CELEX: 61988CJ0333
Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades
Desgravación de intereses hipotecarios

Mediante resolución de 15 de noviembre de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 18 del mismo mes, el Office of the Special Commissioners of Income Tax planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, varias cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 13 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «el Protocolo»), así como de los artículos 5 y 7 del Tratado CEE.
Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre el Sr. P. J. K. Tither, funcionario de la Comisión de las Comunidades Europeas, y el Commissioners of Inland Revenue (en lo sucesivo, «la Administración Tributaria»). El objeto de este litigio es la concesión de la autorización prevista en una disposición de la Finance Act 1982 (Ley de Presupuestos), destinada a favorecer la adquisición y mejora de la vivienda individual.
El sistema de que se trata, denominado MIRAS (mortgage interest relief at source — desgravación en la fuente de intereses hipotecarios), se refiere al pago de los intereses correspondientes a un «préstamo cualificado», de conformidad con lo previsto en la Ley de Presupuestos, contratado para financiar determinadas operaciones inmobiliarias. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos, el prestatario puede deducir de los intereses por él satisfechos una suma igual al importe del Impuesto sobre la Renta correspondiente a dicha cantidad, calculado al tipo inferior. El prestamista no puede oponerse a esta deducción, mientras que el prestatario queda liberado de la cantidad deducida como si la hubiera pagado de hecho.
Desde un punto de vista fiscal, la desgravación de que se trata se considera incluida en el Impuesto sobre la Renta pagado por el prestamista. Por lo que respecta al prestatario, su deducción sobre el pago de los intereses produce un efecto similar a una disminución de la carga fiscal correspondiente al Impuesto sobre la Renta. No obstante, la aplicación del sistema MIRAS no se subordina al hecho de que la renta imponible del prestatario sea de suficiente entidad como para cubrir los intereses hipotecarios. El prestatario puede efectuar la deducción aun cuando no disponga de renta imponible.
Puede beneficiarse del sistema MIRAS «todo prestatario cualificado» que resida en el Reino Unido, cualesquiera que sean su situación fiscal y su nacionalidad. No obstante, en virtud de lo previsto en el apartado 13 del anexo 7 de la Ley de Presupuestos nacional, el concepto de «prestatario cualificado» no cubre a quienes desempeñen funciones u ocupen puestos por los que perciban una retribución no sujeta a imposición en virtud de una exención o de un estatuto especial.
El Sr. Tither, que es propietario de una casa en el país de Gales, solicitó acogerse al sistema MIRAS en relación con un préstamo concedido por una sociedad cooperativa de construcción inmobiliaria, con el objeto, de efectuar mejoras en la referida casa. La Administración Tributaria le denegó la autorización necesaria para poder beneficiarse de dicho régimen, por el motivo de que, en tanto que funcionario comunitario, el Sr. Tither no era un «prestatario cualificado».
El Sr. Tither interpuso un recurso contra esta resolución denegatoria ante los Special Commissioners of Income Tax. En apoyo de su recurso, el demandante invocaba el artículo 13 del Protocolo. Los Special Commissioners observaron que la exención de impuestos nacionales prevista en el artículo 13 constituía una exención o un estatuto especial del tipo de las contempladas en el apartado 13 del anexo 7 de la Ley de Presupuestos nacional, cuyo efecto era excluir a los funcionarios comunitarios del ámbito de aplicación del sistema MIRAS.
A raíz de ello, los Special Commissioners estimaron necesario someter al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una petición de decisión prejudicial sobre las cuestiones siguientes:
«Cuando un Estado miembro subvenciona los intereses pagados por un particular por un préstamo destinado a la adquisición o mejora de su residencia principal, situada en el mismo Estado, siempre que su renta imponible en dicho Estado sea inferior al importe de los referidos pagos, pero no subvenciona estos últimos cuando, en la misma situación, el interesado o su cónyuge perciban una retribución no gravada con tributo alguno en dicho Estado como consecuencia de una exención o de un estatuto especial:
1)
a) El artículo 13 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas o b) el artículo 5 o c) el artículo 7 del Tratado o d) cualquier otra disposición del Derecho comunitario, ¿deben interpretarse en el sentido de que imponen al Estado miembro de que se trate la obligación de subvencionar los pagos de intereses a que se ha hecho referencia, realizados por un particular que tenga la nacionalidad de dicho Estado cuya retribución esté exenta de impuestos en el referido Estado, en virtud del citado artículo 13, y cuya renta imponible en el mismo Estado sea'inferior al importe de los pagos?
2)
En el caso de que el Estado miembro tenga la obligación a que se refiere la cuestión precedente, ¿puede el interesado ampararse en el Derecho comunitario para invocar directamente dicha obligación ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro, si la legislación nacional no hace efectiva aquella obligación?»
Para una más amplia exposición del contexto normativo y de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento, así como de las observaciones escritas presentadas, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
Por lo que se refiere a la primera cuestión, procede señalar que el objeto de ésta es la situación en que se encuentran aquéllos cuya retribución no está gravada con tributo alguno en virtud de una exención como la prevista en el artículo 13 del Protocolo y cuyos otros ingresos son inferiores a los intereses hipotecarios pagados, de tal manera que, en virtud de la legislación nacional, no han de satisfacer importe alguno en concepto de Impuesto sobre la Renta.
Para poder responder a esta cuestión, se impone determinar el alcance del artículo 13 del Protocolo, a tenor del cual los funcionarios y otros agentes de las Comunidades estarán exentos de los impuestos nacionales sobre los sueldos, salarios y emolumentos abonados por éstas.
Para interpretar este precepto en relación con un régimen fiscal como el de autos, procede recordar la sentencia dictada, por el Tribunal de Justicia el 24 de febrero de 1988 (Comisión contra Bélgica,
260/86, Rec. 1988, p. 955
). En esta sentencia, el Tribunal de Justicia estimó que lo que prevé el artículo 13 del Protocolo es la exención de todo tributo nacional que grave directa o indirectamente los sueldos, salarios y emolumentos a los que se hace referencia en el mismo y que dicho precepto se opone ą todo tributo nacional, cualesquiera que sean su carácter o sus modalidades de recaudación, cuyo efecto sea gravar, directa o indirectamente, a los funcionarios u otros agentes de las Comunidades por, el hecho de percibir una retribución de estas últimas, aun cuando el tributo de que se trate no se calcule en proporción al importe de dicha retribución.
Por consiguiente, lo que es preciso determinar es si la aplicación de una legislación nacional como la que establece el sistema MIRAS tiene como efecto gravar, directa o indirectamente, la retribución de los funcionarios y otros agentes de la Comunidad.
De las consideraciones expuestas en la resolución de remisión se desprende que el fin perseguido por el sistema MIRAS, objeto del litigio principal, no es otro que aligerar las cargas derivadas para los prestatarios del pago de intereses hipotecarios, y ello con el fin de incentivar la compra o mejora de su vivienda por particulares. Para aquellos cuya renta imponible no sea de suficiente entidad como para tributar al tipo inferior, el efecto de dicho sistema es otorgar una subvención directa al beneficiario, dado que, en tal caso, no existe relación alguna entre una carga fiscal y una deducción efectuada sobre el pago de intereses.
Por lo que respecta a semejante situación, procede hacer constar que el artículo 13 del Protocolo no obliga a los Estados miembros a otorgar a los funcionarios y otros agentes de la Comunidad las mismas subvenciones que a los beneficiarios que como tales defina la normativa nacional aplicable. Este artículo exige solamente que, cuando dichas personas estén sujetas a determinados tributos, puedan beneficiarse de las ventajas de tipo fiscal otorgadas a todo sujeto pasivo, a fin de evitar que se someta a las mismas a una mayor presión fiscal.
Por lo que respecta al artículo 5 del Tratado CEE, es preciso recordar que, como estimó el Tribunal de Justicia en su sentencia de 15 de enero de 1986 (Hurd,
44/84, Rec. 1986, p. 29
), dicha disposición prohibe a los Estados miembros adoptar aquellas medidas que puedan perturbar el funcionamiento de las instituciones comunitarias. Aunque el efecto de una medida como el sistema MIRAS puede ser privar a los funcionarios y agentes de las Comunidades de una ventaja de tipo económico de la que se beneficiarían si no tuvieran calidad de tales, no parece que dicha medida pueda llegar a disuadir a determinadas personas de entrar al servicio de las Comunidades o a incitarles a dejar la función pública por ellas ejercidas, pudiendo, por consiguiente, perturbar el normal funcionamiento de las instituciones comunitarias.
Por lo que respecta al artículo 7 del Tratado, ha quedado acreditado el hecho de que el sistema MIRAS no establece distinción alguna entre sus beneficiarios por razón de su nacionalidad. Por consiguiente, esta disposición tampoco puede cambiar la interpretación efectuada del artículo 13 del Protocolo.
Procede, pues, responder a la primera cuestión que los artículos 5 y 7 del Tratado y 13 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro que subvenciona los intereses pagados por los particulares por los préstamos destinados a la adquisición o mejora de su residencia principal, situada en dicho Estado, cuando, en este último, la renta imponible de los interesados sea inferior al importe de los intereses satisfechos, excluya de este régimen a quienes tengan la condición de funcionario o agente de las Comunidades Europeas, cuando la renta imponible de éstos en el referido Estado sea inferior al importe de los intereses por ellos pagados.
A la vista de la respuesta dada a esta cuestión, la segunda carece ya de objeto.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno británico y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

Eņ virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Office of the Special Commissioners of Income Tax mediante resolución de 15 de noviembre de 1988, declara:

Los artículos 5 y 7 del Tratado y 13 del Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades de las Comunidades Europeas deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro que subvenciona los intereses pagados por los particulares por los préstamos destinados a la adquisición o mejora de su residencia principal, situada en dicho Estado, cuando, en este último, la renta imponible de los interesados sea inferior al importe de los intereses satisfechos, excluya de este régimen a quienes tengan la condición de funcionario o agente de las Comunidades Europeas, cuando la renta imponible de éstos en el referido Estado sea inferior al importe de los intereses por ellos pagados.

Kakouris
Koopmans
Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de marzo de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
C. N. Kakouris
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.