CELEX: 61989CJ0291
Fondo Social Europeo
Recurso de anulación contra la reducción de la ayuda económica concedida inicialmente

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de septiembre de 1989, la sociedad Interhotel solicitó, con arreglo al párrafo segundo del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación de una Decisión de la Comisión de 19 de julio de 1989 por la que se reducía la ayuda que el Fondo Social Europeo (en lo sucesivo, «el Fondo») había otorgado inicialmente basándose en un proyecto de formación presentado por cuenta de la demandante.
Con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 1 de la Decisión 83/516/CEE del Consejo, de 17 de octubre de 1983, sobre las funciones del Fondo Social Europeo (
DO L 289, p. 38
; EE 05/04, p. 26), dicho Fondo participará en la financiación de acciones de formación y orientación profesional.
Según el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 2950/83 del Consejo, de 17 de octubre de 1983, sobre aplicación de la Decisión 83/516 (
DO L 289, p. 1
; EE 05/04, p. 22; en lo sucesivo, «el Reglamento»), la aprobación por el Fondo de una solicitud de financiación llevará aparejada el abono de un anticipo del 50 % de la ayuda concedida en la fecha prevista para el comienzo de la acción de formación. A tenor del apartado 4 de ese mismo artículo, en las solicitudes de pago del saldo se consignará un informe detallado sobre el contenido, los resultados y los aspectos financieros de la operación de que se trate.
El apartado 1 del artículo 6 del Reglamento prevé que, cuando la ayuda del Fondo no sea utilizada con arreglo a las condiciones fijadas en la decisión de aprobación, la Comisión podrá suspender, reducir o suprimir la ayuda, después de haber dado al Estado miembro de que se trate la oportunidad de formular sus observaciones. El apartado 2 del mencionado artículo dispone que las cantidades abonadas que no hayan sido utilizadas con arreglo a las condiciones fijadas en la decisión de aprobación, habrán de ser devueltas, y que el Estado miembro interesado será responsable subsidiario del reembolso de las sumas indebidamente abonadas, cuando se trate de acciones cuyo buen fin garantice, en virtud de lo establecido en el apartado 2 del artículo 2 de la antes citada Decisión 83/516.
El Departamento de Asuntos del Fondo Social Europeo de Lisboa (en lo sucesivo, «DAFSE») presentó ante los servicios del Fondo, en nombre de la República Portuguesa, una solicitud de ayuda económica en favor de la sociedad demandante.
El proyecto de formación para el que se solicitaba la ayuda fue aprobado por una Decisión de la Comisión, si bien introduciendo en él ciertas modificaciones relativas a la cuantía de la ayuda y al número de personas que recibirían formación. Dicha Decisión le fue comunicada al DAFSE y éste, a su vez, la notificó a la demandante.
Una vez finalizada la acción de formación, la demandante presentó al DAFSE los documentos que acreditaban que la acción se había llevado a cabo, así como las solicitudes definitivas de pago del saldo y el informe detallado sobre los aspectos cuantitativos y cualitativos a que hace referencia el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento.
Con arreglo a dicha disposición, la República Portuguesa certificó la exactitud fáctica y contable de los datos que figuraban en las solicitudes de pago y transmitió éstas a la Comisión.
Después de haber examinado ia solicitud de pago del saldo, la Comisión puso de relieve que existía una determinada cantidad correspondiente a gastos que no podían beneficiarse de ayudas. En consecuencia, en la Decisión impugnada, que se comunicó al DAFSE y que éste, a su vez, notificó a la demandante, la Comisión resolvió que no existía saldo alguno a favor de la demandante y que se suprimía una parte de la ayuda abonada como primer anticipo, y exigió el reembolso de cierta cantidad.
Para fundamentar su recurso de anulación contra la referida Decisión, la parte demandante formula dos motivos, basados, respectivamente, en la falta de motivación de la Decisión impugnada y en la infracción de la normativa referente al Fondo.
Para una más amplia exposición de los hechos del litigio y del desarrollo del procedimiento, así como de los motivos y alegaciones de las partes, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
De los autos resulta que la Comisión comunicó a las autoridades portuguesas competentes la Decisión impugnada en forma de acto motivado, en el que se les notificaba básicamente que, con arreglo al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento, la ayuda del Fondo quedaba reducida a una cantidad inferior a la aprobada inicialmente.
En la medida en que ello es así, la Decisión impugnada, aunque está dirigida a la República Portuguesa, afecta directa e individualmente a la demandada en el sentido del párrafo segundo del artículo 173 del Tratado, puesto que le priva de una parte de la ayuda que se le había concedido inicialmente, sin que el Estado miembro disponga a este respecto de un margen de discrecionalidad propio.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, éste puede examinar de oficio la existencia de vicios sustanciales de forma (véanse las sentencias de 21 de diciembre de 1954, Francia/Alta Autoridad,
1/54, Rec. p. 7
; Italia/Alta Autoridad,
2/54, Rec. p. 73
; y de 20 de marzo de 1959, Nold/Alta Autoridad,
18/57, Rec. p. 89
).
Ahora bien, las partes están de acuerdo en que, antes de adoptar la Decisión impugnada, la Comisión no dio a la República Portuguesa la oportunidad de formular sus observaciones, incumpliendo de este modo la obligación que le impone claramente el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento.
Por otra parte, consta que el Estado miembro es el único interlocutor del Fondo (véase la sentencia de 15 de marzo de 1984, EISS/Comisión,
310/81, Rec. p. 1341, apartado 15
) y que se responsabiliza en la medida en que certifica la exactitud fáctica y contable de los datos que figuran en las solicitudes de pago del saldo y en que puede incluso estar obligado a garantizar el buen fin de las acciones de formación.
Habida cuenta de su papel central y de la importancia de las responsabilidades que asume al presentar los proyectos de formación y controlar su financiación, el dar al Estado miembro afectado la oportunidad de formular sus observaciones con carácter previo a la adopción de una Decisión definitiva de reducción constituye un requisito formal esencial, cuyo incumplimiento supone la nulidad de la Decisión impugnada.
De lo anterior se deduce que debe anularse la Decisión de reducción impugnada, sin que proceda examinar los motivos alegados por la demandante.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la Comisión, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
decide:

1)
Anular la Decisión de 19 de julio de 1989 por la que se declara que no pueden beneficiarse de ayudas determinados gastos por importe de 62479600 ESC, correspondientes a la solicitud de ayuda n° 870840/Pl, presentada ante el Fondo Social Europeo.

2)
Condenar en costas a la Comisión.

O'Higgins
Mancini
Schockweiler
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de mayo de 1991.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Segunda
T. F. O'Higgins
(
*1
)	Lengua de procedimiento: portugués.