CELEX: 62017CJ0066
Procedimiento prejudicial
Cooperación judicial en materia civil
Reglamento (CE) n.o 805/2004
Ámbito de aplicación
Título ejecutivo europeo para créditos no impugnados
Títulos ejecutivos que pueden certificarse como título ejecutivo europeo
Decisión sobre el importe de las costas procesales contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado
Exclusión

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, punto 1, y del artículo 7 del Reglamento (CE) n.
o
805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (
DO 2004, L 143, p. 15
).
Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre, por un lado, el Sr. Grzegorz Chudaś y la Sra. Irena Chudaś y, por otro lado, DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft en relación con una demanda para que se certificara como título ejecutivo europeo una decisión relativa al importe de las costas procesales contenida en una sentencia que no se refiere a un crédito no impugnado.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Con arreglo a los considerandos 4 a 7 del Reglamento n.
o
805/2004:
«(4)
El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil [
DO 2001, C 12, p. 1
]. Este programa incluye en su primera fase la supresión del exequátur, es decir, la creación de un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados.
(5)
El concepto de “créditos no impugnados” debe abarcar todas aquellas situaciones en que un acreedor, habida cuenta de la ausencia comprobada de oposición por parte del deudor sobre la naturaleza o el alcance de una demanda pecuniaria, ha obtenido una resolución judicial contra ese deudor o un documento ejecutivo que requiere el consentimiento expreso del deudor, ya sea una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva.
(6)
La ausencia de impugnación por parte del deudor a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 3 puede consistir en la incomparecencia en la vista o en la omisión de respuesta a la invitación del órgano jurisdiccional a presentar alegaciones por escrito.
(7)
El presente Reglamento debe aplicarse a las resoluciones, transacciones judiciales o documentos públicos con fuerza ejecutiva sobre créditos no impugnados y a las decisiones dictadas tras la impugnación de resoluciones, transacciones judiciales o documentos públicos con fuerza ejecutiva certificados como títulos ejecutivos europeos.»
El artículo 2 de ese Reglamento, que lleva por título «Ámbito de aplicación», establece en su apartado 1:
«El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil, con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa ni los casos en que el Estado incurra en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (“
acta iure imperii
”).»
El artículo 3 del citado Reglamento, que lleva por título «Títulos ejecutivos que se certificarán como título ejecutivo europeo», establece, en su apartado 1, letra b):
«El presente Reglamento se aplicará a las resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva sobre créditos no impugnados.
Se considerará no impugnado un crédito si:
[…]
b)
el deudor nunca lo ha impugnado, con cumplimiento de los pertinentes requisitos procesales de la ley del Estado miembro de origen, en el marco de un procedimiento judicial; […]»
El artículo 4 del mismo Reglamento establece:
«A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
1.   “resolución”, cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso;
2.   “crédito”, una reclamación referida al pago de un importe determinado de dinero que sea exigible o cuya fecha de exigibilidad se indique en la resolución, transacción judicial o documento público con fuerza ejecutiva;
[…]»
Con el título «Requisitos para la certificación como título ejecutivo europeo», el artículo 6 del Reglamento n.
o
805/2004 dispone, en su apartado 1, letra a):
«Una resolución sobre un crédito no impugnado dictada en un Estado miembro será certificada como título ejecutivo europeo, previa petición presentada ante el órgano jurisdiccional de origen en cualquier momento, cuando:
a)
la resolución sea ejecutiva en el Estado miembro de origen».
El artículo 7 de ese Reglamento, que lleva por título «Costas procesales», es del siguiente tenor:
«Cuando una resolución incluya una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, con inclusión de los tipos de interés aplicables, se certificará como título ejecutivo europeo también por lo que se refiere a las costas, a no ser que el deudor de forma expresa se haya opuesto en el curso de un procedimiento judicial a soportar dichas costas con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen.»
Con arreglo al artículo 16 del citado Reglamento, que lleva por título «Información debida del deudor acerca del crédito»:
«Con el fin de garantizar la debida información del deudor en relación con el crédito, en el escrito de incoación o en el documento equivalente deberán constar las indicaciones siguientes:
[…]
b)
el importe del crédito;
[…]»
Dentro del capítulo VII del Reglamento n.
o
805/2004, que lleva por título «Relaciones con otros instrumentos comunitarios», el artículo 27 de ese Reglamento, que a su vez lleva por título «Relación con el Reglamento (CE) n.
o
44/2001», dispone:
«El presente Reglamento no afectará a la posibilidad de solicitar el reconocimiento y la ejecución de conformidad con el Reglamento (CE) n.
o
44/2001 [del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
DO 2001, L 12, p. 1
)], de una resolución, una transacción judicial o un documento público con fuerza ejecutiva sobre un crédito no impugnado.»
Derecho polaco
De conformidad con el artículo 189 de la ustawa — Kodeks postępowania cywilnego (Ley sobre el Código de Procedimiento Civil), de 17 de noviembre de 1964 (Dz. U. n.
o
43, posición 296), en su versión modificada (versión consolidada Dz. U. de 2016, posición 1822) (en lo sucesivo, «CPC»), un justiciable podrá interponer ante el tribunal una solicitud para que se declare la existencia de una relación jurídica o de un derecho, siempre que tenga un interés legítimo.
Según el artículo 108, apartado 1, del CPC, se decidirá sobre las costas en todas las resoluciones que pongan fin a la instancia.
Con arreglo a los artículos 339 y 340 del CPC, el tribunal dictará una sentencia en rebeldía cuando el demandado no comparezca en la vista ni presente observaciones orales o por escrito en el asunto. El artículo 343 del CPC dispone que las sentencias dictadas en rebeldía deben ser notificadas de oficio a ambas partes junto con una instrucción sobre los recursos. Con arreglo al artículo 344, apartado 1, del CPC, el demandado puede, en un plazo de dos semanas desde la notificación de la sentencia dictada en rebeldía, interponer recurso contra ella. Conforme al artículo 394, apartado 1, punto 9, y apartado 2, del CPC, contra las resoluciones del tribunal de primera instancia cuyo objeto sea el reembolso de los gastos y la determinación de la condena en costas, las partes podrán proceder a su impugnación ante el tribunal de apelación en el plazo de una semana, a no ser que se haya interpuesto recurso sobre el fondo.
De los términos del artículo 795
del CPC se desprende que el órgano jurisdiccional que ha dictado una resolución expedirá, a solicitud del acreedor, un certificado de título ejecutivo europeo, si tal resolución cumple los requisitos que establece el Reglamento n.
o
805/2004.
Litigio principal y cuestión prejudicial
El Sr. y la Sra. Chudaś presentaron ante el Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Tribunal de Distrito de Poznan-Grunwald y Jeżyce con sede en Poznan, Polonia) una demanda para que se declarara la adquisición del derecho de propiedad sobre un vehículo automóvil. En este contexto, dicho órgano jurisdiccional invitó a DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, con domicilio en Oberursel (Alemania), a intervenir como demandada en el procedimiento.
El 30 de marzo de 2016 se enviaron por vía postal a DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft una copia del escrito de demanda, acompañado por una traducción al alemán, así como la citación para comparecer a la vista de 18 de mayo de 2016, concediéndosele un plazo de 30 días para poder formular observaciones. La citada sociedad no formuló observaciones ni compareció en la vista.
En esas circunstancias, el 18 de mayo de 2016, el Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Tribunal de Distrito de Poznan-Grunwald y Jeżyce con sede en Poznan) dictó una sentencia en rebeldía en la que declaró que el Sr. y la Sra. Chudaś habían adquirido el derecho de propiedad sobre el vehículo automóvil de que se trataba y, en consecuencia, DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft fue condenada a abonarles en concepto de costas procesales un importe de 3900 zloty polacos (PLN) (alrededor de 921 euros).
El 4 de julio de 2016, se notificó por vía postal a DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft, en el local de su domicilio, una copia de la mencionada sentencia, traducida a la lengua alemana, informándosele de la posibilidad de formular oposición en un plazo de dos semanas así como de la posibilidad de presentar, en un plazo de una semana, una reclamación contra las costas procesales.
Como DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft no interpuso recurso contra la sentencia de 18 de mayo de 2016, ésta adquirió firmeza el 19 de julio de 2016.
El 11 de octubre de 2016, el Sr. y la Sra. Chudaś iniciaron el procedimiento principal para obtener la certificación como título ejecutivo europeo de la parte correspondiente a las costas procesales de la sentencia de 18 de mayo de 2016.
El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en esencia, acerca de si una demanda de ese tipo está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.
o
805/2004.
A este respecto, señala que de la interpretación literal del artículo 7 del Reglamento n.
o
805/2004, en particular del término «también», podría desprenderse que un certificado de título ejecutivo sólo puede expedirse, por lo que respecta a las costas procesales, cuando la decisión sobre el fondo se refiere a un crédito no impugnado y que puede a su vez ser certificado como título ejecutivo europeo.
En cambio, no cabe excluir, según el órgano jurisdiccional remitente, mediante una interpretación teleológica de las disposiciones del Reglamento n.
o
805/2004, que las decisiones relativas a las costas procesales puedan constituir decisiones sobre créditos no impugnados, que justifiquen la certificación como título ejecutivo europeo, en aplicación de ese Reglamento.
En esas circunstancias, el Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (Tribunal de Distrito de Poznan-Grunwald y Jeżyce con sede en Poznan) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 4, punto 1, en relación con el artículo 7 del Reglamento […] n.
o
805/2004 […] en el sentido de que puede certificarse como título ejecutivo europeo una decisión sobre el reembolso de las costas procesales contenida en una sentencia declarativa de un derecho?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, punto 1, y el artículo 7 del Reglamento n.
o
805/2004 deben interpretarse en el sentido de que una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, contenida en una sentencia que no se refiere a un crédito no impugnado, puede certificarse como título ejecutivo europeo.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la acción ejercitada en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación de ese Reglamento en la medida en que la decisión cuya certificación solicitan el Sr. y la Sra. Chudaś como título ejecutivo europeo se refiere únicamente a la parte correspondiente a las costas procesales de una sentencia que, en sí misma, debido a su objeto principal, a saber, la constatación de la existencia de un derecho de propiedad, no se presta a la ejecución y no está por tanto comprendida en el ámbito de aplicación del citado Reglamento.
El ámbito de aplicación material del Reglamento n.
o
805/2004 resulta, en particular, de las disposiciones combinadas del artículo 2, apartado 1, del artículo 3, apartado 1, y del artículo 4, punto 2, de ese Reglamento con arreglo a las cuales aquél se aplicará en materia civil y mercantil a las resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva relativos a créditos no impugnados, definiéndose estos últimos como el derecho al pago de un importe determinado de dinero que sea exigible o cuya fecha de exigibilidad se indique en la resolución, transacción judicial o documento público con fuerza ejecutiva.
Para que una decisión pueda ser certificada, en aplicación del artículo 6 del citado Reglamento, como título ejecutivo europeo, aquélla debe tener por objeto un crédito no impugnado y cumplir determinados requisitos que se establecen en ese artículo. Uno de los requisitos de esa certificación es el previsto en el apartado 1, letra a), de dicho artículo, a saber, que la decisión sea ejecutiva según el Derecho del Estado miembro de origen.
Por lo que respecta a las costas procesales, el Reglamento n.
o
805/2004 prevé disposiciones específicas. Con arreglo a su artículo 7, cuando una resolución incluya una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, con inclusión de los tipos de interés aplicables, se certificará como título ejecutivo europeo también por lo que se refiere a las costas, a no ser que el deudor de forma expresa se haya opuesto en el curso de un procedimiento judicial a soportar dichas costas con arreglo al Derecho del Estado miembro de origen.
Del tenor de esa última disposición, tal como señalaron acertadamente el Gobierno polaco y la Comisión Europea, se desprende que una decisión relativa a las costas procesales no se considera una decisión autónoma en el marco del Reglamento n.
o
805/2004, puesto que éste se aplica a esas costas únicamente cuando están comprendidas, de manera accesoria, en una resolución principal. En efecto, el empleo del término «también» en el tenor del artículo 7 de ese Reglamento indica que una «decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales» se certificará como título ejecutivo europeo únicamente cuando la resolución principal tenga por objeto, con arreglo a la finalidad del citado Reglamento, un crédito no impugnado.
Esa conclusión no queda en entredicho por las disposiciones del artículo 4 del Reglamento n.
o
805/2004, que lleva por título «Definiciones». A este respecto, es cierto, por un lado, que el artículo 4, punto 1, de ese Reglamento define la «resolución» en el sentido de que comprende toda decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, incluido en particular «el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso». Por otro lado, una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales constituye, en principio, un «crédito», en el sentido de la definición de ese concepto que figura en el artículo 4, punto 2, del citado Reglamento.
No obstante, como se desprende del apartado 29 de la presente sentencia, en virtud de las disposiciones específicas relativas a las costas procesales previstas en el artículo 7 del Reglamento n.
o
805/2004, una decisión sobre el importe de tales costas no puede certificarse como título ejecutivo europeo independientemente de una resolución principal relativa a un crédito no impugnado. En la medida en que la decisión relativa a esas costas está intrínsecamente relacionada con el curso dado a la acción principal que, ella sola, justifica la certificación de una decisión como título ejecutivo europeo, las definiciones previstas en el artículo 4 de ese Reglamento no pueden incidir en la propia aplicabilidad del citado Reglamento.
En la medida en que el órgano jurisdiccional remitente pregunta si los objetivos del Reglamento n.
o
805/2004 podrían conducir a una conclusión distinta, procede recordar que el objetivo principal de ese instrumento es, de conformidad con su artículo 1, crear un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados que permita, mediante la fijación de normas mínimas, la libre circulación en todos los Estados miembros de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que deba llevarse a cabo ningún procedimiento intermedio en el Estado miembro de ejecución para el reconocimiento y ejecución. No obstante, considerando que los requisitos de aplicación de la excepción al régimen general de reconocimiento de sentencias instaurado por ese Reglamento son de interpretación estricta (véase, en ese sentido, la sentencia de 15 de marzo de 2012, G,
C‑292/10
,
EU:C:2012:142
, apartado
), ese objetivo no puede poner en entredicho la interpretación del ámbito de aplicación del citado Reglamento que resulta del tenor de su artículo 7.
En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que la acción principal que está en el origen del procedimiento principal tenía por objeto una pretensión de declaración de la existencia de un derecho sobre un bien mueble, a saber, un vehículo particular, y no un crédito no impugnado. Como una acción de ese tipo no está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.
o
805/2004, una decisión sobre el importe de las costas procesales relativas a esa acción tampoco puede ser certificada como título ejecutivo europeo en aplicación de ese Reglamento.
A la luz de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 4, punto 1, y el artículo 7 del Reglamento n.
o
805/2004 deben interpretarse en el sentido de que una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado, no puede certificarse como título ejecutivo europeo.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:

El artículo 4, punto 1, y el artículo 7 del Reglamento (CE) n.
o
805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, deben interpretarse en el sentido de que una decisión ejecutiva relativa al importe de las costas procesales, contenida en una sentencia que no tiene por objeto un crédito no impugnado, no puede certificarse como título ejecutivo europeo.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.