CELEX: 62019CJ0130
Artículo 286 TFUE, apartado 6
Incumplimiento de las obligaciones que dimanan del cargo de un miembro del Tribunal de Cuentas Europeo
Privación del derecho a la pensión
Derecho a la tutela judicial efectiva
Conformidad a Derecho de la investigación llevada a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
Procedimiento interno del Tribunal de Cuentas
Actividad incompatible con las funciones de miembro del Tribunal de Cuentas
Gastos de misión y dietas
Gastos de representación y de recepción
Utilización del coche oficial
Recurso a los servicios de un chófer
Conflicto de intereses
Proporcionalidad de la sanción

Mediante su demanda, el Tribunal de Cuentas Europeo solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Sr. Karel Pinxten dejó de cumplir las obligaciones que dimanaban de su cargo y que, en consecuencia, imponga la sanción prevista en el artículo 286 TFUE, apartado 6.
I.

Marco jurídico
A.

Derecho de la Unión
1.

TFUE
El artículo 285 TFUE dispone:
«La fiscalización, o control de cuentas de la Unión [Europea], será efectuada por el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un nacional de cada Estado miembro. Los miembros del Tribunal ejercerán sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión.»
El artículo 286 TFUE, apartados 1, 3, 4 y 6, está redactado en los siguientes términos:
«1.   Los miembros del Tribunal de Cuentas serán elegidos entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos Estados a las instituciones de control externo o que estén especialmente calificadas para esta función. Deberán ofrecer absolutas garantías de independencia.
[…]
3.   En el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal de Cuentas no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo. Se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones.
4.   Los miembros del Tribunal de Cuentas no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar este, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios.
[…]
6.   Los miembros del Tribunal de Cuentas solo podrán ser relevados de sus funciones o privados de su derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo si el Tribunal de Justicia, a instancia del Tribunal de Cuentas, declarare que dejan de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo.»
El artículo 287 TFUE, apartado 2, establece:
«El Tribunal de Cuentas examinará la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizará una buena gestión financiera. Al hacerlo, informará, en particular, de cualquier caso de irregularidad.
[…]»
2.

Estatuto
El artículo 11, párrafo segundo, del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.
o
723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004 (
DO 2004, L 124, p. 1
; en lo sucesivo, «Estatuto»), prevé:
«El funcionario no podrá aceptar de un gobierno ni de ninguna fuente ajena a la institución a la que pertenece, sin autorización de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, ninguna distinción honorífica, condecoración, merced, donativo o remuneración, sea cual fuere su naturaleza, salvo por razón de servicios prestados antes de su nombramiento o durante el transcurso de la excedencia especial por servicio militar o nacional, y solo por causa de tales servicios.»
El artículo 2, apartado 2, del anexo VII del Estatuto precisa, en su párrafo primero:
«Serán considerados hijos a cargo los legítimos, naturales o adoptivos del funcionario o de su cónyuge cuando sean mantenidos efectivamente por el funcionario.»
El artículo 25 del anexo IX del Estatuto establece:
«Cuando el funcionario se halle incurso en un procedimiento penal por los mismos hechos, su situación no quedará definitivamente resuelta hasta tanto la resolución dictada por el tribunal competente no adquiera carácter firme.»
3.

Reglamento n.
o
2290/77
El artículo 7 del Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.
o
2290/77 del Consejo, de 18 de octubre de 1977, por el que se establece el régimen pecuniario de los miembros del Tribunal de Cuentas (
DO 1977, L 268, p. 1
; EE 01/02, p. 70), en su versión modificada por el Reglamento (CE, Euratom) n.
o
1293/2004 del Consejo, de 30 de abril de 2004 (
DO 2004, L 243, p. 26
) (en lo sucesivo, «Reglamento n.
o
2290/77»), disponía:
«El miembro del Tribunal de Cuentas que, en el ejercicio de sus funciones, se vea obligado a desplazarse fuera de la sede provisional de trabajo de su institución, tendrá derecho:
a)
al reembolso de sus gastos de viaje;
b)
al reembolso de sus gastos de hotel (habitación, servicio e impuestos, con exclusión de cualquier otro gasto);
c)
a una dieta por jornada entera de desplazamiento, igual al 105 % del importe de la dieta por misión prevista en el [Estatuto].»
4.

Directiva 2008/118/CE
El artículo 12 de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (
DO 2009, L 9, p. 12
), dice lo siguiente:
«1.   Los productos objeto de impuestos especiales estarán exentos del pago de dichos impuestos cuando estén destinados a ser usados:
a)
en el marco de las relaciones diplomáticas o consulares;
b)
por organismos internacionales reconocidos como tales por las autoridades públicas del Estado miembro de acogida y a los miembros de dichos organismos, dentro de los límites y en las condiciones que se determinen en los convenios internacionales constitutivos de dichos organismos o en los acuerdos de sede;
[…]
2.   Las exenciones serán aplicables en las condiciones y con los límites que fije el Estado miembro de acogida. Los Estados miembros podrán conceder la exención mediante el procedimiento de devolución de los impuestos especiales.»
5.

Reglamento (UE, Euratom) n.
o
883/2013
El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.
o
883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.
o
1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.
o
1074/1999 del Consejo (
DO 2013, L 248, p. 1
), tiene la siguiente redacción:
«A fin de intensificar la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica […], la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude [OLAF], desempeñará las funciones de investigación conferidas a la Comisión [Europea]
[…]».
El artículo 4, apartados 1 y 2, del Reglamento n.
o
883/2013 establece:
«1.   En los ámbitos a los que se refiere el artículo 1, la [OLAF] efectuará investigaciones administrativas dentro de las instituciones, órganos y organismos […].
Estas investigaciones internas se efectuarán de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Reglamento y en las decisiones adoptadas por cada institución, órgano u organismo.
2.   Siempre que se cumpla lo dispuesto en el apartado 1:
a)
la [OLAF] tendrá acceso, de manera inmediata y sin mediar preaviso, a cualquier información pertinente, incluida la contenida en bases de datos, que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos, así como a los locales de estos. […] La [OLAF] podrá hacer copias y obtener extractos de cualquier documento y del contenido de cualquier soporte de información que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos […];
[…]».
El artículo 5, apartados 1 a 3, de este Reglamento dispone:
«1.   El director general podrá iniciar una investigación cuando haya sospecha suficiente, que puede también basarse en información proporcionada por una tercera parte o por información anónima, de que se ha incurrido en fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión. […]
2.   […]
El director general, de propia iniciativa o a petición de la institución, órgano u organismo en el que deba efectuarse la investigación o de un Estado miembro, adoptará la decisión de iniciar una investigación interna.
3.   Tanto si el director general está considerando la posibilidad de iniciar o no una investigación interna previa petición contemplada en el apartado 2, como si la [OLAF] está llevando a cabo una investigación interna, las instituciones, órganos u organismos afectados no iniciarán una investigación paralela sobre los mismos hechos, a no ser que se acuerde de otro modo con la [OLAF].»
El artículo 7, apartado 2, del mencionado Reglamento dispone:
«El personal de la [OLAF] desempeñará sus tareas previa presentación de una habilitación escrita en la que se indicarán su identidad y la calidad en que intervienen. El director general otorgará dicha habilitación, que deberá indicar el objeto y la finalidad de la investigación, las bases jurídicas para el desarrollo de la investigación y las facultades de investigación que emanan de tales bases.»
El artículo 9, apartado 4, del mismo Reglamento precisa:
«Sin perjuicio del artículo 4, apartado 6, y del artículo 7, apartado 6, en cuanto haya terminado la investigación y antes de redactar conclusiones en las que figure por su nombre una persona interesada, se le dará la posibilidad de presentar observaciones sobre los hechos que la afecten.
[…]»
El artículo 11, apartado 4, del Reglamento n.
o
883/2013 tiene el siguiente tenor literal:
«Los informes y recomendaciones elaborados al término de una investigación interna y cualquier otro documento pertinente conexo se transmitirán a la institución, órgano u organismo interesado. Dicha institución, órgano u organismo adoptará, en relación con las investigaciones internas, las medidas, en particular disciplinarias y judiciales, que procedan en función de sus resultados, e informará de las mismas a la [OLAF] en un plazo límite fijado en las recomendaciones que acompañen al informe y, además, a petición de la [OLAF].»
6.

Normas internas adoptadas por el Tribunal de Cuentas
a)

Reglamento Interno
El artículo 4 del Reglamento Interno del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Reglamento Interno») establece:
«1.   Cuando el Tribunal [de Cuentas] estime, por mayoría de sus miembros, que de la información que le haya sido comunicada se puede deducir que un miembro ha dejado de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo (artículo [286 TFUE], apartado 6 […]), encargará al presidente […] la preparación de un informe preliminar.
2.   El informe preliminar se comunicará, acompañado de los documentos justificativos, a todos los miembros, incluido el miembro afectado, que a su vez comunicará como respuesta sus observaciones escritas en un plazo razonable fijado por el presidente o, si fuese el presidente el miembro afectado, por el miembro que ocupe el siguiente lugar en el orden de prelación.
3.   El miembro afectado también será invitado a presentar oralmente sus explicaciones ante el Tribunal [de Cuentas].
4.   La decisión de presentar el caso ante el Tribunal de Justicia para destituir de su cargo al miembro afectado o privarle del derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio se adoptará, mediante votación secreta, por mayoría de cuatro quintas partes de los miembros del Tribunal [de Cuentas]. El miembro afectado no participará en la votación.»
El artículo 23 del Reglamento Interno tiene la siguiente redacción:
«Se redactará un acta de cada sesión del Tribunal [de Cuentas].»
El artículo 25, apartado 3, del Reglamento Interno dispone:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, y en el artículo 7, apartado 2, cualquier otra decisión será aprobada por la mayoría de los miembros presentes en la sesión del Tribunal [de Cuentas]. No obstante, a propuesta de un miembro, el Tribunal [de Cuentas] podrá decidir, por mayoría de los miembros presentes en la sesión, que un asunto del que conozca se decidirá por mayoría de todos los miembros del Tribunal [de Cuentas].»
b)

Decisión n.
o
1‑2003
El artículo 1 de la Decisión n.
o
1‑2003 del Tribunal de Cuentas, de 16 de enero de 2003, relativa a los gastos de misión de los miembros del Tribunal, aplicable en el momento de los hechos a los que se refiere el presente recurso (en lo sucesivo, «Decisión n.
o
1‑2003»), especificaba:
«Los compromisos jurídicos (es decir, las órdenes de misión) relativos a los gastos de misión deberán solicitarse a la mayor brevedad posible. En lo que respecta a los gastos de misión de los miembros, el ordenante será el presidente del Tribunal [de Cuentas]. […]»
El artículo 3 de esta Decisión rezaba así:
«Durante sus misiones, los miembros pueden desplazarse en vehículo oficial, avión, tren o barco.»
El artículo 5 de la referida Decisión disponía:
«El reembolso de los gastos de misión se solicitará tan pronto como sea posible tras el regreso del Miembro. Serán reembolsables los gastos de hotel (excluyendo las comidas).»
El artículo 6 de la misma Decisión estaba redactado como sigue:
«Las misiones que duren menos de doce horas durante un mismo día darán lugar al pago de la mitad de las dietas correspondientes. En todos los demás casos, las dietas se abonarán en su totalidad.»
c)

Decisión n.
o
7‑2004
El artículo 2 de la Decisión n.
o
7‑2004 del Tribunal de Cuentas, de 22 de abril de 2004, sobre los gastos de representación y recepción de sus miembros, aplicable en el momento de los hechos a los que se refiere el presente recurso (en lo sucesivo, «Decisión n.
o
7‑2004»), establecía:
«Al comienzo de cada ejercicio y tras consultar a sus miembros, se dividirán los créditos en dos partes:
[…]
–
Una segunda parte, denominada B, se reservará para los gastos de representación y de recepción de carácter general en que incurran los miembros en su condición de miembros de una institución. El reembolso de estos gastos se realizará al final de cada trimestre sobre la base de las declaraciones correspondientes, a las que se adjuntarán los recibos u otros justificantes escritos que se consideren equivalentes y que indicarán la fecha de la invitación, el número de invitados y la condición del invitado principal. […]»
El artículo 6 de esta Decisión preveía:
«Respecto de las recepciones celebradas en domicilios, el Tribunal [de Cuentas] reembolsará los gastos en que se haya incurrido hasta el importe justificado mediante los documentos justificativos aportados».
Dicha Decisión iba acompañada de una Nota dirigida a los miembros del Tribunal de Cuentas, de 22 de abril de 2004, que incluía «sugerencias relativas a los gastos de recepción y representación» (en lo sucesivo, «Nota de 22 de abril de 2004»). A tenor de esta nota:
«[…]
Los gastos de representación están esencialmente destinados a promover las relaciones externas del Tribunal [de Cuentas].
Los miembros representarán al Tribunal [de Cuentas], en particular, cuando mantengan relaciones profesionales, en interés del Tribunal [de Cuentas], con personas que ostenten cargos en el seno de la Unión […], de los Estados miembros o de otros países.
[…]
Los gastos relativos a cada evento deberán estar en consonancia con su importancia y la condición de los participantes.
Cuando los miembros representen al Tribunal [de Cuentas], su cónyuge o pareja también podrá participar en el evento. Los invitados también podrán estar acompañados.
Los amigos o los contactos personales deberán ser objeto de invitaciones privadas.
[…]
En el anexo 1 se proporcionan directrices al respecto.
Los gastos deberán declararse de forma clara y sucinta mediante el anexo 2.»
El anexo 1 de dicha Nota precisaba que «por norma general, la representación o las recepciones celebradas fuera del Tribunal [de Cuentas] deberán involucrar a personas que ostenten cargos de primer nivel en el seno de la Unión […], de los Estados miembros o de otros países» y que los costes relativos a los gastos de representación o de recepción en la residencia privada del miembro «no deberán exceder de lo necesario a tal fin, incluidos los arreglos florales».
Asimismo, este anexo establecía que, «cuando la lista de invitados, además de las personas externas a la institución, incluya a agentes del Tribunal [de Cuentas], se deberá mantener un justo equilibrio entre ambas categorías» y que «los amigos personales y los miembros de la familia (exceptuando a los cónyuges o parejas) deberán ser objeto de invitaciones privadas a cargo del miembro».
d)

Decisión n.
o
33‑2004
El artículo 1 de la Decisión n.
o
33‑2004 del Tribunal de Cuentas, de 15 de junio de 2004, sobre la gestión y uso del parque móvil del Tribunal de Cuentas Europeo, aplicable en la época de los hechos a los que se refiere el presente recurso hasta la entrada en vigor de la Decisión n.
o
19‑2009 del Tribunal de Cuentas, de 20 de abril de 2009, sobre la gestión y uso del parque móvil del Tribunal de Cuentas Europeo (en lo sucesivo, «Decisión n.
o
33‑2004»), disponía:
«Los vehículos oficiales están permanentemente a la disposición de los miembros y del secretario general del Tribunal [de Cuentas], para sus desplazamientos en el marco de sus funciones.»
El artículo 4 de esta Decisión tenía el siguiente tenor:
«El Tribunal [de Cuentas] se hará cargo, además del coste del alquiler, de los gastos ocasionados por la utilización del vehículo por parte de los miembros y del secretario general en el ejercicio de sus funciones.
Se considerarán como desplazamientos en el ejercicio de las funciones:
–
los desplazamientos amparados por una orden de misión,
–
los otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones calculados a tanto alzado en 15000 km/año.»
El artículo 5 de dicha Decisión estaba redactado de la siguiente manera:
«Cuando los miembros o el secretario general utilicen el vehículo oficial para desplazamientos distintos de los contemplados en el artículo 4, los gastos correspondiente[s] (peajes, gastos de combustible y eventual coste adicional de alquiler relacionados con el rebasamiento de la franquicia global de 45000 km/año prevista en el contrato marco) correrán a su cargo.»
El artículo 6 de la misma Decisión disponía:
«Los chóferes tendrán derecho al reembolso de los gastos de misión […] cuando trasladen a los miembros o al secretario general en sus desplazamientos en el ejercicio de las funciones.»
La Decisión n.
o
33‑2004 estaba acompañada de un documento titulado «Comentarios relativos a la Decisión n.
o
33‑2004 sobre la gestión y uso del parque móvil del Tribunal de Cuentas» (en lo sucesivo, «Comentarios relativos a la Decisión n.
o
33‑2004»).
A tenor de los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
33‑2004 referidos al artículo 4 de dicha Decisión:
«Se considerarán como “otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones”
–
los trayectos entre el domicilio (
en el lugar de destino
) y el lugar de trabajo,
–
los trayectos entre el lugar de destino o de residencia y el aeropuerto,
–
las obligaciones protocolarias que tengan lugar dentro de un perímetro reducido y que no estén cubiertas por una orden de misión,
–
las causas de fuerza mayor (enfermedad, reconocimientos médicos, imposibilidad de conducir, etc.).»
e)

Código de conducta de 2004
El artículo 4 del código de conducta aplicable a los miembros del Tribunal de Cuentas, adoptado por esta institución el 16 de diciembre de 2004 (en lo sucesivo, «código de conducta de 2004»), disponía:
«1.   Los miembros del Tribunal [de Cuentas] se dedicarán plenamente al cumplimiento de su mandato y no podrán ejercer ninguna función política. Se abstendrán de toda actividad profesional externa y de cualquier otra actividad externa incompatible con su deber de disponibilidad en el ejercicio de sus funciones.
[…]
3.   Los miembros declararán sus actividades externas […]».
f)

Decisión n.
o
19‑2009
El tenor de los artículos 1 y 4 a 6 de la Decisión n.
o
19‑2009 reproducía el de los artículos correspondientes de la Decisión n.
o
33‑2004.
El artículo 7 de la Decisión n.
o
19‑2009 disponía:
«La presente Decisión anula y sustituye a la Decisión n.
o
33‑2004. Entrará en vigor en la misma fecha que el nuevo contrato marco interinstitucional que regula los vehículos alquilados.»
La Decisión n.
o
19‑2009 estaba acompañada de un documento titulado «Comentarios relativos a la Decisión n.
o
19‑2009 sobre la gestión y uso del parque móvil del Tribunal de Cuentas» (en lo sucesivo, «Comentarios relativos a la Decisión n.
o
19‑2009»).
El tenor literal de los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
19‑2009 acerca del artículo 4 de esta Decisión reproducía el del comentario relativo al artículo 4 de la Decisión n.
o
33‑2004 que aparece en los Comentarios relativos a esta última Decisión.
g)

Decisión n.
o
66‑2011
El artículo 1 de la Decisión n.
o
66‑2011 del Tribunal de Cuentas, de 26 de octubre de 2011, por la que se establecen las Directrices de Ética del Tribunal de Cuentas Europeo, dispone:
«Las Directrices de Ética anexas a la presente Decisión serán aplicables al Tribunal de Cuentas […]».
Las Directrices de Ética anexas a dicha Decisión (en lo sucesivo, «Directrices de Ética»), prevén:
«[…]
2.2. Gestionaremos los recursos del Tribunal [de Cuentas] de manera legal y regular y acorde con los principios de la buena gestión. El Tribunal [de Cuentas] debe constituir un modelo de gestión financiera: sus recursos deben administrarse en total conformidad con el Reglamento Financiero y demás normas aplicables, y sus objetivos deben cumplirse según los principios de economía, eficiencia y eficacia.
[…]
3.3. Evitaremos cualquier conflicto de intereses, ya sea real o aparente, que puede producirse, por ejemplo, por la afiliación a organizaciones políticas, la pertenencia a la junta directiva de un partido o a consejos de administración o por intereses económicos en las entidades auditadas. Prestaremos especial atención a estas situaciones y al modo en que pueden percibirse por terceros.
3.4. No mantendremos con la entidad auditada ningún tipo de relación que pueda menoscabar nuestra independencia. Entre los factores que pueden afectar a la independencia, cabe citar las relaciones familiares y personales con el personal empleado en la entidad auditada que puedan influir en los resultados de nuestro trabajo. Antes de iniciar una tarea de auditoría, debemos analizar el posible impacto de este tipo de relaciones e informar a nuestro superior, para lo cual el Tribunal [de Cuentas] ha implantado un procedimiento de confirmación anual.
[…]
3.7. Ejerceremos solo actividades externas en el marco establecido en el Estatuto de los funcionarios, sin olvidar en ningún momento nuestro deber de lealtad con el Tribunal [de Cuentas]. Nos abstendremos de llevar a cabo una actividad que pueda perjudicar la reputación del Tribunal [de Cuentas], arrojar dudas sobre nuestra imparcialidad o interferir en nuestro trabajo.
[…]»
h)

Código de conducta de 2012
El artículo 2, apartados 1, 2 y 4, del código de conducta aplicable a los miembros del Tribunal de Cuentas, adoptado por esta institución el 8 de febrero de 2012 (en lo sucesivo, «código de conducta de 2012»), tenía el siguiente tenor literal:
«1.   Los miembros evitarán cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de intereses. No intervendrán en ningún asunto en el cual tengan algún interés personal, en especial de índole familiar o financiera, que pueda afectar a su imparcialidad. […]
2.   Los miembros del Tribunal [de Cuentas] deberán declarar los intereses financieros y patrimonio que puedan entrar en conflicto con su cometido, ya sean participaciones financieras individualizadas en el capital de una empresa, como acciones, o cualquier otra forma de posible participación, como, por ejemplo, las obligaciones convertibles en acciones o los certificados de inversión. […] En la declaración se hará constar cualquier bien inmobiliario poseído bien directamente, bien indirectamente a través de una sociedad inmobiliaria, salvo las viviendas destinadas al uso exclusivo del propietario o su familia.
[…]
4.   Al asumir sus funciones, los miembros presentarán al presidente del Tribunal [de Cuentas] la declaración prevista en los anteriores apartados con arreglo al impreso que figura en el anexo. […] La declaración deberá ser revisada en caso de que se produzcan modificaciones importantes y se presentará una nueva declaración. […]»
El artículo 4 del código de conducta de 2012 disponía:
«1.   Los miembros del Tribunal [de Cuentas] se dedicarán plenamente al cumplimiento de su mandato y no podrán ejercer ninguna función política.
2.   Los miembros se abstendrán de toda actividad profesional externa y de cualquier otra actividad externa incompatible con el ejercicio de sus funciones.
[…]
6.   En la declaración de intereses prevista en el artículo 2, los miembros harán constar sus actividades externas con excepción de las actividades mencionadas en el apartado 4 del presente artículo.»
i)

Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno
Durante los dos mandatos del Sr. Pinxten como miembro del Tribunal de Cuentas, se definieron las disposiciones de aplicación del Reglamento Interno, sucesivamente, en la Decisión n.
o
92‑2004 del Tribunal de Cuentas, de 8 de diciembre de 2004, en la Decisión n.
o
26‑2010 del Tribunal de Cuentas, de 11 de marzo de 2010, y en la Decisión n.
o
38‑2016 del Tribunal de Cuentas, de 2 de junio de 2016 (en lo sucesivo, «Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno»). Cada una de estas Decisiones fue modificada antes de ser derogada.
Las disposiciones relevantes para el presente procedimiento no se modificaron sustancialmente durante este período.
El artículo 5 de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno decía lo siguiente:
«1.   Los miembros se abstendrán de ejercer cualquier actividad profesional externa o cualquier otra actividad externa que sea incompatible con los principios de independencia y de disponibilidad en el ejercicio de sus funciones definidos en el artículo 286 TFUE, apartados 3 y 4, […].
2.   A tal efecto, cualquier actividad externa efectiva o prevista se apreciará con respecto a cada uno de los criterios generales siguientes:
a)
que no perjudique la imagen del Tribunal [de Cuentas] en lo que respecta a su imparcialidad;
b)
que no suponga un conflicto de intereses;
c)
que no implique una carga excesiva de tiempo empleado;
d)
que no suponga una ganancia monetaria.»
El artículo 6, apartados 1 y 2, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno preveía:
«1.   En un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de su entrada en funciones, cada Miembro declarará al presidente del Tribunal [de Cuentas] sus actividades externas, describiéndolas con la mayor precisión posible en relación con cada uno de los cuatro criterios que figuran en el apartado 2 del artículo 5.
2.   Toda actividad externa nueva distinta de la indicada en el apartado 1
supra
[…] deberá ser objeto de una declaración ante el presidente del Tribunal [de Cuentas] sin demora […]».
El artículo 8, párrafo primero, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno establecía:
«Las reuniones celebradas en el marco del procedimiento previsto en el artículo 4 del Reglamento Interno serán sesiones restringidas en el sentido del artículo 49 de las presentes Disposiciones de aplicación.»
El artículo 39, apartado 1, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno precisaba:
«Como responsable de la Secretaría del Tribunal [de Cuentas], el secretario general redactará en particular los proyectos de actas de las reuniones del Tribunal [de Cuentas] […]. Asistirá al presidente en la preparación de las reuniones del Tribunal [de Cuentas] y en la vigilancia del cumplimiento de los procedimientos y de la correcta ejecución de las decisiones del pleno del Tribunal [de Cuentas].»
El artículo 49, apartado 3, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno disponía:
«Salvo que decida lo contrario en una reunión previa del Tribunal [de Cuentas] o de una Sala, las sesiones restringidas tendrán lugar sin intérpretes ni agentes del Tribunal [de Cuentas]».
El artículo 50, apartado 1, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno decía lo siguiente:
«Los proyectos de actas de las sesiones del Tribunal [de Cuentas] serán elaborados por el secretario general o por cualquier otra persona designada a tal efecto. Serán remitidos a los miembros con la mayor rapidez posible y serán aprobados por el Tribunal [de Cuentas] en una sesión posterior.»
B.

Derecho luxemburgués
El règlement ministériel du 18 mars 2010, portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la directive 2008/118 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière (Reglamento ministerial de 18 de marzo de 2010 por el que se publica la Ley belga de 22 de diciembre de 2009 relativa al Régimen General de los Impuestos Especiales, por la que se transpone la Directiva 2008/118 y se deroga la Directiva 92/12/CEE en la materia; en lo sucesivo, «Reglamento ministerial de 18 de marzo de 2010»), dispone, en su artículo 1:
«La Ley belga de 22 de diciembre de 2009 relativa al Régimen General de los Impuestos Especiales se publicará en el
Mémorial
[Boletín Oficial] a los efectos de su aplicación en el Gran Ducado de Luxemburgo.»
El artículo 13 de la Ley belga de 22 de diciembre de 2009 relativa al Régimen General de los Impuestos Especiales, aplicable en Luxemburgo en virtud del artículo 1 del Reglamento ministerial de 18 de marzo de 2010, tiene la siguiente redacción:
«En el marco del procedimiento inherente a la exención de los impuestos especiales que se les concede, los diplomáticos, funcionarios consulares, fuerzas armadas y organismos a los que se refiere el artículo 20, [puntos 7 a 12], de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises [Ley General de 18 de julio de 1977 sobre las Aduanas y los Impuestos Especiales] están autorizados a recibir, procedentes de otros Estados miembros, productos sujetos a impuestos especiales con suspensión del pago de dichos impuestos especiales […]».
El artículo 20, punto 7, de la Ley General belga de 18 de julio de 1977 sobre las Aduanas y los Impuestos Especiales establece:
«Se concede una franquicia del pago de los impuestos especiales con las condiciones y los límites que se establezcan, incluida la limitación a unas cantidades razonables, que determinará el Gobierno, salvo disposición en contrario de un convenio internacional o un acuerdo de sede:
[…]
7.
o
respecto de cantidades razonables de mercancías que estén destinadas al uso personal —incluido el uso por los miembros de su familia que formen parte de su núcleo familiar— de los agentes diplomáticos y de los funcionarios consulares de carrera, de los miembros del personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas y de los empleados consulares, que estén destinados en el país, siempre y cuando los interesados no sean nacionales o residentes permanentes de Bélgica y no ejerzan en dicho país ninguna actividad profesional o comercial para su beneficio personal».
El artículo 1, letras c) y f), del règlement grand-ducal du 7 février 2013, concernant les franchises et exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée accordées aux missions diplomatiques et aux postes consulaires, ainsi qu’aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux agents de chancellerie (Reglamento de Luxemburgo de 7 de febrero de 2013 relativo a las franquicias y exenciones del impuesto sobre el valor añadido concedidas a las misiones diplomáticas y a los servicios consulares, así como a los agentes diplomáticos, los funcionarios consulares y los agentes de cancillería; en lo sucesivo, «Reglamento de Luxemburgo de 7 de febrero de 2013»), estaba redactado en los siguientes términos:
«A los efectos de la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento se entenderá por:
[…]
c)
agentes diplomáticos: los jefes de las misiones diplomáticas, los ministros consejeros, consejeros de embajada, secretarios y agregados de las misiones diplomáticas, siempre y cuando los interesados no sean nacionales o residentes permanentes del Gran Ducado de Luxemburgo y no ejerzan en dicho país ninguna actividad privada de carácter lucrativo;
[…]
f)
uso personal de los agentes diplomáticos, de los funcionarios consulares y de los agentes de cancillería: la utilización directa, efectiva y exclusiva en el interior del país, para las necesidades propias y privadas de dichos agentes y funcionarios, así como de los miembros de sus familias que forman parte de su núcleo familiar, siempre y cuando estos últimos no sean nacionales o residentes permanentes del Gran Ducado de Luxemburgo y no ejerzan en dicho país ninguna actividad privada de carácter lucrativo».
El artículo 4, apartado 1, de este Reglamento de Luxemburgo precisa:
«Estarán exentas del impuesto sobre el valor añadido las entregas de bienes y las prestaciones de servicios por un importe mínimo, impuestos no incluidos, de 240 euros cada una, incluyendo aquellas cuyo lugar de realización se sitúe en otro Estado miembro, efectuadas en beneficio de agentes diplomáticos, funcionarios consulares y agentes de cancillería que tengan el Gran Ducado de Luxemburgo como país de acogida […]».
II.

Antecedentes de hecho del litigio
El Sr. Pinxten fue miembro del Tribunal de Cuentas desde el 1 de marzo de 2006 al 30 de abril de 2018, completando dos mandatos.
Durante sus mandatos, estuvo asignado a la Sala III de dicha institución, encargada de auditar los gastos de la Unión en el ámbito de las relaciones exteriores, la ampliación y la ayuda humanitaria. Desde el 4 de abril de 2011 y hasta la finalización de su último mandato, el Sr. Pinxten ocupó el cargo de decano de dicha Sala III.
Tras un informe favorable del comité encargado de evaluar las actividades externas de los miembros del Tribunal de Cuentas, se autorizó al Sr. Pinxten, mediante una decisión de 30 de abril de 2015, a ejercer la presidencia de la Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen (Fundación Flamenca para la Conservación de la Naturaleza y del Medio Ambiente, Bélgica) (en lo sucesivo, «SBNL‑V»).
Durante sus mandatos, el Sr. Pinxten disponía de un vehículo oficial y de una tarjeta de combustible que le permitía facturar al Tribunal de Cuentas el combustible destinado a ese vehículo. También disfrutaba, a su solicitud, de dos tarjetas de combustible adicionales.
Entre el año 2006 y el mes de marzo de 2014, el Tribunal de Cuentas puso un chófer a la disposición del Sr. Pinxten. A partir del mes de abril de 2014, el Sr. Pinxten podía solicitar la puesta a disposición de un chófer asignado a la «reserva de chóferes» que se hallaba bajo la responsabilidad del Director Financiero del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, durante sus mandatos, el Sr. Pinxten obtuvo el reembolso de gastos de representación y de recepción, de algunos de los gastos en que incurrió durante misiones autorizadas, a petición suya, por el presidente del Tribunal de Cuentas, así como el pago de las dietas correspondientes a dichas misiones.
III.

Investigaciones y procedimientos incoados
A.

Medidas preliminares adoptadas por el Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas indica que, a lo largo del año 2016, recibió información en la que se afirmaba que se habían producido varias irregularidades graves atribuidas al Sr. Pinxten. El 18 de julio de 2016, el secretario general de esta institución informó verbalmente al Sr. Pinxten de la denuncia formulada en su contra.
Durante el verano de 2016, los servicios del Tribunal de Cuentas analizaron las misiones del Sr. Pinxten y las de los chóferes de esta institución para las que se habían emitido órdenes de misión, con el fin de detectar posibles irregularidades. A continuación, se produjo un abundante intercambio de correspondencia entre dichos servicios y el Sr. Pinxten, acerca de la presunta irregularidad de algunas de las misiones del Sr. Pinxten o de los mencionados chóferes. Estas comunicaciones no tuvieron como resultado el reembolso, por parte del Sr. Pinxten, de los importes reclamados por el Tribunal de Cuentas.
Al parecer, el 26 de julio de 2016, el Tribunal de Cuentas fue informado de que el Sr. Pinxten pudo haber defraudado al seguro en el año 2011, a raíz de un accidente entre su vehículo oficial y su vehículo particular. El 1 de septiembre de 2016, el secretario general de esta institución informó verbalmente de estas alegaciones al Sr. Pinxten. Mediante una nota de la misma fecha, este último sostuvo que el accidente en cuestión fue el resultado de una colisión entre su vehículo oficial, conducido por el chófer asignado a su gabinete, y su vehículo privado, conducido por su hijo.
B.

Investigación de la OLAF
El 14 de octubre de 2016, el secretario general del Tribunal de Cuentas, siguiendo las instrucciones del presidente de dicha institución, remitió un expediente a la OLAF relativo a las actividades del Sr. Pinxten que supuestamente habían dado lugar a gastos indebidos a cargo del presupuesto de la Unión.
El 31 de marzo de 2017, el director general de la OLAF notificó formalmente al presidente del Tribunal de Cuentas la apertura de una investigación acerca de las presuntas irregularidades en las que el Sr. Pinxten estaba implicado, que afectaban a los intereses financieros de la Unión, relativas a la utilización de los activos del Tribunal de Cuentas y a misiones realizadas o autorizadas contraviniendo lo dispuesto en la normativa aplicable.
El 22 de septiembre de 2017, la OLAF informó al Sr. Pinxten del inicio de esta investigación y de su condición de «persona implicada» en ella.
El 20 de noviembre de 2017, la OLAF llevó a cabo una inspección en el gabinete del Sr. Pinxten y, con ocasión de esta, se incautó de diversos documentos. Tras un primer análisis de estos elementos, el 15 de diciembre de 2017 la OLAF informó al Sr. Pinxten de que había ampliado el ámbito de la investigación para abarcar posibles conflictos de intereses y otras infracciones de los artículos 285 TFUE y 286 TFUE, así como de las disposiciones del código de conducta de 2012.
Los investigadores de la OLAF escucharon las declaraciones orales del Sr. Pinxten el 22 de diciembre de 2017. Tras haber recibido de la OLAF un resumen de los hechos elaborado al término de la investigación, el Sr. Pinxten remitió a la OLAF, el 15 de mayo de 2018, sus observaciones escritas.
El 2 de julio de 2018, el Tribunal de Cuentas recibió el informe final elaborado por la OLAF una vez finalizada su investigación (en lo sucesivo, «informe de la OLAF»). En dicho informe se concluía que el Sr. Pinxten había hecho un uso indebido de los recursos del Tribunal de Cuentas en actividades no relacionadas con sus funciones, había hecho un uso indebido de las tarjetas de combustible, había cometido una irregularidad con la póliza de seguro de su vehículo oficial, había incurrido en ausencias injustificadas, no había declarado determinadas actividades externas, había transmitido información confidencial sin autorización y que, además, se había comprobado la existencia de conflictos de intereses.
A la vista de las conclusiones alcanzadas en dicho informe, la OLAF recomendó al Tribunal de Cuentas que iniciara un procedimiento disciplinario contra el Sr. Pinxten, que adoptase las medidas oportunas para obtener el reembolso de 472869,09 euros, correspondientes a los gastos indebidamente soportados por el Tribunal de Cuentas, y que contemplase la posibilidad de recuperar la cuantía de 97954,52 euros, correspondiente al salario percibido por el Sr. Pinxten durante sus períodos de ausencia no justificada.
Asimismo, al considerar que algunos de los hechos revelados por la investigación podían ser constitutivos de delito, la OLAF remitió su información y recomendaciones a las autoridades judiciales de Luxemburgo.
C.

Incoación del presente procedimiento en el Tribunal de Cuentas
El 3 de julio de 2018, el presidente del Tribunal de Cuentas remitió a los miembros de esa institución una copia del informe de la OLAF y de las recomendaciones emitidas por dicho organismo.
El 5 de octubre de 2018, el presidente del Tribunal de Cuentas comunicó un informe preliminar a los miembros de esta institución. Este informe recomendaba a la mencionada institución que solicitara al Tribunal de Justicia «que examinase los hechos constatados y determinase si el Sr. Pinxten había incumplido las obligaciones que dimanaban de su cargo». El mencionado informe y el informe de la OLAF fueron transmitidos al Sr. Pinxten el mismo día. Además, se le remitieron los anexos del informe de la OLAF el 17 de octubre de 2018.
El 19 de noviembre de 2018, el Sr. Pinxten comunicó al Tribunal de Cuentas sus observaciones escritas. El 26 de noviembre de 2018 prestó declaración ante los miembros de dicha institución en una sesión restringida.
El 29 de noviembre de 2018, reunido en sesión restringida, el Tribunal de Cuentas decidió remitir el caso del Sr. Pinxten al Tribunal de Justicia en virtud del artículo 286 TFUE, apartado 6.
D.

Procedimiento penal iniciado por las autoridades luxemburguesas
A la vista de la información remitida por la OLAF, el fiscal adscrito al tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Tribunal de Distrito de Luxemburgo, Luxemburgo) solicitó al Tribunal de Cuentas, mediante escrito de 1 de octubre de 2018, que levantase la inmunidad de jurisdicción del Sr. Pinxten. El 15 de noviembre de 2018, dicha institución aceptó esta solicitud.
IV.

Pretensiones de las partes
El Tribunal de Cuentas solicita al Tribunal de Justicia que:
–
desestime la solicitud del Sr. Pinxten de que se suspenda el procedimiento ante el Tribunal de Justicia;
–
declare que el Sr. Pinxten dejó de cumplir las obligaciones que dimanaban de su cargo con arreglo a los artículos 285 TFUE y 286 TFUE y a sus disposiciones de desarrollo;
–
imponga, en consecuencia, la sanción prevista en el artículo 286 TFUE, apartado 6, cuya cuantía deja a la discreción del Tribunal de Justicia;
–
declare inadmisible la pretensión indemnizatoria del Sr. Pinxten, y
–
condene en costas al Sr. Pinxten.
El Sr. Pinxten solicita al Tribunal de Justicia que:
–
ordene al Tribunal de Cuentas que aporte el informe de la auditoría interna, relativa al período comprendido entre los años 2012 y 2018, de los gastos de misión de los miembros del Tribunal de Cuentas y del uso de los vehículos oficiales por parte de esos miembros; que detalle las medidas adoptadas a raíz de dicho informe y que aporte toda nota relativa a la presión ejercida sobre el auditor interno;
–
desestime el recurso del Tribunal de Cuentas;
–
condene al Tribunal de Cuentas al pago de un importe de 50000 euros como compensación por el daño moral que ha sufrido, y
–
condene en costas al Tribunal de Cuentas.
V.

Sobre la solicitud de suspensión del presente procedimiento
A.

Alegaciones de las partes
El Sr. Pinxten señala que existe un procedimiento penal en curso en Luxemburgo. En este contexto, considera que el adagio de que «los procedimientos disciplinarios deben esperar al resultado del proceso penal» o, como mínimo, el principio de buena administración obliga al Tribunal de Justicia a no pronunciarse antes de que lo hagan las autoridades penales luxemburgueses.
De este modo, la suspensión de la tramitación del presente procedimiento permitiría a la vez evitar afectar a la posición del Sr. Pinxten en el marco del procedimiento penal incoado en Luxemburgo y garantizar que se tomen en consideración los hechos declarados probados por las autoridades penales luxemburguesas, que disponen de facultades de investigación más amplias que el Tribunal de Justicia.
El Tribunal de Cuentas se opone a esta solicitud.
B.

Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede señalar, en primer lugar, que ninguna disposición del Derecho de la Unión establece que un procedimiento incoado ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6, deba suspenderse cuando se inicie un procedimiento penal relativo, total o parcialmente, a los mismos hechos.
Ciertamente, el artículo 25 del anexo IX del Estatuto dispone que, cuando un funcionario se halle incurso en un procedimiento penal por los mismos hechos, su situación disciplinaria no quedará definitivamente resuelta hasta tanto la resolución dictada por el tribunal competente no adquiera carácter firme.
Sin embargo, los procedimientos referidos al incumplimiento, por parte de un miembro del Tribunal de Cuentas, de las obligaciones que dimanan de su cargo constituyen una vía de Derecho autónoma, prevista en el artículo 286 TFUE, apartado 6, y, en consecuencia, estos procedimientos no están regulados por las normas relativas al procedimiento disciplinario establecidas en el Estatuto (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson,
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
, apartado
).
En segundo lugar, es importante subrayar que, tal como señaló el Abogado General en el punto 78 de sus conclusiones, el procedimiento previsto en el artículo 286 TFUE, apartado 6, tiene una función propia, en la medida en que tiene por objeto garantizar el adecuado funcionamiento de las instituciones europeas, que es distinta de la de un procedimiento penal nacional.
Por último, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en el marco del procedimiento previsto en esta disposición, el Tribunal de Justicia no está vinculado por la calificación jurídica de los hechos realizada en el marco del proceso penal y, en ejercicio de su plena facultad de apreciación, le corresponde examinar si los hechos imputados al miembro del Tribunal de Cuentas afectado constituyen un incumplimiento de las obligaciones derivadas de su cargo (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson,
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
, apartado
).
Así pues, la suspensión del presente procedimiento a la espera del resultado del procedimiento penal incoado en Luxemburgo no es necesaria dado que, en todo caso, el resultado de este procedimiento no puede limitar el alcance de las apreciaciones que el Tribunal de Justicia debe efectuar con el fin de pronunciarse sobre el presente recurso.
En estas condiciones, procede desestimar la solicitud de suspensión del presente procedimiento presentada por el Sr. Pinxten.
VI.

Sobre la solicitud de que se ordene aportar determinados documentos
A.

Alegaciones de las partes
El Sr. Pinxten expone que el Tribunal de Cuentas efectuó una auditoría interna exhaustiva de los gastos de misión de los miembros de esta institución y de la utilización de los vehículos oficiales por dichos miembros respecto del período comprendido entre el año 2012 y el año 2018.
En su escrito de dúplica, solicita al Tribunal de Justicia que ordene al Tribunal de Cuentas, como diligencia de prueba, que aporte el informe elaborado al término de dicha auditoría interna y describa las medidas adoptadas a raíz del mencionado informe. Según el Sr. Pinxten, tal diligencia de prueba permitiría iluminar al Tribunal de Justicia sobre la evaluación de su situación por parte del servicio de auditoría interna del Tribunal de Cuentas, sobre la existencia de irregularidades cometidas por otros miembros de esta institución, así como sobre el tratamiento que se ha dado por parte de dicha institución a dichas irregularidades.
Asimismo, el Sr. Pinxten sostiene que la independencia del auditor interno se vio amenazada por el secretario general de dicha institución y que resultaría útil para el Tribunal de Justicia que se le remitiera toda nota relativa a esta situación, con el fin de poder determinar cómo deben apreciarse las imputaciones formuladas contra el Sr. Pinxten.
B.

Apreciación del Tribunal de Justicia
Como observación previa, debe recordarse que el Tribunal de Justicia es la única instancia competente para valorar la pertinencia de una petición de aportación de documentos en relación con el objeto del litigio y la necesidad de los documentos solicitados para pronunciarse sobre dicho litigio (véase, en este sentido, el auto de 3 de marzo de 2020, Comisión/Polonia,
C‑791/19 R
, no publicado,
EU:C:2020:147
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, procede observar, en primer lugar, que incumbe al Tribunal de Justicia, con el fin de resolver el presente recurso, determinar el alcance de las obligaciones derivadas del cargo de miembro del Tribunal de Cuentas y apreciar, basándose en las pruebas aportadas por las partes, si se puede considerar probada la existencia de un incumplimiento de dichas obligaciones por parte del Sr. Pinxten.
En estas condiciones, aun suponiendo que el informe de auditoría interna mencionado por el Sr. Pinxten efectivamente contenga una valoración de la conformidad a Derecho del comportamiento de este, no es menos cierto que la postura adoptada al respecto por un órgano interno del Tribunal de Cuentas no puede constituir un elemento determinante para pronunciarse sobre el recurso de esta institución.
En segundo lugar, es importante recordar que el presente procedimiento se refiere exclusivamente a las irregularidades de las que el Tribunal de Cuentas acusa al Sr. Pinxten.
Pues bien, el hecho de que otros miembros de esta institución hayan cometido irregularidades comparables o más graves, aun suponiendo que estuviera acreditado, no implica que el comportamiento del Sr. Pinxten fuera correcto o que pueda considerarse que dicho comportamiento cumple las obligaciones que dimanan de su cargo, en el sentido del artículo 286 TFUE, apartado 6.
En tercer lugar, a la vista de las funciones que incumben al Tribunal de Justicia en el marco del presente procedimiento, según se desprenden del apartado 94 de la presente sentencia, la posible existencia de un conflicto en el seno del Tribunal de Cuentas acerca de la realización de una auditoría interna posterior a la finalización del segundo mandato del Sr. Pinxten como miembro de esa institución es irrelevante para la tramitación del recurso de la referida institución.
Habida cuenta de lo anterior, debe concluirse que los motivos alegados por el Sr. Pinxten en apoyo de su solicitud de aportación de documentos no demuestran el interés que podrían tener dichos documentos para el presente procedimiento y que, en consecuencia, procede desestimar dicha solicitud.
VII.

Sobre la solicitud de retirada de un documento de los autos
A.

Alegaciones de las partes
El Tribunal de Cuentas solicita la retirada de los autos de una copia de un correo electrónico del presidente de esa institución remitido, el 13 de febrero de 2019, a sus demás miembros y a su secretario general, aportado por el Sr. Pinxten en el anexo B.10 de su escrito de contestación (en lo sucesivo, «correo electrónico de 13 de febrero de 2019»).
Alega que se trata de un correo electrónico estrictamente confidencial, únicamente enviado a los miembros del Tribunal de Cuentas en una fecha posterior a la finalización del segundo mandato del Sr. Pinxten como miembro de esta institución. Deduce de ello que este documento se obtuvo necesariamente de forma irregular, lo que viola, en particular, el derecho al respeto de la confidencialidad de las comunicaciones de que disfruta el Tribunal de Cuentas.
El Sr. Pinxten afirma que esta solicitud de retirada del correo electrónico de 13 de febrero de 2019 de los autos debe desestimarse.
A este respecto, expone, en primer lugar, que no obtuvo dicho correo electrónico de forma irregular. En segundo lugar, considera que el mencionado correo electrónico no era realmente confidencial, puesto que las normas de conducta del Tribunal de Cuentas excluyen el envío de información confidencial por correo electrónico y que tal correo electrónico fue recibido por todos los miembros de los gabinetes de los destinatarios. Por último, afirma que el carácter confidencial de un documento o el hecho de que se haya obtenido irregularmente no justifica su retirada de los autos cuando este sea necesario para que el Tribunal de Justicia se pronuncie, lo que sucede en el presente asunto.
B.

Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que el principio que prevalece en el Derecho de la Unión es el de la libre apreciación de la prueba, que implica que la admisibilidad de un elemento de prueba aportado en plazo solo puede cuestionarse ante los órganos jurisdiccionales de la Unión basándose en el hecho de que este se ha obtenido de forma irregular (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión,
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
, apartado
y jurisprudencia citada).
En este contexto, el Tribunal de Justicia ya ha decidido retirar un documento de los autos de un asunto debido, precisamente, a que existían dudas sobre si la parte que lo invocaba lo había obtenido por medios legítimos (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 1981, Ludwigshafener Walzmühle Erling y otros/Consejo y Comisión,
197/80 a 200/80, 243/80, 245/80 y 247/80
,
EU:C:1981:311
, apartado
).
Se ha adoptado la misma solución en lo tocante a un dictamen jurídico elaborado, para un uso interno, por una Administración nacional que no lo había comunicado a la parte que lo alegaba, ni había autorizado la comunicación de dicho dictamen a esa parte (auto de 23 de marzo de 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten y Gemeindebetriebe Frohnleiten,
C‑221/06
,
EU:C:2007:185
, apartados
a
).
Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado que un dictamen jurídico emitido por el departamento jurídico de una institución que no haya sido obtenido legítimamente de dicha institución por la parte que lo alega debe retirarse de los autos, salvo si un interés público superior justifica la aportación de dicho dictamen jurídico por esa parte (véase, en este sentido, el auto de 29 de enero de 2009, Donnici/Parlamento,
C‑9/08
, no publicado,
EU:C:2009:40
, apartados
a
).
En el presente asunto, si bien el Sr. Pinxten impugna formalmente la alegación del Tribunal de Cuentas según la cual tuvo que procurarse necesariamente el correo electrónico de 13 de febrero de 2019 de forma irregular, no proporciona ninguna explicación sobre la manera en que obtuvo dicho correo electrónico y se limita a resaltar que numerosos agentes del Tribunal de Cuentas tenían acceso al mencionado correo electrónico.
Ahora bien, el correo electrónico de 13 de febrero de 2019 constituye una comunicación interna entre los miembros del Tribunal de Cuentas que se presenta explícitamente como dotada de un carácter estrictamente confidencial.
Además, está acreditado que dicho correo electrónico no fue enviado al Sr. Pinxten, ya que este dejó de ser miembro del Tribunal de Cuentas a partir del 30 de abril de 2018.
Por tanto, procede considerar que existe una duda sobre si el Sr. Pinxten obtuvo dicho correo electrónico por medios legítimos.
Por lo demás, el Sr. Pinxten invoca el correo electrónico de 13 de febrero de 2019 para demostrar que otros miembros del Tribunal de Cuentas gozaron de un trato más favorable que el que se le ha reservado.
Sin embargo, aun suponiendo que otros miembros de esta institución hayan recibido efectivamente, por parte de esta, un tratamiento más favorable en lo tocante a las irregularidades supuestamente cometidas por ellos en el marco de sus funciones que el dispensado al Sr. Pinxten, este hecho no permite en modo alguno demostrar que este último no haya incumplido las obligaciones que dimanaban de su cargo en el sentido del artículo 286 TFUE, apartado 6.
Por añadidura, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto de la legalidad, que impide que nadie pueda invocar en su beneficio una ilegalidad cometida en favor de otro (sentencias de 10 de noviembre de 2011, The Rank Group,
C‑259/10 y C‑260/10
,
EU:C:2011:719
, apartado
, y de 13 de septiembre de 2017, Pappalardo y otros/Comisión,
C‑350/16 P
,
EU:C:2017:672
, apartado
).
De lo anterior resulta que el Sr. Pinxten no ha demostrado la presencia de un interés público superior que pueda justificar la aportación del documento en cuestión.
Por consiguiente, debe estimarse la solicitud del Tribunal de Cuentas de retirar de los autos el correo electrónico de 13 de febrero de 2019 que aparece en el anexo B.10 del escrito de contestación.
VIII.

Sobre el recurso
A.

Admisibilidad del recurso
El Sr. Pinxten ha presentado, con carácter preliminar, cuatro alegaciones dirigidas a impugnar la admisibilidad del presente recurso basadas, respectivamente, en la incompatibilidad del procedimiento previsto en el artículo 286 TFUE, apartado 6, con el derecho a la tutela judicial efectiva, en la irregularidad de la investigación de la OLAF, en la irregularidad del procedimiento desarrollado dentro del Tribunal de Cuentas para autorizar la interposición de este recurso y en el retraso excesivo con el que se ha interpuesto dicho recurso.
1.

Presunta incompatibilidad del presente procedimiento con el derecho a la tutela judicial efectiva
a)

Alegaciones de las partes
Mediante su primera alegación de inadmisibilidad, el Sr. Pinxten argumenta que, en el marco del presente procedimiento, no se respeta su derecho a la tutela judicial efectiva y que no podrá disfrutar de un doble grado de jurisdicción, lo que vulnera el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y el artículo 2 del Protocolo n.
o
7 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
Según afirma, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia ya ha rechazado una alegación basada en la falta de un doble grado de jurisdicción en la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
), ha omitido señalar que en el caso de autos actúa como autoridad disciplinaria y no como órgano jurisdiccional.
Por lo tanto, si la acción del Tribunal de Cuentas se debiera examinar en el marco definido en el artículo 286 TFUE, apartado 6, el Sr. Pinxten se vería privado de cualquier forma de protección jurisdiccional, lo que implica que esta disposición no puede constituir la base de la acción del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas considera que este motivo es inadmisible, en la medida en que, en realidad, solicita al Tribunal de Justicia que declare la invalidez de una disposición del Derecho primario. En todo caso, dicho motivo ya se desestimó en la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
).
b)

Apreciación del Tribunal de Justicia
Como observación previa, por lo que respecta al doble grado de jurisdicción, basta con recordar que la imposibilidad de interponer un recurso contra la resolución del Tribunal de Justicia en el procedimiento establecido en el artículo 286 TFUE, apartado 6, no constituye una carencia que pueda perjudicar el derecho del miembro o antiguo miembro del Tribunal de Cuentas afectado a la tutela judicial efectiva según se garantiza en el artículo 47 de la Carta (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson,
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
, apartados
y
).
Asimismo, dado que el Sr. Pinxten afirma que su alegación se distingue de la examinada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
), en la medida en que denuncia una ausencia completa de tutela judicial efectiva y no una vulneración del derecho a un doble grado de jurisdicción, debe señalarse que, en el presente procedimiento, el Tribunal de Justicia resolverá, tras haber dado audiencia al Sr. Pinxten, como un tribunal independiente e imparcial establecido por el TUE y el TFUE, y no como una autoridad administrativa que resuelva en materia disciplinaria.
En consecuencia, el examen efectuado por el Tribunal de Justicia, en primera y última instancia, de las imputaciones basadas en un presunto incumplimiento, por parte del Sr. Pinxten, de las obligaciones que dimanaban de su cargo de miembro del Tribunal de Cuentas basta para garantizarle una tutela judicial efectiva.
2.

Presunta irregularidad de la investigación de la OLAF
a)

Alegaciones de las partes
Mediante su segunda alegación de inadmisibilidad, el Sr. Pinxten sostiene que el recurso del Tribunal de Cuentas se fundamenta en el informe de la OLAF y que dicho informe se elaboró a resultas de un procedimiento irregular.
En primer lugar, considera que la OLAF amplió ilegalmente el alcance de su investigación.
En efecto, a su entender, del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
883/2013 se desprende que una inspección en los locales de una institución debe llevarse a cabo sobre la base de una orden escrita que mencione las actividades de la investigación autorizada cuyo alcance haya sido definido por una decisión de incoación de la investigación.
Por tanto, estima que la OLAF no puede efectuar un registro que tenga por objeto o por efecto el descubrimiento de posibles infracciones de las que no tuviera conocimiento y que excedan del alcance de la investigación realizada. A su juicio, en el presente caso, la OLAF no estaba, en consecuencia, legitimada para ampliar el alcance de su investigación basándose en el análisis de los datos recogidos con ocasión de la inspección del gabinete del Sr. Pinxten.
En segundo lugar, afirma que la OLAF violó su derecho al respeto de la vida privada. Aduce, por una parte, que dicha Oficina no confirmó que se hubiera abstenido de incautar la correspondencia entre él y su defensor, que está protegida por el secreto profesional. Por otra parte, sostiene que la OLAF se incautó de expedientes privados y expresamente presentados como tales, que se referían, en particular, a su participación en cacerías y al arrendamiento de un apartamento del que era propietario.
En tercer lugar, el Sr. Pinxten considera que la OLAF no respetó su derecho de defensa.
Aduce, en primer término, que el resumen de los hechos que se le presentó antes de la adopción del informe de la OLAF fue extremadamente breve, que los cuadros que lo acompañaban eran poco inteligibles y los documentos justificativos correspondientes no se le comunicaron en un plazo razonable.
En segundo término, considera que este informe se basó en una serie de hechos y de entrevistas de los que no se le informó cuando fue entrevistado por la OLAF.
En tercer término, aduce que el ejercicio de su derecho de defensa fue puramente formal, en la medida en que los argumentos formulados en su defensa, salvo raras excepciones, no fueron debatidos, sino que simplemente se reprodujeron al final del informe.
En cuarto término, sostiene que su antigua asistente no recibió ningún acta tras su audiencia, siendo así que la OLAF estaba obligada a remitirle una copia, lo que a su entender confirma que la OLAF no buscó pruebas de cargo y de descargo.
El Tribunal de Cuentas estima que el motivo basado en la irregularidad de la investigación de la OLAF es inoperante dado que el informe de dicha Oficina no es el elemento determinante en que se fundamenta la interposición del presente recurso ante el Tribunal de Justicia.
Con carácter subsidiario, sostiene que dicho motivo es infundado.
En primer lugar, el Tribunal de Cuentas aduce que nada prohíbe a la OLAF ampliar el alcance de una investigación y que debe poder efectuar dicha ampliación cuando se revelen sospechas serias a raíz de una inspección de los locales de una institución. Considera, además, que la investigación en cuestión se amplió a sospechas estrechamente conectadas con su ámbito inicial.
En segundo lugar, afirma que se respetó el derecho al respeto de la vida privada del Sr. Pinxten. Aduce, por un lado, que ninguna prueba aportada por este demuestra que la OLAF se basara en un documento protegido por la confidencialidad de las relaciones entre abogado y cliente. Sostiene, por otro lado, que el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.
o
883/2013 autoriza a la OLAF a acceder sin mediar preaviso a cualquier información en manos de las instituciones y a hacer copias de cualquier documento en posesión de estas. Así pues, considera que esta disfruta de un margen de apreciación y no puede ver sus atribuciones limitadas por el hecho de que algunos documentos se presenten como «privados».
En tercer lugar, alega que corresponde al Sr. Pinxten demostrar que el procedimiento de que se trata podría haber llegado a un resultado diferente si la presunta violación de su derecho de defensa no se hubiera producido, cosa que no ha hecho. En todo caso, sostiene que, en el presente asunto, la OLAF cumplió sus obligaciones al remitir un resumen de los hechos suficiente para que pudiera presentar sus observaciones, cosa que, por lo demás, el Sr. Pinxten hizo. Por añadidura, afirma que este último también tuvo la oportunidad de presentar su defensa ante el Tribunal de Cuentas durante el procedimiento interno, sobre la base de la totalidad del informe de la OLAF. Por lo demás, estima que la OLAF no estaba obligada a hacer llegar el acta a la antigua asistente del Sr. Pinxten, dado que declaró como testigo.
b)

Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, debe examinarse la alegación del Tribunal de Cuentas de que no es necesario apreciar la conformidad a Derecho de la investigación de la OLAF, habida cuenta de que el informe de la OLAF no es el elemento determinante en el que se basó la interposición de la demanda ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6.
A este respecto, es importante señalar que las cinco imputaciones presentadas por el Tribunal de Cuentas en apoyo de su recurso reproducen las constataciones realizadas por la OLAF en su informe.
Con el fin de demostrar la procedencia de estas imputaciones, el Tribunal de Cuentas presenta elementos de prueba que, en su mayoría, están constituidos por documentos incautados por la OLAF durante su investigación y reproducidos en el anexo de su informe. El anexo A.37 de la demanda, al que el Tribunal de Cuentas se remite muy ampliamente en sus escritos, se presenta asimismo expresamente como compuesto por los «anexos [del] informe de la OLAF remitido el 2 de julio de 2018 al presidente del Tribunal de Cuentas».
Por añadidura, en respuesta a preguntas planteadas por el Tribunal de Justicia sobre el motivo por el cual el Tribunal de Cuentas había revisado su apreciación inicial sobre la regularidad de los gastos de misión, de representación y de recepción, así como de las dietas abonadas al Sr. Pinxten, esta institución expuso que su nueva apreciación se basaba en los elementos incautados por la OLAF durante su investigación.
En estas condiciones, debe considerarse que la admisibilidad del presente recurso no depende de la conformidad a Derecho de la investigación de la OLAF.
Dicho esto, una posible irregularidad de esta investigación podría suponer que todos o parte de los elementos de prueba presentados por el Tribunal de Cuentas en apoyo de su recurso hubieran sido recopilados infringiendo las normas jurídicas aplicables, lo que obligaría al Tribunal de Justicia a determinar si dicha irregularidad tiene consecuencias en cuanto a la admisibilidad de esos elementos en el marco del presente procedimiento.
Por lo tanto, antes de pronunciarse sobre las imputaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, es preciso evaluar la procedencia de las alegaciones del Sr. Pinxten relativas a la irregularidad de la investigación de la OLAF.
Por lo que respecta, en primer lugar, a la ampliación presuntamente ilegal del objeto de la investigación de la OLAF, debe señalarse que, en virtud del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
883/2013, la OLAF puede tener acceso a cualquier información pertinente que obre en poder de las instituciones de la Unión, así como a sus locales.
De conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento, esta facultad solo puede ejercerse en el marco de una investigación interna y debe serlo con arreglo a las condiciones previstas en él.
Pues bien, en virtud del artículo 5, apartado 1, del referido Reglamento, el director general de la OLAF podrá iniciar una investigación cuando haya sospecha suficiente de que se ha incurrido en fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses financieros de la Unión.
Además, el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
883/2013 establece que los agentes de la OLAF efectuarán una inspección de los locales de una institución tras presentar una habilitación escrita en la que se indique, en particular, el objeto y la finalidad de la investigación, las bases jurídicas para el desarrollo de la investigación y las facultades de investigación que emanan de tales bases.
De ello se deduce, por una parte, que la inspección de los locales de una institución llevada a cabo por la OLAF sin que esta disponga previamente de elementos que permitan sospechar legítimamente de la existencia de actividades ilegales que estén comprendidas en sus competencias sería irregular y, por otra parte, que tal inspección debe tener por objeto recabar pruebas relativas a las actividades ilegales objeto de sospecha (véase, por analogía, la sentencia de 25 de junio de 2014, Nexans y Nexans France/Comisión,
C‑37/13 P
,
EU:C:2014:2030
, apartado
).
En cambio, no se desprende de los artículos 4, 5 y 7 del Reglamento n.
o
883/2013 que la OLAF tenga prohibido tomar en consideración los elementos descubiertos incidentalmente durante una inspección legítima de los locales de una institución, que revelen la existencia de actividades ilegales comprendidas dentro de sus competencias de las que no tenía conocimiento antes de esa inspección y que difieran de las actividades ilegales a las que se refería inicialmente la investigación en el marco de la cual se llevó a cabo la referida inspección.
Por añadidura, la interpretación de las normas que rigen las actividades de la OLAF propuesta por el Sr. Pinxten podría conferir, en la práctica, inmunidad a los autores de actividades ilegales descubiertas durante una investigación de la OLAF, sin que tal consecuencia sea necesaria para evitar un empleo abusivo de los poderes de investigación confiados a este organismo o para proteger el derecho de defensa de la persona afectada, lo que generaría el riesgo de frustrar la realización del objetivo de intensificar la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión mencionado en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.
o
883/2013.
Por consiguiente, cuando una inspección legítima de los locales de una institución lleve a la OLAF a descubrir de forma incidental elementos que puedan generar sospechas suficientes que hagan suponer la existencia de actividades ilegales comprendidas dentro de sus competencias distintas de aquellas a las que se refería inicialmente la investigación en el marco de la cual se llevó a cabo la citada inspección, corresponde a la OLAF, si pretende investigar al respecto para verificar la exactitud o completar las informaciones de las que hubiese tenido conocimiento incidentalmente con ocasión de dicha inspección, iniciar una nueva investigación (véanse, por analogía, las sentencias de 17 de octubre de 1989, Dow Benelux/Comisión,
85/87
,
EU:C:1989:379
, apartado
, y de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión,
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P
,
EU:C:2002:582
, apartado
) o, si corresponde, ampliar el objeto inicial de su investigación, si las actividades ilegales descubiertas incidentalmente están suficientemente relacionadas con las que constituían el objeto de la investigación inicial como para justificar que sean objeto del mismo procedimiento de investigación.
En el presente asunto, el Sr. Pinxten no cuestiona ni el carácter legítimo de la decisión de iniciar una investigación interna adoptada por el director general de la OLAF tras la remisión de información por parte del Tribunal de Cuentas, ni el de la inspección de los locales de esta institución llevada a cabo por la OLAF, el 20 de noviembre de 2017, en el marco de esa investigación.
Asimismo, no afirma que los elementos descubiertos por la OLAF durante esa inspección no pudieran dar lugar a sospechas suficientes que hicieran suponer la existencia de actividades ilegales comprendidas en las competencias de la OLAF.
Por lo tanto, el hecho de que la decisión de la OLAF de ampliar el objeto de la investigación, inicialmente abierta respecto de posibles irregularidades en la utilización de los activos del Tribunal de Cuentas y en las misiones realizadas o autorizadas infringiendo las normas aplicables que implicaban al Sr. Pinxten y afectaban a los intereses financieros de la Unión, a posibles conflictos de intereses y a otras infracciones de los artículos 285 TFUE y 286 TFUE y de las disposiciones del código de conducta de 2012 se basara en elementos descubiertos con ocasión de la inspección efectuada el 20 de noviembre de 2017 no puede suponer la irregularidad de dicha decisión.
En segundo lugar, en lo referente a las alegaciones basadas en la violación del derecho al respeto de la vida privada del Sr. Pinxten, debe señalarse que, a la vista del objeto del presente procedimiento, en el caso de autos, no incumbe al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre cualquier violación de este derecho que hubiera podido cometer la OLAF durante su investigación, sino únicamente sobre las presuntas vulneraciones del citado derecho que se refieran a la recogida de elementos de prueba presentados por el Tribunal de Cuentas en apoyo del presente recurso. En efecto, en todo caso, las irregularidades procesales potencialmente cometidas por la OLAF con ocasión de la recogida de elementos de prueba solo pueden influir en el examen del presente recurso en la medida en que este se fundamente en los elementos de prueba obtenidos de forma ilícita por la OLAF.
A este respecto, en primer término, debe señalarse que el Sr. Pinxten no identifica, entre los elementos de prueba aportados por el Tribunal de Cuentas, ningún documento que esté protegido por el principio de confidencialidad de las relaciones entre abogado y cliente.
En consecuencia, el hecho de que la OLAF no haya confirmado que no se hubiera incautado de ningún elemento de la correspondencia entre el Sr. Pinxten y su asesor jurídico, aun suponiendo que estuviera acreditado, es irrelevante en el presente asunto.
En segundo término, con respecto a los elementos de prueba relativos a la participación del Sr. Pinxten en cacerías, debe señalarse que el Tribunal de Cuentas ha aportado ante el Tribunal de Justicia documentos referidos a esta actividad que están directamente relacionados con diversas misiones realizadas como miembro del Tribunal de Cuentas.
Pues bien, a pesar de la conservación de estos documentos en un archivador expresamente designado como «privado», debido a su relación con tales misiones, no cabe considerarlos referidos a actividades desarrolladas por el Sr. Pinxten con carácter puramente privado.
Por otra parte, de la afirmación contenida en el apartado 158 de la presente sentencia se deduce que, a los efectos del presente procedimiento, no es necesario pronunciarse sobre la alegación del Sr. Pinxten de que la OLAF también se llevó o copió una serie de documentos relativos a cacerías que no estaban cubiertas por órdenes de misión.
Por último, no cabe duda de que debe señalarse que el escrito, de fecha 20 de noviembre de 2014, enviado por el Sr. Pinxten a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para proponerle alquilar un apartamento en Bruselas (Bélgica) se refería a la gestión de los bienes privados del Sr. Pinxten y que la inclusión en el expediente de la OLAF de una copia de ese escrito constituye, en consecuencia, una limitación del derecho al respeto de la vida privada garantizado por el artículo 7 de la Carta.
No obstante, la utilización de dicho escrito por parte de la OLAF está restringida y delimitada por la ley, en la medida en que solo puede emplearse en el marco de la investigación de la OLAF y de los procedimientos incoados a resultas de esta investigación.
Por consiguiente, las alegaciones formuladas por el Sr. Pinxten no permiten demostrar, a los efectos del presente procedimiento, que la OLAF haya vulnerado de forma ilícita su derecho al respeto de la vida privada.
En tercer lugar, en lo que atañe a la presunta vulneración del derecho de defensa del Sr. Pinxten, procede recordar que el artículo 41, apartado 2, letra a), de la Carta dispone que el derecho a una buena administración incluye, en particular, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en su contra una medida individual que la afecte desfavorablemente.
Este principio ve su aplicación en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento n.
o
883/2013, que establece que, en principio, en cuanto haya terminado la investigación y antes de redactar conclusiones en las que figure por su nombre una persona interesada, la OLAF debe darle a esta última la posibilidad de presentar observaciones sobre los hechos que la afecten.
Asimismo, el Tribunal de Justicia ha declarado, en el marco de un procedimiento similar al previsto en el artículo 286 TFUE, apartado 6, en relación con un miembro de la Comisión, que era preciso comprobar si el miembro de la Comisión afectado había sido informado a tiempo de los cargos que se le imputaban y si había tenido la posibilidad de ser oído (sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson,
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
, apartado
). Por lo demás, tal obligación también está prevista en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento Interno.
En estas condiciones, si bien incumbe tanto a la OLAF como al Tribunal de Cuentas cumplir sus obligaciones respectivas, el respeto del derecho a ser oído del miembro o antiguo miembro de esta institución afectado, a los efectos del procedimiento previsto en el artículo 286 TFUE, apartado 6, debe apreciarse de forma global, dado que no puede excluirse que el Tribunal de Cuentas haya ofrecido a dicho miembro o antiguo miembro una posibilidad suficiente de ser oído sobre elementos que no hubiera podido comentar efectivamente antes de la adopción del informe de la OLAF.
En el presente asunto, está acreditado que el Sr. Pinxten fue oído verbalmente por la OLAF el 22 de diciembre de 2017, que se produjeron numerosas comunicaciones escritas entre la OLAF y el asesor jurídico del Sr. Pinxten y que, tras la remisión de un resumen de los hechos establecidos a la finalización de la investigación, este último pudo enviar a la OLAF un documento escrito destinado a refutar las alegaciones formuladas en dicho resumen.
Posteriormente, el Sr. Pinxten recibió la comunicación, el 5 de octubre de 2018, del informe de la OLAF y del informe preliminar dirigido a los miembros del Tribunal de Cuentas por el presidente de esta institución. Pudo pronunciarse sobre estos informes a la vez mediante la remisión de observaciones escritas y durante una audiencia ante esta institución.
En este contexto, aunque sostiene que la investigación de la OLAF estaba viciada por cuatro irregularidades distintas, mencionadas en los apartados 131 a 134 de la presente sentencia, que a su entender le impidieron ser oído efectivamente por la OLAF, no presenta ningún argumento que pueda demostrar que no pudo expresarse de manera suficiente ante el Tribunal de Cuentas sobre determinadas pruebas presentadas contra él antes de la adopción del informe de la OLAF.
En estas condiciones, parece que las alegaciones presentadas por el Sr. Pinxten no permiten demostrar, a los efectos del presente procedimiento, que se haya vulnerado su derecho de defensa.
De lo anterior se deduce que el conjunto de las alegaciones del Sr. Pinxten basadas en la irregularidad de la investigación de la OLAF deben desestimarse y que, por tanto, no es necesario determinar, para poder resolver el presente recurso, si elementos de prueba obtenidos de manera ilegal pueden invocarse en el marco del procedimiento previsto en el artículo 286 TFUE, apartado 6.
3.

Presunta irregularidad del procedimiento desarrollado en el seno del Tribunal de Cuentas para autorizar la interposición del presente recurso
a)

Alegaciones de las partes
Mediante su tercera alegación de inadmisibilidad, el Sr. Pinxten aduce, en primer lugar, que su audiencia por el Tribunal de Cuentas se realizó, a pesar de sus objeciones, en presencia del secretario general y del jefe del departamento jurídico de esta institución, siendo así que el artículo 49, apartado 3, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno exigía que la audiencia a un miembro de dicha institución previa a la interposición de un recurso en virtud del artículo 286 TFUE, apartado 6, tuviera lugar sin intérpretes ni agentes de esa institución.
Pues bien, sostiene que la presencia de los agentes en cuestión pudo influir en las deliberaciones, a la vista, en particular, de la responsabilidad del secretario general del Tribunal de Cuentas en cuanto a la insuficiencia del control ejercido por la referida institución y del papel «sorprendente» del jefe de su departamento jurídico durante la investigación.
En segundo lugar, el Sr. Pinxten considera que un número insuficiente de miembros del Tribunal de Cuentas votaron en favor de la interposición del presente recurso.
En efecto, el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno exige una mayoría de cuatro quintas partes de dichos miembros, es decir, veintitrés de ellos, para autorizar la interposición de un recurso con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6. Pues bien, según el Sr. Pinxten, solo veintidós de tales miembros votaron a favor de presentación del presente recurso.
Según afirma, si bien es cierto que dos miembros del Tribunal de Cuentas se inhibieron, este hecho es irrelevante. A su parecer, dado que el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno impone la obligación de una mayoría calculada en relación con el número total de dichos miembros, la situación de los miembros del Tribunal de Cuentas que se inhibieron es comparable con la de los miembros de esa institución que se abstuvieron.
El Tribunal de Cuentas duda sobre la eficacia de las alegaciones del Sr. Pinxten relativas a la decisión de interponer el presente recurso ante el Tribunal de Justicia, en la medida en que dicha decisión no puede asimilarse al acto de interposición ante este último, tal como indica el auto de 9 de septiembre de 2005, Comisión/Cresson (
C‑432/04
, no publicado,
EU:C:2005:539
).
Dicho Tribunal sostiene que, en todo caso, el secretario general del Tribunal de Cuentas participa en todas las reuniones de esta institución con el fin de redactar un acta, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento Interno y el artículo 39 de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno. Además, el artículo 50, apartado 1, de dichas Disposiciones de aplicación autoriza al Tribunal de Cuentas a designar a una persona encargada de redactar el proyecto de acta. Según el Tribunal de Cuentas, esta competencia se ejerció, el 12 de febrero de 2015, para encargar esta función al jefe de su departamento jurídico.
Por lo demás, afirma que la mayoría exigida para interponer un recurso con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6, debe calcularse sobre la base del número total de los miembros del Tribunal de Cuentas, con la excepción del miembro afectado y de los que hayan decidido inhibirse. Sostiene que, si bien es cierto que el supuesto de que algunos miembros de esta institución se encuentren incursos en un conflicto de intereses no está previsto en el Reglamento Interno, si se considerara a dichos miembros como si se abstuvieran, participarían,
de facto
, en el proceso de toma de decisiones del que deberían estar excluidos.
b)

Apreciación del Tribunal de Justicia
Como observación previa, debe destacarse que, cuando se plantea una excepción de inadmisibilidad basada en la infracción de normas que rigen la adopción, por parte del Tribunal de Cuentas, de la decisión de interponer un recurso con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6, el Tribunal de Justicia debe resolver sobre esta excepción antes de examinar, en su caso, la procedencia del recurso.
Tal excepción de inadmisibilidad no puede rechazarse basándose en la declaración realizada en el apartado 4 del auto de 9 de septiembre de 2005, Comisión/Cresson (
C‑432/04
, no publicado,
EU:C:2005:539
), según la cual, en el marco de un recurso fundado en el artículo 213 CE, apartado 2, la decisión de la Comisión de someter el asunto al Tribunal de Justicia no puede asimilarse al acto de interponer una demanda ante este.
En efecto, esta declaración, que tenía únicamente por objeto demostrar que solo se habían sometido al Tribunal de Justicia los elementos reproducidos en dicho recurso y que, por tanto, no se le solicitaba que tomara en consideración los motivos que habían llevado a la Comisión a considerar oportuno plantear el caso al Tribunal de Justicia, no implica en modo alguno que la posible irregularidad de una decisión de interposición de dicho recurso carezca de consecuencias sobre su admisibilidad.
Por consiguiente, procede examinar las alegaciones del Sr. Pinxten relativas a la presunta irregularidad del procedimiento desarrollado en seno del Tribunal de Cuentas para autorizar la interposición del presente recurso.
Por lo que respecta, en primer lugar, al desarrollo de la audiencia del Sr. Pinxten ante el Tribunal de Cuentas, debe señalarse que del artículo 4, apartados 1, 3 y 4, del Reglamento Interno se desprende que, cuando esta institución estime que de la información que le haya sido comunicada se puede deducir que un miembro ha dejado de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo, se invitará a este a presentar oralmente sus explicaciones ante dicha institución, antes de que esta decida si procede presentar el caso al Tribunal de Justicia para que sea destituido de su cargo o se le prive del derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio.
El artículo 8 de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno precisaba que las reuniones celebradas en el marco del procedimiento previsto en el artículo 4 del Reglamento interno serían sesiones restringidas en el sentido del artículo 49 de dichas Disposiciones de aplicación.
Según el artículo 49, apartado 3, de las referidas Disposiciones de aplicación, tales reuniones tendrían lugar sin intérpretes ni agentes del Tribunal de Cuentas, salvo que se decidiera lo contrario en una reunión previa de esta institución.
De estas disposiciones se desprende que la audiencia del Sr. Pinxten debería haberse desarrollado únicamente en presencia de los miembros del Tribunal de Cuentas.
Esta conclusión no puede verse desvirtuada por la alegación del Tribunal de Cuentas de que la presencia del secretario general de esta institución en dicha audiencia estaba, no obstante, justificada, habida cuenta de que le correspondía redactar el acta de la sesión restringida durante la cual se llevó a cabo la referida audiencia y asistir al presidente de la mencionada institución.
Ciertamente, el artículo 23 del Reglamento Interno dispone que se redactará un acta de cada sesión del Tribunal de Cuentas. Además, el artículo 39, apartado 1, de las Disposiciones de aplicación de este Reglamento establecía que el secretario general del Tribunal de Cuentas redactaría en particular los proyectos de actas de las reuniones de esta institución y asistiría al presidente de la citada institución en la preparación de sus reuniones y en la vigilancia del cumplimiento de los procedimientos. Del mismo modo, el artículo 50, apartado 1, de estas Disposiciones de aplicación precisaba que se elaboraría un proyecto de acta de cada sesión del Tribunal de Cuentas por el secretario general de esta institución o por cualquier otra persona designada a tal efecto.
Sin embargo, no se desprende de las disposiciones mencionadas en el apartado anterior que el secretario general del Tribunal de Cuentas debiera necesariamente estar presente en la sesión restringida de esta institución durante la cual tuvo lugar la audiencia del Sr. Pinxten con el fin de redactar el acta de esa sesión, dado que se podría haber designado a un miembro del Tribunal de Cuentas, según procediera, en virtud del artículo 50, apartado 1, de dichas Disposiciones de aplicación, para elaborar el acta de dicha sesión.
Asimismo, es importante señalar que el artículo 49, apartado 3, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno constituía una norma especial que establecía una excepción a las formas ordinarias de organización de las sesiones del Tribunal de Cuentas con el fin, en particular, de garantizar una discusión completamente libre entre los miembros de esta institución.
Por lo tanto, las normas que conferían al secretario general del Tribunal de Cuentas una función general de asistencia al presidente de esta institución no pueden justificar la presencia de dicho secretario general en una sesión restringida de la referida institución, máxime cuando el artículo 49, apartado 3, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno establecía un procedimiento específico que permitía autorizar la presencia de un agente de la misma institución en una sesión restringida, procedimiento al que no se afirma que haya recurrido el Tribunal de Cuentas en el presente caso.
En estas condiciones, la presencia del jefe del departamento jurídico del Tribunal de Cuentas en la sesión restringida en cuestión tampoco podía justificarse por la función de elaboración de proyectos de actas de las sesiones del Tribunal de Cuentas que se le había confiado, según esta institución, mediante una decisión adoptada el 12 de febrero de 2015 sobre la base del artículo 50, apartado 1, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno.
Por lo demás, de la transcripción de esta sesión restringida se desprende que el presidente del Tribunal de Cuentas había justificado la presencia del jefe del departamento jurídico de esta institución no debido a esta función, sino haciendo referencia a su papel de asesor jurídico.
Si bien de lo anterior se desprende que la presencia del secretario general y del jefe del departamento jurídico del Tribunal de Cuentas en la sesión restringida de esta institución durante la cual tuvo lugar la audiencia del Sr. Pinxten fue irregular, de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que tal irregularidad solo podría considerarse decisiva siempre y cuando el Sr. Pinxten logre demostrar que el procedimiento desarrollado en el Tribunal de Cuentas hubiera podido llevar a un resultado diferente de no concurrir tal irregularidad [véanse, por analogía, las sentencias de 4 de abril de 2019, OZ/BEI,
C‑558/17 P
,
EU:C:2019:289
, apartado
, y de 4 de junio de 2020, C.F. (Inspección fiscal),
C‑430/19
,
EU:C:2020:429
, apartado
y jurisprudencia citada].
Pues bien, el Sr. Pinxten no ha demostrado de qué modo la presencia de estos agentes del Tribunal de Cuentas, que, según se desprende de la transcripción de la grabación de dicha sesión restringida, no hablaron durante la referida sesión, pudo influir en el desarrollo de esa misma sesión o,
a fortiori
, en la decisión finalmente adoptada por esta institución.
En particular, aunque el Sr. Pinxten alega que el secretario general del Tribunal de Cuentas podría incurrir en responsabilidad debido a las carencias en el control que le correspondía ejercer sobre los gastos de esta institución, resulta obligado reconocer que la sesión restringida en cuestión tenía exclusivamente por objeto permitir al Sr. Pinxten pronunciarse sobre los hechos de los que se le acusaba.
Además, las críticas expresadas contra la actitud del jefe del departamento jurídico del Tribunal de Cuentas durante la investigación están esencialmente respaldadas por un proyecto de carta supuestamente dictado por el chófer del Sr. Pinxten y aportado por este último, pero que consta que no fue firmado por dicho chófer. En consecuencia, el Sr. Pinxten no ha demostrado de forma suficiente en Derecho que la presencia del jefe del departamento jurídico del Tribunal de Cuentas en la sesión restringida en cuestión hubiera podido influir, debido a la actitud de dicho agente, en el desarrollo de esta sesión.
En segundo lugar, en lo tocante a la votación que se produjo en el seno del Tribunal de Cuentas para decidir interponer el presente recurso, el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno dispone que esta decisión debía adoptarse, mediante votación secreta, por mayoría de cuatro quintas partes de los miembros de dicha institución.
Si bien esta disposición también establece que el miembro afectado del Tribunal de Cuentas no participará en la votación, esta norma es irrelevante en el presente asunto, dado que la referida decisión se adoptó en una fecha en la que el Sr. Pinxten ya no era miembro de esta institución.
En consecuencia, tal como señaló el Abogado General en el punto 90 de sus conclusiones, la comparación de los términos utilizados en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno y en el artículo 25, apartado 3, de este mismo, respectivamente, demuestra que la mayoría exigida para adoptar tal decisión debía calcularse sobre la base del número total de miembros del Tribunal de Cuentas, y no sobre la del número de miembros de esta institución presentes en la sesión de que se trata de dicha institución.
Dicho esto, el artículo 41, apartado 1, de la Carta enuncia, en particular, que toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcialmente.
De una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia se desprende que incumbe a las instituciones, órganos y organismos de la Unión cumplir el requisito de imparcialidad en sus dos vertientes, que son, por una parte, la imparcialidad subjetiva, en virtud de la cual ninguno de los miembros de la institución interesada debe tomar partido ni tener prejuicios personales, y, por otra parte, la imparcialidad objetiva, con arreglo a la cual dicha institución debe ofrecer garantías suficientes para descartar cualquier duda legítima acerca de un posible prejuicio (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de marzo de 2019, August Wolff y Remedia/Comisión,
C‑680/16 P
,
EU:C:2019:257
, apartado
y jurisprudencia citada).
Para garantizar el respeto de esta exigencia, los miembros del Tribunal de Cuentas que no puedan participar de manera imparcial en el procedimiento relativo a la posible remisión del caso de uno de los miembros o antiguos miembros de esta institución ante el Tribunal de Justicia, en particular debido a relaciones personales que mantengan con el miembro o antiguo miembro en cuestión, deben poder asegurarse de que no ejercerán ninguna influencia sobre el resultado de este procedimiento y, a tal fin, deben disponer de la posibilidad de inhibirse.
Pues bien, si el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno se interpretara en el sentido de que supone que la mayoría exigida en esta disposición se calculará sin excluir del número total de los miembros del Tribunal de Cuentas el número de dichos miembros que se han inhibido, su decisión de inhibirse tendría, de hecho, una influencia potencialmente determinante en el resultado del procedimiento previsto en la citada disposición.
Por añadidura, a la vista de la mayoría exigida en la misma disposición, tal interpretación supondría que, en la práctica, resultara extremadamente difícil iniciar ese procedimiento, o incluso imposible, cuando un cierto número de miembros de esta institución estimaran que deben inhibirse.
Por consiguiente, procede interpretar el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno, de conformidad con el artículo 41, apartado 1, de la Carta, en el sentido de que la mayoría de cuatro quintas partes de los miembros del Tribunal de Cuentas que prevé esta primera disposición debe calcularse sobre la base del número total de los miembros de esta institución que podían legalmente participar en la votación en cuestión sin menoscabar el requisito de imparcialidad.
En el presente asunto, está acreditado que dos miembros del Tribunal de Cuentas se inhibieron para garantizar el respeto de este requisito, por motivos que no fueron impugnados.
Por lo tanto, los votos de veintidós miembros del Tribunal de Cuentas emitidos a favor de la interposición del presente recurso eran suficientes para lograr la mayoría exigida en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento Interno.
De ello se deduce que las alegaciones del Sr. Pinxten basadas en la irregularidad del procedimiento seguido en el seno del Tribunal de Cuentas para autorizar la interposición del presente recurso deben desestimarse.
4.

Presunto retraso en la interposición del recurso del Tribunal de Cuentas
a)

Alegaciones de las partes
Mediante su cuarta alegación de inadmisibilidad, el Sr. Pinxten sostiene que el Tribunal de Cuentas vulneró el principio del respeto de un plazo razonable, consagrado en el artículo 41, apartado 1, de la Carta, al cuestionar la regularidad de las solicitudes de pago que había presentado desde el año 2006, siendo así que esta institución disponía, desde el momento de la presentación de esas solicitudes, de toda la información necesaria para asegurarse de que las mencionadas solicitudes fueran legítimas o para decidir pedir aclaraciones.
A su juicio, el principio de seguridad jurídica exige, por analogía con las normas previstas en la normativa financiera de la Unión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a esta materia, que una institución notifique una nota de adeudo en un plazo que normalmente no debe exceder de cinco años desde el momento en que dicha institución se encuentre en condiciones de hacer valer su crédito, aunque este plazo puede reducirse o prolongarse según las circunstancias.
Asimismo, considera que en el presente caso no es necesario acreditar la incidencia del rebasamiento del plazo razonable en el contenido de un acto de la Unión, dado que el presente recurso no pretende la anulación de tal acto. En este contexto, afirma que procede considerar que el Tribunal de Cuentas no puede alegar, por estar fuera de plazo, todas las imputaciones que tengan una antigüedad superior a tres años, o como mínimo superior a cinco años, desde el 5 de octubre de 2018, fecha en la que se presentó el informe preliminar del presidente de esta institución a sus miembros.
Según el Tribunal de Cuentas, la interposición del recurso ante el Tribunal de Justicia se produjo en un plazo razonable. En efecto, no pudo incoar este procedimiento hasta haber recibido el informe de la OLAF, es decir, el 2 de julio de 2018. A la vista de la amplitud de las presuntas irregularidades, un plazo de ocho meses a partir de esta fecha no resulta excesivo. Además, considera que las normas relativas a la prescripción en materia de cobro de créditos no son aplicables al presente procedimiento.
b)

Apreciación del Tribunal de Justicia
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el Tribunal de Cuentas debe procurar no retrasar indefinidamente la interposición de un recurso en virtud del artículo 286 TFUE, apartado 6, con objeto de respetar la exigencia fundamental de seguridad jurídica y con el fin de evitar que se vulnere el derecho de defensa de la persona afectada al resultarle más difícil refutar las alegaciones formuladas en dicho recurso (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson,
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
, apartado
).
No obstante, dado que esta disposición no establece un plazo exacto, el carácter razonable del plazo que debe cumplir el Tribunal de Cuentas no puede examinarse en relación con un límite máximo preciso, determinado de forma abstracta, sino que debe apreciarse en cada asunto en función de las circunstancias propias del caso y, en particular, de la trascendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y del comportamiento de las partes en liza (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2013, Reexamen Arango Jaramillo y otros/BEI,
C‑334/12 RX‑II
,
EU:C:2013:134
, apartados
y
).
Además, tal como ha señalado el Abogado General en el punto 104 de sus conclusiones, la presunción
iuris tantum
según la cual el plazo de más de cinco años desde los hechos en cuestión no es razonable, consagrada por el Tribunal de Justicia en el apartado 105 de la sentencia de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento (
C‑566/14 P
,
EU:C:2016:437
), y a la que hace referencia el Sr. Pinxten, no resulta aplicable en el marco del presente procedimiento.
En efecto, esta presunción tiene su origen en las normas relativas a la recuperación de créditos de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento,
C‑566/14 P
,
EU:C:2016:437
, apartados
a
).
Pues bien, incluso cuando un recurso con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6, se fundamenta parcialmente en una imputación basada en un uso abusivo de los recursos del Tribunal de Cuentas, dicho recurso no tiene por objeto obtener el reembolso de los pagos efectuados en beneficio del miembro en cuestión de esa institución que esta considera indebidos.
Por tanto, debe determinarse si el recurso del Tribunal de Cuentas se interpuso en un plazo razonable en relación con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 220 de la presente sentencia.
En el presente asunto, ciertamente procede señalar que los hechos más antiguos de los que se acusa al Sr. Pinxten se remontan al año 2006, esto es, más de doce años antes de la interposición del presente recurso.
Además, si bien se desprende del sumario de que dispone el Tribunal de Justicia que un control más estricto del Tribunal de Cuentas respecto de las solicitudes de pago presentadas por sus miembros le podría haber permitido detectar con anterioridad como mínimo una parte importante de las presuntas irregularidades atribuidas al Sr. Pinxten, no es menos cierto que el reexamen sistemático de la situación de este último estaba justificado por los elementos puestos de manifiesto a raíz de la investigación de la OLAF.
Pues bien, el recurso del Tribunal de Cuentas con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6, se basa en la combinación del conjunto de elementos de que disponía esta institución tras dicho reexamen sistemático. En consecuencia, no está acreditado que, en ausencia de la información recogida por la OLAF, el Tribunal de Cuentas hubiera podido decidir presentar el presente recurso.
Asimismo, tras la recepción, durante el año 2016, de información que implicaba al Sr. Pinxten, el Tribunal de Cuentas llevó a cabo, durante ese mismo año, una investigación interna. A partir del momento en que el Director de la OLAF transmitió al Tribunal de Cuentas, el 27 de octubre de 2016, la información según la cual dicha Oficina estudiaba la oportunidad de abrir una investigación, y hasta la entrega de su informe al Tribunal de Cuentas el 2 de julio de 2018, este último no podía, con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento n.
o
883/2013, continuar sus investigaciones, salvo que hubiera acordado lo contrario con la OLAF. Desde la recepción de este informe, el Tribunal de Cuentas inició el procedimiento en varias etapas previsto en el artículo 4 del Reglamento Interno, procedimiento que se desarrolló del 12 de julio al 29 de noviembre de 2018.
De lo anterior resulta que el Tribunal de Cuentas reaccionó con rapidez a la recepción de la información relativa a las irregularidades presuntamente cometidas por el Sr. Pinxten y que, a continuación, tramitó los procedimientos correspondientes a sus atribuciones con una celeridad de la que no cabe duda, aun cuando el artículo 286 TFUE, apartado 6, todavía no se había aplicado nunca y el informe de la OLAF mencionaba un número muy elevado de irregularidades cometidas por el Sr. Pinxten.
Por consiguiente, si bien el Tribunal de Justicia debe tener en cuenta, en su caso, el plazo transcurrido entre algunos de los hechos en cuestión y la formulación de imputaciones concretas por parte del Tribunal de Cuentas con el fin de valorar en qué medida puede esperarse del Sr. Pinxten que presente explicaciones o pruebas adicionales relativas a estos hechos, no puede considerarse que la interposición del presente recurso se produjera, de manera general, tras un plazo irrazonable o que hubiera precluido el derecho del Tribunal de Cuentas a alegar, a los efectos del presente procedimiento, algunas de las irregularidades denunciadas en dicho recurso.
En consecuencia, procede desestimar las alegaciones del Sr. Pinxten basadas en el retraso con el que se interpuso el presente recurso.
En vista de que no se ha estimado ninguna de las cuatro alegaciones relativas a la admisibilidad del recurso, debe concluirse que el presente recurso es admisible.
B.

Imputaciones
En apoyo de su recurso, el Tribunal de Cuentas invoca cinco imputaciones, basadas, en primer término, en el uso indebido de los recursos de esta institución, en segundo término, en el uso indebido e ilícito de privilegios fiscales, en tercer término, en falsas declaraciones de siniestros al seguro, en cuarto término, en el ejercicio no declarado e ilícito de ciertas actividades, así como, en quinto término, en la generación de una situación de conflicto de intereses.
Con el fin de examinar estas imputaciones, es importante precisar que el artículo 286 TFUE, apartado 6, permite al Tribunal de Cuentas solicitar al Tribunal de Justicia que releve a miembros de esta institución de sus funciones o que les prive de su derecho a la pensión o de cualquier otro derecho sustitutivo, cuando dichos miembros dejen de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo.
La naturaleza de estas obligaciones se precisa, en concreto, en los artículos 285 TFUE y 286 TFUE.
Así, de conformidad con el artículo 285 TFUE, estos miembros deben ejercer sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión.
Asimismo, del artículo 286 TFUE, apartado 3, se desprende que los miembros del Tribunal de Cuentas deben abstenerse, en particular, de realizar cualquier acto incompatible con el carácter de sus funciones.
El artículo 286 TFUE, apartado 4, prohíbe, además, a dichos miembros el ejercicio de cualquier actividad profesional, retribuida o no, mientras dure su mandato, en particular, con el fin de garantizar la disponibilidad de los referidos miembros en el ejercicio de estas funciones. Esta disposición precisa igualmente que los mencionados miembros deben comprometerse solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún después de finalizar este, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios.
Ya que estos últimos deberes solo se citan a modo de ejemplo, el concepto de «obligaciones que dimanan de su cargo», en el sentido del artículo 286 TFUE, apartado 6, debe entenderse en sentido amplio. Considerando las serias responsabilidades que se les confían, es importante que los miembros del Tribunal de Cuentas observen los más altos valores de conducta y hagan prevalecer en todo momento el interés general de la Unión no solo sobre los intereses nacionales, sino también sobre los intereses personales (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson,
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
, apartados
y
).
Desde este punto de vista, las obligaciones de los miembros del Tribunal de Cuentas establecidas por el Derecho primario se reproducen y concretan en las normas adoptadas por esta institución, que dichos miembros deben cumplir de forma rigurosa.
En particular, los miembros del Tribunal de Cuentas deben observar escrupulosamente las obligaciones de declaración previstas en dichas normas para garantizar el respeto del artículo 286 TFUE, apartados 3 y 4, y proporcionar así una información completa a la mencionada institución sobre las solicitudes dirigidas a hacer uso de los recursos de dicha institución, en particular en concepto de gastos de misión, de representación y de recepción.
En caso de duda sobre el alcance concreto de las obligaciones derivadas de su cargo, los miembros del Tribunal de Cuentas deben dirigirse a los servicios competentes de dicha institución para disipar tal duda.
Dicho esto, si bien los miembros del Tribunal de Cuentas deben velar por que su conducta sea irreprochable, no por ello debe entenderse que la menor desviación con respecto a esas normas que les vinculan pueda ser condenada con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6. Para ello se requiere que concurra cierto grado de gravedad (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson,
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
, apartado
).
En consecuencia, el examen de las cinco imputaciones invocadas por el Tribunal de Cuentas debe tratar de determinar si los autos de que dispone el Tribunal de Justicia permiten demostrar la existencia de un incumplimiento con un cierto grado de gravedad por parte del Sr. Pinxten de las obligaciones que dimanan del cargo de miembro de esta institución, según vienen definidas por el Derecho primario y se precisan en las normas adoptadas por la mencionada institución.
A tal fin, el Tribunal de Justicia debe examinar todos los elementos de prueba que se le han presentado, tanto por el Tribunal de Cuentas, al que le corresponde demostrar la existencia del incumplimiento que imputa al Sr. Pinxten, como por este último. En concreto, el Tribunal de Justicia debe apreciar la exactitud material y la fiabilidad de dichos elementos, con el fin de determinar si estos son suficientes para declarar la existencia de un incumplimiento con un cierto grado de gravedad en el sentido del artículo 286 TFUE, apartado 6.
1.

Cuarta imputación, basada en el ejercicio no declarado e ilícito de una actividad política y de una actividad de gestión de una sociedad civil inmobiliaria
Mediante su cuarta imputación, el Tribunal de Cuentas alega que el Sr. Pinxten ha incumplido sus obligaciones de desinterés, independencia, imparcialidad, implicación, integridad, responsabilidad, conducta ejemplar y transparencia al ejercer de forma irregular, a lo largo de sus mandatos, dos actividades externas.
Dado que el uso indebido de los recursos del Tribunal de Cuentas, que constituye el objeto de la primera imputación, se refiere, en parte, a supuestos de utilización de recursos de esta institución considerados por esta como vinculados a actividades externas, debe examinarse la cuarta imputación en primer lugar.
A este respecto, tal como se ha señalado en el apartado 238 de la presente sentencia, con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 4, los miembros del Tribunal de Cuentas no deben ejercer ninguna actividad profesional, retribuida o no, mientras dure su mandato.
Además, especialmente con el fin de garantizar, de conformidad con el artículo 285 TFUE, la independencia de estos miembros y asegurarse, en virtud del artículo 286 TFUE, apartado 3, de que dichos miembros se abstengan de realizar cualquier acto incompatible con la naturaleza de sus funciones, las normas adoptadas por el Tribunal de Cuentas, que, tal como se ha señalado en el apartado 241 de la presente sentencia, los mismos miembros deben observar escrupulosamente, precisan en qué condiciones estos pueden ejercer una actividad externa mientras dure su mandato.
Así pues, el punto 3.7 de las Directrices de Ética establece que los miembros del Tribunal de Cuentas solo deben ejercer actividades externas en el marco establecido en el Estatuto y deben abstenerse de llevar a cabo una actividad que pueda perjudicar la reputación de esta institución, arrojar dudas sobre su imparcialidad o interferir en su trabajo.
El artículo 4, apartado 1, del código de conducta de 2004 y el artículo 4, apartados 1 y 2, del código de conducta de 2012 enunciaban que los miembros del Tribunal de Cuentas se dedicarían plenamente al cumplimiento de su mandato, que no podrían ejercer ninguna función política y que se abstendrían de toda actividad profesional externa, así como de cualquier otra actividad externa incompatible con el ejercicio de sus funciones.
El artículo 5, apartado 1, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno disponía que los miembros del Tribunal de Cuentas se abstendrían de toda actividad profesional externa y de cualquier otra actividad externa que fuera incompatible con los principios de independencia y de disponibilidad en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 5, apartado 2, de las Disposiciones de aplicación precisaba que toda actividad externa existente o solicitada debería valorarse en virtud de cuatro criterios generales relativos a la ausencia, respectivamente, de menoscabo de la imagen del Tribunal de Cuentas en cuanto a su imparcialidad, de conflicto de intereses, de la dedicación de un tiempo excesivo y de beneficio económico.
Por lo demás, desde un punto de vista procesal, el artículo 4, apartado 3, del código de conducta de 2004, el artículo 4, apartado 6, del código de conducta de 2012, así como el artículo 6, apartados 1 y 2, de las Disposiciones de aplicación del Reglamento Interno establecen una obligación de declaración al presidente del Tribunal de Cuentas de toda actividad externa, no solo en el momento de la toma de posesión del cargo por parte de un miembro de esta institución, sino también durante el resto de su mandato.
De lo anterior se desprende que, para poder resolver sobre la cuarta imputación, se debe valorar si el Sr. Pinxten cumplió las obligaciones de declarar toda actividad externa y de abstenerse de ejercer una actividad externa incompatible con sus funciones en lo referente a las dos actividades externas que constituyen el objeto de las partes primera y segunda de esta imputación.
a)

Primera parte de la cuarta imputación, basada en el ejercicio no declarado e ilícito de una actividad política
1)

Alegaciones de las partes
Mediante la primera parte de su cuarta imputación, el Tribunal de Cuentas aduce que el Sr. Pinxten ejerció una actividad política intensa mientras era miembro de esta institución. También participó en numerosas reuniones de la junta directiva del partido político Open VLD (en lo sucesivo, «partido político en cuestión») y, es más, lo hizo en calidad de miembro con derecho a voto hasta el año 2008.
Esta actividad no fue ni declarada ni autorizada por el Tribunal de Cuentas y, en cualquier caso, era incompatible con las funciones de miembro de esta institución.
El Sr. Pinxten niega haber mantenido actividad política alguna mientras era miembro del Tribunal de Cuentas. Según afirma, aunque asistió a ciertas reuniones del partido político en cuestión, se trataba de reuniones de la junta directiva «ampliada» de ese partido, en las que también participaron parlamentarios de dicho partido y durante las cuales el Sr. Pinxten no dispuso de derecho de voto, habida cuenta de que no era un miembro electo de dicha junta directiva. Afirma que su participación en estas reuniones tenía como objetivo promover las actividades del Tribunal de Cuentas y mantener relaciones profesionales con dirigentes políticos nacionales.
2)

Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, debe señalarse que la alegación del Tribunal de Cuentas según la cual el Sr. Pinxten participó en las reuniones de la junta directiva del partido político en cuestión como miembro con derecho de voto, hasta el año 2008, no puede considerarse acreditada, ya que los autos de que dispone el Tribunal de Justicia no incluyen ninguna prueba que apoye esta alegación.
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la participación del Sr. Pinxten, a partir del año 2008, en las reuniones de la junta directiva del partido político en cuestión sin tener derecho a voto, el Tribunal de Cuentas aporta, en particular, un correo electrónico enviado el 24 de noviembre de 2008 por el director político de ese partido y en el que se aseguraba al Sr. Pinxten que sería invitado de forma sistemática a las reuniones de la junta directiva del referido partido, así como actas de estas reuniones que dejan constancia de la participación del Sr. Pinxten en al menos treinta de las mencionadas reuniones entre el 9 de marzo de 2009 y el 26 de abril de 2010.
Tal como señaló el Abogado General en el punto 182 de sus conclusiones, también se deduce de estas actas que las reuniones de la junta directiva del partido político en cuestión en las que participó el Sr. Pinxten tenían por objeto debatir cuestiones variadas relativas a las políticas belga y europea.
Además, si bien las actas de las reuniones de la junta directiva del partido político en cuestión posteriores al 26 de abril de 2010 no figuran en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia, resulta de una serie de elementos obrantes en dichos autos que la participación del Sr. Pinxten en dichas reuniones continuó tras la fecha mencionada.
En particular, de los intercambios de correos electrónicos fechados en el mes de mayo de 2012 se desprende que el Sr. Pinxten estaba preocupado por haber dejado de recibir invitaciones para participar en las reuniones de la junta directiva del partido político en cuestión y que se le respondió que se trataba de una incidencia técnica. El interés del Sr. Pinxten por estas reuniones también se ve reflejado en un intercambio de correos electrónicos de enero de 2016, en los que se quejaba de que las invitaciones a dichas reuniones le llegaban con demasiado retraso para que pudiera organizarse para asistir.
Los correos electrónicos enviados en septiembre de 2014, así como en los meses de septiembre y de octubre de 2015, confirman, asimismo, la participación del Sr. Pinxten en algunas de las reuniones de la junta directiva del partido político en cuestión.
Posteriormente, diversos correos electrónicos de los años 2016 y 2017 demuestran que se continuaban enviando invitaciones a tales reuniones al Sr. Pinxten, mientras que los documentos relativos a varias misiones efectuadas por este indican su participación en al menos cuatro de estas reuniones durante estos dos años.
Asimismo, en su audiencia ante el Tribunal de Cuentas y después en la vista, el Sr. Pinxten reconoció haber participado de forma regular en las reuniones de la junta directiva «ampliada» del partido político en cuestión, a razón de aproximadamente ocho a diez reuniones al año de media.
De estos elementos resulta que, durante la mayor parte de sus dos mandatos en el Tribunal de Cuentas, el Sr. Pinxten ejerció una actividad política activa, manifestada concretamente en su participación directa y regular en un órgano directivo de un partido político nacional.
La alegación del Sr. Pinxten de que participaba en estas reuniones como invitado o en calidad de observador, al igual que los parlamentarios del partido de que se trata, sin haber sido elegido a tal fin ni disponer de derecho a voto, no puede desvirtuar esta apreciación.
En efecto, la presencia regular en reuniones de dirección de un partido político, incluso sin derecho a voto, ofrece una posibilidad real, en particular mediante la participación en los debates mantenidos en dicho entorno, de influir en la actividad política de dicho partido. La similitud entre el estatuto de los parlamentarios del partido de que se trata y el del Sr. Pinxten, en lo tocante a la participación en las reuniones en cuestión, que este invoca, confirma además la vinculación de esta participación con una actividad política.
Pues bien, aparte de que esta actividad no fue declarada en absoluto por el Sr. Pinxten, debe constatarse que tal actividad es claramente incompatible con las funciones de miembro del Tribunal de Cuentas.
En efecto, además del tiempo necesario para acudir y asistir, durante días laborables, a reuniones políticas, cuando el miembro afectado está sujeto a una obligación de disponibilidad, una actividad de este tipo afecta a su independencia y, cuando se hace pública, puede menoscabar la imagen que tiene el público de la imparcialidad del Tribunal de Cuentas.
En consecuencia, tal actividad es incompatible con las obligaciones establecidas en el Derecho primario y también es contraria a las normas adoptadas por el Tribunal de Cuentas mencionadas en los apartados 250 a 253 de la presente sentencia. El ejercicio de una función política, en concreto, se prohíbe expresamente en los códigos de conducta de 2004 y de 2012, mientras que el punto 3.3 de las Directrices de Ética menciona la necesidad de evitar todo conflicto de intereses que podría producirse en caso de pertenencia a la junta directiva de un partido.
Es preciso señalar que el mantenimiento de una actividad política por un miembro del Tribunal de Cuentas durante la mayor parte de la duración de sus mandatos constituye una infracción de una especial gravedad de las obligaciones más elementales que dimanan de su cargo.
La gravedad del incumplimiento de estas obligaciones se ve más acentuada si cabe, en el presente asunto, por el hecho de que el Sr. Pinxten no podía en absoluto ignorar el carácter irregular de su comportamiento, dado que, cuando asumió sus funciones, el comité encargado de evaluar las actividades externas de los miembros del Tribunal de Cuentas había rechazado su petición de conservar el título de alcalde del municipio de Overpelt (Bélgica), basándose, en concreto, en una nota de 10 de mayo de 2006 del departamento jurídico de esta institución en la que se destacaba que sus miembros no pueden ejercer ninguna función política.
Por consiguiente, la primera parte de la cuarta imputación está fundada.
b)

Segunda parte de la cuarta imputación, basada en el ejercicio no declarado e ilícito de una actividad de gestión de una sociedad civil inmobiliaria
1)

Alegaciones de las partes
Mediante la segunda parte de su cuarta imputación, el Tribunal de Cuentas afirma que, durante el año 2016, el Sr. Pinxten constituyó una sociedad privada, de la que obtenía ingresos, destinada a explotar un viñedo en Côte-d’Or (Francia).
A su juicio, esta actividad no fue ni declarada ni autorizada por el Tribunal de Cuentas y, en cualquier caso, era incompatible con las funciones de miembro de esta institución, en la medida en que se trataba de una actividad profesional lucrativa.
Según el Sr. Pinxten, la sociedad mencionada por el Tribunal de Cuentas es una sociedad civil inmobiliaria que no lleva a cabo una actividad comercial y que se limita a percibir una renta de alquiler por un bien incluido en su declaración de intereses. Por lo tanto, a su entender constituye simplemente una forma de propiedad inmobiliaria totalmente transparente.
2)

Apreciación del Tribunal de Justicia
De los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que el Sr. Pinxten efectivamente ostentó el cargo de administrador de una sociedad civil inmobiliaria desde la constitución de dicha sociedad, en el año 2016, y hasta la finalización de su segundo mandato.
El Sr. Pinxten y su esposa eran los titulares del 97 % de las participaciones de dicha sociedad civil inmobiliaria, siendo el 3 % restante propiedad de sus tres hijos.
Además, de las escrituras notariales y los correos electrónicos aportados por el Tribunal de Cuentas se desprende que, el 12 de septiembre de 2016, dicha sociedad civil inmobiliaria adquirió diversas parcelas que fueron inmediatamente cedidas en arrendamiento rústico para su explotación por un tercero.
Pues bien, procede declarar, en cuanto a la compatibilidad de la función ejercida de este modo por el Sr. Pinxten con sus funciones, que ninguno de los principios que rigen el estatuto de los miembros del Tribunal de Cuentas se opone a la titularidad, directa o indirecta, de bienes inmuebles o a la obtención de ingresos por arrendamiento relativos a dichos bienes.
Asimismo, del artículo 2, apartado 2, del código de conducta de 2012, que sometía al mismo régimen de declaración la posesión de «cualquier bien inmobiliario […] bien directamente, bien indirectamente a través de una sociedad inmobiliaria», se desprende que las normas internas del Tribunal de Cuentas preveían de forma explícita la posibilidad de la titularidad directa o indirecta de bienes inmuebles por sus miembros.
Dado que no se ha alegado ni,
a fortiori
, demostrado que la sociedad civil inmobiliaria en cuestión haya llevado a cabo una actividad que excediera de la gestión de las parcelas agrícolas mencionadas en el apartado 281 de la presente sentencia, parece que, como administrador de dicha sociedad, el Sr. Pinxten únicamente tenía que gestionar esas parcelas que la referida sociedad no explotaba directamente, como habría tenido que hacer si hubiera tenido la propiedad directa de dichas parcelas.
En estas condiciones, y a falta de otros elementos que puedan demostrar la procedencia de la acusación formulada contra el Sr. Pinxten por el Tribunal de Cuentas a este respecto, la actividad de administrador de una sociedad civil inmobiliaria familiar ejercida por este no parece que pueda menoscabar los principios de independencia e imparcialidad, reducir su disponibilidad o proveerle de ingresos superiores a los que habría podido obtener como propietario de los bienes poseídos por esta sociedad.
De ello se deduce que, contrariamente a lo que sostiene el Tribunal de Cuentas, no puede considerarse que esta actividad constituya una actividad incompatible con las funciones de miembro del Tribunal de Cuentas.
En lo tocante a la cuestión de si el Sr. Pinxten cumplió su obligación de declaración de tal actividad, del artículo 2, apartados 2 y 4, del código de conducta de 2012 se desprende que correspondía al miembro del Tribunal de Cuentas que hubiera adquirido, durante su mandato, a través de una sociedad inmobiliaria, un bien inmueble que no constituyera una vivienda reservada a su uso exclusivo, presentar una nueva declaración de sus intereses financieros y patrimonio mencionando este bien.
En relación con la existencia de esta obligación de declaración específica, relativa a la posesión de bienes inmuebles, y con la referencia realizada en este contexto, por el código de conducta de 2012, a las sociedades inmobiliarias, procede considerar que una declaración de intereses financieros y de elementos patrimoniales de un miembro del Tribunal de Cuentas que mencione el bien poseído a través de una sociedad inmobiliaria es suficiente para permitir a dicho miembro del Tribunal, cuando ostente el cargo de administrador de la referida sociedad, cumplir sus obligaciones de declaración respecto de dicha institución.
A mayor abundamiento, dado que, por una parte, el cargo de administrador de una sociedad civil inmobiliaria no es incompatible en sí mismo con las funciones de miembro del Tribunal de Cuentas y que, por otra parte, un posible conflicto de intereses relacionado con dicho cargo se derivaría, por su propia naturaleza, de la posesión del bien en cuestión y no del propio ejercicio de dicho cargo, la declaración adicional de este como actividad externa en el marco del procedimiento al que se refiere el apartado 254 de la presente sentencia no es necesaria para permitir al Tribunal de Cuentas comprobar que sus miembros cumplen las obligaciones que dimanan de su cargo.
En el presente caso, no se discute que las parcelas agrícolas propiedad de la sociedad civil inmobiliaria en cuestión se mencionaron efectivamente en una nueva declaración de intereses financieros y de patrimonio presentada por el Sr. Pinxten tras la adquisición de dichas parcelas.
Por consiguiente, la segunda parte de la cuarta imputación debe desestimarse por infundada.
Así pues, procede admitir parcialmente esta imputación.
2.

Primera imputación, basada en el uso indebido de los recursos del Tribunal de Cuentas para financiar actividades no relacionadas o incompatibles con sus funciones como miembro de dicha institución
a)

Admisibilidad de la primera imputación
El Sr. Pinxten presentó dos alegaciones dirigidas a impugnar la admisibilidad de la primera imputación basadas, respectivamente, en la falta de ejercicio por parte del Tribunal de Cuentas de su facultad de apreciación y en defectos formales de presentación de la demanda, así como en la inadmisibilidad del cuadro presentado como anexo del escrito de réplica.
1)

Sobre el ejercicio por el Tribunal de Cuentas de su facultad de apreciación
i)

Alegaciones de las partes
El Sr. Pinxten sostiene que el Tribunal de Cuentas se ha limitado a hacer referencia al informe de la OLAF sin analizarlo y, en particular, sin indicar con precisión en qué sentido era irregular cada uno de los gastos criticados. A su juicio, al actuar así, esta institución no hizo uso de la facultad de apreciación que le confiere el artículo 286 TFUE, apartado 6. Según afirma, esta carencia se ve agravada por el hecho de que finalmente el Tribunal de Cuentas solo reclama al Sr. Pinxten aproximadamente el 27 % del importe señalado por la OLAF, sin explicar las razones por las cuales retoma, no obstante, el conjunto de las acusaciones dirigidas contra el Sr. Pinxten en el informe de la OLAF.
El Tribunal de Cuentas considera que debía analizar el informe de la OLAF y hacer referencia a este. No obstante, efectuó su propio análisis de los hechos controvertidos, como demuestran por otro lado el informe preliminar y la demanda.
ii)

Apreciación del Tribunal de Justicia
Del artículo 286 TFUE, apartado 6, resulta que únicamente el Tribunal de Cuentas puede iniciar el procedimiento previsto en esta disposición.
Por lo tanto, esta institución debe apreciar si los elementos de que dispone acerca del comportamiento adoptado por el miembro o antiguo miembro de dicha institución afectado son suficientes para justificar la incoación de este procedimiento. Además, el artículo 4 del Reglamento Interno establece un procedimiento interno dirigido a permitir la adopción de una decisión fundamentada de la misma institución a este respecto.
Asimismo, la existencia de un informe de la OLAF relativo al comportamiento del miembro o antiguo miembro del Tribunal de Cuentas afectado no puede limitar la facultad de apreciación de que dispone esta institución a este respecto, ya que del artículo 11, apartado 4, del Reglamento n.
o
883/2013 se desprende que corresponde a la institución a la que se remite tal informe determinar las medidas que procede adoptar en relación con dicho informe y las recomendaciones que lo acompañen.
En el presente asunto, tal como se desprende en particular de los apartados 188 a 214 de la presente sentencia, se aplicó el procedimiento previsto en el artículo 4 del Reglamento Interno, lo que permitió al Tribunal de Cuentas decidir interponer el presente recurso teniendo en cuenta el conjunto de los elementos de que disponía, incluido el informe de la OLAF.
En estas condiciones, la circunstancia de que la demanda se base ampliamente en las conclusiones alcanzadas en el informe de la OLAF no puede poner en entredicho la admisibilidad de la primera imputación, dado que el Tribunal de Cuentas no está obligado en absoluto a apartarse de dichas conclusiones.
Además, el Tribunal de Cuentas no ha reproducido en su demanda todas las acusaciones recogidas en el informe de la OLAF. Así, en particular, no ha formulado alegaciones basadas en las ausencias no justificadas del Sr. Pinxten y ha excluido asimismo el análisis de la OLAF sobre la irregularidad de algunas de las misiones del Sr. Pinxten.
De lo anterior resulta que la alegación del Sr. Pinxten basada en la falta de ejercicio por parte del Tribunal de Cuentas de su facultad de apreciación debe rechazarse.
2)

Sobre la presentación de la demanda y la admisibilidad del cuadro aportado como anexo al escrito de réplica
i)

Alegaciones de las partes
El Sr. Pinxten sostiene que el Tribunal de Cuentas no ha cumplido con la obligación que le incumbía en su condición de autoridad encargada de la persecución de las infracciones de demostrar los hechos probando que cada uno de los gastos reprochados en la primera imputación es efectivamente irregular.
A su parecer, tal demostración no puede efectuarse mediante una remisión de principio y automática al informe de la OLAF y a sus numerosos anexos, pues tal remisión es inadmisible. Afirma, asimismo, que dicha institución no puede sostener válidamente su argumentación refiriéndose al cuadro que aparece en el anexo C.1 del escrito de réplica, máxime cuando dicho cuadro es posterior a su decisión de someter el asunto al Tribunal de Justicia.
Según el Tribunal de Cuentas, la demanda está suficientemente motivada. A su juicio, presenta ejemplos representativos de los incumplimientos de los que se acusa al Sr. Pinxten a la vez que recoge cada imputación y aporta, en un anexo, un cuadro más detallado. Tras la notificación de las observaciones del Sr. Pinxten el 4 de febrero de 2019, el Tribunal de Cuentas efectuó, además, un nuevo examen de cada uno de los gastos y creó un cuadro adjunto a su decisión de 11 de abril de 2019 en la que se reflejaba el crédito y su recuperación.
ii)

Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, debe señalarse que la alegación del Sr. Pinxten de que el Tribunal de Cuentas no ha demostrado los hechos en los que se fundamenta la primera imputación debe apreciarse en la fase del examen de la procedencia de dicha imputación, no en la del examen de su admisibilidad.
Por lo demás, por lo que respecta, en primer lugar, a la presentación de la demanda, es importante recordar que, con arreglo al artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al artículo 120, letra c), de su Reglamento de Procedimiento, la demanda debe indicar, en particular, la cuestión objeto del litigio, las pretensiones del demandante y los motivos y alegaciones invocados.
El respeto de esta obligación debe permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Justicia ejercer su control. De ello se desprende que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa tal recurso deben constar de forma coherente y comprensible en el propio tenor de la demanda y que las pretensiones de esta última deben formularse de forma inequívoca para evitar que el Tribunal de Justicia se pronuncie
ultra petita
o que omita pronunciarse sobre una imputación.
En consecuencia, en el marco de un recurso interpuesto con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6, el Tribunal de Cuentas debe presentar las imputaciones de forma coherente y precisa, con el fin de permitir al miembro o antiguo miembro del Tribunal de Cuentas afectado comprender exactamente la naturaleza del incumplimiento de las obligaciones dimanantes de su cargo de que se le acusa, siendo esta una condición necesaria para que dicho miembro o antiguo miembro pueda alegar de forma útil sus medios de defensa y para que el Tribunal de Justicia pueda comprobar la existencia del incumplimiento alegado.
Si bien ciertos extremos específicos del texto de la demanda pueden apoyarse y completarse, a tal fin, mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, aunque figuren como anexo de la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica que deben figurar en la propia demanda (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión,
C‑382/12 P
,
EU:C:2014:2201
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, no le incumbe al Tribunal de Justicia buscar e identificar, en los anexos de la demanda, las imputaciones y los argumentos que a su juicio podrían constituir el fundamento del recurso (véase, por analogía, la sentencia de 11 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión,
C‑382/12 P
,
EU:C:2014:2201
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, la demanda del Tribunal de Cuentas contiene una exposición general de la primera imputación en la que se presentan, en particular, las categorías de situaciones en las que el Sr. Pinxten utilizó de forma indebida los recursos de esta institución.
Esta exposición se ve completada por unos anexos muy voluminosos a los que la demanda se remite de forma reiterada.
A este respecto, ciertamente debe señalarse que las modalidades de las remisiones a estos anexos efectuadas en la demanda son criticables, en la medida en que el Tribunal de Cuentas apoya frecuentemente su argumentación en una referencia insuficientemente precisa al anexo A.37 de la demanda, que está formado por numerosos documentos, a menudo presentados de forma desordenada, e incluye varios miles de páginas.
Si bien esta práctica no permite al Tribunal de Justicia disponer de un análisis preciso y detallado la demanda, permite no obstante, a pesar de todo, comprender la naturaleza de la primera imputación formulada por el Tribunal de Cuentas y las alegaciones que pretende invocar para demostrar la irregularidad del comportamiento del Sr. Pinxten.
Por lo tanto, debe considerarse que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa el presente recurso constan, de manera suficiente, en el texto de la demanda y que, en consecuencia, las múltiples remisiones a los anexos de la demanda no tienen por objeto paliar una carencia de esta al respecto.
Por lo que respecta, más concretamente, a la presentación por parte del Tribunal de Cuentas del cuadro que figura en el anexo A.47 de la demanda, debe señalarse que dicho cuadro permite a esta institución fundamentar y completar la demanda al describir, de forma exhaustiva y precisa, las situaciones concretas en las que afirma que se produjeron las irregularidades mencionadas en el marco de la primera imputación recogida en la demanda.
Además, este cuadro permite garantizar una continuidad con el procedimiento administrativo previo, durante el cual se utilizaron las mismas referencias, tanto por parte del Tribunal de Cuentas como por el Sr. Pinxten, para identificar las situaciones en cuestión.
A mayor abundamiento, a la vista del gran número de situaciones específicas contempladas en la primera imputación, una presentación completa de estas en el cuerpo de la demanda resultaba, de hecho, difícilmente concebible.
Ahora bien, tal limitación formal no puede obligar al Tribunal de Cuentas a renunciar a presentar ante el Tribunal de Justicia todos los hechos que considere pertinentes para demostrar el incumplimiento por parte del Sr. Pinxten de las obligaciones que dimanaban de su cargo.
En estas condiciones, procede considerar que la presentación de la primera imputación en la demanda permite al Sr. Pinxten ejercer su derecho de defensa, como, por otro lado, ha hecho de forma detallada a lo largo del procedimiento ante el Tribunal de Justicia, y a este último pronunciarse sobre la procedencia de esta imputación.
De ello se desprende que los defectos formales de presentación de la demanda no permiten considerar que la primera imputación sea inadmisible, ya sea total o parcialmente.
En segundo lugar, en lo que atañe a la alegación de que el cuadro presentado en el anexo C.1 del escrito de réplica es inadmisible en la medida en que se estableció con posterioridad a la demanda y se presentó en la fase del escrito de réplica, debe recordarse que, en virtud del artículo 127 del Reglamento de Procedimiento, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. Asimismo, el artículo 128, apartado 1, de este Reglamento prevé que en el escrito de réplica las partes podrán aún aportar pruebas o proponer pruebas en apoyo de sus alegaciones, debiendo motivar el retraso con que lo hacen.
A este respecto, cabe observar que el cuadro aportado en el anexo C.1 del escrito de réplica constituye una nueva presentación del cuadro que figura en el anexo A.47 de la demanda, destinado a facilitar la identificación de los elementos de prueba relativos a cada una de las situaciones mencionadas en dicho cuadro y a tomar en consideración las alegaciones formuladas por el Sr. Pinxten en su escrito de contestación.
Dado que no está acreditado que el cuadro presentado en el anexo C.1 del escrito de réplica incluya imputaciones nuevas o que se remita a pruebas que no se hubieran presentado adjuntas a la demanda, no cabe considerar, de conformidad con los artículos 127 o 128 del Reglamento de Procedimiento, que es total o parcialmente inadmisible.
b)

Procedencia de la primera imputación
1)

Alegaciones de las partes
Mediante su primera imputación, el Tribunal de Cuentas alega que, al utilizar de forma indebida los recursos de esta institución, el Sr. Pinxten incumplió sus obligaciones de desinterés, independencia, imparcialidad, implicación, integridad, responsabilidad, conducta ejemplar y transparencia.
En primer lugar, el Tribunal de Cuentas acusa al Sr. Pinxten de haber solicitado el reembolso de gastos de misión y el pago de dietas por actividades carentes de relación con sus funciones.
A este respecto, el Tribunal de Cuentas destaca que del artículo 7 del Reglamento n.
o
2290/77 y de la Decisión n.
o
1‑2003 se desprendía que dicho reembolso y dicho pago solo podían realizarse por tareas cuya ejecución hubiera sido encargada por la institución a un miembro y que fueran relativas al ejercicio de sus funciones.
Pues bien, afirma que, en primer término, el Sr. Pinxten solicitó el reembolso de gastos de misión y el pago de dietas por actividades de entretenimiento, a saber, actividades recreativas, como una estancia en el complejo hotelero de montaña de Crans-Montana (Suiza), actividades de ocio, en particular cacerías, viajes turísticos, como un viaje a Cuba, o bien recepciones y bodas de sus amigos.
En segundo término, aduce que el Sr. Pinxten solicitó reembolsos y pagos por actividades referidas a sus intereses patrimoniales, especialmente en el marco de la compra de un viñedo.
En tercer término, manifiesta que el Sr. Pinxten realizó misiones para actividades incompatibles con sus funciones, como actividades en el contexto del partido político en cuestión, cuya realidad se ha demostrado tanto por la frecuencia de los encuentros con los miembros de dicho partido como gracias a las pruebas recogidas por la OLAF.
En cuarto término, sostiene que el Sr. Pinxten declaró «misiones sin dietas» para actividades que, según el mismo reconoce, carecían de relación con sus funciones, con el fin de asegurarse de que el kilometraje del vehículo oficial destinado a dichas misiones no se contabilizara en el límite anual de 15000 km cuyo exceso se le cobraba.
Según el Tribunal de Cuentas, si bien el Sr. Pinxten justifica numerosas misiones por la recepción de una invitación formal, esta justificación no puede aceptarse, dado que, por un lado, ese carácter formal, concretamente el hecho de que una invitación se refiera a la condición de miembro del Tribunal de Cuentas de su destinatario, podría ser una expresión de cortesía que no demuestra una relación con sus funciones de miembro del Tribunal de Cuentas y que, por otro lado, se ha acreditado que, en algunos casos, la invitación en cuestión había sido solicitada por el Sr. Pinxten. Del mismo modo, la posición o el título de las personas con las que se encontró con ocasión de una misión no constituyen, a su parecer, un motivo válido, ya que no son suficientes para acreditar el carácter oficial del evento. Además, afirma que el presidente del Tribunal de Cuentas está encargado de la representación externa de esta institución, con la asistencia, desde el año 2016, de los miembros responsables de las relaciones institucionales y del control de calidad de la auditoría.
En segundo lugar, el Tribunal de Cuentas alega que, en los extractos trimestrales de sus gastos de representación y de recepción, el Sr. Pinxten indicó gastos que tenían un carácter privado o que eran incompatibles con sus funciones.
Pues bien, a su entender, del artículo 2 de la Decisión n.
o
7‑2004 resulta que el reembolso de los gastos de representación estaba limitado a los gastos en que incurrieran los miembros del Tribunal de Cuentas en tal condición y que los amigos o los contactos personales debían ser objeto de invitaciones privadas.
El Tribunal de Cuentas destaca, en particular, que el Sr. Pinxten organizó una serie de cenas en su residencia cuya relación con sus funciones de miembro de esta institución no está acreditada y que, a tenor de lo reseñado en un escrito de fecha 28 de abril de 2015 dirigido al Primer Ministro del Reino de Bélgica para invitarle a tal cena (en lo sucesivo, «escrito de 28 de abril de 2015»), debe considerarse que tenían como auténtico objetivo reunir a los amigos del Sr. Pinxten.
En tercer lugar, el Tribunal de Cuentas afirma que el Sr. Pinxten utilizó su vehículo oficial y empleó los servicios de chóferes del Tribunal de Cuentas para actividades ajenas o incompatibles con sus funciones, inclusive en casos en los que no estaba en misión.
Pues bien, de los artículos 1 y 4 de la Decisión n.
o
33‑2004 se desprende que el Tribunal de Cuentas únicamente debía hacerse cargo de los gastos ocasionados por la utilización del vehículo de función en el ejercicio de las funciones de los miembros de esta institución. Así sucedía, en virtud de estas disposiciones, cuando los desplazamientos en cuestión estaban amparados por una orden de misión o, con un límite de 15000 km al año, respecto de ciertos desplazamientos específicos considerados como relacionados con el ejercicio de las funciones. Asimismo, según el referido Tribunal, los miembros de este podían hacer uso de los servicios de un chófer solamente para sus desplazamientos en el ejercicio de las funciones.
A juicio del Tribunal de Cuentas, el estado de salud del Sr. Pinxten no podía justificar el uso de los chóferes del Tribunal de Cuentas para desplazamientos privados. A mayor abundamiento, el certificado médico que menciona la contraindicación de conducir largas distancias no se expidió hasta el 31 de octubre de 2016.
Según dicho Tribunal, las disposiciones reglamentarias aplicables durante todo el período controvertido eran claras, precisas, previsibles y perfectamente conocidas por el Sr. Pinxten. De forma constante, excluían todo pago relativo a actividades privadas o a actividades incompatibles con la condición de miembro del Tribunal de Cuentas. En este contexto, el Sr. Pinxten no puede atribuir la responsabilidad de sus propios incumplimientos al Tribunal de Cuentas, que disponía de mecanismos de control internos adecuados.
A juicio del Tribunal de Cuentas, en este caso no cabe considerar que haya existido ninguna violación del principio de protección de la confianza legítima, dado que el silencio de la Administración o la realización de pagos indebidos no deben considerarse como garantías concretas, incondicionales y concordantes.
Afirma que, en todo caso, una práctica irregular no puede generar confianza legítima. Pues bien, a su parecer, la validación, por el presidente del Tribunal de Cuentas, de las órdenes de misión emitidas por el Sr. Pinxten se basó en una información que no permitía comprender que dichas órdenes no se referían a tareas relativas al ejercicio de sus funciones. Así pues, el consentimiento de dicho presidente estaba viciado por las omisiones voluntarias o el dolo del Sr. Pinxten.
El Sr. Pinxten solicita la desestimación de la primera imputación.
Invoca, en primer lugar, los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.
A este respecto, alega que las normas aplicables, hasta el año 2018, dentro del Tribunal de Cuentas no definían los conceptos de «misión», de «ejercicio de las funciones» o de «en interés del Tribunal de Cuentas». El único texto útil en ese momento, a su juicio, eran los comentarios relativos al artículo 4 de la Decisión n.
o
33‑2004, que demostraban que el ejercicio de las funciones debía entenderse en un sentido amplio.
Además, el Sr. Pinxten afirma que comunicó sistemáticamente al presidente del Tribunal de Cuentas la información exigida por la Decisión n.
o
1‑2003. También informó de su empleo de un chófer por razones de salud, concretado en la declaración de «misiones sin dietas». Asimismo, respondió a todas las preguntas que le formularon los servicios del Tribunal de Cuentas. Habida cuenta de la práctica transparente que asegura haber mantenido, estima que no se le puede considerar responsable de las carencias del control de dichos servicios que no le permitieron identificar posibles errores.
En este contexto, el Sr. Pinxten afirma que recibió, mediante las autorizaciones concedidas y la práctica del Tribunal de Cuentas, garantías concretas, incondicionales y concordantes, procedentes de fuentes fiables, durante más de diez años, que dieron lugar a la expectativa legítima de que los pagos realizados eran conformes a Derecho. En consecuencia, considera que el recurso del Tribunal de Cuentas vulnera el principio de protección de la confianza legítima.
En segundo lugar, afirma que las apreciaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas en el marco de su primera imputación adolecen de una serie de errores manifiestos.
Sostiene que el Tribunal de Cuentas cuestionó de este modo, siguiendo a la OLAF, el objeto de numerosas misiones y se basó en lo que considera que fue el «auténtico objetivo» de dichas misiones, sin proporcionar explicaciones sobre los documentos que justifican su enfoque.
El Sr. Pinxten alega, en particular, que nunca ejerció una actividad política durante sus mandatos de miembro del Tribunal de Cuentas. Se reunió con miembros del partido político en cuestión en calidad de miembro del Tribunal de Cuentas y, concretamente, con el fin de garantizar la promoción del trabajo de dicha institución. Del mismo modo, aduce que las misiones que llevó a cabo en el seno de la SBNL-V contribuyeron a dar a conocer el trabajo del Tribunal de Cuentas ante las partes interesadas.
En cuanto a las cacerías, el Sr. Pinxten indica que sus misiones en el castillo de Chambord (Francia) se inscribían en el marco de jornadas europeas que reunían a personalidades europeas de primer nivel. De manera más general, el hecho de que una reunión oficial venga acompañada de elementos más informales no puede poner en entredicho su relación con las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas.
Sostiene que la misión en Crans-Montana fue autorizada por el presidente del Tribunal de Cuentas sin exigir ninguna información complementaria. Esta misión permitió al Sr. Pinxten participar en el «Foro de Crans-Montana», que tenía por objeto reunir a personalidades de primer nivel para debates de carácter general. Por lo demás, el demandado afirma que tuvo conocimiento de la existencia de este foro por el presidente del Tribunal de Cuentas.
El Sr. Pinxten aduce que el viaje a Cuba también estaba justificado, con el acuerdo del presidente del Tribunal de Cuentas, por la voluntad de reunirse con actores locales, sabiendo que la naturaleza del régimen cubano imponía la necesidad de establecer los contactos una vez sobre el terreno. Además, la organización del viaje se vio complicada por la falta de cooperación de la delegación de la Unión en Cuba.
Añade que las visitas médicas, por las cuales no percibió ninguna dieta, formaban parte de los supuestos, previstos en el artículo 4 de la Decisión n.
o
33‑2004, en los que estaba autorizado recurrir a un chófer.
Asimismo, el Sr. Pinxten aporta datos detallados referidos a una serie de misiones cuyo objeto considera que se ha descrito de forma incorrecta en la demanda o sobre las cuales el Tribunal de Cuentas ha formulado alegaciones de hecho inexactas.
En cuanto a los gastos de representación y de recepción, el Sr. Pinxten señala, basándose en la Decisión n.
o
7‑2004 y en las comunicaciones del Tribunal de Cuentas, que redundaba en interés de esta institución que sus miembros mantuvieran contactos con actores de primer nivel. Ninguna regla prohibía que las actividades de representación se dirigieran a personas ya conocidas, ya que solo los amigos personales y los miembros de la familia debían ser invitados de manera privada.
En este sentido, se opone al enfoque defendido por el Tribunal de Cuentas según el cual las actividades de representación incumbían únicamente a su presidente. Considera que este enfoque no se corresponde con la práctica de esta institución o con sus objetivos estratégicos y no es coherente con el hecho de que sus miembros estuvieran autorizados a incurrir en gastos de representación.
Aduce asimismo que las misiones que había ordenado a los chóferes estaban, bien relacionadas con sus misiones, o bien justificadas por el artículo 4 de la Decisión n.
o
33‑2004 y por el artículo 4 de la Decisión n.
o
19‑2009. Por lo demás, la administración del Tribunal de Cuentas estaba perfectamente informada de las actividades de los chóferes afectados.
2)

Apreciación del Tribunal de Justicia
Como observación previa, es preciso señalar que la primera imputación se refiere a varios centenares de acusaciones distintas relativas a un número igual de situaciones de hecho en las que, según el Tribunal de Cuentas, se emplearon los recursos de dicho Tribunal de manera indebida a solicitud del Sr. Pinxten.
En estas condiciones, para permitir un análisis completo de dichas acusaciones de una manera inteligible por las partes, estas se identificarán haciendo referencia a la numeración establecida por el Tribunal de Cuentas, con fines de recuperación, que se propone en el cuadro que figura en el anexo A.47 de la demanda y se reproduce en el cuadro que aparece en el anexo C.1 del escrito de réplica.
Es preciso recordar, a este respecto, que corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre la primera imputación, basándose en los elementos de prueba puestos a su disposición y en relación con los criterios establecidos en el artículo 286 TFUE, apartado 6, para determinar si las presuntas irregularidades pueden calificarse de incumplimiento de las obligaciones que dimanaban de su cargo de miembro del Tribunal de Cuentas en el sentido de esta disposición.
En consecuencia, aunque el Tribunal de Cuentas dirigió al Sr. Pinxten, el 11 de abril de 2019, una decisión en la que se hacía constar la existencia de una deuda y se solicitaba su reembolso en relación con las presuntas irregularidades que constituyen el objeto de la primera imputación, la postura adoptada por el Tribunal de Justicia, en el marco del presente procedimiento, sobre esta imputación no se refiere a la determinación de cantidades de las que el Sr. Pinxten puede ser considerado deudor y, en consecuencia, debe entenderse sin perjuicio de la apreciación que debe realizarse sobre esta decisión en el marco del recurso de anulación contra esta interpuesto por el Sr. Pinxten ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Antes de examinar sucesivamente las acusaciones del Tribunal de Cuentas referidas, en primer término, a los gastos de misión y a las dietas, en segundo término, a los gastos de representación y de recepción, y, en tercer término, a la utilización del vehículo oficial y al recurso a los servicios de un chófer, debe apreciarse la alegación del Sr. Pinxten según la cual la primera imputación vulnera el principio de protección de la confianza legítima.
i)

Sobre la vulneración del principio de protección de la confianza legítima
Debe señalarse que, aun cuando el Sr. Pinxten invoca formalmente tanto el principio de seguridad jurídica como el de la protección de la confianza legítima, su argumentación se refiere en realidad exclusivamente al segundo de estos principios, como lo confirma, por otra parte, la reformulación de esta argumentación que figura en el escrito de dúplica.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima presupone que las autoridades competentes de la Unión hayan ofrecido al interesado garantías concretas, incondicionales y concordantes que procedan de fuentes autorizadas y fiables (sentencia de 8 de septiembre de 2020, Comisión y Consejo/Carreras Sequeros y otros,
C‑119/19 P y C‑126/19 P
,
EU:C:2020:676
, apartado
y jurisprudencia citada).
La aplicabilidad de este principio debe rechazarse, de entrada, en lo referente a los recursos empleados por el Tribunal de Cuentas en concepto de gastos de representación y de recepción, así como de la utilización del vehículo oficial y del uso de los servicios de un chófer.
Por una parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, unos pagos como los efectuados en virtud de los gastos de representación y de recepción no pueden suscitar en su beneficiario, si no existe ninguna otra circunstancia pertinente al efecto y a pesar de que haya transcurrido un largo tiempo entre dichos pagos y el cuestionamiento de su regularidad, la confianza legítima en el hecho de que los referidos pagos ya no podían ser puestos en entredicho (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2016, Marchiani/Parlamento,
C‑566/14 P
,
EU:C:2016:437
, apartado
).
Pues bien, la práctica del Tribunal de Cuentas consistente en realizar el reembolso de gastos de representación y de recepción, sobre la base de los elementos facilitados por el Sr. Pinxten, sin solicitar información adicional y sin cuestionar la procedencia de sus solicitudes de reembolso, no basta para demostrar que esta institución le haya ofrecido garantías concretas, incondicionales y concordantes en cuanto a la regularidad de dichas solicitudes.
Por otra parte, la utilización, por parte del Sr. Pinxten, de su vehículo oficial o el uso de los servicios de un chófer no ha sido objeto de ninguna resolución expresa del Tribunal de Cuentas y no se ha hecho constar ante el Tribunal de Justicia ninguna otra forma de toma de posición específica del Tribunal de Cuentas sobre la práctica que debía seguir el Sr. Pinxten a este respecto.
Por consiguiente, aun suponiendo que, como sostiene el Sr. Pinxten, el Tribunal de Cuentas haya dejado continuar en la materia unas prácticas cuya existencia no podía ignorar, esta circunstancia no puede bastar, en todo caso, para demostrar que esta institución le proporcionó garantías concretas, incondicionales y concordantes a este respecto.
En cambio, las órdenes de misión expresamente emitidas por el presidente del Tribunal de Cuentas a solicitud del Sr. Pinxten constituyen garantías suficientes, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 365 de la presente sentencia, para que este pueda, en principio, basar en ellas una confianza legítima en la regularidad de las misiones afectadas.
Dicho esto, debe señalarse de entrada que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un justiciable no puede invocar una confianza legítima en el mantenimiento de una situación que se caracteriza por comprender hechos constitutivos de un fraude (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2017, Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis,
C‑26/16
,
EU:C:2017:453
, apartado
y jurisprudencia citada).
A continuación, habida cuenta de la obligación de los miembros del Tribunal de Cuentas, según se desprende del apartado 241 de la presente sentencia, de observar escrupulosamente las obligaciones de declaración previstas en las normas adoptadas por el Tribunal de Cuentas con el fin de garantizar que dicha institución disponga de una información completa en cuanto a las solicitudes dirigidas a hacer uso de los recursos de la referida institución, una orden de misión emitida sobre la base de una solicitud que omita información esencial para permitir al presidente de la misma institución apreciar la regularidad de la misión en cuestión no puede, incluso en ausencia de fraude, fundamentar la confianza legítima del miembro afectado en esta regularidad.
Por último, el principio de protección de la confianza legítima no puede ser invocado por una persona que es culpable de una infracción manifiesta de la normativa vigente (sentencias de 16 de mayo de 1991, Comisión/Países Bajos,
C‑96/89
,
EU:C:1991:213
, apartado
, y de 14 de julio de 2005, ThyssenKrupp/Comisión,
C‑65/02 P y C‑73/02 P
,
EU:C:2005:454
, apartado
y jurisprudencia citada).
De lo anterior resulta, en primer término, que el Sr. Pinxten no puede invocar una confianza legítima basada en las órdenes de misión obtenidas de manera fraudulenta o, incluso en ausencia de intención fraudulenta demostrada, en órdenes de misión emitidas por el presidente del Tribunal de Cuentas sobre la base de una solicitud que omita información esencial para permitir a este apreciar la regularidad de la misión en cuestión.
Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene el Tribunal de Cuentas, no puede considerarse que las autorizaciones concedidas al Sr. Pinxten que se cuestionan en el marco de la primera imputación se concedieran sistemáticamente sobre la base de tal información. Al contrario, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que numerosas solicitudes de autorización de misiones describían de manera clara y transparente un objeto que el Tribunal de Cuentas considera actualmente, en sí mismo, irregular.
En segundo término, en los supuestos en los que una orden de misión emitida por el presidente del Tribunal de Cuentas, a solicitud del Sr. Pinxten, es manifiestamente irregular, sin, no obstante, haberse obtenido de manera fraudulenta o sobre la base de una solicitud que incluya datos incompletos, el principio de protección de la confianza legítima no puede excluir la posibilidad de que el Tribunal de Justicia concluya que, al solicitar dicha autorización y acogerse posteriormente a ella para obtener un pago, el Sr. Pinxten incumplió las obligaciones que dimanaban de su cargo.
Por lo demás, tal enfoque resulta de la obligación de los miembros del Tribunal de Cuentas, recordada en el apartado 239 de la presente sentencia, de observar los más altos valores de conducta.
En efecto, cuando la irregularidad de una misión resulta manifiesta, el Sr. Pinxten no podía razonablemente ignorarla. En tales condiciones, este último no podía solicitar una autorización o utilizarla sin pretender, de hecho, aprovecharse de la tolerancia existente en cuanto a las prácticas irregulares o las carencias del control practicado en el seno del Tribunal de Cuentas.
En cambio, a la vista de las consideraciones precedentes, el Tribunal de Cuentas no puede reprochar válidamente al Sr. Pinxten, a los efectos del presente procedimiento, que se hubiera beneficiado del pago de gastos de misión o de dietas en virtud de una misión autorizada por el presidente del Tribunal de Cuentas, basada en una solicitud que no presentaba un carácter fraudulento y que no omitía información esencial, y cuya irregularidad no resulta manifiesta.
En estas condiciones, la cuestión de si las órdenes de misión emitidas por el presidente del Tribunal de Cuentas, a solicitud del Sr. Pinxten, podían generar una confianza legítima del interesado en la regularidad de las misiones en cuestión debe ser objeto de una valoración caso por caso, basada, en particular, en la comparación entre el motivo declarado en la solicitud de autorización y el auténtico objetivo de la misión, según se desprende las pruebas presentadas al Tribunal de Justicia. Esta valoración se confunde con el examen sobre el fondo de la primera imputación invocada por el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, aunque el Sr. Pinxten también alega la imprecisión de las normas aplicables a los miembros del Tribunal de Cuentas, este argumento no puede justificar la desestimación de la primera imputación en su totalidad.
Ciertamente, debe constatarse que las normas aplicables a las situaciones que constituyen el objeto de la primera imputación se caracterizan por una cierta indeterminación relativa, en particular, a la falta de precisión sobre las situaciones en las que puede autorizarse una misión, a los documentos que se deben aportar en apoyo de una solicitud de autorización de misión, o a las condiciones en las que una invitación dirigida a un tercero puede relacionarse con la condición de miembro del Tribunal de Cuentas, en particular en lo referente a los motivos de representación admisibles y los elementos que deben aportarse para justificar la existencia del motivo invocado.
Esta indeterminación implica que los órganos competentes del Tribunal de Cuentas disponían de un amplio margen de apreciación para determinar si el pago de gastos de misión, dietas o gastos de representación y de recepción estaba justificado.
Por lo tanto, el Tribunal de Justicia deberá tener en cuenta, de manera individualizada, cuando evalúe la conformidad a Derecho del comportamiento del Sr. Pinxten o,
a fortiori
, el carácter manifiestamente irregular de dicho comportamiento, el mencionado margen de apreciación.
Por el contrario, la indeterminación relativa a las normas pertinentes no basta para demostrar, de manera general, que las alegaciones del Tribunal de Cuentas relativas al uso indebido de sus recursos por parte del Sr. Pinxten son infundadas.
ii)

Sobre los gastos de misión y las dietas
En la época en que se produjeron los hechos a los que se refiere el presente recurso, el régimen de los gastos de misión y de las dietas estaba previsto, en el marco establecido en los artículos 285 TFUE a 287 TFUE, en el artículo 7 del Reglamento n.
o
2290/77, que preveía el reembolso de dichos gastos y el pago de esas dietas cuando el miembro del Tribunal de Cuentas afectado se viera obligado a desplazarse, en el ejercicio de sus funciones, fuera de la sede de trabajo de esta institución.
En lo tocante a las funciones de los miembros del Tribunal de Cuentas, debe recordarse que, con arreglo al artículo 285 TFUE, la misión principal de esta institución es efectuar la fiscalización o el control de cuentas de la Unión. A tal efecto, de conformidad con el artículo 287 TFUE, apartados 1 y 2, debe examinar la legalidad y regularidad de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión y garantizar una buena gestión financiera.
El régimen aplicable a los gastos de misión y a las dietas se precisaba en la Decisión n.
o
1‑2003.
El artículo 1 de esta Decisión establecía, por una parte, que las órdenes de misión debían solicitarse a la mayor brevedad posible y, por otra parte, que el ordenante de pagos competente respecto de los gastos de misión de los miembros era el presidente de dicha institución.
El artículo 3 de la referida Decisión autorizaba los desplazamientos en vehículo oficial en el marco de una misión, mientras que los artículos 5 y 6 de la misma Decisión preveían, respectivamente, el reembolso de los gastos de misión y el pago de dietas.
Por consiguiente, una solicitud de reembolso de gastos de misión o de pago de dietas debe considerarse irregular si se demuestra que la actividad efectivamente realizada al amparo de la orden de misión en cuestión no puede vincularse con el ejercicio de las funciones del Sr. Pinxten. A la vista de las consideraciones recogidas en los apartados 371 a 381 de la presente sentencia, esta irregularidad podrá tenerse en cuenta a los efectos del presente procedimiento, bien cuando la orden de misión se haya obtenido de forma fraudulenta o basándose en una solicitud que omita información esencial, bien cuando la falta de relación entre dicha actividad y las referidas funciones tenga un carácter manifiesto.
Antes de apreciar de forma detallada la regularidad de cada una de las misiones que constituyen el objeto de la primera imputación, también es preciso examinar la alegación del Tribunal de Cuentas según la cual, en su audiencia ante la OLAF, el Sr. Pinxten reconoció que todas las misiones presentadas expresamente como «misiones sin dietas» en las solicitudes de órdenes de misión carecían por completo de relación con sus funciones.
Del acta de esta audiencia se desprende que el Sr. Pinxten únicamente declaró que recurría a tal formulación de las solicitudes, en aras a la transparencia, cuando una misión «tenía un objetivo relacionado con [su] función pero también un aspecto privado» o cuando albergaba «dudas sobre la oportunidad» de la misión en función del objeto y de la importancia de la actividad en cuestión.
Dado que esta postura se ha reiterado ante el Tribunal de Justicia, procede examinar las misiones expresamente declaradas por el Sr. Pinxten como «misiones sin dietas» de la misma manera que las demás misiones objeto de la primera imputación.
–
Sobre la estancia en Crans-Montana
Está acreditado que el Sr. Pinxten se alojó en el complejo hotelero de montaña de Crans-Montana, con su esposa, del 22 al 25 de agosto de 2013, con el fin de participar en las sesiones de verano del «Foro de Crans-Montana», en el marco de la misión reseñada en la línea n.
o
252.
Esta misión justificó el reembolso de gastos de inscripción y de hotel, así como el pago de dietas, si bien los gastos correspondientes a la estancia de la esposa del Sr. Pinxten no fueron sufragados por el Tribunal de Cuentas.
La solicitud de autorización de la mencionada misión indicaba que esta tenía por objeto participar en las sesiones de verano del «Foro de Crans-Montana», una organización no gubernamental suiza. Esta solicitud venía acompañada de una breve nota interna, firmada por el Sr. Pinxten, que precisaba que estas sesiones constituían una oportunidad para debatir sobre cuestiones actuales de la política internacional con dirigentes venidos del mundo entero. La orden de misión se emitió sobre la base de estos elementos, sin solicitar información adicional relativa, por ejemplo, al programa de este evento.
A este respecto, es verdad que debe señalarse que el hecho de que una misión permita la participación de un miembro del Tribunal de Cuentas en un evento que incluye, de manera accesoria, una actividad que puede entenderse como turística o de ocio no implica necesariamente que dicha misión carezca de relación con las funciones del citado miembro cuando ese evento esté, no obstante, principalmente centrado en actividades de carácter profesional.
Sin embargo, el evento en cuestión es descrito por sus organizadores, en un prospecto aportado por el Tribunal de Cuentas, como completamente dedicado a los contactos, la amistad, los paseos agradables y los encuentros informales. Esta descripción se ve confirmada por el programa detallado de dicho evento, que únicamente incluye actividades de ocio, en particular paseos y una velada con animación.
Un correo electrónico de los organizadores de dicho evento, fechado el 29 de mayo de 2013, indica asimismo que las sesiones de verano del «Foro de Crans‑Montana» presentan un carácter informal que las distingue de las demás sesiones de dicho foro.
Además, si bien el Sr. Pinxten sostiene ante el Tribunal de Justicia que esas sesiones de verano presentaban una auténtica dimensión profesional, no aporta elementos de prueba que permitan respaldar esta alegación.
Por consiguiente, el mero hecho de que la participación en dichas sesiones de verano pueda favorecer potencialmente los encuentros e intercambios con autoridades internacionales, extremo que, a mayor abundamiento, no se ha demostrado, no puede acreditar la existencia de un vínculo real entre la misión de que se trata y las funciones del Sr. Pinxten.
Por lo tanto, esta misión debe considerarse manifiestamente irregular.
En estas condiciones, el hecho de que el presidente del Tribunal de Cuentas trasladara a los miembros de esta institución información relativa al «Foro de Crans-Montana», lo que esta institución no niega, es irrelevante, dado que, como máximo, podría indicar que la referida misión fue autorizada por dicha institución con pleno conocimiento de causa, lo que, según la jurisprudencia citada en el apartado 374 de la presente sentencia, no basta para fundamentar una confianza legítima del Sr. Pinxten que pueda oponerse a la toma en consideración de su irregularidad manifiesta a los efectos del presente procedimiento.
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Sobre la estancia en Cuba
No se discute que el Sr. Pinxten estuvo en Cuba, con su esposa, del 30 de marzo al 14 de abril de 2015, lo que justificó, en virtud de la misión contemplada en la línea n.
o
343, el reembolso, en particular, de gastos de transporte y de alojamiento, así como el pago de dietas, si bien los gastos propios de la estancia de la esposa del Sr. Pinxten no fueron abonados por el Tribunal de Cuentas.
Esta misión fue autorizada por el Tribunal de Cuentas tras la entrega, por el Sr. Pinxten, de información adicional solicitada por el presidente de esa institución, de la que se desprendía que el objetivo de dicha misión era recopilar datos sobre las relaciones entre la Unión y Cuba, mediante contactos con la sociedad civil local y visitas a proyectos financiados por la Unión.
Debe determinarse si los elementos de prueba de que dispone el Tribunal de Justicia permiten demostrar el carácter fundado de la alegación del Tribunal de Cuentas según la cual la estancia del Sr. Pinxten en Cuba se efectuó con fines esencialmente privados.
A este respecto, de un programa elaborado por el gabinete del Sr. Pinxten e incautado por la OLAF se desprende que la estancia en cuestión estaba dedicada, de manera casi exclusiva, a actividades turísticas.
Los únicos elementos de este programa que podrían vincularse eventualmente con las funciones ejercidas por el Sr. Pinxten consistieron en un encuentro con el embajador de la Unión en Cuba, el 31 de marzo de 2015, un almuerzo con dicho embajador en presencia del responsable del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y del embajador del Reino de Bélgica en Cuba, el 2 de abril de 2015, así como un encuentro con este último embajador, el 3 de abril de 2015.
La información proporcionada a la OLAF por el embajador de la Unión en Cuba indica, no obstante, que el almuerzo del 2 de abril de 2015 se organizó por pura cortesía y que no se trataba de un almuerzo de trabajo. Dicho embajador también precisó que, en cualquier caso, la estancia del Sr. Pinxten no podía considerarse de naturaleza profesional, dado que está prohibido efectuar este tipo de estancia en Cuba con un visado de turismo.
Este último elemento fue confirmado a la OLAF por otro miembro de la delegación de la Unión en Cuba, que precisó, además, que el Sr. Pinxten había hecho caso omiso de las advertencias recibidas en cuanto a las fechas inapropiadas de su estancia y que las conversaciones mantenidas con este carecían por completo de carácter técnico.
Pues bien, hay que señalar que el Sr. Pinxten no ha refutado de forma útil las pruebas presentadas por el Tribunal de Cuentas para demostrar que su estancia en Cuba estuvo dedicada, de manera casi exclusiva, a actividades turísticas ni,
a fortiori
, ha aportado al Tribunal de Justicia otros documentos que puedan respaldar su postura, según la cual su estancia en Cuba tuvo efectivamente un objeto relacionado con sus funciones.
En particular, si bien hace referencia a los cargos de las diferentes autoridades con las que pudo mantener conversaciones durante esta estancia, parece que se encontró con estas personas, en su mayoría, durante el almuerzo en la embajada de la Unión en Cuba, que, según se desprende del apartado 411 de la presente sentencia, no tuvo el carácter de almuerzo de trabajo.
Por lo demás, la fiabilidad de la información facilitada sobre este punto por el Sr. Pinxten se ve reducida aún más por el hecho de que, entre las autoridades citadas, figura un «hombre de negocios» que, en realidad, es el propietario del alojamiento alquilado por el Sr. Pinxten durante su estancia.
Por lo que respecta a la circunstancia, invocada por el Sr. Pinxten en una nota remitida tras su misión al presidente del Tribunal de Cuentas, de que algunas visitas tuvieron que ser anuladas en el último momento, esta alegación no puede explicar la falta de una auténtica dimensión profesional de su estancia en Cuba.
Por una parte, de los elementos obrantes en autos relativos a la preparación de esta estancia se desprende que esta estaba concebida, desde su origen, como una estancia puramente turística.
A este respecto, deben mencionarse especialmente los correos electrónicos enviados, los días 28 y 29 de enero de 2015, por la asistente del Sr. Pinxten al embajador de la Unión en Cuba, en los que esta precisaba que el Sr. Pinxten deseaba obtener información para un viaje privado a dicho país, que nunca había visitado, sin mencionar en modo alguno una eventual finalidad profesional de la estancia prevista.
Por otra parte, los trámites realizados antes del viaje a Cuba para organizar actividades que pudieran relacionarse con las funciones del Sr. Pinxten en el seno del Tribunal de Cuentas no permiten cuestionar el carácter privado de su estancia en dicho país.
En particular, parece que dichos trámites se realizaron de forma muy tardía, lo que resulta difícilmente compatible con la organización de una misión de estudio en un tercer país, como Cuba, al que el interesado pretendía dirigirse por primera vez. De este modo, de los correos electrónicos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que no se contactó con el PNUD hasta el 18 de marzo de 2015 y que el 19 de marzo de 2015, es decir, menos de dos semanas antes de la partida del Sr. Pinxten hacia Cuba, no se había fijado ningún programa oficial.
Asimismo, tanto los embajadores de la Unión y del Reino de Bélgica en Cuba como los agentes del PNUD en ese país habían indicado claramente al Sr. Pinxten, en correos electrónicos aportados por el Tribunal de Cuentas, que resultaba difícil contemplar la combinación de actividades tanto profesionales como turísticas en dicho país, que cualquier visita oficial debía notificarse previamente a las autoridades cubanas y realizarse en posesión de un visado adecuado y que era muy improbable poder reunirse con funcionarios cubanos en un marco informal.
En consecuencia, el Sr. Pinxten no puede sostener válidamente que ignorara, en el momento de su partida hacia Cuba, que su estancia en este tercer país en realidad no podía permitir la realización de actividades relacionadas con sus funciones de miembro del Tribunal de Cuentas.
A la vista de todos estos elementos, a pesar de que la falta de un control adicional
ex ante
y
ex post
para una misión que comprometía fondos significativos es digna de mención, no es menos cierto que los elementos aportados al Tribunal de Cuentas antes y después de la misión contemplada en la línea n.
o
343 eran esencialmente engañosos, en cuanto al auténtico objetivo de la estancia del Sr. Pinxten en Cuba, y que esta misión debe considerarse irregular, en la medida en que dicha estancia carecía de relación con las funciones del Sr. Pinxten.
De ello se deduce que también procede considerar irregular la misión mencionada en la línea n.
o
341, que tenía por objeto reunirse con diversas personalidades con el fin de preparar la estancia en Cuba.
–
Sobre las relaciones mantenidas con dirigentes y movimientos políticos
Numerosas misiones del Sr. Pinxten que dieron lugar al reembolso de gastos de misión o al pago de dietas que el Tribunal de Cuentas denuncia como irregulares en el marco de la primera imputación se referían a reuniones con dirigentes políticos.
Con el fin de resolver sobre estas misiones, es necesario determinar si tales encuentros podían, en principio, constituir el objeto de misiones de los miembros del Tribunal de Cuentas.
A este respecto, según se desprende del apartado 387 de la presente sentencia, la legislación de la Unión aplicable en el momento de los hechos contemplados en el presente recurso establecía que las misiones de los miembros del Tribunal de Cuentas debían referirse a desplazamientos «en el ejercicio de las funciones» de dichos miembros.
Pues bien, debe considerarse que, como afirma el Sr. Pinxten, el ejercicio de las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas puede incluir actividades protocolarias, dirigidas en particular a dar a conocer y promover el trabajo de dicha institución, así como a mantener, en el interés de esta, relaciones con dirigentes de primer nivel.
Tales actividades protocolarias pueden referirse más frecuentemente a los dirigentes procedentes del mismo Estado miembro que el miembro en cuestión del Tribunal de Cuentas, debido en particular a la posible existencia de contactos anteriores a su entrada en funciones, a facilidades prácticas, en particular de carácter lingüístico, o a un mejor conocimiento de los desafíos nacionales que pueden rodear a la recepción del trabajo del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas disponía de un cierto margen de apreciación para determinar en qué medida y en qué condiciones podían autorizarse las misiones de sus miembros relativas a los encuentros con dirigentes políticos para garantizar la realización de tales actividades protocolarias, siempre y cuando tales misiones no tuvieran como auténtico objetivo llevar a cabo una actividad política, lo que, según se desprende del apartado 272 de la presente sentencia, resulta incompatible con las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas.
Si bien del apartado 383 de la presente sentencia se desprende que las normas internas del Tribunal de Cuentas relativas a las misiones de sus miembros no contenían una decisión clara adoptada por esta institución al respecto, de las normas relativas a los gastos de representación y de recepción pueden deducirse indicaciones útiles en cuanto a la doctrina seguida en el seno de esta institución.
En efecto, la importancia que concedía el Tribunal de Cuentas a las relaciones mantenidas por sus miembros con dirigentes políticos se refleja en la Nota de 22 de abril de 2004, que precisaba que «los miembros representarán al Tribunal [de Cuentas], en particular, cuando mantengan relaciones profesionales, en interés del Tribunal [de Cuentas], con personas que ostenten cargos en el seno de la Unión […], de los Estados miembros o de otros países».
Del mismo modo, tanto la estrategia 2013‑2017 del Tribunal de Cuentas como su estrategia de comunicación y relaciones con las partes interesadas adoptada el 12 de diciembre de 2013 mencionaban la necesidad de que el Tribunal de Cuentas mantuviera relaciones con diferentes actores, incluidas las autoridades políticas nacionales y europeas encargadas del control del uso de los fondos de la Unión. El segundo de estos documentos enunciaba, además, que los miembros y sus gabinetes debían mantener las relaciones con los parlamentos nacionales.
La práctica seguida por el Tribunal de Cuentas en cuanto a las misiones del Sr. Pinxten confirma que el Tribunal de Cuentas hizo uso de su margen de apreciación en el sentido de que admitió, en principio, la existencia de una relación entre las misiones destinadas a reunirse con dirigentes políticos nacionales y las funciones de sus miembros.
En primer término, durante sus dos mandatos, se autorizaron varias decenas de misiones del Sr. Pinxten cuando su único objetivo era reunirse con un dirigente político belga.
En segundo término, durante el primer reexamen de las misiones del Sr. Pinxten realizado por los servicios del Tribunal de Cuentas antes de la investigación de la OLAF, estas misiones no se identificaron en modo alguno como misiones potencialmente problemáticas que debieran ser objeto de justificaciones adicionales.
Por último, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que, aparte de las misiones que se denuncian como irregulares en el marco de la primera imputación, otras misiones del Sr. Pinxten que tenían por objeto reunirse con personalidades políticas belgas siguen siendo, desde el punto de vista del Tribunal de Cuentas, totalmente legítimas.
A la vista de todo lo anterior, las misiones autorizadas, de manera transparente, con el fin de reunirse con dirigentes políticos no pueden considerarse de forma general, en virtud de su objeto, como manifiestamente irregulares.
Esta apreciación no puede verse desvirtuada por la alegación del Tribunal de Cuentas según la cual su presidente y sus miembros responsables de las relaciones institucionales y del control de calidad de la auditoría estaban encargados de la representación de esta institución.
Por un lado, los documentos expedidos por esta institución mencionados en el apartado 433 de la presente sentencia contradicen directamente esta alegación. Por otro lado, la mencionada alegación tampoco es coherente con el hecho de que la Decisión n.
o
7‑2004 estableciera que todos los miembros de dicha institución tenían derecho a percibir los gastos de representación y de recepción en que hubieran incurrido en su calidad de miembros.
Por consiguiente, debe valorarse si las explicaciones y las pruebas presentadas por el Tribunal de Cuentas demuestran, respecto de cada una de las misiones cuyo objeto se refería a una reunión con un dirigente político, la existencia de un motivo que permita considerar que la misión no tenía un objetivo protocolario legítimo.
Desde esta perspectiva, parece, en primer lugar, que varias misiones declaradas por el Sr. Pinxten afirmando que tenían por objeto reunirse con dirigentes políticos belgas pueden vincularse directamente a la actividad política de este, incompatible con sus funciones, cuya existencia se ha constatado durante el examen de la cuarta imputación, en la medida en que estaban dirigidas, en realidad, a permitirle participar en una reunión de la junta directiva del partido político en cuestión.
Tales misiones, que se autorizaron basándose en solicitudes que omitían información esencial y que, en realidad, estaban vinculadas con una actividad incompatible con las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas, no pueden considerarse legítimas.
Puede llegarse a una conclusión en este sentido respecto de las misiones contempladas en las líneas n.
os
54, 60, 61, 70, 81, 84, 85, 88 y 94, dado que el Tribunal de Cuentas aporta actas que acreditan la presencia del Sr. Pinxten en reuniones de la junta directiva del partido político en cuestión durante estas misiones, reuniones que, no obstante, no se mencionaban en las solicitudes de autorización de misión.
La circunstancia de que la misión contemplada en la línea n.
o
94 tuviera por objeto no solo reunirse con personalidades políticas belgas, sino también participar en una reunión en el Parlamento Europeo no permite demostrar la regularidad de esta misión, habida cuenta de que las actas redactadas por el partido político en cuestión y por el Parlamento Europeo, respectivamente, acreditan que el Sr. Pinxten solo participó en la reunión organizada por ese partido.
También debe considerarse que las misiones mencionadas en las líneas n.
os
95, 396, 410, 413 y 414 tuvieron como auténtico objetivo permitir la participación del Sr. Pinxten en reuniones de la junta directiva del partido político en cuestión, a la vista de las indicaciones que figuran en la agenda del Sr. Pinxten y en los correos electrónicos intercambiados con dirigentes de este partido. Lo mismo sucede en el caso de las misiones recogidas en las líneas n.
os
299 y 369, basándose exclusivamente en las claras anotaciones que pueden encontrarse en dicha agenda.
Aunque no tuvieran como objetivo declarado reunirse con una personalidad política belga, diversas misiones deben mencionarse aquí por analogía, en la medida en que permitieron la participación del Sr. Pinxten en las reuniones de la junta directiva del partido político en cuestión y, por este motivo, deben considerarse parcialmente irregulares.
Así sucede en el caso de las misiones contempladas en las líneas n.
os
39, 45 y 86. A pesar de que estas tres misiones tenían como objetivo declarado mantener encuentros con agentes económicos privados o responsables de asociaciones, el Tribunal de Justicia dispone de actas de reuniones de la junta directiva del partido político en cuestión que dejan constancia de la presencia del Sr. Pinxten en dichas reuniones en fechas correspondientes a las de las referidas misiones.
Del mismo modo, la misión mencionada en la línea n.
o
68, aun cuando se refería también a una actividad de representación cuya regularidad no se discute, debe considerarse parcialmente irregular, en la medida en que el Sr. Pinxten participó, durante el tiempo dedicado a esta misión, en una reunión de la junta directiva del partido político en cuestión, tal como acredita el acta de dicha reunión.
En segundo lugar, una serie de misiones efectuadas por el Sr. Pinxten estaban dirigidas a participar en actividades o recepciones organizadas por el partido político en cuestión distintas de las reuniones de su junta directiva.
Así pues, a la vista de las invitaciones recibidas por el Sr. Pinxten y las anotaciones que aparecen en su agenda, parece que, so pretexto de motivos oficiales relativos a encuentros con personalidades políticas belgas, las misiones contempladas en las líneas n.
os
120, 175, 221 y 365 tenían por objeto participar en las jornadas parlamentarias del partido político en cuestión; las misiones mencionadas en las líneas n.
os
207, 298 y 381, así como, parcialmente, la misión citada en la línea n.
o
229, tenían como finalidad su participación en las recepciones de Año Nuevo de dicho partido; la misión contemplada en la línea n.
o
258, su participación en la visita de una ciudad destinada a los miembros del referido partido, o las misiones mencionadas en las líneas n.
os
260 y 289, respectivamente, su participación en una jornada de estudio y en un congreso del mismo partido.
Además, en ocasiones se realizaron actividades del mismo tipo alegando otros motivos distintos de los encuentros con personalidades políticas belgas.
Así pues, en primer término, de la agenda del Sr. Pinxten se desprende que la misión n.
o
69, presentada con el objeto de participar en un «congreso», se refería al congreso del partido político en cuestión.
En segundo término, si bien la misión contemplada en la línea n.
o
275 estaba justificada por una invitación de una persona cuyas funciones no se indican, una factura aportada por el Tribunal de Cuentas y una anotación en esa agenda demuestran que su auténtico objetivo era participar en un «café político» organizado por dicho partido político.
Por último, debe señalarse, sobre la base de dicha agenda y de un correo electrónico de una asistente del Sr. Pinxten con fecha de 25 de julio de 2017, que, so pretexto de una invitación del grupo político ALDE al Parlamento Europeo, las misiones contempladas en las líneas n.
os
308 y 416 estaban dirigidas a participar en las jornadas parlamentarias del partido político en cuestión.
En cuanto a la misión mencionada en la línea n.
o
269, cuyo objeto oficial era «Invitación formal, Ministro de Estado, Herman de Croo Centrum», también esta debe vincularse a la actividad política del Sr. Pinxten, dado que dicha misión se refería a una visita a una institución que se presenta como creada para rendir homenaje al antiguo presidente del partido político en cuestión.
Las misiones mencionadas en los apartados 451 a 456 de la presente sentencia deben considerarse inseparables de la actividad política del Sr. Pinxten que constituye el objeto de la primera parte de la cuarta imputación y, por este motivo, como manifiestamente irregulares.
El hecho de que los eventos organizados por el partido político en cuestión que constituyen el objeto de algunas de estas misiones no tuvieran como objetivo,
a priori
, debatir la línea política de dicho partido, sino que presentaban más bien una dimensión festiva, no puede poner en entredicho esta apreciación, dado que la relación de estas con un movimiento político en cuyo seno ejercía una actividad incompatible con sus funciones no permitía al Sr. Pinxten participar en ellas sin incumplir su obligación de independencia.
Por lo tanto, el hecho de que algunas de las citadas misiones se autorizaran sobre la base de una solicitud que describía de forma suficientemente transparente su objeto es irrelevante a los efectos del presente procedimiento.
En cambio, en el caso de la misión contemplada en la línea n.
o
34, la circunstancia de que la agenda del Sr. Pinxten indique que este iba a participar en la recepción de Año Nuevo del partido político en cuestión el 19 de enero de 2009 no puede demostrar que su llegada a Bruselas en dicha fecha, cuando esta misión tenía por objeto participar en una reunión del Parlamento Europeo el día siguiente por la mañana, fuera manifiestamente distinta del objeto declarado de dicha misión, puesto que tal elección podía justificarse por razones prácticas.
Del mismo modo, si bien el Tribunal de Cuentas menciona, respecto de la misión mencionada en la línea n.
o
74, la participación del Sr. Pinxten en una reunión de la junta directiva del partido político en cuestión, de la orden de misión resulta que dicha misión no comenzó hasta varias horas después de la celebración de esa reunión.
En tercer lugar, otras misiones que tenían por objeto declarado reunirse con dirigentes políticos belgas no pueden vincularse, a la vista de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia, con reuniones u otras actividades organizadas por el partido político en cuestión.
Ciertamente, en la mayoría de los casos, los dirigentes políticos mencionados en las órdenes de estas misiones son presentados por el Tribunal de Cuentas, de manera creíble, como pertenecientes a dicho partido político.
No obstante, los vínculos estrechos constatados entre el Sr. Pinxten y el partido político en cuestión no bastan, en el marco del presente procedimiento, para establecer una presunción que permita deducir sistemáticamente el carácter manifiestamente irregular de una misión dirigida a reunirse con un dirigente político únicamente basándose en el hecho de que este último era miembro del referido partido político.
En efecto, habida cuenta, en particular, del importante papel desempeñado por dicho partido en la vida política belga y las relaciones de que podía legítimamente disponer el Sr. Pinxten en su seno debido a sus actividades previas a su entrada en funciones, la organización de un cierto número de misiones protocolarias referidas a los dirigentes políticos pertenecientes al mismo partido no puede considerarse carente de verosimilitud.
Si bien el Tribunal de Cuentas alega ante el Tribunal de Justicia que ignoraba la pertenencia a un partido de estos dirigentes políticos antes de la investigación de la OLAF, esta alegación no basta para demostrar que las solicitudes del Sr. Pinxten tuvieran un carácter fraudulento o que omitieran mencionar una información esencial, máxime cuando las misiones en cuestión se referían con frecuencia a un pequeño número de personas cuya afiliación política era públicamente conocida y que muchas de estas misiones tenían por objeto reunirse con dirigentes políticos expresamente identificados indicando que tenían, en concreto, el cargo de «jefe del partido».
En estas condiciones, debe considerarse que el Tribunal de Cuentas no ha cumplido la carga de la prueba que le corresponde en los casos en los que propone al Tribunal de Justicia que declare la irregularidad de una misión basándose únicamente en el hecho de que el dirigente político al que se refiere la orden de misión de que se trata era miembro del partido político en cuestión, sin presentar ninguna prueba que permita demostrar que esta misión no respondía a los criterios aplicados en el seno del Tribunal de Cuentas, en la época pertinente, para admitir la regularidad de una misión protocolaria.
Tal situación puede apreciarse respecto de una serie de misiones en las que se autorizó al Sr. Pinxten a reunirse con un dirigente político que ostentaba cargos de primer nivel, ya fuera un miembro del Parlamento Europeo —en las misiones contempladas en las líneas n.
os
19, 301, 330, 355 y 402, y, parcialmente, en la misión contemplada en la línea n.
o
296—, un miembro de un Gobierno belga —en las misiones mencionadas en las líneas n.
os
43, 66, 92, 97, 169, 211, 215, 248, 303, 352 y 395, y, parcialmente, en las misiones citadas en las líneas n.
os
118, 326 y 339—, o un miembro del Parlamento belga —en las misiones contempladas en las líneas n.
os
41, 59, 171, 203, 204, 208, 211, 238, 313, 331, 334, 336, 346 y 354 y, parcialmente, en la misión mencionada en la línea n.
o
326—.
Esta solución también se impone en el caso de las misiones contempladas en las líneas n.
os
1 y 7, que tenían por objeto reunirse con un miembro de un gabinete ministerial.
En lo tocante a las misiones citadas en las líneas n.
o
319 y 320, el Tribunal de Cuentas no describe al miembro de un gabinete ministerial contemplado en la orden de misión como perteneciente al partido político en cuestión. Sin embargo, esta institución considera que estas misiones deben vincularse a una actividad política o privada, debido al hecho de su relación con el ámbito de los transportes. No obstante, este elemento es insuficiente para demostrar el carácter manifiestamente irregular de las referidas misiones.
En cuarto lugar, la lógica adoptada en lo referente a las misiones que tenían por objeto reunirse con dirigentes políticos que ejercían cargos de primer nivel no puede extrapolarse a las misiones que tenían como finalidad encontrarse con personas que habían ostentado dichos cargos pero que los habían abandonado en la fecha de la misión en cuestión, ya que tales encuentros deben considerarse, salvo circunstancias específicas, manifiestamente desprovistos de interés de carácter protocolario para el Tribunal de Cuentas.
Del mismo modo, salvo circunstancias particulares, debe considerarse que un encuentro con un dirigente político local no presenta manifiestamente una relación con el ejercicio de las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas.
Sobre la base de estos criterios y a falta de la aportación por el Sr. Pinxten de pruebas que puedan demostrar la existencia de circunstancias particulares, las misiones a las que se refieren las líneas n.
os
15 y 253 deben considerarse manifiestamente irregulares, dado que del propio objeto de estas misiones se desprende, según declaró el Sr. Pinxten, que estas estaban dirigidas a reunirse, respectivamente, con un antiguo ministro y un antiguo miembro del Parlamento belga.
Por lo que respecta a la misión mencionada en la línea n.
o
232, es importante reseñar que la condición de «ministro de Estado», que se atribuye a la persona con la que se debía mantener una reunión en el marco de esta misión, constituye un cargo honorífico que no supone el ejercicio actual de una función política de primer nivel. El motivo de tal misión, por tanto, parece ser engañoso y la referida misión, en todo caso, debe considerarse manifiestamente irregular.
De forma similar, la participación en una recepción organizada por el municipio de Overpelt, que constituía parcialmente el objeto de la misión contemplada en la línea n.
o
378, también debe considerarse manifiestamente carente de relación con las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas.
–
Sobre las relaciones con directivos de operadores económicos privados
Varias de las misiones que dieron lugar al reembolso de gastos de misión o al pago de dietas objeto de la primera imputación se referían a las relaciones mantenidas por el Sr. Pinxten con directivos de operadores económicos privados.
El régimen jurídico de las misiones de los miembros del Tribunal de Cuentas que tienen como finalidad reunirse con tales directivos debe distinguirse del de las misiones referidas a las relaciones mantenidas con dirigentes políticos.
En efecto, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 285 TFUE, el Tribunal de Cuentas tiene la función de garantizar la fiscalización o control de las cuentas de la Unión, las relaciones mantenidas con operadores económicos privados pueden presentar para esta institución menos interés que las mantenidas con los dirigentes públicos.
Esta conclusión se ve corroborada por el hecho de que la Nota de 22 de abril de 2004 no menciona como sugerencia de uso regular de los gastos de representación y de recepción de los miembros del Tribunal de Cuentas las invitaciones dirigidas a los directivos de operadores económicos privados.
Los documentos destinados a establecer la estrategia de comunicación del Tribunal de Cuentas, citados en el apartado 433 de la presente sentencia, tampoco hacen referencia a estos directivos como partes interesadas a las que esta institución desee dirigirse para garantizar la promoción de su trabajo.
La alegación del Sr. Pinxten según la cual las misiones destinadas a reunirse con directivos de operadores económicos privados están justificadas por la necesidad de intercambiar ideas con los actores del mundo económico con el fin de enriquecer las discusiones dentro del Tribunal de Cuentas no permite establecer una relación suficiente, en este contexto, con las funciones de un miembro de esta institución para justificar el empleo de los recursos de esta.
Por consiguiente, aunque la mayoría de las misiones destinadas a reunirse con directivos de operadores privados fueran autorizadas por el Tribunal de Cuentas sobre la base de solicitudes totalmente transparentes del Sr. Pinxten, este último no podía ignorar que, salvo circunstancias específicas que pudieran establecer una relación particular entre las actividades respectivas del operador privado y de esta institución, tal motivo no podía manifiestamente generar un vínculo suficiente con el ejercicio de sus funciones de miembro de la mencionada institución.
En este contexto, en primer lugar, procede considerar como manifiestamente irregulares las misiones justificadas por una invitación realizada por un directivo de un operador económico privado de dimensión multinacional.
Esta conclusión se impone, en particular, en lo tocante a las misiones contempladas en las líneas n.
os
33 y 104, que estaban relacionadas con invitaciones procedentes de directivos de grupos industriales, la misión citada en la línea n.
o
45, que tenía por objeto un almuerzo con una persona descrita por el Sr. Pinxten como miembro de diversos consejos de administración, y la misión mencionada en la línea n.
o
325, que tenía por objeto una reunión con un directivo de un banco de inversiones.
Del mismo modo, aunque las alegaciones del Tribunal de Cuentas relativas al auténtico objetivo de las misiones contempladas en las líneas n.
os
257 y 259 no parecen estar acreditadas a la vista de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia, estas deben considerarse, no obstante, como manifiestamente irregulares, en la medida en que tenían por objeto responder a las invitaciones enviadas, respectivamente, por un despacho de abogados internacional y por una compañía eléctrica.
Lo mismo sucede en el caso de la misión mencionada en la línea n.
o
74, que estaba justificada por una invitación de un directivo de un grupo de seguros y que tenía por objeto, a juzgar por la información resultante de la agenda del Sr. Pinxten, asistir a un concierto.
Las misiones citadas en las líneas n.
os
75 y 307, así como, parcialmente, la misión mencionada en la línea n.
o
86, también deben considerarse manifiestamente irregulares, en la medida en que tenían por objeto reunirse con el director de un grupo postal, máxime cuando unos correos electrónicos aportados por el Tribunal de Cuentas permiten demostrar que el Sr. Pinxten actuó como intermediario para este director en un asunto de ayudas de Estado.
En segundo lugar, la irregularidad manifiesta que, en principio, presentan las misiones dirigidas a reunirse con directivos de operadores económicos privados es aplicable,
a fortiori
, a las misiones relacionadas con operadores económicos privados locales.
Así sucede, de entrada, con las misiones contempladas en las líneas n.
os
73, 76, 251 y 295, que estaban destinadas a mantener reuniones con los directivos de sociedades de expertos contables de la región de origen del Sr. Pinxten, así como con la misión mencionada en la línea n.
o
130, que tenía por objeto reunirse con el director de diversas empresas de esa región.
Del mismo modo, la misión citada en la línea n.
o
82, así como, parcialmente, las misiones contempladas en las líneas n.
os
121 y 310, deben considerarse manifiestamente irregulares, puesto que las reuniones reiteradas con un promotor inmobiliario que operaba en la región de origen del Sr. Pinxten parecen desprovistas de toda relación con sus funciones en el seno del Tribunal de Cuentas.
A este respecto, es irrelevante que esta institución no haya demostrado la procedencia de la alegación según la cual el Sr. Pinxten se reunió con dicho promotor inmobiliario debido a su interés en un proyecto inmobiliario concreto.
A continuación, es manifiesto que las celebraciones locales organizadas por agentes económicos privados, como el aniversario de una sociedad portuaria de Amberes, que constituía el objeto de la misión contemplada en la línea n.
o
363, o la inauguración de una línea de embotellado en una fábrica, que justificó la misión mencionada en la línea n.
o
390, no pueden considerarse relacionadas con las funciones del Sr. Pinxten en el Tribunal de Cuentas.
Por último, las misiones contempladas en las líneas n.
os
100, 239, 283, 287, 359 y 406 también deben considerarse manifiestamente irregulares por el mismo motivo, dado que estaban destinadas a mantener un encuentro con un hombre de negocios belga descrito por el Sr. Pinxten, en su audiencia ante la OLAF, como el administrador de un grupo del que es accionista y como un «viejo amigo». El empleo de los recursos del Tribunal de Cuentas para financiar tales misiones demuestra una confusión entre los intereses de esta institución y los intereses privados del Sr. Pinxten, máxime cuando de los documentos presentados ante el Tribunal de Justicia se desprende que este prestaba una función de asesoría a dicho hombre de negocios, en cuanto a las relaciones de este último con la Comisión.
En cambio, en tercer lugar, no puede considerarse que las misiones destinadas a intercambiar opiniones con los directivos de despachos de auditoría internacionales sean manifiestamente irregulares.
En efecto, dado que las labores concretas llevadas a cabo por dichos despachos son parcialmente comparables con las encomendadas a los miembros y los agentes del Tribunal de Cuentas y que esta institución debe colaborar con los referidos despachos, no puede excluirse que los miembros de dicha institución puedan efectuar misiones dirigidas a mantener relaciones profesionales con esos despachos.
Además, durante el presente procedimiento el Tribunal de Cuentas ha reconocido la existencia de contactos regulares entre los agentes de esta institución y de los despachos de auditoría internacionales.
Si bien dicha institución aduce que esos contactos deben enmarcarse en licitaciones públicas o tener lugar en actividades de formación, resulta obligado reconocer que tales principios no están establecidos en las normas internas que menciona la misma institución y no se corresponden con su práctica, según se desprende de las órdenes de misión del Sr. Pinxten.
De ello se deduce que las misiones contempladas en las líneas n.
os
47, 103, 161, 210 y 277 que tenían como finalidad, de forma transparente, permitir la participación del Sr. Pinxten en un evento organizado por un despacho de auditoría internacional dirigido a responsables de las instituciones europeas no pueden considerarse manifiestamente irregulares.
Lo mismo sucede en cuanto a la misión mencionada en la línea n.
o
237, así como, parcialmente, a las misiones contempladas en las líneas n.
os
373 y 374, en la medida en que dichas misiones tenían por objeto mantener reuniones con directivos de despachos de auditoría internacionales. La circunstancia de que la misión citada en la línea n.
o
157 y, en parte, la misión mencionada en la línea n.
o
339, que tenían un objeto parecido, hayan tenido lugar en la sede de un círculo privado y de una gran empresa, respectivamente, no puede bastar, a falta de información adicional, para justificar una conclusión diferente en cuanto a las referidas misiones.
Por lo que respecta a la misión contemplada en la línea n.
o
199, que también tenía por objeto reunirse con el director de un despacho de auditoría internacional, el Tribunal de Cuentas sostiene que su auténtico objetivo era discutir una oferta de trabajo que podía interesar a un hijo del Sr. Pinxten.
Sin embargo, los documentos aportados por esta institución no permiten demostrar de forma suficiente en Derecho que esta reunión se hubiera organizado con tal fin o que se refiriera principalmente a los intereses familiares del Sr. Pinxten ni, por tanto, acreditar la irregularidad manifiesta de esta misión. Ciertamente, de unos correos electrónicos remitidos por dicha institución se desprende que la persona con las que se mantuvo la reunión con ocasión de la referida misión recibió, tras su entrevista con el Sr. Pinxten, el
curriculum vitae
de uno de los hijos de este último y comunicó oportunidades de empleo potenciales para dicho hijo. No obstante, la justificación aportada por el Sr. Pinxten, según la cual un almuerzo de trabajo puede venir acompañado de discusiones más informales relativas, en particular, a la situación familiar de los comensales que pueden explicar dichos correos electrónicos, no parece carente de verosimilitud.
–
Sobre las relaciones con organismos representativos y asociaciones
Cuarenta misiones que dieron lugar al reembolso de gastos de misión o al pago de dietas denunciadas por el Tribunal de Cuentas como irregulares en el marco de la primera imputación se referían a actividades del Sr. Pinxten relacionadas con organismos representativos o asociaciones.
Tales misiones se encuentran en una situación intermedia entre las misiones relativas a las relaciones con dirigentes políticos y las relativas a las relaciones con los directivos de operadores económicos privados.
Así pues, a pesar de que los organismos que representan a la sociedad civil no se mencionaban en las normas del Tribunal de Cuentas que regulaban los gastos de representación y de recepción o en los documentos que definían la estrategia de comunicación de esta institución de que dispone el Tribunal de Justicia, dichos organismos pueden expresar, no obstante, posturas relativas al funcionamiento de las instituciones que el Tribunal de Cuentas puede tener en cuenta en la redacción de informes relativos a dicho funcionamiento.
En estas condiciones, no puede excluirse completamente que el Tribunal de Cuentas pueda estimar válidamente, en casos particulares, que unas misiones relativas a dichos organismos deban vincularse al ejercicio de las funciones de sus miembros.
Sin embargo, el examen de la práctica seguida por el Sr. Pinxten, tal como se desprende de las órdenes de misión pertinentes, permite concluir que, a pesar de la reiterada concesión de autorizaciones por parte del Tribunal de Cuentas sobre una base generalmente transparente, este no podía ignorar que sus misiones relacionadas con organismos representativos o asociaciones no presentaban manifiestamente un interés real para esta institución.
Para empezar, según se desprende del apartado 502 de la presente sentencia, el Sr. Pinxten realizó durante sus mandatos varias decenas de misiones de este tipo.
A continuación, parece que estas misiones se llevaron a cabo de manera casi sistemática ante organismos locales cuyo ámbito de acción se limitaba a Limburgo o Flandes (Bélgica).
Por último, las misiones mencionadas se efectuaron en realidad en relación con un número muy limitado de actores, que recibieron visitas reiteradas de Sr. Pinxten.
Pues bien, en la medida en que el vínculo indirecto entre las actividades del Tribunal de Cuentas y los organismos representativos o las asociaciones solo permite contemplar la regularidad de tales misiones en casos particulares, no puede considerarse que redundara manifiestamente en interés del Tribunal de Cuentas promocionar su trabajo, de manera reiterada, ante actores locales o realizar intercambios de opiniones con tales actores.
En este sentido, las misiones contempladas en las líneas n.
os
48, 132, 170, 192, 209, 217, 224, 228, 242, 256, 271, 292, 304, 305, 318, 328, 353, 361, 380 y 398, así como, parcialmente, la misión mencionada en la línea n.
o
155, deben considerarse manifiestamente irregulares, dado que tenían por objeto mantener relaciones con la Vlaams netwerk van ondernemingen Limburg (Cámara de Comercio y de Industria de Limburgo, Bélgica), mediante encuentros con sus directivos o la participación en reuniones anuales, recepciones de Año Nuevo, fiestas veraniegas y otras actividades sociales organizadas por este organismo.
Se impone la misma conclusión en lo tocante a las misiones citadas en las líneas n.
os
83, 174, 219 y 311, así como, parcialmente, en cuanto a la misión contemplada en la línea n.
o
118, que eran relativas a invitaciones procedentes de una federación patronal de Limburgo, y respecto de las misiones mencionadas en las líneas n
os
131, 227 y 261, así como, parcialmente, de las misiones contempladas en las líneas n.
os
326 y 378, que tenían por objeto la participación en reuniones de una agrupación de las empresas del sector industrial que operaban en Overpelt.
A pesar de que la misión contemplada en la línea n.
o
93 y, en parte, la misión mencionada en la línea n.
o
310 se referían a organismos de Limburgo que no fueron objeto más que de una única misión, a saber, una asociación de inserción profesional y una agrupación informal de dirigentes locales, el contexto descrito en los apartados 506 a 509 de la presente sentencia permite considerarlas también como manifiestamente irregulares.
Este análisis debe aplicarse a las misiones contempladas en las líneas n.
os
154 y 230, que se referían a un organismo que tenía como objetivo la promoción de los intereses flamencos en Bruselas, así como a las misiones citadas en las líneas n.
os
134 y 135, que tenían por objeto la participación en la recepción de Año Nuevo de un fondo de inversión de la Región Flamenca.
En cambio, el importante papel reconocido a las federaciones de empresas con alcance nacional implica que las misiones mencionadas en las líneas n.
os
137 y 143, que tenían por objeto celebrar reuniones con el presidente de la Federación Empresarial belga, así como la misión contemplada en la línea n.
o
290 y, parcialmente, la misión citada en la línea n.
o
155, relativas a la participación en foros organizados por esta federación, no deben considerarse manifiestamente irregulares.
–
Sobre la realización de una actividad externa autorizada
Según se desprende del apartado 58 de la presente sentencia, mediante una decisión de 30 de abril de 2015, el Tribunal de Cuentas autorizó al Sr. Pinxten a llevar a cabo una actividad externa compatible con sus funciones de miembro de dicha institución consistente en asumir el cargo de presidente de la SBNL-V.
En la solicitud que dio lugar a la mencionada resolución, esta fundación se describía como una organización sin ánimo de lucro destinada a promover la contribución de los propietarios de tierras a la biodiversidad y la buena gestión ecológica en Bélgica.
Habida cuenta de que una actividad externa es, por definición, distinta de las funciones ejercidas por un miembro del Tribunal de Cuentas en el seno de esta institución, tal actividad no puede dar lugar a la realización de misiones en tal condición de miembro.
Asimismo, la irregularidad de misiones directamente relacionadas con una actividad externa autorizada debe considerarse manifiesta, ya que se deriva de la propia naturaleza de tal actividad.
Procede determinar, sobre la base de estas consideraciones, si algunas de las misiones autorizadas por el Tribunal de Cuentas se enmarcan, en realidad, en la actividad externa ejercida por el Sr. Pinxten.
En consecuencia, aunque la misión contemplada en la línea n.
o
368 y, en parte, la misión mencionada en la línea n.
o
392 fueron autorizadas por el Tribunal de Cuentas sobre la base de una solicitud totalmente transparente, deben considerarse manifiestamente irregulares en la medida en que tenían por objeto responder a una invitación de la SBNL-V, a la que se refería su orden de misión.
Además de estas dos misiones, las misiones citadas en las líneas n.
os
323, 360, 385 y 405, así como, parcialmente, la misión contemplada en la línea n.
o
392, pueden relacionarse con la actividad externa autorizada del Sr. Pinxten consistente en la presidencia de dicha fundación.
En efecto, la misión mencionada en la línea n.
o
405 y, parcialmente, la misión contemplada en la línea n.
o
385 se referían a una reunión con el responsable de un fondo que financiaba el principal premio entregado cada año por la SBNL-V.
Las misiones citadas en las líneas n.
os
323 y 360, así como, parcialmente, las misiones mencionadas en las líneas n.
os
385 y 392, se referían, bien a una actividad organizada por la European Landowners Organisation (Organización Europea de Propietarios de Tierras; en lo sucesivo, «ELO»), bien a una reunión con un directivo de esta organización, en una fecha en la que el Sr. Pinxten era el presidente de la SBNL‑V.
Pues bien, a pesar de que el Sr. Pinxten no aporta una explicación precisa sobre la relación entre la ELO y sus funciones de miembro del Tribunal de Cuentas, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que esta organización está estrechamente relacionada con la SBNL-V.
Así pues, de la descripción del objeto de la SBNL-V mencionada en el apartado 517 de la presente sentencia se desprende, para empezar, que esta y la ELO tienen ambas por finalidad la defensa de los intereses de los propietarios de tierras.
A continuación, el directivo de la ELO con el que se reunió el Sr. Pinxten en el marco de misiones autorizadas por el Tribunal de Cuentas había firmado, como secretario general de la SBNL-V, el documento enviado por el Sr. Pinxten a esta institución para que se le autorizara a ocupar el puesto de presidente de dicha fundación. También resulta de un acta aportada por el Tribunal de Cuentas que ese directivo de la ELO participó en la asamblea general de la SBNL‑V.
Por último, unos correos electrónicos obrantes en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia demuestran la existencia de otros vínculos entre la SBNL-V y la ELO, como la participación de esta última en el procedimiento de autorización de la actividad externa antes mencionado o en la preparación de la entrega del principal premio concedido cada año por la SBNL‑V.
A la vista de estos elementos, procede considerar que las misiones mencionadas en el apartado 524 de la presente sentencia son manifiestamente irregulares.
Esta apreciación debe aplicarse a la misión mencionada en la línea n.
o
296, dado que esta tenía parcialmente por objeto permitir al Sr. Pinxten reunirse con directivos de la ELO y de la SBNL-V poco antes de su nombramiento como presidente de esta fundación.
Por lo demás, en el caso de la misión contemplada en la línea n.
o
393, aun cuando la participación en la asamblea general del Consejo Internacional de la Caza en Bruselas estaba claramente declarada en la orden de misión, es importante señalar que, en el programa de dicha asamblea general, se presentaba al Sr. Pinxten no solo como miembro del Tribunal de Cuentas, sino también como presidente de la SBNL-V y que se indicaba, en dicho programa, que pronunciaría unas palabras de bienvenida «en nombre de Bélgica».
Además, de intercambios de correos electrónicos anteriores a esta misión resulta que, en origen, el Sr. Pinxten debía pronunciar un discurso en común con un ministro belga y que su participación en dicha asamblea general había sido preparada, en particular, por la ELO.
Por consiguiente, procede concluir que la intervención del Sr. Pinxten ante la asamblea general del Consejo Internacional de la Caza debe relacionarse con su cargo como presidente de la SBNL-V y no con su condición de miembro del Tribunal de Cuentas, lo que implica que la misión citada en la línea n.
o
393 debe considerarse manifiestamente irregular.
En cambio, a pesar de que está explícitamente vinculada a la ELO, la misión contemplada en la línea n.
o
128 no puede considerarse manifiestamente irregular únicamente por este motivo, dado que tuvo lugar varios años antes de que el Sr. Pinxten fuera autorizado a convertirse en el presidente de la SBNL‑V.
En estas condiciones, no puede reprocharse al Sr. Pinxten el haber participado, sobre la base de una orden de misión transparente, en una conferencia organizada en el Parlamento Europeo en relación con una organización representativa de ámbito europeo.
Cabe decir lo mismo respecto de las misiones mencionadas en las líneas n.
os
411 y 412, que se referían a eventos organizados por la asociación «Friends of the Countryside» (Amigos del Campo) y por la Fondation wallonne pour la conservation des habitats (Fundación Valona de Conservación de los Hábitats), respectivamente, dado que el Tribunal de Cuentas basa sus acusaciones en supuestos vínculos entre estos organismos y la SBNL-V que no están respaldados por elementos de prueba remitidos al Tribunal de Justicia.
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Sobre la participación en cacerías
Según el Tribunal de Cuentas, once misiones que dieron lugar al reembolso de gastos de misión o al pago de dietas objeto de la primera imputación tenían como auténtico objetivo permitir al Sr. Pinxten participar en cacerías.
De los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que el Sr. Pinxten practicó efectivamente la caza en estas distintas misiones.
Pues bien, hay que señalar que dichas misiones fueron todas autorizadas sobre la base de solicitudes presentadas por el Sr. Pinxten refiriéndose a una invitación recibida o a una actividad prevista, sin incluir ninguna referencia a la caza.
Por consiguiente, dado que el hecho de que una misión implique participar en una cacería constituye una información esencial para apreciar su regularidad, el Sr. Pinxten no puede, a la vista de las consideraciones que figuran en los apartados 372 y 374 de la presente sentencia, invocar válidamente la confianza legítima en el mantenimiento de la autorización de las misiones en cuestión y, en consecuencia, no puede exigirse al Tribunal de Cuentas que demuestre el carácter manifiesto de la irregularidad de tales misiones.
En este contexto, si bien es evidente que la participación en una cacería no presenta, como tal, ninguna relación con el ejercicio de las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas, es importante recordar que de los apartados 399 y 428 de la presente sentencia se desprende, por una parte, que una misión de un miembro de esta institución puede autorizar válidamente su participación en un evento de carácter esencialmente profesional que incluya también una actividad de ocio accesoria y, por otra parte, que una misión de tal miembro puede estar justificada por un objetivo protocolario.
Por consiguiente, con el fin de apreciar la regularidad de las misiones del Sr. Pinxten que implicaban su participación en una cacería, es preciso determinar si dichas misiones se referían en efecto a un evento esencialmente de carácter profesional o si presentaban una auténtica dimensión protocolaria.
A este respecto, en primer lugar, tal misión no puede considerarse regular cuando simplemente tenga por objeto oficial responder a una invitación de una persona cuyas funciones carecen de una relación estrecha con las actividades del Tribunal de Cuentas.
En consecuencia, las misiones contempladas en las líneas n.
os
309, 327 y 366 deben considerarse irregulares, en la medida en que el único motivo presentado para justificarlas se refiere a una invitación realizada por una persona cuyo cargo no queda claro a la vista de la orden de misión y no se ha aclarado durante el presente procedimiento.
Lo mismo sucede en el caso de las misiones mencionadas en las líneas n.
os
329 y 377, habida cuenta de que estas eran el resultado de una invitación por un responsable de la ELO y, en consecuencia, estaban vinculadas, como máximo, a la actividad externa autorizada del Sr. Pinxten.
Asimismo, el interés que pueden presentar para el Tribunal de Cuentas las relaciones profesionales mantenidas con los despachos de auditoría internacionales no basta para justificar la misión citada en la línea n.
o
321, que se presentó como dirigida a responder a la invitación de un directivo de un despacho de este tipo, dado que de los documentos aportados por el Tribunal de Cuentas se deduce que esta misión tenía como único objeto la participación en una cacería organizada por dicho directivo.
En segundo lugar, las misiones recogidas en las líneas n
os
337 y 386, así como, parcialmente, la misión mencionada en la línea n.
o
229, se distinguen de las demás misiones relacionadas con cacerías como tales en que se presentaban como si tuvieran por objeto participar en «jornadas de las instituciones europeas» organizadas en el castillo de Chambord.
Debe señalarse, sobre la base de una certificación redactada por el director del Dominio Nacional de Chambord y de elementos incautados por la OLAF, en particular un correo electrónico de 13 de enero de 2012 en el que se menciona una «batida europea» y una lista de los participantes en uno de los eventos en cuestión, que parece, contrariamente a lo que afirma el Tribunal de Cuentas, que efectivamente se organizaron eventos que reunían a personas con cargos de responsabilidad en el seno de las instituciones europeas en el castillo de Chambord en las fechas a las que se refieren estas misiones.
Dicho esto, ninguno de los documentos incautados por la OLAF o aportados por el Sr. Pinxten demuestra que estos eventos presentaran ningún carácter profesional. Al contrario, los programas incautados por la OLAF solo prevén la organización de «ojeos», de comidas y «honores a las presas».
Además, ni la solicitud de autorización de las misiones en cuestión ni otros documentos aportados al Tribunal de Justicia contienen elementos que indiquen que dichos eventos fueran organizados por un organismo con el que el Tribunal de Cuentas tuviera interés en mantener relaciones o por el responsable de tal organismo. Pues bien, en ausencia de tales elementos o, a mayor abundamiento, de alegaciones del Sr. Pinxten a este respecto, estos mismos eventos no pueden justificar la organización de misiones con fines protocolarios.
Por lo tanto, las misiones contempladas en las líneas n.
os
337 y 386, así como, parcialmente, la misión mencionada en la línea n.
o
229, deben considerarse irregulares.
En tercer lugar, el motivo de las misiones contempladas en las líneas n.
os
315 y 371 se refería a invitaciones procedentes, respectivamente, de los servicios de la Corona belga y de un miembro de la familia real belga.
De los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que efectivamente el Sr. Pinxten fue invitado por la familia real belga a participar en «cacerías reales» en Ciergnon (Bélgica).
Sin embargo, a falta de elementos obrantes en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia que puedan demostrar la procedencia de la alegación del Sr. Pinxten de que estas cacerías tenían, en el Reino de Bélgica, un carácter protocolario considerable, el mero hecho de que las invitaciones presentadas procedieran de la familia real belga debe considerarse insuficiente para establecer una relación con el ejercicio de las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas.
De lo anterior resulta que la irregularidad de las misiones contempladas en las líneas n.
os
315 y 371 debe considerarse acreditada.
–
Sobre las demás misiones mencionadas por el Tribunal de Cuentas
Una serie de misiones que dieron lugar al reembolso de gastos de misión o al pago de dietas objeto de la primera imputación no entran en las categorías ya examinadas y su regularidad debe valorarse de manera individualizada.
Deben rechazarse por infundados los reproches formulados por el Tribunal de Cuentas en relación con catorce de estas misiones.
En primer lugar, a falta de toda precisión del Tribunal de Cuentas en cuanto al motivo de la presunta irregularidad, la misión contemplada en la línea n.
o
310 no puede considerarse manifiestamente irregular, en la medida en que se refería, en parte, a una visita a una universidad.
Del mismo modo, en lo referente a la misión contemplada en la línea n.
o
347, la reunión con un directivo del Banco Nacional de Bélgica, así como con un parlamentario belga y un abogado, que también tiene un cargo en dicho banco, no puede calificarse de manifiestamente irregular únicamente basándose en la alegación del Tribunal de Cuentas de que dicha misión «carecía de relación con las funciones del Sr. Pinxten» y en el hecho de que ese parlamentario fuera miembro del partido político en cuestión.
En segundo lugar, en diversos casos, las pruebas presentadas por el Tribunal de Cuentas son insuficientes para demostrar la irregularidad alegada por esa institución.
Para empezar, en cuanto a las misiones contempladas en las líneas n.
os
57 y 391, que tenían por objeto reuniones con un miembro de la Comisión, no se discute que tal reunión podía estar, en principio, vinculada al ejercicio de las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas.
Pues bien, por una parte, la procedencia de la alegación de esta institución según la cual la misión mencionada en la línea n.
o
57 estaba relacionada en realidad con la organización de un festival de música que interesaba al Sr. Pinxten a nivel privado no está acreditada.
En efecto, esta misión tuvo lugar el 13 de julio de 2009, mientras que los correos electrónicos relativos a dicho festival aportados por el Tribunal de Cuentas se refieren a una subvención para el año 2011 y tienen fecha de septiembre y octubre de 2011. Por añadidura, la relación entre la referida misión y esta subvención parece tanto menos plausible cuanto que el miembro afectado de la Comisión no se encargó de la cultura hasta el 10 de febrero de 2010.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas no aporta ningún documento específico en apoyo de la alegación de que la misión contemplada en la línea n.
o
391 se refería a un «almuerzo privado».
La circunstancia, por lo demás no demostrada, de que el miembro de la Comisión de que se trata fuera un compañero de caza del Sr. Pinxten no puede, en sí misma, servir para demostrar el carácter privado del almuerzo en cuestión. El hecho de que un directivo de la ELO también hubiera participado en dicho almuerzo tampoco permite acreditar la fundamentación de la postura del Tribunal de Cuentas, máxime cuando no se niega que la lista de los comensales en el mencionado almuerzo, que se celebró en la sede de la Comisión, no fue elaborada por el Sr. Pinxten.
A continuación, si bien el Tribunal de Cuentas no discute la justificación de la participación del Sr. Pinxten en una ceremonia de inauguración del año académico en el Colegio de Europa en Brujas (Bélgica), que constituía el objeto de la misión mencionada en la línea n.
o
63, alega, no obstante, que el Sr. Pinxten no asistió a dicha ceremonia.
A este respecto, procede considerar, sin embargo, que el extracto de un sitio de Internet aportado por el Tribunal de Cuentas no parece suficiente para demostrar la ausencia del Sr. Pinxten de dicha ceremonia, a la vista tanto de la naturaleza de este documento, que no puede asimilares a un acta que incluya una lista de asistentes, como de los términos empleados en dicho documento, que demuestran que este solo cita a una parte de las personalidades presentes en la misma ceremonia.
Además, si bien se ha demostrado que, en la fecha en la que tuvo lugar la misión de que se trata, el Sr. Pinxten almorzó en Bruselas, las pruebas aportadas por el Tribunal de Cuentas no permiten establecer la hora de dicho almuerzo.
Por último, cinco misiones relativas a encuentros con diplomáticos, que en principio podían relacionarse con las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas que formaba parte de la Sala responsable de las relaciones exteriores de la Unión, se describen como dotadas de un carácter privado sin que esta alegación se haya demostrado de forma suficiente en Derecho.
Así pues, en el caso de la misión contemplada en la línea n.
o
56, el Tribunal de Cuentas aduce que un almuerzo con un cónsul de la Federación de Rusia estaba vinculado a una intervención llevada a cabo en favor de una pareja belga que deseaba adoptar a un niño en ese país.
Pues bien, los documentos aportados a este respecto por el Tribunal de Cuentas, que son posteriores en varios meses a la fecha de esta misión y que no se refieren ni a este almuerzo ni a ningún hecho que se produjera anteriormente, no permiten establecer con certeza que este hubiera tenido un objeto independiente de las funciones del Sr. Pinxten.
Las misiones contempladas en las líneas n.
os
138, 196 y 382 estaban relacionadas, de manera totalmente transparente respecto de las dos últimas, con la participación del Sr. Pinxten en una «cena diplomática» que se celebra, cada año, en Bruselas.
Dado que no se discute que esta cena reúne a un gran número de diplomáticos belgas, parece que en principio puede constituir una ocasión para intercambiar opiniones sobre temas que interesan al Tribunal de Cuentas, así como para dar a conocer y promover el trabajo de esta institución entre altos responsables nacionales.
En estas condiciones, el hecho de que la mencionada cena fuera organizada por un organismo cuyo objetivo era promover los intereses flamencos en Bruselas no basta, por sí solo, para demostrar la procedencia de la alegación del Tribunal de Cuentas de que dicha cena tenía como finalidad «permitir a los empresarios flamencos reunirse con diplomáticos belgas destinados en el extranjero». Por lo tanto, las misiones en cuestión no pueden considerarse manifiestamente irregulares.
En cuanto al almuerzo con el embajador del Reino de Bélgica en Francia, que constituía el objeto de la misión contemplada en la línea n.
o
284, si bien el Tribunal de Cuentas sostiene que este almuerzo tenía un carácter privado alegando la relación de amistad existente entre dicho embajador y el Sr. Pinxten y la identidad de los demás comensales, debe constatarse que este carácter no está acreditado, en ausencia de todo elemento de prueba que pueda proporcionar información al Tribunal de Justicia sobre el objetivo del referido almuerzo y siendo así que, en todo caso, la mera existencia de tal relación no es suficiente para excluir que el propio almuerzo haya podido tener un carácter profesional.
En tercer lugar, la participación en el funeral del padre de una asistente del Sr. Pinxten, que constituía el objeto de la misión contemplada en la línea n.
o
335, y que fue autorizada por el presidente del Tribunal de Cuentas basándose en información comunicada de forma transparente, puede vincularse al ejercicio de las funciones de un miembro de esta institución, de quien puede razonablemente esperarse que ofrezca su apoyo personal en una ocasión semejante a uno de sus colaboradores más estrechos en el seno de dicha institución.
En cuarto y último lugar, las acusaciones relativas a las misiones mencionadas en las líneas n.
os
102, 293 y 294 deben rechazarse en la medida en que las irregularidades imputadas al Sr. Pinxten por el Tribunal de Cuentas pueden considerarse constitutivas de errores excusables por su parte.
Así pues, la irregularidad denunciada de la misión contemplada en la línea n.
o
102 se refiere a una falta de declaración de una comida ofrecida por un importe de unos treinta euros, sin que ningún elemento permita considerar que tal incidente aislado no fuera un simple olvido.
Por lo que respecta a las misiones citadas en las líneas n.
os
293 y 294, aunque la alegación del Tribunal de Cuentas según la cual estas misiones se mantuvieron a pesar de la anulación del encuentro que las justificaba parece fundada a la vista de una anotación que figuraba en la agenda del Sr. Pinxten, no está acreditada la existencia de un fraude a este respecto, ya que, a la hora prevista inicialmente para la ejecución de las referidas misiones, se celebró un almuerzo declarado al Tribunal de Cuentas.
En cambio, se puede censurar válidamente al Sr. Pinxten en el marco del presente procedimiento, total o parcialmente, por treinta y una de las misiones mencionadas en el apartado 556 de la presente sentencia.
En primer lugar, una visita a un centro médico local, en el marco de la misión mencionada en la línea n.
o
286, con el fin de participar en una ceremonia para celebrar el vigésimo aniversario de su creación, no puede manifiestamente relacionarse con las funciones de miembro del Tribunal de Cuentas.
En segundo lugar, varias de las misiones contempladas en la primera imputación tenían por objeto reunirse con una persona cuyo cargo no se precisó en la orden de misión y que el Sr. Pinxten no ha explicado claramente durante el presente procedimiento.
Pese a que la emisión de una orden de misión y el posterior reembolso de gastos de misión o el pago de dietas en tales supuestos demuestran una falta de control notable por parte del Tribunal de Cuentas, no obstante, una misión dirigida a reunirse con una persona que no presenta un vínculo identificable con esta institución debe considerarse manifiestamente irregular.
Así pues, en lo tocante a la misión contemplada en la línea n.
o
49, si bien el Tribunal de Cuentas no demuestra la relación que alega entre la persona contemplada en la orden de misión en cuestión y la organización de un festival de música, debe constatarse que ningún elemento obrante en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia permite identificar las funciones que desempeñaba esta persona.
Las misiones mencionadas en las líneas n
os
39, 234, 235, 297, 348 y 389 también deben calificarse como manifiestamente irregulares, en la medida en que tenían por objeto reunirse con personas cuyos cargos no se precisan, del mismo modo que la misión citada en la línea n.
o
79, que solo se justificó haciendo referencia a una «invitación formal».
La misma conclusión se impone en lo que atañe a la misión contemplada en la línea n.
o
306, sin que sea necesario pronunciarse sobre la alegación del Tribunal de Cuentas de que la persona a que se refería esta misión era un notario, y, parcialmente, en lo que concierne a la misión mencionada en la línea n.
o
347, con independencia de la procedencia de la alegación de esta institución que vinculaba esta misión con una recepción de boda.
Igualmente, las misiones citadas en las líneas n.
os
40, 44, 262 y 351, así como, parcialmente, la misión contemplada en la línea n.
o
86 deben considerarse manifiestamente irregulares, dado que se referían a encuentros con personas simplemente designadas, respectivamente, como un «director», un «barón», un «jurista y auditor», un «magistrado» y un «abogado».
En tercer lugar, procede considerar que algunas misiones que tenían por objeto reunirse con una persona cuya condición podía presentar eventualmente un vínculo suficiente con el Tribunal de Cuentas fueron, no obstante, autorizadas sobre la base de una solicitud que omitía un dato esencial y que son irregulares, en la medida en que esta institución presenta elementos de prueba que permiten demostrar que el objeto de la reunión en cuestión era de carácter privado.
Así sucede en el caso de la misión contemplada en la línea n.
o
108, que se refería a una reunión con un miembro de la Comisión, dado que se desprende de correos electrónicos intercambiados para preparar dicha reunión que esta versaba sobre las directrices que un organismo representativo deseaba alegar ante la Comisión.
La misión mencionada en la línea n.
o
122 está estrechamente relacionada con la misión contemplada en la línea n.
o
108, en la medida en que tenía por objeto reunirse con el director de ese organismo representativo y que un correo electrónico recibido al día siguiente de este encuentro demuestra que tenía el mismo objeto que esta última misión.
Es evidente que la cena con un almirante, que constituía el objeto de la misión contemplada en la línea n.
o
280, no puede relacionarse con las funciones del Sr. Pinxten en el seno del Tribunal de Cuentas, en la medida en que unos correos electrónicos incautados por la OLAF demuestran que esa cena fue organizada por un operador económico privado con el fin, en particular, de agradecer al Sr. Pinxten la ayuda que le había prestado para la firma de un contrato en el ámbito de la defensa.
En el caso de la misión citada en la línea n.
o
404, si bien se desconoce el objeto del almuerzo organizado con un miembro del Gobierno belga, el hecho de que un correo electrónico de 10 de mayo de 2016 indique que este fue invitado por el Sr. Pinxten y por su nuera permite establecer el carácter privado de dicho almuerzo.
En cuarto lugar, las misiones referidas a una actividad de ocio o que tienen que ver con relaciones de amistad deben considerarse, a la vista de las consideraciones recogidas en el apartado 399 de la presente sentencia, como manifiestamente irregulares cuando carezcan de relación con un evento centrado en actividades de carácter profesional.
En este sentido, debe mencionarse la misión contemplada en la línea n.
o
80, que se refería a una reunión con el director de una institución cultural, y la misión mencionada en la línea n.
o
322, que, so pretexto de una invitación de un operador económico privado, tenía como auténtico objetivo, a la vista de las indicaciones que aparecen en la agenda del Sr. Pinxten, permitir a este asistir a la representación de una ópera.
A pesar de la transparencia de las órdenes de misión en cuestión, es manifiesto que no es posible vincular la misión n.
o
101, que se refería a la participación en la recepción al aire libre de la orquesta real de cámara de Valonia (Bélgica), ni las misiones contempladas en las líneas n
os
288, 345 y 394, relacionadas con la participación en un festival de música, con las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas, sin que la circunstancia de que ese festival se dirigiera a los «jóvenes europeos» pueda justificar una solución distinta.
Esta conclusión se impone especialmente en lo referente a la misión mencionada en la línea n.
o
364, que permitió una breve visita a un festival dedicado a la cultura escocesa, sobre la base de una orden de misión que únicamente mencionaba una invitación formal de la representación flamenca.
Aunque se refería a una ceremonia que se celebraba en un contexto universitario, la misión citada en la línea n.
o
99 tampoco puede vincularse a las funciones del Sr. Pinxten, habida cuenta de que los documentos aportados por el Tribunal de Cuentas indican que esta ceremonia tenía como finalidad honrar a unos artistas y que finalizaba con un concierto.
Asimismo, es pacífico que la misión contemplada en la línea n.
o
202 se refería a la participación del Sr. Pinxten en la boda de un hijo del juez belga en el Tribunal de Justicia.
El objeto de esta misión no se describía de forma clara en la orden de misión, que simplemente hacía referencia a una invitación formal de dicho juez, sin precisar que se refería a una ceremonia familiar.
Pues bien, la condición de las personas en cuestión no permite demostrar la regularidad de la misión mencionada en la línea n.
o
202.
Este razonamiento debe aplicarse a la misión citada en la línea n.
o
300 y, parcialmente, a la misión contemplada en la línea n.
o
362, puesto que de la agenda del Sr. Pinxten se desprende que estas misiones se referían a las bodas de hijos de personalidades belgas.
iii)

Sobre los gastos de representación y de recepción
Durante los dos mandatos del Sr. Pinxten, el reembolso de los gastos de representación y de recepción en que incurrían los miembros del Tribunal de Cuentas se regía por la Decisión n.
o
7‑2004.
El artículo 2 de esta Decisión preveía el reembolso de los gastos de representación y de recepción de carácter general en que incurrieran esos miembros «en su condición de miembro de una institución».
Este artículo disponía, además, que ese reembolso se realizaría tras la presentación de declaraciones que indicasen la fecha de la invitación, el número de invitados y la condición del invitado principal, a las que se debían adjuntar los recibos y otros justificantes escritos que se considerasen equivalentes.
El artículo 6 de la referida Decisión establecía, asimismo, que los gastos en que se incurriera por las recepciones celebradas en domicilios se reembolsarían hasta el importe justificado mediante los documentos justificativos aportados.
De estas disposiciones se desprende que el reembolso de los gastos de representación y de recepción estaba supeditado, por un lado, a la presentación de documentos acreditativos y, por otro lado, a la condición de que se hubiera incurrido en dichos gastos en calidad de miembro del Tribunal de Cuentas.
El concepto de «gastos de representación y de recepción» se precisaba en la Nota de 22 de abril de 2004, que complementaba la Decisión n.
o
7‑2004.
A este respecto, resulta importante señalar que, si bien se desprende del objeto de esta Nota que esta no tenía, en sí misma, efectos obligatorios, no es menos cierto que los miembros del Tribunal de Cuentas, para cumplir su obligación de comportarse de forma irreprochable mencionada en el apartado 243 de la presente sentencia, debían tener debidamente en cuenta los principios enunciados en dicha Nota.
Pues bien, para empezar, de la Nota de 22 de abril de 2004 resulta que los gastos de representación y de recepción estaban esencialmente destinados a favorecer las relaciones exteriores del Tribunal de Cuentas y que los miembros de dicho Tribunal lo representaban, en particular, cuando mantenían, en interés de esta institución, relaciones profesionales con personas que ostentaban cargos en el seno de la Unión, de los Estados miembros o de terceros países.
Esta Nota indicaba, en segundo término, que los gastos relativos a cada evento debían estar en consonancia con su importancia y la condición de los participantes.
Por último, la mencionada Nota preveía que podía darse el caso de que los cónyuges y las parejas de los miembros del Tribunal de Cuentas y de sus invitados participaran en los eventos para los que se había incurrido en gastos de representación y de recepción. En cambio, los amigos o los contactos personales de dichos miembros debían ser objeto de invitaciones privadas, lo que implica que los gastos relativos a su invitación debían ser soportados por los mencionados miembros.
El anexo 1 de la Nota de 22 de abril de 2004 proporcionaba directrices adicionales relativas a los gastos de representación y de recepción.
De este anexo se desprende, en particular, que los gastos en que se incurriera fuera del Tribunal de Cuentas debían referirse, por norma general, a personas que ostentaran cargos de primer nivel en la Unión, los Estados miembros o terceros países y que los gastos realizados en la residencia privada de un miembro del Tribunal de Cuentas no debían exceder de lo necesario para tal fin.
El anexo 2 de esta Nota estaba constituido por un formulario que permitía declarar los gastos de representación y de recepción especificando la fecha, la hora, el tipo y el motivo del evento, así como el número y la condición de los participantes.
De los apartados 609 a 614 de la presente sentencia resulta que el motivo de la representación o de la recepción y la condición de la persona o personas invitadas constituían los principales criterios utilizados en la Nota de 22 de abril de 2004 y en su anexo 1 para concretar el requisito enunciado en el artículo 2 de la Decisión n.
o
7‑2004 según el cual tales gastos podían reembolsarse si se había incurrido en ellos como miembro del Tribunal de Cuentas.
Los únicos datos sustanciales que, de conformidad con la Decisión n.
o
7‑2004 y el anexo 2 de la Nota de 22 de abril de 2004, debían proporcionarse para obtener el reembolso de estos gastos se referían igualmente a estos dos elementos.
En consecuencia, la justificación de los gastos de representación y de recepción cuyo reembolso solicitó el Sr. Pinxten debe valorarse basándose en dichos elementos.
Sin embargo, en cuanto a la carga de la prueba, procede considerar que, cuando las relaciones profesionales mantenidas con una persona parezcan poder presentar, a la vista de su condición, un interés para el Tribunal de Cuentas, una invitación dirigida a dicha persona debe considerarse legítima, salvo si el Tribunal de Cuentas ha presentado elementos que permitan demostrar el carácter privado de la referida invitación.
–
Sobre los gastos de representación referidos a las relaciones con dirigentes políticos
El análisis expuesto en los apartados 427 a 438 de la presente sentencia acerca de los pagos relativos a los gastos de misión y a las dietas en virtud de misiones referidas a reuniones con dirigentes políticos también es aplicable por lo que respecta al reembolso de gastos de representación relacionados con dichas reuniones.
En efecto, por una parte, de la Nota de 22 de abril de 2004 se desprende expresamente que los gastos relativos a las personas que ostenten cargos de primer nivel en el seno de la Unión, de los Estados miembros o de terceros países, entre las que se cuentan los dirigentes políticos que ostenten cargos importantes, constituían gastos aceptables como gastos de representación.
Por otra parte, si bien es cierto que la realización de gastos de representación no suponía la concesión de autorizaciones previas, no lo es menos que el reembolso sistemático de tales gastos cuando estaban vinculados a invitaciones realizadas por el Sr. Pinxten a dirigentes políticos identificados claramente como tales demuestra que el Tribunal de Cuentas ejerció el margen de apreciación de que disponía en el sentido de que redundaba en su interés que sus miembros mantuvieran relaciones profesionales con tales dirigentes.
En consecuencia, no cabe, en principio, censurar al Sr. Pinxten por las solicitudes formuladas por este mediante las cuales pretendía obtener el reembolso de gastos de representación realizados en virtud de invitaciones dirigidas a dirigentes políticos, salvo si los documentos aportados por el Tribunal de Cuentas acreditan que la invitación en cuestión no correspondía a sus funciones.
Contrariamente a lo que afirma el Tribunal de Cuentas, tal falta de correspondencia con las funciones no puede presumirse, por los motivos expuestos en los apartados 464 a 467 de la presente sentencia, por el mero hecho de que la persona invitada sea miembro del partido político en cuestión.
En estas condiciones, dado que el Tribunal de Cuentas no ha proporcionado motivos ni pruebas de irregularidad adicionales, deben considerarse regulares las solicitudes de reembolso de los gastos de representación en que se incurrió en concepto de invitaciones dirigidas a miembros del Parlamento Europeo, contempladas en las líneas n.
os
2, 14, 19, 24, 65, 257, 314, 323, 338, 350, 357, 382 y 408; a miembros del Gobierno belga, a las que se referían las líneas n.
os
12, 23, 27, 57 y 168, o a miembros del Parlamento belga, mencionadas en las líneas n.
os
23, 116, 117, 168, 171, 183, 184, 190, 194, 204, 218, 236, 276, 293, 294, 336, 354, 358, 367 y 381.
Aunque son menos esenciales, los cargos ocupados por un miembro del gabinete del jefe de un grupo político en el Parlamento Europeo o el de un miembro del Gobierno belga son suficientemente importantes para justificar la regularidad de los reembolsos solicitados por el Sr. Pinxten en los supuestos citados en las líneas n.
os
27, 63, 150 y 168. Lo mismo sucede en el caso de una invitación dirigida al jefe de gabinete del rey de Bélgica, contemplada en la línea n.
o
339.
Por lo que respecta a los gastos contemplados en las líneas n.
os
89 y 111, el hecho de que las invitaciones en cuestión estuvieran dirigidas a miembros del Gobierno belga durante un período de vacaciones no puede demostrar la irregularidad de las solicitudes de reembolso formuladas al respecto, dado que la libertad de que dispone un miembro del Tribunal de Cuentas para viajar a su Estado miembro de origen durante tales períodos supone que estos son particularmente favorables para las representaciones destinadas a mantener relaciones profesionales con autoridades de dicho Estado miembro.
Asimismo, habida cuenta de que el artículo 2 de la Decisión n.
o
7‑2004 solo exigía que se indicara al invitado principal para justificar el hecho de incurrir en gastos de representación, la presencia de un invitado adicional, cuya condición no justificaría por si sola tal gasto, en una cena con un parlamentario nacional o un almuerzo con un miembro del Gobierno belga, contemplados en las líneas n.
os
90 y 281, respectivamente, no basta para demostrar la irregularidad de toda la solicitud de reembolso de los gastos de representación en cuestión.
Además, la presencia de la esposa del Sr. Pinxten y de los cónyuges de sus invitados en una cena con miembros del Parlamento Europeo, a la que se refería la línea n.
o
370, no puede demostrar el carácter privado de dicha cena, ya que, según se desprende del apartado 611 de la presente sentencia, la Nota de 22 de abril de 2004 autorizaba expresamente tal práctica.
En cambio, en primer lugar, por las razones indicadas en los apartados 471 y 472 de la presente sentencia, no es posible, en principio, incurrir válidamente en gastos de representación en relación con invitaciones dirigidas a antiguos dirigentes políticos de primer nivel que hayan abandonado sus cargos o a autoridades políticas locales.
Tal irregularidad, en particular, debe apreciarse respecto de los gastos de representación mencionados en las líneas n.
os
15, 152, 201 y 253, que se referían a invitaciones realizadas a antiguos miembros del Parlamento o del Gobierno belgas.
Lo mismo ocurre en cuanto a los gastos contemplados en la línea n.
o
341, relativa a una cena con un antiguo ministro, que también fue el objeto de una misión cuya irregularidad ha sido declarada en el apartado 424 de la presente sentencia.
Asimismo, la circunstancia de que la realización de los gastos mencionados en la línea n.
o
302 estuviera motivada por una cena a la que estaban invitados cargos electos locales permite establecer la irregularidad de la solicitud de reembolso de dichos gastos.
En segundo lugar, algunas solicitudes de reembolso de gastos de representación formuladas a raíz de invitaciones realizadas por el Sr. Pinxten a dirigentes políticos deben considerarse irregulares en la medida en que las circunstancias que rodearon a tales invitaciones permiten vincularlas directamente con la actividad política ejercida por el Sr. Pinxten, que constituye el objeto de la primera parte de la cuarta imputación.
Así sucede en el caso de las solicitudes de reembolso relativas a los gastos mencionados en las líneas n.
os
16, 20 y 29, en la medida en que estas se referían a invitaciones dirigidas a personas que, según el Sr. Pinxten, ostentaban cargos en el partido político en cuestión y respecto de las cuales nada indica que ejercieran, además, responsabilidades políticas de primer nivel.
La solicitud de reembolso de los gastos contemplados en la línea n.
o
70, que correspondían a un almuerzo con un miembro del gabinete de un comisario europeo, también debe considerarse irregular, dado que este almuerzo fue organizado a raíz de una reunión de la junta directiva del partido político en cuestión y que del acta de dicha reunión se desprende que tanto ese comisario como el Sr. Pinxten asistieron a tal reunión.
Cabe decir lo mismo en el caso de las solicitudes de reembolso de los gastos mencionados en las líneas n.
os
34, 54, 84, 85 y 88, que se referían todas ellas a invitaciones dirigidas a dirigentes políticos belgas, miembros del partido político en cuestión, con ocasión de reuniones o de eventos festivos organizados por dicho partido político en los que ha quedado acreditado que participó el Sr. Pinxten.
El reembolso, como gastos de representación, del pago, mencionado en la línea n.
o
275, de una «contribución» que permitía, a la vista de las anotaciones que figuran en la factura relativa a esta, la participación en un «café político» organizado por el partido político en cuestión también debe considerarse irregular debido a su relación directa con la actividad política ejercida por el Sr. Pinxten.
–
Sobre los gastos de representación relativos a las relaciones con otras personas
En lo referente a los gastos de representación relativos a las relaciones con otras personas distintas de los dirigentes políticos, debe señalarse que, en ausencia de toda referencia expresa, en los actos del Tribunal de Cuentas relativos al reembolso de tales gastos, a los directivos de operadores económicos privados, de organismos representativos o de asociaciones, deben aplicarse,
mutatis mutandis
, los principios establecidos en los apartados 476 a 515 de la presente sentencia en lo tocante a los gastos de misión y las dietas para valorar la relación con las funciones del Sr. Pinxten de los gastos de representación realizados a resultas de invitaciones dirigidas a tales directivos.
Sobre esta base, procede constatar que, en diez casos referidos a invitaciones dirigidas a personas que no eran dirigentes políticos, el Tribunal de Cuentas no ha logrado demostrar que las solicitudes de reembolso de gastos de representación formuladas por el Sr. Pinxten se refirieran a gastos que no se habían realizado en su condición de miembro del Tribunal de Cuentas.
Así pues, en cuanto a los gastos contemplados en la línea n.
o
17, debe considerarse que una invitación dirigida a un alto cargo administrativo encargado de presidir un comité en la dirección del Servicio Público Federal — Finanzas (Bélgica) entra, en ausencia de pruebas del carácter privado de esta invitación, en dicha categoría.
A la vista de la condición de las personas en cuestión, esta conclusión se impone también en lo que atañe a los gastos de representación contemplados en las líneas n.
os
35, 373 y 374, que se referían a invitaciones dirigidas al rector de una universidad y a una persona que ostentaba un cargo en el seno de una organización internacional.
Lo mismo sucede en cuanto a los gastos mencionados en las líneas n.
os
28 y 290, en la medida en que las invitaciones dirigidas, respectivamente, al director de una agrupación representativa de alcance europeo y a un directivo de un despacho de auditoría internacional podían vincularse, basándose en las consideraciones expuestas en los apartados 495 a 497 y 515 de la presente sentencia, con las funciones de un miembro del Tribunal de Cuentas.
Además, a la vista de las consideraciones enunciadas en el apartado 638 de la presente sentencia, las solicitudes de reembolso de los gastos relativos al almuerzo y a las cenas mencionados en las líneas n.
os
56, 138, 284 y 382 deben considerarse regulares, dado que en los apartados 570 a 575 de la presente sentencia se ha declarado que el Tribunal de Cuentas no ha demostrado la irregularidad de las misiones durante las cuales se incurrió en esos gastos.
Asimismo, los gastos en que se incurrió en relación con la cena con el jefe de gabinete de un miembro de la Comisión a que se refiere la línea n.
o
98 deben, en principio, habida cuenta de las funciones que ejercía el invitado, considerarse realizados en calidad de miembro del Tribunal de Cuentas.
Los elementos aportados a este respecto por el Tribunal de Cuentas no son suficientes para fundamentar su alegación de que esa cena tuvo carácter privado.
Por un lado, si bien dicha institución invoca un intercambio de correos electrónicos de 20 de mayo de 2010, cabe observar que de ese intercambio se desprende que las cuestiones puntuales mencionadas en este se resolvieron antes de esa cena y que ningún elemento indica que constituyeran el objeto de la citada cena.
Por otro lado, el argumento del Tribunal de Cuentas de que el coste de la cena en cuestión implicaba el incumplimiento, por parte de la persona invitada, de sus obligaciones en virtud del artículo 11 del Estatuto no puede, en todo caso, demostrar el carácter privado de esa cena.
En cambio, en veintiséis casos relativos a invitaciones dirigidas a personas que no eran dirigentes políticos, las solicitudes de reembolso de gastos de representación presentadas por el Sr. Pinxten deben considerarse irregulares.
En efecto, habida cuenta de las conclusiones ya alcanzadas en los apartados 484, 487, 489 y 493 de la presente sentencia en cuanto a la irregularidad de las misiones contempladas en las líneas n.
os
45, 251, 283, 287, 307 y 325, en la medida en que tenían por objeto reunirse con directivos de operadores económicos privados, no puede considerarse que los gastos de representación en que se incurrió el marco de esas misiones, cuyo reembolso solicitó el Sr. Pinxten, hubieran sido realizados en calidad de miembro del Tribunal de Cuentas.
También deben considerarse irregulares las solicitudes de reembolso relacionadas con los gastos de representación mencionados en las líneas n.
os
13, 79, 115, 154, 178 y 318, que se referían a invitaciones dirigidas a directivos de operadores económicos o de organismos representativos.
Además, por definición, no puede considerarse que los gastos de representación en que se haya incurrido en el marco de una actividad externa autorizada se hayan realizado en calidad de miembro del Tribunal de Cuentas.
Pues bien, la cena contemplada en la línea n.
o
385 debe relacionarse con el cargo de presidente de la SBNL-V ejercido por el Sr. Pinxten como actividad externa autorizada, puesto que, por una parte, según lo indicado en la declaración de gastos, la condición del invitado a esta cena remite a sus funciones en el fondo que proporcionaba la financiación del principal premio entregado cada año por la SBNL-V y, por otra parte, un intercambio de correos electrónicos de 2 de febrero de 2016 permite demostrar que esta cena tenía por objeto discutir sobre la organización del concurso de «El árbol europeo del año», que tiene un vínculo directo con el ámbito de acción de la SBNL‑V.
Habida cuenta de las relaciones entre la SBNL-V y la ELO reseñadas en los apartados 525 a 528 de la presente sentencia, los gastos de representación contemplados en la línea n.
o
409, que se referían a una cena ofrecida al secretario general de la ELO, deben vincularse igualmente a la actividad del Sr. Pinxten en el seno de la SBNL‑V.
Procede asimismo declarar la irregularidad de una solicitud de reembolso de gastos de representación cuando esta no precisaba claramente la condición del invitado y el Sr. Pinxten no ha proporcionado ninguna información adicional a este respecto durante el presente procedimiento.
Tal irregularidad debe admitirse en lo referente a los gastos de representación mencionados en las líneas n.
os
39, 262 y 297, sobre la base de las conclusiones ya efectuadas en los apartados 585 y 587 en lo que atañe a la irregularidad de las misiones durante las cuales se incurrió en dichos gastos.
La condición de «director de estudio» o de «director», utilizada para un mismo invitado en las solicitudes de reembolso de gastos de representación a las que se remiten las líneas n.
os
21 y 40, tampoco basta para demostrar que se hubiera incurrido en dichos gastos en calidad de miembro del Tribunal de Cuentas. Lo mismo sucede respecto de los títulos de «doctor profesor» y de «doctor» empleados en las solicitudes de reembolso relativas a los gastos de representación mencionados en las líneas n.
os
37, 254 y 255.
Aunque la condición de los invitados se haya indicado con precisión en las solicitudes de reembolso de los gastos de representación contempladas en las líneas n.
os
36 y 42, la relación con las funciones del Sr. Pinxten de invitaciones dirigidas al director de una institución cultural o a un fiscal no puede, sin embargo, considerarse acreditada.
Además, las pruebas aportadas por el Tribunal de Cuentas permiten demostrar el carácter privado de algunas invitaciones dirigidas a personas cuya condición habría podido justificar, en principio, la realización de gastos de representación.
Así sucede en lo que concierne a la invitación dirigida al embajador del Reino de Bélgica en Francia que constituye el objeto de la línea n.
o
268, dado que se refería a una cena organizada en un restaurante cercano a una explotación vinícola y diversos correos electrónicos indican que el desplazamiento del Sr. Pinxten y de su invitado a la región tenía como finalidad visitar dicha explotación vinícola.
El carácter privado de la invitación dirigida a un miembro del Gobierno belga a la que se refiere la línea n.
o
404 también debe considerarse acreditado, a la vista de las apreciaciones efectuadas en el apartado 592 de la presente sentencia.
–
Sobre los gastos relativos a las recepciones organizadas en el domicilio del Sr. Pinxten
A lo largo de sus dos mandatos como miembro del Tribunal de Cuentas, el Sr. Pinxten organizó diez recepciones en su residencia, respecto de las cuales presentó solicitudes de reembolso de gastos de recepción que el Tribunal de Cuentas describe, en el marco del presente procedimiento, como irregulares.
Según se desprende del apartado 605 de la presente sentencia, el artículo 6 de la Decisión n.
o
7‑2004 establecía que los gastos en que se incurriese por las recepciones celebradas en domicilios se reembolsarían hasta el importe justificado mediante los documentos justificativos aportados.
En el presente asunto, la irregularidad alegada por el Tribunal de Cuentas no se debe ni al carácter excesivo de los gastos cuyo reembolso solicitó el Sr. Pinxten en concepto de las recepciones organizadas en su domicilio ni a la insuficiencia de los documentos justificativos aportados a este respecto, sino únicamente al carácter supuestamente privado de dichas recepciones.
En vista de que las normas internas del Tribunal de Cuentas no establecían ningún criterio específico relativo a las recepciones organizadas en el domicilio de un miembro de esta institución, los gastos generados por tal recepción deben considerarse realizados en calidad de miembro de dicha institución cuando la citada recepción haya permitido establecer, en el interés de la referida institución, relaciones profesionales con las personas invitadas a dicha recepción.
Según se desprende del apartado 618 de la presente sentencia, a los efectos del presente procedimiento, la existencia de tal interés para el Tribunal de Cuentas debe apreciarse, en principio, sobre la base de la condición de las personas invitadas a las recepciones organizadas en el domicilio del Sr. Pinxten.
De las directrices que figuran en el anexo 1 de la Nota de 22 de abril de 2004 se desprende que estos invitados debían ser, en concreto, personas que ostentaran cargos de primer nivel en el seno de la Unión, de los Estados miembros o de terceros países. En el supuesto de que figuraran agentes del Tribunal de Cuentas entre dichos invitados, debía establecerse un justo equilibrio entre estos agentes y las personas externas a esta institución.
Asimismo, dado que de estas directrices se desprende que los amigos personales y los miembros de la familia del miembro del Tribunal de Cuentas, exceptuando su cónyuge o su pareja, debían ser objeto de una invitación privada, los gastos relativos a la invitación de tales personas a una recepción en el domicilio de un miembro de esta institución no podían ser válidamente reembolsados por dicha institución.
Por lo demás, debe considerarse, por las razones indicadas en el apartado 627 de la presente sentencia, que el hecho de que el artículo 2 de la Decisión n.
o
7‑2004 concediera un papel preponderante a la «condición del invitado principal» implica que la presencia, en una recepción organizada en el domicilio de un miembro del Tribunal de Cuentas, de uno o varios invitados cuya condición no habría podido justificar, como tal, que se incurriera en gastos de recepción, no permite demostrar que dicha recepción careciera, en su conjunto, de relación con las funciones de ese miembro.
Habida cuenta de que las normas internas del Tribunal de Cuentas no establecían claramente el régimen aplicable a tales invitados, cuando no eran ni amigos personales ni miembros de la familia del miembro afectado de esta institución, la formulación de una solicitud de reembolso de los gastos que no distinguía estos invitados de los demás pero que incluía información completa sobre la condición de los diversos invitados no puede considerarse, como tal, pertinente a los efectos de apreciar la existencia de un incumplimiento por parte del Sr. Pinxten de las obligaciones que dimanaban de su cargo.
En este contexto, procede señalar, en primer lugar, que las solicitudes de reembolso de gastos de recepción emitidas por el Sr. Pinxten incluían, por norma general, una información precisa sobre cada una de las personas invitadas a las recepciones organizadas en su domicilio y, por tanto, proporcionaban más información de lo que exigía el artículo 2 de la Decisión n.
o
7‑2004.
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas estaba en condiciones de apreciar, con pleno conocimiento de causa, la regularidad de los gastos de recepción objeto de esas solicitudes cuando se pronunció sobre estas.
En segundo lugar, con arreglo a las normas internas del Tribunal de Cuentas, la presencia sistemática, con ocasión de las recepciones en cuestión, de la esposa del Sr. Pinxten y de los cónyuges de las personas invitadas no puede constituir una irregularidad o indicar que estas recepciones presentaran un carácter privado.
En tercer lugar, procede examinar la pertinencia del escrito de 28 de abril de 2015.
Según el Tribunal de Cuentas, los términos de este escrito permiten demostrar, de manera general, que las recepciones organizadas en el domicilio del Sr. Pinxten servían en realidad para reunir a sus amigos y, en consecuencia, no presentaban ninguna relación con sus funciones de miembro de esta institución.
Ciertamente, en dicho escrito, el Sr. Pinxten mencionaba el hecho de que invitaba regularmente a «un cierto número de amigos a compartir una cena informal en [su] casa» que reunía a «una o dos personalidades políticas de primer nivel, así como a algunos amigos que ocupan altos cargos en el ámbito empresarial» para «pasar una velada agradable, distendida y útil en buena compañía». De este modo, se afirma que los invitados «forma[ban] todos parte de [su] círculo personal» y la cena ofrecía la ocasión de una «velada amigable, calurosa, apasionante con personalidades flamencas cuidadosamente seleccionadas». Ese mismo escrito enumeraba finalmente los nombres de las personas que podrían ser invitadas a la cena prevista.
Sin embargo, debe señalarse, en primer término, que ninguna de las solicitudes de reembolso de gastos de recepción obrantes en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se refería a una cena en la que hubieran participado el primer ministro del Reino de Bélgica y las demás personas mencionadas en el escrito de 28 de abril de 2015.
De lo anterior se deduce que ese escrito se refería a una cena que no se organizó o, como mínimo, que no fue objeto de una solicitud de reembolso considerada irregular por el Tribunal de Cuentas.
En segundo término, si bien dicho escrito incluía una descripción general de las cenas organizadas por el Sr. Pinxten en su domicilio, es preciso constatar que esta descripción no se corresponde realmente con los elementos que se desprenden de las solicitudes de reembolso remitidas por el Tribunal de Cuentas, habida cuenta de que la lista de las personas invitadas a dichas cenas no se limitaba a «personalidades flamencas» e incluía frecuentemente a una o varias personas que ocupaban cargos de responsabilidad en el seno de las instituciones europeas.
Por último, los términos «amigos» y «círculo personal», que, a primera vista, podrían dar a entender que las cenas organizadas por el Sr. Pinxten en su domicilio eran de naturaleza privada, no deben entenderse necesariamente en un sentido literal, ya que el escrito de 28 de abril de 2015 tenía manifiestamente como objetivo presentar de manera seductora las cenas organizadas por el Sr. Pinxten y no describir la práctica efectivamente seguida por este.
Resulta obligado reconocer, además, que el destinatario de ese escrito no parece ser él mismo un amigo del Sr. Pinxten y que el hecho de que cerca de cuarenta personas distintas fueran invitadas a una u otra de estas cenas resulta difícilmente compatible con una lectura literal de los términos «amigos» y «círculo personal».
De todo lo anterior se desprende que el escrito de 28 de abril de 2015 no es suficiente para demostrar que todas las recepciones organizadas por el Sr. Pinxten en su domicilio presentaran un carácter privado.
En cuarto lugar, parece que, en ocho casos, que se contemplan en las líneas n.
os
22, 55, 110, 160, 216, 243, 245 y 279, la calidad de la mayoría de los invitados a una recepción organizada en la residencia del Sr. Pinxten permitía demostrar que este podía legítimamente tratar de mantener relaciones profesionales con aquellos en interés del Tribunal de Cuentas.
Así pues, entre estos invitados figuraban personas que ocupaban cargos de responsabilidad de primer nivel en el seno de las instituciones europeas, a saber, miembros del Parlamento Europeo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas, y en el seno de los Estados miembros, como miembros del Parlamento belga, del Gobierno belga y del gabinete del rey de Bélgica, así como embajadores o altos funcionarios.
En cambio, los invitados de la recepción contemplada en la línea n.
o
123 no presentan un vínculo suficiente con el Tribunal de Cuentas para considerar que los gastos relativos a esta recepción fueran realizados por el Sr. Pinxten como miembro de dicha institución.
En efecto, si bien es cierto que un miembro del Parlamento belga formaba parte de estos invitados, los demás comensales ejercían todos cargos en el seno de operadores económicos privados. Por añadidura, debe destacarse que, entre ellos, figuraban en particular el hombre de negocios belga descrito por el Sr. Pinxten como un «viejo amigo» y mencionado en el apartado 493 de la presente sentencia, así como un directivo de un grupo del que el Sr. Pinxten era administrador antes de asumir sus funciones como miembro del Tribunal de Cuentas.
Debe concluirse lo mismo en lo tocante a la recepción contemplada en la línea n.
o
376. En efecto, además de un miembro de la Comisión, las otras cuatro personas invitadas, con sus respectivos cónyuges, a la cena en cuestión ejercían todos funciones en operadores económicos privados u organismos representativos. Asimismo, debe señalarse que formaban parte de esas personas el hombre de negocios citado en el apartado anterior y un responsable de la ELO, cuya relación con la actividad externa autorizada ejercida por el Sr. Pinxten ya se ha indicado.
iv)

Sobre la utilización del vehículo oficial y el uso de los servicios de un chófer
Durante los dos mandatos del Sr. Pinxten como miembro del Tribunal de Cuentas, la utilización de los vehículos oficiales y de los servicios de los chóferes estuvieron regulados, sucesivamente, por la Decisión n.
o
33‑2004 y por la Decisión n.
o
19‑2009.
Las disposiciones de estas Decisiones pertinentes para el presente asunto eran esencialmente similares.
El artículo 1 de cada una de las referidas Decisiones establecía que los vehículos oficiales estaban permanentemente a la disposición de los miembros del Tribunal de Cuentas para sus desplazamientos en el marco de sus funciones.
El artículo 4, párrafo primero, de la Decisión n.
o
33‑2004 y el artículo 4, párrafo primero, de la Decisión n.
o
19‑2009 establecían que el Tribunal de Cuentas se haría cargo, además del coste del alquiler, de los gastos ocasionados por la utilización del vehículo por parte de los miembros de esta institución en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 4, párrafo segundo, de cada una de estas Decisiones disponía que se considerarían como desplazamientos en el ejercicio de las funciones los desplazamientos amparados por una orden de misión y los otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones, que se calculaban a tanto alzado en 15000 km al año.
El concepto de «otros desplazamientos en el ejercicio de las funciones» se precisaba en los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
33‑2004 y en los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
19‑2009. De dichos Comentarios resultaba que se consideraban como tales desplazamientos los trayectos entre el domicilio en el lugar de destino y el lugar de trabajo, los trayectos entre el lugar de destino o de residencia y un aeropuerto, los trayectos necesarios para las obligaciones protocolarias que tuvieran lugar dentro de un perímetro reducido y que no estuvieran cubiertas por una orden de misión, así como «las causas de fuerza mayor (enfermedad, reconocimientos médicos, imposibilidad de conducir, etc.)».
El artículo 5 de la Decisión n.
o
33‑2004 y el artículo 5 de la Decisión n.
o
19‑2009 preveían que, cuando los miembros del Tribunal de Cuentas utilizaran el vehículo oficial para desplazamientos distintos de los contemplados en el artículo 4 de cada una de las Decisiones mencionadas, los gastos correspondientes, a saber, los gastos referidos a los peajes, al combustible y al posible coste adicional de alquiler, correrían a su cargo.
Por lo tanto, si bien los miembros del Tribunal de Cuentas podían utilizar su vehículo oficial tanto para los desplazamientos en el ejercicio de sus funciones como para desplazamientos de carácter privado, el régimen aplicable a los gastos generados respectivamente por estos dos tipos de usos difería.
Asimismo, el artículo 6 de la Decisión n.
o
33‑2004 y el artículo 6 de la Decisión n.
o
19‑2009 disponían que los chóferes tendrían derecho al reembolso de sus gastos de misión cuando trasladasen a los miembros del Tribunal de Cuentas en sus desplazamientos en el ejercicio de sus funciones.
Aunque del tenor literal de estos artículos no se desprende que estos tuvieran por objeto definir, de manera general, las condiciones en las que los miembros del Tribunal de Cuentas podían recurrir a los servicios de un chófer, de dichos artículos se deduce que solo podía emitirse una orden de misión para un chófer con el fin de que trasladara a un miembro de esta institución en la medida en que el desplazamiento del miembro en cuestión constituyera un «desplazamiento en el ejercicio de las funciones», en el sentido del artículo 4 de la Decisión n.
o
33‑2004 y del artículo 4 de la Decisión n.
o
19‑2009.
La emisión irregular de una orden de misión para un chófer, dirigida a que trasladara a un miembro del Tribunal de Cuentas en otro tipo de desplazamientos, podía generar costes importantes para el Tribunal de Cuentas, en la medida en que implicaba, en particular, que dicho chófer tenía derecho al reembolso de sus gastos de misión y al pago de dietas.
Pues bien, está acreditado que, en el marco de la organización establecida en el seno del Tribunal de Cuentas hasta el 5 de octubre de 2016, correspondía a los miembros de esta institución firmar las órdenes de misión de los chóferes cuyos servicios emplearan.
En el presente asunto, las misiones de chófer cuya irregularidad denuncia el Tribunal de Cuentas tuvieron lugar antes de esa fecha y fueron autorizadas por el Sr. Pinxten.
Dado que el Sr. Pinxten debía determinar las labores del chófer asignado a su gabinete, como su superior jerárquico, y firmar las órdenes de misión de los chóferes, como ordenante de pagos, formaba parte de las obligaciones que dimanaban de su cargo emitir dichas órdenes de misión respetando las normas aplicables y, en particular, no ordenar misiones que tuvieran por objeto trasladarle para un desplazamiento carente de relación con el ejercicio de sus funciones.
–
Sobre los gastos de transporte realizados al margen de las misiones del Sr. Pinxten
En noventa casos, las órdenes de misión de chófer firmadas por el Sr. Pinxten no se referían a trayectos amparados por una orden de misión de este último.
En primer lugar, ochenta y una de estas misiones tenían por objeto, según el Tribunal de Cuentas, trasladar al Sr. Pinxten.
Dado que las referidas misiones no se referían a trayectos amparados por una orden de misión del Sr. Pinxten, su regularidad solo puede demostrarse, de conformidad con los artículos 4 y 6 de la Decisión n.
o
33‑2004 y con estos mismos artículos de la Decisión n.
o
19‑2009, si el desplazamiento en cuestión podía calificarse de «otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones».
A este respecto, el Sr. Pinxten alega en particular que sus desplazamientos debían calificarse de tal modo, de manera general, en la medida en que su estado de salud no le permitía conducir su vehículo oficial a grandes distancias.
Ciertamente, procede constatar que los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
33‑2004 y los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
19‑2009 preveían que un desplazamiento podía considerarse relacionado con el ejercicio de las funciones debido a una causa de fuerza mayor y citaban, entre las causas de fuerza mayor, la «enfermedad» y la «imposibilidad de conducir».
Sin embargo, los certificados médicos aportados por el Sr. Pinxten ante la administración del Tribunal de Cuentas no son suficientes, en este sentido, para demostrar que este fuera incapaz de conducir a grandes distancias, por motivos médicos, durante el período pertinente.
En efecto, el primero de estos certificados médicos, con fecha del 5 de diciembre de 2008, únicamente precisa que el Sr. Pinxten debe utilizar un asiento adaptado cuando permanezca durante un tiempo prolongado en un vehículo.
En cuanto al segundo de dichos certificados médicos, con fecha del 31 de octubre de 2016, indica que, debido al «problema médico» del Sr. Pinxten que avanza lentamente con el tiempo, a partir de ese día se recomienda encarecidamente que este último se abstenga de conducir un vehículo en trayectos que superen una hora o 100 km. En consecuencia, este segundo certificado médico no aporta ninguna información sobre su estado de salud en el momento en que se ordenaron las misiones controvertidas.
De ello se deduce que el Sr. Pinxten no puede invocar válidamente su estado de salud para justificar las órdenes de misión de chófer que emitió.
En este contexto, las misiones de un chófer del Tribunal de Cuentas referidas a trayectos durante los cuales el propio Sr. Pinxten no estaba cubierto por una orden de misión pueden dividirse en tres grupos.
En primer término, en doce casos, la misión del chófer en cuestión consistió en trasladar al Sr. Pinxten por un motivo desconocido o claramente distinto de sus funciones.
Así pues, en el marco de las misiones de chófer contempladas en las líneas n.
os
149, 166, 182, 189, 193 y 198, el chófer en cuestión se dirigió a Bruselas en tren para volver a traer al Sr. Pinxten a Luxemburgo en coche, sin que se proporcionara ninguna justificación, en origen o durante el presente procedimiento, sobre la razón por la cual este se encontraba en Bruselas.
A la inversa, las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
os
78, 212, 342 y 384 consistieron en llevar al Sr. Pinxten a Bruselas en coche desde Luxemburgo, sin que se alegara ningún motivo profesional, y el chófer en cuestión volvió a continuación a Luxemburgo en tren.
Asimismo, la misión de chófer contemplada en las líneas n.
os
254 y 255 tenía por objeto trasladar al Sr. Pinxten a Overpelt a una cena que, tal como se ha constatado en el apartado 656 de la presente sentencia, no puede vincularse con sus funciones de miembro del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, la misión de chófer mencionada en la línea n.
o
64, en la medida en que está relacionada con un desplazamiento del Sr. Pinxten a una reunión de la junta directiva del partido político en cuestión celebrada en Bruselas, no puede considerarse regular. El hecho de que los documentos presentados por esta institución indiquen que el chófer en cuestión estaba en un tren a la hora de dicha reunión y que no llegó a Bruselas hasta después de esta no modifica en modo alguno esta apreciación, dado que este acudió a dicha ciudad para trasladar al Sr. Pinxten tras la mencionada reunión.
En consecuencia, ningún elemento obrante en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia permite demostrar que las misiones de chófer contempladas en los apartados 712 a 715 de la presente sentencia se refirieran a desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones del Sr. Pinxten. Por consiguiente, estas misiones deben considerarse irregulares.
En cambio, si bien el motivo alegado por el Tribunal de Cuentas respecto de la misión de chófer mencionada en la línea n.
o
38, a saber, ir a buscar al Sr. Pinxten a su lugar de vacaciones, podría demostrar la irregularidad de dicha misión, debe señalarse que este niega haber autorizado tal misión y que el Tribunal de Cuentas no ha acreditado que la referida misión tuviera lugar efectivamente, dado que los autos de que dispone el Tribunal de Justicia no incluyen una orden de misión firmada personalmente por este.
En segundo término, cincuenta y siete misiones de chófer tienen por objeto un trayecto entre la ciudad de Luxemburgo, sede del Tribunal de Cuentas, y el municipio de Overpelt, lugar de origen del Sr. Pinxten.
Así pues, las misiones de chófer contempladas en las líneas n.
os
107, 126, 144 a 146, 148, 156, 158, 165, 179, 180, 188, 213, 220, 231, 238, 240, 241, 244, 246, 263 a 265, 267, 270, 272, 273, 278, 291, 293, 294, 296, 305, 312, 316, 340, 356, 372, 375, 388, 399 y 400 consistían en trasladar al Sr. Pinxten, desde Luxemburgo a Overpelt, y el chófer en cuestión regresaba el día siguiente a Luxemburgo en tren.
A la inversa, en las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
os
112, 136, 140, 206 y 387, el chófer en cuestión se dirigía en tren a Overpelt para conducir al Sr. Pinxten hasta Luxemburgo.
Pueden encontrarse otros trayectos entre Luxemburgo y Overpelt, independientemente de cualquier misión del Sr. Pinxten, en las misiones de chófer contempladas en las líneas n.
os
77, 109, 127, 226, 233, 285, 324, 349, 378 y 383, según diversas modalidades, como un viaje de ida y vuelta en vehículo oficial o un trayecto hasta Overpelt con una escala en Bruselas.
Estas diferentes misiones de chófer no pueden vincularse a un desplazamiento del Sr. Pinxten en el ejercicio de sus funciones.
En particular, aunque los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
33‑2004 y los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
19‑2009 indican que, entre los «otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones», figuraban los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo, estos Comentarios indicaban claramente, y además en cursiva, que el domicilio mencionado debe situarse «en el lugar de destino», lo que supone que los trayectos entre el lugar de destino y el lugar de origen no debían considerarse como «otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones», en el sentido del artículo 4 de la Decisión n.
o
33‑2004 y del artículo 4 de la Decisión n.
o
19‑2009.
Es verdad, tal como subraya el Sr. Pinxten, que la administración del Tribunal de Cuentas estaba necesariamente informada de la práctica, seguida por este durante años, consistente en recurrir a los servicios de un chófer para dirigirse a su lugar de origen, a la vista de los numerosos pagos de los que disfrutaron por este concepto los chóferes afectados y de la compra, por esta administración, de los billetes de tren utilizados por dichos chóferes en este contexto.
Sin embargo, la tolerancia así demostrada en lo que a esta práctica se refiere no puede permitir al Sr. Pinxten escapar a su responsabilidad a este respecto, puesto que, según se desprende del apartado 370 de la presente sentencia, dicha tolerancia no puede generar confianza legítima en la regularidad de dicha práctica y, por añadidura, el Sr. Pinxten no podía ignorar la incompatibilidad de esta misma práctica con las normas internas del Tribunal de Cuentas.
También debe señalarse, respecto de las misiones de chófer relativas a trayectos hacia o desde Overpelt, que, si bien no puede excluirse completamente, a la vista de la imprecisión de la formulación de las órdenes de misión en cuestión, que algunas de estas misiones tuvieran como único objetivo llevar el vehículo oficial al Sr. Pinxten, para que este pudiera disponer de aquel en su lugar de origen, tal objeto solo habría servido a los intereses privados del Sr. Pinxten y no puede considerarse regular.
En tercer término, el Tribunal de Cuentas impugna parcialmente la regularidad de once misiones de chófer en la medida en que esas misiones incluían un trayecto entre Overpelt y un lugar en el que se desarrolló una misión del Sr. Pinxten.
Tal situación aparece efectivamente en las misiones de chófer contempladas en las líneas n.
os
62, 181, 191 y 336, en las que el chófer en cuestión trasladó al Sr. Pinxten a Overpelt tras una de sus misiones, así como en las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
os
173 y 366, en las que dicho chófer fue a buscar al Sr. Pinxten a Overpelt para llevarlo al lugar en el que debía desarrollarse una misión de este.
También debe asimilarse a estos supuestos la misión de chófer contemplada en la línea n.
o
195, en la que el Tribunal de Cuentas admite que el Sr. Pinxten llevó a cabo, en Bruselas, una labor comprendida entre sus funciones, sin que, no obstante, estuviera cubierto por una orden de misión, antes de que el chófer asignado a su gabinete lo condujera hasta Overpelt.
Pues bien, incluso en un caso en el que no se discute en modo alguno la regularidad de la misión del Sr. Pinxten, hay que señalar que un trayecto de este entre Overpelt y el lugar en el que se desarrolló dicha misión no está cubierto por su orden de misión.
De lo anterior se deduce que este trayecto no puede considerarse comprendido en los «desplazamientos amparados por una orden de misión», en el sentido del artículo 4 de la Decisión n.
o
33‑2004 y del artículo 4 de la Decisión n.
o
19‑2009.
Teniendo en cuenta que, a la vista de las consideraciones recogidas en los apartados 709 y 723 de la presente sentencia, tal trayecto tampoco entra en el concepto de «otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones», en el sentido de dichos artículos, las misiones de chófer contempladas en los apartados 728 y 729 de la presente sentencia deben considerarse irregulares, en la medida en que incluían un trayecto hacia o desde Overpelt.
Este razonamiento debe aplicarse,
mutatis mutandis
, a la misión de chófer contemplada en la línea n.
o
124, en la que el chófer en cuestión trasladó al Sr. Pinxten a Overpelt desde el aeropuerto de Fráncfort del Meno (Alemania), tras una misión de varios días que tuvo lugar en Macao (República Popular de China).
En efecto, si bien los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
33‑2004 y los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
19‑2009 mencionaban, entre los «otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones», los trayectos entre el lugar de destino o de residencia y un aeropuerto, estos no se refieren en modo alguno a los trayectos entre el lugar de origen y un aeropuerto.
En cambio, la irregularidad de las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
os
176, 317, 373 y 374 no puede considerarse demostrada, dado que los autos de que dispone el Tribunal de Justicia no incluyen las órdenes de misión del Sr. Pinxten a las que se refiere el Tribunal de Cuentas y, en consecuencia, no permiten acreditar que los trayectos impugnados no estaban cubiertos, de manera justificada, por estas órdenes de misión.
En segundo lugar, nueve de las misiones del chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten cuya irregularidad denuncia el Tribunal de Cuentas tenían un objeto distinto de trasladarle.
A este respecto, ciertamente debe señalarse que la realización de tales misiones por un chófer no estaba expresamente prevista en la normativa interna del Tribunal de Cuentas de que dispone el Tribunal de Justicia.
Sin embargo, el artículo 6 de la Decisión n.
o
33‑2004 y el artículo 6 de la Decisión n.
o
19‑2009 no pueden interpretarse en el sentido de que suponen la irregularidad de las misiones de este tipo, dado que estos artículos solo regulan las misiones de los chóferes que tienen por objeto trasladar a los miembros del Tribunal de Cuentas o al secretario general de esta institución.
Por lo tanto, no puede excluirse que las órdenes de misión firmadas por el Sr. Pinxten relativas a misiones del chófer asignado a su gabinete que tenían un objeto distinto del de trasladarle puedan considerarse regulares, siempre y cuando dichas misiones sirvieran efectivamente a los intereses del Tribunal de Cuentas.
Este podría ser el caso, en principio, de las misiones del chófer en cuestión destinadas al transporte de documentos.
Por lo demás, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que inicialmente se censuró al Sr. Pinxten por varias misiones del chófer en cuestión con tal objeto, pero que el Tribunal de Cuentas finalmente renunció a denunciar su irregularidad en el marco del presente recurso.
Dicho esto, dado que un transporte de documentos efectuado por un chófer del Tribunal de Cuentas debe tener como finalidad contribuir a la realización de las labores de esta institución y que no puede llevar a comprometer de forma exagerada los recursos de dicha institución mediante un transporte a larga distancia, tal transporte no puede producirse, salvo circunstancias excepcionales, entre el lugar de trabajo y el lugar de origen de uno de los miembros de esta institución.
Si bien esta institución sostiene que las misiones presentadas como dirigidas a transportar documentos a las que se refiere la primera imputación tenían en realidad otro objeto, debe señalarse, por una parte, que, salvo en un caso, no precisa cuál era dicho objeto y, por otra parte, que el chófer en cuestión confirmó, en su audiencia ante la OLAF de 3 de octubre de 2017, que había realizado misiones consistentes en transportar documentos y luego volverlos a traer, tras su firma, a la sede del Tribunal de Cuentas.
En estas condiciones, la irregularidad de las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
o
172, 222 y 249 debe considerarse demostrada, ya que es pacífico que esas misiones tenían por objeto llevar documentos al lugar de origen del Sr. Pinxten.
En cuanto a la misión de chófer contemplada en la línea n.
o
141, si bien la procedencia de la alegación del Tribunal de Cuentas según la cual esta misión estaba relacionada con un accidente no está demostrada, no es menos cierto que, en la medida en que de la orden de esta misión resulta que el chófer en cuestión debía llevar documentos a Overpelt, dicha misión debe considerarse irregular.
Por lo que respecta a la misión de chófer mencionada en la línea n.
o
250, aunque el Tribunal de Cuentas alega que, so pretexto de un transporte de documentos, en realidad esta misión tuvo por objeto transportar botellas de champán para la boda de un hijo del Sr. Pinxten, este último desmiente formalmente dicha alegación.
A este respecto, no es necesario que el Tribunal de Justicia determine si los elementos de prueba presentados en apoyo de la mencionada alegación son suficientes para demostrar su fundamentación. En efecto, la misión de chófer mencionada en la línea n.
o
250 debe considerarse irregular, en todo caso, incluso si tenía realmente como finalidad transportar documentos, en la medida en que de la orden de misión del chófer en cuestión se desprende que debía dirigirse a Overpelt, lugar de origen del Sr. Pinxten.
Al margen de las misiones relativas a transportes de documentos, la misión de chófer contemplada en la línea n.
o
247 tenía por objeto, según el Sr. Pinxten, llevar su vehículo oficial a un taller mecánico para efectuar su mantenimiento.
A este respecto, no puede admitirse el argumento del Tribunal de Cuentas según el cual esta justificación no puede aceptarse, habida cuenta de que el mantenimiento de dicho vehículo se realizaba en otro taller mecánico situado en otra ciudad, debido a la ausencia de todo documento que respalde dicho argumento.
En cambio, la misión de chófer contemplada en la línea n.
o
129, de la que consta que tenía por objeto ir a buscar a la esposa del Sr. Pinxten a Overpelt para que pudiera participar en una cena oficial organizada por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo, no puede considerarse realizada en interés de esta institución.
Del mismo modo, la irregularidad de la misión de chófer mencionada en la línea n.
o
197 debe considerarse acreditada, toda vez que de las declaraciones del chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten en su audiencia de 16 de octubre de 2017 ante la OLAF y de un certificado de recogida se desprende que, en el marco de esta misión, el chófer en cuestión fue a buscar un coche nuevo que el Sr. Pinxten había encargado para su uso privado.
Asimismo, aunque no se discute la irregularidad de la misión de chófer citada en la línea n.
o
142, esta irregularidad no puede imputarse al Sr. Pinxten en el marco del presente procedimiento.
A este respecto, debe señalarse que está acreditado que, con ocasión de esta misión, el chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten acudió al lugar de vacaciones de este último en Suiza.
Aunque las partes están en desacuerdo sobre el objeto concreto de esta misión, la afirmación del Sr. Pinxten según la cual dicha misión tenía como finalidad, de acuerdo con el responsable de los chóferes del Tribunal de Cuentas, recuperar el vehículo oficial tras un accidente, corresponde, en esencia, con las declaraciones del chófer en cuestión en su audiencia ante la OLAF de 16 de octubre de 2017.
Además, está demostrado que, tras haber sido informado de una posible irregularidad de la misión del chófer en cuestión, el Sr. Pinxten presentó una solicitud ante la administración del Tribunal de Cuentas, durante el año 2011, para reembolsar los importes que se hubieran cargado indebidamente a esta institución con ocasión de esta misión y que esos importes se dedujeron de su salario.
–
Sobre los gastos de transporte realizados con ocasión de las misiones del Sr. Pinxten
Las restantes órdenes de misión para chóferes firmadas por el Sr. Pinxten que el Tribunal de Cuentas ha denunciado por irregulares en el marco del presente procedimiento se referían a trayectos amparados por una orden de misión de este.
Pues bien, en principio, con arreglo a los artículos 4 y 6 de la Decisión n.
o
33‑2004 y a los mismos artículos de la Decisión n.
o
19‑2009, la misión de un chófer dirigida a trasladar al Sr. Pinxten en un trayecto amparado por una orden de misión de este último debe considerarse regular.
Sin embargo, no sucede lo mismo en lo tocante a tal misión del chófer si se demuestra, en el marco definido en los apartados 387 a 392 de la presente sentencia, que la misión del Sr. Pinxten a la que se refería la misión de ese chófer era, según los casos, irregular o manifiestamente irregular.
Por lo tanto, procede considerar que las órdenes de misión de chófer firmadas por el Sr. Pinxten para su traslado durante sus misiones declaradas, según los casos, irregulares o manifiestamente irregulares en el examen efectuado en los apartados 396 a 601 de la presente sentencia también deben considerarse irregulares, constituyendo de esta manera un uso indebido de recursos.
En cuanto al resto, parece, en primer lugar, que, en tres casos, la irregularidad de misiones de chófer contempladas en la primera imputación no parece estar acreditada, en la medida de que las misiones del Sr. Pinxten a las que se referían no pueden considerarse irregulares, sobre la base de los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia.
Así sucede en cuanto a las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
os
3, 31 y 281, dado que las misiones correspondientes del Sr. Pinxten tenían por objeto reunirse con dirigentes políticos que eran miembros del Gobierno belga o de un gabinete ministerial, mientras que el carácter poco transparente de la orden de misión contemplada en la línea n.
o
281 no es suficiente para implicar su irregularidad.
En cambio, en segundo lugar, treinta y una misiones del chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten deben considerase irregulares, en la medida en que se referían a misiones de este último que aún no se han examinado en la presente sentencia, pero que no parecen estar relacionadas con el ejercicio de las funciones del Sr. Pinxten, de conformidad con los criterios mencionados en los apartados 396 a 601 de la presente sentencia.
Así pues, la misión de chófer contemplada en la línea n.
o
344, que implicaba trasladar al Sr. Pinxten desde el aeropuerto de Fráncfort del Meno tras su viaje a Cuba, se refería a una misión irregular del Sr. Pinxten.
Lo mismo ocurre en el caso de la misión de chófer mencionada en la línea n.
o
133, puesto que la misión correspondiente del Sr. Pinxten estaba oficialmente destinada a reunirse con el presidente del partido político en cuestión y en la práctica permitía al Sr. Pinxten, a la vista de las anotaciones que aparecen en su agenda, participar en la recepción de Año Nuevo de dicho partido político.
Las misiones de chófer contempladas en las líneas n.
os
115, 163, 164, 177 y 178 también deben considerarse irregulares en la medida en que tenían como finalidad trasladar al Sr. Pinxten a reuniones con directivos de operadores económicos privados, al igual que las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
os
18 y 114, que estaban relacionadas con misiones del Sr. Pinxten que tenían por objeto reunirse con el hombre de negocios belga descrito por el Sr. Pinxten como un «viejo amigo» y mencionado en el apartado 493 de la presente sentencia.
Los criterios establecidos en lo tocante a las relaciones con los directivos de organismos representativos y de asociaciones suponen descartar la regularidad de las misiones de chófer contempladas en las líneas n.
os
32 y 121, que correspondían a misiones del Sr. Pinxten dirigidas, respectivamente, a asistir a la recepción de Año Nuevo de la Cámara de Comercio y de Industria de Limburgo y a un evento organizado por una fundación que, al parecer, operaba en el ámbito de la investigación médica.
El Sr. Pinxten también recurrió a los servicios de un chófer en el marco de misiones que, en realidad, se referían a actividades familiares o de ocio.
Así sucede en el caso de las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
os
36 y 268, por las razones indicadas en los apartados 657 y 659 de la presente sentencia, respecto de la misión de chófer contemplada en la línea n.
o
225, que tenía como auténtico objetivo permitir al Sr. Pinxten asistir a una ópera, así como en cuanto a la misión de chófer citada en la línea n.
o
53, que correspondía a una misión del Sr. Pinxten presentada simplemente como una visita a una universidad belga, pero respecto de la cual su agenda indica que tenía por objeto asistir a la ceremonia de graduación de uno de sus hijos.
Asimismo, a la vista de las consideraciones que figuran en el apartado 554 de la presente sentencia, la participación en una cacería real que permitían las misiones mencionadas en las líneas n.
os
67 y 223 implica la irregularidad de las órdenes de misión del chófer en cuestión que tenían por objeto trasladar al Sr. Pinxten en este contexto.
Otras misiones del chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten se referían a misiones de este último que parecen directamente relacionadas con los intereses patrimoniales del Sr. Pinxten.
Por un lado, la misión de chófer n.
o
404 estaba dirigida a trasladar al Sr. Pinxten a una cita con un notario en Dijon (Francia), el cual estaba encargado, como demuestran los correos electrónicos aportados por el Tribunal de Cuentas, de adquirir el bien inmueble mencionado en el examen de la segunda parte de la cuarta imputación y de establecer los instrumentos jurídicos destinados a permitir la gestión de ese bien.
Por otro lado, una serie de misiones del chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten pueden vincularse al proyecto inmobiliario denominado «Kaïros», en el que parece, a la vista de una serie de correos electrónicos obrantes en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia, que el Sr. Pinxten tenía previsto invertir.
En efecto, aparte de la misión de chófer contemplada en la línea n.
o
113, que correspondía a una misión cuyo objeto oficial es «Kaïros», las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
os
51 y 205 tenían como finalidad trasladar al Sr. Pinxten a reuniones con personas identificadas respectivamente, en escritos de los días 10 de abril de 2012 y 9 de febrero de 2012, como el antiguo responsable de este proyecto inmobiliario y como un arquitecto que asistió al Sr. Pinxten con ocasión de la recepción de obras en relación con dicho proyecto.
Por lo demás, las misiones de chófer contempladas en las líneas n.
os
25, 26, 50, 139, 266 y 397 deben considerarse irregulares, en la medida en que correspondían a misiones del Sr. Pinxten cuyo objeto se precisó de forma insuficiente, ya que se refería, según los casos, a una «cena formal», a personas cuya condición se desconoce o a un «consultor».
También debe apreciarse tal falta de precisión respecto de las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
os
46, 52, 159 y 162, en la medida en que estas misiones estaban destinadas a trasladar al Sr. Pinxten con ocasión de visitas a un centro de enseñanza secundaria y a un centro de enseñanza superior que impartía formación artística, sin que los motivos que justificaban tales visitas se indiquen en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia.
En tercer lugar, deben examinarse las misiones de chófer contempladas en las líneas n.
os
106, 151, 153, 167, 214 y 330, que tenían por objeto trasladar al Sr. Pinxten en el marco de misiones de este último referidas a citas médicas.
Las misiones en cuestión del Sr. Pinxten no pueden considerarse relacionadas con el ejercicio de sus funciones de miembro del Tribunal de Cuentas, dado que no se ha alegado ni,
a fortiori
, demostrado, que estas citas guardaran relación con visitas médicas obligatorias en dicha condición.
Sin embargo, debe señalarse que el Sr. Pinxten no reclamó el reembolso de gastos de misión o el pago de dietas en virtud de estas misiones. En consecuencia, los únicos costes que implicaban las referidas misiones para el Tribunal de Cuentas eran referidos al uso del vehículo oficial y al recurso a los servicios de un chófer.
Pues bien, por un lado, los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
33‑2004 y los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
19‑2009 presentan una ambigüedad notable en lo que atañe a la posibilidad de considerar un trayecto destinado a acudir a una cita médica como «otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones», en el sentido del artículo 4 de cada una de las referidas Decisiones.
En efecto, en la enumeración de las «causas de fuerza mayor» que pueden considerarse como un desplazamiento de este tipo figuraban los «reconocimientos médicos».
Ciertamente, de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, referente a diversos ámbitos del Derecho de la Unión, resulta que el concepto de fuerza mayor debe entenderse en el sentido de circunstancias ajenas a quien lo invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de toda la diligencia empleada (sentencia de 25 de enero de 2017, Vilkas,
C‑640/15
,
EU:C:2017:39
, apartado
y jurisprudencia citada).
En consecuencia, si bien el empleo del concepto de «fuerza mayor» normalmente implica un carácter imprevisible, el texto tanto de los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
33‑2004 como de los Comentarios relativos a la Decisión n.
o
19‑2009 ocultaba, a este respecto, una incoherencia, dado que el concepto de «reconocimientos médicos» excluye toda dimensión de urgencia o de imprevisibilidad.
Por otro lado, aunque el uso de los servicios de un chófer en el marco de «otros desplazamientos relacionados con el ejercicio de las funciones» no exige, por definición, que el miembro del Tribunal de Cuentas afectado esté en misión, resulta obligado reconocer que, al solicitar de forma transparente una autorización de esta institución para acudir, en el marco de una misión, a una cita médica, el Sr. Pinxten permitió a esta efectuar un control previo y oponerse, si lo consideraba oportuno, al uso de los recursos del Tribunal de Cuentas que proponía.
A la vista de estos dos elementos, la irregularidad de las misiones del Sr. Pinxten y del chófer asignado a su gabinete mencionadas en el apartado 776 de la presente sentencia no tiene un carácter manifiesto que permita censurar al Sr. Pinxten por este motivo en el marco del presente procedimiento.
No obstante, este razonamiento no puede aplicarse a la misión de chófer contemplada en la línea n.
o
363, que también se supone que corresponde a una misión del Sr. Pinxten destinada a acudir a una cita médica, dado que el destino indicado en la orden de misión del chófer en cuestión no se corresponde con el que figura en la orden de misión del Sr. Pinxten.
En cuarto lugar, diez misiones del chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten estaban relacionadas con misiones de este último que no conllevaron el reembolso de gastos de misión o el pago de dietas y cuyo principio mismo no se ha cuestionado de forma útil, pero cuya regularidad se discute en la medida en que incluían uno o varios trayectos desde o hacia Overpelt, lugar de origen del Sr. Pinxten.
Puede apreciarse tal situación en las misiones de chófer mencionadas en las líneas n.
os
200, 214, 274, 280, 281, 313, 333, 355, 369 y 401.
Estos supuestos se distinguen de los examinados en los apartados 727 a 735 de la presente sentencia, en la medida en que el trayecto pasando por Overpelt estaba claramente anunciado en las órdenes de misión correspondientes del Sr. Pinxten y que, en consecuencia, había sido aprobado previamente por el Tribunal de Cuentas.
No obstante, en ausencia de una actividad relacionada con las funciones del Sr. Pinxten que tuviera lugar en Overpelt, una orden de misión no podía válidamente prever uno o varios trayectos desde o hacia dicha ciudad.
La circunstancia de que se hubiera autorizado una misión del Sr. Pinxten el mismo día no puede justificar, en concreto, el hecho de añadir tal trayecto a su orden de misión por conveniencias personales, lo que conllevó costes adicionales para el Tribunal de Cuentas.
A pesar de que las misiones del Sr. Pinxten en cuestión hayan sido autorizadas sin ninguna forma de fraude u omisión, su irregularidad debe considerarse manifiesta, habida cuenta del régimen general claramente establecido para los desplazamientos hacia el lugar de origen, que no pueden quedar válidamente cubiertos por una orden de misión.
–
Sobre la utilización del vehículo oficial sin recurrir a los servicios de un chófer
Mediante su primera imputación, el Tribunal de Cuentas reprocha también al Sr. Pinxten el haber efectuado declaraciones de misión irregulares, sin recurrir a los servicios de un chófer, con el único fin de que unos desplazamientos privados quedaran sometidos al régimen aplicable a los desplazamientos en el ejercicio de las funciones en lo referente a los costes relativos a la utilización del vehículo oficial.
Ciertamente, en virtud del artículo 5 de la Decisión n.
o
33‑2004 y del artículo 5 de la Decisión n.
o
19‑2009, el Sr. Pinxten debía abonar los gastos inherentes a los desplazamientos privados realizados utilizando el vehículo oficial y, en particular, asumir un coste adicional de alquiler en caso de exceder el máximo previsto por el contrato de alquiler de 45000 km por año. Por lo tanto, la sobreestimación de las distancias recorridas en el marco de desplazamientos relacionados con el ejercicio de sus funciones podía presentar un interés financiero para él.
Además, de las órdenes de misión del Sr. Pinxten aportadas por el Tribunal de Cuentas se desprende que, en numerosos casos, el vehículo oficial se utilizó para realizar los desplazamientos efectuados con ocasión de estas misiones.
No obstante, los autos de que dispone el Tribunal de Justicia no incluyen ninguna evaluación de la amplitud de la sobredeclaración de los desplazamientos realizados con carácter profesional que permita apreciar el carácter deliberado de esta práctica o su gravedad.
Por añadidura, las misiones del Sr. Pinxten mencionadas en apoyo de la primera imputación que no supusieron ni el reembolso de gastos de misión o el pago de dietas ni el uso de los servicios de un chófer parecen totalmente marginales.
Por lo tanto, si bien la sobredeclaración de los desplazamientos realizados con carácter profesional es sin duda irregular, no parece útil, a los efectos del presente procedimiento, determinar si el Tribunal de Cuentas podía válidamente imputar tal práctica al Sr. Pinxten.
Por las mismas razones, no es necesario examinar la acusación del Tribunal de Cuentas, relativa a las misiones mencionadas en las líneas n.
os
147, 187 y 330, según la cual el hecho de que el Sr. Pinxten conservase su vehículo oficial supuso un trayecto en tren del chófer que se debería haber evitado.
Habida cuenta de lo anterior, debe concluirse que la primera imputación está parcialmente fundada.
3.

Segunda imputación, basada en el uso indebido e ilícito de privilegios fiscales
Mediante su segunda imputación, el Tribunal de Cuentas sostiene que, al utilizar de forma indebida e ilegal las tarjetas de combustible puestas a su disposición, el Sr. Pinxten incumplió sus obligaciones de integridad, conducta ejemplar y desinterés.
Con carácter preliminar, es importante señalar que de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que se ponen a la disposición de los miembros del Tribunal de Cuentas y de algunos miembros de sus familias tarjetas de combustible con el fin de permitirles adquirir combustibles vendidos a un precio negociado por esta institución y sin tener que abonar los impuestos especiales o el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Por lo tanto, si bien un uso irregular de tal tarjeta de combustible no implica gastos particulares para el Tribunal de Cuentas, no es menos cierto que constituye un uso indebido de las exenciones fiscales concedidas a dicha institución, que afecta a los recursos de los Estados miembros, así como de la Unión.
Por consiguiente, a los efectos de pronunciarse sobre la segunda imputación, debe determinarse si las alegaciones y los elementos de prueba presentados por el Tribunal de Cuentas permiten demostrar que el Sr. Pinxten utilizó de forma irregular las tarjetas de combustible puestas a su disposición, tal como afirma el Tribunal de Cuentas mediante las partes primera y segunda de esta imputación.
a)

Primera parte de la segunda imputación, basada en la conservación y la utilización de una tarjeta de combustible por un hijo del Sr. Pinxten cuando ya no era miembro de su unidad familiar
1)

Alegaciones de las partes
Mediante la primera parte de su segunda imputación, el Tribunal de Cuentas aduce que el Sr. Pinxten permitió a uno de sus hijos conservar y utilizar una tarjeta de combustible tras el 1 de septiembre de 2012, fecha a partir de la cual este dejaba de ser considerado como uno de los hijos a cargo del Sr. Pinxten.
Afirma que, de este modo, este último infringió las normas pertinentes, establecidas en particular en la Directiva 2008/118, en el Reglamento de Luxemburgo de 7 de febrero de 2013 y en el Reglamento ministerial de 18 de marzo de 2010, al permitir disfrutar de exenciones fiscales a una persona que no era miembro de su unidad familiar. A su parecer, la mera circunstancia de que dicho hijo continuara residiendo con él en Luxemburgo, lo que, por lo demás, no se ha demostrado, no implica que pudiera seguir disfrutando de las exenciones fiscales en cuestión.
Según el Sr. Pinxten, el hijo en cuestión formó parte de su unidad familiar hasta 2018, dado que esta condición no se confunde con la de hijo a cargo y que este hijo residió con él hasta el mes de febrero de 2018. Considera que el hecho de que tuviera un empleo durante este período carece de pertinencia en el presente asunto.
2)

Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer término, no se discute que el hijo en cuestión conservó una tarjeta de combustible puesta a disposición por el Tribunal de Cuentas tras el 1 de septiembre de 2012, aunque la fecha en la que finalizó esta situación no se desprende claramente de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia.
En segundo término, de una nota comunicada por el Tribunal de Cuentas resulta que, a partir de la mencionada fecha, este hijo ya no era considerado como un hijo a cargo del Sr. Pinxten, en el sentido del artículo 2 del anexo VII del Estatuto, a los efectos del derecho a la asignación por hijos a su cargo, debido al fin de los estudios de dicho hijo y al comienzo del ejercicio de una actividad lucrativa por parte de este.
Por último, la alegación del Sr. Pinxten de que el mismo hijo continuó residiendo en su domicilio debe considerarse demostrada, a la vista, por una parte, de una declaración de residencia legal en Luxemburgo de 27 de noviembre de 2011 y, por otra parte, de un certificado de residencia principal expedido por la Administración belga que deja constancia de la inscripción en el censo de población de Bruselas a partir de 9 de febrero de 2018.
En este contexto, debe señalarse que el Tribunal de Cuentas no menciona ninguna norma interna de esta institución que defina las condiciones en las que un miembro de la familia de uno de los miembros de dicha institución pueda disponer de una tarjeta de combustible.
Sin embargo, la conservación y la utilización de una tarjeta de combustible por el hijo en cuestión tras el 1 de septiembre de 2012 debe considerarse irregular de todos modos si de las normas que regían las exenciones fiscales aplicables en el momento de la utilización tal tarjeta se desprende que un hijo de un miembro del Tribunal de Cuentas que ya no era considerado como hijo a cargo de dicho miembro, en el sentido del artículo 2 del anexo VII del Estatuto, pero que no obstante seguía residiendo con ese miembro, no podía disfrutar de exenciones fiscales.
En lo referente a la exención del pago de los impuestos especiales, el artículo 12, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2008/118 establece que los productos objeto de impuestos especiales estarán exentos del pago de dichos impuestos cuando estén destinados a ser usados en el marco de las relaciones diplomáticas o consulares o por organismos internacionales reconocidos como tales por las autoridades públicas del Estado miembro de acogida y por los miembros de dichos organismos, dentro de los límites y en las condiciones que se determinen en los convenios internacionales constitutivos de dichos organismos o en los acuerdos de sede.
El artículo 12, apartado 2, de esta Directiva prevé que las exenciones del pago de los impuestos especiales contempladas en este artículo serán aplicables en las condiciones y con los límites que fije el Estado miembro de acogida.
Esta disposición se aplica mediante el artículo 1 del Reglamento ministerial de 18 de marzo de 2010, que dispone que la Ley belga de 22 de diciembre de 2009 relativa al Régimen General de los Impuestos Especiales se publicará en el
Mémorial
a los efectos de su aplicación en el Gran Ducado de Luxemburgo.
Si bien el Tribunal de Cuentas no precisa qué disposición de esta Ley es aplicable, a su entender, en el presente asunto, debe señalarse que el artículo 13 de la referida Ley se refiere a una exención de los impuestos especiales en beneficio de los diplomáticos, los funcionarios consulares, las fuerzas armadas y los organismos contemplados en el artículo 20, puntos 7 a 12, de Ley General belga de 18 de julio de 1977 sobre las Aduanas y los Impuestos Especiales.
Del artículo 20, punto 7, de esta Ley General, en su versión aplicable en Luxemburgo, resulta que se concede una franquicia de los impuestos especiales, en determinadas condiciones, para las cantidades razonables de mercancías que estén destinadas al uso personal, incluido el uso por los miembros de su familia que formen parte de su núcleo familiar, los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares que estén destinados en Luxemburgo, siempre y cuando los interesados no sean nacionales o residentes permanentes del Gran Ducado de Luxemburgo y no ejerzan en dicho país ninguna actividad profesional o comercial para su beneficio personal.
En lo tocante al IVA, resulta de la combinación de los artículos 1 y 4 del Reglamento de Luxemburgo de 7 de febrero de 2013 que los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares pueden disfrutar de una exención del IVA para la utilización directa, efectiva y exclusiva dentro de Luxemburgo de determinados productos, para las necesidades propias y privadas de dichos agentes y funcionarios, así como las de los miembros de sus familias que formen parte de su núcleo familiar, siempre y cuando estos últimos no sean nacionales o residentes permanentes del Gran Ducado de Luxemburgo y no ejerzan en dicho país ninguna actividad de carácter lucrativo.
Si bien las disposiciones pertinentes del Derecho luxemburgués que definen las condiciones de aplicación de las exenciones de los impuestos especiales y del IVA en cuestión se refieren a los miembros de la familia que forman parte del «núcleo familiar» del beneficiario principal de las exenciones fiscales en cuestión, de estas disposiciones no se deduce que este concepto corresponda al de «unidad familiar», en el sentido del Estatuto.
Pues bien, a falta de aportación, por parte del Tribunal de Cuentas, de elementos concretos relativos al concepto de «núcleo familiar» en el Derecho luxemburgués, no queda demostrado que el hijo en cuestión, respecto del cual no se ha alegado ni
a fortiori
probado que haya ejercido una actividad lucrativa en Luxemburgo, ya no podía continuar disfrutando de los privilegios fiscales concedidos a los miembros de la familia de un miembro del Tribunal de Cuentas.
En consecuencia, el Tribunal de Cuentas no ha demostrado que la conservación y utilización de una tarjeta de combustible por este hijo a partir del 1 de septiembre de 2012 fuera irregular.
De lo anterior se deduce que la primera parte de la segunda imputación debe desestimarse por infundada.
b)

Segunda parte de la segunda imputación, basada en la utilización de una tarjeta de combustible para comprar combustible destinado a vehículos pertenecientes a terceros
1)

Alegaciones de las partes
Mediante la segunda parte de su segunda imputación, el Tribunal de Cuentas aduce que los extractos relativos a la utilización de las tarjetas de combustible puestas a disposición del Sr. Pinxten presentan anomalías que demuestran que este permitió a terceros utilizar dichas tarjetas.
El Sr. Pinxten sostiene que solo los miembros de su unidad familiar disfrutaron de las tarjetas de combustible facilitadas por el Tribunal de Cuentas. Según afirma, las anomalías señaladas por el Tribunal de Cuentas se explican por desplazamientos en familia con varios vehículos y por el uso de vehículos de sustitución. Si bien hubiera sido sencillo dar explicaciones precisas en el momento de los hechos, ya no es posible aportar más aclaraciones debido al transcurso del tiempo.
2)

Apreciación del Tribunal de Justicia
En el presente asunto, no se discute que, aunque los vehículos de los que disponían el Sr. Pinxten y los miembros de su familia estaban equipados con motores diésel, las tarjetas de combustible puestas a su disposición se utilizaron para adquirir no solo diésel, sino también gasolina.
En particular, como señaló el Abogado General en el punto 169 de sus conclusiones, de los extractos relativos al uso de estas tarjetas de combustible durante los años 2016 y 2017 se desprende que dichas tarjetas se utilizaron al menos en doce ocasiones para adquirir gasolina.
Pues bien, en la medida en que las exenciones fiscales que se aplican cuando se utiliza una tarjeta de combustible puesta a la disposición de un miembro del Tribunal de Cuentas solo deben beneficiar a dicho miembro o a determinados miembros de su familia, tal tarjeta debe emplearse exclusivamente para abastecer de combustible los vehículos de que disponen dichas personas.
El Sr. Pinxten explicó estas adquisiciones de gasolina, en su audiencia ante la OLAF y después en el presente procedimiento, por la utilización puntual de vehículos de sustitución.
Sin embargo, habida cuenta de que el Sr. Pinxten fue informado de la existencia de sospechas relativas a las anomalías en cuestión con ocasión de su audiencia ante la OLAF, que se produjo el 22 de diciembre de 2017, y después en el informe preliminar del Tribunal de Cuentas, que se le comunicó el 5 de octubre de 2018, es razonable esperar que el Sr. Pinxten facilite elementos que puedan respaldar su alegación de que dichas anomalías tienen su origen en la utilización reiterada de vehículos de sustitución durante los años 2016 y 2017.
Pues bien, es preciso declarar que el Sr. Pinxten no ha aportado ningún elemento en apoyo de esta alegación.
De ello se deduce que debe estimarse la segunda parte de la segunda imputación y, en consecuencia, estimar parcialmente esta imputación.
4.

Tercera imputación, basada en falsas declaraciones de siniestro al seguro en el marco de supuestos accidentes que implicaban el vehículo oficial y al chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten
a)

Alegaciones de las partes
Mediante su tercera imputación, el Tribunal de Cuentas sostiene que el Sr. Pinxten incumplió su obligación de integridad, conducta ejemplar y desinterés al beneficiarse de indemnizaciones de una compañía de seguros sobre la base de declaraciones falsas firmadas, a solicitud del Sr. Pinxten, por el chófer asignado a su gabinete.
Por un lado, el Tribunal de Cuentas aduce que el Sr. Pinxten recibió una indemnización por un incidente que supuestamente se produjo el mes de enero de 2010 y con ocasión del cual se afirma que el chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten rodó sobre una maleta perteneciente a este último en la que se encontraban una botella de vino y varias prendas de vestir. Sin embargo, según el referido Tribunal, de las declaraciones de dicho chófer se desprende que este incidente nunca tuvo lugar.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas sostiene que el Sr. Pinxten recibió una indemnización a raíz de una declaración relativa a un accidente que se produjo el 17 de enero de 2011. No obstante, según dicho Tribunal, esta declaración da parte de un accidente acaecido en Bruselas entre su vehículo privado conducido por uno de sus hijos y su vehículo oficial conducido por el chófer asignado a su gabinete, siendo así que el daño en cuestión se derivó de un choque en Francia y que el Sr. Pinxten conducía este último vehículo.
Según el Tribunal de Cuentas, el Sr. Pinxten no ha aportado ningún elemento que demuestre que los hechos declarados a la compañía de seguros eran exactos. Aduce que, si bien las declaraciones a dicha compañía fueron firmadas por el chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten, este último habría debido impedir que dicho chófer actuara de esta manera ya que tenía conocimiento de la situación real. Al no hacerlo, forzó a su subordinado a cometer una infracción penal de la que fue el inductor o el cómplice.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas estima que los testimonios del chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten son de carácter probatorio, a la vista de su carácter concordante y del hecho de que se formularon por una persona que se exponía a la persecución por un delito y a consecuencias disciplinarias por este hecho.
El Sr. Pinxten sostiene que las declaraciones a la compañía de seguros reflejan correctamente la realidad.
A su entender, de las declaraciones a la OLAF del responsable de los chóferes del Tribunal de Cuentas se desprende que su servicio se ocupaba de gestionar los problemas de accidentes con la compañía de seguros. Añade que ninguna de las declaraciones recogidas menciona su intervención en estos expedientes.
Por añadidura, considera que las declaraciones del chófer asignado a su gabinete no son fiables, habida cuenta de las contradicciones que presentan y de las circunstancias que las rodean. De este modo, se afirma que el chófer fue objeto de presiones por parte del jefe del departamento jurídico del Tribunal de Cuentas, que le interrogó en tres ocasiones y le instó, sin éxito, a firmar una denuncia que le hubiera proporcionado el estatuto de denunciante.
b)

Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, en cuanto al accidente que supuestamente se produjo el 17 de enero de 2011, el parte de accidente enviado a la compañía de seguros indica que los dos vehículos que colisionaron eran conducidos, respectivamente, por el hijo en cuestión del Sr. Pinxten y por el chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten, que firmaron dicho parte.
A este respecto, ciertamente debe señalarse que algunos elementos de prueba indirecta parecen poder respaldar la alegación del Tribunal de Cuentas de que los hechos recogidos en dicho parte son inexactos.
Para empezar, tras haber sostenido en su audiencia durante la investigación interna del Tribunal de Cuentas que conducía efectivamente el vehículo oficial del Sr. Pinxten cuando se produjo el accidente en cuestión, el chófer asignado al gabinete de este último afirmó de forma constante, con ocasión de sus tres audiencias ante la OLAF, que no estuvo presente en el momento de la colisión entre los dos vehículos implicados.
A continuación, algunos elementos indican que la compañía de seguros recibió información inconsistente sobre la identidad del conductor del vehículo oficial en cuestión.
Por una parte, resulta de un correo electrónico de dicha compañía, con fecha de 28 de enero de 2011, que uno de sus agentes fue informado verbalmente, antes de la recepción del parte de accidente, de que los vehículos implicados eran conducidos por el Sr. Pinxten y por su hijo.
Por otra parte, las respuestas proporcionadas por un agente de dicha compañía a las preguntas que le formuló el Tribunal de Cuentas durante los años 2017 y 2018 confirman que la misma compañía había sido inicialmente informada de que el Sr. Pinxten conducía uno de los dos vehículos implicados.
No obstante, debe señalarse que estas respuestas contradicen las declaraciones del chófer ante la OLAF, en la medida en que este afirmó que se habían enviado dos partes de accidente distintos a la compañía de seguros, cuando las mencionadas respuestas precisan que esta última solo recibió un único parte de accidente.
Por último, está acreditado que el Sr. Pinxten envió a la compañía de seguros un escrito, con fecha de 11 de enero de 2012, en el que precisó que había tenido «una colisión con [su] vehículo oficial» el 17 de enero de 2011 y criticó la práctica de esta compañía de negarse a asumir las reparaciones de un vehículo cuando «dos personas de la misma familia» hayan firmado el parte de accidente.
Sin embargo, aun suponiendo que estos elementos sean suficientes para probar que el parte de accidente remitido por el Tribunal de Cuentas a la compañía de seguros incluía información errónea, los autos de que dispone el Tribunal de Justicia no permiten demostrar que estas declaraciones falsas sean imputables al Sr. Pinxten.
Los únicos elementos aportados por el Tribunal de Cuentas para demostrar esta imputabilidad se refieren a una declaración en este sentido del chófer en cuestión durante su audiencia ante la OLAF de 7 de diciembre de 2017 y a la reiteración de esta postura en sus comentarios, con fecha de 20 de abril de 2018, sobre el resumen de los hechos que le había hecho llegar la OLAF.
No obstante, es importante destacar que la postura adoptada por el chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten ha variado ampliamente a lo largo de la investigación interna del Tribunal de Cuentas, y luego, de la investigación de la OLAF.
Tras haber sostenido durante la investigación interna del Tribunal de Cuentas que conducía efectivamente el vehículo oficial en el momento del accidente de 17 de enero de 2011, el chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten afirmó, en su primera audiencia ante la OLAF, el 3 de octubre de 2017, que no pensaba que el Sr. Pinxten le hubiera pedido que rellenara el parte y que tenía un «vago recuerdo» de haber recibido instrucciones en este sentido del responsable de los chóferes del Tribunal de Cuentas.
Durante su segunda audiencia ante la OLAF, el 16 de octubre de 2017, el chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten precisó que no se acordaba de si la solicitud de rellenar el parte venía de dicho responsable o del Sr. Pinxten, pero que pensaba que «más bien» procedía de este último.
Con ocasión de su tercera audiencia ante la OLAF, el 7 de diciembre de 2017, aseguró que, durante su audiencia anterior, sus recuerdos eran imprecisos pero que entonces estaba «seguro» y que fue «efectivamente el Sr. Pinxten quien [le había] solicitado que preparara ese nuevo parte».
Pues bien, no existen razones para confiar exclusivamente en las últimas declaraciones del chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten.
Además, las respuestas dadas por un agente de la compañía de seguros a las preguntas que le planteó el Tribunal de Cuentas durante los años 2017 y 2018 mencionan contactos exclusivos con el responsable de los chóferes del Tribunal de Cuentas, que, según dicho agente, planeó espontáneamente, una vez se mencionó la posible negativa a hacerse cargo de los daños causados al vehículo oficial del Sr. Pinxten, la modificación del nombre de los conductores implicados.
Durante su audiencia ante la OLAF, este responsable descartó además toda intervención del Sr. Pinxten en relación con el accidente en cuestión y mencionó la existencia de una práctica sistemática, conocida por su «jerarquía», de falsas declaraciones al seguro en el seno del servicio de los chóferes del Tribunal de Cuentas, práctica a la que también se refirió el chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten en su audiencia ante la OLAF de 16 de octubre de 2017.
Asimismo, debe señalarse que los elementos mencionados por el Sr. Pinxten en su carta de 11 de enero de 2012 parecen indicar que no tenía conocimiento del contenido del parte de accidente enviado por el Tribunal de Cuentas a la compañía de seguros.
A la vista de todas estas consideraciones, debe concluirse que los elementos presentados por el Tribunal de Cuentas no son suficientes para demostrar que el Sr. Pinxten pueda ser considerado responsable, en el marco del presente procedimiento, de una falsa declaración relativa al accidente que supuestamente se produjo el 17 de enero de 2011.
En lo tocante al incidente que tuvo lugar el mes de enero de 2010, las declaraciones del chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten durante su tercera audiencia ante la OLAF, el 7 de diciembre de 2017, constituyen el único elemento presentado por el Tribunal de Cuentas en apoyo de sus alegaciones, que el Sr. Pinxten niega con firmeza.
Pues bien, de todo lo anterior resulta que no se puede otorgar a las declaraciones ante la OLAF del chófer asignado al gabinete del Sr. Pinxten, por sí solas, un peso decisivo.
Además, este chófer no mencionó el incidente del mes de enero de 2010 hasta un momento bastante tardío del procedimiento, cuando ya había tenido ocasión de mencionar anteriormente posibles irregularidades cometidas por el Sr. Pinxten que no eran conocidas por la OLAF.
En estas condiciones, se debe considerar que la procedencia de las alegaciones del Tribunal de Cuentas relativas al incidente del mes de enero de 2010 no está acreditada.
Por consiguiente, debe desestimarse la tercera imputación en su totalidad.
5.

Quinta imputación, basada en una situación de conflicto de intereses creada por el Sr. Pinxten en el marco de la relación con el dirigente de una entidad auditada
a)

Alegaciones de las partes
Mediante su quinta imputación, el Tribunal de Cuentas alega que, al establecer una relación con el dirigente de una entidad auditada, el Sr. Pinxten incumplió sus obligaciones de desinterés, independencia, imparcialidad, integridad y conducta ejemplar.
En efecto, este menoscabó su independencia y su imparcialidad o, como mínimo, produjo tal impresión, al proponer un apartamento privado en alquiler a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, entidad que estaba comprendida entre las competencias de la Sala III del Tribunal de Cuentas.
El Sr. Pinxten señala que la propuesta relativa al arrendamiento de su vivienda no mencionaba su condición de miembro del Tribunal de Cuentas. Según afirma, el único elemento vinculado a esta institución en dicha propuesta estuvo constituido por su dirección de correo electrónico, que también se utilizaba para fines privados, dado que no disponía de otra dirección de correo electrónico. Además, la referida propuesta se ajustaba a las condiciones normales del mercado.
b)

Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante escrito de 20 de noviembre de 2014, el Sr. Pinxten propuso a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad alquilarle un apartamento en Bruselas.
No se discute que esta era la dirigente de una entidad auditada por el Tribunal de Cuentas, y más concretamente por la Sala III de esta institución, de la que el Sr. Pinxten era decano en esa fecha.
Pues bien, con el fin de cumplir con la obligación, prevista en el artículo 285 TFUE, de ejercer sus funciones con plena independencia, en interés general de la Unión, los miembros del Tribunal de Cuentas deben velar por evitar todo conflicto de intereses.
Esta obligación se reitera en el artículo 2, apartado 1, del código de conducta de 2012 y en el punto 3.3 de las Directrices de Ética. El punto 3.4 de estas Directrices prevé, además, que los miembros del Tribunal de Cuentas no mantendrán con la entidad auditada ningún tipo de relación que pueda menoscabar su independencia.
Al proponer a la dirigente de una entidad auditada que estableciera una relación de carácter financiero con él, el Sr. Pinxten se expuso potencialmente a un conflicto de intereses que podía poner en entredicho su independencia y su imparcialidad.
La circunstancia de que el escrito en cuestión no mencionara explícitamente su condición de miembro del Tribunal de Cuentas es irrelevante a este respecto.
En efecto, aparte de que la existencia de una relación entre el Sr. Pinxten y el Tribunal de Cuentas podía deducirse de la dirección de correo electrónico mencionada en dicha carta, debe señalarse, por un lado, que la condición de miembro de esta institución del Sr. Pinxten era de conocimiento público y, por otro lado, que, en caso de aceptación de la propuesta formulada en dicho escrito por su destinataria, habría existido objetivamente, en todo caso, un conflicto de intereses, incluso aunque esta última hubiera permanecido ignorante de las funciones del Sr. Pinxten.
Por consiguiente, la quinta imputación está fundada.
C.

Privación del derecho a pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo
1.

Alegaciones de las partes
El Tribunal de Cuentas alega que los actos del Sr. Pinxten son particularmente graves y, en consecuencia, cumplen la condición establecida al respecto en la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson (
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
).
Según afirma, estos actos menoscaban los valores fundamentales de la Unión, se produjeron con mucha frecuencia, ocasionaron un perjuicio importante al Tribunal de Cuentas, pueden tener una calificación penal y emanan de una intención dolosa manifestada mediante prácticas de ocultación.
El Tribunal de Cuentas se remite a la discreción del Tribunal de Justicia para determinar la naturaleza y la amplitud de la sanción, tomando en consideración el principio de proporcionalidad, el alto nivel de las responsabilidades del Sr. Pinxten, el perjuicio a la imagen de la institución, el alto grado de gravedad de los incumplimientos y la extensión del perjuicio financiero para la Unión.
El Sr. Pinxten sostiene que no incumplió las obligaciones que dimanaban de su cargo, en el sentido del artículo 286 TFUE, apartado 6.
Según afirma, su comportamiento fue comparable al de otros miembros del Tribunal de Cuentas. Si bien no excluye haber cometido algunos errores, sostiene que estos fueron marginales y habrían debido ser corregidos por esta institución.
2.

Apreciación del Tribunal de Justicia
De la apreciación precedente se desprende que, si bien procede desestimar la tercera imputación formulada por el Tribunal de Cuentas, las imputaciones primera, segunda, cuarta y quinta están, en cambio, al menos parcialmente fundadas, por lo que el Sr. Pinxten debe ser considerado responsable de una serie de irregularidades.
Al ejercer una actividad no declarada que era incompatible con sus funciones de miembro del Tribunal de Cuentas, utilizar de manera abusiva los recursos de esta institución y actuar de una manera que podía crear un conflicto de intereses con una persona auditada, el Sr. Pinxten incurrió en incumplimientos con un grado de gravedad notable y, en consecuencia, violó las obligaciones que dimanaban de su cargo de miembro de la referida institución, en el sentido del artículo 286 TFUE, apartado 6.
La infracción de estas obligaciones conlleva, en principio, la imposición de una sanción con arreglo a esta disposición (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson,
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
, apartado
).
En virtud de dicha disposición, el Tribunal de Justicia puede imponer una sanción consistente en el cese en el cargo o en la privación del derecho a la pensión del interesado o de cualquier otro beneficio sustitutivo. Dicho cese en el cargo únicamente puede aplicarse en el caso de un incumplimiento que se cometa y persiga cuando el miembro del Tribunal de Cuentas afectado sigue ejerciendo sus funciones. Por el contrario, la privación del derecho a pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo puede ser de aplicación, en concreto, si el incumplimiento se comete durante el mandato de este último y se persigue una vez terminado dicho mandato, como sucede en el presente asunto (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson,
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
, apartado
).
Más concretamente, dado que de la información proporcionada por las partes durante la vista se desprende que el Sr. Pinxten disfruta únicamente de un derecho a pensión, dicha sanción debe referirse a este derecho y no a cualquier otro beneficio sustitutivo.
Al no existir una precisión, en el artículo 286 TFUE, apartado 6, del alcance de la privación del derecho a la pensión contemplada en esta disposición, el Tribunal de Justicia puede declarar la privación total o parcial de tal derecho (véase, por analogía, la sentencia de 11 de julio de 2006, Comisión/Cresson,
C‑432/04
,
EU:C:2006:455
, apartado
).
No obstante, esta sanción debe ser proporcionada a la gravedad del incumplimiento de las obligaciones dimanantes del cargo de miembro del Tribunal de Cuentas constatadas por el Tribunal de Justicia.
Con el fin de determinar la gravedad del incumplimiento de las obligaciones dimanantes del cargo de miembro del Tribunal de Cuentas constatadas por el Tribunal de Justicia, debe tenerse en cuenta, en particular, la naturaleza de dichas infracciones, las circunstancias en las que se cometieron, la magnitud del perjuicio causado a la integridad, la reputación o los intereses de la Unión, y el grado de intencionalidad o de negligencia en la comisión de dichas infracciones.
Con miras a garantizar el respeto del principio de proporcionalidad, también es preciso tomar en consideración el conjunto de las circunstancias que pueden agravar o, al contrario, atenuar la responsabilidad del Sr. Pinxten.
En este contexto, debe tenerse en cuenta asimismo el hecho de que la privación total o parcial del derecho a pensión constituye una limitación del derecho a la propiedad garantizado en el artículo 17 de la Carta, en la medida en que tiene por efecto privar a la persona afectada de la totalidad o de una parte de los derechos a una pensión de jubilación que ha acumulado a lo largo de su carrera profesional, siendo así que estos derechos, además, están destinados a contribuir a garantizar la subsistencia de esa persona tras la finalización de dicha carrera.
Asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») sobre el artículo 1 del Protocolo Adicional n.
o
1 del CEDH, que debe ser tomada en consideración en virtud del artículo 52, apartado 3, de la Carta a efectos de la interpretación del artículo 17 de esta última, como umbral de protección mínima [sentencia de 21 de mayo de 2019, Comisión/Hungría (Usufructos sobre tierras agrícolas),
C‑235/17
,
EU:C:2019:432
, apartado
y jurisprudencia citada], se desprende que una sanción que tenga por efecto privar a un individuo de la totalidad o de parte de una pensión de jubilación debe entenderse necesariamente como una injerencia en el derecho de esa persona al respeto de sus bienes (véase, en este sentido, TEDH, 14 de junio de 2016, Philippou c. Chipre, CE:ECHR:2016:0614JUD007114810, § 65).
También debe considerarse que la privación total o parcial del derecho a pensión limita el derecho a la seguridad social y a la ayuda social previsto en el artículo 34 de la Carta.
Ahora bien, una serie de circunstancias permiten demostrar que las irregularidades imputables al Sr. Pinxten presentan un grado de gravedad particularmente elevado.
En primer lugar, de las constataciones realizadas durante el examen de las imputaciones primera, segunda, cuarta y quinta formuladas por el Tribunal de Cuentas se desprende que, durante sus dos mandatos como miembro de esta institución, el Sr. Pinxten infringió de forma deliberada y reiterada las normas aplicables en el seno de dicha institución, incumpliendo de este modo de manera sistemática las obligaciones más fundamentales que dimanaban de su cargo.
En segundo lugar, el Sr. Pinxten trató a menudo de ocultar estas infracciones de las referidas normas, en particular mediante la presentación de solicitudes de autorización de misiones omitiendo información esencial sobre la realidad de las actividades contempladas en el marco de las misiones en cuestión o presentando dichas actividades de manera engañosa.
En tercer lugar, las irregularidades cometidas por el Sr. Pinxten tenían en gran medida el efecto de contribuir a su enriquecimiento personal, al emplear los recursos del Tribunal de Cuentas para financiar sus actividades privadas.
En cuarto lugar, el comportamiento adoptado por el Sr. Pinxten ocasionó al Tribunal de Cuentas un perjuicio significativo no solo desde el punto de vista financiero, sino también en cuanto a su imagen y su reputación.
En quinto lugar, es importante señalar que, con arreglo al artículo 287 TFUE, apartado 2, el Tribunal de Cuentas está encargado de examinar la legalidad y regularidad de los gastos de la Unión, así como de garantizar una buena gestión financiera, en particular informando de cualquier caso de irregularidad.
Habida cuenta de esta función específica, el punto 2.2 de las Directrices de Ética establece que el Tribunal de Cuentas debe constituir un modelo de gestión financiera y que sus recursos deben administrarse en total conformidad con las normas aplicables.
Por lo tanto, si bien todas las personas a las que se confían altas funciones en el seno de la Unión, tal como se ha recordado en el apartado 239 de la presente sentencia, deben observar los más altos valores de conducta, la función específica que corresponde al Tribunal de Cuentas incrementa aún más si cabe la gravedad de las irregularidades cometidas por el Sr. Pinxten.
Sin embargo, otros elementos pueden atenuar la responsabilidad del Sr. Pinxten.
Por una parte, el Sr. Pinxten adquirió su derecho a pensión en virtud del trabajo realizado durante doce años de servicio en el Tribunal de Cuentas.
Pues bien, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia no se desprende que se haya cuestionado la calidad de dicho trabajo y, de hecho, el Sr. Pinxten fue elegido por sus colegas para ejercer el cargo de decano de la Sala III del Tribunal de Cuentas desde el año 2011.
Por otra parte, si bien el incumplimiento de las obligaciones que dimanaban de su cargo en que incurrió el Sr. Pinxten se debió ante todo a elecciones personales cuya incompatibilidad con las obligaciones más fundamentales dimanantes de su cargo no podía ignorar, no es menos cierto que la perpetuación de las referidas irregularidades se vio favorecida por la imprecisión de las normas internas de esta institución y permitida por las carencias de los controles establecidos por esta.
En particular, aunque, en principio, el Tribunal de Cuentas debe poder confiar en las declaraciones de sus miembros, sin que esté obligado a comprobar sistemáticamente la exactitud de la información que contienen, del examen de la primera imputación resulta que un gran número de misiones del Sr. Pinxten fueron autorizadas a pesar de que este proporcionó información claramente insuficiente para justificar dicha autorización, mientras que otras lo fueron a pesar de que se desprendía de su objeto que eran manifiestamente irregulares. También se han reembolsado gastos de representación y de recepción en condiciones comparables.
De igual modo, a pesar de que la administración del Tribunal de Cuentas no podía ignorar la irregularidad sistemática del uso de los servicios de chóferes durante la totalidad de sus dos mandatos, esta no consideró necesario reaccionar, aunque fuera informando al Sr. Pinxten del carácter irregular de la práctica que este había establecido.
Habida cuenta del conjunto de estos elementos, una justa apreciación de las circunstancias del caso de autos lleva a imponer al Sr. Pinxten la privación de dos tercios de su derecho a la pensión desde la fecha en que recaiga la sentencia en el presente asunto.
IX.

Sobre la demanda de indemnización presentada por el Sr. Pinxten
A.

Alegaciones de las partes
El Sr. Pinxten solicita que se condene al Tribunal de Cuentas al pago de un importe de 50000 euros en concepto de reparación del daño moral resultante del comportamiento de dicha institución.
Afirma que dicho daño se deriva, en particular, de las sucesivas comunicaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas, que, según el Sr. Pinxten, han destruido su carrera y su reputación.
El Tribunal de Cuentas sostiene que esta demanda es inadmisible, dado que se ha presentado ante un órgano jurisdiccional que carece de competencia al respecto.
B.

Apreciación del Tribunal de Justicia
De la propia redacción del artículo 286 TFUE, apartado 6, se desprende que esta disposición establece una vía de recurso específica en la que el Tribunal de Justicia debe determinar exclusivamente si un miembro del Tribunal de Cuentas o un antiguo miembro de esta institución ha dejado de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que dimanan de su cargo.
Si bien en un recurso en virtud de esta disposición el Tribunal de Justicia debe pronunciarse sobre las imputaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas contra el miembro o antiguo miembro de esa institución afectado, así como, en su caso, sobre las demandas procesales accesorias a dicho recurso, no es competente para resolver sobre pretensiones carentes de toda relación con dicho recurso.
Por lo tanto, si el Sr. Pinxten considera que el Tribunal de Cuentas, mediante su comportamiento, le ha ocasionado un daño y desea obtener reparación al respecto, debe iniciar una acción autónoma, con arreglo a los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, dado que el Tribunal General es competente para pronunciarse en primera instancia sobre dicha acción, de conformidad con el artículo 256 TFUE, apartado 1. En cambio, no puede formular válidamente una demanda reconvencional a tal fin en el marco de un procedimiento incoado con arreglo al artículo 286 TFUE, apartado 6.
De lo anterior resulta que el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la demanda de indemnización de daños y perjuicios presentada por el Sr. Pinxten.
Costas
A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, el artículo 138, apartado 3, del referido Reglamento de Procedimiento dispone que el Tribunal de Justicia puede repartir las costas o decidir que, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas.
El Tribunal de Cuentas ha visto estimada en su totalidad su quinta imputación, y, parcialmente, sus imputaciones primera, segunda y cuarta. En cambio, se han desestimado totalmente sus imputaciones segunda y tercera, y, parcialmente, sus imputaciones primera y cuarta.
No obstante, a la vista de la naturaleza del presente procedimiento y del hecho de que se ha concluido que el Sr. Pinxten incumplió repetidamente y de forma grave las obligaciones que dimanaban de su cargo de miembro del Tribunal de Cuentas, una justa apreciación de las circunstancias del caso de autos lleva a declarar que el Sr. Pinxten cargará, además de con sus propias costas, con aquellas en que haya incurrido el Tribunal de Cuentas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Pleno) decide:

1)
Desestimar la demanda del Sr. Karel Pinxten de que se suspenda el procedimiento hasta que se resuelva el proceso penal incoado por las autoridades luxemburguesas a raíz de la transmisión, a dichas autoridades, del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) relativo al caso n.
o
OC/2016/0069/A 1.

2)
Desestimar la demanda del Sr. Pinxten de que se ordene al Tribunal de Cuentas Europeo comunicar un informe elaborado tras una auditoría interna y las medidas adoptadas a raíz de dicho informe, así como toda nota de dicha institución relativa al eventual menoscabo de la independencia del auditor interno.

3)
Retirar de los autos el correo electrónico del presidente del Tribunal de Cuentas Europeo remitido, el 13 de febrero de 2019, a los demás miembros de dicha institución y a su secretario general, aportado por el Sr. Pinxten en el anexo B.10 de su escrito de contestación.

4)
Declarar que el Sr. Pinxten incumplió las obligaciones que dimanaban de su cargo de miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, en el sentido del artículo 286 TFUE, apartado 6, en lo que respecta a:
–
el ejercicio no declarado e ilícito de una actividad en el seno del órgano de dirección de un partido político;
–
el uso abusivo de los recursos del Tribunal de Cuentas Europeo para financiar actividades no relacionadas con las funciones de miembro de dicha institución, en la medida en que se declara en los apartados 387 a 799 de la presente sentencia;
–
el uso de una tarjeta de combustible para adquirir combustible destinado a vehículos pertenecientes a terceros, y
–
la creación de un conflicto de intereses en el marco de una relación con el responsable de una entidad auditada.

5)
Privar al Sr. Pinxten de dos tercios de su derecho a pensión a partir de la fecha en que se dicte la presente sentencia.

6)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

7)
El Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la demanda de indemnización de daños y perjuicios presentada por el Sr. Pinxten.

8)
Condenar al Sr. Pinxten a cargar, además de con sus propias costas, con aquellas en que haya incurrido el Tribunal de Cuentas Europeo.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.