CELEX: 62019CJ0662
Recurso de casación
Unión económica y monetaria
Unión bancaria
Reestructuración y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión
Mecanismo Único de Resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión (MUR)
Junta Única de Resolución (JUR)
Fondo Único de Resolución (FUR)
Fijación de la aportación ex ante para el año 2016
Recurso de anulación
Plazo para interponer el recurso
Extemporaneidad
Acto recurrible
Acto confirmatorio

Mediante su recurso de casación, NRW.Bank solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 26 de junio de 2019, NRW.Bank/JUR (
T‑466/16
, no publicada,
EU:T:2019:445
; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que ese Tribunal declaró la inadmisibilidad de su recurso de anulación, por una parte, de la Decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), en sesión ejecutiva de 15 de abril de 2016, sobre las aportaciones
ex ante
para 2016 al Fondo Único de Resolución (FUR) (SRB/ES/SRF/2016/06) (en lo sucesivo, «primera Decisión controvertida») y, por otra parte, de la Decisión de la JUR, en sesión ejecutiva de 20 de mayo de 2016, sobre el ajuste de las aportaciones
ex ante
para el año 2016 al FUR, por la que se completa la primera Decisión controvertida (SRB/ES/SRF/2016/13) (en lo sucesivo, «segunda Decisión controvertida» y, conjuntamente con la primera, «Decisiones controvertidas»), en la medida en que afectan a la recurrente.
Marco jurídico
Reglamento (UE) n.
o
806/2014
El artículo 54, apartado 1, del Reglamento (UE) n.
o
806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.
o
1093/2010 (
DO 2014, L 225, p. 1
), establece:
«La Junta, en sesión ejecutiva:
a)
preparará todas las decisiones que vaya a adoptar en su sesión plenaria;
b)
adoptará todas las decisiones necesarias para la aplicación del presente Reglamento, salvo disposición en contrario del presente Reglamento.»
El artículo 67, apartado 4, del Reglamento n.
o
806/2014 dispone:
«Las aportaciones a que se refieren los artículos 69, 70 y 71 serán recaudadas de los entes a que se refiere el artículo 2 por las autoridades nacionales de resolución y transferidas al [FUR] de conformidad con el Acuerdo [entre los Estados miembros participantes].»
El artículo 69 del citado Reglamento, titulado «Nivel fijado como objetivo», señala en su apartado 1:
«Al término de un período inicial de ocho años que comenzará a correr a partir del 1 de enero de 2016 o bien a partir de la fecha en la que el presente apartado sea aplicable en virtud del artículo 99, apartado 6, los recursos financieros disponibles del [FUR] deberán alcanzar como mínimo un 1 % del importe de los depósitos con cobertura de todas las entidades de crédito autorizadas en todos los Estados miembros participantes.»
El artículo 70 del Reglamento n.
o
806/2014, titulado «Aportaciones
ex ante
», dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2:
«1.   La aportación de cada entidad se recaudará al menos cada año y corresponderá a la proporción que represente su pasivo (excluidos los fondos propios), menos los depósitos con cobertura, respecto de los pasivos agregados (excluidos los fondos propios), menos los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en los territorios de todos los Estados miembros participantes.
2.   Cada año, la Junta, previa consulta al [Banco Central Europeo (BCE)] o a la autoridad nacional competente, y en estrecha cooperación con las autoridades nacionales de resolución, calculará las distintas aportaciones para garantizar que las aportaciones debidas por todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes no excedan del 12,5 % del nivel fijado como objetivo.
Cada año, el cálculo de las aportaciones correspondientes a las distintas entidades se basará en:
a)
una aportación a tanto alzado, a prorrata del importe de los pasivos de la entidad, con exclusión de sus fondos propios y depósitos con cobertura, con respecto a los pasivos totales, con exclusión de los fondos propios y los depósitos con cobertura, de todas las entidades autorizadas en el territorio de los Estados miembros participantes, y
b)
una aportación ajustada al riesgo, que se basará en los criterios establecidos en el artículo 103, apartado 7, de la Directiva 2014/59/UE [del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.
o
1093/2010 y (UE) n.
o
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (
DO 2014, L 173, p. 190
)], teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, sin crear distorsiones entre estructuras del sector bancario de los Estados miembros.
Al establecer la relación entre la aportación a tanto alzado y las aportaciones ajustadas al riesgo se velará por una distribución equilibrada de las aportaciones entre distintos tipos de bancos.
En todo caso, el importe agregado de las respectivas aportaciones de todas las entidades autorizadas en el territorio de todos los Estados miembros participantes calculadas en virtud de las letras a) y b) no excederá anualmente del 12,5 % del nivel fijado como objetivo.»
Reglamento Delegado (UE) 2015/63
El artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión, de 21 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva [2014/59] en lo que respecta a las contribuciones
ex ante
a los mecanismos de financiación de la resolución (
DO 2015, L 11, p. 44
), establece:
«Las contribuciones a que se refiere el artículo 103, apartado 2, de la Directiva [2014/59] se calcularán excluyendo los siguientes pasivos:
[…]
b)
los pasivos generados por una entidad que sea miembro de un sistema institucional de protección (SIP), según lo definido en el artículo 2, apartado 1, punto 8, de la Directiva [2014/59], y que haya sido autorizada por la autoridad competente a aplicar el artículo 113, apartado 7, del [Reglamento (UE) n.
o
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.
o
648/2012 (
DO 2013, L 176, p. 1
)], mediante un acuerdo suscrito con otra entidad que sea miembro de ese mismo SIP;
[…]
f)
en el caso de las entidades que concedan préstamos promocionales, los pasivos de la entidad intermediaria frente al banco originario, otro banco de fomento u otra entidad intermediaria y los pasivos del banco de fomento originador frente a las partes financiadoras, en la medida en que el importe de esos pasivos se corresponda con los préstamos promocionales de dicha entidad.»
El anexo I del Reglamento Delegado 2015/63, titulado «Procedimiento de cálculo de las contribuciones anuales de las entidades», expone la fórmula, los procedimientos y las etapas de cálculo de dichas contribuciones. La etapa 6 de este cálculo, titulada «Cálculo de las contribuciones anuales», se detalla de la siguiente manera:
«1. La autoridad de resolución redimensionará el indicador compuesto final que resulte de la etapa 5, FCI
n
, con arreglo a la escala especificada en el artículo 9, aplicando la siguiente fórmula:
donde las variables de las funciones máxima y mínima serán los valores de todas las entidades contribuyentes del mecanismo de financiación de la resolución respecto de las cuales se calcula el indicador.
2. La autoridad de resolución computará la contribución anual de cada entidad, salvedad hecha de las entidades sujetas a lo dispuesto en el artículo 10 y de la parte a tanto alzado de las contribuciones de aquellas entidades a las que los Estados miembros apliquen el artículo 20, apartado 5, como sigue:
donde:
p, q
representarán la indexación de las entidades;
Target
será igual al nivel de financiación anual que determine la autoridad de resolución de acuerdo con el artículo 4, apartado 2, menos la suma de las contribuciones calculadas de acuerdo con el artículo 10 y menos la suma de los importes a tanto alzado que puedan abonarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20, apartado 5;
representará el importe del pasivo (excluidos los fondos propios), previa deducción de los depósitos garantizados de la entidad
n
, ajustados de conformidad con el artículo 5 y sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, apartado 5.»
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81
El artículo 5 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/81 del Consejo, de 19 de diciembre de 2014, que especifica condiciones uniformes de aplicación del Reglamento n.
o
806/2014 (
DO 2015, L 15, p. 1
), dispone:
«1.   La Junta comunicará a las autoridades de resolución nacionales pertinentes las decisiones por las que calcule las aportaciones anuales de las entidades autorizadas en sus respectivos territorios.
2.   Una vez que reciba la comunicación contemplada en el apartado 1, cada autoridad de resolución nacional notificará a cada entidad autorizada en su Estado miembro la Decisión de la Junta por la que se calcula la aportación anual adeudada por esa entidad.»
Antecedentes de hecho del litigio
Los antecedentes del litigio fueron expuestos en los apartados 1 a 9 de la sentencia recurrida y, a efectos del presente procedimiento, pueden resumirse como se indica a continuación.
NRW.Bank es el banco de fomento del Land Nordrhein-Westfalen (estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Alemania). Esta entidad ejerce esencialmente tres tipos de actividades, en concreto, actividades de fomento, actividades auxiliares de fomento y otras actividades.
En el año 2015, antes de la entrada en vigor del Reglamento n.
o
806/2014 y con arreglo a la Directiva 2014/59, completada por el Reglamento Delegado 2015/63, la Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (Autoridad Federal de Estabilización de los Mercados Financieros, Alemania; en lo sucesivo, «FMSA»), autoridad reguladora alemana, fijó la aportación
ex ante
de la recurrente correspondiente al año 2015, de conformidad con el artículo 103 de la citada Directiva, considerando que debían excluirse del cálculo de esta aportación tanto sus actividades de fomento como sus actividades auxiliares de fomento.
En el año 2016, mediante el formulario titulado «Aportaciones
ex ante
al [FUR] — Formulario de declaración relativo a las aportaciones para 2016», elaborado por la JUR y remitido por la FMSA a la recurrente, esta última presentó su declaración —en un primer momento— excluyendo del cálculo de su aportación
ex ante
correspondiente al año 2016, de acuerdo con el artículo 5, apartado 1, del Reglamento Delegado 2015/63, la suma de todos sus pasivos vinculados a sus actividades de fomento y a sus actividades auxiliares de fomento. No obstante, tras haber sido informada de que, según la JUR, las actividades auxiliares de fomento no debían excluirse de este cálculo, presentó un formulario de declaración corregido según el cual solo debía excluirse el valor total de los pasivos vinculados a sus actividades de fomento.
Mediante la primera Decisión controvertida, la JUR, en sesión ejecutiva de 15 de abril de 2016, fijó, en virtud de los artículos 54, apartado 1, letra b), y 70, apartado 2, del Reglamento n.
o
806/2014, el importe de las aportaciones
ex ante
debidas por cada uno de los entes contemplados en el artículo 2 de este Reglamento, entre los que se encuentra la recurrente, correspondientes al año 2016.
Mediante acuerdo recaudatorio de 22 de abril de 2016, recibido por la recurrente el 25 de abril de 2016, la FMSA informó a esta última de que la JUR había fijado su aportación
ex ante
al FUR para 2016 y le indicó el importe que debía pagar.
Mediante la segunda Decisión controvertida, la JUR, en sesión ejecutiva de 20 de mayo de 2016, hizo un ajuste de las aportaciones
ex ante
al FUR para el año 2016 e incrementó la aportación de la recurrente.
Mediante acuerdo recaudatorio de 10 de junio de 2016, recibido por la recurrente el 13 de junio de 2016, la FMSA le informó de que debía pagar el importe del incremento mencionado en el apartado anterior de la presente sentencia y resultante de la segunda Decisión controvertida.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Por escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 23 de agosto de 2016, la recurrente interpuso un recurso en el que impugnaba el importe de su aportación
ex ante
al FUR para el año 2016, ya que las actividades auxiliares de fomento no habían sido objeto de un tratamiento más favorable y, por consiguiente, su aportación se había fijado en una cuantía excesiva. En apoyo de su recurso alegó, en esencia, la infracción del artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59, del artículo 70, apartado 2, del Reglamento n.
o
806/2014 y de los Reglamentos de Ejecución de esos textos, así como la ilegalidad de estos últimos.
En virtud de sendas resoluciones de 10 y de 11 de enero de 2017, el Presidente de la Sala Octava del Tribunal General admitió las solicitudes de intervención de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea en apoyo de la JUR.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General, sin pronunciarse sobre los motivos invocados por la recurrente, declaró la inadmisibilidad del recurso y la condenó en costas.
Pretensiones de las partes
La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida y la Decisión de la JUR por la que se fija su aportación anual al FUR para 2016.
–
Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Condene en costas a la JUR.
La JUR solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación por ser en parte inadmisible y, en cualquier caso, infundado.
–
Condene a la recurrente a cargar con las costas de la casación y con las del procedimiento seguido ante el Tribunal General.
–
En caso de que el Tribunal de Justicia considere fundado el recurso de casación, devuelva el asunto al Tribunal General, con el fin de que este adopte una resolución definitiva, y se reserve la decisión sobre las costas del procedimiento de casación.
El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que, en caso de que anule la sentencia recurrida, declare que no existe ningún elemento que permita cuestionar la legalidad o la validez del Reglamento de Ejecución 2015/81.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a la recurrente.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca dos motivos basados, el primero, en la infracción del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y del artículo 60 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, y, el segundo, en la vulneración del derecho a ser oído.
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General infringió lo dispuesto en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y en el artículo 60 de su Reglamento de Procedimiento al declarar que la mencionada recurrente no había respetado el plazo para interponer el recurso de anulación. Este motivo consta de cuatro partes, la primera formulada con carácter principal y las tres siguientes con carácter subsidiario.
Mediante las partes primera y segunda del primer motivo, que procede examinar conjuntamente, la recurrente sostiene, en esencia, que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho, ya que se había respetado el plazo para recurrir, con independencia de cuál sea la apreciación realizada sobre la segunda Decisión controvertida.
A este respecto, la recurrente alega, por una parte, que la segunda Decisión controvertida es una nueva decisión sobre el fondo y no es meramente confirmatoria de la primera Decisión controvertida. Las Decisiones controvertidas fijan distintas aportaciones anuales para la recurrente, de modo que la segunda Decisión controvertida modificó su situación jurídica. Además, sostiene que esta última se basa en nuevos datos, como la apreciación modificada de un indicador parcial esencial, y no constituye la rectificación de un simple error de cálculo.
Por otra parte, la recurrente sostiene que, aun suponiendo que la segunda Decisión controvertida no hubiera sustituido íntegramente a la primera Decisión controvertida, sino que la hubiera modificado, su recurso contra la segunda Decisión controvertida no era extemporáneo. En este contexto, reprocha al Tribunal General, en particular, el no haber analizado las repercusiones de la sentencia de 18 de octubre de 2007, Comisión/Parlamento y Consejo (
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
), relativa a la modificación de los Reglamentos, ni haber indicado las razones por las que los principios que se derivan de esta no son aplicables en el caso de autos, cuando de ellos resulta que la modificación de un acto, incluso definitivo, inicia el cómputo de un nuevo plazo para recurrir tanto en lo que se refiere a la disposición modificada como a todas las disposiciones de este acto.
La JUR alega que la recurrente impugna esencialmente el examen de los hechos por el Tribunal General y que sus alegaciones son inadmisibles. Añade que la segunda Decisión controvertida no se basa en ningún hecho nuevo en relación con el objeto del litigio, esto es, la exclusión del cálculo de las aportaciones
ex ante
al FUR para el año 2016 de los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento. Sostiene que el cálculo de las aportaciones establecidas en dicha Decisión rectificaba una errata accidental respecto al indicador SPI relativo a la pertenencia a un sistema institucional de protección en la fórmula de cálculo, sin que ello implicara la apreciación de hechos nuevos ni una nueva valoración jurídica, razón por la cual tal decisión es un acto confirmatorio en lo que se refiere al objeto del litigio. Por consiguiente, en su opinión, el hecho de que las Decisiones controvertidas establezcan distintos importes de aportación para la recurrente no altera la conclusión de que, por lo que se refiere al objeto del litigio, la segunda Decisión controvertida confirma la primera Decisión controvertida.
En cuanto a la alegación relativa al criterio jurisprudencial derivado de la sentencia de 18 de octubre de 2007, Comisión/Parlamento y Consejo (
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
), la JUR considera que es inadmisible por carecer de argumentos específicos contra la sentencia recurrida. Además, ese criterio jurisprudencial se refiere a un acto legislativo de aplicación general, por lo que no es pertinente cuando se trata de una decisión individual. Por último, la recurrente no ha alegado ni demostrado que las partes no modificadas de la primera Decisión controvertida formen un conjunto con las partes modificadas por la segunda Decisión controvertida.
El Consejo y la Comisión, al igual que hicieron ante el Tribunal General, solo han formulado observaciones respecto a la invalidez, a la interpretación y a la aplicación de la normativa pertinente, en particular, del Reglamento de Ejecución 2015/81, y se han limitado a alegar, respectivamente, que este Reglamento y las decisiones de la JUR no adolecen de ilegalidad alguna, sin pronunciarse sobre el primer motivo.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Por cuanto se refiere a la primera Decisión controvertida, procede recordar que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General, tras declarar que las Decisiones controvertidas no habían sido publicadas ni notificadas a la recurrente, que no era su destinataria, indicó que, en tal caso, el plazo para recurrir solo empieza a computarse a partir del momento en que el interesado tenga un conocimiento exacto del contenido y de la motivación del acto de que se trate, siempre que solicite su texto íntegro dentro de un plazo razonable. En este sentido, el Tribunal General observó que la recurrente había tenido conocimiento de la existencia de esa Decisión al recibir el primer acuerdo recaudatorio, el 25 de abril de 2016, y que presentó la solicitud de acceso a su expediente a la FMSA el 22 de agosto de 2016, es decir, casi cuatro meses después de recibir este acuerdo recaudatorio. El Tribunal General añadió que el modo en que la FMSA había aplicado las Decisiones controvertidas no permitía pensar que la segunda Decisión controvertida hubiera sustituido a la primera Decisión controvertida. El Tribunal General dedujo de ello que el recurso, interpuesto el 23 de agosto de 2016, era extemporáneo en lo que se refiere a la primera Decisión controvertida.
Respecto a la segunda Decisión controvertida, el Tribunal General puso de relieve que la recurrente reprochaba, en esencia, a la JUR el haber infringido determinados preceptos de la normativa aplicable, ya que no había excluido del cálculo de su aportación
ex ante
al FUR para el año 2016 los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento. El Tribunal General señaló que la segunda Decisión controvertida no contenía un solo dato nuevo a este respecto, que la JUR no había en modo alguno reconsiderado la cuestión de si procedía o no excluir del cálculo de la aportación de la recurrente los pasivos vinculados a sus actividades auxiliares de fomento —cuestión que ya analizó al adoptar la primera Decisión controvertida— y que la recurrente no había presentado, ni a la JUR ni a la FMSA, una solicitud de reconsideración de la referida cuestión que se basara en hechos nuevos y sustanciales. El Tribunal General dedujo de lo anterior que el recurso contra la segunda Decisión controvertida era inadmisible por cuanto esta Decisión, atendiendo al objeto del litigio, era meramente confirmatoria de la primera Decisión controvertida y porque la recurrente no había invocado motivos ni alegaciones contra la segunda Decisión controvertida.
En primer lugar, procede desestimar las objeciones de la JUR sobre la admisibilidad de las alegaciones de la recurrente.
En este sentido, procede comenzar recordando que el examen de la cuestión de si la decisión controvertida tiene carácter meramente confirmatorio de una decisión anterior es una operación de calificación jurídica de los hechos que es competencia del Tribunal de Justicia en un recurso de casación. En efecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando el Tribunal General haya comprobado o apreciado los hechos, el Tribunal de Justicia será competente para ejercer, en virtud del artículo 256 TFUE, el control de la calificación jurídica de estos y de las consecuencias jurídicas que de ellos se hayan deducido [sentencia de 28 de junio de 2018, Andres (Heitkamp BauHolding en quiebra)/Comisión,
C‑203/16 P
,
EU:C:2018:505
, apartado
y jurisprudencia citada].
Seguidamente, debe señalarse que es cierto que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del artículo 256 TFUE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como del artículo 168, apartado 1, letra d), y del artículo 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, se desprende que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia o del auto del Tribunal General, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión, so pena de inadmisión del recurso de casación o del motivo de casación de que se trate (véanse, en particular, la sentencia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión,
C‑352/98 P
,
EU:C:2000:361
, apartado
, y el auto de 31 de enero de 2019, Iordăchescu/Parlamento y otros,
C‑426/18 P
, no publicado,
EU:C:2019:89
, apartado
). No responde a esta exigencia el recurso de casación que no incluye ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho en que se haya incurrido en la sentencia o el auto de que se trate (sentencia de 20 de mayo de 2021, Dickmanns/EUIPO,
C‑63/20 P
, no publicada,
EU:C:2021:406
, apartado
y jurisprudencia citada).
No obstante, es preciso señalar que, en el caso de autos, las alegaciones de la recurrente no son generales ni imprecisas. Por el contrario, del recurso de casación se desprende claramente que esta reprocha al Tribunal General, por una parte, el haber incurrido en error de Derecho al calificar la segunda Decisión controvertida como meramente confirmatoria de la primera Decisión controvertida y, por lo tanto, al apreciar el carácter extemporáneo del recurso y, por otra parte, el no haber tenido en cuenta sus alegaciones acerca de la sentencia de 18 de octubre de 2007, Comisión/Parlamento y Consejo (
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
).
En segundo lugar, respecto a la calificación de la segunda Decisión controvertida, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el recurso de anulación, previsto en el artículo 263 TFUE, puede interponerse contra todas las disposiciones adoptadas por las instituciones, con independencia de su forma, que tengan por objeto producir efectos jurídicos obligatorios (sentencia de 26 de marzo de 2019, Comisión/Italia,
C‑621/16 P
,
EU:C:2019:251
, apartado
y jurisprudencia citada).
Además, de jurisprudencia asimismo reiterada se desprende que los actos confirmatorios y los actos de mera ejecución, en la medida en que no producen tales efectos jurídicos, escapan al control jurisdiccional previsto en dicho artículo (sentencia de 26 de marzo de 2019, Comisión/Italia,
C‑621/16 P
,
EU:C:2019:251
, apartado
y jurisprudencia citada).
Para determinar si un acto produce efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del recurrente, modificando sustancialmente su situación jurídica, es preciso atenerse, en particular, al contenido esencial de dicho acto (sentencias de 26 de enero de 2010, Internationaler Hilfsfonds/Comisión,
C‑362/08 P
,
EU:C:2010:40
, apartados
y
, y de 6 de mayo de 2021, ABLV Bank y otros/BCE,
C‑551/19 P y C‑552/19 P
,
EU:C:2021:369
, apartado
y jurisprudencia citada).
Procede recordar sobre este extremo que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un acto es meramente confirmatorio de un acto anterior cuando no contiene ningún elemento nuevo en relación con este (sentencias de 3 de abril de 2014, Comisión/Países Bajos e ING Groep,
C‑224/12 P
,
EU:C:2014:213
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 15 de noviembre de 2018, Estonia/Comisión,
C‑334/17 P
, no publicada,
EU:C:2018:914
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, las Decisiones controvertidas determinan el importe de la aportación
ex ante
de cada uno de los entes contemplados en el artículo 2 del Reglamento n.
o
806/2014. De los autos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que, para el año 2016, tras calcular las aportaciones al FUR para cada una de esas entidades, la JUR procedió a calcular nuevamente esas aportaciones, en los casos en que el indicador SIP relativo a la pertenencia a un sistema institucional de protección contemplado en el artículo 5, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado 2015/63 hubiera sido calculado incorrectamente. La rectificación de este error de cálculo dio lugar a un nuevo cálculo de la aportación
ex ante
correspondiente al año 2016 para todas las entidades, incluso las que no eran entes miembros de un SIP, y el importe de la aportación
ex ante
al FUR para el año 2016 fijado en la segunda Decisión controvertida refleja las modificaciones a que dio lugar ese nuevo cálculo.
Por consiguiente, como ha señalado el Abogado General en el punto 87 de sus conclusiones, la segunda Decisión controvertida contiene un elemento nuevo con respecto a la primera Decisión controvertida, en la medida en que el valor del indicador SIP utilizado en la segunda Decisión controvertida es diferente del empleado en la primera Decisión controvertida.
Además, aun cuando las Decisiones controvertidas tengan identidad de objeto, puesto que establecen las aportaciones
ex ante
al FUR para el año 2016, el contenido esencial de estas decisiones es diferente toda vez que los importes de las aportaciones que establecen son distintos.
Por lo tanto, al obligar a la recurrente a abonar una aportación
ex ante
al FUR cuyo importe difiere del establecido en la primera Decisión controvertida, la segunda Decisión controvertida modifica la situación jurídica de la recurrente, de modo que la anulación de esta Decisión no se confunde con la anulación de la primera Decisión controvertida (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 1977, Metro SB-Großmärkte/Comisión,
26/76
,
EU:C:1977:167
, apartado
).
Sin embargo, la JUR afirma que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al estimar que la segunda Decisión controvertida era confirmatoria de la primera Decisión controvertida en lo que se refiere al objeto del litigio, dado que la recurrente alega que la JUR incurrió en error al no excluir los pasivos vinculados a las actividades auxiliares de fomento del cálculo de sus aportaciones
ex ante
al FUR para el año 2016, siendo así que, al calcular estas aportaciones, no se modificó la toma en consideración de los pasivos vinculados a las actividades auxiliares.
A este respecto, debe recordarse que, cuando se modifica una disposición de un acto, queda de nuevo abierta la vía de recurso, no solo contra esa disposición concreta, sino también contra todas aquellas que, aunque no hayan sido modificadas, forman un todo con ella (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2007, Comisión/Parlamento y Consejo,
C‑299/05
,
EU:C:2007:608
, apartados
y
).
Pues bien, contrariamente a lo que sostiene la JUR, los elementos no modificados del cálculo que dio lugar, en la primera Decisión controvertida, a la fijación de las aportaciones
ex ante
al FUR para el año 2016 forman un todo con el elemento modificado de ese cálculo, a saber, el indicador SIP, a efectos de la adopción de la segunda Decisión controvertida.
En este contexto, procede recordar que el importe de las aportaciones
ex ante
al FUR depende de dos elementos. Por una parte, el importe total de las aportaciones individuales depende del nivel fijado como objetivo definido en el artículo 69, apartado 1, del Reglamento n.
o
806/2014. Por otra parte, con arreglo al artículo 70, apartados 1 y 2, del citado Reglamento, el cálculo de esas aportaciones depende para cada entidad de su tamaño, determinado según la proporción que represente su pasivo, y del nivel de riesgo de sus actividades (véase, por analogía, la sentencia de 3 de diciembre de 2019, Iccrea Banca,
C‑414/18
,
EU:C:2019:1036
, apartados
a
). En este contexto, los artículos 6 a 12 del Reglamento Delegado 2015/63 determinan las normas de evaluación del pasivo de las entidades y de su perfil de riesgo.
De las normas de cálculo de las aportaciones individuales que figuran en el anexo I de este Reglamento y, en particular, de la etapa 6 de ese cálculo se desprende que, después de determinar el pasivo y los factores de riesgo de una entidad atendiendo a los diferentes indicadores establecidos por la normativa, la JUR distribuye el importe correspondiente al nivel fijado como objetivo anual entre las diferentes entidades.
Por consiguiente, si bien es cierto que determinados indicadores como el indicador SIP solo se aplican a determinadas entidades en la medida en que influyen en la determinación del pasivo o de los factores de riesgo de esas entidades, con exclusión de otras entidades, no lo es menos que, al distribuirse el nivel fijado como objetivo entre todas las entidades, la alteración de tal indicador modifica el importe de las aportaciones de las entidades afectadas por este indicador y afecta necesariamente a las aportaciones de todas las entidades.
De ello se deduce que, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el apartado 47 de la presente sentencia, la modificación de uno de los elementos del cálculo de la aportación
ex ante
al FUR, como el indicador SIP, determina el inicio de un nuevo plazo para recurrir que no solo permite impugnar ese elemento del cálculo de esta aportación, sino también todos los demás elementos de ese cálculo.
Esta conclusión no queda desvirtuada por el carácter no intencional del error al tomar en consideración el indicador SIP. En efecto, el carácter intencional o no del error que dio lugar a la adopción de un acto que modifica un acto anterior es irrelevante para determinar, de conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 39, 40 y 41 de la presente sentencia, si este acto de modificación contiene un elemento nuevo en relación con ese acto anterior y produce efectos jurídicos.
De todas estas consideraciones se desprende que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que la segunda Decisión controvertida era meramente confirmatoria de la primera Decisión controvertida habida cuenta del objeto del litigio y que, por este motivo, procedía declarar la inadmisibilidad del recurso.
Por consiguiente, procede estimar las partes primera y segunda del primer motivo de casación y, con este fundamento, anular la sentencia recurrida en su totalidad, sin que sea necesario pronunciarse sobre las demás partes de este motivo ni sobre el segundo motivo.
Sobre las consecuencias de la anulación de la sentencia recurrida
De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
En el caso de autos, dado que el Tribunal General declaró la inadmisibilidad del recurso de la recurrente y, por consiguiente, no examinó los motivos invocados por esta en apoyo de su recurso, el Tribunal de Justicia considera que el estado del litigio no permite resolverlo. Por lo tanto, procede devolver el asunto al Tribunal General.
Costas
Dado que se devuelve el asunto al Tribunal General, procede reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:

1)
Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 26 de junio de 2019, NRW.Bank/JUR (
T‑466/16
, no publicada,
EU:T:2019:445
).

2)
Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3)
Reservar la decisión sobre las costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.