CELEX: 62002CJ0157
Transporte de mercancías por carretera
Peaje
Autopista del Brenner
Prohibición de discriminación
Discriminación por razón de la nacionalidad o por el origen o destino del transporte

Mediante resolución de 22 de marzo de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 29 de abril siguiente, el Oberster Gerichtshof
planteó, con arreglo al artículo 234 CE, cuatro cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de las Directivas 93/89/CEE
del Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la aplicación por los Estados miembros de los impuestos sobre determinados
tipos de vehículos utilizados para el transporte de mercancías por carretera, así como de los peajes y derechos de uso percibidos
por la utilización de determinadas infraestructuras (DO L 279, p. 32), y 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la
utilización de determinadas infraestructuras (DO L 187, p. 42).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio en el que una empresa austriaca de transportes, Rieser Internationale
Transporte GmbH (en lo sucesivo, «Rieser»), solicita el reembolso de peajes que considera haber pagado en exceso por el uso
de la autopista del Brenner al organismo gestor de ésta, la Autobhanen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG (Asfinag).
Marco jurídico
Conforme al artículo 2 de la Directiva 93/89, a efecto de dicha Directiva se entiende por «peaje» el pago de un importe determinado
por efectuar un vehículo un recorrido entre dos puntos de una de las infraestructuras contempladas en la letra d) del artículo
7, basado en la distancia recorrida y en la categoría del vehículo, y por «vehículo» el vehículo de motor o el conjunto de
vehículos acoplados, destinados únicamente al transporte de mercancías por carretera y con un peso total en carga autorizado
igual o superior a 12 toneladas.
El artículo 7 de la misma Directiva establece:
«Los Estados miembros podrán mantener o establecer peajes o derechos de uso, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
a)
no se percibirán simultáneamente peajes y derechos de uso por la utilización del mismo tramo de carretera.
No obstante, los Estados miembros podrán aplicar también peajes por la utilización de puentes, túneles y carreteras que atraviesen
puertos de montaña en redes en las que se cobren derechos de uso;
b)
sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del apartado 2 del artículo 8 y en el artículo 9, los peajes y los derechos de
uso se aplicarán sin discriminación directa o indirecta por razón de la nacionalidad del transportista y sin discriminación
por el origen o destino del transporte;
[…]
d)
los peajes y derechos de uso sólo podrán cobrarse por la utilización de autopistas u otras carreteras de varios carriles y
de características análogas a las de las autopistas, puentes, túneles y carreteras que atraviesen puertos de montaña.
[…]
h)
los importes de los peajes estarán relacionados con los costes de construcción, explotación y ampliación de la red de infraestructuras
de que se trate.»
Con arreglo al artículo 13 de la Directiva 93/89, los Estados miembros debían poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva antes del 1 de enero de 1995. Conforme al Acta relativa
a las condiciones de adhesión de la República de Austria, la República de Finlandia y el Reino de Suecia y a las adaptaciones
de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO 1994, C 241, p. 21, y DO 1995, L 1, p. 1), este plazo para la
adaptación del Derecho interno a la Directiva se extendió también a Austria.
Mediante su sentencia de 5 julio de 1995, Parlamento/Consejo (C‑21/94, Rec. p. I‑1827), el Tribunal de Justicia anuló la Directiva
basándose en que había sido adoptada sin consultar debidamente al Parlamento Europeo, aunque decidió que se mantuvieran sus
efectos hasta la adopción de una nueva directiva.
El 17 de junio de 1999, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 1999/62, que, según su cuarto considerando,
sustituye a la Directiva anulada.
El artículo 7, apartados 4 y 9 de la Directiva 1999/62, que corresponde al artículo 7, letras b) y h), de la Directiva 93/89,
establece:
«4.

Los peajes y tasas se aplicarán sin discriminación directa o indirecta por razón de la nacionalidad del transportista o del
origen o destino del vehículo.
[…]
9.

Los importes medios ponderados de los peajes estarán en relación con los costes de construcción, explotación y desarrollo
de la red de infraestructura de que se trate.»
Con arreglo al artículo 13 de dicha Directiva, ésta entró en vigor el 20 de julio de 1999.
Según el artículo 12 de la citada Directiva, los Estados miembros debían adoptar las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en dicha Directiva a más tardar el 1 de julio de 2000.
Mediante su sentencia de 26 de septiembre de 2000, Comisión/Austria (C‑205/98, Rec. p. I‑7367), el Tribunal de Justicia declaró:
«Por una parte, al aumentar el 1 de julio de 1995 y el 1 de febrero de 1996 el precio de los peajes del trayecto completo
de la autopista de Brenner, vía de tránsito a través de Austria utilizada principalmente por vehículos con un peso total en
carga autorizado igual o superior a 12 toneladas, destinados al transporte de mercancías, matriculados en otros Estados miembros,
sin aumentar el de los peajes de los trayectos parciales de esta misma autopista, utilizados en su gran mayoría por vehículos
con un peso total en carga autorizado igual o superior a 12 toneladas, destinados al mismo tipo de transporte, matriculados
en Austria, y, por otra parte, al no destinar dichos peajes únicamente al pago de los costes de construcción, explotación
y ampliación de la autopista de Brenner, la República de Austria ha incumplido las obligaciones que se derivan del artículo
7, letra b), de la Directiva [93/89] y a las obligaciones resultantes del artículo 7, letra h), de la misma Directiva, respectivamente.»
Procedimiento principal y cuestiones prejudiciales
Mediante contrato de usufructo («Fruchtgenussvertrag») celebrado en junio de 1997, con efecto retroactivo a 1 de enero de
1997, entre Asfinag y su accionista único, la República de Austria, dicha sociedad asumió la responsabilidad de la construcción,
planificación, explotación, mantenimiento y financiación de las autopistas y autovías austriacas, entre ellas la autopista
del Brenner. Asimismo, mediante ese contrato se le facultó para cobrar peajes y derechos de uso en nombre y por cuenta propia
para cubrir sus costes.
Rieser se dedica al transporte internacional de mercancías con camiones con un peso total en carga autorizado igual o superior
a 12 toneladas y más de tres ejes. En tal condición utiliza regularmente la autopista de peaje del Brenner. Considera que
los pagos efectuados en concepto de peajes a Asfinag eran excesivos, especialmente los relativos al período comprendido entre
el 1 de enero de 1997 y el 31 de julio de 2000. Por tanto, reclamó ante los tribunales austriacos la devolución parcial de
los peajes pagados a tal sociedad.
Rieser invocó la sentencia Comisión/Austria, antes citada. Alegó que el artículo 7, letras b) y h), de la Directiva 93/89
es suficientemente preciso para producir efecto directo, y que al haber expirado el plazo de adaptación del Derecho nacional
a dicha Directiva, puede invocar directamente sus disposiciones. Lo mismo cabe decir respecto a Asfinag. Aunque sea una persona
jurídica privada, está sometida al control del Estado.
Asfinag mantuvo la tesis contraria. Respecto al artículo 7, letra b), de la Directiva 93/89, que prohíbe cualquier discriminación,
consideró que los transportistas austriacos no pueden invocar esta disposición. En cualquier caso, respecto al período comprendido
entre el 17 de junio de 1999 y el 1 de julio de 2000, el derecho invocado por Rieser no existe, puesto que la Directiva 93/89
se aplicó hasta el 17 de junio de 1999 y el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva 1999/62 no expiró hasta
el 1 de julio de 2000.
El órgano jurisdiccional de primera instancia desestimó el recurso de Rieser debido a que el artículo 7, letra h), de la Directiva
93/89 no era directamente aplicable y la demandante no podía invocar el artículo 7, letra b), de esta Directiva.
El órgano jurisdiccional de apelación consideró que el recurso debía admitirse a trámite pero no procedía la devolución de
los derechos de peaje correspondientes al período comprendido entre el 17 de junio de 1999, fecha de adopción de la Directiva
1999/62, y el 1 de julio de 2000, fecha en que expiró el plazo de adaptación del Derecho interno a dicha Directiva. Durante
este período los Estados miembros únicamente estaban obligados a no adoptar disposiciones que pusieran seriamente en peligro
el objetivo perseguido por la Directiva 1999/62. Consideró que no existía ningún indicio de que dicha obligación no se hubiera
cumplido.
El Oberster Gerichtshof, ante el que se había interpuesto el recurso, dudaba sobre el efecto directo de las disposiciones
controvertidas de las Directivas 93/89 y 1999/62. Dicho órgano jurisdiccional también consideraba que convenía clarificar
la relación entre, por una parte, la Directiva 93/89, declarada nula, y sus efectos, y, por otra parte, la Directiva 1999/62,
que la sustituyó el 17 de junio de 1999 pero respecto a la cual el plazo de adaptación del Derecho nacional no expiró hasta
el 1 de julio de 2000.
Mediante resolución de 22 de marzo de 2002, el Oberster Gerichtshof resolvió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal
de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Tiene también la parte demandada, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre
el concepto funcional de Estado, la obligación de respetar, al celebrar de contratos con usuarios de carreteras, las disposiciones
directamente aplicables (“self-executing”) de la Directiva [93/89] y de la Directiva [1999/62] con la consecuencia de que
la parte demandada no puede exigir un peaje más elevado que el establecido en dichas disposiciones?
2)
En caso únicamente de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
El artículo 7, letras b) y h), de la Directiva [93/89] y el artículo 7, apartados 4 y 9, de la Directiva [1999/62], ¿son directamente
aplicables, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en la medida en que pueden
utilizarse para determinar la cuantía de un peaje conforme con las Directivas para el trayecto completo de la autopista austriaca
del Brenner para los vehículos de más de tres ejes utilizados para el transporte de mercancías por carretera, aun en el caso
de que el Derecho austriaco no se haya adaptado o se haya adaptado de manera incompleta a dichas Directivas?
3)
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
a)
¿De qué modo y aplicando qué parámetros debe calcularse en cada caso el peaje permitido por un recorrido de ida del trayecto
completo?
b)
¿Pueden alegar también los transportistas austriacos que resultan discriminados por la (excesiva) tarifa aplicada por el trayecto
completo frente a los usuarios de carreteras que utilizan únicamente trayectos parciales de la mencionada autopista?
4)
En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y segunda:
a)
La sentencia Parlamento/Consejo [antes citada], en la que se declaró que los efectos de la Directiva [93/89], anulada mediante
dicha sentencia, se mantendrían hasta que el Consejo hubiera adoptado una nueva directiva, ¿debe interpretarse en el sentido
de que dichos efectos se mantienen hasta que los Estados miembros hayan adaptado su Derecho interno a las disposiciones de
la nueva directiva o hasta que haya expirado el plazo de adaptación de su Derecho interno a la misma?
b)
En caso de respuesta negativa a la cuarta cuestión, letra a): ¿Tienen los Estados miembros, en el período comprendido entre
el 17 de junio de 1999 y el 1 de julio de 2000, la obligación de tener en cuenta la nueva directiva, en el sentido, por ejemplo,
de efectos anticipados que deben respetarse?»
Sobre la Primera cuestión
Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
Rieser y la Comisión consideran que las disposiciones de una directiva que pueden tener efecto directo son oponibles a una
entidad como Asfinag debido a los estrechos vínculos que unen a esta sociedad con el Estado en la gestión de las autopistas
austriacas.
Asfinag considera, por el contrario, que no se le pueden oponer las disposiciones de una directiva puesto que está constituida
en forma de sociedad anónima de Derecho privado, sus órganos directivos no están sujetos a instrucciones procedentes de los
órganos del Estado austriaco, no ejerce ninguna función propia del poder público y percibe los peajes por cuenta propia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia (véanse las sentencias de 19 de enero de 1982, Becker,
8/81, Rec. p. 53, apartados 23 a 25, y de 12 de julio de 1990, Foster y otras, C‑188/89, Rec. p. I‑3313, apartado 16), conforme
a la cual, cuando las autoridades comunitarias han obligado a los Estados miembros, mediante una directiva, a una actuación
determinada, la eficacia de dicho acto se debilitaría si se impidiera a los justiciables invocarlo ante los tribunales y a
los órganos jurisdiccionales nacionales tenerlo en cuenta como elemento del Derecho comunitario. Por consiguiente, el Estado
miembro que no ha adoptado a su debido tiempo las medidas de ejecución impuestas por la directiva no puede oponer a los particulares
su propio incumplimiento de las obligaciones que impone la directiva. Por tanto, en todos los casos en que las disposiciones
de una directiva sean, desde el punto de vista de su contenido, incondicionales y suficientemente precisas, pueden invocarse
dichas disposiciones, a falta de medidas de aplicación adoptadas dentro de plazo, frente a cualquier disposición nacional
no conforme a la directiva, o bien en la medida en que pueden definir derechos que los particulares pueden alegar frente al
Estado.
El Tribunal de Justicia también ha declarado (sentencias de 26 de febrero de 1986, Marshall I, 152/84, Rec. p. 723, apartado
49, y Foster y otras, antes citada, apartado 17) que, cuando los justiciables pueden ampararse en una directiva frente al
Estado, pueden hacerlo independientemente de cuál sea la condición en que actúa este último, empresario o autoridad pública.
En efecto, en uno y otro caso ha de evitarse que el Estado pueda obtener ventajas de su incumplimiento del Derecho comunitario.
Entre las entidades a las que se pueden oponer las disposiciones de una directiva que puedan tener efectos directos, figura,
en cualquier caso, un organismo al que, cualquiera que sea su forma jurídica, le ha sido encomendado, en virtud de un acto
de la autoridad pública, el cumplimiento, bajo el control de esta última, de un servicio de interés público y que dispone,
a tal efecto, de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares (sentencias
Foster y otras, antes citada, apartados 20, y de 14 de septiembre de 2000, Collino y Chiappero, C‑343/98, Rec. p. I‑6659,
apartado 23).
De las afirmaciones contenidas en la resolución de remisión se deduce que la República de Austria es el único accionista de
Asfinag. Está facultada para controlar todas las decisiones adoptadas por Asfinag y por sus filiales y para exigir en cualquier
momento información sobre su actividad. Tiene derecho a imponerle determinados objetivos relativos a la organización de la
circulación, la seguridad y la construcción. Asfinag está obligada a elaborar planes anuales de mantenimiento y a presentar
al Estado la contabilidad de los correspondientes costes. Además, debe presentar anualmente, dentro de los plazos establecidos
para la elaboración de los presupuestos del Estado, los cálculos financieros y los costes previstos de planificación, construcción,
mantenimiento y administración de las autopistas y autovías federales.
De la resolución de remisión se deduce, además, que Asfinag no está autorizada para fijar por sí sola la cuantía del peaje
exigido. Esta cantidad la fija la ley. En efecto, los artículos 4 y 8 de la Ley denominada «Ley Asfinag» (BGBl.1982/591) establecen
que corresponde al Bundesminister für Wirtschaftliche Angelegenheiten (Ministro Federal de Economía), de común acuerdo con
el Bundesminister für Finanzen (Ministro Federal de Hacienda), fijar la cuantía de la tasa aplicando determinados criterios,
entre ellos el tipo de vehículo.
Estos elementos muestran que Asfinag es un organismo al que se han encargado, en virtud de un acto de los poderes público,
prestar, bajo el control de éstos, un servicio de interés general (en concreto, la construcción, la planificación, la explotación,
el mantenimiento y el funcionamiento de las autopistas y autovías austriacas y el cobro de peajes y derechos de uso) y que
dispone, a tal efecto, de facultades exorbitantes en comparación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares.
Según la jurisprudencia citada en el apartado 24 de la presente sentencia, tal organismo figura, cualquiera que sea su forma
jurídica, entre las entidades a las que se pueden oponer las disposiciones de una directiva que puedan tener efecto directo.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión, que los usuarios de carreteras están legitimados para invocar frente
a una persona jurídica de Derecho privado que contrata con ellos las disposiciones de una directiva que puedan tener efecto
directo cuando el Estado ha encargado a esta persona jurídica la tarea de cobrar peajes por la utilización de la red de carreteras
públicas y controla directa o indirectamente a dicha persona jurídica.
Sobre la segunda cuestión
Observaciones formuladas ante el Tribunal de Justicia
Rieser considera que los artículos 7, letra b), de la Directiva 93/89 y 7, apartado 4, de la Directiva 1999/62 son suficientemente
claros e incondicionales para tener efecto directo y conferir a los particulares el derecho a la devolución de las cantidades
pagadas en exceso. Estas disposiciones contienen criterios que permiten comprobar la licitud de un régimen de peaje establecido
por la normativa nacional. Así se desprende de los apartados 102 a 115 de la sentencia Comisión/Austria, antes citada, en
la que el Tribunal de Justicia declaró la existencia de discriminación de los usuarios por razón del origen o el destino del
transporte. Los artículos 7, letra h), de la Directiva 93/89 y 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62 también tienen, en su
opinión, un grado de precisión suficiente para producir efecto directo.
Asfinag opina, por el contrario, que los artículos 7, letras b) y h), de la Directiva 93/89 y 7, apartados 4 y 9, de la Directiva
1999/62 no cumplen los requisitos para producir efecto directo, debido a la insuficiente precisión de su contenido.
También el Gobierno austriaco considera que el enorme margen de discrecionalidad de que dispone cada Estado miembro por lo
que se refiere a la fijación de los derechos de peaje para el usuario individual de la carretera, se opone a una aplicación
directa de los artículos 7, letra h), de la Directiva 93/89 y 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62. Habida cuenta del carácter
impreciso de estas disposiciones, el derecho de peaje no puede apreciarse únicamente a la luz del principio comunitario de
no discriminación. Por consiguiente, no cabe hablar de efecto directo de los artículos 7, letra b), de la Directiva 93/89
y 7, apartado 4, de la Directiva 1999/62.
Por su parte, la Comisión alega que los artículos 7, letra b), de la Directiva 93/89 y 7, apartado 4, de la Directiva 1999/62
pueden aplicarse para calcular un derecho de peaje conforme a las Directivas, incluso en el caso de no adaptación o de adaptación
incompleta del Derecho austriaco a estas Directivas. En cambio, los artículos 7, letra h), de la Directiva 93/89 y 7, apartado
9, de la Directiva 1999/62 no pueden aplicarse para calcular un derecho de peaje conforme a las Directivas en caso de no adaptación
o de adaptación incompleta del Derecho austriaco a éstas. Entiende que el Tribunal de Justicia no tiene competencia para imponer
a la República de Austria un método de cálculo determinado de los derechos de peaje.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, en todos aquellos casos en que las disposiciones de una directiva,
desde el punto de vista de su contenido, no estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente precisas, los particulares
están legitimados para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando éste no adapte
el Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados, bien cuando haga una adaptación incorrecta (véanse, en
particular, las sentencias de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros, asuntos acumulados C‑6/90 y C‑9/90, Rec. p. I‑5357,
apartado 11, y de 11 de julio de 2002, Marks & Spencer, C‑62/00, Rec. p. I‑6325, apartado 25).
El artículo 7, apartado 4, de la Directiva 1999/62 prohíbe toda discriminación directa o indirecta, por razón de la nacionalidad
del transportista o del origen o el destino de las mercancías en la aplicación de los peajes de los derechos de uso. Esta
prohibición no está sometida a ninguna condición y está expresada en términos inequívocos. Por consiguiente, esta disposición
es incondicional y suficientemente precisa para ser invocada por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
El artículo 7, letra b), de la Directiva 93/89 impone la prohibición de discriminación en términos idénticos, pero le añade
la mención «sin perjuicio de lo dispuesto en la letra e) del apartado 2 del artículo 8 y en el artículo 9».
Pues bien, en el caso en que dos o más Estados miembros establezcan un sistema común de derechos de uso aplicable al conjunto
de sus territorios, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 93/89 permite a dichos Estados miembros aplicar una reducción
de los importes de los derechos de uso para los vehículos matriculados en Estados miembros desfavorecidos. Por su parte, el
artículo 9 de dicha Directiva autoriza a establecer un régimen especial para las zonas fronterizas. Estas dos excepciones
no permiten a los Estados miembros modificar unilateralmente el alcance de la prohibición de discriminación impuesta en el
artículo 7, letra b), de dicha Directiva, supeditándola a condiciones o restricciones. Por tanto, tampoco menoscaban el carácter
incondicional de dicha prohibición. Por otra parte, no se ha estimado que alguna de estas dos excepciones se aplique en el
procedimiento principal.
De ello se deduce que el artículo 7, letra b), de la Directiva 93/89 es incondicional y suficientemente preciso para ser invocado
por los particulares ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
No cabe acoger la alegación del Gobierno austriaco de que los artículos 7, letra b), de la Directiva 93/89 y 7, apartado 4,
de la Directiva 1999/62 no pueden invocarse debido a la falta de un método de cálculo matemáticamente preciso de los peajes
o de los derechos de uso. En efecto, según la jurisprudencia, la discriminación consiste en la aplicación de normas distintas
a situaciones comparables o en la aplicación de la misma norma a situaciones diferentes (véase, en particular, la sentencia
Comisión/Austria, antes citada, apartado 70). Este criterio basta para comprobar si la prohibición de discriminación impuesta
en dichas disposiciones ha sido violada en el procedimiento principal, comparando los peajes practicados para los diferentes
trayectos contemplados (véanse, en este sentido, la sentencia Comisión/Austria, antes citada, apartados 79 a 88, 112 y 115).
En cambio, el artículo 7, letra h) de la Directiva 93/89 dispone que los importes de los peajes deben estar relacionados con
los costes de construcción, explotación y ampliación de la red de infraestructuras, sin precisar la naturaleza de esta relación.
Además, esta disposición no define ni las tres partidas de gastos de que se trata, en concreto, la construcción, la explotación
y la ampliación, ni el concepto de red de infraestructuras a que se refiere. Aunque esta disposición impone a los Estados
miembros una directriz general para calcular los derechos de peaje no indica ningún método de cálculo concreto y deja a los
Estados miembros un amplio margen de apreciación al respecto.
Por tanto, no puede considerarse que esta disposición es incondicional o suficientemente precisa para ser invocada por los
particulares frente a una autoridad pública. Lo mismo cabe decir, con mayor motivo, del artículo 7, apartado 9, de la Directiva
1999/62, ya que está redactado en términos idénticos a los del artículo 7, letra h), de la Directiva 93/89, con la salvedad
de que se refiere a los «importes medios ponderados de los peajes» y no a los «importes de los peajes». Al sustituir este
concepto sin definirlo, tal disposición resulta aún más imprecisa que el artículo 7, letra h).
De ello se deduce que ni el artículo 7, letra h), de la Directiva 93/89 ni el artículo 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62
pueden ser invocados por los particulares frente a una autoridad pública en caso de no adaptación o de adaptación incompleta
del Derecho interno a estas Directivas.
Por último procede precisar que la segunda cuestión se refiere a los vehículos de más de tres ejes utilizados para el transporte
de mercancías, mientras que las dos Directivas controvertidas se refieren a vehículos, definidos en su artículo 2 como «el
vehículo de motor o el conjunto de vehículos acoplados, destinados únicamente al transporte de mercancías por carretera y
con un peso total en carga autorizado igual o superior a 12 toneladas». Por tanto, si los particulares pueden invocar las
disposiciones de estas Directivas ante los órganos jurisdiccionales nacionales, es únicamente en relación con los vehículos
definidos en esos términos.
Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión que los particulares pueden invocar frente a una autoridad del Estado
los artículos 7, letra b), de la Directiva 93/89 y 7, apartado 4, de la Directiva 1999/62, pero no los artículos 7, letra h),
de la Directiva 93/89 y 7, apartado 9, de la Directiva 1999/62, en caso de no adaptación o de adaptación incompleta del Derecho
nacional a estas Directivas por lo que se refiere al cálculo del importe de un derecho de peaje para los vehículos que tengan
un peso total en carga autorizado igual o superior a 12 toneladas utilizados en el transporte de mercancías para el trayecto
completo de la autopista austriaca del Brenner.
Sobre la tercera cuestión, letra a)
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber de qué modo y aplicando
qué parámetros debe calcularse en cada caso el peaje permitido por un recorrido de ida del trayecto completo.
Habida cuenta de la respuesta dada a la segunda cuestión, no procede responder a esta cuestión.
Sobre la tercera cuestión, letra b)
Observaciones formuladas ante el Tribunal de Justicia
Rieser alega que, como transportista austriaco, puede acogerse a lo dispuesto en los artículos 7, letra b), de la Directiva
93/89 y 7, apartado 4, de la Directiva 1999/62, puesto que el objetivo de tales disposiciones no es únicamente proteger a
los transportistas extranjeros. Afirma que estas disposiciones establecen que los peajes y los derechos de uso no deben dar
lugar a ninguna diferencia de trato directa o indirecta por razón del origen o el destino del transporte, con independencia
del Estado en que esté establecido el transportista.
En este mismo sentido la Comisión considera que dichas disposiciones están destinadas a proteger la totalidad del transporte
de tránsito contra las discriminaciones, con independencia de la nacionalidad de los transportistas. Por tanto, los transportistas
austriacos pueden invocar estas disposiciones, al igual que cualquier otro transportista, para alegar que, debido a lo elevado
de las tarifas correspondientes al trayecto completo de la autopista del Brenner, resultan discriminados en relación con los
usuarios de la carretera que sólo utilizan parte de dicho trayecto.
Asfinag afirma que los transportistas austriacos no pueden invocar los artículos 7, letra b), de la Directiva 93/89 y 7, apartado
4, de la Directiva 1999/62 puesto que los nacionales austriacos no resultan discriminados por razón con su nacionalidad y
las citadas Directivas se refieren a los costes de infraestructura y no tienen por objeto regular la competencia entre las
empresas de transportes dentro de un único Estado miembro. Por consiguiente, los transportistas austriacos no pueden invocar
una eventual discriminación de los usuarios del trayecto completo de la autopista del Brenner en relación con los usuarios
de trayectos parciales.
En el mismo sentido el Gobierno austriaco alega que las Directivas 93/89 y 1999/62 tienen como objetivo regular la competencia
entre los transportistas de los distintos Estados miembros y no un derecho subjetivo de cada usuario a la utilización de determinado
trayecto a una tarifa determinada. Puesto que no se trata de regular la competencia entre los transportistas de un mismo Estado
miembro, un transportista austriaco no puede invocar las disposiciones de las Directivas 93/89 y 1999/62 relativas a la no
discriminación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que, para evitar cualquier forma de distorsión de la competencia entre las empresas de transportes de los
Estados miembros, el artículo 7, letra b), de la Directiva 93/89 prohíbe, a la hora de aplicar derechos de uso y peajes, además
de las discriminaciones basadas directa o indirectamente en la nacionalidad de los transportistas, las vinculadas con el origen
o el destino del transporte (sentencia Comisión/Austria, antes citada, apartado 109).
El mismo razonamiento se aplica a las disposiciones, esencialmente idénticas, del artículo 7, apartado 4, de la Directiva 1999/62.
De ello se deduce que las empresas de transporte austriaco que, en el marco del transporte de tránsito, utilizan el trayecto
completo de la autopista del Brenner y que, por consiguiente, resultan desfavorecidas en relación con los usuarios de determinados
trayectos parciales por razón del origen o del destino del transporte, también pueden invocar la prohibición de discriminación
establecida en los artículos 7, letra b), de la Directiva 93/89 y 7, apartado 4, de la Directiva 1999/62.
Procede por tanto responder a la tercera cuestión, letra b), que, al igual que los transportistas de los demás Estados miembros,
los transportistas austriacos pueden invocar los artículos 7, letra b), de la Directiva 93/89 y 7, apartado 4, de la Directiva
1999/62 para alegar que resultan discriminados por la (excesiva) tarifa aplicada por el trayecto completo frente a los usuarios
de carreteras que utilizan únicamente trayectos parciales de la mencionada autopista.
Sobre la cuarta cuestión, letra a)
Mediante su sentencia Parlamento/Consejo, antes citada, el Tribunal de Justicia anuló la Directiva 93/89 por haber sido adoptada
sin haber realizado la preceptiva consulta previa al Parlamento Europeo. Sin embargo, el Tribunal de Justicia mantuvo los
efectos de dicha Directiva hasta que el Consejo adoptara una nueva normativa en la materia (véanse los apartados 31 y 32 de
los fundamentos de Derecho y el punto 2 del fallo de dicha sentencia).
El órgano jurisdiccional nacional pregunta si dicha sentencia debe interpretarse en el sentido de que dichos efectos se mantienen
hasta que los Estados miembros hayan adaptado su Derecho interno a las disposiciones de la nueva Directiva o hasta que haya
expirado el plazo de adaptación de sus Derechos internos a la misma.
Observaciones formuladas ante el Tribunal de Justicia
Asfinag y el Gobierno austriaco alegan que el mantenimiento de los efectos de la Directiva 93/89 anulada, como se declaró
en la sentencia Parlamento/Consejo, antes citada, se aplica hasta la adopción de la Directiva 1999/62, es decir, hasta el
17 de junio de 1999.
La Comisión recuerda que la Directiva 1999/62 entró en vigor el 20 de julio de 1999. Alega que, por consiguiente, la Directiva
93/89 dejó de surtir efecto en esa fecha.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Ha de admitirse que, según su tenor literal, la sentencia Parlamento/Consejo, antes citada, indica que los efectos de la Directiva
93/89 se mantienen hasta la fecha de la adopción de la Directiva 1999/62, que sustituyó a aquélla.
Sin embargo la finalidad de mantener los efectos de un acto jurídico anulado es no permitir la existencia de un vacío jurídico
hasta que un nuevo acto sustituya al anulado. Esta finalidad únicamente se alcanza si el acto jurídico anulado continúa produciendo
efectos hasta que los produzca el nuevo acto. Puesto que la Directiva 1999/62 no produjo efectos hasta la fecha de su entrada
en vigor, la sentencia Parlamento/Consejo, antes citada, debe interpretarse en el sentido de que los efectos de la Directiva
93/89 se mantuvieron hasta la entrada en vigor de la Directiva 1999/62, es decir, a tenor de su artículo 13, el 20 de julio
de 1999. Por tanto, la Directiva 93/89 siguió surtiendo efecto hasta las 12 de la noche del 19 de julio de 1999.
Por tanto, procede responder a la cuarta cuestión, letra a), que la sentencia Parlamento/Consejo, antes citada, debe interpretarse
en el sentido de que los efectos de la Directiva 93/89 se mantuvieron hasta el 20 de julio de 1999, fecha de entrada en vigor
de la Directiva 1999/62.
Sobre la cuarta cuestión, letra b)
A tenor del artículo 12 de la Directiva 1999/62, el plazo de adaptación del Derecho interno a dicha Directiva expiró el 1
de julio de 2000. Mediante esta cuestión el órgano jurisdiccional remitente desea fundamentalmente saber si Rieser puede invocar
la Directiva 1999/62 ante los órganos jurisdiccionales nacionales por lo que se refiere al período comprendido entre el 20
de julio de 1999, fecha de entrada en vigor de esta Directiva, y el 1 de julio de 2000, fecha en que expiró el plazo de adaptación.
Observaciones formuladas ante el Tribunal de Justicia
Asfinag alega que, durante el período comprendido entre el 17 de junio de 1999 y el 1 de julio de 2000, los Estados miembros
están obligados a cumplir las obligaciones que les impone la Directiva 1999/62 en forma de efectos anticipados, pero éstos
no tienen efecto directo.
El Gobierno austriaco considera que los Estados miembros deben respetar los efectos previos de una directiva no adoptando
ninguna disposición que pueda comprometer gravemente la consecución del objetivo de la directiva. Por el contrario, una directiva
no puede producir efecto directo antes de que haya expirado el plazo de adaptación del Derecho interno a sus disposiciones.
Según la Comisión, durante el período comprendido entre el 20 de julio de 1999 y el 1 de julio de 2000 los Estados miembros
estaban obligados a tener presente la Directiva 1999/62 en el sentido de que, durante el plazo para la adaptación del Derecho
interno establecido en la misma, no podían adoptar disposiciones que pudieran comprometer gravemente el resultado prescrito
por dicha Directiva.
Apreciación del Tribunal de Justicia
De los artículos 10 CE, párrafo segundo, y 249 CE, párrafo tercero, y de la propia Directiva 1999/62 se deduce que durante
el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva fijado por la propia Directiva, el Estado miembro destinatario debe
abstenerse de adoptar disposiciones que puedan comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva (sentencia de
18 de diciembre de 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, Rec. p. I‑7411, apartado 45).
Sin embargo, no es menos cierto que, en los procedimientos iniciados por los particulares que invocan el efecto directo de
una directiva, los órganos jurisdiccionales nacionales sólo están obligados a dejar inaplicadas las normas nacionales preexistentes
contrarias a esa directiva una vez transcurrido el plazo de adaptación del Derecho interno a la directiva (en este sentido
véase la sentencia de 10 de noviembre de 1992, Hansa Fleisch Ersnt Mundt, C‑156/91, Rec. p. I‑5567, apartado 20, dictada,
sin embargo, en el contexto de una decisión, y no de una directiva).
En efecto, habida cuenta de que este plazo tiene por objeto dar a los Estados miembros el tiempo necesario para adoptar las
medidas de adaptación de su Derecho interno, no puede reprochárseles la no adaptación de su ordenamiento jurídico a la directiva
antes de expirar dicho plazo (sentencia Inter-Environnement Wallonie, antes citada, apartado 43).
Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión, letra b), que, durante el período comprendido entre el 20 de julio
de 1999 y el 1 de julio de 2000, los Estados miembros debían abstenerse de adoptar disposiciones que pudieran comprometer
gravemente el resultado prescrito por la Directiva 1999/62, pero los particulares no podían invocar esta Directiva frente
a los Estados miembros ante los tribunales nacionales para evitar la aplicación de una norma nacional ya existente que fuera
contraria a dicha Directiva.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno austriaco y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones
ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio
principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre
las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Oberster Gerichtshof mediante resolución de 22 de marzo de 2002, declara:
1)
Los usuarios de carreteras están legitimados para invocar frente a una persona jurídica de Derecho privado que contrata con
ellos las disposiciones de una directiva que puedan tener efecto directo cuando el Estado ha encargado a esta persona jurídica
la tarea de cobrar peajes por la utilización de la red de carreteras públicas y controla directa o indirectamente a dicha
persona jurídica.
2)
Los particulares pueden invocar frente a una autoridad del Estado los artículos 7, letra b), de la Directiva 93/89/CEE del
Consejo, de 25 de octubre de 1993, relativa a la aplicación por los Estados miembros de los impuestos sobre determinados tipos
de vehículos utilizados para el transporte de mercancías por carretera, así como de los peajes y derechos de uso percibidos
por la utilización de determinadas infraestructuras, y 7, apartado 4, de la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías
por la utilización de determinadas infraestructuras, pero no los artículos 7, letra h), de la Directiva 93/89 y 7, apartado
9, de la Directiva 1999/62, en caso de no adaptación o de adaptación incompleta del Derecho nacional a estas Directivas por
lo que se refiere al cálculo del importe de un derecho de peaje para los vehículos que tengan un peso total en carga autorizado
igual o superior a 12 toneladas utilizados en el transporte de mercancías para el trayecto completo de la autopista austriaca
del Brenner.
3)
Al igual que los transportistas de los demás Estados miembros, los transportistas austriacos pueden invocar los artículos
7, letra b), de la Directiva 93/89 y 7, apartado 4, de la Directiva 1999/62 para alegar que resultan discriminados por la
(excesiva) tarifa aplicada por el trayecto completo frente a los usuarios de carreteras que utilizan únicamente trayectos
parciales de la mencionada autopista.
4)
La sentencia de 5 de julio de 1995, Parlamento/Consejo (C‑21/94), debe interpretarse en el sentido de que los efectos de la
Directiva 93/89 se mantuvieron hasta el 20 de julio de 1999, fecha de entrada en vigor de la Directiva 1999/62.
5)
Durante el período comprendido entre el 20 de julio de 1999 y el 1 de julio de 2000, los Estados miembros debían abstenerse
de adoptar disposiciones que pudieran comprometer gravemente el resultado prescrito por la Directiva 1999/62, pero los particulares
no podían invocar esta Directiva frente a los Estados miembros ante los tribunales nacionales para evitar la aplicación de
una norma nacional ya existente que fuera contraria a dicha Directiva.
Skouris
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen
Macken
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de febrero de 2004.
El Secretario
El Presidente
R. Grass
V. Skouris
–
Lengua de procedimiento: alemán.