CELEX: 62016TJ0701
Recurso de casación
Función pública
Agentes temporales
Contratación
Reconocimiento médico
Declaraciones incompletas en el reconocimiento médico
Aplicación retroactiva de la reserva médica
Denegación de la asignación por invalidez
Ejecución de una sentencia del Tribunal de la Función Pública que anuló la decisión inicial

Mediante su recurso de casación interpuesto en virtud del artículo 9 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 21 de julio de 2016, AV/Comisión (
F‑91/15
, en lo sucesivo, sentencia recurrida,
EU:F:2016:170
), por la que este último anuló la decisión de la Comisión de 16 de septiembre de 2014 de acompañar la contratación de AV de la reserva médica prevista por el artículo 32 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA»).
Hechos que originaron el litigio
Los hechos que dieron origen al litigio se exponen de este modo en los apartados 3 a 30 de la sentencia recurrida:
«3
El 18 de marzo de 2005, [AV] pasó el reconocimiento médico previo a su contratación por la Comisión como agente temporal por medio de un contrato de duración determinada para el período comprendido entre el 16 de abril de 2005 y el 15 de abril de 2009. Durante ese reconocimiento, [AV] firmó un formulario en el que se indicaba que no presentaba ningún factor de riesgo personal, aparte de una forma de dislipidemia, que no tenía antecedentes patológicos y que no seguía ninguna terapia farmacológica.
El médico-asesor que realizó el reconocimiento médico previo a la contratación, el doctor A, emitió un dictamen de aptitud física [de AV] para el ejercicio de las funciones para las cuales debía ser contratado.
El 16 de abril de 2005, [AV] comenzó a prestar sus servicios para la Comisión y fue adscrito al Centro Común de Investigación (CCI) de Ispra (Italia).
El 26 de junio de 2005, el médico-asesor del servicio médico de Ispra diagnosticó una enfermedad psiquiátrica al Sr. [AV]. El 21 de julio siguiente, el interesado informó al jefe del servicio médico de Ispra de que seguía un tratamiento desde hacía unos quince años en relación con esa enfermedad. Además, del informe elaborado por el jefe del servicio médico de Ispra se desprende que, durante una entrevista con [AV] que tuvo lugar el 5 de diciembre de 2005, este último afirmó, en respuesta a una pregunta, que no había mencionado la enfermedad que padecía durante el reconocimiento médico previo a la contratación.
[AV] fue objeto de numerosas bajas por enfermedad que llevaron a la Comisión a decidir, el 12 de septiembre de 2008, declararlo en licencia no retribuida con arreglo al artículo 16 del ROA.
El 17 de noviembre de 2008, el médico-asesor [de AV] solicitó la intervención de la Comisión de Invalidez.
Mediante escrito de 16 de febrero de 2009, la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo informó a [AV] de que, mediante decisión de 4 de febrero de 2009, había decidido someter su caso a la Comisión de Invalidez.
El 9 de mayo de 2009, la Comisión de Invalidez concluyó por unanimidad [que AV], debido a su enfermedad psiquiátrica, sufría una invalidez permanente considerada total que le impedía desempeñar una actividad correspondiente a sus funciones.
El 24 de julio de 2009, el jefe del servicio médico de Ispra notificó al médico-asesor [de AV] las conclusiones de la Comisión de Invalidez, la decisión de la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo, de 9 de julio de 2009, de aplicar [a AV] la reserva médica con efectos retroactivos al día de su entrada en funciones y la decisión de la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo, de 13 de julio de 2009, de cesar [a AV] debido a su invalidez permanente y de denegarle la asignación por invalidez.
[AV] presentó una reclamación contra las decisiones de 9 de julio de 2009 y de 13 de julio de 2009. A raíz de esta reclamación, la autoridad facultada para celebrar los contratos revocó, el 5 de febrero de 2010, dichas decisiones.
Mediante escrito de 5 de febrero de 2010, la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo instó [a AV] a exponer su punto de vista en relación con el hecho de que no había declarado, en el reconocimiento médico previo a la contratación, “una enfermedad que, sin embargo, [padecía] desde hacía muchos años y para la que [estaba siguiendo] un tratamiento en el mismo momento [en el que había firmado el formulario durante el reconocimiento previo a la contratación]”.
[AV] expuso su posición en un escrito de 15 de febrero de 2010, que matizó en un escrito de su médico-asesor de 16 de febrero siguiente. [AV] afirmaba, entre otras cosas, que su estado de salud era “óptimo” en el momento del reconocimiento médico previo a la contratación, que había trabajado “muchos años en empresas privadas en puestos de responsabilidad” y que, en el momento de la contratación, la enfermedad que padecía “no era más que un recuerdo”.
Mediante nota interna de 3 de marzo de 2010, el jefe del servicio médico de Ispra, doctor B, indicó al director general de la Dirección General (DG) “Recursos Humanos y Seguridad” que, si [AV] hubiera mencionado, durante el reconocimiento médico previo a la contratación, la patología que sufría, los médicos habrían emitido un dictamen de “no apto” para el puesto de obrero cualificado o de “apto con reserva” para un puesto puramente administrativo (en lo sucesivo, “nota de 3 de marzo de 2010”).
El 12 de abril de 2010, la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo decidió aplicar [a AV] la reserva médica prevista por el artículo 32, primer párrafo, del ROA con efectos retroactivos a la fecha de su contratación, considerando básicamente que, si [AV] hubiera informado de la enfermedad prexistente durante el reconocimiento médico previo a la contratación, “hubiera sido objeto de la reserva médica” (en lo sucesivo, “decisión de 12 de abril de 2010”).
El 16 de abril de 2010, la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo decidió, por una parte, “suspender [a AV] del servicio a partir del 30 de abril de 2010” debido a la invalidez de este, calificada como total, y, por otra, denegarle la asignación por invalidez, ya que la invalidez que sufría era “la misma que [había] sido objeto de la reserva médica” (en lo sucesivo, “decisión de 16 de abril de 2010”).
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 31 de marzo de 2011, y registrada con la referencia F‑4/11, [AV] solicitó la anulación de las decisiones de los días 12 de abril de 2010 y 16 de abril de 2010.
Mediante sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
; en lo sucesivo, “sentencia de 10 de julio de 2012”), el Tribunal anuló la decisión de 12 de abril de 2010, así como la decisión de 16 de abril de 2010 en tanto en cuanto esta última denegó a [AV] la asignación por invalidez.
En particular, el Tribunal declaró que, “en el caso concreto de que, después del reconocimiento médico previo a la contratación, resulte que un agente no ha respondido de forma sincera y completa a las preguntas planteadas acerca de su estado de salud por el médico-asesor durante dicho reconocimiento, la autoridad facultada para celebrar los contratos estará legitimada para revocar su decisión inicial de no aplicar la reserva médica y para adoptar una nueva decisión en la que aplique dicha reserva de manera retroactiva”. El Tribunal añadió que “no obstante, la autoridad facultada para celebrar los contratos sigue estando sujeta previamente a la observancia del procedimiento establecido en el artículo 32 del ROA, esto es, por una parte, procede la consulta al médico-asesor, con objeto de que este expida un informe sobre la cuestión de si la enfermedad o dolencia justificaba acompañar la contratación del interesado de una reserva médica; por otra parte, debe notificar al agente la decisión adoptada de acuerdo con ese informe con objeto de que el agente pueda, en su caso, interponer un recurso ante la Comisión de Invalidez”. En efecto, siempre según el Tribunal, “tal cuestión, que implica determinar si esta enfermedad o dolencia puede desembocar en la invalidez o el fallecimiento del agente dentro de un plazo de cinco años contados desde la fecha de su incorporación al servicio de la institución, es de naturaleza médica e incumbe estrictamente al médico-asesor y, en caso de recurso, a la Comisión de Invalidez” (sentencia de 10 de julio de 2012, apartado 34).
Asimismo, el Tribunal declaró que la Comisión podía afirmar fundadamente [que AV] no había respondido de forma sincera y completa a las preguntas planteadas acerca de su estado de salud por el médico-asesor durante el reconocimiento médico previo a la contratación (sentencia de 10 de julio de 2012, apartado 36), pero que ni al médico-asesor ni a la Comisión de Invalidez se les había consultado sobre la cuestión precisa de si, en caso de haber declarado la enfermedad durante el reconocimiento médico previo a la contratación, el servicio médico habría estimado que dicha enfermedad figuraba entre aquellas que, por sus consecuencias, exigía una reserva médica (sentencia de 10 de julio de 2012, apartados 37 a 40). Por lo que respecta, en particular, a la nota de 3 de marzo de 2010, el Tribunal constató que la Comisión había afirmado expresamente que la autoridad facultada para celebrar los contratos no se había basado en esa nota para adoptar la decisión de 12 de abril de 2010 (sentencia de 10 de julio de 2012, apartado 39).
Mediante escrito de 20 de julio de 2012, la Comisión indicó [a AV] que estimaba que “la medida de ejecución correcta de la sentencia [de 10 de julio de 2012] consiste en convocar de nuevo a la Comisión de Invalidez, a fin de que esta pueda responder a la cuestión planteada en los apartados 37 [a] 40 de los fundamentos de Derecho, que [era] si, de haber sido declarada en el reconocimiento médico previo a la contratación, [la] enfermedad [de AV] habría justificado la aplicación de una reserva médica”. Mediante el mismo escrito, la Comisión instaba [a AV] a designar un médico para representarle dentro de la Comisión de Invalidez.
El 7 de febrero de 2013, [AV] designó un médico para representarle en la Comisión de Invalidez. Al haber designado la Comisión un médico en el mes de marzo de 2013, la Comisión de Invalidez se reunió el 30 de abril de 2013.
Mediante escrito de 16 de diciembre de 2013, [AV] solicitó al médico que representaba a la Comisión en la Comisión de Invalidez que le transmitiese las conclusiones de la referida comisión y, en su caso, la decisión adoptada por la autoridad facultada para celebrar los contratos.
Mediante escrito de 10 de abril de 2014, la Comisión transmitió [a AV] las conclusiones de la Comisión de Invalidez, según las cuales, si [AV] hubiera declarado su enfermedad en el reconocimiento médico previo a la contratación, “el médico-asesor [...] habría solicitado a la [autoridad facultada para celebrar los contratos] la aplicación de una [...] reserva médica [de conformidad] con el artículo 32 del ROA”.
Mediante escrito de 10 de abril de 2014, [AV] solicitó a la Comisión que le indicase las razones del retraso de la notificación de las conclusiones de la Comisión de Invalidez y que precisase si la autoridad facultada para celebrar los contratos había adoptado una decisión a raíz de dichas conclusiones.
El 16 de septiembre de 2014, la Comisión decidió aplicar [a AV] la reserva médica prevista por el artículo 32 del ROA, para un período de cinco años a contar desde la fecha de su incorporación al servicio como agente temporal, a saber, el 16 de abril de 2005, y denegarle la asignación por invalidez, dado que la invalidez que sufría era la misma que era objeto de la reserva médica (en lo sucesivo, “decisión impugnada”).
El 22 de diciembre de 2014, [AV] presentó una reclamación al amparo del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, contra la decisión controvertida. Además, [AV] solicitó, “basándose en las conclusiones de la Comisión de Invalidez de 30 de abril de 2013”, que se le suspendiera del servicio y se le concediese una asignación por invalidez. Por último, solicitó una indemnización de 50000 euros por la infracción del artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Mediante decisión de 21 de abril de 2015, la Comisión desestimó dicha reclamación [de AV].
El 22 de junio de 2015, [AV] solicitó que se le concediera la asistencia jurídica gratuita, sobre la base del artículo 110 del Reglamento de Procedimiento, con el fin de interponer un recurso contra la decisión controvertida. Se concedió la asistencia jurídica gratuita [a AV] mediante un auto del Presidente del Tribunal de la Función Pública de 9 de septiembre de 2015.»
El marco jurídico pertinente figura en el apartado 2 de la sentencia recurrida.
Procedimiento en primera instancia y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 19 de octubre de 2015, AV interpuso un recurso, registrado con el número F‑91/15, por el que solicitó, por una parte, la anulación de la decisión de la Comisión de 16 de septiembre de 2014 de aplicarle la reserva médica prevista en el artículo 32 del ROA y de denegarle la asignación por invalidez (en lo sucesivo, «decisión de 16 de septiembre de 2014») y, por otra, que se condenase a la Comisión a pagarle una indemnización de 50000 euros en concepto de daño moral.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública anuló la decisión de 16 de septiembre de 2014 y condenó a la Comisión a abonar a AV la cantidad de 2000 euros como reparación del daño moral sufrido por este y a cargar, además de con sus propias costas, con las de AV.
En primer lugar, el Tribunal de la Función Pública recordó que «la obligación de observar un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos administrativos [era] un principio general de Derecho de la Unión cuyo respeto garantiza[ba] el juez de la Unión» y que este derecho estaba recogido por el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como un «componente del derecho a una buena administración» (sentencia recurrida, apartado 44).
No obstante, el Tribunal de la Función Pública indicó que, por regla general, «la vulneración del principio de la observancia del plazo razonable no justificaba [...] la anulación de una decisión adoptada al término de un procedimiento administrativo» y que «la inobservancia del principio del plazo razonable solo afecta[ba] a la validez del procedimiento administrativo cuando el excesivo tiempo transcurrido [podía] afectar al contenido mismo de la decisión adoptada» (sentencia recurrida, apartado 45).
El Tribunal de la Función Pública estimó que, contrariamente a lo que afirmaba la Comisión, «la fecha que debía tomarse en consideración para determinar si el procedimiento se había llevado a cabo en un plazo razonable» no era el 17 de noviembre de 2008 (fecha en la que AV había presentado su solicitud para que se iniciase el procedimiento de declaración de invalidez), sino «el 5 de diciembre de 2005, a saber, la fecha en la que [AV] había reconocido, de manera clara e inequívoca, que no había informado de su enfermedad psiquiátrica en el reconocimiento médico previo a la contratación» (sentencia recurrida, apartado 47).
Tras recordar que «las partes no discut[ían] que, al menos a partir de esta última fecha, la [autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo] había [tenido] conocimiento [...] de que el referido reconocimiento se basaba en información incompleta», el Tribunal de la Función Pública consideró que, «como consecuencia de esa irregularidad importante así reflejada, [la citada autoridad] podía claramente extraer las consecuencias jurídicas respecto a la validez del contrato [de AV] y a la eventual aplicación de la reserva médica». No obstante, señaló que «la primera toma de posición de [dicha autoridad] sobre la pertinencia de aplicar [a AV] la reserva médica con efectos retroactivos al día de su entrada en servicio no [había] tenido lugar hasta el 9 de julio de 2009, a saber, más de tres años y siete meses después de que se hubiera informado a [la autoridad en cuestión] de [que el propio AV] había reconocido que no había mencionado, en el reconocimiento médico previo a la contratación, la enfermedad que padecía» (sentencia recurrida, apartados 47 y 48).
Por ello, el Tribunal de la Función Pública declaró que «tal plazo, que la Comisión no [había] podido explicar, no [podía] considerarse razonable y, por tanto, violaba el derecho a una buena administración» (sentencia recurrida, apartado 49).
Asimismo, el Tribunal de la Función Pública recordó que «el artículo 32 del ROA presuponía que la [autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo] adopt[ó] una decisión definitiva sobre la aplicación o no de la reserva médica basándose en la información recabada por el médico-asesor durante el reconocimiento previo a la contratación o, en las circunstancias muy particulares del presente asunto, desde que dispuso de información adicional pertinente que modificó de manera sustancial la recogida en el reconocimiento médico previo a la contratación». Subrayó que, en el caso de autos «la Comisión no h[abía] adoptado su primera decisión de aplicar la reserva médica [a AV] hasta el 9 de julio de 2009, es decir, casi tres meses después de la extinción de su contrato y aproximadamente ocho meses después de su solicitud de intervención de la Comisión de Invalidez» (sentencia recurrida, apartado 50).
El Tribunal de la Función Pública consideró que «ese plazo ya podía haber influido en el contenido de la decisión de 9 de julio de 2009 de aplicar [a AV] la reserva médica retroactivamente puesto que, no solo habían transcurrido tres años y siete meses desde que la [autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo] había tenido conocimiento de la enfermedad [de AV] sino, sobre todo, desde que la Comisión de Invalidez había concluido, el 9 de mayo de 2009, [que AV] estaba afectado por una invalidez permanente total que le impedía ejercer sus funciones». Estimó que «la decisión de aplicar una reserva médica [...] se [había] transformado,
de facto
, en una decisión de excluir con efecto inmediato a [AV] de las garantías previstas en materia de invalidez por una invalidez que ya se había producido» (sentencia recurrida, apartado 51).
Por último, sobre la decisión adoptada el 12 de abril de 2010 por la autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo (en lo sucesivo, «AFCC») de aplicar a AV la reserva médica con efectos retroactivos a la fecha de su incorporación al servicio (en lo sucesivo, «decisión de 12 de abril de 2010»), el Tribunal de la Función Pública indicó que «esta decisión, que era sustancialmente idéntica a la de 9 de julio de 2009, [se había] tomado cuatro años y cuatro meses después de que la AFCC hubiera tenido conocimiento de la enfermedad [de AV] y en circunstancias en que la AFCC iba a suspender a [AV] del servicio cuatro días más tarde debido a su invalidez» (sentencia recurrida, apartado 52).
El Tribunal de la Función Pública subrayó que, si la inobservancia de un plazo razonable que había constatado «impedía a la Comisión aplicar [a AV] la reserva médica», «la decisión [de 16 de septiembre de 2014], que [era sustancialmente] idéntica a las decisiones de 9 de julio de 2009 y de 12 de abril de 2010, [se había] adoptado casi nueve años después de que la Comisión hubiera tenido conocimiento de que el reconocimiento previo a la contratación no se había desarrollado de manera regular» y que «esa decisión adolec[ía] necesariamente de la misma irregularidad» (sentencia recurrida, apartado 53).
El Tribunal de la Función Pública señaló a este respecto que «el hecho de que la decisión de 12 de abril de 2010 hubiese sido anulada por un vicio procedimental no privaba a [AV] de la posibilidad de formular, en el marco de la resolución ejecutoria de la sentencia anulatoria, un motivo de fondo que hubiese sido invocado en el recurso que dio lugar a la sentencia anulatoria». Precisó que «del apartado 29 de la sentencia de 10 de julio de 2012 resultaba [que AV] había invocado, en el marco del referido asunto, un motivo basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica» (sentencia recurrida, apartado 54).
Procedimiento ante el Tribunal General y pretensiones de las partes
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de septiembre de 2016, la Comisión interpuso el presente recurso de casación.
El 24 de febrero de 2017, AV presentó un escrito de contestación a la demanda en el que además se adhirió al recurso de casación.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de marzo de 2017, la Comisión solicitó autorización para presentar una réplica, solicitud que fue estimada por el Presidente de la Sala de Casación mediante resolución de 3 de abril de 2017.
El 12 de mayo de 2017, la Comisión presentó la réplica.
El 12 de julio de 2017, AV presentó una dúplica. Mediante escrito del mismo día, AV desistió de adherirse a la casación. El 4 de agosto de 2017, la Comisión indicó que no presentaría observaciones sobre ese desistimiento.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 5 de septiembre de 2017, AV solicitó ser oído en la fase oral del procedimiento. La Comisión no solicitó ser oída en el plazo establecido por esa misma disposición.
El 21 de noviembre de 2017, la Sala Segunda decidió, a propuesta del Juez Ponente, abrir la fase oral del procedimiento.
La Comisión solicita al Tribunal General que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Devuelva el asunto al Tribunal General, que debe pronunciarse en primera instancia.
–
Reserve la decisión sobre las costas.
AV solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso de casación por manifiestamente infundado.
–
En la adhesión a la casación, condene a la Comisión a pagarle la cantidad de 50000 euros en concepto de daño moral y material.
–
Condene en costas a la Comisión.
El Tribunal tiene por desistido a AV de su adhesión al recurso de casación. No le incumbe, por tanto, pronunciarse sobre la pretensión de AV de que se condene a la Comisión a pagarle la cantidad de 50000 euros en concepto de daño moral y material.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso de casación la Comisión aduce dos motivos. En el marco del primer motivo, sostiene que, al considerar que el retraso excesivo en la toma de la decisión de 16 de septiembre de 2014 podía afectar el contenido de esta, el Tribunal de la Función Pública aplicó erróneamente el principio de observancia de un plazo razonable e incumplió la obligación de motivación. El segundo motivo se basa en la vulneración del principio de fuerza de cosa juzgada de la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
).
El Tribunal estima que procede, en primer lugar, examinar el segundo motivo y, en segundo lugar, analizar el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del principio de la fuerza de cosa juzgada
En el segundo motivo, la Comisión sostiene que el Tribunal de la Función Pública ha violado la fuerza de cosa juzgada de la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
).
En primer lugar, es preciso recordar que, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos (sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler,
C‑224/01
,
EU:C:2003:513
, apartado
), razón por la cual las resoluciones judiciales firmes tienen fuerza de cosa juzgada.
Además, debe destacarse que la fuerza de cosa juzgada afecta a los extremos de hecho y de Derecho que han sido efectiva o necesariamente zanjados por la sentencia de que se trate (véanse, en este sentido, el auto de 17 de diciembre de 2009, Nijs/Tribunal de Cuentas,
T‑567/08 P
,
EU:T:2009:523
, apartado
, y la sentencia de 25 de febrero de 2015, Walton/Comisión,
T‑261/14 P
,
EU:T:2015:110
, apartado
) y que dicha fuerza de cosa juzgada no solo se atribuye al fallo de la resolución judicial, sino que se extiende también a los fundamentos de Derecho de esta en los que necesariamente se basa el fallo, por lo que son indisociables de este (sentencia de 19 de abril de 2012, Artegodan/Comisión,
C‑221/10 P
,
EU:C:2012:216
, apartado
).
Por último, se ha declarado que, aun cuando las imputaciones formuladas en apoyo de un recurso coincidan parcialmente con las invocadas en el marco de un asunto precedente, el segundo recurso no se presenta como la repetición del primero, sino como un nuevo litigio, en la medida en que se basa asimismo en otros motivos de hecho y de Derecho (sentencia de 13 de septiembre de 2011, Michail/Comisión,
F‑100/09
,
EU:F:2011:132
, apartado
; véase también, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 1996, Altmann y otros/Comisión,
T‑177/94 y T‑377/94
,
EU:T:1996:193
, apartado
).
En el presente caso, debe señalarse que la anulación de la decisión de 12 de abril de 2010 y la anulación de la decisión de 16 de septiembre de 2014, respectivamente por la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
), y por la sentencia recurrida, no se basan en los mismos fundamentos de Derecho.
En efecto, en la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
), que tiene fuerza de cosa juzgada, el Tribunal de la Función Pública fundamentó su decisión de anular la decisión de 12 de abril de 2010 en el incumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 32 del ROA. En este contexto subrayó sin ambigüedades que no era necesario examinar la alegación basada en la vulneración del principio de observancia de un plazo razonable.
No obstante, se plantea la cuestión de si, en los fundamentos de Derecho de la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
), en los que se basa necesariamente el fallo, el Tribunal de la Función Pública ya había adoptado una posición sobre la cuestión de la existencia de una vulneración del principio de observancia de un plazo razonable y, en su caso, sobre la incidencia de la referida vulneración sobre la adopción de una nueva decisión conforme al procedimiento del artículo 32 del ROA.
Debe señalarse que de ninguno de los apartados de la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
), resulta que el Tribunal de la Función Pública haya pretendido adoptar una postura, de manera directa o indirecta, sobre la existencia de una vulneración del principio de la observancia de un plazo razonable y,
a fortiori
, sobre las consecuencias de dicha vulneración.
Contrariamente a lo que sostiene en esencia la Comisión, el hecho de que, en la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
), el Tribunal de la Función Pública anulase la decisión de 12 de abril de 2010 basándose en la infracción del artículo 32 del ROA no puede interpretarse como una toma de postura por la que este haya resuelto implícitamente la cuestión de la existencia de una vulneración del principio de observancia de un plazo razonable y, de esa manera, haya autorizado a la AFCC a revocar la decisión de 12 de abril de 2010 y a adoptar una nueva decisión conforme al procedimiento del artículo 32 del ROA, impidiendo de forma definitiva cualquier eventual debate sobre la cuestión de la existencia de una vulneración del principio de observancia de un plazo razonable y,
a fortiori
, sobre las consecuencias de dicha vulneración.
Tal interpretación es tanto menos defendible cuanto que es contraria al apartado 42 de la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
), en el cual, como se ha recordado en el apartado 33 anterior, el Tribunal de la Función Pública indicó expresamente que no consideraba necesario examinar los demás motivos de la demanda.
De ello se deduce que la Comisión se ha basado en la premisa errónea de que el Tribunal de la Función Pública se pronunció sobre el motivo relativo a la vulneración del principio de observancia de un plazo razonable en la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
).
Por añadidura, debe señalarse que, en el presente caso, los fundamentos de Derecho que constituyen la base necesaria del fallo de la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
), solo se referían al artículo 32 del ROA. En consecuencia, aun cuando el Tribunal de la Función Pública hubiera examinado el motivo basado en la vulneración del principio de observancia de un plazo razonable y hubiera concluido la inexistencia de tal vulneración o que dicha vulneración no tenía consecuencias sobre la decisión objeto del recurso, ninguno de los fundamentos de Derecho relativos a ese motivo tendría fuerza de cosa juzgada ya que estos no constituían la base necesaria del fallo de la referida sentencia.
De todo lo anterior resulta que debe desestimarse el segundo motivo.
Sobre el primer motivo, basado en la aplicación errónea del principio de observancia de un plazo razonable y en el incumplimiento de la obligación de motivación
En el primer motivo, la Comisión sostiene que el Tribunal de la Función Pública aplicó erróneamente el principio de observancia de un plazo razonable. En primer término, considera que el Tribunal de la Función Pública no tuvo en cuenta que la anulación de una decisión por vulneración de ese principio solo puede producirse de forma excepcional. Además, consideró erróneamente que el excesivo retraso en la adopción de la decisión de 16 de septiembre de 2014 podía afectar al propio contenido de esta. Por último, la motivación de la sentencia recurrida es insuficiente a este respecto en tanto en cuanto el Tribunal de la Función Pública no indicó los motivos por los que el transcurso de un tiempo excesivo afectó al contenido de la citada decisión.
AV rebate las alegaciones de la Comisión. En primer lugar, considera que la sentencia recurrida está suficientemente motivada en tanto en cuanto el Tribunal de la Función Pública indicó claramente, en sus apartados 44 a 51, los motivos por los que consideraba que en el presente caso se había excedido un plazo razonable, así como los motivos por los que el transcurso de un tiempo excesivo podía incidir en el contenido de la decisión de 16 de septiembre de 2014. Asimismo, sostiene que, habida cuenta del transcurso de un tiempo excesivo, le resultaba imposible aportar precisiones útiles sobre las declaraciones que realizó durante el reconocimiento médico previo a la contratación. Reprocha a la Comisión que no solicitase al médico-asesor que realizó el referido reconocimiento médico previo a la contratación y la visita médica anual de 2006 que precisase cómo se desarrolló el reconocimiento ni indicase las razones por las que este había emitido un dictamen de aptitud sin reserva en 2006, pese a que conocía su enfermedad. Por otro lado, destaca que la Comisión únicamente acompañó su contratación de la reserva médica tras haber constatado que sufría una invalidez permanente considerada total que le impedía desempeñar sus funciones. Asimismo, pone de manifiesto que, en la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública declaró que la Comisión de Invalidez no se había pronunciado sobre la cuestión concreta de si su enfermedad habría justificado la aplicación de una reserva médica. Alega en este contexto que la Comisión vulneró el principio de observancia de un plazo razonable por su inacción durante tres años y siete meses. Por último, añade que la Comisión infringió el artículo 266 TFUE al no adoptar las medidas que implicaba la sentencia de 10 de julio de 2012, AV/Comisión (
F‑4/11
,
EU:F:2012:96
), ya que se abstuvo ilegalmente de encargar a un médico- asesor que examinase si su enfermedad habría justificado la aplicación de la reserva médica.
Previamente, debe destacarse que, en la réplica, la Comisión indicó de manera clara y explícita que «no rebatía la apreciación del [Tribunal de la Función Pública que figura en la sentencia recurrida según la cual] el plazo para adoptar la reserva médica con efectos retroactivos era excesivo» y precisó que «la crítica a la sentencia recurrida [se refería a] las conclusiones que [el referido Tribunal] había sacado de esa apreciación, a saber, la anulación de la decisión controvertida».
Por tanto, es necesario señalar que la Comisión no discute que, al esperar para adoptar la decisión de 9 de julio de 2009 tres años y siete meses desde que fue informada de que el propio recurrente había reconocido no haber mencionado, en el reconocimiento previo a la contratación, la enfermedad que sufría, vulneró el principio de observancia de un plazo razonable. Tampoco discute que, en consecuencia, las decisiones de 12 de abril de 2010 y de 16 de septiembre de 2014 tampoco se adoptaron en un plazo razonable. En cambio, rechaza las conclusiones del Tribunal de la Función Pública que figuran en la sentencia recurrida según las cuales el transcurso de un tiempo excesivo podía afectar el propio contenido de la decisión de 16 de septiembre de 2014.
Según la jurisprudencia, la obligación de observar un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos administrativos es un principio general de Derecho de la Unión Europea cuyo respeto garantiza el juez de la Unión y que se recoge, además, como un componente del derecho a una buena administración por el artículo 41, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales (sentencias de 11 de abril de 2006, Angeletti/Comisión,
T‑394/03
,
EU:T:2006:111
, apartado
, y de 6 de diciembre de 2012, Füller-Tomlinson/Parlamento,
T‑390/10 P
,
EU:T:2012:652
, apartado
).
No obstante, la vulneración del principio de observancia de un plazo razonable no justifica, por regla general, la anulación de una decisión adoptada a resultas de un procedimiento administrativo. En efecto, la vulneración del principio del plazo razonable afecta a la validez del procedimiento administrativo solo cuando el transcurso excesivo del tiempo puede incidir en el propio contenido de la decisión adoptada en el procedimiento administrativo (sentencias de 6 de diciembre de 2012, Füller-Tomlinson/Parlamento,
T‑390/10 P
,
EU:T:2012:652
, apartado
, y de 12 de mayo de 2016, Guittet/Comisión,
F‑92/15
,
EU:F:2016:118
, apartado
).
Asimismo, procede recordar que, en el caso concreto de que, después del reconocimiento médico previo a la contratación, resulte que un agente no ha respondido de forma sincera y completa a las preguntas planteadas acerca de su estado de salud por el médico-asesor durante dicho reconocimiento, la AFCC está legitimada para revocar su decisión inicial de no aplicar la reserva médica y para adoptar una nueva decisión en la que aplique dicha reserva de manera retroactiva (sentencia de 20 de julio de 2016, HC/Comisión,
F‑132/15
,
EU:F:2016:158
, apartado
).
El primer motivo debe examinarse a la luz de esta jurisprudencia.
Previamente, es necesario examinar la alegación de la Comisión según la cual la sentencia recurrida no está suficientemente motivada, en la medida en que el Tribunal de la Función Pública no indicó las razones por las que estimaba que el transcurso de un tiempo excesivo podía afectar al contenido de la decisión de 16 de septiembre de 2014.
Procede recordar que, con el fin de que el Tribunal General pueda ejercer su control judicial, las sentencias del Tribunal de la Función Pública deben tener una fundamentación suficiente. La motivación puede ser implícita, a condición de que permita que la parte afectada conozca las razones por las que el Tribunal General no estimó sus alegaciones y que el tribunal de casación disponga de datos suficientes para ejercer su control (sentencias de 16 de diciembre de 2010, Lebedef/Comisión,
T‑52/10 P
,
EU:T:2010:543
, apartados
y
, y de 23 de abril de 2015, BX/Comisión,
T‑352/13 P
,
EU:T:2015:225
, apartado
). Por otro lado, la obligación de motivación constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues esta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo (sentencias de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France,
C‑367/95 P
,
EU:C:1998:154
, apartado
, y de 21 de abril de 2004, M/Tribunal de Justicia,
T‑172/01
,
EU:T:2004:108
, apartado
).
En el caso de autos, los apartados 50 a 54 de la sentencia recurrida contienen los motivos por los cuales el Tribunal de la Función Pública consideró que el transcurso de un tiempo excesivo podía incidir en el propio contenido de la decisión adoptada al término del procedimiento administrativo, a saber, la decisión de 16 de septiembre de 2014. En efecto, el Tribunal de la Función Pública expuso que la primera decisión de acompañar la contratación de AV de la reserva médica, a saber, la decisión de 9 de julio de 2009, se había adoptado tres meses después de la extinción de su contrato, aproximadamente ocho meses después de su solicitud de que interviniese la Comisión de Invalidez, más de tres años y siete meses después de que la AFCC tuviera conocimiento de su enfermedad y después de que la Comisión de Invalidez confirmara que sufría una invalidez permanente total producto de dicha enfermedad. El Tribunal de la Función Pública concluyó de ello que la decisión de 9 de julio de 2009 se había transformado,
de facto
, en una decisión de excluir a AV con efecto inmediato de las garantías previstas en materia de invalidez. Por ello estimó, en esencia, que el transcurso de un tiempo excesivo podía influir necesariamente en el contenido de dicha decisión.
Debe considerarse que tal motivación permite al Tribunal General ejercer su control judicial y a la Comisión conocer las razones por las que el Tribunal de la Función Pública no ha estimado sus alegaciones. De ello se deduce que ha de desestimarse la alegación de la Comisión basada en el incumplimiento de la obligación de motivación.
En cuanto al fondo, debe examinarse si el Tribunal de la Función Pública consideró legítimamente que la vulneración del principio de observancia de un plazo razonable podía influir en el contenido de la decisión de 16 de septiembre de 2014.
En primer lugar, procede recordar que, en la decisión de 16 de septiembre de 2014, la AFCC indicó que se había basado en las conclusiones de los médicos miembros de la Comisión de Invalidez, adoptadas el 30 de abril de 2013, según las cuales, «si [AV] hubiera declarado su enfermedad al médico-asesor que le formuló preguntas durante el reconocimiento médico previo a la contratación, su enfermedad habría justificado la aplicación de una reserva médica como prevé el artículo 32 del ROA». De la decisión de la AFCC resulta así que la decisión de acompañar la contratación de AV de la reserva médica se basó únicamente en la enfermedad que debería haber declarado en el reconocimiento médico previo a la contratación, y no en la evolución de esta con posterioridad a dicho reconocimiento.
No obstante, el Tribunal de la Función Pública declaró, en los apartados 50 a 53 de la sentencia recurrida, que el transcurso de un tiempo excesivo entre el momento en que la AFCC tuvo conocimiento de la existencia de la enfermedad de AV y la decisión de 9 de julio de 2009, por la que la contratación de este último se acompañó de la reserva médica, influyó en el contenido de esa decisión (y, en consecuencia, en el contenido de las decisiones de 12 de abril de 2010 y de 16 de septiembre de 2014). En efecto, identificó varias circunstancias que se produjeron durante el transcurso de un tiempo excesivo, a saber, que la decisión de 9 de julio de 2009 se tomó después de la extinción del contrato, con posterioridad a la solicitud de intervención de la Comisión de Invalidez por AV, varios años después de que la AFCC tuviera conocimiento de su enfermedad y después de que la Comisión de Invalidez confirmase que AV sufría una invalidez permanente total. El Tribunal de la Función Pública consideró que, debido a lo acontecido durante ese largo período, la decisión de acompañar la contratación de AV de la reserva médica con efectos retroactivos al día de su entrada en servicio se había transformado,
de facto
, en una decisión de excluirle con efecto inmediato de las garantías previstas en materia de invalidez por una invalidez que ya se había producido.
Debe considerarse que el Tribunal de la Función Pública cometió un error de Derecho al concluir, basándose en las circunstancias descritas en el apartado 55 anterior, que el transcurso de un tiempo excesivo había influido en el contenido de la decisión de 16 de septiembre de 2014.
En efecto, cabe señalar, en el presente caso, que la AFCC ha adoptado dos decisiones distintas, a saber, una decisión adoptada con arreglo al artículo 33 del ROA para declarar la invalidez permanente total de AV y la otra decisión adoptada conforme al artículo 32 del ROA para acompañar la contratación de este de una reserva médica. De este modo, las decisiones se adoptaron basándose en los criterios específicos de cada una de estas disposiciones.
A este respecto, debe señalarse que, si bien, desde un punto de vista cronológico, la decisión de acompañar una contratación de la reserva médica se adopta durante el reconocimiento previo a la contratación y precede así, en principio, a las conclusiones de la Comisión de Invalidez y a la decisión de la AFCC de declarar la invalidez de un agente, la decisión de acompañar la contratación de la reserva médica se adoptó, por las circunstancias particulares del caso de autos, con posterioridad a las conclusiones sobre la declaración de invalidez y tras la finalización del contrato.
Al considerar que la decisión de 16 de septiembre de 2014«se [había] transformado,
de facto
» en una decisión de excluir con efecto inmediato a AV de las garantías previstas en materia de invalidez, el Tribunal de la Función Pública se basó, en el presente caso, en una presunción según la cual, cuando una decisión de acompañar la contratación de la reserva médica por una enfermedad se adopta con posterioridad a las conclusiones sobre la declaración de invalidez por esa misma enfermedad y después de la extinción del contrato, estas circunstancias provocan automáticamente efectos sobre el contenido de dicha decisión. Pues bien, habida cuenta de que la decisión de acompañar la contratación de la reserva médica se basó únicamente en información que el recurrente debería haber declarado en el reconocimiento médico previo a la contratación, el mero hecho de que la decisión de acompañar la contratación con la reserva médica se haya adoptado con posterioridad a la extinción del contrato y después de las conclusiones de la Comisión de Invalidez sobre la declaración de invalidez no permite concluir, por sí mismo, que exista una incidencia del transcurso de un tiempo excesivo en el contenido de dicha decisión.
Por otro lado, como se ha señalado en el apartado 47 anterior, procede recordar que, en el caso concreto de que, después del reconocimiento médico previo a la contratación, resulte que un agente no ha respondido de forma sincera y completa a las preguntas planteadas acerca de su estado de salud por el médico-asesor durante dicho reconocimiento, la AFCC está legitimada para revocar su decisión inicial de no aplicar la reserva médica y para adoptar una nueva decisión en la que aplique dicha reserva de manera retroactiva (sentencia de 20 de julio de 2016, HC/Comisión,
F‑132/15
,
EU:F:2016:158
, apartado
).
La sentencia recurrida no contiene ningún elemento concreto que permita constatar, como exige la jurisprudencia citada en el apartado 46 anterior, que el transcurso de un tiempo excesivo haya podido influir, en el plano jurídico o fáctico, en la decisión de acompañar la contratación de la reserva médica.
En otros términos, las circunstancias en las que se basó el Tribunal de la Función Pública en la sentencia recurrida no permiten considerar que la decisión de 16 de septiembre de 2014 pudiera haber tenido un contenido diferente si se hubiera adoptado antes de las conclusiones de la Comisión de Invalidez o antes de la extinción del contrato.
Así, a falta de todo elemento concreto que demuestre la incidencia real o potencial del transcurso de un tiempo excesivo en la decisión de 16 de septiembre de 2014, la exclusión de AV de las garantías previstas en materia de invalidez no puede considerarse el resultado de una transformación,
de facto
, de la decisión de acompañar la contratación de la reserva médica. Al contrario, la referida exclusión solo puede explicarse en ese momento como la consecuencia de dos decisiones distintas, la primera, la de acompañar la contratación de AV de la reserva médica por la enfermedad existente con carácter previo a su contratación y por la que la Comisión de Invalidez había concluido que, si tal enfermedad se hubiera declarado en el reconocimiento previo a la contratación, habría justificado la aplicación de la reserva médica y la segunda, aquella por la que se declaró la invalidez permanente total de AV por dicha enfermedad.
Habida cuenta de lo anterior, el primer motivo de casación es fundado. Por tanto, procede estimar el recurso de casación y anular la sentencia recurrida.
Sobre las consecuencias de la anulación de la sentencia recurrida
A tenor del artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativo a la transferencia al Tribunal General de la competencia para conocer, en primera instancia, de los litigios entre la Unión Europea y sus agentes (
DO 2016, L 200, p. 137
), cuando el Tribunal General anula una resolución del Tribunal de la Función Pública pero considera que el estado del litigio no permite su resolución definitiva, remitirá el asunto a una Sala distinta de la que se pronunció sobre el recurso de casación.
En el presente caso, el Tribunal de la Función Pública no examinó el primer motivo, basado en la infracción del artículo 32 del ROA, ni el segundo motivo, basado en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la revocación de un acto que crea derechos subjetivos. El Tribunal General considera que no está en condiciones de juzgar el asunto. Por ello, procede remitir el asunto a una Sala distinta del Tribunal General de la que se ha pronunciado sobre el presente recurso de casación.
Costas
Dado que el asunto ha sido remitido a una Sala del Tribunal General distinta de la que se ha pronunciado sobre el presente recurso de casación, procede reservar la decisión sobre las costas correspondientes al presente procedimiento de casación.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)
decide:

1)
Anular la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Segunda) de 21 de julio de 2016, AV/Comisión (
F‑91/15
,
EU:F:2016:170
).

2)
Remitir el asunto a una Sala del Tribunal General distinta de la que se ha pronunciado sobre el presente recurso de casación.

3)
Reservar la decisión sobre las costas.

Jaeger
Prek
Dittrich
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de mayo de 2018.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.