CELEX: 62021CJ0183
Procedimiento prejudicial
Aproximación de las legislaciones
Marcas
Directiva (UE) 2015/2436
Artículo 19
Uso efectivo de una marca
Carga de la prueba
Solicitud de caducidad por falta de uso
Norma procesal nacional que obliga al solicitante a efectuar una investigación del mercado relativa al uso de la marca

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 2008, L 299, p. 25
), y de los artículos 16, 17 y 19 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 2015, L 336, p. 1
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Maxxus Group GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Maxxus») y Globus Holding GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «Globus») en relación con la caducidad de los derechos de esta relativos a dos marcas registradas en Alemania.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2008/95
El artículo 10 de la Directiva 2008/95, titulado «Uso de la marca», establecía:
«1.   Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.
Son igualmente considerados como uso a efectos de lo dispuesto en el párrafo primero:
a)
el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada;
b)
poner la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.
2.   El uso de la marca con consentimiento del titular o por cualquier persona autorizada para utilizar una marca colectiva o una marca de garantía o de certificación se considerará como hecho por el titular.
[…]»
El artículo 12 de la referida Directiva, titulado «Causas de caducidad», disponía, en su apartado 1:
«Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso.
Sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.
El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses antes de la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la demanda de caducidad.»
Directiva 2015/2436
A tenor del considerando 10 de la Directiva 2015/2436:
«Es fundamental garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. […]»
El artículo 16 de esta Directiva, titulado «Uso de la marca», dispone:
«1.   Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 17, el artículo 19, apartado 1, el artículo 44, apartados 1 y 2, y el artículo 46, apartados 3 y 4, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.
[…]
5.   A efectos del apartado 1, también tendrán la consideración de uso:
a)
el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca en la forma en que se utilice también está o no registrada asimismo a nombre del titular;
b)
la colocación de la marca en los productos o en su presentación en el Estado miembro de que se trate solo con fines de exportación.
6.   El uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.»
El artículo 17 de dicha Directiva, bajo la rúbrica «La falta de uso como defensa ante una acción por violación de marca», establece:
«El titular de una marca podrá prohibir la utilización de un signo solo en la medida en que los derechos del titular no puedan ser objeto de una declaración de caducidad con arreglo al artículo 19 en el momento de entablar la acción por violación. Si el demandado lo solicita, el titular de la marca acreditará que, durante el plazo de cinco años anterior a la fecha de presentación de la acción, la marca se usó efectivamente conforme a lo previsto en el artículo 16 en conexión con los productos o servicios respecto de los cuales está registrada y en que se fundamenta la acción, o que existen causas justificativas para su falta de uso, siempre que el procedimiento de registro de la marca haya finalizado al menos […] cinco años antes de la fecha de presentación de la acción.»
El artículo 19 de la misma Directiva, con el epígrafe «La falta de uso efectivo como causa de caducidad», establece:
«1.   Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existen causas que justifiquen la falta de uso.
2.   Nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud de caducidad, se ha iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.
3.   El comienzo o la reanudación del uso en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad que empezó a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la solicitud de caducidad.»
El artículo 54 de la Directiva 2015/2436, con la rúbrica «Transposición», dispone lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a los artículos 3 a 6, a los artículos 8 a 14, a los artículos 16, 17 y 18, a los artículos 22 a 39, al artículo 41, a los artículos 43 y 44 y a los artículos 46 a 50 a más tardar el 14 de enero de 2019. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al artículo 45 a más tardar el 14 de enero de 2023. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
[…]»
El artículo 55 de esta Directiva, titulado «Derogación», prevé:
«Queda derogada la Directiva [2008/95] con efectos a partir del 15 de enero de 2019, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al Derecho interno de la [Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 1989, L 40, p. 1
),] que se indica en el anexo I, parte B, de la Directiva [2008/95].
Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo.»
Derecho alemán
En virtud del artículo 49, apartado 1, de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Ley relativa a la protección de las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), a petición del interesado, se procederá a la cancelación de la inscripción de la marca en el Registro por razón de su caducidad si esta no ha sido utilizada durante un período ininterrumpido de cinco años.
En virtud del artículo 55, apartado 2, punto 1, de esa Ley, cualquier persona podrá interponer un recurso con objeto de que se declare la caducidad de una marca, con arreglo al artículo 49 de dicha Ley, en la medida en que invoque la falta de uso de esa marca.
Hechos que originaron el litigio principal y cuestión prejudicial
Globus es titular de la marca denominativa MAXUS. Esta marca fue registrada en julio de 1996 ante la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas, Alemania), para varios productos de las clases 1 a 9 y 11 a 34, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
Además, Globus es titular de la siguiente marca figurativa, registrada en mayo de 1996 ante la Oficina Alemana de Patentes y Marcas, para productos de las clases 1 a 9 y 11 a 34:
El 28 de noviembre de 2019, Maxxus interpuso un recurso ante el Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken, Alemania), que es el órgano jurisdiccional remitente, solicitando, en esencia, que se declare la caducidad, por falta de uso, de los derechos de Globus relativos a las marcas mencionadas en los apartados 13 y 14 de la presente sentencia.
En apoyo de su solicitud, Maxxus alega que, durante los cinco últimos años, Globus no hizo un uso de estas marcas que pudiera garantizar el mantenimiento de sus derechos sobre ellas. Maxxus declara que realizó búsquedas en línea, también en el sitio de Internet de Globus, que no aportaron ninguna indicación de tal uso. Señala que, al introducir el término «MAXUS» en la herramienta de búsqueda interna del sitio de Internet de Globus, aparecen dos resultados, que hacen referencia a un establecimiento de bebidas en Freilassing (Alemania), explotado por una sociedad vinculada a Globus. Añade que, no obstante, de las búsquedas efectuadas en Internet se desprende que las bebidas vendidas por esta última sociedad no llevan la marca MAXUS, sino otras marcas de fabricantes terceros, extremo que fue confirmado mediante investigaciones efectuadas en el establecimiento en cuestión por una agencia de detectives, contratada por Maxxus.
Globus rebate estas alegaciones y afirma haber hecho un uso de las dos marcas controvertidas que puede garantizar el mantenimiento de sus derechos sobre ellas.
El órgano jurisdiccional remitente señala que, en el marco de un procedimiento de caducidad de una marca por falta de uso, la jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) distingue entre la carga de la exposición de los hechos (
Darlegungslast
) y la carga de la prueba. Por lo que atañe a la exposición de los hechos, incumbe a la parte solicitante exponer, de modo fundamentado, los elementos que demuestren la falta de uso de la marca. Afirma que, a este respecto, dicha parte debe llevar a cabo, por sus propios medios, una investigación que permita saber si el titular utilizaba la marca de que se trate de un modo que se garantice el mantenimiento de sus derechos. Dado que, en general, la parte solicitante no conoce los procedimientos comerciales del titular de la marca, este podría soportar una carga de la exposición de los hechos llamada «secundaria». En cuanto a la carga de la prueba de la falta de uso, esta recae sobre la parte solicitante.
El órgano jurisdiccional remitente señala que, a raíz de la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari (
C‑720/18 y C‑721/18
,
EU:C:2020:854
), apartado
, donde el Tribunal de Justicia declaró que la carga de la prueba de que una marca ha sido objeto de un «uso efectivo», en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, incumbe al titular de esa marca, ya no puede defenderse la jurisprudencia antes mencionada del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) relativa a la carga de la prueba. No obstante, estima que aún permanece abierta la cuestión de si el Derecho nacional puede seguir haciendo recaer sobre la parte solicitante la carga de la exposición de los hechos. Considera que debe darse una respuesta afirmativa a esta cuestión.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente ofrece precisiones sobre la distinción, en Derecho alemán, entre la carga de la exposición de los hechos y la carga de la prueba. La carga de la exposición de los hechos exige que una parte sea lo más concreta posible en sus afirmaciones, so pena de ver desestimadas sus pretensiones si no cumple esta obligación. El Derecho procesal alemán también impone a la parte demandada la carga secundaria de la exposición de los hechos. Cada una de las partes está obligada a realizar investigaciones en su propio ámbito de actuación. Estas diversas cargas y obligaciones son distintas de la carga de la prueba. La carga de la exposición de los hechos se diferencia de la carga de la prueba en el sentido de que cada parte está obligada a presentar observaciones sobre los hechos de los que tenga conocimiento o que puedan investigarse con un esfuerzo razonable.
El órgano jurisdiccional remitente considera que el Derecho de la Unión, y en particular la Directiva 2015/2436, no se opone a que se haga recaer la carga de la exposición de los hechos en la parte que solicita la caducidad de una marca por falta de uso. En su opinión, esta carga podría justificarse por una ponderación de los intereses de las partes litigantes. Añade que, en un procedimiento de caducidad de una marca por falta de uso, incumbe a la parte solicitante comprobar, en la medida de lo posible, si la parte demandada ha hecho un uso efectivo de su marca. Sostiene que solo al término de tal investigación y de la exposición de sus resultados, esta debería estar obligada a revelar el uso que ha hecho de su marca. Afirma que, dado que no se exige ningún interés concreto para presentar una solicitud de caducidad de una marca por falta de uso, cualquier persona podría obligar al titular a divulgar el uso que hace de su marca, lo que implicaría un grave riesgo de procedimientos abusivos. Estima que, de ese modo, la parte solicitante podría obligar al titular de la marca de que se trate a renunciar a secretos comerciales y a realizar un esfuerzo de investigación considerable para demostrar el uso efectivo de su marca.
Dado que la Directiva 2015/2436 no regula el procedimiento nacional relativo a una solicitud de caducidad de una marca por falta de uso, el órgano jurisdiccional remitente considera que la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari (
C‑720/18 y C‑721/18
,
EU:C:2020:854
), no se opone a que la parte solicitante soporte una carga de la exposición de los hechos tal como prevé dicho órgano jurisdiccional.
En estas circunstancias, el Landgericht Saarbrücken (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Saarbrücken) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, en particular, la Directiva [2008/95], y concretamente su artículo 12, o la Directiva [2015/2436], y concretamente sus artículos 16, 17 y 19, en el sentido de que el efecto útil de estas normas prohíbe una interpretación del Derecho procesal nacional que,
a)
en un procedimiento civil dirigido a la cancelación de una marca nacional registrada debido a su caducidad por falta de uso, impone al demandante una carga de la exposición de los hechos, distinta de la carga de la prueba, y
b)
en el marco de dicha carga de la exposición de los hechos, exige al demandante
–
formular en ese procedimiento alegaciones fundadas y detalladas, en la medida en que le sea posible, sobre la falta de uso por parte del demandado de la marca controvertida y
–
realizar, a tal efecto, su propia investigación del mercado, que deberá ser adecuada en función de la pretensión de cancelación y de la naturaleza específica de esa marca?»
Sobre la cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad
Maxxus alega, en esencia, que, en una sentencia de 14 de enero de 2021, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) declaró, a raíz de la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari (
C‑720/18 y C‑721/18
,
EU:C:2020:854
), que, en un procedimiento de caducidad de una marca por falta de uso, la parte solicitante únicamente debe sostener que el titular de esa marca no ha hecho uso de ella, ya que la carga de la prueba y la carga de la exposición de los hechos recae, en Derecho alemán, sobre el titular de la marca controvertida. De ello se deduce, según Maxxus, que la respuesta a la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente no es necesaria para la resolución del litigio principal.
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia solo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión en relación, en particular, con la situación jurídica descrita por el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de proporcionar a este los elementos útiles para la solución del litigio que se le ha sometido (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes,
C‑291/16
,
EU:C:2017:990
, apartado
y jurisprudencia citada).
Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la resolución judicial que ha de adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (sentencia de 6 de octubre de 2021, Consorzio Italian Management y Catania Multiservizi,
C‑561/19
,
EU:C:2021:799
, apartado
y jurisprudencia citada). Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes,
C‑291/16
,
EU:C:2017:990
, apartado
y jurisprudencia citada).
Así pues, el Tribunal de Justicia solo puede negarse a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Schweppes,
C‑291/16
,
EU:C:2017:990
, apartado
).
El referido supuesto no se da en el caso de autos. El órgano jurisdiccional remitente ha expuesto e interpretado normas procesales alemanas, bajo su propia responsabilidad, y ha concluido que, en un procedimiento de caducidad de una marca por falta de uso, la parte solicitante está obligada a respetar determinadas exigencias en materia de exposición de los hechos, de lo que depende la admisibilidad de su solicitud. Dicho órgano jurisdiccional pregunta al Tribunal de Justicia, en esencia, si la Directiva 2008/95 o la Directiva 2015/2436 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que impone tales exigencias. Resulta evidente que una cuestión como esta presenta una relación directa con el objeto del litigio principal.
Por lo tanto, la petición de decisión prejudicial es admisible.
Sobre el fondo
Con carácter preliminar, procede señalar que de los autos remitidos al Tribunal de Justicia por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que la solicitud de caducidad que constituye el objeto del litigio principal se presentó el 28 de noviembre de 2019. Pues bien, el plazo concedido a los Estados miembros para transponer la Directiva 2015/2436 al Derecho nacional, previsto en el artículo 54, apartado 1, de dicha Directiva, expiró el 14 de enero de 2019. En virtud del artículo 55 de la citada Directiva, esta derogó y sustituyó a la Directiva 2008/95. Si bien es cierto que las disposiciones pertinentes de las Directivas 2008/95 y 2015/2436 son sustancialmente idénticas, no lo es menos que la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz de la Directiva 2015/2436 (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de julio de 2020, mk advokaten,
C‑684/19
,
EU:C:2020:519
, apartado
).
Por otra parte, ni el artículo 16 de la Directiva 2015/2436, relativo al concepto de uso efectivo de una marca y al período durante el cual el titular de esta debe haber hecho tal uso, ni el artículo 17 de dicha Directiva, relativo a la falta de uso como defensa ante una acción por violación de marca, son directamente pertinentes para responder a la cuestión del órgano jurisdiccional remitente. Por lo tanto, la cuestión prejudicial planteada ha de examinarse teniendo en cuenta únicamente el artículo 19 de esta Directiva.
Habida cuenta de estas precisiones, procede considerar que, mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 19 de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma procesal de un Estado miembro que, en un procedimiento de solicitud de caducidad por falta de uso de una marca, obliga a la parte solicitante a realizar una investigación del mercado en relación con el posible uso de esa marca por su titular y a presentar a este respecto, en la medida de lo posible, observaciones fundamentadas en apoyo de su solicitud.
A este respecto, procede señalar que la cuestión de la carga de la prueba del uso efectivo, en el sentido del artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2015/2436, en el marco de un procedimiento relativo a la caducidad de una marca por falta de uso no constituye una disposición de procedimiento, competencia de los Estados miembros (véase, por analogía, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari,
C‑720/18 y C‑721/18
,
EU:C:2020:854
, apartado
y jurisprudencia citada).
En efecto, si esta cuestión fuera competencia del Derecho nacional de los Estados miembros, ello podría tener como consecuencia que la protección de los titulares de las marcas variara en función de la ley aplicable en cada caso, de manera que no se alcanzaría el objetivo de garantizar «la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros», objetivo contemplado en el considerando 10 de la Directiva 2015/2436 y calificado en este de «fundamental» (véase, por analogía, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari,
C‑720/18 y C‑721/18
,
EU:C:2020:854
, apartado
y jurisprudencia citada).
Además, el principio según el cual incumbe al titular de la marca aportar la prueba del uso efectivo de esta se limita en realidad a traducir lo que postulan el sentido común y un imperativo elemental de eficacia del procedimiento. En efecto, el titular de la marca controvertida es quien se encuentra en condiciones más favorables para aportar la prueba de actos concretos que permitan fundamentar la afirmación según la cual su marca ha sido objeto de un uso efectivo (sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari,
C‑720/18 y C‑721/18
,
EU:C:2020:854
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
De ello se desprende que el artículo 19 de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que la carga de la prueba de que una marca ha sido objeto de un «uso efectivo» con arreglo a dicha disposición incumbe al titular de esa marca (véase, por analogía, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Ferrari,
C‑720/18 y C‑721/18
,
EU:C:2020:854
, apartado
).
Es cierto que el hecho de que la parte demandante, en un procedimiento determinado, no deba soportar la carga de la prueba no dispensa necesariamente a esta parte de la obligación de aportar, en su demanda, una exposición completa de los hechos en los que basa sus pretensiones.
Sin embargo, del artículo 19 de la Directiva 2015/2436 se desprende que una solicitud de caducidad de una marca fundamentada en esta disposición se basa en la alegación de falta de uso efectivo de la marca por su titular. Por su propia naturaleza, tal alegación no se presta a una exposición más detallada.
A este respecto, procede señalar que la norma procesal nacional contemplada por el órgano jurisdiccional remitente va más allá de la mera obligación de la parte solicitante de exponer los hechos en los que se basa su solicitud. Esta norma obliga a la parte solicitante a afirmar y, en caso de oposición, a probar que, antes de presentar su solicitud, ha realizado investigaciones del mercado y que no ha podido demostrar que la marca en cuestión ha sido objeto de un uso efectivo.
De este modo, esa norma hace recaer, al menos parcialmente, sobre la parte solicitante la carga de la prueba del uso, o de la falta de uso, de la marca controvertida, mientras que, según la jurisprudencia citada en el apartado 36 de la presente sentencia, esta carga recae exclusivamente sobre el titular de dicha marca.
El riesgo de que proliferen las solicitudes abusivas de caducidad por falta de uso, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, no puede llevar a una interpretación diferente.
En efecto, para prevenir tal riesgo, que, por lo demás, no se refiere únicamente a los procedimientos de caducidad de una marca por falta de uso, sino a todos los procedimientos judiciales, existen, como ha señalado la Comisión, diversos medios procesales adecuados para evitar los abusos de procedimiento.
Estos medios procesales incluyen la posibilidad de establecer disposiciones que permitan desestimar de forma sumaria una solicitud de caducidad debido a la falta de uso por resultar manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundada, o condenar a la parte solicitante, en caso de desestimación de sus pretensiones, a cargar con las costas en que haya incurrido el titular de la marca de que se trate. También es posible imponer a la parte solicitante el pago de una tasa en el momento de interponer su recurso. A este respecto, de los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que, en este caso, Maxxus tuvo que abonar una tasa de esta naturaleza.
Por lo que respecta al riesgo, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, de que se inicien procedimientos de caducidad por falta de uso de una marca con el único fin de obtener la divulgación de los secretos comerciales del titular de esa marca, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un «uso efectivo» de la marca, en el sentido del artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2015/2436, supone la utilización de esta en el mercado de los productos o servicios protegidos por dicha marca y no solo en la empresa de que se trate (sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, apartado
).
De ello se deduce que las pruebas del uso efectivo de una marca deben referirse al uso de la misma marca en el mercado, el cual no forma parte, como tal, del secreto comercial.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 19 de la Directiva 2015/2436 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma procesal de un Estado miembro que, en un procedimiento de solicitud de caducidad por falta de uso de una marca, obliga a la parte solicitante a realizar una investigación del mercado en relación con el posible uso de esa marca por su titular y a presentar a este respecto, en la medida de lo posible, observaciones fundamentadas en apoyo de su solicitud.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

El artículo 19 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma procesal de un Estado miembro que, en un procedimiento de solicitud de caducidad por falta de uso de una marca, obliga a la parte solicitante a realizar una investigación del mercado en relación con el posible uso de esa marca por su titular y a presentar a este respecto, en la medida de lo posible, observaciones fundamentadas en apoyo de su solicitud.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.