CELEX: 61989CJ0308
No discriminación
Hijo de un trabajador comunitario
Ayuda a la formación

Mediante resolución de 11 de septiembre de 1989, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de octubre siguiente, el Verwaltungsgericht Darmstadt planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad (
DO L 257, p. 2
; EE 05/01, p. 77).
Dicha cuestión se suscitó en el marco de un recurso interpuesto por la Srta. Carmina di Leo, de nacionalidad italiana, contra la negativa de las autoridades alemanas competentes a concederle el beneficio de la ayuda a la formación, solicitada por la Srta. di Leo, establecida por la Bundesausbildungsförderungsgesetz (Ley federal para la promoción de la formación individual; en lo sucesivo, «Bafög»), a causa de que la ayuda a la formación por ella solicitada sólo se concede a quienes son alemanes a efectos de la Ley Fundamental, a los extranjeros apatridas y a los extranjeros titulares del derecho de asilo.
En la versión de la Bafög vigente en la época en que ocurrieron los hechos del litigio principal sólo podían disfrutar de la ayuda a la formación para estudios realizados fuera del territorio de la República Federal de Alemania los alemanes en el sentido de la Ley fundamental, los extranjeros apatridas, los extranjeros titulares del derecho de asilo y los refugiados. A consecuencia de una modificación aplicable desde el 1 de julio de 1988, la ayuda se concede también a los candidatos a la formación que, como hijos de nacionales de un Estado miembro, disfrutan de la libertad de circulación o del derecho de residencia establecido por el Derecho comunitario. No obstante, los nacionales de un Estado miembro de la CEE están excluidos de la ayuda cuando la formación se imparte en un Estado del que son nacionales.
De los autos se deduce que la Srta. di Leo es hija de un trabajador migrante italiano que desempeña un empleo en la República Federal de Alemania desde hace veinticinco años. Realizó sus estudios primarios y secundarios en Gedern (República Federal de Alemania), donde asimismo tiene su residencia principal. Debido al
numerus clausus
que se aplica en las facultades de Medicina de las universidades alemanas, se matriculó en Medicina en la Universidad de Siena (Italia). Para estos estudios se le denegò la ayuda a la formación establecida por la Bafög.
El órgano jurisdiccional que conoce el asunto consideró que la legalidad de la decisión de las autoridades alemanas podía depender de si el artículo 12 del citado Reglamento n° 1612/68 impone o no a un Estado miembro, cuya legislación establece una ayuda a la formación en el extranjero, que esta ayuda se conceda a una persona que se encuentra en una situación como la de la demandante en el asunto principal.
En estas circunstancias, el Verwaltungsgericht Darmstadt suspendió el procedimiento para plantear a este Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial :
«¿Debe interpretarse el artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, en el sentido de que, tratándose de ayuda a la formación, los hijos a que se refiere esta disposición se asimilan a los nacionales no sólo cuando la formación tiene lugar en el Estado de acogida, sino también cuando la formación se les imparte en un Estado del que son nacionales?»
Para una más amplia exposición del marco jurídico y de los antecedentes del litigio principal, así como de las observaciones escritas presentadas ante este Tribunal de Justicia, esta Sala se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El artículo 12 del Reglamento n° 1612/68 dispone que los hijos de un trabajador comunitario serán admitidos en los cursos de enseñanza general, de aprendizaje y de formación profesional en las mismas condiciones que los nacionales del país de acogida, si esos hijos residen en su territorio.
Procede recordar, con carácter previo, que con arreglo a la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 15 de marzo de 1989, Echternach y Moritz, asuntos acumulados
389/87 y 390/87, Rec. 1989, p. 723
) el citado artículo 12 no se refiere solamente a las normas relativas a la admisión, sino también a las medidas generales dirigidas a facilitar la participación en la enseñanza. A este respecto, este Tribunal de Justicia consideró, en particular, que el estatuto de hijo de trabajador comunitario lleva implícito especialmente el reconocimiento por el Derecho comunitario de la necesidad de disfrutar de las ayudas estatales al estudio para la integración de estos hijos en la vida social del país de acogida. Ello implica, según este Tribunal de Justicia, que los hijos de los trabajadores comunitarios tienen derecho a las ayudas concedidas para sufragar los gastos de la enseñanza y manutención en las mismas condiciones en que se conceden a los propios nacionales.
No obstante, la cuestión prejudicial plantea el problema de si un hijo de un trabajador comunitario puede alegar también este derecho a la igualdad de trato en el ámbito de la formación cuando ésta se imparta en otro Estado que no es el de acogida y, en especial, en un Estado del que es nacional.
A este respecto, el Gobierno alemán y, en la vista, el Gobierno neerlandés, han alegado que la igualdad de trato establecida por el artículo 12 no se impone a un Estado miembro si los hijos del trabajador migrante salen al extranjero a proseguir sus estudios, en particular porque, según los términos del artículo 12, éste se aplica únicamente a los hijos que residen en el territorio del país de acogida. Además, según los dos gobiernos, la finalidad del artículo 12 es favorecer la integración del trabajador y su familia en el país de acogida. Ahora bien, los estudios que el hijo de un trabajador comunitario realiza en el extranjero no favorecen su integración en el país de acogida.
Estas alegaciones no se pueden acoger. Según sus propios términos, el artículo 12 no se limita a la formación que se realiza en el país de acogida. En efecto, el requisito de residencia que impone el artículo 12 del Reglamento n° 1612/68 tiene por objeto reservar la igualdad de trato con respecto a los beneficios que contempla este artículo a los hijos de los trabajadores comunitarios que residen en el país de acogida de sus padres. En cambio, no implica que el derecho a la igualdad de trato dependa del lugar donde el hijo interesado recibe la enseñanza.
A continuación, procede recordar que el objetivo del Reglamento n° 1612/68, la libre circulación de los trabajadores, exige, para que ésta se garantice dentro del respeto a la libertad y dignidad, condiciones óptimas de integración de la familia del trabajador comunitario en el medio del país de acogida. Para que tal integración pueda tener éxito es indispensable que el hijo del trabajador comunitario, que reside con su familia en el Estado miembro de acogida, tenga la posibilidad de elegir sus estudios en las mismas condiciones que el hijo de un nacional de este Estado.
Además, el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento n° 1612/68, que dispone que el trabajador nacional de un Estado miembro se beneficiará, en el territorio de otro Estado miembro, de las mismas ventajas sociales que los trabajadores nacionales, obliga a todo Estado miembro, cuando ofrece a los trabajadores nacionales la posibilidad de seguir una formación impartida en otro Estado miembro, a hacer extensiva esta posibilidad a los trabajadores comunitarios establecidos en su territorio (véase sentencia de 27 de septiembre de 1988, Matteucci,
235/87, Rec. 1988, p. 5589
).
El mismo principio debe aplicarse a los hijos de los trabajadores comunitarios a que se refiere el artículo 12. En efecto, este artículo establece, al igual que el apartado 2 del artículo 7, una norma general que, en el ámbito de la enseñanza, impone a todo Estado miembro la obligación de garantizar la igualdad de trato entre los nacionales y los hijos de los trabajadores nacionales de otro Estado miembro establecidos en su territorio. Por consiguiente, cuando un Estado miembro ofrece a sus nacionales la posibilidad de disfrutar de una ayuda a la formación impartida en el extranjero, el hijo de un trabajador comunitario debe beneficiarse de la misma ventaja si decide cursar estudios fuera del Estado de acogida.
Esta interpretación no puede ser enervada por el hecho de que el candidato a la formación decida seguir cursos en el Estado miembro del que es nacional. Ni el requisito de residencia impuesto por el artículo 12 ni el objetivo perseguido por el Reglamento n° 1612/68 justifican esta limitación que, por lo demás, llevaría a otra forma de discriminación de los hijos de los trabajadores comunitarios frente a los nacionales del Estado miembro de acogida.
Por todos estos motivos, procede responder al órgano jurisdiccional nacional que el artículo 12 del Reglamento n° 1612/68 debe interpretarse en el sentido de que los hijos a los que se refiere esta disposición deben asimilarse a los nacionales en materia de ayuda a la formación, no sólo cuando esta formación tenga lugar en el Estado de acogida, sino también cuando se imparta en un Estado del que son nacionales.
Costas
Los gastos efectuados por el Gobierno alemán, el Gobierno neerlandés y el Gobierno italiano, así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Verwaltungsgericht Darmstadt mediante resolución de 11 de septiembre de 1989, declara:

El artículo 12 del Reglamento (CEE) n° 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que los hijos a los que se refiere esta disposición deben asimilarse a los nacionales en materia de ayuda a la formación, no sólo cuando esta formación tenga lugar en el Estado de acogida, sino también cuando se imparta en un Estado del que son nacionales.

Mancini
O'Higgins
Diez de Velasco
Kakouris
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de noviembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente de la Sala Sexta
G. F. Mancini
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.