CELEX: 62019TJ0235
Cláusula compromisoria
Convenios de subvención celebrados en el marco del programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)
Informe de auditoría
Notas de adeudo emitidas por la Comisión
Investigación de la OLAF
Recurso de anulación
Reconvención
Devolución íntegra de las subvenciones
Daños y perjuicios

)
Antecedentes del litigio
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omissis
]
La demandante forma parte de dos consorcios integrados por beneficiarios de dos convenios de subvención celebrados en el marco de un programa de apoyo a la política en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) previsto por el Programa Marco para la innovación y la competitividad (2007‑2013), establecido por la Decisión 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006 (
DO 2006, L 310, p. 15
; en lo sucesivo, «Programa Marco IC»).
El primer convenio, con el número 225023, fue celebrado el 10 de octubre de 2008 entre la Comunidad Europea, representada por la Comisión Europea, y Tesan Televita Srl, en calidad de coordinadora del proyecto «ElDeRly-friEndly Alarm handling and MonitorING (Dreaming)» (en lo sucesivo, respectivamente, «convenio Dreaming» y «proyecto Dreaming»). El segundo convenio, con el número 250449, fue celebrado el 31 de mayo de 2010, entre la Comunidad, representada por la Comisión, y Digipolis SCRL, en calidad de coordinadora del proyecto «HOME SWEET HOME: Health monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at HOME» («en lo sucesivo, respectivamente, «convenio HOME SWEET HOME» y «proyecto HOME SWEET HOME»).
Los proyectos Dreaming y HOME SWEET HOME tenían por objetivo que las personas mayores con pérdida de autonomía pudiesen residir en sus hogares gracias a la combinación de aparatos y sistemas tecnológicos, tales como un teléfono móvil adaptado y un sistema de videoconferencia fácil de utilizar, conectados a centros de asistencia sociomédica.
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omissis
]
En el marco de la ejecución de estos dos proyectos, la Comisión solicitó una auditoría a una empresa especializada, PKF Littlejohn LLP, la cual se llevó a cabo entre el 18 de abril de 2014 y el 27 de mayo de 2015.
Entre tanto, el 30 de abril de 2015, la OLAF inició una investigación relativa, en particular, a supuestos actos fraudulentos cometidos por la demandante al ejecutar los convenios controvertidos.
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omissis
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Mediante escrito previo de información de 20 de septiembre de 2018, la Comisión informó de que, para aplicar las conclusiones del informe de auditoría, era necesario proceder a la recuperación de 94445 euros del proyecto Dreaming y 121517 euros del proyecto HOME SWEET HOME, correspondientes a costes no subvencionables, en la medida en que estos habían sido financiados por la Comisión, que se los había abonado a la demandante. La Comisión instó a la demandante a que expusiese su postura en un plazo de 30 días contados a partir de la recepción de dicho escrito, a falta de lo cual emitiría las correspondientes notas de adeudo al objeto de iniciar el procedimiento de recuperación de los citados importes.
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omissis
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El informe de la OLAF se completó el 13 de noviembre de 2018. En las conclusiones de dicho informe, la OLAF señaló, en esencia, que la demandante había cometido varias irregularidades entre los años 2008 y 2014, concretamente en el contexto de los proyectos Dreaming y HOME SWEET HOME. Se detectaron tres tipos de irregularidades. El primero consiste, en esencia, en un conflicto de intereses concerniente a la demandante, en la medida en que, según se alegaba, había influido en sus socios de consorcio responsables de la ejecución de tales proyectos (en lo sucesivo, «socios de consorcio») para que eligiesen como proveedor a una sociedad vinculada a la demandante y había percibido comisiones por las ventas realizadas por dicho proveedor. El segundo tipo de irregularidad mencionado en el informe acusaba a la demandante de inflar los gastos de personal. El tercero concierne, en esencia, al sobreprecio que se alegaba que se había cobrado por ciertos productos necesarios para ejecutar los proyectos en cuestión.
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omissis
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El 4 de febrero de 2019, la Comisión notificó a la demandante dos notas de adeudo por las que solicitaba la devolución de la parte de la ayuda financiera de la Unión considerada injustificada en cuanto atañe al proyecto Dreaming y al proyecto HOME SWEET HOME, esto es, respectivamente, la nota de adeudo n.
o
3241901815, por un importe de 94445 euros, y la nota de adeudo n.
o
3241901886, por un importe de 121517 euros. En ambas notas de adeudo, la Comisión fijó como fecha límite de pago el 18 de marzo de 2019.
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 4 de abril de 2019, la demandante interpuso el presente recurso.
El 12 de julio de 2019, la Comisión presentó en la Secretaría del Tribunal el escrito de contestación, que contenía una reconvención.
La demandante presentó su escrito de réplica el 5 de septiembre de 2019.
El 7 de noviembre de 2019, la demandante presentó un escrito complementario que incluía una nueva pretensión por la que solicitaba que se ordenase a la Comisión suprimir el nombre de la demandante del sistema de detección precoz y exclusión (EDES).
El 6 de enero de 2020, la Comisión presentó el escrito de dúplica, que recogía sus observaciones sobre el escrito complementario de la demandante.
En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento acordadas el 9 de junio y el 4 de agosto de 2020 de conformidad con el artículo 89, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, el Tribunal formuló ciertas preguntas a las partes, que respondieron en el plazo previsto a tal efecto.
A raíz del impedimento de un miembro de la Sala Décima, el Presidente del Tribunal designó, el 10 de agosto de 2020, a otro Juez para completar dicha Sala, con arreglo al artículo 17, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.
Al no haber solicitado las partes la celebración de vista oral dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita, el Tribunal, estimándose suficientemente informado por los documentos que obran en autos, decidió, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, resolver el recurso sin fase oral.
La demandante solicita al Tribunal que:
–
Declare que la parte demandante no adeuda las notas de adeudo n.
o
3241901815 y n.
o
3241901886, emitidas el 4 de febrero de 2019.
–
En la medida en que sea necesario, declare la nulidad de dichas notas de adeudo.
–
Ordene a la Comisión suprimir su nombre de la base de datos del EDES.
–
Declare la inadmisibilidad de la reconvención o, con carácter subsidiario, la desestime por infundada.
–
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–
Desestime por infundada la pretensión principal de la demandante, por la que solicita que se declare la inexistencia de los derechos de crédito.
–
Declare la inadmisibilidad de la pretensión complementaria de la demandante, por la que solicita que se declare la nulidad de las notas de adeudo n.
o
3241901815 y n.
o
3241901886, emitidas el 4 de febrero de 2019.
–
Declare la inadmisibilidad de la pretensión de la demandante formulada en su escrito complementario de 7 de noviembre de 2019, por la que solicita que se suprima su nombre de la base de datos del EDES.
–
Declare que los incumplimientos contractuales imputados a la demandante en la reconvención constituyen irregularidades.
–
Condene a la demandante a devolverle íntegramente las subvenciones percibidas, por importe de 230348 euros, del proyecto Dreaming, y 282451 euros, del proyecto HOME SWEET HOME.
–
Condene a la demandante al pago de una indemnización por daños y perjuicios de 58876,50 euros.
–
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre la competencia del Tribunal y la admisibilidad del recurso y de la reconvención
Sobre la competencia del Tribunal
Es preciso señalar que el Tribunal es competente para conocer del presente recurso, presentado al amparo del artículo 272 TFUE, en virtud de la cláusula compromisoria que se incluye en el artículo 10, párrafo tercero, de ambos convenios controvertidos, por la que se atribuye al Tribunal competencia sobre todos los litigios relativos a la interpretación, la ejecución o la validez de tales convenios.
El Tribunal también es competente, en virtud de ese mismo título, para conocer de la reconvención propuesta por la Comisión. En efecto, según la jurisprudencia, la competencia del Tribunal, en la fecha de interposición del recurso, para conocer de un recurso interpuesto sobre la base de una cláusula compromisoria implica necesariamente la competencia para conocer de una reconvención propuesta por una institución en el marco de ese mismo recurso que deriva de la relación contractual o del hecho en el que se basa la demanda principal o tiene una relación directa con las obligaciones que dimanan de la misma (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2014, Isotis/Comisión,
T‑59/11
,
EU:T:2014:679
, apartado
y jurisprudencia citada). Pues bien, al igual que el recurso interpuesto por la demandante, la reconvención propuesta por la Comisión se deriva del vínculo contractual que existe entre las partes en virtud de los convenios controvertidos. Además, la reconvención tiene por objeto la devolución íntegra de los importes satisfechos a la demandante con arreglo a los convenios controvertidos, de modo que la Comisión recupere la cuantía de las notas de adeudo sobre las que versa el recurso interpuesto por la demandante.
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omissis
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Sobre el fondo
Sobre la reconvención
En primer término, es preciso examinar la reconvención, dado que tiene por objeto la devolución íntegra de los importes satisfechos a la demandante en virtud de los convenios controvertidos, de modo que la Comisión recupere la cuantía de las notas de adeudo sobre las que versa el recurso interpuesto por la demandante.
La reconvención tiene por finalidad que se condene a la demandante al pago de 571675,5 euros en virtud de los convenios controvertidos. Esta pretensión se basa en las conclusiones del informe de la OLAF.
En cuanto a dicho informe, la Comisión alega que se detectaron irregularidades relacionadas con la demandante en el marco de la ejecución de los proyectos Dreaming y HOME SWEET HOME. La Comisión hace hincapié en las dos irregularidades que considera más flagrantes, a saber, por un lado, la existencia de un conflicto de intereses y, por otro lado, el sobreprecio de los equipos y el cobro de comisiones de venta.
En lo tocante a la primera irregularidad alegada, la Comisión señala que la demandante es propietaria del 25 % de las acciones de la sociedad XJ. En este contexto, la Comisión reprocha a la demandante haber incitado a sus socios de consorcio en el marco de tales proyectos a adquirir de XJ equipos necesarios para ejecutar dichos proyectos. Por otra parte, censura que la demandante no comunicase la existencia de un riesgo de conflicto de intereses ni a la Comisión ni a sus socios de consorcio. Considera, además, que la demandante emitió dos declaraciones falsas sobre la ausencia de conflictos de intereses antes de ser nombrada beneficiaria de subvenciones en el marco de los dos proyectos en cuestión.
Por lo que respecta a la segunda irregularidad, la Comisión alega, en particular, que la demandante cobró de XJ comisiones de venta de entre el 5 % y el 10 % como contraprestación por las ventas de equipos realizadas, por intermediación de la demandante, a sus socios de consorcio en el marco de tales proyectos. Asimismo, aduce que la demandante contribuyó a aumentar artificialmente el precio de determinados equipos. A este respecto, la Comisión señala que, en el contexto de estos proyectos, estaba prevista la compra del modelo de teléfono móvil Z, por un precio unitario de 1018 euros, y que, sin embargo, posteriormente, este modelo fue sustituido por otro más económico, a saber, el modelo Y, por un precio unitario de 616 euros. La Comisión cita correspondencia de la que, en su opinión, resulta que, en estas circunstancias, la demandante, XJ y una sociedad tercera decidieron aumentar artificialmente el precio de otros equipos previstos para los proyectos en cuestión, al objeto de repartirse la diferencia de costes, de 70350 euros. Alega que, así pues, se incrementó el precio unitario de las consolas, que pasó de 438,5 euros a 577 euros, y el precio unitario del programa informático de videoconferencia, que pasó de 200 euros a 422 euros.
[
omissis
]
Sobre las irregularidades alegadas
La Comisión achaca a la demandante haber incumplido, en particular, sus obligaciones contractuales derivadas del punto II.3, letras g) e i), de las condiciones generales de ambos convenios controvertidos, y haber vulnerado el principio de cumplimiento de buena fe de los contratos previsto por el Derecho belga, aplicable con carácter subsidiario a los convenios controvertidos. A tal fin, alega la existencia de un conflicto de intereses derivado de la participación en el accionariado de un proveedor de determinados equipos, así como de sobreprecios y cobro de comisiones de venta.
[
omissis
]
Conviene recordar, de entrada, que, en el marco de un contrato que incluye una cláusula compromisoria en el sentido del artículo 272 TFUE, incumbe a la parte que presenta a la Comisión declaraciones de costes para la concesión de una ayuda financiera de la Unión probar que dichos costes constituyeron gastos reales que, efectivamente, eran necesarios para la ejecución del proyecto y que se realizaron durante su desarrollo. Ahora bien, en el supuesto de que la Comisión solicite la devolución de un crédito a raíz de una auditoría financiera, le incumbe probar, siempre que el perceptor haya presentado las declaraciones de gastos y otros justificantes pertinentes, que la prestación contractual es defectuosa o que las declaraciones de gastos no son exactas o verosímiles (véase la sentencia de 13 de julio de 2017, Talanton/Comisión,
T‑65/15
, no publicada,
EU:T:2017:491
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, dado que la demandante presentó las declaraciones de gastos y otros justificantes pertinentes, incumbe a la Comisión aportar pruebas concretas de que las prestaciones contractuales de la demandante fueron defectuosas por lo que respecta a las obligaciones que contrajo en el marco de los convenios controvertidos.
Ha de observarse, en primer término, que del punto II.3, letra g), de las condiciones generales de los convenios controvertidos se colige que el riesgo de conflicto de intereses presupone la existencia de intereses económicos convergentes, de afinidades políticas o nacionales, de vínculos familiares o afectivos o de cualquier otro tipo de interés. Estos intereses convergentes, afinidades o vínculos deben constatarse, pues, tras una apreciación concreta del objeto del contrato y de la situación de las partes afectadas (véase, por analogía, la sentencia de 22 de enero de 2019, EKETA/Comisión,
T‑166/17
, no publicada,
EU:T:2019:26
, apartado
y jurisprudencia citada).
En cambio, en la medida en que dicho punto de las condiciones generales se refiere a la existencia de un «riesgo» de conflicto de intereses «que pueda» poner en peligro la ejecución imparcial y objetiva del proyecto, no es preciso demostrar que tal conflicto influye o ha influido en la ejecución del contrato o en sus costes (véase, por analogía, la sentencia de 22 de enero de 2019, EKETA/Comisión,
T‑166/17
, no publicada,
EU:T:2019:26
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, el supuesto conflicto de intereses se basa en dos elementos: por un lado, que la demandante cobrase comisiones por las ventas de XJ y, por el otro, que fuese accionista minoritaria de dicha sociedad.
–
Sobre las alegaciones de conflicto de intereses vinculadas a la participación de la demandante en el accionariado de un proveedor
En primer término, consta que la demandante era propietaria del 25 % de las acciones de XJ y que no se lo comunicó a la Comisión.
Además, la Comisión ha demostrado que las actuaciones concretas de la demandante al ejecutar los dos proyectos en cuestión podían comprometer su ejecución imparcial y objetiva en el sentido del punto II.3, letra g), de las condiciones generales de los convenios controvertidos.
A este respecto, ha de observarse que la elección de los productos y las soluciones ofrecidas por XJ se había tomado antes de la firma del convenio Dreaming, a iniciativa de la demandante, como resulta de la descripción del proyecto que figura en el anexo I de dicho convenio. Como alega la Comisión en el apartado 72 del escrito de contestación, para el proyecto HOME SWEET HOME, en cuanto continuación del proyecto Dreaming, se optó por los mismos productos.
Asimismo, cabe poner de relieve la falta de transparencia de la demandante en cuanto a su vinculación con XJ. Como se señala en los apartados 108 y 109 anteriores, ha quedado acreditado que al menos algunos socios de consorcio no habían sido informados de la naturaleza de tal vinculación. Por otra parte, la demandante omitió informar a la Comisión acerca de sus vínculos con el proveedor de los equipos a los que ya se hacía referencia en la descripción del proyecto Dreaming e incluso llegó a realizar declaraciones falsas sobre la ausencia de conflictos de intereses, como se expone en el apartado 121 anterior.
Por último, la demandante solicitó de manera insistente a sus socios de consorcio que adquiriesen los equipos a XJ afirmando que, en particular, no se comercializaban otros equipos adecuados para ejecutar los proyectos. En efecto, de los intercambios de correos electrónicos que se acompañan en el anexo B.20, concretamente del correo electrónico de 10 de agosto de 2010 que la demandante dirigió a sus socios de consorcio responsables del proyecto HOME SWEET HOME, se deriva que la demandante se esforzó, de forma coordinada con XJ, por llegar a recibir los pedidos de tales socios para la compra de productos de dicha sociedad, en particular enviándoles formularios de pedido preimpresos.
Por consiguiente, cabe concluir que la Comisión ha presentado pruebas concretas de que la demandante se hallaba en una situación de conflicto de intereses que podía comprometer la ejecución imparcial y objetiva de los convenios controvertidos, en contra del punto II.3, letra g), de las condiciones generales de ambos, de conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 124 a 127 anteriores.
Las alegaciones de la demandante no ponen en cuestión esta conclusión.
La demandante aduce, en esencia, que sus vínculos con XJ no provocaron perjuicio alguno en el presupuesto de los proyectos y que, por lo tanto, no incumplió sus obligaciones contractuales por lo que respecta a la existencia de un conflicto de intereses. Alega, en particular, que los equipos proporcionados por XJ eran los únicos productos que permitían ejecutar los proyectos.
Conviene observar que la supuesta idoneidad exclusiva de los equipos de XJ no ha quedado acreditada suficientemente en Derecho habida cuenta, en particular, de que, como resulta del apartado 76 del escrito de contestación de la Comisión y del anexo B.25, en la licitación organizada por XL se presentaron al menos cuatro ofertas de productos competidores del de XJ para el proyecto HOME SWEET HOME. Además, como ha señalado acertadamente la Comisión, la demandante sustituyó el modelo de teléfono inicialmente previsto por otro, lo que indica que al menos algunos aparatos utilizados en el marco de los dos proyectos eran sustituibles. Por otra parte, aun suponiendo que la solución de XJ fuera en efecto la única posible, la demandante no explica la razón por la que dirigió escritos a los socios sociomédicos responsables de la compra de material y les solicitó de forma insistente que siguieran ciertos procedimientos que debían abocar a la compra de productos de dicha sociedad (véase el apartado 133 anterior). En efecto, el hecho de que no existiera una solución técnica competidora con la de XJ debería haber tenido como efecto colocar a esta última en una posición negociadora privilegiada. La injerencia de la demandante en estos procedimientos de compra no responde, pues, a una explicación diferente de la que ha propuesto la Comisión.
En este sentido, los demás argumentos esgrimidos por la demandante tampoco refutan las pruebas concretas que ha aportado la Comisión.
Concretamente, si bien es cierto que la Comisión tenía conocimiento de la intención de adquirir los equipos a XJ antes de otorgar financiación para los proyectos, como alega la demandante, no lo es menos que la Comisión, antes de la investigación de la OLAF, no estaba al corriente de los vínculos entre la demandante y XJ.
Además, tampoco puede prosperar la alegación de la demandante según la cual el hecho de que fuera accionista minoritaria de uno de los proveedores en el marco de los dos proyectos en cuestión no supone un riesgo de conflicto de intereses. En efecto, ser accionista, aunque sea minoritario, del principal proveedor de equipos en el marco de tales proyectos conlleva un riesgo de convergencia de intereses económicos comprendido en lo dispuesto en el punto II.3, letra g), de las condiciones generales de los convenios controvertidos.
En estas circunstancias, ha de observarse que la demandante no ha refutado de manera suficiente las pruebas aportadas por la Comisión en cuanto a que estaba afectada por un conflicto de intereses que podía influir en la ejecución de los proyectos en cuestión y en el importe de las subvenciones a cargo del presupuesto administrado por la Unión, dado que, habida cuenta de la participación de la demandante en el capital de XJ, no ha probado que la adquisición de los equipos comercializados por dicha sociedad fuera la única opción posible y que, en caso de no serlo, la elección se hubiera basado únicamente en la relación calidad-precio de esos productos.
Por lo tanto, habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, resultan acreditadas las alegaciones de la Comisión relativas a que existía un conflicto de intereses no declarado por lo que respecta a la participación de la demandante en el accionariado de un proveedor.
–
Sobre las alegaciones de conflicto de intereses vinculadas al cobro por la demandante de comisiones por las ventas realizadas por un proveedor y por los supuestos sobreprecios
En cuanto atañe, en primer lugar, a las comisiones de venta que supuestamente cobró la demandante, es preciso observar que no se discute que esta última emitió una factura a XJ relativa a una comisión de venta de 45991 euros en el marco del proyecto Dreaming, correspondiente a los años 2008 y 2009. A este respecto, XJ ha confirmado que pagaba comisiones de venta de entre el 5 % y el 10 % por las ventas efectuadas con intervención de la demandante. La Comisión se refiere a un escrito de esta última del que, según alega la institución, se deduce que reconocía haber cobrado comisiones de venta, en particular, por las ventas realizadas en el marco del proyecto Dreaming, y que debería haber declarado tales ingresos.
La Comisión aduce que el hecho de cobrar una comisión de venta constituye un incumplimiento de varias normas aplicables al presente asunto, tales como el punto II.3, letras g) e i), de las condiciones generales de los convenios controvertidos, y un menoscabo del principio de cumplimiento de buena fe de los contratos y, por consiguiente, del artículo 1134 del Código Civil belga. Para la Comisión, las actuaciones en cuestión deben calificarse asimismo de irregularidades en el sentido del punto II.1 de tales condiciones generales.
La demandante replica que el hecho de haber cobrado comisiones de venta en el marco del proyecto Dreaming no infringe ninguna norma legal, administrativa o contractual. En su opinión, se trata de una práctica comercial habitual. En cualquier caso, considera que no ha quedado acreditado que percibir tales comisiones haya causado un incremento de los precios de los productos adquiridos para ejecutar dicho proyecto.
Conviene recordar que el hecho de que la demandante percibiera comisiones de venta se enmarca en el contexto de estar afectada por un conflicto de intereses derivado de sus vínculos con XJ, constatado en los apartados 126 a 140 anteriores. Por un lado, como se ha expuesto en el apartado 137 anterior, la demandante no ha demostrado que la elección de los equipos comercializados por esta sociedad se basase en la relación calidad-precio de los equipos y no solo en sus propios intereses económicos. En este sentido, el cobro de comisiones de venta por la demandante podía, cuando menos, influir en la elección de tales equipos. Por otro lado, el pago por XJ de comisiones de venta a la demandante pudo conllevar un incremento del coste total de los equipos y, por lo tanto, perjudicar a los presupuestos adjudicados a los proyectos en cuestión.
Pues bien, la demandante se limita a alegar que el hecho de que XJ pudiera vender determinados productos gracias a su intervención permitió reducir los precios unitarios. Sin embargo, esta alegación no está basada en ningún elemento de prueba concreto. En particular, no se ha acreditado en absoluto que el cobro de comisiones de venta tuviera un efecto positivo sobre los presupuestos adjudicados a los proyectos en cuestión.
De ello se sigue que la demandante no ha logrado refutar que el cobro de comisiones de venta pudo poner en riesgo la ejecución imparcial y objetiva de los proyectos en cuestión.
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación relativa a los sobreprecios, la Comisión expone que el proyecto Dreaming preveía inicialmente que se instalara en los domicilios de personas mayores el modelo de teléfono móvil Z, que se vendía a un precio unitario de 1018 euros. Expone además que, durante la ejecución del proyecto, este modelo se sustituyó por un modelo de teléfono móvil más económico, a saber, el modelo Y, cuyo precio unitario era de 616 euros.
La Comisión reprocha a la demandante no haber repercutido esta reducción de costes del proyecto, disminuyendo el coste de los equipos tecnológicos de cada uno de los participantes, si bien, en cambio, con la complicidad de XJ y de la sociedad XM, conservó el beneficio resultante de la diferencia de costes, calificado de beneficio inesperado, el cual, según afirma, se repartió a partes iguales entre la demandante y estas dos sociedades. En particular, la Comisión se refiere a este respecto a un correo electrónico de 17 de noviembre de 2008 que XJ dirigió a la demandante y a XM.
A tal fin, según la Comisión, la demandante y las dos sociedades mencionadas aumentaron artificialmente los precios de otros equipos necesarios para ejecutar el proyecto, como afirma que demuestra la tabla incluida en el apartado 90 del escrito de contestación. Así pues, a juicio de la institución, se incrementó, sin motivos objetivos, el precio unitario de las consolas, que pasó de 438,50 euros a 577 euros, y el precio unitario del programa informático de videoconferencia, que pasó de 200 euros a 400 euros.
Para calcular el importe de los supuestos sobreprecios, la Comisión ha tenido en cuenta el número de unidades sobrefacturadas basándose en un análisis de las facturas que constan en el expediente presentado por la Comisión. Alega que los sobreprecios ascienden a 45697,50 por lo que respecta al proyecto Dreaming y a 26064,50 en el caso del proyecto HOME SWEET HOME, lo que asciende a un total de 71762 euros.
Según la demandante, las alegaciones de la Comisión no se adecuan a los hechos, porque, durante la ejecución del proyecto Dreaming, se tuvo conocimiento de que el teléfono Z ya no se comercializaba. Afirma que, por ello, como proveedor de material técnico, XJ propuso utilizar otro producto, a saber, el teléfono Y, cuyo precio de venta era de 616 euros, y que, entre tanto, el coste del resto de equipos aumentó, pero que, en cualquier caso, la operación fue, en términos globales, muy deficitaria para XJ.
Además, la demandante admite que las modificaciones de precios se discutieron con XM, asimismo perceptora de subvenciones en el marco del proyecto Dreaming, y con XJ, en particular, en un correo electrónico de 16 de diciembre de 2008. Alega que, no obstante, las propuestas que se plasman en dicho correo electrónico, según las cuales la bajada de precios de un producto se compensaría con el aumento de precios de otros productos, no se llevaron a cabo y que, por otra parte, el objetivo de la demandante no era obtener beneficios. En su opinión, un proveedor no está obligado a reducir el coste de su oferta en caso de bajada de precio de uno de los productos que van a suministrarse en virtud de ninguna norma contractual, legal o administrativa, ni de las prácticas leales en materia comercial ni siquiera del principio de cumplimiento de buena fe de los convenios. Entiende que ello resulta especialmente cierto cuando el precio de otros productos aumenta y el coste global se mantiene.
El Tribunal considera que la Comisión ha probado de modo suficiente con arreglo a Derecho, mediante los documentos aportados, en particular la correspondencia intercambiada entre los administradores de las tres sociedades afectadas, que se incluye en el anexo B.21, que la demandante, en estrecha concertación con XJ y XM, aumentó de forma artificial el precio de las consolas y del programa informático a raíz de la sustitución del modelo de teléfono Z por el modelo Y, de un precio más reducido. En efecto, de esta correspondencia se desprende concretamente que, «dado que el modelo Z se sustituyó por el modelo Y, la diferencia de precio de 402 euros se ha transferido a los presupuestos de la sociedad XM para el programa informático y la consola», y que «es correcto repartir el saldo de 402 euros a partes iguales entre [XJ, XM y la demandante]».
La alegación de la demandante según la cual esta propuesta de reparto del saldo nunca se llevó a la práctica no puede admitirse, a la luz de las pruebas aportadas por la Comisión. En este sentido, de la tabla adjunta a uno de los correos electrónicos intercambiados entre la demandante, XM y XJ (anexo B.21, p. 1124) se desprende que se incrementó el precio de las consolas y del programa informático de videoconferencia. Además, de las facturas n.
os
151, 157, 158, 165 y 179, que XJ envió a los compradores de los equipos en cuestión, resulta que los precios aumentados se facturaron efectivamente. En cuanto a la tesis de la demandante según la cual el aumento de los precios del programa informático y la consola se corresponde con el incremento real de los precios de estos productos en el mercado, esta no se apoya en ningún elemento de prueba.
Por lo tanto, la Comisión reprocha acertadamente a la demandante haber incumplido el punto II.3, letras g) e i), de las condiciones generales y haber vulnerado el principio de cumplimiento de buena fe de los contratos.
Sobre la calificación de los incumplimientos de obligaciones contractuales como «irregularidades» en el sentido del punto II.1 de las condiciones generales de los convenios controvertidos
Mediante su tercera pretensión, la Comisión solicita al Tribunal que declare que los incumplimientos de obligaciones contractuales que se imputan a la demandante tienen el carácter de irregularidades en el sentido del punto II.1 de las condiciones generales de los convenios controvertidos.
El concepto de irregularidad se define en dicho punto II.1 en estos términos:
«Irregularidad: cualquier infracción de una disposición del Derecho [de la Unión] o incumplimiento de una disposición de este convenio de subvención que resulte de una acción u omisión de uno o varios contratantes y ocasione o pueda ocasionar un perjuicio al presupuesto [de la Unión]».
Ha de observarse que el concepto de irregularidad se define, por lo tanto, por dos criterios acumulativos: la infracción de una norma jurídica o de una estipulación contractual y el hecho de que dicha infracción conlleve o pueda conllevar consecuencias financieras al imputar gastos injustificados a los presupuestos administrados por la Unión. Por el contrario, tal definición no establece un umbral de gravedad (véase, por analogía, la sentencia de 2 de octubre de 2012, ELE.SI.A/Comisión,
T‑312/10
, no publicada,
EU:T:2012:512
, apartado
).
A este respecto, la Comisión ha probado de manera suficiente en Derecho que las actuaciones que se reprochan a la demandante podían acarrear consecuencias negativas para los presupuestos administrados por la Unión. En efecto, el conflicto de intereses que afecta a la demandante y el cobro de comisiones por las ventas de ciertos equipos adquiridos por los socios de consorcio en el marco de la ejecución de los proyectos en cuestión entrañaban un riesgo grave de que la relación calidad-precio de tales equipos no se correspondiera con la que podría resultar de un procedimiento transparente de negociación. En lo concerniente, por otro lado, al sobreprecio del programa informático y de las consolas, es manifiesto que generó gastos injustificados, pues tuvo como consecuencia que la reducción del precio de los teléfonos no se repercutiera en beneficio del presupuesto del proyecto.
Por lo tanto, el Tribunal observa que, mediante sus actuaciones, la demandante incumplió sus obligaciones contractuales de una forma que pudo tener repercusiones económicas sobre los presupuestos administrados por la Unión. En consecuencia, las actuaciones en cuestión deben calificarse de irregularidades en el sentido del punto II.1 de las condiciones generales de los convenios controvertidos.
A la vista de lo anterior, es preciso declarar que los incumplimientos contractuales imputados a la demandante en relación con la existencia de un conflicto de intereses y con el cobro de comisiones de venta y sobreprecios constituyen irregularidades en el sentido de dicha estipulación contractual.
Sobre la devolución íntegra de los importes satisfechos
La Comisión solicita, en primer lugar, la devolución íntegra de los importes satisfechos a la demandante, en particular en virtud del artículo 119 del Reglamento Financiero y del artículo 183 del Reglamento (CE, Euratom) n.
o
2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento n.
o
1605/2002 del Consejo (
DO 2002, L 357, p. 1
; corrección de errores en
DO 2005, L 345, p. 35
), en relación con el punto II.26, apartado 6, y el punto II.28, apartado 5, de las condiciones generales de los convenios controvertidos, y con el artículo 9, apartado 1, de la Decisión n.
o
1639/2006.
[
omissis
]
La demandante alega, en esencia, que, aun suponiendo que se considere acreditado que existía un conflicto de intereses, ello no justificaría la recuperación íntegra de las subvenciones, dado que, en su opinión, esta situación no repercutió negativamente en el presupuesto de los proyectos en cuestión. Sostiene asimismo que estos proyectos se completaron y que los resultados obtenidos se consideraron suficientes. Subraya, además, que la devolución de las subvenciones la llevaría a la quiebra.
Para empezar, conviene recordar que, con arreglo al artículo 10, párrafo primero, de ambos convenios controvertidos, estos, y por lo tanto la concesión de la subvención que es objeto de tales convenios, se regían por lo estipulado en ellos, por los actos de la Unión relativos al Programa Marco IC, por el Reglamento Financiero y su normativa de desarrollo, por otras disposiciones del Derecho de la Unión y, con carácter subsidiario, por el Derecho belga.
En primer lugar, en cuanto atañe a las estipulaciones contractuales pertinentes, procede señalar que, de conformidad con el punto II.26, apartado 6, de las condiciones generales de los convenios controvertidos, cada pago puede ser objeto de auditoría o control y puede ser modificado o recuperado sobre la base de los resultados de tal auditoría o control. En virtud del punto II.28, apartado 5, de las citadas condiciones generales, la Comisión adoptará las medidas adecuadas teniendo en cuenta las conclusiones de la auditoría, incluidas la emisión de una orden de recuperación relativa a la totalidad o a una parte de los pagos efectuados o la imposición de sanciones.
Estas estipulaciones no excluyen, pues, la posibilidad de que la Comisión proceda a la recuperación íntegra de las cantidades satisfechas en virtud de tales convenios. Por el contrario, de ellas resulta explícitamente que todos los pagos podrán ser recuperados.
En segundo lugar, el Reglamento Financiero dispone, en su artículo 119, que:
«1.   El importe de la subvención no será definitivo hasta que la institución haya aceptado los informes y cuentas definitivos de la acción, todo ello sin perjuicio de los controles posteriores que pudiere llevar a cabo la institución.
2.   Si el beneficiario incumple sus obligaciones, la subvención podrá suspenderse, reducirse o cancelarse en los casos especificados en las normas de desarrollo, tras haber dado al beneficiario la oportunidad de presentar sus observaciones.»
Así, el empleo del término «cancelarse» en dicho artículo 119, apartado 2, alude al supuesto de recuperación íntegra de las cantidades percibidas.
Esta conclusión es asimismo conforme con el principio de buena gestión financiera de los recursos de la Unión previsto en el artículo 317 TFUE. Así, en caso de incumplimiento de los requisitos previstos en un convenio de subvención, las instituciones, órganos u organismos de la Unión están obligados a recuperar los importes abonados de la subvención que se consideren no fiables o no verificables.
Además, el juez de la Unión ha tenido ocasión de declarar que, en el sistema de concesión de ayudas económicas de la Unión, la utilización de tales ayudas se ajusta a normas que pueden conducir a la restitución parcial o total de una ayuda ya concedida (sentencias de 7 de julio de 2010, Comisión/Hellenic Ventures y otros,
T‑44/06
, no publicada,
EU:T:2010:284
, apartado
, y de 16 de diciembre de 2010, Comisión/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari y Gessa,
T‑259/09
, no publicada,
EU:T:2010:536
, apartado
).
De la jurisprudencia se desprende igualmente que el perceptor de una subvención no adquiere ningún derecho definitivo al pago íntegro de dicha subvención si no respeta las condiciones a las que está sujeta la ayuda (véase la sentencia de 10 de octubre de 2019, Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Comisión,
T‑335/17
, no publicada,
EU:T:2019:736
, apartado
y jurisprudencia citada).
De lo anterior se deduce que las estipulaciones contractuales y las disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero no impiden a la Comisión proceder a la recuperación íntegra de los importes satisfechos a la demandante en virtud de los convenios controvertidos.
A continuación, procede comprobar si, en las circunstancias del presente asunto, existe fundamento para que la Comisión recupere íntegramente tales importes.
A este respecto, ha de observarse, como se ha expuesto en el apartado 162 anterior, que las actuaciones que se reprochan a la demandante pueden calificarse de «irregularidades» en el sentido del punto II.1 de las condiciones generales de los convenios controvertidos.
Además, en cuanto al contexto en el que se enmarca esta estipulación contractual, es preciso señalar que, del punto II.10, apartado 3, letra f), de las citadas condiciones generales se desprende que una irregularidad es una acción u omisión de tal gravedad que puede justificar la resolución del convenio en cuestión con efectos inmediatos. Por otra parte, el punto II.5, apartado 3, letra d), guion cuarto, de las mismas condiciones generales estipula que la Comisión podrá suspender, en todo momento, el pago de la totalidad o una parte del importe destinado al perceptor de que se trate, en caso de sospechar que uno o varios perceptores han cometido una irregularidad.
En el presente asunto, procede considerar que la demandante, al no declarar el riesgo de conflicto de intereses, haber cobrado comisiones de venta y haber participado en el cobro de sobreprecios de ciertos equipos, no respetó el principio de cumplimiento de buena fe de los contratos que rige en el Derecho belga en virtud del artículo 1134, párrafo tercero, y del artículo 1135 del Código Civil.
En efecto, ha quedado acreditado en los apartados 128 y 129 anteriores que un conflicto de intereses afectaba a la demandante respecto de XJ, lo que motivó que se eligiese a esta última para que suministrara los equipos. Como ha señalado acertadamente la Comisión, es imposible calcular en cuánto repercutió dicho conflicto de intereses sobre el presupuesto de los proyectos en cuestión, dado que no puede determinarse cuál habría sido el precio o incluso si habría existido la propia necesidad de compra de estos equipos si no hubiese habido conflicto de intereses alguno. Además, del apartado 141 anterior resulta que la demandante no ha demostrado que sus actuaciones no tuvieran un impacto negativo en el presupuesto de tales proyectos. En este sentido, no ha probado que los productos de XJ fueran los únicos que permitían llevar a cabo los proyectos y que, por lo tanto, la elección de tales productos se basó en consideraciones objetivas. Asimismo, no ha probado que haber cobrado comisiones de venta no influyó en el precio de los productos en cuestión. Habida cuenta de tal conflicto de intereses, no consta que los equipos adquiridos presentasen la mejor relación calidad-precio. En estas condiciones, es preciso señalar que este conflicto de intereses influyó en el conjunto de la relación contractual entre la demandante y la Comisión.
Además, cabe destacar que el incumplimiento de las obligaciones contractuales cometido por la demandante fue de tal gravedad que la recuperación íntegra de las subvenciones está justificada. En efecto, la demandante atentó gravemente contra su relación contractual con la Comisión al no declarar que existía un conflicto de intereses ni informar sobre el cobro de comisiones de venta y al aplicar sobreprecios a ciertos productos.
En estas circunstancias, la recuperación íntegra de los importes satisfechos en virtud de los convenios controvertidos no es una medida desproporcionada.
No afecta a esta conclusión el hecho de que los proyectos en cuestión fueran efectivamente completados por la demandante ni los resultados obtenidos.
Ciertamente, no basta con demostrar que un proyecto ha sido completado para justificar la concesión de una subvención específica. El perceptor de la ayuda debe, además, probar que ha soportado los gastos declarados de conformidad con las condiciones previstas para la concesión de la subvención de que se trata. Su obligación de respetar las condiciones financieras previstas constituye una obligación esencial a la que, por lo tanto, está supeditada la concesión de la subvención de la Unión (sentencia de 10 de octubre de 2019, Help — Hilfe zur Selbsthilfe/Comisión,
T‑335/17
, no publicada,
EU:T:2019:736
, apartado
).
Por consiguiente, la solicitud de devolución íntegra de los importes satisfechos en el marco de los convenios controvertidos está fundada, de suerte que procede estimar esta pretensión de la reconvención propuesta por la Comisión.
Sobre la pretensión relativa a la indemnización por daños y perjuicios
Además de la devolución de las subvenciones, la Comisión solicita el pago de una indemnización por daños y perjuicios por importe de 58876,50 euros.
En opinión de la Comisión, se cumplen los tres requisitos necesarios para exigir la responsabilidad contractual de la demandante, a saber, que se hayan incumplido una o varias estipulaciones contractuales, que se haya ocasionado un perjuicio real y que exista una relación de causalidad entre el comportamiento controvertido y el perjuicio alegado.
La Comisión alega que ha quedado acreditado que la demandante cobró 45991 euros por comisiones de venta. Parte de la premisa de que XJ habría reducido su precio, al menos, por dicho importe si no hubiera tenido que pagar esas comisiones. Añade que, en cualquier caso, la ejecución correcta y leal del contrato debería haber llevado a la demandante a declarar y a repercutir este descuento en beneficio de los socios de consorcio responsables de ejecutar del proyecto en cuestión.
En cuanto atañe al sobreprecio de las consolas y el programa informático, la Comisión deduce a partir de la información contenida en el informe de la OLAF que, en el marco del proyecto Dreaming, se vendieron 135 unidades de consolas y del programa informático. Afirma que se facturó un sobreprecio de 338,50 euros por unidad, es decir, un importe total de 45697,50 euros. Por lo que respecta al proyecto HOME SWEET HOME, afirma que se vendieron 77 unidades, lo que supuso un sobrecoste de 26064,50 euros.
Dado que la Comisión solamente financió la mitad de estos proyectos, entiende que sufrió un perjuicio total de 58876,50 euros.
Según la demandante, suponiendo que hubiera cometido las infracciones de las normas legales o contractuales que se le reprochan, a lo que ella se opone, no se ha probado que se ocasionara un perjuicio real ni la relación de causalidad entre sus actuaciones y dicho supuesto perjuicio. A este respecto, alega que el precio de los productos en cuestión no habría sido inferior si no hubiese actuado como intermediaria, pues gracias a ella XJ pudo vender un mayor número de productos a un precio unitario más reducido. En lo concerniente al incremento del precio de las consolas y del programa informático, sostiene que el precio de estos equipos en el mercado aumentó realmente, de suerte que no se cobró sobreprecio alguno.
Cabe señalar, antes de nada, que la pretensión en cuestión tiene por objeto que se declare la responsabilidad contractual de la demandante. En efecto, la Comisión aduce que los daños cuya indemnización se reclama se derivan del hecho de que la demandante incumplió sus obligaciones contractuales. Por lo tanto, el Tribunal es competente, al amparo del artículo 272 TFUE, para pronunciarse sobre esta pretensión, que se deriva de la misma relación contractual que la que sirve como base para la reconvención.
A continuación, procede señalar que el Tribunal, al conocer de un asunto en virtud de una cláusula compromisoria con arreglo al artículo 272 TFUE, debe resolver el litigio conforme al Derecho material nacional aplicable al contrato (véanse las sentencias de 29 de noviembre de 2016, ANKO/REA,
T‑270/15
, no publicada,
EU:T:2016:681
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 1 de marzo de 2017, Universiteit Antwerpen/REA,
T‑208/15
, no publicada,
EU:T:2017:136
, apartado
y jurisprudencia citada). El Derecho aplicable al contrato es aquel que se prevé expresamente en él, pues los acuerdos contractuales en los que se pone de manifiesto la voluntad coincidente de las partes deben preceder a cualquier otro criterio que solo pueda aplicarse en caso de silencio de las partes (véase la sentencia de 8 de septiembre de 2015, Amitié/Comisión,
T‑234/12
, no publicada,
EU:T:2015:601
, apartado
y jurisprudencia citada).
Es preciso recordar que, con arreglo al artículo 10 de ambos convenios controvertidos, estos se rigen por sus propias estipulaciones, por las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión y, con carácter subsidiario, por el Derecho belga.
Pues bien, ha de señalarse que la Comisión no cita ninguna estipulación de tales contratos en las que se prevea la responsabilidad contractual de la demandante.
Además, cabe observar que el Derecho de la Unión no contiene disposiciones materiales que regulen la responsabilidad contractual por los perjuicios provocados por un cocontratante de la Unión.
A este respecto, la Comisión se refiere, en el apartado 99 de su escrito de contestación, a la sentencia de 12 de abril de 2018, PY/EUCAP Sahel Níger (
T‑763/16
,
EU:T:2018:181
), la cual versa sobre la responsabilidad contractual de la Unión en virtud del artículo 340 TFUE y el Derecho aplicable en tal situación. En el apartado 66 de dicha sentencia, el Tribunal declaró que la responsabilidad contractual puede examinarse «sobre la única base de los contratos de trabajo en cuestión […] a la luz de los principios generales del Derecho de la Unión en materia de responsabilidad contractual» y que, «según estos principios, para que una acción de responsabilidad contractual pueda prosperar, deben cumplirse tres requisitos: en primer lugar, que la institución de que se trate no haya cumplido sus obligaciones contractuales; en segundo lugar, que la parte demandante haya sufrido un perjuicio y, en tercer y último lugar, que exista una relación de causalidad entre el comportamiento de la institución y el perjuicio».
La Comisión parte del principio de que esta jurisprudencia es aplicable por analogía a la responsabilidad contractual del cocontratante de una institución de la Unión (en el presente asunto, la demandante). No obstante, la situación en el asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de abril de 2018, PY/EUCAP Sahel Níger (
T‑763/16
,
EU:T:2018:181
), difiere de la situación del caso de autos. En efecto, del apartado 62 de dicha sentencia se deduce que los contratos de trabajo controvertidos en ese asunto no especificaban la ley aplicable a dichos contratos, mientras que, en el presente asunto, los convenios controvertidos contienen una estipulación relativa al Derecho aplicable.
Así pues, en el presente asunto, los requisitos para exigir la responsabilidad contractual de la demandante son los que establece el Derecho belga, aplicable con carácter subsidiario a los convenios controvertidos.
En materia de responsabilidad contractual, el artículo 1142 del Código Civil belga, que se enmarca en el título III del libro III, titulado «De los contratos y las obligaciones convencionales en general», establece que «cualquier incumplimiento por la parte deudora de una obligación de hacer o no hacer comportará una indemnización por daños y perjuicios».
Por otra parte, según el artículo 1147 del Código Civil belga, «se condenará al deudor, en su caso, al pago de una indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento o la falta de cumplimiento en plazo de una obligación cuando no justifique que dicho incumplimiento se debe a un motivo ajeno a él, que no se le pueda imputar, aun cuando no hubiera actuado de mala fe».
Del artículo 1147 del Código Civil belga resulta que deben concurrir tres requisitos para que resulte exigible una indemnización por un perjuicio de origen contractual: que se haya incumplido total o parcialmente el contrato, se haya ocasionado un perjuicio y exista una relación de causalidad entre el incumplimiento y el perjuicio (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2017, Meta Group/Comisión,
T‑744/14
, no publicada,
EU:T:2017:304
, apartado
y jurisprudencia citada).
El Tribunal considera que, en el presente asunto, la Comisión no ha demostrado de modo suficiente con arreglo a Derecho que exista una relación de causalidad suficientemente directa entre el incumplimiento de las obligaciones contractuales imputado a la demandante y el perjuicio alegado, suponiendo que este último sea cierto.
En primer lugar, consta que la demandante no vendió equipos a los socios de consorcio en cuestión en el marco de los convenios controvertidos ni solicitó el reembolso de los gastos asociados a la compra de equipos. En efecto, los equipos por los que se cobraron sobreprecios o comisiones de venta no fueron adquiridos por la demandante, sino por otras entidades, no vinculadas a ella, a las que la Comisión devolvió los gastos soportados con ocasión de tales compras.
En segundo lugar, también ha quedado acreditado que la responsabilidad de las compras de los equipos por los que se cobraron sobreprecios y comisiones de venta no recaía sobre la demandante, sino sobre los miembros del consorcio que efectuaron las compras. Este extremo fue confirmado por la respuesta de la Comisión a una pregunta formulada por el Tribunal en el marco de una diligencia de ordenación del procedimiento, en la que afirmó que «la elección de los productos o los materiales utilizados en los proyectos del beneficiario incumbe exclusivamente a dicho beneficiario, incluso si la descripción del equipo figura en el anexo I del convenio».
Pues bien, la Comisión, a quien compete probar, en virtud del principio
actori incumbit probatio
, que concurren los tres requisitos a los que se refiere el apartado 202 anterior, no ha demostrado que exista una relación de causalidad directa. Ciertamente, se limita a afirmar a este respecto, en una sola frase y sin aportar pruebas concretas, que la relación de causalidad es «evidente» porque la demandante participó «de forma activa» en los incumplimientos contractuales en cuestión, los cuales no habrían dado lugar al perjuicio reclamado si no se hubieran cometido.
Ahora bien, estas afirmaciones generales no bastan para demostrar suficientemente en Derecho que existe una relación de causalidad directa entre el perjuicio alegado y los incumplimientos contractuales en cuestión en una situación que se caracteriza por la interposición de varios terceros, como la que se describe en los apartados 204 y 205 anteriores.
Además, en cualquier caso, ha de señalarse que, en el contexto del cumplimiento de obligaciones contractuales, el respeto del principio de proporcionalidad se nutre de la obligación más general que incumbe a las partes de un contrato de cumplirlo de buena fe. Por otra parte, con arreglo al Derecho belga, la obligación de cumplir los contratos de buena fe, prevista en el artículo 1134 del Código Civil, prohíbe a una parte ejercitar un derecho excediendo de manera manifiesta los límites del ejercicio normal de tal derecho por una persona prudente y diligente (Cass. 16 de noviembre de 2007, AR nr C.06.0349.F.1) (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de octubre de 2018, Nova/Comisión,
T‑299/15
, no publicada,
EU:T:2018:713
, apartado
).
Pues bien, habida cuenta, por un lado, de que los proyectos que constituyen el objeto de los convenios controvertidos fueron ejecutados sin demora y de conformidad con los objetivos de tales proyectos, cuestión esta que no se ha rebatido, y, por el otro, de las consecuencias particularmente graves que entraña para la demandante devolver íntegramente las subvenciones, el Tribunal considera que la pretensión relativa a la indemnización por daños y perjuicios, que se añadiría a dicha devolución íntegra, excede manifiestamente de los límites del ejercicio normal del derecho en cuestión.
De lo anterior se desprende que la pretensión indemnizatoria debe desestimarse por infundada.
Conclusión
De las consideraciones que preceden resulta que la demandante debe devolver íntegramente los importes que le fueron satisfechos en virtud de los convenios controvertidos, por haber cometido irregularidades. Por lo tanto, las pretensiones de la demandante por las que solicita que se declare que no adeuda las notas de adeudo n.
o
3241901815 y n.
o
3241901886 han devenido inoperantes.
A la vista de todo lo anterior, procede, por un lado, desestimar el recurso principal y, por el otro, estimar la reconvención propuesta por la Comisión en la medida en que solicita que se declare que los incumplimientos contractuales imputados a la demandante constituyen irregularidades en el sentido del punto II.1 de las condiciones generales de los convenios controvertidos y que se ordene la devolución de los importes satisfechos a la demandante en el marco de tales convenios. La reconvención se desestima en todo lo demás.
[
omissis
]

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Décima),
decide:

1)
Desestimar el recurso principal.

2)
Los incumplimientos de los convenios de subvención n.
o
225023, relativo a la ejecución del proyecto denominado «ElDeRly-friEndly Alarm handling and monitorING (Dreaming)», y n.
o
250449, relativo a la ejecución del proyecto denominado «Health monitoring and sOcial integration environMEnt for Supporting WidE ExTension of independent life at HOME (HOME SWEET HOME)», cometidos por Health Information Management (HIM) constituyen irregularidades en el sentido del punto II.1 de las condiciones generales de dichos convenios.

3)
Condenar a HIM a devolver a la Comisión Europea un importe de 512799 euros.

4)
Desestimar la reconvención propuesta por la Comisión en todo lo demás.

5)
Condenar a HIM a cargar, además de con sus propias costas, con la mitad de las costas de la Comisión.

Kornezov
Buttigieg
Hesse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de junio de 2021.
Firmas
(
*1
)
Lengua de procedimiento:
francés.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.