CELEX: 62016TJ0026
FEAGA y Feader
Gastos excluidos de la financiación
Irregularidades en la determinación del importe de los créditos
Retrasos en el procedimiento de recuperación de los créditos
Falta de compensación entre fondos
Determinación de la cuantía de los intereses
Proporcionalidad
Corrección financiera a tanto alzado
Artículos 31 a 33 del Reglamento (CE) n.º 1290/2005
Casos individuales

)
Antecedentes del litigio
En el marco de la financiación de la política agrícola común, la Comisión Europea realizó una serie de comprobaciones de los gastos efectuados por la demandante, la República Helénica. En primer lugar, llevó a cabo una verificación de documentos (IR/2009/017/GR) en un determinado número de casos individuales, a raíz de su escrito de observaciones de 10 de febrero de 2009, y posteriormente, del 8 al 10 de septiembre de 2009, realizó una inspección
in situ
(IR/2009/004/GR).
Mediante escrito de observaciones de 4 de enero de 2010, la Comisión indicó a la República Helénica las deficiencias y las irregularidades que había detectado al realizar esa inspección
in situ
, que se referían, en primer lugar, a retrasos en el procedimiento de recuperación, bien debido al transcurso de más de cuatro años entre la fecha del informe de control y la del primer acto de comprobación administrativa o judicial, bien debido al transcurso de más de un año entre el primer acto de comprobación administrativa o judicial y la emisión de una orden de recuperación; en segundo lugar, a la falta de compensación de los créditos entre el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader); en tercer lugar, a la determinación errónea de la cuantía de los intereses debidos y, en ocasiones, a la falta de mención de los intereses debidos cuando no se había procedido a la recuperación, y, en cuarto lugar, a casos individuales en los que se había producido un retraso en la recuperación. Así pues, proponía excluir de la financiación de la Unión Europea la cantidad de 11467310,85 euros e imputarla a la República Helénica.
Mediante escrito de 3 de marzo de 2010, la República Helénica manifestó su desacuerdo con ese análisis. El 1 de abril de 2011 se celebró una reunión bilateral de la que se levantó acta con fecha de 12 de julio de 2011. La Comisión observó que las autoridades griegas habían sido incapaces de facilitar datos sobre el conjunto de los casos que presentaban retrasos en la recuperación, aparte de los casos individuales ya identificados por ella. Por su parte, la República Helénica señaló dificultades en relación con el procedimiento de compensación entre fondos y negó que se hubiera producido una infravaloración por su parte de la cuantía de los intereses que se adeudaban. En cuanto a los casos individuales, la República Helénica declaró que, a su juicio, su antigüedad o su impugnación jurisdiccional impedían tener en cuenta los gastos correspondientes.
Mediante escrito de 24 de enero de 2013, la Comisión notificó a la República Helénica, en lengua griega, su propuesta de excluir de la financiación de la Unión la cantidad de 11467310,85 euros (en lo sucesivo, «notificación»). El 7 de marzo de 2013, la República Helénica solicitó la intervención del órgano de conciliación.
Durante el procedimiento de conciliación, el órgano de conciliación señaló, en su dictamen de 19 de octubre de 2013, primero, que las partes podían llegar a un acuerdo en lo relativo, concretamente, a la base de cálculo de la corrección financiera a tanto alzado propuesta del 10 %; a continuación, que, en lo que atañe al nivel de esa corrección, no podía ayudar en modo alguno a las partes, al no haber facilitado las autoridades griegas el cuadro que recoge los casos en los que no se han respetado los plazos, y, por último, que procedía llamar la atención de la Comisión sobre el artículo 33, apartado 3, letra c), del Reglamento (CE) n.
o
1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (
DO 2005, L 209, p. 1
), el cual «parece excluir la compensación si las cantidades comprometidas por el Feader son objeto de recuperación». Por lo demás, el órgano de conciliación indicó que no veía razón para poner en tela de juicio las conclusiones de los servicios de la Comisión.
La Comisión, que entre tanto había recibido nuevas pruebas, por un lado, revisó al alza, mediante escrito de 17 de julio de 2015 (en lo sucesivo, «escrito de 17 de julio de 2015»), el cálculo de la base de la corrección financiera a tanto alzado del 10 % y, por otro lado, aceptó, en un caso, no imponer corrección alguna, y, en otro, reducir el importe a la mitad. De ello resultó un aumento del importe final de la cantidad correspondiente a los gastos excluidos de la financiación de la Unión, que se elevó a 11534827,97 euros.
Mediante su Decisión de Ejecución (UE) 2015/2098, de 13 de noviembre de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al FEAGA y al Feader (
DO 2015, L 303, p. 35
; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión excluyó finalmente de la financiación de la Unión los gastos efectuados por el Organismos Pliromon kai Elegchou Koinotikon Enischyseon Prosanatolismou kai Eggyiseon (Agencia griega de pago y control de las ayudas comunitarias de orientación y de garantía; en lo sucesivo, «Opekepe»), por un importe total de 12647843,53 euros.
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 22 de enero de 2016, la República Helénica interpuso el presente recurso.
[omissis]
En la vista de 16 de febrero de 2017 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
La República Helénica solicita al Tribunal que:
–
Anule parcialmente la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión aplica en ella correcciones financieras que le afectan, por un importe de 11534827,97 euros.
–
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la República Helénica.
Fundamentos de Derecho
[
omissis
]
Sobre los motivos del recurso
En apoyo de sus pretensiones de anulación, la República Helénica invoca cinco motivos, basados, respectivamente:
–
en la inexistencia de base legal para imponer una corrección financiera a tanto alzado cuando se detectan deficiencias en lo que se refiere al procedimiento de recuperación de las ayudas indebidamente pagadas;
–
en el hecho de que la corrección financiera a tanto alzado, aplicada en 2015 con respecto a las deficiencias constatadas en el sistema de control, se adopta con respecto a situaciones en parte anteriores al año 2000, a raíz de comprobaciones que se supone que fueron efectuadas por primera vez en 2011, y vulnera así su derecho de defensa; la República Helénica alega asimismo que dicha corrección le impone una carga desproporcionada y viola los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima y de un plazo razonable en la tramitación de los procedimientos administrativos;
–
en la falta de motivación y en la existencia de un error manifiesto de apreciación con respecto a los supuestos retrasos en el procedimiento de recuperación con compensación entre fondos;
–
en una interpretación y aplicación erróneas por la Comisión del artículo 32, apartados 1 y 5, del Reglamento n.
o
1290/2005 en lo que se refiere, por un lado, al cálculo de los intereses liquidados conforme a la regla del reparto por mitades entre el Estado miembro afectado y el presupuesto de la Unión de las repercusiones financieras de la no recuperación (en lo sucesivo, «regla del reparto por mitades») y, por otro, a la falta de mención de los intereses en los cuadros previstos en el anexo III del Reglamento (CE) n.
o
885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento n.
o
1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (
DO 2006, L 171, p. 90
), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.
o
1034/2008 de la Comisión, de 21 de octubre de 2008 (
DO 2008, L 279, p. 13
);
–
en errores cometidos con respecto a distintos casos individuales.
Sobre el primer motivo
La República Helénica alega, en apoyo de su primer motivo, que la aplicación de la corrección financiera a tanto alzado en el presente caso carece de fundamento jurídico. En efecto, las irregularidades detectadas no se refieren a incumplimientos relativos a los controles de la subvencionabilidad de los gastos, que pueden ser objeto de una corrección a tanto alzado conforme al artículo 31, apartado 2, del Reglamento n.
o
1290/2005, sino a la gestión posterior de los pagos irregulares, que sólo pueden ser objeto de correcciones específicas con arreglo a los artículos 32 y 33 de dicho Reglamento. Pues bien, únicamente el artículo 31, apartado 3, del mismo Reglamento resulta aplicable a los casos específicos de irregularidad que recogen los citados artículos 32 y 33, precepto al que estos dos artículos se remiten expresamente. La corrección financiera a tanto alzado sólo se desprende del artículo 31, apartado 2, del Reglamento n.
o
1290/2005, que no es aplicable a las irregularidades objeto de los artículos 32 y 33 de dicho Reglamento. El tenor del artículo 31, apartados 4 y 5, del citado Reglamento, corrobora ese análisis. La República Helénica invoca asimismo la interpretación conjunta del artículo 3, apartado 1, letra a), y del artículo 8, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento n.
o
1290/2005 y de los considerandos 25 y 26 de éste.
Además, la República Helénica aduce que el documento VI/5330/97 de la Comisión, de 23 de diciembre de 1997, titulado «Directrices para el cálculo de las repercusiones financieras al preparar la decisión de liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA» (en lo sucesivo, «directrices»), se refiere exclusivamente a los criterios recogidos en el artículo 31, apartado 2, del Reglamento n.
o
1290/2005, tal y como ha declarado la jurisprudencia, en particular, la sentencia de 13 de diciembre de 2012, Grecia/Comisión (
T‑588/10
, no publicada,
EU:T:2012:688
, apartado
). Así pues, según la República Helénica, la Comisión se autolimitó en su facultad de apreciación y no sería posible aplicar en el caso de autos la corrección financiera a tanto alzado adoptada en la Decisión impugnada ni aunque se hubieran probado las irregularidades en cuestión.
La República Helénica, subrayando el carácter excepcional de la aplicación de correcciones financieras a tanto alzado, alega que, en el caso de autos, el importe real de las cantidades no recuperadas es plenamente determinable, en particular gracias a los cuadros previstos en el anexo III del Reglamento n.
o
885/2006, comunicados a la Comisión por los Estados miembros, por lo que carece de sentido aplicar el método a tanto alzado.
En la réplica, la República Helénica añade que, si la interpretación y aplicación de las disposiciones pertinentes por la Comisión fueran correctas, sería posible imponer correcciones financieras a tanto alzado también en materia de ayudas de Estado o de incumplimientos de Estado, que constituyen el supuesto al que se refiere el artículo 31, apartado 5, letra b), del Reglamento n.
o
1290/2005.
La Comisión se opone a las alegaciones de la República Helénica.
El examen del primer motivo supone comprobar, en primer lugar, si la Comisión dispone de base legal para aplicar una corrección financiera a tanto alzado en el supuesto de que detecte irregularidades conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Reglamento n.
o
1290/2005 y, en segundo lugar, en caso afirmativo, si la aplicación de dicha corrección está justificada en el presente asunto, a la vista de los incumplimientos constatados.
Con carácter preliminar, ha de señalarse que, en el caso de autos, la actuación de la Comisión, desde las verificaciones de documentos y la investigación
in situ
efectuadas en 2009 hasta su análisis del dictamen del órgano de conciliación, emitido el 19 de octubre de 2013, se regía por el Reglamento n.
o
1290/2005, entonces aplicable. En el considerando 1 de la Decisión impugnada, la Comisión se refirió también al artículo 52 del Reglamento (UE) n.
o
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.
o
352/78, (CE) n.
o
165/94, (CE) n.
o
2799/98, (CE) n.
o
814/2000, (CE) n.
o
1290/2005 y (CE) n.
o
485/2008 del Consejo (
DO 2013, L 347, p. 549
), aplicable a partir del 1 de enero de 2015 en virtud del artículo 121, apartado 2, letra c), del citado Reglamento. Ahora bien, el artículo 52 del Reglamento n.
o
1306/2013 retoma en esencia el artículo 31 del Reglamento n.
o
1290/2005 y lo desarrolla. Por lo tanto, en la medida en que las partes basan sus alegaciones en ese último Reglamento, basta, a efectos de la solución del presente litigio, con examinar las disposiciones pertinentes del Reglamento n.
o
1290/2005.
La posibilidad de aplicar una corrección financiera a tanto alzado resulta de la amplia facultad de apreciación conferida a la Comisión en virtud de las disposiciones combinadas del artículo 31, apartados 1 y 2, del Reglamento n.
o
1290/2005. Éstas reconocen a la Comisión la posibilidad de determinar «los importes que deban excluirse de la financiación [de la Unión] cuando compruebe que algunos de los gastos a que se refieren el artículo 3, apartado 1, y el artículo 4 no se han efectuado de conformidad con la normativa [de la Unión]» y la habilitan para determinar «los importes que deban excluirse, basándose, en particular, en la importancia de la disconformidad comprobada», para lo cual «tendrá en cuenta el carácter y la gravedad de la infracción y el perjuicio financiero causado a la [la Unión]» (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de mayo de 2013, Grecia/Comisión,
T‑294/11
, no publicada,
EU:T:2013:261
, apartados
a
y jurisprudencia citada).
Es importante recordar también que el mecanismo de corrección a tanto alzado y los criterios que figuran en las directrices han sido declarados conformes con el Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de septiembre de 2004, Grecia/Comisión,
C‑332/01
,
EU:C:2004:496
, apartado
; de 7 de octubre de 2004, España/Comisión,
C‑153/01
,
EU:C:2004:589
, apartado
, y de 17 de mayo de 2013, Grecia/Comisión,
T‑294/11
, no publicada,
EU:T:2013:261
, apartado
), toda vez que una corrección decidida por la Comisión con arreglo a las directrices tiene la finalidad de evitar que se imputen a cargo del FEAGA y del Feader importes que no han sido destinados a la financiación de un objetivo de la normativa de la Unión de que se trate y no constituye una sanción (sentencias de 31 de marzo de 2011, Grecia/Comisión,
T‑214/07
, no publicada,
EU:T:2011:130
, apartado
, y de 17 de mayo de 2013, Grecia/Comisión,
T‑294/11
, no publicada,
EU:T:2013:261
, apartado
). Según la jurisprudencia, los porcentajes a tanto alzado fijados en las directrices permiten simultáneamente conseguir que se respete el Derecho de la Unión y se gestionen adecuadamente los recursos de ésta y evitar que la Comisión ejerza su facultad de apreciación imponiendo a los Estados miembros correcciones desmesuradas y desproporcionadas (sentencias de 10 de septiembre de 2008, Italia/Comisión,
T‑181/06
, no publicada,
EU:T:2008:331
, apartado
, y de 17 de mayo de 2013, Grecia/Comisión,
T‑294/11
, no publicada,
EU:T:2013:261
, apartado
).
En cuanto a la cuestión de si existe una base legal que permita aplicar una corrección financiera a tanto alzado cuando se detecten las irregularidades a las que se refieren los artículos 32 y 33 del Reglamento n.
o
1290/2005, ha de señalarse que ninguna disposición de dicho Reglamento, en particular de sus artículos 31 a 33, excluye la posibilidad de aplicar el artículo 31, apartado 2, del citado Reglamento a las irregularidades a las que se refieren los artículos 32 y 33 de éste.
Ciertamente, los artículos 32 y 33 del Reglamento n.
o
1290/2005 únicamente hacen referencia al artículo 31 de dicho Reglamento para señalar que, cuando la Comisión, en aplicación de los citados artículos 32 y 33, decida «imputar al Estado miembro los importes que deban recuperarse» (artículo 32, apartado 4, y artículo 33, apartado 5, del Reglamento n.
o
1290/2005) o «excluir de la financiación [de la Unión] los importes a cargo del presupuesto [de la Unión]» (artículo 32, apartado 8, del Reglamento n.
o
1290/2005), tendrá la obligación de cursar «el procedimiento establecido en el artículo 31, apartado 3» del citado Reglamento. A este respecto, es preciso recordar que esta última disposición, de carácter puramente procesal, establece que, «previamente a cualquier decisión de denegación de la financiación, los resultados de las comprobaciones de la Comisión y las respuestas del Estado miembro serán objeto de comunicaciones escritas, tras las cuales ambas partes intentarán ponerse de acuerdo sobre el curso que deba darse al asunto», y que, «si no se llega a un acuerdo, el Estado miembro dispondrá de un plazo de cuatro meses para solicitar la apertura de un procedimiento para conciliar las respectivas posiciones; los resultados de dicho procedimiento serán objeto de un informe que se transmitirá a la Comisión y que ésta examinará antes de adoptar una decisión de denegación de la financiación». Es justamente este procedimiento el que se ha aplicado en el presente caso.
Sin embargo, el hecho de que los artículos 32 y 33 del Reglamento n.
o
1290/2005 sólo se remitan explícitamente al artículo 31, apartado 3, de ese Reglamento no significa que se excluya la aplicación de una corrección financiera a tanto alzado en el caso de las irregularidades previstas en los citados artículos 32 y 33.
En efecto, del tenor del artículo 31, apartado 5, letra a), del Reglamento n.
o
1290/2005 resulta que el artículo 31, apartado 4, del citado Reglamento «no se aplicará a las repercusiones financieras de las irregularidades a que se refieren los artículos 32 y 33», lo que implica, a contrario, que los otros apartados del artículo 31 del Reglamento n.
o
1290/2005, incluido su apartado 2, son aplicables a las irregularidades recogidas en los artículos 32 y 33 de dicho Reglamento.
Además, esta interpretación es conforme con el objetivo, mencionado en los considerandos 25 y 26 del Reglamento n.
o
1290/2005, de proteger los intereses financieros de la Unión, que subyace a las reglas de control de la buena ejecución del presupuesto de los fondos agrícolas previstas en el título IV de dicho Reglamento, del que forman parte los artículos 31 a 33 de éste. En efecto, excluir la posibilidad de aplicar una corrección financiera a tanto alzado supondría, por un lado, privar a la Comisión de todo medio para proteger los intereses financieros de la Unión cuando no esté en condiciones de cuantificar con precisión las cantidades que deben excluirse de la financiación del presupuesto de la Unión con arreglo a los artículos 32 y 33 del Reglamento n.
o
1290/2005 porque el Estado miembro afectado no le ha facilitado la información necesaria al respecto y, por otro lado, permitir que el Estado miembro incumplidor eluda sus obligaciones, aprovechándose de sus propios incumplimientos.
Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la República Helénica, la adopción de una corrección financiera a tanto alzado no está vetada como tal cuando se aplican los artículos 32 y 33 del Reglamento n.
o
1290/2005.
Ninguna de las alegaciones formuladas por la República Helénica puede desvirtuar esta conclusión.
En primer lugar, en cuanto a la alegación de la República Helénica mencionada en el anterior apartado 23, según la cual, si fuera posible la adopción de una corrección financiera a tanto alzado en el caso de las consecuencias financieras de las irregularidades contempladas en los artículos 32 y 33 del Reglamento n
o
1290/2005, también lo sería en el supuesto mencionado en el artículo 31, apartado 5, letra b), del mismo Reglamento, que hace referencia a las ayudas de Estado y a los incumplimientos de Estado, basta con señalar que la exclusión prevista en este último precepto tiene por objeto precisar que el plazo de veinticuatro meses previsto en el artículo 31, apartado 4, del citado Reglamento no se aplica evidentemente en los procedimientos relativos a las ayudas de Estado y a los incumplimientos de Estado, que no son objeto del Reglamento n.
o
1290/2005.
En segundo lugar, el artículo 3, apartado 1, letra a), y el artículo 8, apartado 1, letra c), inciso iii), del Reglamento n.
o
1290/2005 y los considerandos 25 y 26 de éste, que invoca la República Helénica sin presentar, no obstante, alegaciones concretas basadas en esas disposiciones, no parecen vinculados de forma tangible a la cuestión del fundamento jurídico de la corrección financiera a tanto alzado adoptada en el caso de autos y, por lo tanto, carecen de pertinencia a efectos de esa cuestión.
En tercer lugar, tampoco pueden prosperar las alegaciones que la República Helénica basa en las directrices.
A este respecto, para comenzar, procede precisar que las directrices no excluyen en modo alguno la aplicación del artículo 31, apartado 2, del Reglamento n.
o
1290/2005 a las consecuencias financieras de las irregularidades contempladas en los artículos 32 y 33 de dicho Reglamento. En efecto, según la jurisprudencia, las directrices «se limitan a precisar el método y los parámetros que utilizará la Comisión para el cálculo de los importes que deban excluirse de la financiación, sobre la base de los criterios previstos en el artículo 31, apartado 2, del Reglamento n.
o
1290/2005» (sentencia de 13 de diciembre de 2012, Grecia/Comisión,
T‑588/10
, no publicada,
EU:T:2012:688
, apartado
).
Seguidamente, del anexo 2 de las directrices se desprende que, cuando resulte imposible determinar el importe real de los pagos irregulares y, como consecuencia, el importe de las pérdidas financieras sufridas por la Unión, se aplicarán correcciones financieras en función de la evaluación del riesgo de pérdida soportado por el presupuesto de la Unión debido a controles deficientes. Pues bien, tal imposibilidad de determinar el importe exacto de los pagos irregulares puede producirse tanto en el ámbito de los controles de la subvencionabilidad de los gastos como en el de los controles relativos a la recuperación de las cantidades indebidamente pagadas, y ello, como indican las propias directrices, debido «a la naturaleza misma del control
ex post
».
Por último, en cualquier caso, aun suponiendo que las directrices no se aplicasen a las irregularidades a las que se refieren los artículos 32 y 33 del Reglamento n.
o
1290/2005, esta circunstancia sola no implicaría que la adopción de la corrección a tanto alzado quedase privada de base legal, toda vez que la interpretación de tales irregularidades no puede ir contra la del Derecho derivado. Pues bien, sobre la base del propio Reglamento n.
o
1290/2005 y, en particular, de la amplia facultad de apreciación que dicho Reglamento reconoce a la Comisión, ésta podía adoptar el mecanismo de corrección a tanto alzado que figura en las directrices (véanse los anteriores apartados 27 y 28).
Así pues, procede concluir que existía un fundamento jurídico, a saber, el artículo 31, apartado 2, del Reglamento n.
o
1290/2005, que permitía a la Comisión aplicar una corrección financiera a tanto alzado a las consecuencias financieras de las irregularidades comprobadas conforme a los artículos 32 y 33 de dicho Reglamento cuando no pudiese determinar el importe exacto de las cantidades no recuperadas. El mismo razonamiento puede extrapolarse actualmente al artículo 52 del Reglamento n.
o
1306/2013, máxime si se tiene en cuenta que el artículo 52, apartado 2, de este último Reglamento prevé expresamente la posibilidad de aplicar correcciones financieras a tanto alzado «cuando, debido a la naturaleza del caso concreto o a que el Estado miembro no haya facilitado a la Comisión la información necesaria, no sea posible determinar con mayor precisión mediante un esfuerzo proporcionado el perjuicio financiero causado a la Unión».
Llegados a este punto, es preciso comprobar si la aplicación de esa corrección estaba justificada en el caso de autos a la vista de los incumplimientos constatados (véase el anterior apartado 25).
Procede, ante todo, recordar la obligación de informar a la Comisión que recae sobre los Estados miembros, tanto en el caso de los gastos efectuados con cargo al FEAGA como en el de los gastos efectuados con cargo al Feader. Tanto el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento n
o
1290/2005 como el artículo 33, apartado 4, párrafo primero, de dicho Reglamento disponen que, «al comunicar las cuentas anuales con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra c), inciso iii), los Estados miembros presentarán a la Comisión un estadillo de los procedimientos de recuperación iniciados por irregularidad y facilitarán un desglose de los importes aún no recuperados por procedimiento administrativo o judicial y por año correspondiente al primer acto de comprobación administrativa o judicial de la irregularidad». Además, del artículo 32, apartado 3, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1290/2005 resulta que «los Estados miembros conservarán a disposición de la Comisión el estadillo detallado de los procedimientos individuales de recuperación y de los importes individuales aún no recuperados».
Pues bien, como el órgano de conciliación señaló en el punto 6.2 de su dictamen de 19 de octubre de 2013, «las autoridades helénicas no han presentado un cuadro de los casos en los que no se respetaron los plazos». Así pues, contrariamente a lo que sostiene la República Helénica en el punto 32 de la demanda, la Comisión no se encontraba en condiciones de determinar con precisión los importes no recuperados, toda vez que ese Estado miembro no había completado debidamente los cuadros del anexo III del Reglamento n.
o
885/2006, a pesar de las peticiones reiteradas que la Comisión le había hecho en este sentido. Como se desprende del punto 19.6.3 del informe de síntesis, este incumplimiento figura entre los controles básicos que «no se han efectuado o se han efectuado con tan poco rigor o con tan poca frecuencia que son completamente inadecuados para sancionar las irregularidades con arreglo a los imperativos [que resultan de la normativa]». Esos controles básicos consistían en procedimientos adecuados y en controles para garantizar, en primer lugar, que los importes indebidamente pagados fueran, a su debido tiempo, identificados, recuperados y devueltos a los fondos; en segundo lugar, que los asientos contables y las indicaciones relativas a la gestión de los datos fueran exactos y, en tercer lugar, que el libro mayor de deudores y el anexo III del Reglamento n.
o
885/2006 fueran completos.
A este respecto, es preciso recordar que, según las directrices, la falta de controles básicos o su aplicación poco rigurosa o poco frecuente puede justificar la aplicación de una corrección financiera a tanto alzado.
Así pues, habida cuenta de que, durante las comprobaciones realizadas en 2009, la Comisión había constatado, al examinar varios expedientes individuales, que no se habían recuperado los créditos de los fondos afectados o que se habían producido retrasos recurrentes, la Comisión actuó fundadamente al sospechar que podían existir lagunas similares en el conjunto de los expedientes y al proceder por lo tanto, a la luz de las directrices, dado que no era posible evaluar con precisión las pérdidas sufridas por la Unión, a una corrección a tanto alzado (véase, en este sentido y por analogía, en relación con las anomalías en los controles efectuados por un Estado miembro, la sentencia de 24 de abril de 2008, Bélgica/Comisión,
C‑418/06 P
,
EU:C:2008:247
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo por infundado.
[omissis]
Sobre los motivos tercero y cuarto
En el marco de su tercer motivo, la República Helénica rebate, en esencia, la procedencia de la corrección financiera a tanto alzado en relación con la supuesta falta de compensación de los créditos entre fondos agrícolas y, en el marco de su cuarto motivo, considera ilegal el fundamento de esa corrección basado en la obligación de contabilizar los intereses en los cuadros previstos en el anexo III del Reglamento n.
o
885/2006.
A este respecto, procede señalar que de la notificación se desprende expresamente que la corrección financiera a tanto alzado del 10 % propuesta en el punto 1.1 de su anexo debido a los retrasos en el procedimiento de recuperación «cubre también el riesgo para el fondo descrito en el punto 1.2 (Compensación) y en el punto 1.3 (Mención de los intereses en [los cuadros del anexo III del Reglamento n.
o
885/2006])». En este sentido, en el punto 1.2
in fine
del anexo de la notificación se precisa que, «por lo tanto, no se ha propuesto ninguna corrección adicional» debido a la falta de un procedimiento específico de compensación entre fondos. El razonamiento es el mismo en lo que atañe a la falta de mención de los intereses en los cuadros del anexo III del Reglamento n.
o
885/2006, a cuyo respecto la Comisión indicó, en el punto 1.3
in fine
del anexo de la notificación, que la corrección correspondiente «está cubierta por la corrección a tanto alzado del 10 % propuesta en el punto 1.1 (debido a los retrasos en el procedimiento de recuperación)».
El escrito de 17 de julio de 2015 incluye también un anexo en el que se resume la posición de la Comisión tras la intervención del órgano de conciliación. En dicho anexo, la Comisión señala, en su punto 2, segundo guion, que «la corrección financiera a tanto alzado del 10 % propuesta en el apartado A (retrasos en el procedimiento de recuperación) cubre también los apartados B y C (compensación entre fondos e indicación de los intereses en el cuadro del anexo III [del Reglamento n.
o
885/2006])». Los mismos términos se emplean en el informe de síntesis, en el punto 19.6.5, segundo guion,
in fine
.
Este enfoque es asimismo conforme con las directrices, según las cuales, si se detectan varias deficiencias en el mismo sistema, los porcentajes a tanto alzado no son acumulativos, tomándose la deficiencia más grave como indicativa de los riesgos que presenta el sistema de control en su conjunto.
De las consideraciones anteriores resulta claramente que las dos deficiencias objeto de los motivos tercero y cuarto no supusieron ningún aumento de la corrección financiera a tanto alzado del 10 % impuesta en razón de los retrasos en la recuperación de los créditos. De ello se deduce que el examen de los motivos tercero y cuarto no incide en la legalidad de la Decisión impugnada.
En efecto, se deduce de la jurisprudencia que, en la medida en que determinados motivos de una decisión puedan, por sí mismos, justificarla de modo suficiente en Derecho, los vicios de los que pudieran adolecer otros motivos de dicho acto carecen, en cualquier caso, de influencia sobre su parte dispositiva. Además, cuando la parte dispositiva de una decisión de la Comisión se basa en varios pilares de razonamiento, cada uno de los cuales puede, por sí solo, servirle de fundamento, en principio sólo procede anular dicho acto si todos esos pilares adolecen de ilegalidad. En tal supuesto, un error o una ilegalidad de otro tipo que únicamente afectase a uno de los pilares del razonamiento no podría bastar para justificar la anulación de la decisión controvertida, dado que no habría podido tener una influencia decisiva en la parte dispositiva adoptada por la institución autora de dicha decisión (auto de 26 de febrero de 2013, Castiglioni/Comisión,
T‑591/10
, no publicado,
EU:T:2013:94
, apartado
; sentencias de 15 de enero de 2015, Francia/Comisión,
T‑1/12
,
EU:T:2015:17
, apartado
, y de 28 de septiembre de 2016, Reino Unido/Comisión,
T‑437/14
,
EU:T:2016:577
, apartado
).
En consecuencia, procede desestimar los motivos tercero y cuarto por inoperantes.
Sobre el quinto motivo
En el marco de su quinto motivo, la República Helénica solicita la anulación de la Decisión impugnada en la medida en que versa sobre nueve casos individuales, cada uno de los cuales incurre, en su opinión, en diversas deficiencias, que serán examinadas caso por caso.
[omissis]
Habida cuenta de las consideraciones precedentes, procede desestimar el quinto motivo en su totalidad y, por consiguiente, el recurso en su conjunto.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber sido desestimados los motivos de la República Helénica, procede condenarla en costas, conforme a las pretensiones de la Comisión.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a la República Helénica.

Tomljenović
Marcoulli
Kornezov
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de octubre de 2017.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: griego.
(
)	Sólo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.