CELEX: 62018TJ0342
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado de los condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio
Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE
Coordinación de precios en el conjunto del EEE
Práctica concertada
Intercambios de información comercial sensible
Competencia territorial de la Comisión
Restricción de la competencia por el objeto
Pliego de cargos
Punto 13 de las Directrices para el cálculo del importe de las multas de 2006
Valor de las ventas
Obligación de motivación
Proporcionalidad
Igualdad de trato
Infracción única y continuada
Gravedad de la infracción
Distanciamiento público
Circunstancias atenuantes
Competencia jurisdiccional plena

)
I.

Antecedentes del litigio
A.

Demandante y sector afectado
La demandante, Nichicon Corporation, es una sociedad establecida en Japón, que fabrica y vende condensadores electrolíticos de aluminio. La demandante era también, hasta el 6 de febrero de 2013, un fabricante y vendedor de condensadores electrolíticos de tantalio.
La infracción de que se trata se refiere a los condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio. Los condensadores son componentes eléctricos que almacenan energía electroestáticamente en un campo eléctrico y se utilizan en una gran variedad de productos electrónicos, como ordenadores personales, tabletas, teléfonos, climatizadores, refrigeradores, lavadoras, productos de automóviles y aparatos industriales. Por tanto, la clientela está muy diversificada.
Los condensadores electrolíticos, y más concretamente los condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio, son productos cuyo precio constituye un parámetro competitivo importante.
B.

Procedimiento administrativo
El 4 de octubre de 2013, Panasonic y sus filiales presentaron ante la Comisión Europea una solicitud de concesión de un indicador con arreglo a los puntos 14 y 15 de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (
DO 2006, C 298, p. 17
; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 2006»), facilitando información sobre la existencia de una presunta infracción en el sector de los condensadores electrolíticos.
El 28 de marzo de 2014, la Comisión solicitó información, con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (
DO 2003, L 1, p. 1
), a varias empresas que operan en el sector de los condensadores electrolíticos, entre ellas a la demandante.
El 4 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó un pliego de cargos que dirigió a la demandante.
Los destinatarios del pliego de cargos, y entre ellos la demandante, fueron oídos por la Comisión en una audiencia que tuvo lugar del 12 al 14 de septiembre de 2016.
C.

Decisión impugnada
El 21 de marzo de 2018, la Comisión adoptó la Decisión C(2018) 1768 final, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 [TFUE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (AT.40136 — Condensadores) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
1.

Infracción
Mediante la Decisión impugnada, la Comisión declaró la existencia de una infracción única y continuada del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) en el sector de los condensadores electrolíticos, en la que participaron nueve empresas o grupos de empresas, a saber, Elna, Hitachi AIC, Holy Stone, Matsuo, NEC Tokin, Nippon Chemi‑Con (en lo sucesivo, «NCC»), Rubycon, Sanyo (que designa a Sanyo y Panasonic conjuntamente) y la demandante (en lo sucesivo, consideradas en su conjunto, «participantes en la práctica colusoria») (considerando 1 y artículo 1 de la Decisión impugnada).
La Comisión señaló, en esencia, que la infracción de que se trata se había producido entre el 26 de junio de 1998 y el 23 de abril de 2012, en todo el territorio del EEE, y había consistido en acuerdos o prácticas concertadas que tenían por objeto la coordinación de las políticas de precios relativas al suministro de condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio (considerando 1 de la Decisión impugnada).
La práctica colusoria se organizaba esencialmente mediante reuniones multilaterales que tenían generalmente lugar en Japón cada mes o cada dos meses, a nivel de altos directivos de ventas, y cada seis meses, a nivel de dirigentes, incluidos los presidentes (considerandos 63, 68 y 738 de la Decisión impugnada).
Las reuniones multilaterales se organizaron, primero, entre 1998 y 2003, con el nombre de «círculo de los condensadores electrolíticos» o de «conferencia de los condensadores electrolíticos» (en lo sucesivo, «reuniones ECC»). A continuación, se organizaron entre 2003 y 2005, con el nombre de «conferencia aluminio-tantalio» o «grupo de los condensadores de aluminio o de tantalio» (en lo sucesivo, «reuniones ATC»). Por último, se organizaron entre 2005 y 2012, con el nombre de «grupo de estudio de mercado» o «grupo de
marketing
» (en lo sucesivo, «reuniones MK»). Paralelamente a las reuniones MK, y como complemento de estas, se organizaron reuniones de «aumento de costes» o «aumento de condensadores» (en lo sucesivo, «reuniones CUP»), entre 2006 y 2008 (considerando 69 de la Decisión impugnada).
Además de estas reuniones multilaterales, los participantes en la práctica colusoria también mantenían, según las necesidades, contactos bilaterales y trilaterales
ad hoc
(considerandos 63, 75 y 739 de la Decisión impugnada) (en lo sucesivo, considerados conjuntamente, «intercambios contrarios a la competencia»).
En el marco de los intercambios contrarios a la competencia, los participantes en la práctica colusoria intercambiaban información sobre los precios y los precios que se aplicarían en el futuro, sobre las futuras reducciones de precios y las horquillas de esas reducciones, sobre la oferta y la demanda, incluida la oferta y la demanda futuras, y, en algunos casos, concluían, aplicaban y supervisaban acuerdos sobre los precios (considerandos 62, 715, 732 y 741 de la Decisión impugnada).
La Comisión consideró que el comportamiento de los participantes en la práctica colusoria constituía una forma de acuerdo o de práctica concertada, que perseguía un objetivo común, a saber, evitar la competencia de precios y coordinar su futuro comportamiento en relación con la venta de condensadores electrolíticos, reduciendo así la incertidumbre en el mercado (considerandos 726 y 731 de la Decisión impugnada).
La Comisión concluyó que el antedicho comportamiento tenía un objeto contrario a la competencia único (considerando 743 de la Decisión impugnada).
2.

Responsabilidad de la demandante
La Comisión declaró la responsabilidad de la demandante por su participación directa y continuada en la práctica colusoria desde el 26 de junio de 1998 hasta el 31 de mayo de 2010, sin que su responsabilidad se extienda, no obstante, a las reuniones MK [considerandos 760, 761, 955 y 1023 y artículo 1, letra f), de la Decisión impugnada].
3.

Multa impuesta a la demandante
El artículo 2, letra i), de la Decisión impugnada impone a la demandante una multa por importe de 72901000 euros.
4.

Cálculo del importe de la multa
Para calcular el importe de las multas, la Comisión siguió la metodología expuesta en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
1/2003 (
DO 2006, C 210, p. 2
; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») (considerando 980 de la Decisión impugnada).
En primer lugar, para determinar el importe de base de la multa impuesta a la demandante, la Comisión tuvo en cuenta el valor de las ventas durante el último ejercicio social completo de participación en la infracción, de conformidad con el punto 13 de las Directrices de 2006 (considerando 989 de la Decisión impugnada).
La Comisión calculó el valor de las ventas sobre la base de las ventas de condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio facturadas a clientes establecidos en el EEE (considerando 990 de la Decisión impugnada).
Además, la Comisión calculó el valor pertinente de las ventas por separado para ambas categorías de productos, a saber, los condensadores electrolíticos de aluminio y los condensadores electrolíticos de tantalio, y les aplicó coeficientes multiplicadores diferentes en función de la duración (considerando 991 de la Decisión impugnada). Por lo que respecta a la demandante, la Comisión aplicó un coeficiente multiplicador de 11,93 (correspondiente al período comprendido entre el 26 de junio de 1998 y el 31 de mayo de 2010) para los condensadores electrolíticos de aluminio y de 10,36 (correspondiente al período comprendido entre el 29 de octubre de 1999 y el 9 de marzo de 2010) para los condensadores electrolíticos de tantalio (considerando 1007, cuadro 1, de la Decisión impugnada).
La Comisión fijó en el 16 % la proporción del valor de las ventas que debía fijarse en función de la gravedad de la infracción. A este respecto, estimó que los «acuerdos» horizontales de coordinación de los precios formaban parte, por su propia naturaleza, de las infracciones más graves del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE y que la práctica colusoria abarcaba todo el territorio del EEE (considerandos 1001 a 1003 de la Decisión impugnada).
La Comisión aplicó un importe adicional del 16 %, con arreglo al punto 25 de las Directrices de 2006, para asegurarse del carácter suficientemente disuasorio de la multa impuesta (considerando 1009 de la Decisión impugnada).
Por tanto, la Comisión fijó en 75156000 euros el importe de base de la multa impuesta a la demandante (considerando 1010 de la Decisión impugnada).
En segundo lugar, en concepto de circunstancias atenuantes, la Comisión concedió una reducción del 3 % del importe de base de la multa impuesta a la demandante, dado que su participación en las reuniones MK no había quedado acreditada y que nada probaba que hubiese tenido conocimiento de ellas (considerando 1023 de la Decisión impugnada).
Por consiguiente, la Comisión fijó en 72901000 euros el importe de la multa impuesta a la demandante (considerando 1139, cuadro 3, de la Decisión impugnada).
[
omissis
]
II.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 30 de mayo de 2018, la demandante interpuso el presente recurso.
El 28 de septiembre de 2018, la Comisión presentó en la Secretaría del Tribunal su escrito de contestación.
Los escritos de réplica y dúplica se presentaron en la Secretaría del Tribunal el 7 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019, respectivamente.
A propuesta de la Sala Segunda del Tribunal, este decidió, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, remitir el asunto a una Sala ampliada.
Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, la Juez Ponente fue adscrita a la Sala Novena ampliada, a la que se atribuyó en consecuencia el presente asunto, con arreglo al artículo 27, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento.
A propuesta de la Juez Ponente, el Tribunal (Sala Novena ampliada) decidió iniciar la fase oral del procedimiento y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento, instó a las partes a presentar determinados documentos.
En la vista de 22 de octubre de 2020, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas planteadas por el Tribunal.
A raíz del fallecimiento del Juez Sr. Berke el 1 de agosto de 2021, los tres Jueces que firman la presente sentencia continuaron con las deliberaciones, de conformidad con los artículos 22 y 24, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.
En esencia, la demandante solicita al Tribunal que:
–
Con carácter principal, anule la Decisión impugnada, en la medida en que se le aplica.
–
Con carácter subsidiario, y en cualquier caso, sustituya la apreciación de la Comisión por la suya propia en lo que respecta al importe de la multa que se le impuso y reduzca dicho importe.
–
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
III.

Fundamentos de Derecho
[
omissis
]
B.

Sobre el fondo
En apoyo de su recurso, la demandante invoca cinco motivos en respaldo tanto de sus pretensiones formuladas con carácter principal, que tienen por objeto la anulación de la Decisión impugnada, como de sus pretensiones formuladas con carácter subsidiario, que tienen por objeto la reducción del importe de la multa que se le impuso.
Mediante los motivos primero, segundo y tercero, la demandante impugna la conclusión de la Comisión relativa a la existencia de una infracción única y continuada del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE en el sector de los condensadores electrolíticos, en todo el territorio del EEE, durante un período de casi catorce años. El primer motivo se basa en errores materiales de hecho, por lo que se refiere al alcance geográfico de los intercambios contrarios a la competencia. El segundo motivo se basa en errores de Derecho por lo que atañe, por una parte, a la calificación de infracción única y continuada y, por otra parte, a la participación de la demandante en dicha infracción. El tercer motivo se basa en la incompetencia de la Comisión para aplicar el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE.
Mediante el cuarto motivo, la demandante impugna la multa que se le impuso. Este motivo se basa en errores manifiestos de apreciación al calcular el importe de la multa.
Mediante el quinto motivo, basado en la vulneración del derecho a ser oída, la demandante impugna la legalidad del procedimiento de declaración de la infracción.
[
omissis
]
1.

Sobre las pretensiones destinadas a obtener la anulación de la Decisión impugnada
[
omissis
]
c)

Sobre el segundo motivo, basado en errores de Derecho relativos a la calificación de infracción única y continuada y a la responsabilidad de la demandante en la participación en dicha infracción
[
omissis
]
1)

Sobre la primera parte, relativa a la inexistencia de prueba de una infracción única y continuada que cubriese la totalidad de las ventas de condensadores electrolíticos al EEE
La demandante sostiene, en esencia, que, debido a la naturaleza heterogénea de los condensadores y a la especificidad de la demanda en los diferentes mercados geográficos, la infracción, además de no haber sido acreditada por la Comisión, no podía cubrir la totalidad de las ventas de condensadores electrolíticos al EEE.
[
omissis
]
i)

Sobre la primera imputación, relativa a la inexistencia de prueba de una infracción única y continuada que cubriese la totalidad de las ventas de condensadores electrolíticos
La demandante alega, con carácter preliminar, que los condensadores son productos muy diversificados, que se distinguen por una multitud de características y para las que no existe un precio de mercado uniforme, de modo que la infracción no puede cubrir la totalidad de las ventas de condensadores electrolíticos al EEE. Sostiene, más concretamente, que los elementos que figuran en los considerandos 796 y siguientes de la Decisión impugnada, en los que se basó la Comisión para fundamentar su conclusión, no permiten demostrar de modo suficiente en Derecho la existencia de una infracción única y continuada que, considerada en su conjunto, cubriese la totalidad de las ventas de condensadores electrolíticos.
La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
Con carácter preliminar, es preciso recordar que, para determinar los productos objeto de una práctica colusoria, la Comisión no está obligada a definir el mercado de referencia sobre la base de criterios económicos. Son los propios miembros de la práctica colusoria los que determinan los productos objeto de sus discusiones y prácticas concertadas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión,
T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 y T‑91/03
, no publicada,
EU:T:2005:220
, apartado
). Los productos que se ven afectados por una práctica colusoria se determinan por referencia a las pruebas documentales de un comportamiento contrario a la competencia efectivo con respecto a productos específicos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2003, Adriatica di Navigazione/Comisión,
T‑61/99
,
EU:T:2003:335
, apartado
).
Debe, asimismo, subrayarse que la Comisión no puede basarse, a este respecto, en una presunción que no se apoye en ningún elemento de prueba (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2019, ABB/Comisión,
C‑593/18 P
,
EU:C:2019:1027
, apartados
y
).
Sin embargo, de la Decisión impugnada, y, en particular, del considerando 736, se desprende que la Comisión, tras examinar todos los intercambios contrarios a la competencia y elementos de prueba relacionados con ellos, constató que todos los intercambios entre los participantes en la práctica colusoria cubrían, o bien los condensadores electrolíticos de aluminio o de tantalio, o bien estas dos categorías de condensadores electrolíticos.
En el considerando 796 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó, en primer término, en respuesta a una imputación de la demandante análoga a la presente imputación, formulada durante el procedimiento administrativo, que de los intercambios contrarios a la competencia se desprendía que las discusiones no se limitaban a determinados subtipos de condensadores electrolíticos de aluminio o de tantalio.
Como expone la Comisión en el antedicho considerando, esta falta de limitación del objeto de las conversaciones se desprende de las reuniones de los días 29 de agosto de 2002, 22 de diciembre de 2006, 25 de junio de 2008 y 20 de diciembre de 2010, mencionadas en la demanda, en las que se hizo alusión a una gran variedad de condensadores electrolíticos de aluminio o de tantalio, pero también de discusiones relacionadas específicamente con los elementos que contribuyen a la determinación del precio de venta de los productos, tales como el aumento del coste de las materias primas y la fluctuación de los tipos de cambio (véanse, a modo de ejemplo, las reuniones mencionadas en las notas 1417 y 1418 de la Decisión impugnada). En efecto, el contenido de estas discusiones era de carácter general y estaba destinado a aplicarse a todos los tipos de condensadores electrolíticos de aluminio o de tantalio.
En segundo término, en el considerando 797 de la Decisión impugnada, la Comisión constató que los participantes en la práctica colusoria no habían introducido en sus declaraciones de empresa ninguna limitación en cuanto a la definición de los condensadores electrolíticos de aluminio o de tantalio cubiertos por la práctica colusoria.
En tercer término, en el considerando 798 de la referida Decisión, la Comisión señaló que la mayoría de los representantes de los participantes en la práctica colusoria eran responsables de la fabricación o venta de condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio y no de una gama de productos específicos.
A la luz de la jurisprudencia recordada en los apartados 84, 318 y 319 anteriores, la Comisión, habida cuenta de estas constataciones, pudo considerar fundadamente que la práctica colusoria cubría todos los condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio y, por tanto, que la infracción única y continuada cubría la totalidad de estos productos.
Esta conclusión no se ve invalidada por las alegaciones de la demandante.
En primer término, la demandante alega, por una parte, que la Comisión se refiere en realidad a cuatro reuniones únicamente para sostener, en el considerando 796 de la Decisión impugnada, que la práctica colusoria tenía por objeto la totalidad de las ventas de condensadores electrolíticos. Por otra parte, añade que ninguno de los intercambios mencionados en las notas 1417 y 1418 relacionadas con el considerando tenía por objeto la totalidad de las ventas de condensadores electrolíticos.
Pues bien, la demandante realiza una interpretación errónea de la Decisión impugnada y, en particular, de su considerando 796. En efecto, por una parte, la Comisión invoca más de cuatro intercambios contrarios a la competencia para fundamentar su conclusión de que la práctica colusoria tenía por objeto la totalidad de condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio y no un subtipo determinado de condensador. Por otra parte, la Comisión no pretendía demostrar, en el referido considerando, que las discusiones durante cada intercambio se refiriesen a la totalidad de las ventas de condensadores, sino simplemente respaldar su conclusión, citando a modo de ejemplo los intercambios mencionados en las notas 1417 y 1418. Por tanto, no cabe sino desestimar esta alegación.
En segundo término, la demandante sostiene que la falta de limitación en las declaraciones de clemencia por lo que atañe a los productos cubiertos por la práctica colusoria no constituye una prueba suficiente para demostrar que la infracción se refería a la totalidad de las ventas de condensadores electrolíticos.
Pues bien, por una parte, en el apartado 318 anterior se ha recordado que, según la jurisprudencia, son los propios miembros de la práctica colusoria los que determinan los productos objeto de sus discusiones y prácticas concertadas. Por otra parte, de los apartados anteriores se desprende que la conclusión de la Comisión no se basa únicamente en las declaraciones de clemencia de las empresas. Por tanto, no cabe sino desestimar esta alegación.
En tercer término, la demandante afirma que el anexo II de la Decisión impugnada no permite demostrar que las personas que participaron en la práctica colusoria fueran responsables generalmente del conjunto de condensadores electrolíticos, dado que, a su entender, por una parte, dicho anexo menciona únicamente la denominación de las funciones de esas personas, sin proporcionar detalles sobre sus responsabilidades exactas, y, por otra parte, los intercambios tuvieron lugar en Japón entre empleados japoneses, los cuales generalmente no eran responsables de las ventas a Europa.
Pues bien, por una parte, basta señalar que el hecho de que no se conocieran detalladamente las responsabilidades de las personas de que se trataba no excluye que hayan podido ejercer responsabilidades con respecto a la totalidad de los productos en cuestión, extremo que, por lo demás, la demandante no discute. Por otra parte, el hecho de que esas personas no fueran, generalmente, responsables de las ventas a Europa no se opone a que hayan podido serlo ocasionalmente. En cualquier caso, es preciso recordar que las personas mencionadas en esa lista eran los representantes de los participantes en la práctica colusoria, de modo que ejercían necesariamente responsabilidades relacionadas con los productos de que se trata. Por tanto, no cabe sino desestimar esta alegación.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar la presente imputación.
[
omissis
]
e)

Sobre el cuarto motivo, basado en errores manifiestos de apreciación en la determinación de la multa
Mediante el presente motivo, la demandante sostiene que, al imponerle una multa de 72901000 euros, la Comisión violó los principios de proporcionalidad,
ne bis in idem
y de igualdad de trato e incumplió su obligación de motivación.
[
omissis
]
1)

Sobre la primera parte, relativa al cálculo erróneo del importe de la multa
Esta parte puede dividirse en tres imputaciones. La primera imputación se refiere a la utilización errónea del valor total de las ventas facturadas en el EEE, a efectos del cálculo del importe de la multa. La segunda imputación se refiere a la determinación del coeficiente multiplicador que debe tenerse en cuenta para apreciar la gravedad de la infracción. La tercera imputación se refiere a la determinación del importe adicional que debe tenerse en cuenta.
i)

Sobre la primera imputación, relativa a la utilización errónea del valor total de las ventas facturadas en el EEE
La demandante sostiene, en esencia, que la Comisión violó el principio de proporcionalidad al tomar como base, para el cálculo del importe de la multa, el valor total de las ventas de condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio facturadas durante su último año de participación en la práctica colusoria.
La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
[
omissis
]
En sexto término, debe desestimarse la alegación de que la Comisión aplicó erróneamente las Directrices de 2006, al tomar como base de cálculo del importe de la multa el valor total de las ventas facturadas en el EEE en lugar del valor total de las ventas expedidas al EEE.
Por una parte, es preciso señalar, como hace la Comisión, que el punto 13 de las Directrices de 2006 no menciona ni las «ventas entregadas» ni las «ventas facturadas». Este se refiere únicamente a las «ventas realizadas» en el EEE. De ello se sigue que las Directrices, al igual que no obligan a tener en cuenta las ventas entregadas en el EEE, tampoco se oponen a que la Comisión tome en consideración las ventas facturadas en el EEE para calcular el valor de las ventas de cada empresa dentro del EEE (sentencia de 17 de mayo de 2013, Parker ITR y Parker-Hannifin/Comisión,
T‑146/09
,
EU:T:2013:258
, apartado
).
Por otra parte, es cierto que de la jurisprudencia se desprende que, para que se puedan tomar en consideración las ventas facturadas en el EEE es preciso que ese criterio sea el reflejo de la realidad del mercado, es decir, que sea el más apropiado para delimitar los efectos de la práctica colusoria en la competencia en el EEE (sentencia de 17 de mayo de 2013, Parker ITR y Parker-Hannifin/Comisión,
T‑146/09
,
EU:T:2013:258
, apartado
). Sin emba
r
go, la demandante no explica por qué el hecho de que la Comisión tenga en cuenta, para el cálculo del importe de la multa, determinadas ventas facturadas a clientes situados en el EEE, pero posteriormente entregadas a lugares fuera de esa zona geográfica, no permitiría reflejar la incidencia de la infracción en la competencia en el EEE.
De las consideraciones precedentes se desprende que la demandante no ha aportado ningún elemento que pueda demostrar que el volumen de negocios alcanzado durante el último ejercicio social completo de participación en la infracción, por lo que respecta a la totalidad de las ventas de condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio en el EEE, no constituía, en el momento en que la Comisión adoptó la Decisión impugnada, una indicación de su verdadera dimensión, su potencia económica en el mercado y la amplitud de la infracción de que se trata.
De ello se deduce que debe desestimarse la presente imputación.
[
omissis
]
iii)

Sobre la tercera imputación, relativa a la determinación del importe adicional que debe tenerse en cuenta
La demandante sostiene, en esencia, que, habida cuenta de que ya se habían impuesto a los participantes en la práctica colusoria multas sustanciales en países terceros, que tenían en cuenta aspectos mundiales de la infracción y un efecto disuasorio, la Comisión violó el principio
ne bis in idem
y el principio de proporcionalidad, al imponer también un importe adicional al importe de base para disuadir a los participantes en la práctica colusoria de tomar parte en el futuro en posibles acuerdos ilícitos.
La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
Con carácter preliminar, del considerando 1009 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión indicó que, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso de autos y de los criterios abordados en la sección 8.3.3.1, el porcentaje que debía aplicarse al importe adicional, en concepto de efecto disuasorio, debería ser del 16 %.
Es preciso recordar que el principio
ne bis in idem
, recogido también en el artículo 4 del Protocolo n.
o
7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión cuyo respeto garantiza el órgano jurisdiccional (véase la sentencia de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión,
C‑308/04 P
,
EU:C:2006:433
, apartado
y jurisprudencia citada).
El principio
ne bis in idem
prohíbe sancionar a una misma persona más de una vez por un mismo comportamiento ilícito con el fin de proteger el mismo interés jurídico. La aplicación de este principio está supeditada a tres requisitos acumulativos: identidad de hechos, identidad de infractor e identidad de interés jurídico protegido (véase la sentencia de 27 de septiembre de 2006, Roquette Frères/Comisión,
T‑322/01
,
EU:T:2006:267
, apartado
y jurisprudencia citada).
Pues bien, en primer término, en la medida en que la demandante alega que, al imponerle una multa por la participación en una práctica colusoria ya sancionada por las autoridades de Estados terceros, la Comisión violó el principio
ne bis in idem
, procede señalar que el principio
ne bis in idem
no puede aplicarse en un caso como el presente, en el que es evidente que los procedimientos tramitados y las sanciones impuestas por la Comisión, por un lado, y por las autoridades de Estados terceros, por otro, no persiguen los mismos objetivos (véase, por analogía, la sentencia de 27 de septiembre de 2006, Roquette Frères/Comisión,
T‑322/01
,
EU:T:2006:267
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
En efecto, si bien, en el primer caso, se trata de preservar una competencia no falseada en el EEE, la protección perseguida, en el segundo caso, atañe al mercado de países terceros. Así pues, no se cumple el requisito de identidad de interés jurídico protegido, necesario para que pueda aplicarse el principio
ne bis in idem
.
Por otra parte, la demandante no invoca ni demuestra la existencia de un principio jurídico o de una norma o convenio de Derecho internacional público que prohíba a las autoridades u órganos jurisdiccionales de Estados diferentes actuar contra una persona y sancionarla por hechos idénticos que producen efectos en su territorio o jurisdicción. Al no haber ninguna prueba de que exista tal norma o convenio que vincule a la Unión y a los Estados terceros y que establezca tal prohibición, la Comisión no puede atenerse a ella (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión,
C‑308/04 P
,
EU:C:2006:433
, apartado
).
En consecuencia, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en la violación por la Comisión del principio
ne bis in idem
.
En segundo término, en la medida en que la demandante alega que la Comisión violó el principio de proporcionalidad, al no tener en cuenta, en la determinación del porcentaje adicional que debía aplicarse, el hecho de que las multas que le impusieron otros Estados ya comprendían un efecto disuasorio, procede recordar que el punto 25 de las Directrices de 2006 precisa que, «independientemente de la duración de la participación de una empresa en la infracción, la Comisión incluirá en el importe de base una suma comprendida entre el 15 % y el 25 % del valor de las ventas, tal como se define en la sección A anterior, con el fin de disuadir a las empresas incluso de participar en acuerdos horizontales de fijación de precios, de reparto de mercados y de limitación de la producción».
Por otra parte, es necesario señalar que cualquier consideración basada en la existencia de multas impuestas por las autoridades de un tercer Estado únicamente puede ser tenida en cuenta en el marco de la facultad de apreciación de que disfruta la Comisión en materia de fijación de multas por las infracciones del Derecho de la competencia de la Unión. En consecuencia, si bien no cabe excluir que la Comisión tenga en cuenta multas anteriormente impuestas por las autoridades de Estados terceros, no está, sin embargo, obligada a hacerlo. En efecto, el objetivo disuasorio que la Comisión puede lícitamente perseguir al determinar el importe de una multa está destinado a garantizar que las empresas respeten las normas sobre la competencia establecidas en el Tratado FUE al desarrollar sus actividades en el mercado interior. En consecuencia, a la hora de apreciar el carácter disuasorio de una multa que se ha de imponer por una infracción de dichas normas, la Comisión no está obligada a tener en cuenta posibles sanciones impuestas a una empresa por infracciones de las normas sobre competencia de Estados terceros (véase la sentencia de 29 de junio de 2006, SGL Carbon/Comisión,
C‑308/04 P
,
EU:C:2006:433
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en la violación del principio de proporcionalidad.
Del conjunto de consideraciones anteriores se deduce que debe desestimarse la primera parte del presente motivo.
2)

Sobre la segunda parte, relativa a la no consideración de las circunstancias atenuantes que acompañan a la demandante
[
omissis
]
i)

Sobre la primera imputación, relativa al hecho de que el importe de la multa no refleja suficientemente la ausencia de la demandante en las reuniones MK
La demandante sostiene, en esencia, que el importe de la reducción que se le concedió por no haber participado en las reuniones MK no respeta los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.
La Comisión rebate las alegaciones de la demandante.
Con carácter preliminar, del considerando 1023 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión concedió a la demandante, en concepto de circunstancias atenuantes, una reducción del 3 % del importe de base de la multa impuesta, debido a que su participación en las reuniones MK no había quedado acreditada y a que nada probaba que hubiese tenido conocimiento de ellas.
En primer lugar, la demandante sostiene que la reducción que se le concedió, por no haber participado en las reuniones MK, era insuficiente, habida cuenta de la importancia de dichas reuniones en la caracterización de la infracción.
Según la jurisprudencia, la concesión de una reducción del importe de base de la multa como consecuencia de la existencia de circunstancias atenuantes va relacionada necesariamente con las circunstancias del caso concreto, que pueden conducir a la Comisión a no otorgársela a una empresa que ha participado en un acuerdo ilícito. En efecto, la aplicación de una circunstancia atenuante en situaciones en las que una empresa participa en un acuerdo manifiestamente ilegal, del que sabía o no podía ignorar que era constitutivo de una infracción, no puede tener como consecuencia privar a la multa impuesta de su eficacia disuasoria y privar de eficacia al artículo 101 TFUE, apartado 1 (véase la sentencia de 2 de febrero de 2012, Denki Kagaku Kogyo y Denka Chemicals/Comisión,
T‑83/08
, no publicada,
EU:T:2012:48
, apartado
y jurisprudencia citada).
Si bien es cierto que las circunstancias enumeradas en la lista que figura en el punto 29 de las Directrices de 2006 forman parte ciertamente de las que la Comisión puede tener en cuenta en un caso concreto, esta no está obligada a otorgar automáticamente una reducción adicional por ese concepto siempre que una empresa aporte indicios de la existencia de una de esas circunstancias, ya que la procedencia de una eventual reducción de la multa en atención a las circunstancias atenuantes debe apreciarse de forma global, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de febrero de 2012, Denki Kagaku Kogyo y Denka Chemicals/Comisión,
T‑83/08
, no publicada,
EU:T:2012:48
, apartado
y jurisprudencia citada).
Pues bien, se ha señalado que, en primer término, la demandante había participado en casi todo el período de la infracción, es decir, casi doce años de los catorce que duró la práctica colusoria. En segundo término, pese a no haber participado en las reuniones MK, la demandante había participado en 52 reuniones multilaterales, entre las que se encontraban las reuniones ECC, ATC y CUP, y en seis contactos bilaterales o trilaterales. En tercer término, la demandante no había negado que las reuniones CUP completaban las reuniones MK y que los participantes en la práctica colusoria las consideraban «reuniones oficiosas», celebradas en paralelo a estas últimas, en la medida en que se organizaban generalmente una semana después de estas y agrupaban a la mayoría de los participantes en ellas. En cuarto término, todos los intercambios contrarios a la competencia formaban parte de un mismo plan de conjunto, con un objetivo económico único. Por otra parte, de la Decisión impugnada no se desprende que las reuniones MK revistieran una importancia particular en comparación con las demás reuniones.
Asimismo, en lo que respecta a las reducciones concedidas en otros asuntos, en los apartados 505 y 506 anteriores se ha recordado que la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no podía servir de marco jurídico a las multas en materia de competencia.
A la luz de estas consideraciones, procede declarar que, a pesar de no haber participado en las reuniones MK, la demandante no puede sostener fundadamente que su participación en la práctica colusoria era limitada y que tenía un grado de nocividad que justificaba una reducción mayor de la multa. De ello se deduce que la Comisión no violó el principio de proporcionalidad. Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la demandante.
En segundo lugar, la demandante reprocha a la Comisión haberle concedido la misma reducción de la que disfrutaron los participantes en la práctica colusoria que no participaron en las reuniones CUP, a pesar de que no se encontraban en situaciones comparables, habida cuenta de la importancia de las reuniones MK en relación con las reuniones CUP en la caracterización de la infracción.
A este respecto, procede recordar que el principio de igualdad de trato, que constituye un principio general del Derecho de la Unión consagrado por los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente y que las situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (véase la sentencia de 27 de febrero de 2014, InnoLux/Comisión,
T‑91/11
,
EU:T:2014:92
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
En cuanto a la determinación de la cuantía de la multa, este principio se opone a que la Comisión lleve a cabo, por la aplicación de métodos de cálculo diferentes, una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios al artículo 101 TFUE, apartado 1 (véase la sentencia de 27 de febrero de 2014, InnoLux/Comisión,
T‑91/11
,
EU:T:2014:92
, apartado
y jurisprudencia citada).
Pues bien, en primer término, se ha señalado, en el apartado 529 anterior, que las reuniones MK no revestían especial importancia en comparación con las demás reuniones. En segundo término, del considerando 1022 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión consideró que Sanyo, NEC Tokin y Matsuo eran responsables de la totalidad de la infracción única y continuada, con excepción de las reuniones CUP, dado que su participación en dichas reuniones no había quedado acreditada y que nada probaba que hubieran tenido conocimiento de ellas.
De ello se deduce que la Comisión consideró que estas empresas, al igual que la demandante, eran responsables de la totalidad de la infracción única y continuada, con excepción de un grupo de reuniones, respecto del cual no se había demostrado su participación.
En estas circunstancias, al conceder la misma reducción a todas estas empresas, la Comisión respetó el principio de igualdad de trato, que exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado.
De ello se deduce que la Comisión no violó el principio de igualdad de trato. Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la demandante.
De todo lo anterior resulta que debe desestimarse la presente imputación.
[
omissis
]
2.

Sobre las pretensiones destinadas a obtener la reducción del importe de la multa
Mediante su segunda pretensión, la demandante solicita al Tribunal, en cualquier caso, que ejerza su competencia jurisdiccional plena para sustituir la apreciación de la Comisión sobre el importe de la multa por la suya propia y, en consecuencia, que reduzca el importe de la multa que se le impuso.
Con carácter preliminar, procede señalar que, en apoyo de la presente pretensión, la demandante invoca la argumentación expuesta en apoyo del cuarto motivo, basado en errores manifiestos en la determinación del importe de la multa.
Procede recordar que la competencia jurisdiccional plena, reconocida al órgano jurisdiccional de la Unión por el artículo 31 del Reglamento n.
o
1/2003, de conformidad con el artículo 261 TFUE, faculta al órgano jurisdiccional, más allá del mero control de la legalidad de la sanción, a efectos de determinar su importe, para sustituir por la suya propia la apreciación de la Comisión, autora del acto en el que ese importe se ha fijado inicialmente. En consecuencia, el órgano jurisdiccional de la Unión puede reformar el acto impugnado, incluso sin anularlo, teniendo en cuenta todas las circunstancias del hecho, para suprimir, reducir o aumentar el importe de la multa (véase la sentencia de 25 de julio de 2018, Orange Polska/Comisión,
C‑123/16 P
,
EU:C:2018:590
, apartado
y jurisprudencia citada).
Para cumplir los requisitos del control de plena jurisdicción a los efectos del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales por lo que respecta a la multa, el órgano jurisdiccional de la Unión está obligado, en el ejercicio de las competencias que establecen los artículos 261 TFUE y 263 TFUE, a examinar toda imputación, de hecho o de Derecho, que tenga por objeto demostrar que el importe de la multa no está en consonancia con la gravedad y la duración de la infracción (véase la sentencia de 26 de enero de 2017, Villeroy & Boch/Comisión,
C‑625/13 P
,
EU:C:2017:52
, apartado
y jurisprudencia citada).
No obstante, es preciso subrayar que el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena no equivale a un control de oficio y recordar que el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión es contradictorio. Exceptuando los motivos de orden público que el juez debe examinar de oficio, como la falta de motivación de la Decisión impugnada, corresponde a la parte demandante alegar los motivos contra la Decisión controvertida y aportar las pruebas en apoyo de dichos motivos (sentencia de 9 de junio de 2016, Repsol Lubricantes y Especialidades y otros/Comisión,
C‑617/13 P
,
EU:C:2016:416
, apartado
y jurisprudencia citada).
Además, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, el Tribunal no está vinculado por las Directrices de 2006, las cuales no prejuzgan la apreciación de la multa por el juez de la Unión. En efecto, aunque la Comisión esté obligada a respetar el principio de protección de la confianza legítima cuando aplica las reglas que se ha impuesto, como las Directrices de 2006, este principio no puede vincular en los mismos términos al juez de la Unión por cuanto este no va a aplicar un método de cálculo específico de las multas en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, sino que va a examinar en cada caso las situaciones que se le plantean teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho y de Derecho concurrentes en las mismas (véase la sentencia de 14 de mayo de 2014, Donau Chemie/Comisión,
T‑406/09
,
EU:T:2014:254
, apartado
y jurisprudencia citada).
No obstante, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se deduce igualmente que el ejercicio de una competencia jurisdiccional plena no puede dar lugar, al determinarse el importe de las multas, a una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo contrario a las normas sobre competencia del Derecho de la Unión. Si el Tribunal tiene intención de no aplicar, con respecto a una de tales empresas en concreto, el método de cálculo utilizado por la Comisión y que no ha cuestionado, es necesario que lo motive en la sentencia (véase la sentencia de 14 de mayo de 2014, Donau Chemie/Comisión,
T‑406/09
,
EU:T:2014:254
, apartado
y jurisprudencia citada).
De este modo, el Tribunal puede fijar el importe de la multa en un nivel inferior al resultante de la aplicación de las Directrices de 2006, si las circunstancias del asunto de que conoce lo justifican. No obstante, es necesario también que el demandante invoque motivos pertinentes, que puedan justificar tal reducción, y los acredite con pruebas (véase la sentencia de 14 de mayo de 2014, Donau Chemie/Comisión,
T‑406/09
,
EU:T:2014:254
, apartado
y jurisprudencia citada).
Procede examinar a la luz de estas consideraciones si las circunstancias invocadas por la demandante pueden justificar, incluso a falta de un error de Derecho o de un error de apreciación de la Comisión, una reducción del importe de la multa que se le impuso mediante la Decisión impugnada.
En primer lugar, por lo que respecta al cálculo del valor de las ventas, para empezar se ha constatado, al examinar la primera imputación de la primera parte del cuarto motivo, que la consideración del valor total de las ventas de los productos de que se trata durante el último año de participación en la práctica colusoria como base de cálculo de la multa podía dar una indicación adecuada de la amplitud de la infracción en el mercado afectado y de su importancia económica para las actividades de los participantes en la práctica colusoria.
Asimismo, procede señalar que la alegación formulada por la demandante a este respecto no presenta un grado de precisión suficiente para permitir al Tribunal comprender de qué manera la demandante determina la base y los métodos alternativos de cálculo en los que se basa. La demandante estima, en efecto, sobre la base de la información que figura en el estudio realizado por una empresa independiente, que el importe de la multa debería reducirse para establecerse en un nivel que oscila entre 25 y 40 millones de euros. Además, la base y las modalidades de cálculo propuestas no ofrecen ninguna indicación de que permitan reflejar la amplitud de la infracción en el mercado de que se trata, así como su importancia económica para las actividades de la demandante y, por otra parte, garantizar el respeto del principio de igualdad de trato entre los participantes en la práctica colusoria.
A continuación, al examinar la primera imputación de la primera parte del segundo motivo, se ha señalado que la demandante había participado en una infracción única y continuada que no se limitaba ni a un tipo específico de condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio, sino que cubría una amplia gama de condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio, ni a determinados clientes.
Por último, en el apartado 482 anterior, se ha señalado que las especificidades internas invocadas por la demandante, relativas a la estructura de sus ventas, formaban parte únicamente de su estrategia comercial y no constituían en sí mismas particularidades que justificasen la aplicación de un método de cálculo diferente para la determinación del valor de las ventas.
En segundo lugar, por lo que respecta a la reducción del coeficiente de gravedad aplicado por la Comisión, invocada por la demandante en el marco de la segunda imputación de la primera parte del cuarto motivo, debe señalarse, en primer término, que la demandante no ha precisado ni las especificidades que justificarían una reducción del porcentaje aplicado por la Comisión ni el porcentaje al que debía fijarse dicho coeficiente. En segundo término, en el apartado 502 anterior, se ha señalado que la infracción de que se trata era, por su propia naturaleza, una de las restricciones de la competencia más graves. En tercer término, se ha señalado en el apartado 367 anterior, que la demandante había participado casi en la totalidad del período de infracción, es decir, casi doce años de los catorce que duró la práctica colusoria. En cuarto término, del examen de la segunda imputación de la primera parte del segundo motivo se desprende que la infracción se extendía a todo el EEE. En quinto término, si bien, mediante las referencias que ha hecho al coeficiente aplicado por la Comisión en otras decisiones, la demandante pretendía demostrar, en el caso de autos, una eventual discriminación, debe recordarse, a este respecto, que el Tribunal no está vinculado por la práctica decisoria de la Comisión (véase, por analogía, la sentencia de 26 de octubre de 2017, Marine Harvest/Comisión,
T‑704/14
,
EU:T:2017:753
, apartado
).
En tercer lugar, por lo que respecta a la reducción del importe adicional determinado por la Comisión, que es objeto de la tercera imputación de la primera parte del cuarto motivo, en primer término, se ha señalado en el apartado 519 anterior que el carácter disuasorio de una multa impuesta por una infracción de las normas de competencia de la Unión no puede determinarse en función de eventuales sanciones impuestas a la empresa por infracciones de las normas sobre competencia de Estados terceros. En segundo término, la Comisión aplicó en el presente asunto, un importe adicional del 16 % del valor de las ventas, es decir, solo un punto porcentual por encima del porcentaje más bajo que podía aplicar, de conformidad con el punto 25 de las Directrices de 2006.
En cuarto lugar, por lo que respecta a la mayor reducción de su multa en atención a circunstancias atenuantes, se ha señalado, en el apartado 531 anterior, que, a pesar de no haber participado en las reuniones MK, la demandante no podía sostener fundadamente que su participación en la práctica colusoria era limitada y que tenía un grado de nocividad menor que justificaba tal reducción. También se ha señalado, en el apartado 536 anterior, que la Comisión había concedido una reducción análoga a todas las empresas cuya responsabilidad se había declarado en relación con la totalidad de la infracción, con excepción de un grupo de reuniones, respecto del cual no se había demostrado su participación.
En quinto lugar, se ha declarado en el apartado 546 anterior que la demandante no podía ignorar la naturaleza reprensible de su comportamiento y, por tanto, mantener que, como mucho, solo podía ser considerada responsable de una infracción por negligencia.
En sexto lugar, se ha declarado, en el apartado 564 anterior, que la demandante no podía invocar fundadamente la existencia de una circunstancia atenuante relativa al comportamiento competitivo que supuestamente había tenido en el mercado. En particular, ningún elemento de los autos demuestra que la demandante actuara de forma diferente a los demás participantes en la práctica colusoria y perturbara el funcionamiento de esta.
De cuanto antecede resulta que ninguna de las circunstancias de hecho y de Derecho invocadas por la demandante en apoyo de una reducción de la multa que se le impuso justifica, en particular, a la luz de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato, la adopción de un método de cálculo diferente del adoptado por la Comisión que pueda dar lugar a tal reducción. Por consiguiente, no procede que el Tribunal haga uso, en el caso de autos, de su competencia jurisdiccional plena.
De ello se deduce que deben desestimarse las pretensiones de la demandante destinadas a que se reduzca el importe de la multa y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
[
omissis
]

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Nichicon Corporation cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

Costeira
Gratsias
Kancheva
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de septiembre de 2021.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.