CELEX: 62016CJ0547
Competencia
Artículo 101 TFUE
Acuerdos entre empresas
Relaciones comerciales entre operadores de estaciones de servicio y compañías petrolíferas
Acuerdo de abastecimiento en exclusiva de carburantes a largo plazo
Decisión mediante la cual la Comisión Europea declara obligatorios los compromisos asumidos por una empresa
Alcance del carácter vinculante para los órganos jurisdiccionales nacionales de una decisión de la Comisión relativa a tales compromisos
Artículo 9, apartado 1, y artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1/2003

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 16 del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 2003, L 1, p. 1
), y del artículo 101 TFUE, apartado 3.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Gasorba, S.L., la Sra. Josefa Rico Gil y el Sr. Antonio Ferrándiz González (en lo sucesivo, conjuntamente, «Gasorba y otros»), por una parte, y Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. (en lo sucesivo, «Repsol»), por otra parte, en relación con la validez, a la luz del artículo 101 TFUE, de un contrato de arrendamiento de una estación de servicio que lleva aparejada una obligación de abastecimiento en exclusiva.
Marco jurídico
Los considerandos 13 y 22 del Reglamento n.
o
1/2003 tienen el siguiente tenor:
«(13)
Cuando en el curso de un procedimiento que pueda conducir a la prohibición de un acuerdo o práctica, las empresas propongan a la Comisión compromisos que superen las inquietudes de ésta, conviene que la Comisión pueda, mediante decisión, convertir tales compromisos en obligatorios para las empresas afectadas. Las decisiones relativas a esos compromisos constatarán que ya no hay motivos para que la Comisión intervenga, sin pronunciarse sobre si se ha producido o no la infracción o si ésta aún existe. Las decisiones relativas a los compromisos se entenderán sin perjuicio de los poderes de las autoridades de competencia y de los órganos jurisdiccionales [...] de los Estados miembros para dilucidar tal extremo y adoptar una decisión sobre el caso. No procederá la adopción de decisiones relativas a los compromisos cuando la Comisión se disponga a imponer una multa.
[...]
(22)
En un sistema de competencias paralelas deben evitarse decisiones contradictorias con el fin de garantizar así el respeto de los principios de seguridad jurídica y aplicación uniforme de las normas de competencia comunitarias. Por tanto, es preciso aclarar los efectos de las decisiones de la Comisión y de los procedimientos en los tribunales y [...] las autoridades de competencia de los Estados miembros con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Las decisiones de la Comisión que impongan compromisos no afectan a la facultad de los órganos jurisdiccionales y las autoridades de la competencia de los Estados miembros para aplicar los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE].»
Según el artículo 6 del referido Reglamento, relativo a la «competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales»:
«Los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para aplicar los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE].»
El artículo 9 de dicho Reglamento, dedicado a los «compromisos», dispone, en su apartado 1, lo siguiente:
«Cuando la Comisión se disponga a adoptar una decisión que ordene la cesación de la infracción y las empresas interesadas propongan compromisos que respondan a las inquietudes que les haya manifestado la Comisión en su análisis preliminar, ésta podrá, mediante decisión, convertir dichos compromisos en obligatorios para las empresas. La decisión podrá ser adoptada por un período de tiempo determinado y en ella constará que ya no hay motivos para la intervención de la Comisión.»
El artículo 15 del Reglamento n.
o
1/2003, que se refiere a la «cooperación con los órganos jurisdiccionales nacionales», establece lo siguiente en su apartado 1:
«En el marco de los procedimientos de aplicación de los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE], los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros podrán solicitar a la Comisión que ésta les remita la información que obre en su poder o les transmita sus dictámenes sobre cuestiones relativas a la aplicación de las normas de competencia comunitarias.»
El artículo 16 del Reglamento n.
o
1/2003, titulado «aplicación uniforme de la normativa comunitaria de competencia», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos [101 TFUE] [o] [102 TFUE] [que] ya [hayan] sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. Deberán evitar asimismo adoptar decisiones susceptibles de entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión en procedimientos que ya haya incoado. A tal fin, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si procede suspender su procedimiento. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones que establece el artículo [267 TFUE].»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El 15 de febrero de 1993, la Sra. Rico Gil y el Sr. Ferrándiz González celebraron dos contratos con Repsol.
Mediante el primero de dichos contratos, denominado «escritura de constitución de usufructo», la Sra. Rico Gil y el Sr. Ferrándiz González constituyeron un derecho real de usufructo en favor de Repsol, por un período de veinticinco años, sobre una finca situada en Orba (Alicante) y sobre una estación de servicio construida dentro de ella, así como sobre la concesión administrativa que permitía la explotación de la estación de servicio mencionada.
Mediante el segundo de dichos contratos, denominado «contrato para la cesión de la explotación de estaciones de servicio, arrendamiento de industria y exclusiva de abastecimiento» (en lo sucesivo, «contrato de arrendamiento»), Repsol arrendó al Sr. Ferrándiz González tanto la finca como la estación de servicio, por un período de veinticinco años, a cambio de una renta mensual de 10000 pesetas (unos 60 euros).
El 12 de noviembre de 1994, la Sra. Rico Gil, el Sr. Ferrándiz González y sus dos hijos constituyeron la sociedad Gasorba, que se subrogó en los derechos de la Sra. Rico Gil y del Sr. Ferrándiz González derivados de los contratos celebrados con Repsol, con el consentimiento de ésta.
En el contrato de arrendamiento se imponía a los arrendatarios la obligación de abastecimiento en exclusiva con Repsol, durante todo el tiempo del arriendo. Repsol comunicaba periódicamente los precios máximos de venta al público del carburante y permitía que los arrendatarios realizaran descuentos con cargo a su comisión, sin disminuir los ingresos del suministrador.
La Comisión abrió un procedimiento de conformidad con el artículo 101 TFUE contra Repsol. Tras un análisis preliminar, consideró que los contratos de distribución exclusiva de larga duración, incluidos los contratos que vinculan a las partes del litigio principal, suscitaban dudas acerca de su compatibilidad con el artículo 101 TFUE, en la medida en que podían provocar un significativo «efecto de exclusión» en el mercado español de la venta al por menor de carburantes.
En respuesta al análisis preliminar de la Comisión, Repsol propuso a ésta una serie de compromisos, consistentes, en particular, en no suscribir en el futuro acuerdos de exclusividad de larga duración, en ofrecer a los arrendatarios de estaciones de servicio afectados incentivos económicos para poner fin anticipadamente a los contratos de suministro de larga duración existentes con Repsol, y en no comprar, durante un determinado período de tiempo, estaciones de servicio independientes y no abastecidas por ella.
Estos compromisos fueron declarados vinculantes mediante la Decisión 2006/446/CE de la Comisión, de 12 de abril de 2006, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo [101 TFUE] (Asunto COMP/B‑1/38.348 — Repsol C.P.P.) (
DO 2006, L 176, p. 104
) (en lo sucesivo, «decisión de compromisos»).
La parte dispositiva de la referida Decisión está redactada en estos términos:
«Artículo 1
Los compromisos [...] serán vinculantes para [Repsol].
Artículo 2
Queda concluido el procedimiento en el presente asunto.
Artículo 3
La presente Decisión será aplicable desde la fecha de su notificación a [Repsol] hasta el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 4
El destinatario de la presente Decisión será [Repsol].»
Tras la adopción de dicha Decisión, Gasorba y otros presentaron demanda contra Repsol ante el Juzgado de lo Mercantil n.
o
4 de Madrid el 17 de abril de 2008, al objeto de que, por una parte, se declarase la nulidad del contrato de arrendamiento debido a que no era conforme con el artículo 101 TFUE y de que, por otra, se les indemnizasen los daños y perjuicios derivados de la aplicación del referido contrato.
Sin embargo, sus pretensiones fueron desestimadas, primero, mediante sentencia de 8 de julio de 2011 dictada por el referido órgano jurisdiccional y, posteriormente, en apelación, mediante sentencia confirmatoria de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de enero de 2014.
Al considerar que la decisión de compromisos no impide a un juez nacional anular un contrato objeto de esa misma Decisión por infracción del artículo 101 TFUE, Gasorba y otros interpusieron recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo estima que existen dudas acerca del alcance de la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales a la luz de los artículos 9 y 16 del Reglamento n.
o
1/2003. A este respecto indica que la Comisión parece haber minimizado el efecto de la decisión de compromisos al señalar, en el dictamen de 8 de julio de 2009, recabado, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento n.
o
1/2003, por el Juzgado de lo Mercantil n.
o
2 de Barcelona en el marco del asunto que dio lugar al auto de 27 de marzo de 2014, Bright Service (
C‑142/13
, no publicado,
EU:C:2014:204
), que esta Decisión no prejuzga el análisis que podría haber llevado a cabo la Comisión sobre la base de investigaciones ulteriores y hechos adicionales. La referida Decisión tampoco prejuzga el análisis que debe llevar a cabo el órgano jurisdiccional nacional. Según la Comisión, las decisiones basadas en el artículo 9 del Reglamento n.
o
1/2003 solamente tienen por objetivo que los compromisos ofrecidos por las partes para solucionar problemas de competencia resulten obligatorios para las empresas, sin pronunciarse en cuanto a si ha existido o sigue existiendo una infracción de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE.
En estas circunstancias, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Conforme al artículo 16 [...] del Reglamento [n.
o
1/2003], la [decisión de compromisos] impide que los acuerdos comprendidos en la misma puedan ser declarados nulos por un tribunal nacional en atención a la duración del plazo de exclusiva de abastecimiento, aunque sí pueden ser declarados nulos por otras causas, como por ejemplo la imposición de un precio mínimo de venta al público por el proveedor al comprador (o revendedor)?
2)
En tal caso, ¿puede entenderse que los contratos de larga duración afectos por la decisión de compromisos gozan de una exención individual, ex art. 101.3 TFUE, en atención a la Decisión?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un órgano jurisdiccional nacional declare la nulidad de un acuerdo entre empresas en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 2, si la Comisión ha aceptado previamente una serie de compromisos relativos a ese mismo acuerdo y los ha declarado obligatorios mediante una decisión adoptada con arreglo al artículo 9, apartado 1, del referido Reglamento.
Conforme al artículo 6 del Reglamento n.
o
1/2003, en relación con el considerando 22 de ese mismo Reglamento, la aplicación del Derecho de la Unión en materia de competencia se basa en un sistema de competencias paralelas en el marco del cual tanto la Comisión como las autoridades nacionales de competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales pueden aplicar los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.
Garantiza la uniformidad de la aplicación del Derecho de la Unión en materia de competencia, en particular, el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003, que obliga a los órganos jurisdiccionales nacionales a no dictar resoluciones incompatibles con una decisión adoptada por la Comisión en un procedimiento incoado con arreglo al Reglamento n.
o
1/2003.
Pues bien, del tenor del artículo 9, apartado 1, del Reglamento citado se desprende que uno de los efectos de una decisión adoptada en virtud de dicho artículo es convertir en obligatorios los compromisos propuestos por las empresas que respondan a las inquietudes en materia de competencia que les haya manifestado la Comisión en su análisis preliminar. Es preciso hacer constar que una decisión de ese tipo no certifica la conformidad de la práctica objeto de tales inquietudes con el artículo 101 TFUE.
En efecto, en la medida en que, a tenor del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003, en relación con el considerando 13 de ese mismo Reglamento, la Comisión puede realizar un simple «análisis preliminar» de la situación de competencia, sin que la decisión relativa a los compromisos adoptada en virtud de dicho artículo se pronuncie sobre si se ha producido o no la infracción o si ésta aún existe, no cabe excluir que un órgano jurisdiccional nacional llegue a la conclusión de que la práctica objeto de la decisión de compromisos es contraria al artículo 101 TFUE y que, por ello, tenga la intención de declarar, a diferencia de la Comisión, que se ha infringido dicho artículo.
Por otra parte, los considerandos 13 y 22 del Reglamento n.
o
1/2003, leídos conjuntamente, precisan de forma explícita que las decisiones relativas a los compromisos se entienden sin perjuicio de los poderes de las autoridades de competencia y de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros para adoptar una decisión sobre el caso, y no afectan a la facultad de los órganos jurisdiccionales y las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.
Por consiguiente, una decisión adoptada en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 no puede generar en las empresas afectadas la confianza legítima en que su conducta es conforme con el artículo 101 TFUE. Efectivamente, como ha señalado la Abogado General en el punto 39 de sus conclusiones, la decisión de compromisos no puede «legalizar» el comportamiento en el mercado de la empresa de que se trate, y mucho menos con efectos retroactivos.
No obstante, los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden ignorar este tipo de decisiones porque, en cualquier caso, tales actos tienen carácter decisorio. Además, tanto el principio de cooperación leal, consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, como el objetivo de la aplicación eficaz y uniforme del Derecho de la Unión en materia de competencia obligan al juez nacional a tener en cuenta el análisis preliminar de la Comisión y a considerarlo un indicio —o, incluso, un principio de prueba— del carácter contrario a la competencia del acuerdo en cuestión a la luz del artículo 101 TFUE, apartado 1.
En estas circunstancias, debe responderse a la primera cuestión prejudicial que el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 debe interpretarse en el sentido de que una decisión de compromisos relativa a determinados acuerdos entre empresas y adoptada por la Comisión en virtud del artículo 9, apartado 1, del referido Reglamento no se opone a que los órganos jurisdiccionales nacionales examinen la conformidad de dichos acuerdos con las normas en materia de competencia y declaren, en su caso, la nulidad de tales acuerdos con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 2.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
En vista de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE], debe interpretarse en el sentido de que una decisión de compromisos relativa a determinados acuerdos entre empresas y adoptada por la Comisión Europea en virtud del artículo 9, apartado 1, del referido Reglamento no se opone a que los órganos jurisdiccionales nacionales examinen la conformidad de dichos acuerdos con las normas en materia de competencia y declaren, en su caso, la nulidad de tales acuerdos con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 2.

Bay Larsen
Malenovský
Safjan
Šváby
Vilaras
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de noviembre de 2017.
El Secretario
A. Calot Escobar
El Presidente de la Sala Tercera
L. Bay Larsen
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.