CELEX: 62018CJ0453
Procedimiento prejudicial
Cooperación judicial en materia civil
Proceso monitorio europeo
Reglamento (CE) n.º 1896/2006
Aportación de documentación complementaria que acredite la deuda
Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores
Directiva 93/13/CEE
Control por parte del órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado una petición de requerimiento europeo de pago

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (
DO 1993, L 95, p. 29
; corrección de errores en
DO 2015, L 137, p. 13
), del artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (CE) n.
o
1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (
DO 2006, L 399, p. 1
), y del artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), así como la validez del Reglamento n.
o
1896/2006.
Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos procesos monitorios europeos entre Bondora AS y, por un lado, el Sr. Carlos V. C. y, por otro, XY, en relación con el cobro por parte de la primera de las deudas derivadas de contratos de préstamo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 93/13
El artículo 1 de la Directiva 93/13 dispone:
«1.   El propósito de la presente Directiva es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
2.   Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la Comunidad son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.»
A tenor del artículo 3, apartado 1, de esta Directiva:
«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.»
El artículo 6 de dicha Directiva preceptúa:
«1.   Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.
[…]»
El artículo 7 de la misma Directiva establece lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
2.   Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o administrativos competentes con el fin de que estos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas.
[…]»
Reglamento n.
o
1896/2006
Los considerandos 9, 13, 14 y 29 del Reglamento n.
o
1896/2006 están redactados en los siguientes términos:
«(9)
El objeto del presente Reglamento consiste en simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo, y en permitir la libre circulación de los requerimientos europeos de pago a través de todos los Estados miembros, mediante el establecimiento de normas mínimas cuya observancia haga innecesario un proceso intermedio en el Estado miembro de ejecución con anterioridad al reconocimiento y a la ejecución.
[…]
(13)
En la petición de requerimiento europeo de pago, debe obligarse al demandante a que proporcione información suficiente para poder determinar y justificar claramente la deuda, de forma que el demandado pueda decidir con conocimiento de causa si la impugna o no.
(14)
En este contexto, debe exigirse al demandante que aporte una descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda. A tal efecto, el formulario de petición debe incluir una lista lo más exhaustiva posible de los distintos medios de prueba que se presentan habitualmente para acreditar deudas pecuniarias.
[…]
(29)
Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un mecanismo uniforme, rápido y eficaz para el cobro de créditos pecuniario[s] no impugnados [en toda la Unión Europea], no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos del Reglamento, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.»
El artículo 1, letra a), de este Reglamento dispone:
«El presente Reglamento tiene por objeto:
a)
simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo».
El artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.
o
1896/2006 establece:
«El presente Reglamento se aplicará en los asuntos transfronterizos en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. […]»
Según el artículo 3, apartado 1, de este Reglamento:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por asuntos transfronterizos aquellos en los que al menos una de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la petición.»
El artículo 5 de dicho Reglamento establece:
«A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las siguientes definiciones:
[…]
3)
“órgano jurisdiccional”: cualquier autoridad de un Estado miembro con competencia para conocer de los requerimientos europeos de pago o para cualesquiera cuestiones afines;
4)
“órgano jurisdiccional de origen”: el órgano jurisdiccional que expide un requerimiento europeo de pago.»
El artículo 7 del mismo Reglamento preceptúa:
«1.   La petición de requerimiento europeo de pago se presentará en el formulario A que figura en el anexo I.
2.   En la petición deberán indicarse:
a)
los nombres y direcciones de las partes y, si procede, de sus representantes, así como del órgano jurisdiccional ante el cual se ha presentado la petición;
b)
el importe de la deuda, incluido el principal y, en su caso, los intereses, las penalizaciones contractuales y las costas;
c)
si se reclaman intereses sobre la deuda, el tipo de interés y el período respecto del cual se reclaman dichos intereses, a menos que se añada de oficio un interés legal al principal en virtud del Derecho del Estado miembro de origen;
d)
la causa de pedir, incluida una descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la deuda y, en su caso, de los intereses reclamados;
e)
una descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda;
f)
los criterios de competencia judicial,
y
g)
el carácter transfronterizo del asunto en el sentido del artículo 3.
[…]»
A tenor del artículo 8 del Reglamento n.
o
1896/2006:
«El órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una petición de requerimiento europeo de pago deberá examinar, lo antes posible y basándose en el formulario de la petición, si se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 y si la petición resulta fundada. Este examen podrá revestir la forma de un procedimiento automatizado.»
El artículo 9 de este Reglamento dispone:
«1.   En caso de que no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7, el órgano jurisdiccional concederá al demandante la posibilidad de completar o rectificar la petición, a no ser que esta sea manifiestamente infundada o inadmisible. El órgano jurisdiccional utilizará al efecto el formulario B que figura en el anexo II.
2.   Cuando el órgano jurisdiccional requiera al demandante que complete o rectifique la petición, especificará un plazo de tiempo adecuado a las circunstancias. El órgano jurisdiccional podrá prorrogar dicho plazo de manera discrecional.»
El artículo 12 de dicho Reglamento, titulado «Expedición de un requerimiento europeo de pago», establece:
«1.   Si se cumplen los requisitos mencionados en el artículo 8, el órgano jurisdiccional expedirá un requerimiento europeo de pago lo antes posible y, como regla general, en un plazo de 30 días a partir de la fecha de presentación de la petición, mediante el formulario E que figura en el anexo V.
El plazo de 30 días no comprenderá el tiempo empleado por el demandante para completar, rectificar o modificar la petición.
2.   El requerimiento europeo de pago se expedirá junto con una copia del formulario de petición. No incluirá la información facilitada por el demandante en los apéndices I y II del formulario A.
3.   En el requerimiento europeo de pago se comunicará al demandado que podrá optar por:
a)
pagar al demandante el importe indicado en el requerimiento,
o bien
b)
oponerse al requerimiento mediante la presentación, ante el órgano jurisdiccional de origen, de un escrito de oposición, enviado en un plazo de 30 días desde que se le hubiera notificado el requerimiento.
4.   En el requerimiento europeo de pago se informará al demandado de que:
a)
el requerimiento fue expedido únicamente sobre la base de la información facilitada por el demandante, sin que la misma haya sido comprobada por el órgano jurisdiccional;
b)
el requerimiento se hará ejecutivo a menos que se presente un escrito de oposición ante el órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido en el artículo 16;
c)
en caso de que se presente escrito de oposición, el proceso continuará ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de origen, de conformidad con las normas del proceso civil ordinario que corresponda, a no ser que el demandante haya solicitado expresamente que, en dicho supuesto, se ponga fin al proceso.
5.   El órgano jurisdiccional se asegurará de que el requerimiento se notifica al demandado de conformidad con el Derecho nacional, mediante alguna forma que cumpla los requisitos mínimos establecidos en los artículos 13, 14 y 15.»
El artículo 16 del mismo Reglamento está redactado en los siguientes términos:
«1.   El demandado podrá presentar escrito de oposición al requerimiento europeo de pago ante el órgano jurisdiccional de origen, valiéndose del formulario F que figura en el anexo VI, que se le remitirá adjunto al requerimiento europeo de pago.
2.   El escrito de oposición se enviará en un plazo de 30 días desde la notificación al demandado del requerimiento.
3.   El demandado deberá indicar en su escrito de oposición que impugna la deuda, sin que esté obligado a motivarlo.
[…]»
Según el campo 11 del formulario A del anexo I del Reglamento n.
o
1896/2006, podrán añadirse otras alegaciones e información complementaria, si procede.
Derecho español
En la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE n.
o
7, de 8 de enero de 2000; en lo sucesivo, «LEC»), la disposición final vigésima tercera, que introduce medidas para facilitar la aplicación en España del Reglamento n.
o
1896/2006, establece en sus apartados 2 y 11:
«2. La petición de requerimiento europeo de pago se presentará a través del formulario A que figura en el anexo I del [Reglamento n.
o
1896/2006], sin necesidad de aportar documentación alguna, que en su caso será inadmitida.
[…]
11. Las cuestiones procesales no previstas en el [Reglamento n.
o
1896/2006] para la expedición de un requerimiento europeo de pago se regirán por lo previsto en [la LEC] para el proceso monitorio.»
El artículo 815, apartado 4, de la LEC dispone:
«Si la reclamación de la deuda se fundara en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario, el Letrado de la Administración de Justicia, previamente a efectuar el requerimiento, dará cuenta al juez para que pueda apreciar el posible carácter abusivo de cualquier cláusula que constituya el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible.
El juez examinará de oficio si alguna de las cláusulas que constituye el fundamento de la petición o que hubiese determinado la cantidad exigible puede ser calificada como abusiva. Cuando apreciare que alguna cláusula puede ser calificada como tal, dará audiencia por cinco días a las partes. Oídas estas, resolverá lo procedente mediante auto dentro de los cinco días siguientes. Para dicho trámite no será preceptiva la intervención de abogado ni de procurador.
De estimar el carácter abusivo de alguna de las cláusulas contractuales, el auto que se dicte determinará las consecuencias de tal consideración acordando, bien la improcedencia de la pretensión, bien la continuación del procedimiento sin aplicación de las consideradas abusivas.
Si el tribunal no estimase la existencia de cláusulas abusivas, lo declarará así y el Letrado de la Administración de Justicia procederá a requerir al deudor en los términos previstos en el apartado 1.
El auto que se dicte será directamente apelable en todo caso.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Asunto C‑453/18
Bondora celebró un contrato de préstamo con un consumidor, el Sr. V. C., por la cantidad de 755,27 euros. El 21 de marzo de 2018, esta sociedad presentó ante el juzgado remitente una petición de requerimiento europeo de pago contra el Sr. V. C.
Considerando que la deuda se fundaba en un contrato de préstamo celebrado entre un profesional y un consumidor, el juzgado remitente, en virtud del artículo 815, apartado 4, de la LEC, requirió a Bondora para que aportara documentación acreditativa de la deuda, correspondiente a los medios de prueba del campo 10 del formulario A, a saber, el contrato de préstamo y la determinación del importe de la deuda, con el fin de poder apreciar el eventual carácter abusivo de las cláusulas de dicho contrato.
Bondora se negó a presentar esa documentación aduciendo, por un lado, que, según la disposición final vigésima tercera, apartado 2, de la LEC, en el caso de una petición de requerimiento europeo de pago, no es necesario aportar documentación acreditativa de la deuda y, por otro lado, que los artículos 8 y 12 del Reglamento n.
o
1896/2006 no hacen referencia alguna a la presentación de documentación para la expedición de un requerimiento europeo de pago.
El juzgado remitente considera que tal interpretación de las normas a que se refiere el apartado anterior puede suscitar dificultades cuando la deuda cuyo importe se reclama se basa en un contrato celebrado con un consumidor. Efectivamente, la sociedad acreedora no ha adjuntado a la petición de requerimiento europeo de pago la documentación necesaria para apreciar, con arreglo al artículo 815, apartado 4, de la LEC, el posible carácter abusivo de una cláusula que constituya el fundamento de la petición o que determine la cantidad exigible. Ahora bien, el juzgado remitente subraya que el artículo 815, apartado 4, de la LEC, en su versión aplicable a los hechos, transpuso al ordenamiento jurídico español la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la Directiva 93/13, en particular, las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito (
C‑618/10
,
EU:C:2012:349
), y de21 de abril de 2016, Radlinger y Radlingerová (
C‑377/14
,
EU:C:2016:283
), con el fin de que los jueces españoles pudiesen examinar de oficio el carácter supuestamente abusivo de las cláusulas contractuales de que se derivan los créditos.
En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.
o
11 de Vigo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Hay que interpretar el artículo 7.1 de la Directiva [93/13] y la jurisprudencia que la interpreta, en el sentido de que dicho artículo de la Directiva se opone a una norma nacional, como la de la Disposición final vigésima tercera, [apartado 2], de la [LEC], que dispone que en la petición de requerimiento europeo de pago no resulta preciso aportar documentación alguna y que en su caso será inadmitida?
2)
¿Hay que interpretar el artículo 7.2.e), del Reglamento n.
o
1896/2006 […] en el sentido de que dicho precepto no impide que se pueda requerir a la entidad acreedora para que aporte la documentación en que basa su reclamación derivada de un préstamo al consumo concertado entre un profesional y un consumidor, si el órgano jurisdiccional estima imprescindible el examen del documento para examinar la posible existencia de cláusulas abusivas en el contrato suscrito entre las partes y dar así cumplimiento a lo expresado en la Directiva [93/13] y la jurisprudencia que la interpreta?»
Asunto C‑494/18
Bondora celebró un contrato de préstamo con XY por la cantidad de 1818,66 euros. El 17 de mayo de 2018, Bondora presentó ante el juzgado remitente una petición de requerimiento europeo de pago contra aquel.
En el formulario A, que figura en el anexo I del Reglamento n.
o
1896/2006, Bondora señaló que XY era un consumidor y que la sociedad disponía del contrato de préstamo que fundamentaba la reclamación y la determinación de la deuda.
Tras constatar el carácter de consumidor de una de las partes, el juzgado remitente requirió a Bondora para que cumplimentara el campo 11 del formulario A, titulado «Otras alegaciones e información complementaria», y especificara en él el desglose de la liquidación de la deuda de que se trata y las cláusulas del contrato que invocaba en apoyo de su reclamación.
Bondora se negó a facilitar esta información aduciendo que, en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
1896/2006, no estaba obligada a presentar ninguna otra prueba de la deuda reclamada y que, según la disposición final vigésima tercera, apartado 2, de la LEC, en el caso de una petición de requerimiento europeo de pago, no era necesario aportar documentación acreditativa de la deuda. Además, esta sociedad también alegó que otros juzgados habían admitido peticiones de requerimiento de pago similares sin solicitarle que cumpliera otros requisitos.
El juzgado remitente alberga dudas sobre la interpretación del Reglamento n.
o
1896/2006 a la luz de la protección de los consumidores y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Entiende que expedir un requerimiento europeo de pago sin controlar de oficio la eventual existencia de cláusulas abusivas podría vulnerar el imperativo de protección de los consumidores, consagrado en el artículo 38 de la Carta, en relación con el artículo 6 TUE, apartado 1.
Además, según el juzgado remitente, el artículo 38 de la Carta, el artículo 6 TUE, apartado 1, y los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 no se oponen a una norma nacional como la disposición final vigésima tercera, apartado 2, de la LEC siempre que tal norma permita al juez tener conocimiento del contenido de las cláusulas accesorias del contrato para poder controlar de oficio las cláusulas abusivas.
En cambio, el juzgado remitente opina que, si la interpretación del Reglamento n.
o
1896/2006 permitiera que no pudieran recabarse aclaraciones adicionales con el fin de comprobar si se han aplicado cláusulas abusivas, este Reglamento debería considerarse inválido por infringir el artículo 6 TUE, apartado 1, y el artículo 38 de la Carta.
En estas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia n.
o
20 de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
Si es compatible con el artículo 38 [de la Carta], con el artículo 6.1 [TUE] y con los artículos 6.1 y 7.1 de la Directiva [93/13] una normativa nacional como el apartado [2] de la DF 23.
a
LEC que no permite aportar ni reclamar un contrato ni el desglose de la deuda en una reclamación en la que el demandado es un consumidor y hay indicios de que pudieran estarse reclamando cantidades basadas en cláusulas abusivas.
2)
Si es compatible con el artículo 7.2d) del Reglamento [n.
o
1896/2006] solicitar, en las reclamaciones contra un consumidor, que el actor especifique en el apartado 11 del formulario A [del anexo I del Reglamento n.
o
1896/2006] el desglose de la deuda que reclama. Igualmente, si es compatible con dicho precepto exigir que en ese mismo apartado 11 se copie el contenido de las cláusulas del contrato que fundamentan las reclamaciones a un consumidor, más allá del objeto principal del contrato, para valorar su abusividad.
3)
Si la respuesta a la cuestión segunda es negativa, que se indique por parte del TJUE si es posible, en la regulación actual del Reglamento n.
o
1896/2006, comprobar de oficio, con carácter previo a expedir el requerimiento europeo de pago, si en un contrato con un consumidor se están aplicando cláusulas abusivas y en base a qué precepto se puede realizar.
4)
En el supuesto de que no sea posible controlar de oficio, en la redacción actual del Reglamento n.
o
1896/2006, la existencia de cláusulas abusivas con carácter previo a expedir el requerimiento europeo de pago, se pregunta al TJUE para que se pronuncie sobre la validez del citado Reglamento, por si es contrario al artículo 38 [de la Carta] y [al] artículo 6.1 [TUE].»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Mediante decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2018 y del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2019, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑453/18 y C‑494/18 a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento y de la sentencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas en los asuntos C‑453/18 y C‑494/18 y sobre la tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑494/18
Mediante las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas en los asuntos C‑453/18 y C‑494/18 y la tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑494/18, los juzgados remitentes solicitan, en esencia, que se dilucide si el artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento n.
o
1896/2006 y los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y a la luz del artículo 38 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que permiten que un «órgano jurisdiccional», según la definición de dicho Reglamento, que conoce de un proceso monitorio europeo pida al acreedor información complementaria relativa a las cláusulas contractuales que este invoca para acreditar la deuda de que se trate, con el fin de controlar de oficio el carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas, y de que, en consecuencia, se oponen a una normativa nacional que declara inadmisible la documentación complementaria aportada a tal efecto.
Con carácter preliminar, procede señalar que, en virtud del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.
o
1896/2006, este se aplica en los asuntos transfronterizos. A tenor del artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento, se entenderá por asuntos transfronterizos aquellos en los que al menos una de las partes esté domiciliada o tenga su residencia habitual en un Estado miembro distinto de aquel al que pertenezca el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la petición. En el presente asunto, a reserva de las comprobaciones que deberán efectuar los juzgados remitentes, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que Bondora es una sociedad cuyo domicilio radica en Estonia. Por consiguiente, el Reglamento n.
o
1896/2006 resulta de aplicación.
En primer lugar, debe indicarse que, según el artículo 1 del Reglamento n.
o
1896/2006, en relación con los considerandos 9 y 29 de este, dicho Reglamento tiene por objeto simplificar, acelerar y reducir los costes en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo.
Precisamente para garantizar los objetivos de celeridad y uniformidad en dicho proceso, la petición de requerimiento se presenta mediante el formulario A, que figura en el anexo I del Reglamento n.
o
1896/2006, con arreglo al artículo 7 de este Reglamento, en cuyo apartado 2 se enumeran los datos que deben constar en la petición. En particular, el artículo 7, apartado 2, letras d) y e), de dicho Reglamento establece que la petición de requerimiento deberá contener la causa de pedir, incluida una descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la deuda y, en su caso, de los intereses reclamados, y una descripción de los medios de prueba que acrediten la deuda.
En virtud del artículo 8 del Reglamento n.
o
1896/2006, el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una petición de requerimiento deberá examinar, lo antes posible y basándose en el formulario A, si se cumplen los requisitos establecidos, entre otros artículos, en el artículo 7 de este Reglamento y si la petición resulta fundada. En ese supuesto, expedirá el requerimiento europeo de pago, de conformidad con el artículo 12 de dicho Reglamento. En caso de que no se cumplan los requisitos establecidos en el citado artículo 7, con arreglo al artículo 9, apartado 1, del mismo Reglamento, el órgano jurisdiccional, valiéndose del formulario B, que figura en el anexo II del Reglamento, concederá al demandante la posibilidad de completar o rectificar la petición.
En segundo lugar, debe determinarse si, en un proceso monitorio europeo, el órgano jurisdiccional ante el que se ha presentado la petición de requerimiento está vinculado por las exigencias establecidas en los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia y a la luz del artículo 38 de la Carta.
A este respecto, en primer término, procede recordar que el sistema de protección establecido por la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que lo lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de estas (sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť,
C‑470/12
,
EU:C:2014:101
, apartado
y jurisprudencia citada). Además, el artículo 38 de la Carta dispone que, en las políticas de la Unión, se garantizará un nivel elevado de protección de los consumidores. Este imperativo rige la aplicación de la Directiva 93/13 (sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť,
C‑470/12
,
EU:C:2014:101
, apartado
).
En segundo término, a tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional.
En tercer término, habida cuenta de la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, la Directiva 93/13 impone a los Estados miembros, tal como se desprende de su artículo 7, apartado 1, en relación con su vigesimocuarto considerando, la obligación de prever medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores (sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska,
C‑176/17
,
EU:C:2018:711
, apartado
y jurisprudencia citada).
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva 93/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que exista entre el consumidor y el profesional, siempre que disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto (sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM,
C‑243/08
,
EU:C:2009:350
, apartado
, y de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska,
C‑176/17
,
EU:C:2018:711
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, es preciso subrayar que, en el contexto de procesos monitorios nacionales, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 se opone a una normativa nacional que permite expedir un requerimiento de pago cuando el juez que conoce de la petición de proceso monitorio no tenga la facultad de examinar el eventual carácter abusivo de las cláusulas de ese contrato, en caso de que los requisitos para ejercer el derecho a formular oposición a dicho requerimiento no permitan garantizar el respeto de los derechos del consumidor derivados de la citada Directiva (véanse, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska,
C‑176/17
,
EU:C:2018:711
, apartado
, y el auto de 28 de noviembre de 2018, PKO Bank Polski,
C‑632/17
,
EU:C:2018:963
, apartado
).
Así pues, el Tribunal de Justicia ha considerado que un órgano jurisdiccional que conoce de una petición de proceso monitorio debe determinar si las modalidades del procedimiento de oposición que establece el Derecho nacional generan un riesgo no desdeñable de que los consumidores afectados no formulen la oposición requerida (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2018, Profi Credit Polska,
C‑176/17
,
EU:C:2018:711
, apartado
y jurisprudencia citada).
Estas exigencias rigen igualmente cuando un «órgano jurisdiccional», según la definición del Reglamento n.
o
1896/2006, recibe una petición de requerimiento europeo de pago, en el sentido de este Reglamento.
Por consiguiente, procede determinar si el Reglamento n.
o
1896/2006 permite al órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una petición de requerimiento europeo de pago pedir al acreedor información complementaria sobre las cláusulas para acreditar la deuda, a efectos de examinar de oficio el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas del contrato, con arreglo a las exigencias derivadas de los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13.
A este respecto, cabe señalar que, si bien es cierto que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
1896/2006 regula de manera exhaustiva los requisitos que debe cumplir la petición de requerimiento europeo de pago (sentencia de 13 de diciembre de 2012, Szyrocka,
C‑215/11
,
EU:C:2012:794
, apartado
), también lo es que el demandante debe utilizar el formulario A, que figura en el anexo I de este Reglamento, para presentar tal petición, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, de dicho Reglamento. Pues bien, por un lado, del campo 10 del formulario A se desprende que el demandante tiene la posibilidad de indicar y describir el tipo de medios de prueba de que dispone, incluidas las pruebas documentales, y, por otro lado, del campo 11 de este formulario resulta que puede añadirse información complementaria a la requerida expresamente por los campos anteriores de dicho formulario, de modo que este posibilita que se aporte información adicional relativa a las cláusulas que se invocan para acreditar la deuda, en particular, reproduciendo todo el contrato o aportando una copia de este.
Además, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.
o
1896/2006 establece que el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado dicha petición está facultado, valiéndose del formulario B, que figura en el anexo II de este Reglamento, para pedir al acreedor que complete o rectifique la información facilitada sobre la base del artículo 7 de dicho Reglamento.
De ello se deduce que, en virtud de los artículos 7, apartado 1, y 9, apartado 1, del Reglamento n.
o
1896/2006, el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado una petición de requerimiento europeo de pago debe poder pedir al acreedor información complementaria relativa a las cláusulas que este invoca para acreditar la deuda, como la reproducción de todo el contrato o la presentación de una copia de este, con el fin de poder examinar el carácter eventualmente abusivo de tales cláusulas, con arreglo a los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2018, Catlin Europe,
C‑21/17
,
EU:C:2018:675
, apartados
y
).
Una interpretación diferente del artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento n.
o
1896/2006 podría permitir a los acreedores eludir las exigencias derivadas de la Directiva 93/13 y del artículo 38 de la Carta.
Procede subrayar, además, que el hecho de que un órgano jurisdiccional nacional requiera al demandante que aporte el contenido del documento o de los documentos en los que basa su petición se integra simplemente en la materia probatoria del proceso, ya que ese requerimiento tiene por único objeto determinar si la petición es fundada, de modo que no vulnera el principio dispositivo (véase, por analogía, la sentencia de 7 de noviembre de 2019, Profi Credit Polska,
C‑419/18 y C‑483/18
,
EU:C:2019:930
, apartado
).
Por consiguiente, el artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento n.
o
1896/2006, en relación con los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y a la luz del artículo 38 de la Carta, se opone a una normativa nacional que declara inadmisible la documentación complementaria que se presente además del formulario A del anexo I del Reglamento n.
o
1896/2006, como puede ser una copia del contrato de que se trate.
Habida cuenta del conjunto de consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas en los asuntos C‑453/18 y C‑494/18 y a la tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑494/18 que el artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento n.
o
1896/2006 y los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y a la luz del artículo 38 de la Carta, deben interpretarse en el sentido de que permiten que un «órgano jurisdiccional», según la definición de dicho Reglamento, que conoce de un proceso monitorio europeo pida al acreedor información complementaria relativa a las cláusulas contractuales que este invoca para acreditar la deuda de que se trate, con el fin de controlar de oficio el carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas, y de que, en consecuencia, se oponen a una normativa nacional que declara inadmisible la documentación complementaria aportada a tal efecto.
Sobre la cuarta cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑494/18
Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas en los asuntos C‑453/18 y C‑494/18 y a la tercera cuestión prejudicial planteada en el asunto C‑494/18, no procede responder a esta cuarta cuestión prejudicial.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 7, apartado 2, letras d) y e), del Reglamento (CE) n.
o
1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo, y los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia y a la luz del artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que permiten que un
«órgano jurisdiccional»
, según la definición de dicho Reglamento, que conoce de un proceso monitorio europeo pida al acreedor información complementaria relativa a las cláusulas contractuales que este invoca para acreditar la deuda de que se trate, con el fin de controlar de oficio el carácter eventualmente abusivo de esas cláusulas, y de que, en consecuencia, se oponen a una normativa nacional que declara inadmisible la documentación complementaria aportada a tal efecto.

Bonichot
Safjan
Bay Larsen
Toader
Jääskinen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de diciembre de 2019.
El Secretario
A. Calot Escobar
El Presidente de la Sala Primera
J.‑C. Bonichot
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.