CELEX: 62020CJ0159
Incumplimiento de Estado
Reglamento (UE) n.o 1151/2012
Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios
Artículo 13
Uso de la denominación de origen protegida (DOP) “Feta” para designar queso producido en Dinamarca y destinado a la exportación a terceros países
Artículo 4 TUE, apartado 3
Principio de cooperación leal

Mediante su recurso, la Comisión Europea solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13 del Reglamento (UE) n.
o
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (
DO 2012, L 343, p. 1
), al no haber prevenido ni detenido el uso por los productores de leche daneses del nombre «Feta» para designar queso no conforme con el pliego de condiciones publicado en el Reglamento (CE) n.
o
1829/2002 de la Comisión, de 14 de octubre de 2002, por el que se modifica el anexo del Reglamento (CE) n.
o
1107/96 en lo que se refiere a la denominación «Feta» (
DO 2002, L 277, p. 10
).
Asimismo, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de Dinamarca ha infringido el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con los artículos 1, apartado 1, y 4 del Reglamento n.
o
1151/2012, al tolerar que los productores de leche daneses fabriquen y comercialicen imitaciones del queso feta.
Marco jurídico
Reglamento n.
o
1829/2002
Mediante el Reglamento n.
o
1829/2002, se inscribió la denominación «Feta» en el registro de denominaciones de origen protegidas (DOP) y de indicaciones geográficas protegidas (IGP) en calidad de DOP.
Reglamento n.
o
1151/2012
Los considerandos 2, 3, 5, 18, 20 y 27 del Reglamento n.
o
1151/2012 son del siguiente tenor:
«(2)
Los ciudadanos y consumidores de la Unión demandan cada vez más productos de calidad y productos tradicionales. El mantenimiento de la diversidad que ofrece la producción agrícola de la Unión es algo que les interesa y les preocupa. Esto genera una demanda de productos agrícolas y alimenticios con características específicas que puedan identificarse, en especial aquellas vinculadas a su origen geográfico.
(3)
Los productores solo pueden seguir produciendo una variada gama de productos de calidad si son recompensados equitativamente por su esfuerzo. Para ello, necesitan comunicar a compradores y consumidores las características de su producción en el marco de una competencia leal. Necesitan, asimismo, poder identificar correctamente sus productos en el mercado.
[…]
(5)
Entre las prioridades de la estrategia Europa 2020 que establece la Comunicación de la Comisión titulada “Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, figuran la consecución de una economía competitiva basada en el conocimiento y la innovación y el fomento de una economía de alto empleo que ofrezca cohesión social y territorial. La política de calidad de los productos agrícolas debe por tanto proporcionar a los productores los instrumentos adecuados no solo para identificar y promover mejor aquellos de sus productos que presenten características específicas, sino también para proteger a dichos productores de las prácticas desleales.
[…]
(18)
Los objetivos específicos que se persiguen con la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas son asegurar a los agricultores y productores unos ingresos equitativos por las cualidades y las características de un producto determinado o de su método de producción, y ofrecer información clara sobre los productos con características específicas vinculadas a un origen geográfico, para que los consumidores hagan sus elecciones de compra con mayor conocimiento de causa.
(20)
La existencia a escala de la Unión de un marco que proteja las denominaciones de origen e indicaciones geográficas disponiendo su inscripción en un registro facilita el desarrollo de tales instrumentos, dado que el enfoque más uniforme que resulta de ese marco asegura una competencia leal entre los productores de los productos que lleven esas menciones y refuerza la credibilidad de estos a los ojos del consumidor. Es necesario prever medidas dirigidas a impulsar las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas a escala de la Unión y promover la creación de mecanismos para su protección en terceros países en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o de acuerdos multilaterales y bilaterales, contribuyendo así al reconocimiento, como factor de valor añadido, de la calidad de los productos y de su modelo de producción.
[…]
(27)
La Unión negocia con sus socios comerciales acuerdos internacionales, entre los que se cuentan los relativos a la protección de denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Para facilitar el suministro al público de información sobre los nombres así protegidos y, en especial, para garantizar la protección de estos y el control de su uso, los nombres pueden inscribirse en el registro de [DOP] y de [IGP]. A menos que en esos acuerdos internacionales se identifiquen específicamente como denominaciones de origen, los nombres deben inscribirse en el registro como [IGP].»
En el título I de dicho Reglamento, cuyo epígrafe es «Disposiciones generales», figura su artículo 1, titulado «Objetivos», cuyo tenor es el siguiente:
«1.   El presente Reglamento tiene por objeto ayudar a los productores de productos agrícolas y alimenticios para que informen a los compradores y consumidores de las características y las cualidades de producción de dichos productos, garantizando así:
a)
una competencia leal para los agricultores y productores de productos agrícolas y de alimentos que presenten características y atributos con valor añadido;
b)
la accesibilidad de los consumidores a información fiable relativa a tales productos;
c)
el respeto de los derechos de propiedad intelectual, y
d)
la integridad del mercado interior.
Las medidas establecidas en el presente Reglamento pretenden respaldar las actividades agrarias y de transformación y los métodos de producción asociados a los productos de alta calidad, contribuyendo así a la realización de los objetivos de la política de desarrollo rural.
2.   El presente Reglamento establece unos “regímenes de calidad” como base para la identificación y, en su caso, protección de nombres y términos que, en particular, indiquen o describan productos agrícolas con:
a)
características que confieran valor añadido, o
b)
atributos que aporten valor añadido como consecuencia de las técnicas agrarias o de los métodos de transformación utilizados para su producción, o de su lugar de producción o de comercialización.»
En el título II del citado Reglamento, que lleva como epígrafe «[DOP] e [IGP]», se incluye el artículo 4, cuyo título es «Objetivo» y que dispone:
«Se establece un régimen de [DOP] y de [IGP] para ayudar a los productores de productos vinculados a una zona geográfica:
a)
asegurándoles una remuneración justa por las cualidades de sus productos;
b)
garantizando a los nombres de esos productos, como derechos de propiedad intelectual, una protección uniforme en todo el territorio de la Unión;
c)
proporcionando a los consumidores información clara sobre las propiedades que confieran valor añadido a dichos productos.»
El artículo 12, apartado 1, del Reglamento n.
o
1151/2012, titulado «Nombres, símbolos y menciones», establece:
«Las [DOP] y las [IGP] podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conformes al pliego de condiciones que les sea aplicable.»
A tenor del artículo 13 de dicho Reglamento, titulado «Protección»:
«1.   Los nombres registrados estarán protegidos contra:
a)
cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes;
b)
cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como en”, “imitación” o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes;
c)
cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se emplee en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;
d)
cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.
[…]
3.   Los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y judiciales pertinentes para, en aplicación del apartado 1, prevenir o detener cualquier uso ilegal de [DOP] y de [IGP], producidas o comercializadas en el Estado miembro de que se trate.
[…]»
El artículo 36 del citado Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.
o
999/2001, (CE) n.
o
396/2005, (CE) n.
o
1069/2009, (CE) n.
o
1107/2009, (UE) n.
o
1151/2012, (UE) n.
o
652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.
o
1/2005 y (CE) n.
o
1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.
o
854/2004 y (CE) n.
o
882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) (
DO 2017, L 95, p. 1
), dispone lo siguiente:
«Los controles oficiales realizados de conformidad con el [Reglamento 2017/625]:
a)
verificarán que un producto cumple el pliego de condiciones correspondiente, y
b)
supervisarán el uso que se haga de los nombres registrados para describir los productos comercializados, de conformidad con el artículo 13 para los nombres registrados en virtud del título II, y de conformidad con el artículo 24 para los nombres registrados en virtud del título III.»
A tenor del artículo 37, apartado 1, del mismo Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento 2017/625:
«En el caso de las [DOP], de las [IGP] y de las especialidades tradicionales garantizadas que designen productos originarios de la Unión, la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones previa a la comercialización del producto competerá a:
a)
las autoridades competentes designadas de conformidad con el artículo 4 del [Reglamento 2017/625], o
b)
los organismos delegados, tal como se definen en el artículo 3, punto 5, del [Reglamento 2017/625];
[…]».
Reglamento (UE) n.
o
608/2013
El Reglamento (UE) n.
o
608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.
o
1383/2003 del Consejo (
DO 2013, L 181, p. 15
), establece lo siguiente en su artículo 2:
«A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se entenderá por:
1)
“derechos de propiedad intelectual”:
[…]
d)
una indicación geográfica;
[…]
4)
“indicación geográfica”:
a)
una [IGP] o una [DOP], relativas a los productos agrícolas y alimenticios establecidos en el [Reglamento n.
o
1151/2012];
[…]».
Procedimiento administrativo previo y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Las autoridades griegas comunicaron a la Comisión que ciertas empresas con domicilio social en Dinamarca exportaban queso a terceros países con las denominaciones «Feta», «Feta Danesa» y «queso Feta danés» pese a que dicho producto no se ajustaba al pliego de condiciones de la DOP «Feta».
A pesar de las solicitudes de las autoridades griegas, las autoridades danesas se negaron a poner fin a esta práctica, al considerar que no era contraria al Derecho de la Unión, ya que, a su juicio, el Reglamento n.
o
1151/2012 únicamente se aplica a los productos vendidos en el territorio de la Unión y, por tanto, no prohíbe a las empresas danesas utilizar el nombre «Feta» para designar queso danés exportado a terceros países en los que dicha denominación no está protegida.
El 26 de enero de 2018, la Comisión remitió al Reino de Dinamarca un escrito de requerimiento según el cual dicho Estado miembro incumplía el Derecho de la Unión, en particular el artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012, y conculcaba el artículo 4 TUE, apartado 3, por no haber prevenido ni detenido la infracción que tal práctica representaba.
Dado que el Reino de Dinamarca respondió que no compartía el punto de vista de la Comisión, esta emitió, el 25 de enero de 2019, un dictamen motivado en el que solicitaba a dicho Estado miembro que pusiera fin a los referidos incumplimientos.
El Reino de Dinamarca respondió al dictamen motivado mediante escrito de 22 de marzo de 2019 en el que mantuvo su posición.
En estas circunstancias, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
Mediante decisiones del Presidente del Tribunal de Justicia de 8 y de 18 de septiembre de 2020, se admitió la intervención de la República Helénica y de la República de Chipre en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
Sobre el recurso
Mediante su recurso, la Comisión reprocha al Reino de Dinamarca haber incumplido las obligaciones que se derivan del artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012 y haber vulnerado el principio de cooperación leal establecido en el artículo 4 TUE, apartado 3.
Primera imputación, basada en el incumplimiento de las obligaciones derivadas del artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012
Alegaciones de las partes
En apoyo de su recurso, la Comisión aduce que el Reglamento n.
o
1151/2012 establece una protección amplia de las denominaciones registradas. Para garantizar que la comercialización de productos agrícolas respete las condiciones de una competencia leal y los derechos de propiedad intelectual, su artículo 12, apartado 1, confiere a los operadores el derecho de contenido positivo a utilizar una denominación registrada si los productos de que se trate se ajustan al pliego de condiciones que les sea aplicable. Por su parte, el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento establece una protección «negativa» al definir las condiciones en las que el uso de una denominación registrada es ilegal y, más concretamente, al prohibir expresamente la producción y la venta de productos que incurran en falsificación, es decir, productos para los que se utiliza una DOP o una IGP aunque no sean conformes con el pliego de condiciones que les sea aplicable. Para la Comisión, el objetivo de esta disposición es proteger a los productores que se han esforzado en garantizar las cualidades esperadas de los productos amparados por una DOP o una IGP.
Por consiguiente, cuando ciertas empresas danesas utilizan la DOP «Feta» para designar queso producido con leche de vaca y fuera del área geográfica contemplada en el Reglamento n.
o
1829/2002, queso que exportan a terceros países, infringen, a su entender, el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.
o
1151/2012.
Señala la Comisión que esta conclusión se ajusta a los objetivos definidos en los artículos 1, apartado 1, y 4 del Reglamento n.
o
1151/2012, de los que se desprende que su finalidad es proteger los derechos de propiedad intelectual que confieren las denominaciones registradas y garantizar que los productos que gozan de tal protección puedan comercializarse en condiciones de competencia leal. Los considerandos 3, 5 y 18 de dicho Reglamento ponen de relieve, a su juicio, el papel fundamental de las denominaciones registradas para crear las condiciones de una competencia leal entre las empresas de la Unión, para informar claramente de las características de los productos de calidad a fin de garantizar que sus productores obtengan un precio justo que cubra sus gastos de producción y para evitar la competencia desleal de las empresas que utilizan ilegalmente esas denominaciones y menoscaban su reputación y su valor.
Del mismo modo, resulta indiferente que los productos que utilicen ilegalmente las DOP se comercialicen en la Unión o se exporten a terceros países. En tal sentido, la Comisión considera que la práctica de las empresas danesas permite a estas, mediante la infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.
o
1151/2012, disfrutar de ventajas indebidas a costa de los esfuerzos que realizan los agricultores y las empresas productoras del queso feta auténtico y cumple todos los requisitos de utilización ilegal de una denominación registrada, a saber, el uso comercial directo y el aprovechamiento de la reputación de la DOP, el uso ilegal de esa DOP y la semejanza entre el queso feta auténtico y el producto objeto del litigio mediante la indicación engañosa de la procedencia del producto que, en particular, figura en el embalaje.
En su escrito de réplica, la Comisión subraya que esta práctica constituye una infracción de un derecho de propiedad intelectual protegido por la Unión y cuyos titulares son los agricultores de la Unión. A su entender, esta infracción se produce en el territorio de la Unión, donde productores de la Unión fabrican el queso ilegalmente etiquetado como queso feta. Crea una distorsión de la competencia entre los operadores de la Unión y produce efectos negativos en el interior de la Unión.
Por consiguiente, estima la Comisión que, al no adoptar medidas administrativas o judiciales para prevenir o detener la producción en su territorio y la venta de productos incursos en falsificación, conforme a lo que exige el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.
o
1151/2012, el Reino de Dinamarca no garantiza una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual, protección que constituye un objetivo importante del referido Reglamento, según se infiere de su artículo 4 y del hecho de haberse escogido el artículo 118 TFUE como base jurídica. A su juicio, perturba gravemente el buen funcionamiento del mercado interior e impide el cumplimiento de los objetivos de dicho Reglamento.
La República Helénica, que apoya la posición y las pretensiones de la Comisión, alega, en particular, que el tenor del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.
o
1151/2012 es claro en la medida en que prohíbe la falsificación de productos cubiertos por una DOP, cualquiera que sea su destino, ya que ningún elemento de dicho Reglamento hace distinción alguna entre los productos destinados a la exportación a terceros países y los destinados al mercado interior.
Subraya que el legislador de la Unión introdujo la disposición que figura en el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.
o
1151/2012 —que no tenía equivalente en los reglamentos anteriores— con el fin de simplificar y reforzar el régimen de protección de las DOP y de las IGP, al imponer a los Estados miembros la obligación de adoptar de oficio las medidas necesarias para prevenir o detener la utilización desleal de las DOP respecto de los productos fabricados o comercializados en su territorio. De este modo, la referida disposición hace que cada Estado miembro sea el responsable del cumplimiento del Reglamento n.
o
1151/2012 en su territorio y determina el alcance de la prohibición del uso desleal de las DOP.
Además, la República Helénica considera que el Reglamento n.
o
1151/2012 define, en sus artículos 36 y 37, los procedimientos relativos a los controles que deben llevar a cabo las autoridades competentes de los Estados miembros para verificar que un producto cumple el pliego de condiciones correspondiente antes de ser comercializado, lo que confirma que el legislador de la Unión no tenía ninguna intención de excluir del ámbito de aplicación de dicho Reglamento los productos fabricados en la Unión y destinados a ser comercializados en un tercer Estado. Por otro lado, una interpretación diferente haría imposible, a su juicio, cualquier control.
La República Helénica subraya asimismo que el Reglamento n.
o
1151/2012 define expresamente y con claridad sus objetivos en sus artículos 1, apartado 1, y 4, de los que se deduce que la finalidad del Reglamento es ayudar a los productores a obtener una remuneración justa por los esfuerzos que realizan y los gastos en que incurren para asegurar la observancia del pliego de condiciones del producto en términos de calidad y que esta finalidad se alcanza mediante una competencia leal entre los productores, la accesibilidad de los consumidores a información fiable y el respeto de los derechos de propiedad intelectual.
La República de Chipre, que también apoya la posición y las conclusiones de la Comisión, aduce, en particular, que el Reglamento n.
o
1151/2012 establece un sistema exhaustivo para la protección de las DOP y de las IGP como derechos de propiedad intelectual. A su entender, la protección de estos derechos no se detiene en las fronteras del mercado interior, conforme a lo que se deduce de la naturaleza de tales derechos, de las disposiciones de dicho Reglamento —en particular de su artículo 36— y del Reglamento n.
o
608/2013. Considera, por tanto, que el Reino de Dinamarca está obligado a efectuar controles en su mercado según los criterios establecidos por el Derecho de la Unión y no a propiciar la falsificación o la comercialización de productos falsificados como el «queso feta danés».
Según la República de Chipre, la producción en un Estado miembro y la exportación de productos que en su envase llevan la mención a una DOP de la que no se respeta su pliego de condiciones constituye un uso comercial como el contemplado en el artículo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
1151/2012, efectuada en el territorio de la Unión. Pues bien, del artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento se desprende que los Estados miembros están obligados a proteger las DOP contra las prácticas descritas en el apartado 1 de ese mismo artículo, no solo por lo que respecta a la comercialización de los productos en cuestión en su territorio, sino también por lo que respecta a su producción. Por lo tanto, la alegación del Reino de Dinamarca sobre la no aplicabilidad territorial de referido Reglamento carece, a su juicio, de fundamento.
Además, estima la República de Chipre que la práctica de las autoridades danesas es contraria al espíritu del Reglamento n.
o
1151/2012 y a la protección de la propia DOP como derecho de propiedad intelectual y va en detrimento de las perspectivas de protección internacional de las DOP, lo que igualmente es contrario a los objetivos perseguidos por dicho Reglamento.
El Reino de Dinamarca, que solicita la desestimación el recurso, se opone a la primera imputación de la Comisión, pues sostiene que el Reglamento n.
o
1151/2012 no se aplica a las exportaciones a terceros países.
Aduce, en primer lugar, que el tenor de las disposiciones del Reglamento n.
o
1151/2012 no permite determinar si las obligaciones de los Estados miembros que en él se contemplan se aplican únicamente a los productos comercializados en la Unión o si se extienden a los productos destinados a la exportación a terceros países, dado que el referido Reglamento no contiene ninguna disposición que mencione esas exportaciones.
A este respecto, el Reino de Dinamarca señala que, a diferencia del Reglamento n.
o
1151/2012, otros Reglamentos estrechamente relacionados con él —caso del Reglamento (UE) n.
o
251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.
o
1601/91 del Consejo (
DO 2014, L 84, p. 14
); el Reglamento (CE) n.
o
110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.
o
1576/89 del Consejo (
DO 2008, L 39, p. 16
), y el Reglamento (UE) n.
o
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.
o
922/72, (CEE) n.
o
234/79, (CE) n.
o
1037/2001 y (CE) n.
o
1234/2007 (
DO 2013, L 347, p. 671
)— establecen expresamente que las normas que en ellos se contienen se aplican a los productos fabricados en la Unión con fines de exportación, lo que, a su entender, es indicativo de que el legislador de la Unión no estimó oportuno hacer uso de una disposición como la anterior cuando aprobó el Reglamento n.
o
1151/2012.
En segundo lugar, el Reino de Dinamarca considera que de los objetivos del Reglamento n.
o
1151/2012 se desprende que su propósito es establecer un sistema de protección en favor de los productos comercializados en el mercado interior. En este sentido, afirma que del artículo 1, apartado 1, en relación con el considerando 2 de dicho Reglamento, resulta claramente que este artículo se refiere a los compradores y a los consumidores de la Unión. Así lo corrobora, a su entender, el artículo 1, apartado 1, letra d), del citado Reglamento, del que se desprende que la información sobre las características y las cualidades de producción de los productos agrícolas y alimenticios contribuye a garantizar la integridad del mercado interior. Además de limitar el ámbito de aplicación del Reglamento n.
o
1151/2012, estima el Reino de Dinamarca que el citado artículo 1 y las indicaciones de su exposición de motivos evidencian que el objeto de la protección que el Reglamento confiere son los productos que se ponen en circulación en el mercado interior. Así lo corrobora también, a su juicio, el artículo 13, apartado 1, letra d), del citado Reglamento, que dispone que las denominaciones registradas deberán protegerse contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor, que no es otro que el consumidor de la Unión, acerca del verdadero origen del producto.
Estima además que el Reglamento n.
o
1151/2012 establece una clara distinción entre las medidas de protección de las DOP y de las IGP que pueden aplicarse a escala de la Unión y las que deben aplicarse para garantizar una protección similar en los terceros países. A este respecto, del considerando 20 de dicho Reglamento se desprende, a su juicio, que una protección comparable en terceros países implica la creación de mecanismos en el marco de la OMC o de acuerdos multilaterales y bilaterales.
Según el Reino de Dinamarca, el objetivo del Reglamento n.
o
1151/2012 consistente en garantizar condiciones de competencia leal para los productores de productos que utilizan DOP o IGP no permite extender la protección prevista por ese Reglamento a mercados exteriores de la Unión. El vínculo entre este objetivo y los consumidores de la Unión se desprende claramente, según explica, del considerando 3 del Reglamento, que muestra que el medio para garantizar que los productores sean recompensados equitativamente por su esfuerzo es poner en los productos indicaciones que permitan que los consumidores los reconozcan en el mercado, entendiéndose que los «consumidores» son los consumidores de la Unión y el «mercado», el mercado interior.
En tercer lugar, el Reino de Dinamarca puntualiza que el Reglamento n.
o
1151/2012 no aborda el tratamiento que corresponde a las DOP y a las IGP de los productos fabricados en la Unión pero destinados a ser exportados a terceros países, pese a que, durante los trabajos preparatorios que precedieron a su aprobación, por un lado, el Comité de las Regiones había recomendado adoptar medidas precisas a fin de impedir la comercialización dentro de la Unión o la exportación de productos cuyo etiquetado no fuera conforme con la legislación en materia de calidad aplicable a los productos agrícolas de la Unión y, por otro lado, el Parlamento Europeo había propuesto incluir en el artículo 13 una disposición que facultase a la Comisión a adoptar actos delegados que concretasen las medidas que los Estados miembros tendrían que aplicar para evitar, no solo el comercio dentro de la Unión, sino también la exportación con destino a terceros países, de productos cuyo etiquetado no es conforme con el Reglamento. En su opinión, estas circunstancias refuerzan una interpretación conforme a la cual el ámbito de aplicación del Reglamento n.
o
1151/2012 se limita a los productos comercializados en el mercado interior y pone de manifiesto que el legislador de la Unión renunció a regular en aquel la cuestión del tratamiento que corresponde a los productos fabricados en la Unión, pero destinados a ser exportados a terceros países.
Del mismo modo, el Reino de Dinamarca defiende que la situación anterior a la entrada en vigor del Reglamento n.
o
1151/2012 refuerza la interpretación según la cual la obligación de los Estados miembros de prevenir o de detener cualquier uso ilegal de DOP y de IGP no se aplica a los productos destinados a la exportación a terceros países. En tal sentido, aduce que, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 4 de diciembre de 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena (
C‑432/18
,
EU:C:2019:1045
), apartado
, el sistema de protección de las IGP y de las DOP de los productos agrícolas y alimenticios que establecían el Reglamento (CEE) n.
o
2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (
DO 1992, L 208, p. 1
), y el Reglamento (CE) n.
o
510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (
DO 2006, L 93, p. 12
), fue recogido, sin modificación sustancial, en el artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012.
En cuarto y último lugar, el Reino de Dinamarca defiende que el principio de seguridad jurídica se opone a una interpretación extensiva del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.
o
1151/2012, puesto que el legislador de la Unión no ha previsto expresamente en tal Reglamento que las obligaciones de los Estados miembros que de él se derivan se extiendan a los productos fabricados en la Unión, pero destinados a ser comercializados en terceros países.
En su escrito de dúplica, el Reino de Dinamarca indica, por lo que respecta al tenor del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.
o
1151/2012, que comparte la opinión de la Comisión según la cual el término «producidas» que figura en él muestra que las autoridades danesas tienen la obligación de impedir la utilización de la DOP «Feta» en el mismo momento en que se produce el queso. Defiende que esta obligación se impone, no obstante, en caso de uso ilegal de una denominación protegida, lo que tiene lugar cuando el queso se destina a ser comercializado y consumido en el mercado interior, pero no cuando dicho queso se destina a ser exportado a un tercer país. Corrobora igualmente esta conclusión, a su juicio, el objetivo del citado Reglamento, conforme a lo establecido en su artículo 4, consistente en garantizar una protección uniforme de los nombres como derechos de propiedad intelectual «en todo el territorio de la Unión».
Añade este Estado miembro que, ciertamente, la protección de los consumidores no es más que un objetivo entre varios objetivos de igual valor, pero que la protección de los derechos de propiedad intelectual no constituye, sin embargo, el objetivo principal de dicho Reglamento. A su entender, el hecho de que el Reglamento desee, en particular, garantizar tal protección no permite por sí solo concluir que esta deba extenderse más allá del mercado interior.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su primera imputación, la Comisión reprocha, en esencia, al Reino de Dinamarca haber incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012, puesto que no ha adoptado las medidas adecuadas para prevenir o detener el uso por los productores de leche daneses del nombre «Feta» para designar queso que se produce en su territorio a base de leche de vaca —y que, por tanto, no se ajusta al pliego de condiciones de la DOP «Feta»— que se exporta a terceros países.
De entrada, es preciso hacer constar que el Reino de Dinamarca no niega la práctica que la Comisión, en los términos descritos, le reprocha. Sin embargo, este Estado miembro niega que tal práctica constituya un incumplimiento de las obligaciones que se derivan del artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012, basándose en que el ámbito de aplicación del citado Reglamento no se extiende a los productos exportados a terceros países, puesto que, a su juicio, el legislador de la Unión no ha querido ampliar la prohibición de utilizar las DOP para los productos que no se ajustan al pliego de condiciones aplicable y que se exportan a terceros países si la Unión no ha celebrado un acuerdo multilateral o bilateral en materia de protección de las DOP.
Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión deben tenerse en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte [sentencia de 19 de mayo de 2022, Spetsializirana prokuratura (Juicio de un acusado dado a la fuga),
C‑569/20
,
EU:C:2022:401
, apartado
y jurisprudencia citada].
Por lo que respecta, en primer lugar, al tenor del artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012, de su apartado 1, letra a), se desprende que se prohíbe «cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido». Del empleo de los términos «cualquier uso» se desprende que de la anterior prohibición no queda excluido el uso de un nombre registrado para designar productos no amparados por el registro que se fabrican en la Unión y se destinan a la exportación a terceros países.
Además, el artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.
o
1151/2012 obliga a los Estados miembros a adoptar «las medidas administrativas y judiciales pertinentes para, en aplicación del apartado 1, prevenir o detener cualquier uso ilegal de [DOP] y de [IGP], producidas o comercializadas en el Estado miembro de que se trate». La última conjunción «o» indica que esta obligación no solo se aplica a los productos comercializados en el territorio del Estado miembro de que se trate, sino también a los fabricados en él. De este modo, los referidos términos confirman que de la prohibición establecida en el artículo 13, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento no se excluye la utilización de un nombre registrado para designar productos no amparados por el registro que se fabrican en la Unión y se destinan a ser exportados a terceros países.
Pues bien, en el presente asunto, no se discute que ciertos productores daneses hacen un uso comercial directo, en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
1151/2012, de la DOP «Feta» para designar queso que producen en el territorio del Reino de Dinamarca y que, por consiguiente, no está amparado por el registro de la citada DOP, ni se discute que las autoridades danesas no adoptan ninguna medida administrativa o judicial para prevenir o detener tal uso.
En segundo lugar, por lo que respecta al contexto del artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012, es preciso señalar que, como defiende la Comisión, este Reglamento se adoptó sobre la base, en particular, del artículo 118 TFUE, párrafo primero, precepto que faculta al Parlamento y al Consejo, en el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, a establecer las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión.
Es así, en su condición de derecho de propiedad intelectual, como el Reglamento n.
o
1151/2012 y, en especial, su artículo 13 protegen las DOP y las IGP, como confirma el artículo 4, letra b), del referido Reglamento, según el cual se establece un régimen de DOP y de IGP para ayudar a los productores de productos vinculados a una zona geográfica, garantizando a los nombres de esos productos, como derechos de propiedad intelectual, una protección uniforme en todo el territorio de la Unión. Las DOP y las IGP quedan comprendidas, por otro lado, conforme a lo que defiende la República de Chipre, entre los derechos de propiedad intelectual igualmente a los efectos del Reglamento n.
o
608/2013, según se desprende de su artículo 2, puntos 1, letra d), y 4, letra a).
Pues bien, el uso de una DOP o de una IGP para designar un producto fabricado en el territorio de la Unión que no se ajusta al pliego de condiciones que le sea aplicable vulnera en la Unión el derecho de propiedad intelectual que constituyen dicha DOP o dicha IGP, incluso cuando ese producto se destina a ser exportado a terceros países.
De otro lado, por lo que se refiere igualmente al contexto del artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012, procede señalar que sus artículos 36 y 37, en su versión modificada por el Reglamento 2017/625, obligan en particular a los Estados miembros a garantizar en su territorio la verificación de la conformidad del producto con el pliego de condiciones correspondiente y a hacerlo antes de su comercialización. Estas disposiciones, en la medida en que no excluyen de tal verificación los productos destinados a la exportación, confirman que también se aplica a esos productos la obligación a cargo de los Estados miembros, regulada en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento, de adoptar las medidas administrativas y judiciales pertinentes para prevenir o detener cualquier uso ilegal de DOP o de IGP.
En tercer lugar, por lo que respecta a los objetivos perseguidos por el Reglamento n.
o
1151/2012, ha de puntualizarse que se definen claramente en los artículos 1 y 4 de aquel. Según la primera de estas disposiciones, el Reglamento tiene por objeto ayudar a los productores de productos agrícolas y alimenticios para que informen a los compradores y consumidores de las características y las cualidades de producción de dichos productos, garantizando así una competencia leal para los agricultores y productores de productos agrícolas y de alimentos que presenten características y atributos con valor añadido; la accesibilidad de los consumidores a información fiable relativa a tales productos; el respeto de los derechos de propiedad intelectual, y la integridad del mercado interior. Más concretamente, en lo que atañe a las DOP y a las IGP, el objetivo, conforme a la segunda de las citadas disposiciones, es ayudar a los productores de productos vinculados a una zona geográfica asegurándoles una remuneración justa por las cualidades de sus productos, garantizando a los nombres de esos productos, como derechos de propiedad intelectual, una protección uniforme en todo el territorio de la Unión, y proporcionando a los consumidores información clara sobre las propiedades que confieran valor añadido a dichos productos.
El considerando 18 del Reglamento n.
o
1151/2012 indica, igualmente, que los objetivos específicos que se persiguen con la protección de las DOP y de las IGP son asegurar a los agricultores y productores unos ingresos equitativos por las cualidades y las características de un producto determinado o de su método de producción y ofrecer información clara sobre los productos con características específicas vinculadas a un origen geográfico, para que los consumidores hagan sus elecciones de compra con mayor conocimiento de causa.
Por otra parte, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el sistema de protección de las DOP y de las IGP tiene esencialmente por objeto garantizar a los consumidores que los productos agrícolas amparados por una denominación registrada presentan, debido a su procedencia de una zona geográfica concreta, determinadas características particulares y ofrecen, pues, una garantía de calidad debida a su procedencia geográfica, a fin de permitir que los productores agrícolas que hayan realizado esfuerzos cualitativos reales obtengan mayores ingresos como recompensa y de impedir que los terceros se aprovechen abusivamente de la reputación derivada de la calidad de los mencionados productos (sentencias de 17 de diciembre de 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier,
C‑490/19
,
EU:C:2020:1043
, apartado
y jurisprudencia citada, y, por analogía, de 9 de septiembre de 2021, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne,
C‑783/19
,
EU:C:2021:713
, apartado
).
Al alegar el Reino de Dinamarca que de los comentados objetivos se desprende que el Reglamento n.
o
1151/2012 tiene por objeto establecer un sistema de protección de las DOP y de las IGP para productos puestos en circulación en el mercado interior y dado que los consumidores que en él se integran son los de la Unión, procede señalar que, ciertamente, son esos consumidores y no los de terceros países los que son objeto del citado Reglamento. En efecto, este acto normativo, adoptado sobre la base del artículo 118 TFUE, se refiere al funcionamiento del mercado interior y, como señala el Estado miembro mencionado, tiene por objeto la integridad del mercado interior y la información al consumidor de la Unión.
Asimismo, es preciso señalar que el objetivo de informar a los consumidores y el de asegurar a los productores una remuneración justa por las cualidades de sus productos están vinculados, ya que la información a los consumidores, en particular, persigue —como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 56 de la presente sentencia— permitir que los productores agrícolas que hayan realizado esfuerzos cualitativos reales obtengan mayores ingresos como recompensa.
No obstante, no es menos cierto que el objetivo de asegurar a los productores una remuneración justa por las cualidades de sus productos constituye, en sí mismo, un objetivo que el Reglamento n.
o
1151/2012 persigue, como se desprende de su considerando 18 y de su artículo 4, letra a). Lo mismo sucede con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que enuncia el artículo 1, letra c), de aquel.
Pues bien, es evidente que usar la DOP «Feta» para designar productos fabricados en el territorio de la Unión que no se ajustan al pliego de condiciones de esa DOP menoscaba esos dos objetivos, incluso si dichos productos están destinados a ser exportados a terceros países.
Así pues, tanto del tenor del artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012 como del contexto de esta disposición y de los objetivos perseguidos por el referido Reglamento se infiere que, como defiende la Comisión, un uso como el descrito queda comprendido dentro de las conductas prohibidas por el artículo 13, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento.
Ninguna de las demás alegaciones esgrimidas por el Reino de Dinamarca puede desvirtuar la anterior interpretación.
En primer lugar, por lo que respecta al hecho de que el Reglamento n.
o
1151/2012, a diferencia de otros reglamentos pertenecientes al ámbito de la protección de las denominaciones y de las indicaciones registradas —como los Reglamentos n.
o
110/2008 y 251/2014—, no disponga expresamente que también se aplica a los productos fabricados en la Unión con fines de exportación a terceros países, es preciso recordar que las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la protección de las denominaciones e indicaciones geográficas registradas, que se inscriben en la política horizontal de la Unión aplicable en materia de calidad, deben ser objeto de una interpretación que permita una aplicación coherente de dichas disposiciones (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne,
C‑393/16
,
EU:C:2017:991
, apartado
). Pues bien, una interpretación del Reglamento n.
o
1151/2012 en el sentido de que este excluye los productos agrícolas y alimenticios destinados a la exportación a terceros países de la protección que él mismo establece, mientras que los Reglamentos n.
os
110/2008 y 251/2014 invocados por el Reino de Dinamarca garantizan igual protección a los productos a los que se refieren, incluso cuando se producen en la Unión con fines de exportación a terceros países, no cumple esta exigencia de coherencia al no existir justificación de tal diferencia.
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación basada en los considerandos 20 y 27 del Reglamento n.
o
1151/2012, es preciso subrayar que en modo alguno cabe entenderlos en el sentido de que la protección de los productos fabricados en la Unión y exportados a terceros países se supedite a la existencia de un mecanismo previsto a tal efecto en el marco de la OMC o de acuerdos multilaterales o bilaterales. En efecto, estos últimos tienen por objeto garantizar tal protección por parte de y dentro de los terceros países, mientras que el Reglamento n.
o
1151/2012 establece un sistema de protección uniforme y exhaustivo para las DOP y las IGP en la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar,
C‑478/07
,
EU:C:2009:521
, apartado
).
Por lo que respecta, en tercer lugar, a los elementos invocados por el Reino de Dinamarca en relación con la génesis del Reglamento n.
o
1151/2012 y con la situación anterior a su adopción, es preciso indicar que, por un lado, el hecho de que la recomendación del Comité de las Regiones y la propuesta del Parlamento, a los que se ha hecho mención en el apartado 39 de la presente sentencia, no llevaran a que en dicho Reglamento se afirmara expresamente que este se aplica también a los productos fabricados en la Unión con fines de exportación a países terceros no basta, por sí solo, para demostrar que el legislador de la Unión finalmente hubiera renunciado a incluir tales productos en su ámbito de aplicación. Por otro lado, es necesario hacer constar que la comparación del sistema de protección de las DOP y de las IGP de los productos agrícolas y alimenticios derivado del Reglamento n.
o
2081/92 y posteriormente del Reglamento n.
o
510/2006 con el que deriva del Reglamento n.
o
1151/2012 no pone de manifiesto ningún elemento que sustente la alegación de que el legislador de la Unión, cuando lo aprobó, hubiera querido excluir de su ámbito de aplicación los productos exportados a países terceros.
Por lo que respecta, en cuarto y último lugar, al respeto del principio de seguridad jurídica, procede señalar que, ciertamente, el Reglamento n.
o
1151/2012 no menciona expresamente que se aplique también a los productos fabricados en la Unión con fines de exportación a terceros países. No obstante, habida cuenta, en particular, del carácter general y unívoco de los artículos 13, 36 y 37 del Reglamento n.
o
1151/2012, que no contemplan ninguna excepción con respecto a tales productos, y del hecho de que los objetivos mencionados en el apartado 59 de la presente sentencia se enuncian claramente en los artículos 1 y 4 de ese Reglamento, resulta que su artículo 13, apartado 3, es claro y carente de ambigüedad puesto que obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas administrativas y judiciales pertinentes que se dirijan a prevenir o a detener el uso de DOP o de IGP para designar productos no ajustados al pliego de condiciones que les sea aplicable que se fabrican en su territorio, incluso cuando esos productos se destinen a ser exportados a terceros países.
En estas circunstancias, procede concluir que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.
o
1151/2012 al no haber impedido ni puesto fin al referido uso acontecido en su territorio.
De lo anterior se infiere que procede estimar la primera imputación.
Segunda imputación, basada en la vulneración del principio de cooperación leal
Alegaciones de las partes
La Comisión aduce que el Reino de Dinamarca infringió el artículo 4 TUE, apartado 3, en relación con los artículos 1, apartado 1, y 4 del Reglamento n.
o
1151/2012, al tolerar que los productores de leche daneses fabricaran y comercializaran queso utilizando la DOP «Feta». En tal sentido, considera, por un lado, que dicho Estado miembro infringió deliberadamente las obligaciones derivadas del artículo 13 de ese Reglamento e incluso fomentó el uso ilegal de la referida DOP. De este modo, puso en peligro la realización de sus objetivos, a saber, garantizar una competencia leal para los agricultores y productores de productos agrícolas y de alimentos que presenten características y atributos con valor añadido; ayudar a los productores de productos vinculados a una zona geográfica a que perciban una remuneración justa por las cualidades de sus productos, y asegurar la protección de los derechos de propiedad intelectual para todas las denominaciones protegidas en el territorio de la Unión.
Por otra parte, la Comisión estima que el Reino de Dinamarca debilitó la posición de la Unión en las negociaciones internacionales dirigidas a garantizar la protección de los sistemas de calidad de la Unión y afectó a la coherencia de la representación exterior de la Unión al no haber prevenido ni detenido el menoscabo de los derechos de la DOP «Feta» que tiene lugar cuando los productores de leche daneses exportan a terceros países queso que usa ilegalmente dicha DOP.
En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Justicia, la Comisión defendió que el Reino de Dinamarca dio muestras de una conducta cuyos efectos van más allá del incumplimiento de la obligación material que deriva del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.
o
1151/2012.
La República Helénica subraya, en particular, que las repercusiones de la práctica seguida por el Reino de Dinamarca son graves, tanto a nivel nacional, para los productores de queso feta, como a escala de la Unión, en el contexto de las negociaciones internacionales. Considera que la conducta a que se refiere esta imputación de la Comisión es distinta de la de incumplir las obligaciones específicas que establece el artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012. En tal sentido, la República Helénica defiende que el Reino de Dinamarca ha venido eludiendo de modo sistemático —y desde hace mucho tiempo— sus obligaciones, valiéndose del argumento, dilatorio y abusivo, de que los productos en cuestión se destinaban a la exportación a terceros países, y que no ha adoptado medida alguna para eliminar las consecuencias ilícitas de ese comportamiento ilegal.
La República de Chipre considera asimismo que la práctica objeto del presente asunto va en detrimento de las perspectivas de protección internacional de las DOP. En tal sentido, indica que esta práctica contribuye a que, en los terceros países, las DOP se conviertan en denominaciones genéricas, lo que reduce el poder de negociación de la Comisión. A su juicio, la tolerancia que el Reino de Dinamarca ha mostrado con respecto a esta práctica constituye una infracción del artículo 4 TUE, apartado 3. A su entender, para el caso de que el Tribunal de Justicia considere que las obligaciones derivadas del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.
o
1151/2012 no son claras en lo que respecta al control de los productos comercializados en terceros países, es preciso declarar tal infracción.
El Reino de Dinamarca se opone a esta imputación y argumenta que no cabe considerar que se haya vulnerado el principio de cooperación leal ni en el contexto de los artículos 1, apartado 1, y 4 del Reglamento n.
o
1151/2012, ni de manera autónoma, ya que una desavenencia sobre la interpretación del Derecho de la Unión no puede constituir una violación de tal principio. Dicho Estado miembro estima, además, que las conductas descritas en las dos imputaciones formuladas por la Comisión en apoyo de su recurso son las mismas.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Solo procede declarar el incumplimiento de la obligación general de cooperación leal que se deriva del artículo 4 TUE, apartado 3, en la medida en que este se refiera a comportamientos distintos de aquellos que constituyen el incumplimiento de las obligaciones específicas que se imputa a un Estado miembro [véase, en este sentido, la sentencia de 17 de diciembre de 2020, Comisión/Eslovenia (Archivos del BCE),
C‑316/19
,
EU:C:2020:1030
, apartado
y jurisprudencia citada].
Pues bien, en el presente asunto, es preciso señalar que la imputación de la Comisión en relación con el principio de cooperación leal, mediante la cual se reprocha al Reino de Dinamarca haber incumplido las obligaciones que derivan del artículo 13 del Reglamento n.
o
1151/2012 y, de ese modo, haber puesto en peligro la consecución de los objetivos que este persigue, recae sobre la misma conducta que la que fue objeto de la primera imputación, a saber, el no haber prevenido ni haber detenido el uso por los productores daneses de la DOP «Feta» para designar un queso que no cumple el pliego de condiciones que le es aplicable.
Por otra parte, la Comisión no acredita que el Reino de Dinamarca haya fomentado, de otra forma que no sea mediante esa omisión, el uso ilegal de la DOP «Feta».
Del mismo modo, aunque es cierto que la exportación a terceros países, realizada por productores de la Unión, de productos que utilizan ilegalmente una DOP puede debilitar la posición de la Unión en las negociaciones internacionales dirigidas a garantizar la protección de los sistemas de calidad de la Unión, no se ha acreditado, conforme a lo que en esencia señala la Abogada General en el punto 95 de sus conclusiones, que el Reino de Dinamarca haya llevado a cabo acciones o hecho declaraciones que puedan tener tal consecuencia, lo que constituiría una conducta distinta de la que es objeto de la primera imputación.
De lo anterior se desprende que debe desestimarse la segunda imputación.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede, por un lado, declarar que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 3, del Reglamento n.
o
1151/2012 al no haber prevenido ni detenido el uso por los productores de leche daneses de la DOP «Feta» para designar un queso que no cumple el pliego de condiciones propio de esa DOP y, por otro lado, desestimar el recurso en todo lo demás.
Costas
Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Conforme al artículo 138, apartado 3, del citado Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. Sin embargo, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, el Tribunal podrá decidir que una de las partes cargue, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte. Al haber solicitado la Comisión la condena en costas del Reino de Dinamarca y al haberse desestimado, en lo fundamental, las pretensiones de este, procede condenar al Reino de Dinamarca a cargar, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, además de con sus propias costas, con cuatro quintas partes de las costas de la Comisión. La Comisión cargará con una quinta parte de sus propias costas.
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. Por consiguiente, la República Helénica y la República de Chipre cargarán con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

1)
Declarar que el Reino de Dinamarca ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 13, apartado 3, del Reglamento (UE) n.
o
1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, al no haber prevenido ni detenido el uso por los productores de leche daneses de la denominación de origen protegida (DOP) «Feta» para designar un queso que no cumple el pliego de condiciones propio de esa DOP.

2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)
El Reino de Dinamarca cargará, además de con sus propias costas, con cuatro quintas partes de las costas de la Comisión Europea.

4)
La Comisión cargará con una quinta parte de sus propias costas.

5)
La República Helénica y la República de Chipre cargarán con sus propias costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: danés.