CELEX: 62016TJ0873
Competencia
Prácticas colusorias
Distribución televisiva
Decisión que convierte en obligatorios determinados compromisos
Exclusividad territorial
Evaluación preliminar
Afectación de los derechos contractuales de terceros
Proporcionalidad

Antecedentes del litigio
El 13 de enero de 2014, la Comisión Europea inició una investigación sobre posibles restricciones a la prestación de servicios de televisión de pago en el marco de los acuerdos de concesión de licencia entre seis estudios cinematográficos estadounidenses y los principales organismos de radiodifusión de pago de la Unión Europea.
El 23 de julio de 2015, la Comisión envió un pliego de cargos a Paramount Pictures International Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido), y a Viacom Inc., con domicilio social en Nueva York (Estados Unidos), sociedad matriz de la primera (en lo sucesivo, conjuntamente, «Paramount»). En este pliego de cargos, la Comisión expuso su conclusión preliminar sobre la compatibilidad con el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) de determinadas cláusulas establecidas en los acuerdos de concesión de licencia que Paramount había suscrito con Sky UK Ltd y Sky plc (en lo sucesivo, conjuntamente, «Sky»).
En su investigación, la Comisión se centró en dos cláusulas conexas de estos acuerdos de concesión de licencia. La primera tenía por objeto prohibir a Sky que respondiera positivamente a las peticiones no solicitadas sobre la compra de servicios de distribución televisiva procedentes de consumidores residentes en el EEE, pero fuera del Reino Unido y de Irlanda, o limitar la posibilidad de que Sky respondiera positivamente a esas peticiones. La segunda obligaba a Paramount, en el marco de los acuerdos que celebraba con los organismos de radiodifusión situados en el EEE, pero fuera del Reino Unido, a prohibir o limitar la posibilidad de que estos organismos respondieran positivamente a peticiones no solicitadas sobre la compra de servicios de distribución televisiva procedentes de consumidores residentes en el Reino Unido o Irlanda.
Mediante resolución del Consejero Auditor en determinados procedimientos de competencia de 24 de noviembre de 2015, se admitió la participación del demandante, Groupe Canal +, en el procedimiento como tercero interesado en el sentido del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.
o
773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (
DO 2004, L 123, p. 18
).
Mediante escrito de 4 de diciembre de 2015, titulado «Información sobre la naturaleza y el objeto del procedimiento de conformidad con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.
o
773/2004», la Comisión comunicó al demandante, en particular, su apreciación jurídica relativa a la aplicación del artículo 101 TFUE a los hechos del presente asunto, seguida de una conclusión preliminar al respecto. Según la conclusión preliminar, la Comisión tenía la intención de adoptar una decisión dirigida a Sky y a cada uno de los estudios investigados por la que se declarara que habían infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE, imponiéndoles multas y ordenándoles que pusieran fin a la infracción y se abstuvieran de adoptar cualquier medida que pudiera tener un objeto o un efecto similar.
El 15 de abril de 2016, Paramount propuso una serie de compromisos para responder a las inquietudes de la Comisión en materia de competencia con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 2003, L 1, p. 1
). Tras haber recabado observaciones de otros terceros interesados, entre ellos el demandante, la Comisión adoptó la Decisión de 26 de julio de 2016 relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.40023 — Acceso transfronterizo a la televisión de pago) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
Del artículo 1 de la Decisión impugnada se desprende que los compromisos recogidos en el anexo de esta son obligatorios para Paramount y sus sucesores jurídicos y filiales durante un período de cinco años a partir de la notificación de la Decisión en cuestión.
La cláusula 1, párrafo noveno, del anexo de la Decisión impugnada establece diversos tipos de cláusulas que constituyen el objeto del procedimiento (en lo sucesivo, «cláusulas pertinentes»). Por una parte, por lo que se refiere a la transmisión vía satélite, se trata, en primer lugar, de la cláusula que estipula que la recepción fuera del territorio cubierto por el acuerdo de concesión de licencia (
overspill
) no constituye un incumplimiento del contrato por parte del organismo de teledifusión si este no ha autorizado dicha recepción con conocimiento de causa y, en segundo lugar, de la cláusula que establece que la recepción destinada al territorio cubierto por el acuerdo de concesión de licencia no constituye un incumplimiento del contrato por parte de Paramount si esta no ha autorizado la disponibilidad de descodificadores procedentes de terceros en dicho territorio. Por otra parte, en lo que respecta a la transmisión por Internet, se trata, en primer lugar, de la cláusula que obliga a los organismos de teledifusión a impedir la descarga o la emisión en directo (
streaming
) de contenido televisivo fuera del territorio cubierto por el acuerdo de concesión de licencia; en segundo lugar, de la cláusula según la cual la visualización por Internet (
Internet overspill
) destinada al territorio cubierto por el acuerdo de concesión de licencia no constituye un incumplimiento del contrato por parte de Paramount si esta ha obligado a los organismos de teledifusión a emplear tecnologías que impidan esa visualización, y, en tercer lugar, de la cláusula en virtud de la cual la visualización por Internet de contenido televisivo fuera del territorio cubierto por el acuerdo de concesión de licencia no constituye un incumplimiento del contrato por parte del organismo de teledifusión si este utiliza tecnologías que impidan dicha visualización.
Por otro lado, de la cláusula 1, párrafo tercero, del anexo de la Decisión impugnada se desprende que la expresión «obligaciones del organismo de teledifusión» se refiere a las cláusulas pertinentes o cláusulas equivalentes que prohíban a un organismo de teledifusión responder a peticiones no solicitadas de consumidores residentes en el EEE, pero fuera del territorio para el que el organismo de teledifusión disponga de un derecho de difusión. Correlativamente, la expresión «obligaciones de Paramount» designa las cláusulas pertinentes o cláusulas equivalentes que exigen a Paramount que prohíba a los organismos de teledifusión situados en el EEE, pero fuera de los territorios para los que un organismo de teledifusión disfrute de derechos exclusivos, que respondan a peticiones no solicitadas de consumidores residentes en esos territorios.
En virtud de la cláusula 2 del anexo de la Decisión impugnada, a partir de la fecha de notificación de esta, Paramount estará sujeta a diversos compromisos. En primer lugar, Paramount no suscribirá, renovará o prorrogará la aplicación de las cláusulas pertinentes en el marco de los acuerdos de concesión de licencia tal como estos se definen en ese mismo anexo (punto 2.1). En segundo lugar, por lo que respecta a los acuerdos de concesión de licencia existentes relativos a la producción de televisión de pago (
existing Pay-TV Output Licence Agreements
), Paramount no entablará acciones judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones de los organismos de teledifusión [punto 2.2, letra a)]. Por lo que se refiere a los mismos acuerdos, no cumplirá ni actuará para que se cumplan, directa o indirectamente, las «obligaciones de Paramount» [punto 2.2, letra b)]. Por último, comunicará a Sky en el plazo de diez días a partir de la notificación de la Decisión impugnada, y a cualquier otro organismo de teledifusión establecido en el EEE, en el plazo de un mes a partir de la misma notificación, que no entablará acciones judiciales con el fin de que los organismos de teledifusión cumplan las cláusulas pertinentes (punto 2.3).
El demandante había celebrado con Paramount un acuerdo de concesión de licencia relativo a la producción de televisión de pago (
Pay Television Agreement
), que entró en vigor el 1 de enero de 2014 (en lo sucesivo, «acuerdo de 1 de enero de 2014»). La cláusula 12 de dicho acuerdo establece que el territorio cubierto por este se divide en territorios «exclusivos», entre los que se incluye, en particular, Francia, y en un territorio «no exclusivo» en el que se incluye Mauricio. La cláusula 3 del acuerdo de 1 de enero de 2014 establece, además, que Paramount no ejercerá, ni por sí misma ni mediante autorización a terceros, derechos de retransmisión destinados a los territorios exclusivos. El anexo A.IV del citado acuerdo establece, por su parte, las obligaciones que recaen sobre el demandante en relación con el empleo de las tecnologías de geofiltrado que impidan la retransmisión fuera de los territorios para los que se concede la licencia.
Mediante escrito de 25 de agosto de 2016, Paramount notificó al demandante el compromiso recogido en el punto 2.2, letra a), del anexo de la Decisión impugnada (véase el apartado 10 anterior) y señaló, en consecuencia, que no entablaría acciones judiciales para exigir el cumplimiento de las cláusulas pertinentes por parte del organismo de teledifusión y que eximía a este de cualquier obligación derivada de las cláusulas pertinentes. Paramount se preocupó también de precisar, en el mismo escrito, que la expresión «obligación del organismo de teledifusión» tenía el mismo significado que en el anexo de la Decisión impugnada. Mediante escrito de 14 de octubre de 2016, el demandante respondió a esta notificación indicando que los compromisos asumidos en un procedimiento entre la Comisión y Paramount no le eran oponibles.
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 8 de diciembre de 2016, el demandante interpuso el presente recurso.
Mediante auto de 13 de julio de 2017, Groupe Canal +/Comisión (
T‑873/16
, no publicado,
EU:T:2017:556
), se admitió la intervención del Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) en apoyo de la Comisión. En el mismo auto, se admitió la intervención de la Union des producteurs de cinéma (UPC), la European Film Agency Directors (EFADs) y C More Entertainment AB en apoyo de las pretensiones del demandante. Además, mediante resolución del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de 13 de julio de 2017, se admitió la intervención de la República Francesa en apoyo de las pretensiones del demandante.
En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, se requirió al demandante, el 2 de mayo de 2018, que respondiera a una pregunta escrita, solicitud a la que dio cumplimiento el 15 de mayo de 2018.
El demandante y C More Entertainment solicitan al Tribunal que:
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Con carácter subsidiario, anule la Decisión impugnada en lo que concierne al mercado francés y a los contratos del demandante.
–
Condene en costas a la Comisión.
La República Francesa solicita al Tribunal que anule la Decisión impugnada.
La UPC solicita al Tribunal que:
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Con carácter subsidiario, anule la Decisión impugnada en lo que concierne al mercado francés.
–
Condene en costas a la Comisión.
La EFADs solicita al Tribunal que:
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Con carácter subsidiario, anule la Decisión impugnada en lo que concierne al mercado francés y los contratos en vigor y futuros celebrados con el demandante.
–
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene al demandante, a la República Francesa, a la EFADs, a UPC y a C More Entertainment al pago de las costas.
El BEUC solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas al demandante.
Fundamentos de Derecho
Observaciones preliminares
En apoyo de su recurso, el demandante formula cuatro motivos, basados, el primero, en un error manifiesto de apreciación en lo que respecta a la compatibilidad de las cláusulas pertinentes con el artículo 101 TFUE y a los efectos de los compromisos impuestos; el segundo, en la infracción del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 en lo que se refiere a la determinación de las inquietudes a las que responden los compromisos impuestos; el tercero, en la violación del principio de proporcionalidad, y, el cuarto, en desviación de poder.
Tal como se ha expuesto en el anterior apartado 11, el demandante celebró con Paramount un acuerdo de distribución televisiva, el acuerdo de 1 de enero de 2014, que incluía cláusulas equivalentes a las cláusulas pertinentes. En efecto, tal como el demandante ha aclarado en respuesta a una diligencia de ordenación del procedimiento, de las cláusulas 2 y 3 de dicho acuerdo se deriva la obligación de Paramount de prohibir a las emisoras situadas en el EEE, pero fuera de los territorios en los que el solicitante tenía derechos exclusivos, que realizaran ventas pasivas destinadas a tales territorios. En particular, de esas disposiciones resulta que Paramount concedió al demandante una licencia sobre varias formas de retransmisión televisiva exclusiva, que Paramount conserva todos los derechos no concedidos específicamente y que esta se comprometió a no ejercer o autorizar a terceros para ejercer tales derechos con destino a los territorios para los que el demandante tenía un derecho exclusivo. De ello se deduce que, dado que cualquier tercero necesita una autorización expresa de Paramount para ejercer los derechos de que se trata, el compromiso que esta contrajo con el demandante de no conceder dicha autorización es equivalente a las «obligaciones de Paramount», tal como se describen en el apartado 9 de la presente sentencia.
En cumplimiento de su obligación derivada de la Decisión impugnada, Paramount notificó al demandante su decisión de renunciar a exigir el cumplimiento de las «obligaciones del organismo de teledifusión» contraídas con ella y de eximir de esas obligaciones mientras estuvieran cubiertas por los compromisos que la Decisión impugnada convirtió en obligatorios. Tal como se expondrá con mayor detalle en el apartado 95 de la presente sentencia, esa posición adoptada por Paramount frente a todas las otras partes contratantes en el EEE implica que deja de cumplir sus obligaciones frente al demandante derivadas de las cláusulas 2 y 3 del acuerdo de 1 de enero de 2014, consistentes en no autorizar a las demás partes contratantes para responder a peticiones no solicitadas procedentes de consumidores residentes en los territorios para los que el demandante dispone de un derecho de difusión exclusivo.
Por consiguiente, la posición jurídica del demandante resultó afectada al cumplir Paramount una obligación que la Comisión exigió a esta última en virtud de la Decisión impugnada. Teniendo también en cuenta que se admitió la participación del demandante en un procedimiento administrativo como tercero interesado y que este presentó observaciones al respecto, sobre la base de un documento que le comunicó la Comisión (véanse los apartados 4 y 5 anteriores), ha de considerarse que está legitimado para interponer recurso contra la Decisión impugnada (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa,
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, apartado
, y de 15 de septiembre de 2016, Morningstar/Comisión,
T‑76/14
,
EU:T:2016:481
, apartados
a
), lo que la Comisión además no niega.
Si bien es cierto que esta afectación confiere al demandante legitimación para interponer recurso contra la Decisión impugnada, no lo es menos que la cuestión de si el demandante describe correctamente los efectos concretos que esta Decisión produce en lo que a él se refiere corresponde al examen sobre el fondo del asunto.
A este respecto, el recurso plantea una cuestión fundamental acerca de la naturaleza y el alcance de los efectos que produce una decisión que convierte en obligatorios los compromisos ofrecidos por una empresa, en el sentido del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003, cuando los compromisos consisten en la declaración unilateral de dejar de cumplir determinadas cláusulas que forman parte de un acuerdo entre esta y otra empresa que, al no haber sido incluida en la investigación de la Comisión, no recibió un pliego de cargos y no propuso compromisos ni suscribió la oferta de tales compromisos.
Esta cuestión se plantea en el marco del tercer motivo.
Sobre el primer motivo, basado en error manifiesto de apreciación en lo que respecta a la compatibilidad de las cláusulas pertinentes con el artículo 101 TFUE y los efectos de los compromisos impuestos
Según el demandante, en primer lugar, la Comisión no determinó, en lo que atañe a las cláusulas pertinentes, inquietudes relacionadas con una infracción por el objeto en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1. El demandante afirma que, en realidad, esas cláusulas tenían por efecto favorecer la diversidad cultural sin perjudicar a la competencia, mientras que su supresión llevará a una mayor concentración en el sector de la producción cinematográfica.
En segundo lugar, apoyado por la República Francesa, el demandante alega que la protección de los derechos de propiedad intelectual justifica, a la luz de las normas del Tratado, la imposición de límites geográficos como los controvertidos en el litigio principal. A este respecto, la UPC sostiene que las distinciones entre exclusividad territorial «absoluta» y «relativa», por una parte, y entre ventas «activas» y «pasivas», por otra, no pueden aplicarse en un contexto digital, que no tiene prácticamente fronteras. Además, dadas las posibilidades que ofrece en la actualidad la multitud de plataformas de teledistribución de pago por Internet, en DVD o en vídeo a la carta, las cláusulas pertinentes no suponen, según el demandante y la República Francesa, una verdadera exclusividad y no afectan por tanto a la competencia. El demandante considera que la Comisión debería haber llevado a cabo un análisis detallado del sector audiovisual cinematográfico, sin el cual la Decisión impugnada da lugar a una inversión irregular de la carga de la prueba.
En tercer lugar, el demandante subraya que la exclusividad territorial que persiguen las cláusulas pertinentes solo afecta a una parte de los contenidos que existen en el mercado de la televisión de pago, por lo que no puede eliminar la competencia en dicho mercado. Así, apoyado por la UPC y la República Francesa, el demandante alega que las cláusulas pertinentes permiten conceder una remuneración adecuada absolutamente necesaria para los titulares de los derechos de autor en el contexto de una competencia basada en los méritos, adaptada a las características de cada mercado nacional según los espacios de explotación adaptados. Asimismo, tales cláusulas garantizan la supervivencia del modelo económico aplicado por los operadores como el demandante. Este modelo permite, según el demandante, un reparto objetivo del riesgo que genera la financiación de la producción cinematográfica de la Unión, a la que el demandante está obligado a dedicar una parte significativa de sus recursos totales. Según la UPC, el modelo en cuestión responde a la normativa vigente en algunos ordenamientos jurídicos nacionales, sin que la Comisión haya emprendido un examen al respecto.
Por consiguiente, en cuarto lugar, el demandante alega que la inaplicabilidad de las cláusulas pertinentes afecta indirecta pero ciertamente a todas las relaciones contractuales del sector y da lugar a la aparición de licencias de envergadura a nivel de la Unión que alteran el equilibrio de negociación en detrimento de los productores de la Unión. Añade que la disponibilidad de financiación para la producción audiovisual de la Unión, incluso mediante contribuciones que los radiodifusores pagan a las entidades nacionales del sector audiovisual, resulta radicalmente limitada en consecuencia, de manera que se ponen en peligro la calidad y la diversidad de la oferta propuesta a los consumidores y, en última instancia, la diversidad cultural protegida en virtud de los artículos 3 TUE y 167 TFUE, apartado 4. El demandante sostiene que, al limitarse a indicar que, a raíz de los compromisos suscritos, Paramount podría seguir concediendo licencias sobre una base territorial, la Comisión no motivó suficientemente su decisión con arreglo a Derecho por lo que se refiere a la pertinencia de esta circunstancia respecto a las consecuencias indicadas por el demandante.
La Comisión, apoyada por el BEUC, refuta el fundamento de este motivo.
Procede recordar que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 dispone lo siguiente:
«Cuando la Comisión se disponga a adoptar una decisión que ordene la cesación de la infracción y las empresas interesadas propongan compromisos que respondan a las inquietudes que les haya manifestado la Comisión en su análisis preliminar, esta podrá, mediante decisión, convertir dichos compromisos en obligatorios para las empresas. La decisión podrá ser adoptada por un período de tiempo determinado y en ella constará que ya no hay motivos para la intervención de la Comisión.»
Además, el considerando 13 del Reglamento n.
o
1/2003 tiene la siguiente redacción:
«Cuando en el curso de un procedimiento que pueda conducir a la prohibición de un acuerdo o práctica, las empresas propongan a la Comisión compromisos que superen las inquietudes de esta, conviene que la Comisión pueda, mediante decisión, convertir tales compromisos en obligatorios para las empresas afectadas. Las decisiones relativas a esos compromisos constatarán que ya no hay motivos para que la Comisión intervenga, sin pronunciarse sobre si se ha producido o no la infracción o si esta aún existe […]».
Así, en el contexto de la aplicación del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003, el papel de la Comisión se limita a verificar que los compromisos propuestos respondan a las inquietudes de las que informó a las empresas afectadas y que estas no han propuesto compromisos menos gravosos que respondan de un modo igualmente adecuado a tales inquietudes (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa,
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, apartado
).
También procede señalar que, tal como se desprende del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003, la evaluación preliminar a que se refiere esta disposición (véase el apartado 34 anterior) está destinada a las empresas investigadas por la Comisión y tiene por objeto permitir a dichas empresas apreciar la conveniencia de proponer compromisos apropiados para subsanar los problemas de competencia detectados por la Comisión. En efecto, el cierre del procedimiento de infracción abierto contra estas empresas les permite evitar la declaración de una infracción del Derecho de la competencia y la eventual imposición de una multa (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa,
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, apartado
).
De estas consideraciones se desprende que, si bien la motivación de una decisión adoptada en virtud del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 debe incluir la evaluación preliminar que ha provocado la apertura de una negociación satisfactoria sobre los compromisos, esta motivación no puede incluir en ningún caso todos los elementos necesarios para acreditar una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, ni, con mayor razón, los elementos que justifiquen considerar que el apartado 3 de esa disposición no puede aplicarse al comportamiento imputado inicialmente.
Por consiguiente, como alega la Comisión, el control de legalidad de la Decisión impugnada puede referirse únicamente a la cuestión de si las circunstancias expuestas en la Decisión impugnada establecen las inquietudes en materia de competencia, de si, en caso afirmativo, los compromisos convertidos en obligatorios responden a estas inquietudes y, por último, de si Paramount no ha ofrecido compromisos menos gravosos que respondan a tales inquietudes de un modo igualmente adecuado.
A este respecto, la Comisión expuso, en los considerandos 37 a 44 de la Decisión impugnada, que los acuerdos conducentes a una exclusividad territorial absoluta restablecían la compartimentación de mercados nacionales y eran contrarios al objetivo del Tratado de crear un mercado único. Por lo tanto, se considera que estas cláusulas tienen por objeto restringir la competencia, salvo que otras circunstancias en su contexto económico y jurídico permitan comprobar que no pueden producir ese resultado. A este último respecto, la protección del derecho de autor pretende garantizar una remuneración adecuada para este último y no la remuneración más alta posible derivada de acuerdos que excluyan cualquier prestación transfronteriza de servicios de radiodifusión televisiva y supongan así una protección territorial absoluta.
Pues bien, como la Comisión señaló en los considerandos 46 a 49 de la Decisión impugnada, a la vista de su contenido, de sus objetivos y de su contexto económico y jurídico, las cláusulas pertinentes tienen por objeto excluir toda competencia transfronteriza y conferir una protección territorial absoluta a los organismos de radiodifusión que han celebrado los acuerdos con Paramount.
Ha de considerarse que las razones resumidas en los anteriores apartados 40 y 41 son fundadas y bastan para justificar las inquietudes acerca de la compatibilidad de las cláusulas pertinentes con el artículo 101 TFUE, apartado 1. En consecuencia, contrariamente a lo que alegan el demandante, la República Francesa, la EFADs, la UPC y C More Entertainment, la Decisión impugnada está suficientemente motivada con arreglo a Derecho y no adolece de error en cuanto al fundamento de sus motivos.
En particular, es cierto que en un contexto fáctico caracterizado por obstáculos importantes que limiten seriamente las posibilidades de distribución televisiva transfronteriza, la circunstancia de que el titular del derecho de autor conceda a un único licenciatario el derecho exclusivo de difundir contenidos audiovisuales en el territorio de un Estado miembro y, por consiguiente, de prohibir, durante un período determinado, la emisión por otros operadores que no hayan obtenido la autorización de los titulares de derechos ni abonado una remuneración a estos no basta para declarar que dicho acuerdo deba considerarse objeto, medio o consecuencia de una práctica colusoria prohibida por el Tratado (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de octubre de 1982, Coditel y otros,
262/81
,
EU:C:1982:334
, apartados
y
, y de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartado
).
Por consiguiente, un titular de derechos de autor puede conceder, en principio, a un licenciatario único el derecho exclusivo de difundir vía satélite, durante un período de tiempo determinado, un objeto protegido en virtud de ese derecho desde un único Estado miembro de emisión o desde varios Estados miembros (sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartado
).
En cambio, cuando los acuerdos que concluye el titular del derecho de autor contienen cláusulas en virtud de las cuales dicho titular está obligado a prohibir a partir de ese momento a todas sus partes contratantes en el mercado del EEE que realicen ventas pasivas en los mercados geográficos situados fuera del Estado miembro para el que les concede una licencia exclusiva, estas cláusulas otorgan una exclusividad territorial absoluta contractualmente estipulada y vulneran, por tanto, el artículo 101 TFUE, apartado 1.
En efecto, un acuerdo que tienda a restablecer la compartimentación de los mercados nacionales puede ser contrario al objetivo del Tratado de realizar la integración de dichos mercados mediante el establecimiento de un mercado único. Así, los contratos cuyo objetivo es la compartimentación de los mercados con arreglo a las fronteras nacionales o que dificultan la interpenetración de los mercados nacionales deben considerarse, en principio, acuerdos cuyo objetivo es restringir la competencia en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1 (sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartado
).
A este respecto, debe tenerse en cuenta la evolución del Derecho de la Unión acaecida, en particular, a raíz de la adopción de la Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (
DO 1989, L 298, p. 23
), y de la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable (
DO 1993, L 248, p. 15
), que pretenden garantizar la transición de los mercados nacionales a un mercado único de producción y de distribución de programas (sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartado
).
En este contexto, cuando un contrato de licencia pretende prohibir o limitar la prestación transfronteriza de servicios de radiodifusión, tiene por objeto una restricción de la competencia, salvo que otras circunstancias en su contexto económico y jurídico permitan comprobar que dicho contrato no puede menoscabar la competencia (sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartado
).
Procede, pues, examinar tanto el objeto como el contexto económico y jurídico del que forman parte las cláusulas pertinentes.
A este respecto, como se desprende de los apartados 3, 8, 9, 11 y 23 de la presente sentencia, las obligaciones recíprocas establecidas en virtud de las cláusulas pertinentes entre Paramount y sus partes contratantes, entre ellas el demandante, tienen precisamente por objeto eliminar la prestación transfronteriza de los servicios de radiodifusión de contenido audiovisual que constituyen el objeto de los acuerdos correspondientes. Estas cláusulas confieren, por tanto, mediante acuerdo, una protección territorial absoluta y su finalidad es eliminar toda competencia transfronteriza entre diferentes organismos de radiodifusión en el ámbito de los servicios que estos ofrecen. Por consiguiente, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 43 a 48, dichas cláusulas podían suscitar preocupaciones en la Comisión debido a su objeto contrario a la competencia prohibido por el artículo 101 TFUE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartados
y
).
Además, por lo que respecta al contexto económico y jurídico de las cláusulas pertinentes, contrariamente a lo que alegan el demandante, la República Francesa, la EFADs, la UPC y C More Entertainment, el hecho de que los acuerdos de distribución televisiva controvertidos se refieran a obras protegidas por derechos de autor no permite constatar que no puedan menoscabar la competencia.
En efecto, por una parte, los compromisos que la Decisión impugnada convierte en obligatorios no afectan a la propia concesión de licencias exclusivas para la difusión de contenido televisivo de cuyos derechos Paramount es titular. Por el contrario, los compromisos en cuestión pretenden eliminar la aplicación de las cláusulas pertinentes, que conducen a una exclusividad territorial absoluta y tienen por objeto eliminar toda competencia entre diferentes organismos de radiodifusión respecto de obras amparadas por tales derechos, en virtud de un conjunto de obligaciones recíprocas establecido en los acuerdos de distribución televisiva.
Por otra parte, si bien es cierto que el objeto específico de la propiedad intelectual es, en particular, asegurar a los titulares de los derechos que de ella se derivan la posibilidad de explotarlos comercialmente, no lo es menos que ese objeto no garantiza a dichos titulares la posibilidad de reclamar la máxima remuneración posible, sino únicamente una remuneración adecuada. Esta conclusión resulta corroborada por el considerando 10 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (
DO 2001, L 167, p. 10
), y el considerando 5 de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (
DO 2006, L 376, p. 28
) (sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartados
y
).
Una remuneración adecuada del titular de este derecho es la que presenta una relación razonable con el número real o potencial de personas que disfrutan o desean disfrutar de la prestación proporcionada. Así, en materia de radiodifusión televisiva, tal remuneración debe, en particular, mantener una relación razonable con los elementos que caracterizan la emisión, tales como la audiencia real, la audiencia potencial y la versión lingüística. Este planteamiento resulta confirmado por el considerando 17 de la Directiva 93/83 (sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartados
y
).
A este respecto, es preciso señalar que, en el marco de un sistema de licencias que carezcan de cláusulas destinadas a compartimentar los mercados según las fronteras nacionales, nada se opone a que el titular de derechos negocie un importe que tenga en cuenta la audiencia potencial tanto en el Estado miembro para el que se concede la licencia exclusiva como en cualquier otro Estado miembro en el que se reciban también las emisiones objeto del acuerdo de distribución. En efecto, la tecnología necesaria para la recepción de las obras amparadas por los derechos en cuestión permite determinar la audiencia efectiva y potencial, desglosadas por países de procedencia de la solicitud de compra (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartados
y
). Esta misma tecnología permite también modular las medidas de promoción activa con el fin de limitarlas al territorio para el que se concede una licencia exclusiva.
En este contexto, nada impide que el titular de derechos pueda reclamar un suplemento a cambio de una licencia que tenga en cuenta la audiencia efectiva y potencial en el conjunto del EEE. En cambio, el suplemento necesariamente más importante pagado a los efectos de una exclusividad territorial absoluta se justifica por las diferencias de precio artificiales entre los mercados nacionales compartimentados, incompatibles con el objetivo esencial del Tratado, que es la realización de un mercado interior. Por este motivo, tal suplemento va más allá de lo necesario para garantizar a dichos titulares una remuneración adecuada (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartados
a
).
Correlativamente, en lo que respecta a la actividad de un operador como el demandante, la posible reducción de los precios de los abonos en el territorio francés, hasta entonces configurados en un determinado nivel gracias a la protección territorial absoluta garantizada por la aplicación de las cláusulas pertinentes, puede compensarse mediante el hecho de que, en cumplimiento de los compromisos que la Decisión impugnada convierte en obligatorios, Paramount ha declarado su intención de poner fin a la aplicación de dichas cláusulas. Esta declaración supone que ahora el demandante puede dirigirse a una clientela situada en todo el EEE y no solo en Francia. Ello está en consonancia con el objetivo esencial que persigue el Tratado al crear un mercado sin fronteras interiores en el que la competencia no esté falseada por acuerdos, decisiones o prácticas concertadas prohibidos por el artículo 101 TFUE, apartado 1. Por consiguiente, aunque el demandante dedique una parte de sus ingresos a la financiación de productos del sector audiovisual que requieren un apoyo específico, el juego normal de la competencia, ahora abierto a escala del EEE, le ofrece posibilidades que las cláusulas pertinentes no le permitían mientras Paramount tuviera la intención de exigir su cumplimiento.
De ello se deduce que deben desestimarse las alegaciones del demandante, de la República Francesa, de la EFADs, de la UPC y de C More Entertainment basadas en el supuesto carácter lícito de las cláusulas pertinentes con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 1 (véanse los apartados 29 a 32 anteriores). Por las razones expuestas en el anterior apartado 55, lo mismo sucede con la supuesta imposibilidad de distinguir entre ventas activas y ventas pasivas fuera del territorio exclusivo en un entorno digital (véase el apartado 30 anterior).
Además, dado que debe entenderse que las alegaciones basadas en que las cláusulas pertinentes promueven la producción y la diversidad culturales y en que su supresión pondrá supuestamente en peligro la producción cultural de la Unión (véanse los apartados 30 a 32 anteriores) se sustentan en la aplicabilidad del artículo 101 TFUE, apartado 3, tales alegaciones no pueden prosperar.
Es cierto que el objetivo de estas alegaciones es poner de manifiesto que las cláusulas pertinentes contribuyen a mejorar la producción o la distribución de los productos del sector audiovisual.
Sin embargo, como resulta de los motivos expuestos en los apartados 34 a 39 de la presente sentencia, el procedimiento que da lugar a una aceptación de compromisos ofrecidos se rige por el principio de que las empresas investigadas son informadas de las inquietudes de la Comisión y valoran la conveniencia de ofrecer compromisos para el futuro a cambio de que la Comisión no declare que se ha cometido una infracción. La Comisión, por su parte, evalúa la conveniencia de renunciar a la declaración de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y de economizar así los recursos que habría debido dedicar al asunto en cuestión, a cambio de compromisos que, por definición, se refieren al futuro y disipan todas sus inquietudes en la materia.
En este contexto, la cuestión de dilucidar si el comportamiento que suscitó las inquietudes de la Comisión cumple los requisitos acumulativos de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3, resulta ajena a la propia naturaleza de una decisión como la Decisión impugnada. En efecto, por una parte, la aplicación de dicha disposición presupone una declaración de infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1. Por otra parte, la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3, consiste en determinar los efectos favorables a la competencia producidos por el acuerdo que infringe el artículo 101 TFUE, apartado 1, y en comprobar si esos efectos favorables a la competencia prevalecen sobre los efectos contrarios a ella (sentencia de 23 de octubre de 2003, Van den Bergh Foods/Comisión,
T‑65/98
,
EU:T:2003:281
, apartado
).
Pues bien, en primer lugar, como se ha expuesto en los apartados 34 y 35 de la presente sentencia, cuando la Comisión considera que el compromiso ofrecido responde a sus inquietudes, puede hacerlo obligatorio, mediante decisión, para la empresa que lo haya propuesto, sin que dicha institución pueda establecer, en la decisión en cuestión, si ha habido o sigue habiendo una infracción.
En segundo lugar, el hecho de convertir en obligatorios los compromisos ofrecidos tiene precisamente por objeto disipar las inquietudes en materia de competencia manifestadas por la Comisión, excluyendo cualquier infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, en el futuro, lo que dejaría de tener sentido si se aplicara el artículo 101 TFUE, apartado 3. En efecto, esta última disposición no tiene por objeto obligar a la empresa investigada a modificar el comportamiento respecto al cual la Comisión ha expresado inquietudes en materia de competencia, sino precisamente declarar inaplicable el artículo 101 TFUE, apartado 1, permitiendo así a la empresa proseguir la acción que provocó la apertura de la investigación.
Por consiguiente, si bien es cierto que la Comisión puede aceptar y convertir en obligatorio un compromiso propuesto en virtud del cual se modifiquen un acuerdo, decisión o práctica concertada que susciten inquietudes en relación con el artículo 101 TFUE, apartado 1, con el fin de cumplir los requisitos del artículo 101 TFUE, apartado 3, no está obligada a apreciar si tal acuerdo, decisión o práctica concertada cumplen estos requisitos cuando el compromiso ofrecido consiste simplemente, como en el caso de autos, en el abandono puro y simple de dicho comportamiento.
De lo anterior resulta que no incumbe al Tribunal, en el marco del control de legalidad que ejerce en virtud del artículo 263 TFUE, pronunciarse sobre las alegaciones del demandante basadas en que las cláusulas pertinentes promueven la producción y la diversidad culturales y en que su supresión pondrá supuestamente en peligro la producción cultural de la Unión. En cambio, el demandante puede invocar estos argumentos ante el juez nacional en un procedimiento incoado contra Paramount sobre la base del acuerdo de 1 de enero de 2014, y el juez podrá tanto solicitar a la Comisión la información pertinente a este respecto con arreglo al artículo 15 del Reglamento n.
o
1/2003 como someter el asunto al Tribunal de Justicia conforme al artículo 16 del mismo Reglamento y al artículo 267 TFUE (véase el apartado 102 posterior).
En cualquier caso, es preciso señalar que las consideraciones expuestas en los apartados 53 a 57 de la presente sentencia excluyen la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3, puesto que las cláusulas pertinentes imponen restricciones que van más allá de lo necesario para la producción y la distribución de obras audiovisuales que requieran una protección de los derechos de propiedad intelectual y, por tanto, no cumplen al menos uno de los requisitos acumulativos previstos en el artículo 101 TFUE, apartado 3, a saber, el de no imponer a las empresas interesadas restricciones no indispensables para la protección de estos derechos (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartado
).
En particular, por una parte, una protección territorial absoluta va manifiestamente más allá de lo indispensable para la mejora de la producción o de la distribución o para el fomento del progreso técnico o económico que exige el artículo 101 TFUE, apartado 3, como lo demuestra la prohibición, que las partes quisieron establecer en los acuerdos pertinentes, de cualquier prestación transfronteriza de servicios de difusión televisiva, aun cuando se trate de obras para las que la propia Paramount haya concedido una licencia y que hayan sido difundidas en el territorio de un Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de junio de 1982, Nungesser y Eisele/Comisión,
258/78
,
EU:C:1982:211
, apartado
).
Pues bien, de las consideraciones expuestas en el anterior apartado 57 se desprende que una eventual disminución de los ingresos del demandante procedentes de los clientes situados en Francia puede compensarse con el hecho de que, gracias a la aplicación de los compromisos que la Decisión impugnada ha hecho obligatorios, el demandante puede ahora dirigirse a una clientela situada en todo el EEE y no solo en Francia.
Por otra parte, la alegación de que las cláusulas pertinentes no eliminan toda competencia respecto de las obras cubiertas por ellas porque estas obras también están disponibles en soportes a los que esas cláusulas no son aplicables se refiere al requisito establecido en el artículo 101 TFUE, apartado 3, letra b). Ahora bien, los motivos expuestos en los apartados 53 a 56 y 67 a 69 de la presente sentencia bastan para descartar la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3, en el caso de autos (véase la sentencia de 8 de junio de 1982, Nungesser y Eisele/Comisión,
258/78
,
EU:C:1982:211
, apartados
,
y
).
La Comisión expuso, en esencia, estas apreciaciones en los considerandos 40 a 44 de la Decisión impugnada al realizar su análisis preliminar sobre la aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1.
De ello se deduce que, aunque se considerarse que la Comisión estaba obligada a examinar la aplicabilidad del artículo 101 TFUE, apartado 3, en el procedimiento controvertido, la conclusión que figura en el considerando 52 de la Decisión impugnada, según la cual su examen preliminar dio lugar a la conclusión de que no concurrían los requisitos acumulativos de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 3, debe interpretarse a la luz de los motivos expuestos en los considerandos 40 a 44 de la Decisión impugnada. Ha de considerarse, por tanto, que esta apreciación de la Comisión no adolece de error.
Por consiguiente, en primer término, la Decisión impugnada está suficientemente motivada con arreglo a Derecho respecto a la cuestión de si los compromisos ofrecidos por Paramount en el presente asunto, consistentes en dejar de cumplir las cláusulas pertinentes, eran adecuados para disipar las inquietudes que la Comisión había manifestado en materia de competencia y, en segundo término, dicha institución no incurrió en error al responder afirmativamente a esta misma cuestión.
En consecuencia, procede desestimar el primer motivo.
Es preciso examinar ahora el tercer motivo.
Sobre el tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad
El tercer motivo consta de dos partes: la primera, basada en la violación del principio de proporcionalidad debido al carácter manifiestamente desproporcionado de los compromisos convertidos en obligatorios (véanse los apartados 77 y 78 posteriores), y la segunda, en la afectación indebida de los derechos contractuales de terceros, como el demandante (véase el apartado 79 posterior).
En efecto, apoyado por la República Francesa, el demandante alega que el principio de proporcionalidad es aplicable en materia de compromisos, aun cuando estos se basen en una oferta presentada por la parte investigada. Afirma que, en este contexto, la Comisión debía verificar que los compromisos respondían a las inquietudes que había manifestado y que la empresa afectada no había propuesto compromisos menos gravosos que respondieran de un modo igualmente adecuado a dichas inquietudes.
El demandante sostiene que, sin embargo, por una parte, la Comisión convirtió en obligatorios compromisos que no respondían a las inquietudes indicadas en su análisis preliminar, de manera que estos son manifiestamente más gravosos de lo que hubiera sido necesario para mitigar las inquietudes efectivamente expresadas. Añade que esta apreciación resulta tanto más justificada cuanto que los compromisos controvertidos tienen un efecto nefasto en la diversidad cultural en todo el EEE a causa de la pérdida de ingresos que los organismos de teledifusión podrían destinar a la realización de películas europeas.
Por otra parte, apoyado por la República Francesa, el demandante afirma que los compromisos que la Decisión impugnada ha hecho obligatorios afectan a los intereses de terceros, ya que constituyen una modificación unilateral del acuerdo de 1 de enero de 2014 respecto de cláusulas que le confieren derechos, sin que el procedimiento administrativo haya versado sobre dicho acuerdo, lo que ha perjudicado a sus derechos procedimentales. Añade también que de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (
DO 2011, C 308, p. 6
) se deduce que, para ser aceptado, un compromiso debe, en particular, aplicarse directamente, en el sentido de que no debe depender de la voluntad de un tercero no sujeto a él. Por consiguiente, cuando el compromiso consiste en la modificación de una relación contractual que requiere el consentimiento de las partes contratantes, como en el caso de autos, la oferta de compromiso debe ser rechazada por la Comisión. Dado que la Comisión se apartó de su propia comunicación sin ofrecer justificación alguna en la Decisión impugnada, el demandante considera que esta debe anularse.
En primer lugar, la Comisión sostiene de nuevo que los compromisos propuestos respondían de modo adecuado a las inquietudes que había manifestado en materia de competencia, por lo que no estaba obligada a buscar ella misma soluciones menos onerosas o menos gravosas.
En segundo lugar, la Comisión alega que tuvo debidamente en cuenta los intereses de terceros, al instarles a presentar sus observaciones y examinarlas.
En tercer lugar, apoyada por el BEUC, la Comisión sostiene que la Decisión impugnada no privó al demandante de sus derechos contractuales ni afectó al valor de las cláusulas pertinentes. Al contrario, afirma que fue únicamente la voluntad de Paramount lo que tuvo como consecuencia que esta dejara de cumplir las cláusulas en cuestión o de estar sujeta a ellas. A este respecto, en cuarto lugar, la Comisión señala que la Decisión impugnada no tiene efecto
erga omnes
y no prejuzga en modo alguno una posible acción del demandante contra Paramount por incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Examinados desde esta perspectiva, los compromisos propuestos por Paramount no dependían de la voluntad de un tercero en el sentido del punto 128 de su Comunicación sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. Además, la Comisión sostiene que el acuerdo de 1 de enero de 2014 no contiene ninguna cláusula equivalente a la descrita en el considerando 2, letra b), de la Decisión impugnada.
Procede examinar, en primer lugar, la segunda parte del tercer motivo, basada en la afectación de los derechos contractuales de terceros, como el demandante, en infracción del principio de proporcionalidad.
En cambio, las alegaciones presentadas en la primera parte del presente motivo, basadas en la violación del principio de proporcionalidad en la medida en que los compromisos convertidos en obligatorios no se fundamentan en una exposición de inquietudes adecuada y van más allá de lo necesario para mitigar las inquietudes efectivamente manifestadas (véanse los apartados 77 y 78 anteriores), se confunden, en realidad, con las formuladas en apoyo del segundo motivo. En consecuencia, se examinarán cuando se analice este.
De las alegaciones de las partes se desprende que están de acuerdo en la premisa de que un acto como la Decisión impugnada no puede legítimamente tener el efecto, respecto del demandante, de suprimir las cláusulas pertinentes del acuerdo de 1 de enero de 2014. En efecto, en respuesta a la alegación que el demandante ha formulado a este respecto (véase el apartado 79 anterior), la Comisión afirma que la Decisión impugnada no produce tal efecto, sino que simplemente obliga a Paramount a declarar a las otras partes contratantes su intención de dejar de cumplir las cláusulas pertinentes. Según la Comisión, esta obligación no prejuzga en absoluto la apreciación que podría formular el juez nacional en cuanto a la validez de las cláusulas de que se trata en caso de que el demandante decidiese interponer contra Paramount una demanda ante dicho juez.
En efecto, el derecho de los operadores económicos a configurar sus relaciones en función de su voluntad tal y como esta se expresa en los acuerdos que celebren forma parte de la libertad contractual. Esta libertad, que incluye la posibilidad de elegir libremente clientes y proveedores y determinar el contenido de un acuerdo, está garantizada por el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que consagra la libertad de empresa (sentencia de 22 de enero de 2013, Sky Österreich,
C‑283/11
,
EU:C:2013:28
, apartados
y
).
Si bien es cierto que la libertad de empresa no constituye una prerrogativa absoluta y debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad, no lo es menos que, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, su limitación deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de esa libertad (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2013, Sky Österreich,
C‑283/11
,
EU:C:2013:28
, apartados
a
).
A este respecto, del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 (véase el apartado 34 anterior) se desprende que la oferta efectuada por una empresa en virtud de dicha disposición debe ser un «compromiso». Debe consistir en una concesión, es decir, en una limitación del abanico de comportamientos que estaría dispuesta a adoptar. Este compromiso puede consistir bien en una obligación de actuar de una manera determinada, bien en una obligación de abstenerse de una acción.
Además, cuando la Comisión considere que el compromiso propuesto responde a sus inquietudes, puede convertirlo en obligatorio, mediante decisión, para la empresa que lo haya ofrecido, sin que dicha institución pueda establecer en la decisión si ha habido o sigue habiendo una infracción. Esa decisión se envía, como en el caso de autos, únicamente a las empresas que han ofrecido el compromiso y solo es obligatoria para ellas, de conformidad con el artículo 288 TFUE, párrafo cuarto.
Por consiguiente, debe señalarse, tal como alegan el demandante y la Comisión, que una decisión adoptada sobre la base del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 no puede tener por objeto o por efecto convertir en obligatorio un compromiso, en el sentido expuesto en el anterior apartado 88, para operadores que no lo hayan ofrecido y no lo hayan suscrito.
En efecto, tal posibilidad sería contraria al propio tenor del artículo 9 y del considerando 13 del Reglamento n.
o
1/2003 (véase el apartado 35 anterior), del que se deduce que los compromisos aceptados por la Comisión tienen carácter obligatorio para las empresas que los han propuesto. Este criterio también se refleja en el punto 115 de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE. Según este punto, «si la Comisión acepta [los] compromisos, podrá adoptar una decisión que los haga vinculantes para las partes sometidas al procedimiento». Pues bien, ha quedado acreditado que, como tercero que no ha recibido un pliego de cargos, el demandante no ha sido «sometido al procedimiento» que la Comisión inició exclusivamente contra Paramount y Sky. Por consiguiente, cuando el compromiso consiste en dejar sin aplicar una cláusula contractual que confiere derechos a un tercero, reconocer a la Comisión la facultad de hacerlo obligatorio para dicho tercero sin que este lo haya ofrecido y sin que el procedimiento de la Comisión haya sido incoado contra él constituiría una injerencia en la libertad contractual del operador que iría más allá de lo previsto en el artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003.
Esta conclusión se ve asimismo confirmada por el punto 128 de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, que tiene la siguiente redacción:
«Los compromisos deben ser inequívocos y tener eficacia directa [es decir, que su aplicación debe ser independiente de la voluntad de terceros no vinculados por los compromisos] […]. Asimismo, cuando algunos compromisos no puedan aplicarse sin el acuerdo de terceras partes (por ejemplo, cuando un tercero que no sería un comprador idóneo con arreglo a los compromisos sea titular de un derecho preferente), la empresa debe probar el acuerdo de la tercera parte de que se trate.»
En este contexto, se plantea la cuestión de si, habida cuenta de su tenor literal y del contexto jurídico en que fue adoptada, la Decisión impugnada tiene por objeto o por efecto que el compromiso ofrecido por Paramount se asimile, en infracción del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003, a un compromiso ofrecido por el demandante.
A este respecto, procede señalar que, en primer lugar, según el artículo 1 de la Decisión impugnada, los compromisos enunciados en el anexo de esta serán vinculantes para Paramount, así como para los sucesores y las filiales de esta. Por lo tanto, de la Decisión impugnada no se deduce que imponga ninguna obligación a las partes contratantes con Paramount, como el demandante.
En segundo lugar, el hecho de que Paramount se comprometa con carácter general a no ejercitar acciones judiciales para hacer cumplir la obligación de los organismos de teledifusión de no efectuar ventas pasivas fuera de su territorio exclusivo, tal como se indica en el punto 2.2, letra a), del anexo de la Decisión impugnada, implica automáticamente que Paramount incumple su obligación de prohibir tales ventas, tal como se establece en el punto 2.2, letra b), de dicho anexo. Este compromiso supone, a su vez, automáticamente la imposibilidad de ejercer el derecho contractual que los organismos de teledifusión contratantes con Paramount tienen frente a ella, consistente en que esta garantice a cada uno de ellos una exclusividad territorial absoluta en lo que respecta al objeto de cada acuerdo de concesión de licencia relativo a la producción de televisión de pago.
Pues bien, la cuestión que se plantea en este contexto es si este resultado se deriva de la propia Decisión impugnada, en cuyo caso se trataría de un efecto inevitable respecto a un tercero que no ha ofrecido ni suscrito el compromiso convertido en obligatorio, o bien si, como alega la Comisión, la declaración de Paramount de dejar de cumplir las cláusulas pertinentes es esencialmente un acto que esta adopta por su cuenta y riesgo, y no afecta en nada a la posibilidad de que las demás partes contratantes acudan al juez nacional para exigir el cumplimiento de dichas cláusulas o el pago de una indemnización por daños y perjuicios.
Ha de recordarse, a este respecto, que, con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003, «cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos [101 TFUE o 102 TFUE] [que] ya haya[n] sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión».
No obstante, el Reglamento n.
o
1/2003 indica, en su considerando 13, que las decisiones relativas a los compromisos «se entenderán sin perjuicio de los poderes de las autoridades de competencia [y] de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para dilucidar [si se ha producido o no la infracción o si esta aún existe] y adoptar una decisión sobre el caso». De manera similar, el considerando 22 del Reglamento n.
o
1/2003 señala que «las decisiones de la Comisión que impongan compromisos no afectan a la facultad de los órganos jurisdiccionales y las autoridades de la competencia de los Estados miembros para aplicar los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE]».
En efecto, contrariamente a las decisiones adoptadas en virtud del artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003, una decisión que convierte en obligatorios determinados compromisos de conformidad con el artículo 9 de dicho Reglamento no contiene motivos que califiquen de infracción del artículo 101 TFUE el comportamiento examinado, ni implica que esta última disposición sea aplicable a ese comportamiento. El artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 se inspira en consideraciones de economía procedimental y pretende garantizar una aplicación eficaz de las normas sobre la competencia establecidas por el Tratado FUE a través de la adopción de decisiones que conviertan en obligatorios los compromisos propuestos por las partes, si la Comisión los estima apropiados para resolver con más rapidez los problemas de competencia detectados por ella. En este contexto, el papel de la Comisión se reduce a examinar y eventualmente aceptar los compromisos propuestos por las empresas afectadas, tomando en consideración los problemas detectados por ella en su análisis preliminar y los objetivos que persigue (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa,
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, apartados
y
; véase también, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2017, Gasorba y otros,
C‑547/16
,
EU:C:2017:891
, apartado
).
De ello se deduce que, como expone la Comisión, cuando la Decisión impugnada obliga a Paramount a dejar de cumplir las cláusulas pertinentes en sus relaciones con las otras partes contratantes, esta obligación no prejuzga en modo alguno la facultad de los órganos jurisdiccionales nacionales ante los que el demandante interponga una demanda de apreciar si esas cláusulas son efectivamente contrarias al artículo 101 TFUE, apartado 1, y de extraer, en su caso, las consecuencias oportunas en virtud del apartado 2 del mismo artículo y del Derecho nacional. En este contexto, la Decisión impugnada podrá, a lo sumo, influir en las apreciaciones del juez nacional únicamente en la medida en que contiene una apreciación preliminar que este debe tener en cuenta solo como indicio del carácter contrario a la competencia del acuerdo examinado a la luz del artículo 101 TFUE, apartado 1 (sentencia de 23 de noviembre de 2017, Gasorba y otros,
C‑547/16
,
EU:C:2017:891
, apartados
y
). Así pues, debido a su carácter sumario y provisional, el análisis que la Comisión haga desde el punto de vista del Derecho de la competencia en una decisión adoptada con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 no puede impedir al órgano jurisdiccional nacional, en último término, llegar a una conclusión total o parcialmente diferente sobre el mismo asunto tras efectuar nuevas averiguaciones y un análisis más profundo (conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto Gasorba y otros,
C‑547/16
,
EU:C:2017:692
, puntos
y
).
Por consiguiente, el hecho de que la Comisión haya convertido en obligatorios los compromisos individuales propuestos por una empresa no significa que las demás empresas queden privadas de la posibilidad de proteger sus eventuales derechos en sus relaciones con la primera empresa (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa,
C‑441/07
,
EU:C:2010:377
, apartado
).
En este contexto, si el juez nacional considera, al término de su análisis y tras estudiar la posibilidad de recurrir a las vías previstas en los artículos 15 y 16 del Reglamento n.
o
1/2003, que las cláusulas pertinentes infringen el artículo 101 TFUE, apartado 1, sin que cumplan los requisitos del apartado 3 del mismo artículo, le corresponderá declarar su nulidad en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 2. En cambio, si considera que las cláusulas pertinentes no infringen el artículo 101 TFUE, apartado 1, o que cumplen los requisitos del apartado 3 del citado artículo, deberá, en su caso, apreciar el fundamento de la demanda de la que conozca, al no oponerse el artículo 101 TFUE a la aplicación de las cláusulas pertinentes.
En este último supuesto, si el resultado del procedimiento seguido ante el juez nacional lleva a Paramount a incumplir el compromiso que la Decisión impugnada ha convertido en obligatorio, incumbirá a la Comisión, en su caso, reabrir su investigación conforme al artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento n.
o
1/2003, en cuyo caso esa institución no estará vinculada por la resolución del juez nacional (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de diciembre de 2000, Masterfoods y HB,
C‑344/98
,
EU:C:2000:689
, apartado
, y de 25 de noviembre de 2014, Orange/Comisión,
T‑402/13
,
EU:T:2014:991
, apartado
).
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, ha de concluirse que la Decisión impugnada no afecta a la posibilidad de que el demandante recurra al juez nacional para que declare la compatibilidad de las cláusulas pertinentes con el artículo 101 TFUE, apartado 1, y extraiga, en lo que respecta a Paramount, las consecuencias establecidas por el Derecho nacional, sin que se excluya la posibilidad de ordenar las medidas cautelares que sean necesarias para salvaguardar los intereses de las partes hasta que el juez pronuncie una resolución definitiva (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2000, Masterfoods y HB,
C‑344/98
,
EU:C:2000:689
, apartado
).
Es preciso añadir que el demandante se habría encontrado en una situación sustancialmente similar si Paramount, al efectuar un análisis autónomo y previo a cualquier intervención de la Comisión, hubiera concluido que las cláusulas pertinentes podrían parecer problemáticas a la luz del artículo 101 TFUE, apartado 1, y hubiera declarado su intención de dejar de cumplirlas, invocando a tal efecto el artículo 101 TFUE, apartado 2.
Por consiguiente, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión actuó dentro de las facultades que le confería el artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 y salvaguardó el objetivo de este, que se basa en consideraciones de economía procedimental y de eficacia (véase el apartado 99 anterior), sin afectar a los derechos contractuales o procedimentales del demandante de una manera que iría más allá de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
En este contexto, no debe entenderse el punto 128 de la Comunicación de la Comisión sobre buenas prácticas para el desarrollo de los procedimientos relativos a los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (véase el apartado 92 anterior) en el sentido de que implica que una decisión adoptada en virtud del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 referida a las relaciones contractuales de la empresa que ha ofrecido un compromiso con terceros produce por sí sola efectos sobre los derechos contractuales de estos, sino como un requisito para asegurar la efectividad del compromiso con el fin de que la Comisión lo acepte. Así pues, la inclusión del punto 128 en dicha Comunicación de la Comisión no ha tenido por objeto ni como efecto excluir que, en un caso como el de autos, la Comisión acepte, en el ejercicio de la facultad de apreciación de la que disfruta en la materia, un compromiso de Paramount de declarar a las otras partes contratantes su intención de hacer inaplicables las cláusulas pertinentes, aunque siga siendo posible que el juez nacional ante el que el demandante interponga una demanda llegue a la conclusión de que las cláusulas de que se trata no infringen el artículo 101 TFUE, apartado 1.
Por consiguiente, al hacer obligatorios para Paramount los compromisos que figuran en los puntos 2.2 y 2.3 del anexo de la Decisión impugnada, la Comisión no se extralimitó en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 y no vulneró el principio de proporcionalidad a este respecto, por lo que debe desestimarse la segunda parte del primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 en lo que respecta a la determinación de las inquietudes a las que responden los compromisos impuestos
Apoyado por la República Francesa, el demandante alega que los compromisos aceptados por la Comisión no responden a las inquietudes en materia de competencia manifestadas en la evaluación preliminar que dicha institución realizó. En particular, el demandante sostiene que la Decisión impugnada tiene por objeto examinar los acuerdos entre Paramount y Sky relativos a la distribución de obras audiovisuales en el Reino Unido e Irlanda. Añade que, sin embargo, la Comisión convirtió en obligatorios compromisos relativos a todo el EEE, sin examinar el contexto jurídico y económico de los acuerdos celebrados entre, por una parte, Paramount y, por otra, los organismos de radiodifusión distintos de Sky que operan en el EEE. Según el demandante, al partir de la premisa de que cualquier análisis preliminar sobre el mercado del Reino Unido e Irlanda podía extrapolarse implícitamente al mercado francés, respecto del que no se efectuó análisis alguno, la Comisión incurrió en un error manifiesto que conlleva un error de Derecho. Además, el demandante afirma que la Comisión impuso las mismas consecuencias a Sky y al demandante, a pesar de que estos dos organismos de radiodifusión no disfrutaron de los mismos derechos procedimentales, lo que, en su opinión, supone una violación del derecho de defensa del demandante. El demandante considera que el planteamiento de la Comisión es todavía más paradójico tras la salida del Reino Unido del EEE, ya que los compromisos convertidos en vinculantes se aplican exclusivamente en mercados respecto de los que la Comisión no ha llevado a cabo ningún análisis preliminar.
El demandante y la República Francesa añaden que, en este contexto, la Comisión debería haber incoado un procedimiento para todos los acuerdos de distribución celebrados por Paramount, dando así a todas las partes contratantes la posibilidad de responder a un pliego de cargos. Además, en el mismo orden de ideas, la Comisión debería haber declarado vinculante una parte de los compromisos de Paramount, dejando a esta la tarea de liberarse de sus obligaciones frente a terceros. De lo anterior se deduce, a su juicio, que, al convertir en obligatorios los compromisos propuestos respecto a todas las relaciones contractuales de Paramount en el EEE, la Comisión se extralimitó en sus competencias e infringió así el artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003.
La Comisión refuta el fundamento de este motivo.
Tal como se ha expuesto en el apartado 84 de la presente sentencia, procede examinar conjuntamente las alegaciones presentadas en la primera parte del tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad, y las formuladas en apoyo del segundo motivo. En efecto, todas estas alegaciones se refieren a la cuestión de si, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión influyó en la posición del demandante de una manera desproporcionada o injustificada teniendo cuenta la naturaleza y el alcance geográfico de las inquietudes en materia de competencia que la dicha institución manifestó.
Ha de recordarse que las características específicas de los mecanismos previstos en los artículos 7 y 9 del Reglamento n.
o
1/2003 y los medios de acción que ofrece este Reglamento a través de cada una de estas disposiciones son diferentes, lo que implica que la obligación de garantizar el respeto del principio de proporcionalidad, que recae en la Comisión, tiene un alcance y un contenido diferentes según que se considere en el contexto de uno u otro de estos artículos (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa,
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, apartado
).
En particular, la aplicación del principio de proporcionalidad en el contexto del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 se reduce a una verificación de que los compromisos propuestos respondan a las inquietudes de las que la Comisión informó a las empresas afectadas y de que estas últimas no hayan propuesto compromisos menos gravosos que respondan de un modo igualmente adecuado a tales inquietudes. En este contexto, la Comisión debe tener en cuenta los intereses de terceros, sin que esté obligada a buscar por sí misma soluciones menos rigurosas o más moderadas que los compromisos que se le han propuesto (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa,
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, apartados
y
).
En efecto, por una parte, las empresas que proponen compromisos al amparo del artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 aceptan conscientemente la posibilidad de que sus concesiones sobrepasen lo que la propia Comisión habría podido imponerles en una decisión adoptada por dicha institución con arreglo al artículo 7 de ese Reglamento tras un minucioso examen. En contrapartida, el cierre del procedimiento de infracción abierto contra estas empresas les permite evitar la declaración de una infracción del Derecho de la competencia y la eventual imposición de una multa (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, apartado
).
Por otra parte, como se ha expuesto en el apartado 101 de la presente sentencia, la circunstancia de que la Comisión haya convertido en obligatorios los compromisos individuales propuestos por una empresa no significa que las demás empresas queden privadas de la posibilidad de proteger sus eventuales derechos en sus relaciones con la primera empresa (sentencia de 29 de junio de 2010, Comisión/Alrosa,
C‑441/07 P
,
EU:C:2010:377
, apartado
). A este respecto, de las apreciaciones relativas a los efectos que la Decisión impugnada tiene con respecto al demandante (véanse los apartados 85 a 104 anteriores) se desprende que este puede recurrir al juez nacional para que se declare la compatibilidad de las cláusulas pertinentes con el artículo 101 TFUE, apartado 1, y pedirle que extraiga, en lo que se refiere a Paramount, las consecuencias establecidas por el Derecho nacional, sin que se excluya la posibilidad de ordenar las medidas cautelares que sean necesarias para salvaguardar los intereses de las partes hasta que el juez pronuncie una resolución definitiva (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2000, Masterfoods y HB,
C‑344/98
,
EU:C:2000:689
, apartado
).
De ello se deduce que la toma en consideración del interés de terceros en un procedimiento de compromisos implica que, entre varios tipos de compromisos propuestos que respondan con la misma idoneidad a las inquietudes manifestadas por la Comisión en materia de competencia, esta debe hacer obligatorio el que, cuando sea aplicado por el destinatario de la Decisión, tenga un efecto menos grave para él.
Pues bien, en primer lugar, de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 43 a 58 resulta que, por su naturaleza, las cláusulas pertinentes tienen por objeto compartimentar los mercados nacionales de todo el EEE, sin que su contexto económico y jurídico permita constatar que no pueden afectar a la competencia. Por lo tanto, las preocupaciones expresadas por la Comisión se refieren válidamente al conjunto de este espacio geográfico, de modo que los compromisos ofrecidos y convertidos en obligatorios están en consonancia con ellas, sin que la Comisión esté obligada a analizar uno por uno los mercados nacionales afectados. Las alegaciones que el demandante ha formulado a este respecto tanto en el marco del segundo motivo (véase el apartado 109 anterior) como en del tercer motivo (véanse los apartados 77 y 78 anteriores) carecen, pues, de pertinencia.
En segundo lugar, en el presente asunto no se ha propuesto a la Comisión ningún compromiso que responda de forma igualmente adecuada a las inquietudes que esta manifestó en materia de competencia y cuya aplicación por Paramount habría tenido efectos menos graves para el demandante. En cualquier caso, ningún compromiso de esta índole parece manifiestamente adecuado para responder de manera igualmente eficaz a las inquietudes de la Comisión sin obligar a Paramount a dejar de cumplir las cláusulas pertinentes.
En tercer lugar, la alegación basada en que los compromisos tienen un efecto nefasto sobre la diversidad cultural en todo el EEE a causa de la pérdida de los ingresos que los organismos de teledifusión podrían destinar a la realización de películas europeas debe desestimarse por las razones expuestas en los apartados 57 y 69 de la presente sentencia.
En cuarto lugar, en la medida en que, con sus alegaciones, el demandante, la República Francesa, la EFADs, la UPC y C More Entertainment alegan implícitamente la existencia de barreras insuperables de orden práctico que impiden la prestación de servicios de difusión transfronteriza destinados al mercado francés, debe señalarse que no aportan ningún dato que permita demostrar tal circunstancia. Además, la inclusión de la cláusula 3 en el acuerdo de 1 de enero de 2014 constituye un indicio especialmente concluyente en sentido contrario (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2016, Toshiba Corporation/Comisión,
C‑373/14 P
,
EU:C:2016:26
, apartados
y
).
En estas circunstancias, en quinto lugar, las alegaciones basadas, en particular, en que el demandante no disfrutó de los mismos derechos procedimentales que Sky y en la salida inminente del Reino Unido de la Unión carecen también de pertinencia. En efecto, la toma en consideración del interés de terceros en un procedimiento de compromisos tiene el sentido expuesto en los apartados 115 a 117 de la presente sentencia, por lo que la alegación basada en los derechos procedimentales limitados de que disfrutó el demandante, según él, como tercero interesado, debe desestimarse por las razones expuestas en el anterior apartado 119. En cuanto a la alegación basada en la salida inminente del Reino Unido de la Unión, basta con recordar que las cláusulas pertinentes tienen por objeto compartimentar los mercados nacionales de todo el EEE, de manera que dicha salida no afecta, en cualquier caso, a la validez de las preocupaciones expresadas por la Comisión (véase el apartado 118 anterior).
De las consideraciones anteriores resulta que, al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión no sobrepasó las competencias que se le conferían en el artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 ni vulneró el principio de proporcionalidad, como alega el demandante en la primera parte del tercer motivo.
Por consiguiente, deben desestimarse el segundo motivo y la primera parte del tercer motivo.
Sobre el cuarto motivo, basado en desviación de poder
Según el demandante, el hecho de haber aceptado compromisos que abarcan todo el EEE y no responden a inquietudes en materia de competencia, como se ha expuesto en el marco del segundo motivo, implica que la Decisión impugnada fue adoptada por una causa ilícita, lo que constituye también una desviación de poder. Afirma asimismo que la Comisión sustituyó al legislador de la Unión, al que corresponde la cuestión relativa al geofiltrado en la difusión de obras audiovisuales, e invadió así las competencias de este al adelantarse a tomar estas decisiones. El desarrollo del proceso legislativo, pero también las repercusiones de la Decisión impugnada, mucho más amplias que el objeto de esta, acreditan, en opinión del demandante, la voluntad de la Comisión de imponer una normativa de hecho prejuzgando asimismo el resultado de otras investigaciones en curso. El demandante pide además al Tribunal que solicite a la Comisión que comunique los actos de trámite relativos a la Decisión impugnada y al proceso legislativo en cuestión, para corroborar en mayor medida los serios indicios de desviación de poder.
La EFADs alega que la Comisión no publicó una versión completa de los compromisos ofrecidos ni permitió a los terceros interesados acceder al pliego de cargos.
La Comisión considera infundado el cuarto motivo.
Ha de recordarse que existe desviación de poder cuando una institución ejerce sus competencias con el fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a las circunstancias del caso (sentencia de 25 de enero de 2007, Dalmine/Comisión,
C‑407/04 P
,
EU:C:2007:53
, apartado
).
Pues bien, como se desprende del apartado 118 de la presente sentencia, los compromisos ofrecidos y convertidos en obligatorios se adecúan a las inquietudes en materia de competencia expresadas por la Comisión, en lo que se refiere al conjunto del EEE. Por consiguiente, la alegación del demandante de que la Comisión incurrió en desviación de poder en la medida en que los compromisos en cuestión no respondían a las inquietudes manifestadas se basa en una premisa errónea.
En cuanto a las demás alegaciones del demandante basadas en la supuesta injerencia en el proceso legislativo, ha de señalarse que este proceso, en la medida en que no ha desembocado en la adopción de un texto legislativo, no afecta a las competencias conferidas a la Comisión en virtud del artículo 101 TFUE y del Reglamento n.
o
1/2003. Por consiguiente, el hecho de que la Comisión ejerciera esas competencias al convertir en obligatorios para Paramount los compromisos que esta propuso mientras se estaba tramitando un procedimiento legislativo en relación con derechos como los afectados en el presente asunto no demuestra la existencia de una desviación de poder.
Por último, es preciso señalar que las alegaciones formuladas por la EFADs acerca de la publicación de los compromisos ofrecidos y el acceso al pliego de cargos constituyen, en realidad, motivos que no han sido formulados por el demandante y, por lo tanto, deben declararse inadmisibles. En cualquier caso, las empresas y otras entidades que no tengan la condición de parte interesada en el sentido del artículo 27, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003 disfrutan de los derechos establecidos en el artículo 27, apartado 4, del Reglamento n.
o
1/2003 y en el artículo 13 del Reglamento n.
o
773/2004, que la Comisión ha respetado en el presente asunto (véanse los apartados 4 y 5 anteriores).
Por lo tanto, procede desestimar el cuarto motivo y el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por otro lado, a tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas y, con arreglo al artículo 138, apartado 3, del citado Reglamento, el Tribunal podrá decidir que una parte coadyuvante distinta de las mencionadas en los apartados 1 y 2 cargue con sus propias costas.
Dado que se han desestimado las pretensiones del demandante, procede condenarlo a cargar con las costas de la Comisión, salvo las relativas a la intervención de la República Francesa, de la EFADs, de la UPC y de C More Entertainment, y con las costas del BEUC, conforme a lo solicitado por estos.
Además, procede decidir que la República Francesa, la EFADs, la UPC y C More Entertainment cargarán, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión relativas a su intervención como coadyuvantes.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Groupe Canal + SA, cargará, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea, salvo las relativas a la intervención de la República Francesa, de la European Film Agency Directors — EFADs, de la Union des producteurs de cinéma (UPC) y de C More Entertainment AB, y con las costas del Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC).

3)
La República Francesa, la EFADs, la UPC y C More Entertainment cargarán, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión relativas a su intervención como coadyuvantes.

Gratsias
Dittrich
Ulloa Rubio
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 2018.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.