CELEX: 62021CJ0719
Recurso de casación
Competencia
Prácticas colusorias
Artículo 101 TFUE
Denuncia ante la Comisión Europea
Decisión de la Comisión por la que se desestima la denuncia
Recurso de anulación
Plazo para presentar un escrito de contestación

Mediante su recurso de casación, el Sr. Frédéric Jouvin solicita al Tribunal de Justicia que anule el auto del Tribunal General de 26 de abril de 2021, Jouvin/Comisión (T‑472/20 y T‑472/20 AJ II, no publicado; en lo sucesivo, «auto recurrido», EU:T:2021:215), por el que este desestimó por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno su recurso de anulación de la decisión C(2020) 3503 final de la Comisión, de 28 de mayo de 2020, que desestima su denuncia relativa a supuestas infracciones del artículo  101 TFUE (en lo sucesivo, «decisión controvertida»).

Marco jurídico

Reglamento (CE)
n.º 7
73/200
El artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (DO 2004, L 123, p. 18), titulado «Desestimación de denuncias», dispone:
«1.      Cuando la Comisión considere que, sobre la base de la información que obra en su poder, no hay motivos suficientes para instruir una denuncia, informará al denunciante de sus razones y fijará un plazo en el que este podrá formular sus observaciones por escrito. La Comisión no estará obligada a tener en cuenta otras alegaciones recibidas después de la expiración de dicho plazo.
2.      Si el denunciante formula sus observaciones dentro del plazo fijado por la Comisión y las alegaciones presentadas por escrito no alteran la evaluación inicial de la denuncia, la Comisión desestimará la denuncia mediante decisión.
[…]»

Directrices relativas a los acuerdos de cooperación horizonta
l
El capítulo  7 de las Directrices de la Comisión sobre la aplicabilidad del artículo  101 TFUE a los acuerdos de cooperación horizontal (DO 2011, C 11, p. 1) (en lo sucesivo, «Directrices relativas a los acuerdos de cooperación horizontal») se refiere a los «acuerdos de estandarización». Este capítulo contiene, en particular, los puntos  280 a 286 de dichas Directrices, que establecen las condiciones en virtud de las cuales los acuerdos de estandarización que entrañan un riesgo de crear poder de mercado no entrarán por lo general en el ámbito de aplicación del artículo  101 TFUE, apartado 1.

Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justici
a
A tenor del artículo 51 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, titulado «Plazo por razón de la distancia»:
«Los plazos procesales se ampliarán, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.»
El artículo  172 de dicho Reglamento de Procedimiento, titulado «Partes autorizadas a presentar un escrito de contestación», dispone:
«Todas las partes en el asunto de que se trate ante el Tribunal General que tengan interés en la estimación o en la desestimación del recurso de casación podrán presentar un escrito de contestación dentro de un plazo de dos meses a partir de la notificación del recurso. No se concederá ninguna prórroga del plazo de contestación.»

Antecedentes del litigio y decisión controvertida
El Tribunal General resumió los antecedentes del litigio en los apartados 1 a 12 del auto recurrido en los siguientes términos:
«1      El demandante […] registró patentes relativas a la recogida y distribución de paquetes en varios países, así como a escala [europea] el 27 de junio de 2001, y presentó un proyecto denominado Ripost, que utilizaba dichas patentes, al grupo La Poste el 31 de enero de 2003.
2      El 12 de marzo de 2017, el demandante presentó una denuncia relativa a una infracción del artículo  102 TFUE por parte del grupo La Poste, por considerar que este grupo, que presta servicios postales en Francia, infringe las patentes del demandante relativas a la recogida y distribución de paquetes.
3      En un escrito de 31 de marzo de 2017, la Comisión indicó, en esencia, que el comportamiento del grupo La Poste, suponiendo que se acreditara, parecía constituir una infracción de patentes más que un abuso de posición dominante con arreglo al artículo  102 TFUE y que, por esta razón, el escrito del demandante no sería objeto de un examen más profundo por su parte.
4      El 4 de octubre de 2017, el demandante remitió a la Comisión un escrito en el que reformulaba su denuncia sobre la base del artículo  101 TFUE, relativo a un cartel transnacional integrado por operadores postales, fabricantes de máquinas y programas informáticos de franqueo y equipos de clasificación postal, clientes de comercio electrónico como Amazon y organismos internacionales de determinación de estándares […].
5      El 29 de noviembre de 2017 tuvo lugar una conferencia telefónica con la Comisión.
6      Los días 1, 12 y 13 de diciembre de 2017, 22 de enero, 15 de mayo y 20 de noviembre de 2018 y 22 de febrero de 2019, el demandante envió a la Comisión escritos en los que indicaba que trabajaba en una tercera versión de su denuncia.
7      El 5 de abril de 2019, el demandante dirigió a la Comisión un escrito aportando nuevos elementos.
8      Mediante escrito de 30 de julio de 2019, la Comisión informó al demandante de que no había motivos suficientes para instruir su denuncia.
9      El 14 de septiembre de 2019, el demandante remitió a la Comisión observaciones que modificaban el alcance de su denuncia, indicando que desistía de sus alegaciones relativas a abusos de posición dominante por parte del grupo La Poste, Amazon y determinados operadores postales, y mantenía únicamente las alegaciones de infracción del artículo  101 TFUE.
10      La denuncia comprendía cuatro alegaciones de infracción del artículo  101 TFUE, a saber, la violación delictiva de la totalidad de las patentes del demandante; la ruptura abusiva de negociaciones por parte de las empresas del cartel, a las que el demandante intentó en vano conceder licencias de explotación de sus patentes; el boicot colectivo de sus patentes a través de acciones concertadas de violación  delictiva, de rupturas abusivas de negociaciones y otras acciones concertadas ilegales y, por último, el establecimiento de normas por parte de organismos internacionales que supuestamente infringen las patentes del demandante.
11      El 28 de mayo de 2020, la Comisión adoptó la decisión [controvertida].
12      Según la decisión [controvertida], la desestimación de la denuncia se debía a que la probabilidad de demostrar la existencia de una infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia parecía limitada en el caso de autos. Esta conclusión estaba basada en dos consideraciones principales. La Comisión estimó que el problema planteado no era un problema comprendido en el ámbito del Derecho de la competencia. Por otro lado, consideró que la información aportada no le permitía inferir o tan siquiera fundamentar sospechas razonables de la existencia de colusión entre las empresas afectadas.»

Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 15 de octubre de 2020, el recurrente interpuso recurso de anulación de la decisión controvertida.
Para fundamentar su recurso, el recurrente invocó cinco motivos. Estos motivos se basaban, respectivamente, en la apreciación manifiestamente errónea del interés de la Unión por parte de la Comisión, en la falta de examen diligente e imparcial de la denuncia del recurrente por parte de la Comisión, en la desviación de poder en que supuestamente incurrió la Comisión al encontrarse en una situación de conflicto de intereses y al utilizar maniobras dilatorias con respecto al recurrente y sus pretensiones, en un error de Derecho derivado de que la Comisión no estimó que existiera una discriminación en el acceso al proceso de elaboración de las normas, así como al resultado y a las actas de esos procesos, y, por último, en un error de Derecho como consecuencia de que la Comisión no considerase que se había infringido el artículo  101 TFUE, apartado 1.
El Tribunal General desestimó todos estos motivos por ser manifiestamente infundados.

Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
El recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule el auto recurrido.
–        Estime las pretensiones formuladas en primera instancia y devuelva el expediente a la Comisión.
–        Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita que se desestime el recurso de casación y se condene en costas al recurrente.

Sobre el recurso de casación

Sobre la excepción de inadmisibilidad basada en la extemporaneidad del escrito de contestación de la Comisió
n
En su réplica, el recurrente alega la inadmisibilidad del escrito de contestación de la Comisión, basado en la extemporaneidad de su presentación. Señala que dicho escrito se presentó el 22 de febrero de 2022, más de 2 meses después del 25 de noviembre de 2021, fecha de interposición del recurso de casación. En consecuencia, considera que el escrito de contestación debe declararse inadmisible, ya que la Comisión no ha aportado la prueba de la fecha en la que se le notificó el recurso de casación.
La Comisión solicita que se desestime esta excepción.
Con arreglo al artículo 172 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, todas las partes en el asunto de que se trate ante el Tribunal General que tengan interés en la estimación o en la desestimación del recurso de casación podrán presentar un escrito de contestación dentro de un plazo de dos meses «a partir de la notificación del recurso». De conformidad con el artículo  51 del mismo Reglamento de Procedimiento, dicho plazo procesal se ampliará, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días. Por consiguiente, el plazo en el que deberá presentarse el escrito de contestación es de dos meses y diez días a partir de la notificación del recurso de casación.
En el caso de autos, como se desprende de las observaciones escritas de la Comisión, el recurso de casación le fue notificado el 13 de diciembre de 2021. Por consiguiente, el plazo de presentación del escrito de contestación de dos meses y diez días, que empezaba a correr a partir de esa fecha, expiraba el 23 de febrero de 2022.
Dado que el escrito de contestación de la Comisión fue presentado el 22 de febrero de 2022, procede desestimar la excepción de inadmisibilidad basada en su extemporaneidad.

Sobre el fond
o
En apoyo de su recurso de casación, el recurrente invoca tres motivos. El primer motivo se basa, en esencia, en la calificación errónea de los hechos, en un error de Derecho sobre el nivel de prueba exigido y en la desnaturalización de las pruebas, así como en el incumplimiento de la obligación de motivación en cuanto a la apreciación del Tribunal General relativa al número de presuntos infractores. El segundo motivo se basa, en esencia, en la desnaturalización de las pruebas relativas al reparto de los mercados alegado. El tercer motivo se basa, en esencia, en un error de Derecho y en el incumplimiento de la obligación de motivación en cuanto a la calificación de las alegaciones del recurrente relativas a los acuerdos de estandarización.

Sobre el primer motivo de casación, basado, en esencia, en la calificación errónea de los hechos, en un error de Derecho sobre el nivel de prueba exigido y en la desnaturalización de las pruebas, así como en el incumplimiento de la obligación de motivación en cuanto a la apreciación del Tribunal General relativa al número de presuntos infractores
–
Alegaciones de las partes
Mediante el primer motivo de casación, el recurrente sostiene, en primer lugar, que el Tribunal General declaró erróneamente, en el apartado  37 del auto recurrido, que no había demostrado que la Comisión hubiera incurrido en error manifiesto de apreciación al desestimar sus alegaciones relativas a la existencia de colusión entre empresas. Sostiene que formuló en primera instancia una alegación basada en que la Comisión había apreciado de manera manifiestamente errónea el interés de la Unión al no considerar que la colusión se había constituido y al no haber estimado que dicha colusión había permitido el establecimiento de una norma internacional vulnerando los derechos de propiedad intelectual del recurrente.
El recurrente añade, en su réplica, que, contrariamente a lo que expone la Comisión en su escrito de contestación, el incumplimiento, por los participantes en el proceso de determinación del estándar, de las obligaciones de declaración de sus derechos de propiedad intelectual y de los eventuales derechos de terceros, entre ellos, en el presente asunto, las patentes del recurrente, no constituye una omisión individual de cada empresa afectada, sino una coordinación contraria a la competencia entre esas empresas. A su juicio, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al estimar, en el apartado  38 del auto recurrido, que la Comisión podía considerar fundadamente que era imposible inferir de los elementos aportados por el recurrente que existían «sospechas razonables» de colusión entre las empresas denunciadas.
En segundo lugar, el recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho e incumplió la obligación de motivar su decisión al exigirle, en el apartado  38 de dicho auto, que demostrase que el muy elevado número de infractores podía cuestionar la apreciación de la Comisión sobre la inexistencia de pruebas de colusión entre las empresas denunciadas.
Según el recurrente, la existencia de un número muy elevado de infractores no permite cuestionar esa apreciación, sino que únicamente demuestra que es materialmente imposible incoar procedimientos contra cada supuesto infractor. Afirma que, por lo tanto, la existencia de un número muy elevado de infractores no tiene por objeto reforzar la prueba de dicha colusión, que, por otra parte, ya había sido demostrada durante el procedimiento administrativo y reiterada en la demanda presentada en primera instancia. Así, a juicio del recurrente, la motivación aportada por el Tribunal General en el apartado  38 del auto recurrido carece de objeto, ya que él no basa la demostración de la colusión en el hecho de que exista un número elevado de supuestos infractores, sino en que varias empresas participantes en el proceso de determinación de estándares estaban informadas de la existencia de su cartera de patentes antes del inicio de dicho proceso y en que incumplieron su obligación de declaración. En consecuencia, considera que la referencia al número muy elevado de infractores desnaturaliza las pruebas que se han puesto en conocimiento de este.
La Comisión sostiene que el primer motivo de casación es inadmisible en la medida en que el recurrente alega la desnaturalización de las pruebas o de los hechos e inoperante o manifiestamente infundado en relación con las demás alegaciones formuladas por él.
–
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que el primer motivo del recurso interpuesto ante el Tribunal General se basaba en la apreciación manifiestamente errónea del interés de la Unión por parte de la Comisión. Mediante este motivo, el recurrente sostenía que dicha institución subestimó la importancia y la gravedad de la infracción alegada del artículo  101 TFUE.
A tal respecto, hay que señalar que, tras recordar, en los apartados  30 a 34 del auto recurrido, las competencias de la Comisión en la tramitación de las denuncias que se le presentan y el papel del denunciante, el Tribunal General rechazó la argumentación del recurrente, en los apartados  36 a 38 de dicho auto, en los siguientes términos:
«36      […], debe señalarse que la Comisión indicó, en los considerandos 36, 40, 43 y 46 de la decisión [controvertida], que la información aportada por el demandante no le permitía inferir o tan siquiera fundamentar sospechas razonables de la existencia de colusión entre las empresas afectadas. Asimismo, estimó, en esencia en los considerandos 36, 39 y 46 de la decisión [controvertida], que los comportamientos denunciados estaban comprendidos en el ámbito del Derecho de la propiedad intelectual y no del Derecho de la competencia, en el sentido de que los derechos de propiedad intelectual del demandante no se habían tenido en cuenta al establecer la citada norma. Precisamente por esta razón la Comisión motivó su conclusión de que la probabilidad de demostrar la existencia de una infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia parecía limitada en el caso de autos y, de ese modo, motivó su negativa a proseguir el examen de la denuncia del demandante.
37      Por tanto, y al no haber demostrado el demandante que tal conclusión procedía de un error manifiesto de apreciación por parte de la Comisión, esta declaró acertadamente que la Unión no tenía un interés suficiente en proseguir el examen de los hechos denunciados por el demandante.
38      El hecho alegado por el demandante de que la práctica denunciada afectaba a un número muy elevado de supuestos infractores no desvirtúa dicha conclusión, puesto que este no ha demostrado que ese extremo, de suponerlo acreditado, cuestione la constatación realizada por la Comisión sobre la falta de prueba de colusión entre las empresas denunciadas o sobre el hecho de que los comportamientos denunciados se derivaban ante todo del derecho de propiedad intelectual.»
De los apartados  36 y 37 del auto recurrido se desprende que el Tribunal General examinó, de conformidad con la jurisprudencia mencionada en los apartados  30 a 34 de dicho auto, si la Comisión había ejercido su facultad discrecional de tramitar las denuncias ponderando, en particular, la naturaleza de la supuesta infracción, la probabilidad de poder demostrar su existencia y el interés de la Unión.
En primer lugar, procede señalar que, mediante su argumentación dirigida contra los apartados  36 y 37 del auto recurrido, el recurrente no invoca un error de Derecho que vicie el razonamiento seguido por el Tribunal General, sino que pretende, en realidad, que el Tribunal de Justicia realice una nueva apreciación de las pruebas, pidiéndole que declare que el Tribunal General «no podía […] incluir», so pena de incurrir en el «mismo error» que la Comisión, la apreciación de los elementos fácticos referidos a la falta de prueba de la existencia de colusión entre las empresas denunciadas por el recurrente que llevó a la Comisión a adoptar la decisión controvertida.
Pues bien, tal argumentación es inadmisible. En efecto, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal General es exclusivamente competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en los autos, y para apreciar las pruebas admitidas. La determinación de los hechos y la apreciación de las pruebas no constituyen, pues, salvo en el caso de que se desnaturalicen, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (sentencias de 20 de septiembre de 2018, Agria Polska y otros/Comisión, C‑373/17 P, EU:C:2018:756, apartado  32, y de 30 de junio de 2022, Fakro/Comisión, C‑149/21 P, no publicada, EU:C:2022:517, apartado  45), ya que el Tribunal de Justicia no es competente, en el marco del recurso de casación, para proceder a un nuevo examen de los hechos y de las pruebas.
Además, el hecho de que el recurrente «formulara» ante el Tribunal General un motivo basado en el error manifiesto de apreciación no basta, evidentemente, para sustentar su alegación de que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado  37 del auto recurrido, que el recurrente no había «demostrado» que la conclusión a la que llegó la Comisión en la decisión controvertida procediese de un error manifiesto de apreciación.
En segundo lugar, en cuanto a la argumentación del recurrente referida al apartado 38 del auto recurrido, procede recordar, en primer término, respecto al incumplimiento alegado de la obligación de motivación por el Tribunal General, que dicha obligación, que constituye un requisito sustancial, debe distinguirse del fundamento de la motivación, que pertenece, por su parte, al ámbito de la legalidad de fondo del acto controvertido (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de noviembre de 2016, Comisión/Francia y Orange, C‑486/15 P, EU:C:2016:912, apartado 79, y de 30 de junio de 2022, Fakro/Comisión, C‑149/21 P, no publicada, EU:C:2022:517, apartado 180).
Pues bien, la alegación formulada por el recurrente de que la motivación expuesta por el Tribunal General en el apartado  38 del auto recurrido «carece de objeto» no se refiere a la falta o la insuficiencia de motivación, sino a si dicha motivación es adecuada o fundada.
En segundo término, en cuanto a la alegación del recurrente dirigida contra la procedencia de la apreciación que figura en ese apartado del auto recurrido, es preciso observar que se basa en una lectura errónea de dicho auto.
Es cierto que, en el apartado  38 del citado auto, el Tribunal General señaló que el recurrente no había demostrado que el muy elevado número de supuestos infractores, de estar acreditado, cuestionaría la apreciación de la Comisión en cuanto a la falta de interés suficiente de la Unión en proseguir el examen de los hechos denunciados por este. Sin embargo, de los apartados  36 y 37 de ese mismo auto, respecto de los cuales el recurrente no ha demostrado que adolezcan de error de Derecho, se desprende que el Tribunal General no se basó en el número de infractores para confirmar esta apreciación de la Comisión, sino en el hecho de que los comportamientos denunciados por el recurrente pertenecen al ámbito del Derecho de la propiedad intelectual y no al del Derecho de la competencia.
Además, al no haber demostrado el recurrente, mediante su argumentación a tal respecto, que el Tribunal haya desnaturalizado las pruebas, esta no puede sino desestimarse.
Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo de casación por ser, en parte, inadmisible y, en parte, infundado.

Sobre el segundo motivo de casación, basado, en esencia, en la desnaturalización de las pruebas relativas al reparto de mercados alegado
–
Alegaciones de las partes
Mediante su segundo motivo de casación, el recurrente sostiene que el Tribunal General, en el apartado  41 del auto recurrido, incurrió en error de hecho al señalar que no había formulado alegaciones relativas al reparto de mercados en el procedimiento administrativo. Pues bien, el recurrente afirma haber alegado efectivamente, mediante escrito de 15 de mayo de 2018, la existencia de tal reparto de mercados durante ese procedimiento, que tenía por objeto completar las dos denuncias ya efectuadas. Sostiene que el Tribunal General no tomó en consideración dicho escrito, pese a que también se había adjuntado al recurso en primera instancia. Así, a juicio del recurrente, la apreciación por el Tribunal General de las pruebas puestas en su conocimiento fue errónea, al no haber apreciado el contenido real de una de ellas, lo que tuvo como efecto que las desnaturalizara e incumpliera la obligación de motivación. El recurrente considera que, en consecuencia, el Tribunal General declaró erróneamente, en el apartado  42 del auto recurrido, que no cabía reprochar a la Comisión que no hubiese tenido en cuenta dicho correo al adoptar la decisión controvertida.
La Comisión replica que este motivo de casación debe desestimarse por ser, bien inadmisible, bien manifiestamente infundado.
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Apreciación del Tribunal de Justicia
Hay que recordar que, mediante el primer motivo de su recurso de anulación, el recurrente alegaba que los operadores postales se habían repartido el mercado de que se trata al optar por ofrecer la tecnología patentada no en ventanilla, es decir, con destino al público, sino únicamente a los comerciantes
on line
.
El Tribunal General desestimó esta argumentación, en los apartados 41 y 42 del auto recurrido, en los siguientes términos:
«41      […] procede señalar que de los escritos del demandante de 4 de octubre de 2017 y 14 de septiembre de 2019, así como de los considerandos 12 y 24 de la decisión [controvertida], se desprende que las alegaciones del demandante relativas a un reparto de mercados no se formularon en el procedimiento administrativo.
42      Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado  34 [del auto recurrido], no puede reprocharse a la Comisión que no analizase esas alegaciones en la decisión [controvertida]».
Como resulta de la jurisprudencia recordada en el apartado  27 de la presente sentencia, la determinación de los hechos y la apreciación de las pruebas efectuadas por el Tribunal General no constituyen, salvo en caso de desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en la fase de casación.
En el caso de autos, aunque el recurrente se refiera formalmente al incumplimiento de la obligación de motivación y a la desnaturalización o la inexactitud material de las constataciones efectuadas por el Tribunal General en el apartado  41 del auto recurrido, su argumentación solo parece tener por objeto, como se desprende del apartado  35 de la presente sentencia, que se declare la desnaturalización de las pruebas. Sin embargo, el desarrollo de esta argumentación pretende en realidad hacer valer, en la fase de casación, una apreciación del «contenido real» del escrito de 15 de mayo de 2018 y obtener un examen del valor probatorio de este, en relación con las pruebas examinadas por el Tribunal General y mencionadas en ese mismo apartado del auto recurrido.
Pues bien, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (sentencia de 6 de noviembre de 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Comisión, Comisión/Scuola Elementare Maria Montessori y Comisión/Ferracci, C‑622/16 P a C‑624/16 P, EU:C:2018:873, apartado  86 y jurisprudencia citada), lo que no sucede en el presente asunto.
Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad del segundo motivo de casación.

Sobre el tercer motivo de casación, basado, en esencia, en un error de Derecho y en el incumplimiento de la obligación de motivación en cuanto a la calificación de las alegaciones del recurrente relativas a los acuerdos de estandarización
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Alegaciones de las partes
Mediante su tercer motivo de casación, el recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al determinar el contenido de una prueba cuando desestimó, en los apartados  87 y 88 del auto recurrido, los motivos cuarto y quinto de su recurso de anulación debido a que el recurrente le solicitaba, en esencia, que declarase la existencia de una infracción de las normas sobre competencia, sin formular ninguna alegación dirigida a demostrar que la decisión controvertida adolecía de error de Derecho, de error manifiesto de apreciación o de desviación de poder.
De entrada, el recurrente sostiene que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, no le solicitaba que declarase directamente la infracción del artículo  101 TFUE. Afirma que, en cambio, demostró que si la Comisión hubiera apreciado correctamente las pruebas que se le presentaron durante el procedimiento administrativo no habría podido sino constatar la existencia de colusión entre las empresas denunciadas y, por consiguiente, la infracción del artículo 101 TFUE. A este respecto, el recurrente recuerda que los motivos cuarto y quinto de su recurso de anulación únicamente constituían «un desarrollo y una precisión de los hechos ya presentados durante el procedimiento administrativo».
A continuación, el recurrente alega que el Tribunal General, al haber expuesto, en el apartado  83 del auto recurrido, que el recurrente, mediante sus motivos cuarto y quinto, «desarroll[aba] su teoría del carácter contrario a la competencia del acuerdo de estandarización [Global Standards 1] y del comportamiento de sus miembros, sin formular ninguna alegación referida específicamente a la decisión [controvertida]», incumplió la obligación de motivar sus decisiones. El recurrente sostiene que, sin embargo, del conjunto de su argumentación ante el Tribunal General, en particular del título de su cuarto motivo, se desprende que pretendía demostrar que la Comisión había incurrido en error de Derecho al no haber señalado que había sufrido una discriminación en el acceso al proceso de elaboración de las normas, así como a los resultados y a las actas de dichos procesos.
Por último, por lo que se refiere a la desestimación del quinto motivo, el recurrente alega que el Tribunal General, al declarar, tras haber examinado las pruebas aportadas por el recurrente, que la Comisión estaba facultada para adoptar la decisión controvertida, también incurrió en error de Derecho e incumplió la obligación de motivar sus decisiones. Precisa que, mediante este quinto motivo de casación, se limitó a exponer las pruebas que debían permitir a la Comisión llevar a cabo la apreciación mencionada en el considerando 42 de la decisión controvertida, a efectos de determinar si el acuerdo de que se trata estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo  101 TFUE, apartado  1, y, de ser así, si se cumplían los requisitos del artículo  101 TFUE, apartado  3. Añade que, en este motivo, realizó una apreciación
in extenso
de los requisitos de aplicación del artículo  101 TFUE a los acuerdos de estandarización para demostrar que la Comisión no podía desestimar su denuncia.
La Comisión sostiene que debe desestimarse por infundado el tercer motivo de casación.
–
Apreciación del Tribunal de Justicia
Ante todo, procede recordar que los motivos cuarto y quinto de su recurso de anulación se basaban, respectivamente, en un error de Derecho derivado de que la Comisión no había estimado que existiese discriminación en el acceso al proceso de elaboración de las normas, así como al resultado y a las actas de dichos procesos, y en un error de Derecho debido a que la Comisión no había considerado que se hubiera infringido el artículo  101 TFUE.
Más concretamente, el recurrente alegaba que se le había impedido acceder al proceso de estandarización, en particular ante el organismo de determinación de estándares Global Standards 1 (en lo sucesivo, «GS 1»), y que los supuestos infractores habían incumplido sus obligaciones derivadas de las Directrices relativas a los acuerdos de cooperación horizontal y le habían denegado el acceso al resultado del proceso de estandarización en el mercado del envío y del seguimiento de paquetes en la Unión, lo que es incompatible, en su opinión, con el artículo  101 TFUE, apartado 1.
El Tribunal General desestimó esta argumentación, en los apartados 83 a 87 del auto recurrido, en los siguientes términos:
«83      Mediante sus motivos cuarto y quinto, el demandante desarrolla su teoría del carácter contrario a la competencia del acuerdo de estandarización GS 1 y del comportamiento de sus miembros, sin formular ninguna alegación referida específicamente a la decisión [controvertida].
84      Además, las alegaciones del demandante son en gran parte nuevas en relación con las presentadas durante el procedimiento administrativo en su escrito de 14 de septiembre de 2019, a las que la Comisión respondió en los considerandos 38 y siguientes de la decisión [controvertida]. La Comisión concluyó, respectivamente, en los considerandos 40 y 43 de la decisión [controvertida], por una parte, que “la información [aportada] no [le] permit[ía] inferir o tan siquiera fundamentar sospechas razonables de la existencia de colusión entre las empresas [afectadas]” y, por otro lado, que “aun suponiendo que se demostrara que las normas de funcionamiento de GS 1 constituyen un acuerdo de estandarización que puede crear un poder de mercado y no respetan los requisitos descritos en los puntos  270 a 286 de las Directrices [relativas a los acuerdos de cooperación horizontal], [el demandante], no indic[a] de qué modo las normas de funcionamiento tienen como efecto restringir la competencia”.
85      Procede recordar que, según la jurisprudencia, el control jurisdiccional de las decisiones desestimatorias de una denuncia no debe llevar al Tribunal General a sustituir la apreciación del interés de la Unión efectuada por la Comisión por la suya propia, sino que tiene por objeto comprobar que la decisión controvertida no está basada en hechos materialmente inexactos y que no adolece de ningún error de Derecho, ni de ningún error manifiesto de apreciación o de desviación de poder ([…] sentencia de 11  de enero de 2017, Topps Europe/Comisión, T‑699/14, no publicada, EU:T:2017:2, apartado  66 y jurisprudencia citada).
86      En el caso de autos, como ha alegado acertadamente la Comisión, no incumbe […] al Tribunal General examinar directamente la cuestión de si el acuerdo de estandarización GS 1 y el comportamiento de sus miembros son contrarios a la competencia, sino determinar si la posición expuesta en los considerandos 38 y siguientes de la decisión [controvertida], en respuesta a las alegaciones formuladas por el demandante durante el procedimiento administrativo, adolece de error de Derecho, de error manifiesto de apreciación o de desviación de poder.
87      Pues bien, mediante los motivos cuarto y quinto, el demandante solicita en esencia al Tribunal General que declare la existencia de una infracción de las normas sobre competencia, sin formular ninguna alegación dirigida a demostrar que la decisión [controvertida] adolece de error de Derecho, de error manifiesto de apreciación o de desviación de poder».
Mediante su tercer motivo de casación, el recurrente sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió en error de Derecho en su razonamiento e incumplió su obligación de motivación en cuanto a la calificación de las alegaciones del recurrente relativas a los acuerdos de estandarización.
Debe rechazarse esta argumentación.
En efecto, de entrada, procede señalar que el recurrente no identifica ningún error de Derecho del que adolezcan los apartados  83, 87 y 88 del auto recurrido, sino que se limita a reiterar la exposición de las circunstancias fácticas que deberían haber llevado al Tribunal General a declarar la existencia de colusión entre las empresas objeto de su denuncia. Pues bien, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado  27 de la presente sentencia, basta recordar que, en el recurso de casación, el Tribunal de Justicia no puede, sin que se invoque la desnaturalización de los hechos, ni controlar la apreciación de los hechos y de las pruebas efectuada por el Tribunal General, ni,
a fortiori
, efectuar una nueva apreciación de las circunstancias fácticas y de las pruebas.
Asimismo, es preciso observar que el recurrente admite en su recurso de casación que, en respuesta al apartado  42 de la decisión controvertida, desarrolló una argumentación sobre la apreciación
in extenso
de los requisitos de aplicación del artículo  101 TFUE a los acuerdos de estandarización para demostrar que la Comisión incurrió en un error al desestimar su denuncia. En consecuencia, el Tribunal General consideró fundadamente, en el apartado  84 del auto recurrido, que las alegaciones del recurrente eran en gran parte nuevas en relación con las formuladas en el procedimiento administrativo.
De ello se deduce que el Tribunal General pudo declarar, sin incurrir en error de Derecho, en los apartados  83, 87 y 88 del auto recurrido, que, mediante los motivos cuarto y quinto, el recurrente le instaba a declarar la existencia de una infracción de las normas sobre competencia, sin formular ninguna alegación dirigida a demostrar que la decisión controvertida adoleciera de error manifiesto de apreciación o de error de Derecho, y desestimar esos motivos.
Por último, en cuanto al incumplimiento de la obligación de motivación alegada por el recurrente, este debe desestimarse. Dado que el Tribunal General expuso, en los apartados  84 a 87 del auto recurrido, las razones por las que desestimó los motivos cuarto y quinto del recurrente, la identidad entre esas razones y la argumentación de la Comisión no afecta a la apreciación del cumplimiento de dicha obligación.
Por consiguiente, debe rechazarse el tercer motivo de casación por ser en parte inadmisible y en parte infundado.
Al no haberse acogido ninguno de los tres motivos del presente recurso de casación, procede desestimarlo en su totalidad.

Costas
En virtud del artículo 184, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, dispone que la parte que vea desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber solicitado la Comisión la condena en costas del recurrente y haber sido desestimado el recurso de casación formulado por este, procede condenarlo a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar al Sr. Frédéric Jouvin a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: francés.