CELEX: 62018CJ0053
Procedimiento prejudicial
Mercados de instrumentos financieros
Directiva 2004/39/CE
Artículos 8, 23, 50 y 51
Ámbito de aplicación
Asesor financiero que ejerce la actividad fuera de los locales de la empresa
Agente que tiene la condición de imputado en un proceso penal
Legislación nacional que establece la posibilidad de prohibir temporalmente el ejercicio de la actividad
Libertades fundamentales
Situación puramente interna
Inaplicabilidad

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (
DO 2004, L 145, p. 1
), en su versión modificada por la Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010 (
DO 2010, L 331, p. 120
) (en lo sucesivo, «Directiva MiFID»), en particular de sus artículos 8, 23 y 51, así como de los principios y disposiciones de los Tratados en materia de no discriminación, de proporcionalidad, de libre prestación de servicios y de derecho de establecimiento.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Antonio Pasquale Mastromartino y la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Italia), relativo a la legalidad de la decisión de prohibición temporal del ejercicio de la actividad de asesor financiero fuera de los locales de la empresa adoptada por esta última respecto al demandante en el procedimiento principal.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Los considerandos 36 y 38 de la Directiva MiFID están redactados en los siguientes términos:
«(36)
Las personas que presten servicios de inversión en nombre de más de una empresa de inversión no deben considerarse agentes vinculados, sino empresas de inversión, cuando entren en la definición establecida en la presente Directiva, exceptuando a aquellas personas que puedan quedar exentas.
[…]
(38)
Las condiciones para ejercer actividades fuera de los locales de la empresa de inversión (venta a domicilio) no deben estar cubiertas por la presente Directiva.»
A tenor del artículo 1 de esta Directiva, cuyo epígrafe es «Ámbito de aplicación»:
«1.   La presente Directiva se aplicará a las empresas de inversión y a los mercados regulados.
2.   Las siguientes disposiciones también se aplicarán a las entidades de crédito autorizadas con arreglo a la Directiva 2000/12/CE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (
DO 2000, L 126, p. 1
)], cuando presten uno o varios servicios o realicen una o varias actividades de inversión […]».
El artículo 4, apartados 1, 14 y 25, de la Directiva establece lo siguiente:
«1.   A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1)
Empresa de inversión: toda persona jurídica cuya profesión o actividad habituales consisten en prestar uno o más servicios de inversión o en realizar una o más actividades de inversión con carácter profesional a terceros.
Los Estados miembros podrán incluir en la definición de empresa de inversión a empresas que no sean personas jurídicas, siempre que:
[…]
No obstante, cuando una persona física preste servicios que impliquen la tenencia de fondos o valores negociables pertenecientes a terceros, solo podrá considerarse empresa de inversión con arreglo a la presente Directiva si, sin perjuicio de las demás exigencias de la presente Directiva y de la Directiva 93/6/CEE, reúne las condiciones siguientes:
a)
que estén protegidos los derechos de propiedad de terceros sobre sus instrumentos y fondos […];
b)
que la empresa de inversión esté sujeta a normas que tengan por objeto supervisar su solvencia y la de sus propietarios;
c)
que las cuentas anuales de la empresa estén auditadas […];
d)
cuando una empresa tenga un solo propietario, que este adopte medidas para la protección de los inversores en caso de cese de las actividades de la empresa por causa de fallecimiento, incapacidad o circunstancias similares.
[…]
14)
Mercado regulado: sistema multilateral, operado o gestionado por un gestor del mercado, que reúne o brinda la posibilidad de reunir —dentro del sistema y según sus normas no discrecionales— los diversos intereses de compra y de venta sobre instrumentos financieros de múltiples terceros para dar lugar a contratos con respecto a los instrumentos financieros admitidos a negociación conforme a sus normas o sistemas, y que está autorizado y funciona de forma regular de conformidad con lo dispuesto en el título III.
[…]
25)
Agente vinculado: persona física o jurídica que, bajo la responsabilidad plena e incondicional de una sola empresa de inversión por cuya cuenta actúa, promueve la inversión o servicios auxiliares ante clientes o posibles clientes, recibe y transmite las instrucciones u órdenes de clientes sobre instrumentos financieros o servicios de inversión, coloca instrumentos financieros o presta asesoramiento a clientes o posibles clientes con respecto a esos instrumentos financieros o servicios.»
Con arreglo al artículo 5, apartado 1, de la Directiva MiFID, los Estados miembros están obligados a supeditar la prestación de servicios de inversión o el ejercicio de actividades de inversión a través de empresas de inversión a la concesión previa de una autorización. El artículo 8 de la Directiva enuncia las condiciones en las que las autoridades competentes pueden revocar la autorización concedida a tales empresas.
El artículo 13 de dicha Directiva, que lleva por título «Requisitos de organización», dispone en su apartado 2:
«Toda empresa de inversión establecerá políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que la misma, incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados, cumplan las obligaciones que les impone la presente Directiva, así como las normas pertinentes aplicables a las operaciones personales de dichas personas.»
A tenor del artículo 23 de la Directiva MiFID, cuyo epígrafe es «Obligaciones de las empresas de inversión que designan agentes vinculados»:
«1.   Los Estados miembros podrán decidir permitir que las empresas de inversión designen agentes vinculados con fines de promoción de sus servicios, para captar negocio o recibir órdenes de clientes o posibles clientes y transmitirlas, colocar instrumentos financieros o prestar asesoramiento sobre dichos instrumentos y servicios financieros que la empresa de inversión ofrece.
2.   Los Estados miembros exigirán que, cuando una empresa de inversión decida designar un agente vinculado, esta mantenga la responsabilidad total e incondicional de toda acción u omisión del agente vinculado cuando este actúe en nombre de la empresa. Los Estados miembros exigirán a las empresas de inversión que se aseguren de que los agentes vinculados informen de la capacidad con que actúan y de la empresa a la que representan cuando se pongan en contacto o antes de negociar con cualquier cliente o posible cliente.
[…]
Los Estados miembros exigirán a las empresas de inversión que supervisen las actividades de sus agentes vinculados para asegurarse de que siguen cumpliendo lo dispuesto en la presente Directiva al actuar por medio de agentes vinculados.
3.   Los Estados miembros que decidan autorizar a las empresas de inversión a designar agentes vinculados establecerán un registro público. Los agentes vinculados se inscribirán en el registro público del Estado miembro en el que estén establecidos. […]
[…]
Los Estados miembros se asegurarán de que no se inscriba en el registro público a un agente vinculado hasta que se haya comprobado que tiene suficiente honorabilidad y posee los conocimientos generales, comerciales y profesionales apropiados para poder comunicar con precisión al cliente o al posible cliente toda la información pertinente sobre el servicio propuesto.
[…]
4.   Los Estados miembros exigirán que las empresas de inversión que designen agentes vinculados tomen las medidas adecuadas para evitar cualquier repercusión negativa que las actividades del agente vinculado no reguladas por la presente Directiva pudieran tener en las actividades que el agente vinculado realiza en nombre de la empresa de inversión.
[…]
5.   Los Estados miembros exigirán a las empresas de inversión que designen solamente agentes vinculados inscritos en los registros públicos mencionados en el apartado 3.
6.   Los Estados miembros podrán reforzar los requisitos establecidos en el presente artículo o añadir nuevos requisitos con relación a los agentes vinculados registrados bajo su jurisdicción.»
Con arreglo al artículo 50, apartados 1 y 2, letra g), de esta Directiva, las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de supervisión e investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones, que se ejercerán de conformidad con el Derecho nacional e incluirán al menos, en particular, el derecho a «exigir la prohibición temporal para ejercer [la] actividad profesional».
El artículo 51 de dicha Directiva, que lleva por título «Sanciones administrativas», dispone en su apartado 1:
«Sin perjuicio de los procedimientos para la revocación de la autorización ni del derecho de los Estados miembros a imponer sanciones penales, los Estados miembros se asegurarán, de conformidad con su Derecho nacional respectivo, de que es posible adoptar las medidas administrativas apropiadas o imponer sanciones administrativas a los responsables en caso de incumplimiento de las disposiciones adoptadas en aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros se asegurarán de que estas medidas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.»
Derecho italiano
El artículo 31 del decreto legislativo n. 58 — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Decreto Legislativo n.
o
58, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones en materia de intermediación financiera, de conformidad con los artículos 8 y 21 de la Ley n.
o
52, de 6 de febrero de 1996), de 24 de febrero de 1998 (suplemento ordinario de la GURI n.
o
71, de 26 de marzo de 1998; en lo sucesivo, «TUF»), dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2:
«1.   Para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa, las entidades habilitadas recurrirán a asesores financieros habilitados a tales efectos. […]
2.   La actividad de asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa se ejercerá exclusivamente en interés de una única entidad habilitada. El asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa promoverá y colocará servicios de inversión o servicios auxiliares a clientes o posibles clientes, recibirá y transmitirá las instrucciones u órdenes de los clientes relativas a servicios de inversión o instrumentos financieros, promoverá y colocará productos financieros, prestará asesoramiento en materia de inversión a clientes o posibles clientes sobre dichos productos o servicios […]».
Con arreglo al artículo 55, apartado 2, del TUF, la Consob podrá decidir con carácter cautelar, para un período máximo de un año, la suspensión del ejercicio de la actividad de un asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa, en particular, si este adquiere la condición de imputado conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con las infracciones contempladas en este mismo artículo 55, en su apartado 2.
El artículo 111, apartado 2, del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari (Reglamento por el que se establecen disposiciones de aplicación del Decreto Legislativo n.
o
58, de 24 de febrero de 1998, en materia de intermediarios financieros), adoptado por la Consob mediante el acuerdo n.
o
16190, de 29 de octubre de 2007, dispone que:
«A efectos de la eventual adopción de las medidas cautelares contempladas en el artículo 55, apartado 2, del texto refundido, la Consob evaluará, dentro de los límites de las facultades que le confiere la ley, las circunstancias por las que el asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa […] ha adquirido la condición de imputado por uno de los delitos indicados en las disposiciones citadas y, en particular, tendrá en cuenta el tipo delictivo y la medida en que dichas circunstancias puedan perjudicar los intereses específicos vinculados al ejercicio de la actividad de asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El Sr. Mastromartino ejerce la actividad de asesor financiero fuera de los locales de la empresa. Mediante resolución de 11 de noviembre de 2015, adoptada sobre la base del artículo 55, apartado 2, del TUF, la Consob le prohibió temporalmente el ejercicio de dicha actividad, en concreto durante un año, debido a que era objeto de un proceso penal.
El Sr. Mastromartino interpuso un recurso contra dicha resolución ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia). Ante dicho órgano jurisdiccional alegó, en particular, que el artículo 55, apartado 2, del TUF, que había servido de base legal a la prohibición temporal de ejercer la actividad de asesor financiero controvertida en litigio principal, es incompatible con las disposiciones de la Directiva MiFID. Adujo, además, que el alcance de la facultad discrecional de que dispone la Consob para imponer tal prohibición temporal en virtud de la normativa nacional viola los principios de transparencia y de objetividad establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de libertades fundamentales.
La Consob rebate esta argumentación, por considerar sustancialmente que la citada Directiva no es aplicable al litigio principal.
En estas circunstancias, el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Está comprendida la figura del agente vinculado (
tied agent
) en el ámbito de la armonización establecida por la [Directiva MiFID] y, en su caso, bajo qué aspectos?
2)
¿Es incompatible con la correcta aplicación de la [Directiva MiFID] y, en particular, de sus artículos 8, 23 y 51, y con los principios y disposiciones de los Tratados en materia de no discriminación, de proporcionalidad, de libre prestación de servicios y de derecho de establecimiento, una normativa nacional como la recogida en el artículo 55, apartado 2, del [TUF] y sus posteriores modificaciones y en el artículo 111, apartado 2, [del Reglamento por el que se establecen disposiciones de aplicación del Decreto Legislativo n.
o
58, de 24 de febrero de 1998, en materia de intermediarios financieros, adoptado por la Consob mediante el acuerdo n.
o
16190, de 29 de octubre de 2007], que:
a)
permite prohibir “de forma discrecional” el ejercicio de la actividad a un “agente vinculado” (asesor habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa —anteriormente, promotor financiero—) por hechos que no implican la pérdida de honorabilidad, tal como se define en Derecho interno, y que tampoco inciden en el cumplimiento de las normas de trasposición de la Directiva;
b)
permite prohibir “de forma discrecional” y durante un período que puede llegar a ser de un año el ejercicio de la actividad a un “agente vinculado” (asesor habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa —anteriormente, promotor financiero—) en un procedimiento destinado a prevenir el
strepitus fori
derivado de la imputación en un proceso penal cuya duración es por regla general muy superior a un año?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante las cuestiones prejudiciales planteadas, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva MiFID, en particular sus artículos 8, 23, 50 y 51, las disposiciones del Tratado FUE en materia de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios y los principios de no discriminación y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una prohibición temporal de ejercer la actividad de asesor financiero fuera de los locales de la empresa, como la controvertida en el litigio principal.
Sobre la Directiva MiFID
Para responder a estas cuestiones, procede comprobar, en primer lugar, si tal prohibición está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva MiFID.
A tenor del artículo 1, apartado 1, de la Directiva MiFID, esta se aplica a las empresas de inversión y a los mercados regulados. Según el apartado 2 del mismo artículo, determinadas disposiciones de dicha Directiva también se aplican a las entidades de crédito autorizadas con arreglo a la Directiva 2000/12 cuando presten uno o varios servicios o realicen una o varias actividades de inversión.
Dado que la prohibición temporal de ejercer la actividad de «asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa» controvertida en el litigio principal carece, en cualquier caso, de relación con la gestión de un mercado regulado, en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 14, de la Directiva MiFID, y no afecta a este tipo de entidades de crédito, solo se plantea la cuestión de si dicho asesor está comprendido en el concepto de «empresa de inversión», en el sentido de dicha Directiva.
De conformidad con el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva citada, tal concepto se refiere a las personas jurídicas cuya profesión o actividad habituales consisten en prestar uno o más servicios de inversión o en realizar una o más actividades de inversión con carácter profesional a terceros. Si bien una persona física puede ser considerada empresa de inversión en las condiciones previstas en los párrafos segundo y tercero de ese mismo punto 1, no es así cuando dicha persona actúa bajo la responsabilidad y por cuenta de una sola empresa de inversión.
En este último caso, una persona no constituirá una «empresa de inversión», con arreglo al artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva MiFID, sino que se considerará comprendida en un concepto diferente, el de «agente vinculado», que se contempla en el punto 25 del referido artículo 4, apartado 1. Esta última disposición define al «agente vinculado» como la «persona física o jurídica que, bajo la responsabilidad plena e incondicional de una sola empresa de inversión por cuya cuenta actúa, promueve la inversión o servicios auxiliares ante clientes o posibles clientes, recibe y transmite las instrucciones u órdenes de clientes sobre instrumentos financieros o servicios de inversión, coloca instrumentos financieros o presta asesoramiento a clientes o posibles clientes con respecto a esos instrumentos financieros o servicios».
Del artículo 4, apartado 1, puntos 1 y 25, de dicha Directiva resulta que se establece una neta distinción entre los conceptos de «empresa de inversión» y de «agente vinculado», concepto este último que se caracteriza esencialmente por el hecho de que el agente vinculado actúa bajo la responsabilidad y por cuenta de una sola empresa de inversión. El considerando 36 de la misma Directiva precisa a tal respecto que «las personas que presten servicios de inversión en nombre de más de una empresa de inversión no deben considerarse agentes vinculados, sino empresas de inversión».
En el presente asunto, si bien es cierto que corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente pronunciarse sobre la calificación de «asesores financieros habilitados para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa», en función de las circunstancias propias del asunto pendiente ante él, no lo es menos que el Tribunal de Justicia es competente para determinar los criterios que dicho órgano jurisdiccional debe aplicar a tales efectos (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2017, Robeco Hollands Bezit y otros,
C‑658/15
,
EU:C:2017:870
, apartado
y jurisprudencia citada).
Según las indicaciones que figuran en la resolución de remisión, un «asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa», de conformidad con la normativa nacional controvertida en el litigio principal, promueve y suministra, en particular, prestaciones de servicios de inversión o de servicios auxiliares, así como asesoramiento sobre inversión a clientes o a posibles clientes, y lo hace exclusivamente en interés de una sola empresa de inversión. Así pues, habida cuenta de las funciones que ejerce, dicho asesor debe ser considerado un «agente vinculado», en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 25, de la Directiva MiFID, y no una «empresa de inversión», en el sentido del punto 1 de esta disposición.
Por lo que respecta a la cuestión de si los artículos 8, 23 y 51 de la Directiva MiFID, a los que hace referencia el órgano jurisdiccional remitente, son aplicables al litigio principal, procede señalar, en primer lugar, que el artículo 8 enuncia las condiciones en las que las autoridades competentes pueden revocar, a una empresa de inversión, la autorización a la que los Estados miembros están obligados a subordinar la prestación de servicios de inversión o el ejercicio de actividades de inversión por parte de tal empresa. Ahora bien, dicha Directiva no somete la actividad de los agentes vinculados a la concesión previa de una autorización, por lo que la prohibición temporal de la actividad de «asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa» objeto del litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación del referido artículo 8.
Cabe añadir que, como ha señalado la Comisión en sus observaciones escritas, el artículo 23 de la Directiva MiFID no regula la actividad de los agentes vinculados en cuanto tal, sino que establece las condiciones en las que las empresas de inversión pueden recurrir a tales agentes. En particular, el artículo 23, apartado 2, párrafo tercero, de dicha Directiva, en relación con el artículo 13, apartado 2, de la misma, impone a las empresas de inversión la obligación de establecer políticas, procedimientos y controles que permitan garantizar que ellas mismas cumplan las obligaciones derivadas de dicha Directiva cuando actúen a través de agentes vinculados, sin determinar las condiciones en las que dichos agentes pueden ejercer su actividad.
Del mismo modo, como resulta del artículo 23, apartados 3 y 5, de la Directiva MiFID, la exigencia de inscripción de los agentes vinculados en un registro público es concebida como una condición que deben respetar las empresas de inversión para poder recurrir a los servicios de tales agentes. Cabe destacar, asimismo, que tal inscripción implica, en particular, que la persona inscrita goza de la suficiente honorabilidad. Ahora bien, según las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial, la prohibición del ejercicio de la actividad objeto del litigio principal no se basó en la supuesta falta de honorabilidad del Sr. Mastromartino, sino en la circunstancia de que era objeto de un proceso penal.
El artículo 23 de la Directiva MiFID tampoco regula las condiciones en las que las autoridades nacionales pueden prohibir temporalmente la actividad de agente vinculado. A este respecto, el artículo 23, apartado 6, dispone expresamente que los Estados miembros podrán reforzar los requisitos establecidos en el mismo artículo o añadir nuevos requisitos con relación a los agentes vinculados registrados bajo su jurisdicción, entre los que puede figurar, en particular, tal prohibición temporal.
Por otra parte, esa prohibición temporal tampoco está comprendida en el artículo 50 de la Directiva MiFID. En efecto, si bien, en virtud de los apartados 1 y 2, letra g), de este artículo, las autoridades competentes deben disponer del derecho a solicitar la prohibición temporal del ejercicio de la actividad profesional, de las consideraciones anteriores se desprende que la Directiva citada no regula la actividad de los agentes vinculados. En particular, el considerando 38 de la Directiva precisa que esta no cubre las condiciones para ejercer actividades fuera de los locales de la empresa de inversión. Pues bien, la prohibición temporal objeto del litigio principal se refiere específicamente a la actividad de asesores financieros «fuera de los locales de la empresa», que no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva MiFID.
Por último, el artículo 51, apartado 1, de la Directiva citada dispone que los Estados miembros deben establecer sanciones administrativas apropiadas frente a las personas responsables en caso de incumplimiento de las disposiciones adoptadas en aplicación de dicha Directiva. Pues bien, según las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial, los hechos que dieron lugar a la prohibición temporal de ejercer la actividad de «asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa» objeto del litigio principal no guardan relación con la inobservancia de las normas que garantizan la transposición de la Directiva. Por tanto, se trata de hechos a los que no es aplicable el referido artículo 51, apartado 1.
En consecuencia, la prohibición temporal de ejercer la actividad de «asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa» objeto del litigio principal no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva MiFID, extremo que, no obstante, corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente a la vista de las circunstancias del asunto principal. Por tanto, sin perjuicio de tal apreciación, la Directiva MiFID carece de incidencia en dicha prohibición.
Sobre las disposiciones del Tratado FUE en materia de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios y los principios de no discriminación y de proporcionalidad
Procede recordar que las disposiciones del Tratado FUE en materia de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios no son aplicables a una situación en la que todos los elementos están circunscritos al interior de un único Estado miembro (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de noviembre de 2016, Ullens de Schooten,
C‑268/15
,
EU:C:2016:874
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 14 de noviembre de 2018, NKBM,
C‑215/17
,
EU:C:2018:901
, apartado
).
A este respecto, debe señalarse que la petición de decisión prejudicial plantea interrogantes sobre la compatibilidad de una prohibición temporal de ejercer la actividad de «asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa», como la controvertida en el litigio principal, con las libertades fundamentales, que el órgano jurisdiccional remitente parece considerar aplicables en la situación objeto del litigio principal, habida cuenta, en particular, de los efectos que tal prohibición puede producir en la actividad del asesor de que se trata, con independencia de que tenga o no carácter transfronterizo.
Si bien no cabe excluir de entrada que una normativa nacional aplicable indistintamente a las actividades internas y transfronterizas de dicho asesor, en función de las circunstancias del caso, pueda producir efectos que no estén circunscritos al interior de un único Estado miembro, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en tal supuesto, no podría, sin contar con más indicación del órgano jurisdiccional remitente que la que pone de relieve que la normativa nacional es indistintamente aplicable, considerar que la petición de interpretación prejudicial de las disposiciones del Tratado FUE relativas a las libertades fundamentales resulta necesaria para resolver el litigio del que conoce (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de noviembre de 2016, Ullens de Schooten,
C‑268/15
,
EU:C:2016:874
, apartados
y
, y de 14 de noviembre de 2018, NKBM,
C‑215/17
,
EU:C:2018:901
, apartados
a
).
Pues bien, en el presente asunto, la petición de decisión prejudicial no refleja ningún elemento concreto que permita establecer una relación entre el objeto o las circunstancias del litigio principal y el ejercicio, incluso potencial, por el Sr. Mastromartino de las libertades fundamentales garantizadas por los artículos 49 y 56.
Además, aun cuando el Sr. Mastromartino hace hincapié, en sus observaciones escritas, en las consecuencias que una prohibición temporal de ejercer la actividad de «asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa», como la controvertida en el litigio principal, podría tener, de manera completamente abstracta, sobre la posibilidad de ejercer esta actividad en el conjunto de la Unión, de sus observaciones no se desprende que tales consecuencias tengan alguna pertinencia a efectos de la solución del litigio principal.
Por tanto, las libertades fundamentales garantizadas por los artículos 49 TFUE y 56 TFUE no son aplicables a una prohibición temporal de ejercer la actividad de «asesor financiero habilitado para realizar ofertas fuera de los locales de la empresa», como la controvertida en el litigio principal, y, en consecuencia, no inciden sobre dicha prohibición.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones planteadas que la Directiva MiFID, en particular sus artículos 8, 23, 50 y 51, los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de no discriminación y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, una prohibición temporal de ejercer la actividad de asesor financiero fuera de los locales de la empresa no está comprendida ni en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, ni en el de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, ni tampoco en el de los principios de no discriminación y de proporcionalidad. En tal situación, los artículos 8, 23, 50 y 51 de dicha Directiva, los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de no discriminación y de proporcionalidad no se oponen a tal prohibición.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser partes del litigio principal no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

La Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, en particular sus artículos 8, 23, 50 y 51, los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de no discriminación y de proporcionalidad deben interpretarse en el sentido de que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, una prohibición temporal de ejercer la actividad de asesor financiero fuera de los locales de la empresa no está comprendida ni en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, ni en el de los artículos 49 TFUE y 56 TFUE, ni tampoco en el de los principios de no discriminación y proporcionalidad. En tal situación, los artículos 8, 23, 50 y 51 de dicha Directiva, los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de no discriminación y de proporcionalidad no se oponen a tal prohibición.

Firmas.
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.