CELEX: 62020CJ0226
Recurso de casación
Dumping
Importación de productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados originarios de Brasil, Irán, Rusia, Serbia y Ucrania
Conclusión del procedimiento relativo a las importaciones originarias de Serbia
Determinación de la existencia de un perjuicio
Evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones procedentes de más de un país tercero
Reglamento (UE) 2016/1036
Artículo 3, apartado 4
Conclusión del procedimiento sin imposición de medidas
Artículo 9, apartado 2
Carácter “insignificante” de las importaciones
Umbral mínimo
Facultad de apreciación de la Comisión Europea

Mediante su recurso de casación, Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL (en lo sucesivo, «Eurofer») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 12 de marzo de 2020, Eurofer/Comisión (T‑835/17, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2020:96
), por la que este desestimó su recurso de anulación parcial del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1795 de la Comisión, de 5 de octubre de 2017, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de Brasil, Irán, Rusia y Ucrania y se da por concluida la investigación en relación con las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados originarios de Serbia (
DO 2017, L 258, p. 24
; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»).
Marco jurídico
En el momento en que ocurrieron los hechos que han dado lugar al litigio, las disposiciones que regulaban la adopción de medidas antidumping por parte de la Unión Europea figuraban en el Reglamento (CE) n.
o
1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (
DO 2009, L 343, p. 51
; corrección de errores en
DO 2016, L 44, p. 20
), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.
o
37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2014 (
DO 2014, L 18, p. 1
) (en lo sucesivo, «Reglamento n.
o
1225/2009»).
En la fecha de adopción del Reglamento controvertido, las disposiciones que regulaban la adopción de medidas antidumping por parte de la Unión figuraban en el Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (
DO 2016, L 176, p. 21
; corrección de errores en
DO 2017, L 266, p. 22
). En virtud de su artículo 25, párrafo primero, este Reglamento entró en vigor el 20 de julio de 2016. De conformidad con su artículo 24, párrafo primero, derogó el Reglamento n.
o
1225/2009.
En la medida en que, por una parte, las disposiciones sustantivas pertinentes de los Reglamentos n.
o
1225/2009 y 2016/1036 a efectos del presente asunto coinciden y, por otra parte, la sentencia recurrida y el presente recurso de casación se refieren únicamente a las disposiciones de este último Reglamento, procede examinar los motivos del recurso de casación a la luz de las disposiciones del Reglamento 2016/1036, sin perjuicio de la aplicación
ratione temporis
de los Reglamentos n.
o
1225/2009 y 2016/1036 al presente asunto.
El considerando 16 del Reglamento 2016/1036, que recogió, en esencia, el contenido del considerando 15 del Reglamento 1225/2009, enuncia:
«La investigación o el procedimiento debe darse por concluido cuando el dumping sea mínimo o el perjuicio insignificante, siendo conveniente definir estos términos. Cuando se vayan a imponer medidas, debe preverse la conclusión de la investigación y especificarse que las medidas sean inferiores al margen de dumping en caso de que sean suficientes para eliminar el perjuicio. Asimismo debe especificarse el método de cálculo del nivel de las medidas en casos de muestreo.»
El artículo 3 del Reglamento 2016/1036, titulado «Determinación de la existencia del perjuicio», que en esencia recogió lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento n.
o
1225/2009, establece en sus apartados 3 y 4:
«3.   Por lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, se tendrá en cuenta si ha habido un aumento considerable de las mismas, en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo de la Unión. En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, se tendrá en cuenta si ha existido una subcotización significativa de los precios con respecto al precio de un producto similar de la industria de la Unión, o bien si el efecto de tales importaciones es disminuir los precios de forma importante o impedir considerablemente la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.
4.   Cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país sean objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, solo se podrán evaluar cumulativamente los efectos de dichas importaciones si se determina que:
a)
el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada país proveedor es superior al margen mínimo definido en el artículo 9, apartado 3, y el volumen de las importaciones de cada país no es insignificante, y
b)
procede la evaluación cumulativa de los efectos de las importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados y el producto similar de la industria de la Unión.»
El artículo 5 del Reglamento 2016/1036, titulado «Apertura del procedimiento», que en esencia recogió las disposiciones del artículo 5 del Reglamento n.
o
1225/2009, establece, en su apartado 7:
«Los elementos de prueba del dumping y del perjuicio se examinarán simultáneamente en el momento de decidir si se inicia una investigación. La denuncia será rechazada cuando no existan elementos de prueba suficientes del dumping o del perjuicio que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. No se dará inicio al procedimiento contra países cuyas importaciones representen una cuota de mercado inferior al 1 %, salvo que el conjunto de los países de que se trate representen una cuota del 3 % o más del consumo de la Unión.»
En virtud del artículo 9, apartados 1 a 3, del Reglamento 2016/1036, que en esencia recogió las disposiciones del artículo 9 del Reglamento n.
o
1225/2009:
«1.   Cuando la denuncia sea retirada se podrá dar por concluido el procedimiento, a menos que dicha conclusión no convenga a los intereses de la Unión.
2.   Cuando no resultase necesaria ninguna medida de defensa, se dará por concluido el procedimiento o la investigación. La Comisión [Europea] dará por concluida la investigación de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15, apartado 3.
3.   Para los procedimientos abiertos con arreglo al artículo 5, apartado 9, el perjuicio se considerará normalmente insignificante cuando las importaciones en cuestión sean inferiores a los volúmenes establecidos en el artículo 5, apartado 7. Estos procedimientos se concluirán inmediatamente cuando se determine que el margen de dumping es inferior al 2 % del precio de exportación, entendiendo que solo la investigación queda concluida cuando el margen sea inferior al 2 % para los exportadores individuales y estos sigan sujetos a los procedimientos y puedan ser sometidos de nuevo a investigación en el marco de cualquier reconsideración posterior que pueda realizarse para el país afectado, en virtud del artículo 11.»
El artículo 20, apartados 1 y 2, del Reglamento 2016/1036, que en esencia recogió lo dispuesto en el artículo 20, apartados 1 y 2, del Reglamento n.
o
1225/2009, es del siguiente tenor:
«1.   Los denunciantes, importadores, exportadores y sus asociaciones representativas y representantes del país de exportación podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones que sirvan de base a las medidas provisionales impuestas. Estas solicitudes deberán presentarse por escrito inmediatamente después de la imposición de las medidas provisionales y la divulgación será hecha posteriormente por escrito lo más rápidamente posible.
2.   Las partes mencionadas en el apartado 1 podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar la imposición de medidas definitivas o la conclusión de una investigación o procedimiento sin la imposición de medidas, prestándose una atención especial a la comunicación de todos los hechos o consideraciones que sean distintos de los utilizados para las medidas provisionales.»
Antecedentes del litigio
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 1 a 12 de la sentencia recurrida. A efectos del presente asunto, pueden resumirse como sigue.
A raíz de una denuncia presentada el 23 de mayo de 2016 por Eurofer, la Comisión inició una investigación antidumping relativa a las importaciones en la Unión de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de Brasil, Irán, Rusia, Serbia y Ucrania.
El 7 de julio de 2016, la Comisión publicó un anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a estas importaciones (
DO 2016, C 246, p. 7
), de conformidad con el Reglamento n.
o
1225/2009.
La investigación relativa al dumping y al perjuicio se refería al período comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016 (en lo sucesivo, «período de investigación»). El examen de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el final del período de investigación.
En el anuncio de inicio de la investigación, mencionado en el apartado 12 de la presente sentencia, la Comisión indicó que probablemente realizaría un muestreo de las partes interesadas de conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento n.
o
1225/2009. Por lo que respecta a los productores de la Unión, la muestra final estaba compuesta por seis de ellos, situados en cinco Estados miembros, y representaba más del 45 % de la producción de la Unión, a saber:
–
ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburgo, Alemania);
–
Tata Steel IJmuiden BV (Velsen-Noord, Países Bajos);
–
Tata Steel UK Limited (Port Talbot, Gales del Sur, Reino Unido);
–
ArcelorMittal Mediterranée SAS (Fos-sur-Mer, Francia);
–
ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (Dunkerque, Francia), y
–
ArcelorMittal España, S. A. (Gozón, Asturias).
Se realizaron inspecciones
in situ
, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento 2016/1036, en las instalaciones de los productores en cuestión.
El 4 de abril de 2017, la Comisión comunicó a todas las partes interesadas por medio de un documento informativo (en lo sucesivo, «documento informativo») que continuaría la investigación sin imponer medidas provisionales sobre las importaciones en la Unión objeto de la investigación. Dicho documento contenía los hechos y las consideraciones esenciales en los que se basó la Comisión para continuar la investigación sin imponer medidas provisionales. Tras la comunicación del citado documento, las partes interesadas presentaron observaciones escritas sobre la información y las conclusiones divulgadas. También fueron oídas las partes interesadas que lo habían solicitado.
El 4 de mayo de 2017, se celebró una audiencia con Eurofer en presencia del consejero auditor en procedimientos comerciales. El 8 de junio de 2017, tuvo lugar una segunda audiencia con Eurofer.
Entre el 29 de mayo y el 9 de junio de 2017, se realizaron cinco inspecciones
in situ
adicionales en los locales de las siguientes partes interesadas situadas en el territorio de la Unión:
–
ThyssenKrupp Steel Europe (Duisburgo) (productor de la Unión);
–
HUS Ltd (Plovdiv, Bulgaria) (usuario, miembro de un consorcio denominado «Consortium for Imports of Hot-Rolled Flats», Consorcio para la Importación de Productos Planos Laminados en Caliente);
–
Technotubi SpA (Alfianello, Italia) (usuario, miembro del consorcio mencionado en el guion anterior);
–
un usuario italiano no miembro del consorcio y que solicitó el anonimato, y
–
Eurofer.
Tras la comunicación final de 17 de julio de 2017 (en lo sucesivo, «comunicación final»), el 27 de julio de 2017 se celebró otra audiencia con Eurofer en presencia del consejero auditor en procedimientos comerciales.
Tras una audiencia celebrada el 3 de agosto de 2017 con un productor exportador iraní, la Comisión llevó a cabo un nuevo cálculo del dumping y nuevos cálculos basados en él. Las partes fueron informadas de esta revisión mediante una comunicación final adicional de fecha 4 de agosto de 2017.
El 5 de octubre de 2017, la Comisión adoptó el Reglamento controvertido.
El artículo 2 de ese Reglamento dispone que «se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones en la Unión del producto afectado originario de Serbia de conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento [2016/1036]».
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 29 de diciembre de 2017, Eurofer interpuso un recurso de anulación parcial del Reglamento controvertido.
Mediante documento presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de abril de 2018, HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade (en lo sucesivo, «HBIS Serbia») solicitó intervenir en el procedimiento ante el Tribunal General en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante auto de 12 de julio de 2018, el Presidente de la Sala Octava del Tribunal General admitió esta intervención. Algunos de los datos contenidos en la demanda en primera instancia recibieron un tratamiento confidencial frente a HBIS Serbia.
En apoyo de su recurso, Eurofer invocó tres motivos. El primer motivo se basaba en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho, por cuanto la Comisión había decidido no acumular las importaciones serbias de conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Reglamento 2016/1036. El segundo motivo se basaba en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho, al haber estimado la Comisión que no era «necesario» prever medidas de defensa frente a la República de Serbia, ni siquiera sin acumulación. El tercer motivo se basaba en la infracción del artículo 20, apartado 2, de ese Reglamento, en la vulneración de su derecho de información y de su derecho de defensa, así como en la vulneración del derecho a una buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debido a que la Comisión se había negado a comunicar los datos de subcotización de los precios y de los precios indicativos para el exportador serbio.
Por lo que respecta a la admisibilidad de dicho recurso, el Tribunal General respondió a las alegaciones de la Comisión que cuestionaban la admisibilidad remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada, en particular, de la sentencia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer (
C‑23/00 P
,
EU:C:2002:118
), apartados
y
, según la cual el juez de la Unión está facultado para apreciar si la buena administración de justicia justifica que se desestime el recurso en cuanto al fondo sin pronunciarse previamente sobre su admisibilidad, y consideró que, en el presente caso, estaba justificado que examinara el fondo del recurso sin pronunciarse sobre dicha admisibilidad.
En cuanto al fondo, el Tribunal General rechazó las alegaciones de Eurofer acerca del segundo de los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento 2016/1036, relativo a que el volumen de las importaciones no sea insignificante. Dado que los requisitos establecidos en esta disposición son acumulativos, desestimó el primer motivo de anulación en su totalidad.
En lo que atañe al segundo motivo de anulación, el Tribunal General consideró que Eurofer no había demostrado que la Comisión se hubiera excedido del margen de apreciación de que disponía en la aplicación del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2016/1036. Desestimó la imputación basada en un examen superficial y parcial de las importaciones procedentes de Serbia y, por tanto, el segundo motivo en su totalidad por considerarlos infundados.
En lo que concierne al tercer motivo de anulación, el Tribunal General afirmó que, de conformidad con el artículo 20, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, se había informado a Eurofer de los hechos y de las consideraciones esenciales sobre cuya base se pretendía recomendar la conclusión del procedimiento en relación con las importaciones procedentes de Serbia sin la imposición de medidas, que se le había dado la oportunidad de dar a conocer oportunamente su punto de vista y que, por lo tanto, se había respetado su derecho de defensa en el presente asunto. Por otra parte, rechazó el argumento de Eurofer basado en la analogía con la jurisprudencia en el ámbito del derecho de la competencia. Además, consideró que, como se desprende del examen del segundo motivo, la Comisión había analizado todos los elementos pertinentes del asunto y, por tanto, no había vulnerado el principio de buena administración. En consecuencia, desestimó este tercer motivo de anulación.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso de Eurofer en su totalidad.
Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
Mediante su recurso de casación, Eurofer solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Anule el artículo 2 del Reglamento controvertido.
–
Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Condene a la Comisión y a HBIS Serbia al pago de las costas del procedimiento de primera instancia y del recurso de casación.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida y declare la inadmisibilidad del recurso de primera instancia.
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene a Eurofer al pago de las costas del procedimiento de primera instancia y del recurso de casación.
HBIS Serbia solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene a Eurofer al pago de las costas en que haya incurrido HBIS Serbia en el marco del procedimiento de primera instancia y del recurso de casación.
Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 2 de septiembre de 2020, Eurofer/Comisión (
C‑226/20 P
, no publicado,
EU:C:2020:669
), se estimó la solicitud de Eurofer de que el Tribunal de Justicia dispensara un tratamiento confidencial, respecto de HBIS Serbia, a la información que figuraba en el anexo A.4 del recurso de casación de Eurofer, correspondiente a la que ya había recibido un tratamiento confidencial en el asunto que dio lugar a la sentencia recurrida y que figuraba en el anexo a la demanda presentada en primera instancia por Eurofer.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, Eurofer invoca cuatro motivos. El primer motivo se basa en un error de Derecho, consistente en que el Tribunal General interpretó el artículo 3, apartado 4, del Reglamento 2016/1036 en el sentido de que la Comisión dispone de una facultad de apreciación para considerar que las importaciones que representan una cuota de mercado superior al 1 % son «insignificantes». El segundo motivo se basa en errores manifiestos de apreciación y en un error de Derecho por lo que respecta a la apreciación de que «el volumen de las importaciones» procedentes de Serbia era «insignificante» en el sentido del artículo 3, apartado 4, de dicho Reglamento. El tercer motivo se basa en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho en relación con la afirmación de que «no [resulta] necesaria ninguna medida de defensa» a efectos del artículo 9, apartado 2, de dicho Reglamento. El cuarto motivo se basa en un error de Derecho en la medida en que el Tribunal General consideró que la Comisión no estaba obligada a comunicarle los datos sobre la subcotización de los precios y de los precios indicativos.
Primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo, Eurofer alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al interpretar los artículos 3, apartado 4, letra a), y 5, apartado 7, del Reglamento 2016/1036 en el sentido de que la Comisión dispone de una facultad de apreciación para considerar que las importaciones que representan una cuota de mercado superior al 1 % son «insignificantes» en el sentido del artículo 3, apartado 4, letra a), de dicho Reglamento. Este motivo se refiere a los apartados 67, 68, 73, 74 y 78 a 80 de la sentencia recurrida.
En primer lugar, considera que la jurisprudencia del Tribunal General, derivada de la sentencia de 25 de enero de 2017, Rusal Armenal/Consejo (
T‑512/09 RENV
,
EU:T:2017:26
), apartados
a
, confirma que existe «una relación de complementariedad» entre el artículo 3, apartado 4, letra a), y el artículo 5, apartado 7, del Reglamento 2016/1036. Sostiene que, de ese modo, según la interpretación correcta del artículo 3, apartado 4, de ese Reglamento, el umbral del 1 %, previsto en el artículo 5, apartado 7, de dicho Reglamento, debe aplicarse como umbral vinculante a efectos de apreciar el carácter «insignificante» del volumen de las importaciones a efectos del artículo 3, apartado 4, del mismo Reglamento. En su opinión, esta interpretación se ve respaldada por la práctica decisoria de la Comisión, a la que el Tribunal General se refiere en particular en los apartados 73 y 74 de la sentencia recurrida, así como por la nota explicativa de la Comisión de 21 de septiembre de 2000, dirigida al Comité de Prácticas Antidumping (grupo
ad hoc
sobre la aplicación) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), citada en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que representa la «mejor interpretación del Derecho de la Unión por parte de la Comisión».
En segundo lugar, sostiene que en los apartados 65 a 68 y 79 de la sentencia recurrida, el Tribunal General no motiva en modo alguno de forma convincente la interpretación que adopta. En primer término, considera que la falta de una referencia explícita del artículo 3, apartado 4, al artículo 5, apartado 7, del Reglamento 2016/1036 no significa que estas disposiciones no puedan leerse conjuntamente. En segundo término, añade que el hecho de que el artículo 5, apartado 7, de ese Reglamento se aplique en la fase de apertura de la investigación, mientras que el artículo 3, apartado 4, de dicho Reglamento se aplica en la fase de la propia investigación, no es motivo suficiente para descartar una interpretación coherente de estas dos disposiciones. A este respecto, alega que sería lógico que se aplicaran las mismas normas en ambas fases del procedimiento, como ocurre con otras disposiciones del mismo Reglamento. En tercer término, afirma que la amplia facultad de apreciación de la Comisión en materia de política comercial común resulta irrelevante a la hora de determinar si las importaciones procedentes de un determinado país superan el umbral del 1 %, ya que esta cuestión exige una respuesta de carácter binario. En cuarto término, aduce que los ejemplos relativos a las importaciones por encima de una cuota de mercado del 1 %, en los que se basó el Tribunal General en el apartado 79 de la sentencia recurrida, no son pertinentes a efectos de la interpretación del artículo 3, apartado 4, del Reglamento 2016/1036.
En tercer lugar, Eurofer afirma que la interpretación del Tribunal General es contraria al principio de seguridad jurídica, en la medida en que esa interpretación crea también incertidumbre sobre si el umbral del 3 % previsto en el artículo 5, apartado 7, de dicho Reglamento se aplica de la misma manera en las fases de apertura de la investigación y de la propia investigación. Del mismo modo, señala que la interpretación del Tribunal General en el sentido de que el artículo 5, apartado 7, de dicho Reglamento puede servir de orientación para la interpretación del artículo 3, apartado 4, del mismo Reglamento, sin que se considere que establece un umbral vinculante, podría crear inseguridad jurídica y constituir un elemento de presión política en los casos de dumping. Según esta interpretación, la Comisión dispondría de una amplia facultad de apreciación que estaría sujeta a un control judicial superficial.
La Comisión sostiene que este motivo es inoperante y, en cualquier caso, infundado.
HBIS Serbia afirma que el citado motivo es infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, debe rechazarse el argumento de la Comisión de que el presente motivo es inoperante. Si bien este motivo se refiere, en particular, a los apartados 67, 68, 73, 74 y 78 a 80 de la sentencia recurrida, de la argumentación que Eurofer desarrolla en apoyo de este motivo se desprende que, en realidad, pretende impugnar todos los motivos de dicha sentencia por los que el Tribunal General desestimó el primer motivo de anulación, en la medida en que tiene por objeto el requisito establecido en el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento n.
o
2016/1036, relativo al carácter insignificante del volumen de las importaciones.
En cuanto al fondo, Eurofer alega, en esencia, que el Tribunal General se basó en una interpretación errónea de los artículos 3, apartado 4, y 5, apartado 7, de ese Reglamento, ya que estas disposiciones no confieren a la Comisión ninguna facultad de apreciación para considerar «insignificantes», en el sentido del artículo 3, apartado 4, letra a), del citado Reglamento, las importaciones procedentes de Serbia, que representan un volumen superior al 1 %.
A este respecto, procede recordar que, con arreglo al artículo 3, apartado 4, del Reglamento 2016/1036, cuando las importaciones de un producto procedentes de más de un país sean objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, solo se podrán evaluar acumulativamente los efectos de dichas importaciones si, por una parte, el margen de dumping establecido en relación con las importaciones de cada país proveedor es superior al margen mínimo definido en el artículo 9, apartado 3, de ese Reglamento y el volumen de las importaciones de cada país no es insignificante y, por otra parte, si procede la evaluación acumulativa de los efectos de las importaciones a la luz de las condiciones de competencia entre los productos importados y el producto similar de la industria de la Unión.
Como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 51 de la sentencia recurrida, el artículo 3, apartado 4, de dicho Reglamento establece esencialmente tres requisitos para que se permita una evaluación acumulativa de las importaciones procedentes de más de un país que sean objeto simultáneamente de investigaciones antidumping, y basta con que no se cumpla uno de esos tres requisitos para que se excluya dicha evaluación.
En este caso, solo el segundo de esos requisitos, a saber, el relativo al volumen no insignificante de las importaciones, es objeto del presente asunto.
En primer lugar, del propio tenor del artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento n.
o
2016/1036 se desprende que esta disposición no se remite, en relación con este requisito, al artículo 5, apartado 7, del citado Reglamento ni a ninguna otra disposición de este.
Como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 63 de la sentencia recurrida, a diferencia de la primera parte del artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento 2016/1036, que define el primer requisito, relativo al margen de dumping, de manera precisa, mediante la remisión al margen mínimo definido en el artículo 9, apartado 3, de ese Reglamento, la segunda parte del artículo 3, apartado 4, letra a), del citado Reglamento no efectúa ninguna remisión y simplemente exige que el volumen de las importaciones procedentes de cada país no sea «insignificante», sin definir de manera más precisa este término.
De ello se desprende que, a falta de una remisión expresa al umbral del 1 %, previsto en el artículo 5, apartado 7, del Reglamento 2016/1036, el legislador de la Unión no exigió que el carácter insignificante de las importaciones, a efectos del segundo requisito establecido en el artículo 3, apartado 4, letra a), de ese Reglamento, se apreciara, de manera obligatoria, a la luz de dicho umbral.
En segundo lugar, debe señalarse que los artículos 3, apartado 4, y 5, apartado 7, del Reglamento 2016/1036 persiguen fines diferentes en el marco del procedimiento establecido por ese Reglamento.
A este respecto, el Tribunal General declaró acertadamente, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, que el artículo 5, apartado 7, de dicho Reglamento se refiere a una fase de la investigación distinta de la del artículo 3, apartado 4, del mismo Reglamento.
En efecto, según el artículo 5, apartado 7, del Reglamento 2016/1036, cuando no se alcance el umbral del 1 % previsto en dicha disposición, no se dará inicio a ningún procedimiento antidumping. De ello se desprende que esta disposición se refiere a una fase anterior al inicio de la investigación.
En cambio, el artículo 3, apartado 4, del Reglamento 2016/1036 se refiere a las importaciones que ya son objeto de una investigación, iniciada por la Comisión a raíz de la apertura del procedimiento, en virtud del artículo 6, apartado 1, de dicho Reglamento.
En este contexto, como señaló el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, si bien no puede descartarse que el umbral del 1 % previsto en el artículo 5, apartado 7, del mismo Reglamento pueda tenerse en cuenta como umbral indicativo para examinar la falta de carácter «insignificante» del volumen de las importaciones a que se refiere el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento 2016/1036, dicho umbral no puede, sin embargo, constituir un umbral obligatorio, cuya superación requiera que se considere que el volumen de las importaciones de un determinado país tercero «no es insignificante» en el sentido de esta última disposición.
En tercer lugar, la interpretación del artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento 2016/1036 adoptada por el Tribunal General es conforme con la amplia facultad de apreciación que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia confiere a las instituciones de la Unión en el ámbito de la política comercial común y, en particular, en relación con las medidas de defensa comercial. Tal facultad de apreciación obedece a la complejidad de las situaciones económicas y políticas que esas instituciones deben examinar (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 2019, Trace Sport,
C‑251/18
,
EU:C:2019:766
, apartado
y jurisprudencia citada) y se refiere, en particular, a la determinación de la existencia de un perjuicio a la industria de la Unión en el marco de un procedimiento antidumping (sentencia de 10 de julio de 2019, Caviro Distillerie y otros/Comisión,
C‑345/18 P
, no publicada,
EU:C:2019:589
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente caso, como ha señalado el Abogado General, en esencia, en el punto 51 de sus conclusiones, si bien el umbral del 1 % previsto en el artículo 5, apartado 7, del Reglamento 2016/1036 puede constituir una orientación que el juez de la Unión puede tener en cuenta a efectos del control de las apreciaciones efectuadas por la Comisión, en el contexto del artículo 3, apartado 4, letra a), de dicho Reglamento, este umbral no constituye un umbral obligatorio a partir del cual la Comisión no pueda concluir, en ninguna circunstancia, que las importaciones objeto de la investigación antidumping procedentes de un país son insignificantes.
Tal interpretación del artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento 2016/1036 equivaldría, en efecto, a privar a esta institución de la facultad de apreciación que le confiere dicha disposición para examinar el carácter insignificante de las importaciones, a efectos de una evaluación acumulativa de las importaciones de un producto procedentes de varios países objeto de investigaciones antidumping simultáneas.
Por tanto, de las consideraciones anteriores se desprende que, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró correctamente que el artículo 5, apartado 7, de dicho Reglamento puede orientar sobre el volumen insignificante de las importaciones, sin que de ello se deduzca que, en el contexto del artículo 3, apartado 4, de dicho Reglamento, no puedan considerarse insignificantes las importaciones procedentes del país en cuestión que representen una cuota de mercado superior al 1 %.
Esta conclusión no se ve cuestionada por las alegaciones formuladas por Eurofer en apoyo del presente motivo.
Para empezar, por lo que respecta a la alegación de que la interpretación que hace el Tribunal General del artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento 2016/1036 resulta contraria, en esencia, a la práctica decisoria anterior de las instituciones de la Unión, basta con señalar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicha práctica decisoria no puede tenerse en cuenta a efectos de la interpretación de una disposición de dicho Reglamento (véase, en ese sentido, la sentencia de 10 de febrero de 2021, RFA International/Comisión,
C‑56/19 P
,
EU:C:2021:102
, apartado
y jurisprudencia citada).
A continuación, en lo que atañe a la conformidad de esta interpretación con la nota explicativa mencionada en el apartado 37 de la presente sentencia, el Tribunal General declaró, en el apartado 77 de la sentencia recurrida, el cual no se impugna específicamente en el marco del presente recurso de casación, que dicha nota no podía calificarse de «directrices» que supongan una autolimitación de su facultad de apreciación.
Por último, también deben rechazarse las alegaciones de que dicha interpretación es contraria al principio de seguridad jurídica.
En efecto, por un lado, a la vista de las consideraciones expuestas en los apartados 50 a 54 de la presente sentencia, no puede prosperar la alegación de Eurofer de que la misma interpretación daría lugar a incertidumbres en cuanto a la interpretación de los umbrales previstos en el artículo 5, apartado 7, del Reglamento 2016/1036. Por otro lado, como ha señalado el Abogado General en el punto 57 de sus conclusiones, la interpretación del artículo 3, apartado 4, letra a), de dicho Reglamento en el sentido propuesto por Eurofer privaría a esta disposición de todo efecto útil, ya que, en virtud del artículo 5, apartado 7, de dicho Reglamento, no se dará inicio, en principio, a procedimientos respecto de países cuyas importaciones representen una cuota de mercado inferior al 1 %.
A la luz de todas las consideraciones anteriores, el primer motivo de casación debe desestimarse por infundado.
Segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su segundo motivo de casación, Eurofer alega que la apreciación del Tribunal General de que el volumen de las importaciones procedentes de Serbia era «insignificante» a efectos del artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento 2016/1036 adolece de un error de Derecho. Este motivo se refiere a los apartados 81 a 85 de la sentencia recurrida y se divide en tres partes.
Mediante la primera parte del citado motivo, Eurofer alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho, en los apartados 81 a 83 de la sentencia recurrida, al incluir elementos de precio en la apreciación del carácter «insignificante» del volumen de las importaciones, mientras que solo debe realizarse una apreciación cuantitativa de los volúmenes.
Afirma que los tres elementos necesarios para la evaluación acumulativa en virtud del artículo 3, apartado 4, del Reglamento 2016/1036 se recordaron acertadamente en los apartados 50 y 51 de esa sentencia. Sostiene que el segundo de estos elementos es el volumen de las importaciones, cuyo carácter «insignificante» debe basarse en las cuotas de mercado y no en el precio de estas importaciones. Añade que este último es el objeto del tercero de los citados elementos y que ese Reglamento distingue claramente entre estos dos aspectos. Aduce que, sin embargo, el Tribunal General confundió dos conceptos diferentes y, en consecuencia, basó su razonamiento sobre el carácter insignificante del volumen de las importaciones en una consideración irrelevante.
Mediante la segunda parte del presente motivo, formulada con carácter subsidiario, Eurofer alega que, en cualquier caso, el Tribunal General no aplicó correctamente los criterios, que expone en el apartado 82 de la sentencia recurrida, para apreciar ese carácter insignificante. Añade que, de ese modo, al ignorar la subcotización de los precios y de los precios indicativos en su análisis, la Comisión no tuvo en cuenta todas las pruebas pertinentes, como exige el artículo 3, apartado 3, del Reglamento 2016/1036. Sostiene que, en consecuencia, el Tribunal General cometió un error de Derecho en el apartado 83 de la sentencia recurrida al confirmar el planteamiento de la Comisión.
Mediante la tercera parte del mismo motivo, Eurofer afirma que el Tribunal General también cometió un error manifiesto de apreciación, en los apartados 83 y 85 de la sentencia recurrida, y desnaturalizó las pruebas al considerar que los precios medios asociados al volumen correspondiente a una cuota de mercado poco elevada corroboraban la conclusión de que el volumen de las importaciones de que se trata era insignificante. Eurofer reconoce que el precio medio de las importaciones procedentes de Serbia era superior al de las importaciones procedentes de otros países. Añade que, sin embargo, las pruebas aportadas a los autos indican claramente que el precio medio del único productor serbio es prácticamente idéntico al de otros dos de los exportadores a los que la Comisión ha impuesto derechos antidumping.
La Comisión considera que el presente motivo es inoperante y que, en cualquier caso, ninguna de sus tres partes tiene fundamento. En opinión de la Comisión, la tercera de estas partes es, por otro lado, parcialmente inadmisible.
HBIS Serbia afirma que este motivo debe rechazarse por infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede señalar que, como sostiene la Comisión, el presente motivo es inoperante.
En efecto, el presente motivo tiene por objeto, en particular, impugnar los apartados 81 a 84 de la sentencia recurrida.
En el apartado 81 de esa sentencia, el Tribunal General determinó con acierto que la Comisión podía considerar fundadamente, en el considerando 248 del Reglamento controvertido, que el hecho de que los precios de venta medios de Serbia durante el período de investigación fueran sensiblemente más altos que los precios medios de venta de los otros cuatro países afectados es otro indicio de que ese bajo volumen de importaciones no puede causar perjuicio a la industria de la Unión.
Ciertamente, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró que la cuestión del carácter insignificante del volumen de importación a efectos del artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento 2016/1036 no se limita al examen de la cantidad de dicho volumen, sino que abarca el examen de su calidad, es decir, otros datos indicativos de los efectos que ese volumen puede producir, como los precios asociados a dichas importaciones.
Sin embargo, como se desprende, en particular, del apartado 69 de la sentencia recurrida, en el considerando 232 del Reglamento controvertido, la Comisión determinó esencialmente que el volumen de las importaciones procedentes de Serbia se consideró insignificante, sobre la base del artículo 3, apartado 4, del Reglamento 2016/1036, ya que, por un lado, ese volumen estaba muy cerca del umbral del 1 % previsto en el artículo 5, apartado 7, de ese Reglamento, por debajo del cual la Comisión no da inicio a ninguna investigación, y, por otro lado, ese volumen era considerablemente inferior al de las importaciones procedentes de cada uno de los otros cuatro países afectados.
Por lo tanto, incluso suponiendo, como sostiene Eurofer, que el razonamiento del Tribunal General en los apartados 81 a 84 de la sentencia recurrida, relativos al análisis de los precios asociados a las importaciones objeto de litigio, adoleciera de uno o varios errores de Derecho, tales errores no influyen en la constatación efectuada en los apartados 70 y 80 de esa sentencia según la cual la Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al considerar, en el presente caso, que el volumen de las importaciones procedentes de Serbia seguía siendo insignificante, a efectos del artículo 3, apartado 4, del Reglamento 2016/1036.
En estas circunstancias, procede desestimar el segundo motivo de casación, en sus tres partes, por ser inoperante.
Tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su tercer motivo de casación, Eurofer alega que, en los apartados 109, 114, 120 y 121 de la sentencia recurrida, el Tribunal General cometió varios errores de Derecho al confirmar la conclusión de la Comisión de que, en el presente caso, «no [resulta] necesaria ninguna medida de defensa» a efectos del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2016/1036. Ese motivo se divide en dos partes.
Mediante la primera parte, Eurofer alega que, en el apartado 114 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que no siempre se requiere un análisis detallado, entre otros aspectos, de la existencia de dumping con arreglo al artículo 2 del Reglamento 2016/1036 y de la existencia de un perjuicio con arreglo al artículo 3 de ese Reglamento, y que puede considerarse necesaria la conclusión de una investigación o de un procedimiento, en particular, únicamente sobre la base del margen de dumping o del volumen de las importaciones.
Eurofer argumenta que, si bien el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 no especifica las circunstancias en las que «no resulta necesaria ninguna medida de defensa», el considerando 16 de ese Reglamento proporciona una orientación clara, ya que establece que los procedimientos deberán darse por concluidos «cuando el dumping sea mínimo o el perjuicio insignificante». Afirma que, en estas condiciones, el Tribunal General incurrió en error al concluir, en el apartado 114 de la sentencia recurrida, que no es necesaria una valoración del perjuicio importante potencial.
Eurofer considera que el artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2016/1036 resulta irrelevante a este respecto, en la medida en que establece dos «umbrales de seguridad» por debajo de los cuales se cumplirían, en principio, los dos requisitos establecidos en el considerando 16 de dicho Reglamento. Añade que, en el presente caso, las importaciones serbias no cumplen estos umbrales. Sostiene que, por lo tanto, la única base sobre la que la Comisión podía concluir que no resultaba apropiado adoptar medidas de defensa era una constatación del carácter insignificante del perjuicio causado por las importaciones serbias, lo que habría exigido a la Comisión que verificara si esas importaciones podrían haber contribuido a causar un perjuicio importante, teniendo en cuenta los elementos de evaluación establecidos en el artículo 3 del Reglamento 2016/1036.
Con la segunda parte del tercer motivo de casación, Eurofer alega que, en los apartados 115 a 121 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación al concluir que la Comisión no había rebasado el margen de apreciación de que disponía en la aplicación del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2016/1036. Según Eurofer, ni el volumen de las importaciones serbias ni los precios medios de venta podían, en ausencia de otros elementos, justificar las conclusiones de la Comisión.
Así pues, afirma que en lo que respecta al volumen de las importaciones serbias, que superan el umbral del 1 % previsto en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2016/1036, en relación con el artículo 5, apartado 7, de ese Reglamento, no cabe suponer que ese volumen no causaría un perjuicio. Añade que, en lo que atañe a la utilización de los precios medios de importación, la Comisión debería haber tomado en consideración no solo esos precios, sino también los precios practicados por los exportadores de los demás países afectados y los niveles de subcotización de los precios y de los precios indicativos. Además, sostiene que el hecho de que la Comisión no tenga en cuenta datos pertinentes constituye un error manifiesto de apreciación. Aduce que la evaluación de la Comisión no tuvo en cuenta el elevado margen de dumping de las importaciones serbias, pese a que este dato era claramente relevante para la determinación de los efectos perjudiciales de dichas importaciones, como se desprende del artículo 3, apartado 3, de ese Reglamento.
La Comisión considera que el presente motivo es parcialmente inadmisible y, en cualquier caso, infundado.
HBIS Serbia afirma que el citado motivo debe desestimarse por infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante la primera parte de este motivo, Eurofer alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error al declarar, en el apartado 114 de la sentencia recurrida, que no siempre es necesario un análisis detallado de la existencia de un perjuicio y que la conclusión de una investigación o de un procedimiento puede imponerse, en particular, sobre la única base del margen de dumping o de los volúmenes de importación.
A este respecto, de conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, cuando no resulte necesaria ninguna medida de defensa, se dará por concluido el procedimiento o la investigación. Del considerando 16 del mismo Reglamento se desprende que la investigación o el procedimiento debe darse por concluido cuando el dumping sea mínimo o el perjuicio insignificante.
En este contexto, el artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2016/1036 establece, entre otras cosas, que, para los procedimientos iniciados con arreglo al artículo 5, apartado 9, de ese Reglamento, el perjuicio se considerará normalmente insignificante cuando las importaciones en cuestión sean inferiores a los volúmenes establecidos en el artículo 5, apartado 7, de dicho Reglamento, es decir, una cuota de mercado inferior al 1 %.
Ahora bien, como señaló el Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, el artículo 9, apartado 3, del mismo Reglamento no debe interpretarse en el sentido de que impide a la Comisión considerar insignificante el perjuicio causado por las importaciones cuando, como en el presente caso, el volumen de dichas importaciones rebase dicho umbral por un estrecho margen.
En efecto, del uso del adverbio «normalmente» se desprende que el legislador de la Unión quiso dejar a la Comisión un cierto margen de apreciación a la hora de evaluar el carácter insignificante del perjuicio potencial que podrían causar las importaciones.
Tal interpretación es coherente con la facultad de apreciación concedida a las instituciones de la Unión en relación con las medidas de defensa comercial, que se extiende, como se recuerda en el apartado 55 de la presente sentencia, a la determinación de la existencia de un perjuicio para la industria de la Unión en el marco de un procedimiento antidumping.
Por lo tanto, la Comisión está facultada para considerar que no resultan necesarias medidas de defensa, en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, cuando compruebe que las importaciones objeto de investigación superan el umbral del 1 % por debajo del cual el perjuicio causado por esas importaciones procedentes de un tercer país se considera normalmente insignificante, cuando esas importaciones estén muy próximas a ese umbral y cuando esa institución disponga de otros datos que corroboren el carácter insignificante de tales importaciones.
En estas circunstancias, el margen de apreciación de que dispone la Comisión le permite dar por concluida la investigación únicamente sobre la base del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, sin tener que determinar si las mismas importaciones pueden causar un perjuicio importante a la luz de los elementos previstos, entre otros, en el artículo 3, apartados 2 y 3, de ese Reglamento.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la primera parte del presente motivo debe ser desestimada por infundada.
Mediante la segunda parte del presente motivo, Eurofer alega, en esencia, que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho y en un error manifiesto de apreciación en los apartados 115 a 121 de la sentencia recurrida, al confirmar la conclusión de la Comisión de que en el presente caso no era necesaria ninguna medida de defensa.
Con carácter preliminar, debe rechazarse la alegación de la Comisión de que esta parte del motivo es inadmisible, por referirse únicamente a la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal General, sin que se identifique ningún error de Derecho. En efecto, como ha señalado el Abogado General en el punto 105 de sus conclusiones, en los apartados 115 a 121 de la sentencia recurrida, a los que se refiere la citada parte del motivo, el Tribunal General formuló consideraciones jurídicas contra las que se dirigen los argumentos de Eurofer.
Para empezar, por lo que respecta a la alegación de Eurofer de que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al concluir que la Comisión no se excedió en su margen de apreciación en la aplicación del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, cabe señalar que, por las mismas razones expuestas en los apartados 91 a 94 de la presente sentencia, dicha alegación debe considerarse infundada.
A continuación, por lo que respecta a la alegación de que, al no tener en cuenta el supuesto margen de dumping elevado de las importaciones serbias, la conclusión de la Comisión de que no era necesario adoptar medidas de defensa adolecía de un error manifiesto de apreciación, cabe señalar que, como declaró acertadamente el Tribunal General en los apartados 110 y 111 de la sentencia recurrida, el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2016/1036 deja un cierto margen de apreciación a la Comisión, sin precisar las circunstancias en las que puede considerarse que no resulta necesaria ninguna medida de defensa.
En estas circunstancias, el margen de dumping no parece ser un factor relevante que la Comisión debería haber tenido imperativamente en cuenta para concluir que no resulta necesario adoptar medidas de defensa.
En cualquier caso, debe señalarse que, en apoyo de su argumentación, Eurofer se limita a alegar que, a la vista del margen de dumping controvertido, sería «improbable» que la repercusión de las importaciones en cuestión fuera insignificante, de modo que no aporta ninguna prueba concreta y precisa de la que pueda concluirse que el Tribunal General debería haber considerado que el razonamiento de la Comisión adolecía de un error manifiesto de apreciación.
Por último, como ha señalado el Abogado General en el punto 109 de sus conclusiones, debe rechazarse la alegación de que la Comisión no tuvo en cuenta datos de subcotización de los precios y de los precios indicativos de los productos serbios, ya que dicha alegación equivale a exigir, en contra de lo determinado en el apartado 94 de la presente sentencia, que la Comisión lleve a cabo una verificación detallada de la existencia de perjuicio antes de poder dar por concluida la investigación de conformidad con el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2016/1036.
A la luz de las consideraciones anteriores, la segunda parte del tercer motivo de casación debe desestimarse por infundada y, en consecuencia, dicho motivo debe desestimarse en su totalidad.
Cuarto motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su cuarto motivo de casación, Eurofer alega que el Tribunal General cometió varios errores de Derecho al concluir que la Comisión no estaba obligada a comunicarle los datos sobre la subcotización de los precios y de los precios indicativos para el exportador serbio. El presente motivo se refiere a los apartados 135 a 137, 141 a 146 y 148 de la sentencia recurrida y se divide en tres partes.
Con la primera parte de este motivo, Eurofer alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que no se había vulnerado su derecho de defensa.
Sostiene que el respeto del derecho de defensa no se limita a conocer la información en la que la Comisión basa su argumentación, conforme al artículo 20, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, sino que se extiende al acceso a otros elementos pertinentes del expediente de la Comisión. Considera que, en el presente caso, los datos sobre la subcotización de los precios y de los precios indicativos constituían información esencial para demostrar el impacto de las importaciones en cuestión y eran necesarios para que Eurofer diera a conocer su punto de vista sobre si dichas importaciones habían causado un perjuicio a la industria de la Unión y si la conclusión de la Comisión sobre el impacto insignificante era correcta.
En la segunda parte del presente motivo, Eurofer alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar, en el apartado 142 de la sentencia recurrida, que, en una investigación antidumping, no puede invocar, como representante de la industria de la Unión, exigencias derivadas del derecho de defensa. Añade que esta conclusión carece de base jurídica y no encuentra fundamento alguno en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General.
Mediante la tercera parte del mismo motivo, Eurofer alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho al concluir, en el apartado 146 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había vulnerado el principio de buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Añade que, en caso de que se estimen los motivos segundo o tercero del recurso de casación, también habría que estimar las alegaciones de Eurofer relativas a la vulneración del principio de buena administración. Además, Eurofer alega que el Tribunal General cometió un error de Derecho en el apartado 148 de la sentencia recurrida al no ordenar a la Comisión que presentara las pruebas relativas a la subcotización de los precios y de los precios indicativos.
La Comisión y HBIS Serbia afirman que el cuarto motivo de casación es en parte infundado y en parte inoperante.
Apreciación del Tribunal de Justicia
De acuerdo con el artículo 20, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, las partes mencionadas en el apartado 1 de dicho artículo, de las que forma parte una asociación representativa como Eurofer, podrán solicitar que se les informe de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se haya previsto recomendar la conclusión de una investigación o procedimiento sin la imposición de medidas.
Debe señalarse que las tres partes del presente motivo se basan en la premisa de que los datos de subcotización de los precios y de los precios indicativos constituían datos que deberían haber sido tenidos en cuenta por la Comisión a efectos de la aplicación de los artículos 3, apartado 4, letra a), y 5, apartado 7, del Reglamento 2016/1036.
Sin embargo, como se desprende del examen del segundo motivo de casación, el Tribunal General consideró acertadamente que la Comisión había dado por concluido el procedimiento relativo a las importaciones procedentes de Serbia únicamente sobre la base del volumen de las importaciones y de los datos relativos a los precios medios de venta, sin analizar los datos relativos a la subcotización de los precios y de los precios indicativos.
En consecuencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 137 de la sentencia recurrida, que, conforme al artículo 20, apartado 2, del Reglamento 2016/1036, Eurofer fue informada de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se había previsto recomendar la conclusión del procedimiento por lo que respecta a las importaciones procedentes de Serbia sin imposición de medidas, que tuvo la oportunidad de dar a conocer oportunamente su punto de vista y que en el presente asunto se respetó su derecho de defensa.
Por las mismas razones, el Tribunal General no cometió error de Derecho alguno al declarar, en el apartado 146 de la sentencia recurrida, que la Comisión había examinado todos los elementos pertinentes del asunto y que, por lo tanto, no había vulnerado el principio de buena administración. Del mismo modo, Eurofer no puede invocar el hecho de que, en el apartado 148 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó su solicitud de presentar datos sobre los márgenes de subcotización de los precios y de los precios indicativos para la República de Serbia.
En estas circunstancias, ha de desestimarse por infundado el cuarto motivo de casación, sin que sea necesario pronunciarse sobre si, en lo que atañe al respeto del derecho de defensa en los procedimientos de investigación antidumping, debe distinguirse entre Eurofer y las empresas a las que puede imponerse una sanción o un derecho antidumping.
A la luz de las anteriores consideraciones, al no haberse estimado ninguno de los motivos del presente recurso de casación, este debe ser desestimado en su totalidad, sin que resulte necesario pronunciarse sobre las alegaciones de la Comisión relativas a la inadmisibilidad del recurso en primera instancia.
Costas
En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartado 1, de este Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, establece que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Dado que la Comisión y HBIS Serbia han solicitado que se condene en costas a Eurofer y se han desestimado las pretensiones de esta última, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión y las de HBIS Serbia.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar a Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea y las de HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.