CELEX: 62013TJ0620
REACH
Tasa debida por el registro de una sustancia
Reducción concedida a las microempresas, pequeñas y medianas empresas
Error en la declaración relativa al tamaño de la empresa
Recomendación 2003/361/CE
Decisión por la que se impone una tasa administrativa
Determinación del tamaño de la empresa
Facultades de la ECHA
Obligación de motivación

Antecedentes del litigio
Los días 20, 22, 23 y 25 de noviembre de 2010, la demandante, Marchi Industriale SpA, registró diversas sustancias con arreglo al Reglamento (CE) n.
o
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.
o
793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.
o
1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (
DO 2006, L 396, p. 1
).
En el procedimiento de registro, la demandante manifestó que era una «mediana empresa», en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (
DO 2003, L 124, p. 36
). Esta declaración le permitió acogerse a una reducción de la tasa que debe abonarse por toda solicitud de registro, prevista en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento n.
o
1907/2006. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, apartado 1, de dicho Reglamento, la referida tasa fue establecida por el Reglamento (CE) n.
o
340/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, relativo a las tasas que deben abonarse a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas con arreglo al Reglamento (CE) n.
o
1907/2006 (
DO 2008, L 107, p. 6
). El anexo I del Reglamento n.
o
340/2008 contiene los importes de las tasas que deben abonarse por las solicitudes de registro presentadas con arreglo al artículo 6 del Reglamento n.
o
1907/2006, así como las reducciones que se conceden a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «PYME»). Además, en virtud del artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.
o
340/2008, cuando una persona física o jurídica que declare tener derecho a una reducción del importe de la tasa o a la exención de ésta no pueda demostrar que tiene derecho a la reducción o a la exención, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) aplicará el importe íntegro de la tasa además de una tasa administrativa. A este respecto, el Consejo de Administración de la ECHA adoptó, el 12 de noviembre de 2010, la Decisión MB/D/29/2010, sobre la clasificación de los servicios por los que se cobran tasas (en lo sucesivo, «Decisión MB/D/29/2010»). En el artículo 2 y en el cuadro 1 que figura en anexo de esa Decisión, en su versión modificada por la Decisión MB/21/2012/D del Consejo de Administración de la ECHA, de 12 de febrero de 2013, se señala que la tasa administrativa contemplada en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.
o
340/2008 es de 19900 euros para una gran empresa, de 13900 euros para una empresa mediana y de 7960 euros para una pequeña empresa.
Los días 20, 22, 23 y 25 de noviembre de 2010, la ECHA emitió seis facturas, por importe de 16275 euros cada una. Dicho importe correspondía, según el anexo I del Reglamento n.
o
340/2008, en su versión aplicable en el momento de los hechos, a la tasa que debía pagar una empresa mediana por una solicitud de registro de una sustancia en cantidades superiores a 1000 toneladas, en caso de presentación conjunta.
El 24 de agosto de 2012, la ECHA solicitó a la demandante que aportara determinados documentos con objeto de verificar la declaración en la que había afirmado ser una empresa mediana.
El 19 de septiembre de 2013, tras un intercambio de documentos y de correos electrónicos, la ECHA adoptó la Decisión SME(2013) 3747 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»). En esa Decisión, la ECHA consideró que la demandante debía considerarse una gran empresa y que debía abonar la tasa correspondiente. En esas circunstancias, la ECHA informó a la demandante de que debía enviarle las facturas que cubrían la diferencia entre las tasas pagadas inicialmente y las tasas finalmente debidas y una factura de 19900 euros por el pago de la tasa administrativa.
El 10 de octubre de 2013, la demandante interpuso un recurso, con arreglo a los artículos 91 y 92 del Reglamento n.
o
1907/2006, contra la Decisión impugnada ante la Sala de Recurso de la ECHA.
El 2 de abril de 2014, la Sala de Recurso de la ECHA decidió suspender el procedimiento ante ella, a la espera de que el Tribunal se pronunciara en el presente asunto.
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 22 de noviembre de 2013, la demandante interpuso el presente recurso. Este recurso forma parte de una serie de asuntos conexos.
El primer asunto de esa serie de asuntos conexos fue objeto de la sentencia de anulación de 2 de octubre de 2014, Spraylat/ECHA (
T‑177/12
,
EU:T:2014:849
).
El 8 de enero de 2015, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 2 de mayo de 1991, se invitó a las partes a presentar sus observaciones sobre la eventual pertinencia de la sentencia de 2 de octubre de 2014, Spraylat/ECHA (
T‑177/12
,
EU:T:2014:849
) en el presente litigio y a responder a una pregunta. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo señalado.
El 16 de octubre de 2015, visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Sexta) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento, instó a las partes a responder por escrito a una pregunta y a aportar determinados documentos. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo señalado.
En la vista de 16 de diciembre de 2015, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
La demandante solicita al Tribunal que anule y, por tanto, declare inválida la Decisión impugnada y, por consiguiente, prive a la citada Decisión de cualquier efecto, anulando las facturas emitidas para recuperar las cantidades de tasas superiores y por las sanciones supuestamente debidas.
En la vista, la demandante renunció a su pretensión de que se anularan las facturas emitidas en ejecución de la Decisión impugnada, extremo del que se dejó constancia en el acta.
La ECHA solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre la competencia del Tribunal
La ECHA señala que la Sala de Recurso carece de competencia para conocer del presente litigio, que también se planteó ante ella, ya que la Decisión impugnada no figura entre las decisiones que pueden ser objeto de recurso ante ésta.
La demandante señala que el presente recurso no supone renuncia alguna por su parte al recurso que interpuso ante la Sala de Recurso de la ECHA. La demandante también señaló, durante la vista, que consideraba que el Tribunal era competente para conocer del presente litigio.
Procede recordar que el artículo 94, apartado 1, del Reglamento n.
o
1907/2006 dispone que «con arreglo a lo dispuesto en el artículo [263 TFUE], se podrá interponer recurso ante el Tribunal [General] y el Tribunal de Justicia para impugnar una decisión de la Sala de Recurso o, en aquellos casos en que la Sala no sea competente para conocer del recurso, para impugnar una decisión de la [ECHA]».
A este respecto, el artículo 91, apartado 1, del Reglamento n.
o
1907/2006 dispone que se podrá interponer recurso ante la Sala de Recurso contra las decisiones que la ECHA haya adoptado «con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, el artículo 20, el artículo 27, apartado 6, el artículo 30, apartados 2 y 3, y el artículo 51» [del Reglamento n.
o
1907/2006].
Pues bien, la Decisión impugnada no se adoptó tomando como base disposiciones mencionadas en el artículo 91, apartado 1, del Reglamento n.
o
1907/2006, sino que se funda en el artículo 13, apartado 4, del Reglamento n.
o
1907/2006 y en los artículos 2 a 4 de la Decisión MB/D/29/2010. Procede subrayar igualmente que ni el Reglamento n.
o
340/2008 ni la Decisión MB/D/29/2010 se adoptaron en aplicación de disposiciones mencionadas en el artículo 91, apartado 1, del Reglamento n.
o
1907/2006.
Asimismo, procede señalar que las disposiciones de los artículos 9, 27, 30 y 51 del Reglamento n.
o
1907/2006, mencionados en el artículo 91, apartado 1, de ese mismo Reglamento, se refieren a decisiones que no guardan relación con la tasa que deben abonar las empresas solicitantes de registro.
En cuanto al artículo 20 del Reglamento n.
o
1907/2006, este artículo se refiere a las «Obligaciones de [la ECHA]». El apartado 5 de dicho artículo establece que «de conformidad con los artículos 91, 92 y 93 [del Reglamento n.
o
1907/2006] se podrá interponer recurso contra las decisiones de [la ECHA] contempladas en el apartado 2 del presente artículo». El apartado 2 de ese mismo artículo se refiere al control efectuado por la ECHA de que las solicitudes de registro «estén completas», incluido el pago de la tasa. Procede señalar, no obstante, que esta comprobación «no entrañará valoración alguna de la calidad o suficiencia de cualquier dato o justificante presentados». Por otra parte, el artículo 20, apartado 2, párrafos tercero y cuarto, del Reglamento n.
o
1907/2006 dispone que si una solicitud de registro «está incompleta» y el solicitante de registro «no completa su solicitud de registro en el plazo establecido», la ECHA «desestimará la solicitud de registro». Pues bien, en el presente asunto, la Decisión impugnada, además de no basarse en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento n.
o
1907/2006, no ha desestimado la solicitud de registro de las sustancias de que se trata.
Por consiguiente, a la vista de todo lo expuesto, procede considerar que el Tribunal es competente para conocer del presente recurso y ello sin perjuicio del recurso interpuesto por la demandante contra la Decisión impugnada ante la Sala de Recurso de la ECHA (véase, en este sentido, el auto de 16 de septiembre de 2015, Calestep/ECHA,
T‑89/13
,
EU:T:2015:711
, apartados
a
).
Sobre el fondo
La demandante invoca dos motivos en apoyo de su recurso. El primer motivo se basa en la inexistencia de motivación de la Decisión impugnada El segundo motivo se basa, en esencia, en un error de apreciación de los hechos del presente asunto.
Sobre el primer motivo, basado en la falta de motivación de la Decisión impugnada
La demandante sostiene que, a pesar de que las observaciones que presentó eran detalladas y estaban documentadas, la ECHA no tuvo en cuentas sus alegaciones. Señala que, en particular, ésta no tomó en consideración las precisiones que realizó en el escrito de 8 de julio de 2013. La demandante señala que no alcanza a comprender el razonamiento seguido por la ECHA para adoptar la Decisión impugnada. La remisión que ésta hace en sus escritos procesales al escrito de 5 de septiembre de 2013 no modifica esta conclusión. En particular, la demandante aduce que en su escrito de 8 de julio de 2013 precisó que no debían tenerse en cuenta los datos relativos a Esseco Group Srl. Indica que, no obstante, en su escrito de 5 de septiembre de 2013, la ECHA no respondió a las alegaciones formuladas por ella. Asimismo, señala que el hecho de que la Decisión impugnada remitiera a un número importante de anexos dificultaba la comprensión del razonamiento seguido por la ECHA.
La ECHA rebate las alegaciones de la demandante.
Procede recordar que la motivación exigida por el artículo 296 TFUE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. En particular, respecto a la motivación de las decisiones individuales, el deber de motivarlas tiene la finalidad, además de permitir el control jurisdiccional, de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión adolece eventualmente de algún vicio que permita impugnar su validez. Por otro lado, la exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular, el contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE debe apreciarse en relación no sólo con su tenor, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia de 19 de marzo de 2015, Dole Food y Dole Fresh Fruit Europe/Comisión,
C‑286/13 P
,
EU:C:2015:184
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
Por otro lado, procede señalar que tanto el Reglamento n.
o
1907/2006, en su artículo 3, como el Reglamento n.
o
340/2008, en su considerando 9 y en su artículo 2, se remiten a la Recomendación 2003/361 para la definición de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.
La Recomendación 2003/361 contiene un anexo cuyo título I se refiere a la «Definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas adoptada por la Comisión». El artículo 2 de este título I lleva por epígrafe «Los efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas».
En el caso de una empresa autónoma, es decir, de una empresa que no se califica de «empresa asociada» o de «empresa vinculada» en el sentido del artículo 3, apartados 2 y 3, del anexo de la Recomendación 2003/361, la determinación de los datos, incluidos el efectivo, se efectúa únicamente sobre la base de las cuentas de esa empresa, con arreglo al artículo 6, apartado 1, del citado anexo.
En el caso de una empresa que tiene empresas asociadas o vinculadas, la determinación de los datos, incluidos el efectivo, se efectúa sobre la base de las cuentas y otros datos de la empresa o, si existen, de las cuentas consolidadas de la empresa o de las cuentas consolidadas en las que la empresa esté incluida por consolidación, con arreglo al artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del anexo de la Recomendación 2003/361. En virtud del artículo 6, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del anexo de la Recomendación 2003/361, procede añadir a esos datos, por un lado, los datos de las empresas asociadas (situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a la empresa en cuestión) proporcionalmente al porcentaje de participación en el capital o al porcentaje de los derechos de voto, teniendo en cuenta el valor más elevado de esos dos porcentajes, y, por otro lado, el 100 % de los datos de las empresas directa o indirectamente vinculadas a la empresa en cuestión y que no han sido incluidos en las cuentas por consolidación.
Para la aplicación del artículo 6, apartado 2, del anexo de la Recomendación 2003/361, los datos de las empresas asociadas de la empresa en cuestión resultan de las cuentas y otros datos, consolidados si existen, a los que se añaden el 100 % de los datos de las empresas vinculadas a esas empresas asociadas, salvo si sus datos ya han sido incluidos por consolidación, y ello en virtud del artículo 6, apartado 3, párrafo primero, del anexo de la Recomendación 2003/361. Por lo que respecta a los datos de las empresas vinculadas a la empresa en cuestión, resultan de sus cuentas y otros datos, consolidados si existen. A éstos se añaden proporcionalmente los datos de las eventuales empresas asociadas a esas empresas vinculadas, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a aquéllas, si no han sido incluidas en las cuentas consolidadas, en una proporción al menos equivalente al porcentaje de participación en el capital o al de los derechos de voto, teniendo en cuenta el más elevado de esos dos porcentajes, y ello en virtud del artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, del anexo de la Recomendación 2003/361.
En el presente asunto, la ECHA consideró en la Decisión impugnada que la demandante tenía unos efectivos de 250 personas o más, un volumen de negocios anual superior a 50 millones de euros y un balance anual superior a 43 millones de euros. Sobre esa base, la ECHA consideró que la demandante no podía considerase mediana empresa.
El cálculo de la ECHA se pormenorizaba en un informe adjunto a la Decisión impugnada. En ese informe, la ECHA retomó los datos de las empresas calificadas de «vinculadas» (Crosfield Italia Srl) y de «asociadas» (Marfin Srl y Esseco Group), y los añadió a continuación, en todo o en parte, a los datos de la demandante. Por lo que respecta a las empresas calificadas de «asociadas», la ECHA tuvo en cuenta, en particular, el 49,9995 % de los datos de Esseco Group. Mediante escrito remitido a la ECHA el 8 de julio de 2013, la demandante manifestó su desacuerdo con el hecho de que se hubieran tenido en cuenta los datos de Esseco Group.
Con carácter previo, cabe recordar los vínculos que mantenía la demandante con otras empresas en el momento de los hechos. En primer lugar, la demandante estaba vinculada a Crosfield Italia, ya que poseía la mayoría del capital social de esta empresa. Asimismo, estaba asociada con Marfin (que poseía entre el 25 % y el 50 % de su capital social) y con Essemar SpA (de la que la demandante poseía entre el 25 % y el 50 % del capital social). Además, Essemar estaba vinculada, según la ECHA, a Esseco Group, en la medida en que esta empresa tenía formalmente una mayoría del capital social y, por tanto, de los derechos de voto de los accionistas de la primera, extremo que la demandante reconoció en la vista.
En primer lugar, por lo que respecta a la toma en consideración de los datos de Crosfield Italia y de Marfin, el informe anexo a la Decisión impugnada permitía que la demandante conociera los motivos que habían llevado a adoptar dicha Decisión, especialmente teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Recomendación 2003/361. En particular, tanto de estas disposiciones como de los elementos del caso de autos resulta claramente que la ECHA tuvo en cuenta la totalidad de los datos de Crosfield Italia, en la medida en que esta empresa estaba vinculada a la demandante (en aplicación del artículo 6, apartado 2, párrafo tercero, del anexo de la Recomendación 2003/361), y los datos a prorrata de Marfin, en la medida en que esa empresa era asociada de la demandante (en aplicación del artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, del anexo de la Recomendación 2003/361). Por otro lado, la demandante no se opone específicamente a que se tomen en consideración los datos de estas empresas en el marco del presente recurso.
En segundo lugar, en cuanto al hecho de que se tomaran en consideración los datos de Esseco Group, a lo que se opuso la demandante en el procedimiento administrativo y que constituye más, en particular, el objeto del presente recurso, la ECHA indicó a la demandante, mediante escrito de5 de septiembre de 2013, que Esseco Group estaba vinculada a Essemar, que era una empresa asociada a la demandante. En dicho escrito, la ECHA también mencionó las razones por las que consideraba que Esseco Group estaba vinculada a Essemar. Conforme a la dispuesto en el artículo 6, apartado 3, del anexo de la 2003/361, antes de exponer que se debía tener en cuenta el hecho de que los datos de Essemar estaban incluidos en las cuentas consolidadas de Esseco Group, la ECHA indicó lo siguiente:
«Los datos de la empresa asociada [en el presente asunto, Essemar] con la empresa en cuestión [en el presente asunto, la demandante] proceden de las cuentas, consolidadas si existen, y de los demás datos. A ellos se añaden el 100 % de los datos de las empresas vinculadas a la empresa asociada [Esseco Group], salvo si sus datos ya se hubiesen incluido por consolidación. Por tanto, habida cuenta de que en su caso, Esseco Group estaba vinculada a Essemar, que es una empresa asociada a [la demandante], los datos de Esseco Group se deben tener en cuenta en el momento de compilar los datos globales de [la demandante].»
De ello resulta que la demandante podía conocer los motivo por los que se había guiado la ECHA al calcular su tamaño, especialmente los relativos a la consideración de los datos de Esseco Group. En particular, la demandante podía comprender las razones por las que la ECHA había concluido que Esseco Group era una empresa vinculada a Essemar. También podía comprender que los datos de Esseco Group se hubieran tenido en cuenta para calcular su tamaño, dado que Esseco Group era, según la ECHA, una empresa vinculada a una empresa asociada con la demandante (Essemar). Asimismo, la demandante podía comprender que a efectos de tomar en consideración los datos de Esseco Group, la ECHA hubiera decidido aplicar el artículo 6, apartado 3, del anexo de la Recomendación 2003/361, que establece que «los datos de las empresas asociadas con la empresa en cuestión han de proceder de las cuentas, consolidadas si existen, y de los demás datos, a los cuales se habrá de añadir el 100 % de los datos de las empresas vinculadas a estas empresas asociadas, salvo si sus datos ya se hubiesen incluido por consolidación». En último lugar, desde el momento en que las cuentas consolidadas de Esseco Group incluían, según la ECHA, los datos de Essemar, la demandante podía comprender que el hecho de que se tomaran en consideración los datos de Esseco Group en un porcentaje del 49,9995 % reflejaba, por un lado, que los datos de Essemar se tenían en cuenta en proporción al capital social perteneciente a la demandante y, por otro lado, que se tomaban en consideración los datos de Esseco Group (también proporcionalmente a la participación de la demandante en el capital social de Essemar).
Por tanto, sin perjuicio de las alegaciones formuladas por la demandante en el contexto de su segundo motivo, cabe considerar que la Decisión impugnada respeta la exigencia de motivación establecida por el artículo 296 TFUE.
En consecuencia, procede desestimar el primer motivo por infundado.
Sobre el segundo motivo, basado en un error de apreciación de los hechos
Según la demandante, la ECHA estimó erróneamente que Esseco Group y ella eran empresas asociadas. Señala que los datos de Esseco Group se tuvieron en cuenta a efectos de determinar su tamaño, aun cuando entre ellas no existía ningún vínculo, ni siquiera indirecto. La demandante se remite a la legislación italiana que aplica la Recomendación 2003/361 y señala que Esseco Group posee la mayoría del capital social de Essemar, del que ella posee la parte restante. Indica que, no obstante, Esseco Group no tiene la mayoría de los derechos de voto de Essemar, en virtud de acuerdos escritos concluidos entre los asociados de esta última. La demandante alega que ni Esseco Group ni Essemar ejercen derecho de voto en ella. Aduce que, por tanto, los datos de Esseco Group no se deberían haber tomado en consideración para determinar su tamaño, sino que únicamente deberían haber sido tenidos en cuenta los datos de Essemar, que es una empresa asociada a ella. La demandante señala que, de acuerdo con tales consideraciones, la ECHA no le debería haber atribuido la calificación de gran empresa.
En su escrito de réplica, la demandante manifiesta que la interpretación realizada por la ECHA en su escrito de contestación, aun cuando pudiera encontrar justificación en el tenor de la disposición controvertida, carece de lógica. Alega que esta interpretación llevaría a tener en cuenta datos de empresas en cuyo capital no participe, ni siquiera indirectamente, la empresa de que se trate. A juicio de la demandante, las disposiciones controvertidas se deberían interpretar en el sentido de que los datos de la empresa de que se trate se han de agregar, proporcionalmente al porcentaje de participación, a los datos de las empresas en las que tengan una participación las empresas asociadas o vinculadas a ella y no a los datos de las empresas que a su vez participen en el capital de las empresas asociadas o vinculadas a dicha empresa. Sin perjuicio de dicha interpretación, la demandante recuerda que Esseco Group no dispone de la mayoría de los derechos de voto en Essemar. Con carácter subsidiario, la demandante alega que la ECHA incurrió en error al decidir tener en cuenta el 100 % de los datos de Esseco Group a fin de determinar su tamaño. Sostiene que la ECHA se debería haber limitado a añadir a los datos de Essemar los de Esseco Group, para incorporarlos posteriormente a los de la demandante en proporción al capital que esta última poseyera en Essemar.
La ECHA rebate las alegaciones de la demandante.
En primer lugar, procede señalar que la demandante no discute la afirmación de la ECHA de que Essemar y ella son empresas «asociadas», con arreglo al artículo 3, apartado 2, del anexo de la Recomendación 2003/361.
En segundo lugar, es cierto que en el informe anexo a la Decisión impugnada la ECHA mencionó las empresas asociadas con la demandante, entre las que incluyó a Esseco Group, aun cuando ésta no estaba asociada con la demandante conforme a lo dispuesto en la Recomendación 2003/361. No obstante, del escrito de la ECHA de 5 de septiembre de 2013 también resulta que se habían reproducido los términos del artículo 6, apartado 3, párrafo primero, del anexo de la Recomendación 2003/361 y que esta disposición se ha aplicado en el caso de autos.
En tercer lugar, contrariamente a lo que sostiene la demandante, del informe anexo a la Decisión impugnada resulta que los datos de Esseco Group únicamente se tuvieron en cuenta en proporción a la participación de la demandante en el capital de Essemar. Además, la demandante reconoce en el escrito de réplica que tal agregación proporcional era posible.
En cuarto lugar, en relación con las alegaciones formuladas por la demandante, según las cuales Esseco Group no era titular de la mayoría de los derechos de voto en Essemar, no se sustentan en datos concretos. En particular, de los datos aportados resulta que, mediante acto de 30 de marzo de 2004, Esseco Group y la demandante decidieron crear una empresa común, Essemar, de la que cada parte sería titular de la mitad del capital social. Asimismo, de un acuerdo celebrado por escrito el 9 de noviembre de 2006 entre Esseco Group y la demandante, resulta que, por un lado, la demandante cedió el 0,0005 % del capital social de Essemar a Esseco Group y que, por otro lado, la demandante dispone de un derecho de opción para adquirir el 0,0005 % del capital social de Essemar. De todo ello resulta que en el momento del registro de las sustancias en la ECHA Esseco Group disponía de la mayoría del capital social de Essemar, el 50,0005 %, hecho que la demandante reconoció en la vista. Tampoco constan datos que permitan considerar que Esseco Group no dispusiera de la mayoría de los derechos de voto en Essemar. El hecho de que la demandante pueda ejercer un derecho de opción para adquirir el 0,0005 % del capital social de Essemar no modifica esta conclusión, habida cuenta de que no se ejerció dicha opción. Además, la demandante reconoció en la vista que, dado que Esseco Group poseía la mayoría del capital social de Essemar, disponía formalmente de la mayoría de los derechos de voto en esta empresa.
En quinto lugar, en cuanto a la interpretación que hace la demandante del anexo de la Recomendación 2003/361 y, en particular, de su artículo 6, se aparta manifiestamente del sentido habitual de las palabras empleadas por dicha Recomendación y, en consecuencia, no puede ser admitida (véase, por analogía, la sentencia de 1 de octubre de 1998, Reino Unido/Comisión,
C‑209/96
,
EU:C:1998:448
, apartado
y jurisprudencia citada).
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, ninguno de los datos aportados por la demandante permite considerar que la ECHA incurrió en error al apreciar su tamaño.
En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo por infundado y, por tanto, el recurso en su totalidad.
Costas
De conformidad con el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la ECHA.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Marchi Industriale SpA.

Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de septiembre de 2016.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.