CELEX: 62020CJ0562
Procedimiento prejudicial
Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Directiva (UE) 2015/849
Artículo 18, apartados 1 y 3
Anexo III, punto 3, letra b)
Planteamiento basado en el riesgo
Evaluación de riesgos efectuada por las entidades obligadas
Identificación de los riesgos por los Estados miembros y las entidades obligadas
Medidas de diligencia debida con respecto al cliente
Medidas reforzadas de diligencia debida
Tercer país con un alto riesgo de corrupción
Artículo 13, apartado 1, letras c) y d)
Exigencias de prueba y documentación que incumben a las entidades obligadas
Artículo 14, apartado 5
Seguimiento continuo con respecto al cliente que incumbe a las entidades obligadas
Publicación de decisiones que imponen una sanción

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 13, apartado 1, letras c) y d), 14, apartado 5, 18 y 60, apartados 1 y 2, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.
o
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (
DO 2015, L 141, p. 73
), y de su anexo III, punto 3, letra b), y la validez de los artículos 14, apartado 5, y 18, apartados 1 y 3, de dicha Directiva.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre SIA Rodl & Partner y el Valsts ieņēmumu dienests (Administración Tributaria del Estado, Letonia) (en lo sucesivo, «VID») en relación con una sanción económica impuesta a dicha sociedad por haber infringido las disposiciones nacionales relativas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Los considerandos 1, 22, 30, 43 y 66 de la Directiva 2015/849 exponen:
«(1)
Los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el mercado interior de la Unión y el desarrollo internacional. El blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo y el crimen organizado siguen constituyendo problemas significativos que la Unión debe abordar. Aparte de continuar desarrollando el planteamiento penal a escala de la Unión, la prevención específica y proporcionada del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo resulta indispensable y puede producir resultados complementarios.
[…]
(22)
El riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo no es el mismo en todos los casos. En consecuencia, debe adoptarse un planteamiento holístico basado en el riesgo. Este tipo de planteamiento no constituye una opción excesivamente permisiva para los Estados miembros y las entidades obligadas. Implica tomar decisiones basadas en hechos para centrarse mejor en los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a que se enfrenta la Unión y quienes operan en ella.
[…]
(30)
El riesgo en sí mismo es variable por naturaleza, y los factores que intervengan, ya sean solos o combinados, pueden aumentar o reducir el riesgo potencial planteado, influyendo de esta forma en el nivel adecuado de las medidas preventivas, como las medidas de diligencia debida con respecto al cliente. Así pues, existen circunstancias en las que conviene aplicar medidas reforzadas de diligencia debida y otras en las que puede resultar oportuno aplicar procedimientos simplificados.
[…]
(43)
Resulta fundamental que la adaptación de la presente Directiva a las Recomendaciones revisadas del [Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)] se efectúe respetando plenamente la legislación de la Unión, en particular en lo que respecta a la legislación de la Unión en materia de protección de datos y de protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta [de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea]. Determinados aspectos de la aplicación de la presente Directiva implican la recogida, el análisis, la conservación y el intercambio de datos. Debe permitirse este tratamiento de datos personales siempre que se respeten plenamente los derechos fundamentales y únicamente para los fines establecidos en la presente Directiva, y para las actividades que en ella se exigen, como la aplicación de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente y las medidas de seguimiento continuo, la investigación y comunicación de las transacciones sospechosas e inusuales, la identificación del titular real de una persona jurídica o estructura jurídica, la identificación de una persona del medio político, y el intercambio de información por las autoridades competentes, las entidades financieras y de crédito y otras entidades obligadas. La recogida y posterior tratamiento de datos personales por las entidades obligadas deben limitarse a lo necesario con el fin de cumplir los requisitos de la presente Directiva; los datos personales no deben ser objeto de tratamiento ulterior de una manera incompatible con tales fines. En particular, debe prohibirse estrictamente el tratamiento posterior de datos de carácter personal con fines comerciales.
[…]
(66)
De conformidad con el artículo 21 de la Carta [de los Derechos Fundamentales], que prohíbe toda discriminación por cualquier motivo, los Estados miembros deben velar por que, en lo que respecta a la evaluación de riesgos en el contexto de la diligencia debida con respecto al cliente, la presente Directiva se aplique sin discriminación.»
El artículo 1, apartados 1 y 2, de dicha Directiva establece:
«1.   La presente Directiva tiene por objeto la prevención de la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.
2.   Los Estados miembros velarán por que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo queden prohibidos.»
El artículo 5 de la citada Directiva dispone:
«Dentro de los límites establecidos por el Derecho de la Unión, los Estados miembros podrán adoptar o mantener disposiciones más estrictas en el ámbito regulado por la presente Directiva, con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.»
A tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2015/849:
«Cada Estado miembro adoptará las medidas adecuadas para detectar, evaluar, comprender y atenuar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que le afecten, así como cualquier problema que se plantee en relación con la protección de datos. Mantendrá actualizada esta evaluación de riesgos.»
El artículo 8, apartados 1 y 2, de esta Directiva tiene la siguiente redacción:
«1.   Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas adopten medidas adecuadas para detectar y evaluar sus riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta factores de riesgo, incluidos los relativos a clientes, países o zonas geográficas, productos, servicios, operaciones o canales de distribución. Estas medidas deberán guardar proporción con la naturaleza y el tamaño de las entidades obligadas.
2.   Las evaluaciones de riesgos contempladas en el apartado 1 deberán estar documentadas, mantenerse actualizadas y ponerse a disposición de las autoridades competentes y organismos autorreguladores que corresponda. Las autoridades competentes podrán decidir que no se requieren evaluaciones de riesgos documentadas de cada una de las entidades obligadas si los riesgos específicos inherentes al sector están claros y se han comprendido.»
El artículo 11 de la citada Directiva dispone:
«Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas apliquen medidas de diligencia debida con respecto al cliente en las siguientes circunstancias:
a)
cuando establezcan una relación de negocios;
b)
cuando efectúen una transacción ocasional:
i)
por un valor igual o superior a 15000 [euros], ya se lleve esta a cabo en una operación o en varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, o
ii)
que constituya una transferencia de fondos, en el sentido del artículo 3, punto 9, del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.
o
1781/2006 (
DO 2015, L 141, p. 1
)] superior a 1000 [euros];
[…]
e)
cuando existan sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, con independencia de cualquier excepción, exención o umbral;
[…]».
El artículo 13, apartados 1 y 4, de la Directiva 2015/849 señala:
«1.   Las medidas de diligencia debida con respecto al cliente comprenderán las actuaciones siguientes:
[…]
c)
la evaluación y, en su caso, la obtención de información sobre el propósito y la índole prevista de la relación de negocios;
d)
la aplicación de medidas de seguimiento continuo de la relación de negocios, en particular mediante el escrutinio de las transacciones efectuadas a lo largo de dicha relación, a fin de garantizar que se ajusten al conocimiento que la entidad obligada tenga del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido, cuando sea necesario, el origen de los fondos, y la adopción de medidas para garantizar que los documentos, datos o informaciones de que se disponga estén actualizados.
[…]
4.   Los Estados miembros velarán por que las entidades obligadas estén en condiciones de demostrar a las autoridades competentes o a los organismos autorreguladores que las medidas son adecuadas en vista de los riesgos detectados de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.»
El artículo 14, apartado 5, de dicha Directiva preceptúa:
«Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que apliquen las medidas de diligencia debida con respecto al cliente no solo a todos los nuevos clientes, sino también, en el momento oportuno, a los clientes existentes, en función de un análisis del riesgo, en particular cuando cambien las circunstancias pertinentes de un cliente.»
A tenor del artículo 18, apartados 1 a 3, de la citada Directiva:
«1.   En los casos a que se refieren los artículos 19 a 24, y cuando se trate de personas físicas o entidades jurídicas establecidas en los terceros países identificados por la Comisión [Europea] como terceros países de alto riesgo, así como en otros casos de mayor riesgo identificados por los Estados miembros o las entidades obligadas, los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que apliquen medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente a fin de gestionar y atenuar debidamente esos riesgos.
[…]
2.   Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas que examinen, en la medida en que sea razonablemente posible, el contexto y la finalidad de todas las transacciones complejas cuyo importe sea inusitadamente elevado y de todas las transacciones que no sigan las pautas habituales, cuando su finalidad económica o lícita no resulte aparente. En particular, las entidades obligadas deberán aumentar el grado y la naturaleza de la supervisión de la relación de negocios, a fin de determinar si tales transacciones o actividades parecen sospechosas.
3.   Al evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, los Estados miembros y las entidades obligadas deberán tener en cuenta como mínimo los factores de identificación de situaciones potencialmente de mayor riesgo que figuran en el anexo III.»
El artículo 40, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2015/849 dispone:
«Los Estados miembros exigirán a las entidades obligadas a conservar los siguientes documentos y datos de conformidad con el Derecho nacional, con fines de prevención, detección e investigación, por parte de la [Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)] o de cualquier otra autoridad competente, de posibles casos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo:
a)
en los casos de diligencia debida con respecto al cliente, copia de los documentos o información que sean necesarios para cumplir los requisitos de diligencia debida establecidos en el capítulo II durante un período de cinco años desde que hayan finalizado las relaciones de negocios con su cliente, o después de la fecha de la transacción ocasional;
b)
los justificantes y registros de transacciones, consistentes en documentos originales o en copias que tengan fuerza probatoria en procedimientos judiciales en virtud del Derecho nacional y que resulten necesarios para identificar las transacciones, durante un período mínimo de cinco años desde que hayan finalizado las relaciones de negocios con su cliente, o después de la fecha de la transacción ocasional.»
El artículo 60, apartados 1 y 2, de dicha Directiva establece:
«1.   Los Estados miembros velarán por que toda decisión firme que imponga una sanción o medida administrativa por incumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva sea publicada por las autoridades competentes en sus sedes electrónicas oficiales inmediatamente después de que se haya informado a la persona sancionada de dicha decisión. La publicación incluirá, como mínimo, información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona responsable. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar el presente párrafo a las decisiones de imponer medidas que sean de carácter investigador.
[…]
2.   Cuando los Estados miembros permitan la publicación de las sanciones recurridas, las autoridades competentes publicarán también inmediatamente en su sitio web oficial información sobre el estado en que se encuentra el recurso y el resultado del mismo. Además, se publicará toda decisión que anule una decisión previa de imponer una sanción o medida administrativa.»
El anexo III de dicha Directiva contiene una «lista no exhaustiva de los factores y tipos de datos para la identificación de situaciones potencialmente de mayor riesgo, contemplados en el artículo 18, apartado 3», que comprende tres categorías, a saber, los «factores de riesgo en función del cliente» (punto 1), los «factores de riesgo en función del producto, servicio, transacción o canal de distribución» (punto 2) y los «factores de riesgo en función del área geográfica» (punto 3). Entre estos últimos factores de riesgo figuran, en el punto 3, letra b), de ese mismo anexo, los «países que, según fuentes dignas de crédito, tengan niveles significativos de corrupción u otras actividades delictivas».
Derecho letón
La Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums (Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación Nuclear), de 17 de julio de 2008 (
Latvijas Vēstnesis
, 2008, n.
o
116), fue modificada, en particular, con el fin de transponer la Directiva 2015/849 al ordenamiento jurídico letón.
Esta Ley, en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Prevención»), establece en su artículo 6, apartados 1 y 1.
, lo siguiente:
«(1)   En función de su tipo de actividad, la entidad obligada efectuará y documentará la evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo con el fin de identificar, evaluar, comprender y gestionar estos riesgos inherentes a sus actividades y clientes y, sobre la base de dicha evaluación, establecerá un sistema de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, incluido el desarrollo y la documentación de las políticas y los procedimientos pertinentes aprobados por su consejo de administración, si este último ha sido designado, o, en su caso por otro órgano de gestión de la entidad obligada.
[…]
(1
)   Al evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y al elaborar el sistema de control interno, la entidad obligada tendrá en cuenta al menos las siguientes circunstancias que incidan en los riesgos:
1)
el riesgo del cliente inherente a la forma jurídica, a la estructura de propiedad [y] a las actividades económicas o personales del cliente o del beneficiario efectivo del cliente;
2)
el riesgo del país y geográfico, es decir, el riesgo de que el cliente o el beneficiario efectivo del cliente esté asociado a un país o territorio cuyas circunstancias económicas, sociales, jurídicas o políticas puedan indicar un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo inherente al país […].»
El artículo 8, apartado 2, de la citada Ley dispone:
«La entidad obligada evaluará regularmente, pero al menos una vez cada 18 meses, la eficacia del funcionamiento del sistema de control interno, en particular examinando y actualizando la evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en relación con el cliente, su país de residencia (establecimiento), la actividad económica o personal del cliente, los servicios y productos utilizados y sus cadenas de suministro, así como las transacciones efectuadas y, en caso necesario, aplicará medidas para mejorar la eficacia del sistema de control interno, incluidas [las dirigidas a] revisar y precisar las políticas y los procedimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Rodl & Partner es una sociedad mercantil establecida en Letonia, cuya actividad consiste en prestar servicios de contabilidad, teneduría de libros de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal. Tiene la condición de «entidad obligada» con arreglo a la Ley de Prevención.
En el período comprendido entre el 3 de abril y el 6 de junio de 2019, Rodl & Partner fue objeto de una inspección por parte del VID en el marco de la prevención del blanqueo de capitales, que dio lugar a la elaboración de un informe inicial, el 3 de abril de 2019, y posteriormente de un informe definitivo, el 6 de junio de 2019. El informe de 3 de abril de 2019 constató, por una parte, que el sistema de control interno establecido por Rodl & Partner para cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Prevención presentaba ciertas irregularidades y, por otra parte, que dicha sociedad, como entidad obligada, no había efectuado ni documentado una evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en lo que respecta a dos de sus clientes, a saber, la fundación IT izglītības fonds y RBA Consulting SIA, incumpliendo así los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, de dicha Ley. En efecto, el VID consideró que estos dos clientes tenían un alto riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y que, en consecuencia, Rodl & Partner debería haber adoptado respecto de ellos medidas reforzadas de diligencia debida.
Así, por lo que se refiere a la fundación IT izglītības fonds, el VID señaló, en primer lugar, que esta era una organización no gubernamental (ONG) que, como tal, era especialmente vulnerable y podía ser usada ilegalmente con fines de financiación del terrorismo, como se desprendía de un informe publicado por el Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, Letonia), en segundo lugar, que el dirigente asalariado de dicha fundación, que había firmado, el 7 de marzo de 2017, la ficha de identidad de esta, era un nacional de la Federación de Rusia, tercer país con un alto riesgo de corrupción, y, en tercer lugar, que la citada fundación designaba como beneficiaria efectiva a la sociedad letona en su conjunto, lo que era contrario a la normativa nacional vigente.
Por lo que respecta a RBA Consulting, el VID comprobó que esta había realizado transacciones financieras con una sociedad propiedad en su mayor parte de una sociedad establecida en la Federación de Rusia. Además, a pesar de que el VID había solicitado a Rodl & Partner que le aportara la copia del contrato en el que se basaban esas transacciones, la entidad obligada no accedió a dicha solicitud, explicando únicamente que había tenido conocimiento del original del referido contrato en los locales de RBA Consulting.
Mediante decisión de 11 de julio de 2019, el director del VID impuso a Rodl & Partner una multa de 3000 euros por infracción de la Ley de Prevención en sus relaciones con la fundación IT izglītības fonds y RBA Consulting. En cambio, dado que el informe final de la inspección de 6 de junio de 2019 declaró que las irregularidades de que adolecía el sistema de control interno habían sido corregidas, no se constató ninguna infracción a este respecto. El 11 de agosto de 2019, el VID publicó en su sitio web información sobre las infracciones cometidas por Rodl & Partner tal como habían sido determinadas en dicha decisión.
A raíz de un recurso administrativo interpuesto contra la citada decisión, esta fue confirmada mediante decisión del director general del VID de 13 de noviembre de 2019.
El 13 de diciembre de 2019, Rodl & Partner interpuso recurso ante la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo, Letonia), órgano jurisdiccional remitente, solicitando que se anulara la decisión de 13 de noviembre de 2019 y se ordenase al VID retirar la información publicada en su sitio web relativa a la sanción impuesta.
El órgano jurisdiccional remitente señala, en primer lugar, que ni la Ley de Prevención ni la Directiva 2015/849 establecen que una ONG constituya, por su forma jurídica, un caso de mayor riesgo en materia de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que deba ser objeto, por este mero hecho, de una diligencia debida reforzada por parte de las entidades obligadas. Añade que ninguno de los criterios que pueden caracterizar un mayor riesgo geográfico, recogidos en las directrices para un enfoque basado en los riesgos para la profesión contable (
Guidance for a Risk-based Approach for the Accounting Profession
) publicadas por el GAFI, se refiere a la nacionalidad del empleado de un cliente. Así pues, según dicho órgano jurisdiccional, en el supuesto de que el VID hubiera de considerar, como autoridad nacional de control, que una entidad obligada debe adoptar una diligencia debida reforzada en todos los casos en los que el cliente es una ONG o en los que uno de sus empleados, sin ser el beneficiario efectivo del citado cliente en el sentido de dicha Directiva, es nacional de un tercer país con un alto riesgo de corrupción, se plantearía la cuestión de si tal exigencia, no prevista por la ley, es excesiva y desproporcionada y, por tanto, no conforme con el principio de proporcionalidad, tal como está establecido en el artículo 5 TUE.
En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente indica que la Federación de Rusia no es un país de alto riesgo, puesto que no figura ni en la lista de países de alto riesgo, publicada por el GAFI, ni en la de terceros países cuyos mecanismos de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son insuficientes, adoptada por la Comisión. Dicho esto, el órgano jurisdiccional remitente indica que la Federación de Rusia podría ser considerada, sobre la base del anexo III, punto 3, letra b), de la Directiva 2015/849, como un país o territorio con un alto riesgo de corrupción, lo que sostiene, por lo demás, la ONG Transparency International.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2015/849, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 10 de marzo de 2016, Safe Interenvíos (
C‑235/14
,
EU:C:2016:154
), un Estado miembro puede adoptar disposiciones más estrictas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en caso de que, a juicio de ese Estado miembro, exista tal riesgo. No obstante, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si, en el caso de autos, el VID aplicó de manera desproporcionada la Ley de Prevención al considerar que la circunstancia de que RBA Consulting sea el socio comercial de una filial que pertenece mayoritariamente a una sociedad establecida en la Federación de Rusia constituye un factor de alto riesgo, toda vez que ni dicha Ley ni la Directiva 2015/849 prevén tal factor de riesgo.
Asimismo, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si el VID se excedió en sus competencias al exigir a Rodl & Partner que le facilitara la copia del contrato celebrado entre RBA Consulting y esa filial, ya que ni la Ley de Prevención ni la Directiva 2015/849 exigen que la entidad obligada obtenga copia de tales documentos de transacciones.
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente indica que el VID consideró que Rodl & Partner había infringido el artículo 8, apartado 2, de la Ley de Prevención, según el cual la entidad obligada llevará a cabo regularmente, al menos una vez cada dieciocho meses, en particular, una evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo relacionado con el cliente. Pues bien, cuando el VID evaluó la situación de Rodl & Partner, RBA Consulting aún no era cliente desde hacía dieciocho meses. Así pues, se plantea la cuestión de si las disposiciones de la Directiva 2015/849, en particular, su artículo 14, apartado 5, requieren que la entidad obligada aplique medidas de diligencia debida con respecto a los clientes existentes, aun cuando no pueda identificarse ningún cambio de las circunstancias pertinentes y, en su caso, si tales medidas son razonables y proporcionadas, o si tales medidas se aplican únicamente a los clientes que presenten un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
En cuarto y último lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que la información sobre las infracciones cometidas por Rodl & Partner, publicada por el VID en su sitio web, contenía inexactitudes. El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, por lo tanto, en cuanto a la interpretación del artículo 60, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/849.
En estas circunstancias, la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo) acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 18, apartados 1 y 3, de la Directiva 2015/849, en relación con su anexo III, punto 3, letra b), en el sentido de que dichas disposiciones: i) exigen automáticamente que el proveedor de servicios externos de teneduría de libros tome medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente por el hecho de que el cliente sea una organización no gubernamental y de que la persona autorizada y empleada por el cliente sea nacional de un tercer país de alto riesgo de corrupción, en este caso la Federación de Rusia, con permiso de residencia en Letonia, y ii) exigen automáticamente que se atribuya a dicho cliente mayor grado de riesgo?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿puede considerarse la mencionada interpretación del artículo 18, apartados 1 y 3, de la Directiva 2015/849, proporcionada y, por tanto, conforme con el artículo 5 [TUE], apartado 4, párrafo primero?
3)
¿Debe interpretarse el artículo 18 de la Directiva 2015/849, en relación con su anexo III, punto 3, letra b), en el sentido de que establece una obligación automática de tomar medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en todos los casos en que un socio comercial del cliente, pero no el propio cliente, esté relacionado de algún modo con un tercer país de alto grado de corrupción, en este caso la Federación de Rusia?
4)
¿Debe interpretarse el artículo 13, apartado 1, letras c) y d), de la Directiva 2015/849 en el sentido de que estas últimas establecen que la entidad obligada, al tomar medidas de diligencia debida con respecto al cliente, tiene que obtener del cliente una copia del contrato celebrado entre dicho cliente y un tercero y, por tanto, se considera que el examen
in situ
de dicho contrato es insuficiente?
5)
¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849 en el sentido de que la entidad obligada tiene que aplicar medidas de diligencia debida con respecto a los clientes comerciales existentes, incluso cuando no se puedan detectar cambios significativos en las circunstancias del cliente y cuando no haya vencido el plazo establecido por la autoridad competente de los Estados miembros para tomar nuevas medidas de seguimiento, y es aplicable dicha obligación solamente en relación con clientes a los que se haya atribuido un alto riesgo?
6)
¿Debe interpretarse el artículo 60, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/849 en el sentido de que, al publicar información sobre una decisión firme que imponga una sanción o medida administrativa por incumplimiento de las disposiciones nacionales de transposición de dicha Directiva, la autoridad competente tiene la obligación de garantizar la conformidad exacta de la información publicada con la información constatada en la decisión?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Cuestiones prejudiciales primera y tercera
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 18, apartados 1 y 3, de la Directiva 2015/849, en relación con el anexo III, punto 3, letra b), de esta, debe interpretarse en el sentido de que exige que las entidades obligadas atribuyan automáticamente un alto nivel de riesgo a un cliente y que, por consiguiente, tomen medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a ese cliente cuando este sea una ONG, cuando uno de los empleados del citado cliente sea un nacional de un tercer país con un alto riesgo de corrupción, o cuando el socio comercial de ese mismo cliente, pero no el propio cliente, esté vinculado a tal tercer país.
Con carácter preliminar, debe señalarse que la Directiva 2015/849 tiene como objetivo principal, como se desprende de su título y de su artículo 1, apartados 1 y 2, la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo [véase, por analogía, en lo que concierne a la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (
DO 2005, L 309, p. 15
), sentencia de 2 de septiembre de 2021, LG y MH (Autoblanqueo),
C‑790/19
,
EU:C:2021:661
, apartado
y jurisprudencia citada; véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, ECOTEX BULGARIA,
C‑544/19
,
EU:C:2021:803
, apartado
].
Las disposiciones de la Directiva 2015/849, que poseen un carácter preventivo, pretenden establecer —tomando en consideración los riesgos— un conjunto de medidas preventivas y disuasorias para luchar eficazmente contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo [véase, por analogía, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, LG y MH (Autoblanqueo),
C‑790/19
,
EU:C:2021:661
, apartado
y jurisprudencia citada], a fin de evitar, como resulta del considerando 1 de dicha Directiva, que flujos de dinero ilícito puedan dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero de la Unión y poner en peligro su mercado interior y el desarrollo internacional.
Como señaló el Abogado General en el punto 33 de sus conclusiones, y como se desprende de los artículos 6 a 8 de la Directiva 2015/849, el planteamiento basado en el riesgo presupone una evaluación de tales riesgos que, en el marco del sistema establecido por dicha Directiva, se realiza en tres niveles, a saber, en primer lugar, a nivel de la Unión, por la Comisión, a continuación, a nivel de cada Estado miembro y, por último, a nivel de las entidades obligadas. Como se desprende del considerando 30 de dicha Directiva, esta evaluación de riesgos condiciona, en particular, la adopción por esas entidades de medidas adecuadas de diligencia debida con respecto al cliente en cuestión. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en defecto de esta apreciación, no es posible que el Estado miembro de que se trate o, en su caso, las citadas entidades decidan en cada caso qué medidas aplicar (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, Safe Interenvíos,
C‑235/14
,
EU:C:2016:154
, apartado
).
A este respecto, la Directiva 2015/849 establece, en las secciones 1 a 3 de su capítulo II, titulado «Diligencia debida con respecto al cliente», tres tipos de medidas de diligencia debida, a saber, medidas normales, medidas simplificadas y medidas reforzadas. Como resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, estas medidas pretenden evitar o, al menos, obstaculizar en la medida de lo posible el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, mediante el establecimiento de barreras en todas las fases por las que puedan pasar dichas actividades, frente a los blanqueadores de capitales y a quienes financian el terrorismo [véase, por analogía, la sentencia de 2 de septiembre de 2021, LG y MH (Autoblanqueo),
C‑790/19
,
EU:C:2021:661
, apartado
y jurisprudencia citada].
Por lo que se refiere a las medidas reforzadas de diligencia debida, que son las únicas de que se trata en el marco de las cuestiones prejudiciales primera y tercera planteadas, procede señalar que el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2015/849 menciona determinadas situaciones que presentan un mayor riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en las que los Estados miembros exigen que las entidades obligadas apliquen tales medidas de diligencia debida con respecto al cliente a fin de gestionar y atenuar debidamente esos riesgos. Así pues, tales medidas reforzadas de diligencia debida deben ser aplicadas por esas entidades, en primer término, en los casos a que se refieren los artículos 19 a 24 de dicha Directiva; en segundo término, cuando se trate de personas físicas o entidades jurídicas establecidas en los terceros países identificados por la Comisión como terceros países de alto riesgo, y, en tercer término, en otros casos de mayor riesgo identificados por los Estados miembros o las entidades obligadas.
De ello se deduce que, al margen de las situaciones específicas a que se refieren los artículos 19 a 24 de la Directiva 2015/849 y de las situaciones que impliquen relaciones con personas físicas o entidades jurídicas establecidas en los terceros países identificados por la Comisión como terceros países de alto riesgo, a que se refiere el artículo 18 de dicha Directiva, la aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida presupone, de conformidad con el enfoque basado en el riesgo, la identificación previa, por parte del Estado miembro o la entidad obligada, de mayores riesgos de blanqueo y de financiación del terrorismo. Por consiguiente, al margen de estas situaciones específicas, la asignación de un mayor nivel de riesgo a un cliente y, en consecuencia, la adopción de medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a este no son automáticas.
En el presente asunto, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que las relaciones comerciales establecidas por Rodl & Partner con la fundación IT izglītības fonds y RBA Consulting, respectivamente, no están comprendidas en los artículos 19 a 24 de la Directiva 2015/849. Además, la Federación de Rusia no figura entre los terceros países de alto riesgo identificados por la Comisión en el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo identificando los terceros países de alto riesgo con deficiencias estratégicas (
DO 2016, L 254, p. 1
).
De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 18, apartados 1 y 3, de la Directiva 2015/849, en relación con el anexo III, punto 3, letra b), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no exige que las entidades obligadas atribuyan automáticamente un alto nivel de riesgo a un cliente ni que, por consiguiente, tomen medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a ese cliente por el mero hecho de que este sea una ONG, que uno de los empleados del citado cliente sea nacional de un tercer país con un alto riesgo de corrupción o que un socio comercial de ese mismo cliente, pero no el propio cliente, esté vinculado a tal tercer país.
Dicho esto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, con arreglo al artículo 5 de la Directiva 2015/849, un Estado miembro puede adoptar disposiciones más estrictas con el fin de prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en caso de que, a juicio de ese Estado miembro, existan los factores de riesgo mencionados en el apartado anterior de la presente sentencia. No obstante, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si esta posibilidad puede justificar la decisión adoptada por el VID, en el caso de autos, con respecto a Rodl & Partner.
En estas circunstancias, procede determinar si las disposiciones de la Directiva 2015/849 se oponen a que el Derecho de un Estado miembro exija a la entidad obligada que tenga en cuenta tales factores de riesgo al evaluar la necesidad de adoptar medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a un cliente.
En este sentido, procede considerar que relaciones comerciales como las establecidas por Rodl & Partner con la fundación IT izglītības fonds y RBA Consulting pueden estar comprendidas en los «otros casos de mayor riesgo identificados por los Estados miembros o las entidades obligadas», a los que se refiere el artículo 18, apartado 1, de la Directiva 2015/849.
Para identificar estos «otros casos de mayor riesgo», de la lectura conjunta de los apartados 1 y 3 de dicho artículo 18 se desprende que los Estados miembros y las entidades obligadas deben, en el marco de la evaluación de los riesgos que les incumbe efectuar, tener en cuenta, como mínimo, los factores y tipos de datos para la identificación de situaciones potencialmente de mayor riesgo enunciados en el anexo III de dicha Directiva. Pues bien, en la lista no exhaustiva de los factores y tipos de datos para la identificación de tal riesgo, contenida en ese anexo, figuran, en particular, los factores de riesgo en función del cliente, los factores de riesgo vinculados a las transacciones o incluso los factores en función del área geográfica.
Así, tanto del tenor del artículo 18, apartados 1 y 3, de la Directiva 2015/849 como del carácter no exhaustivo de la lista que figura en su anexo III se desprende que los Estados miembros disponen, en el marco de la transposición de dicha Directiva, de un amplio margen de apreciación en cuanto a la manera adecuada de ejecutar la obligación de establecer medidas reforzadas de diligencia debida y de determinar tanto las situaciones en las que existe ese riesgo más elevado como las medidas de diligencia debida (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, Safe Interenvíos,
C‑235/14
,
EU:C:2016:154
, apartado
).
En este contexto, procede recordar, en primer lugar, que la Directiva 2015/849 solo lleva a cabo una armonización mínima, ya que su artículo 5 autoriza a los Estados miembros a adoptar o mantener disposiciones más estrictas, siempre que esas disposiciones tengan por objeto reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dentro de los límites establecidos por el Derecho de la Unión.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha precisado que la expresión «disposiciones más estrictas» a que alude el artículo 5 puede referirse no solo a situaciones para las que la Directiva 2015/849 prevé un determinado tipo de diligencia debida con respecto al cliente, sino también a otras situaciones que a juicio de los Estados miembros presenten un mayor riesgo (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, Safe Interenvíos,
C‑235/14
,
EU:C:2016:154
, apartado
). En efecto, puesto que el citado artículo 5 figura en la sección 1, titulada «Objeto, ámbito de aplicación y definiciones», del capítulo I, con el epígrafe «Disposiciones generales», de la Directiva 2015/849, dicho artículo se aplica a todas las disposiciones comprendidas en el ámbito regulado por esta Directiva, incluidas las que figuran en la sección 3, titulada «Medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente», del capítulo II de la mencionada Directiva.
Ahora bien, de la lectura conjunta de los artículos 5 y 18, apartados 1 y 3, de la Directiva 2015/849 resulta que los Estados miembros pueden, en particular, identificar otras situaciones que presenten un riesgo más elevado en el marco del margen de apreciación que les deja el artículo 18 (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, Safe Interenvíos,
C‑235/14
,
EU:C:2016:154
, apartado
).
En segundo lugar, en la medida en que el artículo 5 de la Directiva 2015/849 precisa que los Estados miembros están obligados a actuar «dentro de los límites establecidos por el Derecho de la Unión», estos deben, en el marco del margen de apreciación que les reconoce el artículo 18 de dicha Directiva, respetar, en particular, los principios generales del Derecho de la Unión, tales como los principios de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad y no discriminación (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, Safe Interenvíos,
C‑235/14
,
EU:C:2016:154
, apartado
).
Por otra parte, procede señalar, en este contexto, que del considerando 66 de la Directiva 2015/849 se desprende que, de conformidad con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que prohíbe toda discriminación por cualquier motivo, los Estados miembros deben velar por que dicha Directiva se aplique sin discriminación en lo que respecta a las evaluaciones de riesgos efectuadas en el marco de las obligaciones de diligencia debida con respecto al cliente.
En este sentido, en primer lugar, como señaló, en esencia, el Abogado General en los puntos 55 y 56 de sus conclusiones, teniendo en cuenta el carácter dinámico tanto de las relaciones económicas como de las actividades criminales, el Derecho de la Unión, en particular los principios de legalidad y de seguridad jurídica, no se opone a que las leyes nacionales no determinen exhaustivamente todos los posibles factores de mayor riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, siempre que tales factores se precisen posteriormente en actos que no han de tener necesariamente rango de ley, pero que han de gozar de la adecuada publicación.
En segundo lugar, los factores de mayor riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo deben, por una parte, no ir más allá de lo necesario para responder al objetivo de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y, por otra parte, no dar lugar a discriminaciones.
En tercer lugar, del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2015/849 se desprende que los Estados miembros están expuestos, debido a las situaciones que les son propias, a riesgos diferentes de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Por ello, corresponde a cada Estado miembro determinar el nivel de protección que considere oportuno en relación con el nivel de riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo que haya identificado (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, Safe Interenvíos,
C‑235/14
,
EU:C:2016:154
, apartado
).
En el caso de autos, por lo que respecta al factor potencial de riesgo vinculado a la forma jurídica del cliente, de la resolución de remisión se desprende que el artículo 6, apartado 1.
, de la Ley de Prevención dispone que, entre las circunstancias que debe tener en cuenta la entidad obligada al evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo en el caso de un cliente figura «el riesgo inherente a la forma jurídica» del cliente. Además, el Gobierno letón indicó en sus observaciones escritas que un informe publicado en 2019 por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales había puesto de manifiesto que las ONG son especialmente vulnerables al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo, dado que el 94 % de las ONG inscritas en el Registro letón de empresas no han indicado su ámbito de actividad o han indicado pertenecer a la categoría denominada «asociación o fundación no clasificada en otro lugar», de lo que cabe deducir que la forma jurídica de la ONG debe considerarse un factor potencial de alto riesgo en el marco de la evaluación de riesgos.
En lo que concierne al factor potencial de riesgo derivado de la existencia de un vínculo entre el cliente de una entidad obligada y la Federación de Rusia, como subrayó el Gobierno letón en sus observaciones escritas y en la vista, de un informe nacional publicado en el sitio web del VID y de las directrices publicadas se desprende que, debido a su proximidad geográfica con ese tercer país y a las importantes relaciones económicas que mantiene con este, Letonia está expuesta, en la práctica, al riesgo de que su economía sea utilizada para el blanqueo de capitales procedentes del referido tercer país, siendo considerado este por Transparency Internacional como país con un alto riesgo de corrupción.
En este contexto, es preciso recordar que, con arreglo al anexo III, punto 3, letra b), de la Directiva 2015/849, entre los factores geográficos para la identificación de un potencial mayor riesgo figura el hecho de que el país de que se trate tenga, según fuentes dignas de crédito, niveles significativos de corrupción u otras actividades delictivas.
Por lo tanto, sin perjuicio de las comprobaciones que incumbe realizar al órgano jurisdiccional remitente, único competente para interpretar y aplicar el Derecho nacional, la forma jurídica de una ONG y la existencia de un vínculo entre el cliente de una entidad obligada y la Federación de Rusia parecen considerarse, en Derecho letón, factores de mayor riesgo potencial, que dicha entidad ha de tener en cuenta en el análisis del riesgo que debe realizar con respecto al cliente. En su caso, corresponderá a dicho órgano jurisdiccional comprobar si Rodl & Partner tomó en consideración esos factores en el marco de la evaluación de los riesgos de los clientes en cuestión.
Además, es preciso señalar, de entrada, que el anexo III, punto 3, letra b), de la Directiva 2015/849 no distingue según que el factor de riesgo en función del área geográfica a que se refiere afecte al cliente o a los socios comerciales de este. A continuación, de la lectura conjunta de los artículos 8, apartado 1, y 18, apartado 2, y del anexo III de dicha Directiva se desprende que, en el marco de la evaluación de los riesgos que les corresponde efectuar, las entidades obligadas deben tener en cuenta, en particular, los factores de riesgo relativos a las transacciones de sus clientes. Por último, estas disposiciones precisan que puede considerarse que implican un riesgo potencialmente elevado todas las transacciones complejas cuyo importe sea inusitadamente elevado y todas las transacciones que no sigan las pautas habituales, cuando su finalidad económica o lícita no resulte aparente.
Así pues, la circunstancia de que el cliente de una entidad obligada realice operaciones que implican vínculos con un tercer país que presenta un alto riesgo de corrupción puede considerarse, con arreglo a la Directiva 2015/849, un factor para la identificación de un riesgo geográfico potencialmente mayor. Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar si el ordenamiento jurídico letón prevé tal factor de riesgo y, en caso afirmativo, si Rodl & Partner debería haber tenido en cuenta esta circunstancia al evaluar los riesgos vinculados a RBA Consulting.
Por consiguiente, habida cuenta del margen de apreciación que la Directiva 2015/849 reconoce a los Estados miembros, la forma jurídica de una ONG o la existencia de un vínculo entre el cliente de una entidad obligada y la Federación de Rusia o de transacciones comerciales que dicho cliente efectúa con un socio comercial vinculado a ese tercer país pueden constituir, en su caso, dentro de los límites del Derecho de la Unión recordados en el apartado 49 de la presente sentencia y, en particular, de los principios de proporcionalidad y de no discriminación, factores para la identificación de situaciones potencialmente de mayor riesgo.
Sin embargo, como señaló el Abogado General en el punto 86 de sus conclusiones, el mero hecho de que un empleado del cliente que no sea el beneficiario efectivo de este y que no disponga de una función en el seno de dicho cliente que le permita ejercer actividades potencialmente relacionadas con actividades de blanqueo de capitales tenga la nacionalidad de un tercer país con un alto riesgo de corrupción no parece constituir una situación que presente un riesgo potencialmente mayor de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo.
Del mismo modo, el principio de proporcionalidad exige que solo las operaciones comerciales de cierta importancia o complejidad o que sean inusuales, concluidas por el cliente de la entidad obligada con un socio comercial establecido en un tercer país con un alto riesgo de corrupción, puedan considerarse factores para la identificación de un riesgo geográfico potencialmente mayor que las entidades obligadas han de tener en cuenta en el marco de su evaluación de los riesgos que deben realizar respecto del cliente.
En estas circunstancias, el artículo 18, apartados 1 y 3, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 5 y el anexo III de esta, no se opone a que un Estado miembro identifique otros factores potencialmente de mayor riesgo que las entidades obligadas deban tener en cuenta en el marco de la evaluación de los riesgos que han de realizar respecto del cliente, factores de riesgo que pueden estar relacionados con la forma jurídica de un cliente, como la de una ONG, tomando en consideración el principio del pleno respeto de los derechos fundamentales a que se refiere el considerando 43 de la Directiva 2015/849, o con el vínculo que mantenga el cliente o el socio comercial de este con un tercer país que presente un alto riesgo corrupción, siempre que estos factores estén previstos en el ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro, hayan sido objeto de una publicación adecuada y sean conformes con el Derecho de la Unión y, en particular con los principios de proporcionalidad y no discriminación.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y tercera que el artículo 18, apartados 1 y 3, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 5 y el anexo III, punto 3, letra b), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no exige que las entidades obligadas atribuyan automáticamente un alto nivel de riesgo a un cliente ni que, por consiguiente, tomen medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a ese cliente, por el mero hecho de que este sea una ONG, que uno de los empleados del citado cliente sea nacional de un tercer país con un alto riesgo de corrupción o que un socio comercial de ese mismo cliente, pero no el propio cliente, esté vinculado a tal tercer país. No obstante, un Estado miembro puede identificar en su Derecho nacional tales circunstancias como factores para la identificación de un riesgo potencialmente mayor de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que las entidades obligadas han tener en cuenta en el marco de la evaluación de los riesgos que deben llevar a cabo con respecto a sus clientes, siempre que dichos factores sean conformes con el Derecho de la Unión y, en particular, con los principios de proporcionalidad y de no discriminación.
Segunda cuestión prejudicial
La segunda cuestión prejudicial fue planteada para el supuesto de que la primera cuestión prejudicial recibiera una respuesta afirmativa. Por lo tanto, habida cuenta de la respuesta negativa que se le ha dado, no procede responder a esta segunda cuestión prejudicial.
Cuarta cuestión prejudicial
Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 13, apartado 1, letras c) y d), de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que exige a la entidad obligada, cuando adopta medidas de diligencia debida con respecto al cliente, que obtenga del cliente en cuestión una copia del contrato celebrado entre ese cliente y un tercero.
Según reiterada jurisprudencia, para dar una respuesta adecuada al órgano jurisdiccional que le plantea una cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas del Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión (sentencia de 24 de febrero de 2022, Glavna direktsia Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto,
C‑262/20
,
EU:C:2022:117
, apartado
y jurisprudencia citada).
El artículo 11 de la Directiva 2015/849, que figura en la sección 1, titulada «Disposiciones generales», del capítulo II de dicha Directiva, enuncia las situaciones en las que las entidades obligadas tienen que aplicar medidas normales de diligencia debida con respecto al cliente, porque se considera que esas situaciones presentan riesgos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2016, Safe Interenvíos,
C‑235/14
,
EU:C:2016:154
, apartado
). Por lo tanto, las entidades obligadas deben aplicar estas medidas siempre que identifiquen, en su evaluación de los riesgos vinculados a un cliente, un nivel de riesgo normal.
En cuanto a las medidas de diligencia debida propiamente dichas que las entidades obligadas han de aplicar, el artículo 13, apartado 1, de la citada Directiva menciona algunas, entre las que figuran la evaluación y, en su caso, la obtención de información sobre el propósito y la índole prevista de la relación de negocios [letra c)], o la aplicación de medidas de seguimiento continuo de la relación de negocios, en particular mediante el escrutinio de las transacciones efectuadas a lo largo de dicha relación, a fin de garantizar que se ajusten al conocimiento que la entidad obligada tenga del cliente y de su perfil empresarial y de riesgo, incluido, cuando sea necesario, el origen de los fondos, y la adopción de medidas para garantizar que los documentos, datos o informaciones de que se disponga estén actualizados [letra d)].
Además, con arreglo a la Directiva 2015/849, dichas entidades están obligadas a cumplir determinados requisitos de prueba y documentación para con las autoridades nacionales competentes en lo que atañe tanto a la evaluación de los riesgos que realizan con respecto a sus clientes como a la adecuación de las medidas de diligencia debida aplicadas a esos clientes en relación con el nivel de riesgo identificado.
En efecto, para empezar, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2015/849 precisa que las evaluaciones de riesgos que incumbe realizar a las entidades obligadas deberán estar documentadas, mantenerse actualizadas y ponerse a disposición de las autoridades competentes y de los organismos autorreguladores que corresponda. A este respecto, el considerando 22 de dicha Directiva señala que el planteamiento basado en el riesgo no constituye una opción excesivamente permisiva para los Estados miembros y las entidades obligadas, sino que implica tomar decisiones basadas en hechos para centrarse mejor en los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a que se enfrenta la Unión y en quienes operan en ella.
A continuación, el artículo 13, apartado 4, de la Directiva 2015/849 establece que las entidades obligadas deberán poder demostrar a las autoridades competentes y a los organismos autorreguladores que las medidas de diligencia debida que aplican son adecuadas en vista de los riesgos detectados de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Por último, el artículo 40, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva, que figura en el capítulo V de esta, titulado «Protección de datos, registro, conservación de documentos y datos estadísticos», exige a las entidades obligadas conservar una copia de los documentos y datos necesarios para cumplir los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente establecidos en el capítulo II de dicha Directiva, durante un período de cinco años desde que hayan finalizado las relaciones de negocios con su cliente.
De las disposiciones citadas en los apartados 71 y 72 de la presente sentencia se desprende que, cuando, en el marco de una evaluación de riesgos, la entidad obligada detecta un riesgo potencialmente mayor debido a una operación compleja cuyo importe sea inusitadamente elevado o que no tenga una finalidad económica o lícita aparente, que su cliente haya concluido con un socio comercial vinculado a un tercer país con un alto riesgo de corrupción, incumbe a esa entidad, en el control efectuado por la autoridad nacional competente, aportar a dicha autoridad una documentación adecuada que demuestre que analizó esa operación y que la tuvo debidamente en cuenta para sacar sus conclusiones en cuanto al nivel de riesgo de ese cliente.
Dicho esto, como señaló el Abogado General en el punto 107 de sus conclusiones, las disposiciones citadas en los apartados 71 a 73 de la presente sentencia no precisan la forma en que las entidades obligadas pueden cumplir con los requisitos de prueba y documentación para con las autoridades nacionales competentes. Por lo tanto, estas formas se rigen por el Derecho nacional, sin perjuicio del respeto del Derecho de la Unión y, en particular, del principio de proporcionalidad, del secreto comercial y de la protección de los datos personales.
Así, como indicó la Comisión en sus observaciones escritas, la obligación de prueba y de documentación impuesta a las entidades obligadas no implica necesariamente la presentación física de la copia de un contrato, siempre que existan otros medios adecuados de prueba, como la aportación de informes de evaluación del contrato que contengan la información necesaria para evaluar el riesgo asociado a la transacción y a la relación comercial de que se trate.
En el caso de autos, como se ha indicado en el apartado 21 de la presente sentencia, Rodl & Partner no facilitó al VID la copia del contrato celebrado entre RBA Consulting y una tercera sociedad perteneciente mayoritariamente a una sociedad establecida en la Federación de Rusia, limitándose la entidad obligada a explicar que había podido tener conocimiento del original de dicho contrato en los locales de RBA Consulting. Además, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia no se desprende que Rodl & Partner haya demostrado, o ni siquiera alegado, que hubiera proporcionado al VID pruebas adecuadas relativas a la evaluación de los riesgos asociados a dicha relación comercial y a las transacciones celebradas en el contexto de esa relación, o a medidas de diligencia debida adoptadas a este respecto.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 13, apartado 1, letras c) y d), de la Directiva 2015/849, en relación con los artículos 8, apartado 2, 13, apartado 4, y 40, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no exige que la entidad obligada, cuando adopta medidas de diligencia debida con respecto al cliente, obtenga del cliente en cuestión una copia del contrato celebrado entre ese cliente y un tercero, siempre que dicha entidad pueda proporcionar a la autoridad nacional competente otros documentos adecuados que demuestren, por un lado, que analizó la transacción celebrada y la relación comercial existente entre ese cliente y el tercero y, por otro lado, que las tuvo debidamente en cuenta para tomar medidas de diligencia debida necesarias a la vista de los riesgos detectados de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Quinta cuestión prejudicial
Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que la entidad obligada tiene que aplicar medidas de diligencia debida con respecto a los clientes existentes, incluso cuando no se haya podido detectar ningún cambio en la situación de dicho cliente y no haya todavía expirado el plazo establecido por el Derecho nacional para proceder a una nueva evaluación del riesgo. Además, ese órgano jurisdiccional pregunta si dicha obligación se aplica únicamente respecto de los clientes que presenten un alto riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
En caso de respuesta afirmativa a estas cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si tal interpretación es conforme con el principio de proporcionalidad.
Según reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición de Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [sentencia de 2 de septiembre de 2021, LG y MH (Autoblanqueo),
C‑790/19
,
EU:C:2021:661
, apartado
y jurisprudencia citada].
Por lo que respecta al tenor del artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849, esta disposición exige que las entidades obligadas apliquen medidas de diligencia debida con respecto al cliente no solo a todos los nuevos clientes, sino también, en el momento oportuno, a los clientes existentes en función de un análisis del riesgo, en particular cuando cambien las circunstancias pertinentes de un cliente.
Así pues, del propio tenor de esta disposición se desprende que las entidades obligadas deben aplicar, sobre la base de un enfoque basado en los riesgos, medidas de diligencia debida no solo con respecto a los nuevos clientes, sino también, cuando el momento resulte apropiado, con respecto a los clientes existentes. La citada disposición precisa que uno de esos posibles momentos apropiados es aquel en el que cambien las circunstancias pertinentes del cliente de que se trate. Además, esta misma disposición no limita esa obligación que incumbe a las entidades obligadas únicamente a los clientes a los que se haya atribuido un alto nivel de riesgo.
A este respecto, procede recordar que, a tenor del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2015/849, las entidades obligadas deberán, en particular, mantener actualizadas las evaluaciones de los riesgos de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo a las que estén expuestas.
De lo anterior se desprende que el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 8, apartado 2, de esta, exige a la entidad obligada que adopte, sobre la base de una evaluación del riesgo actualizada, medidas de diligencia debida, en su caso reforzadas, con respecto a un cliente existente cuando ello resulte adecuado, en particular cuando se produzca un cambio en las circunstancias pertinentes del cliente.
Esta interpretación se ve confirmada por la estructura general en la que se inscribe el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849.
A este respecto, esta disposición figura en la sección 1, titulada «Disposiciones generales», del capítulo II de dicha Directiva, relativo a la diligencia debida con respecto al cliente. De ello se deduce que la obligación que incumbe a las entidades obligadas con arreglo a dicha disposición se aplica a todos los clientes, con independencia del nivel de riesgo que se les haya atribuido.
Además, del tenor del artículo 13, apartado 1, letra d), de la Directiva 2015/849 resulta que las entidades obligadas han de aplicar medidas de seguimiento continuo sobre sus clientes y sobre las transacciones efectuadas por estos. De ello se deduce que, como señaló el Abogado General en el punto 119 de sus conclusiones, en caso de que una entidad obligada tenga conocimiento de elementos pertinentes relativos a uno de sus clientes existentes, como las transacciones comerciales, que puedan afectar a la evaluación del riesgo realizada con respecto a ese cliente, deberá tenerlos en cuenta y, cuando ello parezca apropiado, revisar el análisis del riesgo y, si procede, el nivel de las medidas de diligencia debida aplicadas a dicho cliente.
Por último, la interpretación del artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849, tal como se recoge en el apartado 85 de la presente sentencia, garantiza la consecución del objetivo principal de esta Directiva, que es, como se ha recordado en el apartado 33 de la presente sentencia, la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En el caso de autos, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si las transacciones efectuadas entre RBA Consulting y una sociedad propiedad en su mayor parte de una sociedad establecida en la Federación de Rusia, de la que no se discute que Rodl & Partner tenía conocimiento, constituían, con arreglo al artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849, circunstancias pertinentes que hacían adecuada, sobre la base de un enfoque basado en los riesgos, la adopción de medidas de diligencia debida, en su caso reforzadas, con respecto a RBA Consulting, con independencia de que el plazo fijado por el Derecho nacional para proceder a una nueva evaluación del riesgo relativo a ese cliente no hubiera expirado aún.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 8, apartado 2, de esta, debe interpretarse en el sentido de que las entidades obligadas han de adoptar, sobre la base de una evaluación de los riesgos actualizada, medidas de diligencia debida, en su caso reforzadas, con respecto a un cliente existente cuando ello resulte adecuado, en particular si se produce un cambio de las circunstancias pertinentes de ese cliente, y ello con independencia de que el plazo máximo fijado por el Derecho nacional para realizar una nueva evaluación del riesgo vinculado a ese cliente no haya expirado aún. Esta obligación no se aplica únicamente a los clientes que presenten un alto riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
Habida cuenta de lo anterior, no es necesario examinar la cuestión subsidiaria planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el marco de esta quinta cuestión prejudicial, enunciada en el apartado 80 de la presente sentencia.
Sexta cuestión prejudicial
Mediante su sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 60, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que, cuando publica una decisión sancionadora adoptada por infracción de las disposiciones nacionales de transposición de dicha Directiva, la autoridad nacional competente tiene la obligación de cerciorarse de que la información publicada es conforme con la contenida en esa decisión.
El Gobierno letón considera que esta cuestión prejudicial es inadmisible.
En efecto, en primer lugar, sostiene que la mencionada cuestión es hipotética en la medida en que el artículo 60, apartado 1, de la Directiva 2015/849, cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional remitente, se refiere a aquella situación en la que se publica una decisión que no ha sido objeto de ningún recurso y no aquella en la que, como en el caso de autos, se publica una decisión que es objeto de recurso, situación a la que se aplica el artículo 60, apartado 2, de dicha Directiva.
En segundo lugar, afirma que el órgano jurisdiccional remitente no ha constatado ninguna inexactitud en la información publicada en el sitio web del VID, de modo que la sexta cuestión prejudicial no guarda relación alguna con los hechos o con el objeto del procedimiento principal y, por tanto, no responde a una necesidad objetiva para la resolución del litigio principal.
A este respecto, por una parte, de la resolución de remisión se desprende que la República de Letonia transpuso en el ordenamiento jurídico nacional el artículo 60, apartado 2, de la Directiva 2015/849 y que, por ello, autoriza la publicación de decisiones que son objeto de recurso. Pues bien, al establecer que las autoridades competentes publicarán «también», inmediatamente, en su sitio web oficial la información de que la decisión de que se trate es objeto de recurso, esta disposición precisa que dichas autoridades deberán publicar esa información además de la que se enumera en el apartado 1 del citado artículo 60, apartado este último que dispone que «la publicación incluirá, como mínimo, información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona responsable». De ello se deduce que el mero hecho de preguntar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación tanto del apartado 1 como del apartado 2 del mencionado artículo 60, que, a la vista de los términos de este último apartado, están vinculados, no hace que la sexta cuestión prejudicial sea hipotética.
Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente considera que, en el momento de la adopción de su resolución de remisión, la publicación, en el sitio web del VID, de la decisión sancionadora adoptada respecto a Rodl & Partner todavía contenía inexactitudes.
De los elementos anteriores resulta que la sexta cuestión prejudicial es admisible.
Por lo que respecta a la publicación, en cuanto a su contenido, de las decisiones objeto de un recurso, es preciso señalar que, conforme a una lectura conjunta de los apartados 1 y 2 del artículo 60 de la Directiva 2015/849, que se han recordado, en esencia, en el apartado 97 de la presente sentencia, solo se publica en el sitio web de la autoridad nacional competente la información contenida en esas decisiones. Por consiguiente, queda excluida de la publicación información que no se ajuste a la contenida en dichas decisiones.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la sexta cuestión prejudicial que el artículo 60, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/849 debe interpretarse en el sentido de que, cuando se publica una decisión sancionadora adoptada por infracción de las disposiciones nacionales de transposición de dicha Directiva, la autoridad nacional competente tiene la obligación de cerciorarse de que la información publicada es exactamente conforme con la contenida en esa decisión.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1)
El artículo 18, apartados 1 y 3, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.
o
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, en relación con el artículo 5 y el anexo III, punto 3, letra b), de dicha Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que
no exige que las entidades obligadas atribuyan automáticamente un alto nivel de riesgo a un cliente ni que, por consiguiente, tomen medidas reforzadas de diligencia debida con respecto a ese cliente, por el mero hecho de que este sea una organización no gubernamental (ONG), que uno de los empleados del citado cliente sea nacional de un tercer país con un alto riesgo de corrupción o que un socio comercial de ese mismo cliente, pero no el propio cliente, esté vinculado a tal tercer país. No obstante, un Estado miembro puede identificar en su Derecho nacional tales circunstancias como factores para la identificación de un riesgo potencialmente mayor de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, que las entidades obligadas han tener en cuenta en el marco de la evaluación de los riesgos que deben llevar a cabo con respecto a sus clientes, siempre que dichos factores sean conformes con el Derecho de la Unión y, en particular, con los principios de proporcionalidad y de no discriminación.

2)
El artículo 13, apartado 1, letras c) y d), de la Directiva 2015/849, en relación con los artículos 8, apartado 2, 13, apartado 4, y 40, apartado 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva,
debe interpretarse en el sentido de que
no exige que la entidad obligada, cuando adopta medidas de diligencia debida con respecto al cliente, obtenga del cliente en cuestión una copia del contrato celebrado entre ese cliente y un tercero, siempre que dicha entidad pueda proporcionar a la autoridad nacional competente otros documentos adecuados que demuestren, por un lado, que analizó la transacción celebrada y la relación comercial existente entre ese cliente y el tercero y, por otro lado, que las tuvo debidamente en cuenta para tomar medidas de diligencia debida necesarias a la vista de los riesgos detectados de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

3)
El artículo 14, apartado 5, de la Directiva 2015/849, en relación con el artículo 8, apartado 2, de esta,
debe interpretarse en el sentido de que
las entidades obligadas han de adoptar, sobre la base de una evaluación de los riesgos actualizada, medidas de diligencia debida, en su caso reforzadas, con respecto a un cliente existente cuando ello resulte adecuado, en particular si se produce un cambio de las circunstancias pertinentes de ese cliente, y ello con independencia de que el plazo máximo fijado por el Derecho nacional para realizar una nueva evaluación del riesgo vinculado a ese cliente no haya expirado aún. Esta obligación no se aplica únicamente a los clientes que presenten un alto riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

4)
El artículo 60, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/849
debe interpretarse en el sentido de que,
cuando se publica una decisión sancionadora adoptada por infracción de las disposiciones nacionales de transposición de dicha Directiva, la autoridad nacional competente tiene la obligación de cerciorarse de que la información publicada es exactamente conforme con la contenida en esa decisión.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: letón.