CELEX: 62016CJ0454
Recurso de casación
Reglamento (CE) n.º 1/2003
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado europeo del acero para pretensado
Infracción del artículo 101 TFUE
Multas
Directrices para el cálculo de las multas de 2006
Punto 35
Capacidad contributiva
Nueva solicitud de reducción del importe de la multa por falta de capacidad contributiva
Escrito de desestimación
Recurso contra este escrito
Admisibilidad

Mediante sus recursos de casación, Global Steel Wire, S.A. (en lo sucesivo, «GSW»), Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (en lo sucesivo, «MRT»), Trefilerías Quijano, S.A. (en lo sucesivo, «TQ»), y Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (en lo sucesivo, «Tycsa PSC»), solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 2 de junio de 2016, Moreda-Riviere Trefilerías y otros/Comisión (T‑426/10 a T‑429/10 y T‑438/12 a T‑441/12, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2016:335), mediante la que éste desestimó sus recursos de anulación y de reforma, por una parte, de la Decisión C(2010) 4387 final de la Comisión, de 30 de junio de 2010, relativa a un procedimiento conforme al artículo 101 TFUE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto COMP/38.344 — Acero para pretensado), modificada por la Decisión C(2010) 6676 final de la Comisión, de 30 de septiembre de 2010, y por la Decisión C(2011) 2269 final de la Comisión, de 4 de abril de 2011 (en lo sucesivo, «Decisión inicial»), y, por otra parte, del escrito del Director General de la Dirección General de Competencia de la Comisión de 25 de julio de 2012 (en lo sucesivo, «escrito controvertido»).

Marco
jurídico
El Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2003, L 1, p. 1), establece en su artículo 23, apartado 2:
«Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:
a)      infrinjan las disposiciones del artículo [101 TFUE] o del artículo [102 TFUE] [...];
[...]».
El punto 35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1/2003 (DO 2006, C 210, p. 2; en lo sucesivo, «Directrices de 2006»), bajo el título «Capacidad contributiva», dispone lo siguiente:
«En circunstancias excepcionales, la Comisión podrá, previa solicitud, tener en cuenta la incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular. La Comisión no concederá por este concepto ninguna reducción de la multa por la mera constatación de una situación financiera desfavorable o deficitaria. La reducción sólo podrá concederse sobre la base de pruebas objetivas de que la imposición de una multa, en las condiciones fijadas por las presentes Directrices, pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica de la empresa en cuestión y conduciría a privar a sus activos de todo valor.»
Antecedentes
del
litigio
El sector objeto de los presentes asuntos es el del acero para pretensado (en lo sucesivo, «AP»). Este término designa los alambres y cordones metálicos fabricados a partir de alambrón y, en particular, el acero para hormigón pretensado, el cual sirve para construir elementos de voladizo, pilotes de cimentación o tuberías y el acero para hormigón postensado, el cual se emplea en ingeniería estructural, en ingeniería subterránea y en la construcción de puentes.
Todas las recurrentes son empresas españolas del sector de la siderurgia pertenecientes al grupo Celsa.
Los días 19 y 20 de septiembre de 2002, a raíz de la información remitida por el Bundeskartellamt (Autoridad Federal de Defensa de la Competencia, Alemania) y de un fabricante de AP sobre una infracción del artículo 101 TFUE, la Comisión inspeccionó los locales de varias empresas.
Al término de su investigación, la Comisión adoptó, el 30 de septiembre de 2008, un pliego de cargos relativo a varias sociedades, entre las que figuran las recurrentes. Todos los destinatarios del pliego de cargos presentaron observaciones escritas en respuesta a éste. Los días 11 y 12 de febrero de 2009 se celebró una audiencia en la que comparecieron las recurrentes.
Catorce empresas, incluidas las recurrentes, presentaron igualmente solicitudes para obtener, en aplicación del punto 35 de las Directrices de 2006, una reducción del importe de la multa en atención a su capacidad contributiva. Las recurrentes aportaron justificantes en apoyo de sus solicitudes (en lo sucesivo, «primera solicitud de apreciación de capacidad contributiva») y dieron respuesta a las solicitudes de información que en seis ocasiones les formuló la Comisión.
Mediante la Decisión inicial, la Comisión consideró que varios proveedores de AP habían infringido el artículo 101 TFUE, apartado 1, y, a partir del 1 de enero de 1994, el artículo 53, apartado 1, del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (DO 1994, L 1, p. 3), por haber participado en un cártel a nivel europeo, nacional y regional durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1984 y el 19 de septiembre de 2002. La Comisión consideró que TQ, Trenzas y Cables, a la cual sucedió MRT, y Tycsa PSC habían participado en esta infracción a partir, respectivamente, del 15 de diciembre de 1992, del 10 de junio de 1993 y del 26 de marzo de 1998 hasta el 19 de septiembre de 2002 y les fueron impuestas multas. Por lo que respecta a GSW, la Comisión consideró que constituía con TQ, MRT y Tycsa PSC una única entidad económica y que había participado en la infracción durante el período comprendido entre el 15 de diciembre de 1992 y el 19 de septiembre de 2002, por lo que también le impuso una multa.
Asimismo, en la misma Decisión la Comisión desestimó la primera solicitud de apreciación de capacidad contributiva.
Tras la adopción de la Decisión inicial, las recurrentes estimaron que les resultaba imposible obtener un aval bancario y que no estaban en condiciones de pagar la multa sin poner en peligro su viabilidad.
En el mes de julio de 2011, las recurrentes presentaron a la Comisión nuevas solicitudes dirigidas a que se reconociera su falta de capacidad contributiva y pidieron nuevamente una reducción del importe de la multa en aplicación del punto 35 de las Directrices de 2006 (en lo sucesivo, «segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva»). En apoyo de estas solicitudes, las recurrentes presentaron entre el 12 de agosto de 2010 y el 1 de junio de 2012 nuevos documentos a la Comisión y respondieron a las preguntas formuladas por dicha institución.
Las segundas solicitudes de apreciación de capacidad contributiva fueron desestimadas mediante el escrito controvertido, el cual se basa en los dos motivos que se exponen a continuación.
En primer lugar, el Director General de la Dirección General de Competencia de la Comisión (en lo sucesivo, «Director General») estimó que la situación financiera de GSW no se había deteriorado de forma significativa desde la evaluación realizada en la Decisión inicial. Pese a que reconocía que la celebración de acuerdos de refinanciación ―esto es, los contratos «Jumbo» y «Marco»― podía ser la causa de problemas de liquidez, consideró no obstante que la situación de las recurrentes había mejorado respecto de los datos de que disponía la Comisión cuando adoptó la Decisión inicial. En consecuencia, el Director General apreció que GSW disponía de recursos suficientes, presentes y futuros, para hacer frente al pago de la multa, señalando a este respecto que la multa representaba menos del 2 % del total de la deuda renegociada.
En segundo lugar, el Director General se refirió a la posibilidad de que los accionistas de las recurrentes, ya fueran personas jurídicas o físicas, contribuyeran al pago de la multa. Respecto de las primeras, estimó que las empresas presentes en el perímetro español (Tycsa PSC, sus accionistas corporativos y otras empresas vinculadas) estarían en condiciones de contribuir a ese pago, habida cuenta de lo reducido de la multa respecto de su tamaño. Respecto de los accionistas personas físicas, la Comisión estimó que los derechohabientes del fundador del Grupo Celsa podían aportar una contribución económica suficiente.
El 13 de agosto de 2012, las recurrentes solicitaron a la Comisión que reconsiderara las conclusiones formuladas en el escrito controvertido. Mediante escrito de 24 de septiembre de 2012, el Director General desestimó estas solicitudes.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 5 de octubre de 2012, cada una de las recurrentes interpuso un recurso dirigido contra el escrito controvertido.
Estos asuntos fueron acumulados por el Tribunal General, a efectos de la sentencia, a los asuntos iniciados mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal General el 16 de septiembre de 2010, por las que cada una de las recurrentes había interpuesto un recurso dirigido contra la Decisión inicial.
En la sentencia recurrida, el Tribunal General, por una parte, desestimó los recursos dirigidos contra la Decisión inicial a los que se ha hecho referencia en el apartado anterior y, por otra parte, declaró la inadmisibilidad de los recursos dirigidos contra el escrito controvertido, a los que se ha hecho referencia en el apartado 17 de la presente sentencia, sin examinar estos últimos recursos en cuanto al fondo.
Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Mediante sus recursos de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Condene a la Comisión al pago de las costas correspondientes tanto a los procedimientos de primera instancia como a los de casación.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime los recursos de casación y condene en costas a las recurrentes.
Mediante decisión de 19 de abril de 2017, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió acumular esos asuntos a efectos de la sentencia.

Sobre los
recursos
de
casación
Para fundamentar sus respectivos recursos de casación, cada una de las recurrentes invoca tres motivos basados en errores de Derecho relativos, en primer lugar, a la vulneración del derecho de defensa; en segundo lugar, a la inexistencia de una nueva apreciación de su capacidad contributiva y, en tercer lugar, a la apreciación por parte del Tribunal General de las pruebas aportadas.
Sobre los motivos formulados en segundo lugar
Alegaciones
de las partes
En su segundo motivo, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al basarse en un criterio jurídico erróneo en el examen de la segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva. A juicio de las recurrentes, esta segunda solicitud no constituye una solicitud de revisión, sino una nueva solicitud en virtud del punto 35 de las Directrices de 2006 y del capítulo V de la nota informativa de los Sres. Almunia y Lewandowski titulada «Falta de capacidad contributiva en el sentido del punto 35 de las Directrices de 1 de septiembre de 2006 para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del Reglamento n.º 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia» [SEC(2010) 737/2], que prevé la posibilidad de presentar una nueva solicitud en la que se invoque la falta de capacidad contributiva tras la adopción de una decisión por la que se impone una sanción. Sostienen que, por este motivo, la norma de referencia para evaluar esa nueva solicitud está constituida por el mencionado punto 35.
Por consiguiente, afirman que la Comisión debería haber examinado si los recursos de que disponían las recurrentes eran suficientes para hacer frente al pago de la multa, con independencia de una eventual mejora de algunos de los parámetros que hubieran podido servir de fundamento para desestimar la primera solicitud de apreciación de capacidad contributiva.
Las recurrentes sostienen que se encontraban, y se siguen encontrando, en la imposibilidad de asumir el pago de la multa en el sentido del punto 35 de las Directrices de 2006, y ello al margen de la cuestión de si, en el ínterin, han experimentado una mejora financiera. En particular y debido a la aplicación de un criterio jurídico equivocado, consideran que el Tribunal General ignoró, en primer término, la celebración de los contratos Jumbo y Marco y, más concretamente, las estrictas limitaciones que les fueron impuestas a las recurrentes; en segundo término, la imposibilidad acreditada de obtener una garantía bancaria, un seguro de caución o cualquier otro tipo de aval o de financiación; en tercer término, la acreditación mediante documentación elaborada por expertos independientes de la imposibilidad de que los accionistas corporativos de las recurrentes contribuyeran al pago de la multa o a la obtención de una garantía bancaria, además de las estrictas limitaciones establecidas por los acuerdos de refinanciación, y, en cuarto término, el fallecimiento del único accionista indirecto de control.
En relación con esta última circunstancia, afirman que el Tribunal General también obvió el hecho de que ninguno de los herederos de ese accionista recibió, ni a título individual ni como consecuencia de un acuerdo con otros accionistas, el control del grupo y de que el patrimonio de estos herederos resultaba, en todo caso, claramente insuficiente para cubrir el importe de la multa, una vez realizados los pagos debidos en concepto de impuesto de sucesiones y a los otros herederos.
La Comisión sostiene, con carácter principal, que estos motivos carecen de todo fundamento.
Subsidiariamente, alega que, incluso en el caso de que el Tribunal de Justicia acogiera la argumentación presentada por las recurrentes en el marco de estos motivos, podría desestimarlos por medio de una sustitución de fundamentos de Derecho. Así, considera que, incluso si la aplicación del criterio propuesto por las recurrentes hubiera podido llevar a la conclusión de que no estaban en condiciones de pagar la multa, no habría podido estimarse la segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva, ya que no se demostró que los accionistas, tanto personas jurídicas como personas físicas, no habrían podido proporcionar ayuda financiera.
Apreciación
del Tribunal de
Justicia
Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia y como recordó el Tribunal General en el apartado 541 de la sentencia recurrida, no todo escrito de una institución de la Unión Europea enviado en respuesta a una petición formulada por su destinatario constituye un acto que puede ser recurrido con arreglo al artículo 263 TFUE, párrafo cuarto (véase, en este sentido, el auto de 27 de enero de 1993, Miethke/Parlamento, C‑25/92, EU:C:1993:32, apartado 10).
Más concretamente y por lo que se refiere a una solicitud de revisión de una decisión anterior que ha adquirido firmeza, resulta de reiterada jurisprudencia que sólo la existencia de hechos nuevos sustanciales puede justificar la presentación de tal solicitud. No constituye un hecho nuevo sustancial, en el sentido de esta jurisprudencia, un hecho que no modifica sustancialmente la situación del demandante tal como se presentaba en el momento de la adopción de la decisión anterior que ha adquirido firmeza (véase el auto de 26 de marzo de 2003, Inpesca/Comisión, C‑170/01 P, no publicado, EU:C:2003:181, apartados 72 y 73 y jurisprudencia citada).
En los presentes asuntos, debe observarse que la tesis sostenida por las recurrentes en el marco del segundo motivo supone obligar a la Comisión a realizar un nuevo examen de la capacidad contributiva de una empresa para pagar una multa que le ha sido impuesta cada vez que ésta comunica a la Comisión hechos nuevos relativos a su situación financiera. Sin embargo, no existe ninguna norma de Derecho de la Unión que obligue a la Comisión, cuando adopta una decisión relativa a la capacidad contributiva de esa empresa, a llevar un seguimiento de la decisión a este respecto. Sobre este particular, debe observarse que las recurrentes insisten en la circunstancia de que su segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva fue presentada con la misma base jurídica, esto es, el punto 35 de las Directrices de 2006, que su primera solicitud de apreciación de capacidad contributiva.
No obsta a esta conclusión la alegación, expuesta en los apartados 24 y 25 de la presente sentencia, según la cual la nota informativa de los Sres. Almunia y Lewandowski prevé la posibilidad de presentar una nueva solicitud en la que se invoque la falta de capacidad contributiva tras la adopción de una decisión que impone una sanción. En efecto, en contra de lo que las recurrentes parecen sugerir mediante tal alegación, esta nota no tiene por objeto o efecto limitar la aplicación del criterio jurisprudencial expuesto en el apartado 31 de la presente sentencia por cuanto puede aplicarse a las solicitudes tendentes a que se realice un nuevo examen de la capacidad contributiva, ya evaluada, de una empresa.
De este modo, el Tribunal General apreció acertadamente, en los apartados 548 y 549 de la sentencia recurrida, en línea con el criterio jurisprudencial expuesto en el apartado 31 de la presente sentencia, que sólo en caso de que existan hechos nuevos que puedan modificar sustancialmente la situación financiera del demandante puede quedar justificada la presentación de una solicitud de revisión de una decisión anterior relativa a la capacidad contributiva que ha adquirido firmeza.
Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en ningún error de Derecho al declarar, en los apartados 556, 557 y 569 de la sentencia recurrida, que la Comisión no estaba en absoluto obligada a realizar un nuevo examen de la capacidad contributiva de las recurrentes, dado que los elementos aportados por ellas para fundamentar su segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva ponían de manifiesto que el único cambio relativo a su situación financiera, tal como se tomó en consideración en la Decisión inicial, era una mejora de la misma y que, en consecuencia, los hechos invocados por las recurrentes no podían modificar sustancialmente la apreciación realizada en dicha Decisión acerca de su capacidad contributiva.
Debe observarse a este respecto que si bien ―según este enfoque― la respuesta por la que se rechaza la revisión de la Decisión inicial no puede, por sí misma, ser objeto de un recurso de anulación, el margen de maniobra de la Comisión al adoptar esta toma de postura no queda por ello exento de todo control jurisdiccional.
En efecto, en los apartados 558 a 568 de la sentencia recurrida, el Tribunal General llevó a cabo acertadamente, en el marco de su libre apreciación de los hechos, el examen de la cuestión de si la valoración de los elementos aportados por las recurrentes ponía efectivamente de manifiesto una mejora de su situación financiera, respecto de la que se había tomado en consideración en la Decisión inicial, que justificara, por consiguiente, la adopción de una toma de postura que no reviste carácter decisorio. Tal control permite al juez de la Unión comprobar que el acto en cuestión no constituye efectivamente un acto recurrible, evitando de este modo que la Comisión invoque indebidamente la supuesta inexistencia de hechos nuevos y sustanciales para justificar la negativa a revisar sus decisiones anteriores.
Por lo demás, en la medida en que, mediante los presentes motivos, las recurrentes pretenden demostrar que el Tribunal General ha ignorado erróneamente determinados hechos que, a su juicio, prueban que se encontraban, y se siguen encontrando, en la imposibilidad de asumir el pago de la multa, en el sentido del punto 35 de las Directrices de 2006, debe declararse inadmisible su argumentación.
Así pues, debe señalarse que, en realidad, mediante tal argumentación las recurrentes pretenden que el Tribunal de Justicia realice una nueva apreciación de los hechos constatados por el Tribunal General, lo cual no pertenece a la esfera de las competencias del Tribunal de Justicia cuando resuelve en casación, o bien que efectúe un nuevo examen de su capacidad contributiva, examen que precisamente, con buen criterio, no se incluyó en la apreciación efectuada por el Tribunal General en el marco del análisis, desarrollado en los apartados 528 a 569 de la sentencia recurrida, sobre los recursos dirigidos contra el escrito controvertido, que son objeto de los presentes recursos de casación.
De lo anterior se deduce que los motivos formulados en segundo lugar por las recurrentes deben en parte declararse inadmisibles y en parte desestimarse por infundados.
Sobre los motivos formulados en tercer lugar
Alegaciones
de las partes
Las recurrentes sostienen que el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho en la apreciación de las pruebas aportadas por ellas o en una desnaturalización manifiesta de las mismas y que, en todo caso, ha vulnerado sus obligaciones en materia de control jurisdiccional, privándolas de una tutela judicial efectiva de conformidad con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, las recurrentes consideran que el Tribunal General ha incumplido su obligación de motivación.
Según las recurrentes, el Tribunal General no se ha pronunciado sobre los hechos que se produjeron después de la desestimación de su primera solicitud de apreciación de capacidad contributiva ni sobre su pertinencia para apreciar el empeoramiento de su capacidad contributiva.
Afirman que, según jurisprudencia reiterada, el Tribunal General no puede limitarse a verificar la existencia de errores manifiestos de apreciación, sino que debe llevar a cabo un control en profundidad, desde un punto de vista fáctico y jurídico, del acto recurrido a la luz de los motivos invocados por el demandante y debe, en particular, comprobar si los medios de prueba aportados constituyen el conjunto de datos pertinentes y si son adecuados para sostener las conclusiones que se deducen de los mismos.
A juicio de las recurrentes, en el presente asunto, para evaluar si el empeoramiento de la situación financiera de las recurrentes podría justificar la concesión de una reducción por falta de capacidad contributiva, el Tribunal General se ha fundado únicamente en un parámetro, consistente en determinar si las recurrentes habían experimentado una mejora financiera basándose en una comparación entre la situación financiera de las recurrentes a finales de 2011 y la registrada a finales del año 2009. Así pues, las recurrentes consideran que el Tribunal General no ha tomado en consideración el conjunto de datos pertinentes y, en particular, toda una serie de hechos nuevos invocados por ellas ―los elementos mencionados en el apartado 26 de la presente sentencia― que provocaron un empeoramiento de su capacidad contributiva y que confirmaban su incapacidad contributiva en el sentido del punto 35 de las Directrices de 2006.
Asimismo, las recurrentes consideran que el Tribunal General erró al apreciar, en el apartado 559 de la sentencia recurrida, que la Comisión podía tomar en consideración, cuando adoptó la Decisión inicial, la situación tal como aparecía en las últimas cuentas anuales disponibles, relativas al ejercicio del año 2009.
Así, estiman que el Tribunal General, al concluir que esas cuentas eran las únicas que debían ser tomadas en consideración por la Comisión para analizar si se había producido un empeoramiento en la situación económica de las recurrentes, se abstuvo de analizar todos los elementos materiales relevantes, a saber, las cuentas anuales de 2008 ―año anterior a la crisis del sector― y de 2009 en su conjunto, así como las proyecciones para los años 2012 a 2015, que las recurrentes facilitaron en su respuesta a la carta de desestimación de la segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva.
A su juicio, el criterio de tomar en consideración los datos del año anterior a la adopción de la Decisión inicial no es un criterio fijo para valorar la situación económica de una empresa. Afirman que, en el supuesto de que los datos del año anterior a la adopción de la decisión correspondiente no reflejen de manera fidedigna esta situación, la Comisión tiene en cuenta, por ejemplo, el valor de la media de los últimos tres años.
Las recurrentes afirman que el Tribunal General también ha incumplido sus obligaciones en materia de control jurisdiccional ignorando de este modo el derecho de las recurrentes a una tutela judicial efectiva al haber hecho un uso erróneo y selectivo de las pruebas invocadas por éstas. Así, en el apartado 564 de la sentencia recurrida el Tribunal General se limitó a comparar la situación de las recurrentes entre los años 2009 y 2011, sin tener en cuenta las proyecciones para los años 2012 a 2015 que éstas le habían facilitado en sus escritos procesales. Continúan alegando que, ciertamente, el Tribunal General admitió en el apartado 564 de la sentencia recurrida que los fondos propios de las recurrentes disminuyeron entre el año 2009 y el año 2011. Sin embargo, optó por tomar en consideración, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, las proyecciones remitidas por las recurrentes a la Comisión, según las cuales el nivel de fondos propios previstos para 2015 era superior al registrado en relación con el ejercicio de 2009.
Las recurrentes consideran que si el Tribunal General hubiera tenido en cuenta las proyecciones para los años 2012 a 2015, habría constatado que la mejora registrada entre 2009 y 2011 fue coyuntural, y, en particular, en primer término, que el porcentaje que refleja la relación entre el importe de las multas y el volumen de negocios había experimentado una reducción coyuntural; en segundo término, que el porcentaje que refleja la relación entre el importe de las multas y el valor de los activos de las recurrentes se había reducido y, en tercer término, que el beneficio de las recurrentes antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones era coyuntural.
Por último, las recurrentes alegan que el Tribunal General incumplió su obligación de motivación, ya que no explicó las razones por las que no era necesario analizar estos elementos de prueba. Afirman que la cuestión del alcance de la obligación de motivación constituye una cuestión de Derecho que puede someterse al control del Tribunal de Justicia en el contexto de un recurso de casación.
La Comisión alega que los motivos formulados en tercer lugar por las recurrentes son en parte inadmisibles y, en cualquier caso, manifiestamente infundados.
Apreciación
del Tribunal de
Justicia
Es preciso comenzar rechazando por infundada la argumentación mediante la que las recurrentes censuran al Tribunal General haber utilizado como parámetros de la comparación que debía realizarse para valorar la segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva, por una parte, su situación financiera tal como fue tomada en consideración en la Decisión inicial ―esto es, la situación reflejada en las últimas cuentas anuales disponibles, relativas al ejercicio 2009― y, por otra parte, los últimos datos disponibles en el momento en que el Director General resolvió sobre esta segunda solicitud ―esto es, los datos relativos al final del año 2011―.
En particular, no cabe imputar al Tribunal General haber incurrido en error al declarar fundamentalmente, en los apartados 559 y 560 de la sentencia recurrida, que, en el marco de una solicitud de un nuevo examen de la capacidad contributiva, la Comisión en principio puede examinar los últimos datos disponibles cuando resuelve sobre tal solicitud. Por otra parte, se desprende de la jurisprudencia citada en el apartado 31 de la presente sentencia que la cuestión de si se cumplen los requisitos que justifican la revisión de una decisión de la Comisión relativa a la capacidad contributiva de una empresa debe apreciarse respecto de la situación de esta empresa tal como se haya tomado en consideración en esa decisión.
De ello se deduce que, en la medida en que su argumentación consiste en proponer otros parámetros de comparación a efectos de la apreciación de su segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva, las recurrentes no han podido demostrar la existencia de ningún error de Derecho en que pudiera haber incurrido el Tribunal General cuando declaró, en los apartados 558 a 561 de la sentencia recurrida, que la Comisión podía tomar en consideración los parámetros de comparación indicados en el apartado 52 de la presente sentencia.
Seguidamente, en la medida en que, mediante alegaciones de índole general, las recurrentes censuran al Tribunal General haber hecho un uso sesgado y selectivo de las pruebas por ellas invocadas y no haber tenido en cuenta, en consecuencia, determinadas circunstancias fácticas que las recurrentes habían alegado en los escritos procesales que presentaron ante el Tribunal General, su argumentación se solapa, en gran parte, con la referida en los apartados 26 y 27 de la presente sentencia en el marco del segundo motivo y, por lo tanto, resulta igualmente inadmisible.
En efecto, valiéndose del pretexto de supuestos errores cometidos por el Tribunal General ―esto es, haber llevado a cabo una desnaturalización de las pruebas, haber incumplido el deber de control jurisdiccional, haber infringido el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y haber ignorado la obligación de motivación―, las recurrentes se limitan, en realidad, a proponer al Tribunal de Justicia otras comparaciones, basadas en datos relativos a años diferentes, y, de este modo, a solicitar al Tribunal de Justicia que atribuya un valor distinto a determinadas pruebas que aportaron en primera instancia, sin al mismo tiempo dejar constancia de la existencia de algún error de Derecho en que hubiera incurrido el Tribunal General a este respecto.
Debe añadirse que, tal como destaca la Comisión, las recurrentes no cuestionan la veracidad en sí misma de los datos en los que la Comisión y el Tribunal General se apoyaron en el marco de la comparación de la situación financiera de las recurrentes entre el año 2009 y el final del año 2011, sino simplemente la importancia que se ha atribuido a esos datos.
Por último, es preciso declarar inadmisible la alegación mediante la que las recurrentes reprochan al Tribunal General haber apreciado que la Comisión podía tener en cuenta, cuando adoptó la Decisión inicial, las últimas cuentas anuales disponibles, esto es, las relativas al ejercicio de 2009.
En efecto, por una parte, tal como se desprende de los apartados 52 a 54 de la presente sentencia, el examen de la segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva podía efectuarse comparando la situación financiera de las recurrentes, tal como resultaba de los últimos datos disponibles en el momento en que el Director General resolvió sobre esta solicitud, con su situación financiera tal como se había tomado en consideración en la Decisión inicial, y, por otra parte, el Tribunal General concluyó, en ejercicio de su libre apreciación de los hechos y sin que las recurrentes hayan conseguido demostrar que incurriera en algún error de Derecho a este respeto, tal como resulta de los apartados 38, 39 y 55 a 57 de esta sentencia, que el único cambio que arrojaba esta comparación consistía en una mejora de la situación financiera de las recurrentes.
En estas circunstancias, cualquier otro argumento mediante el que las recurrentes pretendan cuestionar la apreciación efectuada en la Decisión inicial, como tal, es inadmisible en el marco de los presentes recursos de casación, los cuales no tienen por objeto esta Decisión, sino el escrito controvertido.
En consecuencia, los motivos formulados en tercer lugar por las recurrentes deben en parte declararse inadmisibles y en parte desestimarse por infundados.
Sobre los motivos formulados en primer lugar
Alegaciones
de las partes
Mediante su primer motivo, las recurrentes sostienen que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar inadmisible, en los apartados 553 a 570 de la sentencia recurrida, el motivo formulado en primera instancia en relación con la vulneración del derecho de defensa.
Basándose en las sentencias de 25 de octubre de 1977, Metro/Comisión (26/76, EU:C:1977:167), apartado 13; y de 27 de abril de 1995, CCE de Vittel y otros/Comisión (T‑12/93, EU:T:1995:78), apartado 59, y CCE de la Société générale des grandes sources y otros/Comisión (T‑96/92, EU:T:1995:77), apartado 46, las recurrentes recuerdan que el Tribunal de Justicia ha declarado que, como normal general, cuando un reglamento concede derechos procedimentales a terceros, estos últimos deben disponer de un cauce jurídico destinado a proteger sus intereses legítimos. En particular, sostienen que en la segunda de estas sentencias el Tribunal General constató que la decisión impugnada no afectaba directamente a las demandantes. Por consiguiente, el Tribunal General declaró inadmisible el recurso únicamente en la medida en que no tenía por objeto la protección de las garantías procedimentales reconocidas a las demandantes durante el procedimiento administrativo, para analizar a continuación en cuanto al fondo el motivo basado en la vulneración de los derechos procedimentales de las demandantes. Según las recurrentes, de esta jurisprudencia se desprende que los motivos relativos a la protección de las garantías procedimentales que amparan a las recurrentes ―en este caso, el derecho de defensa― no podían ser declarados inadmisibles y ello con independencia de que los demás motivos de anulación del recurso fueran o no admisibles.
Las recurrentes estiman que, en caso de que considerara fundado el presente recurso, el Tribunal de Justicia no estaría en condiciones de juzgar sobre el fondo del asunto dado que ninguno de los motivos invocados por las recurrentes ―con excepción de las cuestiones de admisibilidad― ha sido examinado por el Tribunal General, y, en cualquier caso, el análisis del motivo relativo a la vulneración del derecho de defensa puede conllevar el examen de cuestiones de hecho sobre la base de elementos que no apreció el Tribunal General ni se han debatido ante el Tribunal de Justicia. En estas circunstancias afirman que debe devolverse el asunto al Tribunal General para que éste se pronuncie.
Subsidiariamente, las recurrentes sostienen que se ha vulnerado su derecho de defensa.
A este respecto, recuerdan, basándose en particular en el auto de 8 de septiembre de 2015, DTL Corporación/OAMI (C‑62/15 P, no publicado, EU:C:2015:568), apartado 45, que el derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el fundamento de la decisión, pero no a la posición final que la Comisión decida adoptar.
Las recurrentes afirman que no basaron sus recursos de anulación en la existencia de un derecho a pronunciarse sobre la posición que la Comisión pretendiese adoptar en su decisión final, sino en el hecho de que, antes de desestimar su segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva, la Comisión tendría que haber dado a las recurrentes la oportunidad de expresar su punto de vista sobre las razones por las que la Comisión tenía la intención de rechazar su solicitud, máxime si se tiene en cuenta la forma en la que fue adoptada esa decisión, esto es, mediante carta administrativa firmada por el Director General y en ausencia de toda evaluación conjunta y consensuada por parte del Colegio de Comisarios. Afirman, además, que la Comisión no respeta el derecho de defensa que ampara a empresas como las recurrentes basándose simplemente en la información proporcionada por éstas en un contexto jurídico también conocido por ellas.
La Comisión alega que los motivos formulados en primer lugar por las recurrentes son inoperantes y, en cualquier caso, infundados.
Apreciación
del Tribunal de
Justicia
Debe señalarse que la argumentación presentada por las recurrentes en los presentes motivos supone afirmar, sustancialmente, que, con independencia de si un acto puede considerarse recurrible con arreglo al artículo 263 TFUE, debe examinarse en cuanto al fondo todo motivo basado en una vulneración del derecho de defensa en relación con el procedimiento mediante el que ese acto ha sido adoptado.
Ahora bien, es preciso indicar que, tal como sostiene la Comisión, la cuestión del carácter recurrible de un acto es una cuestión previa al examen de los motivos de fondo relativos a ese acto.
Por lo tanto, dado que el Tribunal General estimó fundadamente en los apartados 553 a 568 de la sentencia recurrida ―tal como se deduce de la apreciación realizada por el Tribunal de Justicia en relación con los motivos segundo y tercero formulados por las recurrentes en los presentes recursos de casación― que no se cumplían los requisitos que justificaban un nuevo análisis de la capacidad contributiva de las recurrentes por lo que se refiere a la segunda solicitud de apreciación de capacidad contributiva, el Tribunal General también acertó al concluir, en el apartado 569 de la sentencia recurrida, que la toma de posición sobre esta solicitud mediante la que la Comisión rechazaba realizar un nuevo examen de esta capacidad no reviste carácter decisorio, de forma que procedía declarar inadmisible el recurso de anulación contra esta toma de posición y, en consecuencia, los motivos que pudieran basarse en una vulneración de derechos procedimentales.
Por consiguiente, deben desestimarse por infundados los motivos formulados en primer lugar por las recurrentes.
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede desestimar los recursos de casación en su totalidad.

Costas
Conforme al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de éste, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de las recurrentes y haber sido desestimados los motivos formulados por éstas, procede condenarlas en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) decide:
1)      Desestimar los recursos de casación.
2)      Condenar en costas a Global Steel Wire, S.A., Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., Trefilerías Quijano, S.A., y Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L.
BonichotRodinRegan
Pronunciada en Luxemburgo, a 26 de octubre de 2017.
El Secretario

El Presidente en funciones de la Sala Sexta
A. Calot Escobar

J.‑C. Bonichot
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Lengua de procedimiento: español.