CELEX: 61989CJ0086
Ayudas de Estado
Sector vitivinícola
Ayuda a la utilización de mostos de uva concentrados rectificados

Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 16 de marzo de 1989, la República Italiana solicitó, con arreglo al párrafo 1 del artículo 173 del Tratado CEE, la anulación de la Decisión 89/228/CEE de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativa al Decreto-Ley n° 370/87 del Gobierno italiano, de 7 de septiembre de 1987, convalidado mediante la Ley n° 460, de 4 de noviembre de 1987, relativa a la producción y comercialización, y por la que se establecen, en particular, nuevas normas en materia de producción y comercialización de los productos vitivinícolas. Esta Decisión, notificada al Gobierno italiano mediante carta de fecha 6 de enero de 1989, fue publicada en el Diario Oficial el 7 de abril de 1989 (
DO L 94, p. 38
).
El artículo 45 del Reglamento (CEE) n° 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (
DO L 84, p. 1
), estableció un régimen de ayudas en favor del mosto de uva concentrado y del mosto de uva concentrado rectificado, producidos en la Comunidad, cuando se emplearan, conforme al artículo 18 del Reglamento, para el aumento artificial del grado alcohólico volumétrico natural de la uva fresca, del mosto de uva y de determinados tipos de vino. El artículo 18 del Reglamento concreta los requisitos y las modalidades de dicho aumento. El apartado 3 del artículo 45 establece que el importe de la ayuda se determinará en función de la diferencia entre los costes del aumento artificial del grado alcohólico obtenido mediante la adición de sacarosa y los del aumento obtenido mediante la adición de mosto de uva concentrado o de mosto de uva concentrado rectificado.
Mediante Reglamento (CEE) n° 2287/87, de 30 de julio de 1987 (
DO L 209, p. 26
), la Comisión fijó el importe de la ayuda a la utilización en vinificación de mosto de uva concentrado y de mosto de uva concentrado rectificado para la campaña 1987/1988.
Estimando que la ayuda comunitaria era insuficiente, el Gobierno italiano, tras haber intentado en vano obtener una ayuda complementaria de la Comisión, estableció un régimen de ayuda suplementario nacional.
A tal efecto, el Decreto-Ley italiano n° 370/87, de 7 de septiembre de 1987 (GURI n° 211 de 10.9.1987), convalidado mediante la Ley n° 460 el 4 de noviembre de 1987 (GURI n° 262 de 9.11.1987), establece que durante las campañas vitivinícolas para las que se autorice el aumento artificial del grado alcohólico en virtud del artículo 18 del Reglamento n° 822/87, antes citado, los productores de mosto concentrado rectificado podrán beneficiarse de una ayuda fijada mediante Decreto del Ministerio de Agricultura y Bosques. No obstante, para la campaña vitivinícola 1987/1988, el Decreto establece que la ayuda se concederá directamente a los productores de vino cuando se demuestre que el mosto concentrado rectificado ha sido utilizado para aumentar el grado alcohólico. El importe de la ayuda para esta campaña se fijó mediante Decreto del Ministerio de Agricultura de fecha 21 de noviembre de 1987.
Mediante carta de 14 de septiembre de 1987, el Gobierno italiano notificó a la Comisión el Decreto-Ley n° 370/87. Por carta de 11 de diciembre de 1987, la Comisión comunicó al Gobierno italiano que había acordado iniciar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CEE. Dicho procedimiento condujo a la Decisión que constituye el objeto del presente litigio.
De la exposición de motivos de esta Decisión se desprende que la ayuda suplementaria italiana concede una ventaja concreta a los productores de mosto de uva, al facilitar de manera artificial su utilización para la fabricación de mosto concentrado rectificado, así como a los productores de vino que utilicen el mosto para el aumento del grado alcohólico. Por esta razón, la ayuda favorece directa e indirectamente a la producción italiana de mosto de uva y de vino y falsea la competencia entre los productores italianos y los demás productores de estos mismos productos en la Comunidad. Como indican las cifras sobre exportación e importación de mosto de uva y de vino en Italia, esta ayuda también afecta a los intercambios comunitarios de estos productos.
Según la misma Decisión, las excepciones a la prohibición del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 92, no son aplicables. En concreto, la ayuda controvertida, en cuanto ayuda al funcionamiento, no puede beneficiarse de una de las excepciones previstas en el apartado 3, que subordina la concesión de las ayudas a requisitos específicos.
Finalmente, de la exposición de motivos de la Decisión impugnada se desprende que la ayuda italiana se aplicó antes de la finalización del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado.
De acuerdo con estas consideraciones, la Comisión afirma que el establecimiento de la ayuda italiana infringe el apartado 3 del artículo 93 del Tratado, que es incompatible con el mercado común y que ha de suprimirse.
Para una más amplia exposición de los hechos, así como de los motivos y alegaciones de las partes, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal.
El Gobierno italiano invoca dos motivos por los que cuestiona los fundamentos de la Decisión controvertida. Por una parte, sostiene que la Comisión aplicó erróneamente lo dispuesto en el artículo 92 y, por otra, que la infracción de las normas del apartado 3 del artículo 93, alegada por la Comisión, no se acreditó ni se motivó suficientemente.
En apoyo del primer motivo, el Gobierno italiano alega, en primer lugar, que la Comisión consideró erróneamente que era aplicable el apartado 1 del artículo 92. Sostiene que la ayuda de que se trata no favorece a los productores italianos y no afecta a los intercambios entre los Estados miembros. Esta ayuda tiene por objeto reequilibrar las distorsiones de la competencia, derivadas del insuficiente nivel de la ayuda comunitaria, entre las regiones en las que el aumento del grado alcohólico se efectúa mediante adición de sacarosa y aquellas en que dicho aumento se realiza mediante la utilización de mostos concentrados rectificados. Además, el importe de dicha ayuda suplementaria es mínimo y no da lugar a ninguna variación importante de los precios del vino en el mercado italiano.
A este respecto, procede destacar, en primer lugar, que, según el análisis realizado en la Decisión impugnada, la ayuda de que se trata concede una ventaja específica a los productores italianos de mosto de uva en concreto. En la medida en que se otorga directamente a aquellos que utilizan el mosto concentrado rectificado, la ayuda atribuye una ventaja económica directa a los productores de vino. Además, fomenta artificialmente la producción de mosto de uva en Italia. Tal medida puede, por tanto, falsear la competencia entre los productores italianos y los productores de otros Estados miembros, en especial de Francia y de Grecia, donde algunos viticultores efectúan el aumento del grado alcohólico de los productos de que se trata utilizando igualmente mosto de uva concentrado.
Es necesario señalar, a continuación, que según las cifras contenidas en la Decisión impugnada, relativas a la producción de vino en Italia, a las exportaciones de vino italiano a otros Estados miembros, a las importaciones a Italia de vino procedente de otros Estados miembros, así como a las exportaciones italianas de mosto de uva y a las importaciones a Italia de mosto de uva procedente de otros Estados miembros, la ayuda controvertida puede afectar a los intercambios de mosto de uva y de vino entre Estados miembros. Procede destacar que el Gobierno italiano no ha negado ninguna de las observaciones así expuestas por la Comisión.
Por consigúeme, la Comisión consideró, acertadamente, la ayuda italiana suplementaria como una ayuda ėn el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado.
El Gobierno italiano alega, en segundo lugar, que la letra c) del apartado 3 del artículo 92 podría haberse aplicado, puesto que la ayuda de que se trata ha de considerarse como una medida que facilita el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, en concreto el desarrollo económico del sector vitivinícola de las regiones que presentan un importante excedente de vino.
Este argumento no puede ser acogido. En efecto, es necesario subrayar que la Comisión demostró que la ayuda objeto del litigio, que se otorga sin requisito específico y únicamente en función de las cantidades utilizadas, debía considerarse como una ayuda de funcionamiento para las empresas afectadas y que, en cuanto a tal, alteraba las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común. El Gobierno italiano no ha aportado ningún elemento apropiado para rebatir esta tesis.
También procede destacar que, según reiterada jurisprudencia (véase, en concreto, la sentencia de 14 de julio de 1988, Zoni,
90/86, Rec. 1988, p. 4285
), cuando la Comunidad haya establecido una organización común de mercado en un determinado sector corresponde a ésta buscar soluciones a los problemas, como los que plantean los excedentes de vino, en el marco de la política agraria común. Por tanto, los Estados miembros han de abstenerse de cualquier medida unilateral, por más que pueda servir de apoyo a la política común de la Comunidad.
De lo expuesto anteriormente se desprende que el fundamento de la Decisión controvertida relativo a la incompatibilidad de la ayuda con las disposiciones del artículo 92 del Tratado es correcto. Este fundamento esencial es por sí solo suficiente para justificar legalmente la Decisión de la Comisión. En estas circunstancias los vicios de que pudiera adolecer el otro fundamento de la Decisión, basado en la inobservancia por parte del Gobierno italiano de las disposiciones del apartado 3 del artículo 93, no afectan a la legalidad de esta Decisión. El motivo invocado por el Gobierno italiano por el que cuestiona este último fundamento es, por consiguiente, irrelevante y debe, por tanto, desestimarse.
De ello se desprende que debe desestimarse la totalidad del recurso.
Costas
A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la República Italiana, procede condenarla en costas.

En virtuel de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a la República Italiana.

Due
Mancini
O'Higgins
Moitinho de Almeida
Diez de Velasco
Schockweiler
Grévisse
Zuleeg
Kapteyn
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de noviembre de 1990.
El Secretario
J.-G. Giraud
El Presidente
O. Due
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.