos de sesiones entraba ciertamente en el ámbito de aplicación de las normas del ROA. Es,
por tanto, inexacto afirmar que el legislador comunitario renunciase a asumir sus responsabilidades legislativas en materia
estatutaria.
La circunstancia de que el legislador, en lo que atañe a las condiciones de contratación y de retribución de los agentes auxiliares
de sesión, se remitiese al Acuerdo, no puede traducir una renuncia por su parte a ejercer la competencia que le confiere el
artículo 283 CE para adoptar el Estatuto y el ROA. Antes bien, precisamente en el ejercicio de dicha competencia, el Consejo,
teniendo en cuenta los intereses y las necesidades comunes de tres organizaciones europeas en cuanto al adecuado desarrollo
de las sesiones de sus órganos deliberantes, estimó que debía alinear las condiciones de contratación y de retribución de
los agentes contratados por el tiempo de duración de las sesiones del Parlamento con las pactadas entre las tres instituciones
u organizaciones de que se trata, sin perjuicio del control presupuestario a que se refiere el artículo 78, párrafo segundo,
del ROA. No obstante, es preciso además, que el propio Acuerdo no infrinja una norma de Derecho comunitario superior, lo que
se examinará a continuación, a la vista de las demás imputaciones formuladas por los demandantes.
Así pues, procede considerar que la imputación basada en la infracción del artículo 283 CE carece de fundamento tanto de hecho
como de Derecho y, en consecuencia, debe desestimarse.
Sobre la supuesta vulneración del principio de no discriminación
Por lo que respecta a la imputación basada en la vulneración del principio de no discriminación, tal como lo garantizan la
Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y el Convenio nº 111 de la OIT, ha de recordarse, sin que
sea preciso pronunciarse sobre la aplicabilidad y el alcance de los dos instrumentos internacionales invocados de esta forma
por los demandantes, que los principios de igualdad de trato y de no discriminación son principios generales del ordenamiento
jurídico comunitario.
Según jurisprudencia reiterada, se produce una violación del principio de igualdad de trato, en particular, cuando a dos categorías
de personas cuyas situaciones de hecho y de Derecho no ofrecen ninguna diferencia esencial se les da un trato distinto sin
que esta diferencia de trato esté objetivamente justificada (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2001, Gevaert/Comisión,
C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, apartado 54; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 1994, La Pietra/Comisión,
T‑100/92, RecFP pp. I‑A‑83 y II‑275, apartado 50 de 16 de abril de 1997, Kuchlenz-Winter/Comisión, T‑66/95, Rec. p. II‑637,
apartado 55, y de 21 de julio de 1998, Mellett/Tribunal de Justicia, T‑66/96 y T‑221/97, RecFP pp. I‑A‑449 y II‑1305, apartado
129; auto del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2007, De Smedt/Comisión, T‑415/06 P, Rec. p. II‑0000, apartado 52).
Pues bien, la situación de los agentes contratados con el fin de atender a necesidades discontinuas y masivas de recursos
humanos interinos, que el Parlamento experimenta únicamente durante sus períodos de sesiones, no es comparable con la de los
agentes contratados para hacer frente a necesidades continuas y cotidianas, que exigen la presencia de un personal compuesto
por funcionarios y, en su caso, por agentes temporales o agentes contractuales en el sentido de los artículos 3
bis
o 3
ter
del ROA.
Ha de añadirse que no pueden cuestionarse las diferencias de régimen jurídico existentes entre las distintas categorías de
personas que trabajan para las Comunidades por el hecho de que algunas de esas categorías puedan disfrutar de ventajas que
no se conceden a otras. En efecto, la definición de cada una de esas categorías de agentes responde a necesidades legítimas
de la Administración comunitaria y a la naturaleza de las tareas que tiene por misión desempeñar (sentencia del Tribunal de
Justicia de 6 de octubre de 1983, Celant y otros/Comisión, 118/82 a 123/82, Rec. p. 2995, apartado 22; auto De Smedt/Comisión,
antes citado, apartado 55).
En particular, al instituir la categoría específica de los agentes auxiliares de sesión, el Consejo hizo uso de su libertad
para regular de forma específica esta categoría de agentes a la vista de las necesidades particulares del Parlamento y de
la naturaleza de las tareas que tiene por misión desempeñar, del mismo modo que hizo uso de esa libertad con respecto a la
categoría específica de los intérpretes de conferencia, que pueden igualmente verse llamados a trabajar durante períodos cortos
y para atender necesidades de carácter discontinuo, o incluso ocasional.
Por lo tanto, debe desestimarse la imputación basada en la vulneración del principio de no discriminación.
Sobre la estabilidad en el empleo
Procede observar, en primer lugar, que la imputación basada en la vulneración de la estabilidad en el empleo, por cuanto el
artículo 78 del ROA permite al Parlamento desprenderse de un agente auxiliar de sesión al vencimiento de cada contrato, privándole
de la forma general de relaciones de empleo entre empleadores y trabajadores, que son los contratos por tiempo indefinido,
conduce, en realidad, a preguntarse si una norma o un principio de derecho superior obliga al Parlamento, al establecer las
condiciones de contratación de los agentes auxiliares de sesión, a recurrir a relaciones laborales de duración indefinida,
aunque a tiempo parcial.
A este respecto, los demandantes invocan, sustancialmente:
–        por una parte, el artículo 4 del Convenio nº 158 de la OIT, a cuyo tenor «no se pondrá término a la relación de trabajo de
un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las
necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio»;
–        y, por otra parte, el Acuerdo marco, y, en particular, el párrafo segundo de su preámbulo y el punto 6 de sus consideraciones
generales, de donde se desprende que los contratos de duración indefinida constituyen «la forma más común de relación laboral
entre empresarios y trabajadores», que se caracteriza por la estabilidad en el empleo, mientras que los contratos de trabajo
de duración determinada únicamente en determinadas circunstancias pueden responder a las necesidades de empresarios y trabajadores.
El artículo 4 del Convenio nº 158 de la OIT, como tal, no puede ser pertinente en el caso de autos, puesto que no permite,
por sí solo, resolver la cuestión de si el Parlamento tiene o no derecho a celebrar un contrato de agente auxiliar únicamente
por el tiempo de duración de un período de sesiones parlamentarias. En efecto, si la respuesta a esta cuestión fuese afirmativa,
no podría sin embargo interpretarse la expiración de cada contrato de duración determinada como un despido, que debería estar
especialmente motivado en lo que respecta a la capacidad o la conducta del agente, o a las necesidades de funcionamiento del
Parlamento, puesto que nos encontraríamos ante una extinción del contrato por cumplimiento de su término.
En cuanto a la alegación basada en la infracción del Acuerdo marco, su examen implica examinar previamente la cuestión de
la posibilidad de invocar la Directiva 1999/70 contra una institución comunitaria.
–      Posibilidad, para un funcionario o agente, de invocar la Directiva 1999/70 frente a una institución comunitaria
Es importante resaltar, con carácter preliminar, que las directivas se dirigen a los Estados miembros y no a las instituciones
de la Comunidad. Por consiguiente, no se puede considerar que las disposiciones de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco
anexo a ella impongan, como tales, obligaciones a las instituciones en sus relaciones con su personal (véanse, en este sentido,
la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2003, Rinke, C‑25/02, Rec. p. I‑8349, apartado 24, y la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia de 21 de mayo de 2008, Belfass/Consejo, T‑495/04, Rec. p. II‑781, apartado 43).
No obstante, esta consideración no puede excluir toda posibilidad de invocar una directiva en las relaciones entre las instituciones
y sus funcionarios o agentes.
En efecto, las disposiciones de una directiva podrían, en primer lugar, imponerse indirectamente a una institución si son
expresión de un principio general de Derecho comunitario que, como tal, le incumbe aplicar [véase, en este sentido, la sentencia
Rinke, antes citada, apartados 25 a 28, a propósito de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa
a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 39, p. 40; EE 05/2, p. 70)].
En el caso de autos, la estabilidad en el empleo, si bien se concibe como un componente primordial de la protección de los
trabajadores (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2005, Mangold, C‑144/04, Rec. p I‑9981,
apartado 64, y de 15 de abril de 2008, Impact, C‑268/06, Rec. p. I‑2483, apartado 87), no constituye sin embargo un principio
general de Derecho a la luz del cual pudiera apreciarse la legalidad del acto de una institución. En particular, no se desprende
en absoluto de la Directiva 1999/70 y del Acuerdo marco que la estabilidad en el empleo se haya erigido en norma jurídica
vinculante. Por otra parte, los considerandos sexto y séptimo de la Directiva, al igual que el párrafo primero del preámbulo
y el quinto considerando del propio Acuerdo marco insisten en la necesidad de lograr un equilibrio entre flexibilidad y seguridad.
La estabilidad en el empleo constituye, en cambio, una finalidad perseguida por las partes firmantes del Acuerdo marco, cuya
cláusula 1, letra b), dispone que éste tiene por objeto «establecer un marco para evitar los abusos derivados de la utilización
de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada».
En segundo lugar, una directiva también podría obligar a una institución cuando ésta, en el marco de su autonomía organizativa
y dentro de los límites del Estatuto, ha pretendido ejecutar una obligación particular establecida por una directiva o en
el supuesto de que un acto de alcance general de aplicación interna se remita, a su vez, expresamente a las medidas adoptadas
por el legislador comunitario en aplicación de los Tratados. Así, el artículo 1
sexto,
apartado 2, del Estatuto dispone que «a los funcionarios se les concederán condiciones de trabajo que se ajusten a normas
sanitarias y de seguridad apropiadas y, como mínimo, equivalentes a los requisitos mínimos aplicables con arreglo a las medidas
adoptadas en estos ámbitos en virtud de los Tratados». Esta última disposición es aplicable, por analogía, a los agentes temporales
y a los agentes contractuales, con arreglo al artículo 10, párrafo primero, y al artículo 80, apartado 4, del ROA.
No obstante, resulta obligado observar que la Directiva 1999/70 no tiene por objeto mejorar el entorno laboral reforzando
la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores propiamente hablando, sino aproximar las legislaciones y prácticas
nacionales en el ámbito de las condiciones de trabajo relativas a la duración de las relaciones profesionales.
En tercer lugar, y en cualquier caso, ha de recordarse que el principio de cooperación leal, enunciado en el artículo 10 CE,
no sólo obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas apropiadas para garantizar el alcance y la eficacia del
Derecho comunitario (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de septiembre de 2000, Engelbrecht, C‑262/97, Rec. p. I‑7321,
apartado 38), sino que también impone a las instituciones comunitarias deberes recíprocos de cooperación leal con los Estados
miembros (sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de febrero de 1983, Luxemburgo/Parlamento, 230/81, Rec. p. 255, apartado
37; de 14 de mayo de 2002, Comisión/Alemania, C‑383/00, Rec. p. I‑4219, apartado 18; de 26 de noviembre de 2002, First y Franex,
C‑275/00, Rec. p. I‑10943, apartado 49; de 4 de marzo de 2004, Alemania/Comisión, C‑344/01, Rec. p. I‑2081, apartado 79, y
de 20 de octubre de 2005, Ten Kate Holding Musselkanaal y otros, C‑511/03, Rec. p. I‑8979, apartado 28), y entre las propias
instituciones (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de marzo de 1995, Parlamento/Consejo, C‑65/93,
Rec. p. I‑643, apartado 23).
Por ello, incumbe a las instituciones asegurar, en la medida de lo posible, la coherencia entre su propia política interna
y la acción legislativa que llevan a cabo a escala comunitaria, en particular, destinada a los Estados miembros. Así, las
instituciones deben tener en cuenta, en su comportamiento como empleadores, las disposiciones legislativas que imponen obligaciones
mínimas destinadas a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en los Estados miembros mediante una
aproximación de las legislaciones y prácticas nacionales y, en particular, la voluntad del legislador comunitario de hacer
de la estabilidad en el empleo un objetivo preeminente en materia de relaciones laborales dentro de la Unión Europea. Esta
obligación se impone tanto más cuanto que la reforma administrativa llevada a cabo por el Reglamento nº 723/2004 acentuó la
tendencia a la contractualización de la función pública europea.
Por lo que respecta especialmente al Acuerdo marco, que tiene por objeto aproximar las legislaciones y prácticas nacionales
estableciendo prescripciones mínimas relativas al trabajo de duración determinada, incumbe, por lo tanto, al Parlamento, con
arreglo al deber de lealtad que pesa sobre él, interpretar en la medida de lo posible las disposiciones del ROA a la luz de
la letra y la finalidad del Acuerdo marco para alcanzar el resultado perseguido por éste.
En último lugar, las consecuencias que acaban de extraerse de la obligación de lealtad derivan igualmente, en el caso de autos,
de una jurisprudencia reiterada según la cual, para la interpretación de una disposición de Derecho comunitario, procede tener
en cuenta no sólo el tenor literal de ésta, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de que forma
parte, así como la totalidad de las disposiciones del Derecho comunitario (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal
de Justicia de 6 de octubre de 1982, CILFIT y otros, 283/81, Rec. p. 3415, apartado 20, y de 17 de noviembre de 1983, Merck,
292/82, Rec. p. 3781, apartado 12; la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2005, Sumitomo Chemical
y Sumika Fine Chemicals/Comisión, T‑22/02 y T‑23/02, Rec. p. II‑4065, apartado 47). Por lo tanto, queda excluido que una institución,
al aplicar e interpretar las disposiciones del ROA relativas a la duración de los contratos, ignore las prescripciones mínimas
sobre el trabajo de duración determinada adoptadas a escala comunitaria.
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la excepción de ilegalidad propuesta por los demandantes contra el artículo
78 del ROA, puesto que la Directiva 1999/70 no puede, como tal, fundamentar una excepción de ilegalidad contra una disposición
del Reglamento del Consejo que contiene el Estatuto y el ROA, que resultase contraria al Acuerdo marco.
No obstante, dicha Directiva y el Acuerdo marco que ésta tiene por objeto aplicar, en las circunstancias del caso de autos
y dentro de los límites marcados en los apartados 118 a 121, pueden ser invocados por los demandantes contra el Parlamento
a efectos de que las normas del Estatuto y del ROA se interpreten, en la medida de lo posible, conforme a las exigencias impuestas
por el Acuerdo marco.
Pues bien, el examen de las disposiciones del Acuerdo marco invocadas por los demandantes que se lleva a cabo a continuación,
no permite, en cualquier caso, concluir que el Parlamento ignoró el artículo 78 ROA, interpretado a la luz de las finalidades
y las prescripciones mínimas que dichas disposiciones contienen.
–      Sobre el contenido del Acuerdo marco
En primer lugar, debe ponerse de relieve que la Directiva 1999/70 y el Acuerdo marco se aplican a los contratos y relaciones
laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público (sentencias
del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros, C‑212/04, Rec. p. I‑6057, apartados 54 y 57; de 7 de septiembre
de 2006, Marrosu y Sardino, C‑53/04, Rec. p. I‑7213, apartado 39, y Vassallo, C‑180/04, Rec. p. I‑7251, apartado 32).
A este respecto, el Acuerdo marco parte de la premisa de que los contratos de trabajo de duración indefinida constituyen la
forma general de relación laboral, aunque reconoce al mismo tiempo que los contratos de duración determinada son característicos
del empleo en algunos sectores o para determinadas ocupaciones y actividades (véanse los puntos 6 y 8 de las consideraciones
generales del Acuerdo marco y la sentencia Adeneler y otros, antes citada, apartado 61).
En consecuencia, el Acuerdo marco concibe la estabilidad en el empleo como un componente primordial de la protección de los
trabajadores (véase la sentencia Mangold, antes citada, apartado 64), mientras que los contratos de trabajo de duración determinada
sólo en ciertas circunstancias pueden responder simultáneamente a las necesidades de los empresarios y de los trabajadores
(véanse el párrafo segundo del preámbulo y el punto 8 de las consideraciones generales del Acuerdo marco, y la sentencia Adeneler
y otros, antes citada, apartado 62).
Desde este punto de vista, el Acuerdo marco pretende imponer límites a la utilización sucesiva de este último tipo de relaciones
laborales, considerado fuente potencial de abusos en perjuicio de los trabajadores, estableciendo unas disposiciones protectoras
mínimas con objeto de evitar la precarización de la situación de los asalariados (sentencia Adeneler y otros, antes citada,
apartado 63).
Así, la finalidad específica de la cláusula 5, apartado 1, del Acuerdo marco consiste en «prevenir los abusos como consecuencia
de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada».
A estos efectos, dicha cláusula impone a los Estados miembros la obligación de introducir en su ordenamiento jurídico una
o varias de las medidas indicadas en las letras a) a c) de su apartado 1, si no existen ya en el Estado miembro de que se
trate medidas legales equivalentes destinadas a prevenir con efectividad la utilización abusiva de contratos de trabajo de
duración determinada sucesivos (sentencia Adeneler y otros, antes citada, apartado 65). En cambio, el Acuerdo marco no impone
a los Estados miembros una obligación general de disponer que, tras un determinado número de renovaciones o tras el cumplimiento
de un determinado período de trabajo, los contratos de duración determinada se transformen en contratos por tiempo indefinido,
así como tampoco determina las condiciones específicas en las que pueden utilizarse estos últimos contratos (véanse, en este
sentido, las sentencias Adeneler y otros, antes citada, apartado 91, y Marrosu y Sardino, antes citada, apartado 47).
Entre las medidas enumeradas en la cláusula 5, apartado 1, figuran, en la letra a), las «razones objetivas que justifiquen
la renovación de tales contratos o relaciones laborales».
En efecto, las partes firmantes del Acuerdo marco consideraron que la utilización de contratos de trabajo de duración determinada
basados en razones objetivas es una forma de evitar abusos (véase el apartado 7 de las consideraciones generales del Acuerdo
marco).
Pues bien, en el presente caso, se desprende del conjunto de los autos que son precisamente «razones objetivas» las que, sustancialmente,
invoca el Parlamento para justificar la renovación de los contratos de agente auxiliar de sesión con motivo de la celebración
de cada período de sesiones parlamentarias.
A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró, en su sentencia Adeneler y otros, (antes citada, apartado 69) que, a efectos
de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco, el concepto de «razones objetivas» se refiere a las circunstancias
específicas y concretas que caracterizan una determinada actividad y que, por tanto, pueden justificar en ese contexto particular
la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada. Tales circunstancias pueden tener su origen en la
especial naturaleza de las tareas para cuya realización se celebran tales contratos y en las características inherentes a
las mismas o, eventualmente, en la persecución de un objetivo legítimo de política social por parte de un Estado miembro (sentencia
Adeneler y otros, apartado 70).
En el caso de autos, el Parlamento ha alegado fundadamente que la renovación de los contratos de duración determinada controvertidos
respondía a una verdadera necesidad en el sentido de que era indispensable para el cumplimiento de las misiones que tiene
atribuidas. En efecto, el recurso al artículo 78 del ROA, hasta el 1 de enero de 2007, le permitió dar respuesta a las necesidades
discontinuas y masivas de recursos humanos exclusivamente durante el tiempo de duración de sus sesiones. Es un hecho acreditado
que el considerable incremento de la actividad desarrollada por el Parlamento en Estrasburgo durante un período limitado de
cuatro o cinco días por mes implicaba un cambio notable de sus necesidades de personal destinado a tareas tan precisas como
diversas, como las de agente de guardería, puericultora, mecanógrafo, técnico, cocinero, profesor de lenguas, traductor, ordenanza,
personal de mudanzas y otros. Aunque tales necesidades fuesen previsibles, el incremento de la actividad no era duradero y
permanente. Tales circunstancias pudieron válidamente, a la luz de la cláusula 5, apartado 1, letra a), del Acuerdo marco,
justificar el recurso a sucesivos contratos de agente auxiliar de duración determinada.
Es cierto que, como han observado los demandantes, según el artículo 58, párrafo primero del ROA, el agente auxiliar únicamente
empieza a adquirir el derecho a vacaciones retribuidas si ha cumplido un período mínimo de 15 días o medio mes de servicio,
de suerte que los agentes auxiliares de sesión se ven por completo privados del derecho a tales vacaciones por el solo hecho
de que son contratados en virtud de contratos de muy corta duración, inferior al período mínimo.
No obstante, los demandantes no han propuesto ninguna excepción de ilegalidad contra el artículo 58, párrafo primero, del
ROA. Por lo tanto, no ha lugar a que el Tribunal de la Función Pública examine esta cuestión, so pena de exceder los límites
del litigio tal como lo han definido los demandantes.
Habida cuenta de todo lo anterior, no puede estimarse la excepción de ilegalidad propuesta por los demandantes contra el artículo
78 del ROA, como tampoco ha ignorado el Parlamento el alcance de dicho artículo a la luz de la Directiva 1999/70. En consecuencia,
procede desestimar la pretensión de anulación.

Sobre la pretensión de indemnización
1.
Alegaciones de las partes
Los demandantes solicitan la condena del Parlamento al pago de una indemnización compensatoria de las vacaciones retribuidas
correspondientes a los períodos trabajados y al pago de la cantidad de 2.000 euros a cada uno de ellos en concepto de costas
«no recuperables».
El Parlamento replica que, según el artículo 58 del ROA, el agente auxiliar tiene derecho a una vacación remunerada de dos
días laborables por mes de servicio y que el tiempo inferior a 15 días o a medio mes no da derecho a la concesión de vacación.
Sostiene que, en tales circunstancias, los agentes auxiliares de sesión, que trabajan como máximo cinco días al mes, no pueden
exigir vacaciones remuneradas. Por lo tanto, no procede, según el Parlamento, conceder a los demandantes indemnización compensatoria
alguna.
Por otra parte, el Parlamento pone de manifiesto que, según el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de
la Función Pública, el procedimiento ante éste será gratuito. Dicho Reglamento, por lo demás, no prevé la posibilidad de condenar
a la parte que pierda el proceso al pago de costas «no recuperables» de procedimiento. En consecuencia, la pretensión del
pago de tales costas debe declararse inadmisible.
2.
Apreciación del Tribunal de la Función Pública
Según jurisprudencia reiterada, para que la Comunidad sea responsable debe darse un conjunto de circunstancias por lo que
se refiere a la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, a la realidad del perjuicio y a la existencia
de un vínculo de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio invocado (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de
diciembre de 1987, Delauche/Comisión, 111/86, Rec. p. 5345, apartado 30; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27
de noviembre de 2003, Bories y otros/Comisión, T‑331/00 y T‑115/01, RecFP pp. I‑A‑309 y II‑1479, apartado 192, y sentencia
del Tribunal de la Función Pública de 10 de octubre de 2007, Berrisford/Comisión, F‑107/06, aún no publicada en la Recopilación,
apartado 109). Cuando no concurra alguna de estas circunstancias, el recurso de indemnización debe desestimarse en su conjunto,
sin necesidad de examinar las demás.
Por lo que respecta a la ilegalidad del comportamiento que se reprocha al Parlamento, los demandantes no han desarrollado
en sus recursos ningún otro argumento aparte del expuesto en apoyo de la excepción de ilegalidad que invocaron contra el artículo
78 del ROA en el marco de su pretensión de anulación. Como se desprende del apartado 96 de la presente sentencia, dicha excepción
se fundó, sustancialmente, en tres imputaciones, a saber, la infracción del artículo 283 CE, la vulneración del principio
de no discriminación y el perjuicio para la estabilidad en el empleo. Pues bien, la excepción de ilegalidad fue desestimada,
puesto que no se acogió ninguna de las imputaciones formuladas en apoyo de la misma.
En consecuencia, procede desestimar la pretensión de indemnización, ya que los demandantes no han aportado prueba suficiente
con arreglo a Derecho de la ilegalidad del comportamiento que reprochan al Parlamento.

Costas
En virtud del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, las disposiciones del capítulo
octavo del título segundo de dicho Reglamento, relativas a las costas y gastos judiciales, sólo se aplicarán a los asuntos
que se sometan al Tribunal de la Función Pública a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho Reglamento de Procedimiento,
a saber, el 1 de noviembre de 2007. Las disposiciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia pertinentes
en la materia continuarán aplicándose
mutatis mutandis
a los asuntos que se hallaren pendientes ante el Tribunal de la Función Pública antes de dicha fecha.
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, en virtud del artículo 88 del
mismo Reglamento, en los litigios entre las Comunidades y sus agentes, las Instituciones soportarán los gastos en que hubieren
incurrido. Al haberse desestimado las pretensiones de los demandantes, procede decidir que cada parte cargue con sus propias
costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Sala Segunda)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Cada parte cargará con sus propias costas.
Kanninen
Boruta
Van Raepenbusch
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de abril de 2009.
El Secretario

El Presidente
W. Hakenberg

H. Kanninen
El texto de la presente resolución y los de las resoluciones de los tribunales comunitarios citadas en ella y que aún no han
sido publicadas en la Recopilación están disponibles en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia: www.curia.europa.eu
Índice
Marco jurídico
1.     El Régimen aplicable a los Otros Agentes de las Comunidades Europeas
2.     El Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada
Hechos que originaron el litigio
Procedimiento y pretensiones de las partes
Sobre la admisibilidad del recurso
1.     Alegaciones de las partes
2.     Apreciación del Tribunal de la Función Pública
Sobre la pretensión de anulación
1.     Alegaciones de las partes
2.     Apreciación del Tribunal de la Función Pública
Sobre la admisibilidad de la excepción de ilegalidad
Sobre el fundamento de la excepción de ilegalidad
Sobre la supuesta infracción del artículo 283 CE
Sobre la supuesta vulneración del principio de no discriminación
Sobre la estabilidad en el empleo
–       Posibilidad, para un funcionario o agente, de invocar la Directiva 1999/70 frente a una institución comunitaria
–       Sobre el contenido del Acuerdo marco
Sobre la pretensión de indemnización
1.     Alegaciones de las partes
2.     Apreciación del Tribunal de la Función Pública
Costas
ANEXO
Habida cuenta del gran número de demandantes en este asunto, sus nombres no se recogen en el presente anexo.
*
Lengua de procedimiento: francés.