CELEX: 61985CJ0093
Recursos propios
Solicitud de inscripción anticipada

Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 11 de abril de 1985, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 169 del Tratado CEE, con el fin de que se declare que, al no dar cumplimiento a la invitación que le fue dirigida por la Comisión basándose en el párrafo 1 del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77 del Consejo, de fecha 19 de diciembre de 1977, por el que se aplica la Decisión de 21 de abril de 1970 relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios de las Comunidades (
DO L 336, p. 1
; EE 01/02, p. 76), y al negarse además a pagar los intereses debidos en virtud del artículo 11 del mismo Reglamento, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado.
En lo que se refiere a los hechos y a los argumentos de las partes, el Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El párrafo 1 del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77 dispone que el importe de los recursos propios, es decir, principalmente las exacciones agrícolas y los importes similares, así como los derechos del arancel aduanero común y los importes similares (ver artículo 2 de la Decisión del 21 de abril de 1970, ya citada) «será inscrito por cada Estado miembro en el haber de la cuenta abierta con este fin a nombre de la Comisión en el Tesoro o en el organismo que éste haya designado».
Según el apartado 1 del artículo 10, «la inscripción contemplada en el apartado 1 del artículo 9 se efectuará lo más tarde el día 20 del segundo mes siguiente a aquel en el curso del cual el derecho haya sido liquidado».
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el apartado 2 del mismo artículo dispone:
«En caso de necesidad, los Estados miembros podrán ser invitados por la Comisión a anticipar en un mes la inscripción de los recursos diferentes de los recursos IVA sobre la base de las informaciones de las que dispongan el 15 del mismo mes.
La regularización de cada inscripción anticipada se efectuará al mes siguiente en el momento de la inscripción mencionada en el apartado 1. Consistirá en la inscripción negativa por un importe igual al del que es objeto la inscripción anticipada».
El artículo 11 prevé, además, que «cualquier retraso en las inscripciones en la cuenta señalada en el apartado 1 del artículo 9 dará lugar al pago, por el Estado miembro referente, de un interés cuyo tipo será igual al tipo de descuento más elevado en los Estados miembros aplicado el día del vencimiento. Este tipo será incrementado en 0,25 puntos por mes de retraso. El tipo así incrementado será aplicable a todo el período de retraso».
Durante la primavera de 1983, los gastos agrícolas alcanzaron un nivel tal que la Comisión, por primera vez, estimó que tenía que recurrir a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10, antes citado. A tal efecto, mediante télex de 28 de abril de 1983, invitó a los Estados miembros a anticipar al 20 de mayo la inscripción de los recursos propios liquidados en el mes de abril y devengados normalmente el 20 de junio.
El Reino Unido no dio cumplimiento a esta invitación ni inscribió los mencionados recursos hasta un mes más tarde.
Después de un intercambio de cartas, la Comisión hizo uso del procedimiento contemplado en el párrafo 1 del artículo 169 del Tratado CEE, dirigiendo al Gobierno del Reino Unido un escrito de requerimiento y, ulteriormente, un dictamen motivado. Por haber declarado este Gobierno, como respuesta al requerimiento y al dictamen motivado de la Comisión, que mantenía su posición, la Comisión interpuso ante el Tribunal de Justicia el presente recurso.
En apoyo de éste, la Comisión desarrolla dos motivos, de los cuales, el primero se basa en la infracción del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77 y el segundo en la infracción del artículo 11 del mismo Reglamento.
Acerca del primer motivo basado en la infración del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento n
o
2891/77
La Comisión alega que el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77 impone a los Estados miembros una verdadera obligación. Los Estados miembros están, en efecto, según ella, obligados a acatar las invitaciones que la Comisión les dirige con vistas a obtener, de acuerdo con la disposición antes citada, la inscripción anticipada de los recursos propios liquidados por cada Estado miembro.
Por tales razones, la Comisión considera que el Reino Unido, al no acatar la invitación que le había sido dirigida el 28 de abril de 1983, en aplicación del apartado 2 del artículo 10, antes citado, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de esta disposición.
El Gobierno del Reino Unido niega que el apartado 2 del artículo 10 imponga obligación alguna a los Estados miembros. A su juicio, en el caso de que los Estados miembros no aceptaran proceder a la inscripción anticipada solicitada, en virtud del apartado 2 del artículo 10, por la Comisión, ésta puede recurrir a las posibilidades que le ofrece el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77. De conformidad con esta disposición, «cuando las necesidades de tesorería sobrepasen el activo de las cuentas, la Comisión, podrá efectuar exacciones más allá del conjunto del activo. En este caso, informará de antemano a los Estados miembros de los descubiertos previsibles».
El Gobierno del Reino Unido expone que, por su parte, hubiera querido acceder a la invitación de la Comisión pero que, para actuar de esta forma, le era necesaria la autorización del Parlamento, por tratarse, según este Gobierno, de un pago al que no estaba obligado en virtud de una imposición derivada del Derecho comunitario. Sin embargo, a causa de la disolución del Parlamento producida el 13 de mayo de 1983, el Gobierno se encontró ante la imposibilidad de obtener el acuerdo parlamentario que era necesario, a su juicio, para acatar la invitación de la Comisión.
Procede recordar que las cantidades de las que se trata en el presente asunto constituyen recursos propios de las Comunidades de conformidad con la Decisión del Consejo de 21 de abril de 1970, relativa a la sustitución de las contribuciones financieras de los Estados miembros por recursos propios de las Comunidades.
En el sistema previsto por esta Decisión y por el Reglamento (CEE) n
o
2891/77, los Estados miembros no intervienen más que para la liquidación y la puesta a disposición de la Comisión de tales recursos.
Efectivamente, a tenor del artículo 6 de la Decisión de 21 de abril de 1970 y del artículo 1 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77, los Estados miembros se limitan a liquidar los recursos propios de las Comunidades conforme a sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas y, después, a ponerlos a disposición de la Comisión. Esta puesta a disposición tiene lugar, a tenor del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77, por medio de inscripción en el haber de la cuenta abierta a nombre de la Comisión en el Tesoro o en el organismo designado a tal efecto por cada Estado. Los Estados miembros reciben, de conformidad con el párrafo 5 del apartado 1 del artículo 3 de la Decisión de 21 de abril de 1970, un reembolso igual al 10 % de los importes de los recursos propios pagados por cada Estado, en concepto de gastos de recaudación.
La responsabilidad de gestionar, a nivel comunitario, el sistema establecido por la Decisión de 21 de abril de 1970 y por el Reglamento (CEE) n
o
2891/77 incumbe, en cambio, a la Comisión, según los pricipios que se derivan de las disposiciones financieras del Tratado, principalmente, el artículo 205.
De esta forma es como, a tenor del artículo 1 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77, los recursos propios liquidados por los diferentes Estados miembros son puestos a disposición de la Comisión. En la misma óptica, según el artículo 4, cada Estado miembro comunica a la Comisión las informaciones sobre los servicios responsables de la liquidación de tales recursos y el texto de las disposiciones nacionales aplicables en esta materia. Los artículos 5 y 7, apartado 3, prevén, por su parte, la transmisión a la Comisión por cada Estado, respectivamente, de una cuenta recapitulativa anual y de un extracto mensual de la contabilidad de los recursos propios.
En ese contexto es donde se sitúa el apartado 2 del artículo 10, que prevé una excepción respecto al principio contenido en el apartado 1 del mismo artículo, según el cual, la inscripción de los recursos propios liquidados por cada Estado miembro en el transcurso de un mes determinado tendrá lugar «lo más tarde» el 20 del segundo mes siguiente a aquel en cuyo transcurso se haya efectuado la liquidación. El apartado 2 del artículo 10 tiene por objeto, efectivamente, permitir a la Comisión obtener «en caso de necesidad» que la inscripción de los recursos propios diferentes de los provenientes del IVA se anticipe en un mes, para atender a los eventuales problemas de tesorería que la Comisión pueda encontrar en el transcurso de un determinado período.
Visto el carácter autónomo de las facultades de que dispone la Comisión en materia de gestión de los recursos propios, así como el reparto de tareas entre la Comisión y los Estados miembros previsto por la Decisión de 21 de abril de 1970 y por el Reglamento (CEE) n
o
2891/77, no cabe admitir que el ejercicio de la facultad prevista en el apartado 2 del artículo 10, pueda subordinarse al acuerdo de los diferentes Estados miembros.
Efectivamente, tal y como la Comisión ha alegado acertadamente tan sólo ella puede apreciar la necesidad de recurrir a una inscripción anticipada de los recursos propios. Los Estados miembros, puesto que no intervienen más que para la recaudación y la puesta a disposición de tales recursos, pero no para su gestión, tienen que proceder a la inscripción anticipada solicitada, sin tener que manifestar su acuerdo o desacuerdo a este respecto.
La tesis contraria, defendida por el Gobierno del Reino Unido, conduciría a privar de eficacia al apartado 2 del artículo 10. La negativa de cualquier Estado a proceder a la inscripción anticipada solicitada por la Comisión colocaría a ésta en la imposibilidad de disponer, en la fecha que juzgue más apropiada, de la totalidad de los recursos propios ya liquidados y correría el riesgo de provocar un déficit en las cuentas de la Comisión, que el apartado 2 del artículo 10 trata precisamente de evitar.
Frente al argumento que el Gobierno del Reino Unido basa en el apartado 2 del artículo 12, procede observar que esta disposición ofrece a la Comisión una segunda posibilidad para remediar los eventuales problemas de tesorería que pudiera experimentar. Esta posibilidad se distingue, sin embargo, de la que se prevé en el apartado 2 del artículo 10 en varios aspectos.
Mientras que el apartado 2 del artículo 10 no prevé más que el anticipo de la inscripción de los recursos propios con relación a la fecha normal en la que debería realizarse esta inscripción, el apartado 2 del artículo 12 abre a la Comisión la posibilidad de retirar fondos más allá del conjunto del activo que figura en las cuentas de las que la Comisión es titular en cada Estado miembro en virtud del apartado 1 del artículo 9. Por consiguiente, al decidir recurrir al apartado 2 del artículo 12, la Comisión no apela, como ocurre con el apartado 2 del artículo 10, a fondos que correspondan a recursos propios ya liquidados por los Estados miembros, sino que obtiene de éstos, aunque no sea más que temporalmente, verdaderas contribuciones financieras.
La diferencia de fondo que existe entre la posibilidad contemplada en el apartado 2 del artículo 12 y la contemplada en el apartado 2 del artículo 10 se ve confirmada por la circunstancia de que, si bien el apartado 2 del artículo 10 prevé, en su párrafo 2, un sistema obligatorio de regularización que debe tener lugar en el mes siguiente a aquel en cuyo transcurso se produzca el ingreso anticipado, para los casos mencionados en el apartado 2 del artículo 12, el apartado 3 del mismo artículo se limita a establecer que la diferencia entre el activo global de las cuentas de la Comisión y sus necesidades de tesorería se reparte entre los Estados miembros «en la medida de lo posible, proporcionalmente a la previsión de los ingresos del presupuesto provenientes de cada uno de ellos». Con la misma óptica, el apartado 2 del artículo 12 exige, a diferencia del apartado 2 del artículo 10, que la Comisión informe de antemano a los Estados miembros de los descubiertos previsibles.
En tales circunstancias, la tesis del Gobierno del Reino Unido, que considera el empleo del apartado 2 del artículo 12 como una posibilidad alternativa a la utilización del apartado 2 del artículo 10, desconoce la especificidad de cada una de estas disposiciones. En cualquier caso, la elección entre una u otra disposición corresponde únicamente a la Comisión y no dependería de la negativa de uno o varios Estados miembros a dar cumplimiento a la invitación que se le dirige en virtud del apartado 2 del artículo 10.
Procede declarar, por lo tanto, que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo 1 del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n
o
28911/77 del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 (
DO L 336, p. 1
; EE 01/92, p. 76), al no dar cumplimiento a la invitación que la Comisión le dirigió, por télex de 28 de abril de 1983, sobre la base de esta disposición.
Acerca del segundo motivo basado en la infracción del artículo 11 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77
La Comisión invoca el artículo 11 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77, según el cual «cualquier retraso en las inscripciones en la cuenta señalada en el apartado 1 del artículo 9 dará lugar al pago, por el Estado miembro referente, de un interés», para sostener que el Reino Unido tiene que pagar los intereses de demora sobre el importe de los recursos propios liquidados en el mes de abril de 1983, inscrito en la cuenta de la Comisión el 20 de junio y no el 20 de mayo, tal y como había solicitado la Comisión en aplicación del apartado 2 del artículo 10.
Al haberse negado a pagar los mencionados intereses el Reino Unido incumplió, según la Comisión, el artículo 11 antes citado.
Con carácter principal, el Gobierno del Reino Unido sostiene que al no suponer el apartado 2 del artículo 10, a su juicio, ninguna obligación para los Estados miembros, éstos, en el caso de que decidieran no proceder a la inscripción anticipada solicitada por la Comisión, no se verían obligados en absoluto a pagar intereses de demora.
Tal y como se deriva de la interpretación mantenida anteriormente a propósito del apartado 2 del artículo 10, las invitaciones dirigidas a los Estados miembros por la Comisión en virtud de esta disposición obligan a adelantar en un mes la inscripción de los recursos propios liquidados durante el mes anterior.
De ello se sigue que si, en la inscripción de los recursos propios, un Estado miembro no respeta el plazo resultante de tal invitación, está obligado a pagar los intereses, según las modalidades previstas por el artículo 11.
Subsidiariamente, el Gobierno del Reino Unido alega su buena fe. Se había basado efectivamente, dice, en los términos utilizados en el apartado 2 del artículo 10 para juzgar que no estaba obligado a acceder a la petición de inscripción anticipada formulada por la Comisión. Se trata, pues, dice, de una infracción no intencional a una obligación comunitaria cuya existencia seguiría siendo dudosa hasta el momento en que el Tribunal se pronuncie.
Además, según este Gobierno, la sanción consistente en el pago de los intereses previstos por el artículo 11 es especialmente onerosa con relación a la gravedad de la infracción de que se trata, dado que dicho artículo prevé la aplicación de un tipo de interés igual al tipo de descuento más elevado en los Estados miembros en vigor el día del vencimiento, lo que da, en el caso de autos, un tipo del 20,5 %.
Este argumento tampoco puede aceptarse.
Tal y como este Tribunal ha decidido ya en su sentencia de 20 de marzo de 1986 (Comisión contra Alemania,
303/84, Rec. 1986, p. 1171
), resulta de la letra misma del artículo 11 que los intereses de demora se deben por cualquier retraso en los ingresos a nombre de la Comisión, cualquiera que sea la razón. En este contexto, la circunstancia de que el Gobierno del Reino Unido no esté convencido del carácter obligatorio de las invitaciones formuladas por la Comisión de conformidad con el apartado 2 del artículo 10, no puede justificar el incumplimiento del artículo 11 que la Comisión le imputa.
Por lo que se refiere al tipo aplicado por la Comisión, hay que considerar que el interés debido en virtud del artículo 11 tiene el carácter de un interés de demora, cuyo tipo se fija a tanto alzado respecto a todos los Estados miembros, a un nivel que no puede adaptarse según las circunstancias particulares de cada caso.
El Gobierno del Reino Unido alega además que los intereses de demora han de calcularse sobre la base del importe que hubiera debido ser inscrito según la invitación de la Comisión, es decir, el importe de los recursos correspondientes al mes de abril de 1983, tal y como resultaba de las informaciones de que disponía este Gobierno a 15 de mayo de 1983. Por el contrario, la Comisión calculó los intereses tomando como base el importe más elevado de los recursos propios efectivamente pagados en junio de 1983.
A este respecto, conviene declarar que, tal y como la Comisión ha reconocido en su escrito de réplica, la tesis del Gobierno del Reino Unido está fundada.
A la luz del conjunto de consideraciones que antecede, procede declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al negarse a pagar los intereses previstos en el artículo 11 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77 por el retraso con el que procedió a la inscripción en la cuenta de la Comisión de los recursos propios correspondientes al mes de abril de 1983 y que resultan de las informaciones de que disponía a 15 de mayo de 1983, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho artículo.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, procede condenarle en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
El TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del párrafo 1 del apartado 2 del artículo 10 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77 del Consejo, de 19 de diciembre de 1977 (
DO L 336, p. 1
; EE 01/02, p. 76), al no dar cumplimiento a la invitación que la Comisión le dirigió, mediante télex de 28 de abril de 1983, sobre la base de dicha disposición.

2)
Declarar que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al negarse a pagar los intereses previstos en el artículo 11 del Reglamento (CEE) n
o
2891/77 por el retraso con el que procedió a la inscripción en la cuenta de la Comisión de los recursos propios relativos al mes de abril de 1983 y que resultan de las informaciones de que disponía a 15 de mayo de 1983, ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de dicho artículo.

3)
Condenar en costas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Mackenzie Stuart
Galmot
Kakouris
Schockweiler
Bosco
Koopmans
Everling
Joliét
Rodríguez Iglesias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de diciembre de 1986.
El Secretario
P. Heim
El Presidente
A. J. Mackenzie Stuart
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.