CELEX: 62020CJ0475
Procedimiento prejudicial
Libertad de establecimiento
Restricciones
Juegos de azar
Concesiones de gestión de juego en máquinas recreativas
Normativa nacional que aplica un gravamen a los concesionarios
Principio de protección de la confianza legítima

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y del principio de protección de la confianza legítima.
Dichas peticiones se han presentado en el marco de sendos litigios entre Admiral Gaming Network Srl (asunto C‑475/20), Cirsa Italia SpA (asunto C‑476/20), Codere Network SpA (asunto C‑477/20), Gamenet SpA (asunto C‑478/20), NTS Network SpA (asunto C‑479/20), Sisal Entertainment SpA (asunto C‑480/20) y Snaitech SpA, anteriormente Cogetech SpA y Snai SpA (asuntos C‑481/20 y C‑482/20), sociedades que operan en el sector de los juegos de azar, por un lado, y la Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Agencia de Aduanas y Monopolios, Italia) (en lo sucesivo, «ADM») y otras autoridades italianas, por otro, en relación con la reducción de las comisiones a que tienen derecho los operadores que ejercen la actividad organizada de recogida de apuestas mediante máquinas recreativas.
Marco jurídico
Los artículos 1 a 3 del decreto legislativo n. 496 – Disciplina delle attività di giuoco (Decreto Legislativo n.
o
496 de régimen de actividades de juego), de 14 de abril de 1948 (GURI n.
o
118 de 22 de mayo de 1948), disponen lo siguiente:
«1.   Se reservan al Estado la organización y explotación de los juegos de habilidad y concursos de pronósticos por los que se abone una recompensa de cualquier tipo y que supongan el pago de una puesta con valor monetario para participar en ellos.
2.   Quedan encomendadas la organización y el ejercicio de las actividades a que se refiere el artículo anterior al Ministerio de Hacienda, que podrá realizar su gestión, ya sea directamente, ya sea través de personas físicas o jurídicas que ofrezcan garantías adecuadas de su idoneidad al respecto. En el segundo caso, el importe de la remuneración adeudada a los gestores y las demás modalidades de gestión se establecerán en contratos especiales […].
3.   Los ingresos procedentes del ejercicio de las actividades a que se refieren los artículos anteriores se abonarán en una partida especial de ingresos del Ministerio de Hacienda.»
La República Italiana encomendó la gestión del sector del juego a la ADM en virtud del artículo 8 del decreto-legge n. 282 – Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (Decreto-ley n.
o
282 por el que se adoptan Disposiciones Urgentes en materia de Obligaciones Comunitarias y Tributarias, de Recaudación y de Procedimiento Contable), de 24 de diciembre de 2002 (GURI n.
o
301 de 24 de diciembre de 2002).
El artículo 110, apartado 6, del regio decreto n.
o
773 –Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Real Decreto n.
o
773 por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes de Seguridad Pública), de 18 de junio de 1931 (GURI n.
o
146 de 26 de junio de 1931), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «Real Decreto n.
o
773 de 18 de junio de 1931»), dispone lo siguiente:
«Se considerarán máquinas recreativas autorizadas:
a)
las que, contando con un certificado expedido por el Ministerio de Economía y Hacienda […] sobre su conformidad con las disposiciones vigentes y estando conectadas obligatoriamente a la red telemática a que se refiere el artículo 14
bis
, apartado 4, del Decreto n.
o
640 del presidente de la República, de 26 de octubre de 1972 […], se activen con la inserción de dinero en metálico o con instrumentos especiales de pago electrónico […], y en las que, además del elemento aleatorio, existan también elementos de habilidad […], cuando el coste del juego no supere 1 euro y la duración mínima del juego sea de cuatro segundos, y en las que se distribuyan premios en metálico expedidos por la propia máquina cuyo valor individual no supere los 100 euros. Los premios serán calculados por la máquina de forma no definida previamente, para un ciclo total máximo de 140000 juegos, y no serán inferiores al 75 % del importe total jugado por los jugadores. Dichas máquinas no podrán en ningún caso reproducir el juego del póquer ni sus reglas esenciales;
b)
las que formen parte de la red telemática a que se refiere el artículo 14
bis
, apartado 4, del Decreto n.
o
640 del presidente de la República, de 26 de octubre de 1972 […], que se activan exclusivamente cuando están conectadas con un sistema de procesamiento de red. Para dichas máquinas, se definirán […] mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda […]:
1)
el coste y las modalidades de pago por premio;
2)
el porcentaje mínimo de ingresos que se destinarán a premios;
3)
el importe máximo y las modalidades de cobro de los premios;
4)
las especificaciones de inmutabilidad y seguridad, por referencia asimismo al sistema de procesamiento al que estén vinculadas las máquinas;
5)
las medidas para promover el juego responsable que se incorporarán a las máquinas;
6)
los tipos y características de los establecimientos públicos y demás puntos autorizados para la recogida de juego en los que puedan instalarse las máquinas a que se refiere la presente letra.»
El artículo 14
bis
, apartado 4, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 640 – Imposta sugli spettacoli (Decreto del presidente de la República n.
o
640 sobre el impuesto de espectáculos), de 26 de octubre de 1972 (GURI n.
o
292 de 11 de noviembre de 1972, suplemento ordinario n.
o
2 de la GURI), dispone, por lo que respecta a la gestión de las referidas máquinas, que se conectarán obligatoriamente a una red telemática creada a tal fin por la Administración, y que «se seleccionará, a más tardar el 30 de junio de 2004, a uno o varios concesionarios [de dicha red] mediante un procedimiento de contratación pública que respetará las normativas nacional y comunitaria», de modo que cada concesionario gestione, a cambio de una comisión, la red y las máquinas conectadas a ella de las que sea responsable.
Con arreglo a la referida disposición, se inició un procedimiento de selección de concesionarios mediante un anuncio de licitación (GURI n.
o
95, serie especial n.
o
5, de 12 de agosto de 2011, p. 40), cuyo punto II 1.5 dispone, por lo que respecta a la comisión de los concesionarios:
«[…] La concesión de las actividades en régimen de concesión hace recaer sobre el concesionario la obligación de poner a disposición del Tesoro Público y la Administración Autónoma de Monopolios del Estado las cantidades previstas en concepto de Gravamen único en beneficio del Tesoro Público, de canon de concesión y de depósito de la fianza como porcentaje de las cantidades recaudadas. El concesionario tendrá derecho a una comisión, que será la diferencia entre el importe obtenido con la recogida de apuestas y las cantidades antes citadas, por una parte, y los premios que han de distribuirse (calculados en función de los límites mínimos establecidos en la normativa vigente) y la parte alícuota adeudada a los terceros encargados de la recogida de apuestas, por otra parte.»
El artículo 14 de la legge n. 23 – Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (Ley n.
o
23 sobre Delegación al Gobierno en materia de Medidas por un Sistema Tributario Más Equitativo, Transparente y Orientado al Crecimiento), de 11 de marzo de 2014 (GURI n.
o
59 de 12 de marzo de 2014), en su versión aplicable a los litigios principales (en lo sucesivo, «Ley n.
o
23 de 11 de marzo de 2014»), dispone lo siguiente:
«1.   Se habilita al Gobierno para llevar a cabo, mediante los decretos legislativos contemplados en el artículo 1, una reordenación que refunda en un Código del Juego todas las disposiciones en vigor en materia de juego, sin perjuicio del modelo organizativo basado en el régimen de concesión y autorización en la medida en que este sea indispensable para la protección de la confianza legítima, y sin perjuicio del orden y la seguridad públicos, para la conciliación de los intereses del Tesoro Público, los intereses locales y los intereses generales en materia sanitaria, para la prevención del blanqueo de ingresos procedentes de actividades delictivas y para garantizar el abono periódico de los gravámenes públicos sobre el juego.
2.   La reordenación contemplada en el apartado 1 se realizará respetando los principios y directrices siguientes:
[…]
g)
revisión de las remuneraciones y comisiones adeudadas a los concesionarios y demás operadores según un criterio de progresividad vinculado al volumen de recogida de apuestas;
[…]».
El artículo 1, apartado 649, de la legge n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) [Ley n.
o
190 por la que se adoptan Disposiciones para la Elaboración del Presupuesto Anual y Plurianual del Estado (Ley de Estabilidad para 2015)], de 23 de diciembre de 2014 (GURI n.
o
300 de 29 de diciembre de 2014, suplemento ordinario n.
o
99 de la GURI) (en lo sucesivo, «Ley de Estabilidad para 2015»), impuso un gravamen anual de 500 millones de euros sobre los recursos estatales cedidos en concepto de comisión a los concesionarios y demás operadores que gestionan el juego y recogen apuestas por cuenta del Estado. Dicha disposición es del siguiente tenor:
«Con el fin de participar en la mejora de los objetivos de las cuentas públicas, y a la espera de una profunda reordenación, con arreglo al artículo 14, apartado 2, letra g), de la Ley n.
o
23 de 11 de marzo de 2014, de las remuneraciones y comisiones adeudadas a los concesionarios y demás operadores del sector en el marco de la red de recogida de apuestas por cuenta del Estado, a partir de 2015 se reducirán en un importe de 500 millones de euros anuales los recursos estatales cedidos en concepto de comisión a los concesionarios y personas que, en función de sus competencias respectivas, se dediquen a la gestión del juego y recogida de apuestas mediante las máquinas a las que se refiere el artículo 110, apartado 6, del Real Decreto n.
o
773 de 18 de junio de 1931. Por consiguiente, a partir del 1 de enero de 2015:
a)
El importe total de las apuestas recogidas mediante las máquinas antedichas, una vez deducidos los premios pagados, será abonado a los concesionarios por los operadores del sector. Los concesionarios comunicarán a la [ADM] el nombre de los operadores del sector que no efectúen dicho abono, con el fin, en particular, de que se interponga en su caso demanda ante la autoridad judicial competente.
b)
Los concesionarios, en ejercicio de las funciones públicas que se les han encomendado, además de cuanto se abona con carácter ordinario al Estado en concepto de impuestos y otros tributos en virtud de la normativa en vigor y conforme a los contratos de concesión, abonarán anualmente asimismo un importe de 500 millones de euros, entre abril y octubre de cada año, cada uno de ellos en proporción al número de máquinas que tenga asignadas a 31 de diciembre de 2014. El número de máquinas a las que se refiere el artículo 110, apartado 6, letras a) y b), del Real Decreto n.
o
773 de 18 de junio de 1931 que tenga asignadas cada concesionario y las modalidades prácticas del abono se fijarán, una vez examinados los datos, mediante decisión que adoptará el director de la [ADM] a más tardar el 15 de enero de 2015. A partir de 2016, y mediante análoga decisión, se procederá a la modificación del número de máquinas así fijado.
c)
Los concesionarios, en ejercicio de las funciones públicas que se les han encomendado, repartirán entre los demás operadores del sector el importe restante que quede disponible para sus remuneraciones y comisiones, renegociando los contratos correspondientes y abonando las remuneraciones y comisiones exclusivamente en función de la celebración de los contratos renegociados.»
Mediante el decreto n. 388, prot. n. 4076/RU, del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Decreto n.
o
388, prot. n. 4076/RU, del director de la ADM), de 15 de enero de 2015, se censó el número de máquinas vinculadas a 31 de diciembre de 2014 con cada concesionario y se liquidaron los importes consecuentemente adeudados, mediante el reparto de la carga del gravamen en función del número de máquinas vinculadas con cada concesionario. Conforme al artículo 3 de dicho Decreto, cada concesionario debía abonar el 40 % de su cuota antes del 30 de abril de 2015 y el 60 % antes del 31 de octubre de 2015.
El artículo 1, apartados 920 y 921, de la legge n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale et pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) [Ley n.
o
208 por la que se adoptan Disposiciones para la Elaboración del Presupuesto Anual y Plurianual del Estado (Ley de Estabilidad para 2016)], de 28 de diciembre de 2015 (GURI n.
o
302 de 30 de diciembre de 2015, suplemento ordinario n.
o
70 de la GURI) (en lo sucesivo, «Ley de Estabilidad para 2016»), derogó el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015, limitando el alcance de esta disposición y, por tanto, del gravamen, al año 2015 (en lo sucesivo, «gravamen de 2015»). Dicha disposición es del siguiente tenor:
«920.   Queda derogado el apartado 649 del artículo 1 de la [Ley de Estabilidad para 2015].
921.   El apartado 649 del artículo 1 de la [Ley de Estabilidad para 2015] se interpretará en el sentido de que la reducción anual de los recursos estatales cedidos en concepto de comisión a los concesionarios y personas que, en función de sus competencias respectivas, se dediquen a la gestión del juego y recogida de apuestas mediante las máquinas a las que se refiere el artículo 110, apartado 6, del Real Decreto n.
o
773 de 18 de junio de 1931 será de aplicación a cada operador del sector en proporción a su participación en la distribución de la comisión, conforme a los acuerdos contractuales correspondientes y teniendo en cuenta su duración a lo largo de 2015.»
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
Las demandantes en los litigios principales son sociedades que se dedican al sector del juego mediante las máquinas recreativas autorizadas a las que se refiere el artículo 110, apartado 6, del Real Decreto n.
o
773 de 18 de junio de 1931. Dichas sociedades fueron seleccionadas como concesionarias de la red de recogida de apuestas por cuenta del Estado tras el procedimiento de selección contemplado en el apartado 7 de la presente sentencia. Todas ellas interpusieron por separado recurso ante el Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), solicitando la anulación del Decreto n.
o
388 de 15 de enero de 2015, al entender que reducía notablemente su margen de beneficio, y que era ilegal por infringir las disposiciones que aplica bien el Derecho de la Unión, bien la Constitución italiana.
El Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) planteó ante la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional, Italia) una cuestión de constitucionalidad sobre el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015, por la que se instituía el gravamen anual. Mediante su sentencia n.
o
125 de 8 de mayo de 2018, el segundo de esos tribunales devolvió la cuestión al primero, debido a la modificación legislativa introducida durante el procedimiento por el artículo 1, apartados 920 y 921, de la Ley de Estabilidad para 2016.
A la vista de esta modificación legislativa, el Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) abandonó sus dudas sobre la constitucionalidad y la conformidad con el Derecho de la Unión del mecanismo en cuestión y desestimó en cuanto al fondo los recursos de las demandantes en los litigios principales.
Las referidas partes apelaron ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia).
El tribunal remitente duda de la compatibilidad con el Derecho de la Unión de las disposiciones legislativas nacionales de que se trata.
En primer lugar, considera que la medida impuesta por el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015, tras su derogación e interpretación por el artículo 1, apartados 920 y 921, de la Ley de Estabilidad para 2016, tuvo por efecto que las demandantes en los litigios principales sufrieran un gravamen económico, que supone una restricción de las libertades garantizadas por los artículos 49 TFUE y 56 TFUE. Añade que el gravamen de 2015 tuvo efecto retroactivo, pues se impuso en 2015 y recaía sobre rendimientos obtenidos en 2014.
El tribunal remitente duda de que pueda considerarse que el gravamen de 2015 fuera inspirado por razones imperiosas de interés general. En efecto, a juicio de dicho tribunal, su adopción parece haber estado motivada exclusivamente por la necesidad económica de aumentar los ingresos tributarios del Estado, como se desprende del artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015, que subraya que dicho gravamen tenía como objetivo «participar en la mejora de los objetivos de las cuentas públicas».
En segundo lugar, para el tribunal remitente, parece que el gravamen de 2015 se adoptó pasando por alto el principio de protección de la confianza legítima, pues repercutió en las relaciones de concesión vigentes, al empeorar considerablemente las condiciones económicas y haber sido imprevisible para un empresario prudente y atento.
Así las cosas, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Es compatible con el ejercicio de la libertad de establecimiento garantizada por el artículo 49 TFUE y con el ejercicio de la libre prestación de servicios garantizada por el artículo 56 TFUE la introducción de una normativa como la contenida en el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad de 2015, que establece la reducción de remuneraciones y comisiones únicamente respecto a una categoría limitada y específica de operadores, a saber, los operadores del sector del juego que gestionan máquinas recreativas, y no respecto a todos los operadores de este sector?
2)
¿Es compatible con el principio de Derecho de la Unión de protección de la confianza legítima la introducción de una normativa como la antes citada, contenida en el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad de 2015, que por razones exclusivamente económicas ha reducido la comisión estipulada en un contrato de concesión celebrado entre una sociedad y una administración del Estado italiano durante el período de vigencia de aquel?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Mediante una solicitud de aclaraciones de 16 de noviembre de 2020, el Tribunal de Justicia invitó al tribunal remitente a precisar su postura sobre determinados datos que podrían determinar la admisibilidad de sus peticiones de decisión prejudicial.
Mediante escrito de 17 de diciembre de 2020, el tribunal remitente respondió, indicando, en esencia, en primer lugar, que a las demandantes en los litigios principales se les adjudicaron las concesiones de que se trata en el marco de un procedimiento de licitación abierto a todas las empresas de la Unión. A continuación, que, si bien es cierto que todas las demandantes en los litigios principales son sociedades italianas, cuatro de ellas están controladas totalmente por sociedades de otros Estados miembros. Al menos una empresa de otro Estado miembro se encarga de la recogida de apuestas de juego a través de un establecimiento permanente situado en Italia. Por último, a juicio del tribunal remitente, la violación del principio de protección de la confianza legítima que generó el gravamen de 2015 sometió a discriminación inversa a los concesionarios afectados por dicho gravamen, en beneficio de todos los operadores de juegos comparables que se realizan en línea, entre los que figuran numerosas empresas de otros Estados miembros de la Unión. Por lo tanto, entiende que este gravamen afecta indirectamente, o incluso directamente, al resultado financiero de sociedades de otros Estados miembros que operan en el mercado italiano del juego.
Mediante resolución de 26 de enero de 2021, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió la acumulación de los presentes asuntos a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y a efectos de la sentencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Admisibilidad
En sus observaciones escritas, la Comisión Europea expresó sus dudas, tras la derogación de la Ley de Estabilidad para 2015, sobre la utilidad para la solución de los litigios principales de las cuestiones planteadas.
A ese respecto, debe recordarse que, dentro del marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, siempre que la cuestión planteada se refiera a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia estará, en principio, obligado a pronunciarse. La negativa a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional solamente estará justificada cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no guarda relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder adecuadamente a las cuestiones que se le hayan planteado [sentencia de 23 de noviembre de 2021, IS (Ilegalidad de la resolución de remisión),
C‑564/19
,
EU:C:2021:949
, apartados
y
y jurisprudencia citada].
Pues bien, en el caso de autos, procede señalar que el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015, al que se refieren las cuestiones prejudiciales, pese a haber sido derogado en 2016 y haber sido aplicable —por ello— únicamente en 2015, constituye, aunque sea en su versión interpretada retroactivamente por el artículo 1, apartados 920 y 921, de la Ley de Estabilidad para 2016, el fundamento del gravamen de 2015. Además, la eventual determinación de que esta disposición hubiera vulnerado las libertades garantizadas por los artículos 49 TFUE y 56 TFUE podría llevar aparejada la declaración por el tribunal remitente de la ilegalidad de dicho gravamen. Por tanto, no resulta que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión carezca de relación con la realidad o con el objeto de los litigios principales ni que el problema sea de naturaleza hipotética.
Por su parte, el Gobierno italiano ha cuestionado la admisibilidad de la primera cuestión prejudicial planteada, al sostener que el tribunal remitente, infringiendo el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, no ha expuesto las razones por las que la reducción de comisiones y remuneraciones podría infringir los artículos 49 TFUE y 56 TFUE por el hecho de que se efectuara únicamente respecto a los operadores del sector del juego que gestionan máquinas recreativas, y no frente a los demás operadores del sector italiano del juego, ni ha aportado, a ese respecto, una evaluación comparativa de esas distintas categorías de operadores que permita apreciar la diferencia de trato que se invoca.
A ese respecto, ha de recordarse que, como se desprende del artículo 94, letras a) y c), del Reglamento de Procedimiento, la petición de decisión prejudicial debe contener, en particular, «una exposición concisa del objeto del litigio y de los hechos pertinentes, según se hayan constatado por el órgano jurisdiccional remitente, o al menos una exposición de los datos fácticos en que se basan las cuestiones», así como «la indicación de las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal».
No obstante, en virtud del espíritu de cooperación que preside las relaciones entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento prejudicial, la falta de ciertas constataciones previas por parte del tribunal remitente no conlleva necesariamente la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial o de alguna de las cuestiones prejudiciales en ella recogidas si el Tribunal de Justicia, atendiendo al contenido de los autos, se considera en condiciones de dar una respuesta útil al tribunal remitente (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2020, Elme Messer Metalurgs,
C‑743/18
,
EU:C:2020:767
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, cierto es que habría sido deseable que el tribunal remitente expusiera de manera más detallada las razones que lo llevaron a considerar que en el presente asunto se pudieron infringir las disposiciones del Derecho de la Unión que su primera cuestión tiene por objeto. No obstante, de la información contenida en las peticiones de decisión prejudicial se deduce que el gravamen de 2015 recae solamente sobre los titulares de concesiones de gestión del juego en máquinas recreativas y sobre aquellos de sus contratantes que están situados en escalones posteriores de la cadena de contratación, y no sobre los demás operadores del sector del juego, como puedan ser los operadores de juego en línea. Por tanto, ni la falta de identificación y descripción precisas por parte del tribunal remitente de las demás categorías de operadores del sector del juego, por un lado, ni la falta de explicaciones más detalladas por su parte sobre en qué medida tal restricción, que afecta al ámbito de aplicación de dicho gravamen, puede ser relevante a la hora de determinar si en el caso de autos existe incumplimiento de las disposiciones de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, por otro lado, impiden una comprensión suficiente del contexto en el que se sitúan las peticiones del tribunal remitente y de la posible relación entre dichas disposiciones del Derecho de la Unión y la normativa controvertida en los litigios principales, ni tampoco impiden que el Tribunal de Justicia dé a ese mismo órgano jurisdiccional determinadas indicaciones mínimas que le sirvan de referencia en la aplicación que, en su caso, corresponda de dichas disposiciones en el contexto de los asuntos de que conoce en los litigios principales.
De ello se deduce la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales planteadas por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado).
Sobre el fondo
Primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la contenida en el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015, que, por razones exclusivamente relacionadas con la mejora de las cuentas públicas, establece un gravamen que tiene por efecto reducir la remuneración de una categoría limitada de operadores del sector de los juegos de azar, a saber, los concesionarios encargados de la gestión del juego en máquinas recreativas.
Ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, deben considerarse restricciones a la libertad de establecimiento o a la libre prestación de servicios todas las medidas que prohíban el ejercicio de las libertades garantizadas por los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, lo obstaculicen o le resten interés (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Global Starnet,
C‑322/16
,
EU:C:2017:985
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, de lo indicado por el tribunal remitente se desprende que en 2015, mediante el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015 y el gravamen de 2015, la República Italiana impuso a los concesionarios del sector del juego en máquinas recreativas una reducción global de 500 millones de euros de la comisión que se les cedía con arreglo a los contratos de concesión, distribuida en función del número de máquinas controladas por cada uno de ellos a 31 de diciembre de 2014 y desglosada luego, en proporción a la participación de cada cual en la distribución de la comisión, por cada concesionario entre sí y aquellos de sus contratantes situados en escalones posteriores de la cadena de contratación.
Por otra parte, en especial de las precisiones que figuran en el apartado 22 de la presente sentencia se desprende que entre los concesionarios afectados por el gravamen de 2015 figuran sociedades italianas controladas por sociedades establecidas en otros Estados miembros.
A ese respecto, ha de recordarse que la libertad de establecimiento, que el artículo 49 TFUE reconoce a los nacionales de los Estados miembros y que implica para ellos el acceso a las actividades por cuenta propia y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas, en las mismas condiciones que las fijadas por la legislación del Estado miembro de establecimiento para sus propios nacionales, comprende, conforme al artículo 54 TFUE, para las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Unión, el derecho de ejercer su actividad en el Estado miembro de que se trate por medio de una filial, sucursal o agencia (sentencia de 21 de diciembre de 2016, AGET Iraklis,
C‑201/15
,
EU:C:2016:972
, apartado
y jurisprudencia citada).
Así pues, está comprendida en la libertad de establecimiento la situación en la que una sociedad establecida en un Estado miembro crea una filial en otro Estado miembro. Lo mismo sucede, según una jurisprudencia consolidada, cuando una sociedad o un nacional de un Estado miembro adquiere en el capital de una sociedad establecida en otro Estado miembro una participación que le permite ejercer una influencia efectiva en las decisiones de dicha sociedad y determinar las actividades de esta (sentencia de 21 de diciembre de 2016, AGET Iraklis,
C‑201/15
,
EU:C:2016:972
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por el contrario, dado que las indicaciones de que dispone el Tribunal de Justicia no le permiten determinar con suficiente precisión en qué medida también el artículo 56 TFUE puede verse afectado por las situaciones controvertidas en los litigios principales, procede dar prioridad en el caso de autos al examen de las cuestiones planteadas por el tribunal remitente únicamente a la luz del artículo 49 TFUE.
El Gobierno italiano niega que el gravamen de 2015 pudiera constituir una restricción a la libertad garantizada por la referida disposición, al entender que su importe habría sido demasiado escaso como para producir tal efecto.
Ahora bien, ha de recordarse que incluso una restricción de escaso alcance o de poca importancia a una libertad fundamental está prohibida, en principio, por el Tratado FUE (sentencia de 3 de diciembre de 2014, De Clercq y otros,
C‑315/13
,
EU:C:2014:2408
, apartado
y jurisprudencia citada).
Sentado lo anterior, procede observar que el gravamen de 2015 tiene carácter de medida tributaria, como, en particular, subrayó el Gobierno italiano en sus observaciones, y que procede de la expresión «gravámenes públicos sobre el juego» que figura en el artículo 14, apartado 1, de la Ley n.
o
23 de 11 de marzo de 2014.
En ese sentido, cierto es que hay que precisar ante todo que, si bien la fiscalidad directa es competencia de los Estados miembros, es jurisprudencia reiterada que estos deben ejercerla respetando el Derecho de la Unión y, en particular, las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE (sentencia de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros,
C‑98/14
,
EU:C:2015:386
, apartado
).
No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado en ese contexto que, a falta de una armonización al nivel de la Unión, las desventajas que pueden resultar del ejercicio paralelo por diferentes Estados miembros de la potestad tributaria, siempre y cuando tal ejercicio no sea discriminatorio, no constituyen restricciones de las libertades de circulación [véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de mayo de 2016, NN (L) International,
C‑48/15
,
EU:C:2016:356
, apartado
, y de 9 de septiembre de 2021, Real Vida Seguros,
C‑449/20
,
EU:C:2021:721
, apartado
]. Así, el Tribunal de Justicia ha precisado, en particular, que el artículo 56 TFUE no abarca las medidas cuyo único efecto sea generar costes suplementarios para la prestación considerada y que afecten del mismo modo a la prestación de servicios entre Estados miembros y a la interna en un Estado miembro (sentencia de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros,
C‑98/14
,
EU:C:2015:386
, apartado
y jurisprudencia citada). Del mismo modo, el artículo 49 TFUE no abarca las medidas cuyo único efecto sea generar costes suplementarios para la prestación considerada y que afecten a esta de manera análoga, ya sea puramente interna, ya la realice un operador controlado por una sociedad establecida en otro Estado miembro.
Pues bien, aun cuando corresponde al tribunal remitente comprobarlo, de los autos que en los presentes asuntos obran ante el Tribunal de Justicia no se desprende que el gravamen de 2015 diera lugar a discriminación entre los concesionarios del sector del juego en máquinas recreativas por otorgar un trato menos favorable a las situaciones transfronterizas que a las situaciones internas, ni, por lo demás, en qué medida dicho gravamen hubiera podido redundar en discriminación inversa, suponiendo que el Derecho nacional prohibiera tales discriminaciones, por otorgar un trato menos favorable a las situaciones internas que a las situaciones transfronterizas.
Tampoco resulta claro, extremo que también corresponde comprobar al tribunal remitente, que ese mismo gravamen pudiera haber tenido por consecuencia el haber obstaculizado una explotación rentable de las máquinas recreativas por parte de los concesionarios existentes por dar tanta preferencia a otros sectores de juego, y en particular al sector del juego en línea, ni por qué, en tal supuesto, las situaciones transfronterizas se habrían visto discriminadas en comparación con las situaciones internas (véase, a este respecto, la sentencia de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros,
C‑98/14
,
EU:C:2015:386
, apartados
a
).
En ese contexto, corresponde al juez nacional determinar si, ya sea dentro del sector del juego en máquinas recreativas, ya sea entre dicho sector y los demás sectores de juego, la República Italiana, como consecuencia del gravamen de 2015 (que estableció para los operadores de juego en máquinas recreativas), dio lugar a un trato discriminatorio, a la luz de la libertad garantizada por el artículo 49 TFUE, para las situaciones transfronterizas, en comparación con las situaciones internas.
Solamente si existió restricción a la referida libertad se plantea la cuestión de si dicha restricción pudo estar justificada.
Por lo que respecta a tal justificación, debe recordarse que la normativa en materia de juegos de azar se cuenta entre los ámbitos en los que se dan considerables divergencias morales, religiosas y culturales entre los Estados miembros. A falta de una armonización en la materia a nivel de la Unión, los Estados miembros gozan de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta a la elección del nivel de protección de los consumidores y del orden social que consideren más adecuado (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Global Starnet,
C‑322/16
,
EU:C:2017:985
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por tanto, los Estados miembros son libres para determinar los objetivos de su política en materia de juegos de azar y, en su caso, para definir con precisión el grado de protección perseguido. Ahora bien, las restricciones que impongan deben cumplir los requisitos que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en relación, en particular, con su justificación por razones imperiosas de interés general y con su proporcionalidad (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Global Starnet,
C‑322/16
,
EU:C:2017:985
, apartado
y jurisprudencia citada). Así pues, siempre que cumplan con ese último requisito, la restricción de las actividades relacionadas con los juegos de azar puede justificarse por razones imperiosas de interés general, tales como la protección de los consumidores y la prevención del fraude y de la incitación a los ciudadanos a unos gastos de juego excesivos (sentencia de 22 de enero de 2015, Stanley International Betting y Stanleybet Malta,
C‑463/13
,
EU:C:2015:25
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, el artículo 14, apartado 1, de la Ley n.
o
23 de 11 de marzo de 2014 habilitó al Gobierno italiano para «llevar a cabo […] una reordenación que [refundiera] en un Código del Juego todas las disposiciones en vigor en materia de juego, sin perjuicio del modelo organizativo basado en el régimen de concesión y autorización en la medida en que este [fuera] indispensable para la protección de la confianza legítima, y sin perjuicio del orden y de la seguridad públicos, para la conciliación de los intereses del Tesoro Público, los intereses locales y los intereses generales en materia sanitaria, para la prevención del blanqueo de ingresos procedentes de actividades delictivas y para garantizar el abono periódico de los gravámenes públicos sobre el juego».
El artículo 14, apartado 2, de esa misma Ley exigía que dicha reordenación se realizara respetando determinados principios y directrices, que, según la letra g) de dicha disposición, consistían, en particular, en la «revisión de las remuneraciones y comisiones adeudadas a los concesionarios y demás operadores según un criterio de progresividad vinculado al volumen de recogida de apuestas».
Sin embargo, el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015 expone que la contribución que se reclama a los concesionarios en concepto del gravamen de 2015 se impone con «con el fin de participar en la mejora de los objetivos de las cuentas públicas, y a la espera de una profunda reordenación, con arreglo al artículo 14, apartado 2, letra g), de la Ley n.
o
23 de 11 de marzo de 2014, de las remuneraciones y comisiones adeudadas a los concesionarios y demás operadores del sector en el marco de la red de recogida de apuestas por cuenta del Estado».
Por tanto, del tenor del artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015 parece desprenderse que el gravamen de 2015 se instituyó sin que el legislador italiano mencionara ya una razón imperiosa de interés general, como la protección de los consumidores y la prevención del fraude y de la adicción al juego, pues la disposición se refiere exclusivamente a la mejora de las cuentas públicas.
Pues bien, aun cuando la circunstancia de que una restricción de actividades de juegos de azar beneficie accesoriamente al presupuesto del Estado miembro de que se trate no impide que esa restricción se pueda justificar si persigue efectivamente, ante todo, objetivos relacionados con razones imperiosas de interés general (véanse, en ese sentido, las sentencias de 21 de octubre de 1999, Zenatti,
C‑67/98
,
EU:C:1999:514
, apartado
, y de 6 de noviembre de 2003, Gambelli y otros,
C‑243/01
,
EU:C:2003:597
, apartado
), extremo que corresponde verificar al tribunal nacional, resulta que el solo objetivo de maximizar los ingresos del Tesoro Público no puede permitir una restricción de la libre prestación de servicios (sentencia de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros,
C‑98/14
,
EU:C:2015:386
, apartado
y jurisprudencia citada).
De ello se deduce que, en la medida en que exista una restricción de la libertad garantizada por el artículo 49 TFUE debido a la imposición del gravamen de 2015, no resulta justificada.
No obstante, el Gobierno italiano ha alegado, en particular en la vista, que, mediante la reducción de los ingresos de los operadores que suponía, el gravamen de 2015 perseguía asimismo el objetivo de disuadir la infiltración por parte de organizaciones delictivas en el juego en máquinas recreativas, que es un sector que, comparativamente, es especialmente lucrativo. Según el Gobierno italiano, habida cuenta del crecimiento continuo que ha experimentado dicho sector de juego y de determinadas características propias de este, el gravamen tenía asimismo como objetivo proteger la salud de los jugadores frente a los efectos vinculados a los juegos de azar.
En la medida en que, en el marco del examen que le incumbe, el tribunal remitente concluyera que el gravamen de 2015 perseguía de manera efectiva, a pesar del tenor del artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015, que se ha recordado en el apartado 52 de la presente sentencia, principalmente objetivos imperiosos de interés general, le correspondería determinar si la restricción impuesta por dicho gravamen cumplía los requisitos de proporcionalidad derivados de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es decir, que fuera adecuada para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos y que no fuera más allá de lo necesario para alcanzarlos. Además, debe recordarse en este contexto que una normativa nacional solo es adecuada para garantizar la consecución de los objetivos invocados si responde efectivamente al propósito de lograrlos de forma coherente y sistemática (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros,
C‑98/14
,
EU:C:2015:386
, apartado
y jurisprudencia citada).
Siendo ello así, ha de responderse a la primera cuestión prejudicial que el artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en la medida en que se acredite que una normativa nacional que establece un gravamen cuyo efecto es reducir la remuneración de los concesionarios encargados de la gestión del juego en máquinas recreativas acarrea una restricción de la libertad garantizada por esa disposición del Tratado FUE, dicha disposición se opone a que tal restricción pueda justificarse a la luz de objetivos basados exclusivamente en consideraciones relacionadas con la mejora de las cuentas públicas.
Segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el principio de protección de la confianza legítima debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional como la contenida en el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015, que ha reducido la comisión estipulada en un contrato de concesión celebrado entre una sociedad y la Administración del Estado miembro de que se trata durante el período de vigencia de aquel.
Con carácter preliminar y por lo que se respecta a la aplicabilidad del referido principio, hay que recordar que, cuando un Estado miembro invoca razones imperiosas de interés general para justificar una normativa que puede obstaculizar el ejercicio de una libertad garantizada por el Tratado FUE, esta justificación debe interpretarse también a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión y, especialmente, del principio general de protección de la confianza legítima. De este modo, la normativa nacional de que se trata solo podrá acogerse a las excepciones previstas si es conforme con dicho principio (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros,
C‑98/14
,
EU:C:2015:386
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
De ello se deduce que, suponiendo que el tribunal remitente llegue a la conclusión de que el gravamen de 2015 da lugar a una restricción a la libertad de establecimiento garantizada en el artículo 49 TFUE y, en consecuencia, aborde la tarea de comprobar su proporcionalidad de conformidad con la jurisprudencia que se ha recordado en el apartado 57 de la presente sentencia, también le corresponderá, en ese contexto, tener en cuenta las exigencias que se derivan del principio de protección de la confianza legítima.
Según jurisprudencia reiterada, la posibilidad de invocar el principio de protección de la confianza legítima está abierta a todo operador económico en relación con el cual una autoridad nacional haya infundido fundadas esperanzas. No obstante, cuando un operador económico prudente y diligente puede prever la adopción de una medida que pueda afectar a sus intereses, no puede invocar tal principio si se adopta esa medida. Además, los agentes económicos no pueden confiar legítimamente en que se mantenga una situación existente que puede ser modificada en el ejercicio de la facultad discrecional de las autoridades nacionales [sentencia de 15 de abril de 2021, Federazione nazionale delle imprese elettrotecniche ed elettroniche (Anie) y otros,
C‑798/18 y C‑799/18
,
EU:C:2021:280
, apartado
y jurisprudencia citada].
En cambio, en consonancia con el referido principio, esos operadores seguirán teniendo derecho, llegado el caso, a impugnar las modalidades de aplicación de tales modificaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros,
C‑98/14
,
EU:C:2015:386
, apartado
y jurisprudencia citada).
De ese modo, el Tribunal de Justicia ya ha señalado a ese respecto, por ejemplo, que un operador económico que hubiera realizado inversiones costosas para adaptarse al régimen anteriormente establecido por el legislador puede verse considerablemente afectado en sus intereses por una supresión anticipada de ese régimen, tanto más cuando esta se realiza de un modo súbito e imprevisible, sin ofrecerle el tiempo necesario para adaptarse a la nueva situación legislativa (véase la sentencia de 11 de junio de 2015, Berlington Hungary y otros,
C‑98/14
,
EU:C:2015:386
, apartado
).
Incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar si una norma nacional es conforme con el principio de protección de la confianza legítima, ya que el Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia con arreglo al artículo 267 TFUE, únicamente es competente para proporcionar a dicho órgano jurisdiccional todos los elementos interpretativos relativos al Derecho de la Unión que le permitan apreciar esta conformidad. El órgano jurisdiccional remitente puede tener en cuenta para ello todos los factores pertinentes que se deduzcan, en especial, de los términos, de la finalidad o del sistema de las legislaciones consideradas [sentencia de 15 de abril de 2021, Federazione nazionale delle imprese Elettrotecniche ed elettroniche (Anie) y otros,
C‑798/18 y C‑799/18
,
EU:C:2021:280
, apartado
y jurisprudencia citada].
A ese respecto, procede señalar que el punto II 1.5 del anuncio de licitación a que se refiere el apartado 7 de la presente sentencia dispone que «el concesionario tendrá derecho a una comisión, que será la diferencia entre el importe obtenido con la recogida de apuestas y las cantidades [previstas en concepto de Gravamen único en beneficio del Tesoro Público, de canon de concesión y de depósito de la fianza como porcentaje de las cantidades recaudadas,] antes citadas, por una parte, y los premios que han de distribuirse (calculados en función de los límites mínimos establecidos en la normativa vigente) y la parte alícuota adeudada a los terceros encargados de la recogida de apuestas, por otra parte».
Si bien es cierto que los concesionarios no pueden albergar confianza legítima en la estabilidad en el futuro de los importes de las diferentes partidas de adeudos y cargos identificados en el punto II 1.5 del referido anuncio de licitación, que minoran el importe obtenido en la recogida de apuestas, no es menos cierto que, según los autos que obran ante del Tribunal de Justicia, y aunque corresponda al tribunal remitente comprobarlo, dicho anuncio de licitación no contiene ninguna disposición sobre la posibilidad de imponer un gravamen por motivos exclusivamente económicos y tributarios.
Por lo que atañe a la Ley n.
o
23 de 11 de marzo de 2014, respecto de la cual el Gobierno italiano alega que publicitó ampliamente el gravamen de 2015, ha de observarse que dicho gravamen no parece haberse determinado en el marco de la reordenación de las remuneraciones de los concesionarios que dicha Ley habilitaba al Gobierno italiano para llevar a cabo. Según indica expresamente el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015, se procedió a ese gravamen «a la espera» de dicha reordenación, es decir,
a priori
, fuera de ella. Por lo demás, de los autos se desprende que no se llegó a llevar a cabo tal reordenación, como consecuencia de la expiración de los plazos de habilitación.
La falta de relación entre el gravamen de 2015 y la Ley n.
o
23 de 11 de marzo de 2014 queda reflejada, además, en que, a diferencia del criterio de «progresividad vinculado al volumen de recogida de apuestas» que debía aplicarse en el marco de la reordenación que se había previsto, el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015 estableció el gravamen controvertido en un nivel fijo y, por tanto, no vinculado al volumen de recogida de apuestas, y lo repartió entre los concesionarios basándose en el número de máquinas gestionadas por cada uno de ellos, es decir, una vez más sin vínculo con el volumen de recogida de apuestas de cada uno.
Por último, por lo que respecta al argumento de las demandantes en los litigios principales de que el gravamen de 2015 tuvo alcance retroactivo, ha de observarse que fue adoptado el 23 de diciembre de 2014, que tenía por objeto la reducción de las remuneraciones a los concesionarios «a partir de 2015» (véase el artículo 1, apartado 649, de la Ley de Estabilidad para 2015) y que establecía pagos entre abril y octubre de 2015. Por ello, el gravamen de 2015 no tuvo alcance retroactivo.
Sin embargo, es cierto que su fecha de adopción, su importe y el reparto de su carga en función del número de máquinas recreativas asignadas a cada concesionario a fecha 31 de diciembre de 2014 parece que pudieron afectar, con su entrada en vigor casi inmediata y, según las afirmaciones de las resoluciones de remisión, de manera notable, a las previsiones financieras de dichos concesionarios. A este respecto, corresponderá en su caso al tribunal remitente apreciar la trascendencia exacta del impacto que pudo tener tal gravamen temporal en la rentabilidad de las inversiones efectuadas por los concesionarios y apreciar si, debido, en su caso, al carácter súbito e imprevisible de dicho gravamen, los mencionados concesionarios se vieron privados del tiempo necesario para adaptarse a esa nueva situación, y en tal supuesto en qué medida lo fueron.
Siendo ello así, ha de responderse a la segunda cuestión prejudicial que, en la medida en que el artículo 49 TFUE sea de aplicación en el caso de una medida nacional de ese tipo, el principio de protección de la confianza legítima debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional que haya reducido temporalmente la remuneración de los concesionarios que se estipula en contratos de concesión celebrados entre sociedades y la Administración del Estado miembro de que se trate durante el período de vigencia de aquellos, salvo si, teniendo en cuenta la trascendencia del impacto de esa reducción en la rentabilidad de las inversiones efectuadas por los concesionarios y el posible carácter súbito y la posible imprevisibilidad de dicha medida, resulta que a los referidos concesionarios no se les ofreció el tiempo necesario para adaptarse a esa nueva situación.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes de los litigios principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

1)
El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, en la medida en que se acredite que una normativa nacional que establece un gravamen cuyo efecto es reducir la remuneración de los concesionarios encargados de la gestión del juego en máquinas recreativas acarrea una restricción de la libertad garantizada por esa disposición del Tratado FUE, dicha disposición se opone a que tal restricción pueda justificarse a la luz de objetivos basados exclusivamente en consideraciones relacionadas con la mejora de las cuentas públicas.

2)
En la medida en que el artículo 49 TFUE sea de aplicación, el principio de protección de la confianza legítima debe interpretarse en el sentido de que no se opone, en principio, a una normativa nacional que haya reducido temporalmente la remuneración de los concesionarios que se estipula en contratos de concesión celebrados entre sociedades y la Administración del Estado miembro de que se trate durante el período de vigencia de aquellos, salvo si, teniendo en cuenta la trascendencia del impacto de esa reducción en la rentabilidad de las inversiones efectuadas por los concesionarios y el posible carácter súbito y la posible imprevisibilidad de dicha medida, resulta que a los referidos concesionarios no se les ofreció el tiempo necesario para adaptarse a esa nueva situación.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.