CELEX: 62015CJ0026
Recurso de casación
Reglamento (CE) n.º 1234/2007
Organización común de mercados en el sector agrícola
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 543/2011
Anexo I, parte B 2, punto VI, D, quinto guion
Sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas
Cítricos
Normas de comercialización
Disposiciones sobre etiquetado
Indicación de los conservantes u otras sustancias químicas utilizados en el tratamiento posterior a la cosecha

Mediante su recurso de casación, el Reino de España solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión
Europea de 13 de noviembre de 2014, España/Comisión (T‑481/11, EU:T:2014:945; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por
la que dicho Tribunal desestimó el recurso que tenía por objeto la anulación de la disposición del anexo I, parte B 2, punto VI, D,
quinto guión, del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 543/2011 de la Comisión, de 7 de junio de 2011, por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas y de
las frutas y hortalizas transformadas (DO L 157, p. 1) (en lo sucesivo, «disposición controvertida»).

Marco jurídico

Derecho de la Unión
Reglamento (CE) n.º 1234/2007
El Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados
agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas («Reglamento único para las OCM»)
(DO L 299, p. 1), fue derogado por el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre
de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos
(CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO L 347, p. 671). El Reglamento n.º 1234/2007,
en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 361/2008 del Consejo, de 14 de abril de 2008 (DO L 121, p. 1) (en lo sucesivo,
«Reglamento n.º 1234/2007»), preveía en su artículo 113, que figura en el título II ―cuyo epígrafe es «Disposiciones aplicables
a la comercialización y la producción»― de su parte II, lo siguiente:
«1.      La Comisión podrá adoptar normas de comercialización para uno o varios productos de los siguientes sectores:
[...]
b)      frutas y hortalizas;
c)      frutas y hortalizas transformadas;
[...]
2.      Las normas indicadas en el apartado 1:
a)      se adoptarán teniendo en cuenta, en particular:
i)      las particularidades de cada producto;
ii)      la necesidad de que haya una comercialización fluida de los productos;
iii)      el interés de los consumidores en recibir una adecuada y transparente información del producto incluyendo en particular, para
los productos de los sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, el país de origen, la
categoría y, en su caso, la variedad (o el tipo comercial) de los productos;
[...]
v)      en lo concerniente a los sectores de las frutas y hortalizas y las frutas y hortalizas transformadas, las recomendaciones
sobre normas adoptadas por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) [(en lo sucesivo, «CEPE/ONU»)];
b)      atañerán, en particular, a la calidad, la clasificación por categorías, el peso, el calibre, el envase, el embalaje, el almacenamiento,
el transporte, la presentación, la comercialización, el origen y el etiquetado.
3.      Salvo disposición en contrario de la Comisión adoptada conforme a los criterios indicados en el apartado 2, letra a), los
productos para los que se establezcan normas de comercialización únicamente podrán comercializarse en la Comunidad según dichas
normas.
[...]»
A tenor del artículo 113
bis
, apartado 2, del Reglamento n.º 1234/2007, «las normas de comercialización que contemplan […] las letras b) y c) del artículo
113, apartado 1, se aplicarán en todas las fases de comercialización, incluidas la importación y la exportación, a menos que
la Comisión disponga de otro modo».
El artículo 121 del mismo Reglamento disponía lo siguiente:
«La Comisión adoptará las normas de desarrollo del presente capítulo y, en particular, las relacionadas con:
a)      las normas de comercialización a que se refieren los artículos 113 y 113
bis
, incluidas las referidas:
i)      a excepciones a la aplicación de las normas de comercialización,
ii)      a la presentación de los elementos exigidos por las normas de comercialización, así como a la comercialización y el etiquetado,
iii)      a la aplicación de esas normas a los productos importados en la Comunidad y a los exportados desde ella,
[...]».
Reglamento de Ejecución n.º 543/2011
Los considerandos 4 a 6 y 8 del Reglamento de Ejecución n.º 543/2011 tienen la siguiente redacción:
«(4)      El artículo 113, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 autoriza a la Comisión a establecer normas
de comercialización para las frutas y hortalizas y para las frutas y hortalizas transformadas, respectivamente. [...]
(5)      Deben adoptarse normas de comercialización específicas para los productos con respecto a los cuales resulte necesario adoptar
una norma, sobre la base de una evaluación de su pertinencia, teniendo en cuenta, en particular, qué productos son los más
comercializados, en términos de valor, de acuerdo con las cifras de la base de datos de referencia de la Comisión Europea
sobre comercio internacional, Comext.
(6)      Para evitar obstáculos innecesarios a los intercambios comerciales, en los casos en que haya que establecer normas de comercialización
específicas para determinados productos, tales normas deben corresponder a las adoptadas por la [CEPE/ONU] [(en lo sucesivo,
«normas de la CEPE/ONU»)]. Cuando no se haya adoptado a nivel de la Unión una norma de comercialización específica, los productos
deben considerarse conformes a la norma general de comercialización si su tenedor puede demostrar que se ajustan a cualquier
norma aplicable de la CEPE/ONU.
[...]
(8)      Las menciones particulares exigidas por las normas de comercialización deben aparecer de forma visible en el envase y/o en
el etiquetado. Para evitar fraudes y situaciones que induzcan a error a los consumidores, la información exigida por las normas
debe estar a disposición de éstos antes de la compra, en especial, tratándose de la venta a distancia, en la que la experiencia
ha revelado riesgos de fraude y de elusión de la protección a los consumidores proporcionada por las normas.»
El artículo 3 del Reglamento de Ejecución n.º 543/2011 dispone lo siguiente:
«1.      Los requisitos enumerados en el artículo 113
bis
, apartado 1, del Reglamento […] n.º 1234/2007 serán la norma general de comercialización. En el anexo I, parte A, del presente
Reglamento figuran los detalles de dicha norma.
Las frutas y hortalizas no cubiertas por una norma de comercialización específica se ajustarán a la norma general de comercialización.
Sin embargo, cuando el tenedor pueda demostrar que los productos cumplen cualquier norma aplicable adoptada por la […] (CEPE/ONU),
dichos productos se considerarán conformes a la norma general de comercialización.
2.      Las normas de comercialización específicas a las que se hace referencia en el artículo 113, apartado 1, letra b), del Reglamento
[…] n.º 1234/2007 figuran en el anexo I, parte B, del presente Reglamento y atañen a los productos siguientes:
[...]
b)      cítricos,
[...]»
La parte B 2 del anexo I del Reglamento de Ejecución n.º 543/2011 se denomina «Norma de comercialización para los cítricos».
La disposición controvertida, que figura en el punto VI de dicha parte ―cuyo epígrafe es «Disposiciones relativas al marcado»―,
prevé lo siguiente:
«Cada envase llevará, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles desde el exterior, las
indicaciones siguientes.
[...]
D.      Características comerciales
[...]
–        En su caso, conservantes o sustancias químicas utilizados para tratamientos después de la cosecha.»
Directiva 2003/114/CE
El anexo de la Directiva 2003/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, por la que se modifica
la Directiva 95/2/CE, relativa a aditivos alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes (DO 2004, L 24, p. 58),
dispone lo siguiente:
«Los anexos de la Directiva 95/2/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 1995, relativa a aditivos alimentarios
distintos de los colorantes y edulcorantes (DO L 61, p. 1)] quedan modificados como sigue:
[...]
3)      En el anexo III,
[...]
B.      La parte C queda modificada como sigue:
a)      se suprimen las líneas siguientes:
[...]»

Derecho Internacional
La CEPE/ONU fue creada en 1947 en virtud de la Resolución 36 (IV), de 28 de marzo de 1947, del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas (ECOSOC). Actualmente integran dicha Comisión 56 países de Europa (incluidos todos los Estados miembros
de la Unión Europea), de la Comunidad de Estados Independientes y de América del Norte. Al no ser la Unión Europea miembro
de las Naciones Unidas, tampoco es miembro de la CEPE/ONU. No obstante, participa en ésta en calidad de observador.
La CEPE/ONU contiene en su seno el Grupo de Trabajo de Normas de Calidad Agrícolas, entre cuyos cometidos figura la definición
de las normas comunes para los productos perecederos.
El mencionado Grupo adoptó la Norma CEPE-ONU FFV‑14 relativa a la comercialización y el control de calidad comercial de los
frutos cítricos. En la versión contenida en la edición del año 2010, aplicable en la fecha de la adopción del Reglamento de
Ejecución n.º 543/2011, dicha Norma prevé en su punto VI:
«Cada envase debe llevar, agrupadas en un mismo lado y con caracteres legibles, indelebles y visibles desde el exterior, las
indicaciones siguientes:
[...]
D.               Características comerciales
[...]
Tratamiento posterior a la cosecha (en su caso, en función de la legislación nacional del país de importación).
[...]».

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 6 de septiembre de 2011, el Reino de España interpuso
un recurso de anulación de la disposición controvertida.
Para fundamentar su recurso, el Reino de España invocó cinco motivos.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General, después de haber desestimado la excepción de inadmisibilidad propuesta
por la Comisión Europea, desestimó todas las pretensiones formuladas por el Reino de España.

Pretensiones de las partes
El Reino de España solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Anule la disposición controvertida.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas al Reino de España.

Sobre el recurso de casación
El presente recurso de casación se fundamenta en tres motivos de impugnación consistentes en errores de Derecho en la interpretación
de la obligación de motivación de los actos de la Unión y del principio de igualdad de trato, así como en el ejercicio del
control judicial del principio de proporcionalidad.

Sobre el primer motivo de casación, basado en un error de Derecho en la interpretación de la obligación de motivación establecida
en el artículo 296 TFUE
El Reino de España considera que, en los apartados 110 a 115 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en error
de Derecho al interpretar la obligación de motivación. Sostiene que los razonamientos en que se funda el Tribunal General
no se compadecen con la necesaria claridad y falta de equivocidad que debe presentar la motivación de un Reglamento para satisfacer
las exigencias del artículo 296 TFUE. El primer motivo de casación se divide en tres partes.
Sobre la primera parte del primer motivo de casación, relativa a la interpretación del considerando 6 del Reglamento de Ejecución
n.º 543/2011
–             Alegaciones de las partes
El Reino de España considera que la obligación de etiquetado que impone la disposición controvertida no se compadece ni con
las normas de la CEPE/ONU ni con los factores contemplados en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento n.º 1234/2007, precepto
este último que, en el caso de las frutas y hortalizas, tan sólo prevé, en materia de etiquetado, la obligación de mencionar
el país de origen, la categoría y, en su caso, la variedad o el tipo comercial de los productos, sin hacer referencia a ninguna
mención de naturaleza sanitaria como la que se contempla en la disposición controvertida. De este modo, añade el Reino de
España, el Tribunal General justificó la disposición controvertida mediante una interpretación del considerando 6 del Reglamento
de Ejecución n.º 543/2011 que no resulta compatible con la redacción del propio considerando y que no tiene en cuenta los
factores enunciados en el artículo 113, apartado 2, del Reglamento n.º 1234/2007.
La Comisión refuta la argumentación del Reino de España.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE constituye un requisito sustancial de
forma que debe distinguirse de la cuestión del carácter fundado de la motivación, pues éste pertenece al ámbito de la legalidad
del acto controvertido en cuanto al fondo (véase la sentencia Ipatau/Consejo, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, apartado 37 y jurisprudencia
citada). En efecto, la motivación de una decisión consiste en expresar formalmente los fundamentos en los que se basa dicha
decisión. Si estos fundamentos incurren en errores, viciarán la legalidad de la decisión sobre el fondo, pero no su motivación,
que puede ser suficiente aunque exprese fundamentos equivocados (véase la sentencia Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala,
C‑413/06 P, EU:C:2008:392, apartado 181). De lo anterior se deduce que los motivos y alegaciones que tienen por objeto impugnar
el carácter fundado de un acto carecen de pertinencia en el marco de un motivo basado en la infracción del artículo 296 TFUE.
En el caso de autos, si bien el Reino de España invocó la infracción del artículo 296 TFUE ante el Tribunal General, procede
hacer constar que este último se pronunció, en los apartados 110 a 113 de la sentencia recurrida, sobre el carácter fundado
de la motivación de la Comisión, indicando que la argumentación del Reino de España descansaba en una interpretación errónea
del considerando 6 del Reglamento de Ejecución n.º 543/2011. No obstante, en la medida en que, de conformidad con el artículo
169, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se identifican con precisión los extremos de los
fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida que se impugnan, procede examinar las alegaciones del Reino de España.
Así pues, procede declarar que, contrariamente a lo que alega el Reino de España, el artículo 113, apartado 2, del Reglamento
n.º 1234/2007 no circunscribe la información que debe figuran en el etiquetado de las frutas y hortalizas a la indicación
del país de origen, la categoría y, en su caso, la variedad o el tipo comercial de los productos. En efecto, de la redacción
de dicha disposición resulta que las normas de comercialización se adoptarán teniendo en cuenta, en particular, las particularidades
de los productos de que se trate y el interés de los consumidores en recibir una adecuada y transparente información, así
como las recomendaciones sobre normas de la CEPE/ONU.
A este respecto, el Tribunal General declaró fundadamente, en el apartado 85 de la sentencia recurrida, que la mencionada
disposición exige que, cuando la Comisión adopte normas de comercialización para productos específicos, tenga en cuenta varios
factores, entre los que se incluyen las normas adoptadas por la CEPE/ONU.
Por consiguiente, cabe señalar que, en los apartados 80 a 85 de la sentencia recurrida —a los que remite el apartado 110 de
la misma sentencia—, el Tribunal General consideró fundadamente, basándose en una interpretación del considerando 6 del Reglamento
de Ejecución n.º 543/2011 en relación con el artículo 113, apartado 2, del Reglamento n.º 1234/2007, que el Reglamento de
Ejecución n.º 543/2011 no puede querer decir en su considerando 6, sin infringir su Reglamento de base, a saber, el Reglamento
n.º 1234/2007, que las normas de comercialización específicas adoptadas por la Comisión deban ser idénticas a las normas de
la CEPE/ONU, sino que debe entenderse más bien en el sentido de que, cuando la Comisión haya de adoptar tales normas de comercialización
para productos concretos, éstas deberán basarse en las normas de la CEPE/ONU, con las oportunas modificaciones que pudieran
venir exigidas para tener en cuenta los restantes factores que se mencionan, junto con dichas normas, en el artículo 113,
apartado 2, del Reglamento n.º 1234/2007.
Por consiguiente, la primera parte del primer motivo de casación no está fundada.
Sobre la segunda parte del primer motivo de casación, relativa a la falta de motivación en cuanto a las divergencias entre
la norma CEPE/ONU FFV‑14 y la norma de comercialización específica aplicable a los cítricos
–             Alegaciones de las partes
El Reino de España alega que la Comisión debería haber indicado, en los considerandos del Reglamento de Ejecución n.º 543/2011,
las razones que le llevaron a apartarse de la norma CEPE/ONU FFV‑14. A este respecto, reprocha al Tribunal General el hecho
de haber declarado, en el apartado 114 de la sentencia recurrida, que resultaría excesivo exigir a la Comisión que expusiera
una justificación específica para cada divergencia entre la citada norma y la norma de comercialización específica aplicable
a los cítricos, prevista en el propio Reglamento de Ejecución. Según el Reino de España, tal motivación carece de coherencia,
en la medida en que la mencionada norma de comercialización específica tan sólo introduce dos modificaciones de fondo, la
primera referida a la obligación de marcado que establece la disposición controvertida y la segunda referida a los productos
a los que se aplica dicha norma.
La Comisión refuta la argumentación del Reino de España.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, aunque la motivación de un acto deber ser clara e inequívoca, no se
exige que dicha motivación especifique todas las razones de hecho o de Derecho pertinentes. Por otra parte, para apreciar
el cumplimiento de la obligación de motivación, se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal del acto, sino también su
contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase, en este sentido, el auto
Alliance for Natural Health y otros, C‑154/04 y C‑155/04, EU:C:2004:848, apartados 133 y 134).
Cuando se trata, como en el presente asunto, de un acto destinado a una aplicación general, la motivación puede limitarse
a indicar, por una parte, la situación de conjunto que ha conducido a su adopción y, por otra parte, los objetivos generales
que se propone alcanzar (véase, en particular, la sentencia España/Consejo, C‑310/04, EU:C:2006:521, apartado 58 y jurisprudencia
citada).
Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que si un acto de alcance general pone de manifiesto
la parte esencial del fin perseguido por la institución, es excesivo pretender la motivación específica de cada una de las
decisiones técnicas que ella adopta (véanse, entre otras, las sentencias España/Consejo, C‑284/94, EU:C:1998:548, apartado
30, y España/Consejo, C‑310/04, EU:C:2006:521, apartado 59, así como Estonia/Parlamento y Consejo, C‑508/13, EU:C:2015:403,
apartado 60).
A este respecto, procede hacer constar que, en el apartado 116 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró fundadamente
que los considerandos 5 y 6 del Reglamento de Ejecución n.º 543/2011 exponen la situación global que condujo a la adopción
de una norma de comercialización aplicable a los cítricos, así como los objetivos generales que dicha norma se propone alcanzar.
En efecto, los considerandos mencionados permiten comprender las razones para adoptar la referida norma y la relación de ésta
con las normas de la CEPE/ONU. Por lo demás, las razones para adoptar la disposición controvertida se deducen asimismo de
los considerandos 4 y 8 de ese mismo Reglamento de Ejecución.
Por otro lado, cabe observar que el Tribunal General expuso en el apartado 77 de la sentencia recurrida que las normas adoptadas
por la CEPE/ONU no revisten carácter vinculante, sin que se le haya reprochado este extremo en el marco del presente recurso
de casación, y que en el apartado 159 de la misma sentencia sostuvo que el carácter facultativo de dichas normas de la CEPE/ONU
tiene como consecuencia que corresponde a cada Estado valorar las circunstancias pertinentes que justifiquen la decisión de
adoptar o no las medidas previstas por esas normas. Por consiguiente, procede declarar que no puede exigirse una motivación
específica cuando la Unión adopta disposiciones que se apartan de tales normas.
Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del primer motivo de casación invocado por el Reino de España.
Sobre la tercera parte del primer motivo de casación, relativa a la alteración del Reglamento de Ejecución n.º 543/2011 por
el Tribunal General
–             Alegaciones de las partes
El Reino de España sostiene que el Tribunal General colmó las lagunas de motivación del Reglamento de Ejecución n.º 543/2011
y reemplazó con su propio punto de vista y con su propia motivación los que había formulado la Comisión.
La Comisión discrepa de esta argumentación.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
La tercera parte del primer motivo de casación debe ser desestimada por cuanto es el resultado de una interpretación errónea
de la sentencia recurrida.
En efecto, al examinar ―en particular en los apartados 110 a 115 de la sentencia recurrida, a los que se refiere el primer
motivo de casación del Reino de España― los elementos relativos al incumplimiento de la obligación de motivación invocado
en primera instancia por dicho Estado miembro, el Tribunal General se circunscribió al control de la legalidad de la disposición
controvertida que le corresponde ejercer, sin sustituir en modo alguno la motivación de la Comisión recogida en el Reglamento
de Ejecución n.º 543/2011 por la suya propia.
Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar que la Comisión había cumplido el artículo
296 TFUE. En consecuencia, procede desestimar el primer motivo de casación.

Sobre el segundo motivo de casación, basado en un error de Derecho cometido en la interpretación del principio de igualdad
de trato
Mediante su segundo motivo de casación, el Reino de España considera que, en los apartados 131 a 138, 140 y 141 de la sentencia
recurrida, el Tribunal General vulneró el principio de igualdad de trato. El segundo motivo de casación se divide en tres
partes.
Sobre la primera parte del segundo motivo de casación, relativa a la distinción que la disposición controvertida establece
entre los cítricos y las restantes frutas y hortalizas
–             Alegaciones de las partes
Según el Reino de España, el Tribunal General justifica la distinción entre los cítricos y las restantes frutas y hortalizas
basándose en un hecho supuestamente notorio, que carece de sustento fáctico y científico, como es la distinción entre frutas
de cáscara gruesa y de cáscara fina y la inclusión de los cítricos en la primera de estas categorías.
El Reino de España reprocha al Tribunal General haber declarado que el Derecho de la Unión autoriza únicamente a aplicar tratamientos
en el caso de la categoría de frutas y hortalizas de «cáscara gruesa», de manera que deberá informarse al consumidor de que
un cítrico, dotado de una «cáscara gruesa» que no se consume con la pulpa, ha sido objeto de un tratamiento posterior a la
cosecha, en el supuesto de una utilización de la cáscara con fines culinarios. Basándose en esta clasificación del Tribunal
General, que el Reino España califica de «artificiosa» y «desconocida», este último alega que dicho Tribunal incurrió en error
al declarar que, en razón de esas particularidades, los productores de cítricos se encuentran en una situación diferente a
la de los productores de otras frutas y hortalizas, en lo que atañe al objetivo de informar a los consumidores en materia
de las sustancias utilizadas en el tratamiento posterior a la cosecha. El Reino de España sostiene que el grosor de la piel,
cáscara o corteza no es un criterio adecuado para distinguir los cítricos de las restantes frutas y hortalizas, habida cuenta
de que algunos cítricos tienen una piel fina que puede ser consumida.
El Reino de España añade que la motivación del Tribunal General no es coherente con el sistema de la Unión Europea para la
autorización de materias activas plaguicidas, sistema que no distingue entre los cítricos y las demás frutas y hortalizas
frescas respecto a la seguridad alimentaria. En efecto, el Reino de España observa que los límites máximos de residuos de
un plaguicida autorizado se fijan teniendo en cuenta no sólo la parte comestible en fresco de la fruta y hortaliza, sino el
producto entero, incluida la cáscara, así como los alimentos procesados elaborados con ellos (mermeladas, zumos, aceites,
compotas, etc.).
A este respecto, el Reino de España aduce que los criterios en que se basan las elecciones de uso de los plaguicidas y sus
dosis, no son criterios toxicológicos, sino criterios agrícolas, que determinan las dosis mínimas que son eficaces. Añade
que estos criterios nada tiene que ver con el grosor de la cáscara. Según dicho Estado miembro, de ningún modo un producto
con una cáscara más gruesa tiene un riesgo más elevado de contener un mayor nivel de residuos en la práctica que una fruta
de piel fina.
La Comisión refuta las alegaciones del Reino de España.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede declarar que determinar si los hechos tienen o no carácter notorio corresponde al órgano judicial de primera instancia
y constituye una apreciación de naturaleza fáctica que, salvo desnaturalización, no está sujeta al control del Tribunal de
Justicia en el marco de un recurso de casación (véase, en este sentido, el auto Provincia di Ascoli Piceno y Comune di Monte
Urano/Apache Footwear y otros, C‑464/07 P(I), EU:C:2008:49, apartado 9).
Pues bien, el Reino de España no sólo no ha alegado formalmente la desnaturalización de los hechos, sino que en su recurso
de casación tampoco aporta elementos que permitan al Tribunal de Justicia llegar a la conclusión de que las apreciaciones
efectuadas por el Tribunal General en los apartados 131 a 138 de la sentencia recurrida constituyen una desnaturalización
de esa naturaleza.
En efecto, procede hacer constar que el apartado 28 del escrito de interposición del recurso de casación no contiene sino
afirmaciones de carácter general, sin ninguna base que las sustente.
En cuanto al apartado 29 del escrito de interposición del recurso de casación, el Reino de España se limita a afirmar que,
si bien la piel de determinados cítricos, como las mandarinas o los kumquats, es de menor grosor y comestible en mayor medida
que la de otros cítricos, como las naranjas, todas estas clases de cítricos están sujetas a la obligación de etiquetado prevista
en la disposición controvertida. Esta constatación no es idónea, empero, para cuestionar la apreciación del Tribunal General
según la cual es razonable advertir al consumidor acerca del tratamiento de los cítricos posterior a la cosecha habida cuenta
de que, a diferencia de los frutos de piel fina, todos esos cítricos pueden ser objeto de un tratamiento con dosis mucho más
elevadas de sustancias químicas y de que su piel, cáscara o corteza puede incorporarse de un modo u otro a la alimentación
humana. A este respecto, cabe observar que el Reino de España no impugna lo declarado en el apartado 133 de la sentencia recurrida,
según el cual el anexo II del Reglamento (CE) n.º 396/2005, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos
de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70,
p. 1), fijó límites máximos de residuos de 2‑fenilfenol que eran 50 veces más elevados en el caso de los cítricos que en el
de otras frutas.
Además, en los apartados 30 a 34 del escrito de interposición del recurso de casación únicamente se pretende demostrar que
los productos utilizados en el tratamiento de los cítricos son objeto de una evaluación minuciosa en lo que atañe a su inocuidad
para la salud humana.
En cuanto al apartado 35 del escrito de interposición del recurso de casación, se limita a afirmar que «de ningún modo un
producto con una cáscara más gruesa tiene un riesgo más elevado de contener un mayor nivel de residuos […] que una fruta de
piel fina», sin fundamentar en modo alguno tal afirmación.
De lo anterior se deduce que, al no haber demostrado el Reino de España ningún tipo de desnaturalización de los hechos, debe
desestimarse la primera parte del segundo motivo de casación.
Sobre la segunda parte del segundo motivo de casación, relativa a la exclusión de determinados cítricos del ámbito de aplicación
de la disposición controvertida
–             Alegaciones de las partes
El Reino de España reprocha al Tribunal General haber admitido, en el apartado 138 de la sentencia recurrida, que los pomelos,
las toronjas y las limas podían estar excluidos del ámbito de aplicación de la disposición controvertida.
A este respecto, el Reino de España sostiene, en primer lugar, que las tres frutas citadas, que provienen de zonas lejanas
a la Unión y están sometidas a largos períodos de transporte, son tratadas con los mismos productos que los cítricos de la
Unión. Más concretamente, añade que, en el caso de los pomelos, es particularmente frecuente su consumo en forma de zumo,
para cuya extracción también puede utilizarse la piel, y que, en el caso de la lima, se consume frecuentemente en un cóctel
en el que esta fruta está presente tanto en forma de jugo como de trozos de la misma.
En segundo lugar, el Reino de España alega que el escaso volumen de ventas de pomelos, toronjas y limas en la Unión no es
un término concluyente para justificar su exclusión del ámbito de aplicación de la disposición controvertida, porque tal criterio
no es relevante a los efectos de seguridad alimentaria.
La Comisión refuta las alegaciones del Reino de España.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
En lo que atañe a la alegación del Reino de España según la cual la piel o corteza de los pomelos y de las limas, frutos excluidos
del ámbito de aplicación de la disposición controvertida, se utiliza en la preparación de zumos o cócteles, cabe observar
que tal alegación tiene por objeto que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la apreciación de hecho efectuada por el
Tribunal General en el apartado 138 de la sentencia recurrida en virtud de la cual dicho Tribunal declaró, por un lado, que
no constaba en autos que la piel o corteza de aquellos cítricos pudiera utilizarse con fines culinarios y, por otro lado,
que el Reino de España no había alegado que tal pudiera ser el caso, a pesar de que el propio Tribunal General había instado
a dicho Estado miembro a exponer su posición en cuanto a la exclusión de los mencionados cítricos del ámbito de aplicación
de la disposición controvertida.
Por consiguiente, dicha alegación es inadmisible.
En cuanto a la alegación relativa al volumen de ventas de pomelos, toronjas y limas en Europa, cabe observar que esta alegación
se dirige contra un fundamento de Derecho de la sentencia recurrida expuesto a mayor abundamiento y que, por consiguiente,
debe ser considerada inoperante.
Por lo tanto, debe desestimarse la segunda parte del segundo motivo de casación.
Sobre la tercera parte del segundo motivo de casación, relativa a la comparabilidad de los productores de cítricos con los
productores de otras frutas y hortalizas
–             Alegaciones de las partes
El Reino de España reprocha al Tribunal General haber considerado, en los apartados 140 y 141 de la sentencia recurrida, que
la alegación según la cual el etiquetado al que obliga la disposición controvertida puede ocasionar una desventaja competitiva
a los productores de cítricos a los que se refiere dicha disposición en relación con los productores de otras frutas y hortalizas
no resulta pertinente en el contexto de una supuesta violación del principio de igualdad de trato y de no discriminación.
La Comisión refuta la argumentación del Reino de España.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Según reiterada jurisprudencia, la vulneración del principio de igualdad de trato a causa de un trato diferente presupone
que las situaciones en cuestión sean comparables, habida cuenta del conjunto de elementos que las caracterizan (sentencia
Arcelor Atlantique y Lorraine y otros, C‑127/07, EU:C:2008:728, apartado 25).
Por lo tanto, el Tribunal General consideró fundadamente, en el apartado 141 de la sentencia recurrida, que el examen de una
eventual desventaja competitiva resultaba inoperante en el marco del análisis del principio de igualdad de trato, ya que tal
examen no podía desvirtuar la conclusión a la que el Tribunal General llegó en el apartado 136 de la sentencia recurrida,
conclusión según la cual los productores de los cítricos a los que se refiere la disposición impugnada no se encuentran en
una situación comparable a la de los productores de otras frutas y hortalizas.
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede desestimar el segundo motivo de casación.

Sobre el tercer motivo de casación, basado en un error de Derecho relativo al control judicial del principio de proporcionalidad
El Reino de España sostiene que, en los apartados 153, 163, 176 a 178 y 181 a 188 de la sentencia recurrida, el Tribunal General
incurrió en error de Derecho en lo que atañe al control judicial del principio de proporcionalidad. Estima que el Tribunal
General no examinó adecuadamente la pertinencia e idoneidad de los datos en los que se había basado la decisión controvertida
ni de las conclusiones que se deducían de tales datos y que dicho Tribunal aplicó un test superficial limitado a verificar
la existencia de un error manifiesto, contrariamente al grado de control que exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
El tercer motivo de casación se divide en cuatro partes.
Sobre la primera parte del tercer motivo de casación, relativa a la interpretación errónea de la voluntad del legislador de
la Unión que justifica la disposición controvertida
–             Alegaciones de las partes
En primer lugar, el Reino de España alega que no comprende la afirmación del Director General de la Dirección General (DG)
«Agricultura y Desarrollo Rural» de la Comisión, que figura en sus escritos de fechas 14 y 30 de junio de 2011, según la cual
la supresión de la obligación de etiquetado prevista en la disposición controvertida «plantearía legítimas dudas respecto
a la correcta aplicación de la legislación sobre aditivos alimentarios».
En segundo lugar, el Reino de España sostiene que el Tribunal General no podía admitir «sin más» tal afirmación, máxime cuando
el ortofenilfenol, y sus sales de sodio, denominadas «ortofenilfenol de sodio» (en lo sucesivo, conjuntamente, «OPP»), fue
considerado a lo largo de todo el proceso como un plaguicida. A este respecto, el Reino de España alega que dicha afirmación
se refería a una legislación ya derogada y no aplicable al OPP porque no versaba sobre los plaguicidas sino sobre los aditivos
alimentarios.
Por último, el Reino de España aduce que ya había indicado en su escrito de demanda ante el Tribunal General que ésta no versaba
sobre la obligación de etiquetado relativa al OPP, sino sobre la obligación general de etiquetar los cítricos indicando los
conservantes o sustancias químicas para tratamientos después de la cosecha. Ahora bien, ni la legislación específica sobre
tales conservantes o sustancias químicas, que garantiza normas de seguridad rigurosas y la inocuidad de esas sustancias para
los consumidores, ni la legislación sobre la información de los consumidores, imponen una obligación de etiquetado como la
prevista en la disposición controvertida. El Reino de España deduce de ello que, de haber considerado el legislador la necesidad
de marcar en el etiquetado de los envases la utilización de un plaguicida, lo hubiera definido como requisito en las mencionadas
legislaciones.
La Comisión refuta las alegaciones del Reino de España.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, procede hacer constar que, cuando el Reino de España aduce que no está en condiciones de comprender
los escritos del Director General de la DG «Agricultura y Desarrollo Rural», a los que se hace referencia en el apartado 67
de la presente sentencia, está formulando una alegación cuya inadmisibilidad debe declararse, puesto que no va dirigida como
tal contra un apartado de la sentencia recurrida.
Por otra parte, cuando el Reino de España reprocha al Tribunal General haber admitido «sin más» los mencionados escritos a
efectos de examinar la fundamentación de la disposición controvertida, dicho Estado miembro lleva a cabo una interpretación
errónea de la sentencia recurrida.
En efecto, el Tribunal General examinó detalladamente la evolución de la legislación de la Unión relativa al OPP y expuso
con claridad, en los apartados 171 a 178 de la sentencia recurrida, las razones por las cuales esos mismos escritos se referían
manifiestamente a la nota a pie de página que figuraba en el anexo de la Directiva 2003/114. Ahora bien, en dicha nota se
indica que «la supresión del ortofenil fenol E 231 y del ortofenil fenol sódico E 232 entrará en vigor tan pronto como los
requisitos de etiquetado de los alimentos tratados con dicha(s) sustancia(s) sean de aplicación en virtud de la legislación
comunitaria sobre contenidos máximos de residuos de plaguicidas». Así pues, tal como expone el Tribunal General en el apartado
177 de la sentencia recurrida, al adoptar la disposición controvertida la Comisión tuvo en cuenta la citada nota a pie de
página como testimonio de la voluntad del legislador de la Unión de establecer una obligación de etiquetado para los productos
alimenticios tratados valiéndose del OPP.
Tampoco puede prosperar la alegación que el Reino de España expone en los apartados 68 a 70 del escrito de interposición del
recurso de casación y que tiene por objeto demostrar, basándose en un análisis de la legislación de la Unión relativa específicamente
a los productos fitofarmacéuticos y a la información de los consumidores sobre los productos alimenticios, que el legislador
comunitario, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General en los apartados 177 y 178 de la sentencia recurrida, no
tenía intención de imponer la obligación de mencionar las materias activas en el etiquetado de los productos vegetales en
general y de los cítricos en particular.
En efecto, la circunstancia de que las disposiciones legales a las que se refiere el Reino de España en el escrito de interposición
del recurso de casación no exijan un etiquetado específico de los plaguicidas utilizados en los tratamientos agrícolas no
impide a la Comisión adoptar una norma sobre comercialización de los cítricos que, de conformidad con el artículo 113 del
Reglamento n.º 1234/2007, tenga en cuenta tanto el interés de los consumidores en recibir una adecuada y transparente información
como las recomendaciones sobre normas adoptadas por la CEPE/ONU. En particular, esta circunstancia no supone obstáculo alguno
para que la Comisión adopte una disposición que imponga un etiquetado de los cítricos en el que deban mencionarse los tratamientos
que se hayan aplicado a estos frutos con posterioridad a la cosecha.
Por lo tanto, debe desestimarse la primera parte del tercer motivo de casación.
Sobre la segunda parte del tercer motivo de casación, relativa a la premisa en la que el Tribunal General se basó para efectuar
su control
–             Alegaciones de las partes
El Reino de España sostiene que, contrariamente a las consideraciones del Tribunal General que figuran en los apartados 183
a 185 de la sentencia recurrida, su alegación sobre la existencia de una desventaja comercial en perjuicio de los productores
de cítricos sujetos a la obligación prevista en la disposición controvertida, en relación con los productores de otras frutas
y hortalizas, no se basaba en la premisa de que los consumidores ignoran que todas las frutas y hortalizas son objeto de tratamientos
con diferentes sustancias, sino en la premisa de que cuando un consumidor se encuentra con cualquier alimento en el cual existe
una indicación en el etiquetado que hace alusión a la adición de cualquier sustancia química, se siente más desalentado que
atraído ante tal mención.
La Comisión refuta las alegaciones del Reino de España.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Contrariamente a lo que sostiene el Reino de España en el marco del presente recurso de casación, de su escrito de demanda
en primera instancia resulta que dicho Estado invocó ante el Tribunal General la premisa según la cual, cuando no existe un
marcado específico, los consumidores consideran que las frutas y hortalizas no han sido objeto de un tratamiento químico particular.
En efecto, en el apartado 69 del escrito de interposición del recurso ante el Tribunal General, el Reino de España afirmó
que «obligando a etiquetar solamente a los cítricos, el mensaje que se transmite al consumidor es que los cítricos son las
únicas frutas tratadas con productos químicos».
En consecuencia, no cabe estimar la segunda parte del tercer motivo de casación.
Sobre la tercera parte del tercer motivo de casación, relativa a la especificidad de los cítricos a los que se refiere la
disposición controvertida
–             Alegaciones de las partes
Según el Reino de España, si, como afirma el Tribunal General en el apartado 181 de la sentencia recurrida, la finalidad de
la disposición controvertida no es otra que la de garantizar que los consumidores dispongan de una mejor información, no se
comprende por qué razón tal obligación de marcado se impone, por un lado, únicamente a los cítricos tratados con posterioridad
a la cosecha y no a aquellos que son objeto de un tratamiento anterior a la misma, y, por otro lado, únicamente a los cítricos
y no a las restantes frutas y hortalizas tratadas utilizando los mismos productos químicos.
La Comisión refuta las alegaciones del Reino de España.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
En lo que atañe a la alegación del Reino de España relativa a la diferencia que, en cuanto a la obligación de etiquetado,
existe entre los cítricos según que estos frutos sean tratados con anterioridad a la cosecha o con posterioridad a la misma,
procede declarar que una alegación que no haya sido formulada en primera instancia constituye un motivo nuevo inadmisible
en fase de casación, salvo en el supuesto de que pueda ser considerada como la ampliación de una alegación ya formulada en
el marco de un motivo invocado en la demanda presentada ante el Tribunal General.
Pues bien, en el caso de autos, procede hacer constar que en ninguno de los motivos invocados para fundamentar su recurso
ante el Tribunal General ha sostenido el Reino de España que la disposición controvertida vulnere el principio de proporcionalidad
por el hecho de que únicamente los tratamientos sobre los cítricos efectuados con posterioridad a la cosecha deban ser objeto
de una mención destinada a los consumidores. En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del tercer motivo de casación
en lo que atañe a este punto por constituir un motivo nuevo.
En lo que atañe a la alegación del Reino de España relativa a la diferencia que, en cuanto a la obligación de etiquetado,
existe entre los cítricos y las restantes frutas y hortalizas tratadas con los mismos productos químicos, cabe observar, al
igual que hace la Comisión, que en los apartados 73 y 74 del escrito de interposición del recurso de casación el Reino de
España se limita a reproducir en sus mismos términos las alegaciones que ya había formulado ante el Tribunal General en el
apartado 48 de su escrito de réplica, sin especificar por qué razón el Tribunal General no habría ejercido un control suficiente
sobre este punto.
En todo caso, procede hacer constar que, en los apartados 131 a 136 de la sentencia recurrida, el Tribunal General expuso
detalladamente las razones por las que consideraba que los cítricos, por un lado, y las restantes frutas y hortalizas, por
otro, no se encuentran en situaciones comparables en relación con la obligación impuesta por la disposición controvertida.
A este respecto, reviste especial importancia la circunstancia de que los cítricos puedan ser sometidos a tratamientos químicos
de una concentración mucho mayor que en el caso de otras frutas y hortalizas, pese a la posibilidad de consumir su piel o
corteza, circunstancia que tuvo en cuenta el Tribunal General en el marco de su apreciación de los hechos. Así pues, el Tribunal
General pudo considerar, sin incurrir en error de Derecho, que no era descabellado imponer a los productores de cítricos una
obligación de información específica destinada a los consumidores.
De ello se desprende que la tercera parte del tercer motivo de casación no puede prosperar.
Sobre la cuarta parte del tercer motivo de casación, relativa al hecho de que la disposición controvertida se aplica igualmente
a los cítricos destinados a la exportación
–             Alegaciones de las partes
El Reino de España, remitiéndose al apartado 188 de la sentencia recurrida, niega que pueda alcanzarse un grado uniforme y
elevado de protección de los consumidores, tanto dentro como fuera de la Unión, valiéndose del etiquetado, que no es más que
un mero objeto informativo. Estima que el acceso a tal nivel de protección de los consumidores se consigue gracias al trabajo
de los productores y a la responsabilidad de todos los operadores que participan en la cadena de comercialización y de las
autoridades de los Estados miembros, así como a los elevados niveles de seguridad aplicados por la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria (EFSA). El Reino de España añade que, si el objetivo que persigue la decisión controvertida es proteger a los
consumidores de todo el mundo, no es razonable adoptar una disposición selectiva, basada en el consumo en el mercado europeo,
y que la disposición controvertida no es conforme con el propio ámbito de aplicación territorial del Derecho de la Unión ni
con el ámbito de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La Comisión refuta las alegaciones del Reino de España.
–             Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter liminar, cabe observar que, en respuesta a la alegación del Reino de España según la cual la disposición controvertida
da lugar, en los mercados de los países terceros, a una desventaja competitiva en perjuicio de los cítricos destinados a la
exportación, el Tribunal General declaró, en el apartado 188 de la sentencia recurrida, por una parte, que un nivel uniforme
y elevado de protección de los consumidores, tanto de dentro de la Unión como del exterior, forma parte de la imagen de calidad
y fiabilidad de los productos procedentes de la Unión y contribuye a mantener ―o incluso a reforzar― su posición en los mercados
internacionales, y, por otra parte, que el Reino de España no había alegado ningún argumento específico que pudiera poner
en tela de juicio tales consideraciones.
Pues bien, en su recurso de casación el Reino de España no pone en tela de juicio lo declarado por el Tribunal General en
el sentido de que tender a un nivel uniforme y elevado de protección de los consumidores, tanto de dentro de la Unión como
del exterior, contribuye a mantener ―o incluso a reforzar― la posición comercial de los productos agrícolas originarios de
la Unión que están sujetos a la obligación de etiquetado prevista en la disposición controvertida y que están destinados a
la exportación.
El Reino de España se limita, en realidad, a negar que esta obligación de etiquetado permita obtener un nivel uniforme y elevado
de protección de los consumidores, especialmente habida cuenta de que tal obligación reviste un carácter selectivo por razones
relacionadas con el consumo en el mercado europeo.
No obstante, aun suponiendo que el Tribunal General haya basado su razonamiento en tal constatación, cabe observar que se
trata, en todo caso, de una apreciación fáctica que no es competencia del Tribunal de Justicia cuando se pronuncia en el marco
de un recurso de casación.
De lo anterior se deduce que no pueden prosperar las alegaciones que el Reino de España formula contra los apartados 188 y
189 de la sentencia recurrida.
Teniendo en cuenta que el Tribunal General ha demostrado suficientemente con arreglo a Derecho, mediante los fundamentos jurídicos
expuestos en los apartados que acaban de citarse, que la Comisión no violó el principio de proporcionalidad al imponer que
los cítricos incluidos en el ámbito de aplicación de la disposición controvertida fueran objeto de un etiquetado específico
incluso en el supuesto de estar destinados a la exportación a países terceros, huelga examinar las alegaciones formuladas
contra el otro fundamento en el que se basó el Tribunal General, en el apartado 187 de la sentencia recurrida, para excluir
que se hubiera violado el principio de proporcionalidad, ya que tales alegaciones, formuladas contra un fundamento de Derecho
expuesto a mayor abundamiento, resultan en todo caso inoperantes.
Por consiguiente, debe desestimarse el tercer motivo de casación.
De las consideraciones anteriores resulta que el recurso de casación debe desestimarse en su totalidad.

Costas
A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del
artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas,
si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha solicitado la condena en costas del Reino de España y
puesto que han sido desestimados las pretensiones formuladas por éste, procede condenarlo a cargar con las costas correspondientes
a la fase de casación.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar en costas al Reino de España.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.