CELEX: 62019CJ0104
Procedimiento prejudicial
Política comercial común
Dumping
Derecho antidumping establecido sobre las importaciones de elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China
Reglamento (CE) n.o 91/2009
Validez
Reglamento (CE) n.o 384/96
Artículo 2, apartados 10 y 11
Derecho de defensa

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la validez del Reglamento (CE) n.
o
91/2009 del Consejo, de 26 de enero de 2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China (
DO 2009, L 29, p. 1
; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Donex Shipping and Forwarding BV (en lo sucesivo, «Donex») y el Staatssecretaris van Financiën (Secretario de Estado de Hacienda, Países Bajos), en relación con los requerimientos de pago de derechos antidumping por la importación, por parte de Donex, de elementos de fijación de hierro o acero originarios de China.
Marco jurídico
Reglamento de base
En el momento de los hechos que dieron lugar a la adopción del Reglamento controvertido, las disposiciones por las que se regía la aplicación de medidas antidumping por parte de la Unión Europea figuraban en el Reglamento (CE) n.
o
384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (
DO 1996, L 56, p. 1
), en su versión modificada, por última vez, por el Reglamento (CE) n.
o
2117/2005 del Consejo, de 21 de diciembre de 2005 (
DO 2005, L 340, p. 17
) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»).
A tenor del artículo 1, apartado 2, del Reglamento de base:
«Se considerará que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación a la Comunidad sea inferior, en el curso de operaciones comerciales normales, al precio comparable establecido para el producto similar en el país de exportación.»
El artículo 2, apartados 10 y 11, de dicho Reglamento establece lo siguiente:
«10.   Se realizará una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal en la misma fase comercial, sobre la base de ventas realizadas en fechas lo más próximas posible entre sí y teniendo debidamente en cuenta cualquier otra diferencia que afecte a la comparabilidad de los precios. Cuando el valor normal y el precio de exportación establecidos no puedan ser directamente comparados, se harán ajustes en función de las circunstancias particulares de cada caso, para tener en cuenta diferencias en factores, que se alegue y demuestre que influyan en los precios y por lo tanto en la comparabilidad de estos. Se evitarán las duplicaciones al realizar los ajustes, en particular por lo que se refiera a los descuentos, reducciones, cantidades y fase comercial. Cuando se cumplan estas condiciones podrán aplicarse ajustes en concepto de:
[…]
b)
Gravámenes a la importación e impuestos indirectos
Se realizará un ajuste del valor normal, deduciendo del mismo los gravámenes a la importación o los impuestos indirectos que deba soportar un producto similar y los materiales incorporados físicamente al mismo, cuando se destine al consumo en el país de exportación, no percibidos o devueltos en relación con el producto exportado a la Comunidad.
[…]
k)
Otros factores
Podrá igualmente procederse a un ajuste en relación con las diferencias en otros factores no previstos en las letras a) a j), si se demostrare que esas diferencias afectan a la comparabilidad de los precios tal y como se establece en la presente letra, especialmente cuando, debido a esos factores, los clientes pagan sistemáticamente precios diferentes en el mercado interno.
[…]
11.   Sin perjuicio de las normas aplicables para obtener una comparación ecuánime, la existencia de márgenes de dumping durante el período de investigación se establecerá normalmente sobre la base de la comparación del valor normal ponderado con la media ponderada de los precios de todas las transacciones de exportación a la Comunidad o mediante una comparación de los valores normales individuales y los precios individuales de exportación a la Comunidad para cada transacción individual. Sin embargo, un valor normal establecido sobre la base de la media ponderada podrá compararse con los precios de todas las transacciones de exportación individuales a la Comunidad, si se comprueba que existe una pauta de precios de exportación considerablemente diferentes en función de los distintos compradores, regiones o períodos y los métodos especificados en la primera frase del presente apartado no reflejasen en toda su magnitud el dumping existente. El presente apartado no obstará al uso de muestras con arreglo al artículo 17.»
Reglamento controvertido
A raíz de una denuncia presentada el 26 de septiembre de 2007 por el European Industrial Fasteners Institute (EIFI), la Comisión Europea publicó, el 9 de noviembre de 2007, un anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de determinados elementos de sujeción de hierro o acero originarios de la República Popular China (
DO 2007, C 267, p. 31
).
La investigación abarcó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2006 y el 30 de septiembre de 2007. Tuvo por objeto determinados elementos de fijación de hierro o acero, excepto los de acero inoxidable (en lo sucesivo, «producto afectado»).
El 4 de agosto de 2008 se proporcionó a todas las partes interesadas un documento informativo en el que se detallaban las conclusiones preliminares de la investigación en la fase en que se encontraba y se invitaba a las partes a que comentaran dichas conclusiones.
El 18 de septiembre de 2008, se organizó una reunión contradictoria. Todas las partes interesadas que habían formulado observaciones acerca de la definición del producto afectado asistieron a dicha reunión.
Al principio de la investigación, la clasificación del producto afectado se basaba en los números de control del producto. Tras esa reunión contradictoria, se decidió que procedía añadir a las características del producto, tomadas en consideración para el cálculo de los márgenes de dumping y de perjuicio, una distinción entre los elementos de fijación estándar y especiales, que no figuraba inicialmente en dicha clasificación (considerando 51 del Reglamento controvertido). En la medida en que varios importadores y productores exportadores chinos alegaron que los elementos de fijación producidos en el país análogo no eran comparables con los elementos de fijación exportados a la Comunidad por los productores chinos, la investigación puso de manifiesto que tanto los productos especiales como los productos estándar se fabricaban y vendían en la India y que dichos elementos de fijación poseían las mismas características físicas y técnicas esenciales que los productos exportados desde China (considerando 56 del mismo Reglamento).
En el considerando 57 del Reglamento controvertido se concluye que los elementos de fijación producidos y vendidos por la industria comunitaria en la Comunidad, los producidos y vendidos en el mercado interior de China, los producidos y vendidos en el mercado interior de la India, que se tomó como país análogo, y los producidos en China y vendidos a la Comunidad eran iguales en el sentido del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.
En el Reglamento controvertido, en el caso de los productores exportadores chinos a los que no se concedió el trato de economía de mercado, el valor normal se determinó sobre la base de la información proporcionada por un productor en el país análogo. La India sirvió de país análogo, habida cuenta de las condiciones de competencia y apertura que caracterizan el mercado indio y de que el productor indio cooperante vendía tipos de productos comparables a los exportados por los productores exportadores chinos (considerando 91 de dicho Reglamento).
A este respecto, los considerandos 97 y 98 del Reglamento controvertido enuncian lo siguiente:
«(97)
Una de las empresas a las que se concedió el trato individual y algunos importadores alegaron que el valor normal obtenido de un único productor de la India que, supuestamente, no fabrica los mismos tipos de elementos de fijación que la empresa en cuestión, no ofrecería la mejor base para hacer una comparación apropiada. Por eso sugirió que, como dispone el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, se calculara el valor normal “sobre cualquier otra base razonable”, en este caso sobre la base de las propias cifras de los exportadores, ajustadas teniendo en cuenta las distorsiones alegadas de los costes de las materias primas.
(98)
Tal alegación fue rechazada, pues se comprobó que el productor indio, como se ha mencionado en el considerando 91, también vende tipos de elementos de fijación comparables a los exportados por los productores exportadores de [China]. Además, como se explica en el considerando 103, se efectuaron en el valor normal los ajustes apropiados que afectan a la comparabilidad de precios.»
En lo que respecta a la comparación del valor normal y de los precios de exportación, los considerandos 101 a 104 del Reglamento controvertido exponen lo siguiente:
«(101)
El valor normal y los precios de exportación se compararon utilizando los precios franco fábrica. A fin de que la comparación entre el valor normal y el precio de exportación fuera ecuánime, se realizaron los debidos ajustes para tener en cuenta las diferencias que afectaban a los precios y su comparabilidad, de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base.
(102)
La comparación de precios entre los elementos de fijación exportados de [China] y los vendidos en el mercado indio por el productor indio cooperante se llevó a cabo distinguiendo entre tipos estándar y tipos especiales de elementos de fijación.
(103)
Además, según las pruebas recogidas sobre el terreno, los procedimientos de control de calidad aplicados por el productor indio cuyos datos se utilizaron para determinar el valor normal eran más avanzados que los seguidos por los productores exportadores chinos que cooperaron, los cuales producían y exportaban, principalmente, elementos de fijación de tipo estándar. En estos casos, el valor normal indio se ajustó en función del coste del control de calidad implantado por el productor indio.
(104)
Por otro lado se hicieron los ajustes apropiados en relación con los costes de transporte, seguros y manipulación, con los costes accesorios y de envasado, con los créditos y con los gastos bancarios en todos los casos en que se consideró que eran razonables y exactos y que estaban justificados por pruebas contrastadas.»
Respecto de las empresas que no cooperaron, se consideró que el nivel de dumping aplicable a escala nacional a todos los demás exportadores de China ascendía al 115,4 % del precio cif en la frontera de la Comunidad, derechos no pagados (considerando 111 del Reglamento controvertido).
En el considerando 229 del Reglamento controvertido se determinó que el margen de perjuicio a escala nacional ascendía al 85,0 % de dicho precio.
El artículo 1, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento impuso un derecho antidumping definitivo sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero, pero no de acero inoxidable, originarios de China. Este derecho se eleva al 85 % para «todas las demás empresas» no enunciadas nominativamente.
El 28 de julio de 2011, el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (en lo sucesivo, «OSD») aprobó el informe del Órgano de Apelación constituido ante esta última y el informe del Grupo Especial, modificado por el informe de dicho Órgano de Apelación, en el caso «Comunidades Europeas — Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China» (WT/DS 397) (en lo sucesivo, conjuntamente, «informes de 2011»). En dichos informes, se declaró que, al adoptar el Reglamento controvertido, la Unión había infringido varias disposiciones del Derecho de la OMC.
Reglamentos de Ejecución (UE) n.
o
924/2012, (UE) 2015/519 y (UE) 2016/278
El Reglamento controvertido fue modificado por el Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
924/2012 del Consejo, de 4 de octubre de 2012 (
DO 2012, L 275, p. 1
), a fin de corregir los aspectos del primero de estos Reglamentos que el OSD había declarado incoherentes en los informes de 2011 y de adaptarlo a las recomendaciones y resoluciones del OSD.
El artículo 1 del Reglamento de Ejecución n.
o
924/2012 sustituyó el tipo antidumping establecido por el Reglamento controvertido para «todas las demás empresas» por un tipo del 74,1 %.
Con arreglo a su artículo 2, dicho Reglamento entró en vigor el 11 de octubre de 2012.
El derecho antidumping así modificado fue mantenido por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/519 de la Comisión, de 26 de marzo de 2015, que establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China, ampliado a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia, tras una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.
o
1225/2009 (
DO 2015, L 82, p. 78
).
El 18 de enero de 2016, el OSD aprobó el informe del Órgano de Apelación y el informe del Grupo Especial, modificado por el informe de dicho Órgano de Apelación, en el caso «Comunidades Europeas — Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China — Recurso de China al párrafo 5 del artículo 21 del [Entendimiento sobre Solución de Diferencias]» (WT/DS 397/RW) (en lo sucesivo, conjuntamente, «informes de 2016»). En estos informes se declaraba que, al adoptar el Reglamento de Ejecución n.
o
924/2012, la Unión había infringido varias disposiciones del Derecho de la OMC.
A raíz de dichos informes, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/278, de 26 de febrero de 2016, por el que se deroga el derecho antidumping definitivo establecido en relación con las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China, y ampliado a las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hubieran sido declarados o no originarios de Malasia (
DO 2016, L 52, p. 24
).
El artículo 1 de ese Reglamento de Ejecución dispone que quedan derogados los derechos antidumping establecidos mediante el Reglamento controvertido, modificados por el Reglamento de Ejecución n.
o
924/2012 y mantenidos en vigor por el Reglamento de Ejecución 2015/519.
De conformidad con los artículos 2 y 3 del Reglamento de Ejecución 2016/278, la referida derogación surte efectos desde el 28 de febrero de 2016 y no sirve como fundamento para el reembolso de los derechos percibidos con anterioridad a esa fecha.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Durante el año 2011, Donex presentó declaraciones para el despacho a libre práctica de elementos de fijación de hierro o acero que había importado por cuenta de una empresa neerlandesa, la cual los había comprado a dos proveedores domiciliados en Tailandia. En esas declaraciones, Donex indicó Tailandia como país de origen de dichos elementos.
Sin embargo, a raíz de una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se comprobó que tales elementos eran, en realidad, originarios de China y, por tanto, estaban sujetos al derecho antidumping establecido por el Reglamento controvertido.
En consecuencia, mediante requerimientos de pago de 4 de junio de 2014 se instó a Donex al pago de derechos antidumping. Esos derechos se fijaron aplicando el tipo del 85 % establecido para «todas las demás empresas».
Donex impugnó estos requerimientos ante el rechtbank Noord-Holland (Tribunal de Primera Instancia de Holanda Septentrional, Países Bajos) y, posteriormente, interpuso recurso de apelación ante el Gerechtshof Amsterdam (Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Países Bajos). Mediante resolución de 22 de diciembre de 2016, este último tribunal desestimó el recurso de apelación interpuesto ante él rechazando, en particular, las alegaciones mediante las cuales Donex impugnaba la validez del Reglamento controvertido.
Donex interpuso recurso de casación contra la sentencia de apelación ante el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), reiterando sus alegaciones por las que impugnaba la validez del Reglamento controvertido
Dicho órgano jurisdiccional señala que las conclusiones extraídas en el Reglamento controvertido deben entenderse teniendo en cuenta tanto los considerandos de dicho Reglamento como los del Reglamento de Ejecución n.
o
924/2012.
En primer lugar, en lo que respecta a la determinación del margen de dumping, el referido órgano jurisdiccional se pregunta sobre la validez del Reglamento controvertido a la luz del artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base. En su opinión, de los considerandos 97 y 98 del Reglamento controvertido, en relación con el considerando 109 del Reglamento de Ejecución n.
o
924/2012, se desprende que se excluyeron del cálculo del margen de dumping las exportaciones chinas de determinados tipos del producto afectado para los que no existe un tipo de producto equivalente fabricado y vendido por el productor del país análogo. Ahora bien, según él, esa exclusión es incompatible con el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, tal como se desprende de la sentencia de 5 de abril de 2017, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo (
C‑376/15 P y C‑377/15 P
,
EU:C:2017:269
).
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la solución a la que se llegó en la referida sentencia puede trasladarse al presente asunto y si la ilegalidad de que adolece el Reglamento controvertido es lo suficientemente grave como para justificar su anulación.
En segundo lugar, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre la validez del Reglamento controvertido a la luz del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base.
En primer término, el referido órgano jurisdiccional señala que, en la investigación que dio lugar a la adopción del Reglamento de Ejecución n.
o
924/2012, la Comisión se negó a realizar los ajustes solicitados, relacionados con gravámenes a la importación, con impuestos indirectos sobre las materias primas vendidas en el país de referencia, así como con diferencias en los costes de producción, de manera que puede presumirse que el Reglamento controvertido tampoco había tenido en cuenta tales solicitudes de ajuste. Dado que el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre esta cuestión en el asunto que dio lugar a la sentencia de 5 de abril de 2017, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo (
C‑376/15 P y C‑377/15 P
,
EU:C:2017:269
), considera necesario plantear una cuestión prejudicial a este respecto.
En segundo término, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el Reglamento controvertido es inválido debido a que, en el curso de la investigación, la Comisión no proporcionó, a su debido tiempo, a los productores exportadores chinos la información necesaria, en particular las cifras del productor indio relativas a la determinación del valor normal, impidiéndoles de este modo fundamentar sus solicitudes de ajuste.
En el supuesto de que el Tribunal de Justicia considere que el Reglamento controvertido infringe el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, se plantearía también la cuestión de si dicha infracción es lo suficientemente grave como para que proceda declarar la invalidez de dicho Reglamento.
En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Es inválido el Reglamento [controvertido] respecto de un importador domiciliado en la Unión por vulneración del artículo 2, apartado 11, del Reglamento [de base], porque, a los efectos de determinar el margen de dumping para los productos considerados de productores exportadores chinos que no cooperaron en la investigación, el Consejo [de la Unión Europea] excluyó, en la comparación mencionada en la citada disposición, las transacciones de exportación de determinados tipos del producto?
2)
¿Es inválido el Reglamento [controvertido] respecto de un importador domiciliado en la Unión por vulneración del artículo 2, apartado 10, del Reglamento [de base], porque, en el cálculo de la cuantía del margen de dumping para los productos considerados, [el Consejo y la Comisión] rechazaron, a la hora de comparar el valor normal de los productos de un productor indio con los precios de exportación de productos chinos similares, tener en cuenta ajustes relacionados con gravámenes a la importación e impuestos indirectos en el país de referencia, India, y con diferencias en la producción y en los costes de producción, o porque [el Consejo y la Comisión] no proporcionaron (a su debido tiempo), durante la investigación, a los productores exportadores chinos que cooperaron en la misma toda la información del productor indio relativa a la determinación del valor normal?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede analizar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si el Reglamento controvertido es inválido por tres motivos basados, el primero, en la infracción del artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base y, el segundo y el tercero, en la infracción del artículo 2, apartado 10, de este último Reglamento.
Con carácter preliminar, en primer lugar, ha de señalarse que las dudas que alberga el órgano jurisdiccional remitente en cuanto a la validez del Reglamento controvertido se basan, en parte, en una lectura de dicho Reglamento efectuada en relación con el Reglamento de Ejecución n.
o
924/2012, que el Tribunal de Justicia anuló mediante la sentencia de 5 de abril de 2017, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo (
C‑376/15 P y C‑377/15 P
,
EU:C:2017:269
), en la medida en que afectaba a las demandantes en el asunto que dio lugar a dicha sentencia.
A este respecto, se desprende de la cronología de las circunstancias del litigio principal, tal como la ha presentado el órgano jurisdiccional remitente, que los derechos antidumping al tipo del 85 %, a los que se referían los requerimientos de pago objeto del litigio principal, se determinaron de conformidad con el Reglamento controvertido, el único aplicable
ratione temporis
a esas circunstancias.
Pues bien, procede recordar que la apreciación de la validez de un acto, apreciación que debe efectuar el Tribunal de Justicia en el marco de una remisión prejudicial, normalmente debe basarse en la situación que existe en el momento de la adopción de ese acto (sentencias de 17 de julio de 1997, SAM Schiffahrt y Stapf,
C‑248/95 y C‑249/95
,
EU:C:1997:377
, apartado
, y de 1 de octubre de 2009, Gaz de France — Berliner Investissement,
C‑247/08
,
EU:C:2009:600
, apartado
).
Por consiguiente, ni la adopción del Reglamento de Ejecución n.
o
924/2012 ni su anulación parcial por la sentencia de 5 de abril de 2017, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo (
C‑376/15 P y C‑377/15 P
,
EU:C:2017:269
), pueden tener incidencia sobre la validez del Reglamento controvertido, puesto que esas dos circunstancias sobrevinieron después de adoptarse el referido Reglamento.
En segundo lugar, en la medida en que las partes del litigio principal y los demás interesados enunciados en el artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia han abordado la cuestión de la incidencia de los informes de 2011 y 2016 sobre la validez del Reglamento controvertido, procede recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que la validez de dicho Reglamento no puede apreciarse a la luz de los informes de 2011.
En efecto, el Tribunal de Justicia únicamente ha reconocido en dos supuestos excepcionales, relacionados con la voluntad del legislador de la Unión de limitar él mismo su margen de maniobra en la aplicación de las normas de la OMC, que corresponde al juez de la Unión controlar en su caso la legalidad de un acto del Derecho de la Unión con arreglo a los acuerdos de la OMC o a una resolución del OSD que declare el incumplimiento de dichos acuerdos. Se trata, en primer lugar, del supuesto en que la Unión haya pretendido cumplir una obligación concreta asumida en el marco de esos acuerdos y, en segundo lugar, del supuesto en que el acto del Derecho de la Unión de que se trate se remita expresamente a disposiciones específicas de esos mismos acuerdos (sentencia de 18 de octubre de 2018, Rotho Blaas,
C‑207/17
,
EU:C:2018:840
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
Ahora bien, procede señalar que el Reglamento controvertido no remite expresamente a disposiciones del Derecho de la OMC ni indica que, al adoptar ese Reglamento, el Consejo hubiese pretendido cumplir una obligación concreta asumida en ese marco. Además, los informes de 2011 son posteriores a dicho Reglamento y no pueden, por tanto, constituir su fundamento jurídico (sentencia de 18 de octubre de 2018, Rotho Blaas,
C‑207/17
,
EU:C:2018:840
, apartado
).
Por estas mismas razones, la validez del Reglamento controvertido tampoco puede apreciarse a la luz de los informes de 2016.
Una vez formuladas estas precisiones preliminares, procede examinar sucesivamente los tres motivos de invalidez invocados por el órgano jurisdiccional remitente.
En primer lugar, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si el Reglamento controvertido es contrario al artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, en la medida en que, a efectos de determinar el margen de dumping para los productores exportadores chinos que no cooperaron, el Consejo excluyó de la comparación mencionada en la citada disposición las transacciones de exportación de determinados tipos del producto afectado.
Procede recordar que el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base prevé dos métodos de comparación del valor normal y del precio de exportación para calcular el margen de dumping. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cualquiera que sea el método de comparación elegido, el Consejo y la Comisión (en lo sucesivo, conjuntamente, «instituciones de la Unión») están obligados, a los efectos de dicho cálculo, a tener en cuenta el conjunto de las transacciones de exportación hacia la Unión relativas al producto a que se refiere la investigación, tal como se definió al iniciarse la investigación, por lo que no cabe excluir transacciones de exportación hacia la Unión relativas a determinados tipos de ese producto (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de abril de 2017, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo,
C‑376/15 P y C‑377/15 P
,
EU:C:2017:269
, apartados
,
,
y
).
En el presente asunto, contrariamente a la premisa en que se basa el primer motivo de invalidez, no se desprende de ningún considerando del Reglamento controvertido ni de ningún elemento obrante en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia que, para adoptar dicho Reglamento y, más concretamente, al realizar la comparación del valor normal y del precio de exportación a los efectos de calcular el margen de dumping, las instituciones de la Unión hubiesen excluido transacciones de exportación relativas a determinados tipos del producto considerado.
Al contrario, primeramente, tanto los considerandos 56 y 57 como el considerando 102 del Reglamento controvertido sugieren que las instituciones de la Unión tuvieron efectivamente en cuenta todas las transacciones de exportación relativas al producto afectado al comparar el valor normal y el precio de exportación. En efecto, según los considerandos 56 y 57 de ese Reglamento, la investigación que condujo a la adopción de dicho Reglamento puso de relieve que los elementos de fijación tanto especiales como estándar se fabricaban y vendían en la India y que los elementos de fijación producidos y vendidos por los productores exportadores chinos y los producidos y vendidos en el mercado interior de la India poseían las mismas características físicas y técnicas esenciales y que eran similares. Por lo que respecta al considerando 102 de dicho Reglamento, establece una distinción entre los tipos estándar y los tipos especiales de elementos de fijación.
De los considerandos 97 y 98 del Reglamento controvertido, que el órgano jurisdiccional remitente menciona específicamente en la fundamentación de su petición de decisión prejudicial, no cabe extraer ninguna conclusión distinta. En efecto, esos considerandos se limitan a exponer, en respuesta a una alegación formulada durante la investigación, que el productor indio vendía tipos de elementos de fijación comparables a los exportados por los productores exportadores chinos y que, para garantizar la comparabilidad de los precios, se efectuaron los ajustes apropiados en el valor normal.
En este contexto, si bien, como señala el órgano jurisdiccional remitente, las instituciones de la Unión efectuaron ajustes en el valor normal para garantizar la comparabilidad de los precios, esta circunstancia no significa en absoluto que hubieran excluido las transacciones relativas a determinados tipos del producto afectado al comparar el valor normal y el precio de exportación. En efecto, la comparabilidad de los precios no se tiene en cuenta al aplicar el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, sino al aplicar el artículo 2, apartado 10, de dicho Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de abril de 2017, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo,
C‑376/15 P y C‑377/15 P
,
EU:C:2017:269
, apartado
).
Seguidamente, procede añadir que, en respuesta a una petición del Tribunal de Justicia, la Comisión presentó ante él los detalles del cálculo del margen de dumping para los productores exportadores chinos que no cooperaron, acompañados de explicaciones relativas a dicho cálculo. Del análisis de tales elementos resulta que las instituciones de la Unión tuvieron sistemáticamente en cuenta todas las transacciones de exportación del producto afectado a los efectos de dicho cálculo.
Por lo tanto, no cabe reprochar a las instituciones de la Unión que, al realizar la comparación prevista en el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, excluyeran, a los efectos de calcular, en el Reglamento controvertido, el margen de dumping para los productores exportadores chinos que no cooperaron, transacciones relativas a determinados tipos del producto afectado.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el Reglamento controvertido es contrario al artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, porque, en el cálculo de la cuantía del margen de dumping para los productos considerados, las instituciones de la Unión rechazaron, a la hora de comparar el valor normal de los productos del productor indio y los precios de exportación de los productos chinos similares, tener en cuenta ajustes relacionados con gravámenes a la importación e impuestos indirectos en la India, así como con diferencias en la producción y en los costes de producción.
A este respecto, procede recordar que el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base prevé que, cuando el valor normal y el precio de exportación no puedan ser comparados de manera ecuánime, se harán ajustes para tener en cuenta diferencias en factores que se alegue y demuestre que influyan en los precios.
Además, ha de recordarse que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, si una parte, basándose en el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, solicita determinados ajustes para conseguir que el valor normal y el precio de exportación resulten comparables con vistas a determinar el margen de dumping, dicha parte debe demostrar que su solicitud está justificada (véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de mayo de 1987, Nachi Fujikoshi/Consejo,
255/84
,
EU:C:1987:203
, apartado
, y de 16 de febrero de 2012, Consejo y Comisión/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP,
C‑191/09 P y C‑200/09 P
,
EU:C:2012:78
, apartado
).
En el presente asunto, se desprende de los considerandos 101 a 104 del Reglamento controvertido que las instituciones de la Unión efectuaron determinados ajustes a fin de realizar una comparación ecuánime del valor normal y de los precios de exportación.
En cambio, no parece que se solicitara a las instituciones de la Unión que efectuaran ajustes relacionados con gravámenes a la importación e impuestos indirectos en la India, o con diferencias en la producción y en los costes de producción.
Esta última circunstancia es corroborada por el análisis del conjunto de las observaciones que la Comisión recibió de las partes interesadas durante la investigación a raíz del envío del documento de información a todas esas partes. En efecto, las referidas observaciones, que la Comisión aportó en el presente asunto a petición del Tribunal de Justicia, no se refieren a ninguna solicitud de realizar ajustes como los enunciados en el apartado anterior de la presente sentencia.
Por lo tanto, a falta de toda solicitud de que se realizaran ajustes como los mencionados en el apartado 62 de la presente sentencia y a falta de todo elemento que demuestre la procedencia de tales ajustes, no cabe reprochar a las instituciones de la Unión no haberlos efectuado en el Reglamento controvertido. En estas circunstancias, no es necesario determinar, habida cuenta de los debates mantenidos en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, si, y en su caso en qué circunstancias, un importador como Donex puede invocar, ante un órgano jurisdiccional nacional, una supuesta omisión, por parte de dichas instituciones, de realizar tales ajustes.
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el Reglamento controvertido infringe el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, debido a que, en la investigación que dio lugar a la adopción del primer Reglamento, las instituciones de la Unión no proporcionaron, o no proporcionaron a su debido tiempo, a los productores exportadores chinos que cooperaron, todas las cifras del productor indio relativas a la determinación del valor normal.
A este respecto, se desprende de la motivación de la petición de decisión prejudicial que dicho órgano jurisdiccional considera que, al no haber entregado, al menos a su debido tiempo, esas cifras a los productores exportadores chinos, las instituciones de la Unión impidieron a estos fundamentar sólidamente sus solicitudes de ajuste. Asimismo, Donex alega en sus observaciones escritas presentadas ante el Tribunal de Justicia que esta entrega extemporánea impidió a los referidos productores exportadores ejercer adecuadamente su derecho a solicitar ajustes y fundamentar sus solicitudes a estos efectos.
Con independencia de si el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base obliga a las instituciones de la Unión a entregar a las partes interesadas información relativa a la determinación del valor normal sobre la base de los precios del productor del país análogo, resulta que, como observan acertadamente las instituciones de la Unión y señaló el Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, el tercer motivo de invalidez equivale sustancialmente a reprochar a dichas instituciones haber vulnerado el derecho de defensa de los productores exportadores chinos que ejercitaron sus derechos procedimentales en el curso de la investigación que condujo a la adopción del Reglamento controvertido.
Ahora bien, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que una sociedad que no ha participado en un procedimiento de investigación de dumping ni está vinculada a ningún productor exportador del país al que se refiere la investigación no puede invocar, por sí misma, el derecho de defensa en un procedimiento en el que no ha participado (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland,
C‑687/13
,
EU:C:2015:573
, apartado
).
Como señaló, en esencia, el Abogado General en el punto 60 de sus conclusiones, lo mismo puede decirse, con mayor motivo, cuando tal sociedad pretenda invocar una vulneración del derecho de defensa de los productores exportadores del país al que se refiere la investigación, a los que no está vinculada de ningún modo.
En efecto, como señaló el Abogado General en el punto 57 de sus conclusiones, en el sistema del procedimiento antidumping, el Reglamento de base confiere a algunos sujetos interesados derechos y garantías procedimentales cuyo ejercicio, no obstante, depende de su participación activa en el propio procedimiento que debe ejercerse, cuando menos, mediante la presentación de una solicitud escrita dentro de plazos determinados.
En el presente asunto, se desprende de los elementos que obran en los autos de que dispone el Tribunal de Justicia, por una parte, que ni Donex ni sus proveedores participaron en el procedimiento de investigación que dio lugar a la adopción del Reglamento controvertido y, por otra, que Donex no parece estar vinculada con productores exportadores chinos que hayan participado en él. Por lo tanto, como señaló el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, la referida sociedad no puede invocar una eventual vulneración del derecho de defensa de estos últimos.
Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que el tercer motivo de invalidez se base, formalmente, en una infracción del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base debido a que la comparación ecuánime del valor normal y del precio de exportación adolezca de un error. El eventual error del que adolecería dicha comparación únicamente sería, en efecto, la posible consecuencia de la omisión alegada de comunicar, al menos a su debido tiempo, de determinada información a los productores exportadores chinos. Pues bien, como ya se ha señalado en el apartado 67 de la presente sentencia, esta última omisión, de demostrarse, constituiría una vulneración del derecho de defensa de estos últimos.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el examen de estas no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento controvertido.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

El examen de las cuestiones prejudiciales no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez del Reglamento (CE) n.
o
91/2009 del Consejo, de 26 de enero de 2009, por el que se impone un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.