CELEX: 62015TJ0292
Responsabilidad extracontractual
Contratos públicos de servicios
Procedimiento de licitación
Admisibilidad
Utilización de procedimiento inadecuado
Conflicto de intereses
Obligación de diligencia
Pérdida de una oportunidad

I.

Antecedentes del litigio
La demandante, Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, es una sociedad que opera principalmente en el sector de la asistencia técnica en los países en vías de desarrollo.
La demandante participó en el procedimiento de licitación «Refuerzo del sistema de seguridad alimentaria en Albania» (EuropeAid/129820/C/SER/AL), relativo a un contrato de prestación de servicios, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Albania (en lo sucesivo, «Delegación de la Unión») por cuenta de la Comisión Europea. El poder adjudicador era la Unión Europea, representada por la Comisión, que actuaba a través de su Delegación en Albania (en lo sucesivo, «entidad adjudicadora»).
Esa licitación, regulada por el Reglamento (CE, Euratom) n.
o
1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (
DO 2002, L 248, p. 1
; en lo sucesivo, «Reglamento financiero»), se inscribe en la acción de la Unión destinada a apoyar la mejora del marco institucional, jurídico y administrativo del sistema de seguridad alimentaria en Albania y que dio lugar a la adjudicación a la sociedad A. de un primer contrato público de servicios con el fin de establecer en el referido Estado una autoridad nacional alimentaria.
El 17 de marzo de 2010, se publicó un anuncio de información previa mediante el que se comunicaba que en julio del mismo año se convocaría un procedimiento de licitación para la adjudicación de un contrato de servicios relativo a la consolidación del sistema de seguridad alimentaria en Albania.
En junio de 2010, el gestor del proyecto en la Delegación de la Unión pidió al Sr. P., uno de los expertos de la sociedad A., que le transmitiese determinada información para la preparación del referido procedimiento de licitación y, en particular, de los términos de referencia (en lo sucesivo, «TdR»). El Sr. P. aportó la información solicitada.
A raíz de la publicación, el 16 de julio de 2010, del anuncio de licitación relativo al contrato de servicios EuropeAid/129820/C/SER/AL y tras la comprobación de las candidaturas, fueron preseleccionados ocho candidatos entre los que se encontraban los consorcios de los que eran miembros la sociedad A. y la demandante.
Tras el envío de la invitación a licitar el 15 de septiembre de 2010, la demandante indicó, en octubre de 2010, al poder adjudicador que la sociedad A. era la empresa encargada del proyecto precedente y que, independientemente de su participación en la redacción de los TdR, disponía como consecuencia de ello de información y tenía una posición ventajosa con respecto a los demás candidatos de la lista restringida.
La Delegación de la Unión le respondió en la nota de clarificación relativa a la licitación de 22 de octubre de 2010 manifestando que se cumplían los requisitos de competencia leal y que los TdR habían sido redactados con el fin de que todos los licitadores dispusiesen de toda la información posible para preparar las ofertas.
Seis candidatos seleccionados entre los que se encontraban los consorcios respectivos de los que formaban parte la sociedad A. y la demandante presentaron ofertas al poder adjudicador.
En noviembre de 2010, la demandante y otros dos candidatos señalaron a la Delegación de la Unión que el Sr. P., experto de la sociedad A., aparecía como el autor del documento Word que contenía los TdR y que ello constituía un conflicto de intereses en el sentido en el sentido de la Guía práctica de procedimientos contractuales en el marco de acciones exteriores de la Unión Europea (en lo sucesivo, «PRAG»).
El 12 de noviembre de 2010, el presidente del comité de evaluación remitió a la sociedad A. una petición de aclaraciones a la que esta última dio respuesta el 15 de noviembre. En primer lugar, la sociedad A. indicó que la contribución del Sr. P. a la redacción de los TdR se limitó a un conjunto de información general relativo a las secciones 1.4 y 1.5 de ese texto; en segundo lugar, que los elementos aportados por el Sr. P. eran accesibles a todos los candidatos y que la situación no daba lugar a ninguna competencia desleal; y, en tercer lugar, que el Sr. P. solo había sido nombrado jefe de proyecto con posterioridad a la publicación de la lista restringida de candidatos autorizados a participar en la licitación.
Los días 19 y 23 de noviembre de 2010, la demandante reiteró su advertencia a la Delegación de la Unión en relación con la circunstancia de que el Sr. P. era el autor del documento Word que contenía los TdR y de que esa situación constituía un conflicto de intereses.
El 27 de enero de 2011, la Delegación de la Unión informó a los licitadores que no habían sido elegidos de la adjudicación del contrato al consorcio del que formaba parte la sociedad A. y proporcionó una serie de explicaciones con respecto a las alegaciones de existencia de un conflicto de intereses.
El 7 de febrero de 2011, la demandante solicitó a la Delegación de la Unión que realizase una nueva investigación sobre las alegaciones de existencia de conflicto de intereses. El 15 de febrero de 2011, la Delegación de la Unión respondió que no había conflicto de intereses y que el procedimiento no adolecía de competencia desleal.
El 3 de mayo de 2011, la demandante presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, que concluyó que, al haber permitido que un experto del adjudicatario participase en la redacción de los TdR, lo cual dio lugar, al menos, a un aparente conflicto de intereses, la Comisión había cometido un acto de mala administración.
II.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 3 de junio de 2015, la demandante interpuso el presente recurso.
Al haberse modificado la composición del Tribunal, el asunto se atribuyó a un nuevo Juez Ponente.
A raíz de la modificación de la composición de las Salas del Tribunal, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Tercera, a la que, en consecuencia, se atribuyó el presente asunto.
A propuesta de la Sala Tercera, el Tribunal decidió, de conformidad con el artículo 28 de su Reglamento de Procedimiento, remitir el asunto a una Sala ampliada.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Tercera ampliada) decidió iniciar la fase oral.
En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal formuló por escrito a la Comisión una serie de preguntas. Esta respondió a dichas preguntas dentro del plazo señalado.
Inicialmente fijada para el 9 de diciembre de 2016, la vista fue aplazada hasta el 10 de enero de 2017 a petición de la demandante.
En la vista de 10 de enero de 2017 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal.
La demandante solicita al Tribunal que:
–
Declare que la Comisión está obligada, en virtud del artículo 340 TFUE, a indemnizar la totalidad del perjuicio causado por su comportamiento irregular, perjuicio que comprende los gastos y costes en los que la demandante incurrió por participar en el procedimiento global de licitación, los costes originados por la impugnación de la legalidad del procedimiento de licitación, la pérdida de un beneficio y la pérdida de una oportunidad, a incrementar la cantidad asignada por los gastos y costes soportados por participar en el procedimiento global de licitación con intereses compensatorios y a incrementar la totalidad de las cantidades que deben abonarse con un interés de demora del 8 % calculado desde la fecha de pronunciamiento de la sentencia hasta la fecha del abono definitivo.
–
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–
Declare la inadmisibilidad del recurso o, en todo caso, lo desestime por infundado.
–
Condene en costas a la demandante.
III.

Fundamentos de Derecho
A.

Sobre la admisibilidad
1.

Sobre la admisibilidad del recurso
Sin proponer formalmente una excepción de inadmisibilidad, la Comisión alega que el recurso es inadmisible porque la demandante solicita ser indemnizada de una manera que, si fuese acogida, la colocaría en la situación en la que se habría encontrado si hubiese obtenido el contrato público de que se trata. En efecto, según la Comisión, el recurso pretende, en realidad, la revocación de una decisión individual que ha adquirido firmeza y que, si aquel fuese estimado, tendría como efecto la anulación de los efectos jurídicos de la decisión, que ha adquirido firmeza, de adjudicar el contrato al consorcio del que era miembro la sociedad A. Por tanto, a juicio de la Comisión, el recurso de indemnización pretende poner en entredicho la decisión de adjudicación del contrato, ya que la ilegalidad invocada por la demandante está vinculada a la antedicha decisión. Asimismo, a su entender, el recurso es inadmisible en la medida en que de la comparación entre la cuantía de los daños y perjuicios solicitados y la del beneficio que la demandante habría obtenido si se le hubiese adjudicado el contrato se desprende que dichas cuantías coinciden.
La demandante rebate la argumentación de la Comisión y sostiene que el recurso es admisible. A este respecto señala, en primer lugar, que la Comisión no ha probado la inadmisibilidad del recurso, a pesar de que le corresponde hacerlo. En segundo lugar, indica que el recurso no pretende que se anule la decisión de adjudicar el contrato al consorcio del que es miembro la sociedad A, sino que se declare que dicha decisión le causó un perjuicio. En tercer lugar, la demandante subraya que una sentencia que declare la responsabilidad extracontractual de la Unión y le otorgue una indemnización por daños y perjuicios no tendría ninguna consecuencia para el consorcio del que es miembro la sociedad A., ya que tal sentencia no pondría en entredicho la adjudicación del contrato público ni anularía
de facto
la decisión de adjudicación del contrato. En cuarto lugar, la demandante alega que cualquier persona que considere que ha sufrido un perjuicio debe tener la posibilidad de interponer un recurso por responsabilidad y que, en el caso de autos, el recurso es admisible dada la gravedad de los hechos y la evidencia de los actos de mala administración. En quinto lugar, la demandante señala que la indemnización de daños y perjuicios solicitada no corresponde exactamente a la cuantía que habría podido percibir si se le hubiese adjudicado el contrato público, sino a los gastos soportados y a una estimación de una parte de lo que habría ganado si hubiese obtenido el contrato.
Dado que la admisibilidad del recurso de indemnización tiene carácter de orden público y debe ser examinada de oficio por el Tribunal (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 2002, Astipesca/Comisión,
T‑180/00
,
EU:T:2002:249
, apartado
), la alegación de la demandante según la cual la Comisión no ha cumplido en el caso de autos su obligación de probar la inadmisibilidad del recurso es infundada.
Según reiterada jurisprudencia, el recurso de indemnización fundado en los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, se estableció como una vía autónoma que tiene su función específica dentro del sistema de recursos (sentencia de 26 de febrero de 1986, Krohn/Comisión,
175/84
,
EU:C:1986:85
, apartado
). Por tanto, cualquier desviación del principio de autonomía del recurso de indemnización con respecto a las otras vías de recurso tiene carácter excepcional y es de aplicación estricta (véase la sentencia de 7 de octubre de 2015, Accorinti y otros/BCE,
T‑79/13
,
EU:T:2015:756
, apartado
y jurisprudencia citada).
Sin embargo, si bien una parte puede ejercitar una acción por responsabilidad sin verse obligada por ninguna norma a solicitar la anulación del acto ilegal que le ha causado el perjuicio, no puede eludir, por esta vía, la inadmisibilidad de una demanda que tenga por objeto la misma ilegalidad y los mismos fines pecuniarios (sentencia de 15 de diciembre de 1966, Schreckenberg/Comisión,
59/65
,
EU:C:1966:60
). Por consiguiente, para apreciar la admisibilidad de una pretensión de indemnización, procede examinar si esa parte intenta obtener, a través de dicha pretensión, un resultado idéntico al que habría conseguido de haber prosperado un recurso de anulación que no interpuso a su debido tiempo contra un acto que le era lesivo (auto de 29 de septiembre de 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Comisión,
C‑102/14 P
, no publicado,
EU:C:2016:737
, apartado
).
A este respecto, debe recordarse que sería contrario a la autonomía del recurso de indemnización, así como a la eficacia del sistema de recursos establecido por el Tratado, considerar que un recurso de indemnización es inadmisible por el mero hecho de que pueda llevar a un resultado análogo al de un recurso de anulación. Tan solo podrá considerarse que un recurso de indemnización implica el uso de un procedimiento inadecuado cuando con él se pretenda en realidad la revocación de una decisión individual cuya destinataria sea la parte demandante y que ha ya adquirido firmeza de modo que el recurso de indemnización tenga el mismo objeto y el mismo efecto que un recurso de anulación (véase el auto de 13 de enero de 2014, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Comisión,
T‑134/12
, no publicado,
EU:T:2014:31
, apartado
y jurisprudencia citada).
Así, la admisibilidad de dicha pretensión se halla supeditada a la cuestión de si el recurso de indemnización persigue el mismo resultado que el recurso de anulación y no a si el importe reclamado mediante el recurso de indemnización y los importes que la parte demandante habría podido obtener de no haberse adoptado tal acto son exactamente idénticos. Además, a este respecto, el Tribunal de Justica considera que basta con que exista un vínculo estrecho entre la pretensión de indemnización y el recurso de anulación para considerar que dicha pretensión es inadmisible (véase el auto de 29 de septiembre de 2016, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Comisión,
C‑102/14 P
, no publicado,
EU:C:2016:737
, apartado
y la jurisprudencia citada).
La admisibilidad del recurso debe apreciarse a la luz de estas consideraciones.
En el caso de autos, ha quedado acreditado que, al no haber interpuesto la demandante ningún recurso de anulación de la decisión por la que se rechazaba su oferta y se adjudicaba el contrato público al consorcio del que forma parte la sociedad A., ese acto adquirió firmeza por lo que atañe a la demandante.
Pues bien, debe señalarse que, habida cuenta de la especificidad de los litigios relativos a contratos públicos de la Unión, el presente recurso de indemnización no tiene ni el mismo objeto ni los mismos efectos jurídicos y económicos que un recurso cuyo objeto sea la anulación de la decisión mencionada en el apartado 34 anterior y que, por consiguiente, no puede tener como efecto anular los efectos de la antedicha decisión.
En efecto, por una parte, ha de recordarse que, si bien el recurso de anulación persigue declarar la ilegalidad de un acto jurídicamente vinculante, el recurso de indemnización, por su parte, tiene por objeto la solicitud de reparación de un perjuicio causado por un acto o un comportamiento ilícito imputable a una institución o a un órgano de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de octubre de 2015, Accorinti y otros/BCE,
T‑79/13
,
EU:T:2015:756
, apartado
y jurisprudencia citada). Ahora bien, en el presente asunto, el recurso de anulación de la demandante solo tendría por objeto la decisión por la que se rechaza su oferta y la adjudicación del contrato a otro licitador y, en el caso de que fuese estimado por el Tribunal, solo podría tener como resultado la anulación de la antedicha decisión. En cambio, mediante su recurso de indemnización, la demandante no pretende que se suprima esa decisión, sino obtener una indemnización del perjuicio supuestamente ocasionado por su adopción. Por tanto, la demandante no pretende obtener, mediante el presente recurso de indemnización, un resultado comparable ni, aún menos, idéntico al de un recurso de anulación.
Por otra parte, tal como ha reconocido la Comisión en la vista, un recurso de anulación y un recurso de indemnización no tienen los mismos efectos jurídicos. En un recurso de anulación, la constatación de la declaración de ilegalidad de un acto y, por consiguiente, el fallo de una sentencia que anule dicho acto tienen un efecto
ex tunc
, mientras que la constatación por el Tribunal de que un acto constituye una ilegalidad que puede justificar el nacimiento de la responsabilidad de la Unión tiene un efecto
ex nunc
y, en principio, no tiene como efecto la eliminación retroactiva del fundamento jurídico del referido acto (sentencia de 16 de diciembre de 2011, Enviro Tech Europe y Enviro Tech International/Comisión,
T‑291/04
,
EU:T:2011:760
, apartado
).
En particular, procede subrayar que, en el marco de los litigios relativos a los contratos públicos de la Unión, las circunstancias que deben tenerse en cuenta en virtud de los artículos 264 TFUE y 266 TFUE a efectos de ejecutar una sentencia de anulación no guardan únicamente relación con la disposición anulada y el alcance de dicha sentencia, sino también con otras circunstancias tales como la fecha de la firma del contrato, su eventual ejecución o la aplicación del artículo 103 del Reglamento financiero. En efecto, no puede excluirse que, tras el pronunciamiento de una sentencia que anule la decisión de adjudicación de un contrato público, la institución pueda llegar a poner fin al contrato en cuestión y a convocar un nuevo procedimiento de licitación (véase la sentencia de 29 de enero de 2013, Cosepuri/EFSA,
T‑339/10 y T‑532/10
,
EU:T:2013:38
, apartado
y jurisprudencia citada). En cambio, una sentencia que declara la responsabilidad de la Unión tiene necesariamente como efecto el abono de una indemnización a la parte demandante cuando esta última ha solicitado ese tipo de reparación en vez de una reparación en especie (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de mayo de 2006, Galileo International Technology y otros/Comisión,
T‑279/03
,
EU:T:2006:121
, apartado
, y de 8 de noviembre de 2011, Idromacchine y otros/Comisión,
T‑88/09
,
EU:T:2011:641
, apartados
a
).
En el supuesto de que fuese estimado el presente recurso, a la demandante se le concedería, con arreglo a sus pretensiones, una indemnización por daños y perjuicios, pero la sentencia del Tribunal en modo alguno tendría como efecto cuestionar jurídicamente el procedimiento de adjudicación del contrato público de que se trata y su atribución al consorcio del que es miembro la sociedad A. Por tanto, la demandante no se encontraría en una situación jurídica comparable a la que se produciría a raíz de una sentencia que anulase la decisión por la que se rechaza su oferta y se adjudica el contrato público a otro licitador.
De ello se desprende que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el presente recurso no tiene ni el mismo objeto ni el mismo efecto que un recurso dirigido a que se anule la decisión de rechazar la oferta de la demandante y de adjudicar el contrato al consorcio del que es miembro la sociedad A. Las alegaciones de la Comisión no pueden desvirtuar esa conclusión.
En primer lugar, la circunstancia de que la demandante, en apoyo del presente recurso, invoque la ilegalidad de la decisión de rechazar su oferta y adjudicar el contrato al consorcio del que es miembro la sociedad A. no es dirimente habida cuenta del principio de autonomía de las vías de recurso y de que esa circunstancia no puede, por sí misma, acreditar la existencia de una relación estrecha entre la pretensión de indemnización y el recurso de indemnización. En efecto, el elemento decisivo es determinar si, mediante el recurso de indemnización, la demandante pretende obtener un resultado idéntico al que habría conseguido de haber prosperado un recurso de anulación (véase, en este sentido, el auto de 4 de octubre de 2010, Ivanov/Comisión,
C‑532/09 P
, no publicado,
EU:C:2010:577
, apartado
). Pues bien, tal como ha quedado demostrado en los apartados 36 a 40 anteriores, el presente recurso de indemnización no tiene ni el mismo objeto ni los mismos efectos que un recurso de anulación de la decisión por la que se rechaza la oferta del consorcio del que forma parte la demandante y se adjudica el contrato al consorcio del que es miembro la sociedad A.
En segundo lugar, por lo que atañe a la alegación según la cual la demandante, al pretender recibir una indemnización por daños y perjuicios igual a los beneficios que habría supuestamente obtenido si hubiese logrado la adjudicación del contrato, más los intereses, intentaría, mediante el presente recurso, invalidar los efectos de la decisión de desestimación de su oferta y de adjudicación del contrato al consorcio del que es miembro la sociedad A., basta observar que dicha alegación debe rechazarse, dado que de los apartados 36 a 40 anteriores se desprende que el presente recurso de indemnización no tiene ni el mismo objeto ni los mismos efectos que un recurso de anulación de la decisión de desestimación de la oferta del consorcio del que forma parte la demandante y de adjudicación del contrato al consorcio del que es miembro la sociedad A.
De ello se deduce que el recurso es admisible.
2.

Sobre la admisibilidad de la argumentación de la demandante
En primer lugar, la Comisión señala que, al no haber formulado la demandante ninguna alegación en apoyo del motivo basado en la vulneración del principio de protección de las expectativas legítimas por parte del poder adjudicador, dicho motivo es inadmisible en virtud del artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento.
En el escrito de réplica, la demandante precisa que el principio de protección de la confianza legítima fue vulnerado en la medida en que informó a la Delegación de la Unión de la existencia de un conflicto de intereses y en que podía legítimamente esperar que dicha Delegación adoptase las medidas apropiadas para examinar esa información y actuar de manera adecuada. Pues bien, al adjudicar el contrato al consorcio del que forma parte la sociedad A. a pesar de la referida información, la Delegación de la Unión no respondió a sus expectativas.
A este respecto, debe recordarse que, en virtud del artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en relación con el artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, y del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991, el escrito de interposición de un recurso debe contener la indicación del objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal ejerza su control jurisdiccional, en su caso, sin apoyarse en otros datos. A fin de garantizar la seguridad jurídica y una buena administración de la justicia, es necesario, para que pueda acordarse la admisión de un recurso, que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa resulten, al menos de forma sumaria, pero de modo coherente y comprensible, del texto de la propia demanda [sentencia de 18 de septiembre de 2014, Holcim (Romania)/Comisión,
T‑317/12
,
EU:T:2014:782
, apartado
].
En el caso de autos, de los apartados 19 y 42 del escrito de demanda se desprende que, en apoyo del recurso de indemnización, la demandante invoca una ilegalidad de hecho, en particular, la vulneración de los principios de igualdad de trato, de buena administración y de protección de la confianza legítima. A este respecto, debe observarse que del escrito de demanda se desprende claramente que todas las alegaciones formuladas en apoyo de esa ilegalidad atañen a la vulneración, durante el procedimiento de licitación, de los principios antes mencionados, entre los que se encuentra el principio de protección de la confianza legítima.
De ello se deriva que la alegación de la Comisión debe rechazarse y que las alegaciones de la demandante basadas en la vulneración del principio de protección de la confianza legítima son admisibles.
En segundo lugar, la Comisión alega que la demandante invoca por primera vez en la fase de réplica una vulneración de sus derechos fundamentales y, en particular, del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y concluye que la demandante no puede afirmar en la fase de réplica que la «mala administración oculta vulneraciones de los derechos fundamentales». Asimismo, la Comisión sostiene que ese motivo, basado en la vulneración de los derechos fundamentales, no cumple lo establecido en el artículo 76, letra d), del Reglamento de Procedimiento.
En virtud del artículo 84, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en el curso del proceso no pueden invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. No obstante, debe declararse la admisibilidad de un motivo que constituya la ampliación de otro motivo invocado anteriormente, directa o implícitamente, en el escrito de demanda y que tenga un estrecho vínculo con este. Por otro lado, los argumentos que, por su naturaleza, presentan un estrecho vínculo con un motivo formulado en la demanda no pueden considerarse nuevos y es admisible su presentación en la fase de réplica o en la vista (véase la sentencia de 12 de septiembre de 2012, Italia/Comisión,
T‑394/06
, no publicada,
EU:T:2012:417
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, debe recordarse, para empezar, que de los apartados 39, 42, 43, 46 y 48 del escrito de demanda se desprende que la demandante invoca la vulneración del principio de buena o de sana administración en apoyo del presente recurso de indemnización.
A continuación, del apartado 42 del escrito de contestación se desprende que la Comisión ha subrayado que, según la jurisprudencia, el principio de buena administración no confiere, por sí mismo, derechos a los particulares, a menos que constituya la expresión de derechos específicos que, a su entender, no han sido invocados por la demandante en el caso de autos.
Finalmente, en los apartados 15 y 16 del escrito de réplica, la demandante responde a esta alegación de la Comisión sosteniendo que se ha vulnerado el principio de buena administración debido a la falta de una acción adecuada con respecto al conflicto de intereses y a la falta de información completa y transparente tras su denuncia a pesar de que tenía derecho a que la Comisión tratase sus asuntos equitativamente en virtud del artículo 41, apartado 1, de la Carta.
De estos elementos se desprende que la demandante se limita a responder en el escrito de réplica a las alegaciones de la Comisión y, más concretamente, a la alegación según la cual no había invocado la vulneración de derechos específicos derivada del principio de buena administración. Por tanto, la Comisión no tiene razón al sostener que la demandante invoca por primera vez la vulneración de sus derechos fundamentales en la fase de réplica.
Por lo que respecta a la infracción del artículo 41 de la Carta, para empezar, debe recordarse que el derecho a una buena administración, reconocido en esta disposición, refleja un principio general del Derecho de la Unión (sentencias de 8 de mayo de 2014, N.,
C‑604/12
,
EU:C:2014:302
, apartado
, y de 19 de junio de 2014, Commune de Millau y SEMEA/Comisión,
C‑531/12 P
,
EU:C:2014:2008
, apartado
). A continuación, ha de señalarse que, con arreglo a las explicaciones sobre la Carta (
DO 2007, C 303, p. 17
), el artículo 41 se basa en la existencia de la Unión como una comunidad de Derecho, cuyas características ha desarrollado la jurisprudencia, que consagró, entre otras cosas, la buena administración como un principio general de Derecho. Finalmente, del apartado 43 del escrito de demanda se desprende que la demandante alega, en particular, que la Comisión debía actuar con diligencia y que esa obligación se deriva del principio general de buena administración. Pues bien, es preciso observar que a través de dicha alegación la demandante invoca, en esencia, un derecho específico reconocido en el artículo 41 de la Carta. En efecto, las alegaciones de la demandante atañen al derecho reconocido en el artículo 41, apartado 1, de ese texto, conforme al cual «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable», dado que, con arreglo a la jurisprudencia, la obligación de diligencia es inherente al principio de buena administración, se aplica con carácter general a la acción de la Administración de la Unión en sus relaciones con el público y exige que esta actúe con cuidado y prudencia [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Masdar (UK)/Comisión,
C‑47/07 P
,
EU:C:2008:726
, apartados
y
].
De ello resulta, por una parte, que la mención del artículo 41 de la Carta en el escrito de réplica tiene, al menos, una relación estrecha con las alegaciones basadas en la vulneración del principio de buena administración y, por otra parte, que la demandante, al ampararse en la obligación de diligencia inherente al antedicho principio, invocó, ya en el escrito de demanda, la vulneración del artículo 41 de la Carta. Así pues, contrariamente a lo aducido por la Comisión, las alegaciones basadas en el artículo 41 de la Carta no son nuevas alegaciones y, por tanto, son admisibles.
Por lo que atañe a la alegación de la Comisión según la cual este motivo es inadmisible por no haber indicado la demandante la vulneración invocada y las alegaciones en que se apoya dicha vulneración, procede señalar que la ilegalidad invocada en virtud de la vulneración del principio de buena administración y del artículo 41 de la Carta cumple los requisitos que se recuerdan en el apartado 46 anterior y que son aplicables
mutatis mutandis
en el presente asunto. En efecto, debe considerarse que las alegaciones formuladas por la demandante en virtud de la vulneración del principio de buena administración han sido formuladas en apoyo de dicha vulneración y de la basada en el artículo 41 de la Carta.
En tercer lugar, la Comisión alega que la demandante invoca por primera vez en el escrito de réplica un motivo basado en la infracción de la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifican las Directivas 89/665/CEE y 92/13/CEE del Consejo en lo que respecta a la mejora de la eficacia de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos (
DO 2007, L 335, p. 31
), y que dicho motivo es, por consiguiente, inadmisible.
A este respecto, basta observar que la demandante indica claramente en el apartado 36 del escrito de réplica que «la Directiva 2007/66 no es aplicable a las licitaciones de la Comisión». Así pues, contrariamente a lo que alega la Comisión, la demandante menciona la Directiva 2007/66 en apoyo de sus alegaciones sin invocar, sin embargo, la infracción de ese texto.
Por tanto, procede desestimar la alegación de la Comisión.
B.

Sobre el fondo
1.

Sobre los requisitos para que se genere la responsabilidad de la Unión
En virtud del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
Según reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, con arreglo a la disposición antes mencionada, por el comportamiento ilegal de sus órganos, es preciso que concurran tres requisitos, a saber, la ilegalidad del comportamiento imputado a la institución, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio alegado (sentencias de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión,
C‑352/98 P
,
EU:C:2000:361
, apartados
a
; de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión,
C‑120/06 P y C‑121/06 P
,
EU:C:2008:476
, apartados
y
a
, y de 16 de octubre de 2014, Evropaïki Dynamiki/Comisión,
T‑297/12
, no publicada,
EU:T:2014:888
, apartado
).
Para que concurra el requisito del comportamiento ilegal de una institución, se exige que se acredite una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares (sentencias de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión,
C‑352/98 P
,
EU:C:2000:361
, apartados
y
, y de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión,
C‑120/06 P y C‑121/06 P
,
EU:C:2008:476
, apartado
).
Así pues, solo una ilegalidad de una institución que dé lugar a tal violación suficientemente caracterizada puede generar la responsabilidad de la Unión. A este respecto, debe recordarse que el criterio decisivo para considerar que una violación del Derecho de la Unión está suficientemente caracterizada es el de la inobservancia manifiesta y grave por la institución de los límites impuestos a su facultad de apreciación (sentencia de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión,
C‑352/98 P
,
EU:C:2000:361
, apartado
). En particular, de la jurisprudencia se desprende que el régimen establecido por el Tribunal de Justicia en materia de responsabilidad extracontractual de la Unión tiene en cuenta, entre otros aspectos, la complejidad de las situaciones que deben ser reguladas, las dificultades de aplicación o de interpretación de los textos y, más particularmente, el margen de apreciación de que dispone el autor del acto controvertido (sentencias de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión,
C‑352/98 P
,
EU:C:2000:361
, apartado
; de 10 de diciembre de 2002, Comisión/Camar y Tico,
C‑312/00 P
,
EU:C:2002:736
, apartado
, y de 10 de julio de 2003, Comisión/Fresh Marine,
C‑472/00 P
,
EU:C:2003:399
, apartado
).
Por lo que se refiere al requisito de la realidad del perjuicio, debe recordarse que la responsabilidad de la Unión solo se genera cuando la parte demandante haya sufrido efectivamente un perjuicio «real y cierto». A este respecto, corresponde a la parte demandante aportar al órgano jurisdiccional de la Unión elementos de prueba concluyentes con el fin de demostrar la existencia y el alcance del perjuicio presuntamente sufrido (véanse las sentencias de 16 de julio de 2009, SELEX Sistemi Integrati/Comisión,
C‑481/07 P
, no publicada,
EU:C:2009:461
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 8 de noviembre de 2011, Idromacchine y otros/Comisión,
T‑88/09
,
EU:T:2011:641
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por lo que atañe al requisito relativo a la existencia de una relación de causalidad, ha de señalarse que dicho requisito se cumple cuando existe una relación directa de causa a efecto entre la ilegalidad cometida por la institución de que se trate y el perjuicio invocado, relación cuya prueba corresponde aportar a la parte demandante. La Unión solo puede incurrir en responsabilidad por un perjuicio que deriva de manera suficientemente directa de la actuación irregular de la institución de que se trate (véase, en este sentido, el auto de 5 de julio de 2007, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Consejo y Comisión,
C‑255/06 P
, no publicado,
EU:C:2007:414
, apartado
).
Cuando no se cumple uno de los tres requisitos en que se basa la responsabilidad extracontractual de la Unión, el recurso de indemnización debe desestimarse, sin que resulte necesario examinar si concurren los otros dos requisitos (sentencias de 15 de septiembre de 1994, KYDEP/Consejo y Comisión,
C‑146/91
,
EU:C:1994:329
, apartado
, y de 16 de octubre de 2014, Evropaïki Dynamiki/Comisión, C‑297/12, no publicada,
EU:T:2014:888
, apartado
).
Procede examinar si estos requisitos concurren en el caso de autos.
a)

Sobre las ilegalidades
La demandante invoca, en esencia, dos ilegalidades distintas, a saber, por una parte, la insuficiente supervisión del procedimiento de licitación y la existencia de un conflicto de intereses en favor de la sociedad A. y, por otra parte, el retraso a la hora de informarle de la decisión de adjudicación del contrato y de la firma del contrato.
Con carácter preliminar, debe señalarse que la demandante invoca, en apoyo del presente recurso y con el fin de demostrar la existencia de una ilegalidad que dé lugar a la responsabilidad extracontractual de la Unión en el caso de autos, la decisión del Defensor del Pueblo de 27 de enero de 2014 en la que se concluía que, al haber permitido que un experto del adjudicatario participase en la redacción de los TdR, lo cual dio lugar, al menos, a un aparente conflicto de intereses, la Comisión había cometido un acto de mala administración. A este respecto, debe recordarse, como hace la Comisión, que, en cuanto tales, las conclusiones del Defensor del Pueblo no vinculan al juez de la Unión y solo constituyen un indicio de la vulneración, por parte de la institución de que se trate, del principio de buena administración. En efecto, el procedimiento ante el Defensor del Pueblo, que no puede tomar decisiones vinculantes, es una vía alternativa extrajudicial para los ciudadanos de la Unión a la del recurso ante el juez de la Unión, que responde a criterios específicos y no tiene necesariamente el mismo objetivo que el de un recurso judicial. Por consiguiente, la calificación «de acto de mala administración» por el Defensor del Pueblo no significa, por sí sola, que el comportamiento de la institución de que se trate constituya una violación suficientemente caracterizada de un norma jurídica, en el sentido de la jurisprudencia (sentencia de 25 de octubre de 2007, Komninou y otros/Comisión,
C‑167/06 P
, no publicada,
EU:C:2007:633
, apartado
).
De estas consideraciones se deriva, por una parte, que corresponde al Tribunal determinar, con arreglo a una apreciación propia, si, en el caso de autos, las ilegalidades invocadas constituyen una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares y, por otra parte, que, a ese efecto, contrariamente a lo que alega la Comisión, la decisión del Defensor del Pueblo es pertinente, pero debe tomarse en consideración únicamente como un eventual indicio de la vulneración por la Comisión del principio de buena administración.
1)

Sobre la supuesta ilegalidad basada en la insuficiencia de la supervisión del procedimiento de licitación y en la existencia de un conflicto de intereses en favor de la sociedad A
Por lo que atañe a la primera ilegalidad invocada, la demandante formula dos series de alegaciones, basadas en la vulneración de los principios de igualdad de trato, de buena administración y de protección de la confianza legítima, que se recogen también en el Reglamento financiero y en la PRAG. Por otra parte, la demandante sostiene que la insuficiencia de la supervisión del procedimiento de licitación y de la investigación relativa a las alegaciones de conflicto de intereses como consecuencia, en particular, de la inexistencia de investigación tras las declaraciones del Sr. P. y de la sociedad A. en las que afirmaban no encontrarse en una situación de conflicto de intereses, las insuficiencias de la investigación relativa al conflicto de intereses, la inexistencia de apreciación de la ventaja conferida a la sociedad A. por medio de la participación del Sr. P. en la redacción de los TdR, la falta de imparcialidad del comité de evaluación y la imprecisión de la información aportada en relación con la investigación contravienen la obligación de diligencia y el principio de buena administración.
Por otra parte, la demandante indica que las insuficiencias de la investigación relativa al conflicto de intereses, además de vulnerar el principio de buena administración, entrañan también un incumplimiento del deber de diligencia que imponía velar por que se respetase el artículo 89 del Reglamento financiero. Asimismo, según la demandante, a raíz de las declaraciones de la sociedad A. y del Sr. P. en las que afirmaban no encontrarse en una situación de conflicto de intereses, debería haberse aplicado el artículo 94 del Reglamento financiero. Finalmente, a juicio de la demandante, la participación del Sr. P. en la redacción de los TdR constituye un conflicto de intereses que rompió la igualdad entre los licitadores y cuya aparición la Comisión no evitó debido a las insuficiencias de la investigación.
La Comisión recuerda que, según la jurisprudencia, un licitador debe ser excluido del procedimiento cuando haya un riesgo de conflicto de intereses y que ese riesgo debe apreciarse concretamente. Asimismo, según la Comisión, de la PRAG se desprende que un candidato que haya participado en la preparación de un proyecto de licitación debe ser excluido salvo que se pruebe que ello no constituye una competencia desleal.
La Comisión sostiene que el hecho de que el Sr. P. haya sido el experto de la sociedad A. durante un contrato precedente no constituye un conflicto de intereses que justifique su exclusión del procedimiento de licitación, ya que la existencia de un conflicto de intereses y, en su caso, sus consecuencias deben apreciarse concretamente. Asimismo, la Comisión afirma que los TdR fueron redactados con el fin de garantizar una competencia leal. Por tanto, a su juicio, aun suponiendo que, como adjudicatario precedente, la sociedad A. hubiese disfrutado de una ventaja, los otros candidatos podían adquirir también los mismos conocimientos técnicos.
Aunque la Comisión admite que la imprudencia del poder adjudicador pudo dar lugar a un aparente conflicto de intereses, sostiene que, a la luz de las circunstancias, no había conflicto de intereses. Además, la Comisión estima que el poder adjudicador cumplió su obligación de llevar a cabo un examen minucioso del eventual conflicto de intereses.
Conforme a la jurisprudencia recordada en los apartados 63 y 64 anteriores, debe determinarse si, en el caso de autos, la demandante ha acreditado la existencia de una violación suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares.
i)

Sobre la existencia de normas jurídicas que tengan por objeto conferir derechos a los particulares
Por lo que atañe a la necesidad de acreditar que la institución violó una norma jurídica que tuviese por objeto conferir derechos a los particulares, la demandante alega que la Comisión violó varias normas jurídicas que tenían por objeto conferir derechos a los particulares, a saber, los principios de protección de la confianza legítima, de igualdad de trato y de buena administración, que se recogen también en el Reglamento financiero y en el punto 2.3.6 de la PRAG, así como el deber de diligencia, que le obligaba a velar por el respeto del artículo 89 del Reglamento financiero, el artículo 94 de dicho Reglamento y las Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la gestión de conflictos de intereses en el servicio público.
A este respecto, debe recordarse que el principio de protección de la confianza legítima es una norma jurídica que confiere derechos a los particulares (véase la sentencia de 6 de diciembre de 2001, Emesa Sugar/Consejo,
T‑43/98
,
EU:T:2001:279
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por lo que respecta al principio de igualdad de trato, que fundamenta los artículos 89 y 94 del Reglamento financiero y el punto 2.3.6 de la PRAG, de la jurisprudencia se desprende que confiere, por sí mismo, derechos a los particulares (sentencia de 4 de octubre de 1979, Ireks-Arkady/CEE,
238/78
,
EU:C:1979:226
, apartado
). Por consiguiente, el artículo 89, apartado 1, del Reglamento financiero, según el cual los contratos públicos financiados total o parcialmente por el presupuesto se ajustarán a los principios de igualdad de trato y no discriminación, y el artículo 94 de dicho Reglamento, a tenor del cual aquellos candidatos o licitadores que, durante el procedimiento de adjudicación de un contrato, se hallen en una situación de conflicto de intereses o hayan incurrido en falsas declaraciones quedarán excluidos de la adjudicación de dicho contrato, deben considerarse también normas jurídicas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares en la medida en que tienen como finalidad garantizar el respeto del principio de igualdad de trato durante los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
Por lo que respecta al principio de buena administración, de la jurisprudencia se desprende que la obligación de diligencia, inherente a dicho principio, se aplica con carácter general a la acción de la Administración de la Unión en sus relaciones con el público [sentencias de 16 de diciembre de 2008, Masdar (UK)/Comisión,
C‑47/07 P
,
EU:C:2008:726
, apartado
; de 9 de septiembre de 2008, MyTravel/Comisión,
T‑212/03
,
EU:T:2008:315
, apartado
, y de 16 de diciembre de 2015, Chart/SEAE,
T‑138/14
,
EU:T:2015:981
, apartado
] y obliga a la institución competente a examinar minuciosa e imparcialmente todos los aspectos pertinentes del caso concreto (véase la sentencia de 16 de diciembre de 2015, Chart/SEAE,
T‑138/14
,
EU:T:2015:981
, apartado
y jurisprudencia citada).
Asimismo, la jurisprudencia ha reconocido que la Administración de la Unión podía incurrir en responsabilidad extracontractual por comportamiento ilícito cuando no actuaba con toda la diligencia requerida y causaba con ello un perjuicio [véase la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Masdar (UK)/Comisión,
C‑47/07 P
,
EU:C:2008:726
, apartado
y jurisprudencia citada]. En particular, la comprobación de una irregularidad que, en circunstancias análogas, no habría cometido una administración normalmente prudente y diligente permite afirmar que el comportamiento de la institución ha constituido una ilegalidad que genera la responsabilidad de la Unión con arreglo al artículo 340 TFUE (sentencia de 12 de julio de 2001, Comafrica y Dole Fresh Fruit Europe/Comisión,
T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 y T‑225/99
,
EU:T:2001:184
, apartado
).
En el caso de autos, la demandante alega que la ilegalidad relativa a la insuficiente supervisión del procedimiento de licitación se deriva de la vulneración del principio de buena administración. A estos efectos, sostiene, en particular, en los apartados 28 y 43 del escrito de demanda y en el apartado 15 del escrito de réplica, que la antedicha ilegalidad es la consecuencia del incumplimiento de la obligación de diligencia. Así pues, según la demandante, correspondía a la Comisión llevar a cabo una investigación suficientemente minuciosa y equitativa con el fin de determinar si la participación del Sr. P. en la redacción de los TdR había otorgado a la sociedad A. una ventaja en el marco del procedimiento de licitación.
Ahora bien, al hacer esto, la demandante no se limita a invocar una obligación que recaiga de manera general sobre la Comisión con el fin de asegurar que esta última se atiene a las normas necesarias para garantizar el respeto de una unión de Derecho. Al contrario, la demandante invoca la obligación de diligencia en la medida en que el cumplimiento de dicha obligación, al garantizar que la Comisión examine de manera seria y minuciosa todas las circunstancias relacionadas, por una parte, con la implicación del Sr. P. en la redacción de los TdR y, por otra, con la adjudicación del contrato al consorcio del que la sociedad A. es miembro, tiene por objeto proteger a los particulares y conferirles derechos.
En estas circunstancias, debe considerarse que el principio de buena administración y el artículo 41 de la Carta, tal como han sido invocados por la demandante constituyen la expresión de derechos específicos en el sentido de esta disposición, a saber, el derecho a que se traten sus asuntos imparcial y equitativamente y, por tanto, la obligación de la institución competente de examinar minuciosa e imparcialmente todos los aspectos pertinentes del caso concreto. En consecuencia, el principio de buena administración y el artículo 41 de la Carta deben considerarse en el caso de autos normas jurídicas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares.
Finalmente, en la medida en que las Directrices de la OCDE para la gestión de conflictos de intereses en el servicio público no vinculan a las instituciones de la Unión (sentencia de 11 de junio de 2014, Communicaid Group/Comisión,
T‑4/13
, no publicada,
EU:T:2014:437
, apartado
), no pueden considerarse normas jurídicas que tengan por objeto conferir derechos a los particulares.
ii)

Sobre la existencia de violaciones suficientemente caracterizadas
Por lo que atañe a la existencia de violaciones suficientemente caracterizadas, la demandante formula dos series de argumentos, relativos, por una parte, a la insuficiencia de la supervisión del procedimiento de licitación y de la investigación relativa a las alegaciones de conflicto de intereses, insuficiencia que, a su entender, impidió, además, que el poder adjudicador respetase el Reglamento financiero y el principio de igualdad de trato, y, por otra parte, a la circunstancia de que la sociedad A. se encontraba en una situación de conflicto de intereses, con el fin de demostrar que la Comisión cometió una violación suficientemente caracterizada de los principios de igualdad de trato, de buena administración y de protección de la confianza legítima, así como de los artículos 89 y 94 del Reglamento financiero.
Para empezar, deben desestimarse las alegaciones basadas en la existencia de una violación suficientemente caracterizada del principio de protección de la confianza legítima.
En efecto, según reiterada jurisprudencia, cualquier operador económico al que una institución haya hecho concebir esperanzas fundadas tiene la posibilidad de invocar el principio de protección de la confianza legítima (véase la sentencia de 13 de julio de 1995, O’Dwyer y otros/Consejo,
T‑466/93, T‑469/93, T‑473/93, T‑474/93 y T‑477/93
,
EU:T:1995:136
, apartado
y jurisprudencia citada).
Pues bien, la adjudicación de un contrato público se produce al término de una apreciación comparativa de las ofertas por el poder adjudicador y ningún licitador tiene derecho a que automáticamente se le adjudiquen contratos.
Asimismo, la demandante en modo alguno ha alegado que, en el caso de autos, el poder adjudicador hubiese hecho concebir esperanzas por lo que se refiere al resultado del procedimiento de adjudicación o a la investigación relativa a las alegaciones de conflicto de intereses.
Por tanto, la demandante no puede invocar una vulneración del principio de protección de la confianza legítima y esa alegación debe desestimarse por infundada. Procede, en cambio, determinar si mediante sus otros argumentos, la demandante ha acreditado la existencia, en el caso de autos, de una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.
En primer lugar, la demandante sostiene que la insuficiencia de la supervisión del procedimiento de licitación y de la investigación relativa a las alegaciones de conflicto de intereses constituye una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión y, más concretamente, de la obligación de diligencia en tanto que componente del principio de buena administración y del artículo 41 de la Carta. La demandante añade que esta violación de la obligación de diligencia dio lugar a una violación de los artículos 89 y 94 del Reglamento financiero y del principio de igualdad de trato. En apoyo de esta alegación, la demandante señala que la investigación no podía ser imparcial debido a la composición del comité de evaluación, que la información proporcionada en relación con la investigación llevada a cabo a raíz de las alegaciones de conflicto de intereses era imprecisa, que el procedimiento de licitación fue insuficientemente supervisado y que la investigación que siguió a las alegaciones de conflicto de intereses fue insuficiente.
A este respecto y con carácter preliminar, procede recordar que el poder adjudicador está obligado a respetar, en cada fase del procedimiento de licitación, el principio de igualdad de trato y, en consecuencia, la igualdad de oportunidades de todos los licitadores (véase la sentencia de 12 de julio de 2007, Evropaïki Dynamiki/Comisión,
T‑250/05
, no publicada,
EU:T:2007:225
, apartado
y jurisprudencia citada).
El principio de igualdad de trato de los licitadores, que tiene el objetivo de favorecer el desarrollo de una competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una licitación pública, exige que todos los licitadores dispongan de las mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas e implica pues que estas se sometan a las mismas condiciones para todos los competidores (véase la sentencia de 9 de septiembre de 2009, Brink’s Security Luxembourg/Comisión,
T‑437/05
,
EU:T:2009:318
, apartado
y jurisprudencia citada).
Asimismo, el principio de igualdad de trato implica la obligación de que los licitadores se encuentren en igualdad de condiciones tanto cuando preparan sus ofertas como en el momento en que estas se someten a la evaluación del poder adjudicador (sentencia de 11 de junio de 2014, Communicaid Group/Comisión,
T‑4/13
, no publicada,
EU:T:2014:437
, apartado
).
Ahora bien, si una persona puede, cuando licita en el contrato público de que se trate, influir involuntariamente en las condiciones de este, orientándolo en un sentido que le sea favorable, dicha persona puede encontrarse en una situación que dé lugar a un conflicto de intereses. Esta situación puede falsear la competencia entre los licitadores (sentencias de 3 de marzo de 2005, Fabricom,
C‑21/03 y C‑34/03
,
EU:C:2005:127
, apartado
, y de 11 de junio de 2014, Communicaid Group/Comisión,
T‑4/13
, no publicada,
EU:T:2014:437
, apartado
) y rompe la igualdad entre los licitadores.
En particular, según la jurisprudencia y el punto 2.3.6 de la PRAG, existe un riesgo de conflicto de intereses en el supuesto de que se haya encargado a una persona la realización de trabajos preparatorios en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, dado que, en tal supuesto, esa persona puede encontrarse en un situación que dé lugar a un conflicto de intereses (sentencia de 3 de marzo de 2005, Fabricom,
C‑21/03 y C‑34/03
,
EU:C:2005:127
, apartados
a
).
No obstante, si bien, a tenor del artículo 94 del Reglamento financiero, aquellos candidatos o licitadores que, durante el procedimiento de adjudicación de un contrato público, se hallen en una situación de conflicto de intereses quedarán excluidos de la adjudicación de dicho contrato, esta disposición solo permite excluir a un licitador de un procedimiento de adjudicación de un contrato público si la situación de conflicto de intereses a que se refiere es real y no hipotética. A estos efectos, es preciso que un riesgo de conflicto de intereses sea efectivamente constatado, tras una valoración en concreto de la oferta y de la situación del licitador (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de marzo de 2005, Fabricom,
C‑21/03 y C‑34/03
,
EU:C:2005:127
, apartados
a
; de 19 de mayo de 2009, Assitur,
C‑538/07
,
EU:C:2009:317
, apartados
a
, y de 18 de abril de 2007, Deloitte Business Advisory/Comisión,
T‑195/05
,
EU:T:2007:107
, apartado
).
Así pues, corresponde al poder adjudicador apreciar y verificar la existencia de un riesgo real de que se produzcan prácticas que pueden menoscabar la transparencia y falsear la competencia entre licitadores y dar al licitador que corre el riesgo de ser excluido del procedimiento la posibilidad de demostrar que, en su caso, no existe un riesgo real de que se produzca un conflicto de intereses (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de marzo de 2005, Fabricom,
C‑21/03 y C‑34/03
,
EU:C:2005:127
, apartados
y
; de 19 de mayo de 2009, Assitur,
C‑538/07
,
EU:C:2009:317
, apartado
, y de 23 de diciembre de 2009, Serrantoni y Conzorzio stabile edili,
C‑376/08
,
EU:C:2009:808
, apartado
).
Sin embargo, aunque el poder adjudicador no tiene una obligación absoluta de excluir sistemáticamente a los licitadores en situación de conflicto de intereses, la exclusión de un licitador en situación de conflicto de intereses resulta indispensable cuando no se dispone de un remedio más adecuado para evitar cualquier vulneración de los principios de igualdad de trato entre los licitadores y de transparencia (véase la sentencia de 20 de marzo de 2013, Nexans France/Entreprise commune Fusion for Energy,
T‑415/10
,
EU:T:2013:141
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
A este respecto, habida cuenta de que el poder adjudicador debe dar a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrar con transparencia, le corresponde un papel activo en la aplicación y el respeto de esos principios. En particular, el poder adjudicador está obligado, en cualquier caso, a comprobar la existencia de eventuales conflictos de intereses y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir, detectar y poner remedio a los conflictos de intereses (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de marzo de 2015, eVigilo,
C‑538/13
,
EU:C:2015:166
, apartados
y
).
De todo lo anterior se desprende que incumbe al poder adjudicador, por una parte, garantizar, en cada fase de un procedimiento de licitación, el respeto del principio de igualdad de trato y, por otra parte, determinar en cada caso, tras una evaluación concreta, si una persona o un candidato se encuentra en una situación de conflicto de intereses antes de decidir excluirle o no del procedimiento de licitación y de llevar a cabo la adjudicación del contrato.
En este contexto, debe recordarse que la comprobación de una irregularidad que, en circunstancias análogas, no habría cometido una administración normalmente prudente y diligente permite afirmar que el comportamiento de la institución ha constituido una ilegalidad que genera la responsabilidad de la Unión con arreglo al artículo 340 TFUE (sentencia de 12 de julio de 2001, Comafrica y Dole Fresh Fruit Europe/Comisión,
T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 y T‑225/99
,
EU:T:2001:184
, apartado
).
Así pues, la obligación de diligencia exige que las instituciones actúen con cuidado y prudencia [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Masdar (UK)/Comisión, C‑47/07 P, EU:C2008:726, apartados 92 y 93] e implica la obligación de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos relevantes del asunto de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München,
C‑269/90
,
EU:C:1991:438
, apartado
; de 6 de noviembre de 2008, Países Bajos/Comisión,
C‑405/07 P
,
EU:C:2008:613
, apartado
, y de 9 de septiembre de 2011, Dow AgroSciences y otros/Comisión,
T‑475/07
,
EU:T:2011:445
, apartado
).
En particular, frente a un riesgo de conflicto de intereses en el ámbito de la contratación pública, incumbe al poder adjudicador preparar y adoptar, con toda la diligencia debida y basándose en todos los datos pertinentes, su decisión sobre el desarrollo del procedimiento de adjudicación del contrato de que se trate. Esta obligación se deriva, en particular, de los principios de buena administración y de igualdad de trato, dado que el poder adjudicador está obligado a velar en cada fase de un procedimiento de licitación por el respeto de la igualdad de trato y, en consecuencia, por la igualdad de oportunidades entre todos los licitadores (sentencia de 17 de marzo de 2005, AFCon Management Consultants y otros/Comisión,
T‑160/03
,
EU:T:2005:107
, apartado
).
Finalmente, es preciso recordar que cuando una administración ha de llevar a cabo una investigación, debe hacerlo con el mayor cuidado posible para disipar las dudas que existan y clarificar la situación (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de noviembre de 1986, Irish Grain Board,
254/85
,
EU:C:1986:422
, apartado
).
La ilegalidad basada en la insuficiencia de la supervisión del procedimiento de licitación y en la existencia de un conflicto de intereses en favor de la sociedad A. debe apreciarse a la luz de todos esos elementos.
En primer lugar, deben rechazarse por infundadas varias circunstancias aducidas por la demandante con el fin de demostrar la existencia de una violación de la obligación de diligencia.
Así pues, la alegación según la cual la investigación no fue imparcial debido a la composición del comité de evaluación, que, con el fin de apreciar la existencia de un conflicto de intereses y de formular sus recomendaciones al poder adjudicador, llevó a cabo una investigación, debe desestimarse, ya que, por una parte, la circunstancia de que el comité de evaluación estuviese esencialmente compuesto por agentes de la Comisión no demuestra, en sí misma, la falta de imparcialidad de la investigación y que, por otra parte, la demandante no aporta ningún elemento que permita demostrar que dicha circunstancia constituye una violación de la obligación de diligencia.
Por lo que atañe a la alegación según la cual la información proporcionada sobre la investigación llevada a cabo a raíz de las alegaciones de conflicto de intereses era imprecisa y no permitió a la demandante, vulnerando el principio de buena administración, comprender cómo fue probada la inexistencia de conflicto de intereses, es preciso subrayar que de los autos se desprende que la Delegación de la Unión proporcionó a la demandante y al conjunto de candidatos y licitadores información relativa al desarrollo y a los resultados de la antedicha investigación.
Así pues, a raíz de la solicitud de clarificación de la demandante de 15 de octubre de 2010, la Delegación de la Unión le respondió el 22 de octubre de 2010 que los TdR habían sido redactados por el poder adjudicador con el fin de proporcionar a todos los licitadores toda la información posible para la preparación de sus ofertas y que, por tanto, se habían cumplido los requisitos de competencia leal. Asimismo, del escrito de 27 de enero de 2011 en el que se informaba a la demandante de que su oferta no había sido elegida se desprende que el comité de evaluación investigó las alegaciones de conflicto de intereses. A este respecto, ese escrito menciona la investigación y más concretamente el examen de documentos, de intercambios de correos electrónicos y de comunicaciones y explica las razones por las que el Sr. P. aparece como autor del documento Word que contiene los TdR.
Habida cuenta de toda esta información, la demandante podía comprender sin duda alguna en qué elementos se basaron el comité de evaluación y la Delegación de la Unión para descartar tanto el riesgo como la existencia de un conflicto de intereses. Por tanto, con independencia de si esos elementos eran suficientes para desestimar las alegaciones de conflicto de intereses, no puede reprocharse a la Comisión haber proporcionado información imprecisa que impidiese a la demandante comprender cómo se había probado la inexistencia de un conflicto de intereses y haber incumplido su obligación de diligencia.
En segundo lugar, debe, sin embargo, observarse que todas las demás circunstancias aducidas por la demandante demuestran la existencia de una violación suficientemente caracterizada de la obligación de diligencia durante el procedimiento de licitación.
Por lo que respecta a la falta de supervisión del procedimiento debido a la inexistencia de investigación tras las declaraciones de la sociedad A. y del Sr. P. en las que afirmaban no encontrarse en una situación de conflicto de intereses, debe señalarse que, en virtud del artículo 94, letra b), del Reglamento financiero, aquellos candidatos o licitadores que, durante el procedimiento de adjudicación de un contrato, hayan incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida por el poder adjudicador para poder participar en el procedimiento de contratación quedarán excluidos de la adjudicación del antedicho contrato.
En el caso de autos, como alega la demandante, es poco plausible que el poder adjudicador no tuviese conocimiento del hecho de que el Sr. P. era experto de la sociedad A. en el marco del anterior contrato público y de que el gestor del proyecto en la Delegación de la Unión le había pedido su ayuda con respecto a la redacción de los TdR.
En efecto, por una parte, el gestor del proyecto en la Delegación de la Unión solicitó la ayuda del Sr. P. con respecto a la redacción de los TdR precisamente por su condición de experto de la sociedad A. en el marco del primer contrato. Por otra parte, en ningún momento la Comisión ha alegado que la Delegación de la Unión no supiese que se había solicitado la ayuda del Sr. P. para la redacción de los TdR.
Asimismo, ha quedado acreditado que la sociedad A. firmó el formulario de candidatura y sabía que un candidato podía quedar excluido del procedimiento si proponía un experto que hubiese participado en la preparación del procedimiento de licitación y que, en tanto que experto previsto por la sociedad A., el Sr. P. declaró no encontrarse en una situación de conflicto de intereses.
Pues bien, en la medida en que la Delegación de la Unión no podía ignorar que el Sr. P. había participado en la redacción de los TdR, incumbía al poder adjudicador comprobar si concurrían los requisitos de aplicación del artículo 94, letra b), del Reglamento financiero. En efecto, por una parte, debe observarse que el sentido del artículo 94, letra b), del Reglamento financiero no puede dar lugar a confusión, ya que dispone que todo candidato o licitador que haya incurrido en falsas declaraciones debe quedar excluido del procedimiento. Por otra parte, había cuenta de las circunstancias del caso de autos, el poder adjudicador no podía ignorar que el Sr. P. había estado implicado en la redacción de los TdR. Por tanto, correspondía al poder adjudicador asegurarse de que no había lugar a la aplicación de la antedicha disposición.
Por lo que atañe al argumento de la demandante de que la Delegación de la Unión tenía, en el caso de autos, la obligación de investigar
ex
officio
la existencia de un eventual conflicto de intereses, debe observarse que la Comisión no ha demostrado, ni tampoco alegado, que, antes de que otros candidatos o licitadores adujesen que la sociedad A. se encontraba en una situación de conflicto de intereses, la Delegación de la Unión hubiese solicitado a la sociedad A. que probase que no se encontraba en una situación de conflicto de intereses debido a la participación del Sr. P. en la redacción de los TdR.
A este respecto, si bien es cierto que el punto 2.3.6 de la PRAG, en virtud del cual, por una parte, existe un riesgo de conflicto de intereses para la persona que, encargada de trabajos preparatorios en el marco de un contrato público, participa en ese mismo contrato y, por otra parte, los candidatos o licitadores que se encuentren en una situación de conflicto de intereses deben quedar excluidos del procedimiento de licitación a no ser que aporten pruebas de que esa circunstancia no constituye una competencia desleal, no prevé explícitamente la obligación de que el poder adjudicador lleve a cabo de oficio una investigación, es preciso, no obstante, señalar que dicha disposición no excluye tal obligación.
Asimismo, el cumplimiento de las disposiciones del artículo 94 del Reglamento financiero y del punto 2.3.6 de la PRAG resulta aún más necesario dado que esas disposiciones constituyen la expresión concreta de los principios de transparencia, proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación que, a tenor del artículo 89 del Reglamento financiero, deben ser respetados por lo que atañe a los contratos públicos financiados total o parcialmente por el presupuesto de la Unión. Para garantizar el cumplimiento y la eficacia de esas disposiciones, el poder adjudicador puede verse a obligado a llevar a cabo de oficio una investigación cuando las circunstancias muestran la posibilidad de que exista un conflicto de intereses.
Pues bien, en el caso de autos, al haber solicitado el propio gestor del proyecto en la Delegación de la Unión ayuda al Sr. P. para la redacción de los TdR, el poder adjudicador no podía ignorar que el Sr. P. había estado implicado en la redacción de los TdR y que esa implicación en las fases que precedían la licitación podía constituir un conflicto de intereses y dar lugar a una situación de competencia desleal.
En estas circunstancias, debe observarse que, en el caso de autos, la Delegación de la Unión no podía abstenerse de verificar las declaraciones de un licitador y de uno de sus expertos e investigar
ex officio
para determinar si dicho licitador se encontraba en una situación de conflicto de intereses.
Por lo que atañe al argumento de la demandante según el cual la investigación fue insuficiente, ya que se centró en el alcance de la implicación del Sr. P. y en la redacción de los TdR y no se examinó la ventaja estratégica que esa participación confería a la sociedad A. cuando de las notas obtenidas por su oferta se desprendía que dicha ventaja era real, debe recordarse que, según la jurisprudencia mencionada en el apartado 106 anterior, a partir del momento en que se descubre un conflicto de intereses, incumbe al poder adjudicador, que debe velar en cada fase de un procedimiento de licitación por el respeto de la igualdad de trato, preparar y adoptar, con toda la diligencia debida y basándose en todos los datos pertinentes, su decisión sobre el desarrollo del procedimiento de adjudicación del contrato de que se trate.
Pues bien, dado que el poder adjudicador debe velar en cada fase de un procedimiento de licitación por el respeto de la igualdad de trato, tal obligación de diligencia se impone necesariamente al poder adjudicador cuando dispone de información relativa a un riesgo de conflicto de intereses y debe, como en el caso de autos, determinar si ese riesgo es real o no.
Esa obligación se impone aún con mayor motivo con respecto a las circunstancias del caso de autos en la medida en que, por una parte, el gestor del proyecto en la Delegación de la Unión solicitó ayuda al experto de una sociedad miembro de un consorcio licitador para la redacción de los TdR y este experto aparecía como el autor del documento Word que contenía los TdR, creando de esa manera un riesgo manifiesto de conflicto de intereses, y, por otra parte, varios de los demás candidatos alegaron durante el procedimiento de licitación que esa situación constituía un conflicto de intereses.
De lo anterior se deriva que en el caso de autos, en virtud de la obligación de diligencia, correspondía al poder adjudicador examinar con cuidado, prudencia e imparcialidad todos los elementos pertinentes con el fin de confirmar o, por el contrario, descartar el riesgo de conflicto de intereses.
A este respecto, del informe del comité de evaluación se desprende que, tras las alegaciones de conflicto de intereses formulados por varios licitadores, este último consideró que no existía conflicto de intereses basándose en una declaración de la sociedad A., en declaraciones del gestor del proyecto en la Delegación de la Unión, en documentos que mostraban que las disposiciones de los TdR relativas a los expertos habían sido modificadas a raíz de los contactos entre el poder adjudicador y el beneficiario del contrato, en las especificaciones relativas a los expertos 1 y 2 y en los resultados de la evaluación de las ofertas por lo que atañe a los expertos.
Asimismo, del escrito de 27 de enero de 2011 en el que se informaba a la demandante de que su oferta no había sido elegida se desprende que el comité de evaluación investigó las alegaciones de conflicto de intereses. A este respecto, ese escrito menciona la investigación y más concretamente el examen de documentos, de intercambios de correos electrónicos y de comunicaciones e indica que, aunque el Sr. P. aparecía como el autor del documento Word que contenía los TdR, este se limitó a proporcionar información general relativa a las secciones 1.4 y 1.5 de los TdR.
En el caso de autos, debe señalarse que el poder adjudicador no actuó con la prudencia y el cuidado requeridos al concluir, basándose en esos elementos, que no existía conflicto de intereses.
En efecto, de las disposiciones del Reglamento financiero y del punto 2.3.6 de la PRAG se desprende que incumbe al poder adjudicador determinar caso por caso y tras una evaluación concreta si una persona o un candidato se encuentra en una situación de conflicto de intereses con anterioridad a la decisión de excluirle o no del procedimiento de licitación y de llevar a cabo la adjudicación del contrato.
A continuación, habida cuenta de que un conflicto de intereses menoscaba la igualdad entre los licitadores, la decisión de no excluir a un candidato sobre el cual se ha formulado una alegación de conflicto de intereses solo puede adoptarse si el poder adjudicador puede tener la certeza de que el candidato no se encuentra en tal situación.
En el caso de autos, las conclusiones del comité de evaluación y, en consecuencia, las del poder adjudicador se basan en declaraciones e intercambios de correos electrónicos que muestran que determinadas secciones de los TdR fueron modificadas, así como en los resultados de la evaluación por lo que atañe a los expertos.
Por tanto, del informe del comité de evaluación se desprende que la premisa según la cual la participación del Sr. P. en la redacción de los TdR se limitó a la facilitación de información general relativa a las secciones 1.4 y 1.5 de los TdR se funda en las declaraciones de la sociedad A. y del gestor del proyecto en la Delegación de la Unión.
Sin embargo, según la jurisprudencia, la credibilidad y, por consiguiente, el valor probatorio de un documento dependen de su origen, de las circunstancias de su elaboración, de su destinatario y del carácter razonable y fidedigno de su contenido (sentencia de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión,
T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95
,
EU:T:2000:77
, apartado
). Por otra parte, únicamente puede dársele valor probatorio a una declaración bajo juramento, y con mayor motivo a una simple declaración, si se ve corroborada por otros elementos de prueba [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de marzo de 2014, Globosat Programadora/OAMI — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL),
T‑348/12
, no publicada,
EU:T:2014:116
, apartado
y jurisprudencia citada].
Pues bien, en el caso de autos, debe tomarse en consideración el hecho de que la declaración de la sociedad A. procede de una entidad que podría tener un interés directo en el asunto (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de marzo de 2011, Siemens/Comisión,
T‑110/07
,
EU:T:2011:68
, apartados
y
).
Asimismo, al no haber sido corroboradas las declaraciones por otros elementos de prueba que permiten excluir con certeza la existencia de un conflicto de intereses, la circunstancia de que la participación del Sr. P. en la redacción de los TdR se limitase a facilitar información general relativa a las secciones 1.4 y 1.5 de los TdR no puede considerarse probada.
Es cierto que el informe del comité de evaluación precisa, en primer lugar, que las disposiciones de los TdR relativas a los expertos fueron modificadas a raíz de los contactos entre el poder adjudicador y el beneficiario del contrato y que esas modificaciones muestran que las exigencias evolucionaron cualitativamente durante la preparación de la documentación y, en segundo lugar, que el quinto licitador obtuvo las mejores puntuaciones por lo que respecta a los expertos 3 y 4, mientras que la sociedad A. obtuvo las mejores puntuaciones por lo que atañe a los expertos 1 y 2.
De estos elementos se desprende que el comité de evaluación y el poder adjudicador intentaron determinar el alcance de la implicación del Sr. P. con respecto a los TdR y calibrar la eventual ventaja estratégica que esa implicación había podido tener por lo que se refiere a la evaluación de los expertos.
En efecto, el informe del comité de evaluación subraya que la participación del Sr. P. tuvo por objeto las secciones 1.4 y 1.5 de los TdR que contenían elementos de contexto del contrato y no exigencias relativas, en particular, a los expertos. Asimismo, el antedicho informe pone de manifiesto las modificaciones de las secciones de los TdR referentes a las exigencias relativas a los expertos tras los contactos entre el poder adjudicador y el beneficiario del contrato con el fin de mostrar que esas exigencias evolucionaron considerablemente a raíz de las modificaciones de los TdR. Finalmente, el informe recoge los resultados de la evaluación de las ofertas por lo que atañe a los expertos.
No obstante, si bien esta circunstancia acredita que el comité de evaluación y el poder adjudicador no se limitaron a la implicación del Sr. P. en la redacción de los TdR e intentaron determinar si la sociedad A. se había beneficiado de una ventaja estratégica, tal circunstancia no permite, sin embargo, contrariamente a las exigencias de la PRAG, probar que la sociedad A. no se había beneficiado de una ventaja estratégica ni excluir con certeza la existencia de una conflicto de intereses ni, por tanto, concluir que cumplieron la obligación de diligencia.
Finalmente, de los autos no se desprende que el comité de evaluación verificase las circunstancias en las que el gestor del proyecto en la Delegación de la Unión había solicitado al Sr. P. que le proporcionase información para la redacción de los TdR. Por tanto, ni el comité de evaluación ni el poder adjudicador pudieron determinar el alcance de la solicitud de la Delegación de la Unión ni comprobar si esa solicitud efectivamente se limitaba a información general necesaria únicamente para las secciones 1.4 y 1.5 de los TdR.
Tampoco se desprende de los autos que el comité de evaluación solicitara tener acceso al documento Word redactado por el Sr. P. y transmitido al gestor del proyecto en la Delegación de la Unión, ni que pudiera verificar dicho documento, a pesar de que se trataba de un elemento no solo pertinente, sino también decisivo para comprobar si la implicación del Sr. P. en la redacción de los TdR se había limitado únicamente a las secciones 1.4 y 1.5 de los TdR y determinar la existencia o no de una situación de conflicto de intereses. Interrogada a este respecto durante la vista, la Comisión afirmó que no tenía en su poder la llave USB mediante la cual, como reconoció ante el Tribunal, el Sr. P. había transmitido la información proporcionada, circunstancia de la que se dejó constancia en el acta de la vista.
Al faltar ese documento, el comité de evaluación y el poder adjudicador, necesariamente, no pudieron verificar, por una parte, que la participación del Sr. P. efectivamente se circunscribiera a las secciones 1.4 y 1.5 de los TdR y, por otra parte, que no redactara la primera versión de los TdR en su totalidad. Por tanto, no podían excluir con certeza que el Sr. P. hubiese redactado la primera versión de los TdR en su totalidad y que, en consecuencia, hubiese dispuesto de información privilegiada, aunque los otros elementos en los que se basó el comité de evaluación, a saber, los documentos que muestran que las disposiciones de los TdR relativas a los expertos fueron modificadas a raíz de los contactos entre el poder adjudicador y el beneficiario del contrato y las especificaciones referentes a los expertos 1 y 2 y los resultados de la evaluación de las ofertas por lo que atañe a los expertos, muestran que las secciones de los TdR relativas a los expertos fueron modificadas ulteriormente. Por tanto, el comité de evaluación y el poder adjudicador no disponían de todos los elementos necesarios para poder determinar con certeza si la sociedad A. se había beneficiado de una ventaja estratégica que pusiese en entredicho la igualdad entre los licitadores.
En estas circunstancias, queda de manifiesto que el comité de evaluación y el poder adjudicador no examinaron con cuidado y prudencia todos los elementos pertinentes que les habrían permitido disipar las dudas existentes y clarificar la situación de la sociedad A.
Además, al estar establecidas sin ambigüedades las obligaciones del poder adjudicador relativas al conflicto de intereses tanto en la PRAG como en el Reglamento financiero, el alcance de esas disposiciones no plantea dificultades particulares de interpretación y aplicación. Por otra parte, la Comisión no ha aducido ningún elemento a efectos de demostrar que las circunstancias fuesen especialmente complejas.
De todos los elementos anteriores se desprende que, en las circunstancias del caso de autos, al no llevar a cabo ninguna verificación tras las declaraciones de la sociedad A. y del Sr. P. en las que afirmaban no encontrarse en una situación de conflicto de intereses, al abstenerse de investigar
ex officio
con el fin de determinar si la sociedad se encontraba en una situación de conflicto de intereses y al no llevar a cabo una investigación que permitiese establecer con certeza que la implicación del Sr. P. en la redacción de los TdR no constituía un conflicto de intereses, la Delegación de la Unión cometió una irregularidad que, en circunstancias análogas, no habría cometido una administración normalmente prudente y diligente. Tal irregularidad debe ser calificada como una violación manifiesta y grave de la obligación de diligencia y, por tanto, como una violación suficientemente caracterizada de dicha obligación, del principio de buena administración y del artículo 41 de la Carta.
Asimismo, debe señalarse que, tal como acertadamente alega la demandante, una violación de la obligación de diligencia de esas características constituye también, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, una violación suficientemente caracterizada del principio de igualdad de trato recogido en el artículo 89 del Reglamento financiero y en la PRAG.
En efecto, la violación de la obligación de diligencia como consecuencia de la ausencia de una investigación que permita excluir con certeza la existencia de un conflicto de intereses durante un procedimiento de licitación vulnera también el principio de igualdad de trato entre licitadores (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de marzo de 2005, AFCon Management Consultants y otros/Comisión,
T‑160/03
,
EU:T:2005:107
, apartados
y
).
Tal como ha recordado el Tribunal en los apartados 94 a 103 anteriores, el poder adjudicador está obligado a velar en cada fase de un procedimiento de licitación por el respeto de la igualdad de trato y, en consecuencia, por la igualdad de oportunidades entre todos los licitadores. Así pues, con el fin de garantizar el respeto del principio de igualdad de trato, corresponde al poder adjudicador determinar caso por caso y tras una evaluación concreta si una persona o un candidato se encuentra en una situación de conflicto de intereses con anterioridad a la decisión de excluirle o no del procedimiento de licitación y de llevar a cabo la adjudicación del contrato.
Pues bien, en el caso de autos, dado que la Delegación de la Unión no examinó con cuidado, prudencia e imparcialidad todos los elementos que hubiesen permitido excluir con certeza la existencia de un conflicto de intereses en favor de la sociedad A. y cuestionar la existencia de un riesgo manifiesto de conflicto de intereses generado, en virtud del punto 2.3.6 de la PRAG, por la implicación del Sr. P. en la redacción de los TdR, no podía tratar del mismo modo a todos los licitadores. En consecuencia, el mero hecho de que la Delegación de la Unión no llevase a cabo una investigación en la debida forma que permitiese descartar con certeza la existencia de un riesgo manifiesto de conflicto de intereses alegado por varios licitadores constituye una violación del principio de igualdad de trato recogido en el artículo 89 del Reglamento financiero y en la PRAG y, por tanto, una violación suficientemente caracterizada de normas jurídicas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares, habida cuenta de la gravedad de las consecuencias que un eventual conflicto de intereses puede tener para el resultado de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.
En segundo lugar, la demandante invoca una violación de los artículos 89 y 94 del Reglamento financiero y del principio de igualdad de trato en la medida en que el poder adjudicador trató de la misma manera a todos los licitadores, a pesar de que la participación del Sr. P. en la redacción de los TdR dio lugar a una situación de conflictos de intereses que proporcionaba a la sociedad A. una ventaja a la hora de preparar su oferta.
Esta argumentación no puede prosperar.
En efecto, si bien las circunstancias y los elementos invocados por la demandante acreditan la existencia en el caso de autos de un riesgo manifiesto de conflicto de intereses y constituyen una violación suficientemente caracterizada de la obligación de diligencia y del principio de igualdad de trato, son insuficientes para permitir al Tribunal concluir con certeza que existía un conflicto de intereses y la alegación de la demandante debe, por consiguiente, desestimarse. A este respecto, procede, no obstante, señalar que el hecho de que al Tribunal le resulte imposible declarar o excluir con certeza la existencia de un conflicto de intereses en el caso de autos se debe al comportamiento de la Comisión, que, durante el procedimiento de licitación, no examinó suficientemente las alegaciones de conflicto de intereses y no proporcionó al Tribunal ningún otro elemento que le permitiese llevar a cabo ese examen.
Por tanto, la demandante, por una parte, ha demostrado la existencia en el caso de autos de una violación suficientemente caracterizada de la obligación de diligencia y, en consecuencia, del principio de buena administración y del artículo 41 de la Carta, en la medida en que la Delegación de la Unión no llevó a cabo ninguna verificación tras las declaraciones de la sociedad A. en las que afirmaba no encontrarse en una situación de conflicto de intereses, no realizó ninguna investigación de oficio con el fin de determinar si el consorcio del que era miembro esa sociedad se encontraba en una situación de conflicto de intereses ni investigó suficientemente la implicación del Sr. P. en la redacción de los TdR ni examinó con cuidado y prudencia todos los elementos pertinentes para establecer con certeza que no existía ningún conflicto de intereses ni se confería ninguna ventaja estratégica a la sociedad A. Por otra parte, la demandante ha demostrado la existencia de una violación suficientemente caracterizada del principio de igualdad de trato recogido en el artículo 89 del Reglamento financiero y en la PRAG en la medida en que el poder adjudicador trató a todos los licitadores de la misma manera, a pesar de que las insuficiencias de la investigación no le habían permitido excluir con certeza la existencia de un conflicto de intereses en favor de la sociedad A.
2)

Sobre la supuesta ilegalidad basada en el retraso con el que la demandante fue informada de la decisión relativa a la adjudicación del contrato y de la firma del contrato
La demandante alega que la Comisión violó el punto 2.9.3 de la PRAG al abstenerse de informarle «sin demora» de la decisión relativa a la adjudicación del contrato, cuando dicha decisión había sido adoptada antes de la firma del contrato. Asimismo, según la demandante, al abstenerse de informarle dentro del plazo de quince días naturales tras la recepción del contrato firmado previsto en el punto 2.9.3 de la PRAG, la Comisión violó el principio general de sana administración en su evaluación de las ofertas.
Si bien la Comisión admite que la demandante no fue informada de la decisión de adjudicar el contrato dentro del plazo establecido, a saber, en un plazo de quince días naturales a partir de la recepción del contrato firmado, sostiene que ese retraso no vulneró el derecho de recurso de la demandante y que la propia demandante en modo alguno invoca ese perjuicio.
Por razones de economía procesal y habida cuenta de que, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el apartado 67 anterior, cuando no se cumple uno de los tres requisitos en que se basa la responsabilidad extracontractual de la Unión, el recurso de indemnización debe desestimarse, sin que resulte necesario examinar si concurren los otros dos requisitos, esa argumentación de la demandante será examinada a la luz de la exigencia relativa a la existencia de una relación de causalidad.
b)

Sobre el perjuicio y la relación de causalidad
1)

Sobre la relación de causalidad entre la supuesta ilegalidad basada en el retraso con que la demandante fue informada de la decisión relativa a la adjudicación del contrato y de la firma del contrato y los perjuicios invocados
Tal como se desprende del apartado 66 anterior, la demandante debe aportar la prueba de la existencia de una relación directa de causa a efecto entre la ilegalidad y el perjuicio invocado. En el caso de autos, la demandante alega que sufrió perjuicios constituidos por los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación, el coste generado por la impugnación de la legalidad del procedimiento de licitación, la pérdida de un beneficio, la pérdida de una oportunidad y la pérdida de una oportunidad de participar en otras licitaciones y ganarlas y que esos perjuicios fueron causados por la mala administración de la Comisión, la vulneración de los principios generales de igualdad de trato, de sana administración y de protección de la confianza legítima y por la infracción del artículo 94 del Reglamento financiero y del punto 2.3.6 de la PRAG. Pues bien, aunque la demandante subraya la existencia de una relación de causalidad directa entre, por una parte, la adopción irregular de la decisión mediante la que se adjudicó el contrato al consorcio del que la sociedad A. es miembro y, por otra parte, los perjuicios sufridos, no demuestra, ni tan siquiera alega, que el retraso con el que se le informó del resultado del proceso de evaluación le hubiese causado directamente y de manera determinante los perjuicios invocados. Asimismo, de toda la argumentación esgrimida por la demandante se desprende que el hecho generador de los perjuicios invocados está constituido por las irregularidades cometidas por el poder adjudicador durante el procedimiento de licitación y no por la circunstancia de que las decisiones relativas a la adjudicación y a la firma del contrato se pusiesen en su conocimiento tardíamente.
De ello se deriva que, sin que sea necesario determinar si la demandante ha demostrado la existencia de una violación suficientemente caracterizada de normas jurídicas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares, debido a la ausencia de una relación de causalidad, las pretensiones de la demandante basadas en el retraso con que fue informada de la decisión referente a la adjudicación del contrato y de la firma de este deben ser desestimadas.
2)

Sobre los perjuicios invocados y la relación de causalidad entre la ilegalidad basada en la insuficiencia de la supervisión del procedimiento de licitación y los antedichos perjuicios
Al haber constatado el Tribunal la existencia de una ilegalidad basada en la insuficiencia de la supervisión del procedimiento de licitación, procede determinar si los perjuicios invocados por la demandante son reales y ciertos y si, en su caso, existe una relación directa de causa a efecto entre la ilegalidad constatada por el Tribunal y los antedichos perjuicios.
La demandante considera que ha sufrido cinco tipos de perjuicios distintos constituidos, en primer lugar, por la pérdida de un beneficio, en segundo lugar, por el coste soportado como consecuencia de la impugnación de la legalidad del procedimiento de licitación, en tercer lugar, por la pérdida de una oportunidad de participar en otras licitaciones y ganarlas, en cuarto lugar, por la pérdida de una oportunidad de que se le adjudicase el contrato y, en quinto lugar, por los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación.
i)

Sobre el perjuicio derivado de la pérdida de un beneficio
La demandante alega que, a raíz de su denuncia, la sociedad A. debería haber sido excluida del procedimiento de adjudicación de contrato y que, en ese caso, ella habría obtenido la adjudicación del contrato. Así pues, la demandante considera que, aunque el Tribunal nunca ha otorgado daños y perjuicios para indemnizar la pérdida de un beneficio en el marco de procedimientos de licitación irregulares, las circunstancias del caso de autos y el comportamiento manifiestamente inapropiado de la Comisión exigen que se establezca una excepción a la jurisprudencia.
La Comisión se opone a esta argumentación y sostiene que, en el caso de autos, el lucro cesante no es un perjuicio indemnizable. Así, la Comisión subraya que el poder adjudicador dispone de un amplio margen de apreciación para decidir acerca de la adjudicación de un contrato público y no queda vinculada por la recomendación del comité de evaluación. Además, en su opinión, no puede asegurarse que la demandante habría obtenido el contrato si la sociedad A. hubiese sido excluida. Finalmente, la Comisión considera que a la hora de calcular el importe de la indemnización, no es razonable fijar un margen de beneficio del 33,3 %.
A este respecto, debe observarse que, en el caso de autos, contrariamente a la exigencia recordada en el apartado 65 anterior, el perjuicio resultante de la pérdida de un beneficio o del lucro cesante no es actual y real, sino futuro e hipotético (sentencia de 22 de mayo de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión,
T‑17/09
, no publicada,
EU:T:2012:243
, apartado
). En efecto, el perjuicio invocado como consecuencia de la pérdida de un beneficio o del lucro cesante presupone que, si no se hubiesen producido los comportamientos ilegales reprochados a la Comisión, la demandante, cuya oferta fue rechazada, tendría derecho a la adjudicación del contrato público de que se trata. Pues bien, aun suponiendo que el comité de evaluación hubiese propuesto que se hubiese adjudicado el contrato a la demandante, el poder adjudicador no está vinculado por la propuesta del comité de evaluación, sino que dispone de una amplia facultad de apreciación en cuanto a los elementos que hay que tener en cuenta para decidir adjudicar un contrato (véase la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Evropaïki Dynamiki/Comisión,
T‑39/08
, no publicada,
EU:T:2011:721
, apartado
y jurisprudencia citada). Asimismo, del artículo 101 del Reglamento financiero se desprende que mientras no se haya firmado el contrato, el poder adjudicador podrá renunciar al contrato o anular el procedimiento de adjudicación, sin que los candidatos o licitadores puedan exigir por ello ningún tipo de indemnización.
De ello resulta que el perjuicio invocado por la demandante, correspondiente a la pérdida de un beneficio o al lucro cesante como consecuencia de la adjudicación del contrato de que se trata, no tiene un carácter real y cierto y que, por tanto, la pretensión de indemnización debe rechazarse a este respecto.
ii)

Sobre el perjuicio derivado del coste soportado como consecuencia de la impugnación de la legalidad del procedimiento de licitación
Por lo que atañe al coste soportado como consecuencia de la impugnación de la legalidad del procedimiento de licitación, la demandante alega que, a causa de la violación caracterizada del Derecho de la Unión durante la licitación, sufrió un perjuicio en la medida en que tuvo que consultar a un abogado tanto durante el presente procedimiento como durante el procedimiento ante el Defensor del Pueblo.
Para empezar, la Comisión estima que la alegación de la demandante según la cual, en el contexto de un procedimiento de contratación pública, los gastos jurídicos ligados a la presentación de una reclamación ante el Defensor del Pueblo podrían considerarse «necesarios» no ha sido demostrada. A continuación, la Comisión subraya que la demandante no estaba obligada a dirigirse al Defensor del Pueblo, sino que podía acudir directamente al Tribunal. Finalmente, pone en entredicho el importe de los gastos jurídicos, ya que la factura aportada por la demandante no precisa ni los servicios jurídicos prestados ni la tarifa de facturación. La Comisión añade que, según la jurisprudencia, los gastos en que incurrió la demandante para su defensa no constituyen un perjuicio material, sino costas, y que los gastos de abogados en que incurrió con carácter previo al inicio del procedimiento judicial se derivan de la propia decisión de la demandante y, por tanto, no pueden imputarse directamente a la Comisión.
A este respecto, a efectos de probar la existencia y el alcance del perjuicio invocado, la demandante presentó al Tribunal una factura, contenida en el anexo A 12 del escrito de demanda, que acreditaba que debía abonar a más tardar el 29 de enero de 2014 un importe de 10000 euros por los gastos jurídicos relacionados con el procedimiento de licitación «Refuerzo del sistema de seguridad alimentaria en Albania» (EuropeAid/129820/C/SER/AL) correspondiente al período comprendido entre diciembre de 2010 y enero de 2014.
Pues bien, debe observarse que, presentando esa factura, la demandante no ha probado la existencia del perjuicio que invoca ni su alcance, contrariamente a las exigencias de la jurisprudencia recordada en el apartado 65 anterior.
En efecto, la demandante no ha aportado ningún elemento que permita comprender lo que engloban exactamente esos costes y justificar su importe. Así pues, la factura presentada en el anexo A 12 del escrito de demanda menciona únicamente un total de 10000 euros sin precisar los costes generados por la impugnación de la legalidad del procedimiento de licitación durante el propio procedimiento y los generados por el procedimiento ante el Defensor del Pueblo, ni detallar dichos costes.
Asimismo, las decisiones de la demandante de presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo y de hacerse representar por un abogado en el marco del procedimiento ante el Defensor del Pueblo, cuando ese procedimiento está concebido de manera que no es necesario recurrir a un abogado, fueron una elección propia. Por tanto, no puede considerarse que la mala administración eventualmente imputable a las instituciones de la Unión sea el origen directo del perjuicio invocado (véanse, en este sentido, el auto de 11 de julio de 2005, Internationaler Hilfsfonds/Comisión,
T‑294/04
,
EU:T:2005:280
, apartados
,
y
, y la sentencia de 28 de septiembre de 2010, C‑Content/Comisión,
T‑247/08
, no publicada,
EU:T:2010:409
, apartado
y jurisprudencia citada).
De lo anterior se desprende que la demandante no puede ser indemnizada por el coste soportado como consecuencia de la impugnación de la legalidad del procedimiento de licitación.
iii)

Sobre el perjuicio derivado de la pérdida de una oportunidad de participar en otras licitaciones y ganarlas
La demandante alega que, en la medida en que las irregularidades del procedimiento de adjudicación del contrato y su atribución al consorcio del que es miembro la sociedad A. le impidieron participar en otros procedimientos de licitación y ganarlos, la Comisión está obligada a indemnizarle por la pérdida de esa oportunidad.
La Comisión considera que, aun suponiendo que la demandante hubiese ganado la licitación de que se trata y hubiese podido satisfacer los requisitos técnicos de otras licitaciones, nada garantiza que hubiese obtenido otros contratos, de modo que, contrariamente a las exigencias de la jurisprudencia, el perjuicio no es «actual y real».
A este respecto, para empezar, debe subrayarse que la demandante invoca la circunstancia de que las ilegalidades que dieron lugar a la adjudicación del contrato al consorcio del que es miembro la sociedad A. no solo le impidieron participar en otros procedimientos de licitación, sino también obtener la adjudicación en esas otras licitaciones.
Por lo que atañe a la pérdida de una oportunidad de participar en otros procedimientos de licitación, debe observarse que el perjuicio invocado por la demandante no deriva de manera directa y cierta de las ilegalidades constatadas en el caso de autos. En efecto, la demandante considera que, debido a la inexistencia de una investigación diligente durante el procedimiento de licitación, perdió una oportunidad de obtener el contrato de que se trata y, por consiguiente, de utilizar la concesión y la ejecución del contrato para acreditar que cumplía los criterios de selección que permitirían participar en procedimientos de licitación ulteriores. A este efecto, la demandante invoca dos procedimientos de licitación que exigían, por lo que respecta a la capacidad técnica de los candidatos, la prestación de servicios en al menos dos proyectos que comprendiesen determinados sectores de actividad definidos. Sin embargo, la demandante en modo alguno ha alegado, ni tampoco demostrado, que la obtención del contrato público de que se trata constituyese la única posibilidad de adquirir la experiencia suficiente para cumplir el criterio de selección de esas licitaciones subsiguientes ni que fuese indispensable a ese efecto. Al contrario, de los documentos aportados por la demandante se desprende que esa experiencia podía adquirirse mediante la realización de cualquier proyecto en los sectores de actividad enumerados. De ello se sigue que la pérdida de una oportunidad de participar en otros procedimientos de licitación deriva más de la falta de experiencia de la demandante que de la no adjudicación del contrato público controvertido y que, por tanto, las ilegalidades en cuestión no pudieron dar lugar de manera cierta y directa al perjuicio invocado por la demandante.
Finalmente, por lo que respecta a la pérdida de una oportunidad de obtener la adjudicación en otros procedimientos de licitación, basta observar que, aun suponiendo que la demandante haya podido sufrir un perjuicio como consecuencia de la pérdida de una oportunidad de obtener el contrato público de que se trata, esa circunstancia no es suficiente para dar lugar a un perjuicio real y cierto derivado de la pérdida de una oportunidad de obtener otros contratos públicos (véase, en este sentido, el auto de 22 de junio de 2011, Evropaïki Dynamiki/Comisión,
T‑409/09
,
EU:T:2011:299
, apartado
y jurisprudencia citada). En efecto, en un sistema de licitación pública, como es el caso en el presente asunto, el poder adjudicador dispone de una amplia facultad de apreciación a la hora de adoptar la decisión de adjudicar un contrato. En consecuencia, no puede presumirse que la demandante hubiese cumplido todos los requisitos de adjudicación de esos otros contratos. Por tanto, ese perjuicio debe considerarse incierto e hipotético.
De ello se desprende que la demandante no puede ser indemnizada por el perjuicio derivado de la pérdida de una oportunidad de participar en otras licitaciones y obtener la adjudicación del contrato.
iv)

Sobre los perjuicios derivados de la pérdida de una oportunidad y de los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación
La demandante alega que debe ser resarcida por la pérdida de una oportunidad de que se le adjudicase el contrato objeto de la licitación si el Tribunal se negase a indemnizarla en concepto del lucro cesante. La demandante subraya que se trata de un perjuicio reparable y que, en el caso de autos, debido a la falta de reacción de la Comisión tras las alegaciones de conflicto de intereses, se vio privada de la posibilidad de obtener el contrato a pesar de que disponía de una innegable oportunidad.
La Comisión alega que la jurisprudencia invocada por la demandante no se refiere a los litigios sobre contratación pública e indica que, en ese contexto, el Tribunal rechazó las pretensiones de daños y perjuicios basadas en el lucro cesante o en la pérdida de una oportunidad.
La demandante reconoce que, según la jurisprudencia, la participación en un procedimiento de adjudicación de un contrato no constituye, en principio, un elemento de perjuicio, pero considera que la jurisprudencia según la cual, como excepción, esos costes deben reembolsarse cuando la violación del Derecho de la Unión por parte de la autoridad competente durante la tramitación del procedimiento de licitación ha menoscabado las perspectivas de que al licitador se le adjudicase el contrato, se aplica al caso de autos. En efecto, la demandante afirma que ha mostrado que la Comisión cometió una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión durante la tramitación del procedimiento de licitación al dejar que se produjese un conflicto de intereses y al violar el principio de igualdad de trato, disminuyendo de ese modo sus oportunidades de obtener el contrato. Asimismo, según la demandante, a esa cuantía, deberían añadirse los intereses compensatorios relativos a los gastos y costes en que incurrió para participar en el proceso global de licitación.
La Comisión recuerda que los costes de participación en un procedimiento de contratación pública no se consideran un perjuicio que pueda ser reparado mediante una acción por daños y perjuicios y estima que, en el caso de autos, la jurisprudencia invocada por la demandante no es aplicable.
Habida cuenta de los requisitos a los que está sujeta la indemnización por la pérdida de una oportunidad y por los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación, el Tribunal considera oportuno examinarlos sucesivamente. La cuestión de los intereses compensatorios será abordada posteriormente.
En primer lugar, por lo que atañe al perjuicio derivado de la pérdida de una oportunidad, debe, para empezar, rechazarse la argumentación de la Comisión según la cual el perjuicio invocado por la demandante en concepto de la pérdida de una oportunidad no es cierto.
En efecto, al sostener que el Tribunal ha rechazado, en muchas ocasiones, pretensiones de daños y perjuicios basadas en el lucro cesante o en la pérdida de una oportunidad fundándose en la amplia facultad de apreciación de la que dispone el poder adjudicador para decidir acerca de la adjudicación de un contrato, la Comisión asimila de manera errónea los perjuicios derivados del lucro cesante y los derivados de la pérdida de una oportunidad.
Pues bien, por una parte, esos dos perjuicios no se confunden. En efecto, el lucro cesante tiene por objeto la indemnización de la pérdida del propio contrato, mientras que la pérdida de una oportunidad atañe a la compensación por la pérdida de la posibilidad de celebrar dicho contrato (véanse, en ese sentido, las sentencias de 21 de mayo de 2008, Belfass/Consejo,
T‑495/04
,
EU:T:2008:160
, apartado
, y de 20 de septiembre de 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI,
T‑461/08
,
EU:T:2011:494
, apartado
).
Por otra parte, el hecho de que el poder adjudicador disponga de un amplio margen de apreciación con respecto a la atribución del contrato de que se trate no impide que el perjuicio derivado de la pérdida de una oportunidad tenga un carácter real y cierto en el sentido de la jurisprudencia (véanse, en este sentido y por analogía, la sentencia de 9 de noviembre de 2006, Agraz y otros/Comisión,
C‑243/05 P
,
EU:C:2006:708
, apartados
a
, y las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Giordano/Comisión,
C‑611/12 P
,
EU:C:2014:195
, apartados
y
). Asimismo, el hecho de que el poder adjudicador nunca esté obligado a adjudicar un contrato público no impide llegar a la constatación de la existencia de una pérdida de una oportunidad en el caso de autos. En efecto, aunque este hecho afecta a la certidumbre de un licitador de obtener el contrato y, por tanto, al perjuicio correspondiente, no puede eliminar cualquier probabilidad de obtener el contrato y, en consecuencia, la pérdida de una oportunidad. En todo caso, si bien es cierto que, mientras no se haya firmado el contrato, el poder adjudicador tiene la posibilidad de renunciar al contrato o anular el procedimiento de adjudicación, sin que los candidatos o licitadores puedan exigir por ello ningún tipo de indemnización, no lo es menos que dichas hipótesis de renuncia al contrato o de anulación del procedimiento no se materializaron y que, debido a las ilegalidades cometidas durante el procedimiento de adjudicación del contrato, la demandante perdió una oportunidad de obtener dicho contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de octubre de 2015, Vanbreda Risk & Benefits/Comisión,
T‑199/14
,
EU:T:2015:820
, apartado
).
A continuación, tal como se desprende del apartado 156 anterior, el Tribunal ha considerado que, durante el procedimiento de licitación, la Comisión cometió varias ilegalidades en la investigación relativa a la existencia de un conflicto de intereses. Pues bien, esas ilegalidades en la tramitación del procedimiento de licitación viciaron fundamentalmente dicho procedimiento y afectaron a la oportunidad que tenía la demandante, cuya oferta fue clasificada en segunda posición, de que se le adjudicase un contrato. En efecto, si la Delegación de la Unión hubiese cumplido su obligación de diligencia y hubiese investigado suficientemente el alcance de la implicación del Sr. P. en la redacción de los TdR, es posible que hubiese demostrado la existencia de un conflicto de intereses en favor de la sociedad A. que justificase su exclusión del procedimiento. Por tanto, al decidir adjudicar el contrato al consorcio del que formaba parte la sociedad A. sin haber establecido con certeza que esta última no se encontraba en una situación de conflicto de intereses, a pesar de que había serios indicios que mostraban la existencia de un aparente conflicto de intereses, la Delegación de la Unión afectó a las oportunidades que tenía la demandante de que se le adjudicase el contrato.
En estas circunstancias, el perjuicio invocado en concepto de la pérdida de una oportunidad debe considerarse, en el caso de autos, real y cierto, ya que ha quedado demostrado que la demandante, en tanto que licitador excluido, perdió definitivamente una oportunidad de que se le adjudicase el contrato y que esa oportunidad era real y no hipotética.
Finalmente, ha de observarse que el perjuicio deriva directa e inmediatamente de las ilegalidades cometidas en el caso de autos por la Delegación de la Unión. En efecto, el requisito relativo a la existencia de esa relación de causalidad debe apreciarse a la luz del daño alegado. Pues bien, sin que sea necesario determinar si la situación constituía en el caso de autos un conflicto de intereses, es cierto que, debido a las insuficiencias de la investigación y a la adjudicación del contrato al consorcio del que es miembro la sociedad A, la Delegación de la Unión vició el procedimiento de licitación y, por consiguiente, afectó directamente a las oportunidades que tenía la demandante de que se le adjudicase el contrato.
Al haber demostrado la demandante que la Delegación de la Unión cometió varias ilegalidades en el marco de la investigación relativa a la existencia del conflicto de intereses, que sufrió un perjuicio en concepto de la pérdida de una oportunidad, que dicho perjuicio tiene un carácter real y cierto y que se deriva directamente de las referidas ilegalidades, debe declararse que se cumplen los requisitos exigidos para poder indemnizar a la demandante por la pérdida de una oportunidad.
En segundo lugar, por lo que atañe a los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación, es preciso recordar que los operadores económicos deben soportar los riesgos económicos inherentes a sus actividades. En un procedimiento de licitación, dichos riesgos económicos incluyen, en particular, los costes relacionados con la preparación de la oferta. Los gastos contraídos en este concepto corren, por tanto, a cargo de la empresa que decidió participar en el procedimiento, ya que la facultad de competir por la adjudicación de un contrato no implica la certeza de ganar la licitación de que se trate (véase, por analogía, la sentencia de 30 de abril de 2009, CAS Succhi di Frutta/Comisión,
C‑497/06 P
, no publicada,
EU:C:2009:273
, apartado
). A este respecto, el artículo 101 del Reglamento financiero establece que la Comisión es libre de decidir no llevar a cabo adjudicación alguna. Por tanto, no se garantiza la obtención del contrato ni siquiera al licitador que haya propuesto la oferta más ventajosa.
Por consiguiente, los gastos y costes contraídos por un licitador con motivo de su participación en una licitación no pueden constituir, en principio, un perjuicio que pueda ser reparado mediante la concesión de indemnizaciones por daños y perjuicios (sentencias de 30 de abril de 2009, CAS Succhi di Frutta/Comisión,
C‑497/06 P
, no publicada,
EU:C:2009:273
, apartado
; de 17 de diciembre de 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento,
T‑203/96
,
EU:T:1998:302
, apartado
, y de 8 de mayo de 2007, Citymo/Comisión,
T‑271/04
,
EU:T:2007:128
, apartado
).
Sin embargo, ese principio no es aplicable en el supuesto de que una infracción del Derecho de la Unión en la tramitación del procedimiento de licitación haya afectado a las posibilidades de un licitador de obtener la adjudicación del contrato, so pena de vulnerar los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima (sentencias de 30 de abril de 2009, CAS Succhi di Frutta/Comisión,
C‑497/06 P
, no publicada,
EU:C:2009:273
, apartado
; de 17 de marzo de 2005, AFCon Management Consultants y otros/Comisión,
T‑160/03
,
EU:T:2005:107
, apartado
, y de 8 de mayo de 2007, Citymo/Comisión,
T‑271/04
,
EU:T:2007:128
, apartado
).
En el caso de autos debe observarse que, dado que el Tribunal ha considerado que las ilegalidades invocadas por la demandante en relación con la tramitación del procedimiento de licitación habían afectado a sus posibilidades de obtener la adjudicación del contrato y que, por tanto, procedía indemnizarle por la pérdida de una oportunidad, los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación son un perjuicio que puede repararse mediante la concesión de una indemnización por daños y perjuicios.
Asimismo, por lo que respecta a la relación de causalidad entre ese perjuicio y las ilegalidades constatadas por el Tribunal, procede recordar que dichas ilegalidades viciaron el procedimiento de licitación. Debido a ello, esas ilegalidades llevaron a la demandante a incurrir, como licitador, en gastos y costes relativos al procedimiento de licitación totalmente inútiles. De esto se deprende que el perjuicio invocado por la demandante es consecuencia directa de las ilegalidades constatadas por el Tribunal y que se cumplen los requisitos exigidos para indemnizar a la demandante por los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación.
En tercer lugar, por lo que atañe a los intereses compensatorios, procede recordar que deben cumplirse los requisitos exigidos para que se dé la responsabilidad extracontractual para que un demandante pueda aspirar a la concesión de intereses compensatorios (sentencias de 2 de junio de 1976, Kampffmeyer y otros/CEE,
56/74 a 60/74
,
EU:C:1976:78
, y de 26 de febrero de 1992, Brazzelli y otros/Comisión,
T‑17/89, T‑21/89 y T‑25/89
,
EU:T:1992:25
, apartado
, confirmada en casación mediante sentencia de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros,
C‑136/92 P
,
EU:C:1994:211
, apartado
).
En efecto, en caso de responsabilidad extracontractual, la reparación del perjuicio tiene por objeto reconstituir en la medida de lo posible el patrimonio de la parte que solicita dicha reparación. Por consiguiente, desde el momento en que se cumplen los requisitos de la responsabilidad extracontractual, no es posible ignorar las consecuencias desfavorables que se derivan del lapso de tiempo transcurrido entre el momento en que se produjo el hecho causante del perjuicio y el momento de la valoración de la indemnización, en la medida en que sea preciso tener en cuenta la depreciación monetaria (sentencias de 27 de enero de 2000, Mulder y otros/Consejo y Comisión,
C‑104/89 y C‑37/90
,
EU:C:2000:38
, apartado
, y de 13 de julio de 2005, Camar/Consejo y Comisión,
T‑260/97
,
EU:T:2005:283
, apartado
; véase también, en este sentido, la sentencia de 3 de febrero de 1994, Grifoni/Comisión,
C‑308/87
,
EU:C:1994:38
, apartado
). Así pues, los intereses compensatorios tienen por objeto compensar el tiempo transcurrido hasta la valoración judicial del importe del perjuicio, independientemente de cualquier retraso atribuible al deudor (sentencia de 12 de febrero de 2015, Comisión/IPK International,
C‑336/13 P
,
EU:C:2015:83
, apartado
).
En el caso de autos ha de declararse que, dado que de los apartados 197 y 198 anteriores se desprende que la demandante debe ser indemnizada por el perjuicio constituido por los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación y que la indemnización tiene por objeto reconstituir en la medida de lo posible el patrimonio de la parte que solicita ser indemnizada, la pretensión de la demandante dirigida a que la cuantía del perjuicio en concepto de los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación se vea incrementada con los intereses compensatorios debe acogerse.
De todas estas consideraciones se deriva que procede acoger la pretensión de indemnización de la demandante en la medida en que tiene por objeto la reparación de la pérdida de una oportunidad de que se le adjudicase el contrato de que se trata y la reparación de los gastos y costes relativos al procedimiento de licitación, incrementada con los intereses compensatorios, y desestimarla en todo lo demás.
2.

Sobre la indemnización
Por lo que atañe a la cuantificación de los perjuicios constituidos por los gastos y costes de participación en el procedimiento de licitación y por la pérdida de una oportunidad, la demandante indica que el primero asciende a 22916 euros. Según la demandante, esa cuantía se basa en la contabilidad oficial de la demandante correspondiente a 2010 presentada ante la Administración griega. Asimismo, a su juicio, a esta cuantía deben añadirse los intereses compensatorios constituidos por el tipo de interés en vigor en Grecia durante el período de que se trata, a saber, el 3,67 % en octubre de 2010, incrementado en dos puntos porcentuales. En opinión de la demandante, los intereses deben empezar a calcularse a partir del primer día del mes siguiente al mes en el que la demandante llevó a cabo las últimas actuaciones antes de iniciar el procedimiento judicial. Al haberse presentado las observaciones ante el Defensor del Pueblo el 27 de febrero de 2013, a juicio de la demandante, esa fecha sería el 1 de marzo de 2013.
Por lo que respecta al segundo perjuicio, la demandante alega que, en la medida en que tenía una seria posibilidad de que se le adjudicase el contrato, dicho perjuicio debe ascender a 1002125 euros, es decir, al 50 % del importe de la oferta del consorcio del que la demandante es miembro en lo que se refiere al contrato mencionado.
Además, la demandante solicita que el importe de la indemnización se incremente con un interés de demora del 8 %, calculado, sobre la base de la cantidad atribuida, desde la fecha de la sentencia hasta la fecha del abono efectivo de la indemnización.
La Comisión considera que el importe invocado por la demandante en concepto de gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación no ha quedado demostrado y que el documento presentado en el anexo A 11 no prueba que la demandante soportara efectivamente esos costes. Asimismo, la Comisión alega que la demandante no precisa en qué fundamento jurídico se basa su pretensión de intereses de demora y no indica ni el modo de cálculo del tipo de interés ni el período a partir del que se calculan los intereses.
La Comisión añade que el importe invocado por la demandante en concepto de reparación por el perjuicio generado por la pérdida de una oportunidad es manifiestamente excesivo. Según la Comisión, contrariamente a lo que alega la demandante, una compensación que asciende al 50 % de la oferta no puede considerarse justa y razonable.
En primer lugar, procede señalar a este respecto que la lectura del anexo A 11 del escrito de demanda no permite determinar a qué corresponde la categoría «Gastos generales» que figura en ese documento ni las razones por las que los gastos se calculan a partir de 12, 14 o 18 días de trabajo. Cuando en la vista se le preguntó acerca de esta cuestión, la demandante no pudo facilitar más precisiones.
En segundo lugar, por lo que atañe a los intereses compensatorios, debe subrayarse que la demandante no ha proporcionado ningún elemento que permita demostrar que el importe de los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación hubiese podido, en caso de haber sido invertido, devengar intereses a un tipo equivalente a los tipos de intereses en vigor en Grecia en octubre de 2010, incrementado en dos puntos porcentuales (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de enero de 2000, Mulder y otros/Consejo y Comisión,
C‑104/89 y C‑37/90
,
EU:C:2000:38
, apartado
, y de 26 de noviembre de 2008, Agraz y otros/Comisión,
T‑285/03
, no publicada,
EU:T:2008:526
, apartado
).
Asimismo, la demandante no ha aportado ningún elemento que permita demostrar que la presentación de observaciones ante el Defensor del Pueblo constituye en el caso de autos la última actuación extrajudicial que llevó a cabo.
En tercer lugar, debe observarse que la demandante no ha aportado en sus escritos procesales ningún elemento que permita fundamentar la estimación del perjuicio en concepto de la pérdida de una oportunidad. Además, cuando se le preguntó a este respecto en la vista, no pudo explicar al Tribunal los elementos que justificaban su estimación.
A la luz de todos estos elementos, procede señalar que, si bien la existencia de daños como consecuencia de la pérdida de una oportunidad y de los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación en tanto que daños indemnizables está en principio suficientemente demostrada, la cuantía de dichos daños no es, sin embargo, suficientemente determinable, en estas condiciones, como para permitir al Tribunal pronunciarse sobre la base de los importes reclamados por la demandante o fijar otro importe teniendo en cuenta los elementos de los autos.
Al no poder abordarse la cuestión de la evaluación del perjuicio, resulta pertinente, por consideraciones de economía procesal, pronunciarse en una primera fase mediante sentencia interlocutoria sobre la responsabilidad de la Unión. La determinación de la cuantía de la reparación derivada de las ilegalidades cometidas por la Comisión se determinará en una fase posterior, ya sea de común acuerdo entre las partes, o por el Tribunal, en caso de que no llegue a alcanzarse dicho acuerdo (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2013, ATC y otros/Comisión,
T‑333/10
,
EU:T:2013:451
, apartado
y jurisprudencia citada).
Sin embargo, a ese efecto tanto las partes como el Tribunal deberán considerar los siguientes aspectos.
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, en el marco del procedimiento de licitación de que se trata en el caso de autos, al formar la demandante parte de un consorcio, la indemnización debería corresponderse con su participación en dicho consorcio.
En segundo lugar, por lo que atañe a los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación, por una parte, procede tomar en consideración la parte exacta de los gastos ligados a la participación en el procedimiento de licitación dentro de los «gastos generales» presentados por la demandante y el número exacto de días de trabajo necesarios a ese efecto.
Por otra parte, por lo que atañe a los intereses compensatorios, procede tener en cuenta que el punto de partida y el término del período que da derecho a la reevaluación monetaria deben establecerse respectivamente en el primer día del mes siguiente al mes en el que la demandante llevó a cabo sus últimas actuaciones extrajudiciales y en la fecha en que se dicte la sentencia que declare la obligación de reparar el perjuicio. Por lo que respecta a los tipos de los intereses compensatorios, procede tomar en consideración la circunstancia de que la depreciación monetaria ligada al paso del tiempo queda, en principio, reflejada en el tipo de inflación anual constatado, en relación con el período de que se trate, por Eurostat (oficina estadística de la Unión Europea) en el Estado miembro en el que la demandante está establecida.
En tercer lugar, por lo que atañe a la pérdida de una oportunidad, en primer término, debe tenerse en cuenta el porcentaje de probabilidad de que la demandante hubiese ganado la licitación si no se hubiesen producido las ilegalidades constatadas por el Tribunal. A este efecto, para empezar, ha de tomarse en consideración la probabilidad de que una investigación diligente diese lugar a la exclusión de la oferta de la sociedad A. en la medida en que la existencia de un conflicto de intereses solo justifica la exclusión de un licitador si esta circunstancia constituye una situación de competencia desleal, de que el poder adjudicador pudiera adoptar medidas para neutralizar la ventaja resultante del conflicto de intereses y de que pudiese anular el procedimiento de licitación. A continuación, es preciso tener en cuenta el hecho de que, al haber sido clasificada la oferta de la demandante en segunda posición, habría tenido muchas posibilidades de ganar la licitación en caso de que la oferta de la sociedad A. hubiese sido excluida. Finalmente, procede tomar en consideración el hecho de que, en el caso de autos, el poder adjudicador no hizo uso de la posibilidad prevista en el Reglamento financiero de renunciar al contrato o de anular el procedimiento de adjudicación del contrato.
En segundo término, debe tomarse en consideración el beneficio neto que habría podido derivarse de la ejecución del contrato por parte de la demandante. A este respecto, es preciso determinar el margen de beneficio neto al que generalmente da lugar la ejecución de contratos similares.
Habida cuenta de todos estos elementos, para determinar el importe total indemnizable en concepto de la pérdida de una oportunidad, debe tomarse en consideración el beneficio neto y el porcentaje de probabilidad de obtener la adjudicación.
Sin perjuicio de una ulterior decisión del Tribunal, procede instar a las partes a que se pongan de acuerdo sobre dicha cuantía a la vista de las consideraciones precedentes y para que, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se dicta la presente sentencia, comuniquen al Tribunal la cuantía que corresponda pagar por mutuo acuerdo de las partes o, en su defecto, para que presenten al Tribunal, dentro del mismo plazo, sus pretensiones cuantificadas (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2013, ATC y otros/Comisión,
T‑333/10
,
EU:T:2013:451
, apartado
).
Finalmente, por lo que atañe a la pretensión de la demandante dirigida a que el importe de la reparación se incremente con un interés moratorio del 8 %, calculado, sobre la base de la cantidad atribuida, desde la fecha de la sentencia hasta la fecha del abono efectivo de la indemnización, de la jurisprudencia se desprende que la obligación de pagar intereses moratorios nace en la fecha de la sentencia que reconoce la obligación de reparar el perjuicio, y ello incluso cuando el Tribunal reconoce, en una primera fase, mediante sentencia interlocutoria, la obligación de reparar el perjuicio y reserva la determinación de los importes de la reparación del perjuicio para una fase ulterior (sentencias de 4 de octubre de 1979, Dumortier y otros/Consejo,
64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 y 45/79
,
EU:C:1979:223
, apartado
; de 13 de noviembre de 1984, Birra Wühner y otros/Consejo y Comisión,
256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 y 282/82
,
EU:C:1984:341
, apartado
, y de 26 de junio de 1990, Sofrimport/Comisión,
C‑152/88
,
EU:C:1990:259
, apartado
).
El tipo de interés que deberá aplicarse se calculará tomando como base el tipo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) para las principales operaciones de refinanciación aplicable durante el período de que se trate, aumentado en dos puntos porcentuales (sentencias de 17 de marzo de 2005, AFCon Management Consultants y otros/Comisión,
T‑160/03
,
EU:T:2005:107
, apartado
; de 26 de noviembre de 2008, Agraz y otros/Comisión,
T‑285/03
, no publicada,
EU:T:2008:526
, apartado
, y de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartado
).
Por consiguiente, las indemnizaciones abonadas en concepto de la pérdida de una oportunidad y de los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación, incluidos los intereses compensatorios derivados de esta última indemnización, deben incrementarse con los intereses moratorios devengados desde que se dicta la presente sentencia hasta el pago completo, al tipo fijado por el BCE para sus principales operaciones de refinanciación, aumentado en dos puntos porcentuales.
IV.

Costas
Se reserva la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera ampliada)
decide:

1)
La Unión Europea está obligada a reparar el perjuicio sufrido por Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton en concepto de la pérdida de una oportunidad de que se le adjudicara el contrato «Refuerzo del sistema de seguridad alimentaria en Albania» (EuropeAid/129820/C/SER/AL) y de los gastos y costes ocasionados por la participación en esa licitación.

2)
Incrementar la indemnización contemplada en el punto 1 del presente fallo con los intereses moratorios devengados desde la fecha en que se dicta la presente sentencia hasta el pago completo, al tipo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) para sus principales operaciones de refinanciación, aumentado en dos puntos porcentuales.

3)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

4)
Las partes comunicarán al Tribunal, en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se dicta la presente sentencia, el importe de la indemnización establecida de mutuo acuerdo.

5)
En defecto de acuerdo, las partes comunicarán al Tribunal, dentro del mismo plazo, sus pretensiones cuantificadas.

6)
Reservar la decisión sobre las costas.

Frimodt Nielsen
Kreuschitz
Forrester
Półtorak
Perillo
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de febrero de 2018.
Firmas
Índice

I. Antecedentes del litigio

II. Procedimiento y pretensiones de las partes

III. Fundamentos de Derecho

A. Sobre la admisibilidad

1. Sobre la admisibilidad del recurso

2. Sobre la admisibilidad de la argumentación de la demandante

B. Sobre el fondo

1. Sobre los requisitos para que se genere la responsabilidad de la Unión

a) Sobre las ilegalidades

1) Sobre la supuesta ilegalidad basada en la insuficiencia de la supervisión del procedimiento de licitación y en la existencia de un conflicto de intereses en favor de la sociedad A

i) Sobre la existencia de normas jurídicas que tengan por objeto conferir derechos a los particulares

ii) Sobre la existencia de violaciones suficientemente caracterizadas

2) Sobre la supuesta ilegalidad basada en el retraso con el que la demandante fue informada de la decisión relativa a la adjudicación del contrato y de la firma del contrato

b) Sobre el perjuicio y la relación de causalidad

1) Sobre la relación de causalidad entre la supuesta ilegalidad basada en el retraso con que la demandante fue informada de la decisión relativa a la adjudicación del contrato y de la firma del contrato y los perjuicios invocados

2) Sobre los perjuicios invocados y la relación de causalidad entre la ilegalidad basada en la insuficiencia de la supervisión del procedimiento de licitación y los antedichos perjuicios

i) Sobre el perjuicio derivado de la pérdida de un beneficio

ii) Sobre el perjuicio derivado del coste soportado como consecuencia de la impugnación de la legalidad del procedimiento de licitación

iii) Sobre el perjuicio derivado de la pérdida de una oportunidad de participar en otras licitaciones y ganarlas

iv) Sobre los perjuicios derivados de la pérdida de una oportunidad y de los gastos y costes relativos a la participación en el procedimiento de licitación

2. Sobre la indemnización

IV. Costas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.