CELEX: 62019CJ0743
Recurso de anulación
Derecho institucional
Órganos y organismos de la Unión Europea
Autoridad Laboral Europea (ALE)
Competencia para fijar la sede
Artículo 341 TFUE
Ámbito de aplicación
Decisión adoptada por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros en paralelo a una reunión del Consejo
Competencia del Tribunal de Justicia en virtud del artículo 263 TFUE
Autor y naturaleza jurídica del acto
Inexistencia de efectos vinculantes en el ordenamiento jurídico de la Unión

Mediante su recurso, el Parlamento Europeo solicita la anulación de la Decisión (UE) 2019/1199, adoptada de común acuerdo entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 13 de junio de 2019, sobre la ubicación de la sede de la Autoridad Laboral Europea (
DO 2019, L 189, p. 68
; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
Marco jurídico
El 12 de diciembre de 1992, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros adoptaron de común acuerdo, sobre la base del artículo 216 del Tratado CEE, del artículo 77 del Tratado CECA y del artículo 189 del Tratado CEEA, la Decisión relativa a la fijación de las sedes de las instituciones y de determinados organismos y servicios de las Comunidades (
DO 1992, C 341, p. 1
; en lo sucesivo, «Decisión de Edimburgo»).
El artículo 1 de la Decisión de Edimburgo estableció las respectivas sedes del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea, de la Comisión Europea, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Comité Económico y Social Europeo, del Tribunal de Cuentas Europeo y del Banco Europeo de Inversiones.
Según el artículo 2 de esa Decisión:
«La sede de otros organismos y servicios creados o por crear se decidirá de común acuerdo por los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros en un próximo Consejo Europeo, teniendo en cuenta las ventajas que las anteriores disposiciones reportan a los Estados miembros interesados, y dando la adecuada preferencia a los Estados miembros que en la actualidad no albergan sedes de instituciones comunitarias.»
El artículo 341 TFUE establece que «la sede de las instituciones de la Unión será fijada de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros».
A tenor del Protocolo n.
o
6 sobre la fijación de las sedes de las instituciones y de determinados órganos, organismos y servicios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Protocolo n.
o
6»), anexo a los Tratados UE, FUE y CEEA:
«Los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
Vistos el artículo 341 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 189 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,
Recordando y confirmando la Decisión de 8 de abril de 1965, y sin perjuicio de las decisiones relativas a la sede de futuras instituciones, órganos, organismos y servicios,
Han convenido en las siguientes disposiciones […]:
Artículo único
a)
El Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo […].
b)
El Consejo tendrá su sede en Bruselas. […]
c)
La Comisión tendrá su sede en Bruselas. […]
d)
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá su sede en Luxemburgo.
e)
El Tribunal de Cuentas tendrá su sede en Luxemburgo.
f)
El Comité Económico y Social tendrá su sede en Bruselas.
g)
El Comité de las Regiones tendrá su sede en Bruselas.
h)
El Banco Europeo de Inversiones tendrá su sede en Luxemburgo.
i)
El Banco Central Europeo tendrá su sede en Frankfurt.
j)
La Oficina Europea de Policía (Europol) tendrá su sede en La Haya.»
Antecedentes del litigio
Reglamento (UE) 2019/1149
El 13 de marzo de 2018, la Comisión aprobó la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Laboral Europea [COM(2018) 131 final]. El artículo 4 de esta propuesta estaba redactado en los siguientes términos: «La Autoridad tendrá su sede en [x].»
Al término de las negociaciones interinstitucionales que tuvieron lugar durante los meses de enero y febrero de 2019, los representantes del Parlamento y del Consejo observaron que carecían de los elementos necesarios para fijar la sede de la Autoridad Laboral Europea (ALE) y acordaron posponer esta elección a una fecha posterior. En consecuencia, se decidió, por un lado, suprimir el artículo 4 de la propuesta de Reglamento mencionada en el apartado anterior y, por otro lado, exponer los motivos de esta posición en una declaración conjunta, a la que se uniría la Comisión y que se adjuntaría al Reglamento una vez se adoptase este.
El 20 de junio de 2019, se adoptó el Reglamento (UE) 2019/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se crea la Autoridad Laboral Europea, se modifican los Reglamentos (CE) n.
o
883/2004, (UE) n.
o
492/2011 y (UE) 2016/589 y se deroga la Decisión (UE) 2016/344 (
DO 2019, L 186, p. 21
). Dicho Reglamento, publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea
el 11 de julio de 2019, no contenía ninguna disposición relativa a la fijación de la sede de la ALE.
A tenor de la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (
DO 2019, L 188, p. 131
), adoptada al mismo tiempo que el Reglamento 2019/1149 y publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea
el 12 de julio de 2019:
«El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión observan que el proceso de selección de la ubicación de la sede de la [ALE] no concluyó en el momento de la adopción de su Reglamento constitutivo.
Reiterando el compromiso de cooperación sincera y transparente y recordando los Tratados, las tres instituciones reconocen el valor del intercambio de información desde las fases iniciales del proceso de selección de la sede de la ALE.
Dicho intercambio temprano de información facilitaría a las tres instituciones el ejercicio de sus derechos con arreglo a los Tratados mediante los procedimientos correspondientes.
El Parlamento Europeo y el Consejo toman nota de la intención de la Comisión de tomar todas las medidas adecuadas para que en el Reglamento constitutivo figure una disposición sobre la ubicación de la sede de la ALE, y de velar por que la ALE actúe de manera autónoma, conforme a dicho Reglamento.»
Decisión impugnada
El 13 de marzo de 2019, en paralelo a una reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper), los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros aprobaron de común acuerdo el procedimiento y los criterios para elegir la sede de la ALE.
En las normas de selección adoptadas quedaba patente que la decisión por la que se fijara la sede de la ALE se basaría en criterios análogos a los establecidos en el Planteamiento común que figuraba en el anexo de la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 19 de julio de 2012, sobre las agencias descentralizadas (en lo sucesivo, «Declaración conjunta de 2012»). Dichos criterios atañían, en primer término, al equilibrio geográfico; en segundo término, a la fecha en que la agencia de que se trata pueda crearse después de la entrada en vigor del acto constitutivo; en tercer término, a la accesibilidad del lugar; en cuarto término, a la existencia de centros educativos adecuados para los hijos del personal de la agencia, y, en quinto término, al acceso apropiado al mercado laboral, a la seguridad social y a la atención sanitaria para hijos y cónyuges.
Las normas del procedimiento de selección también disponían que las ofertas para albergar la agencia debían remitirse al Secretario General del Consejo con copia al Secretario General de la Comisión y se publicarían en el sitio web del Consejo; que la Comisión debía preparar una evaluación general de todas las ofertas y describir la forma en que cada oferta cumplía los criterios; que la Secretaría General del Consejo transmitiría a continuación dicha evaluación a los Estados miembros y la pondría a disposición del público, y que, posteriormente, se organizaría un debate político entre los representantes de los Estados miembros, en paralelo a una reunión del Coreper. Esas mismas normas puntualizaban que el proceso de votación se celebraría más adelante, en paralelo a un Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) en Luxemburgo, y consistiría en rondas de votación sucesivas, sin recurrir a sorteo, hasta que una oferta obtuviera la mayoría de los votos, y que la decisión final, que reflejaría el resultado del proceso de votación, sería confirmada después por común acuerdo de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros en la misma reunión.
El 5 de junio de 2019, partiendo de la evaluación preparada por la Comisión de las cuatro ofertas presentadas, a saber, Sofía (Bulgaria), Nicosia (Chipre), Riga (Letonia) y Bratislava (Eslovaquia), los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros debatieron dichas ofertas en paralelo a una reunión del Coreper.
El 13 de junio de 2019, en paralelo a una reunión del Consejo y tras una votación destinada a desempatar a los cuatro Estados miembros que habían propuesto albergar la ALE, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros adoptaron la Decisión impugnada, que se publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea
el 15 de julio de 2019.
El artículo 1 de esta Decisión estaba redactado en los siguientes términos: «La [ALE] tendrá su sede en Bratislava.»
Pretensiones de las partes
El Parlamento solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Condene en costas al Consejo.
El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Declare la inadmisibilidad del recurso o lo desestime por infundado.
–
Condene en costas al Parlamento.
–
En el supuesto de que se estime el recurso, mantenga los efectos de la Decisión impugnada durante el tiempo necesario para determinar la nueva sede de la ALE.
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Mediante Decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de enero de 2020, se admitió la intervención de la República Eslovaca en apoyo de las pretensiones del Consejo.
Mediante Decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 3 de febrero de 2020, se admitió la intervención de la República Helénica, del Reino de España y del Reino de los Países Bajos en apoyo de las pretensiones del Consejo.
Mediante Decisión del Presidente del Tribunal de Justicia de 4 de febrero de 2020, se admitió la intervención del Reino de Bélgica, de la República Checa, del Reino de Dinamarca, de Irlanda, de la República Francesa, del Gran Ducado de Luxemburgo, de Hungría, de la República de Polonia y de la República de Finlandia en apoyo de las pretensiones del Consejo.
El 20 de noviembre de 2020, el Parlamento Europeo solicitó, con arreglo al artículo 16, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el Tribunal de Justicia actuara en Gran Sala en el presente asunto.
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia
Alegaciones de las partes
El Consejo, al que se adhieren todos los Gobiernos de los Estados miembros coadyuvantes, sostiene que el recurso del Parlamento es manifiestamente inadmisible.
El Consejo comienza señalando que la Decisión impugnada no le es imputable, sino que cabe atribuirla a los Estados miembros. Ahora bien, como confirma la jurisprudencia, estos carecen de legitimación pasiva. Además, el Consejo considera que esta Decisión se adoptó sobre la base del artículo 341 TFUE, que, en su opinión, es aplicable no solo a la fijación de la sede de las instituciones de la Unión enumeradas en el artículo 13 TUE, sino también a la determinación de la sede de los órganos y organismos de la Unión, de modo que dicha Decisión queda fuera del control del Tribunal de Justicia establecido en el artículo 263 TFUE. Por último, el Consejo indica que la adopción de esa misma Decisión por los Estados miembros no supone obstáculo alguno para un control jurisdiccional eficaz. En cualquier caso, según él, la necesidad de garantizar tal control no puede generar vías de recurso distintas de las previstas en los Tratados.
El Parlamento considera que han quedado acreditados tanto el carácter impugnable de la Decisión impugnada, a efectos del artículo 263 TFUE, como, por ende, la admisibilidad del recurso.
Según el Parlamento, es evidente que esa Decisión es un acto jurídicamente vinculante de la Unión. Para empezar, cabe referirse a la denominación formal de «decisión», que designa, en virtud del artículo 288 TFUE, párrafo cuarto, un acto obligatorio en todos sus elementos. Además, dicha Decisión es un acto adoptado en virtud del artículo 341 TFUE, es decir, de una disposición de los Tratados que prevé la adopción de actos vinculantes, que tiene por objeto determinar dónde debe fijarse la ubicación de la sede de las agencias de la Unión. Por último, esa misma Decisión fue publicada en la serie L del
Diario Oficial de la Unión Europea
, que está reservada a los actos normativos.
Por lo que respecta al autor efectivo de la Decisión impugnada, el Parlamento considera que, a pesar de que el título de esta menciona el «común acuerdo de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros», dicho autor es el Consejo.
En apoyo de esta postura, el Parlamento alega, en primer término, que la documentación relativa al procedimiento de selección y al proyecto que dio lugar a la Decisión impugnada lleva el encabezamiento del «Consejo de la Unión Europea», lo que permite pensar que este asumió la paternidad de tal documentación. En segundo término, el proceso que precedió a la adopción de dicha Decisión se basó en las estructuras administrativas y en los órganos preparatorios del Consejo, en particular, en el Coreper, al que se refiere el artículo 240 TFUE, apartado 1. En tercer término, la participación de un ministro rumano en este proceso de toma de decisión demuestra que la Presidencia del Consejo, mencionada en el artículo 16 TUE, apartado 9, actuó como tal en el presente asunto. En cuarto término, habida cuenta de que el artículo 297 TFUE, apartado 2, párrafo primero, establece que determinados actos no legislativos deben ser firmados por el presidente de la institución que los haya adoptado, el hecho de que el ministro rumano firmara la Decisión impugnada demuestra que este actuó en el marco de sus funciones de presidente en ejercicio del Consejo.
A este respecto, el Parlamento recuerda que, en virtud de la jurisprudencia, no basta con que un acto se califique de decisión de los Estados miembros para que pueda sustraerse al control de legalidad del Tribunal de Justicia. Para ello es preciso, además, comprobar que dicho acto, habida cuenta de su contenido y del conjunto de las circunstancias en las que se adoptó, no constituye en realidad una decisión del Consejo (sentencia de 30 de junio de 1993, Parlamento/Consejo y Comisión,
C‑181/91 y C‑248/91
,
EU:C:1993:271
, apartado
). Pues bien, tal comprobación no puede realizarse sin examinar el contenido del acto y los efectos jurídicos de este, máxime cuando, en el presente asunto, la Decisión impugnada supone una injerencia en la facultad que los artículos 46 TFUE y 48 TFUE confieren al legislador de la Unión.
Con carácter subsidiario, el Parlamento aduce que, aun cuando se considerara que la Decisión impugnada emana de los Estados miembros y no del Consejo, el presente recurso sería igualmente admisible, puesto que seguiría tratándose de un acto de la Unión destinado a producir efectos jurídicos frente a terceros en dos ámbitos que son competencia de la Unión, a saber, la libre circulación de los trabajadores y la coordinación de los sistemas de seguridad social de los Estados miembros. Para el Parlamento, resulta pues manifiesto que la fijación de la ubicación de la sede de la ALE por la Decisión impugnada afecta directamente a una materia ya regulada por el legislador de la Unión con la creación de dicha autoridad y contribuye a crear una situación jurídica oponible a terceros.
El Parlamento subraya que cuestionar el carácter impugnable de la Decisión impugnada en virtud del artículo 263 TFUE equivaldría a sustraer a todo control jurisdiccional un acto jurídicamente vinculante de la Unión adoptado en virtud de una disposición de los Tratados, ya que no hay ninguna otra vía de recurso que permita comprobar si existe realmente la competencia reivindicada por los Estados miembros en virtud del artículo 341 TFUE para fijar la sede de organismos de la Unión, como la ALE, o si, como sostiene el Parlamento, los Estados miembros, al ampararse en el artículo 341 TFUE, han interferido en la facultad que los artículos 46 TFUE y 48 TFUE confieren al legislador de la Unión.
El Parlamento considera que, aunque los actos de los Estados miembros no figuran entre los enumerados en el artículo 263 TFUE, párrafo primero, el Tribunal de Justicia debe declararse competente para comprobar el respeto de las atribuciones conferidas a las instituciones por los Tratados, en el sentido del artículo 13 TUE, apartado 2. Sustraer la Decisión impugnada al control del Tribunal de Justicia por tratarse de un acto de los Estados miembros equivaldría a privar al Tribunal de Justicia de la posibilidad de comprobar si se han respetado las facultades del legislador de la Unión y, en su caso, de la posibilidad de poner fin a la vulneración de dichas facultades anulando esa Decisión.
Además, esa solución sería contraria a los principios del Estado de Derecho, según los cuales ni los Estados miembros ni las instituciones de la Unión pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con los Tratados (sentencia de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento,
294/83
,
EU:C:1986:166
, apartado
). A este respecto, el Parlamento considera que esos principios constituyen el fundamento de la competencia general que el artículo 19 TUE confiere al Tribunal de Justicia para garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados (sentencia de 24 de junio de 2014, Parlamento/Consejo,
C‑658/11
,
EU:C:2014:2025
, apartado
).
En su escrito de réplica, el Parlamento señala que la jurisprudencia invocada por el Consejo tiene por objeto actos adoptados por los Estados miembros fuera del marco definido por los Tratados. Ahora bien, según el Parlamento, la Decisión impugnada es un acto jurídico de la Unión, adoptado sobre la base de una competencia conferida por los Tratados, a saber, la competencia derivada del artículo 341 TFUE. La principal cuestión jurídica planteada por el presente recurso atañe precisamente a si esa competencia puede ejercerse para fijar la sede de la ALE.
Apreciación del Tribunal de Justicia
La Unión Europea es una Unión de Derecho a la que el Tratado FUE ha dotado de un sistema completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a encomendar al Tribunal de Justicia el control de la legalidad de los actos de las instituciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento,
294/83
,
EU:C:1986:166
, apartado
; de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión,
C‑402/05 P y C‑415/05 P
,
EU:C:2008:461
, apartado
, y de 3 de junio de 2021, Hungría/Parlamento,
C‑650/18
,
EU:C:2021:426
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por lo que respecta al recurso de anulación contemplado en el artículo 263 TFUE, ese recurso puede interponerse frente a todas las disposiciones que adopten las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios (véanse, en este sentido, las sentencias de 31 de marzo de 1971, Comisión/Consejo,
22/70
,
EU:C:1971:32
, apartado
, y de 3 de junio de 2021, Hungría/Parlamento,
C‑650/18
,
EU:C:2021:426
, apartado
y jurisprudencia citada).
Dicho esto, en el marco del recurso de anulación establecido en el artículo 263 TFUE, el juez de la Unión solo es competente para controlar la legalidad de los actos imputables a las instituciones, a los órganos y a los organismos de la Unión. De ello se desprende, en particular, que los actos adoptados por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, cuando estos no actúan en calidad de miembros del Consejo o del Consejo Europeo, sino en calidad de representantes de su Gobierno, ejerciendo así conjuntamente las competencias de los Estados miembros, no están sometidos al control de legalidad ejercido por el juez de la Unión (véanse, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 1993, Parlamento/Consejo y Comisión,
C‑181/91 y C‑248/91
,
EU:C:1993:271
, apartado
, y el auto de 16 de junio de 2021, Sharpston/Consejo y representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
C‑685/20 P
,
EU:C:2021:485
, apartado
).
Sin embargo, no basta con que la decisión que sea objeto de un recurso se califique de decisión de los Estados miembros para sustraer ese acto al control de legalidad establecido en el artículo 263 TFUE. Para ello es preciso además comprobar que dicho acto, habida cuenta de su contenido y del conjunto de las circunstancias en las que se adoptó, no constituye en realidad una decisión del Consejo (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 1993, Parlamento/Consejo y Comisión,
C‑181/91 y C‑248/91
,
EU:C:1993:271
, apartado
).
En el presente asunto, la Decisión impugnada debe analizarse a la luz del marco jurídico aplicable a la fijación de la sede de los órganos y organismos de la Unión. Pues bien, a este respecto, las partes discrepan sobre si el artículo 341 TFUE, a tenor del cual la sede de las «instituciones» será fijada «de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros», puede invocarse válidamente como fundamento de las decisiones relativas a la determinación de la sede de esos órganos y organismos.
En efecto, por un lado, el Consejo y los Estados miembros que intervienen en apoyo de las pretensiones de aquel alegan que ese artículo debe interpretarse en sentido amplio y se refiere por extensión a dichos órganos y organismos, de modo que la competencia relativa a la fijación de la sede de tales órganos u organismos corresponde únicamente a los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros pronunciándose de común acuerdo. Según esto, la Decisión impugnada, como acto que emana de los Estados miembros y no del Consejo, no queda sometida al control de legalidad del Tribunal de Justicia establecido en el artículo 263 TFUE.
Por otro lado, el Parlamento considera que la decisión de fijación de la sede de una agencia de la Unión no está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 341 TFUE, sino que está comprendida en las competencias del legislador de la Unión. De ello deduce que la Decisión impugnada es necesariamente imputable al Consejo y, por consiguiente, no puede sustraerse al control de legalidad ejercido por el Tribunal de Justicia. En cualquier caso, incluso en el supuesto de que se considerara que esa Decisión es atribuible a los Estados miembros, el Parlamento considera que debería declararse la admisibilidad del presente recurso en la medida en que se dirige contra el «autor efectivo» de dicha Decisión.
Por lo tanto, es preciso determinar, en un primer momento, si la decisión relativa a la designación de la sede de un órgano o de un organismo de la Unión debe ser adoptada por los Estados miembros, en virtud de la regla enunciada en el artículo 341 TFUE, o si debe ser adoptada por el legislador de la Unión, en virtud de la base jurídica material aplicable al ámbito en el que debe intervenir el órgano u organismo de que se trate.
Sobre la competencia en materia de fijación de la ubicación de la sede de los órganos y organismos de la Unión
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, al interpretar una disposición del Derecho de la Unión, deben tomarse en consideración no solamente su redacción y los objetivos que persigue, sino también su contexto. La génesis de una disposición del Derecho de la Unión también puede ofrecer elementos pertinentes para su interpretación (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de diciembre de 2018, Wightman y otros,
C‑621/18
,
EU:C:2018:999
, apartado
y jurisprudencia citada).
Así pues, procede examinar, basándose en esos métodos de interpretación, si el artículo 341 TFUE se aplica a las decisiones relativas a la fijación de la sede de los órganos y organismos de la Unión.
En primer lugar, por lo que respecta a la redacción del artículo 341 TFUE, esta se refiere únicamente a las «instituciones de la Unión». Pues bien, con arreglo al artículo 13 TUE, apartado 1, el concepto de «instituciones» remite a una lista precisa de entidades en la que no se incluyen los órganos y organismos de la Unión, en particular, las agencias de esta.
En segundo lugar, por lo que respecta al contexto en el que se inscribe el artículo 341 TFUE, procede comenzar subrayando, como hizo el Abogado General en el punto 94 de sus conclusiones, que determinadas disposiciones de los Tratados fueron modificadas por el Tratado de Lisboa con el fin de incluir en ellas una referencia expresa a los «órganos y organismos de la Unión», lo que tuvo por efecto establecer una distinción explícita entre las instituciones de la Unión enumeradas en el artículo 13 TUE, apartado 1, por un lado, y los órganos y organismos de la Unión, por otro lado. Así, mientras que algunas disposiciones del Tratado FUE se refieren únicamente a las instituciones de la Unión, otras de sus disposiciones, como los artículos 15, 16, 123, 124, 127, 130, 228, 263, 265, 267, 282, 298 y 325, hacen referencia, más ampliamente, a las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión. Así sucede, en particular, por lo que respecta a la competencia del Tribunal de Justicia, en los artículos 263 TFUE, 265 TFUE y 267 TFUE.
Pues bien, es preciso señalar que el tenor del artículo 341 TFUE, que solo menciona las «instituciones», corresponde al de las disposiciones que precedieron a ese artículo, a saber, el artículo 216 del Tratado CEE (que se convirtió en el artículo 216 del Tratado CE, que, a su vez, pasó a ser el artículo 289 CE).
Por lo tanto, la circunstancia destacada por el Consejo de que las disposiciones de la séptima parte del Tratado FUE, titulada «Disposiciones generales y finales», en la que se incluye el artículo 341 TFUE, mencionan las «instituciones» no puede interpretarse, precisamente cuando, como resulta del apartado 46 de la presente sentencia, el Tratado UE distingue claramente entre las instituciones de la Unión, por un lado, y los órganos y organismos de esta, por otro, como una manifestación de la intención de los autores de los Tratados de que el concepto de «instituciones» se entienda de forma extensiva, de modo que incluya no solo las entidades enumeradas en el artículo 13 TUE, apartado 1, sino también los órganos y organismos de la Unión que hayan sido constituidos por los Tratados o en virtud de estos y que tengan como misión contribuir a la realización de los objetivos de la Unión. Ello es tanto más cierto cuanto que el Tratado UE y el Tratado FUE constituyen una base constitucional unitaria para la Unión en virtud del artículo 1 TUE, párrafo tercero, y del artículo 1 TFUE, apartado 2, de modo que la definición del concepto de «instituciones» que figura en el artículo 13 TUE, apartado 1, y la distinción entre esas instituciones, por un lado, y los órganos y organismos de la Unión, por otro, deben ser válidas de manera transversal y uniforme en ambos Tratados.
Tampoco puede ser determinante la interpretación amplia dada por el Tribunal de Justicia al concepto de «instituciones» en el sentido del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, que establece que, «en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros».
En efecto, si bien el Tribunal de Justicia ha declarado que el concepto de «instituciones» en el sentido de esta última disposición no solo engloba a las instituciones de la Unión enumeradas en el artículo 13 TUE, apartado 1, sino también a todos los órganos y organismos de la Unión que hayan sido constituidos por los Tratados o en virtud de estos y que tengan como misión contribuir a la realización de los objetivos de la Unión (sentencia de 16 de diciembre de 2020, Consejo y otros/K. Chrysostomides & Co. y otros,
C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P y C‑604/18 P
,
EU:C:2020:1028
, apartado
y jurisprudencia citada), para elaborar esa jurisprudencia, el Tribunal de Justicia se basó explícitamente en el hecho de que, por un lado, los órganos y organismos de la Unión instituidos por los Tratados o en virtud de estos tienen la misión de contribuir a la realización de los objetivos de la Unión y, por otro lado, sería contrario a la intención de los autores de los Tratados que la Unión, cuando actúe a través de un órgano u organismo, pudiera eludir a las consecuencias derivadas de lo dispuesto en los Tratados en materia de responsabilidad extracontractual de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 1992, SGEEM y Etroy/BEI,
C‑370/89
,
EU:C:1992:482
, apartados
a
).
De este modo, la interpretación amplia dada por el Tribunal de Justicia al concepto de «instituciones» a efectos de la aplicación del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, responde a la necesidad, justificada por los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros a los que se refiere expresamente esa disposición, de evitar que la Unión pueda sustraerse a la aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual contemplado en el artículo 268 TFUE, en relación con el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, y al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia cuando aquella actúe a través de un órgano u organismo de la Unión distinto de las instituciones enumeradas en el artículo 13 TUE, apartado 1 (véase, por analogía, la sentencia de 2 de diciembre de 1992, SGEEM y Etroy/BEI,
C‑370/89
,
EU:C:1992:482
, apartados
y
). Ello es tanto más cierto cuanto que, como indicó el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, el concepto de «agentes» contemplado en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, engloba, desde un punto de vista funcional, a todo el personal que trabaja para la Unión, ya sea en las instituciones o en los órganos y organismos de esta.
En consecuencia, la interpretación dada al concepto de «instituciones» en el sentido del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, que regula el alcance de la responsabilidad extracontractual de la Unión, no puede invocarse válidamente para definir por analogía el ámbito de aplicación del artículo 341 TFUE, relativo al alcance de las competencias reservadas a los Estados miembros en virtud de los Tratados.
El Consejo tampoco puede invocar válidamente el concepto de «instituciones» que figura en el artículo 342 TFUE, a tenor del cual «el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión será fijado por el Consejo mediante reglamentos, por unanimidad, sin perjuicio de las disposiciones previstas en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea». En efecto, como indicó el Abogado General en el punto 98 de sus conclusiones, el concepto de «instituciones» que figura en este último artículo no debe interpretarse necesariamente en el sentido de que incluye a los órganos y organismos de la Unión, ya que el régimen lingüístico de un órgano o un organismo de la Unión puede ser diferente del que rige en las instituciones de esta.
En cuanto al Protocolo n.
o
6, aunque, como alega el Consejo, ese Protocolo fija no solo la sede de las instituciones de la Unión, sino también la de determinados órganos y organismos de la Unión, entre ellos Europol, y hace referencia al artículo 341 TFUE, no establece que las sedes de los órganos y organismos de la Unión deban ser determinadas colectivamente por los Estados miembros en virtud del principio enunciado en ese artículo. A este respecto, es preciso señalar que los órganos y organismos de la Unión tienen la característica común de haber sido creados por los Estados miembros, mientras que no sucede así en el caso de una agencia de la Unión como la ALE, que ha sido creada, sobre la base de los Tratados constitutivos, por el legislador de la Unión. Así pues, no cabe deducir de dicho Protocolo la voluntad de los Estados miembros de aplicar, directamente o por analogía, el principio enunciado en el referido artículo a la fijación de la sede de todos los órganos y organismos de la Unión.
Por el contrario, como señaló el Abogado General en el punto 112 de sus conclusiones, la adopción de un protocolo concreto pone de manifiesto que los Estados miembros consideraron que su decisión colectiva acerca de la fijación de la sede de determinados órganos y organismos de la Unión exhaustivamente enumerados debía ser consagrada en el Derecho primario para producir efectos jurídicos en el Derecho de la Unión.
En cuanto a la remisión expresa que el Protocolo n.
o
6 hace al artículo 341 TFUE, dicha remisión se explica por el hecho de que ese Protocolo se refiere, principalmente, a las instituciones mencionadas en el artículo 13 TUE, apartado 1.
Además, es cierto que, como se desprende del artículo 2 de la Decisión de Edimburgo, los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros expresaron su deseo de reservarse las decisiones relativas a las sedes de los órganos y organismos de la Unión del mismo modo que están expresa y claramente facultados por el artículo 341 TFUE para establecer la sede de las instituciones de la Unión. Por otra parte, con ocasión de la conferencia intergubernamental que condujo a la adopción del Tratado de Ámsterdam, el texto de la Decisión de Edimburgo se retomó como protocolo anexo a los Tratados UE, CE, CECA y CEEA, actualmente Protocolo n.
o
6, incorporado como anexo a los Tratados UE, FUE y CEEA.
No obstante, por un lado, el artículo único de este último Protocolo solo fija, en términos comparables a los del artículo 1 de la Decisión de Edimburgo, la sede de instituciones, órganos u organismos de la Unión creados por los Estados miembros. Por otro lado, aunque el Tribunal de Justicia haya reconocido un valor jurídico vinculante a esa Decisión en la sentencia de 1 de octubre de 1997, Francia/Parlamento (
C‑345/95
,
EU:C:1997:450
), a la que remitió en sentencias posteriores [véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de diciembre de 2012, Francia/Parlamento,
C‑237/11 y C‑238/11
,
EU:C:2012:796
, apartados
a
, y de 2 de octubre de 2018, Francia/Parlamento (Ejercicio de la facultad presupuestaria),
C‑73/17
,
EU:C:2018:787
, apartado
], el artículo 2 de dicha Decisión no puede conducir a que se interprete el artículo 341 TFUE de una forma contraria a su claro tenor.
El Consejo invoca asimismo, como elemento del contexto, la práctica institucional anterior relativa a la fijación de la sede de los órganos y organismos de la Unión y sostiene que esa práctica goza de un «reconocimiento institucional» en la Declaración conjunta de 2012 y el Planteamiento común adjunto a esta.
No obstante, de la información que se ha puesto en conocimiento del Tribunal de Justicia en el marco del presente asunto se desprende que la práctica alegada dista mucho de ser generalizada. En efecto, los procedimientos seguidos para designar la sede de los órganos y organismos de la Unión, bien han sido elaborados únicamente por los Estados miembros, o bien han implicado, en grados variables y sobre fundamentos diversos, a las instituciones de la Unión en su condición o no de actores del procedimiento legislativo.
Sin embargo, aun suponiendo que fuera posible, como sostiene el Consejo, identificar una práctica anterior establecida y coherente en virtud de la cual las sedes de los órganos y organismos de la Unión se fijaban sistemáticamente mediante una decisión política tomada únicamente por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, la interpretación del artículo 341 TFUE que el Consejo preconiza sobre la base de esa práctica no puede gozar de ningún «reconocimiento institucional» en la Declaración conjunta de 2012 y el Planteamiento común adjunto a esta. En efecto, esta Declaración no tiene carácter jurídicamente vinculante, como se subraya en su párrafo quinto, y no contiene, por lo demás, ningún reconocimiento de reserva de competencia para los Estados miembros en lo que respecta a la determinación de la sede de los órganos y organismos de la Unión.
En cualquier caso, tal práctica, que sería contraria a las normas del Tratado FUE y, en particular, al artículo 341 TFUE, al ampliar, a pesar del claro tenor literal de este, el ámbito de aplicación de dicho artículo a la fijación de la sede de los órganos y organismos de la Unión, no puede crear un precedente que vincule a las instituciones (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de mayo de 2008, Parlamento/Consejo,
C‑133/06
,
EU:C:2008:257
, apartado
y jurisprudencia citada).
En tercer y último lugar, por lo que respecta al objetivo del artículo 341 TFUE, dicho objetivo consiste en preservar las facultades decisorias de los Estados miembros para determinar la sede de las instituciones de la Unión únicamente. Contrariamente a la posición defendida por el Consejo en la vista, interpretar este artículo en el sentido de que no se aplica a los órganos y organismos de la Unión no tiene por efecto privarlo de todo efecto útil, como señaló el Abogado General en el punto 138 de sus conclusiones. Si bien es cierto que la sede de las instituciones de la Unión ya ha sido fijada por el Derecho primario, en concreto por el Protocolo n.
o
6, el artículo 341 TFUE sigue siendo pertinente para cualquier decisión futura que, eventualmente, cambie la sede de una institución existente o determine la sede de una nueva institución.
En este contexto, procede recordar que, a diferencia de las instituciones de la Unión, cuya creación y funciones están establecidas, por su importancia constitucional, en los propios Tratados, los órganos y organismos de la Unión, como la ALE, dedicados a la realización de los objetivos de una política determinada de la Unión, no son, por regla general, creados por los Tratados. En estas circunstancias, su creación, al no provenir del Derecho primario, debe resultar de un acto de Derecho derivado adoptado sobre la base de las disposiciones materiales que aplican la política de la Unión en la que interviene el órgano o el organismo de que se trate y de conformidad con los procedimientos establecidos en dichas disposiciones.
A falta de otras precisiones a este respecto en los Tratados, corresponde asimismo al legislador de la Unión, de conformidad con los procedimientos previstos por las disposiciones de los Tratados materialmente pertinentes, fijar la sede de un órgano u organismo de la Unión que él mismo haya constituido mediante un acto de Derecho derivado adoptado sobre la base de esas disposiciones, del mismo modo que es competente, en virtud de tales disposiciones, para definir las facultades, la organización y el modo de funcionamiento de dicho órgano u organismo.
Así pues, contrariamente a lo que afirma el Consejo, la decisión relativa a la fijación de la sede de un órgano u organismo de la Unión, como una agencia de la Unión, es consustancial a la decisión relativa a su creación.
Es cierto que la fijación de la ubicación de la sede de un órgano u organismo de la Unión puede guiarse por consideraciones de orden político, como la necesidad, en la implantación de los órganos u organismos de la Unión, de garantizar un cierto equilibrio geográfico o de favorecer a los Estados miembros que aún no alberguen la sede de un órgano u organismo de la Unión.
No obstante, el carácter político de la decisión por la que se fije la ubicación de la sede de tal órgano u organismo de la Unión no puede justificar por sí solo que dicha decisión quede fuera de la competencia del legislador de la Unión, el cual, en efecto, se ve obligado regularmente a tomar decisiones políticas en el ejercicio de las competencias de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2016, Alemania/Parlamento y Consejo,
C‑113/14
,
EU:C:2016:635
, apartado
).
Por otra parte, tal decisión debe permitir, principalmente, garantizar el cumplimiento de las misiones confiadas al órgano u organismo de la Unión de que se trate para la realización de los objetivos de una política determinada.
Tampoco puede prosperar la tesis de que el hecho de vincular la fijación de la sede de un órgano u organismo de la Unión a la base material en la que se funda la creación de este puede conducir, según la base jurídica pertinente, a someter dicha fijación a una votación por mayoría cualificada en el seno del Consejo, y no a una decisión adoptada de común acuerdo por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, al mismo tiempo que dicha fijación se convierte en un elemento de compromiso en el marco del debate legislativo.
En efecto, como se ha recordado en el apartado 68 de la presente sentencia, el hecho de que la decisión de fijación de la ubicación de la sede de un órgano u organismo de la Unión pueda tener una dimensión política importante, por cuanto debe responder, en particular, a consideraciones relativas al equilibrio geográfico, no impide que el legislador de la Unión pueda adoptar esa decisión con arreglo a los procedimientos establecidos por las disposiciones de los Tratados materialmente pertinentes, ya que esa dimensión política puede constituir, a este respecto, un elemento que el legislador de la Unión puede tener en cuenta al ejercer su facultad de apreciación. Por otra parte, es preciso subrayar que, como el proceso legislativo de la Unión se guía, en virtud de los artículos 1 TUE, párrafo segundo, y 10 TUE, apartado 3, por el principio de transparencia frente a los ciudadanos, seguir este proceso puede reforzar la base democrática de una decisión relativa a la designación de la ubicación de la sede de un órgano u organismo de la Unión, como la ALE.
Además, y más fundamentalmente, la circunstancia de que una decisión, como la relativa a la fijación de la ubicación de la sede de un órgano u organismo de la Unión, sea políticamente sensible no puede conducir a modificar las competencias conferidas por los Tratados a las instituciones de la Unión ni a sustraer el ejercicio de estas competencias a los procedimientos legislativos previstos en los Tratados. La determinación del alcance de una disposición de los Tratados que regula una competencia material de la Unión no puede depender de consideraciones relacionadas con el carácter políticamente sensible de la materia de que se trate o con el afán de garantizar la eficacia de una acción.
De todas estas consideraciones, y en particular del tenor del artículo 341 TFUE, se desprende que no puede interpretarse que esta disposición rija la designación de la ubicación de la sede de un órgano u organismo de la Unión como la ALE.
En estas circunstancias, la competencia para decidir la ubicación de la sede de esta agencia pertenece no a los Estados miembros, sino al legislador de la Unión, al que incumbe actuar a tal fin con arreglo a los procedimientos establecidos por las disposiciones de los Tratados materialmente pertinentes, en este caso por los artículos 46 TFUE y 48 TFUE, que prevén que se diga el procedimiento legislativo ordinario.
A la luz de esta conclusión procede pasar a examinar, en un segundo momento, si el Tribunal de Justicia es competente para pronunciarse en el presente recurso.
Sobre el autor de la Decisión impugnada y la competencia del Tribunal de Justicia en virtud del artículo 263 TFUE
–
Sobre el autor de la Decisión impugnada
En primer lugar, procede comprobar si la Decisión impugnada, adoptada en paralelo a una reunión del Consejo por la Conferencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, es imputable a estos últimos.
Por lo que respecta al contenido de la Decisión impugnada, su contenido refleja que esta Decisión constituye un acto de los jefes de Estado o de Gobierno de 27 Estados miembros adoptado en paralelo a una reunión del Consejo al término de un procedimiento intergubernamental. Prueba de ello es la referencia explícita, en el título y al principio del preámbulo de esta Decisión, a los «representantes de los Gobiernos de los Estados miembros».
A este respecto, debe señalarse que la Decisión impugnada se adoptó sobre la base explícita del artículo 341 TFUE, ya que los autores de esta Decisión consideraron que la alusión a las «instituciones» que figura en dicho artículo debía interpretarse de manera extensiva, es decir, en el sentido de que se refiere no solo a las instituciones exactamente enumeradas en el artículo 13 TUE, apartado 1, sino también a los órganos y organismos de la Unión.
Además, procede observar que los trabajos preparatorios de la Decisión impugnada se llevaron a cabo con ocasión de reuniones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros que se celebraron en paralelo a las reuniones del Coreper de 13 de marzo de 2019 y de 5 de junio de 2019.
En cuanto a las circunstancias que rodearon la adopción de la Decisión impugnada, ni el hecho de que el procedimiento de selección efectuado a nivel intergubernamental para designar la sede de la ALE se llevara a cabo en los locales del Consejo y con la asistencia de los servicios de la Secretaría General del Consejo, ni el hecho de que las ofertas presentadas en el marco de ese procedimiento de selección fueran evaluadas por la Comisión, ni la circunstancia de que la Decisión impugnada fuera firmada por el representante del Estado miembro que, en la fecha de adopción de esa Decisión, ejercía la Presidencia del Consejo con arreglo al artículo 16 TUE, apartado 9, en ese caso, el ministro de Justicia rumano, pueden desvirtuar la conclusión de que dicha Decisión es imputable a los Estados miembros, y no al Consejo.
En efecto, por un lado, la adopción de un acto en los locales o con la asistencia de una institución de la Unión no confiere por sí sola competencia al Tribunal de Justicia para apreciar la legalidad de ese acto (véase, por analogía, la sentencia de 22 de marzo de 1990, Le Pen,
C‑201/89
,
EU:C:1990:133
, apartados
y
). Por otro lado, la participación de instituciones de la Unión en la elaboración de una decisión de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros adoptada en paralelo a una reunión del Consejo no puede determinar la naturaleza jurídica y el autor del acto que se deriva de tal decisión.
Así pues, la Decisión impugnada no puede calificarse de acto del Consejo ni por su contenido ni por las circunstancias en las que fue adoptada. Por el contrario, esa Decisión constituye un acto adoptado colectivamente y de común acuerdo por los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros.
–
Sobre la competencia del Tribunal de Justicia en virtud del artículo 263 TFUE
En segundo lugar, cabe recordar que el criterio pertinente fijado por el Tribunal de Justicia en orden a excluir la competencia de los tribunales de la Unión para conocer de un recurso judicial contra actos adoptados por representantes de los Gobiernos de los Estados miembros es únicamente el relativo al autor, independientemente de sus efectos jurídicos vinculantes (auto de 16 de junio de 2021, Sharpston/Consejo y representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
C‑685/20 P
,
EU:C:2021:485
, apartado
).
Por lo tanto, no puede acogerse, so pena de infringir el claro tenor del artículo 263 TFUE, la alegación del Parlamento según la cual procede interpretar en sentido amplio los autores de los actos a los que se refiere ese artículo, a saber, las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión, con el fin de considerar que la Decisión impugnada fue adoptada por una institución, un órgano o un organismo de la Unión en el sentido de dicho artículo o, cuando menos, de asimilar el presente recurso a un recurso interpuesto contra una decisión del Consejo (véase, en este sentido, el auto de 16 de junio de 2021, Sharpston/Consejo y representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
C‑685/20 P
,
EU:C:2021:485
, apartado
).
Tal interpretación también sería contraria a la voluntad de los autores de los Tratados, reflejada en el artículo 263 TFUE, cuyo ámbito de aplicación se limita únicamente a los actos del Derecho de la Unión, adoptados por las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión, de sustraer los actos de los Estados miembros al control de los jueces de la Unión.
Extender el concepto de actos impugnables a efectos del artículo 263 TFUE a los actos adoptados, incluso de común acuerdo, por los Estados miembros equivaldría, en definitiva, a admitir un control directo del juez de la Unión sobre los actos de los Estados miembros y, de este modo, a eludir los cauces jurídicos específicamente previstos en caso de incumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de los Tratados.
Esos cauces jurídicos se basan, en efecto, en la consideración de las funciones respectivas en el ordenamiento jurídico de la Unión de las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión, por un lado, y de los Estados miembros, por otro. A este respecto, es preciso recordar que, de conformidad con el principio enunciado en el artículo 13 TUE, apartado 2, cada institución, incluido el Tribunal de Justicia, actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos.
En el presente asunto, si bien la Decisión impugnada se analiza como un acto adoptado únicamente por los Estados miembros, por lo que se sustrae al control de legalidad previsto en el artículo 263 TFUE, no puede asimilarse a una decisión adoptada en virtud del artículo 341 TFUE, puesto que, como se desprende de las consideraciones que figuran en los apartados 43 a 73 de la presente sentencia, debe interpretarse que este último artículo se refiere exclusivamente a la determinación de la sede de las instituciones mencionadas en el artículo 13 TUE, apartado 1, y no a la determinación de la sede de los órganos y organismos de la Unión.
Pues bien, como señaló el Abogado General en el punto 166 de sus conclusiones, una decisión como la Decisión impugnada, que ha sido adoptada por los Estados miembros en un ámbito en que los Tratados no prevén la actuación de estos, carece de todo efecto jurídico obligatorio en el Derecho de la Unión. La circunstancia de que una o varias instituciones de la Unión hayan desempeñado un determinado papel en el marco del procedimiento que ha dado lugar a la adopción de esa Decisión no altera la naturaleza de esta, que no pertenece al ordenamiento jurídico de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 20 de septiembre de 2016, Ledra Advertising y otros/Comisión y BCE,
C‑8/15 P a C‑10/15 P
,
EU:C:2016:701
, apartado
).
En este contexto, incumbe al legislador de la Unión, por razones tanto de seguridad jurídica como de tutela judicial efectiva, adoptar, de conformidad con los procedimientos previstos por las disposiciones de los Tratados materialmente pertinentes, un acto de la Unión que confirme o, por el contrario, rechace la decisión política adoptada por los Estados miembros, precisándose que únicamente ese acto del legislador de la Unión puede producir efectos jurídicos vinculantes en el marco del Derecho de la Unión y que, en un contexto como el del presente asunto, dicho acto debe preceder necesariamente a cualquier medida concreta de implantación de la sede de la agencia de que se trata.
De todas las consideraciones anteriores resulta que la Decisión impugnada constituye no un acto del Consejo, sino un acto de carácter político carente de efectos jurídicos vinculantes, adoptado colectivamente por los Estados miembros, de modo que dicha Decisión no puede ser objeto de un recurso de anulación en virtud del artículo 263 TFUE.
Por lo tanto, procede desestimar el presente recurso por estar dirigido contra un acto cuyo control de legalidad no es competencia del Tribunal de Justicia sobre la base del artículo 263 TFUE.
Costas
En virtud del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Con arreglo al artículo 138, apartado 3, de ese Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. Sin embargo, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, el Tribunal de Justicia podrá decidir que una de las partes cargue, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte.
En el presente asunto, en el que las circunstancias que rodearon la adopción de la Decisión impugnada se caracterizan por una práctica e interpretaciones divergentes sobre la cuestión de la competencia decisoria en materia de fijación de la sede de los órganos y organismos de la Unión, resulta justificado decidir que cada una de las partes principales, a saber, el Parlamento y el Consejo, cargue con sus propias costas.
De conformidad con el artículo 140, apartado 1, de dicho Reglamento, el Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, el Reino de los Países Bajos, la República de Polonia, la República Eslovaca y la República de Finlandia cargarán con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.

3)
El Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, el Reino de los Países Bajos, la República de Polonia, la República Eslovaca y la República de Finlandia cargarán con sus propias costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.