CELEX: 61992TJ0087
Sistema de distribución selectiva
Productos cosméticos de lujo

Motivación de la sentencia
Hechos que originaron el recurso
1 La parte demandante, BVBA Kruidvat (en lo sucesivo, «Kruidvat»), es la filial belga de una cadena neerlandesa de unas trescientas tiendas, que centran sus actividades en los productos de «health & beauty» y utilizan el rótulo «Kruidvat». Dichos establecimientos tienen una sección dedicada a los productos cosméticos, otra de alimentos dietéticos y naturales y una sección de perfumería que ofrece diversas marcas competidoras de perfumes de lujo, incluidos productos de la marca Givenchy, obtenidos en el mercado paralelo. En los Países Bajos, los consumidores consideran la cadena Kruidvat como el «número uno absoluto» en materia de venta de perfumes de lujo (véanse los anexos 18 y 20 de la réplica).
2 Parfums Givenchy SA (en lo sucesivo, «Givenchy») fabrica productos cosméticos de lujo y forma parte del grupo Louis Vuitton Moët-Hennessy, que está presente en el mismo mercado que Givenchy con las sociedades Parfums Christian Dior y Parfums Christian Lacroix. A través de estas tres sociedades, el grupo Louis Vuitton Moët-Hennessy controla más de un 10 % del mercado comunitario de productos de perfumería de lujo.
3 El 19 de marzo de 1990, Givenchy notificó a la Comisión la red de contratos de distribución selectiva para la comercialización en los Estados miembros de sus productos de perfumería a base de alcohol, de cuidado corporal y de belleza, y solicitó con carácter principal la declaración negativa prevista en el artículo 2 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22; en lo sucesivo, «Reglamento nº 17») y, con carácter subsidiario, la exención prevista en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado.
4 Se deduce del «contrato de distribuidor autorizado CEE línea de perfumería» (en lo sucesivo, «Contrato») y de las condiciones generales de venta anexas al mismo, en la versión que se notificó, que la red de distribución de Givenchy es una red cerrada, en la que se prohíbe a sus miembros que vendan o adquieran productos de la marca Givenchy fuera de la red. Por su parte, Givenchy se compromete a garantizar el respeto del sistema de distribución en el marco de las leyes y reglamentos vigentes y a retirar su marca de los puntos de venta que no reúnan los requisitos de selección contractuales.
5 Los criterios de selección de los minoristas autorizados previstos en el Contrato se refieren esencialmente a la cualificación profesional del personal y a los cursillos que dicho personal debe efectuar, a la ubicación e instalaciones del punto de venta, al rótulo del minorista y a algunos otros requisitos que éste debe cumplir, concernientes en particular al almacenamiento de los productos, a la realización de un volumen mínimo de compras anuales, a la presencia en el punto de venta de un surtido de marcas de la competencia suficiente para realzar la imagen de los productos Givenchy y a la cooperación publicitaria y promocional entre el minorista y Givenchy.
6 El 8 de octubre de 1991, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento nº 17, la Comisión publicó una comunicación en la que informaba de su intención de adoptar una decisión favorable en lo relativo al Contrato y ofrecía a terceros interesados la posibilidad de presentar observaciones en un plazo de treinta días (DO C 262, p. 2).
7 A raíz de esta publicación, la Comisión recibió cierto número de observaciones, entre ellas las del Raad voor het Filiaal- en Grootwinkelbedrijf (Consejo del sector de establecimientos comerciales con sucursales y de grandes superficies; en lo sucesivo, «Raad FGB»), presentadas el 29 de noviembre de 1991. En aquel momento, Kruidvat BV, una de las sociedades matrices de Kruidvat, era miembro del Raad FGB.
8 El Contrato entró en vigor el 1 de enero de 1992 [véase el párrafo segundo del punto I.C de la Decisión 92/428/CEE de la Comisión, de 24 de julio de 1992, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE (IV/33.542 - Sistema de distribución selectiva de Parfums Givenchy); DO L 236, p. 11; en lo sucesivo, «Decisión»], en la versión contemplada en la Decisión.
9 El 3 de julio de 1992, a instancias de Copardis SA (en lo sucesivo, «Copardis»), representante exclusivo de Givenchy en Bélgica, Kruidvat recibió una citación para comparecer en la vista del procedimiento de medidas cautelares que tendría lugar el 8 de julio de 1992 ante el Presidente del Rechtbank van koophandel te Dendermonde, procedimiento en el que Copardis solicitaba que se ordenara a Kruidvat cesar todas sus ventas de productos de marca Givenchy en el territorio belga, alegando como razón principal que un vendedor que no forma parte de la red de distribución selectiva de Givenchy y a pesar de ello vende los productos de dicha marca es culpable de un acto de competencia desleal con arreglo a la normativa belga sobre prácticas comerciales. Kruidvat alegó en su defensa en dicho procedimiento que la red de distribución selectiva de Givenchy era ilegal por infringir los apartados 1 y 2 del artículo 85 del Tratado.
10 La Comisión adoptó la Decisión el 24 de julio de 1992. El artículo 1 de su parte dispositiva está redactado así:
«Artículo 1
De conformidad con el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CEE, las disposiciones del apartado 1 del artículo 85 se declaran inaplicables al contrato tipo de distribuidor autorizado que vincula a Givenchy o, en su caso, a los agentes exclusivos de Givenchy con los minoristas especializados establecidos en la Comunidad, así como a las condiciones generales de venta correspondientes.
La presente Decisión será aplicable del 1 de enero de 1992 al 31 de mayo de 1997.»
11 Consta en autos que el Presidente del Rechtbank van koophandel te Dendermonde desestimó la demanda de Copardis el 24 de febrero de 1993 y que Copardis interpuso recurso contra dicha resolución ante la Hof van Beroep te Gent el 28 de abril de 1993.
Procedimiento y pretensiones de las partes
12 La parte demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de octubre de 1992.
13 Mediante escrito separado, presentado el 3 de marzo de 1993, la Comisión propuso una excepción de inadmisibilidad. Mediante escrito presentado el 14 de abril de 1993, la demandante formuló sus observaciones, en las cuales solicitaba que se desestimara dicha excepción.
14 Mediante demandas presentadas, respectivamente, los días 11 de marzo de 1993, 18 de marzo de 1993 y, en los dos últimos casos, 22 de marzo de 1993, Givenchy, el Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques (en lo sucesivo, «Colipa»), la Fédération européenne des parfumeurs détaillants (en lo sucesivo, «FEPD») e Yves Saint Laurent Parfums SA (en lo sucesivo, «Yves Saint Laurent») solicitaron intervenir en el procedimiento en apoyo de las pretensiones de la parte demandada.
15 Mediante escritos presentados los días 7, 15 y 19 de abril de 1993, respectivamente, la parte demandante solicitó al Tribunal de Primera Instancia que desestimara las demandas de intervención de FEPD, de Colipa y de Yves Saint Laurent. Mediante escrito presentado el 2 de abril 1993, la parte demandada expresó sus dudas sobre el interés para intervenir en el procedimiento de Yves Saint Laurent.
16 Mediante auto de 8 de noviembre de 1993, se acordó unir la excepción de inadmisibilidad al examen del fondo.
17 Mediante autos de 8 de diciembre de 1993 se admitió la intervención de FEPD, Colipa y Givenchy en apoyo de las pretensiones de la parte demandada (véanse los autos Kruidvat/Comisión, T-87/92, Rec. p. II-1363, p. II-1369 y p. II-1383, respectivamente). Mediante auto del mismo día se desestimó la demanda de intervención de Yves Saint Laurent (véase Rec. p. II-1375).
18 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió iniciar la fase oral y acordó, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, instar a la parte demandada, a Givenchy y a FEPD a responder por escrito a determinadas preguntas y a presentar determinados documentos antes de la vista. Las partes presentaron sus respuestas entre el 12 y el 24 de enero de 1996.
19 En la vista celebrada el 28 y 29 de febrero de 1996 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal.
20 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Declare la admisibilidad del recurso.
- Anule la Decisión.
- Condene en costas a la Comisión.
21 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Con carácter principal, declare la inadmisibilidad del recurso.
- Con carácter subsidiario, desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.
22 La parte coadyuvante Givenchy solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Con carácter principal, declare la inadmisibilidad del recurso.
- Con carácter subsidiario, desestime el recurso por infundado.
- Condene a la demandante al pago de la totalidad de las costas del procedimiento, incluidas las ocasionadas por la intervención de Givenchy.
23 La parte coadyuvante Colipa solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Con carácter principal, declare la inadmisibilidad del recurso.
- Con carácter subsidiario, desestime el recurso por infundado.
- Condene a la demandante al pago de las costas, incluidas las de Colipa.
24 La parte coadyuvante FEPD solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
- Condene a la demandante al pago de la totalidad de las costas del procedimiento, incluidas las correspondientes a la intervención de FEPD.
25 En su escrito de réplica, la parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Si lo considera necesario, acuerde la práctica de diligencias de prueba con arreglo a lo dispuesto en los artículo 65 y siguientes del Reglamento de Procedimiento.
- Condene en costas a la Comisión y a las tres partes coadyuvantes.
Motivos y alegaciones de las partes
26 La parte demandante invoca tres motivos de fondo. En su primer motivo, que se funda en que la Comisión no investigó con seriedad los hechos, la demandante alega que la Comisión adoptó la Decisión basándose en una «investigación sobre el papel», sin contar con los datos de hecho necesarios. El segundo motivo de la parte demandante, basado en la infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado y en un defecto de motivación a este respecto, consta de dos partes. La demandante alega, en primer lugar, que las características de los productos Givenchy no hacen necesario un sistema de distribución selectiva. En segundo lugar, alega que, en cualquier caso, los criterios recogidos en el Contrato son subjetivos y más severos de lo que sería necesario. Por último, en su tercer motivo, basado en la infracción del apartado 3 del artículo 85 del Tratado y que también consta de dos partes, la demandante alega, en la primera parte, que la Comisión ha sobrepasado los límites de su competencia y ha infringido la mencionada disposición, ya que el artículo 1 de la parte dispositiva de la Decisión da también cobertura a unos criterios de selección que, según la Comisión, no están contemplados en el apartado 1 del artículo 85. En la segunda parte de su motivo, la parte demandante alega que la Comisión infringió el apartado 3 del artículo 85 del Tratado al conceder una exención a algunas de las obligaciones contempladas en el punto II.A.6 de la Decisión, a saber, las obligaciones de realizar un volumen mínimo de compras anuales, de disponer de unas determinadas existencias de productos, de ofrecer una gama suficiente de marcas competidoras y de promover los productos Givenchy, así como al procedimiento de admisión en la red.
27 La Comisión alega la inadmisibilidad del recurso e impugna, con carácter subsidiario, las alegaciones de la demandante sobre el fondo. Givenchy y Colipa se oponen también, por su parte, a la admisibilidad del recurso. Todas las partes coadyuvantes apoyan la postura de la Comisión sobre el fondo del asunto.
Sobre la admisibilidad
Alegaciones de las partes
28 Las alegaciones de las partes versan sobre la cuestión de si la Decisión afecta directa e individualmente a la demandante, tal como exige el párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE (que ha pasado a ser el párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado CE; en lo sucesivo, «Tratado»).
29 Según la parte demandada, la Decisión no afecta directamente a Kruidvat puesto que, antes de la adopción de la misma, dicha empresa no era un minorista autorizado de Givenchy ni deseaba llegar a serlo. Además, Kruidvat no tiene dificultad alguna para conseguir los productos de que se trata, como lo revelan los estudios de mercado que ha aportado como anexos 18 y 20 a su escrito de réplica. Así pues, la Decisión no le ha provocado perjuicio alguno. Las conclusiones del Abogado General Sr. VerLoren van Themaat en la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 1986, Metro/Comisión (75/84, Rec. pp. 3021 y ss., especialmente p. 3055; en lo sucesivo, «sentencia Metro II») no son pertinentes en el presente asunto, dado que a diferencia de Kruidvat, Metro quería convertirse en distribuidor autorizado al por mayor de los productos SABA y no se había opuesto al sistema de distribución selectiva vigente en el sector de que se trataba.
30 En cuanto a la cuestión de si la Decisión afecta «individualmente» a la demandante, la parte demandada sostiene, citando las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1963, Plaumann/Comisión (25/62, Rec. p. 197); de 10 de diciembre de 1969, Eridania/Comisión (asuntos acumulados 10/68 y 18/68, Rec. p. 459), y Metro II, así como las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 19 de mayo de 1994, Murgia Messapica/Comisión (T-465/93, Rec. p. II-361), apartado 25, y Air France/Comisión (T-2/93, Rec. p. II-323), apartado 42, que la Decisión no afecta a la demandante de modo distinto que a cualquier comerciante minorista -gran superficie, sucursal, empresa individual u otros- que quisiera vender los productos Givenchy (véanse también la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1989, Lefebvre/Comisión, 206/87, Rec. p. 275, y los autos del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1987, Nuova Ceam/Comisión, 205/87, Rec. p. 4427, y de 15 de marzo de 1989, Co-Frutta/Comisión, 191/88, Rec. p. 793). Por otra parte, la Decisión no ha «afectado sustancialmente a la posición en el mercado» de Kruidvat, en el sentido de las sentencias del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 1986, Cofaz y otros/Comisión (169/84, Rec. p. 391), y de 19 de mayo de 1993, Cook/Comisión (C-198/91, Rec. p. I-2487), apartado 23. Desde este punto de vista, existe una clara diferencia con respecto a los hechos que dieron origen a la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 1991, Extramet Industrie/Consejo (C-358/89, Rec. p. I-2501).
31 Del mismo modo, la posición de Kruidvat no puede asimilarse a la de los demandantes en los asuntos que dieron lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 1994, Fiskano/Comisión (C-135/92, Rec. p. I-2885); a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de marzo de 1994, Air France/Comisión (T-3/93, Rec. p. II-121), y a las sentencias de 19 de mayo de 1994, Air France/Comisión y Murgia Messapica/Comisión, antes citadas. Por el contrario, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de octubre de 1993, Zunis Holdings y otros/Comisión (T-83/92, Rec. p. II-1169), apartado 34, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 1993, Federmineraria y otros/Comisión (C-6/92, Rec. p. I-6357), apartados 14 y 15, indican que no procede admitir el recurso de Kruidvat.
32 En la vista, la Comisión alegó en especial que la Decisión no ha otorgado ventajas a un competidor de Kruidvat, pues esta última sigue siendo libre de aprovisionarse en el mercado paralelo (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 1996, Grand garage albigeois y otros, C-226/94, Rec. p. I-651).
33 Por otra parte, Kruidvat no participó en el procedimiento administrativo. El escrito del Raad FGB de 29 de noviembre de 1991 (véase el apartado 7 supra) no hace la más mínima referencia a Kruidvat. Nada indica que dicho escrito haya sido enviado en nombre de Kruidvat y no se ha demostrado que Kruidvat o su sociedad matriz hubieran influido de algún modo en la decisión del Raad FGB de presentar observaciones. Además, no son ni la demandante ni sus accionistas quienes son miembros del Raad FGB, sino la sociedad matriz neerlandesa. Kruidvat invoca en vano la sentencia Metro II, puesto que, en dicho asunto, Metro había presentado una denuncia ante la Comisión y había presentado observaciones escritas en el procedimiento administrativo. Así ocurrió igualmente en los asuntos que dieron origen a las sentencias del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 1977, Metro/Comisión (26/76, Rec. p. 1875; en lo sucesivo, «sentencia Metro I»), y de 11 de octubre de 1983, Demo-Studio Schmidt/Comisión (210/81, Rec. p. 3045).
34 Según la parte demandada, las alegaciones de Kruidvat abrirían la puerta a un número prácticamente ilimitado de recursos de origen imprevisible. La finalidad de la publicación prevista en el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento nº 17 consiste precisamente en garantizar que, antes de adoptar una decisión, la Comisión dispondrá de todos los datos de hecho y razones de Derecho pertinentes para poder pronunciarse con pleno conocimiento de causa. Según dicha Institución, no es posible admitir, por razones de economía procesal, que las empresas que renunciaron a manifestar su punto de vista en el procedimiento administrativo puedan hacerlo por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.
35 Por otra parte, el contenido del escrito del Raad FGB era mucho más matizado que la postura que defiende Kruidvat. En efecto, las imputaciones que formula el escrito de recurso no concuerdan con las objeciones que el Raad FGB presentó en el transcurso del procedimiento administrativo, pues el núcleo de las tesis de Kruidvat es que los productos de perfumería no se prestan a una distribución selectiva, mientras que el Raad FGB fue mucho menos categórico.
36 El hecho de ser parte en un procedimiento civil ante un órgano jurisdiccional nacional (véase el apartado 9 supra) tampoco resulta pertinente. No tienen una importancia decisiva para esta cuestión las conclusiones del Abogado General Sr. VerLoren van Themaat en la sentencia Metro II, antes citada, dado que el Tribunal de Justicia no les atribuyó especial significación y que las circunstancias eran diferentes. En el presente asunto, el procedimiento de medidas cautelares promovido por Copardis se enmarca en el contexto de una acción por competencia desleal, y no existe relación directa entre la validez de la Decisión y el fallo en dicho litigio. Por otra parte, el argumento de Kruidvat se presta a manipulaciones, en la medida en que, si Copardis hubiera retrasado la interposición de su acción ante el Juez nacional hasta después de la expiración del plazo de recurso de dos meses previsto en el artículo 173 del Tratado, Kruidvat no habría tenido la posibilidad de invocar la existencia del litigio.
37 En cualquier caso, el procedimiento nacional pendiente entre Copardis y Kruidvat no pone en cuestión la validez del sistema de distribución de Givenchy, dado que la Decisión vincula al Juez nacional, que debería plantear el problema al Tribunal de Justicia en caso de duda (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 4199). Asimismo, el escrito de 17 de julio de 1992 de Belluco -comité profesional de una asociación belgo-luxemburguesa de fabricantes y distribuidores de artículos de higiene y de tocador-, tardíamente invocado por Kruidvat (véase el apartado 57 infra), no tiene nada que ver con el presente asunto.
38 Por otra parte, en la sentencia Lefebvre/Comisión, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que la demandante no resultaba individualmente afectada porque hubiera sometido el asunto a los órganos jurisdiccionales franceses y a la Comisión. La postura de Kruidvat suscita la objeción de que, en caso de admitirla, el control jurisdiccional de los actos de la Comisión sería el resultado de circunstancias que escapan por completo a su control.
39 Se deduce asimismo de la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 1994, TWD Deggendorf (C-188/92, Rec. p. I-833), que las personas a las que una Decisión afecta directa e individualmente sólo disponen del recurso de anulación del artículo 173 del Tratado para impugnar la legalidad de ésta. Por lo tanto, admitir la tesis de la demandante implicaría que los terceros que se encuentren en la misma situación que Kruidvat se verían obligados en lo sucesivo a recurrir sistemáticamente al Tribunal de Primera Instancia cada vez que existiera una posibilidad de que se vieran envueltos en un litigio con el destinatario de la Decisión de que se trate.
40 Por último, según la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado ya en su sentencia de 17 septiembre de 1992, NBV y NVB/Comisión (T-138/89, Rec. p. II-2181), apartado 33, que el recurso ante el Juez nacional y la aplicación del artículo 177 del Tratado pueden constituir una alternativa aceptable a un recurso de anulación directo.
41 Givenchy añade a estas alegaciones que el Raad FGB no podía representar válidamente a Kruidvat en el procedimiento administrativo. Alega así, en primer lugar, que dicho organismo es un organismo regulado por el Derecho neerlandés, mientras que Kruidvat comparece como sociedad belga; en segundo lugar, que en las observaciones del Raad FGB no se hace mención alguna de Kruidvat y, en tercer lugar, que los puntos que se plantean en dichas observaciones no coinciden con los planteados en el recurso interpuesto por Kruidvat.
42 Por otra parte, la existencia de un litigio ante el Juez nacional no puede reemplazar a la participación de Kruidvat en el procedimiento administrativo. En efecto, dicho litigio consiste en un simple procedimiento de medidas cautelares, en el cual el Presidente de Rechtbank van kooppahndel te Dendermonde no ha analizado la validez del sistema de distribución selectiva de los perfumes Givenchy, salvo para afirmar que la distribución de los mismos por parte de Kruidvat no parecía afectar al prestigio de la marca Givenchy. Además, no se ha demostrado que Givenchy hubiera autorizado el escrito de Belluco de 17 de julio de 1992.
43 Por último, según Givenchy, se deduce de los estatutos de Kruidvat que el objeto principal de dicha sociedad es comercializar productos alimentarios, sin relación alguna con los perfumes de lujo, y la Decisión no supone por tanto consecuencias particulares en lo que a ella respecta.
44 Según Colipa, la decisión no afecta «individualmente» a Kruidvat, en primer lugar, porque la Decisión no se adoptó basándose en una denuncia suya, en segundo lugar, porque no participó en el procedimiento administrativo, y, en tercer lugar, porque no presentó una solicitud de autorización como distribuidor que haya sido rechazada. La demandante sólo resulta afectada en razón de una actividad comercial que cualquier operador económico puede ejercer en todo momento (véase el auto del Tribunal de Primera Instancia de 9 de agosto de 1995, Greenpeace/Comisión, T-585/93, Rec. p. II. 2205).
45 Por otra parte, el objeto del litigio planteado ante los Tribunales belgas no es una negativa a admitir en la red de distribución, como ocurría en los asuntos Metro I y Demo-Studio Schmidt, sino un problema de «parasitismo». La demandante no puede invocar como pretexto para afirmar que la Decisión la afecta individual y directamente un litigio relativo, exclusivamente, a sus actividades como «pasajero clandestino».
46 Para demostrar que la Decisión la afecta «directamente», la parte demandante se remite en particular a las conclusiones del Abogado General Sr. VerLoren van Themaat en el asunto en que recayó la sentencia Metro II, antes citada, y a las alegaciones de la Comisión en dicho asunto. En efecto, según Kruidvat, la Decisión la priva directamente de los derechos individuales de que es titular en virtud de la prohibición formulada en los apartados 1 y 2 del artículo 85 del Tratado. Además, sin la Decisión de exención, los agentes exclusivos y los vendedores al por menor habrían podido abastecer libremente a Kruidvat y, de no existir las obligaciones de carácter cuantitativo (como la de ofrecer una gama completa de productos de la competencia, de disponer de un determinado volumen de existencias y de realizar un determinado volumen mínimo de ventas anuales), Kruidvat podría presentar una solicitud de acceso a la red selectiva sin renunciar a su propio método de comercialización. El aprovisionamiento en el «mercado gris» -al que Kruidvat recurría en toda legalidad- supone inconvenientes evidentes en comparación con el aprovisionamiento procedente de los fabricantes de perfumes o de sus distribuidores.
47 A fin de demostrar que la decisión la afecta «individualmente», la parte demandante, remitiéndose en particular a las sentencias Metro I, Metro II, Demo-Studio Schmidt y Extramet Industrie/Consejo, antes citadas, así como a la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de julio de 1987, Ancides/Comisión (43/85, Rec. p. 3131), invoca principalmente tres argumentos.
48 En su primer argumento, la demandante alega que ella participó efectivamente en el procedimiento administrativo a través de Raad FGB, que presentó sus observaciones a la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento nº 17 mediante escrito de 29 de noviembre de 1991. En efecto, según la demandante, dicho escrito del Raad FGB se envió a petición y en nombre de Kruidvat, entre otros. Según el artículo 3 de sus estatutos, el Raad FGB tiene por objetivo defender los intereses económicos y sociales del sector neerlandés de establecimientos comerciales con sucursales y de grandes superficies. Al menos una de las sociedades matrices de Kruidvat, a saber Kruidvat BV, es miembro del Raad FGB. Cuando el Raad FGB envía un escrito de observaciones a la Comisión, lo hace por tanto en nombre de Kruidvat BV, y por consiguiente en nombre de Kruidvat.
49 En dicho escrito, aportado como anexo 8 de la demanda, el Raad FGB criticó numerosos aspectos de la postura de la Comisión, tal como había quedado formulada en su comunicación de 8 de octubre de 1991. La Comisión respondió implícitamente a estas críticas en su Decisión. Además, del escrito de la Comisión de 20 de diciembre de 1991 se deduce que esta última tuvo en cuenta las observaciones del Raad FGB. Por consiguiente, Kruidvat participó efectivamente en el procedimiento administrativo.
50 En cuanto a la alegación de la Comisión en el sentido de que la admisibilidad del recurso abriría la puerta a un número ilimitado de recursos de los miembros de las organizaciones sectoriales que hayan participado en el procedimiento administrativo, ésta es una consecuencia que hay que aceptar. En todo caso, conviene relativizar tal «peligro», pues, en numerosos casos, las comunicaciones basadas en el apartado 3 del artículo 19 no desencadenan demasiadas reacciones. Por otra parte, si la consecuencia de recurrir a una organización de defensa de los intereses profesionales, tal como el Raad FGB, fuera que la propia empresa no puede ya interponer un recurso de anulación, esta última debería en cada ocasión dar a conocer por sí misma su punto de vista a la Comisión. Dicho resultado sería absurdo y excesivamente formalista.
51 Resulta además erróneo afirmar que el escrito del Raad FGB no coincide con la postura de Kruidvat. En su escrito, el Raad FGB hizo constar su desacuerdo con el punto de vista de la Comisión, según el cual la distribución selectiva en el sector de perfumería es una necesidad, pero se mostró dispuesto a resignarse a la existencia de un sistema de este tipo, con la condición de que los criterios de selección fueran claros, objetivos, y no discriminatorios. El Raad FGB consideró que no era éste el caso y formuló objeciones expresas contra las obligaciones de volúmenes mínimos de aprovisionamiento y de compras, contra los cursillos obligatorios y contra los criterios puramente subjetivos sobre la ubicación e instalaciones de los puntos de venta, aspectos todos ellos que también pone en cuestión Kruidvat en su recurso.
52 En respuesta a las cuestiones del Tribunal relativas en especial al hecho de que, según sus estatutos, la demandante no se constituyó en Bélgica hasta el 23 de marzo de 1992, esta última ha precisado que ella es una filial al 100 % del grupo neerlandés Evora, controlado en aquel momento por las sociedades Profimarkt BV y Kruidvat BV. Fueron únicamente razones fiscales y administrativas las que indujeron al grupo Evora a crear una persona jurídica distinta -a saber, la demandante- para poder disponer de una rama en Bélgica. Dado que la demandante y sus sociedades matrices forman una sola unidad económica (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1984, Hydrotherm, 170/83, Rec. p. 2999, apartado 11, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Shell/Comisión, T-11/89, Rec. p. II-757, apartado 311, y de 12 de enero de 1995, Viho/Comisión, T-102/92, Rec. p. II-17, apartado 50), la participación de una de las sociedades matrices, a saber Kruidvat NV, en el procedimiento administrativo, a través del Raad FGB, valía para la totalidad del grupo Evora, incluida la demandante. No resulta pertinente pues plantearse si el Raad FGB puede representar a empresas belgas. En todo caso, no cabe negar que los «intereses económicos», en el sentido del artículo 3 de los estatutos del Raad FGB, del grupo neerlandés Evora abarcan también los de su filial belga.
53 En su segundo argumento, la demandante alega que, en el momento en que se adoptó la Decisión, se encontraba ya pendiente ante los órganos jurisdiccionales belgas un litigio específico entre Copardis y ella misma relativo a la validez del sistema de distribución de Givenchy (véase el apartado 9 supra). La demandante considera que, dado que la Decisión tuvo por efecto privarla de su derecho a invocar una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado como medio de defensa en dicho litigio, procede considerar que dicha Decisión la afecta individualmente. Cita a este respecto la sentencia Metro I, apartado 13, la sentencia Metro II, apartado 23, y las conclusiones antes citadas del Abogado General Sr. VerLoren van Themaat en dicha sentencia (Rec. 1986, p. 3056), de donde se deduce que la Comisión había adoptado expresamente este punto de vista.
54 En su opinión, dicha tesis no va en contra de la sentencia Lefebvre/Comisión, antes citada, a la que la demandada ha hecho referencia. En dicho asunto, el Tribunal de Justicia consideró que procedía declarar la inadmisibilidad del recurso porque no había quedado probado que, en el momento en que se adoptó la decisión de que se trataba, se estuviera desarrollando un procedimiento nacional. En el presente asunto, la Decisión ha tenido efectos retroactivos a partir del 1 de enero de 1992, es decir, una fecha anterior a la citación notificada a Kruidvat a instancias de Copardis el 3 de julio de 1992.
55 Por otra parte, en contra de lo que afirma la Comisión, la demandante considera que existe una relación directa entre la validez jurídica de la Decisión y el fallo del litigio nacional. En el procedimiento nacional, Copardis sostiene principalmente que el simple hecho de vender productos de la marca Givenchy sin ser miembro del sistema de distribución selectiva que la Decisión ha considerado exento constituye una infracción de la normativa belga sobre competencia desleal. Sin embargo, si se anulara la Decisión, la red de distribución de Givenchy debería considerarse incompatible con el apartado 1 del artículo 85 y Copardis perdería entonces toda base jurídica para oponerse a la venta de productos Givenchy por parte de Kruidvat. Lo mismo ocurriría en caso de que Copardis basara su acción en la incitación al incumplimiento de obligaciones o en el hecho de que los productos Givenchy contengan la indicación «Sólo puede ser vendido por distribuidores autorizados».
56 En respuesta al argumento de la demandada según el cual, para ser pertinente, el procedimiento nacional debe referirse a una respuesta negativa a una solicitud de autorización como distribuidor, la demandante afirma que la vinculación que exige la Comisión es demasiado estrecha (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 1994, Cartier, C-376/92, Rec. p. I-15, apartado 24).
57 La demandante invoca, asimismo, un escrito de 17 de julio de 1992, aportado en respuesta a las preguntas del Tribunal, que le fue enviado por Belluco, quien representa a todos los distribuidores generales autorizados en Bélgica y Luxemburgo en el sector de cosméticos de lujo, incluidos los productos Givenchy. Belluco afirmaba en dicho escrito, tras la reunión celebrada con Kruidvat el 8 de julio de 1992, que no podía tomarse en consideración a la demandante como candidata a distribuidor autorizado, principalmente porque el rótulo «Kruidvat» no era adecuado para asociarlo a la imagen de los cosméticos de lujo, y que la venta de artículos de marca por parte de un distribuidor no autorizado era ilegal. Además, Belluco emplazaba a Kruidvat a dejar de vender los cosméticos de que se trata en la totalidad del territorio belga en un plazo de dos semanas, advirtiéndole de que en caso contrario adoptaría las oportunas medidas legales.
58 Por último, en cuanto a la sentencia TWD Deggendorf, antes citada, que la Comisión ha invocado, la demandante sostiene que únicamente resultan individualmente afectados a efectos del artículo 173 del Tratado los terceros que, como Kruidvat, se encontraban ya implicados, antes de la adopción de la Decisión, en un litigio relativo a la validez de un acuerdo que una Decisión de la Comisión declara posteriormente exento.
59 En su tercer argumento, la demandante alega que procede declarar la admisibilidad de su recurso para permitirle disfrutar de una protección jurídica completa y eficaz de los derechos que le confiere el artículo 85 del Tratado. En el presente asunto, un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales nacionales, combinado con una cuestión prejudicial basada en el artículo 177 del Tratado, supondría una protección jurídica manifiestamente insuficiente comparada con un recurso directo de anulación al amparo del artículo 173 del Tratado (véanse las conclusiones del Abogado General Sr. Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia Extramet Industrie/Consejo, antes citada, p. I-2523).
60 En efecto, el Juez nacional no tendría competencia para anular la Decisión y una remisión prejudicial relativa a la validez de esta última no daría siempre al Tribunal de Justicia la oportunidad de instruir el asunto con la misma profundidad que en el caso de un recurso directo. En opinión de la demandante, un asunto como el que se plantea en el caso de autos plantea complejas cuestiones tanto de hecho como de Derecho y requiere un desarrollo completo de la fase escrita del procedimiento.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
61 Con arreglo al artículo 173 del Tratado, una persona física o jurídica sólo podrá interponer recurso contra una decisión dirigida a otra persona si dicha decisión la afecta directa e individualmente. Dado que la Decisión está dirigida a Givenchy, procede comenzar por examinar la cuestión de si dicha Decisión afecta individualmente a Kruidvat.
62 Según reiterada jurisprudencia, los sujetos distintos de los destinatarios de una Decisión sólo pueden alegar que esta última los afecta individualmente si la misma les concierne en razón de ciertas cualidades que les son propias o de una situación de hecho que los caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, los individualiza de una manera análoga a la del destinatario (véanse, por ejemplo, la sentencia Plaumann/Comisión, antes citada, p. 223, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 1995, AITEC y otros/Comisión, asuntos acumulados T-447/93, T-448/93 y T-449/93, Rec. p. II-1971, apartado 34).
63 Procede hacer constar, en primer lugar, que ni la parte demandante, ni sus sociedades matrices Profitmarkt BV y Kruidvat BV, ni el grupo Evora presentaron denuncia ante la Comisión al amparo del artículo 3 del Reglamento nº 17, ni participaron personalmente en el procedimiento administrativo previsto en el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento nº 17, ni solicitaron a Givenchy ser admitidas en su red de distribución selectiva. El presente asunto es diferente por tanto de los asuntos Metro I, Metro II y Demo-Studio Schimidt, invocados por la parte demandante.
64 En cuanto a la participación del Raad FGB en el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento nº 17, mediante su escrito de 29 de noviembre de 1991, aunque haya quedado demostrado que, en aquel momento, una de las sociedades matrices de la demandante, a saber Kruidvat NV, era miembro del Raad FGB, no existe indicio alguno en los autos de que dicho escrito haya sido enviado a petición de Kruidvat NV o de que esta última haya participado en su preparación o haya dado su conformidad al contenido del mismo o siquiera influido en él.
65 Además, existe al menos una diferencia importante entre la postura expresada por el Raad FGB en su escrito de 29 de noviembre de 1991 y la que defiende la demandante en el presente recurso, en la medida en que la demandante impugna, entre otros, el principio mismo de la distribución selectiva en el sector de cosméticos de lujo, mientras que en su escrito el Raad FGB se declaraba dispuesto a aceptar dicho principio siempre que los criterios de selección fueran objetivos y no discriminatorios («[...] Nevertheless, in principle the Raad FGB does not object to the concept of selective distribution, provided, however, that the admission criteria are clear, objective, non-discretionary and non discriminating [...]») («[...] Sin embargo, el Raad FGB no se opone por principio al concepto de distribución selectiva, siempre que los criterios de admisión sean, no obstante, claros, objetivos, no discrecionales y no discriminatorios [...]»).
66 Dadas estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que entre la participación del Raad FGB en el procedimiento administrativo a través de su escrito de 29 de noviembre de 1991 y la situación individual de Kruidvat NV no existe una relación suficiente para «individualizar» a esta última, a efectos del artículo 173 del Tratado, en el ámbito de una decisión individual de exención basada en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado. Si el escrito del Raad FGB de 29 de noviembre de 1991 no basta para «individualizar» a Kruidvat NV, lo mismo puede decirse, con mayor razón aun, por lo que respecta a la parte demandante.
67 No obstante, el hecho de que la demandante no haya participado en el procedimiento administrativo no basta por sí solo para que este Tribunal declare que la Decisión no la afecta individualmente (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de abril de 1995, CE de la Société générale des grandes sources y otros/Comisión, T-96/92, Rec. p. II-1213, apartados 35 y 36, y CE de Vittel y otros/Comisión, T-12/93, Rec. p. II-1247, apartados 46 y 47).
68 Es preciso pues analizar si existen otras circunstancias que individualicen a la parte demandante.
69 A este respecto, es cierto que la demandante ha manifestado su intención de distribuir productos Givenchy y ello la convierte en un competidor de los distribuidores autorizados de Givenchy que se benefician de la exención que la Decisión concede al amparo del apartado 3 del artículo 85. Además, no ha quedado excluida la posibilidad de que la demandante no satisfaga los criterios de selección de Givenchy y no pueda, a causa de la Decisión, comprar directamente dentro de la Comunidad productos Givenchy a Givenchy, a sus agentes exclusivos o a sus distribuidores autorizados.
70 No obstante, el Tribunal de Primera Instancia considera que tales hechos no bastan para individualizar a la demandante a efectos del artículo 173 del Tratado. En efecto, la situación de la demandante no es distinta de la de los numerosos operadores económicos presentes en el mercado paralelo.
71 Por otra parte, la demandante, en su condición de operador económico dedicado a la venta de cosméticos de lujo obtenidos en el mercado paralelo, no ha probado que la Decisión le impida utilizar las fuentes de aprovisionamiento de productos Givenchy a las que ha recurrido lícitamente hasta hoy. Este Tribunal señala a este respecto que, en un contexto análogo, el Tribunal de Justicia ha declarado que una exención por categorías de determinadas redes de distribución selectiva no tiene por función regular la actividad de terceros que pueden intervenir en el mercado fuera de la red de distribución de que se trate (véanse la sentencia Grand garage albigeois y otros, antes citada, apartados 16 a 19, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 1996, Nissan France y otros, C-309/94, Rec. p. I-677, apartados 16 a 19).
72 En cuanto al litigio nacional entre Copardis y la parte demandante, Copardis alega en el mismo, como motivo principal, que el mero hecho de que Kruidvat haya vendido productos Givenchy sin ser un distribuidor autorizado supone una infracción de los artículos 93 y 94 de la Ley belga sobre prácticas comerciales. Como medio de defensa en dicho litigio, Kruidvat ha alegado que la red de distribución creada por Givenchy infringe el apartado 1 del artículo 85 del Tratado y que la acción de Copardis resulta pues totalmente infundada. En su réplica, Copardis ha alegado que la red de Givenchy es conforme a Derecho con arreglo al artículo 85 del Tratado.
73 Aun suponiendo que exista cierta relación entre el fallo en dicho litigio y la validez de la Decisión (véase la sentencia Cartier, antes citada, apartado 24), este Tribunal subraya que el litigio ante el Juez nacional se refiere, con carácter principal, a la aplicación de la Ley belga en materia de competencia desleal. El litigio no versa por tanto sobre una negativa a permitir el acceso a la red Givenchy, en la cual la demandante nunca ha solicitado ser admitida, ni sobre una demanda de daños y perjuicios basada en una supuesta violación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado.
74 Según la demandante, como la Decisión produce el efecto de privarla de su derecho a invocar una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado para defenderse en dicho litigio, dicha Decisión la afecta individualmente, en la medida en que la obliga a impugnar la legalidad de ésta ante el Tribunal de Primera Instancia a fin de poder invocar la eventual declaración de ilegalidad ante el Juez nacional. Sin embargo, este Tribunal considera que la demandante no puede pretender estar suficientemente individualizada a efectos del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado por el mero hecho de que la legalidad de la Decisión resulte pertinente para resolver el litigio pendiente ante el Juez nacional, dado que todo distribuidor de perfumes puede tener interés, llegado el caso, en plantear la cuestión de la legalidad del sistema de distribución de Givenchy en el marco de un litigio nacional. Resulta obligado hacer constar, por otra parte, que el hecho de que un litigio de este tipo se encontrara pendiente en el momento en que se adoptó la Decisión fue un mero azar. Si Copardis no hubiera presentado su demanda ante los órganos jurisdiccionales nacionales hasta después de expirado el plazo de dos meses previsto en el párrafo quinto del artículo 173 del Tratado, la demandante no habría podido alegar que, cuando ella presentó su recurso, la Decisión la afectaba individualmente debido a la existencia de un litigio nacional. Dadas estas circunstancias, este Tribunal considera que la relación indirecta que pueda existir entre el litigio nacional y la validez de la Decisión no basta por sí sola para individualizar a la demandante a efectos del artículo 173 del Tratado.
75 Por otra parte, suponiendo que la cuestión de la validez de la Decisión pueda influir en el fallo que se dicte en el litigio ante el Juez nacional, no es menos cierto que este último puede, si lo considera necesario, recurrir al mecanismo de remisión prejudicial previsto en la letra b) del párrafo primero del artículo 177 del Tratado y plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial sobre la validez o la interpretación de la Decisión. Por consiguiente, no cabe acoger el argumento de Kruidvat en el sentido de que dicho mecanismo no le otorga una protección jurídica adecuada.
76 Por lo que respecta al escrito de Belluco de 17 de julio de 1992, que no se invocó en la fase escrita del procedimiento sino que fue presentado tardíamente por Kruidvat en respuesta a las preguntas de este Tribunal, no existe prueba alguna jurídicamente suficiente de que Givenchy o Copardis autorizaran el envío de éste. Por lo demás, dicho escrito no constituye una respuesta a una solicitud de admisión de Kruidvat en la red Givenchy. No se trata por tanto de un dato pertinente para apreciar la admisibilidad del presente recurso.
77 Se deduce de las consideraciones precedentes que la Decisión no afecta individualmente a Kruidvat.
78 De ello se sigue que procede declarar la inadmisibilidad del recurso, sin necesidad de verificar si dicha Decisión afectaba directamente a Kruidvat.
Decisión sobre las costas
Costas
79 Con arreglo al párrafo primero del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Con arreglo al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que una parte coadyuvante distinta de los Estados miembros o de las Instituciones soporte sus propias costas.
80 Al haber sido desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede condenarla a soportar las costas de la Comisión, así como las costas de la parte coadyuvante Givenchy, destinataria de la Decisión.
81 Por lo que respecta a las partes coadyuvantes Colipa y FEPD, este Tribunal considera que el interés de estas dos asociaciones en el fallo del litigio era menos directo que el de Givenchy. Dado que se trata de un asunto en el cual estas dos partes coadyuvantes han expresado consideraciones generales en interés de sus miembros, sin añadir datos decisivos a las alegaciones de la Comisión, este Tribunal considera justo, en virtud del último párrafo del apartado 4 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, condenarlas a soportar sus propias costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Segunda ampliada)
decide:
1) Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2) La demandante soportará las costas de la Comisión y de la parte coadyuvante Parfums Givenchy SA, así como sus propias costas.
3) Las demás partes coadyuvantes, el Comité de liaison des syndicats européens de l'industrie de la parfumerie et des cosmétiques y la Fédération européenne des parfumeurs détaillants, soportarán cada una sus propias costas.