CELEX: 62013CJ0619
Recurso de casación
Prácticas colusorias
Mercados belga, alemán, francés, italiano, neerlandés y austriaco de los productos y accesorios para cuartos de baño
Coordinación de los precios de venta e intercambio de información comercial sensible
Programa de clemencia
Reglamento (CE) n.o 1/2003
Artículo 23, apartado 2
Límite máximo del 10 % del volumen de negocios
Ejercicio de la competencia jurisdiccional plena

Mediante su recurso de casación, Mamoli Robinetteria SpA solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2013, Mamoli Robinetteria/Comisión (T‑376/10, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2013:442
), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso que tenía por objeto la anulación parcial de la Decisión C(2010) 4185 final de la Comisión, de 23 de junio de 2010, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 TFUE y con el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/39092 — Productos y accesorios para cuartos de baño) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), en cuanto la concernía, y, con carácter subsidiario, la supresión o reducción de la multa que se le impuso en dicha Decisión.
Marco jurídico
Reglamento (CE) n.
o
1/2003
El Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 2003, L 1, p. 1
) establece, en su artículo 23, apartados 2 y 3, lo siguiente:
«2.   Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:
a)
infrinjan las disposiciones del artículo [101 TFUE] o del artículo [102 TFUE] [...]
[...]
Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.
[...]
3.   A fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.»
Directrices de 2006
Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 (
DO 2006, C 210, p. 2
; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») señalan, en su punto 2, que, por lo que se refiere a la determinación de las multas, «la Comisión debe tener en cuenta la duración y la gravedad de la infracción» y que «la multa impuesta no debe superar los límites que se indican en el artículo 23, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento [...] n.
o
1/2003».
Los puntos 23, 25, 28, 29 y 37 de las Directrices de 2006 establecen lo siguiente:
«23.
Los acuerdos [...] horizontales de fijación de precios [...], que suelen ser secretos, se cuentan, por su propia naturaleza, entre los casos más graves de restricción de la competencia. En el marco de la política de competencia, deben ser sancionados con severidad. Por tanto, la proporción de las ventas considerada para este tipo de infracciones se situará generalmente en el extremo superior de la escala.
[...]
25.
Además, independientemente de la duración de la participación de una empresa en la infracción, la Comisión incluirá en el importe de base una suma comprendida entre el 15 % y el 25 % del valor de las ventas, tal y como se define en la sección A anterior con el fin de disuadir a las empresas incluso de participar en acuerdos horizontales de fijación de precios [...]
[...]
28.
El importe de base de la multa podrá incrementarse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias agravantes, por ejemplo:
[...]
29.
El importe de base de la multa podrá reducirse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias atenuantes, por ejemplo:
[...]
37.
Aunque las presentes Directrices exponen la metodología general para la fijación de las multas, las características específicas de un determinado asunto o la necesidad de alcanzar un nivel disuasorio en un caso particular podrán justificar que la Comisión se aparte de esta metodología o de los límites fijados en el punto 21.»
Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
Los antecedentes del litigio se expusieron en los apartados 1 a 21 de la sentencia recurrida y pueden resumirse como sigue.
La recurrente es una empresa italiana que fabrica exclusivamente artículos de grifería.
El 15 de julio de 2004, Masco Corp. y sus filiales, entre las que se encuentran Hansgrohe AG, que fabrica artículos de grifería, y Hüppe GmbH, dedicada a la fabricación de mamparas de ducha, informaron a la Comisión de la existencia de un cártel en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño y solicitaron la dispensa del pago de las multas en virtud de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (
DO 2002, C 45, p. 3
; en lo sucesivo, «Comunicación de 2002 sobre la cooperación») o, subsidiariamente, una reducción del importe de tales multas.
Los días 9 y 10 de noviembre de 2004, la Comisión llevó a cabo inspecciones sin previo aviso en los locales de varias sociedades y asociaciones nacionales profesionales que operan en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño. Tras enviar, entre el 15 de noviembre de 2005 y el 16 de mayo de 2006, solicitudes de información a dichas sociedades y asociaciones, incluida la recurrente, la Comisión emitió un pliego de cargos el 26 de marzo de 2007, que fue notificado a la recurrente.
El 20 de enero de 2006, la recurrente solicitó también la dispensa del pago de la multa o, subsidiariamente, la reducción de su importe.
Tras la celebración de una audiencia del 12 al 14 de noviembre de 2007, el envío, el 9 de julio de 2009, de un escrito de exposición de hechos a determinadas sociedades entre las que no figuraba la recurrente y, entre el 19 de junio de 2009 y el 8 de marzo de 2010, de solicitudes de información adicionales de las que, por el contrario, fue destinataria la recurrente, la Comisión adoptó, el 23 de junio de 2010, la Decisión controvertida.
Mediante dicha Decisión, la Comisión declaró la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), de 2 de mayo de 1992 (
DO 1994, L 1, p. 3
), en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño. Según la referida Decisión, esta infracción, en la que habían participado 17 empresas, tuvo lugar a lo largo de diferentes períodos comprendidos entre el 16 de octubre de 1992 y el 9 de noviembre de 2004 y adoptó la forma de un conjunto de acuerdos contrarios a la competencia o de prácticas concertadas en los territorios belga, alemán, francés, italiano, neerlandés y austriaco.
Más concretamente, la Comisión señaló en dicha Decisión que la infracción declarada consistía, en primer lugar, en la coordinación, por dichos fabricantes de productos y accesorios para cuartos de baño, de los incrementos anuales de sus baremos de precios y de otros elementos de sus tarifas, en reuniones habituales en el seno de asociaciones profesionales nacionales; en segundo lugar, en la fijación o coordinación de precios con ocasión de acontecimientos específicos, tales como el incremento del coste de las materias primas, la introducción del euro y el establecimiento de peajes en las carreteras, y, en tercer lugar, en la divulgación y el intercambio de información comercial confidencial. Asimismo, la Comisión constató que la fijación de precios en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño seguía un ciclo anual. En este contexto, los fabricantes fijaban baremos de precios que se mantenían en vigor durante un año por lo general y servían de base en las relaciones comerciales con los mayoristas.
Según la Comisión, los productos afectados por el cártel eran los productos y accesorios para cuartos de baño pertenecientes a uno de los tres subgrupos de productos siguientes, a saber, artículos de grifería, mamparas de ducha y sus accesorios y productos cerámicos (en lo sucesivo, «tres subgrupos de productos»).
Por lo que respecta a las prácticas contrarias a la competencia desarrolladas en Italia, éstas se habían llevado a cabo en el seno de dos grupos informales. El primero, denominado «Euroitalia», estaba formado por empresas que se habían reunido de dos a tres veces al año durante el período comprendido entre julio de 1992 y octubre de 2004. Dentro de este grupo, que se había formado cuando los productores alemanes habían entrado en el mercado italiano, los intercambios de información se referían no sólo a los artículos de grifería sino también a los productos cerámicos. El segundo grupo informal de empresas, denominado «Michelangelo», no incluía a la recurrente y se había reunido en repetidas ocasiones entre finales de 1995 o comienzos de 1996 y el 25 de julio de 2003. En dichas reuniones, las discusiones habían versado sobre una amplia gama de productos para cuartos de baño, en especial, sobre artículos de grifería y productos cerámicos.
En lo que atañe a la participación de la recurrente en las prácticas contrarias a la competencia, la Comisión declaró, en la Decisión controvertida, que aquélla había participado en las discusiones ilícitas que tuvieron lugar en Euroitalia durante el período comprendido entre el 18 de octubre de 2000 y el 9 de noviembre de 2004.
De este modo, la Comisión declaró, en el artículo 1, apartado 5, punto 15, de la Decisión controvertida, que la recurrente había infringido el artículo 101 TFUE debido a su participación en un acuerdo continuado o en prácticas concertadas en el territorio italiano, durante el período comprendido entre el 18 de octubre de 2000 y el 9 de noviembre de 2004.
A tenor del artículo 2, apartado 14, de la Decisión controvertida, la Comisión impuso a la recurrente una multa de 1041531 euros.
Para calcular dicha multa, la Comisión se basó en las Directrices de 2006.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 7 de septiembre de 2010, la recurrente interpuso ante dicho Tribunal un recurso para obtener la anulación de la Decisión controvertida en el que invocaba cinco motivos. El primer motivo se basaba en la falta de notificación a la recurrente del escrito de exposición de hechos y en la imposibilidad de consultar determinados documentos mencionados en la Decisión controvertida, relativos a su participación en las prácticas contrarias a la competencia de que se trata. El segundo motivo se basaba en la ilegalidad de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación. El tercero, en errores cometidos al declarar la participación de la recurrente en un cártel que afectaba al mercado italiano de los artículos de grifería. El cuarto, en errores cometidos en la determinación de la sanción impuesta a la recurrente y del importe de la multa. El quinto motivo se basaba en un error de apreciación en cuanto al importe de la reducción que se le había concedido debido a su situación financiera.
Con carácter subsidiario, la recurrente formuló unas pretensiones de supresión o reducción de la multa impuesta.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.
Pretensiones de las partes
La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Con carácter principal, anule la sentencia recurrida.
—
Anule los artículos 1 y 2 de la Decisión controvertida en cuanto la conciernen.
—
Con carácter subsidiario, reduzca la multa a un importe equivalente al 0,3 % de su volumen de negocios correspondiente al ejercicio 2003 o, en cualquier caso, a un importe inferior a la sanción impuesta.
—
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso de casación.
—
Condene en costas a la recurrente.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca siete motivos entre los que figuran los cinco motivos ya invocados en primera instancia.
Mediante su primer motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General, por un lado, haber calificado erróneamente una alegación como motivo nuevo y, por otro, haberse basado en un elemento fáctico inexistente. El segundo motivo critica los fundamentos de Derecho adoptados por el Tribunal General en relación con la falta de notificación a la recurrente del escrito de exposición de hechos. Mediante su tercer motivo, ésta reprocha al Tribunal General haber desestimado la excepción de ilegalidad de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación. Mediante su cuarto motivo, critica los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida relativos a la especificidad del mercado italiano de la grifería y a la pertinencia de las pruebas consideradas por la Comisión en relación con su participación en la infracción cometida en dicho mercado. El quinto motivo critica la sentencia recurrida en la medida en que no se sancionaron en ésta los errores cometidos por la Comisión al determinar la multa impuesta a la recurrente. Mediante su sexto motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado que la Comisión había reducido suficientemente la multa que se le impuso. Mediante su séptimo motivo, la recurrente alega que el Tribunal General se equivocó al no considerar pertinentes las solicitudes de diligencias de prueba que ella presentó.
Sobre el primer motivo de casación, basado en la calificación errónea de una alegación como motivo nuevo y en una apreciación errónea de los hechos
Alegaciones de las partes
Mediante la primera parte del primer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, al calificar de motivo nuevo y, por lo tanto, haber declarado la inadmisibilidad de su alegación de que la Comisión se había equivocado al concluir que la recurrente había participado en una infracción en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño, siendo así que ésta no fabricaba productos cerámicos.
Según la recurrente, esta alegación constituye, en particular, la premisa del cuarto motivo del recurso en primera instancia relativo a los criterios de determinación del importe de la multa que se le impuso. A este respecto, considera acreditado que ella sólo produce artículos de grifería, como señaló el propio Tribunal General en el apartado 4 de la sentencia recurrida, y que la recurrente lo había recordado en repetidas ocasiones en su demanda en primera instancia. Por otra parte, considera que el Tribunal General se pronunció
ultra petita
al calificar como motivo nuevo dicha alegación, sin que la Comisión hubiera propuesto tal causa de inadmisión.
Mediante la segunda parte del primer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haberse basado, en el apartado 9 de la sentencia recurrida, en la declaración de que la recurrente había solicitado la aplicación del programa de clemencia, pese a que nunca formuló tal petición.
La Comisión considera que este motivo de casación es, en sus dos partes, inadmisible y, en cualquier caso, infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta al error de calificación reprochado al Tribunal General, es preciso recordar que, conforme al artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en su versión vigente en la fecha de la sentencia recurrida (en lo sucesivo, «Reglamento de Procedimiento del Tribunal General»), en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
Además, de reiterada jurisprudencia resulta que, con arreglo al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados son dos indicaciones esenciales que deben figurar en el escrito de interposición del recurso (sentencia de 3 de abril de 2014, Francia/Comisión,
C‑559/12 P
,
EU:C:2014:217
, apartado
). Las pretensiones de tal escrito deben ser formuladas de manera inequívoca para que el Tribunal de Justicia no resuelva
ultra petita
ni omita pronunciarse sobre una imputación (véase, por analogía, la sentencia de 12 de febrero de 2009, Comisión/Polonia,
C‑475/07
, no publicada,
EU:C:2009:86
, apartado
).
Pues bien, es necesario señalar que Mamoli Robinetteria, en su demanda en primera instancia, no había formulado la alegación de que la Comisión se había equivocado al concluir, en el artículo 1, apartado 5, punto 15, de la Decisión controvertida, que la recurrente había participado en una infracción en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño, siendo así que ésta no fabricaba productos cerámicos.
Además, la recurrente no invoca la existencia de razones de hecho o de Derecho que hubieran aparecido durante el procedimiento y que pudieran haber justificado la presentación extemporánea de tal alegación. Por último, no cabe considerar dicha alegación como una ampliación de una imputación enunciada con anterioridad en la demanda.
De ello se deduce que el Tribunal General, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, calificó legítimamente la referida alegación, formulada por la recurrente durante el procedimiento con posterioridad al escrito de interposición del recurso, como motivo nuevo y, por ello, la desestimó.
Por otra parte, toda vez que, habida cuenta de los objetivos enunciados en el apartado 31 de la presente sentencia, los requisitos de admisibilidad relativos al objeto del litigio y a la exposición sumaria de los motivos invocados ante el Tribunal General, así como la correlativa prohibición, establecida en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, de invocar motivos nuevos en el curso del proceso son de orden público, no cabe reprochar a dicho Tribunal haber examinado de oficio la causa de inadmisión basada en la infracción de tales prescripciones.
En consecuencia, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo de casación.
Por lo que respecta a la segunda parte del primer motivo de casación, es preciso destacar que el Tribunal General no extrajo consecuencia alguna de hecho o de Derecho de la declaración puramente fáctica, recogida en el apartado 9 de la sentencia recurrida en la parte dedicada a recordar los antecedentes del litigio, calificada de errónea por la recurrente, según la cual ésta había presentado una solicitud de clemencia.
Por consiguiente, procede desestimar esta alegación por inoperante (véase, por analogía, la sentencia de 2 de octubre de 2003, Thyssen Stahl/Comisión,
C‑194/99 P
,
EU:C:2003:527
, apartados
y
).
De ello se desprende que procede desestimar el primer motivo de casación por ser en parte inoperante y en parte infundado.
Sobre el segundo motivo de casación, basado en la falta de notificación a la recurrente de un escrito de exposición de hechos
Alegaciones de las partes
Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber desestimado, en parte por infundada y en parte por inoperante, la alegación de que, a diferencia de las demás empresas que participaron en la infracción, la Comisión no le notificó un escrito de exposición de hechos. En su opinión, tal falta constituye una vulneración del derecho de defensa. A este respecto, contrariamente a los fundamentos de Derecho adoptados por el Tribunal General en el apartado 38 de la sentencia recurrida, mediante los que se desestiman por inoperantes las alegaciones relativas a dicha falta, la recurrente considera indiscutible que el conocimiento de las circunstancias de hecho es necesariamente útil para la elaboración de una estrategia de defensa.
Según la Comisión, este motivo de casación es manifiestamente inadmisible y, en cualquier caso, infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Es preciso recordar que del artículo 256 TFUE, apartado 1, del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia resulta que un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que sustenten de manera específica dicha pretensión, so pena de que se declare la inadmisibilidad del recurso de casación o del motivo de casación de que se trate (sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión,
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, apartado
y jurisprudencia citada).
Asimismo, es necesario subrayar que un recurso de casación es inadmisible en la medida en que se limite a repetir los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal General, incluidos los basados en hechos expresamente desestimados por dicho órgano jurisdiccional, sin incluir ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia del Tribunal General. En efecto, tal recurso de casación es, en realidad, un recurso destinado a obtener un mero reexamen del presentado ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencias de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión,
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P
,
EU:C:2004:6
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 30 de mayo de 2013, Quinn Barlo y otros/Comisión,
C‑70/12 P
, no publicada,
EU:C:2013:351
, apartado
).
Pues bien, es preciso señalar que la recurrente se limita, por un lado, a reproducir literalmente la alegación formulada en primera instancia ante el Tribunal General relativa a la falta de notificación de un escrito de exposición de hechos y, por otro lado, a enunciar consideraciones generales sin demostrar que se refieren específicamente al caso de autos, absteniéndose de identificar, con precisión, un error de Derecho en que hubiera incurrido el Tribunal General en la sentencia recurrida.
Por tanto, procede declarar la inadmisibilidad del segundo motivo de casación.
Sobre el tercer motivo de casación, basado en la ilegalidad de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación
Alegaciones de las partes
Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente, en primer lugar, reprocha al Tribunal General haber desestimado la excepción de ilegalidad de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación, siendo así que un programa de clemencia como el que se establece en dicha Comunicación debería haberse creado y regulado necesariamente mediante un acto del legislador de la Unión Europea, competente en materia de competencia, que fuera de aplicación inmediata y produjera un efecto directo.
En segundo lugar, alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 55 y 56 de la sentencia recurrida, que la competencia de la Comisión para adoptar y regular un programa de clemencia derivaba de lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.
o
17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer reglamento de aplicación de los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 1962, 13, p. 204
; EE 08/01, p. 22), que pasó a ser el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003. En su opinión, ninguna disposición directamente aplicable, adoptada por el legislador de la Unión competente en asuntos de competencia, confería a la Comisión la facultad de abstenerse de sancionar a una empresa que hubiera cometido una infracción en materia de competencia por el mero hecho de que dicha empresa declarase haber cometido esa infracción. Considera, por el contrario, que de los artículos 101 TFUE y 103 TFUE se desprende que tal infracción del Derecho de la Unión en materia de competencia debe implicar la imposición de una sanción.
Por último, la recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado, en el apartado 57 de la sentencia recurrida, que la adopción por la Comisión de Comunicaciones sobre la cooperación no violaba el principio de separación de poderes y haber desestimado el argumento de que, en los Estados miembros de la Unión, los programas de clemencia se adoptaban sobre la base de actos de naturaleza legislativa.
Según la Comisión, este motivo de casación es inadmisible y, en cualquier caso, infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, por lo que se refiere a la alegación relativa a la incompetencia de la Comisión para adoptar un programa de clemencia, es preciso subrayar que la recurrente no identifica con precisión error de Derecho alguno cometido en la sentencia recurrida. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de dicha alegación, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 42 de la presente sentencia.
En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación en la que se critican los apartados 55 y 56 de la sentencia recurrida, según la cual el Tribunal General se equivocó al considerar que la Comisión era competente para adoptar la Comunicación de 2002 sobre la cooperación a la luz del artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.
o
17, posteriormente artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003, es preciso señalar, en primer término, que el Tribunal de Justicia, en multitud de ocasiones, ha reconocido que la Comisión podía adoptar reglas de conducta indicativas, como las contenidas en la referida Comunicación de 2002, por las que dicha institución se autolimita en el ejercicio de la facultad de apreciación que se le otorga en virtud de los citados artículos (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartados
,
,
y
, y de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión,
C‑501/11 P
,
EU:C:2013:522
, apartados
y
a
).
En segundo término, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 101 TFUE no excluye que la Comisión, en el ejercicio de sus competencias en materia de Derecho de la competencia, pueda declarar una infracción de dicho artículo sin imponer una multa. No obstante, tal tratamiento únicamente puede otorgarse en situaciones totalmente excepcionales, como aquellas en las que la cooperación de una empresa haya sido determinante para la detección y represión efectiva de la práctica colusoria (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2013, Schenker & Co. y otros,
C‑681/11
,
EU:C:2013:404
, apartados
y
).
En tercer término, de reiterada jurisprudencia resulta asimismo que los programas de clemencia son instrumentos útiles en la lucha eficaz para descubrir y detener las infracciones de las normas de competencia y sirven, por lo tanto, al objetivo de aplicación efectiva de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (véanse, en particular, las sentencias de 14 de junio de 2011, Pfleiderer,
C‑360/09
,
EU:C:2011:389
, apartado
, y de 6 de junio de 2013, Donau Chemie y otros,
C‑536/11
,
EU:C:2013:366
, apartado
).
De lo anterior se deduce que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al considerar, en los apartados 55 y 56 de la sentencia recurrida, que, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.
o
17, la Comisión podía adoptar la Comunicación de 2002 sobre la cooperación.
Por último, por los fundamentos de Derecho que figuran en los apartados 51 a 54 de la presente sentencia, procede desestimar la alegación en la que se critica el apartado 57 de la sentencia recurrida —relativa al hecho de que la adopción por la Comisión de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación viola el principio de separación de poderes— en la medida en que se basa esencialmente en la premisa de que la Comisión no disponía de base jurídica adecuada para dicha adopción.
Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo de casación por ser en parte inadmisible y en parte infundado.
Sobre el cuarto motivo de casación, basado en errores que resultan de imputar a la recurrente la participación en un cártel infringiendo así el artículo 101 TFUE y el artículo 2 del Reglamento n.
o
1/2003
Alegaciones de las partes
Mediante su cuarto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber desestimado erróneamente sus alegaciones relativas a las características específicas del mercado italiano de la grifería y a la pertinencia de las pruebas consideradas por la Comisión y, por lo tanto, no haber sancionado los errores cometidos por ésta al imputarle una participación en el cártel en cuestión, infringiendo así el artículo 101 TFUE y el artículo 2 del Reglamento n.
o
1/2003.
En primer lugar, por lo que se refiere a las características específicas del mercado italiano de la grifería, la recurrente aduce que el Tribunal General, en los apartados 61 a 133 de la sentencia recurrida, consideró, en particular, que la estructura de dicho mercado no tenía relevancia alguna para la solución
del litigio
y que la participación de la recurrente en la infracción se infería de su mera presencia en las reuniones de Euroitalia, siendo así que de dicha estructura, caracterizada por un número significativo de productores y mayoristas, se deducía que era imposible que existiera un cártel en Italia. Añade que el Tribunal General, en los apartados 65 a 72 de la sentencia recurrida, llevó a cabo un examen superficial de esta alegación, contentándose con efectuar diversas observaciones de principio, de modo que la motivación de la sentencia recurrida presenta lagunas.
En segundo lugar, por lo que respecta la pertinencia de las pruebas de la participación de la recurrente en la infracción cometida en el mercado italiano de la grifería consideradas por la Comisión, el Tribunal General, a juicio de la recurrente, no examinó las alegaciones formuladas por ella referentes, en concreto, al papel de American Standard Inc. en el mercado italiano y a la participación de la recurrente en diversas reuniones, o las desestimó erróneamente por infundadas o, como en el apartado 132 de la sentencia recurrida, por inoperantes. En particular, estima que el Tribunal General incurrió en error al considerar que el representante de la recurrente, el Sr. Costagli, estuvo presente en la reunión de 1 de febrero de 2001, cuando se demostró que no había asistido a ella. Añade que el Tribunal General, en el apartado 106 de la sentencia recurrida, se equivocó al desestimar la alegación relativa a la falta de fiabilidad de los elementos obtenidos en las reuniones de Euroitalia, por considerar que de las notas mecanografiadas de Grohe Beteiligungs GmbH resultaba que RAF Rubinetteria SpA había previsto un aumento de los precios del 3 %.
La Comisión sostiene que el cuarto motivo de casación es inadmisible o, cuando menos, infundado, en la medida en que pretende, en realidad, obtener un nuevo examen de los hechos.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede señalar que, mediante las dos partes del cuarto motivo de casación, la recurrente reproduce, en esencia, el tercer motivo del recurso que interpuso en primera instancia, por lo que se refiere a la especificidad del mercado italiano de la grifería y a la pertinencia de las pruebas de su participación en la infracción cometida en dicho mercado consideradas por la Comisión.
De este modo, mediante el cuarto motivo de casación, la recurrente pretende conseguir un reexamen de la demanda presentada ante el Tribunal General, lo cual excede de la competencia del Tribunal de Justicia, como se ha recordado en el apartado 43 de la presente sentencia.
En particular, la segunda parte de este motivo de casación, en la medida en que critica la apreciación efectuada por el Tribunal General de la participación de la recurrente en la infracción cometida en el mercado italiano de la grifería, tiene por objeto obtener una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas, que, salvo en caso de desnaturalización, que aquí no se ha invocado, también excede, según reiterada jurisprudencia, de la competencia del Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 20 de enero de 2016, Toshiba Corporation/Comisión,
C‑373/14 P
,
EU:C:2016:26
, apartado
, y de 16 de junio de 2016, Evonik Degussa y AlzChem/Comisión,
C‑155/14 P
,
EU:C:2016:446
, apartado
y jurisprudencia citada).
En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del cuarto motivo de casación, en la medida en que critica los apartados 61 a 133 de la sentencia recurrida porque en ellos se desestiman las alegaciones de la recurrente relativas a la especificidad del mercado italiano de la grifería y a la pertinencia de las pruebas consideradas par la Comisión en relación con la participación de la recurrente en la infracción cometida en dicho mercado.
En cambio, por lo que respecta a la alegación relativa a la presencia de lagunas en el examen del Tribunal General y a su insuficiencia y, por lo tanto, a la falta de motivación, debe recordarse que la cuestión de si es suficiente la motivación de una sentencia del Tribunal General constituye una cuestión de Derecho que, como tal, puede ser alegada en el marco de un recurso de casación (véase, en particular, la sentencia de 14 de octubre de 2010, Deutsche Telekom/Comisión,
C‑280/08 P
,
EU:C:2010:603
, apartado
).
A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, esta obligación de motivación no obliga, sin embargo, al Tribunal General a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio. La motivación puede ser, pues, implícita, siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no estimó sus alegaciones y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (véanse, en este sentido, en particular, las sentencias de 2 de abril de 2009, Bouygues y Bouygues Télécom/Comisión,
C‑431/07 P
,
EU:C:2009:223
, apartado
, y de 22 de mayo de 2014, Armando Álvarez/Comisión,
C‑36/12 P
,
EU:C:2014:349
, apartado
).
En el caso de autos, por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación desarrollada en primera instancia relativa a la especificidad el mercado italiano de la grifería, es preciso observar que el Tribunal General, tras recordar, en los apartados 64 a 71 de la sentencia recurrida, los elementos constitutivos de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el particular, señaló, en el apartado 72 de dicha sentencia, en esencia, que la Comisión podía considerar que la recurrente había participado en un intercambio de información sobre los futuros aumentos de precios, que tienen un objeto y un efecto contrarios a la competencia y constituyen, por consiguiente, una infracción de dicha disposición.
A este respecto, el Tribunal General, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, sin haber examinado el fondo de las alegaciones de la recurrente relativas a la estructura específica del mercado italiano de grifería, pudo desestimarlas legítimamente por inoperantes, ya que no invalidaban la declaración de que el intercambio de información en cuestión tenía un objeto y un efecto contrarios a la competencia.
En segundo lugar, por lo que atañe a las declaraciones del Tribunal General relativas a la credibilidad y a la pertinencia de las pruebas consideradas por la Comisión en relación con la participación de la recurrente en la infracción cometida en el referido mercado, de la lectura de los apartados 76 a 126 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General llevó a cabo un examen extenso y detallado de las diversas alegaciones que la recurrente formuló al respecto, en particular, en lo que concierne a su participación en las distintas reuniones de Euroitalia en cuestión. Por consiguiente, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 66 de la presente sentencia, no cabe reprochar al Tribunal General no haberse pronunciado expresamente sobre cada elemento de hecho o de prueba presentado por la recurrente.
De ello se deduce que procede desestimar por infundada la alegación relativa al incumplimiento de la obligación de motivación.
De lo anterior se desprende que procede desestimar el cuarto motivo de casación por ser en parte inadmisible y en parte infundado.
Sobre el quinto motivo de casación, basado en los errores cometidos al determinar la multa
Alegaciones de las partes
Mediante su quinto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber cometido errores cuando examinó la determinación, por parte de la Comisión, de la multa impuesta en la Decisión controvertida.
En primer lugar, reprocha al Tribunal General haber desestimado, en los apartados 137 y 158 de la sentencia recurrida, efectuando una lectura superficial de sus argumentos, la alegación relativa al carácter discriminatorio del importe de la multa impuesta, igual al 10 % del volumen de negocios determinado sobre la base de las Directrices de 2006, de conformidad con el límite máximo previsto en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1/2003.
En segundo lugar, la recurrente expone, de nuevo, las alegaciones en las que se critica la sanción impuesta ya formuladas en primera instancia, pero que el Tribunal General no examinó con suficiente atención.
A este respecto, la recurrente alega concretamente, en primer término, que, al invertir la carga de la prueba, la aplicación de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación dio lugar a una infracción del artículo 2 del Reglamento n.
o
1/2003. En segundo término, considera que la aplicación de dicha Comunicación vulnera el derecho a un proceso equitativo, recogido en los artículos 6 y 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En tercer término, la recurrente reprocha al Tribunal General haberse limitado a observar, en el apartado 155 de la sentencia recurrida, que una sanción era legal cuando el justiciable puede saber qué actos y omisiones generan su responsabilidad, sin responder a la alegación, formulada en primera instancia, de que el sistema de determinación de sanciones, aplicable en materia de competencia, no es conforme con el CEDH, en particular con su artículo 7, que exige que las infracciones y las penas están claramente definidas. En cuarto término, la recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado, en el apartado 169 de la sentencia recurrida, que había invocado ante él un error de apreciación de los hechos cometido por la Comisión únicamente en la determinación del coeficiente de «importe adicional» en el porcentaje del 15 % y no en la del coeficiente de «gravedad de la infracción» en el mismo porcentaje. En quinto término, la recurrente invoca la ilegalidad de los criterios establecidos en las Directrices de 2006, cuya toma en consideración, por la Comisión, para determinar el importe de cada una de las sanciones dio lugar, debido a la aplicación del límite máximo previsto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003, a que el importe de la multa impuesta fuera sistemáticamente de un 10 % del volumen de negocios. Pues bien, según la recurrente, el Tribunal General no examinó en absoluto dicha excepción de ilegalidad y se limitó, en el apartado 158 de la sentencia recurrida, a observar que no se había condenado a la recurrente a una sanción igual al 10 % del volumen de negocios. En sexto término, la Comisión, y posteriormente el Tribunal General, establecieron los coeficientes de «gravedad de la infracción» y de «importe adicional» partiendo, como se desprende de los apartados 165 y 166 de la sentencia recurrida, de unas premisas erróneas según las cuales la recurrente participó en una infracción única, en los territorios de seis Estados miembros, que abarcaba todos los grupos de productos objeto de la investigación, con una cuota de mercado de alrededor del 54,3 % en cada uno de dichos Estados, y por unas prácticas contrarias a la competencia que, en general, se ejecutaron. En séptimo término, considera que, aunque el Tribunal General declaró que la Decisión de la Comisión adolecía de un error de apreciación, no extrajo de ello, en los apartados 192 a 195 de la sentencia recurrida, consecuencia alguna. De este modo, según la recurrente, el Tribunal General violó los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.
La Comisión impugna tanto la admisibilidad como la fundamentación del quinto motivo de casación. En este contexto, subraya no obstante que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 171 de la sentencia recurrida, la gravedad de una infracción no difiere necesariamente en función de que el objeto del cártel abarque dos o tres tipos de productos o de que afecte a un solo Estado miembro o a seis. Por lo tanto, como confirmó en la vista, la Comisión, aun considerando que el Tribunal General desestimó fundadamente las alegaciones de la recurrente relativas a la violación de los principios de igualdad de trato y proporcionalidad, insta en esencia al Tribunal de Justicia a proceder a una sustitución de fundamentos de Derecho por lo que se refiere a esta parte del razonamiento del Tribunal General.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, es preciso recordar, como se desprende de la reiterada jurisprudencia mencionada en los apartados 42 y 43 de la presente sentencia, que debe ser declarado inadmisible un motivo de casación cuya argumentación no sea lo suficientemente clara y precisa como para permitir al Tribunal de Justicia ejercer su control de legalidad, o se limite a repetir alegaciones ya formuladas ante el Tribunal General, incluidas las basadas en hechos expresamente desestimados por éste (véanse en este sentido, en particular, las sentencias de 30 de mayo de 2013, Quinn Barlo y otros/Comisión,
C‑70/12 P
, no publicada,
EU:C:2013:351
, apartado
, y de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión,
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, apartado
).
Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de las alegaciones formuladas en el marco del quinto motivo de casación que no identifican con suficiente precisión un error de Derecho que hubiera cometido el Tribunal General y consisten en afirmaciones generales y sin base o sólo son reproducción, como la propia recurrente señaló, de las alegaciones que ya formuló en primera instancia.
En consecuencia, sólo pueden ser objeto de examen por el Tribunal de Justicia las alegaciones relativas, primero, a errores cometidos por el Tribunal General, en los apartados 137 y 158 de la sentencia recurrida, en relación con el carácter discriminatorio y desproporcionado de la aplicación de una sanción del 10 % del volumen de negocios en virtud del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1/2003; segundo, a una motivación insuficiente, en particular en el apartado 155 de la sentencia recurrida, referente a la legalidad del sistema de establecimiento de sanciones; tercero, a errores de Derecho cometidos en la apreciación, en los apartados 165 y 166 de la sentencia recurrida, de los coeficientes de «gravedad de la infracción» y de «importe adicional», y cuarto, al hecho de que el Tribunal General, en los apartados 192 a 195 de la sentencia recurrida, no extrajo consecuencia alguna de los errores de apreciación de la Comisión que declaró y violó los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.
Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación de que el Tribunal General violó los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato debido a la imposición de una sanción del 10 % del volumen de negocios, como se establece en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del citado Reglamento, es preciso señalar que, contrariamente a lo que sugiere la recurrente, el Tribunal General no se limitó a señalar que el importe de la multa que se le impuso era claramente inferior a dicho límite máximo.
En efecto, en el apartado 158 de la sentencia recurrida, el Tribunal General también declaró, en esencia, que, en cualquier caso, el hecho de que la conducta de otras empresas hubiera sido aún más reprensible que la de la recurrente no se oponía a que se impusiera a ésta una multa por importe del 10 % de su volumen de negocios dadas la duración y la gravedad de su propia participación en la infracción y que procedía desestimar, por el mismo motivo, la alegación de que las Directrices de 2006 eran ilegales puesto que llevaban a la aplicación de tal multa a todas las empresas con independencia de la gravedad de la infracción cometida.
De este modo, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno.
A este respecto, es preciso recordar que de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el límite del 10 % del volumen de negocios establecido en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1/2003 pretende evitar que se impongan multas que seguramente no podrán pagar las empresas, dadas sus dimensiones, dimensiones que se determinan, aunque sea de un modo aproximado e imperfecto, por su volumen de negocios global (sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
, y de 12 de julio de 2012, Cetarsa/Comisión,
C‑181/11 P
, no publicada,
EU:C:2012:455
, apartado
).
Se trata, por tanto, de un límite, aplicable uniformemente a todas las empresas y ajustado a la dimensión de cada una, que pretende evitar las multas cuyo importe sea excesivo y desproporcionado. Dicho límite superior tiene pues un objetivo distinto y autónomo del que persiguen los criterios de gravedad y duración de la infracción (sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartados
y
, y de 12 de julio de 2012, Cetarsa/Comisión,
C‑181/11 P
, no publicada,
EU:C:2012:455
, apartado
).
De lo anterior se deduce que el establecimiento de las multas, para todas las empresas sancionadas que participaron en una misma infracción, en el 10 % de sus volúmenes de negocios respectivos, toda vez que resulta únicamente de aplicar el límite máximo previsto en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1/2003, no constituye una violación de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato.
Igualmente, habida cuenta del objetivo que se pretende mediante dicho límite máximo, el hecho de que la aplicación efectiva de las Directrices de 2006 por la Comisión dé lugar frecuente o regularmente, como sostiene la recurrente, a que el importe de la multa impuesta sea igual al 10 % del volumen de negocios no cuestiona la legalidad de la aplicación de dicho límite máximo.
De lo anterior se desprende que procede desestimar la primera alegación de la recurrente.
En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación relativa a la insuficiente motivación de la sentencia recurrida, en particular de su apartado 155, por lo que se refiere a la legalidad del sistema de establecimiento de sanciones, basta con señalar que, en los apartados 152 a 155 de dicha sentencia, el Tribunal General, de conformidad con la jurisprudencia relativa a la obligación de motivación recordada en los apartados 65 y 66 de la presente sentencia, examinó de modo suficiente en Derecho la alegación de la recurrente relativa a la violación del principio de legalidad de las penas.
Por otra parte, en tanto en cuanto impugna las premisas de los argumentos considerados por la Comisión, y posteriormente por el Tribunal General, en los apartados 165 y 166 de la sentencia recurrida, para la determinación de los coeficientes de «gravedad de la infracción» y de «importe adicional» en el 15 %, la recurrente pretende, en realidad, cuestionar apreciaciones de naturaleza fáctica, lo que, conforme a la reiterada jurisprudencia recordada en el apartado 63 de la presente sentencia, excede de la competencia del Tribunal de Justicia cuando se pronuncia en casación.
Por último, en lo que se refiere a la alegación de que el Tribunal General, en los apartados 192 a 195 de la sentencia recurrida, no extrajo consecuencia alguna del error de apreciación de los hechos declarado en el apartado 172 de la sentencia recurrida —relativo a los Estados miembros y a los subgrupos de productos que abarcaba la infracción— en el sentido de reducir el importe de la multa, es preciso recordar, de entrada, que el Tribunal General es el único competente para controlar cómo apreció la Comisión, en cada caso particular, la gravedad de las conductas ilícitas. En el marco del recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia tiene por objeto, por un lado, examinar en qué medida el Tribunal General ha tomado en consideración, de manera jurídicamente correcta, todos los factores esenciales para apreciar la gravedad de un determinado comportamiento a la luz del artículo 101 TFUE y del artículo 23 del Reglamento n.
o
1/2003 y, por otro lado, examinar si el Tribunal General ha contestado de modo suficiente en Derecho a todas las alegaciones formuladas en apoyo de la solicitud de supresión de la multa o de reducción de su importe (véanse, en particular, las sentencias de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión,
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:608
, apartado
; de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
, y de 5 de diciembre de 2013, Solvay Solexis/Comisión,
C‑449/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:802
, apartado
).
En cambio, es necesario señalar que no corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal General por la suya propia, cuando éste resuelve, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a unas empresas por haber infringido éstas el Derecho de la Unión (sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
, y de 11 de julio de 2013, Gosselin Group/Comisión,
C‑429/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:463
, apartado
).
Por otra parte, es preciso recordar también que, para la determinación de los importes de las multas, procede tener en cuenta la duración de la infracción y todos los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de ésta (sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
, y de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartado
).
Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento del cártel, el beneficio que han podido obtener de éste, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Unión Europea (sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
, y de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartado
).
En el presente caso, procede señalar que la sexta parte del cuarto motivo invocado por la recurrente en primera instancia, examinada en los apartados 159 a 177 de la sentencia recurrida, sólo se refería, como resulta esencialmente de los apartados 159, 160 y 169 de dicha sentencia, a un error de apreciación de la Comisión cometido en la determinación del coeficiente de «importe adicional», previsto en el punto 25 de las Directrices de 2006, en el porcentaje del 15 %, y no en la del coeficiente de «gravedad de la infracción».
Tras destacar que, según las propias declaraciones de la Comisión recogidas en el considerando 879 de la Decisión controvertida, la participación de la recurrente en la infracción se limitaba al territorio italiano y a los subgrupos de productos «artículos de grifería» y «artículos cerámicos», el Tribunal General declaró, en el apartado 172 de la sentencia recurrida, que la Comisión había cometido un error de apreciación en la medida en que se había equivocado al considerar que todas las empresas destinatarias de la Decisión controvertida, entre ellas la recurrente, habían participado en una infracción única que abarcaba el territorio de seis Estados miembros y afectaba a los tres subgrupos de productos.
Sin embargo, el Tribunal General consideró, como resulta, en particular, de los apartados 171 y 193 a 196 de la sentencia recurrida, que un coeficiente de «importe adicional» del 15 % no era desproporcionado habida cuenta de dicha infracción.
El Tribunal General, al apreciar, en el marco de su competencia jurisdiccional plena, en los apartados 189 a 199 de la sentencia recurrida, las consecuencias que había que extraer, en relación con la determinación del coeficiente de «importe adicional», de la sexta parte del cuarto motivo invocado en primera instancia, tras considerar, como resulta del apartado 192 de la sentencia recurrida, que era apropiado inspirarse en las Directrices de 2006, pudo considerar legítimamente que un coeficiente de «importe adicional» del 15 % era adecuado para sancionar la participación de la recurrente en la ejecución del cártel sólo en el territorio italiano.
A este respecto, es preciso señalar, por un lado, que el cártel de que se trata, que tiene por objeto una coordinación de precios, está comprendido en la categoría de las infracciones previstas en los puntos 23 y 25 de las Directrices de 2006, y se cuenta, por ello, entre las infracciones más graves. Por otro lado, como precisó el Tribunal General en el apartado 171 de la sentencia recurrida, tal porcentaje corresponde al porcentaje más bajo de la horquilla del 15 % al 25 % del valor de las ventas, establecida para tales infracciones en el citado punto 25 (véase la sentencia de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión,
C‑439/11 P
,
EU:C:2013:513
, apartado
).
En consecuencia, pese a que la participación de la recurrente en la infracción de que se trata sólo abarcaba el territorio italiano, el Tribunal General pudo considerar, por razón únicamente de la naturaleza de dicha infracción y sin violar el principio de proporcionalidad, que era adecuada la determinación del coeficiente de «importe adicional» en el porcentaje del 15 %.
No obstante, como sostiene en esencia la Comisión, adolecen de un error de Derecho los fundamentos jurídicos que figuran en los apartados 174, 176, 194 y 195 de la sentencia recurrida, según los cuales una infracción que abarca el territorio de seis Estados miembros y afecta a tres subgrupos de productos debe considerarse más grave que una infracción como la examinada, cometida en el territorio de un único Estado miembro y que sólo abarca dos de los tres subgrupos de productos, y que a las empresas que participaron en una infracción que abarcaba el territorio de seis Estados miembros y afectaba a los tres subgrupos de productos debía imponérseles, por ello, una multa calculada sobre la base de un coeficiente de «importe adicional» superior al 15 %.
En efecto, por lo que respecta a la determinación del coeficiente de «importe adicional», del punto 25 de las Directrices de 2006 resulta que es preciso considerar una serie de factores, en particular los que se mencionan en el punto 22 de dichas Directrices. Si bien para apreciar la gravedad de una infracción y, más tarde, determinar el importe de la multa que se ha de imponer pueden tenerse en cuenta, en particular, la extensión geográfica de la infracción y el número de subgrupos de productos que abarca, el hecho de que una infracción abarque una mayor extensión geográfica y un mayor número de productos que otra no implica necesariamente,
per se
, que esa primera infracción, considerada en conjunto, deba calificarse de más grave que la segunda y que ello justifique la determinación de un coeficiente de «importe adicional» superior al considerado para el cálculo de la multa que sancione la segunda infracción (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión,
C‑295/12 P
,
EU:C:2014:2062
, apartado
).
Así las cosas, en la medida en que la recurrente reprocha, en esencia, a la Comisión, y posteriormente al Tribunal General, haber violado el principio de igualdad de trato, primero, al no haber individualizado la multa impuesta teniendo en cuenta la gravedad relativa de su participación en la infracción respecto de la de las demás empresas interesadas y, segundo, al haber considerado, en los apartados 192 a 195 de la sentencia recurrida, el mismo coeficiente de «importe adicional» del 15 % para ella que para las empresas que participaron en la infracción única que abarcaba tres subgrupos de productos en seis Estados miembros, procede recordar que el principio de igualdad de trato constituye un principio general del Derecho de la Unión, recogido en los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De reiterada jurisprudencia se deprende que dicho principio exige que situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente y que situaciones diferentes no sean tratadas de igual manera, salvo que este trato esté objetivamente justificado (véase, en particular, la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión,
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, apartado
).
En el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, el Tribunal General está sujeto, en particular, a dicho principio. En efecto, el ejercicio de tal competencia no debe dar lugar, en el momento de determinar la cuantía de las multas que se han de imponer a las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios al artículo 101 TFUE, apartado 1, a una discriminación entre tales empresas (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker-Hannifin,
C‑434/13 P
,
EU:C:2014:2456
, apartado
).
Pues bien, como se deriva de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la toma en consideración, para apreciar la gravedad de una infracción, de diferencias entre las empresas que han participado en un mismo cártel, en particular respecto a la extensión geográfica de sus respectivas participaciones, no debe realizarse forzosamente en el marco de la determinación de los coeficientes de «gravedad de la infracción» y de «importe adicional», sino que puede llevarse a cabo en otra fase del cálculo de la multa, como en el momento del ajuste del importe de base en función de circunstancias agravantes y atenuantes, con arreglo a los puntos 28 y 29 de las Directrices de 2006 (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartados
y
, y de 11 de julio de 2013, Gosselin Group/Comisión,
C‑429/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:463
, apartados
a
).
Como observó la Comisión, tales diferencias pueden percibirse también a través del valor de las ventas considerado para calcular el importe de base de la multa, en la medida en que dicho valor refleja, en relación con cada empresa participante, la importancia de su participación en la infracción de que se trate, de conformidad con el punto 13 de las Directrices de 2006 que permite se tome como base, para el cálculo de las multas, un importe que refleje la importancia económica de la infracción y el peso de la empresa en dicha infracción (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartado
).
En consecuencia, en la medida en que queda acreditado que el importe de base de la multa impuesta a la recurrente se determinó, como resulta del considerando 1219 de la Decisión controvertida, en función del valor de las ventas realizadas por la recurrente en el territorio italiano, el Tribunal General pudo establecer, en el apartado 196 de la sentencia recurrida, sin violar el principio de igualdad de trato y para calcular la multa que se debía imponer la recurrente, un coeficiente de «importe adicional» del 15 %, porcentaje idéntico al considerado para las empresas que participaron en la infracción única que abarcaba tres subgrupos de productos y seis Estados miembros.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, de las que se desprende que la motivación adoptada por el Tribunal General en los apartados 174, 176 y 192 a 195 de la sentencia recurrida adolece de errores de Derecho, es preciso recordar que, aunque los fundamentos jurídicos de una resolución del Tribunal General revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal infracción no puede dar lugar a la anulación de dicha resolución y debe llevarse a cabo una sustitución de fundamentos de Derecho (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de junio de 1992, Lestelle/Comisión,
C‑30/91 P
,
EU:C:1992:252
, apartado
, y de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión,
C‑120/06 P y C‑121/06 P
,
EU:C:2008:476
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, es preciso desestimar, mediante una sustitución de fundamentos de Derecho, la alegación relativa a que el Tribunal General no había extraído consecuencia alguna de las declaraciones realizadas en el apartado 172 de la sentencia recurrida y había violado los principios de proporcionalidad e igualdad de trato.
De las anteriores consideraciones se desprende que procede desestimar el quinto motivo de casación por ser en parte inadmisible y en parte infundado.
Sobre el sexto motivo de casación, basado en errores cometidos en la apreciación de la falta de capacidad contributiva de la recurrente
Alegaciones de las partes
Mediante su sexto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General, en esencia, haber considerado erróneamente que la Comisión, a efectos de la aplicación del punto 35 de las Directrices de 2006, había reducido suficientemente la multa impuesta a la recurrente. Reprocha al Tribunal General haber desestimado el motivo basado en que la multa impuesta era excesiva, en los apartados 182 y 198 de la sentencia recurrida, porque la recurrente no había presentado pruebas del carácter excesivo de la multa impuesta, siendo así que había presentado pruebas suficientes que demostraban la gravedad de la situación en la que se encontraba. Añade que el Tribunal General no apreció correctamente dichas pruebas ni la situación real de la recurrente.
Según la recurrente, una apreciación diligente de su situación llevaría necesariamente a constatar la insuficiencia de la reducción que se le concedió. A este respecto, se refiere, en particular, al drástico descenso de su volumen de negocios en el período comprendido entre 2011 y 2013, a la reducción de su personal durante 2013 y a su balance provisional correspondiente a 2013.
La Comisión, por su parte, solicita que se declare la inadmisibilidad del sexto motivo de casación, que considera, además, manifiestamente infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede señalar que, en la medida en que, mediante el sexto motivo de casación, la recurrente impugna la apreciación realizada por el Tribunal General de las pruebas relativas a su capacidad contributiva y denuncia la insuficiencia de la reducción que se le concedió con arreglo al punto 35 de las Directrices de 2006, pretende obtener del Tribunal de Justicia una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas que, sin embargo, como se ha recordado en el apartado 63 de la presente sentencia, a falta de una desnaturalización de las pruebas, excede de la competencia del Tribunal de Justicia cuando se pronuncia en casación.
En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del sexto motivo de casación.
Sobre el séptimo motivo de casación, basado en la tramitación de las solicitudes de diligencias de prueba
Alegaciones de las partes
Mediante su séptimo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber desestimado las solicitudes de diligencias de prueba presentadas en primera instancia por no ser pertinentes y, más en concreto, en el apartado 201 de la sentencia recurrida, porque tales diligencias no podían modificar la declaración de que los intercambios de información comercial sensible, en particular la relativa a las previsiones de aumentos de precios entre competidores, realizados en Italia, en el seno de Euroitalia, constituían una infracción del artículo 101 TFUE. En su opinión, dichas solicitudes de diligencias de prueba habrían permitido esclarecer la situación real del mercado italiano y demostrar que la información en cuestión no constituía datos secretos.
La Comisión considera que este motivo de casación es inadmisible y, en cualquier caso, infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a la apreciación por el juez de primera instancia de las solicitudes de diligencias de ordenación del procedimiento o de prueba presentadas por una parte en un litigio, procede recordar que sólo el Tribunal General puede decidir sobre la necesidad de completar la información de que dispone en los asuntos de que conoce (véanse las sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
, y de 22 de noviembre de 2007, Sniace/Comisión,
C‑260/05 P
,
EU:C:2007:700
, apartado
). El valor probatorio o no de los documentos obrantes en autos depende de su apreciación soberana de los hechos, que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en los casos de desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal General o cuando la inexactitud material de las declaraciones del Tribunal General se desprenda de los documentos aportados a los autos (véase, en particular, la sentencia de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI,
C‑136/02 P
,
EU:C:2004:592
, apartado
).
Así pues, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, aunque una petición de examen de testigos formulada en el recurso indique con precisión los hechos en relación con los cuales procede oír al testigo o testigos y las razones que lo justifican, corresponde al Tribunal General apreciar la pertinencia de esta petición en relación con el objeto del litigio y con la necesidad de proceder al examen de los citados testigos (sentencia de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión,
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:608
, apartado
; auto de 15 de septiembre de 2005, Marlines/Comisión,
C‑112/04 P
, no publicado,
EU:C:2005:554
, apartado
, y sentencia de 22 de noviembre de 2007, Sniace/Comisión,
C‑260/05 P
,
EU:C:2007:700
, apartado
).
Por consiguiente, el Tribunal General, en el marco del ejercicio de su facultad de apreciación soberana de los hechos, pudo legítimamente considerar, en el apartado 201 de la sentencia recurrida, que los testimonios solicitados por la recurrente no podían modificar la declaración, recogida en el apartado 129 de la sentencia recurrida, de que los intercambios de información comercial sensible en cuestión, realizados en Italia, en el seno de Euroitalia, constituían una infracción del artículo 101 TFUE y que, por lo tanto, las diligencias de prueba solicitadas por la recurrente no eran necesarias.
En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del séptimo motivo de casación.
Al no haberse acogido ninguno de los motivos invocados por la recurrente, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de éste, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados todos los motivos invocados por la recurrente y al haber solicitado la Comisión la condena en costas de ésta, procede condenarla al pago de las costas correspondientes al presente recurso de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar en costas a Mamoli Robinetteria SpA.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.