CELEX: 61989CJ0106
Directiva 68/151/CEE
Artículo 11
Interpretación conforme del Derecho nacional

Mediante auto de 13 de marzo de 1989, recibido en el Tribunal de Justicia el 3 de abril siguiente, el Juez de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Oviedo planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 11 de la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado CEE, para proteger los intereses de socios y terceros (
DO L 65, p. 8
; EE 17/01, p. 3).
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre Marleasing, SA, demandante en el procedimiento principal, y un determinado número de demandadas, entre las que figura La Comercial Internacional de Alimentación, SA (en lo sucesivo, «La Comercial»). Esta última fue constituida bajo la forma de sociedad anónima por tres personas, entre las que se encuentra la sociedad Barviesa, que aportó su patrimonio.
De los fundamentos del auto de remisión se desprende que, de acuerdo con los artículos 1261 y 1275 del Código civil español, que privan de toda eficacia jurídica a los contratos sin causa o con causa ilícita, Marleasing solicitó, con carácter principal, que se declarara la nulidad del contrato de sociedad por el que se constituyó La Comercial por falta de causa, por simulación y por haberse realizado en fraude de los acreedores de la sociedad Barviesa, cofundadora de la demandada. La Comercial solicitó que se desestimara la demanda en su integridad, aduciendo especialmente que en la Directiva 68/151, antes citada, en cuyo artículo 11 se enumeran taxativamente los casos en que podrá declararse la nulidad de las sociedades anónimas, no figura la falta de causa.
El órgano jurisdiccional nacional recalcó que, según lo dispuesto en el artículo 395 del Acta relativa a las condiciones de adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a las Comunidades Europeas (
DO 1985, L 302, p. 23
), el Reino de España en la fecha del auto de remisión no había adaptado aún su Derecho interno a la Directiva, pese a que tenía obligación de hacerlo desde el momento de su adhesión. Al estimar, pues, que el litigio suscitaba un problema de interpretación del Derecho comunitario, el órgano jurisdiccional nacional planteó al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión:
«¿Es directamente aplicable el artículo 11 de la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, no desarrollada en el Derecho interno, para impedir la declaración de nulidad de una sociedad anónima fundada en causa distinta de las enumeradas en dicho artículo?»
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento y de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Sobre la cuestión de si un particular puede ampararse en una directiva contra una ley nacional, debe recordarse la reiterada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia según la cual una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona (sentencia de 26 de febrero de 1986, Marshall,
152/84, Rec. 1986, p. 723
).
No obstante, de los autos se desprende que el órgano jurisdiccional nacional pretende, en esencia, dilucidar si el Juez nacional al que se le somete un litigio relacionado con alguna materia comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 68/151, antes citada, tiene la obligación de interpretar su Derecho nacional a la luz de la letra y de la finalidad de dicha Directiva, con el fin de impedir la declaración de nulidad de una sociedad anónima por alguna causa distinta de las enumeradas en su artículo 11.
Con el fin de contestar a esta cuestión, debe recordarse que, como precisó este Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de abril de 1984, Von Colson y Kamann (
14/83, Rec. 1984, p. 1891, apartado 26
), la obligación de los Estados miembros, dimanante de una directiva, de alcanzar el resultado que la misma prevé, así como su deber, conforme al artículo 5 del Tratado, de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de dicha obligación, se imponen a todas las autoridades de los Estados miembros, con inclusión, en el marco de sus competencias, de las autoridades judiciales. De ello se desprende que, al aplicar el Derecho nacional, ya sea disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarla está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la Directiva y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado.
De lo anterior se deduce que la exigencia de una interpretación del Derecho nacional conforme al artículo 11 de la Directiva 68/151, antes citada, impide interpretar las disposiciones del Derecho nacional sobre sociedades anónimas de manera tal que pueda declararse la nulidad de una sociedad anónima por motivos distintos de los que se enumeran taxativamente en el artículo 11 de la Directiva de referencia.
En relación con la interpretación que ha de darse al artículo 11 de la Directiva y particularmente a la letra b) de su apartado 2 debe señalarse que esta disposición prohibe que las legislaciones de los Estados miembros prevean una anulación judicial fuera de los casos taxativamente enumerados en la Directiva, entre los que figura el carácter ilícito o contrario al orden público del objeto de la sociedad.
Según la Comisión, la expresión «el objeto de la sociedad» debe interpretarse de forma que se refiera exclusivamente al objeto de la sociedad, según la descripción contenida en la escritura de constitución o en los estatutos. De ello se desprende que la declaración de nulidad de una sociedad no puede ser consecuencia de la actividad que realmente desarrolla, tal como, por ejemplo, el expolio de los acreedores de los fundadores.
Esta tesis debe ser acogida. Tal como se desprende de la exposición de motivos de la Directiva 68/151, antes citada, su objetivo consistía en limitar los casos de nulidad y el efecto retroactivo de la declaración de nulidad con el fin de garantizar «la seguridad jurídica en las relaciones entre la sociedad y los terceros, así como entre los socios» (sexto considerando). Además, la protección de los terceros «deberá quedar garantizada por disposiciones que limiten, en tanto sea posible, las causas de invalidez de los compromisos contraídos en nombre de la sociedad». Por consiguiente, se infiere de lo anterior que cada causa de nulidad prevista por el artículo 11 de la Directiva debe interpretarse en sentido estricto. En tales circunstancias, la expresión «el objeto de la sociedad» debe entenderse referida al objeto de la sociedad, según la descripción contenida en la escritura de constitución o en los estatutos.
En consecuencia, procede contestar a la cuestión planteada que el Juez nacional que conoce de un litigio sobre una materia comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 68/151 está obligado a interpretar su Derecho nacional a la luz de la letra y de la finalidad de dicha Directiva con el fin de impedir que se declare la nulidad de una sociedad anónima por una causa distinta de las enumeradas en su artículo 11.
Costas
Los gastos efectuados por la Comisión de las Comunidades Europeas, que ha presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Juez de Primera Instancia e Instrucción n° 1 de Oviedo, mediante auto de 13 de marzo de 1989, declara:

El Juez nacional que conoce de un litigio sobre una materia comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 68/151/CEE del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del Tratado CEE para proteger los intereses de socios y terceros, está obligado a interpretar su Derecho nacional a la luz de la letra y de la finalidad de dicha Directiva con el fin de impedir que se declare la nulidad de una sociedad anónima por una causa distinta de las enumeradas en su artículo 11.

Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de noviembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
G.F. Mancini
(
*1
)	Lengua dc procedimiento: español.