CELEX: 62019CJ0372
Procedimiento prejudicial
Competencia
Artículo 102 TFUE
Abuso de posición dominante
Concepto de “precios no equitativos”
Sociedad de gestión colectiva de derechos de autor
Situación de monopolio de hecho
Posición dominante
Abuso
Ejecución de obras musicales durante festivales de música
Baremo basado en los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas
Relación razonable con la prestación de la sociedad de gestión colectiva
Determinación de la parte del repertorio musical de la sociedad de gestión colectiva efectivamente ejecutada

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 102 TFUE, en relación, en su caso, con el artículo 16 de la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior (
DO 2014, L 84, p. 72
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de sendos litigios entre la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) y Weareone.World BVBA, por una parte, y Wecandance NV, por otra, en relación con las remuneraciones que SABAM reclama a estas por derechos de autor.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
A tenor del considerando 8 de la Directiva 2014/26:
«La presente Directiva tiene por objeto la coordinación de las normas nacionales relativas al acceso de las entidades de gestión colectiva a la actividad de gestión de los derechos de autor y derechos afines, las modalidades de administración de estas entidades y su marco de supervisión […]».
El artículo 16 de esta Directiva, titulado «Concesión de licencias», dispone lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros velarán por que las entidades de gestión colectiva y los usuarios negocien de buena fe la concesión de licencias de derechos. Las entidades de gestión colectiva y los usuarios intercambiarán toda la información necesaria.
2.   Las condiciones de concesión de licencias se basarán en criterios objetivos y no discriminatorios. […]
Los titulares de derechos percibirán una remuneración adecuada por la utilización de sus derechos. Las tarifas aplicadas a los derechos exclusivos y a los derechos a remuneración serán razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico de la utilización de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras y otras prestaciones, y el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión colectiva. Las entidades de gestión colectiva informarán al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la fijación de esas tarifas.
[…]»
Derecho belga
La Directiva 2014/26 fue transpuesta al Derecho belga por la Wet van 8 juni 2017 tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Ley de 8 de junio de 2017, por la que se transpone al Derecho belga la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior) (
Belgisch Staatsblad
de 27 de junio de 2017, p. 68276).
El artículo 63 de esta Ley modificó el artículo XI.262 del Wetboek van economisch recht (Código de Derecho Económico) del siguiente modo:
«§ 1.   Las condiciones de concesión de licencias se basarán en criterios objetivos y no discriminatorios. […]
Los titulares de derechos percibirán una remuneración adecuada por la utilización de sus derechos. Las tarifas aplicadas a los derechos exclusivos y a los derechos a remuneración serán razonables en relación con, entre otros factores, el valor económico de la utilización de los derechos negociados, teniendo en cuenta la naturaleza y ámbito de uso de las obras y prestaciones, y el valor económico del servicio prestado por la sociedad de gestión. Las sociedades de gestión informarán al usuario de que se trate de los criterios utilizados para la fijación de esas tarifas.
[…]»
Litigios principales y cuestión prejudicial
SABAM es una sociedad mercantil con ánimo de lucro que, debido a su condición de única entidad de gestión colectiva de derechos de autor en Bélgica, ostenta en dicho territorio un monopolio de hecho en el mercado de la recaudación y de la distribución de las remuneraciones adeudadas por los derechos de autor por la reproducción y la comunicación al público de obras musicales.
Weareone.World y Wecandance organizan desde 2005 y 2013, respectivamente, los festivales anuales Tomorrowland y Wecandance. En distintas ediciones de estos eventos se utilizaron obras musicales protegidas por los derechos de autor que gestiona SABAM.
Según la resolución de remisión, las remuneraciones que SABAM reclama a los citados organizadores de festivales se determinan sobre la base de la tarifa denominada «211» de SABAM (en lo sucesivo, «tarifa 211»).
La tarifa 211, en su versión aplicable a los litigios principales, incluye dos baremos diferentes, cuya aplicación se deja a criterio de SABAM. Esta puede aplicar, bien una «tarifa mínima», calculada en función de la superficie sonorizada o del número de asientos disponibles, o bien, como ocurrió en el caso de autos, una «tarifa de base».
La tarifa de base se calcula partiendo de los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas, incluido el valor de las entradas entregadas como contrapartida al patrocinio, una vez deducidos los gastos de reserva, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los eventuales impuestos municipales adeudados o, alternativamente, partiendo del caché, es decir, el importe puesto a disposición de los artistas por la ejecución de su programa, cuando el caché total supere los ingresos brutos obtenidos por la venta de las entradas. Esta tarifa de base comprende ocho tramos distintos de ingresos, a los que se aplica un porcentaje de remuneración decreciente.
Los organizadores de festivales pueden obtener determinadas reducciones, aplicadas a dicha tarifa de base en función de la proporción de obras musicales procedentes del repertorio de SABAM efectivamente ejecutadas en el evento. Así, en la medida en que el organizador haya comunicado a SABAM, en un plazo determinado, la lista de obras ejecutadas en el evento, puede obtener una reducción, aplicada a la tarifa de base del siguiente modo: si menos de un tercio de las obras musicales ejecutadas proceden del repertorio de SABAM, esta aplica un tercio de la tarifa de base; si menos de dos tercios de las obras musicales ejecutadas proceden de este repertorio, SABAM aplica dos tercios de la tarifa de base; por último, si al menos dos tercios de las obras musicales ejecutadas proceden de dicho repertorio, SABAM aplica la tarifa de base íntegra (en lo sucesivo, «regla 1/3‑2/3»).
Mediante demandas de 13 de abril y de 5 de mayo de 2017, SABAM demandó ante el tribunal remitente a Weareone.World, por una parte, y a Wecandance, por otra, para que fueran condenadas a abonarle las cuantías correspondientes a las remuneraciones por los derechos de autor que esos organizadores de festivales le adeudaban, con arreglo a la tarifa de base establecida en la tarifa 211, por las ediciones de 2014, 2015 y 2016 del festival Tomorrowland y por las ediciones de 2013 a 2016 del festival Wecandance, respectivamente.
Weareone.World y Wecandance impugnaron ante el tribunal remitente la legalidad de la tarifa 211 por considerar que las remuneraciones calculadas sobre la base de esa tarifa no se ajustaban al valor económico de los servicios prestados por SABAM, vulnerando el artículo 102 TFUE.
En concreto, dichos organizadores de festivales alegaron, en primer lugar, que la regla 1/3‑2/3 no es lo suficientemente precisa. Sostienen, sobre el particular, que mediante modernas tecnologías es posible identificar con mayor exactitud las obras musicales procedentes del repertorio de SABAM efectivamente ejecutadas y su duración.
En segundo lugar, los organizadores de festivales reprochan a SABAM que calcule la tarifa de base partiendo de los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas o partiendo del caché, pero sin permitirles deducir de esos ingresos brutos todos los gastos autorizados para la organización de dichos festivales que no guarden relación alguna con las obras musicales ejecutadas en esos eventos.
En este contexto, los citados organizadores señalan que los ingresos obtenidos por la venta de entradas no guardan relación alguna con el valor económico de la prestación de SABAM, quien puede exigir, por la utilización de las mismas obras de su repertorio, una remuneración superior en eventos cuya entrada es más cara. Ahora bien, consideran que la disposición de los festivaleros a pagar esa entrada más cara resulta de factores independientes de las prestaciones de SABAM, como los esfuerzos de los organizadores por hacer de un festival una «experiencia total», la infraestructura prometida o incluso la calidad de los artistas intérpretes o de los ejecutantes.
El tribunal remitente indica que se plantea la cuestión de si la tarificación aplicada por SABAM es compatible con el artículo 102 TFUE y con el artículo 16 de la Directiva 2014/26. En particular, se pregunta qué precisión debe alcanzar la tarificación establecida por una entidad que ocupa una posición dominante para que no quepa considerar que abusa de esa posición dominante como consecuencia de una tarificación no equitativa.
En tales circunstancias, el ondernemingsrechtbank Antwerpen (Tribunal de Empresas de Amberes, Bélgica) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 102 TFUE, en relación o no con el artículo 16 de la Directiva 2014/26[…], en el sentido de que existe abuso de posición dominante si una entidad de gestión de derechos de autor que posee un monopolio de hecho en un Estado miembro aplica a organizadores de acontecimientos musicales un modelo de remuneración por el derecho de comunicación de obras musicales al público, basado, entre otros criterios, en el volumen de negocios,
1)
haciendo uso de una tarifa a tanto alzado por tramos, en lugar de una tarifa que tenga en cuenta la parte exacta (utilizando los recursos técnicos avanzados) del repertorio protegido por la entidad de gestión en la música reproducida durante el acontecimiento, y
2)
que supedita las remuneraciones por licencia a elementos externos tales como, entre otros, el precio de la entrada, el precio de las consumiciones, el caché de los ejecutantes y el presupuesto para otros elementos, tales como el decorado?»
Sobre la cuestión prejudicial
Con carácter preliminar, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le han planteado (sentencias de 18 de diciembre de 2019, IT Development,
C‑666/18
,
EU:C:2019:1099
, apartado
, y de 19 de diciembre de 2019, Nederlands Uitgeversverbond y Groep Algemene Uitgevers,
C‑263/18
,
EU:C:2019:1111
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, procede señalar que, aunque el tribunal remitente solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la interpretación del artículo 102 TFUE, en su caso en relación con el artículo 16 de la Directiva 2014/26, de la resolución de remisión se desprende que la pregunta de aquel tribunal versa específicamente sobre la interpretación del concepto de «abuso de posición dominante», que no figura expresamente en dicho artículo 16 ni en ninguna otra disposición de la citada Directiva, ya que esta tiene por objeto, según su considerando 8, la coordinación de las normas nacionales relativas al acceso de las entidades de gestión colectiva a la actividad de gestión de los derechos de autor y derechos afines, las modalidades de administración de estas entidades y su marco de supervisión. En estas circunstancias, procede examinar la cuestión prejudicial del tribunal remitente exclusivamente a la luz del artículo 102 TFUE, teniendo en cuenta, no obstante, que dicho artículo 16 incluye, en su apartado 2, párrafo segundo, los criterios pertinentes para apreciar si una entidad de ese tipo impone, al recaudar las remuneraciones adeudadas por los derechos de autor, tarifas no equitativas.
Es preciso señalar también que, mediante la segunda parte de esta cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta específicamente al Tribunal de Justicia sobre el vínculo establecido en la tarifa 211 entre, por un lado, las remuneraciones reclamadas y, por otro lado, «elementos externos» como, entre otros, el precio de la entrada, el precio de las consumiciones, el caché de los ejecutantes y el presupuesto para otros elementos, tales como el decorado.
No obstante, como se desprende de la resolución de remisión, las remuneraciones controvertidas en los litigios principales fueron calculadas sobre la base de los ingresos brutos obtenidos por la venta de las entradas y no sobre la base del presupuesto artístico de los organizadores. Además, saber si los gastos en que incurrieron los organizadores, en particular para el decorado, deben poder deducirse —contrariamente a lo que establece la tarifa 211— de los ingresos brutos obtenidos por la venta de las entradas a efectos del cálculo de la remuneración adeudada constituye específicamente el objeto de la cuestión prejudicial planteada.
En estas circunstancias, hay que considerar que, con su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que constituye abuso de posición dominante, en el sentido de dicho artículo, la imposición, por una sociedad de gestión colectiva que dispone de un monopolio de hecho en un Estado miembro, a los organizadores de eventos musicales, por el derecho de comunicación al público de obras musicales, de un baremo en el que, por una parte, las remuneraciones adeudadas por los derechos de autor se calculan sobre la base de una tarifa aplicada a los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas, sin que se puedan deducir de esos ingresos todos los gastos correspondientes a la organización del festival que no guarden relación alguna con las obras musicales que en él se ejecutan, y, por otra parte, se utiliza un sistema a tanto alzado por tramos para determinar la parte de esas obras que procede del repertorio de la citada sociedad de gestión.
A tenor del artículo 102 TFUE, párrafo primero, será incompatible con el mercado interior y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado interior o en una parte sustancial del mismo. Como se desprende del párrafo segundo, letra a), de este artículo, la imposición por una empresa en situación de posición dominante de condiciones de transacción no equitativas constituye un abuso de dicha posición.
Procede recordar, en primer término, que una sociedad de gestión colectiva como SABAM es una empresa a la que se aplica el artículo 102 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2014, OSA,
C‑351/12
,
EU:C:2014:110
, apartado
).
En efecto, si una sociedad de gestión colectiva de ese tipo dispone de un monopolio para la gestión en el territorio de un Estado miembro de los derechos de autor sobre una categoría de obras protegidas, procede considerar que tiene una posición dominante en una parte sustancial del mercado interior en el sentido del citado artículo (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2014, OSA,
C‑351/12
,
EU:C:2014:110
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por lo que respecta a las remuneraciones que exigen las sociedades de gestión colectiva, el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que la conducta de tales empresas puede constituir un abuso y, por consiguiente, puede serle de aplicación la prohibición contemplada en el artículo 102 TFUE si, cuando fijan la remuneración, esas sociedades aplican un precio excesivo, sin relación razonable con el valor económico de la prestación que realizan, consistente en poner todo el repertorio de obras musicales protegidas por los derechos de autor que dichas sociedades gestionan a disposición de los usuarios (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de diciembre de 2008, Kanal 5 y TV 4,
C‑52/07
,
EU:C:2008:703
, apartado
y jurisprudencia citada; de 27 de febrero de 2014, OSA,
C‑351/12
,
EU:C:2014:110
, apartado
, y de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība,
C‑177/16
,
EU:C:2017:689
, apartado
).
Corresponde al juez nacional determinar el posible carácter excesivo de tales remuneraciones, a la luz del caso concreto del que conoce y teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de abril de 1987, Basset,
402/85
,
EU:C:1987:197
, apartado
, y de 13 de julio de 1989, Tournier,
395/87
,
EU:C:1989:319
, apartado
).
En el contexto de esta determinación, le incumbe, en particular, tomar en consideración el carácter especial de los derechos de propiedad intelectual e intentar lograr un equilibrio adecuado entre el interés de los autores de obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual en obtener una retribución por la utilización de sus obras y el de los usuarios en poder utilizar dichas obras en condiciones razonables (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2008, Kanal 5 y TV 4,
C‑52/07
,
EU:C:2008:703
, apartados
y
). Para comprobar si las tarifas exigidas por la sociedad de gestión colectiva son equitativas desde el punto de vista tanto del derecho de los autores a una remuneración adecuada como de los intereses legítimos de los usuarios, se ha de tener en cuenta no solo el valor económico del servicio de gestión colectiva considerado como tal, sino también la naturaleza y ámbito de uso de las obras y el valor económico generado por dicho uso.
A este respecto, aunque el Tribunal de Justicia ha recordado que se trata de apreciar si existe una desproporción excesiva entre el coste efectivamente soportado y el precio efectivamente exigido y, en caso afirmativo, de examinar si se ha impuesto un precio no equitativo en términos absolutos o en comparación con los servicios competidores, también ha señalado que existen otros métodos que permiten determinar el posible carácter excesivo de un precio (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība,
C‑177/16
,
EU:C:2017:689
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
Por lo que se refiere, en concreto, a las remuneraciones exigidas por las sociedades de gestión colectiva, como puso de manifiesto el Abogado General en el punto 33 de sus conclusiones, estos métodos pueden proceder, en particular, de una comparación entre el precio cuyo carácter equitativo se cuestiona e índices de referencia como los precios aplicados en el pasado por la empresa dominante por los mismos servicios en el mismo mercado de referencia, los precios aplicados por esa empresa por otros servicios o respecto a diferentes tipos de clientes, o incluso los precios aplicados por otras empresas al mismo servicio o a servicios comparables en otros mercados nacionales, siempre, no obstante, que esa comparación se haga sobre una base homogénea (véase, en este sentido, por lo que respecta, en particular, a esta última base de comparación, la sentencia de 14 de septiembre de 2017, Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra — Latvijas Autoru apvienība,
C‑177/16
,
EU:C:2017:689
, apartado
y jurisprudencia citada).
Procede responder a las preguntas del tribunal remitente a la luz de las consideraciones anteriores.
En primer lugar, dicho tribunal desea saber si constituye abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, la imposición, por una sociedad de gestión colectiva, a los organizadores de eventos musicales de un baremo en el que las remuneraciones adeudadas por los derechos de autor se calculan sobre la base de una tarifa aplicada a los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas, sin que se puedan deducir de esos ingresos todos los gastos correspondientes a la organización del festival que no guarden relación alguna con las obras musicales que en él se ejecutan.
Ante dicho tribunal, Weareone.World y Wecandance alegaron, en efecto, como se ha recordado en el apartado 17 de la presente sentencia, por una parte, que los ingresos obtenidos por la venta de entradas no guardan relación alguna con el valor económico de la prestación de SABAM, quien puede exigir, por la utilización de las mismas obras de su repertorio, una remuneración superior en eventos cuya entrada es más cara.
Por otra parte, sostuvieron que los ingresos brutos de festivales como los controvertidos en los litigios principales resultan de los esfuerzos de los organizadores por hacer de esos festivales una «experiencia total», de la infraestructura prometida o incluso de la calidad de los artistas intérpretes o de los ejecutantes. Pues bien, estos elementos, cuya deducción del importe de los ingresos brutos deniega SABAM para calcular las remuneraciones adeudadas por los organizadores de festivales, no guardan relación alguna con la prestación económica de SABAM.
A este respecto, en cuanto a si, en primer término, una sociedad de gestión colectiva puede vulnerar el artículo 102 TFUE imponiendo a los organizadores de festivales un baremo de remuneraciones calculado sobre la base de los ingresos brutos obtenidos por la venta de las entradas, procede señalar que el Tribunal de Justicia ya ha considerado, en relación con los cánones percibidos por la remuneración de los derechos de autor por la ejecución pública, en discotecas, de obras musicales registradas y cuyo importe se calculaba sobre el volumen bruto de negocio de esas discotecas, que esos cánones debían considerarse una explotación normal de los derechos de autor y que su recaudación no constituía, en sí misma, un abuso en el sentido del artículo 102 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de abril de 1987, Basset,
402/85
,
EU:C:1987:197
, apartados
,
,
y
, y de 13 de julio de 1989, Tournier,
395/87
,
EU:C:1989:319
, apartado
).
El Tribunal de Justicia también ha declarado, con respecto al cobro de tarifas que corresponden a un porcentaje de los ingresos de sociedades de televisión procedentes de la difusión de programas destinados al público en general, de la publicidad o de abonos, que, en la medida en que se calculan sobre la base de los ingresos de las sociedades de televisión, dichas tarifas presentan, en principio, una relación razonable con el valor económico de la prestación realizada por la sociedad de gestión colectiva (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2008, Kanal 5 y TV 4,
C‑52/07
,
EU:C:2008:703
, apartados
y
).
Tal jurisprudencia, de la que resulta que el baremo de remuneraciones de una sociedad de gestión colectiva basado en un porcentaje de los ingresos obtenidos por un evento musical debe considerarse una explotación normal de los derechos de autor que presenta, en principio, una relación razonable con el valor económico de la prestación realizada por dicha sociedad, es extrapolable a un baremo de remuneraciones como el controvertido en los litigios principales, calculado sobre la base de los ingresos brutos obtenidos por la venta de las entradas de un festival, de modo que la imposición, por una sociedad de gestión colectiva, de ese baremo no constituye, en sí misma, un abuso en el sentido del artículo 102 TFUE.
En efecto, con la imposición de ese baremo, SABAM persigue un objetivo legítimo conforme al Derecho de la competencia, concretamente la salvaguarda de los derechos e intereses de sus socios en relación con los usuarios de sus obras musicales (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 1989, Tournier,
395/87
,
EU:C:1989:319
, apartado
).
Además, las remuneraciones resultantes de tal baremo constituyen la contrapartida debida por la comunicación al público de las mencionadas obras musicales. Ahora bien, esa contrapartida debe examinarse en relación con el valor de dicha utilización en los intercambios económicos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2008, Kanal 5 y TV 4,
C‑52/07
,
EU:C:2008:703
, apartado
), que depende, en particular, del número real de personas que disfrutan de las obras protegidas (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de octubre de 2011, Football Association Premier League y otros,
C‑403/08 y C‑429/08
,
EU:C:2011:631
, apartado
y jurisprudencia citada) y de la importancia del uso de las obras musicales para el evento en cuestión.
En segundo término, por lo que respecta a los esfuerzos de los organizadores para hacer de esos festivales una «experiencia total», a la infraestructura prometida o incluso a la calidad de los artistas intérpretes o de los ejecutantes, no cabe excluir, como alegaron Weareone.World y Wecandance, que tales inversiones puedan repercutir en el precio exigible por la entrada y, por tanto, en la remuneración que SABAM pueda legítimamente reclamar.
Sin embargo, este hecho no puede desvirtuar la conclusión extraída de la jurisprudencia recordada en el apartado 39 de la presente sentencia.
En efecto, por una parte, como indicó el Abogado General, en esencia, en los puntos 63 y 68 de sus conclusiones, esta jurisprudencia se dictó respecto a baremos de remuneraciones impuestos a los usuarios por las sociedades de gestión colectiva sobre la base de su volumen bruto de negocios, sin deducir todos los gastos efectuados en el marco de sus prestaciones, y a pesar de que ese volumen de negocios podía depender, en una medida no desdeñable, de elementos ajenos a la utilización de obras musicales protegidas. Así pues, factores como los mencionados en el apartado 42 de la presente sentencia no se oponen, como tales, al cálculo de las remuneraciones adeudadas a una sociedad de gestión colectiva sobre la base de tal baremo, siempre que este tenga en cuenta todas las circunstancias pertinentes y, en particular, las mencionadas en la jurisprudencia citada en el apartado 41 de la presente sentencia.
Por otra parte, puede resultar especialmente difícil determinar, de manera objetiva, entre dichos factores los elementos específicos que no guardan relación con las obras musicales ejecutadas y, por tanto, con la prestación de la sociedad de gestión colectiva, o incluso cuantificar, de manera objetiva, el valor económico de dichos elementos y su repercusión en los ingresos obtenidos por la venta de entradas para los festivales de que se trata.
Por lo demás, obligar siempre a una sociedad de gestión colectiva a tener en cuenta tales elementos, particularmente heterogéneos y subjetivos, en el establecimiento de un baremo de remuneraciones por la utilización de obras musicales protegidas y a verificarlos en concreto si no se quiere correr el riesgo de la eventual calificación de dicho baremo como abusivo en el sentido del artículo 102 TFUE, podría aumentar desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas por los derechos de autor.
De ello resulta que la imposición, por una sociedad de gestión colectiva, de un baremo en el que las remuneraciones adeudadas por los derechos de autor se calculan en función de una tarifa basada en los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas, sin que se puedan deducir de esos ingresos todos los gastos correspondientes a la organización de tales eventos, no constituye, en sí misma, un abuso en el sentido del artículo 102 TFUE.
No obstante las consideraciones anteriores, como se ha recordado en los apartados 28 y 29 de la presente sentencia, a la imposición, por una sociedad de gestión colectiva, de un baremo de remuneraciones basado en los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas puede serle de aplicación la prohibición contemplada en dicho artículo si la remuneración efectivamente fijada con arreglo a ese baremo no guarda una relación razonable con el valor económico de la prestación, lo que corresponde determinar al juez nacional a la luz del caso concreto del que conoce y teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto, incluido el porcentaje de remuneración fijado y la base de ingresos sobre la que se calcula ese porcentaje.
En segundo lugar, el tribunal remitente pretende que se dilucide si constituye abuso de posición dominante, en el sentido del artículo 102 TFUE, la imposición, por una sociedad de gestión colectiva, a los organizadores de eventos musicales de remuneraciones basadas en un baremo en el que se utiliza un sistema a tanto alzado por tramos, como el previsto por la regla 1/3‑2/3, para determinar la parte de las obras ejecutadas procedente del repertorio de dicha sociedad de gestión.
Como ya ha tenido ocasión de subrayar el Tribunal de Justicia, la remuneración aplicada por una entidad de gestión colectiva debe tener en cuenta la cantidad de obras musicales protegidas por los derechos de autor realmente utilizada (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de diciembre de 2008, Kanal 5 y TV 4,
C‑52/07
,
EU:C:2008:703
, apartado
, y de 16 de julio de 2009, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland/Comisión,
C‑385/07 P
,
EU:C:2009:456
, apartado
).
A este respecto, hay que señalar, en el caso de autos, que la tarifa 211 tiene en cuenta, en cierta medida, la cantidad de obras musicales protegidas por los derechos de autor realmente ejecutadas, puesto que, como se ha recordado en el apartado 12 de la presente sentencia, la regla 1/3‑2/3 permite al organizador del festival obtener una reducción a tanto alzado de la tarifa de base en función de la proporción de obras musicales procedentes del repertorio de SABAM efectivamente ejecutadas en el evento de que se trate.
Precisado esto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia también resulta que la aplicación de un baremo de remuneraciones que tenga en cuenta la cantidad de obras musicales efectivamente ejecutadas puede tener carácter abusivo cuando exista un método alternativo que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de esas obras y cuando mediante dicho método pueda lograrse el mismo objetivo legítimo, que es la protección de los intereses de los autores, de los compositores y de los editores de música, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas por derechos de propiedad intelectual (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2008, Kanal 5 y TV 4,
C‑52/07
,
EU:C:2008:703
, apartado
).
Pues bien, resulta que la regla 1/3‑2/3 solo tiene en cuenta de manera muy imprecisa la cantidad de obras musicales efectivamente ejecutadas procedentes del repertorio de SABAM. En efecto, como han señalado Wecandance, Weareone.World y la Comisión Europea, esa regla conlleva que SABAM perciba casi sistemáticamente ingresos que pueden ser muy superiores a los que corresponden a esa cantidad.
SABAM alega, a este respecto, que la tecnología actual de identificación es muy onerosa y que surgirían gastos de gestión adicionales si fuera obligada a identificar con mayor precisión, desde la fase de recaudación, la parte de su repertorio que utiliza el organizador.
Como se desprende del apartado 29 de la presente sentencia, corresponde al juez nacional comprobar, a la luz del caso concreto del que conoce y teniendo en cuenta todas las circunstancias del asunto, incluidas, en un litigio como los litigios principales, la disponibilidad y la fiabilidad de los datos aportados, relativos al uso de las obras incluidas en el repertorio de la sociedad colectiva de que se trata, y de las herramientas tecnológicas existentes, si existe un método alternativo que permita identificar y cuantificar ese uso de forma más precisa, a la luz de los requisitos recordados en el apartado 52 de la presente sentencia.
En el caso de autos, resulta que varios elementos demuestran que SABAM puede recurrir a ese otro método, extremo que, no obstante, corresponde verificar al tribunal remitente.
En efecto, en primer término, hay que señalar que la regla 1/3‑2/3 exige, para su aplicación, una determinación precisa de la parte de las obras ejecutadas que procede del repertorio de SABAM, puesto que únicamente aplica esa regla, como se ha recordado en el apartado 12 de la presente sentencia, en la medida en que el organizador le haya comunicado, en un plazo determinado, la lista de obras efectivamente ejecutadas en el evento de que se trate con el fin de que pueda determinar si menos de un tercio o menos de dos tercios de las obras ejecutadas proceden de su repertorio. Pues bien, en principio, esa lista permite una determinación aún más precisa de la proporción de las obras ejecutadas que procede del repertorio de SABAM.
En segundo término, Wecandance y Weareone.World han puesto de manifiesto evoluciones técnicas, en particular el desarrollo de programas informáticos de reconocimiento musical, que permitirían identificar con precisión las obras ejecutadas procedentes del repertorio de SABAM. Pues bien, no puede excluirse que tales herramientas tecnológicas sean capaces de identificar y cuantificar de forma más precisa las obras ejecutadas.
Por último, en tercer término, Weareone.World ha mencionado la existencia de otros métodos de identificación y cuantificación de las obras ejecutadas aprobados por SABAM en otras versiones de la tarifa 211, como recurrir a una empresa de control autorizada o incluso sustituir temporalmente la regla 1/3‑2/3 por una regla que permita computar de forma más precisa la proporción de las obras musicales ejecutadas que proceden de su repertorio.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no constituye abuso de posición dominante, en el sentido de dicho artículo, la imposición, por una sociedad de gestión colectiva que dispone de un monopolio de hecho en un Estado miembro, a los organizadores de eventos musicales, por el derecho de comunicación al público de obras musicales, de un baremo en el que:
–
por una parte, las remuneraciones adeudadas por los derechos de autor se calculan sobre la base de una tarifa aplicada a los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas, sin que se puedan deducir de esos ingresos todos los gastos correspondientes a la organización del festival que no guarden relación alguna con las obras musicales que en él se ejecutan, siempre que, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes del caso de autos, las remuneraciones efectivamente exigidas por la sociedad de gestión con arreglo al citado baremo no presenten carácter excesivo en relación con, en particular, la naturaleza y ámbito de uso de las obras, el valor económico generado por dicho uso y el valor económico de las prestaciones de esa sociedad de gestión, lo que corresponde verificar al juez nacional, y
–
por otra parte, se utiliza un sistema a tanto alzado por tramos para determinar la parte de las obras musicales ejecutadas procedente del repertorio de dicha sociedad de gestión, siempre que no exista ningún otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de esas obras y que pueda lograrse el mismo objetivo legítimo, concretamente la protección de los intereses de los autores, de los compositores y de los editores de música, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas por los derechos de autor. Corresponde al juez nacional verificar este extremo, a la luz del caso concreto del que conoce y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluidas la disponibilidad y fiabilidad de los datos aportados y de las herramientas tecnológicas existentes.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el tribunal remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes en los procedimientos principales, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no constituye abuso de posición dominante, en el sentido de dicho artículo, la imposición, por una sociedad de gestión colectiva que dispone de un monopolio de hecho en un Estado miembro, a los organizadores de eventos musicales, por el derecho de comunicación al público de obras musicales, de un baremo en el que:

–
las remuneraciones adeudadas por los derechos de autor se calculan sobre la base de una tarifa aplicada a los ingresos brutos obtenidos por la venta de entradas, sin que se puedan deducir de esos ingresos todos los gastos correspondientes a la organización del festival que no guarden relación alguna con las obras musicales que en él se ejecutan, siempre que, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes del caso de autos, las remuneraciones efectivamente exigidas por la sociedad de gestión con arreglo al citado baremo no presenten carácter excesivo en relación con, en particular, la naturaleza y ámbito de uso de las obras, el valor económico generado por dicho uso y el valor económico de las prestaciones de esa sociedad de gestión, lo que corresponde verificar al juez nacional, y
–
se utiliza un sistema a tanto alzado por tramos para determinar la parte de las obras musicales ejecutadas procedente del repertorio de dicha sociedad de gestión, siempre que no exista ningún otro método que permita identificar y cuantificar de forma más precisa la utilización de esas obras y que pueda lograrse el mismo objetivo legítimo, concretamente la protección de los intereses de los autores, de los compositores y de los editores de música, sin que por ello aumenten desproporcionadamente los gastos a que da lugar la gestión de los contratos y el control de la utilización de las obras musicales protegidas por los derechos de autor. Corresponde al juez nacional verificar este extremo, a la luz del caso concreto del que conoce y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, incluidas la disponibilidad y fiabilidad de los datos aportados y de las herramientas tecnológicas existentes.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.