CELEX: 62020CJ0690
Recurso de casación
Competencia
Prácticas colusorias
Decisión de la Comisión Europea por la que se ordena una inspección
Vías de recurso contra el desarrollo de la inspección
Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Derecho a la tutela judicial efectiva
Reglamento (CE) n.o 1/2003
Artículo 19
Reglamento (CE) n.o 773/2004
Artículo 3
Registro de las entrevistas realizadas por la Comisión en el marco de sus investigaciones
Punto de partida de la investigación de la Comisión

Mediante su recurso de casación, Casino, Guichard-Perrachon SA (en lo sucesivo, «Casino») y Achats Marchandises Casino SAS (AMC) solicitan la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2020, Casino, Guichard-Perrachon y AMC/Comisión (
T‑249/17
, en lo sucesivo, sentencia recurrida,
EU:T:2020:458
), mediante la que este desestimó parcialmente su recurso basado en el artículo 263 TFUE, por el que solicitaban la anulación de la Decisión C(2017) 1054 final de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, por la que se ordena a Casino y a todas las sociedades directa o indirectamente controladas por ella que se sometan a una inspección de conformidad con el artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo (AT.40466 — Tute 1) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
Marco jurídico
Reglamento (CE) n.
o
1/2003
A tenor del considerando 25 del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 2003, L 1, p. 1
):
«Al hacerse cada vez más difícil la detección de las infracciones de las normas de competencia y para protegerla eficazmente resulta necesario completar los poderes de investigación de la Comisión [Europea]. La Comisión debe estar facultada, en particular, para interrogar a toda persona que pueda disponer de información útil y poder guardar constancia de sus declaraciones. En el curso de una inspección, los agentes acreditados por la Comisión deben estar facultados para colocar precintos durante el tiempo que sea necesario para la inspección, que normalmente no excederá de 72 horas. Asimismo, los agentes acreditados por la Comisión deben estar facultados para recabar toda clase de informaciones relacionadas con el asunto y el objeto de la inspección.»
En el capítulo V, titulado «Poderes de investigación», figura el artículo 17 de este Reglamento, a su vez titulado «Investigaciones por sectores económicos y por tipos de acuerdo», que establece, en su apartado 1:
«Cuando la evolución de los intercambios entre Estados miembros, la rigidez de los precios u otras circunstancias hagan presumir que pueda limitarse o falsearse la competencia dentro del mercado común, la Comisión podrá proceder a una investigación general en un sector determinado de la economía o en un tipo concreto de acuerdos comunes a diversos sectores económicos. En el curso de la misma, la Comisión podrá recabar de las empresas o asociaciones de empresas de que se trate la información necesaria para la aplicación de los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] y efectuar las inspecciones pertinentes a tal efecto.»
El artículo 19 del citado Reglamento, titulado «Poder de recabar declaraciones», establece:
«1.   Para la realización de las tareas que le asigna el presente Reglamento, la Comisión podrá oír a toda persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a efectos de la recopilación de información en relación con el objeto de una investigación.
2.   Cuando la entrevista contemplada en el apartado 1 se realice en los locales de la empresa, la Comisión informará de ello a la autoridad de competencia del Estado miembro en cuyo territorio se lleve a cabo la entrevista. Si así lo solicitare la autoridad de competencia de ese Estado miembro, sus agentes podrán ayudar a los agentes y demás personas acreditadas por la Comisión para llevar a cabo la entrevista.»
El artículo 20 del mismo Reglamento, titulado «Poderes de la Comisión en materia de inspección», dispone:
«1.   Para la realización de las tareas que le asigna el presente Reglamento, la Comisión podrá proceder a cuantas inspecciones sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresas.
2.   Los agentes y demás personas acreditadas por la Comisión para proceder a una inspección estarán facultados para:
a)
acceder a todos los locales, terrenos y medios de transporte de las empresas y asociaciones de empresas;
b)
examinar los libros y cualquier otra documentación profesional, cualquiera que sea su soporte material;
c)
hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o de la documentación;
d)
colocar precintos en cualquiera de los locales y libros o documentación de la empresa durante el tiempo y en la medida necesarios para la inspección;
e)
solicitar a cualquier representante o miembro del personal de la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre hechos o documentos relativas al objeto y la finalidad de la inspección y guardar constancia de sus respuestas.
3.   Los agentes y demás personas acreditadas por la Comisión para proceder a una inspección ejercerán sus poderes previa presentación de un mandamiento escrito que indique el objeto y la finalidad de la inspección, así como la sanción prevista en el artículo 23 para el supuesto en que los libros u otros documentos profesionales requeridos se presenten de manera incompleta y en caso de que las respuestas a las preguntas formuladas en aplicación del apartado 2 del presente artículo sean inexactas o desvirtuadas. La Comisión advertirá de la misión de inspección a la autoridad de competencia del Estado miembro en cuyo territorio se haya de llevar a cabo la misma con suficiente antelación.
4.   Las empresas y asociaciones de empresas estarán obligadas a someterse a las inspecciones que la Comisión haya ordenado mediante decisión. La decisión indicará el objeto y la finalidad de la inspección, fijará la fecha en que dará comienzo y hará referencia a las sanciones previstas en el artículo 23 y en el artículo 24, así como al derecho a recurrir contra la decisión ante el Tribunal de Justicia [de la Unión Europea]. La Comisión tomará estas decisiones después de consultar a la autoridad de competencia del Estado miembro en cuyo territorio deba efectuarse la inspección.
5.   Los agentes de la autoridad de competencia del Estado miembro en cuyo territorio deba efectuarse la inspección, así como las demás personas que aquella haya autorizado o designado, deberán prestar activamente asistencia a los agentes y demás personas acreditadas al efecto por la Comisión cuando así lo pidan la citada autoridad o la Comisión. A tal fin, gozarán de los poderes definidos en el apartado 2.
6.   Cuando los agentes y demás personas acreditadas al efecto por la Comisión constaten que una empresa se opone a una inspección ordenada con arreglo al presente artículo, el Estado miembro interesado les prestará la asistencia necesaria, requiriendo si es preciso la acción de la policía o de una fuerza pública equivalente, para permitirles realizar su misión de inspección.
7.   Cuando, de acuerdo con la normativa nacional, la asistencia prevista en el apartado 6 requiera un mandamiento judicial se formulará la correspondiente solicitud, pudiendo solicitarse también con carácter preventivo.
8.   Cuando se solicite el mandamiento contemplado en el apartado 7, el juez nacional verificará la autenticidad de la decisión de la Comisión y […] que las medidas coercitivas contempladas no son arbitrarias ni desproporcionadas en relación con el objeto de la inspección. Cuando verifique la proporcionalidad de las medidas coercitivas contempladas, el juez nacional podrá pedir a la Comisión, directamente o a través de la autoridad de la competencia del Estado miembro, explicaciones detalladas referentes en particular a los motivos que tenga la Comisión para sospechar que se han infringido los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE], así como sobre la gravedad de la presunta infracción y la naturaleza de la participación de la empresa de que se trate. Sin embargo, el juez nacional no podrá poner en cuestión la necesidad de proceder a la inspección ni exigir que se le facilite la información que conste en el expediente de la Comisión. Se reserva al Tribunal de Justicia el control de la legalidad de la decisión de la Comisión.»
El artículo 23 del Reglamento n.
o
1/2003, titulado «Multas sancionadoras», establece, en su apartado 1:
«La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas de hasta un 1 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior cuando, de forma deliberada o por negligencia:
[…]
c)
presenten de manera incompleta, durante las inspecciones efectuadas en virtud del artículo 20, los libros u otros documentos profesionales requeridos, o no se sometan a las inspecciones ordenadas mediante decisión adoptada en aplicación del apartado 4 del artículo 20;
d)
en respuesta a una pregunta planteada con arreglo a la letra e) del apartado 2 del artículo 20,
–
den una respuesta inexacta o engañosa,
–
no rectifiquen una respuesta incorrecta, incompleta o engañosa dada por un miembro de su personal dentro de un plazo máximo establecido por la Comisión, o bien
–
omitan o se nieguen a dar una respuesta completa sobre hechos relacionados con el objeto y finalidad de la inspección ordenada mediante decisión adoptada en virtud del apartado 4 del artículo 20;
e)
hayan roto los precintos colocados por los agentes o sus acompañantes habilitados por la Comisión en aplicación de la letra d) del apartado 2 del artículo 20.»
Reglamento (CE) n.
o
773/2004
El artículo 2 del Reglamento (CE) n.
o
773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 2004, L 123, p. 18
), titulado «Incoación del procedimiento», establece, en su apartado 3:
«La Comisión podrá ejercer sus poderes de investigación en virtud del capítulo V del Reglamento [n.
o
1/2003] antes de incoar el procedimiento.»
En el capítulo III, titulado «Investigaciones realizadas por la Comisión», figura el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004, a su vez titulado «Poder de recabar declaraciones», que dispone:
«1.   Cuando, en virtud del artículo 19 del Reglamento [n.
o
1/2003], la Comisión entreviste a una persona con su consentimiento, le indicará al comienzo de la entrevista la base jurídica y el objeto de la entrevista y le recordará su carácter voluntario. Asimismo, informará al declarante de su intención de guardar constancia de la entrevista.
2.   La entrevista podrá realizarse por cualquier medio, incluido el teléfono o algún medio electrónico.
3.   La Comisión podrá registrar, mediante cualquier procedimiento, las declaraciones hechas por los declarantes. Se pondrá a disposición de los declarantes una copia de sus declaraciones para su aprobación. Cuando sea necesario, la Comisión fijará un plazo para que los declarantes puedan comunicarle cualquier corrección que deba hacerse a la declaración tomada.»
Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
Los antecedentes del litigio aparecen resumidos en los apartados 2 a 8 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:
«2. [Casino], la primera demandante […], es la sociedad matriz del grupo Casino, que opera en particular en Francia, principalmente en el sector de la distribución de productos alimenticios y no alimenticios. Su filial, Achats Marchandises Casino SAS (AMC), antes denominada EMC Distribution, la segunda demandante, es una central de negociación de compras que negocia con los proveedores las condiciones de compra para las marcas del grupo Casino en Francia.
3. Tras haber recibido información relativa a intercambios de información entre la primera demandante y otras empresas o asociaciones de empresas, en concreto Intermarché, sociedad que también opera en el sector de la distribución de productos alimenticios y no alimenticios, la Comisión Europea adoptó [la Decisión controvertida].
4. La parte dispositiva de la Decisión [controvertida] establece lo siguiente:
“Artículo uno
Casino […], así como todas las sociedades controladas directa o indirectamente por ella, deben someterse a una inspección referida a su posible participación en prácticas concertadas contrarias al artículo 101 [TFUE] en los mercados de suministro de bienes de consumo corriente, en el mercado de venta de servicios a los fabricantes de productos de marca y en los mercados de venta a los consumidores de bienes de consumo corriente. Estas prácticas concertadas consisten en:
a)
intercambios de información, desde 2015, entre empresas y/o asociaciones de empresas, en particular [International Casino Dia Corporation (ICDC)] […], y/o sus miembros, en concreto Casino y AgeCore y/o sus miembros, concretamente Intermarché, relativos a los descuentos obtenidos por estos en los mercados de suministro de bienes de consumo corriente en los sectores de los productos alimenticios, productos de higiene y productos para el hogar y los precios en el mercado de venta de servicios a los fabricantes de productos de marca en los sectores de los productos alimenticios, productos de higiene y productos para el hogar, en varios Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Francia, e
b)
intercambios de información, al menos desde 2016, entre Casino e Intermarché en relación con sus estrategias comerciales futuras, en particular en cuanto a la gama de productos, el desarrollo de tiendas, el comercio electrónico y la política promocional en los mercados de suministro de bienes de consumo corriente y en los mercados de venta a los consumidores de bienes de consumo corriente, en Francia.
Esta inspección puede llevarse a cabo en cualquier local de la empresa […]
Casino autorizará a los funcionarios y a las demás personas acreditadas a tal efecto por la Comisión para realizar una inspección y a los funcionarios y a las demás personas acreditadas a tal efecto por la autoridad de competencia del Estado miembro afectado para proporcionarles asistencia o nombrados por este último a tal efecto, a acceder a todos sus locales y medios de transporte durante el horario normal de oficina. Deberá poner a disposición de la inspección los libros y cualquier otra documentación profesional, cualquiera que sea su soporte material, si los funcionarios y las demás personas acreditadas a tal efecto los solicitan y les permitirá examinarlos de forma presencial y hacer u obtener copias o extractos en cualquier formato de dichos libros o de la documentación. Deberá autorizar la colocación de precintos en cualquiera de los locales y libros o documentación de la empresa durante el tiempo que se prolongue la inspección y en la medida en que sean necesarios para esta. Dará de forma inmediata e
in situ
explicaciones orales sobre el objeto y la finalidad de la inspección si dichos funcionarios o personas las solicitan y autorizará a cualquier representante o miembro del personal a dar tales explicaciones. Autorizará que se guarde constancia de estas explicaciones en cualquier formato.
Artículo 2
La inspección podrá dar comienzo el 20 de febrero de 2017 o dentro de un breve plazo a partir de dicha fecha.
Artículo 3
Las destinatarias de la presente Decisión son Casino y todas las sociedades controladas directa o indirectamente por ella.
Esta Decisión se notificará a la empresa que es su destinataria inmediatamente antes de proceder a la inspección, con arreglo al artículo 297 [TFUE], apartado 2.”
5. Tras haber sido informada de esta inspección por la Comisión, la Autorité de la concurrence (Autoridad de Defensa de la Competencia, Francia) interpuso una demanda ante los jueces competentes en materia de medidas restrictivas de la libertad personal de los tribunaux de grande instance de Créteil y de Paris (Tribunales de Primera Instancia de Créteil y de París, Francia), solicitándoles la autorización para realizar operaciones de entrada y registro, así como de incautación en los locales de las demandantes. Mediante autos de 17 de febrero de 2017, dichos jueces autorizaron las entradas y registros y las incautaciones solicitados con carácter preventivo. Dado que ninguna de las medidas adoptadas en relación con la inspección precisaba del uso de las “facultades coercitivas” en el sentido del artículo 20, apartados 6 a 8, del Reglamento n.
o
1/2003, estos autos no se notificaron a las demandantes.
6. La inspección dio comienzo el 20 de febrero de 2017, fecha en la que los inspectores de la Comisión, acompañados por representantes de la Autoridad de Defensa de la Competencia francesa, se presentaron en la sede parisina del grupo Casino, así como en los locales de la segunda demandante, y notificaron la Decisión [controvertida] a las demandantes.
7. En el marco de la inspección, la Comisión realizó, en concreto, una entrada y registro en las oficinas, una recogida de material, en particular informático (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, tabletas y dispositivos de almacenamiento), tomó declaración a varias personas e hizo copias del contenido del material recopilado.
8. Cada una de las demandantes remitió a la Comisión un escrito con fecha de 24 de febrero de 2017, en los que formularon reservas acerca de la Decisión [controvertida] y del desarrollo de la inspección llevada a cabo basándose en esta.»
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 28 de abril de 2017, las recurrentes interpusieron, en virtud del artículo 263 TFUE, un recurso por el que solicitaban la anulación de la Decisión controvertida. En apoyo de su recurso, las recurrentes invocaron, en esencia, tres motivos. El primero se basaba en una excepción de ilegalidad del artículo 20 del Reglamento n.
o
1/2003, el segundo, en el incumplimiento de la obligación de motivación y, el tercero, en la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio.
En el marco de diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal General instó a la Comisión a presentar los indicios de presuntas infracciones de que disponía en la fecha de la Decisión controvertida.
En respuesta a dicho requerimiento, la Comisión presentó, entre otros documentos, actas de entrevistas que mantuvo en 2016 y en 2017 con trece proveedores de productos de consumo corriente afectados que celebraban regularmente acuerdos con Casino e Intermarché (anexos Q.1 a Q.13 de la respuesta de la Comisión de 10 de enero de 2019) (en lo sucesivo, «entrevistas con los proveedores»).
En la sentencia recurrida, el Tribunal General, considerando que la Comisión no disponía de indicios suficientemente fundados que le permitieran sospechar de la existencia de una infracción consistente en intercambios de información entre Casino e Intermarché en relación con sus estrategias comerciales futuras, anuló el artículo 1, letra b), de la Decisión controvertida y desestimó el recurso en todo lo demás.
Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Anule el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida.
–
Estime las pretensiones formuladas en primera instancia y, en consecuencia, anule la Decisión controvertida.
–
Condene a la Comisión a cargar con las costas del presente recurso de casación y con las del procedimiento ante el Tribunal General.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a las recurrentes.
El Consejo de la Unión Europea solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación en la medida en que mediante el mismo las recurrentes reprochan al Tribunal General que incurriese en un error de Derecho al declarar que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no exigía un recurso autónomo e inmediato contra el desarrollo de las inspecciones.
–
Condene a las recurrentes a cargar con las costas del recurso de casación.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes formulan cuatro motivos. El primer motivo de casación se basa en un error de Derecho por cuanto el Tribunal General consideró que no era necesario guardar constancia de las declaraciones orales recabadas por la Comisión para poder utilizarlas como indicios que justificasen la Decisión controvertida. Los motivos de casación segundo y tercero se basan en errores de Derecho por cuanto el Tribunal General consideró que el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio no obligaba a que la Decisión controvertida limitase en el tiempo el ejercicio de las facultades de inspección de la Comisión y limitase las personas y los locales que podían ser objeto de inspección. El cuarto motivo de casación se basa en un error de Derecho por cuanto el Tribunal General declaró que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no exigía un recurso autónomo e inmediato contra el desarrollo de las inspecciones.
Dado que el cuarto motivo de casación va dirigido a cuestionar el fundamento jurídico de la Decisión controvertida, el Tribunal de Justicia considera oportuno examinarlo en primer lugar.
Cuarto motivo de casación, basado en un error de Derecho cometido por el Tribunal General al declarar que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no exigía un recurso autónomo e inmediato contra el desarrollo de las inspecciones
Alegaciones de las partes
Las recurrentes impugnan, en particular, los apartados 51, 55 y 69 de la sentencia recurrida.
Con carácter preliminar, las recurrentes recuerdan que, ante el Tribunal General, alegaron que el precepto en que se basaba la Decisión controvertida —a saber, el artículo 20 del Reglamento n.
o
1/2003— infringía el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») en la medida en que no permitía ejercer una tutela judicial efectiva frente a las medidas adoptadas en el marco de una inspección. En efecto, sostienen que, contrariamente a las exigencias que, en su opinión, resultan en particular de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 21 de febrero de 2008, Ravon y otros c. Francia (CE:ECHR:2008:0221JUD001849703), § 28, de 21 de diciembre de 2010, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308), §§ 36 y siguientes, y de 21 de diciembre de 2010, Société Canal Plus y otros c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002940808), §§ 24 y siguientes, el Reglamento n.
o
1/2003 no prevé ningún recurso autónomo e inmediato contra dichas medidas, salvo únicamente, en su artículo 20, apartado 4, un recurso contra la decisión de inspección.
En una primera alegación, las recurrentes sostienen que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General en los apartados 51 y 55 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no establece la posibilidad de apreciar globalmente varias vías de recurso para cumplir las exigencias de la tutela judicial efectiva.
En una segunda alegación, las recurrentes sostienen, con carácter subsidiario, que el Tribunal General no podía considerar, sin incurrir en un error de Derecho, que el conjunto de vías de recurso que examinó, apreciadas en su conjunto, garantizan la tutela judicial efectiva, puesto que no identifica ninguna vía de recurso inmediata para impugnar la incautación de documentos que se encuentren fuera del ámbito de la inspección. Argumentan que, para poder impugnar las medidas adoptadas durante el desarrollo de las inspecciones, la empresa inspeccionada debe esperar a la decisión por la que se concluye el procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE. Señalan que, sin embargo, esta vía de recurso ha sido considerada insuficiente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias de 21 de diciembre de 2010, Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002961308), § 28, y de 21 de diciembre de 2010, Société Canal Plus y otros c. Francia (CE:ECHR:2010:1221JUD002940808), § 40.
La Comisión y el Consejo rebaten las alegaciones de las recurrentes.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, debe señalarse que los apartados 51, 55 y 69 de la sentencia recurrida, impugnados por las recurrentes en el marco del cuarto motivo de casación, forman parte de la motivación esgrimida por el Tribunal General para desestimar la excepción de ilegalidad del artículo 20, apartado 4, del Reglamento n.
o
1/2003, basada en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva debido a la inexistencia de un recurso contra las medidas adoptadas en el marco de una inspección.
Más precisamente, en los apartados 46 a 50 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó antes de nada que el derecho a la tutela judicial efectiva estaba consagrado en el artículo 47 de la Carta y en los artículos 6 y 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). Tras recordar que el CEDH no constituye, mientras que la Unión no se adhiera a él, un instrumento jurídico integrado formalmente en el ordenamiento jurídico de la Unión, de tal forma que el control de legalidad debe basarse únicamente en los derechos fundamentales garantizados por la Carta, subrayó que, tanto del artículo 52 de la Carta como de las Explicaciones relativas a dicho artículo se desprende que las disposiciones del CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a esas disposiciones deben tomarse en consideración para la interpretación y la aplicación de las disposiciones de la Carta en un asunto determinado.
A este respecto, el Tribunal General consideró que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva debe examinarse, en materia de entradas y registros domiciliarios, a la luz de los cuatro requisitos siguientes: en primer lugar, debe existir un control jurisdiccional efectivo, tanto de hecho como de Derecho, de la regularidad de la decisión de proceder a tales entradas y registros o de las medidas adoptadas en el marco de estos; en segundo lugar, el recurso o recursos disponibles deben permitir, en caso de que se constate una irregularidad, bien evitar que se produzca la operación, bien, en el supuesto de que ya haya tenido lugar una operación irregular, proporcionar al interesado una reparación adecuada; en tercer lugar, debe existir certeza acerca de la accesibilidad del recurso de que se trate y, en cuarto lugar, el control jurisdiccional debe efectuarse en un plazo razonable.
A continuación, el Tribunal General señaló, en el apartado 51 de la sentencia recurrida, que de dicha jurisprudencia también se desprendía que el desarrollo de una operación de inspección debía poder ser objeto de un control judicial efectivo y que el control debía ser efectivo en las circunstancias concretas del asunto controvertido, lo que implicaba tener en cuenta todas las vías de recurso a disposición de una empresa que es objeto de una inspección y, por tanto, un análisis global de estas vías de recurso. El Tribunal General consideró, en los apartados 54 y 55 de la sentencia recurrida, que, dado que la comprobación del respeto del derecho a la tutela judicial efectiva debe basarse en un análisis global de las vías de recurso que pueden dar lugar al control de las medidas adoptadas en el marco de una inspección, era irrelevante que, consideradas de forma separada, cada una de estas vías de recurso examinadas no cumpliera los requisitos exigidos para que se admita la existencia del derecho a la tutela judicial efectiva.
En este contexto, el Tribunal General señaló asimismo, en los apartados 57 y 58 de la sentencia recurrida, que, además de la posibilidad de dirigir solicitudes al consejero auditor de la Comisión, existían seis vías de recurso que permiten presentar, ante el juez de la Unión, objeciones relativas a una operación de inspección, a saber, el recurso contra la decisión de inspección, el recurso contra la decisión de la Comisión por la que se sancione una obstrucción a la inspección sobre la base del artículo 23, apartado 1, letras c) a e), del Reglamento n.
o
1/2003, el recurso contra todo acto que cumpla los requisitos jurisprudenciales de un acto recurrible que adopte la Comisión a raíz de la decisión de inspección y en el marco del desarrollo de las operaciones de inspección, como una decisión por la que se deniegue una solicitud de protección de documentos en virtud de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y clientes, el recurso contra la decisión por la que se concluye el procedimiento incoado en virtud del artículo 101 TFUE, la demanda de medidas provisionales y el recurso por responsabilidad extracontractual.
El Tribunal General precisó, en los apartados 58 a 66 de la sentencia recurrida, los aspectos de esas vías de recurso que, a su juicio, permitían presentar ante el juez de la Unión objeciones relativas al desarrollo de las inspecciones.
Por último, el Tribunal General consideró, al término de un análisis efectuado en los apartados 67 a 80 de la sentencia recurrida, que el sistema de control del desarrollo de las operaciones de inspección constituido por el conjunto de las vías de recurso enumeradas en el apartado 28 de la presente sentencia cumplía los cuatro requisitos que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Así, en el apartado 81 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la excepción de ilegalidad del artículo 20, apartado 4, del Reglamento n.
o
1/2003, basada en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
Por lo que se refiere a la primera alegación, basada en que el Tribunal General llevó a cabo erróneamente un examen global de las distintas vías de recurso con objeto de comprobar si el derecho a la tutela judicial efectiva frente a las medidas adoptadas en el marco de una inspección está garantizado, debe recordarse que el derecho a la tutela judicial efectiva está consagrado en el artículo 47 de la Carta.
También ha de recordarse que el artículo 52, apartado 3, de la Carta precisa que, en la medida en que esta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el CEDH, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere este convenio [sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo),
C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, apartado
].
Pues bien, como se desprende de las explicaciones correspondientes al artículo 47 de la Carta, las cuales, conforme al artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo tercero, y al artículo 52, apartado 7, de la Carta, deben tomarse en consideración para la interpretación de la misma, los párrafos primero y segundo del referido artículo 47 corresponden, respectivamente, a los artículos 13 y 6, apartado 1, del CEDH [sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo),
C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, apartado
]. Según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el artículo 6, apartado 1, del CEDH constituye una
lex specialis
en relación con el artículo 13 de dicho Convenio, pues los requisitos del segundo están incluidos en los requisitos, más estrictos, del primero (TEDH, sentencia de 15 de marzo de 2022, Grzęda c. Polonia, CE:ECHR:2022:0315JUD004357218, § 352 y jurisprudencia citada).
Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que debía velar por que su interpretación del artículo 47, párrafo primero, de la Carta garantice un nivel de protección que respete el nivel de protección garantizado por el artículo 13 del CEDH, según lo interpreta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos [véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2018, Belastingdienst/Toeslagen (Efecto suspensivo del recurso de apelación),
C‑175/17
,
EU:C:2018:776
, apartado
].
En este contexto, es preciso señalar que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la protección que ofrece el artículo 13 del CEDH no llega hasta exigir una forma particular de recurso (TEDH, sentencia de 20 de marzo de 2008, Boudaïeva y otros c. Rusia, CE:ECHR:2008:0320JUD001533902, § 190) y que, incluso si ninguno de los recursos que ofrece el Derecho interno, tomado aisladamente, satisface por sí solo los requisitos del citado artículo 13, el conjunto de los recursos previstos en el derecho interno puede hacerlo (TEDH, sentencia de 10 de julio de 2020, Mugemangango c. Bélgica, CE:ECHR:2020:0710JUD000031015, § 131 y jurisprudencia citada).
Además, en caso de menoscabo del derecho al respeto del domicilio, consagrado en el artículo 8 del CEDH, la tutela judicial es efectiva, en el sentido del artículo 13 del CEDH, si el demandante accede a un procedimiento que le permite impugnar la regularidad de los registros e incautaciones y obtener una solución apropiada si estos han sido ordenados o ejecutados de forma ilegal (TEDH, sentencia de 19 de enero de 2017, Posevini c. Bulgaria, CE:ECHR:2017:0119JUD006363814, § 84).
A este respecto, resulta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a los artículos 6, apartado 1, u 8 del CEDH que, en materia de entradas y registros domiciliarios, el hecho de que no se haya expedido previamente una autorización de inspección por un juez, que pudiera haber delimitado o controlado el desarrollo de tal inspección, puede compensarse mediante un control judicial
a posteriori
de la legalidad y la necesidad de tal medida de instrucción, siempre que este control sea eficaz en las circunstancias concretas del asunto controvertido. Esto implica que las personas implicadas puedan obtener un control jurisdiccional efectivo, de hecho y de Derecho, de la medida controvertida y de su desarrollo. Cuando ya ha tenido lugar la operación considerada irregular, el recurso o recursos disponibles deben permitir que pueda facilitarse al interesado una solución apropiada (TEDH, sentencia de 2 de octubre de 2014, Delta Pekárny a.s. c. República Checa, CE:ECHR:2014:1002JUD000009711, §§ 86 y 87 y jurisprudencia citada).
Así, dado que el control judicial
a posteriori
de la inspección puede, en determinadas condiciones, contrarrestar la falta de control judicial previo y que debe facilitarse una solución apropiada a través del «recurso o recursos disponibles», hay que considerar que procede, en principio, tener en cuenta el conjunto de recursos disponibles a fin de determinar si se cumplen las exigencias del artículo 47 de la Carta.
Por otra parte, dado que las recurrentes han invocado, por vía de excepción, la ilegalidad del artículo 20 del Reglamento n.
o
1/2003, el Tribunal General, como señaló el Abogado General en el punto 51 de las conclusiones que presentó en el asunto Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Comisión (
C‑682/20 P
,
EU:C:2022:578
), estaba obligado, para pronunciarse sobre esta excepción, a efectuar una apreciación global del sistema de control jurisdiccional de las medidas adoptadas en el marco de las inspecciones, que va más allá de las circunstancias concretas del asunto controvertido.
En este contexto, procede señalar que las recurrentes yerran al sostener que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al llevar a cabo un análisis global del conjunto de recursos disponibles para impugnar el desarrollo de las inspecciones.
En consecuencia, procede desestimar la primera alegación.
En cuanto a la segunda alegación, según la cual el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al no identificar ninguna vía de recurso inmediata que permita impugnar la incautación de documentos que se encuentran fuera del ámbito de la inspección, debe precisarse que, como resulta del apartado 69 de la sentencia recurrida, puesto en tela de juicio por las recurrentes, esta argumentación se refiere a una situación en la que la inspección en cuestión, en el marco de la cual podrían incautarse documentos que se encuentran fuera del ámbito de la inspección, conduciría no a una decisión por la que se declare la existencia de una infracción y se impongan sanciones, sino a la apertura de una nueva investigación y a la adopción de una nueva decisión de inspección.
A este respecto, debe subrayarse que, en el citado apartado 69, el Tribunal General se refirió a las distintas vías de recurso que había examinado en los apartados 57 a 66 de la sentencia recurrida. En particular, en el apartado 59 de dicha sentencia, señaló que las empresas inspeccionadas podrían interponer un recurso de anulación contra una nueva decisión de inspección y, por lo tanto, impugnar la legalidad de los indicios en los que se fundamenta, aduciendo que se obtuvieron de forma irregular en la inspección anterior.
Por otro lado, en cuanto a las vías de recurso inmediatas para impugnar las medidas adoptadas con arreglo a una decisión de inspección, debe destacarse que el Tribunal General consideró fundadamente, en esencia, en los apartados 56 y 57 de la sentencia recurrida, que dichas empresas tienen la posibilidad de formular un recurso contra todo acto que pueda adoptar la Comisión a raíz de una decisión de inspección, incluso durante el desarrollo de las operaciones de inspección, siempre que ese acto sea recurrible a tenor de los requisitos definidos por la jurisprudencia.
En consecuencia, ha de constatarse que la segunda alegación se basa en una lectura errónea de la sentencia recurrida, en particular de sus apartados 55 a 69, por lo que debe ser desestimada. Por lo tanto, procede desestimar el cuarto motivo de casación en su conjunto.
Primer motivo de casación, basado en un error de Derecho cometido por el Tribunal General al considerar que no era necesario guardar constancia de las declaraciones orales recabadas por la Comisión para poder utilizarlas como indicios que justificasen la Decisión controvertida
Alegaciones de las partes
Mediante el primer motivo de casación, basado en la infracción del artículo 7 de la Carta, del artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003 y del artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004, las recurrentes impugnan, en particular, los apartados 183 a 198 de la sentencia recurrida.
Este motivo de casación se divide en dos partes.
Mediante la primera parte, las recurrentes alegan que el Tribunal General vulneró el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, consagrado en el artículo 7 de la Carta, al considerar que unas actas de declaraciones orales redactadas de manera unilateral por la Comisión constituían una prueba válida de la existencia de indicios que justificasen una inspección.
Subrayan las recurrentes que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige, en particular, que, cuando conoce de un recurso contra una decisión de inspección, el Tribunal General se asegure de que esta no tiene un carácter arbitrario y compruebe a tal efecto que no ha sido adoptada en ausencia de cualquier circunstancia de hecho que pueda justificar una inspección. Consideran que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también exige que el control de la justificación de una entrada y registro domiciliarios sea especialmente eficaz y concreto cuando, como sucede en el presente asunto, la Administración puede decidir sola esa medida. Señalan que, en este caso, el Tribunal General renunció a todo control jurisdiccional efectivo frente al riesgo de intervenciones arbitrarias de la Comisión al aceptar que la propia Comisión pudiera constituir la prueba de los indicios a su disposición.
Según las recurrentes, solo guardando constancia de las declaraciones orales, con independencia de la forma en que se haga, es posible probar su contenido y la fidelidad de su transcripción y, en consecuencia, exponer las características que las convierten en una prueba sobre la cual el juez puede ejercer un control, como se desprende, según ellas, de la jurisprudencia del Tribunal General.
Consideran que no debe ponerse en entredicho la obligación de guardar constancia de las declaraciones orales mediante la distinción, realizada por el Tribunal General, entre los indicios exigidos en el momento de la decisión de inspección y las pruebas de la infracción exigidas para adoptar una decisión por la que se impone una sanción. En efecto, según las recurrentes, esta distinción, que afecta al nivel de prueba exigido, no incide en la forma que debe revestir un elemento para que pueda tenerse en cuenta válidamente, ya sea como indicio o como prueba de una infracción.
En opinión de las recurrentes, al considerar que la decisión de inspección puede justificarse únicamente con actas de la Comisión sin que su contenido esté corroborado por un tercero ni por un registro, el Tribunal General abre la posibilidad de que la propia Comisión establezca la prueba de sus alegaciones. Las recurrentes entienden que, de este modo, el Tribunal General ha renunciado a todo control efectivo y privado de efecto útil a la jurisprudencia que obliga a la Comisión a no interferir en la esfera de actividad privada hasta que no haya obtenido indicios suficientemente fundados.
Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, las recurrentes sostienen que el Tribunal General infringió el artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003 y el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004 al considerar que la Comisión no estaba obligada a guardar constancia de las declaraciones orales de los proveedores.
Las recurrentes señalan, con carácter preliminar, que la propia Comisión nunca ha negado que estaba obligada, con arreglo al artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003 y al artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004, a guardar constancia de las declaraciones orales de que se trata. Según las recurrentes, dicha institución llegó a sostener, ante el Tribunal General, que las actas que había presentado ante él constituían registros conformes con las citadas disposiciones. Pues bien, en virtud del principio de que nadie puede negar lo que antes ha reconocido, no es admisible que la Comisión niegue, ante el Tribunal de Justicia, la aplicabilidad de las citadas disposiciones.
Hecha esta precisión, las recurrentes sostienen, en primer lugar, que la jurisprudencia mencionada por el Tribunal General en el apartado 187 de la sentencia recurrida, que trata del punto de partida que debe tenerse en cuenta para apreciar el carácter razonable de la duración del procedimiento administrativo, no da ninguna indicación en cuanto al punto de partida de una investigación, en el sentido del capítulo V del Reglamento n.
o
1/2003.
En segundo lugar, las recurrentes sostienen, en primer término, que la admisibilidad, como indicios que justifican una inspección, de una denuncia escrita presentada por una persona que no acredite el interés legítimo exigido por el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003, mencionado por el Tribunal General en el apartado 188 de la sentencia recurrida, no pone en entredicho su argumentación. Aseveran que, al revestir tal denuncia una forma escrita, no puede cuestionarse su valor probatorio como indicio.
Las recurrentes arguyen, en segundo término, que la Comunicación sobre la clemencia de 2006 establece que la obligación de registrar prevista en el artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003 y en el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004 se aplica desde las primeras declaraciones orales recabadas por la Comisión. Ahora bien, las recurrentes señalan que, en este caso, la Comisión recabó las declaraciones de los proveedores en el mismo momento del procedimiento en que se recaba una declaración de un solicitante de clemencia. Alegan que, en ambos casos, se trata de los primeros elementos recabados por la Comisión sobre la base de los cuales puede, entre otras cosas, decidir ordenar inspecciones. Por consiguiente, concluyen, las declaraciones de los proveedores deberían haberse registrado por el mismo motivo que se registran las de un solicitante de clemencia.
Las recurrentes aducen, en tercer término, que el Manual de procedimiento interno de la Comisión en materia de aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, de 12 de marzo de 2012, en el que se basa el Tribunal General en el apartado 194 de la sentencia recurrida, carece de cualquier valor jurídico.
Las recurrentes mantienen, en cuarto término, que las conclusiones del Abogado General Wahl presentadas en el asunto Intel Corporation/Comisión (
C‑413/14 P
,
EU:C:2016:788
) no avalan el análisis desarrollado en la sentencia recurrida.
En tercer lugar, las recurrentes alegan que las consideraciones expuestas en los apartados 197 y 202 de la sentencia recurrida, relativas a la efectividad de la aplicación de los poderes de investigación de la Comisión, son inoperantes y no pueden justificar, con arreglo a Derecho, el análisis realizado por el Tribunal General.
A este respecto, las recurrentes alegan, en particular, que la redacción de un acta en la que se guarde constancia de las declaraciones recabadas por la Comisión no disuade de denunciar infracciones en mayor medida que la redacción de un acta levantada por la Comisión de forma unilateral. Aseguran que, ciertamente, los terceros interrogados pueden desear mantenerse en el anonimato. No obstante, según las recurrentes, la protección del anonimato queda garantizada con la elaboración de versiones confidenciales. Añaden que la Comisión tiene libertad para realizar, acto seguido, una grabación en audio o audiovisual.
En cuarto lugar, las recurrentes sostienen que es manifiesto que las entrevistas con los proveedores tuvieron lugar en el marco de una investigación.
Consideran que el carácter «informal» de esta investigación no es pertinente. Alegan, en efecto, que el Tribunal de Justicia negó categóricamente la posibilidad de que la Comisión realice entrevistas «informales» que le permitan eludir las obligaciones procedimentales que le impone el Reglamento n.
o
1/2003 y el Reglamento n.
o
773/2004 (sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión,
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, apartado
).
Por último, las recurrentes subrayan que, a falta de registro, las declaraciones de los proveedores carecen de valor probatorio.
Por ello, consideran que las actas de dichas declaraciones no pueden calificarse de indicios suficientemente fundados.
Por consiguiente, las recurrentes estiman que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al considerar que las entrevistas realizadas por la Comisión con proveedores no estaban sujetas a lo dispuesto por el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003, en relación con el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004.
Por otra parte, las recurrentes subrayan que, si se diera el caso de que el Tribunal de Justicia no estuviera seguro de que, con arreglo a Derecho, la falta de valor probatorio de las actas internas sea suficiente para acarrear la anulación total de la Decisión controvertida, debería remitir el asunto al Tribunal General para que este vuelva a examinar los hechos, haciendo abstracción de las actas desprovistas de valor probatorio.
La Comisión rebate esta argumentación.
Con carácter preliminar, la Comisión precisa que la apertura de una investigación difiere tanto de la apertura de un expediente como de la incoación del procedimiento, en el sentido del artículo 2 del Reglamento n.
o
773/2004. Afirma que la apertura de la investigación se produce en cuanto hace uso por primera vez de sus poderes de investigación y adopta medidas que impliquen la imputación de una infracción y que conlleven importantes repercusiones en la situación de las entidades sospechosas. Considera que la apertura del expediente constituye un acto interno realizado por la Secretaría de su Dirección General de la Competencia cuando asigna un número de asunto, cuyo único alcance es custodiar documentos. La incoación del procedimiento corresponde, en opinión de la Comisión, a la fecha en la que esta adopta una decisión con arreglo al artículo 2 del Reglamento n.
o
773/2004, con vistas a adoptar una decisión con arreglo al capítulo III del Reglamento n.
o
1/2003.
Recordado lo anterior, la Comisión alega, en primer lugar, que la afirmación de las recurrentes de que permitir a la Comisión que establezca unilateralmente actas de declaraciones orales impediría al Tribunal General ejercer su control jurisdiccional sobre la proporcionalidad y la regularidad de una inspección se ve desmentida por el control de los indicios que realizó el Tribunal General en este asunto, que condujo a la anulación parcial de la Decisión controvertida. Además, incluso cuando un testimonio oral no ha sido registrado, el Tribunal General puede interrogar a los testigos, con arreglo al artículo 94 de su Reglamento de Procedimiento.
Sostiene que la aplicación de las formalidades de los Reglamentos n.
o
1/2003 y n.
o
773/2004 antes de la apertura de la investigación menoscabaría la aplicación del Derecho de la competencia por parte de la Comisión, impidiéndole recabar y utilizar indicios conocidos de forma oral. Añade que ello supondría considerar que los indicios nunca pueden revestir forma oral, lo cual socavaría la eficacia de las investigaciones de la Comisión, retrasando la fecha de la inspección.
Además, según la Comisión, en primer término, la jurisprudencia invocada por las recurrentes carece de pertinencia, al referirse a la utilización de declaraciones orales como pruebas y no como indicios.
En segundo término, a falta de registro, el Tribunal de Justicia consideró, en los apartados 99 a 101 de la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
), que un acta redactada por la Comisión podía probar el contenido de las conversaciones que hubieran debido ser registradas y permitía al Tribunal de Justicia ejercer un control jurisdiccional efectivo.
En tercer término, los indicios están sujetos a un grado de formalismo menor que las pruebas. Señala que, en efecto, la apertura de una investigación es el punto de partida del procedimiento administrativo y corresponde a la fecha en la que la Comisión hace uso, por primera vez, de sus poderes de investigación. Como confirman, en opinión de la Comisión, los trabajos preparatorios del Reglamento n.
o
1/2003, el artículo 19, apartado 1, de dicho Reglamento constituye una base jurídica que autoriza el registro de las declaraciones orales «en el marco de una investigación» con vistas a presentarlas no como simples indicios, sino como «prueba».
En segundo lugar, la Comisión sostiene que antes de la adopción de la Decisión controvertida aún no había abierto una investigación. Argumenta que, en efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apertura de una investigación constituye el punto de partida del procedimiento administrativo y corresponde a la fecha en la que la Comisión hace uso, por primera vez, de sus poderes de investigación.
La Comisión añade, en primer término, que carece de pertinencia el hecho de que haya sostenido, ante el Tribunal General, que las actas de las entrevistas con los proveedores constituían registros en virtud del artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003 y del artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004, dado que el Tribunal General no se ha pronunciado sobre tal alegación. En segundo término, aduce que la validez como indicio de una acusación realizada en el marco de una denuncia que no cumpla las formalidades del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
773/2004 corrobora que la obligación de registro no es aplicable en el presente asunto. Esto confirmaría, en efecto, que un elemento material puede constituir un indicio aun cuando no cumpla ciertas formalidades.
En tercer término, considera que no es pertinente la circunstancia de que, en su Comunicación sobre la clemencia de 2006, la Comisión haya previsto que se graben, en virtud del artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003 y del artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004, las solicitudes orales de clemencia efectuadas antes de que haga uso por primera vez de sus poderes de investigación.
En cuarto término, entiende que la distinción establecida por el Tribunal General entre la fase anterior al primer uso de los poderes de investigación de la Comisión y la fase posterior a dicho uso no es comparable con la distinción entre entrevistas formales y entrevistas informales, rechazada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión (
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
).
En tercer lugar, la Comisión recuerda que el Tribunal General concluyó, aunque únicamente a mayor abundamiento, en el apartado 197 de la sentencia recurrida, que se perjudicaría gravemente la detección de las prácticas infractoras por parte de la Comisión y el ejercicio de sus poderes de investigación si esta tuviera que verse obligada a guardar constancia de cualquier declaración oral antes de la apertura de una investigación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su primer motivo de casación, las recurrentes reprochan, en esencia, al Tribunal General haber cometido un error de Derecho, en el apartado 186 de la sentencia recurrida, al considerar que la Comisión no está obligada a cumplir la obligación de guardar constancia de las entrevistas que resulta de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003, en relación con el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004, antes de haber abierto formalmente una investigación y de haber hecho uso de los poderes de investigación que le confieren, en particular, los artículos 18 a 20 del Reglamento n.
o
1/2003.
A este respecto, ha de recordarse que, conforme a una reiterada jurisprudencia, la interpretación de una disposición del Derecho de la Unión requiere tener en cuenta no solo su tenor, sino también el contexto en el que se inscribe, así como los objetivos y la finalidad que persigue el acto del que forma parte (sentencia de 1 de agosto de 2022, HOLD Alapkezelő,
C‑352/20
,
EU:C:2022:606
, apartado
y jurisprudencia citada).
En primer lugar, se desprende de los propios términos del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 que este precepto está destinado a aplicarse a toda entrevista que tenga por objeto la recopilación de información en relación con el objeto de una investigación (sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión,
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, apartado
).
El artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004, que somete a las entrevistas basadas en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 al cumplimiento de determinadas formalidades, no proporciona ninguna precisión en relación con el ámbito de aplicación de esta última disposición.
Pues bien, es preciso recordar que el Tribunal de Justicia ha considerado que, con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 y al artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.
o
773/2004, sobre la Comisión recae la obligación de registrar, del modo que elija, toda entrevista que realice, con arreglo al artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003, a efectos de recopilar información en relación con el objeto de la investigación que esté llevando a cabo (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión,
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, apartados
y
).
Por lo tanto, debe precisarse que procede llevar a cabo una distinción en función del objeto de las entrevistas realizadas por la Comisión, pues solo aquellas dirigidas a recopilar información en relación con el objeto de una investigación de la Comisión están incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 y, por ende, sujetas a la obligación de registro.
Hecha esta precisión, no hay nada en la redacción del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 o del artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004 que permita inferir que la aplicación de esta obligación de registro dependa de si la entrevista realizada por la Comisión ha tenido lugar antes de que se abra formalmente una investigación, con objeto de recopilar indicios de una infracción, o después, para recopilar pruebas de una infracción.
En efecto, estas disposiciones no prevén en modo alguno que la aplicación de la obligación de registro dependa de si las informaciones objeto de la misma pueden calificarse como indicios o como pruebas. Al contrario, debido al carácter genérico del término «información», que figura en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003, procede considerar que la mencionada disposición se aplica indistintamente a cada una de esas categorías.
Ciertamente, no deben confundirse los conceptos de «indicios» y de «pruebas», pues un indicio no puede, por su naturaleza y a diferencia de una prueba, ser suficiente para acreditar un hecho determinado.
No es menos cierto que la calificación como indicio o como prueba no está en función de una fase específica del procedimiento, sino del valor probatorio de la información de que se trate, puesto que unos indicios suficientemente serios y convergentes, reunidos en un «conjunto», pueden demostrar por sí mismos una infracción y utilizarse en la decisión final de la Comisión adoptada con arreglo al artículo 101 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión,
C‑407/08 P
,
EU:C:2010:389
, apartado
).
En consecuencia, como señaló el Abogado General en el punto 141 de las conclusiones que presentó en el asunto Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Comisión (
C‑682/20 P
,
EU:C:2022:578
), la obligación de guardar constancia de las entrevistas no puede depender de que se califiquen las informaciones recabadas como indicios o como pruebas, pues el valor probatorio de tales informaciones solo puede apreciarse por la Comisión una vez finalizadas estas entrevistas, durante las sucesivas fases del procedimiento.
Por otra parte, el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 y el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004 tampoco prevén que la aplicación de la obligación de guardar constancia dependa de la fase del procedimiento en que se efectúan las entrevistas. Ciertamente, el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 establece que las entrevistas basadas en esta disposición son las que se realizan a efectos de recopilar información en relación con el objeto de una investigación, lo cual supone que haya una investigación abierta. En cambio, no se desprende de esta disposición que estas entrevistas deban tener lugar después de la apertura formal de una investigación, tal y como la define el Tribunal General en el apartado 186 de la sentencia recurrida, como momento en que la Comisión adopta una medida que implica la imputación de una infracción.
En segundo lugar, por lo que se refiere al contexto del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003, debe subrayarse, de una parte, que el citado artículo figura en el capítulo V de dicho Reglamento, relativo a los poderes de investigación de la Comisión. Pues bien, la aplicación de las disposiciones del mencionado capítulo no está necesariamente supeditada a la adopción, por parte de esa institución, de una medida que implique la imputación de una infracción.
De esta forma, con arreglo al artículo 17 de dicho Reglamento, la Comisión puede proceder a investigaciones sectoriales, las cuales no precisan, con carácter previo, que se adopten medidas de esta naturaleza respecto de las empresas.
De otra parte, procede destacar que el artículo 2, apartado 3, del Reglamento n.
o
773/2004, con arreglo al cual «la Comisión podrá ejercer sus poderes de investigación en virtud del capítulo V del Reglamento [n.
o
1/2003] antes de incoar el procedimiento», respalda la interpretación según la cual las disposiciones relativas a los poderes de investigación de la Comisión enumerados en el citado capítulo —incluido el artículo 19— pueden resultar aplicables antes de que se abra formalmente una investigación, contrariamente a lo que se desprende del apartado 193 de la sentencia recurrida.
Es verdad que, en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P
,
EU:C:2002:582
), apartado
, y de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión (
C‑105/04 P
,
EU:C:2006:592
), apartado
, citadas en el apartado 187 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Justicia identificó el punto de partida de la investigación previa tramitada por la Comisión en materia de competencia como la fecha en la que dicha institución adopta, en el ejercicio de las facultades que le ha conferido el legislador de la Unión, medidas que implican la imputación de una infracción y conllevan repercusiones importantes sobre la situación de las empresas sospechosas.
Sin embargo, los asuntos que dieron lugar a esas sentencias se referían a la determinación del punto de partida del procedimiento administrativo, a efectos de comprobar si la Comisión había respetado el principio del plazo razonable. Ahora bien, esta comprobación requiere examinar si dicha institución ha actuado de forma diligente desde la fecha en que informó de la existencia de una investigación a la empresa sospechosa de haber cometido una infracción del Derecho de la competencia de la Unión.
En cambio, esta fecha no puede tenerse en cuenta a efectos de determinar a partir de qué momento la Comisión está obligada a cumplir la obligación de guardar constancia de las entrevistas que resulta de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003, en relación con el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004. En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 150 de las conclusiones que presentó en el asunto Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Comisión (
C‑682/20 P
,
EU:C:2022:578
), una empresa puede ser mencionada en las declaraciones de terceros recogidas durante tales entrevistas sin tener conocimiento de ello. En consecuencia, tomar en consideración dicha fecha equivaldría a diferir la aplicación de la obligación de guardar constancia y las garantías procedimentales inherentes a esta, establecidas en las citadas disposiciones en beneficio de los terceros interrogados y de la empresa sospechosa, hasta que la Comisión adopte una medida por la que se informe a esa empresa de que existen sospechas respecto de ella. Debido a este diferimiento, las entrevistas con terceros realizadas antes de tal medida quedarían fuera del ámbito de aplicación de la obligación de guardar constancia de las entrevistas y de las garantías procedimentales que les son aplicables.
En tercer y último lugar, por lo que respecta a la finalidad del Reglamento n.
o
1/2003, del considerando 25 de dicho Reglamento resulta que, al hacerse cada vez más difícil la detección de las infracciones de las normas de competencia, el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 pretende completar los poderes de investigación de la Comisión permitiéndole, en particular, que interrogue a toda persona que pueda disponer de información útil y que guarde constancia de sus declaraciones (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión,
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, apartado
). Pues bien, la expresión «detección de las infracciones», que figura en el citado considerando, avala la interpretación que sostiene que el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 también resulta aplicable a las entrevistas realizadas por la Comisión, en una fase preliminar, con el fin de recopilar indicios en relación con el objeto de una investigación.
Por otra parte, debe precisarse que, en virtud del artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.
o
773/2004, la Comisión tiene la posibilidad de registrar las entrevistas mediante cualquier procedimiento. En consecuencia, la Comisión no puede sostener válidamente que el hecho de imponerle una obligación de guardar constancia le impide recopilar y utilizar indicios cuando estos solo pueden tener forma oral y compromete la eficacia de las investigaciones retrasando la fecha de la inspección. De igual forma, la Comisión tampoco puede sostener que tal obligación tenga un efecto disuasorio, dado que tiene la posibilidad de proteger la identidad de las personas interrogadas.
En estas circunstancias, procede constatar que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar, en el apartado 193 de la sentencia recurrida, que procedía excluir del ámbito de aplicación del Reglamento n.
o
1/2003 las entrevistas en las que se recogen indicios que posteriormente han servido de fundamento a una decisión por la que se ordena la inspección de una empresa, basándose en que en ese momento no estaba abierta ninguna investigación, en el sentido del capítulo V de dicho Reglamento, al no haber adoptado la Comisión ninguna medida que supusiera, respecto de esa empresa, la imputación de una infracción. Para determinar si esas entrevistas estaban comprendidas en el referido ámbito de aplicación, el Tribunal General debería haber examinado si con ellas se pretendía recopilar información en relación con el objeto de la investigación, teniendo en cuenta su contenido y su contexto.
En este asunto, como resulta del apartado 198 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que los indicios derivados de las entrevistas con los proveedores no podían descartarse por adolecer de una irregularidad formal debida al incumplimiento de la obligación de guardar constancia establecida en el artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003 y en el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004, en particular, porque estas entrevistas se habían celebrado antes de la apertura de una investigación con arreglo al Reglamento n.
o
1/2003 y no implicaban, respecto de las recurrentes y
a fortiori
respecto de los proveedores, ningún tipo de imputación de una infracción.
Ahora bien, como señaló el Abogado General en el punto 155 de sus conclusiones presentadas en el asunto Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Comisión (
C‑682/20 P
,
EU:C:2022:578
), basta señalar, sobre este extremo, que, cuando la Comisión realiza entrevistas cuyo objeto está definido de antemano y que persiguen abiertamente obtener información sobre el funcionamiento de un determinado mercado y sobre el comportamiento de los operadores de ese mercado con vistas a detectar eventuales comportamientos infractores o confirmar sus sospechas acerca de la existencia de tales comportamientos, la Comisión ejerce su facultad de recabar declaraciones con arreglo al artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003.
Por lo tanto, las entrevistas con los proveedores estaban incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003, y la Comisión estaba obligada a guardar constancia de estas declaraciones, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004.
De ello se infiere que el Tribunal General cometió un error de Derecho al estimar, en el apartado 198 de la sentencia recurrida, que la obligación de guardar constancia, establecida en el artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003 y en el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004, no era aplicable a las entrevistas con los proveedores y que los indicios derivados de estas entrevistas no adolecían de una irregularidad formal.
De todo lo anterior se desprende que el primer motivo de casación está fundado y que, por consiguiente, procede estimar el recurso de casación y anular el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida, sin necesidad de pronunciarse sobre los demás motivos de casación. En consecuencia, también procede anular el punto 3 del fallo de la sentencia recurrida, relativo a las costas.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
Conforme al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.
Así ocurre en el presente caso.
Por lo tanto, es preciso examinar la alegación formulada por las recurrentes ante el Tribunal General, en el marco del motivo relativo a la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, basada, en esencia, en que los indicios derivados de las entrevistas con los proveedores deben descartarse debido a la infracción, por parte de la Comisión, del artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003 y del artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004.
En apoyo de esta alegación, las recurrentes sostienen que las actas de las entrevistas con los proveedores no constituían registros ajustados a dichas disposiciones, pues la Comisión las había elaborado de forma unilateral y no recogían íntegramente dichas entrevistas.
La Comisión contesta que cumplió con su obligación de registro puesto que redactó actas exhaustivas que reflejaban fielmente el contenido de las declaraciones de los proveedores y las incorporó al expediente con un número de identificación oficial. Este tipo de acta constituye, según ella, uno de los procedimientos de registro a los que la Comisión puede recurrir en virtud del artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.
o
773/2004, del mismo modo que una grabación de audio o audiovisual o una transcripción literal.
A este respecto, debe señalarse que el artículo 3, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.
o
773/2004, que precisa que la Comisión «podrá registrar, mediante cualquier procedimiento, las declaraciones hechas por los declarantes», implica que, si la Comisión decide, con el consentimiento de la persona interrogada, realizar una entrevista basándose en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003, está obligada a registrar esa entrevista en su totalidad, aunque pudiendo elegir el procedimiento de registro (sentencia de 6 de septiembre de 2017, Intel/Comisión,
C‑413/14 P
,
EU:C:2017:632
, apartado
).
Asimismo, del artículo 3, apartado 3, frases segunda y tercera, del Reglamento n.
o
773/2004 se deduce que la Comisión debe poner a disposición del declarante, para su aprobación, una copia de su declaración y que, cuando sea necesario, fijará un plazo durante el cual esa persona pueda comunicarle cualquier corrección que deba hacerse a la declaración tomada.
En este asunto, la Comisión no ha alegado ni,
a fortiori
, probado que pusiera a disposición de los proveedores, para su aprobación, las actas que había redactado.
Pues bien, la obligación impuesta a la Comisión de poner a disposición del declarante, para su aprobación, una copia de su declaración, establecida en el artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003, en relación con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.
o
773/2004, pretende, en particular, garantizar la autenticidad de las declaraciones realizadas por la persona interrogada, asegurando que, efectivamente, dichas declaraciones deben serle atribuidas y que su contenido refleja fiel e íntegramente tales declaraciones, y no la interpretación que de estas haga la Comisión.
En consecuencia, un indicio extraído de una declaración recabada por la Comisión sin respetar este requisito, impuesto por el artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003, en relación con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.
o
773/2004, debe considerarse inadmisible y, por lo tanto, ha de descartarse.
Así pues, no cabe considerar que esas actas, de carácter meramente interno, cumplan las exigencias del artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.
o
773/2004, aplicable a las entrevistas comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003.
Esta conclusión no se ve invalidada por los apartados 65 a 69 de la sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión (
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
), invocada por la Comisión en la vista.
Ciertamente, el Tribunal de Justicia ha declarado que el principio que prevalece en el Derecho de la Unión es el de la libre apreciación de la prueba, que implica que el único criterio pertinente para apreciar el valor probatorio de las pruebas aportadas lícitamente reside en su credibilidad y que, por consiguiente, el valor probatorio de una prueba ha de evaluarse de forma global, de forma que plantear simples dudas no fundamentadas acerca de la autenticidad de una prueba no basta para poner en entredicho su credibilidad (sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión,
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
, apartados
a
).
Sin embargo, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, la prueba cuya autenticidad se cuestionaba era un correo electrónico interno de una empresa y no el registro de una declaración recabada por la Comisión con infracción del artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003, en relación con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.
o
773/2004.
Así pues, el principio de libre apreciación de la prueba no puede invocarse para eludir las normas formales aplicables al registro de las declaraciones recabadas por la Comisión con arreglo al artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003. A este respecto, debe señalarse que la consecuencia de la comprobación de la existencia de una irregularidad en la recopilación de indicios, a la luz del artículo 19 del Reglamento n.
o
1/2003, en relación con el artículo 3, apartado 3, del Reglamento n.
o
773/2004, es que la Comisión no podrá utilizar esos indicios en la continuación del procedimiento (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2015, Deutsche Bahn y otros/Comisión,
C‑583/13 P
,
EU:C:2015:404
, apartado
y jurisprudencia citada).
En este asunto, dado que, como señaló el Abogado General en el punto 208 de las conclusiones que presentó en el asunto Les Mousquetaires e ITM Entreprises/Comisión (
C‑682/20 P
,
EU:C:2022:578
), la información procedente de las entrevistas con los proveedores constituía el elemento esencial de los indicios en que se basa la Decisión controvertida y que esta última adolece de una irregularidad formal debido al incumplimiento de la obligación de guardar constancia establecida en el artículo 3 del Reglamento n.
o
773/2004, procede concluir que la Comisión no disponía, en la fecha de adopción de la Decisión controvertida, de indicios suficientemente fundados que pudiera utilizar legítimamente y que justificaran las presunciones enunciadas en el artículo 1, letra a), de dicha Decisión. Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, procede anular íntegramente la Decisión controvertida.
Costas
A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
El artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado las recurrentes que se condene en costas a la Comisión y haber sido desestimados los motivos formulados por esta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de las recurrentes en el marco del presente procedimiento de casación. Por otra parte, dado que se anula la Decisión controvertida, se condena a la Comisión a cargar con todas las costas de las recurrentes en el marco del procedimiento de primera instancia.
En virtud del artículo 184, apartado 4, del referido Reglamento de Procedimiento, cuando no sea ella misma la parte recurrente en casación, una parte coadyuvante en primera instancia solo podrá ser condenada en costas en casación si hubiera participado en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Cuando dicha parte participe en el procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá decidir que cargue con sus propias costas. Al haber participado el Consejo, parte coadyuvante en primera instancia, en la fase escrita y en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, procede decidir que cargue con sus propias costas, correspondientes tanto al procedimiento de casación como al procedimiento de primera instancia.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1)
Anular el punto 2 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2020, Casino, Guichard-Perrachon y AMC/Comisión (
T‑249/17
,
EU:T:2020:458
).

2)
Anular el punto 3 del fallo de la sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2020, Casino, Guichard-Perrachon y AMC/Comisión (
T‑249/17
,
EU:T:2020:458
), por cuanto el Tribunal General resolvió sobre las costas.

3)
Anular la Decisión C(2017) 1054 final de la Comisión, de 9 de febrero de 2017, por la que se ordena a Casino y a todas las sociedades directa o indirectamente controladas por ella que se sometan a una inspección de conformidad con el artículo 20, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo (AT.40466 — Tute 1).

4)
La Comisión Europea cargará, además de con sus propias costas, con las de Casino, Guichard-Perrachon SA y las de Achats Marchandises Casino SAS (AMC), correspondientes tanto al procedimiento de primera instancia como al procedimiento de casación.

5)
El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas correspondientes tanto al procedimiento de primera instancia como al procedimiento de casación.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.