CELEX: 62013CJ0200
Recurso de casación
Política exterior y de seguridad común
Lucha contra la proliferación nuclear
Medidas restrictivas adoptadas contra la República Islámica de Irán
Congelación de fondos de un banco iraní
Obligación de motivación
Procedimiento de adopción del acto
Error manifiesto de apreciación

Mediante su recurso de casación, el Consejo de la Unión Europea solicita al Tribunal de Justicia la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 5 de febrero de 2013, Bank Saderat Iran/Consejo (
T‑494/10
,
EU:T:2013:59
; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en virtud de la cual éste anuló, en la medida en que se refieren a Bank Saderat Iran:
—
el punto 7 del cuadro B del anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (
DO L 195, p. 39
; corrección de errores en
DO 2010, L 197, p. 19
);
—
el punto 5 del cuadro B del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n.
o
423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (
DO L 195, p. 25
);
—
el punto 7 del cuadro B, que figura en el título I, del anexo de la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (
DO L 281, p. 81
);
—
el punto 7 del cuadro B del anexo VIII del Reglamento (UE) n.
o
961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.
o
423/2007 (
DO L 281, p. 1
);
—
la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (
DO L 319, p. 71
);
—
el Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento n.
o
961/2010 (
DO L 319, p. 11
);
—
el punto 7 del cuadro B, que figura en el título I, del anexo IX del Reglamento (UE) n.
o
267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento n.
o
961/2010 (
DO L 88, p. 1
),
en la medida en que el nombre de Bank Saderat Iran figura en las listas de personas, entidades y organismos a los que se aplican las medidas restrictivas impuestas por esos actos (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos controvertidos»).
Marco jurídico y antecedentes del litigio
Preocupado por los numerosos informes del Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA relativos al programa nuclear de la República Islámica de Irán, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «Consejo de Seguridad») aprobó, el 23 de diciembre de 2006, la Resolución 1737 (2006), cuyo apartado 12, en relación con el anexo de dicha Resolución, enumera una serie de personas y entidades que participan en la proliferación nuclear y cuyos fondos y recursos económicos obliga a congelar.
Para dar aplicación a la Resolución 1737 (2006) en la Unión Europea, el 27 de febrero de 2007, el Consejo adoptó la Posición Común 2007/140/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán (
DO L 61, p. 49
).
El artículo 5, apartado 1, de la Posición Común 2007/140 disponía la congelación de todos los fondos y de todos los recursos económicos de determinadas categorías de personas y entidades que se indicaban en las letras a) y b) de esa disposición. Así, la letra a) de ese artículo 5, apartado 1, se refería a las personas y entidades designadas en el anexo de la Resolución 1737 (2006), y a cualquier otra persona o entidad designada por el Consejo de Seguridad o por el comité del Consejo de Seguridad creado con arreglo al apartado 18 de la Resolución 1737 (2006). La lista de tales personas y entidades figuraba en el anexo I de la Posición Común 2007/140. La letra b) del citado artículo 5, apartado 1, se refería a las personas y entidades no incluidas en el anexo I que, en particular, se dediquen, estén directamente vinculadas o presten apoyo a las actividades nucleares estratégicas de la República Islámica de Irán relacionadas con la proliferación. La lista de esas personas y de esas entidades figuraba en el anexo II de la citada Posición Común.
En la medida en que afectaba a las competencias de la Comunidad Europea, la Resolución 1737 (2006) se aplicó mediante el Reglamento (CE) n.
o
423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (
DO L 103, p. 1
), adoptado sobre la base de los artículos 60 CE y 301 CE, teniendo en cuenta la Posición Común 2007/140 y cuyo contenido es esencialmente similar al de esta última, pues los mismos nombres de entidades y personas físicas figuran en el anexo IV de ese Reglamento, relativo a las personas, entidades y organismos designados por el Consejo de Seguridad o el Comité de Sanciones, y en el anexo V del citado Reglamento, relativo a las personas, entidades y organismos distintos de los que figuran en el anexo IV.
El artículo 7, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
423/2007 está redactado como sigue:
«Se congelarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo V. El anexo V incluirá a las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos no cubiertos por el anexo IV que, con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra b), de la Posición Común 2007/140/PESC, se considere:
a)
que participan, mediante colaboración directa o prestando apoyo, en las actividades nucleares estratégicas de Irán relacionadas con la proliferación [...]»
Tras comprobar que la República Islámica de Irán continuaba sus actividades relacionadas con el enriquecimiento nuclear y no colaboraba con OIEA, el Consejo de Seguridad aprobó, el 3 de marzo de 2008, la Resolución 1803 (2008). En el apartado 10 de dicha Resolución, el Consejo de Seguridad:
«
Exhorta
a todos los Estados a que se mantengan vigilantes en lo que respecta a las actividades que las instituciones financieras de su territorio mantienen con todos los bancos domiciliados en el Irán, en particular con el Banco Melli y el Banco Saderat, y sus sucursales y filiales en el extranjero, con el fin de evitar que esas actividades contribuyan a la realización de actividades nucleares que sean estratégicas desde el punto de vista de la proliferación o al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, como se indica en la resolución 1737 (2006)».
El Consejo de Seguridad adoptó medidas más severas mediante la Resolución 1929 (2010), de 9 de junio de 2010, y, en particular, decidió la inmovilización de fondos de varias entidades financieras. En el apartado 21 de dicha Resolución, el Consejo de Seguridad exhorta a los Estados, en particular, a que «impidan la prestación de servicios financieros, incluidos servicios de seguros o reaseguros, o la transferencia a su territorio, a través de él o desde él, a sus nacionales o por ellos, a entidades organizadas con arreglo a sus leyes (incluidas las sucursales en el extranjero) o por ellas, o a personas o instituciones financieras que se encuentren en su territorio o por ellas, de activos financieros o de otro tipo o de recursos cuando dispongan de información que ofrezca motivos razonables para creer que esos servicios, activos o recursos podrían contribuir a actividades nucleares de Irán que sean estratégicas desde el punto de vista de la proliferación o al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, incluso congelando todos los activos financieros o de otro tipo o los recursos relacionados con esos programas o actividades que se encuentren en su territorio en este momento o en el futuro o que estén sujetos a su jurisdicción en este momento o en el futuro, y realizando una vigilancia más estricta para impedir todas esas transacciones, de conformidad con su legislación interna y las facultades que ésta les confiere».
En una declaración anexa a sus conclusiones de 17 de junio de 2010, el Consejo Europeo puso de manifiesto su más honda preocupación por el programa nuclear de Irán, celebró la adopción de la Resolución 1929 (2010) por el Consejo de Seguridad, tomó nota del último informe de OIEA, de 31 de mayo de 2010, y anunció la adopción de nuevas medidas restrictivas que afectaban, en particular, al sector financiero.
Mediante la Decisión 2010/413, adoptada el 26 de julio de 2010, el Consejo ejecutó esta declaración, derogó la Posición Común 2007/140 y adoptó medidas restrictivas adicionales respecto a ésta. Los considerandos 17 a 20 de la Decisión 2010/413, relativos a las actividades financieras, hacen referencia a las decisiones del Consejo de Seguridad en la Resolución 1929 (2010) y a la declaración del Consejo Europeo de 17 de junio de 2010. El capítulo 2 de la Decisión 2010/413 se refiere al sector financiero. El artículo 10, apartado 1, de dicha Decisión establece que, para evitar la prestación de servicios financieros, o la transferencia al territorio de los Estados miembros, a través de él o desde el mismo, o a sus nacionales o por ellos, o a entidades organizadas con arreglo a su legislación (incluidas sucursales en el extranjero), o personas o entidades financieras en el territorio de los Estados miembros, de bienes o recursos financieros o de otro tipo que puedan contribuir a las actividades nucleares de Irán relacionadas con la proliferación o al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, los Estados miembros se mantendrán especialmente vigilantes con respecto a las actividades de entidades financieras incluidas en su jurisdicción con los bancos domiciliados en Irán y con las sucursales, filiales o entidades controladas por éstas.
El artículo 20, apartado 1, de la Decisión 2010/413 dispone la inmovilización de fondos de varias categorías de personas y entidades. La letra a) de ese artículo 20, apartado 1, hace referencia a las personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad, que se enumeran en el anexo I de dicha Decisión. La letra b) de ese artículo 20, apartado 1, alude a las «otras personas y entidades no incluidas en el anexo I que se dediquen, estén directamente vinculadas o presten apoyo a las actividades nucleares de Irán relacionadas con la proliferación o al desarrollo de sistemas vectores de armas nucleares, incluso mediante su participación en la adquisición de artículos, bienes, equipos, materiales y tecnologías prohibidos, [a] las personas o entidades que actúen en su nombre o bajo su dirección, [a] las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control, también por medios ilegales, y [a] las personas que hayan ayudado a personas y entidades designadas a evadir las sanciones o infringir las disposiciones de las RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1929 (2010) o de la presente Decisión, así como [a] otros miembros destacados y entidades del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y [a] la Compañía Naviera de la República Islámica de Irán y entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control o actúen en su nombre, enumerados en el anexo II».
Varias entidades financieras o grupos de tales entidades se mencionan en el anexo II de la Decisión 2010/413. Bank Saderat Iran (incluidas todas sus sucursales y filiales) figura en el punto 7 de la parte I, B, de dicho anexo. Se indican los siguientes motivos:
«Se trata de un banco iraní de propiedad estatal (el 94 % pertenece al Gobierno de Irán). Presta servicios financieros a entidades que contratan por cuenta de los programas nucleares y de misiles balísticos iraníes, incluidas entidades señaladas por la RCSNU 1737. [Bank Saderat Iran] gestionaba los pagos y [los créditos documentarios] de [la OID] (sancionada por la RCSNU 1737) y de Iran Electronics Industries hasta marzo de 2009. En 2003 [Bank Saderat Iran] gestionó [créditos documentarios] en nombre de la sociedad iraní Mesbah Energy Company, relacionada con actividades nucleares (posteriormente sancionada por la RCSN 1737).»
Mediante el Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010, adoptado el 26 de julio de 2010 en ejecución del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
423/2007, el nombre de Bank Saderat Iran mencionado en el punto 2 de la parte I, B, del anexo de dicho Reglamento de Ejecución, fue añadido a la lista de personas jurídicas, entidades y organismos que figuran en el cuadro I del anexo V del Reglamento n.
o
423/2007.
La motivación de la inclusión de Bank Saderat Iran en la citada lista es prácticamente idéntica a la que figura en la Decisión 2010/413.
Mediante escrito de 27 de julio de 2010, el Consejo informó a Bank Saderat Iran de la inclusión de su nombre en la lista del anexo II de la Decisión 2010/413 y en la del anexo V del Reglamento n.
o
423/2007.
Mediante escritos de 18 y 25 de agosto y de 2, 9 y 30 de septiembre de 2010, Bank Saderat Iran instó al Consejo a que le comunicara en qué datos se había basado para adoptar las medidas restrictivas contra ella. Mediante escrito de 15 de septiembre de 2010, solicitó también al Consejo que reconsiderara la citada decisión.
El anexo II de la Decisión 2010/413 fue revisado por la Decisión 2010/644, adoptada el 25 de octubre de 2010, que le dio una nueva redacción. En el considerando 2 de dicha Decisión, el Consejo indica que tuvo en cuenta las observaciones que le fueron presentados por los interesados.
El nombre de Bank Saderat Iran se retomó en el punto 7 de la lista de las entidades que figuran en el cuadro I del anexo II de la Decisión 2010/413, tal como resulta de la Decisión 2010/644. La motivación no indica más que se trata de un banco estatal iraní, en el que el Gobierno iraní tiene una participación del 94 %, pero que es en parte propiedad del Gobierno iraní. Por lo demás, la motivación es idéntica a la que figura en el Decisión 2010/413.
El Reglamento n.
o
423/2007 fue derogado y sustituido por el Reglamento n.
o
961/2010, adoptado el 25 de octubre de 2010. A tenor del artículo 16, apartado 2, de dicho Reglamento:
«Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo VIII. El anexo VIII incluirá las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos [...] que, de conformidad con el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413 [...] se hayan identificado de la siguiente forma:
a)
como participantes, asociadas directamente o proporcionando apoyo a las actividades nucleares de Irán que planteen un riesgo de proliferación o al desarrollo por Irán de sistemas vectores de armas nucleares, incluida la participación mediante el suministro de bienes y tecnología prohibidos que sean propiedad o estén bajo el control de dichas personas, entidades u organismos, incluido el uso de medios ilícitos, o actuando en su nombre o bajo su dirección;
b)
como persona física o jurídica, entidad u organismo que haya asistido a una persona, entidad u organismo enumerados a evadir o infringir las disposiciones del presente Reglamento, de la Decisión 2010/413 [...] o de las RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1929 (2010);
[...]»
El nombre de Bank Saderat Iran fue incluido por el Consejo en el punto 7 de la lista de las personas jurídicas, entidades y organismos enumerados en el anexo VIII, B, del Reglamento n.
o
961/2010. La motivación de dicha inclusión es prácticamente idéntica a la que figura en la Decisión 2010/413, tal como resulta de la Decisión 2010/644.
Mediante escrito de 28 de octubre de 2010, el Consejo respondió al escrito de Bank Saderat Iran de 15 de septiembre de 2010 señalando que, previa reconsideración, desestimaba la solicitud de la demandante cuyo objeto era que se suprimiera su nombre de la lista del anexo II de la Decisión 2010/413 y de la del anexo VIII del Reglamento n.
o
961/2010. Precisó, a este respecto, que no compartía el punto de vista de Bank Saderat Iran según el cual sus actividades relativas a los créditos documentarios no podían contribuir a la proliferación nuclear. En respuesta a la solicitud de acceso al expediente de Bank Saderat Iran, el Consejo le comunicó las copias de las dos propuestas de adopción de medidas restrictivas presentadas por los Estados miembros (en lo sucesivo, «propuestas comunicadas el 28 de octubre de 2010»).
El 31 de mayo de 2011, el Consejo comunicó a Bank Saderat Iran, en anexo a la dúplica presentada en el marco del recurso de anulación que dio lugar a la sentencia recurrida, un documento del Consejo fechado el 27 de mayo de 2011 que contenía el extracto de una tercera propuesta de inclusión de Bank Saderat Iran en la lista de las entidades a las que se aplicaban las medidas restrictivas (en lo sucesivo, «tercera propuesta»).
El 1 de diciembre de 2011, el Consejo decidió, tras haber procedido a un nuevo examen, mantener a Bank Saderat Iran en la lista de la Decisión 2010/413, mediante la Decisión 2011/783, y en la lista del Reglamento n.
o
961/2010, mediante el Reglamento de Ejecución n.
o
1245/2011.
Haciendo referencia a las conclusiones del Consejo Europeo de 9 de diciembre de 2011, el Consejo adoptó nuevas medidas en virtud de la Decisión 2012/35/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (
DO L 19, p. 22
).
El 23 de marzo de 2012, adoptó nuevas medidas mediante el Reglamento n.
o
267/2012, que deroga y sustituye al Reglamento n.
o
961/2010. La inmovilización de fondos y recursos económicos se establece en el artículo 23 del Reglamento n.
o
267/2012. El artículo 23, apartado 2, tiene entonces el siguiente tenor:
«Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a las personas, las entidades o los organismos enumerados en el anexo IX. El anexo IX incluirá las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos que, de conformidad con el artículo 20, apartado 1, letras b) y c), de la [Decisión 2010/413] se hayan identificado de la siguiente forma:
a)
como participantes, asociadas directamente o proporcionando apoyo a las actividades nucleares de Irán que planteen un riesgo de proliferación o al desarrollo por Irán de sistemas vectores de armas nucleares, incluida la participación mediante el suministro de bienes y tecnología prohibidos o que sean propiedad o estén bajo el control de dichas personas, entidades u organismos, incluido el uso de medios ilícitos, o que actúen en su nombre o bajo su dirección;
b)
como persona física o jurídica, entidad u organismo que haya asistido a una persona, entidad u organismo enumerados a evadir o infringir las disposiciones del presente Reglamento, de la Decisión [2010/413] o de las RCSNU 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) y 1929 (2010);
[...]
d)
como otras personas, entidades u organismos que ofrezcan apoyo, por ejemplo apoyo material, logístico o financiero, al Gobierno de Irán, y las personas y entidades asociadas con ellos;
[...]»
Bank Saderat Iran figura en el punto 7 del cuadro B, en el título I, del anexo IX del Reglamento n.
o
267/2012. La motivación de dicha inclusión es prácticamente idéntica a la que figura en la Decisión 2010/413, tal como resulta de la Decisión 2010/644.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de octubre de 2010, Bank Saderat Iran interpuso un recurso de anulación contra la Resolución 2010/413 y el Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010. A continuación, amplió sus pretensiones y solicitó asimismo al Tribunal General que anulara la Decisión 2010/644, el Reglamento n.
o
961/2010, la Decisión 2011/783, el Reglamento de Ejecución n.
o
1245/2011 y el Reglamento n.
o
267/2012, en la medida en que dichos actos le afectaban.
En primer lugar, el Tribunal General desestimó la alegación tanto del Consejo como de la Comisión, según la cual Bank Saderat Iran no podía invocar el amparo y las garantías vinculadas a los derechos fundamentales.
Seguidamente, examinó el recurso presentado por Bank Saderat Iran. Éste alega tres motivos. El primer motivo se basaba en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la violación de su derecho de defensa y de su derecho a la tutela judicial efectiva. El segundo motivo se basaba en un error manifiesto de apreciación en relación con las medidas restrictivas adoptadas contra ella. El tercer motivo se basaba en la violación del principio de proporcionalidad.
En el marco del primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la violación de su derecho de defensa y de su derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal General examinó cada uno de los motivos relativos a Bank Saderat Iran y que figuraban en los actos controvertidos y en las propuestas de adopción de medidas restrictivas. Declaró que el Consejo había incumplido la obligación de motivación respecto al segundo motivo, relativo a los servicios financieros, por su falta de precisión. Debido a esa falta de precisión, el derecho a la tutela judicial efectiva de Bank Saderat Iran fue también vulnerado por lo que refiere al segundo motivo. Ese derecho fue también violado en relación con la Decisión 2010/413, el Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010, la Decisión 2010/644 y el Reglamento n.
o
961/2010 debido a la comunicación extemporánea de la tercera propuesta de adopción de medidas restrictivas. Por último, el Tribunal General consideró que el examen de la Decisión 2010/413 y del Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010 adolecía de un vicio, dado que no contenía ningún indicio que sugiriera que el Consejo había comprobado la pertinencia y el fundamento de los datos relativos a Bank Saderat Iran. Por consiguiente, el Tribunal estimó el primer motivo en lo relativo a la Decisión 2010/413, al Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010, a la Decisión 2010/644 y al Reglamento n.
o
961/2010.
A continuación, el Tribunal General examinó el segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en cuanto a la adopción de medidas restrictivas contra Bank Saderat Iran. Dicho examen tuvo por objeto los motivos considerados suficientemente precisos y que no incumplían la obligación de motivación. Habida de cuenta de que ninguno de esos motivos invocados por el Consejo contra la demandante justificaba la adopción de medidas restrictivas contra ella, el Tribunal General estimó el segundo motivo y anuló los actos controvertidos en la medida en que tales actos afectaban a la demandante, sin que fuera necesario examinar el tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad.
Bank Saderat Iran afirmaba que el Reglamento n.
o
267/2012 se presentaba, a su juicio, como una decisión adoptada en forma de reglamento, y no como un verdadero reglamento. Por consiguiente, en el caso de autos no debería haber sido aplicable el artículo 60, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el apartado 123 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Reglamento n.
o
267/2012, incluido su anexo IX, tiene naturaleza de reglamento, por cuanto su artículo 51, párrafo segundo, establece que será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, lo que se corresponde con los efectos de un reglamento en los términos previstos en el artículo 288 TFUE. Por consiguiente, el artículo 60, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es pues claramente aplicable en el caso de autos.
Pretensiones de las partes
Sobre el recurso de casación principal
El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Anule la sentencia recurrida.
—
Resuelva definitivamente el litigio y desestime el recurso interpuesto por Bank Saderat Iran contra los actos controvertidos.
—
Condene a Bank Saderat Iran al pago de las costas en que ha incurrido el Consejo tanto en primera instancia como en el marco del presente recurso de casación.
Bank Saderat Iran solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas al Consejo.
La Comisión apoya en su totalidad las pretensiones formuladas por el Consejo en su recurso de casación.
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte solicita al Tribunal de Justicia que estime el recurso de casación, anule la sentencia recurrida y desestime el recurso interpuesto por Bank Saderat Iran contra los actos controvertidos.
Sobre la adhesión al recurso de casación
Bank Saderat Iran solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Estime la adhesión al recurso de casación y anule la sentencia del Tribunal General dados los errores identificados en la adhesión al recurso de casación.
—
Anule los actos controvertidos (considerados individualmente) en la medida en que afectan a Bank Saderat Iran.
—
Condene al Consejo a pagar las costas de Bank Saderat Iran correspondientes a la adhesión al recurso de casación.
El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que desestime la adhesión al recurso de casación y condene a Bank Saderat Iran a pagar las costas correspondientes a dicha adhesión al recurso de casación.
Sobre el recurso de casación principal
El Consejo alega que la sentencia recurrida adolece de varios errores de Derecho.
Sobre la excepción de inadmisibilidad de los motivos basados en la violación de los derechos fundamentales
Sentencia recurrida
En el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó la alegación tanto del Consejo como de la Comisión, según la cual Bank Saderat Iran no tenía derecho a invocar el amparo y las garantías vinculadas a los derechos fundamentales. En el apartado 39 de dicha sentencia, declaró que el Derecho de la Unión no contiene una norma que impida a las personas jurídicas que son emanaciones de los terceros Estados invocar en su beneficio la protección y las garantías vinculadas a los derechos fundamentales y, en el apartado 40 de la citada sentencia, que, además y en cualquier caso, el Consejo y la Comisión no han aportado elementos que permitan demostrar que la demandante fuera efectivamente una emanación del Estado iraní.
Alegaciones de las partes
En primer lugar, el Consejo critica los apartados 34 a 43 de la sentencia recurrida. Estima que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que, aunque hubiera quedado demostrado que Bank Saderat Iran era una emanación del Estado iraní, está podría invocar en su beneficio, ante el juez de la Unión, el amparo y las garantías vinculadas a los derechos fundamentales.
El Consejo basa su alegación en el artículo 34 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), que excluye la presentación de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por organizaciones gubernamentales y entidades similares, y en otras disposiciones comparables, como el artículo 44 de la Convención americana de derechos humanos, de 22 de noviembre de 1969. La
ratio legis
que alega es el hecho de que un Estado no puede ser titular de derechos fundamentales. A su juicio, aunque los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no contienen disposiciones análogas al artículo 34 del CEDH, ha de aplicarse este mismo principio.
El Consejo considera asimismo que el Tribunal General incurrió en error de Derecho cuando consideró que no existía ningún elemento que permitiera demostrar que Bank Saderat Iran constituye claramente una organización gubernamental. A este respecto, el Consejo menciona:
—
la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual es necesario examinar cuidadosamente cada contexto de hecho y de Derecho para determinar si una entidad es una organización o una entidad gubernamental o no gubernamental;
—
los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, y en particular los comentarios relativos al artículo 2, letra b), de la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, adoptada el 2 de diciembre de 2004, según los cuales el concepto de «organismos o instituciones del Estado u otras entidades» puede comprender las empresas del Estado u otras entidades constituidas por el Estado que realizan operaciones comerciales, y
—
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de ayudas (sentencia Francia/Comisión,
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, apartado
).
Así pues, el Tribunal General consideró equivocadamente que, debido a que Bank Saderat Iran realiza actividades comerciales sujetas al Derecho común, éstas no pueden ser calificadas de «servicio público» ni siquiera por ser necesarias para el funcionamiento de la economía de un Estado. El Tribunal General tampoco tomó en consideración adecuadamente la influencia que el Gobierno iraní ejerce sobre Bank Saderat Iran, a pesar de que su participación se haya reducido a raíz de un proceso de privatización.
Bank Saderat Iran rechaza las alegaciones del Consejo.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que el recurso presentado por Bank Saderat Iran se inscribe en el marco del artículo 275 TFUE, párrafo segundo (sentencias Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft,
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, apartado
, y Consejo/Bank Mellat,
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, apartado
).
Bank Saderat Iran alega motivos basados en la violación del derecho de defensa y del derecho a una tutela judicial efectiva. Esos derechos pueden ser invocados por toda persona física o toda entidad que interponga un recurso ante los tribunales de la Unión (sentencia Consejo/Bank Mella,
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, apartado
).
Así sucede también con los motivos basados en un vicio sustancial de forma como el que se basa en el incumplimiento de la obligación de motivación de un acto (sentencia Consejo/Bank Mellat,
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, apartado
).
En cuanto a los motivos basados en un error manifiesto de apreciación o en la vulneración del principio general de proporcionalidad, procede señalar que la posibilidad, para una entidad estatal, de invocarlos es una cuestión que se refiere al fondo del asunto (sentencia Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft,
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, apartado
, y Consejo/Bank Mellat,
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, apartado
).
Habida cuenta de los elementos anteriores, procede desestimar el motivo del Consejo sin que sea necesario examinar la alegación basada en un error del Tribunal General cuando éste declaró que no había quedado demostrado que Bank Saderat Iran fuera una entidad estatal, por lo que dicha alegación es inoperante.
Sobre la obligación de motivación, el derecho de defensa, el derecho a una tutela judicial efectiva y el acceso al expediente
Sentencia recurrida
En los apartados 47 a 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó la jurisprudencia relativa a la obligación de motivar los actos, establecida en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo. En los apartados 50 a 53 de dicha sentencia, recordó la jurisprudencia relativa al derecho de defensa y a la obligación de comunicar los cargos que se imputan a la entidad interesada de modo que ésta pueda dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre los referidos elementos.
En los apartados 61 y 62 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, para apreciar el cumplimiento de la obligación de motivación y de la obligación de comunicar a Bank Saderat Iran los cargos que se le imputan, procede tomar en consideración, además de los motivos que figuran en los actos controvertidos, dos propuestas de adopción de medidas restrictivas comunicadas por el Consejo a la demandante mediante escrito de 28 de octubre de 2010, así como la tercera propuesta que figura en anexo a la dúplica del Consejo, presentada el 31 de mayo de 2011. Según el Tribunal General, esas propuestas fueron presentadas a las delegaciones de los Estados miembros en el contexto de la adopción de las medidas restrictivas contra la demandante y, por lo tanto, constituyen elementos en los que se basan esas mismas medidas.
En el apartado 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró:
«[...] es cierto que las tres propuestas fueron comunicadas a la demandante tanto después de la interposición del recurso como después de la adaptación de las pretensiones que siguió a la adopción de la Decisión 2010/644 y del Reglamento n.
o
961/2010. En consecuencia, dichas propuestas no pueden completar válidamente la motivación de la Decisión, 2010/413, del Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010 y, con respecto a la propuesta que figura en anexo a la dúplica, de la Decisión 2010/644 y del Reglamento n.
o
961/2010. Sin embargo, pueden ser tomadas en consideración en el marco de la apreciación de la legalidad de los actos posteriores, a saber, de la Decisión 2011/783, del Reglamento de Ejecución n.
o
1245/2011 y del Reglamento n.
o
267/2012 por lo que atañe a las tres propuestas, y de la Decisión 2010/644 y del Reglamento n.
o
961/2010 por lo que se refiere a las propuestas comunicadas el 28 de octubre de 2010.»
En los apartados 64 a 73 de la sentencia recurrida, el Tribunal examinó cada uno de los motivos que figuran en los actos controvertidos y en las propuestas de adopción de medidas restrictivas. Los apartados 64 a 66 están redactados como sigue:
«64
Los actos [controvertidos] mencionan los cuatro motivos siguientes que se refieren a la demandante:
—
el Estado iraní tiene una participación en la demandante, bien del 94 %, según la Decisión 2010/413 y el Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010, bien en parte, según los actos posteriores [en lo sucesivo, “primer motivo”];
—
la demandante ha prestado servicios financieros a entidades que realizan suministros en nombre de los programas de misiles nucleares y balísticos iraníes. Entre esas entidades figuran entidades designadas por la resolución 1737 (2006) [...] [en lo sucesivo, “segundo motivo”];
—
en marzo de 2009, la demandante gestionaba todavía pagos y créditos documentarios de la Organización de Industrias de Defensa (en lo sucesivo, “[OID]”) y de Iran Electronics Industries (en lo sucesivo, “IEI”), a las que se referían las medidas restrictivas [en lo sucesivo, “tercer motivo”];
—
en 2003, la demandante gestionó créditos documentarios por cuenta de la sociedad Mesbah Energy Company, que está vinculada al programa nuclear iraní [en lo sucesivo, “cuarto motivo”].
Los motivos mencionados en las propuestas de adopción de medidas restrictivas que figuran en anexo al escrito del Consejo de 28 de octubre de 2010 coinciden plenamente con los motivos mencionados en los actos [controvertidos].
Por su parte, la tercera propuesta de adopción de las medidas restrictivas, que figura en anexo a la dúplica, añade un quinto motivo, según el cual la demandante prestó servicios financieros a Sanam Industria Group.»
En el apartado 73, el Tribunal General declaró que el Consejo había incumplido la obligación de motivación y la obligación de comunicar a la demandante los cargos que se le imputaban en relación con el segundo motivo, debido a su carácter excesivamente vago, pero que sí se cumplieron esas obligaciones por lo que atañe a los otros motivos.
En cuanto al acceso al expediente, el Tribunal General señaló, en el apartado 79 de la sentencia recurrida, que el Consejo no dio acceso a la demandante a las propuestas de adopción de medidas restrictivas dentro del plazo señalado, toda vez que dos propuestas fueron comunicadas en anexo a un escrito de 28 de octubre de 2003 y, la tercera, en anexo a la dúplica, cuando lo cierto es que plazo señalado a la demandante por el Consejo para presentar sus observaciones tras la adopción de la Decisión 2010/413 y del Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010 expiraba el 15 de septiembre de 2010.
Al decidir sobre la posibilidad de que la demandante diera a conocer oportunamente su punto de vista, el Tribunal General consideró, en los apartados 82 y 83 de la sentencia recurrida, que la demandante tuvo ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista, salvo en lo que se refiere, por un lado, al segundo motivo formulado por el Consejo, que es excesivamente vago y, por otro, a las tres propuestas de adopción de las medidas restrictivas, en la medida en que no disponía de éstas el 15 de septiembre de 2010.
En el apartado 86 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que las observaciones de la demandante fueron tomadas en consideración por el Consejo al efectuar éste la revisión. En particular, señaló, en el apartado 85 de dicha sentencia, que el Consejo rectificó la mención relativa a la participación del Estado iraní en el capital de Bank Saderat Iran, cuya veracidad fue cuestionada por ésta.
En el apartado 90 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que se había vulnerado el derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva, dado el carácter vago del segundo motivo formulado por el Consejo y la comunicación extemporánea de tres propuestas de adopción de medidas restrictivas.
Alegaciones de las partes
En primer lugar, bajo el epígrafe «Obligación de motivación», el Consejo estima que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al apreciar cada uno de los motivos separadamente en vez de examinarlos globalmente. Dicho motivos están, a todas luces, vinculados. En particular, los motivos tercero y cuarto son, en su opinión, una descripción más precisa del comportamiento mencionado en el segundo. Además, aunque ese tercer motivo no mencionaba el nombre de las entidades que figuran en las listas de las Naciones Unidas y de la Unión a las que Bank Saderat Iran prestaba servicios bancarios, éste habría podido impugnar dicho motivo en el caso en que ninguno de esos clientes no hubiera figurado en las listas de Naciones Unidas o de la Unión.
La Comisión sostiene que no puede defenderse la posición adoptada por el Tribunal General, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, según la cual el recurso de anulación está fundado por lo que se refiere a determinados motivos pero no en relación con el segundo. No puede considerarse que el Consejo incumpliera la obligación de motivación y de comunicación con respecto a la demandante para cada motivo separadamente.
En su escrito de formalización de la intervención, el Reino Unido discute asimismo la conclusión del Tribunal General según la cual el segundo motivo es excesivamente vago, siendo así que ese motivo debe ponerse en relación con los motivos que siguen.
En segundo lugar, bajo el epígrafe «acceso al expediente», el Consejo discute la decisión del Tribunal General, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, según la cual «para apreciar el respeto de la obligación de motivación y de la obligación de comunicar a la entidad interesada los cargos que se le imputan, procede tomar en consideración, además de los motivos que figuran en los actos controvertidos, las tres propuestas de adopción de medidas restrictivas comunicadas por el Consejo a la demandante».
El Consejo alega que el Tribunal General aplicó equivocadamente la jurisprudencia que cita en el apartado 52 de la sentencia recurrida, que fue establecida en el contexto de los primeros asuntos relativos al terrorismo, cuando lo cierto es que no se aportó ningún motivo para justificar la inclusión en una lista de personas, entidades y organismos afectados por medidas restrictivas y que, en tales circunstancias, los términos «motivos» y «elementos» eran intercambiables. En el presente litigio, los actos contenían una motivación, aunque nada justificara la comunicación de las propuestas de adopción de medidas restrictivas que, en cualquier caso, no aportaban nada nuevo.
En cuanto a los elementos que no figuran en el resumen de motivos del Consejo, tampoco deberían ser comunicados por separado ya que no se puede presumir de oficio que el Consejo los utilizara como motivos y como elementos de prueba. Según el Consejo, el Tribunal General debería haber aplicado la jurisprudencia que citó en el apartado 53 de la sentencia recurrida, según la cual, si los motivos son suficientemente precisos, sólo cuando así lo solicite la parte interesada estará el Consejo obligado a facilitar el acceso a todos los documentos administrativos no confidenciales relativos a la medida de que se trate (sentencia Bank Melli Iran/Consejo,
T‑390/08
,
EU:T:2009:401
, apartado
).
Remitiéndose al apartado 111 de la sentencia Comisión y otros/Kadi (
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
), el Reino Unido alega, que, en lo que atañe a las listas de entidades afectadas por medidas restrictivas, únicamente debería divulgarse el resumen de motivos de la inclusión en tales listas facilitados por el Consejo y no las propuestas de inclusión de las entidades afectadas.
Bank Saderat Iran hace suya la alegación del Tribunal General. Sostiene que los motivos tercero y cuarto no contienen mayores precisiones por lo que se refiere al segundo motivo.
Bank Saderat Iran alega que el Consejo estaba obligado a presentar las propuestas de inclusión en las citadas listas en la fecha misma de esa inclusión o poco después, ya que se trata de los únicos datos que figuran en el expediente. En cuanto a la afirmación del Consejo según la cual no tenía ninguna utilidad, para Bank Saderat Iran, obtener esas propuestas de inclusión, Bank Saderat Iran responde que no corresponde al Consejo apreciar los elementos del expediente que pueden ser pertinentes para un demandante. Sería contrario al derecho de defensa permitir al Consejo seleccionar los elementos del expediente que deben ser tenidos en cuenta.
Bank Saderat Iran discute la alegación según la cual en el caso de autos debería haberse aplicado la jurisprudencia sentada en la sentencia Bank Melli Iran/Consejo (
T‑390/08
,
EU:T:2009:401
), toda vez que no disponía de información suficientemente precisa que le permitiera dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre los cargos que se le imputan. Destaca que tanto el Tribunal General como el Consejo se basaron en el hecho de que las propuestas de inclusión en las listas de entidades afectadas por medidas restrictivas constituían pruebas, cuando lo cierto es que no era así.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar un acto lesivo, que constituye un corolario del principio del respeto del derecho de defensa, tiene la finalidad, por una parte, de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si el acto está bien fundado o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez ante el juez de la Unión y, por otra parte, de permitir a éste el ejercicio de su control sobre la legalidad de éste (véanse las sentencias Consejo/Bamba,
C‑417/11 P
, Rec.
EU:C:2012:718
, apartado
y jurisprudencia citada, y Consejo/Bank Mellat,
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, apartado
).
La motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y al contexto en el que éste se adopta. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular, el contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que el carácter suficiente de la motivación debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia Consejo/Bamba,
C‑417/11 P
,
EU:C:2012:718
, apartado
, y jurisprudencia citada). Un acto lesivo está suficientemente motivado cuando recae en un contexto conocido por el interesado, permitiéndole comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (sentencias Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft,
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, apartado
, y Consejo/Bank Mellat,
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, apartado
).
En cuanto a las medidas restrictivas, sin llegar al punto de imponer una respuesta detallada a las observaciones formuladas por la persona afectada, el deber de motivación establecido en el artículo 296 TFUE exige en cualquier circunstancia, incluso cuando la motivación del acto de la Unión concuerde con los motivos expuestos por un órgano internacional, que dicha motivación identifique las razones individuales, específicas y concretas por las que las autoridades competentes consideran que la persona afectada debe ser objeto de medidas restrictivas. Así pues, el juez de la Unión debe comprobar, en particular, si los motivos invocados son suficientemente precisos y concretos (véanse, en este sentido, las sentencias Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartados
y
, y Consejo/Bank Mellat,
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, apartado
).
En el presente caso, al examinar el segundo motivo, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho, toda vez que el Consejo no había alegado ante dicho Tribunal que los motivos segundo a cuarto debieran ponerse en relación entre sí.
En cualquier caso, aun suponiendo, como sostiene el Consejo, que el citado segundo motivo debiera haberse interpretado a la luz de los motivos tercero y cuarto, una lectura combinada de tales motivos no permitiría a Bank Saderat Iran saber concretamente qué servicios bancarios ha prestado éste a qué entidades «que realizan suministros en nombre de los programas de misiles nucleares y balísticos iraníes», entre las que figuran entidades «designadas por la resolución 1737 (2006) [...]». En tales circunstancias, no puede reprocharse al Tribunal General que concluyera, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, que el segundo motivo de inclusión en esas listas es excesivamente vago.
Por último, por lo que se refiere al acceso al expediente, el Tribunal General consideró, en los apartados 77, 83 y 102 de la sentencia recurrida, que el Consejo estaba obligado a garantizar, antes de la adopción de las medidas restrictivas, que los cargos contra Bank Saderat Iran podían comunicársele dentro del plazo señalado para que ésta pudiera dar a conocer oportunamente su punto de vista y que la comunicación extemporánea de las tres propuestas de adopción de las medidas restrictivas violaba el derecho de defensa de la demandante y su derecho a una tutela judicial efectiva y, por lo tanto, afectaba a la legalidad de la Decisión 2010/413, del Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010, de la Decisión 2010/644 y del Reglamento n.
o
961/2010, en la medida en que esos actos afectaban a Bank Saderat Iran.
Sobre los vicios de que adolece al examen efectuado por el Consejo
Sentencia recurrida
Siempre en el marco del motivo basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la violación del derecho de defensa del demandante y del derecho a una tutela judicial efectiva, el Tribunal General sintetiza una alegación de Bank Saderat Iran como sigue:
«91 La demandante sostiene que el Consejo no realizó un verdadero examen de las circunstancias del caso de autos, sino que se limitó a adoptar las propuestas presentadas por los Estados miembros. Este vicio afecta tanto al examen previo a la adopción de las medidas restrictivas contra ella como a la revisión periódica de esas mismas medidas.»
El Tribunal General se pronunció del siguiente modo:
«95
En el caso de autos, por una parte, el expediente no contiene ningún indicio que sugiera que el Consejo ha comprobado la pertinencia y el fundamento de los datos relativos a la demandante que se le aportaron antes de la adopción de la Decisión 2010//413 y del Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010. Al contrario, la indicación errónea, en esos actos, del grado de participación del Estado iraní en el capital de la demandante, cuya inexactitud no discute el Consejo, tiende a demostrar que no se efectuó ninguna comprobación en ese sentido.
Por otra parte, de los apartados 84 a 86
supra
resulta que, al adoptar actos impugnados posteriores, el Consejo revisó las circunstancias del caso de autos a la luz de las observaciones de la demandante, ya que rectificó la indicación relativa a la participación del Estado iraní en el capital de ésta y se pronunció sobre su alegación relativa a las actividades relacionadas con [los créditos documentarios].
[...]
En tales circunstancias, procede estimar las alegaciones de la demandante relativas a los vicios de que adolece el examen realizado por el Consejo, por lo que se refiere a la Decisión 2010/413 y al Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010, y desestimarlas en todo lo demás.»
En el apartado 100 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó que, al adoptar la Decisión 2010/413 y el Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010, el Consejo incumplió la obligación de examinar la pertinencia y el fundamento de los elementos de información y de prueba respecto a la demandante que le fueron presentados, por lo que dichos actos adolecen de ilegalidad.
Alegaciones de las partes
El Consejo, apoyado por la Comisión, considera que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al exigir, en los apartados 94 y 95 de la sentencia recurrida, la presencia en el expediente de indicios que demuestren que el Consejo comprobó los datos que se le habían presentado. Alega que no es posible determinar los indicios que debían aportarse para demostrar que dicha comprobación había sido llevada a cabo por los miembros del Consejo y, además, que algunos elementos procedían de fuentes confidenciales a las que no tenían acceso todos los miembros del Consejo.
Bank Saderat Iran alega que no se discute el principio jurídico según el cual el Consejo debe apreciar la pertinencia y el fundamento de los elementos de información y de prueba que le fueron presentados. Estima que el Tribunal General tenía derecho a invocar la inexistencia de prueba alguna relativa al hecho de que el Consejo hubiera llevado a cabo una comprobación adecuada en apoyo de su conclusión de que no había procedido así. Además, señala que el Consejo admite que no efectuó ninguna comprobación de las alegaciones contenidas en las propuestas que se le habían presentado en relación con la designación de Bank Saderat Iran como entidad afectada por medidas restrictivas, precisamente porque no tenía acceso a los elementos de prueba subyacentes, considerados confidenciales.
Apreciación del Tribunal de Justicia
De la sentencia recurrida resulta que Bank Saderat Iran fue incluida en las listas de entidades afectadas por medidas restrictivas mediante la adopción de la Decisión 2010/413 y del Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010 basándose únicamente en las propuestas de inclusión presentadas por los Estados miembros. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no demuestra en qué medida dicho elemento puede constituir una de las causas de anulación contempladas en el artículo 263 TFUE.
Como señala la Abogado General en el punto 95 de sus conclusiones, no parece que el examen previo de la pertinencia y del fundamento de los elementos que se refieren a la demandante que se presentaron al Consejo antes de la adopción de la Decisión 2010/413 y del Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010 pueda constituir un requisito sustancial de forma de la adopción de esos actos, cuyo violación podría dar lugar a la ilegalidad de éstos. El Tribunal General no demostró que dicho requisito de forma esté previsto en el Tratado FUE o en un acto de Derecho derivado.
El Tribunal General tampoco demostró cómo dicho elemento podría contribuir a un incumplimiento de la obligación de motivación, a una violación del derecho de defensa de Bank Saderat Iran o de su derecho a la tutela judicial efectiva invocados por Bank Saderat Iran en su primer motivo, o de cualquier otra disposición jurídica.
Habida cuenta de que no se ha demostrado que ninguna de las causas de anulación recogidas en el artículo 263 TFUE afectara a la validez de la Decisión 2010/413 y del Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010 al no haberse comprobado la pertinencia y el fundamento de los elementos que se refieren a la demandante, procede declarar que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al afirmar, en el apartado 94 de la sentencia recurrida, que al adoptar un primer acto por el que se deciden medidas restrictivas contra entidades presuntamente implicadas en la proliferación nuclear, el Consejo está obligado a examinar la pertinencia y el fundamento de los elementos de información y de prueba que le son presentados por un Estado miembro o por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Por consiguiente, el Tribunal General incurrió en el mismo error de Derecho al declarar, en el apartado 100 de la sentencia recurrida, que, al adoptar la Decisión 2010/413 y el Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010, el Consejo incumplió la obligación de examinar la pertinencia y el fundamento de los elementos de información y de prueba respecto a la demandante que le fueron presentados, por lo que dichos actos adolecen de ilegalidad.
Sobre el error manifiesto de apreciación
Sentencia recurrida
En el apartado 106 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, habida cuenta de la falta de motivación del segundo motivo invocado por el Consejo respecto a la demandante, procedía limitarse a la comprobación del fundamento de los motivos primero, tercero, cuarto y quinto.
En el apartado 107 de la citada sentencia, el Tribunal General declaró que el primer motivo, conforme al cual el Estado iraní tiene una participación del 94 % en Bank Saderat Iran, se basa en una apreciación errónea de los hechos y, por lo tanto, no puede justificar las medidas restrictivas adoptadas contra la demandante por la Decisión 2010/413 y por el Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010.
En lo tocante al cuarto motivo, relativo a Mesbah Energy Company, el Tribunal General declaró, en el apartado 109 de esa misma sentencia, que el Consejo no presentó ningún elemento de prueba o de información para demostrar que se produjo la prestación de esos servicios, o que la demandante estaba al corriente de la participación de Mesbah Energy Company, la cual todavía no estaba afectada por las medidas restrictivas en 2003, en la proliferación nuclear.
En el apartado 110 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la misma conclusión es aplicable al quinto motivo, por lo que atañe a la legalidad de la Decisión 2011/783, del Reglamento de Ejecución n.
o
1254/2011 y del Reglamento n.
o
267/2012. En efecto, mientras que la demandante niega haber prestado servicios financieros a Sanam Industria Group tras la adopción de medidas restrictivas contra ésta, el Consejo no ha aportado ninguna prueba que demuestre la alegación contraria o que pruebe que la demandante estaba al corriente de la participación de Sanam Industria Group en la proliferación nuclear incluso antes de la adopción de medidas restrictivas contra ella.
En cuanto al tercer motivo, la demandante no niega que la OID y la IEI participaran en actividades relacionadas con la proliferación nuclear, sino que los servicios que prestó a tales entidades justificaran la adopción de medidas restrictivas contra ella. A este respecto, sostiene, en esencia, que esos servicios eran servicios bancarios corrientes prestados en el pasado en el contexto de la gestión de créditos documentarios de exportación, emitidos por terceros bancos, y que no afectaban a transacciones vinculadas a la proliferación nuclear. Para poder verificar el fundamento de estas alegaciones, el Tribunal General solicitó al Consejo que le comunicara información detallada relativa a los créditos documentarios gestionados por la demandante en nombre de la OID y la IEI. Al no haber aportado el Consejo dato alguno en respuesta a la solicitud del Tribunal General, éste declaró, en el apartado 116 de la sentencia recurrida, que la imposibilidad de verificar el fundamento de las alegaciones de la demandante era imputable al incumplimiento por parte del Consejo de su obligación de aportar los elementos de prueba y de información pertinentes.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, el Tribunal General concluyó, en el apartado 116 de la sentencia recurrida, que procedía estimar el segundo motivo.
Alegaciones de las partes
En lo tocante al cuarto motivo, relativo a los créditos documentarios gestionados en nombre de la sociedad Mesbah Energy Company, el Consejo alega que el Tribunal General no tuvo en cuenta debidamente la naturaleza clandestina de las actividades, a pesar de que los elementos de prueba proceden de fuentes confidenciales y no pueden ser comunicados en todos los casos. Asimismo, destaca el principio de confianza mutua entre los Estados miembros y las instituciones así como el principio de principio de cooperación leal. El Consejo alega también que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no existe un derecho absoluto a la divulgación de los elementos de prueba. Si dicho principio se aplica a las acusaciones en materia penal, se aplica
a fortiori
a las medidas restrictivas de que se trata, que son medidas cautelares.
En cuanto al tercer motivo, relativo a la gestión, en el mes de marzo de 2009, de créditos documentarios de la OID, a la que se refiere la resolución 1737 (2006), y de la IEI, a la que se refiere la Decisión 2008/475, el Consejo declara que Bank Saderat Iran no discutió su existencia pero sostuvo que se trataba de servicios bancarios corrientes, en el marco de créditos a la exportación. Apoyado por el Reino Unido, alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el Consejo debería haber comunicado información detallada sobre dichos créditos documentarios. El Consejo considera que el modo en que se gestionaron tales créditos era suficiente en sí mismo para justificar las medidas restrictivas contra Bank Saderat Iran. A este respecto, recuerda que varias disposiciones, como los artículos 1, apartado 4, y 15, apartado 1, de la Decisión 2010/413, el artículo 4 del Reglamento n.
o
267/2012, el punto 7 de la resolución 1737 (2006) del Consejo de Seguridad y el punto 5 de la resolución 1747 (2007) del Consejo de Seguridad, prohíben la exportación desde Irán y, más concretamente la compra a Irán o el transporte, desde Irán, de materiales relacionados con la proliferación nuclear, incluida la exportación que se efectúe a otros países, así como la de armas y armamento, de modo que es erróneo suponer que los créditos documentarios que permiten exportaciones por la OID y la IEI no tienen ninguna relación con las actividades nucleares de la República Islámica de Irán. El Consejo considera que el Tribunal General sustituyó equivocadamente su propia apreciación por la del Consejo por lo que se refiere a los hechos que justifican la imposición de una inmovilización de los fondos como medida cautelar, pronunciándose de este modo contrariamente a su propia jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia People’s Mojahedin Organization of Iran/Consejo,
T‑256/07
,
EU:T:2008:461
, apartado
).
El Reino Unido destaca que Bank Saderat Iran es un banco iraní muy importante, que ocupa una posición central en Irán que le permite prestar apoyo a las actividades nucleares relacionadas con la proliferación. Se encuentra, en esencia, bajo el control del Gobierno iraní y es de temer que pueda, dada su posición, prestar ese apoyo. Para dicho Estado miembro, ello justifica medidas cautelares, habida cuenta del objetivo legítimo y muy importante de presionar a Irán para que dicho Estado ponga fin a sus actividades nucleares relacionadas con la proliferación, para mantener la paz y la seguridad. Las decisiones de esa naturaleza están comprendidas en la facultad de apreciación del Consejo.
La Comisión alega que las actividades de Bank Saderat Iran deben ser vistas desde una perspectiva más global y no pueden ser examinadas como transacciones individuales fuera de contexto. Recuerda que la inclusión de Bank Saderat Iran ha sido prevista por el Consejo de Seguridad.
La inclusión de los bancos en las listas se explica por la necesidad, para Irán, de utilizar los servicios bancarios para la importación de uranio, de tecnología y de otros materiales. Según la Comisión, la exclusión de un banco como Bank Saderat Iran de uno de los principales mercados financieros en que se efectúan ese tipo de transacciones está vinculada racionalmente al objetivo de la comunidad internacional de prevenir el desarrollo y la proliferación de armas nucleares. No puede obligarse al Consejo a probar que los servicios y las operaciones específicamente controvertidos estuvieran «directamente» relacionados con la proliferación nuclear como parece sostener el tribunal General. Basta que la entidad que ha de ser incluida en la lista preste servicios a terceros, como la OID y la IEI en el caso de autos, conocidos por su participación en la proliferación nuclear.
Bank Saderat Iran impugna las alegaciones presentadas por el Consejo, la Comisión y el Reino Unido.
Apreciación del Tribunal de Justicia
La alegación del Consejo se refiere únicamente a la apreciación, realizada por el Tribunal General, del fundamento de los motivos tercero y cuarto.
En cuanto a los elementos que se alegan para justificar la inclusión de Bank Saderat Iran en las citadas listas y la prueba del fundamento de esa inclusión, procede recordar que la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea exige particularmente que el juez de la Unión se asegure de que la decisión, que tiene un alcance individual para la persona o entidad afectada, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa dicha decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que examine la cuestión de si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente, por sí solo, para fundamentar tal decisión, están o no respaldados por hechos (véanse, en este sentido, las sentencias Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
; Consejo/Fulmen y Mahmoudian,
C‑280/12 P
,
EU:C:2013:775
, apartado
; Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft,
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, apartado
; Anbouba/Consejo,
C‑605/13 P
,
EU:C:2015:248
, apartado
; Anbouba/Consejo,
C‑630/13 P
,
EU:C:2015:247
, apartado
; Ipatau/Consejo,
C‑535/14 P
,
EU:C:2015:407
, apartado
, y Consejo/Bank Mellat,
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, apartado
).
A estos efectos, incumbe al juez de la Unión proceder al citado examen solicitando, en su caso, a la autoridad competente de la Unión que presente los datos o pruebas, confidenciales o no, pertinentes para ese examen (véanse las sentencias Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
; Consejo/Fulmen y Mahmoudian,
C‑280/12 P
,
EU:C:2013:775
, apartado
, y Consejo/Bank Mellat,
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, apartado
).
Si a la autoridad competente de la Unión le resulta imposible acceder a lo solicitado por el juez de la Unión, éste deberá entonces basarse únicamente en los datos que le han sido comunicados (véanse las sentencias Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
; Consejo/Fulmen y Mahmoudian,
C‑280/12 P
,
EU:C:2013:775
, apartado
, y Consejo/Bank Mellat,
C‑176/13 P
,
EU:C:2016:96
, apartado
).
En lo tocante al cuarto motivo, relativo a Mesbah Energy Company, el Consejo no discute que no aportó ningún elemento de prueba, como declaró el Tribunal General en el apartado 109 de la sentencia recurrida. En cambio, el Consejo alega que las pruebas del apoyo prestado por Bank Saderat Iran a las actividades nucleares de la República Islámica de Irán proceden de fuentes confidenciales cuya divulgación permitiría identificar a las personas que las han facilitado, lo que pondría en peligro, en particular, la vida y la seguridad de las personas.
A este respecto, es preciso declarar que esa alegación se invoca por primera vez en la fase del recurso de casación. Pues bien, según reiterada jurisprudencia, permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo y alegaciones que no haya invocado ante el Tribunal General equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recursos de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal General. En el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada a la apreciación de la solución jurídica que se ha dado a los motivos y a las alegaciones objeto de debate ante los primeros jueces (sentencia Suecia y otros/API y Comisión,
C‑514/07 P, C‑528/07 P y C‑532/07 P
,
EU:C:2010:541
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, la alegación basada en la confidencialidad de las pruebas es inadmisible.
Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunal General concluyó, en el apartado 109 de la sentencia recurrida, sin incurrir en error de Derecho, que el cuarto motivo no puede justificar la adopción de medidas restrictivas contra Bank Saderat Iran.
En lo que atañe al tercer motivo, el Tribunal General consideró, dada la falta de información detallada sobre los créditos documentarios gestionados por Bank Saderat Iran en nombre de la OID y la IEI, que le era imposible comprobar el fundamento de las alegaciones de Bank Saderat Iran. Procede desestimar las alegaciones del Consejo, de la Comisión y del Reino Unido, basadas en los artículos 1, apartado 4, y 15, apartado 1, de la Decisión 2010/413, el artículo 4 del Reglamento n.
o
267/2012 y los puntos 5, 7 y 14 de las resoluciones 1737 (2006), 1747 (2007) y 1929 (2010) del Consejo de Seguridad, para demostrar que la gestión por Bank Saderat Iran de los créditos documentarios a la exportación de la OID y la IEI constituye en sí misma un apoyo a las actividades nucleares de la República Islámica de Irán relacionadas con la proliferación. Habida cuenta de que el Consejo no aportó ninguna prueba ante el Tribunal General para demostrar que esos créditos documentarios se referían a bienes cuya exportación desde Irán estaba prohibida con arreglo a lo dispuesto en los actos y resoluciones antes citados, no demostró que los servicios prestados por Bank Saderat Iran a la OID y a la IEI fueran constitutivos de tal apoyo. Por consiguiente, el Tribunal General concluyó, en el apartado 116 de la sentencia recurrida, sin incurrir en error de Derecho, que procedía estimar el segundo motivo.
De las consideraciones anteriores resulta que debe desestimarse la alegación del Consejo relativa a la apreciación por el Tribunal General del fundamento de los motivos cuarto y tercero.
Sobre las conclusiones que pueden extraerse del examen del recurso de casación principal
Del examen del recurso de casación resulta que el Tribunal General incurrió en su razonamiento en un error de Derecho al concluir, en el apartado 100 de la sentencia recurrida, que, al adoptar la Decisión 2010/413 y el Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010, el Consejo incumplió la obligación de examinar la pertinencia y el fundamento de los elementos de información y de prueba respecto a Bank Saderat Iran que le fueron presentados. No obstante, es preciso comprobar si puede mantenerse el fallo de dicha sentencia sobre la base de los fundamentos de dicha sentencia que no incurren en error de Derecho.
De la sentencia recurrida resulta que el Tribunal General anuló los actos controvertidos sobre la base de varias razones combinadas.
Así pues, si bien el Tribunal General consideró equivocadamente, en el apartado 100 de la sentencia recurrida, que el vicio que afectaba a la Decisión del Consejo justificaba la anulación de la Decisión 2010/413 y del Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010, por lo que se refiere a Bank Saderat Iran, sin embargo, en el apartado 102 de la sentencia recurrida, anuló esos mismos actos por otros vicios sin que el Tribunal de Justicia haya considerado que existe un error de Derecho al respecto. De ello se desprende que el vicio señalado en el apartado 100 de la sentencia recurrida no afecta al fallo de dicha sentencia.
De todo lo anterior resulta que se ha de desestimar el recurso de casación principal.
Sobre la adhesión al recurso de casación
Bank Saderat Iran invoca dos motivos en apoyo de su adhesión al recurso de casación. El primer motivo se basa en la falta de fundamento de los actos controvertidos. El segundo motivo se refiere a los efectos en el tiempo de la sentencia recurrida.
Sobre el primer motivo, relativo a la falta de fundamentación de los actos controvertidos
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo, Bank Saderat Iran sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al basarse, en el apartado 95 de la sentencia recurrida, en la hipótesis errónea según la cual la información de que dispone el Consejo constituye jurídicamente pruebas cuya pertinencia y fundamento podían ser examinadas por el Consejo. Sin embargo, el expediente no contenía ningún elemento de prueba, de modo que habría resultado imposible, por definición, efectuar un examen de los elementos probatorios. Basándose sólo en esta circunstancia, el Tribunal General debería haber anulado tanto los actos iniciales como los actos sucesivos.
El Consejo estima que el primer motivo es infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En lo tocante al primer motivo, procede señalar que, conforme a los artículos 169, apartado 1, y 178, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, todo recurso de casación, ya sea con carácter principal o mediante adhesión, ha de tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General.
En el caso de autos, Bank Saderat Iran obtuvo ante el Tribunal General la anulación de las designaciones controvertidas con arreglo a las pretensiones de su recurso. Su primer motivo de adhesión al recurso de casación persigue únicamente, en realidad, obtener la sustitución de motivos sin que dicha sustitución justifique una anulación, siquiera parcial, de la resolución del Tribunal. Por lo tanto, debe declararse la inadmisibilidad del primero motivo de adhesión al recurso de casación.
Sobre el segundo motivo, relativo a los efectos en el tiempo de la sentencia recurrida
Alegaciones de las partes
Mediante su segundo motivo, Bank Saderat Iran sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en los apartados 121 a 124 de la sentencia recurrida, que el segundo párrafo del artículo 60 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aplicaba a los actos controvertidos que tienen forma de reglamento. A su juicio, no debería considerarse que una designación individual que constituye, como sucede en el presente litigio, una decisión individual en forma de reglamento, forma parte de un reglamento en el sentido del artículo 60, párrafo segundo, del citado Estatuto. Por consiguiente, la anulación de la designación de Bank Saderat Iran en los actos controvertidos debería surtir efectos inmediatos. A este respecto, cita la jurisprudencia relativa a los reglamentos antidumping y el hecho de que las designaciones sean notificadas individualmente a las personas y a las entidades.
El Consejo y la Comisión alegan que el segundo motivo es infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Del artículo 60, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que el recurso de casación no tendrá efecto suspensivo. Sin embargo, el párrafo segundo de dicho artículo establece que, no obstante lo dispuesto en el artículo 280 TFUE, las resoluciones del Tribunal General que anulen un reglamento sólo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo durante el cual puede interponerse un recurso de casación o, si se hubiera interpuesto un recurso de casación durante dicho plazo, a partir de la desestimación del recurso.
Como ha declarado el Tribunal de Justicia, los reglamentos que imponen la congelación de fondos de personas y de entidades designadas se asemejan a la vez a los actos de alcance general, dado que prohíben a una categoría de destinatarios, determinados de forma general y abstracta, poner fondos y recursos económicos a disposición de las personas y entidades cuyos nombres figuran en las listas contenidas en sus anexos, y a un conjunto de decisiones individuales para esas personas y entidades (véanse, en este sentido, las sentencias Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión,
C‑402/05 P y C‑415/05 P
,
EU:C:2008:461
, apartados
a
, y Gbagbo y otros/Consejo,
C‑478/11 P a C‑482/11 P
,
EU:C:2013:258
, apartado
).
Es la naturaleza individual de esos actos la que da, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 275 TFUE, párrafo segundo, y 263 TFUE, párrafo cuarto, acceso de las personas físicas y jurídicas al juez de la Unión (sentencia Gbagbo y otros/Consejo,
C‑478/11 P a C‑482/11 P
,
EU:C:2013:258
, apartado
). Sin embargo, el hecho de que las personas o entidades que son objeto de las medidas restrictivas impuestas por el Reglamento controvertido sean designadas por sus nombres, de modo que éste les afecta directa e individualmente, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, no significa que dicho acto no tenga alcance general, como exige el artículo 288 TFUE, párrafo segundo, y que no pueda ser calificado de reglamento (sentencia Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión,
C‑402/05 P y C‑415/05 P
,
EU:C:2008:461
, apartado
).
En el caso de autos, como declaró el Tribunal General en el apartado 123 de la sentencia recurrida, el Reglamento n.
o
267/2012, incluido su anexo IX, tiene naturaleza de reglamento, por cuanto su artículo 51, párrafo segundo, establece que será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, lo que se corresponde con los efectos de un reglamento en los términos previstos en el artículo 288 TFUE.
En consecuencia, el Tribunal General declaró, en el apartado 124 de la sentencia recurrida, sin incurrir en error de Derecho, que el artículo 60, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es claramente aplicable en el caso de autos.
Por consiguiente, procede desestimar la adhesión al recurso de casación.
Costas
Con arreglo al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
El artículo 138 del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, dispone, en su apartado 1, que la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
En el recurso de casación principal, por haber sido desestimados todos los motivos formulados por el Consejo y haberlo solicitado así Bank Saderat Iran, procede condenar a aquél a cargar, además de con sus propias costas, con las de Bank Saderat Iran en ambos procedimientos.
En la adhesión al recurso de casación, al haber solicitado el Consejo que se condene a Bank Saderat Iran y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas correspondientes a la adhesión al recurso de casación, con las del Consejo.
El artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, igualmente aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este Reglamento, prevé que los Estados miembros y las instituciones que hayan intervenido en el litigio como coadyuvantes soportarán sus propias costas.
El Reino Unido y la Comisión cargarán con sus propias costas en ambos procedimientos.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Desestimar la adhesión al recurso de casación.

3)
El Consejo de la Unión Europea cargará, además de con sus propias costas, con las de Bank Saderat Iran en ambos procedimientos, a excepción de las correspondientes a la adhesión al recurso de casación.

4)
Bank Saderat Iran cargará, además de con sus propias costas correspondientes a la adhesión al recurso de casación, con las del Consejo de la Unión Europea y correspondientes a la adhesión al recurso de casación.

5)
El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas en ambos procedimientos.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.