CELEX: 61959CJ0042
Société nouvelle des usines de Pontlieue
Aciéries du Temple (S.N.U.P.A.T.) contra Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero

(No se transcriben los antecedentes de hecho.)
Fundamentos de Derecho
Asunto 42/59
I. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LAS PRETENSIONES PRINCIPALES DE LA DEMANDANTE
Considerando que la parte demandada invoca la inadmisibilidad del recurso, basándose en que el escrito de la División de mercado de 7 de agosto de 1959 no constituye, a su entender, una Decisión de la Alta Autoridad y, con carácter subsidiario, que no puede haber un recurso de nulidad en la materia.
Considerando que estas dos excepciones de inadmisibilidad están fundadas.
a) Considerando que, en efecto, el escrito de que se trata no constituye una Decisión de la Alta Autoridad ni por su forma ni por su contenido;
que, por lo que respecta a la forma, dicho escrito sólo fue firmado por el Director de la División de mercado, actuando en su propio nombre y no en nombre y por delegación de la Alta Autoridad, de modo que no puede considerarse Decisión de la Alta Autoridad;
que, por lo que respecta a su contenido, se limita a declarar que las sentencias del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 1959 serán examinadas por los servicios de la Alta Autoridad, que tomará las decisiones necesarias, y que la División de mercado no aprecia ningún fundamento en la solicitud de indemnización por falta de servicio;
que semejante declaración no establece ninguna norma general ni afecta a ningún interés individual con carácter definitivo.
b) Considerando que el presente recurso tiene por objeto, en realidad, que se declare la responsabilidad de la Alta Autoridad por falta de servicio;
que semejante declaración no está contemplada en el marco del recurso de nulidad regulado en el artículo 33 del Tratado CECA, que tiene por objeto la anulación de las Decisiones de la Alta Autoridad y en el que se basa el recurso, y que sólo puede basarse en el artículo 40 o, en su caso, en el artículo 34;
que no puede invocarse un argumento en sentido contrario basado en la tercera frase del artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la CECA; que, en efecto, si bien dicha disposición se refiere al caso en que la persona que se considera perjudicada por una falta de servicio de la Comunidad ha presentado una reclamación previa ante la Institución competente de la Comunidad, su único fin consiste en establecer un plazo de caducidad, sin modificar no obstante la naturaleza del recurso previsto en la materia.
Considerando que, por estas dos razones, debe declararse la inadmisibilidad del recurso.
II. SOBRE LA ADMSIBIUDAD DE LAS PRETENSIONES SUBSIDARIAS DELA DEMANDANTE
Considerando que la demandante solicita además al Tribunal de Justicia que «deje constancia […] de su derecho a interponer ante el Tribunal de Justicia un nuevo recurso de indemnización por daños y perjuicios por falta de servicio contra la Alta Autoridad, en reparación del perjuicio que sufrió como consecuencia de las excepciones antes citadas», y que «deje constancia asimismo de su intención de solicitar la acumulación de este nuevo recurso» con el presente litigio.
Considerando que la demandante no ha demostrado que tenga un interés legítimo en formular dichas pretensiones y que el Tribunal de Justicia tampoco aprecia la existencia de dicho interés;
que, en efecto, la legitimación activa de la demandante no puede depender, en ningún caso, del hecho de que el Tribunal de Justicia previamente deje constancia de su intención de ejercitarla;
que la acumulación de un litigio futuro y del actual, que queda resuelto mediante la presente sentencia, es inconcebible;
que, en consecuencia, a falta de interés, debe declararse la inadmisibilidad de estas dos pretensiones del presente recurso.
Asunto 49/59
SOBRE LA ADMISIBILIDAD
I. Motivos formulados por la demandada
1.
Considerando que, por lo que respecta a la pretensión de que se revoquen las exenciones la demandada se remite al criterio del Tribunal de Justicia sobre la cuestión de si hubo omisión de la Alta Autoridad pese al hecho de que la División de mercado respondió a la demandante, dentro del plazo de dos meses previsto en el párrafo tercero del artículo 35, que las cuestiones planteadas estaban siendo estudiadas.
Considerando, no obstante, que dicha respuesta no se opone a la admisibilidad de un recurso por omisión, ya que no constituye una Decisión a efectos del Tratado;
que, en consecuencia, a pesar de la existencia de dicho escrito, hubo una Decisión implícita de denegación conforme al artículo 35 del Tratado CECA, de modo que, desde ese punto de vista, procede declarar la admisibilidad del recurso por omisión.
2.
Considerando que, por lo que respecta a la pretensión que tiene por objeto que se fije un nuevo tipo de contribución y se le notifique a la demandante con todos los elementos necesarios para que pueda ejercer un control normal sobre la determinación de dicho tipo, la demandada alega que no hubo omisión ni había materia de omisión.
Considerando que, para demostrar que no hubo omisión, la demandada alega que, tras dictarse la sentencia en los asuntos acumulados 32/58 y 33/58, se inició todo un procedimiento destinado a extraer las consecuencias derivadas de dicha sentencia y fijar el nuevo tipo de la contribución.
Considerando que dichas observaciones carecen de pertinencia;
que, en efecto, la omisión a que se hace referencia en el artículo 35 del Tratado se caracteriza por la inexistencia de una Decisión expresa; que los trabajos destinados a preparar una Decisión de este tipo no pueden equipararse a la propia Decisión.
Considerando que, para demostrar que no hay materia de omisión, la demandada alega que la Alta Autoridad debía disponer de un período suficiente para fijar el nuevo tipo de contribución tras dictarse la sentencia en los asuntos acumulados 32/58 y 33/58;
que, según la demandada, la Alta Autoridad no puede ser «obligada a modificar dentro de un determinado plazo, y a instancia de una empresa», la normativa controvertida.
Considerando que dicho razonamiento confunde la admisibilidad del recurso con su procedencia;
que, con arreglo al párrafo tercero del artículo 35 del Tratado CECA, puede interponerse recurso por omisión si, una vez transcurrido un plazo de dos meses tras plantearse la cuestión, la Alta Autoridad no ha adoptado ninguna Decisión.
Considerando que de lo anterior se desprende que deben desestimarse las excepciones de inadmisibilidad propuestas por la demandada.
II. Motivos formulados por las partes coadyuvantes
Considerando que las partes coadyuvantes proponen excepciones de inadmisibilidad que no fueron presentadas por la parte demandada;
que, en el presente caso, no cabe cuestionar el derecho a hacerlo de las partes coadyuvantes, ya que dichas excepciones o alegaciones tienen por objeto la desestimación de las pretensiones de la parte demandante.
1.
Considerando que las partes coadyuvantes proponen una excepción de inadmisibilidad basada en que la Decisión implícita de denegación, en la medida en que se refiere a la revocación de las exenciones, no tiene, a su entender, más que un alcance confirmatorio y que, en consecuencia, la demandante no está legitimada para solicitar su anulación, al haber expirado el plazo establecido en el Tratado para interponer recurso contra las Decisiones conformes anteriores;
que la parte coadyuvante Breda Siderurgica añade que las exenciones no constituyen una Decisión, ya que, al concederlas, la Alta Autoridad se limitó a aplicar sus Decisiones de base n
os
22/54, 14/55 y 2/57, de modo que la denegación de la revocación de dichas exenciones no constituyó tampoco una Decisión a efectos del Tratado, ya que, «cuando no existe decisión que pueda ser confirmada de manera implícita, no puede haber una Decisión confirmatoria»;
que, por lo demás, la parte demandante alegó, en sus observaciones relativas al escrito de ampliación de la parte coadyuvante Breda Siderurgica, que el acto impugnado constituye una mera interpretación de una normativa anterior, y añade que una interpretación, «si bien indiscutiblemente constituye una definición de postura, no es, sin embargo, una “Decisión” y no puede ser objeto de un recurso directo de anulación ni de un recurso por omisión».
Considerando que el Tribunal de Justicia no puede acoger tales alegaciones.
Considerando que, por lo que respecta a las alegaciones formuladas por la parte coadyuvante Breda Siderurgica y la argumentación complementaria de la demandada, ignoran el hecho de que la aplicación de la Decisión general n
o
2/57 a un caso concreto constituye una Decisión, y ello independientemente del carácter jurídico que deba atribuirse al escrito de 18 de diciembre de 1957;
que, de este modo, el hecho de que la Alta Autoridad retirara las reservas anteriormente formuladas por su representante con respecto a las exenciones controvertidas equivalía a una Decisión; que, en consecuencia, las exenciones otorgadas a las partes coadyuvantes constituyen Decisiones.
Considerando que, por lo que respecta a la alegación según la cual la denegación de la revocación de las exenciones otorgadas a Breda y Hoogovens sólo constituye un acto meramente confirmatorio, es cierto que un acto que se limita a confirmar un acto anterior no puede otorgar a los interesados la posibilidad de volver a discutir la legalidad del acto confirmado;
que, no obstante, esta norma general no se aplica si existe un hecho nuevo que pueda modificar las circunstancias y condiciones esenciales que concurrieron en la adopción del acto inicial;
que, al ejercer una acción basada en el artículo 35 del Tratado, la demandante solicitó a la Alta Autoridad que sacara las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados 32/58 y 33/58, sosteniendo que, consideradas a la luz de los fundamentos de Derecho de dicha sentencia, las exenciones concedidas a las empresas localmente integradas ya no estaban justificadas y debían suprimirse;
que, no obstante, la cuestión de si la referida sentencia basta para invalidar la denegación implícita impugnada forma parte del examen del fondo del litigio; que, en estas circunstancias, la alegación relativa al supuesto carácter confirmatorio de la Decisión impugnada no puede estimarse como excepción de inadmisibilidad.
Considerando que de lo anterior se desprende que deben desestimarse las excepciones de inadmisibilidad propuestas.
2.
Considerando que la parte coadyuvante Hoogovens propone una excepción de inadmisibilidad basada en que la demandante no alegó el motivo de desviación de poder;
que, en realidad, dicha alegación es inexacta, ya que, en su recurso, la demandante invocó el motivo de desviación de poder, y expuso de manera pertinente las razones por las cuales, a su entender, existió desviación de poder;
que, en consecuencia, debe desestimarse dicha excepción, y ello independientemente de la cuestión de si la admisibilidad del recurso depende o no de que la demandante invocara una desviación de poder.
3.
Considerando que las partes coadyuvantes proponen otras dos excepciones de inadmisibilidad;
que, en primer lugar, alegan que la Decisión recurrida tiene carácter general y, por tanto, sólo puede impugnarse por desviación de poder, mientras que una desviación de poder es jurídicamente imposible en el presente caso, ya que la Alta Autoridad no actuó en ejercicio de una potestad discrecional;
que, además, sostienen que, aun en el caso de que la Decisión fuera individual, la demandante sólo podría invocar la desviación de poder en la medida en que el recurso estuviera basado en el párrafo segundo del artículo 35.
a)
Considerando que el carácter de la Decisión impugnada debe apreciarse a la luz del tenor de la reclamación previa presentada por la demandante a la Alta Autoridad;
que, mediante dicha reclamación, la demandante solicitaba la adopción de una serie de Decisiones individuales de revocación;
que, para el Tribunal de Justicia, ése es precisamente el elemento esencial de la reclamación, ya que, en el momento en que se presentó, no se había puesto de manifiesto ningún caso análogo al de las dos partes coadyuvantes, de modo que la reclamación tenía por objeto, fundamentalmente, la revocación de las exenciones concedidas a Hoogovens y Breda Siderurgica;
que, de este modo, la denegación de la reclamación formulada por la demandante constituye una Decisión individual;
que consideraciones análogas se aplican a los demás elementos de la Decisión solicitada, a saber, la fijación del nuevo tipo de compensación y su notificación a la demandante;
que, en efecto, del contexto y de las circunstancias se desprende que, aunque tal vez utilizara términos impropios, la demandante pretendía fundamentalmente que el gravamen a su cargo se fijara en función de la revocación de las referidas exenciones y le fuera notificado;
que, en consecuencia, también a este respecto la Decisión impugnada se presenta como un acto de carácter individual.
Considerando que la Decisión individual afecta a la demandante, habida cuenta de que, como consecuencia de dichas exenciones, se le impone una contribución más elevada y que, ciertamente, ello influye en la situación de competencia existente entre la demandante y las partes coadyuvantes.
b)
Considerando que, al ser individual la Decisión impugnada, la demandante puede en principio alegar todos los motivos previstos en el párrafo primero del artículo 33 del Tratado, y no sólo la desviación de poder;
que, en consecuencia, no es en modo alguno necesario resolver el problema de si cabe concebir una desviación de poder en el caso de una competencia reglada;
que, no obstante, debe examinarse si, como sostiene la parte coadyuvante Hoogovens, esta norma es inaplicable en el presente caso debido a que un recurso por omisión basado en el párrafo segundo del artículo 35 sólo puede ser, según el propio tenor de dicha disposición, un recurso por desviación de poder;
que esta objeción ignora que el recurso se basa, en realidad, en el párrafo primero de dicho artículo;
que, en efecto, la demandante expresó claramente su opinión de que la Alta Autoridad está
obligada
a pronunciarse en el sentido de la reclamación previa que la demandante había presentado ante ella.
Considerando que de las consideraciones anteriores se desprende que las excepciones de inadmisibilidad propuestas carecen de fundamento.
4.
Considerando que la demandada y las partes coadyuvantes proponen, por último, una excepción de inadmisibilidad basada en que la revocación retroactiva solicitada excede de las facultades de la Alta Autoridad, habida cuenta de que un acto administrativo que confiere derechos subjetivos sólo puede revocarse en un plazo razonable, plazo que, a su entender, fue ampliamente superado en el presente caso; que, además, el principio de equilibrio entre los intereses en juego se opone a la revocación solicitada;
que, como ya se ha dicho, la cuestión de si la Alta Autoridad estaba facultada para adoptar la Decisión solicitada forma parte del examen sobre el fondo, de modo que sólo puede abordarse en el marco del análisis de las cuestiones de fondo.
Considerando que, por las razones expuestas, debe declararse la admisibilidad del recurso.
SOBRE EL FONDO
I. Recurso por omisión contra la denegación implícita de la revocación de las exenciones controvertidas
Considerando que la legalidad de la denegación de la revocación retroactiva de las exenciones controvertidas depende, en primer lugar, de la legalidad de las propias exenciones;
que, en efecto, si éstas son legales, debe concluirse que la Alta Autoridad obró correctamente al denegar su revocación, ya que la revocación retroactiva de un acto legal que confirió derechos subjetivos o ventajas similares es contraria a los principios generales del Derecho;
que, en consecuencia, procede examinar en primer lugar si las excepciones controvertidas son ilegales.
A. ¿Son ilegales las exenciones controvertidas?
1.
Considerando que la chatarra controvertida, utilizada por Hoogovens y Breda Siderurgica y procedente de empresas de su grupo, fue eximida del mecanismo de compensación en 1956-1957 en razón de la integración local de las plantas de que se trata, pese a que podían estar comprendidas, en su caso, en el concepto de chatarra de grupo;
que, en su sentencia de 17 de julio de 1959, SNUPAT/Alta Autoridad (asuntos acumulados
32/58 y 33/58, Rec. 1958-1959, p. 275)
, el Tribunal de Justicia declaró que no estaba justificada la exención de la chatarra de grupo;
que, en tales circunstancias, la referida sentencia presentaba las exenciones bajo un nuevo aspecto, lo que implicaba, tras un nuevo examen de su base jurídica, una decisión sobre su legalidad;
que dicha sentencia debía llevar a la Alta Autoridad, por tanto, a reconsiderar su postura anterior y a examinar si podían mantenerse las exenciones controvertidas habida cuenta de los principios establecidos en la citada sentencia, pues a partir de ese momento estaba obligada a respetar dichos principios so pena de tolerar una discriminación que falseaba el normal juego de la competencia tal como está previsto en las normas fundamentales del Tratado;
que, en efecto, en la época en que se redactaron y publicaron en el Diario Oficial los escritos de 18 de diciembre de 1957 y 17 de abril de 1958, la Alta Autoridad aún tenía que resolver por entero el problema de extraer los principios contenidos en el Decisión de base n
o
2/57, en la que no se definían el sentido de las expresiones «recursos propios» y «chatarra de compra»;
que ya no sucedía lo mismo en el momento en que la parte demandante, tras dictarse la citada sentencia del Tribunal de Justicia, presentó su reclamación a la Alta Autoridad;
que, en efecto, para entonces el delicado problema de la interpretación de la Decisión n
o
2/57 había sido abordado y resuelto desde diversos puntos de vista por el Tribunal de Justicia;
que, en particular, dicha sentencia expuso los motivos por los cuales debe considerarse legal la exención de los recursos propios, mientras que la de la chatarra denominada «de grupo» no lo es;
que la negativa de la Alta Autoridad de la revocación de las exenciones, lejos de limitarse a confirmar su anterior punto de vista, contiene, por tanto, la Decisión implícita de que la sentencia del Tribunal de Justicia no imponía un cambio de actitud y de que las consideraciones que, a juicio del Tribunal de Justicia, se oponían a la exención de la chatarra de grupo no se extendían al caso de la integración local;
que, en tales circunstancias, el silencio de la Alta Autoridad sobre la reclamación que tenía por objeto que se revocaran las exenciones controvertidas, lejos de constituir una mera confirmación de su anterior actitud, implica una nueva Decisión, según la cual los principios establecidos en la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados 32/58 y 33/58 no obligaban a la Alta Autoridad a revisar dicha postura;
que la negativa a revocar de las exenciones controvertidas constituye, de este modo, una nueva Decisión de la Alta Autoridad, Decisión que la demandante podía impugnar y que impugnó dentro de plazo mediante el presente recurso.
2.
Considerando que procede, a continuación, examinar la legalidad de las exenciones controvertidas con arreglo a los principios establecidos por el Tribunal de Justicia en la anterior sentencia (asuntos acumulados 32/58 y 33/58).
Considerando que, al conceder las exenciones en razón de la integración local de las plantas, la Alta Autoridad justificó su Decisión mediante un vínculo fundamentalmente geográfico y, por tanto, contingente, algo que el Tribunal de Justicia declaró improcedente en su anterior sentencia.
Considerando, además, que en la sentencia antes citada el Tribunal de Justicia señaló que la exención de la chatarra de grupo es contraria al Tratado por crear discriminaciones prohibidas por el artículo 4 del Tratado.
Considerando que la chatarra procedente de las plantas de Breedband y utilizada por Hoogovens, así como la chatarra utilizada por Breda Siderurgica y procedente de empresas de su grupo, constituye chatarra de grupo;
que, en efecto, ni Hoogovens ni Breda constituyen una empresa única con las sociedades de las que proviene la chatarra de que se trata;
que el concepto de empresa a efectos del Tratado se identifica con el concepto de persona física o jurídica, habida cuenta de que el Tratado se refiere fundamentalmente a este concepto para designar a los titulares de derechos y obligaciones derivados del Derecho comunitario;
que, para admitir que varias sociedades distintas puedan constituir una única empresa a efectos del artículo 80 del Tratado, sería necesario que el Tratado contuviera una disposición expresa en este sentido;
que, a falta de una disposición de este tipo, no cabe suponer que dos sociedades separadas y distintas puedan constituir una única empresa a efectos del Tratado, y ello en menor medida aún por cuanto dichas sociedades tienen personalidades jurídicas distintas con arreglo a su Derecho nacional; que, por otra parte, si se aceptara la tesis contraria, a menudo sería imposible la identificación de las empresas a que se refiere el artículo 80;
que, además, por lo que respecta al complejo industrial Breda, sólo la sociedad Breda Siderurgica es productora de acero, mientras que las demás sociedades sólo ejercen una actividad de transformación del acero;
que, en tales circunstancias, la sociedad Breda Siderurgica y las demás sociedades agrupadas con ella no pueden constituir una única empresa a efectos del artículo 80 del Tratado, que se refiere únicamente a las empresas que «ejerzan una actividad de producción en el campo del carbón y del acero»;
que la integración local, aun llevada a su extremo, y la interdependencia económica de las respectivas producciones de las empresas que forman el grupo no pueden hacer olvidar el hecho de que las plantas en las que se recupera la chatarra pertenecen a personas jurídicas distintas de las partes coadyuvantes;
que, si los interesados optan expresamente, por agruparse utilizando una determinada forma jurídica de la que esperan determinadas ventajas, no pueden exigir que dicha forma jurídica no se tome en cuenta cada vez que su aplicación pueda ocasionarles inconvenientes;
que, por lo demás, sería injusto aplicar a la chatarra que circula entre dos sociedades distintas normas diferentes en función de que dichas sociedades se hallen establecidas en zonas próximas o relativamente distantes;
que semejante sistema contribuiría a agravar la carga adicional derivada de la necesidad de hacer frente a los gastos de transporte, y podría por tanto incrementar artificialmente las diferencias de costes de producción, lo que va en contra tanto del Tratado como de los principios básicos del sistema de compensación.
Considerando, por último, que la tesis de Hoogovens según la cual la utilización, en su caso, de chatarra residual procedente de las plantas de Breedband constituye una mejora de los rendimientos dentro de una única empresa y las dos empresas no constituyen un grupo que puede modificar artificialmente el juego de la competencia no tiene en cuenta que, en realidad, no se trata de una sola empresa, sino de dos sociedades jurídicamente distintas, cada una de las cuales tiene su propia personalidad jurídica;
que la comunidad de pérdidas y ganancias que se deriva del contrato en el que se establecen las relaciones entre Hoogovens y Breedband tan sólo refleja la cooperación existente entre estas dos empresas;
que, en virtud de dicha cooperación, constituya o no un acuerdo o una concentración de empresas, ambas empresas constituyen un grupo;
que, en consecuencia, la exención concedida a Hoogovens en razón de la existencia del grupo Hoogovens-Breedband puede falsear la competencia, es decir, en el presente caso, las relaciones de competencia existentes entre Hoogovens y otras empresas que no forman un grupo con productores de chatarra.
Considerando que, por las razones expuestas, las reglas enunciadas en la sentencia dictada en los asuntos acumulados 32/58 y 33/58 según las cuales la chatarra denominada de grupo debe someterse al mecanismo de compensación se aplican asimismo a las partes coadyuvantes.
3.
Considerando que Hoogovens alega que las exenciones controvertidas deben mantenerse para evitar que las mismas empresas se vean gravadas dos veces por la misma chatarra, algo que, según afirma, el Tribunal de Justicia condenó en su anterior sentencia.
Considerando que el Tribunal de Justicia no acoge este razonamiento;
que, en la sentencia dictada en los asuntos acumulados 32/58 y 33/58, el Tribunal de Justicia sólo condenó la doble imposición en la medida en que recaía sobre una única empresa, y no en el caso de que se reparta entre diversas empresas jurídicamente distintas;
que, en consecuencia, el criterio determinante no es la identidad técnica del material sino la identidad del comprador y del recuperador;
que, en efecto, en muchos casos existe una relación de filiación técnica entre la chatarra recuperada con ocasión de la fabricación de productos acabados, por un lado, y la chatarra utilizada para la producción del acero destinado a dicha fabricación, por otro;
que, a riesgo de hacer inoperante el mecanismo financiero de compensación y habida cuenta de la incesante circulación de la chatarra bruta o transformada a través de las diferentes fases de la producción, es inevitable que «la misma chatarra» se vea sometida a gravamen dos e incluso más veces.
Considerando que, de este modo, ha quedado acreditado que las Decisiones mediante las cuales se concedieron exenciones a Hoogovens y Breda Siderurgica son ilegales, ya que la exención basada en el criterio de la integración local es contraria a la interpretación del Tratado efectuada por el Tribunal de Justicia en la sentencia dictada en los asuntos acumulados 32/58 y 33/58.
4.
Considerando que debe examinarse aún si la declaración de la ilegalidad de las exenciones controvertidas no entra en contradicción con la Decisión de base n
o
2/57;
que el Tribunal de Justicia estima que no es ése el caso.
a)
Considerando que del artículo 2 de la Decisión n
o
2/57 se desprende que la expresión «recursos propios», empleada en el artículo 4 de la Decisión, se refiere a las «empresas a que se hace referencia en el artículo 80 del Tratado», debiendo tenerse presente que se trata de la empresa usuaria de la chatarra y, por consiguiente, en el presente caso, de Hoogovens y de Breda Siderurgica;
que procede señalar, en primer lugar, que, por «recursos propios» la Decisión n
o
2/57 entiende la chatarra que, desde un principio, es propiedad de una empresa en el sentido del Tratado;
que dicha interpretación, lejos de contradecir el planteamiento del autor de la Decisión, fue adoptada por éste en su escrito de 18 de diciembre de 1957 (
DO 1958, 4, pp. 45 a 58
), en el que se precisa que el concepto de «recursos propios» debe interpretarse «de acuerdo con el valor semántico de la expresión»;
que el concepto de «empresa», tal como se concibe en el artículo 80 del Tratado, se identifica con el concepto de persona física o jurídica, tal como se ha indicado en el apartado 2 de la Sección A supra;
que, en consecuencia, cuando una Decisión de la Alta Autoridad se refiere pura y simplemente a las «empresas a que se hace referencia en el artículo 80 del Tratado», debe suponerse que se refiere a las personas físicas y jurídicas en cuyo nombre se ejercen las actividades contempladas en dicho artículo;
que, en el presente caso, ha quedado acreditado, por lo demás, que semejante interpretación responde a la voluntad del autor de la Decisión n
o
2/57, ya que, en su escrito de 18 de diciembre de 1957, la Alta Autoridad precisó «que una empresa […] se define en todo caso mediante su razón social»;
que, por otra parte, la referencia a la chatarra «propia» de una empresa presupone el concepto de «propietario», que tiene un carácter estrictamente jurídico.
Considerando que de las consideraciones precedentes se desprende que a tenor de la Decisión n
o
2/57 sólo pueden considerarse recursos propios y, en consecuencia, exentos de la compensación, la chatarra que entre el momento de su «producción» y el de su utilización no haya cambiado de propietario, entendiendo este último término en un sentido estrictamente jurídico;
que no es ése el caso de la chatarra controvertida.
b)
Considerando que la parte coadyuvante Hoogovens se esforzó por demostrar que la chatarra que recibe de la sociedad Breedband nunca dejó de ser propiedad de Hoogovens;
que, a este respecto, alega, en particular:
—
que, en virtud del contrato celebrado entre Breedband y ella, las dos sociedades forman una «maatschap» a efectos de los artículos 1655 y siguientes del Código Civil de los Países Bajos;
—
que, de acuerdo con el Derecho civil de los Países Bajos, los socios de una «maatschap» son copropietarios de los bienes producidos en sociedad.
Considerando que dichas alegaciones se basan fundamentalmente en el contrato celebrado entre Hoogovens y Breedband, cuyo texto la parte coadyuvante no consideró necesario aportar a los autos;
que la parte coadyuvante subrayó el carácter «extremadamente confidencial» de dicho contrato y manifestó tener razones graves para no revelar su contenido a la demandante y a la parte coadyuvante Breda Siderurgica, que son sus competidores;
que, no obstante, se declaró dispuesta a facilitar el contrato a cualquier persona obligada por el secreto profesional, en presencia, en su caso, del Juez Ponente, o a la Alta Autoridad, para que se efectuaran las comprobaciones que a juicio del Tribunal de Justicia resultaran necesarias.
Considerando que basar una resolución judicial en hechos y documentos de los cuales las propias partes, o una de ellas, no han podido tener conocimiento, y sobre los cuales, por tanto, no han podido presentar sus observaciones, supondría violar un principio jurídico.
Considerando que, con ocasión del reconocimiento judicial efectuado por el Tribunal de Justicia en IJmuiden, el representante de la parte coadyuvante, preguntado al efecto, declaró que dicho contrato no contiene ninguna alusión expresa al régimen de propiedad, pero que, en opinión de la parte coadyuvante, la prueba de la copropiedad se desprende de varias de sus cláusulas;
que la interpretación y la apreciación de dichas cláusulas están supeditadas al examen del contrato en su conjunto;
que, al haber invocado la propia parte coadyuvante dicho contrato como prueba de su alegación según la cual la chatarra procedente de Breedband puede asimilarse a recursos propios de Hoogovens, le incumbía aportar la prueba de sus alegaciones;
que es improcedente que se deje al Tribunal de Justicia la iniciativa de obtener mediante diligencias de prueba los elementos necesarios para probar el fundamento de la alegación invocada por la parte coadyuvante cuando es ella misma quien posee dichos elementos;
que, por las razones expuestas, el Tribunal de Justicia, considerando las reservas y vacilaciones de Hoogovens, no ordenó la aportación del contrato;
que, puesto que la parte demandante no ha aportado la prueba de sus alegaciones en al respecto no procede que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre el valor de dicho motivo.
Considerando que, en consecuencia, no se ha acreditado que la chatarra que Hoogovens recibe de la sociedad Breedband constituya «recursos propios» de acuerdo con el valor semántico de la expresión.
c)
Considerando que la misma conclusión se impone con respecto a la parte coadyuvante Breda Siderurgica, que ni siquiera alegó la inexistencia de una transmisión de la propiedad de la chatarra de que se tráta.
5.
Considerando que, en consecuencia, las exenciones concedidas a las partes coadyuvantes constituyen verdaderas excepciones.
Considerando que la Decisión n
o
2/57 no prevé excepciones generales ni particulares al concepto de recursos propios;
que, no obstante, en materia de mecanismos financieros que implican una compensación de las cargas, la facultad de conceder excepciones no puede presumirse, y ello menos aún por cuanto cualquier excepción en favor de un sujeto pasivo incrementa necesariamente las cargas que recaen sobre los demás.
Considerando que las excepciones controvertidas fueron concedidas, portante, como consecuencia de una interpretación errónea de la Decisión n
o
2/57.
6.
Considerando, no obstante, que procede examinar asimismo si tales consideraciones no resultan enervadas por el hecho de que la chatarra de que se trata no constituye tampoco «chatarra de compra», entendiendo esta expresión en el sentido que se desprende de una interpretación razonable de la Decisión n
o
2/57.
a)
Considerando que la parte coadyuvante Breda Siderurgica declaró, con ocasión del reconocimiento judicial efectuado en sus instalaciones, que las entregas que recibe de sus sociedades asociadas se efectúan a cambio de un precio cuya fijación a menudo es «objeto de una seria discusión»;
que, en consecuencia, no puede haber ninguna duda de que dichas entregas constituyen compras, ya que existe acuerdo sobre la transmisión de la propiedad a cambio del pago de un precio.
b)
Considerando que la parte coadyuvante Hoogovens alegó, con ocasión del reconocimiento judicial efectuado en sus instalaciones, que, «por la recepción de chatarra procedente de Breedband, esta última recibe una nota de crédito de Hoogovens, calculada sobre la base del precio de la chatarra en el mercado interior»; que, no obstante, añadió que «dicho precio es indiferente, ya que sólo se fija para calcular con precisión los costes de producción en las diferentes fases de la fabricación» y que, en todo caso, dicho «precio» es soportado, en definitiva, por ambas sociedades en virtud de un acuerdo según el cual están obligadas a poner en común sus pérdidas y beneficios;
que los hechos alegados no fueron cuestionados por la parte demandante.
Considerando, no obstante, que, en opinión del Tribunal de Justicia, del sistema y de los objetivos de la Decisión n
o
2/57 se desprende que el concepto de «chatarra de compra» comprende las entregas de que se trata;
que, como el Tribunal de Justicia ya declaró en la sentencia dictada en los asuntos acumulados 32/58 y 33/58, de los objetivos y de los principios fondamentales del mecanismo de compensación se desprende que la exención de los recursos propios constituye la excepción a la regla según la cual todos los consumidores de chatarra están obligados, como tales, al pago de contribuciones de compensación;
que, en consecuencia, no es el concepto de «recursos propios», sino el de «chatarra de compra», el que, en caso de duda, debe interpretarse de manera amplia;
que, en consecuencia, procede considerar «chatarra de compra» toda la chatarra cuya propiedad se transmita a cambio de un precio convenido, independientemente de que dicha transmisión se efectúe en virtud de un contrato de compraventa en el sentido propio de la expresión o en virtud de un contrato asimilable, y de que exista o no una comunidad de pérdidas y ganancias entre el comprador y el vendedor;
que así sucede con la chatarra controvertida.
Considerando que de las consideraciones anteriormente expuestas se desprende que las exenciones concedidas a las partes coadyuvantes son contrarias tanto al Tratado como a las disposiciones de la Decisión n
o
2/57.
B. ¿Pueden ser revocadas las exenciones ilegales controvertidas?
Considerando que las partes coadyuvantes han alegado que la denegación de la revocación de las exenciones se justifica por la falta de interés que tendría su eventual revocación;
que alegan que el sistema de compensación ya ha dejado de funcionar y se encuentra en fase de liquidación, de modo que la anulación
ex nunc
de la Decisión impugnada no podría tener ningún efecto práctico, mientras que una revocación con efecto retroactivo y una revisión de los importes que pagaron en el pasado vulnerarían el principio según el cual la revocación de ventajas obtenidas es improcedente;
que esta alegación ignora que el principio de seguridad jurídica, por importante que sea, no tiene un valor absoluto, sino que su aplicación debe conciliarse con la del principio de legalidad; que la cuestión de determinar cuál de estos principios debe prevalecer en cada caso depende de la ponderación del interés público y de los intereses privados en juego, a saber:
—
por un lado, el interés de los beneficiarios y, en particular, el hecho de que podían suponer de buena fe que no debían pagar contribuciones sobre la chatarra de que se trata, y gestionar sus negocios confiando en la estabilidad de dicha situación;
—
por otra parte, el interés de la Comunidad, que consiste en que funcione de manera regular el mecanismo de compensación, basado en la solidaridad de todas las empresas consumidoras de chatarra, y que exige evitar que los demás contribuyentes sufran con carácter definitivo los efectos pecuniarios de una exención ilegalmente concedida a sus competidores;
que debe tenerse en cuenta, asimismo, el carácter en todo caso provisional de la liquidación, y la posibilidad de escalonar en el tiempo el pago de las contribuciones retrasadas;
que, por lo demás, con arreglo al Derecho de todos los Estados miembros, se admite comúnmente la revocación retroactiva en los casos en que el acto administrativo de que se trate fue adoptado sobre la base de indicaciones falsas o incompletas proporcionadas por los interesados;
que el Tribunal de Justicia no puede excluir que dicho principio se aplique en el presente caso;
que, en efecto, de una declaración efectuada por el representante de la parte coadyuvante Hoogovens, con ocasión del reconocimiento judicial efectuado por el Tribunal de Justicia en sus instalaciones de IJmuiden, así como del informe de gestión de 1959 de Breedband NV, se desprende que ésta también suministró a Hoogovens chatarra obtenida del laminado de desbastes planos de acero que no procedían de Hoogovens;
que, por otra parte, de las declaraciones efectuadas por el representante de la sociedad Breda Siderurgica con ocasión del reconocimiento judicial efectuado por el Tribunal de Justicia en sus instalaciones de Sesto San Giovanni, se desprende que las sociedades que pertenecen al grupo de la parte coadyuvante Breda Siderurgica pueden elegir libremente sus proveedores de acero, de modo que la chatarra que entregan a la sociedad Breda Siderurgica no procede únicamente del acero suministrado por ella.
Considerando que la apreciación de esta circunstancia, así como la apreciación de la importancia relativa de los intereses en juego y, por ende, la decisión de revocar o no con efecto retroactivo las exenciones irregulares, incumben en primer lugar a la Alta Autoridad;
que el Tribunal de Justicia no puede sustituir a la Alta Autoridad, por lo que debe limitarse a remitirle el asunto para que proceda, en aplicación del artículo 34 del Tratado, a dicha apreciación.
Considerando que de las consideraciones anteriormente expuestas se desprende que la Decisión impugnada es ilegal, ya que se basó en la idea, jurídicamente inexacta, de que las exenciones controvertidas eran legales y que la Alta Autoridad no tenía la facultad de proceder a su revocación;
que, en consecuencia, debe anularse dicha Decisión y remitirse el asunto a la Alta Autoridad.
II. Recurso por omisión contra la denegación implícita de la fijación del nuevo tipo de gravamen y su notificación a la demandante con todas las explicaciones necesarias
Considerando que la eventual revocación de las exenciones controvertidas entrañaría la obligación, para la parte demandada, de fijar el nuevo tipo de base de la compensación, sustituir las Decisiones mediante las que se impuso una contribución a la demandante por nuevas Decisiones basadas en un cálculo correcto y debidamente motivadas, y notificar dichas Decisiones a la parte demandante;
que, no obstante, los Servicios de la Alta Autoridad deben disponer, en su caso, de un plazo razonable para proceder a tales operaciones, de modo que no puede acogerse la tesis según la cual la parte demandada está obligada a adoptar las Decisiones solicitadas a más tardar en la fecha en la que se considera que adoptó la Decisión implícita impugnada;
que, con todo, la anulación de la denegación de proceder a la revocación se extiende necesariamente a la negativa a rectificar la cotización;
que, por tanto, también esta parte de la Decisión impugnada debe ser anulada.
Considerando que, en estas circunstancias, no es necesario examinar si la Decisión impugnada adolece además de los demás vicios alegados por la demandante, a saber, desviación de poder, incompetencia y vicios sustanciales de forma.
COSTAS
Considerando que, a tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la parte que pierda el proceso será condenada en costas;
que, en el presente caso, la parte demandante ha perdido el proceso en el recurso 42/59, mientras que la parte demandada y las partes coadyuvantes han perdido el proceso en el recurso 49/59;
que, en consecuencia, por lo que respecta al recurso 42/59, procede condenar en costas a la parte demandante, incluidas las de la intervención;
que, por lo que respecta al recurso 49/59, procede condenar a la parte demandada y a las partes coadyuvantes a soportar sus propias costas, condenar a la parte demandada a soportar las costas de la parte demandante, con excepción de los gastos causados por las intervenciones, y a las partes coadyuvantes a soportar las costas causadas a la parte demandante por sus respectivas intervenciones;

vistos los autos;
habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
oídos los informes orales de las partes;
oídas las conclusiones del Abogado General;
vistos los artículos 4, 33, 34, 35, 40, 53 y 80 del Tratado CECA;
visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CECA;
vista la Decisión n
o
2/57 de la Alta Autoridad;
visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
desestimando cualesquiera otras pretensiones más amplias o contrarias, decide:


En el asunto 42/59:
1)
Declarar la inadmisibilidad del recurso.
2)
Condenar en costas a la parte demandante, incluidas las de la intervención.


En el asunto 49/59:
1)
Anular la Decisión implícita de la Alta Autoridad por la que se deniega la revocación retroactiva de las exenciones concedidas a las partes coadyuvantes y la fijación, en función de la revocación, de la cotización adeudada por la parte demandante, así como su notificación a ésta con todos los elementos necesarios para que pueda efectuar su control normal sobre la determinación de dicha cotización.
2)
Remitir el asunto a la Alta Autoridad.
3)
a)
La parte demandada y las partes coadyuvantes soportarán sus propias costas.
b)
La parte demandada soportará los gastos de la parte demandante, con exclusión de los gastos causados por las intervenciones.
c)
Las partes coadyuvantes soportarán las costas causadas a la parte demandante por sus respectivas intervenciones.

Donner
Hammes
Catalano
Riese
Delvaux
Rueff
Rossi
Pronunciada por el Tribunal de Justicia en Luxemburgo, a 22 de marzo de 1961.
Leída en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de marzo de 1961.
Donner
Hammes
Catalano
Riese
Delvaux
Rueff
Rossi
Por el Secretario
HJ. Eversen
Secretario adjunto
El Presidente
A.M. Donner
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.