CELEX: 62008TJ0237
Marca comunitaria
Solicitud de marca comunitaria denominativa CUVÉE PALOMAR
Motivo de denegación absoluto
Marcas de vino que incluyen indicaciones geográficas
Acuerdo ADPIC
Artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) nº 207/2009]

Marco jurídico

Normativa internacional
El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo
ADPIC»), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), fue firmado
en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa
a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes
de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO L 336, p. 1).
El artículo 23 del citado Acuerdo, titulado «Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas»,
dispone lo siguiente:
«1.      Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación
geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación
geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del
lugar designado por la indicación geográfica en cuestión incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice
la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.
2.      De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de
fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas
espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará
para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.
3.      En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción
a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán
entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores
interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.
4.      Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones
sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que
sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.»
El artículo 24, apartado 5, del Acuerdo ADPIC establece lo siguiente:
«Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca
de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:
[…]
b)      antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;
las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una
marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar
a una indicación geográfica.»

Normativa comunitaria
El artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (DO L 11, p. 1), fue introducido por el Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO
L 349, p. 83). Este artículo es actualmente el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo,
de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1) dispone:
«Se denegará el registro de: […] j) las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique
los vinos […] cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen;»
El cuarto considerando del Reglamento nº 3288/94 precisa:
«El apartado 2 del artículo 23 del Acuerdo ADPIC establece el rechazo o la invalidez de las marcas comerciales que contengan
o consistan en indicaciones geográficas falsas para los vinos y bebidas espirituosas sin que para ello sea necesario que sean
de naturaleza tal que induzcan a error, es preciso introducir una nueva letra j) en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento
(CE) nº 40/94.»
El artículo 50, apartados 1 y 2 del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece
la organización común del mercado vitivinícola (DO L 179, p. 1), en su versión aplicable al litigio, establece lo siguiente:
«1.      De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Acuerdo [ADPIC], los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias
para permitir que las partes interesadas impidan la utilización en la Comunidad de una indicación geográfica que identifique
productos a que hace referencia la letra b) del apartado 2 del artículo 1 [del Reglamento nº 1493/1999], para los productos
no originarios del lugar designado por la indicación geográfica correspondiente, aun cuando se indique el verdadero origen
del producto o la indicación geográfica se utilice traducida o acompañada de menciones tales como“género”, “tipo”, “estilo”,
“imitación” u otras menciones similares.
2.      A efectos del presente artículo, se entenderá por “indicaciones geográficas” las indicaciones que identifiquen un producto
como originario del territorio de un tercer país que sea miembro de la [OMC] o de una región o localidad de ese territorio,
siempre que puedan atribuirse esencialmente a ese origen geográfico una determinada calidad, reputación o unas características
específicas del producto.»
El artículo 52, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1493/1999 dispone:
«Si un Estado miembro asigna el nombre de una región determinada para un vcprd así como, en su caso, para un vino destinado
a ser transformado en vcprd de ese tipo, dicho nombre no podrá utilizarse para la designación de productos del sector vitivinícola
que no procedan de dicha región y/o a los cuales no haya sido asignado ese nombre de conformidad con las reglamentaciones
comunitaria y nacional aplicables. Lo mismo ocurrirá si un Estado miembro ha asignado el nombre de un municipio, de una parte
de municipio o de un lugar únicamente para un vcprd así como, en su caso, para un vino destinado a ser transformado en vcprd
de este tipo.»
El artículo 54 del Reglamento nº 1493/1999 dispone:
«1.      Se entenderá por “vinos de calidad producidos en regiones determinadas” o “vcprd” los vinos que cumplan las disposiciones
del presente título y las disposiciones comunitarias y nacionales adoptadas al respecto.
[...]
4.      Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la lista de vcprd que hayan reconocido y facilitarán información acerca de
las disposiciones nacionales relativas a la producción y elaboración de cada uno de los vcprd.
5.      La Comisión publicará dicha lista en la serie C del
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
»
Una lista de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) fue publicada por la Comisión, de conformidad
con el artículo 54, apartado 4, del Reglamento nº 1493/1999, por primera vez en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas
de 19 de febrero de 1999 (C 46, p. 113). Esta lista –que anulaba y reemplazaba la lista publicada anteriormente en el Diario
Oficial de 15 de noviembre de 1996 (C 344, p. 110), de conformidad con el artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 823/87
del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establecen disposiciones específicas relativas a los vcprd (DO L 84, p. 59)–
menciona, por lo que respecta a España, denominación de origen «Valencia», así como la referencia a las Órdenes Ministeriales,
publicadas en el
Boletín Oficial del Estado,
de 13 de junio de 1987 (BOE de 3 de julio de 1987), de 11 de marzo de 1991 (BOE de 14 de marzo de 1991) y de 29 de noviembre
de 1995 (BOE de 8 de diciembre de 1995).
La Comisión publicó una nueva lista de los vcprd en el Diario Oficial de 14 de abril de 2004 (C 90, p. 1). En ella se hace
mención por lo que respecta a España y la Región de Valencia, a la subzona de Clariano, así como a la Orden Ministerial de
19 de octubre de 2000 (BOE de 3 de noviembre de 2000) y a la Orden Ministerial APA/1815/2002 (BOE de 16 de julio de 2002).
Posteriormente, la Comisión publicó nuevas listas en el Diario Oficial en 2006 (C 41, p. 1) y en 2007 (C 106, p. 1). Dichas
listas contenían las mismas menciones, por lo que respecta a la Región de Valencia, la subzona de Clariano, así como las mismas
referencias a las Órdenes Ministeriales que figuraban en el Diario Oficial C 90, de 14 de abril de 2004.

Normativa nacional
El artículo 2, apartados 1 y 2, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, ratificado
por la Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000 y publicado en el
Boletín Oficial del Estado
de 3 de noviembre de 2000, dispone:
«1.      La protección otorgada por esta Denominación de Origen será la contemplada en el artículo 81 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre,
y en el resto de la legislación aplicable, y se extiende a la expresión “Valencia” y a todos los nombres de las subzonas,
comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen las zonas de producción y crianza relacionadas en el artículo 4.
2.      Queda prohibida la utilización en otros vinos de nombres, marcas, términos, expresiones y signos que, por su similitud fonética
o gráfica con los protegidos por la Denominación de Origen, puedan inducir a confundirlos con los que son objeto de esta reglamentación,
aún en el caso de que vayan precedidos de los términos “tipo”, “estilo”, “embotellado en”, “con bodega en” y otros análogos.»
El artículo 4, apartado 1, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador establece
lo siguiente:
«La zona de producción amparada por la Denominación de Origen Valencia está constituida por los terrenos ubicados en la provincia
de Valencia que el Consejo Regulador considere aptos para la producción de uvas de las variedades que se indican en el artículo
quinto y la constituyen las subzonas y términos municipales que a continuación se citan: [...] Subzona de Clariano: [...]
Palomar [...].»
El artículo 4, apartado 1, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador fue modificado
por la Orden Ministerial APA/1815/2002, de 4 de julio de 2002 (BOE 169 de 16 de julio de 2002, p. 25958). Los términos «el
Palomar» sustituyen en ésta al término «Palomar».

Antecedentes del litigio
El 27 de noviembre de 2006 la demandante, Abadía Retuerta, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante
la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento nº 40/94.
La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo CUVÉE PALOMAR.
Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión
revisada y modificada, y corresponden a la descripción: «vinos».
Al estimar el examinador que la marca solicitada incurría en el motivo de denegación absoluta mencionado en el artículo 7,
apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, desestimó la solicitud de registro mediante resolución de 5 de junio de 2007.
La demandante interpuso recurso contra la resolución del examinador.
La Primera Sala de Recurso desestimó el recurso y condenó a la demandante a cargar con los gastos del procedimiento mediante
resolución de 2 de abril de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
La Sala de Recurso recuerda que, de conformidad con la jurisprudencia (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de
noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C‑245/02, Rec. p. I‑10989, apartado 42, y la jurisprudencia citada), dado que la Comunidad
es parte del Acuerdo ADPIC, está obligada a interpretar su normativa en materia de marcas, en la medida de lo posible, a la
luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo (apartado 13 de la resolución impugnada).
La Sala de Recurso precisa que de la comparación de las disposiciones del artículo 22, apartado 3, y del artículo 23, apartado
2, del ADPIC resulta que esta última disposición, cuya redacción ha sido incorporada en el artículo 7, apartado 1, letra j),
del Reglamento nº 40/94, constituye una
lex specialis,
que establece una prohibición de registro particular de una indicación geográfica que identifique los vinos y bebidas espirituosas.
Alega que se trata de una prohibición absoluta e incondicional, ya que no está subordinada al requisito de que el uso de la
indicación geográfica en la marca para los citados productos pueda inducir al público a error sobre el verdadero lugar de
origen, requisito al que en cambio está explícitamente sometida la aplicación de la prohibición de registro general de las
indicaciones geográficas a que se refiere el artículo 22, apartado 3, del ADPIC (apartados 16 y 17).
La Sala de Recurso señala, en esencia, que El Palomar es el nombre de un municipio de la subzona de Clariano y constituye,
con arreglo a la normativa comunitaria y nacional aplicable, una zona de producción amparada por la denominación de origen
«Valencia» (apartados 19 y 20 de la resolución impugnada).
La Sala de Recurso estima que existe una gran similitud entre el nombre del municipio El Palomar, protegido por la denominación
de origen «Valencia», y el término «palomar» incluido en la marca solicitada (apartado 26 de la resolución impugnada).
La Sala de Recurso considera que, por consiguiente, su utilización está prohibida conforme al artículo 2, apartado 2, de la
Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000, ya que la marca comunitaria no ha sido solicitada para designar vinos de la citada
zona de origen (apartado 26 de la resolución impugnada).
La Sala de Recurso señala, además, que, si bien es cierto que el nombre oficial del municipio es El Palomar, el elemento «palomar»
es el que identifica esta zona determinada y constituye el elemento esencial sobre el que se basa la indicación geográfica,
dado que este reconocimiento no puede depender de la presencia o no del artículo «el». Por añadidura, el municipio de que
se trata se identificó con el nombre Palomar, sin el artículo, en la Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000 (apartado
29 de la resolución impugnada).
Dado que la protección de la denominación de origen se extiende a los nombres de los municipios, en el presente caso, El Palomar,
y a los términos que, por su similitud, puedan crear confusión, como es el caso con el término «palomar» incluido en la marca
solicitada, la Sala de Recurso indica que la presencia de este término en la marca comunitaria solicitada se entiende, según
la normativa aplicable, como una indicación geográfica que identifica un vino. Habida cuenta de que los productos de que se
trata no tienen dicho origen, la Sala de Recurso estima que no procede admitir el registro de la marca comunitaria solicitada
para designar vinos, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, ya que ésta incluye una indicación
geográfica falsa (apartado 30 de la resolución impugnada).
La Sala de Recurso precisa, por último, que esta apreciación es también aplicable a la luz del enunciado modificado de los
productos de la solicitud, a saber «vinos procedentes de un pago vinícola conocido con el nombre de “Pago Palomar”, situado
en el municipio de Sardón de Duero (Valladolid)». La Sala de Recurso considera que esta limitación no permite responder a
la objeción que se formula, ya que está limitación refuerza el hecho de que la marca solicitada contiene una indicación geográfica
que no corresponde al origen de los productos que designa, lo que es contrario a las disposiciones referidas en el artículo
7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 (apartado 31 de la resolución impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule la resolución impugnada.
–        Condene en costas a la OAMI.
La OAMI solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes
La demandante invoca un motivo único en apoyo de su recurso, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra j),
del Reglamento nº 40/94.
En primer lugar, la demandante alega, en esencia, que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse
de forma restrictiva, porque incluye una prohibición de registro. Por consiguiente, estima que esta disposición no es aplicable
en el presente caso, porque la marca solicitada CUVÉE PALOMAR no contiene el nombre de la denominación de origen «el Palomar».
El nombre del municipio es, en efecto, El Palomar, y no Palomar, a tenor del artículo 4, apartado 1, del nuevo Reglamento
de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, en su versión modificada por la Orden Ministerial APA/1815/2002.
En segundo lugar, la demandante alega que la falta de oposición a la solicitud de marca por parte de los organismos competentes
para la defensa de la denominación de origen «Valencia» demuestra la inexistencia de conflicto entre la citada marca y el
nombre del municipio.
En tercer lugar, la demandante alega que el municipio de El Palomar tiene una población de un poco más de 500 habitantes.
Se trata, pues, de un municipio muy pequeño, absolutamente desconocido para el consumidor medio español y europeo, que ignora
que vinos de la denominación de origen «Valencia» se producen en El Palomar. El nombre El Palomar es, por tanto, un nombre
geográfico completamente desconocido en los medios interesados.
La demandante invoca, en esencia, que la jurisprudencia relativa al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94
[actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009] según la cual no procede aplicar el motivo de denegación
absoluto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 en el caso de marcas compuestas de un nombre que designe
zonas geográficas desconocidas (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 y
C‑109/97, Rec. p. I‑2779, apartados 31 a 33), debe aplicarse también,
mutatis mutandis,
al motivo de denegación absoluto a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.
En cuarto lugar, la demandante sostiene que debe interpretarse que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94
implica, para que la prohibición absoluta de registro sea aplicable, que la marca solicitada incluya o esté compuesta por
una indicación geográfica errónea.
Pues bien, según la demandante la solicitud de marca CUVÉE PALOMAR no contiene ni consiste en una indicación geográfica falsa.
Al contrario, identifica el origen geográfico de los vinos de la demandante. En efecto, el término «Palomar» identifica, en
la marca CUVÉE PALOMAR, un pago Palomar, que existe desde el siglo XIX, que está situado en la finca Retuerta, propiedad de
Abadía Retuerta, S.A., en el término municipal de Sardón de Duero (Valladolid).
Es evidente, según la demandante, que Abadía Retuerta, S.A., en su condición de propietaria del pago Palomar, está plenamente
legitimada para identificar los vinos elaborados en dicho pago con la marca CUVÉE PALOMAR. Por este motivo y con el objeto
de subsanar las objeciones señaladas por la OAMI y evitar cualquier error acerca del origen geográfico de sus productos, accedió,
el 16 de febrero de 2007, a limitar la solicitud de marca a los «vinos procedentes de un pago vinícola conocido como “Pago
Palomar”, situado en el término municipal de Sardón de Duero (Valladolid)».
La demandante estima, en esencia, que, en definitiva, la solicitud de marca CUVÉE PALOMAR no contiene ninguna indicación geográfica
falsa, ya que el Pago Palomar existe y le pertenece, y que, por lo tanto, la marca solicitada no incurre en la prohibición
absoluta de registro prevista en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.
En quinto lugar, la demandante alega que el nombre del pago Palomar, propiedad de Abadía Retuerta, S.A., cuya mención, como
se ha señalado en el apartado 38 anterior, está acreditada desde el siglo XIX, es muy anterior al reconocimiento, en 2000,
del municipio de El Palomar como zona de producción amparada bajo la denominación de origen «Valencia». Por tanto, la denegación
de registro de la marca CUVÉE PALOMAR supone una infracción del principio general del Derecho recogido en la máxima latina
prior in tempore, potior in iure
. La demandante observa que la Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000 que llevó al reconocimiento del municipio de El
Palomar como zona de producción amparada por la denominación de origen «Valencia» es incluso posterior a la marca española
nº 2.085.129 CUVÉE EL PALOMAR, que data de 1997.
En sexto lugar, la demandante sostiene, en esencia, que el término palomar es un término polisémico, que significa, según
el diccionario de la Real Academia Española: «1. m. Lugar donde se crían palomas. 2. Adj. Dicho de una especie de hilo bramante:
Más delgado y retorcido que el regular».
La demandante estima que esta definición diluye el supuesto carácter de indicación geográfica del nombre del municipio de
El Palomar.
Considera que, cuando el signo que integra la marca, a pesar de ser también geográfico, tiene otro significado que prevalece
sobre su significado geográfico, ha de atenderse a su significación principal. Y, una vez efectuada esa valoración, debe aplicarse
el régimen jurídico correspondiente. Pues bien, según la demandante, el término «palomar» posee una significación principal,
conocida por todos los consumidores, es decir, «lugar donde se crían palomas».
La demandante alega que el supuesto carácter geográfico del término palomar queda diluido por sus otros significados, por
lo que dicho término puede cumplir las funciones propias de una marca. Por este motivo, considera que, la resolución impugnada
supone una interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94. En efecto, la protección
de un supuesto interés colectivo, que justificaría la denegación de marcas coincidentes con indicaciones geográficas, no puede
llegar hasta el absurdo de rechazar marcas que poseen otros significados o que incluso designan, como en este caso, la zona
de origen de los productos en cuestión.
En séptimo lugar, la demandante alega, en esencia, que es titular de varias marcas comunitarias –PAGO PALOMAR, ABADIA RETUERTA
CUVÉE PALOMAR– para designar vinos comprendidos en la clase 33, así como una marca española CUVÉE EL PALOMAR que contiene
el nombre completo del municipio de El Palomar.
La demandante invoca, a este respecto, el tenor del artículo 24, apartado 5, del Acuerdo ADPIC (véase el apartado 3 anterior).
Pues bien, a su juicio, la marca española nº 2.085.129 CUVÉE EL PALOMAR data de 1997, y es por lo tanto anterior a la protección
del nombre del municipio de El Palomar en el marco de la denominación de origen «Valencia», regulada en el año 2000.
La demandante considera que, por consiguiente, no puede prejuzgarse la validez de las marcas CUVÉE EL PALOMAR (registrada
en 1997) y CUVÉE PALOMAR (solicitada de buena fe por ella) por el único motivo de que estas marcas son similares a una indicación
geográfica reconocida con posterioridad.
La demandante subraya, además, que la marca CUVÉE EL PALOMAR está también protegida en varios países de la Unión Europea a
través de la marca internacional nº 699.977, registrada el 23 de septiembre de 1998.
Respecto a la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los antecedentes registrales son irrelevantes, por ser jurisprudencia
reiterada que las decisiones nacionales no son vinculantes para la OAMI ni eximen a ésta de aplicar la normativa comunitaria
al caso concreto enjuiciado, la demandante afirma que la Sala de Recurso olvida que dos de dichos antecedentes (en concreto,
las marcas comunitarias nº 4.827.978 PAGO PALOMAR y nº 5.501.978 ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR) fueron enjuiciados por la
propia OAMI y no constituyen, pues, decisiones nacionales.
La demandante estima que el hecho de que las oficinas de marcas de Alemania, España, Francia, Italia, Austria y el Reino Unido
hayan aceptado el registro de la marca CUVÉE EL PALOMAR debería haber sido tenido en cuenta por la OAMI como un claro ejemplo
de que la marca comunitaria CUVÉE PALOMAR no incurre en ningún motivo absoluto de denegación de registro, máxime cuando la
propia OAMI había admitido el registro de las marcas comunitarias PAGO PALOMAR y ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR.
En octavo lugar, la demandante alega, en esencia, que la OAMI registró marcas como CUVÉE MEDITERRANEO, CUVÉE DU GOLFE DE SAINT‑TROPEZ
y CUVÉE OCCITANE.
Pues bien, según la demandante, las referidas marcas poseen una vinculación directa y evidente con una zona geográfica conocida
en el sector vitivinícola, ya que el público europeo en general es capaz de identificar geográficamente el mar Mediterráneo,
el golfo de Saint-Tropez y la región de Occitania.
De lo anterior resulta, según la demandante, que la denegación del registro de la marca CUVÉE PALOMAR supone una quiebra del
principio de igualdad y una decisión arbitraria por parte de la OAMI.
Por último, en la vista, la demandante alegó, en esencia, que la lista de los vcprd publicada por la Comisión en el Diario
Oficial en 2007 no contiene el nombre el Palomar, sino que se limita a indicar la referencia de las disposiciones reglamentarias
nacionales en que figura dicha mención. Pues bien, a su juicio, la publicación de la lista en el Diario Oficial constituye
un requisito para que puedan oponerse las denominaciones geográficas protegidas por las legislaciones nacionales. Al no haberse
publicado la indicación geográfica el Palomar en el Diario Oficial, no podría oponerse, por tanto, a la demandante.
Asimismo, la demandante alegó en la vista que la publicación de la lista en el Diario Oficial no tuvo lugar hasta el año 2007,
es decir, con posterioridad a la solicitud de marca que se presentó el 27 de noviembre de 2006. Pues bien, el hecho que hace
que se puedan oponer las denominaciones geográficas protegidas por las legislaciones nacionales es, según ella, la publicación
de la lista en el Diario Oficial por la Comisión. Por consiguiente, si el Tribunal considerase que la publicación en el Diario
Oficial de una lista que sólo menciona las referencias a disposiciones reglamentarias nacionales en las que figura la mención
el Palomar basta para garantizar la publicidad de esta mención, debería señalarse que la publicación tuvo lugar después de
la presentación de la solicitud de marca y, por tanto, dicha denominación geográfica protegida no podría oponerse a la demandante.
La OAMI se opone a esta alegación y estima, en esencia, que la Sala de Recurso apreció correctamente los hechos y el Derecho
en la resolución impugnada.

Apreciación del Tribunal
El artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 establece que se denegará el registro de las marcas de vinos
que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho
origen.
Para la aplicación de esta disposición, procede determinar el alcance del concepto de «indicación geográfica que identifique
los vinos».
El Reglamento nº 40/94 no define el concepto de indicación geográfica que identifique los vinos.
No obstante, hay que señalar que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 fue introducido por el Reglamento
nº 3288/94.
El cuarto considerando del Reglamento nº 3288/94 precisa en efecto que «el apartado 2 del artículo 23 del Acuerdo ADPIC establece
el rechazo o la invalidez de las marcas comerciales que contengan o consistan en indicaciones geográficas falsas para los
vinos y bebidas espirituosas sin que para ello sea necesario que sean de naturaleza tal que induzcan a error» y que «es preciso
introducir una nueva letra j) en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 40/94».
Pues bien, procede recordar que, dado que la Comunidad es parte del Acuerdo ADPIC, está obligada a interpretar su normativa
en materia de marcas, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo (véase la sentencia
Anheuser-Busch, citada en el apartado 21
supra,
apartado 42, y la jurisprudencia citada).
Según reiterada jurisprudencia, una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con países terceros debe considerarse
directamente aplicable cuando, a la vista del tenor, del objeto y de la naturaleza del acuerdo, puede llegarse a la conclusión
de que dicha disposición contiene una obligación clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en
sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2000, Dior y
otros, C‑300/98 y C‑392/98, Rec. p. I‑11307, apartado 42).
No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, por una parte, que, habida cuenta de su naturaleza y de su sistema,
el Acuerdo OMC y sus anexos no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia
controla los actos de las instituciones comunitarias en el marco del recurso de anulación (sentencia Dior y otros, citada
en el apartado 65
supra,
apartado 42) y, por otra parte, que las disposiciones del Acuerdo ADPIC, anexo al Acuerdo OMC, no confieren derechos a los
particulares que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho comunitario (sentencia Dior y
otros, citada en el apartado 65
supra,
apartado 43).
De esta jurisprudencia resulta que, si bien las disposiciones del Acuerdo ADPIC no tienen efecto directo, no es menos cierto
que debe interpretarse la legislación en materia de marcas, es decir, en el presente caso, el artículo 7, apartado 1, letra j),
del Reglamento nº 40/94, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo.
Debe observarse que el concepto «de indicación geográfica que identifique los vinos», que figura en el artículo 7, apartado
1, letra j), del Reglamento nº 40/94, difiere, en la versión francesa del que figura en el artículo 23 del ADPIC, citado en
el apartado 2 anterior.
No obstante, otras dos lenguas son también auténticas, a tenor del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda
Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, firmada en Marrakech el 15 de abril de 1994 (DO L 336, p. 253), cuyo
texto fue redactado en francés, inglés y español.
Procede señalar, por ello, que los términos «geographical indication identifying wines» se utilizan tanto en el artículo 23
del Acuerdo ADPIC, como en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 en la versión inglesa de estas disposiciones.
Por otro lado, los términos «indicación geográfica que identifique vinos» se utilizan en la versión española del artículo
23 del ADPIC y los términos «indicación geográfica que identifique el vino» en la versión española del artículo 7, apartado
1, letra j), del Reglamento nº 40/94.
Por consiguiente, debe considerarse que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 se refiere a las indicaciones
geográficas «identifiant des vins» [que identifiquen vinos] y no a las indicaciones geográficas «destinées à identifier les
vins» [que identifiquen el vino].
La determinación y la protección de las indicaciones geográficas por lo que respecta a los vinos se establecen por el Reglamento
nº 1493/1999, aplicable
ratione temporis
al caso de autos.
Asimismo, el concepto de indicación geográfica que identifique vinos, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra j),
del Reglamento nº 40/94, debe leerse en relación con las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario en materia de determinación
y de protección de las indicaciones geográficas por lo que respecta a los vinos. Por consiguiente, procede referirse al Reglamento
nº 1493/1999 que también garantiza la conformidad de la legislación comunitaria con las disposiciones del Acuerdo ADPIC, como
resulta de los considerandos 56 y 80 de dicho Reglamento.
El artículo 50, apartado 1, del Reglamento nº 1493/1999 se refiere a la protección de las indicaciones geográficas para los
productos originarios de países terceros en el marco de la aplicación de los artículos 23 y 24 del Acuerdo ADPIC.
No obstante, el artículo 50, apartado 2, del citado Reglamento únicamente define el concepto de indicación geográfica a los
efectos de la aplicación del apartado 1 de dicha disposición.
Por consiguiente, hay que remitirse a las demás disposiciones del Reglamento nº 1493/1999 para determinar el contenido del
concepto de indicación geográfica en el sentido de dicho Reglamento.
El artículo 47, apartado 1, del Reglamento nº 1493/1999 dispone:
«Las normas relativas a la designación, denominación y presentación de determinados productos regulados por el presente Reglamento
así como a la protección de determinadas indicaciones, menciones y términos, se establecen en el presente capítulo y en los
anexos VII y VIII.»
A tenor del artículo 47, apartado 2, letra e), del Reglamento nº 1493/1999, las normas a que se refiere el apartado 1 de dicho
artículo incluyen, en particular, disposiciones que regulen la utilización de indicaciones geográficas.
La parte A del anexo VI del Reglamento nº 1493/1999 establece lo siguiente:
« 1.      Por “región determinada” se entenderá un área o un conjunto de áreas vitícolas que produzcan vinos con características cualitativas
especiales y cuyo nombre se utilice para designar vcprd.
2.      Cada región determinada estará sujeta a una delimitación precisa, basada, si fuera posible, en las parcelas o subparcelas
de vid. Tal delimitación, efectuada por cada uno de los Estados miembros interesados, tendrá en cuenta los aspectos que contribuyan
a la calidad de los vinos producidos en la región de que se trate, como la naturaleza del suelo y del subsuelo, el clima y
la situación de las parcelas o subparcelas de vid.
3.      La región determinada se designará con su nombre geográfico […].
4.      El nombre geográfico que designe una región determinada debe ser suficientemente preciso y estar notoriamente ligado al área
de producción de manera que se eviten las confusiones, habida cuenta de las situaciones existentes.»
La parte B, punto 1, letra c), primer guión, del anexo VII del Reglamento nº 1493/1999 establece lo siguiente:
«El etiquetado de los productos elaborados en la Comunidad podrá completarse con las siguientes indicaciones en condiciones
a determinar: […] para los vcprd: […] la indicación de una unidad geográfica menor que la región determinada según las modalidades
previstas por el Estado miembro productor».
El artículo 52, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1493/1999 precisa que, si un Estado miembro asigna el nombre
de una región determinada para un vcprd, dicho nombre no podrá utilizarse para la designación de productos del sector vitivinícola
que no procedan de dicha región y/o a los cuales no haya sido asignado ese nombre de conformidad con las reglamentaciones
comunitaria y nacional aplicables. Lo mismo ocurrirá si un Estado miembro ha asignado el nombre de un municipio, de una parte
de municipio o de un lugar únicamente para un vcprd.
En otros términos, los Estados miembros son competentes, con arreglo al Reglamento nº 1493/1999, para atribuir el nombre de
un municipio, de una parte de un municipio o de un lugar a un vcprd. En tal caso, dicho nombre no podrá utilizarse para la
designación de productos del sector vitivinícola que no procedan de dicho municipio, de dicha parte del municipio de dicho
lugar y/o a los que no se ha atribuido dicho nombre de conformidad con las normativas comunitaria y nacional aplicables.
Por tanto, procede observar que, al aplicar el Reglamento nº 1493/1999, incumbe a los Estados miembros determinar, en sus territorios
respectivos, las indicaciones geográficas que desean proteger.
El artículo 2, apartado 1, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, adoptado
por el legislador español, establece que la protección conferida por dicha denominación de origen se extiende a la expresión
«Valencia» y a todas las denominaciones de las subzonas, comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen
las zonas de producción y crianza relacionadas en el artículo 4.
El artículo 4, apartado 1, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, en su versión
modificada por la Orden Ministerial APA/1815/2002, de 4 de julio de 2002, establece que la zona de producción amparada por
la denominación de origen Valencia está constituida, en particular, por la subzona de Clariano, que incluye, entre otros,
el término municipal con el nombre de El Palomar.
Por tanto, el nombre el Palomar constituye una indicación geográfica para un vcprd a tenor de la legislación española y, por
consiguiente, el artículo 52 del Reglamento nº 1493/1999, lo que no discute la demandante, que, por otro lado, confirmó, en
la vista, que no había impugnado la validez de dicha legislación ante los órganos jurisdiccionales españoles.
Dado que el nombre el Palomar es una indicación geográfica para un vcprd, constituye una indicación geográfica que identifica
los vinos en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.
Procede señalar que la demandante no sostiene que la indicación geográfica el Palomar no se utilizará para identificar un
vino producido en el municipio con dicho nombre. Se limita en efecto a sostener, en esencia, que está legitimada para utilizar
el nombre Palomar a pesar de la existencia de la indicación geográfica el Palomar.
La demandante rechaza en cambio que se le pueda oponer la indicación geográfica el Palomar debido al hecho de que la lista
publicada por la Comisión en el Diario Oficial con arreglo al artículo 54, apartado 5, del Reglamento nº 1493/1999, no menciona
el Palomar ni tampoco Palomar.
A este respecto, el artículo 54, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 1493/1999 dispone, por una parte, que los Estados miembros
comunican a la Comisión la lista de vcprd que se reconocen, indicando, para cada uno de estos vcprd, la referencia a las disposiciones
nacionales que regulan su producción y su elaboración y, por otra parte, que dicha lista se publica en el Diario Oficial (serie C)
por la Comisión.
Por una parte, procede recordar que el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador
se publicó en el BOE de 3 de noviembre de 2000. La Orden Ministerial APA/1815/2002 se publicó en el BOE el 16 de julio de
2002.
Por otra parte, una lista de vcprd se publicó de conformidad con el artículo 54, apartado 5, del Reglamento nº 1493/1999 por
primera vez en el Diario Oficial de 19 de febrero de 1999 (C 46, p. 113).
Como se ha señalado en el apartado 10 anterior, la Comisión publicó una nueva lista de los vcprd en el Diario Oficial de 14
de abril de 2004. En ella se hace mención por lo que respecta a España y la Región de Valencia, de la subzona de Clariano,
a la Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000 y a la Orden Ministerial APA/1815/2002 así como a las referencias de publicación
de estas Órdenes Ministeriales en el BOE.
Como se ha indicado, además, en el apartado 11 anterior, la Comisión publicó nuevas listas en el Diario Oficial en 2006 y
posteriormente en 2007. Dichas listas contenían menciones idénticas a las que figuran en la lista publicada por la Comisión
en 2004, por lo que respecta a la Región de Valencia y la subzona de Clariano.
Por tanto, la demandante no puede sostener que la lista de vcprd, que incluye la mención de la indicación geográfica Clariano
y la referencia a las disposiciones pertinentes del Derecho español, no se publicó por primera vez en el Diario Oficial hasta 2007.
Por otro lado, debe considerarse que la protección comunitaria de las indicaciones geográficas establecida por el Reglamento
nº 1493/1999 se basa en las indicaciones geográficas tal como las determina la legislación de los Estados miembros respetando
las disposiciones pertinentes del citado Reglamento. Esta protección no resulta en efecto de un procedimiento comunitario
autónomo ni tampoco de un mecanismo al término del cual las indicaciones geográficas reconocidas por los Estados miembros
sean aprobadas en un acto comunitario vinculante.
Las únicas obligaciones que resultan del artículo 54, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 1493/1999 son, para los Estados miembros,
comunicar a la Comisión la lista de los vcprd que han reconocido, indicando, para cada uno de ellos, la referencia a las disposiciones
nacionales que regulan su producción y su elaboración y, para la Comisión, publicar dicha lista en la serie C –y no en la
serie L– del Diario Oficial.
Dado que la protección de las indicaciones geográficas tiene su origen en la legislación de los Estados miembros, la oponibilidad
frente a terceros de medidas nacionales por las que un Estado miembro atribuye el nombre de una región determinada a un vcprd,
o el nombre de un municipio, de una parte de municipio o de un lugar, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, párrafo
primero, del Reglamento nº 1493/1999, resulta de la publicación de dichas disposiciones en el diario oficial del Estado miembro
que las adopta.
Pues bien, consta que el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, así como la Orden
Ministerial APA/1815/2002, fueron publicadas en el BOE en 2000 y en 2002 respectivamente, en una fecha anterior a la solicitud
de marca presentada el 27 de noviembre de 2006.
Asimismo, del hecho de que la protección de las indicaciones geográficas tenga su origen en la legislación de los Estados
miembros resulta que la publicación de la lista de los vcprd y de las referencias a las disposiciones nacionales en la serie
C del
Diario Oficial de la Unión Europea
constituye únicamente una medida de información del público sobre la protección de las indicaciones geográficas establecidas
por cada uno de los Estados miembros en su legislación nacional.
Es cierto que el modo utilizado por la Comisión para publicar la información comunicada por el Reino de España no parece muy
eficaz para garantizar una información plena y completa del público, ya que el nombre de los municipios que disfrutan de una
indicación de origen por lo que respecta, en particular, a la Región de Valencia y la subzona de Clariano –incluido el nombre
del municipio de El Palomar– no aparece en la lista publicada por la Comisión.
No obstante, procede observar, por una parte, que dicho modo de publicar la información nacional sobre las disposiciones del
artículo 54, apartado 5, del Reglamento nº 1493/1999 y, por otra parte, considerar que no cuestiona la protección que concede
este Reglamento a las indicaciones geográficas que disfrutan de protección con arreglo a la legislación española incluida
la indicación geográfica «el Palomar».
A mayor abundamiento, debe señalarse también, que, a tenor del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República
de Sudáfrica sobre el comercio de vino (DO 2002, L 28, p. 4), se protegerán, por lo que respecta a los vinos originarios de
la Comunidad, las indicaciones geográficas mencionadas en el anexo II.
El anexo II («Lista de indicaciones geográficas») del Acuerdo, parte A («Indicaciones geográficas de vinos originarios de
la Comunidad»), punto III («Vinos originarios del Reino de España»), número 1 («[vcprd]»), epígrafe 1.2.48 («Región determinada
de Valencia»), letra d) («Subregión de Clariano»), menciona el nombre Palomar.
La mención Palomar aparece también en los anexos del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el
comercio de productos agrícolas (DO 2002, L 114, p. 132).
Procede observar que dichos acuerdos son anteriores a la modificación del artículo 4, apartado 1, del nuevo Reglamento de
la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador por la Orden Ministerial APA/1815/2002, de 4 de julio de 2002
que introdujo el nombre el Palomar en lugar del nombre Palomar.
El nombre Palomar aparece también en los anexos del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia sobre el comercio del vino
celebrado en 1994 (DO 1994, L 86, p. 3), lo que lleva a considerar que la protección conferida por el Reino de España a la
indicación geográfica el Palomar es anterior a las disposiciones del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia»
y de su Consejo Regulador en su versión modificada por la Orden Ministerial APA/1815/2002, de 4 de julio de 2002.
Al término de dicho examen, procede recordar que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94,
se denegará el registro de las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos
cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen.
Es pacífico entre las partes que el vino para el que la demandante ha presentado una solicitud de registro, como marca comunitaria,
del signo denominativo CUVÉE PALOMAR no es originario del término municipal el Palomar mencionado en el nuevo Reglamento de
la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, publicado en el BOE con anterioridad a la solicitud de registro.
La marca solicitada para el registro consiste en una indicación geográfica que identifica un vcprd a pesar de que el vino
para el que se solicita la marca no tiene dicho origen.
Por consiguiente, procede considerar que la Sala de Recurso consideró legítimamente que la marca solicitada incurría en el
motivo de denegación absoluta de registro establecido por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.
No obstan a esta conclusión las alegaciones formuladas por la demandante en apoyo de su motivo único.
En primer lugar, la demandante alega, en esencia, que, dado que una parte de su pago tiene el nombre de Palomar, dicho nombre,
en la marca solicitada, no constituye una falsa indicación o una indicación errónea.
No obstante es indiferente que dicha mención no sea errónea, dado que el único requisito que requiere la aplicación del motivo
de denegación absoluto establecido por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 es que el vino incluya
o consista en una indicación geográfica que identifique un vino pese a que dicho vino no tenga ese origen.
Pues bien, la demandante reconoce que la parte de su pago que se denomina Palomar no está situada en el término municipal
El Palomar, mencionado en el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador.
Por consiguiente, debe desestimarse la alegación formulada por la demandante.
En segundo lugar, la demandante sostiene, en esencia, que, para que el motivo de denegación absoluto establecido por el artículo
7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, se aplique, es necesario que la marca solicitada incluya, o consista en
una indicación geográfica errónea que designe vinos que tengan un origen diferente al que los consumidores asocian con dicha
indicación geográfica.
Ahora bien, el cuarto considerando del Reglamento nº 3288/94 precisa que el artículo 23, apartado 2, del acuerdo ADPIC establece
la denegación o la invalidez de las marcas comerciales que contengan o consistan en indicaciones geográficas falsas para los
vinos y bebidas espirituosas sin que para ello sea necesario que puedan inducir a error.
Por tanto, el motivo de denegación previsto por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 se aplica sin
que proceda tener en cuenta si las marcas cuyo registro se solicita pueden o no inducir a error al público o si conllevan
un riesgo de confusión para éste por lo que respecta al origen del producto.
Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la demandante sobre este punto.
En tercer lugar, la demandante sostiene, en esencia, que la marca solicitada no incluye el nombre el Palomar, que disfruta
de la protección otorgada por el Derecho español, sino únicamente el término «palomar». Ahora bien, a su juicio, la homonimia
debe ser total para que se aplique el motivo de denegación absoluto previsto por el artículo 7, apartado 1, letra j), del
Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, al no estar presente el artículo «el» en la marca cuyo registro se solicitó, la demandante
considera que la OAMI no podía denegar el registro.
Procede observar, con carácter ilustrativo, que, si se admitiese la alegación de la demandante, conduciría a permitir el registro
de una marca como Baux de Provence o Clos Vougeot, a pesar de que existen las indicaciones geográficas para vcprd Les Baux
de Provence y Clos de Vougeot.
Pues bien, tal interpretación del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 infringe manifiestamente el objetivo
de protección de las indicaciones geográficas para los vcprd perseguida por la normativa nacional y por la normativa comunitaria.
Es preciso considerar que, para aplicar el motivo de denegación a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra j), del
Reglamento nº 40/94, basta que las citadas marcas incluyan o consistan en elementos que permitan identificar con certeza la
indicación geográfica de que se trate, sin que sea necesario tener en cuenta los artículos definidos o indefinidos que puedan
formar parte de la misma.
Sería diferente sólo si la indicación geográfica consistiese en un nombre de lugar que incluya un artículo que sea indisociable
de dicho nombre y que dé a éste un significado propio y autónomo.
Pues bien, en el presente caso, procede señalar que el nombre el Palomar no tiene significado propio y autónomo que se diferencie
del nombre Palomar.
Por consiguiente, procede considerar que la marca cuyo registro se solicitó, es decir, CUVÉE PALOMAR, incluye o consiste en
elementos que permiten identificar con certeza la indicación geográfica «el Palomar», a saber, el término «Palomar».
Por tanto, debe desestimarse la alegación de la demandante según la cual el artículo «el» tiene una influencia determinante
en la aplicación, en el presente caso, del motivo de denegación previsto por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento
nº 40/94.
En cuarto lugar, la demandante alega, en esencia, que procede tener en cuenta el hecho de que el nombre «el Palomar», que
disfruta de la denominación de origen amparada por el Derecho español, no es conocido por el público en general o por los
medios interesados y que tiene un carácter polisémico que diluye su carácter de indicación geográfica.
No obstante, puesto que el registro de la marca solicitada debe denegarse por el solo motivo de que dicha marca incluye o
contiene una indicación geográfica que identifica vinos cuando los vinos no tienen dicho origen, el hecho de que el nombre
que disfruta de una denominación de origen no sea conocido por el público en general o por los medios interesados, o que tenga
un carácter polisémico que diluya su carácter de indicación geográfica, es indiferente para la aplicación del motivo de denegación
absoluto previsto por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.
De ello se deduce también que no puede estimarse la alegación de la demandante según la cual procede aplicar por analogía
la jurisprudencia relativa al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, a tenor de la cual el Tribunal de
Justicia consideró que no se debía aplicar el motivo de denegación absoluto de dicha disposición en los casos de marcas que
consisten en un nombre que designa zonas geográficas no conocidas.
Esta jurisprudencia no es aplicable por lo que respecta al motivo de denegación absoluto previsto por el artículo 7, apartado
1, letra j), del Reglamento nº 40/94, ya que dicha disposición no requiere el análisis de un eventual riesgo de confusión.
En efecto, basta que una marca que identifique un vino incluya o contenga una indicación geográfica que identifique los vinos,
a pesar de que el vino para el que se solicite el registro de la marca no tenga dicho origen, para que se deniegue el registro.
En quinto lugar, respecto a la alegación de la demandante basada en la inexistencia de oposición de los organismos competentes
para la defensa de la denominación «Valencia», procede considerar que, dado que la solicitud de marca no se publicó, ya que
se denegó el registro de la marca, los terceros, y entre ellos el Consejo Regulador de la denominación de origen y las administraciones
central y autonómicas, no se vieron en la necesidad de presentar sus observaciones sobre la marca solicitada.
En cualquier caso, aun suponiendo que dichos organismos hubieran tenido la posibilidad de oponerse a la marca solicitada y
no lo hayan hecho, de dicha inexistencia de oposición no puede deducirse útilmente que la marca pueda registrarse válidamente
a pesar de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.
En sexto lugar, sobre la alegación de la demandante según la cual el registro de la marca solicitada es únicamente la prolongación
comunitaria de los registros nacionales e internacionales de los que dispone, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia,
el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria
pertinente. La OAMI y, en su caso, el juez comunitario, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro,
ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional [sentencias del
Tribunal de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, apartado 47, y de 22 de junio
de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, apartado 37].
Los registros efectuados en los Estados miembros no pasan de ser un mero factor que puede tenerse en cuenta a la hora de registrar
una marca comunitaria, y la marca solicitada debe, por su parte, apreciarse únicamente sobre la base de la normativa comunitaria
pertinente. De ello se deriva que la OAMI no está obligada ni a dar por buenos los criterios y apreciaciones de la autoridad
competente en materia de marcas en el país de origen, ni a registrar la marca solicitada por que exista una resolución de
registro de la Oficina española de marcas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre
de 2007, Develey/OAMI, C‑238/06 P, Rec. p. I‑9375, apartados 66 a 73).
Por consiguiente, el hecho de disponer de registros nacionales e internacionales no impide la denegación del registro de una
marca en virtud de la normativa comunitaria.
De ello se deduce que también debe desestimarse la alegación de la demandante sobre este punto.
En séptimo lugar, en lo que atañe a la alegación de la demandante según la cual, en esencia, no hay obstáculos para el registro
de la marca CUVÉE PALOMAR dado que la OAMI admitió registrar sus marcas PAGO PALOMAR y ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR, procede
recordar que, según reiterada jurisprudencia, las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso en virtud del Reglamento nº 40/94,
relativas al registro de un signo como marca comunitaria, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional.
Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento,
tal y como lo interpreta el juez comunitario y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas (véase
la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, apartado 65, y la jurisprudencia
citada).
De ello se desprende que el motivo de la demandante debe ser desestimado.
En octavo lugar, la demandante sostiene, en esencia, que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 debe
interpretarse a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo ADPIC y, en particular, de su artículo 24, apartado 5.
Pues bien, dado que es titular de la marca española CUVÉE EL PALOMAR desde 1997, debería tenerse en cuenta la anterioridad
de dicha marca en relación con la protección del nombre del término municipal el Palomar en el marco de la denominación de
origen «Valencia», que fue regulada en el año 2000.
La demandante estima en esencia que, ya que en virtud del artículo 24, apartado 5, del Acuerdo ADPIC, el reconocimiento de
la denominación de origen en 2000 no invalida la marca nacional CUVÉE EL PALOMAR registrada con anterioridad y la existencia
de dicha marca nacional anterior permite el registro, solicitado de buena fe, de la marca CUVÉE PALOMAR, dicho registro no
puede denegarse basándose únicamente en que dicha marca incluye una indicación geográfica reconocida con posterioridad al
registro de la marca nacional.
A tenor de la jurisprudencia recordada en los apartados 64 a 67 anteriores, aun cuando las disposiciones del Acuerdo ADPIC
no confieren derechos a los particulares que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho comunitario,
no es menos cierto que deben interpretarse el Reglamento nº 40/94, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la
finalidad de dicho Acuerdo.
Según el artículo 24, apartado 5, del Acuerdo ADPIC, cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada
de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe, antes
de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen, las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones
de la sección 1 del Acuerdo ADPIC –en la que figura el artículo 24– no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez
del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es
idéntica o similar a una indicación geográfica.
Por tanto, dicha disposición supone que la marca haya sido solicitada o registrada de buena fe antes de que la indicación
geográfica estuviera protegida en su país de origen, o que se haya usado de buena fe la marca cuyo registro se solicita, antes
de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen.
En el presente caso, procede señalar que la solicitud de registro de la marca CUVÉE PALOMAR se registró en 2006, es decir,
después de que la indicación geográfica El Palomar quedara protegida en su país de origen por el nuevo Reglamento de la Denominación
de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, en su versión modificada por la Orden Ministerial APA/1815/2002, de 4 de julio
de 2002.
Por otro lado, la demandante no ha acreditado que usara de buena fe el nombre CUVÉE PALOMAR antes de que la indicación geográfica
el Palomar estuviera protegida en el país de origen.
Por último, aun suponiendo que la demandante pudiera invocar la anterioridad por lo que respecta a su marca CUVÉE EL PALOMAR
registrada en 1997 en España, no obstante, únicamente puede invocarla, en su caso, para esta marca existente y no para registrar
nuevas marcas, inexistentes en el momento en que se decidió otorgar la protección de la indicación geográfica, compuesta asimismo
por dicha indicación geográfica.
Por tanto, la demandante no puede invocar el artículo 24, apartado 5, del Acuerdo ADPIC para conseguir que sea registrada
la marca cuyo registro se solicitó.
A mayor abundamiento, el Tribunal observa que la Comisión publicó una lista de los vcprd en el Diario Oficial de 19 de febrero
de 1999, conforme al artículo 1, apartado 3, del Reglamento nº 823/87. Dicha lista menciona el Reglamento de la Denominación
de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador de 13 de junio de 1987, en su versión modificada por la Orden de 29 de noviembre
de 1995, publicada en el BOE de 8 de diciembre 1995. Pues bien, dicho Reglamento, en su versión modificada, menciona el término
municipal Palomar como parte de la subzona de Clariano, que a su vez forma parte de la zona geográfica que disfruta de la
denominación de origen protegida «Valencia». De ello se deduce que, en 1995, es decir, antes del registro de la marca nacional
CUVÉE EL PALOMAR, el término municipal Palomar constituía una indicación geográfica protegida por el Derecho nacional y por
el Derecho comunitario.
En noveno lugar, respecto a la alegación de la demandante según la cual, en esencia, la OAMI ha registrado marcas como CUVÉE
MEDITERRANEO, CUVÉE DU GOLFE DE SAINT‑TROPEZ y CUVÉE OCCITANE y nada se opone, por consiguiente, a que se registre la marca
CUVÉE PALOMAR, procede señalar que la demandante no ha demostrado, ni siquiera sostenido, que las menciones Mediterráneo,
Golfe de Saint-Tropez y Occitane fueran indicaciones geográficas protegidas destinadas a identificar un vino.
Por tanto, la alegación de la demandante carece, también en este punto, de pertinencia y debe desestimarse.
De todo lo anterior resulta que debe desestimarse el recurso en su totalidad.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada
en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Dado que se han desestimado las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla al pago de las costas causadas
por la OAMI, conforme a lo solicitado por ésta.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a Abadía Retuerta, S.A.
Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de mayo de 2010.
Firmas
*
* Lengua de procedimiento: español.