CELEX: 62009CJ0054
Recurso de casación
Agricultura
Organización común del mercado vitivinícola
Ayudas a la reestructuración y a la reconversión de viñedos
Reglamento (CE) nº 1493/1999
Fijación de las asignaciones financieras definitivas concedidas a los Estados miembros
Reglamento (CE) nº 1227/2000
Artículo 16, apartado 1
Plazo
Carácter imperativo

Mediante su recurso de casación, la República Helénica solicita que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas, de 11 de diciembre de 2008, Grecia/Comisión (T‑339/06, Rec. p. II‑3525; en lo sucesivo, «sentencia
recurrida»), por la que éste desestimó su recurso en el que solicitaba la anulación de la Decisión 2006/669/CE de la Comisión,
de 4 de octubre de 2006, por la que se fijan para el ejercicio financiero de 2006 las asignaciones financieras definitivas
a los Estados miembros, para un determinado número de hectáreas, con vistas a la reestructuración y reconversión de viñedos
en virtud del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo (DO L 275, p. 62; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).

Marco jurídico

Reglamento (CE) nº 1493/1999
El artículo 14 del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización
común del mercado vitivinícola (DO L 179, p. 1), es del siguiente tenor:
«1.      La Comisión asignará anualmente a los Estados miembros un primer tramo de créditos basándose en criterios objetivos teniendo
en cuenta las situaciones y necesidades específicas y el esfuerzo que deban realizarse teniendo en cuenta el objetivo del
régimen.
2.      La asignación inicial se adaptará en función de los gastos reales y de las previsiones de gastos revisados comunicadas por
los Estados miembros teniendo en cuenta el objetivo del régimen y dentro del límite de los créditos disponibles.
3.      Las asignaciones financieras entre Estados miembros tendrán debidamente en cuenta la proporción de la superficie comunitaria
de viñedo existente en el Estado miembro de que se trate.
[…]»

Reglamento (CE) nº 1227/2000
A tenor del artículo 16 del Reglamento (CE) nº 1227/2000 de la Comisión, de 31 de mayo de 2000, por el que se fijan las disposiciones
de aplicación del Reglamento nº 1493/1999 en lo relativo al potencial de producción (DO L 143, p. 1), en su versión aplicable
al ejercicio financiero 2006 (en lo sucesivo, «Reglamento nº 1227/2000»):
«1.      Los Estados miembros enviarán a la Comisión, a más tardar el 10 de julio de cada año, en relación con el régimen de reestructuración
y reconversión:
a)      una declaración de los gastos realmente realizados hasta el 30 de junio del ejercicio financiero en curso y de la superficie
total afectada;
b)      una declaración de los gastos liquidados hasta el 30 de junio del ejercicio financiero en curso y de la superficie total afectada;
c)      toda solicitud para la posterior financiación de los gastos durante el ejercicio en curso, con carácter adicional a la asignación
concedida en virtud del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento (CE) nº 1493/1999, y con indicación de la superficie total
afectada en cada caso;
d)      las previsiones de gastos modificadas y las superficies totales afectadas para los ejercicios siguientes hasta el final de
período previsto para la ejecución de los planes de reestructuración y reconversión, de acuerdo con la asignación de cada
Estado miembro.
2.      Sin perjuicio de lo dispuesto en las normas generales de disciplina presupuestaria, en caso de que la información que los
Estados miembros deben enviar a la Comisión de conformidad con el apartado 1 sea incompleta o no se haya respetado el plazo,
la Comisión reducirá los anticipos en la contabilización de los gastos agrícolas en función del tiempo y a tanto alzado.»
El artículo 17 del Reglamento nº 1227/2000 establece:
«1.      Los gastos de cada Estado miembro efectivamente realizados y liquidados, declarados con cargo a un ejercicio determinado,
se financiarán por una cantidad equivalente a los importes notificados a la Comisión en aplicación de las letras a) y b) del
apartado 1 del artículo 16, siempre que la totalidad de esos importes no supere el importe asignado al Estado miembro en virtud
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento […] nº 1493/1999.
[…]
3.      Las solicitudes efectuadas por los Estados miembros de conformidad con la letra c) del apartado 1 del artículo 16 se aceptarán
a prorrata, utilizando los créditos disponibles tras deducir la suma de los importes notificados de conformidad con la letra a)
del apartado 1 del artículo 16 y de los importes declarados de conformidad con la letra b) de dicho apartado correspondientes
a todos los Estados miembros, del importe total asignado a los mismos en aplicación del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento
[…] nº 1493/1999. La Comisión notificará a los Estados miembros, lo antes posible a partir del 30 de junio, en qué medida
las solicitudes pueden ser aceptadas.
4.      No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, si la superficie total notificada de conformidad con la letra a) del apartado
1 del artículo 16 es inferior al número de hectáreas indicado en la asignación del correspondiente ejercicio financiero concedida
al Estado miembro con arreglo al apartado 1 del artículo 14 del Reglamento […] nº 1493/1999, los gastos declarados con cargo
a dicho ejercicio sólo se financiarán hasta un importe equivalente al producto de multiplicar la superficie total notificada
por el importe de la ayuda media por hectárea, según se desprende de la relación entre el importe asignado al Estado miembro
en virtud del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento […] nº 1493/1999 y el número de hectáreas previstas.
El referido importe no podrá, en ningún caso, ser superior a los gastos declarados de conformidad con la letra a) del apartado
1 del artículo 16.
A efectos de lo previsto en el presente apartado, se aplicará un margen de tolerancia del 5 % de la superficie total notificada
en relación con la que figura en la dotación del ejercicio financiero considerado.
Los importes no financiados en aplicación del presente apartado no se encontrarán disponibles a efectos de aplicación del
apartado 3.
[…]
8.      Las referencias a un ejercicio concreto corresponden a los pagos realmente efectuados por los Estados miembros entre el 16
de octubre y el 15 de octubre del año siguiente.
[…]»

Reglamento (CE) nº 1258/1999
El artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1258/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la financiación de la
política agrícola común (DO L 160, p. 103) establece:
«La Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros los recursos financieros necesarios para hacer frente a los gastos
contemplados en los artículos 2 y 3 mediante anticipos de los gastos pagados en un período de referencia determinado.
[…]»
En virtud del artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento:
«La Comisión decidirá los anticipos mensuales que deban concederse a cuenta de los gastos realmente efectuados por los organismos
pagadores autorizados.
Los gastos de octubre se imputarán a ese mes si se efectúan entre los días 1 y 15 y al mes de noviembre si se realizan entre
el 16 y el 31. Los anticipos se pagarán al Estado miembro a más tardar el tercer día laborable del segundo mes siguiente al
de la realización de los gastos.
[…]»

Antecedentes del litigio
El Tribunal de Primera Instancia expuso los hechos que originaron el presente litigio de la siguiente manera:
«6      Para el ejercicio financiero 2006 (16 de octubre de 2005 – 15 de octubre de 2006), el reparto indicativo de los créditos concedidos
en virtud del Reglamento nº 1493/1999 para la reestructuración y la reconversión de los viñedos se estableció mediante la
Decisión 2005/716/CE de la Comisión, de 10 de octubre de 2005, por la que se fijan asignaciones financieras indicativas a
los Estados miembros, para un determinado número de hectáreas, con vistas a la reestructuración y reconversión de viñedos
en virtud del Reglamento nº 1493/1999, para la campaña 2005/2006 (DO L 271, p. 45). En el anexo de dicha decisión, el importe
de la asignación financiera indicativa para la República Helénica se fijó en 8.574.504 euros para una superficie de 1.249 hectáreas.
7      El 10 de julio de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento nº 1493/1999 y en el artículo 16
del Reglamento nº 1227/2000, las autoridades griegas enviaron a la Comisión el estado de los gastos vinculados a la reestructuración
y a la reconversión de los viñedos en Grecia durante el ejercicio financiero de 2006 con el fin de obtener asignaciones financieras.
En virtud de dicha comunicación, el total de tales gastos se elevaba a 6.829.204,46 euros y la superficie correspondiente
era de 788,002 hectáreas.
8      El 22 de septiembre de 2006, las autoridades griegas remitieron un escrito a la Comisión para comunicarle la existencia de
un error en la recogida de los datos informáticos, puesto que la superficie que debía tenerse en cuenta era de 1.102,271 hectáreas.
Precisaron que dicha superficie correspondía a la suma de la superficie total indicada en el cuadro que figuraba en anexo
al escrito de 10 de julio de 2006 y en el que se recogían los gastos de reestructuración y reconversión de los viñedos en
Grecia realmente efectuados a 30 de junio de 2006, es decir, 1.085,391 hectáreas, y de la superficie total indicada en el
cuadro que figuraba en anexo al escrito de 10 de julio de 2006 y que recogía los gastos de reestructuración y de reconversión
de los viñedos en Grecia liquidados a 30 de junio de 2006, es decir, 16,88 hectáreas. Asimismo, recordaron que los gastos
totales se elevaban a un importe de 6.829.204,46 euros.
9      El 26 de septiembre de 2006, durante la reunión nº 890 del Comité de gestión de los vinos, las autoridades griegas reiteraron
su petición a la Comisión de que tuviera en cuenta los datos rectificados. La Comisión rechazó oralmente la petición de las
autoridades griegas, indicando que se habían presentado los datos corregidos extemporáneamente.
10      El 4 de octubre de 2006, la Comisión adoptó la Decisión [controvertida]. En esa misma fecha, un representante de la Comisión
se reunió con representantes de las autoridades griegas, a los que explicó que era imposible, en vista de los plazos, atender
a su solicitud de tomar en consideración los datos rectificados comunicados el 22 de septiembre de 2006.
11      El 16 de octubre de 2006, las autoridades griegas enviaron un escrito a la Comisión pidiéndole que modificara el anexo de
la Decisión [controvertida]. La Comisión no accedió a dicha solicitud.»

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
Mediante escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de noviembre de 2006, la República
Helénica solicitó que se anulara o modificara la Decisión controvertida, en su parte relativa a las asignaciones de ayudas
para la reestructuración y la reconversión de los viñedos en Grecia, con el fin de que se tuvieran en cuenta los datos corregidos
comunicados a la Comisión el 22 de septiembre de 2006 y que se le distribuyeran los fondos correspondientes.
En apoyo de su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, la República Helénica alegó cinco motivos, basados respectivamente
en el carácter indicativo del plazo establecido en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000, en la vulneración
del principio de cooperación leal, en la vulneración de los principios de buena fe y de buena administración, en la vulneración
del principio de proporcionalidad y en la vulneración del principio de efecto útil.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el mencionado recurso.
Por lo que atañe al primer motivo, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 25 de la sentencia recurrida,
que del tenor literal del artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000, así como del sistema general y de la finalidad
de la normativa de la que forma parte, resulta que el plazo previsto en dicho artículo es un plazo imperativo.
A este respecto, señaló en primer lugar, en el apartado siguiente de la mencionada sentencia, que no es necesario añadir los
términos «plazo imperativo» para conferir carácter vinculante al plazo previsto.
El Tribunal de Primera Instancia consideró a continuación que la circunstancia de que tres versiones lingüísticas del artículo
16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000 dispongan que los Estados miembros enviarán a la Comisión, «hasta» el 10 de julio
de cada año, los datos a los que se refiere esta disposición, no les otorga un sentido diferente al de otras versiones lingüísticas.
Además afirmó que tanto la función de dicho plazo en el marco del sistema de reestructuración y de reconversión de los viñedos
como el objetivo perseguido por la declaración de los gastos y de las superficies afectadas mencionadas en el artículo 16,
apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000, para la que se establece ese plazo en el marco de dicho sistema confirman su carácter
imperativo.
A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 29 de la sentencia recurrida, que la finalidad
del plazo previsto en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000 es permitir una aplicación eficaz de la determinación
de las asignaciones previstas en el artículo 14, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1493/1999, de tal modo que la fecha en
que los Estados miembros están obligados a comunicar anualmente las informaciones a la Comisión debe ser respetada para que
las asignaciones financieras indicativas previstas en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 1493/1999, se adapten,
en particular en función de los gastos reales, con arreglo al artículo 14, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento.
En los apartados 30 a 32 de la sentencia recurrida señaló asimismo que la fecha de 10 de julio, que está relacionada con la
de 15 de octubre, se fijó con el fin de que la Comisión pudiera disponer del tiempo necesario para adoptar y publicar la decisión
por la que se fijan las asignaciones financieras definitivas prevista en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 1493/1999
antes de que finalice el ejercicio financiero.
Además, en los apartados 33 a 35 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, para permitir
a los Estados miembros efectuar los últimos pagos, relativos a los gastos declarados en virtud del artículo 16, apartado 1,
del Reglamento nº 1227/2000, antes de que finalice el ejercicio financiero en curso y obtener su reembolso por parte de la
Comisión antes de que finalice el ejercicio presupuestario, con arreglo a las partidas presupuestarias disponibles para dicho
ejercicio financiero, el efecto útil de las disposiciones controvertidas implica que la decisión por la que se fijan las asignaciones
financieras definitivas a los Estados miembros para el ejercicio financiero debe adoptarse antes de que finalice éste, a saber,
el 15 de octubre.
A continuación, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que en el artículo
16, apartado 2, del Reglamento nº 1227/2000, no puede basarse ninguna alegación relativa al carácter imperativo o no del plazo
previsto el apartado 1 de dicho artículo, ya que el citado apartado 2 se refiere a las consecuencias que resultan de una eventual
comunicación de datos incompletos o de un eventual incumplimiento, por el Estado miembro implicado, del plazo previsto para
dicha comunicación.
Además, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la alegación de la República
Helénica de que el artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000 confirma el carácter indicativo del plazo previsto
en la medida en que establece el principio según el cual la Comisión está obligada a financiar los gastos realmente realizados
por los Estados miembros, lo que implica la posibilidad de que los Estados miembros rectifiquen sus errores después del 10
de julio. A este respecto, después de señalar que el artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000 tiene por objeto
la financiación de los gastos realmente realizados y liquidados, declarados para un ejercicio financiero concreto, y no únicamente
de gastos realmente realizados, el Tribunal de Primera Instancia consideró que dicha alegación era infundada al basarse en
una cita incompleta de dicha disposición.
En los apartados 50 a 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los motivos segundo y tercero
del recurso en los que la República Helénica alegaba, en esencia, que el carácter supuestamente erróneo de los datos que comunicó
a la Comisión antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000 era manifiesto
y que la Comisión estaba por tanto obligada, en virtud de los principios de cooperación leal, de buena fe y de buena administración,
a tomar en consideración los datos rectificados comunicados tras el vencimiento del plazo mencionado.
Tras considerar que no era en absoluto evidente el carácter erróneo de los datos comunicados por las autoridades griegas a
la Comisión el 10 de julio de 2006, el Tribunal de Primera Instancia dedujo, en el apartado 57 de la sentencia recurrida,
que la alegación de la República Helénica se basaba en un presupuesto de hecho erróneo.
Además, el Tribunal de Primera Instancia estableció, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, que, habida cuenta del carácter
imperativo del plazo establecido en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000, un Estado miembro no está facultado
para exigir a la Comisión que tenga en cuenta datos comunicados tras el vencimiento de dicho plazo. A continuación aclaró,
en el apartado 59 de dicha sentencia, que aunque no se excluye completamente que se tomen en consideración datos comunicados
extemporáneamente por un Estado miembro, la Comisión puede negarse a tener en cuenta dichos datos si ello puede obstaculizar
la adopción, en tiempo útil, de la decisión por la que se establecen las asignaciones financieras definitivas a los Estados
miembros para el ejercicio financiero de que se trata. El Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión que la Comisión
no había vulnerado los principios alegados al decidir no tener en cuenta los datos rectificados, en la medida en que la República
Helénica no los comunicó hasta el 22 de septiembre de 2006, es decir más de dos meses después de la comunicación inicial de
los datos supuestamente erróneos y sólo tres semanas antes de la fecha límite para la adopción de la decisión, el 15 de octubre
de 2006.
El Tribunal de Primera Instancia también desestimó el cuarto motivo formulado por la República Helénica basado en la vulneración
del principio de proporcionalidad.
En primer lugar consideró, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, que, a diferencia de la alegación de la República
Helénica de que la Comisión vulneró el principio de proporcionalidad al imponerle una doble sanción, por aplicación acumulativa
de los artículos 16, apartado 2, y 17, apartado 4, del Reglamento nº 1227/2000, vulnerando el principio
non bis in idem,
de la Decisión controvertida no se desprende que la Comisión le ha aplicado el artículo 16, apartado 2, de dicho Reglamento.
A continuación, el Tribunal de Primera Instancia desestimó, en los apartados 69 a 75 de la sentencia recurrida, la alegación
de la República Helénica de que la Comisión vulneró el principio de proporcionalidad al imponerle una sanción desproporcionada
en relación con el error informático de las autoridades griegas.
El Tribunal de Primera Instancia también desestimó el quinto motivo, basado en la vulneración del principio de efecto útil.
Tras recordar que la fijación de un plazo imperativo se impone para permitir la adopción de la decisión de la Comisión por
la que se establecen las asignaciones financieras definitivas a los Estados miembros antes de que finalice el ejercicio financiero
de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia dedujo, en el apartado 79 de la sentencia recurrida, que el efecto útil
de los artículos 11, 13 y 14 del Reglamento nº 1493/1999, y 16 y 17 del Reglamento nº 1227/2000, no se opone a la aplicación
de un plazo imperativo ni a la negativa de tomar en consideración los datos comunicados por un Estado miembro tras dicho plazo,
incluso si la consecuencia de ello es la reducción de las ayudas concedidas al Estado miembro interesado.

Pretensiones de las partes
La República Helénica solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Declare la admisibilidad del recurso.
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Estime el recurso.
–        Condene a la Comisión a las costas correspondientes tanto al procedimiento de casación como al procedimiento ante el Tribunal
de Primera Instancia.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Declare la inadmisibilidad del recurso de casación y lo desestime por infundado.
–        Condene en costas a la República Helénica.

Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, la República Helénica alega tres motivos basados, respectivamente, en un error de interpretación
de los artículos 16, apartados 1 y 2, y 17 del Reglamento nº 1227/2000, en el desconocimiento por el Tribunal de Primera Instancia
del alcance de varios principios generales de Derecho, y en una motivación contradictoria.

Sobre el primer motivo, basado en un error de interpretación de los artículos 16, apartados 1 y 2, y 17 del Reglamento nº 1227/2000
Alegaciones de las partes
La República Helénica reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber interpretado de modo erróneo los artículos 16, apartados
1 y 2, y 17 del Reglamento nº 1227/2000, cuya interpretación conjunta demuestra, a diferencia de lo que consideró el Tribunal
de Primera Instancia, que el plazo contemplado en el mencionado artículo 16, apartado 1, es indicativo.
El carácter indicativo de dicho plazo resulta en particular del artículo 16, apartado 2, del Reglamento nº 1227/2000. A este
respecto, la República Helénica alega que del tenor de dicha disposición se desprende que la transmisión de información incompleta
o fuera de plazo únicamente implica una reducción de los anticipos en función del tiempo y a tanto alzado. Según ese Estado
miembro, de ello se deriva que dicha sanción puede levantarse
a posteriori
a partir del momento en que el Estado miembro de que se trata haya completado o transmitido la información antes de la adopción
de la decisión por la que se fijan las asignaciones financieras definitivas concedidas a los Estados miembros, de modo que
no se le impondrá ninguna sanción ni se le reducirán las cantidades a las que tiene derecho.
Según la República Helénica, es inconcebible que el legislador de la Unión haya adoptado, respecto de los Estados miembros
que transmiten información errónea dentro de plazo, una disposición más represiva que la que se aplica a los que no han transmitido
ninguna información o han transmitido información incompleta.
El carácter indicativo del plazo en cuestión se desprende del tenor del artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000,
con arreglo al cual se financian los gastos reales, y no los realizados y declarados como afirma el Tribunal de Primera Instancia.
La República Helénica deduce de ello la posibilidad de que los Estados miembros corrijan los errores manifiestos de introducción
de datos, incluso después del 10 de julio.
También alega que el hecho de que no se utilice la expresión «a más tardar» en la versión griega del artículo 16, apartado
1, del Reglamento nº 1227/2000, que aparece en otras versiones lingüísticas, confirma el carácter indicativo del plazo previsto
en dicha disposición.
El hecho de que la propia Comisión haya admitido haber aceptado información transmitida tras el vencimiento del mencionado
plazo aboga también por ese sentido.
La Comisión sostiene que el primer motivo de casación es inadmisible en la medida en que repite las alegaciones formuladas
en primera instancia.
En particular, afirma que la alegación de la República Helénica de que el artículo 17, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000
confirma el carácter indicativo del plazo contemplado en el artículo 16, apartado 1, del mismo Reglamento debe declararse
inadmisible en cuanto tiene por objeto un reexamen de los hechos.
La Comisión sostiene, además, que no puede deducirse del artículo 16, apartado 2, del Reglamento nº 1227/2000 que el plazo
establecido en el apartado 1 de dicho artículo tiene un carácter indicativo, en la medida en que la función y el objetivo
de dichas disposiciones son distintos. De ese modo, el apartado 2 sólo se aplica en caso de transmisión incompleta o extemporánea
de la información, lo que no sucede en el presente asunto.
Respecto de la alegación de la República Helénica basada en que no se utilizan los términos «a más tardar» en la versión griega
del artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000, la Comisión sostiene que es inadmisible en la medida en que tiene
como objetivo obtener un nuevo examen del recurso presentado ante el Tribunal de Primera Instancia. Por lo que respecta al
fondo, alega que el hecho de que no se utilicen dichos términos en la versión griega no constituye un elemento de interpretación
esencial para apreciar el carácter del plazo controvertido y que, en todo caso, no demuestra que dicho plazo sea indicativo.
Por último, en respuesta a la alegación de que el reconocimiento por la Comisión de haber aceptado información transmitida
fuera de plazo corrobora el carácter indicativo del plazo establecido en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000,
dicha institución sostiene que el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que un Estado miembro no puede exigir
que se tomen en consideración elementos transmitidos fuera de plazo y que la Comisión puede desestimar una solicitud de ese
tipo cuando resulte imposible la adopción en tiempo útil de la decisión por la que se establecen las asignaciones financieras
definitivas a los Estados miembros.
Apreciación del Tribunal de Justicia
–       Sobre la admisibilidad
Ciertamente, según reiterada jurisprudencia, con arreglo a los artículos 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, 58, párrafo
primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, y 112, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento de este último,
un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita,
así como los fundamentos jurídicos que respaldan de manera específica esta pretensión. En consecuencia, un recurso de casación
que se limite a repetir o a reproducir literalmente los motivos y las alegaciones que ya se hayan formulado ante el Tribunal
de Primera Instancia no cumple los requisitos de motivación establecidos en las referidas disposiciones (véase, en particular,
la sentencia de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y otros/Comisión, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P y C‑137/07 P,
Rec. p. I‑0000, apartado 131).
No obstante, en la medida en que el recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada
por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse
en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones
ya invocados ante el Tribunal de Primera Instancia, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido (sentencia
de 23 de abril de 2009, AEPI /Comisión, C‑425/07 P, Rec. p. I‑3205, apartado 24).
Pues bien, el primer motivo planteado por la República Helénica tiene precisamente por objeto poner en entredicho la interpretación
que hace el Tribunal de Primera Instancia de los artículos 16 y 17 del Reglamento nº 1227/2000. Por tanto, debe declararse
admisible.
–       Sobre el fondo
El artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000 establece, en la mayor parte de las versiones lingüísticas, que los
Estados miembros enviarán a la Comisión «a más tardar» el 10 de julio de cada año la información mencionada en dicha disposición.
No existen dudas acerca de que dicha formulación da al mencionado plazo un carácter imperativo. El que tres versiones lingüísticas,
entre ellas la griega, establezcan que los Estados miembros enviarán dichas informaciones a la Comisión «hasta el» 10 de julio
de cada año no da a dicho artículo un sentido distinto al del resto de versiones lingüísticas.
El sistema del Reglamento nº 1227/2000 y la finalidad del artículo 16, apartado 1, de dicho Reglamento confirman esta interpretación.
En primer lugar, procede declarar que la alegación de la República Helénica, de que el carácter indicativo del plazo establecido
en dicha disposición resulta del artículo 16, apartado 2, del Reglamento nº 1227/2000, se basa en la premisa errónea de que
dicha disposición también se refiere al supuesto de un Estado miembro que no haya enviado a la Comisión una declaración con
arreglo al artículo 16, apartado 1, del mencionado Reglamento, cuando del tenor de dicha disposición resulta claramente que
sólo atañe a las declaraciones incompletas que no se hayan subsanado a 10 de julio de cada año.
En efecto, según el artículo 16, apartado 2, del Reglamento nº 1227/2000, la Comisión reducirá los anticipos en la contabilización
de los gastos agrícolas en caso de que la información que los Estados miembros deben enviar a la Comisión de conformidad con
el apartado 1 del mencionado artículo 16 sea incompleta o no se haya respetado el plazo.
De lo anterior se desprende que la alegación de la República Helénica no puede acogerse en este punto.
Por lo demás, debe destacarse que el artículo 16, apartado 2, del Reglamento nº 1227/2000 se refiere a los anticipos sobre
la contabilización de los gastos agrícolas en el sentido del artículo 5, apartado 1, del Reglamento nº 1258/1999, y no a las
asignaciones financieras definitivas.
Con arreglo a dicho artículo, la Comisión pone a disposición de los Estados miembros, en forma de anticipos sobre la contabilización
de los gastos efectuados durante un período de referencia, los créditos necesarios para cubrir los gastos contemplados en
los artículos 2 y 3 de dicho Reglamento. En virtud del artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento, la Comisión decidirá
los anticipos mensuales que deban concederse a cuenta de los gastos realmente efectuados por los organismos pagadores autorizados.
Estos anticipos se pagarán al Estado miembro a más tardar el tercer día laborable del segundo mes siguiente al de la realización
de los gastos.
En este contexto, el artículo 16, apartado 2, del Reglamento nº 1227/2000 establece que, en caso de que la información que
los Estados miembros deben enviar a la Comisión de conformidad con el apartado 1 del citado artículo sea incompleta o no se
haya respetado el plazo, la Comisión reducirá los anticipos en la contabilización de los gastos agrícolas en función del tiempo
y a tanto alzado.
En consecuencia, el artículo 16, apartado 2, del Reglamento nº 1227/2000 tiene precisamente por objeto incitar a los Estados
miembros a respetar su obligación de declaración derivada del apartado 1 de dicho artículo.
En segundo lugar, no puede acogerse la alegación de la República Helénica de que el tenor del artículo 17, apartado 1, del
Reglamento nº 1227/2000 confirma el carácter indicativo del plazo establecido en el artículo 16, apartado 1, de dicho Reglamento.
Según el citado artículo, se financiarán por una cantidad equivalente a los importes notificados a la Comisión en aplicación
del apartado 1 del artículo 16, del mismo Reglamento, los gastos efectivamente liquidados y declarados.
Contrariamente a lo que afirma la República Helénica, nada indica en el tenor de dicha disposición que la Comisión debe basarse
en los datos reales y, por consiguiente, tener en cuenta las correcciones aportadas por los Estados miembros tras el vencimiento
del plazo establecido en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000.
En cambio, del artículo 17, apartado 4, de dicho Reglamento resulta expresamente que, como excepción a lo dispuesto en el
apartado 1 de dicho artículo, se aplica una penalización cuando la superficie total notificada en aplicación del artículo 16,
apartado 1, letra a), de dicho Reglamento es inferior al número de hectáreas indicado en la dotación del ejercicio financiero
de que se trata concedida al Estado miembro con arreglo al artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 1493/1999.
De lo anterior se desprende que, a diferencia de lo que sostiene la República Helénica, la Comisión está obligada a basarse,
al adoptar la decisión por la que se fijan las asignaciones financieras definitivas, no en la superficie total real, sino
únicamente en la que le ha sido notificada dentro del plazo establecido en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000.
En tercer lugar, del objetivo perseguido por la declaración prevista por el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000,
se desprende que la fecha de 10 de julio tiene como finalidad permitir a la Comisión adoptar en tiempo útil la decisión por
la que se fijan las asignaciones financieras definitivas concedidas a los Estados miembros, de modo que dicha institución
no está obligada a basarse en datos modificados comunicados después de dicha fecha para la adopción de la mencionada decisión.
A este respecto, debe recordarse que, en aplicación del artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 1493/1999, la Comisión
asignará anualmente a los Estados miembros un primer tramo de créditos basándose en criterios objetivos teniendo en cuenta
las situaciones y necesidades específicas y el esfuerzo que deban realizarse teniendo en cuenta el objetivo del régimen. Con
arreglo al apartado 2 de dicho artículo, la asignación inicial se adaptará en función de los gastos reales y de las previsiones
de gastos revisados comunicadas por los Estados miembros teniendo en cuenta el objetivo del régimen y dentro del límite de
los créditos disponibles.
En ese contexto, la obligación prevista en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000 está destinada a permitir
a la Comisión disponer de elementos necesarios para establecer de modo definitivo las asignaciones financieras, con arreglo
al artículo 14, apartado 2, del Reglamento nº 1493/1999.
Pues bien, únicamente una concepción estricta del plazo previsto en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000
permite garantizar que la Comisión podrá adaptar en tiempo útil, en función de los gastos reales, las asignaciones financieras
concedidas a los Estados miembros, que inicialmente sólo se conceden con carácter provisional en virtud del artículo 14, apartado
1, del Reglamento nº 1493/1999.
A este respecto, procede señalar por una parte que, según el artículo 17, apartado 8, del Reglamento nº 1227/2000, las referencias
a un ejercicio concreto corresponden a los pagos realmente efectuados por los Estados miembros entre el 16 de octubre y el
15 de octubre del año siguiente y, por otra parte, que con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1258/1999,
la Comisión decidirá los anticipos mensuales que deban concederse a cuenta de los gastos realmente efectuados por los organismos
pagadores autorizados, imputándose los gastos de octubre a ese mes si se efectúan entre los días 1 y 15 y al mes de noviembre
si se realizan entre el 16 y el 31. Dichos anticipos se pagarán al Estado miembro a más tardar el tercer día laborable del
segundo mes siguiente al de la realización de los gastos.
En tales circunstancias, con el fin de permitir a los Estados miembros efectuar, antes de que finalice el ejercicio financiero
en curso, los últimos pagos relativos a los gastos declarados en virtud del artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000
de que la Comisión obtenga su reembolso antes de que finalice el ejercicio presupuestario, con cargo a las partidas presupuestarias
disponibles para dicho ejercicio financiero, es necesario que la decisión por la que se fijan las asignaciones financieras
definitivas concedidas a los Estados miembros para el ejercicio financiero correspondiente se adopte antes del fin del mismo,
es decir antes del 15 de octubre.
Para poder adoptar y publicar la decisión por la que se fijan dichas asignaciones financieras definitivas antes de esa fecha,
la Comisión, habida cuenta de las obligaciones de procedimiento que pesan sobre ésta, deberá disponer de las informaciones
relativas al conjunto de los Estados miembros a más tardar el 10 de julio del ejercicio correspondiente.
A este respecto, procede recordar que, como se desprende del artículo 17, apartado 3, del Reglamento nº 1227/2000, queda excluida
cualquier modificación aislada de la asignación financiera concedida a un Estado miembro. En efecto, en virtud de dicha disposición,
las solicitudes de financiación posterior de gastos del ejercicio en curso, contempladas en el artículo 16, apartado 1, letra c),
de dicho Reglamento, sólo pueden aceptarse si existen créditos disponibles después de que se haya deducido del importe total
concedido a los Estados miembros la suma, para todos los Estados miembros, de los importes notificados en aplicación del artículo
16, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 1227/2000 y de los importes declarados con arreglo a dicha disposición, letra b).
De las anteriores consideraciones se desprende que la Comisión no puede estar obligada a aceptar datos que se le transmiten
fuera de plazo, cuando ello pueda impedir la adopción en tiempo útil de la decisión por la que se fijan las asignaciones financieras
definitivas concedidas a los Estados miembros.
Esta interpretación no queda en entredicho por la circunstancia de que la Comisión haya admitido que no está totalmente excluido
que tome en consideración datos comunicados extemporáneamente no si se ha sobrepasado por poco tiempo el plazo previsto y
es posible la adopción, antes del 15 de octubre, de la decisión por la que se fijan las asignaciones financieras definitivas
concedidas a los Estados miembros para el ejercicio financiero de que se trata.
Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que el primer motivo carece de fundamento. En consecuencia, debe
desestimarse.

Sobre el segundo motivo, basado en una apreciación errónea de varios principios generales de Derecho
El presente motivo se divide en dos partes.
Sobre la primera parte del segundo motivo, basado en la vulneración de los principios generales de cooperación leal, de buena
fe y de buena administración
–       Alegaciones de las partes
La República Helénica sostiene que el Tribunal de Primera Instancia consideró equivocadamente que la Comisión no vulneró los
principios de cooperación leal, de buena administración y de buena fe, al no tomar en consideración datos corregidos que le
transmitieron las autoridades griegas y al tener en cuenta datos manifiestamente erróneos, cuando disponía de tiempo suficiente
para incorporar los datos corregidos a su decisión.
Por su parte, la Comisión sostiene que debe desestimarse dicha alegación por ser inadmisible en la medida en que reitera las
alegaciones ya formuladas en primera instancia sin demostrar dónde radica el carácter erróneo de la apreciación del Tribunal
de Primera Instancia.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante la primera parte de su segundo motivo, la República Helénica alega, en esencia, que los principios de cooperación
leal, de buena administración y de buena fe deberían haber determinado que la Comisión, por una parte, no tuviera en cuenta
los datos manifiestamente erróneos que se le transmitieron y, por otra parte, que tomara en consideración los datos corregidos
dado que disponía del tiempo necesario para incorporarlos a la Decisión controvertida.
En primer lugar procede señalar que, actuando de ese modo, la República Helénica trata, en esencia, de poner en entredicho
las apreciaciones de hecho efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 57 y 59 de la sentencia recurrida.
En efecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, por una parte, en el apartado 57 de la sentencia recurrida, que el carácter
erróneo de los datos que las autoridades griegas comunicaron el 10 de julio de 2006 no era en absoluto evidente. Por otra
parte, en el apartado 59, declaró, en esencia, que cuando los datos corregidos fueron transmitidos a la Comisión, ésta ya
no disponía del tiempo necesario para tomarlos en consideración a efectos de la adopción en tiempo útil de la Decisión controvertida.
A este respecto, procede señalar que, con arreglo a los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto
del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho, siendo el Tribunal de Primera Instancia
el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación
de los hechos y pruebas no constituye pues una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en
el marco de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de éstos (véanse, en particular, las sentencias
de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, apartado 22; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI,
C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, apartado 35, y de 15 de abril de 2010, Ralf Schräder/OCVV, C‑38/09 P, Rec. p. I‑0000, apartado 69).
Pues bien, en el presente asunto, la República Helénica no ha demostrado, ni tan siquiera alegado, ningún tipo de desnaturalización
de los hechos o de las pruebas sometidas al Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad
de la primera parte del segundo motivo.
Sobre la segunda parte del segundo motivo, basado en la vulneración del principio general de igualdad de trato
–       Alegaciones de las partes
Mediante la segunda parte del segundo motivo, la República Helénica sostiene que el Tribunal de Primera Instancia declaró
equivocadamente que la Comisión no había vulnerado el principio general de igualdad de trato al negarse a tomar en consideración
los datos corregidos que le fueron transmitidos fuera de plazo.
Según este Estado miembro, el comportamiento de la Comisión es contrario al principio de igualdad de trato entre los Estados
miembros en la medida en que dicha institución admite de modo arbitrario elementos transmitidos fuera de plazo por otros Estados
miembros.
Por su parte, la Comisión alega que debe declararse la inadmisibilidad de dicha alegación al haber sido invocada por primera
vez en fase de casación y no mencionar los elementos de Derecho y de hecho fundamentales en los que se basa dicha imputación.
Con carácter subsidiario, sostiene que dicha alegación carece de fundamento.
–       Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, permitir que una de las partes invoque por
primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no ha invocado ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a
permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recurso de casación es limitada, un litigio más
extenso que aquel del que conoció el Tribunal de Primera Instancia. En el marco de un recurso de casación, la competencia
del Tribunal de Justicia está limitada a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos objeto de debate
ante los primeros Jueces (véanse en ese sentido las sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros, C‑136/92 P,
Rec. p. I‑1981, apartados 58 y 59; de 30 de marzo de 2000, VBA/VGB y otros, C‑266/97 P, Rec. p. I‑2135, apartado 79; de 29
de abril de 2004, Henkel/OAMI, C‑456/01 P y C‑457/01 P, Rec. p. I‑5089, apartado 50, y de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions
Albert René/OAMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, apartado 126).
Pues bien, procede declarar que el reproche formulado por la República Helénica de que la Comisión vulneró el principio de
igualdad de trato al aceptar fuera de plazo datos procedentes de otros Estados miembros no fue invocado ante el Tribunal de
Primera Instancia.
En dichas circunstancias, debe declararse la inadmisibilidad de la segunda parte del segundo motivo.
En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del segundo motivo en su totalidad.

Sobre el tercer motivo, basado en una motivación contradictoria
Alegaciones de las partes
La República Helénica sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en contradicción al afirmar, por una parte, en
los apartados 25, 36 y 43 de la sentencia recurrida, que el plazo previsto en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000
tiene un carácter imperativo, y al declarar, por otra parte, en el apartado 59 de dicha sentencia, que la Comisión puede tomar
en consideración datos comunicados extemporáneamente si se ha sobrepasado por poco tiempo el plazo previsto y es posible la
adopción de la decisión por la que se establecen las asignaciones financieras definitivas a los Estados miembros.
A juicio de la Comisión, la motivación de la sentencia recurrida no es contradictoria sino que sigue la misma lógica, a saber,
la de la aplicación correcta de la normativa y, al mismo tiempo, del respeto al principio de cooperación leal con el Estado
implicado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la cuestión de si la motivación de una sentencia
del Tribunal de Primera Instancia es contradictoria constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser invocada en
el marco de un recurso de casación (véanse, en particular, las sentencias de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo
y Comisión, C‑120/06 P y C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, apartado 90, y de 16 de julio de 2009, Der Grüne Punkt – Duales System
Deutschland/Comisión, C‑385/07 P, Rec. p. I‑0000, apartado 71).
En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 25, 36 y 43 de la sentencia recurrida, que
el plazo establecido en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000 tiene un carácter imperativo.
La República Helénica alega que el Tribunal de Primera Instancia incurre en contradicción al considerar a continuación, en
el apartado 59 de la sentencia recurrida, que no está completamente excluido que la Comisión tome en consideración los datos
comunicados extemporáneamente por un Estado miembro en aplicación del artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000.
Ahora bien, esta alegación no puede acogerse.
En efecto, procede recordar que, en los apartados 31 y 32 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró
que la fecha de 10 de julio, establecida en el artículo 16, apartado 1, del Reglamento nº 1227/2000, se determinó con el fin
de que la Comisión dispusiera del tiempo necesario para adoptar y publicar la decisión por la que se fijan las asignaciones
financieras definitivas antes del 15 de octubre. El Tribunal de Primera Instancia también señaló, en el apartado 43 de la
sentencia recurrida, que dicho plazo tenía un carácter imperativo para los Estados miembros, en el sentido de que éstos no
están facultados para exigir a la Comisión que tenga en cuenta los datos comunicados tras el vencimiento del mencionado plazo.
A continuación, el Tribunal de Primera Instancia declaró, sin incurrir por ello en contradicción, en el apartado 59 de la
sentencia recurrida, que la toma en consideración de datos comunicados extemporáneamente sólo es posible si se ha sobrepasado
por poco tiempo el plazo previsto y es posible la adopción, antes del 15 de octubre, de la decisión por la que se fijan las
asignaciones financieras definitivas a los Estados miembros para el ejercicio financiero de que se trata. En efecto, si los
Estados están obligados a enviar, a más tardar el 10 de julio de cada año, los datos previstos en el artículo 16, apartado
1, del Reglamento nº 1227/2000, la Comisión está por su parte facultada para tener en cuenta datos que se le transmitan con
posterioridad a dicha fecha, y ello con el fin de no excluir de la decisión final a los Estados miembros que hayan sobrepasado
dicho plazo por pocos días.
Por tanto, no puede considerarse fundada la contradicción alegada por la República Helénica. En consecuencia, el tercer motivo
de casación debe desestimarse.
Del conjunto de consideraciones anteriores resulta que no pueden acogerse los motivos alegados por la República Helénica en
apoyo de su recurso de casación y que, por consiguiente, éste debe desestimarse.

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso
de casación en virtud del artículo 118 de dicho Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así
lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas a la República Helénica y haber sido desestimados los motivos formulados
por ésta, procede condenarla al pago de las costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar en costas a la República Helénica.
Firmas
? Lengua de procedimiento: griego