CELEX: 62019CJ0014
Recurso de casación
Personal del Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE)
Agente contractual del CSUE
Denuncias por acoso laboral
Investigación administrativa
Solicitud de asistencia
Suspensión del agente
Procedimiento disciplinario
Separación del servicio del agente
Comisión de Recursos del CSUE
Atribución de una competencia exclusiva para conocer de los litigios del personal del CSUE
Recurso de anulación
Artículo 263 TFUE, párrafos primero y quinto
Recurso de indemnización
Artículo 268 TFUE
Competencia del juez de la Unión
Admisibilidad
Actos impugnables
Naturaleza contractual del litigio
Artículos 272 TFUE y 274 TFUE
Tutela judicial efectiva
Artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase
Artículo 275 TFUE, párrafo primero
Principio de igualdad de trato
Obligación de motivación que incumbe al Tribunal General
Desnaturalización de los hechos y de las pruebas
Derecho de defensa
Principio de buena administración

Mediante su recurso de casación, el Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de octubre de 2018, KF/CSUE (T‑286/15, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2018:718
), mediante la que este estimó parcialmente el recurso interpuesto por KF, en la medida en que, por una parte, anuló dos decisiones del director del CSUE, por las que, respectivamente, se suspendía y se separaba del servicio a KF, así como la decisión de la Comisión de Recursos del CSUE dictada en el mismo contencioso, y, por otra parte, condenó al CSUE a abonar a la interesada la cantidad de 10000 euros en concepto de indemnización del daño moral sufrido por esta.
Marco jurídico
El 27 de junio de 1991, el Consejo de Ministros de la Unión Europea Occidental (UEO) adoptó su decisión de creación de un centro de explotación de datos satélites, sobre la base de su Decisión de 10 de diciembre de 1990 relativa a la cooperación espacial en la UEO.
Mediante declaración de 13 de noviembre de 2000, realizada en Marsella (Francia), el Consejo de Ministros de la UEO informó del acuerdo de principio del Consejo de la Unión Europea del 10 de noviembre anterior, relativo a la creación, con forma de agencia de la Unión Europea, de un centro de satélites que incorporase los aspectos pertinentes del establecido en la UEO.
Mediante la Acción Común 2001/555/PESC del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a la creación de un centro de satélites de la Unión Europea (
DO 2001, L 200, p. 5
), se creó el CSUE, que entró en funcionamiento el 1 de enero de 2002.
Decisión 2014/401/PESC
La Decisión 2014/401/PESC del Consejo, de 26 de junio de 2014, relativa al Centro de Satélites de la Unión Europea y por la que se deroga la Acción Común 2001/555 (
DO 2014, L 188, p. 73
), establece, en su artículo 2, apartados 1 y 3, que el CSUE tiene como principales cometidos secundar la toma de decisiones y las acciones de la Unión en el ámbito de la política exterior y de seguridad común (PESC), y en particular de la política común de seguridad y defensa (PSDC), incluidas las misiones y las operaciones de gestión de crisis de la Unión, suministrando, a petición del Consejo o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, productos y servicios derivados de la explotación de los recursos espaciales y datos colaterales pertinentes, incluidas las imágenes por satélite y aéreas, y los servicios relacionados.
Conforme al artículo 7, apartado 3, de la Decisión 2014/401, el director del CSUE es el representante legal de este. En virtud de lo dispuesto en el artículo 7, apartados 4 y 6, párrafo segundo, letra e), de esta Decisión, dicho director, por un lado, es responsable de la contratación del personal restante del CSUE y, por otro, es competente para todas las cuestiones de personal.
El artículo 8 de la Decisión 2014/401 establece:
«1.   El personal del SATCEN, incluido el Director, estará formado por miembros contratados sobre la base más amplia posible de entre nacionales de los Estados miembros y por expertos en comisión de servicios.
2.   El Director nombrará a los miembros del personal contratado basándose en sus méritos y mediante procedimientos de oposición equitativos y transparentes.
[…]
5.   La Junta Directiva elaborará a propuesta del Director las normas aplicables al personal del SATCEN, cuya adopción corresponderá al Consejo.
[…]»
Estatuto del personal del CSUE
Mediante su Decisión 2009/747/PESC, de 14 de septiembre de 2009, relativa al Estatuto del personal del Centro de Satélites de la Unión Europea (
DO 2009, L 276, p. 1
), el Consejo adoptó el Estatuto del personal del Centro de Satélites de la Unión Europea, cuyo artículo 2, titulado «Disposiciones aplicables a todos los trabajadores», dispone en su apartado 1:
«Los trabajadores estarán sometidos a la autoridad del Director y le rendirán cuentas del desempeño de sus funciones. Se comprometerán a ejercer dichas funciones con la mayor diligencia y conciencia profesional.»
Según el artículo 27 del Estatuto del personal del CSUE:
«1.   Todo incumplimiento de las obligaciones a las que el agente o antiguo agente esté sometido en virtud del presente Estatuto, cometido voluntariamente o por negligencia, estará expuesto a una sanción disciplinaria.
2.   Cuando el Director tenga conocimiento de algún indicio que lleve a presumir la existencia de incumplimiento, a efectos de lo previsto en el apartado 1, podrá iniciar una investigación administrativa para verificar la existencia de tal incumplimiento.
3.   Las normas, los procedimientos y las medidas disciplinarias, y las normas relativas a la investigación administrativa se establecen en el anexo IX.»
El artículo 28 del Estatuto del personal del CSUE, titulado «Recursos», figura en el capítulo VIII de dicho Estatuto, titulado «Recursos y comisión de recursos». Dicho artículo tiene la siguiente redacción:
«1.   Las personas a las que se aplique el presente Estatuto podrán dirigirse al Director para solicitarle que adopte una decisión con respecto a ellas en lo relativo a los asuntos que contempla el presente Estatuto. El Director notificará su decisión motivada al interesado en un plazo de dos meses desde la fecha en que se presente la solicitud. Si, al término de este plazo, no ha habido respuesta a la solicitud, se considerará que se ha producido una decisión denegatoria, que podrá ser objeto de reclamación según lo establecido en los apartados siguientes.
2.   Toda persona a la que se aplique el presente Estatuto podrá presentar ante el Director una reclamación contra los actos que le sean lesivos, ya sea por resolución del Director o por la falta de adopción por parte de este de medidas que hubieran debido tomarse según el Estatuto. La reclamación deberá presentarse en un plazo de tres meses. […]
[…]
5.   Una vez agotada la primera vía de recurso (recurso de reposición), el agente podrá interponer recurso contencioso ante la Comisión de recursos del [CSUE].
La composición, el funcionamiento y el procedimiento de esta instancia se describen en el anexo X.
6.   Las resoluciones de la Comisión de recursos serán inapelables y tendrán carácter ejecutivo para ambas partes. La Comisión de recursos podrá:
a)
anular o confirmar la decisión impugnada;
b)
con carácter accesorio, condenar al [CSUE] a reparar los perjuicios materiales ocasionados al agente desde el día en que comenzó a surtir efectos la decisión anulada;
c)
decidir que el [CSUE] reembolse —hasta un límite que decidirá la propia Comisión de recursos— los gastos justificados en que haya incurrido el demandante así como los gastos de transporte y alojamiento de los testigos que hayan sido oídos. Dichos gastos se calcularán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 y en el anexo VII del presente Estatuto.»
El artículo 1, apartado 1, del anexo IX del Estatuto del personal del CSUE dispone lo siguiente:
«Siempre que una investigación interna revele la posible implicación de un agente, o de un antiguo agente, este será informado de ello sin demora, siempre que tal información no perjudique al desarrollo de la investigación. En ningún caso podrán extraerse conclusiones que se refieran nominalmente a un agente de la institución, al término de la investigación, sin que aquel haya tenido la oportunidad de expresar su opinión con respecto a los hechos que le conciernan. Las conclusiones harán referencia a tales opiniones.»
El artículo 2 del anexo IX de dicho Estatuto del personal dispone:
«Basándose en el informe de investigación, una vez se haya dado traslado al agente afectado de todos los documentos de prueba del expediente, y tras haber sido oído dicho agente, el Director podrá:
[…]
c)
en caso de incumplimiento de alguna obligación, con arreglo al artículo 27 del Estatuto:
i)
decidir incoar el procedimiento disciplinario previsto en la sección 4 del presente anexo, o
ii)
decidir incoar un procedimiento disciplinario ante el Consejo de disciplina.»
El anexo X, punto 1, del citado Estatuto del personal dispone lo siguiente:
«La Comisión de Recursos será competente para resolver los litigios que pudieran motivar la infracción del presente [Estatuto] o los contratos a que se refiere el artículo 7 del Estatuto. A tal efecto conocerá de los recursos presentados por los agentes o antiguos agentes, o por sus derechohabientes o sus representantes, contra una decisión del Director.»
El anexo X, punto 4, letra b), de dicho Estatuto del personal establece asimismo que «el demandante [ante la Comisión de Recursos] dispondrá de un plazo de veinte días —contados desde la notificación de la decisión que considere lesiva […]— para presentar una solicitud por escrito con objeto de que la Comisión de recursos anule o modifique esa decisión» y que «la solicitud se dirigirá al Jefe de la Administración y de Personal del [CSUE], que acusará recibo al agente e iniciará el procedimiento de reunión de la Comisión de recursos».
Según el anexo X, punto 2, letras a), b), d) y e), del Estatuto del personal del CSUE, la Comisión de Recursos estará compuesta por un presidente y dos miembros, que serán designados por la Junta Directiva por un período de dos años y no serán miembros del personal del CSUE, y que ejercerán sus funciones con plena independencia. La Junta Directiva fijará la retribución del presidente y de los miembros.
Antecedentes del litigio
Los antecedentes del litigio se expusieron en los apartados 17 a 46 de la sentencia recurrida. A efectos del presente procedimiento pueden resumirse como sigue.
El CSUE contrató a KF en calidad de agente contractual desde el 1 de agosto de 2009 para ocupar el puesto de jefe de la unidad administrativa de este.
En el contexto de las evaluaciones correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011, el director adjunto del CSUE detectó disfunciones en las relaciones personales en dicha división administrativa, lo que dio lugar a que se asignara a KF la calificación más baja para el ejercicio 2010. En ambas evaluaciones, a las que KF se opuso, esta pudo formular observaciones.
Mediante nota interna de 17 de octubre de 2012, en el contexto de la evaluación del ejercicio de calificación correspondiente, el director del CSUE ordenó al director adjunto que recabase información del personal relativa a la convivencia y a las relaciones personales en el CSUE. El director del CSUE indicaba en dicha nota que debía prestarse especial atención a la situación de los agentes con responsabilidades de gestión, especialmente de los jefes de unidad, identificando, en su caso, posibles situaciones de presión psicológica o de acoso en los equipos de esos agentes.
El 14 de noviembre de 2012, doce agentes suscribieron una denuncia que remitieron al director del CSUE y al director adjunto, en la que protestaban por «la difícil situación que llev[aban] viviendo desde hac[ía] más de tres años para el desempeño de [su] actividad profesional con normalidad», precisando que tal situación «[era] resultado del comportamiento y la conducta [de la jefa] de la división administrativa [KF]».
A principios de 2013, el director adjunto del CSUE dio cumplimiento a lo ordenado en la nota interna de 17 de octubre de 2012, para lo cual envió a 40 agentes pertenecientes a diversas unidades de este organismo un cuestionario de opción múltiple, solicitándoles que evaluaran la relación personal que mantenían con sus respectivos jefes de unidad. Mediante nota interna de 7 de marzo de 2013, el director adjunto del CSUE informó al director de que, a la vista de las respuestas al cuestionario, «result[aba] evidente que exist[ía] un verdadero problema de relaciones personales con la jefa de la unidad administrativa, [KF], habida cuenta de las respuestas negativas generalizadas del personal de esa unidad».
Mediante una nota interna fechada al día siguiente, el director del CSUE solicitó al director adjunto que, con arreglo al artículo 27 del Estatuto del personal del CSUE, abriese una investigación administrativa a KF.
La investigación administrativa consistió en el envío, el 12 de junio de 2013, de un cuestionario de opción múltiple a 24 agentes del CSUE, con el fin de determinar si habían sufrido determinados tipos de comportamientos por parte de KF y si ellos mismos habían experimentado las consecuencias de tales comportamientos o los habían constatado en sus colegas. Este cuestionario también ofrecía a los agentes consultados la posibilidad de aportar cualquier testimonio o prueba para corroborar sus respuestas. De los 24 agentes consultados de este modo, 18 respondieron.
Al mismo tiempo, a raíz de su evaluación correspondiente al ejercicio 2012, al término de la cual su rendimiento global había vuelto a considerarse insuficiente, KF, mediante escrito de 20 de marzo de 2013, por un lado, se opuso a dicha evaluación y, por otro, solicitó al director del CSUE que adoptara las medidas necesarias para que cesara la situación de acoso de la que se consideraba víctima.
El 2 de julio siguiente, el director adjunto del CSUE concluyó su investigación y consideró probados los hechos imputados a KF. Según el informe de investigación elaborado por él, la interesada actuó de modo «doloso, repetitivo, duradero o sistemático […] con el objetivo de desprestigiar o menospreciar a las personas afectadas», «comportamientos atribuidos a [KF] [que estaban] confirmados y, considerando su naturaleza, frecuencia y efecto en algunos miembros del personal, [eran] característicos de acoso laboral».
Al día siguiente, el director del CSUE, mediante un correo electrónico al que se adjuntaba, sin sus anexos, el informe de investigación del director adjunto, informó a KF de las conclusiones de dicho informe. Mediante este correo electrónico, se convocó también a la interesada a una entrevista, el 5 de julio de 2013, con el objeto de proseguir el procedimiento previsto en el artículo 2 del anexo IX del Estatuto del personal del CSUE.
Mediante decisión de 5 de julio de 2013, el director del CSUE tomó nota de que, al término de la investigación llevada a cabo por el director adjunto, este había llegado a la conclusión de que los comportamientos imputados a KF estaban confirmados y eran constitutivos de acoso laboral. Basándose en esta conclusión y tras oír a KF ese mismo día, decidió, por un lado, incoar un procedimiento disciplinario contra la interesada (en lo sucesivo, «decisión de apertura del procedimiento disciplinario») y, por otro lado, suspenderla del ejercicio de sus funciones, concediéndole, no obstante, el mantenimiento de su retribución (en lo sucesivo, «decisión de suspensión»).
El 23 de agosto de 2013, el director del CSUE acordó la composición del Consejo de Disciplina y la comunicó a KF.
El 28 de agosto de 2013, KF presentó una reclamación administrativa ante el director del CSUE contra, en particular, la decisión de apertura del procedimiento disciplinario, la decisión de suspensión y la decisión mediante la que supuestamente este había denegado de manera implícita su solicitud de asistencia por el acoso laboral del que se consideraba víctima. Mediante decisión de 4 de octubre de 2013, el director desestimó en su totalidad dicha reclamación. El 2 de diciembre siguiente, KF impugnó esta última decisión ante la Comisión de Recursos.
El 11 de septiembre de 2013, se determinó definitivamente la composición del Consejo de Disciplina.
El 25 de octubre de 2013, el director del CSUE presentó al Consejo de Disciplina un informe, que también remitió a KF, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 del anexo IX del Estatuto del personal del CSUE.
Mediante escrito de 28 de noviembre de 2013, el presidente del Consejo de Disciplina informó a KF de que su audiencia ante dicho Consejo tendría lugar el 13 o el 14 de enero de 2014. En este escrito, le solicitó también que hiciera llegar sus observaciones escritas al Consejo de Disciplina al menos una semana antes de la audiencia. Dado que la solicitud de KF de que se aplazara la audiencia debido a la brevedad del plazo que se le había concedido fue denegada por el presidente del Consejo de Disciplina, la interesada presentó sus observaciones escritas el 21 de diciembre de 2013.
Celebrada la audiencia finalmente el 13 de enero de 2014, el Consejo de Disciplina emitió un dictamen motivado el 4 de febrero siguiente, a tenor del cual, por una parte, se consideraba por unanimidad que KF no había cumplido sus obligaciones profesionales y, por otra parte, se recomendaba que se la degradara en el escalafón en al menos dos grados, de modo que ya no pudiera desempeñar cargos con responsabilidades directivas.
Tras oír a KF el 25 de febrero de 2014, el director del CSUE, mediante decisión del 28 de febrero siguiente, la separó del servicio por causa disciplinaria (en lo sucesivo, «decisión de separación del servicio»), decisión que debía surtir efectos transcurrido un mes a partir de su adopción.
KF presentó el 17 de abril de 2014 una reclamación administrativa contra la decisión de separación del servicio, que fue desestimada mediante decisión del director del CSUE del 4 de junio siguiente. El 12 de junio de 2014, KF impugnó la decisión de separación del servicio ante la Comisión de Recursos.
Mediante la decisión de 26 de enero de 2015 (en lo sucesivo, «decisión de la Comisión de Recursos»), notificada a KF el 23 de marzo siguiente, la Comisión de Recursos, por una parte, desestimó las pretensiones de KF de que se anulasen la decisión de apertura del procedimiento disciplinario y la decisión de suspensión, formuladas en su recurso de 2 de diciembre de 2013, mencionado en el apartado 29 de la presente sentencia, y, por otra parte, desestimó todos los motivos formulados por la interesada contra la decisión de separación del servicio, anulando parcialmente esta última por haberse fijado erróneamente la fecha en la que debía surtir efectos.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 28 de mayo de 2015, KF interpuso un recurso que tenía por objeto, por un lado, una pretensión basada en el artículo 263 TFUE por la que se solicitaba la anulación de la supuesta decisión implícita de denegación de su solicitud de asistencia, de la decisión de apertura del procedimiento disciplinario, de la decisión de suspensión, de la decisión de separación del servicio, de la decisión de desestimación de su reclamación contra la supuesta decisión denegatoria implícita de su solicitud de asistencia y de la decisión de la Comisión de Recursos (en lo sucesivo, «decisiones controvertidas»), y, por otro lado, una pretensión de indemnización basada en el artículo 268 TFUE por la que se solicitaba que se condenase al CSUE a pagarle una cantidad correspondiente a los salarios no percibidos, en concepto de perjuicio material presuntamente sufrido, y la cantidad de 500000 euros, en concepto de supuesto perjuicio moral.
En apoyo de su recurso, KF alegó, en particular, que, en primer lugar, las decisiones de los órganos del CSUE debían poder someterse a un control de legalidad por el Tribunal General con arreglo al artículo 263 TFUE, ya que se trata de actos de mera gestión del personal por parte de un organismo de la Unión, y que, de no ser así, dado que el control ejercido por la Comisión de Recursos no puede asimilarse a un control judicial, tales actos escaparían a todo control judicial, lo que sería contrario a los principios fundamentales de la Unión.
A continuación, en apoyo de sus pretensiones de anulación de la decisión denegatoria de su solicitud de asistencia, de la decisión de apertura del procedimiento disciplinario, de la decisión de suspensión y de la decisión de separación del servicio, KF formuló motivos basados, en particular, en la vulneración del principio de buena administración, del principio de imparcialidad y del principio de respeto del derecho de defensa.
Por último, en apoyo de sus pretensiones de anulación de la decisión de la Comisión de Recursos, KF alegó la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, principalmente debido a la composición de la Comisión de Recursos, que no cumplía, en su opinión, los criterios de un tribunal independiente e imparcial. Además, propuso, sobre la base del artículo 277 TFUE, una excepción de ilegalidad del artículo 28, apartado 6, del Estatuto del personal del CSUE, alegando, en esencia, que esta disposición convierte a la Comisión de Recursos en la única instancia de control de la legalidad de las decisiones del director del CSUE, sustrayendo así estas decisiones a todo control judicial.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó parcialmente el recurso interpuesto por KF, en la medida en que anuló la decisión de suspensión, la decisión de separación del servicio y la decisión de la Comisión de Recursos, y en que condenó al CSUE a abonar a KF un importe de 10000 euros en concepto de indemnización del daño moral que esta había sufrido, desestimándose el recurso en todo lo demás.
Pretensiones de las partes
El CSUE solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que:
—
Anule la sentencia recurrida.
—
Desestime el recurso interpuesto por KF.
—
Resuelva sobre las costas de conformidad con el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
El Consejo solicita, en esencia, al Tribunal de Justicia que:
—
Anule la sentencia recurrida.
—
Desestime el recurso interpuesto por KF.
—
Resuelva sobre las costas de conformidad con el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
KF solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso de casación.
—
Condene en costas al CSUE.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, el CSUE invoca cuatro motivos, basados, el primero, en la falta de competencia del Tribunal General para conocer del recurso en primera instancia; el segundo, en la inadmisibilidad de dicho recurso; el tercero, en la desnaturalización de los hechos y, el cuarto, en la vulneración del principio de buena administración y del principio de respeto del derecho de defensa.
Sobre los motivos de casación primero y segundo
Alegaciones de las partes
Mediante el primer motivo de casación, que se divide en tres partes, el CSUE reprocha al Tribunal General haberse declarado competente para conocer del recurso interpuesto por KF.
En la primera parte del primer motivo de casación, el CSUE alega, en primer lugar, que la competencia del juez de la Unión presupone, en virtud del principio de atribución consagrado en el artículo 5 TUE, que esté expresamente prevista en una disposición, lo que, en su opinión, no sucede en el presente asunto.
El CSUE añade que de la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Elitaliana/Eulex Kosovo (
C‑439/13 P
,
EU:C:2015:753
), se desprende que el juez de la Unión no es «automáticamente» competente cuando la decisión en cuestión no compromete fondos del presupuesto de la Unión, y que los ingresos del CSUE están constituidos por aportaciones de los Estados miembros.
Por último, el CSUE sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 107 de la sentencia recurrida, que el artículo 263 TFUE, párrafo quinto, no permite al Consejo sustraer, como en el artículo 28, apartado 6, del Estatuto del personal del CSUE, los litigios en los que interviene un órgano u organismo de la Unión a la competencia del juez de la Unión.
En la segunda parte del primer motivo de casación, el CSUE alega que el Tribunal General vulneró el principio de igualdad de trato al imponer, en esencia, la misma tutela judicial para los funcionarios y agentes a los que se refiere el artículo 270 TFUE, por una parte, y los agentes contractuales contratados por el CSUE, por otra, a pesar de que estas dos categorías de personal de las instituciones, órganos y organismos de la Unión se encuentran en situaciones fundamentalmente diferentes entre sí. Afirma también que, en cualquier caso, el principio de igualdad de trato solo está destinado a aplicarse a situaciones idénticas, y no a situaciones comparables a las que el Tribunal General se refirió erróneamente.
El CSUE sostiene que, por lo tanto, del principio de igualdad de trato no se desprende que todo el personal de las instituciones, órganos y organismos de la Unión deba disponer de las mismas vías de recurso en caso de litigio con su empleador. En particular, los agentes locales empleados por las instituciones de la Unión y determinados agentes contractuales cuyo contrato estipule una cláusula compromisoria que establezca la competencia de los tribunales nacionales no pueden recurrir ante el juez de la Unión.
De ello deduce el CSUE que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 96 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia derivada de la sentencia de 19 de julio de 2016, H/Consejo y otros (
C‑455/14 P
,
EU:C:2016:569
), no es aplicable por analogía al caso de autos, puesto que KF no es ni un agente en comisión de servicios de un Estado miembro ni un agente en comisión de servicios de una institución de la Unión, sino un agente contractual contratado por el CSUE. Habida cuenta de su estatuto, KF no puede compararse, en su opinión, a un agente en comisión de servicios de una institución de la Unión.
En la tercera parte del primer motivo de casación, el CSUE alega que, en cualquier caso, el Tribunal General no puede declararse competente para conocer del recurso en primera instancia basándose únicamente en un principio como el principio de igualdad de trato. En su opinión, los litigios de carácter contractual, como el controvertido en el caso de autos, solo son competencia del juez de la Unión cuando existe una cláusula compromisoria que establezca expresamente dicha competencia, con arreglo al artículo 272 TFUE. A su juicio, en el presente asunto no se estipuló ninguna cláusula compromisoria que atribuyera la competencia al juez de la Unión.
Mediante el segundo motivo de casación, el CSUE impugna la conclusión del Tribunal General según la cual los artículos 263 TFUE y 268 TFUE le proporcionan la base jurídica para declarar la admisibilidad del recurso interpuesto por KF. A su juicio, al basarse exclusivamente en la aplicación por analogía de la sentencia de 19 de julio de 2016, H/Consejo y otros (
C‑455/14 P
,
EU:C:2016:569
), para llegar a esta conclusión, el Tribunal General incumplió su obligación de motivación y, en cualquier caso, incurrió en error de Derecho.
El CSUE alega que el Tribunal General no explicó, en particular, en qué medida una aplicación por analogía de dicha sentencia permitiría considerar admisible el recurso interpuesto por KF, ya que la condición de agente del CSUE de esta impide que pueda calificarse de «tercero», en el sentido de la jurisprudencia, con respecto al CSUE. Alega también que, a diferencia de las circunstancias del asunto que dio lugar a dicha sentencia, KF no fue destinada en comisión de servicios al CSUE.
El Consejo apoya las alegaciones del CSUE.
KF rebate las alegaciones del CSUE.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, por lo que respecta a la alegación formulada en la primera parte del primer motivo de casación de que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 107 de la sentencia recurrida, que el artículo 263 TFUE, párrafo quinto, no permite al Consejo sustraer, como en el artículo 28, apartado 6, del Estatuto del personal del CSUE, los litigios en los que estén implicados un órgano u organismo de la Unión a la competencia del juez de la Unión, procede recordar que, como se desprende del artículo 2 TUE, la Unión se basa, entre otros, en los principios de igualdad y del Estado de Derecho. Pues bien, la existencia misma de un control judicial efectivo para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión es inherente a la existencia del Estado de Derecho (sentencia de 19 de julio de 2016, H/Consejo y otros,
C‑455/14 P
,
EU:C:2016:569
, apartado
).
El artículo 19 TUE, que se refiere con mayor concreción al valor del Estado de Derecho proclamado en el artículo 2 TUE, confía a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia la tarea de garantizar la plena aplicación del Derecho de la Unión en el conjunto de los Estados miembros y la tutela judicial efectiva que ese ordenamiento jurídico confiere a los justiciables, teniendo el Tribunal de Justicia la competencia exclusiva para dar la interpretación definitiva de dicho Derecho [dictamen 1/17, de 30 de abril de 2019,
EU:C:2019:341
, apartado
, y sentencia de 19 de noviembre de 2019, A. K. y otros (Independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo),
C‑585/18, C‑624/18 y C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, apartado
].
Así pues, el sistema jurisdiccional de la Unión está constituido por un conjunto completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones, de los órganos y de los organismos de la Unión (véase, en este sentido, el dictamen 1/09, de 8 de marzo de 2011,
EU:C:2011:123
, apartado
).
Las funciones atribuidas respectivamente a los órganos jurisdiccionales nacionales y al Tribunal de Justicia son esenciales para preservar la naturaleza misma del Derecho establecido por los Tratados (dictamen 1/09, de 8 de marzo de 2011,
EU:C:2011:123
, apartado
).
De ello se deduce que, si bien es cierto que, en el presente asunto, las «condiciones y procedimientos específicos» a los que se alude en el artículo 263 TFUE, párrafo quinto, permiten que una institución, un órgano o un organismo de la Unión establezca condiciones y procedimientos internos, previos a un recurso judicial, que regulan, en particular, el funcionamiento de un mecanismo de autovigilancia o el desarrollo de un procedimiento de solución amistosa, como consideró el Tribunal General en el apartado 107 de la sentencia recurrida, esas condiciones y procedimientos no pueden, contrariamente a lo que afirma el CSUE, interpretarse en el sentido de que autorizan a una institución de la Unión a sustraer litigios que implican la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión a la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y del juez de la Unión.
Pues bien, del anexo X, punto 1, del Estatuto del personal del CSUE se desprende que la Comisión de Recursos debe aplicar e interpretar dicho Estatuto del personal, que fue adoptado mediante una decisión del Consejo e incluye, por tanto, disposiciones del Derecho de la Unión. Además, a tenor del artículo 28, apartado 6, segunda frase, de dicho Estatuto del personal, las resoluciones de dicha Comisión serán «inapelables».
Por lo tanto, sin que sea necesario determinar si dicha Comisión cumple o no los criterios de un órgano jurisdiccional, procede declarar que la atribución a esta de una competencia exclusiva para interpretar y aplicar el Estatuto del personal del CSUE, tal como se establece en el artículo 28, apartado 6, segunda frase, del mismo Estatuto, es contraria, en cualquier caso, a la jurisprudencia recordada en los apartados 58 a 61 de la presente sentencia.
De ello se deduce que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 107 de la sentencia recurrida, que el artículo 263 TFUE, párrafo quinto, no puede interpretarse en el sentido de que permite al Consejo adoptar una disposición como el artículo 28, apartado 6, segunda frase, del Estatuto del personal del CSUE.
Es preciso añadir que, ciertamente, por lo que respecta, en el presente asunto, a disposiciones relativas a la PESC y a actos adoptados sobre la base de estas, ha de recordarse que el artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase, y el artículo 275 TFUE, párrafo primero, introducen una excepción a la regla de competencia general que el artículo 19 TUE confiere al Tribunal de Justicia para garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y la aplicación de los Tratados. Sin embargo, estas disposiciones deben interpretarse restrictivamente y el alcance de la excepción que establecen no puede llegar hasta el extremo de excluir la competencia del juez de la Unión para controlar la legalidad de actos de gestión de personal, como las decisiones controvertidas, según estimó fundadamente el Tribunal General en el apartado 96 de la sentencia recurrida y a lo que el CSUE no se opone (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de julio de 2016, H/Consejo y otros,
C‑455/14 P
,
EU:C:2016:569
, apartados
,
,
y
).
En segundo lugar, en la medida en que el CSUE reprocha al Tribunal General, mediante diversas alegaciones comprendidas en la primera parte del primer motivo de casación y en el segundo motivo de casación, haber declarado en la sentencia recurrida que concurrían en el caso de autos los requisitos de aplicación del artículo 263 TFUE, procede recordar que del artículo 263 TFUE, párrafo primero, resulta que el Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones, órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.
El recurso de anulación tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y la aplicación del Tratado FUE y, por tanto, sería contrario a ese objetivo interpretar restrictivamente los requisitos de admisibilidad del recurso reduciendo su alcance a las categorías de actos mencionados en el artículo 288 TFUE (sentencia de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión,
C‑506/13 P
,
EU:C:2015:562
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, constituyen actos que pueden ser objeto de un recurso de anulación todos los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión, cualesquiera que sean su naturaleza o su forma, destinados a producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, modificando sustancialmente su situación jurídica (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de diciembre de 2014, Schönberger/Parlamento,
C‑261/13 P
,
EU:C:2014:2423
, apartado
, y de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión,
C‑506/13 P
,
EU:C:2015:562
, apartado
).
De una jurisprudencia consolidada sobre la admisibilidad de los recursos de anulación se desprende asimismo que, para calificar los actos impugnados, hay que atenerse tanto a su contenido esencial como a la intención de sus autores. A este respecto, en principio, constituyen actos impugnables las medidas que fijan definitivamente la postura de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión al finalizar un procedimiento administrativo y que están destinados a producir efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses del demandante, con exclusión de las medidas intermedias cuyo objetivo es preparar la decisión definitiva, que carecen de tales efectos, y de los actos puramente confirmatorios de un acto anterior no impugnado dentro de plazo (véase la sentencia de 26 de enero de 2010, Internationaler Hilfsfonds/Comisión,
C‑362/08 P
,
EU:C:2010:40
, apartado
).
En el caso de autos, consta que todas las decisiones controvertidas fijan definitivamente, al término de procedimientos administrativos, la posición del CSUE. Por otra parte, tanto de su propia esencia como de la intención de sus autores se desprende que están destinadas a producir efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a los intereses de KF, modificando sustancialmente la situación jurídica de esta.
En estas circunstancias, procede considerar que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al declarar que esas decisiones cumplían los requisitos exigidos para ser consideradas actos impugnables, en el sentido del artículo 263 TFUE.
En particular, como señaló el Abogado General en los puntos 110 y 111 de sus conclusiones, si bien el artículo 263 TFUE, párrafo primero, limita la competencia del Tribunal de Justicia a los actos destinados a producir efectos jurídicos frente a «terceros», es jurisprudencia reiterada que con esta expresión se excluyen los actos que no constituyen actos lesivos, en la medida en que se refieren exclusivamente a la organización interna de la Administración y solo producen efectos en esa esfera interna, sin crear ningún derecho u obligación frente a terceros [véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de febrero de 1988, Les Verts/Parlamento,
190/84
,
EU:C:1988:94
, apartado
; de 6 de abril de 2000, España/Comisión,
C‑443/97
,
EU:C:2000:190
, apartado
, y de 2 de octubre de 2018, Francia/Parlamento (Ejercicio del poder presupuestario),
C‑73/17
,
EU:C:2018:787
, apartado
].
Pues bien, aunque las decisiones controvertidas se refieren a la organización interna del CSUE, se trata de actos de los que KF es destinataria, en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y que le resultan lesivos, en el sentido de la jurisprudencia recordada en los apartados 69, 70 y 73 de la presente sentencia.
Además, dado que dichas decisiones se refieren a las obligaciones recíprocas nacidas de la celebración del contrato de trabajo entre el CSUE y KF y conducen a la ruptura de la relación contractual que los vincula, no puede considerarse que el presente litigio no oponga al CSUE con un «tercero» en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo primero.
Por otra parte, no se discute que, como se desprende del apartado 122 de la sentencia recurrida, el artículo 270 TFUE no es aplicable a la situación de KF, ya que ni la Decisión 2014/401 ni el Estatuto del personal del CSUE disponen la aplicabilidad del Estatuto y del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión.
De ello se deduce que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en esencia, en el apartado 123 de la sentencia recurrida, que la relación laboral existente entre KF y el CSUE no excluía el presente litigio del ámbito de aplicación del artículo 263 TFUE, párrafo primero.
En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación del CSUE basada en la naturaleza contractual de sus relaciones con KF, de reiterada jurisprudencia se desprende que, cuando la situación jurídica del demandante se encuadra en el marco de relaciones contractuales cuyo régimen jurídico viene regulado por la ley designada por las partes contratantes, no puede aplicarse la competencia de interpretación y de aplicación de las disposiciones del Tratado FUE por el juez de la Unión en el marco del recurso de anulación, ya que tal situación es, en principio y de conformidad con el artículo 274 TFUE, competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales. Por lo tanto, cuando exista un contrato entre el demandante y una de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, el juez de la Unión solo puede conocer de un recurso basado en el artículo 263 TFUE si el acto impugnado está destinado a producir efectos jurídicos vinculantes situados en el exterior de la relación contractual entre las partes y que implican el ejercicio de prerrogativas de poder público atribuidas a la institución, órgano u organismo de la Unión contratante en su condición de autoridad administrativa (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión,
C‑506/13 P
,
EU:C:2015:562
, apartados
y
, y de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión,
C‑14/18 P
,
EU:C:2019:159
, apartados
y
).
En efecto, si el juez de la Unión se reconociera competente para conocer del contencioso relativo a la anulación de actos que se inscriben en un marco meramente contractual, no solo correría el riesgo de vaciar de contenido el artículo 272 TFUE, que permite atribuir la competencia jurisdiccional a la Unión en virtud de una cláusula compromisoria, sino también, en los casos en que el contrato no contuviera una cláusula de este tipo, el riesgo de extender su competencia jurisdiccional más allá de los límites trazados por el artículo 274 TFUE, que atribuye a los tribunales nacionales la competencia de Derecho común para conocer de los litigios en los que la Unión sea parte (sentencias de 9 de septiembre de 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Comisión,
C‑506/13 P
,
EU:C:2015:562
, apartado
, y de 28 de febrero de 2019, Alfamicro/Comisión,
C‑14/18 P
,
EU:C:2019:159
, apartado
y jurisprudencia citada).
Así pues, la renuncia por el juez de la Unión al ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 263 TFUE, cuando la situación jurídica del demandante se inscribe en el marco de relaciones contractuales, tiene por objeto garantizar una interpretación coherente de los artículos 263 TFUE, 272 TFUE y 274 TFUE y, por tanto, preservar la coherencia del sistema jurisdiccional de la Unión, que está constituido, como se recuerda en el apartado 60 de la presente sentencia, por un conjunto completo de vías de recurso y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión.
Del mismo modo, el Tribunal de Justicia ha declarado en el contexto del contencioso relativo a la responsabilidad extracontractual de la Unión que, con el fin de determinar cuál es el tribunal competente para conocer de una acción judicial concreta dirigida contra la Unión para que esta responda de un daño, ha de examinarse si dicha acción tiene por objeto exigir la responsabilidad contractual de la Unión o la responsabilidad extracontractual de esta, y que la mera invocación de normas jurídicas no derivadas de un contrato pertinente en el caso, pero que son de obligado cumplimiento para las partes, no puede llevar aparejada una modificación de la naturaleza del litigio, permitiendo así sustraerlo a la jurisdicción del tribunal competente. De otro modo, la naturaleza del litigio y, por consiguiente, el tribunal competente podrían cambiar en función de las normas que invocasen las partes, lo que iría en contra de las reglas de competencia objetiva de los diferentes tribunales (sentencia de 18 de abril de 2013, Comisión/Systran y Systran Luxembourg,
C‑103/11 P
,
EU:C:2013:245
, apartados
y
).
En consecuencia, el concepto de «responsabilidad extracontractual de la Unión», en el sentido de los artículos 268 TFUE y 340 TFUE, párrafo segundo, que reviste carácter autónomo, debe interpretarse, en principio, a la luz de su finalidad, a saber, la de permitir un reparto de las competencias entre el juez de la Unión y los tribunales nacionales (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2013, Comisión/Systran y Systran Luxembourg,
C‑103/11 P
,
EU:C:2013:245
, apartado
).
No obstante, en el presente asunto debe señalarse que, como se desprende del anterior apartado 62, el artículo 28, apartado 6, segunda frase, del Estatuto del personal del CSUE excluye expresamente cualquier control jurisdiccional por los órganos jurisdiccionales nacionales o por el juez de la Unión de las decisiones de la Comisión de Recursos y, en consecuencia, de las decisiones del director del CSUE sobre las que esta se pronuncia.
Por lo tanto, en este contexto, una renuncia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General al ejercicio de las competencias que les confieren los artículos 263 TFUE y 268 TFUE tendría como consecuencia, como señaló el Abogado General en el punto 112 de sus conclusiones, sustraer tales decisiones a control jurisdiccional alguno, ya sea el del juez de la Unión o el de los órganos jurisdiccionales nacionales, sin que esta renuncia esté justificada por el propósito de respetar el reparto de competencias entre el juez de la Unión y los órganos jurisdiccionales nacionales perseguido por el Tratado FUE.
Pues bien, en tales circunstancias, corresponde al Tribunal de Justicia y al Tribunal General ejercer las competencias que les confiere el Tratado FUE, con el fin de garantizar la existencia de un control judicial efectivo, en el sentido de la jurisprudencia recordada en los apartados 58 a 61 de la presente sentencia.
De ello se deduce que, contrariamente a lo que sostiene el CSUE, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 132 de la sentencia recurrida, que, a pesar de las relaciones contractuales existentes entre el CSUE y KF, era competente para conocer de dicho litigio en virtud de los artículos 263 TFUE y 268 TFUE.
En cuarto lugar, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 65 a 86 de la presente sentencia, la alegación formulada por el CSUE en la primera parte del primer motivo de casación basada en la vulneración del principio de atribución de competencias consagrado en el artículo 5 TUE y en la falta de utilización de fondos del presupuesto de la Unión también debe desestimarse por infundada.
En quinto lugar, por lo que respecta a la argumentación desarrollada por el CSUE en las partes segunda y tercera del primer motivo de casación y en el segundo motivo de casación, basada en la vulneración por el Tribunal General del principio de igualdad de trato, procede señalar, para empezar, que la alegación de que el Tribunal General se declaró erróneamente competente basándose exclusivamente en este principio se deriva de una lectura errónea de la sentencia recurrida.
En efecto, aunque el Tribunal General mencionó dicho principio en el contexto de los fundamentos de Derecho que expuso, se desprende inequívocamente, en particular de los apartados 99, 103 y 120 de la sentencia recurrida, que el Tribunal General se declaró competente para conocer del recurso interpuesto por KF sobre la base de los artículos 263 TFUE y 268 TFUE.
A continuación, ha de recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté objetivamente justificado (sentencia de 3 de diciembre de 2019, República Checa/Parlamento y Consejo,
C‑482/17
,
EU:C:2019:1035
, apartado
).
Por lo tanto, el CSUE tampoco puede sostener que este principio solo se aplica a situaciones idénticas.
Por último, en lo que atañe a la comparación entre la situación de los agentes contractuales del CSUE, como KF, por una parte, y la de los expertos, funcionarios y agentes en comisión de servicios de los Estados miembros o de la Unión, por otra, es preciso señalar que el Tribunal General declaró, en los apartados 95 a 98 de la sentencia recurrida, que el presente litigio se asemeja a los litigios entre una institución, un órgano o un organismo de la Unión no comprendido en la PESC y alguno de sus funcionarios o agentes, y que no cabe considerar que la excepción a la competencia del juez de la Unión prevista en el artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, última frase, y en el artículo 275 TFUE, párrafo primero, que debe interpretarse restrictivamente, llegue hasta el extremo de excluir la competencia del juez de la Unión para controlar la legalidad de actos como las decisiones controvertidas.
A este respecto, procede señalar que, como resulta de la apreciación que figura en los apartados 71, 72, 74 a 77 y 86 de la presente sentencia, estas situaciones son perfectamente comparables entre sí.
Además, el Tribunal General también consideró fundadamente, en los apartados 102 y 103 de la sentencia recurrida, que, si bien la vinculación inicial del CSUE a la UEO, que es una organización internacional intergubernamental, había implicado, en el pasado, que la situación del personal del CSUE no podía asimilarse a la de los agentes de la Comunidad Europea, no sucede así desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, puesto que los litigios entre el CSUE y su personal dan lugar desde esa fecha a una situación comparable a la de los litigios entre los agentes de la Unión y su empleador.
Por consiguiente, el Tribunal General no vulneró el principio de igualdad de trato al declararse competente para controlar la legalidad de actos de gestión de personal como las decisiones controvertidas.
En sexto y último lugar, por lo que respecta a la supuesta falta de motivación de la sentencia recurrida, invocada en el segundo motivo de casación, basta con recordar que, según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivación no exige al Tribunal General que elabore una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio. La motivación puede ser, pues, implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones por las que el Tribunal General no acogió sus argumentos y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control (sentencia de 9 de marzo de 2017, Ellinikos Chrysos/Comisión,
C‑100/16 P
,
EU:C:2017:194
, apartado
).
En el caso de autos, la motivación que figura en los apartados 80 a 114, 119 a 123 y 125 a 131 de la sentencia recurrida permite al CSUE comprender las razones por las que el Tribunal General rechazó sus alegaciones basadas tanto en su falta de competencia para conocer del recurso en primera instancia como en la inadmisibilidad de dicho recurso, y permite al Tribunal de Justicia ejercer su control.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundados los motivos de casación primero y segundo.
Sobre el tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
El CSUE reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado los hechos al considerar que el recurso al cuestionario de opción múltiple utilizado en una investigación administrativa constituía un procedimiento manifiestamente inadecuado para determinar la realidad de los hechos y para evaluar el comportamiento de KF, cuando las entrevistas bilaterales habrían podido constituir un medio más adecuado a este respecto. Según el CSUE, las personas que cumplimentaron dicho cuestionario ya habían sido oídas, entre los meses de enero y febrero de 2013, en otra investigación relativa a la convivencia y a las relaciones personales en el CSUE. Además, también se celebraron entrevistas bilaterales durante la propia investigación administrativa.
A juicio del CSUE, el Tribunal General también desnaturalizó los hechos al considerar que las decisiones se basaban únicamente en acusaciones que designaban categorías generales de comportamiento, sin que se identificara la existencia de un acontecimiento o de un comportamiento concreto que pudiera calificarse de «acoso». Según el CSUE, se adjuntaron al informe de investigación de 2 de julio de 2013 testimonios escritos y detallados, que no fueron tomados en consideración por el Tribunal General, de manera que este no tuvo en cuenta todos los documentos en los que se basó el director adjunto del CSUE para llegar a sus conclusiones.
El Consejo apoya las alegaciones del CSUE.
KF rebate las alegaciones del CSUE.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el Tribunal General, por una parte, es el único competente para determinar los hechos, salvo en los casos en que la inexactitud material de sus comprobaciones se desprenda de los documentos que obran en autos, y, por otra parte, es el único competente para apreciar estos hechos (sentencia de 8 de marzo de 2016, Grecia/Comisión,
C‑431/14 P
,
EU:C:2016:145
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por lo tanto, la apreciación de los hechos, salvo en el caso de desnaturalización de los elementos de prueba aportados ante el Tribunal General, no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia (sentencia de 8 de marzo de 2016, Grecia/Comisión,
C‑431/14 P
,
EU:C:2016:145
, apartado
y jurisprudencia citada).
Cuando un recurrente alega una desnaturalización de las pruebas por parte del Tribunal General, el artículo 256 TFUE, el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia le obligan a indicar con precisión las pruebas que en su opinión desnaturalizó el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que, a su juicio, llevaron al Tribunal General a incurrir en esa desnaturalización. Por otra parte, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que la desnaturalización debe resultar manifiesta a la vista de los documentos que obran en autos, sin necesidad de efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (sentencia de 8 de marzo de 2016, Grecia/Comisión,
C‑431/14 P
,
EU:C:2016:145
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, procede recordar que, contrariamente a lo que sostiene el CSUE, el informe de investigación de 2 de julio de 2013 no contiene ningún anexo que corrobore las respuestas de las personas consultadas ni otras pruebas, ya que estas respuestas y pruebas solo se adjuntaron al informe que se sometió al Consejo de Disciplina el 25 de octubre siguiente.
Por lo que se refiere al contenido de dicho informe de investigación, de él se desprende expresa e inequívocamente, en primer lugar, que el resultado de las audiencias efectuadas entre los meses de enero y febrero de 2013 contribuyó ciertamente a la apertura de la investigación administrativa, pero que estas no formaban parte de esa investigación; en segundo lugar, que dicho informe de investigación se basaba exclusivamente en los testimonios escritos y firmados de personas que fueron interrogadas mediante un cuestionario de opción múltiple y, por último, que las conclusiones del mismo informe de investigación se basaban únicamente en consideraciones relativas a categorías generales de comportamiento imputado a KF en ese cuestionario, sin mencionar elementos precisos que resultaran de las respuestas de los agentes a dos preguntas abiertas de dicho cuestionario, como señaló el Tribunal General en el apartado 204 de la sentencia recurrida.
Además, de los apartados 200 a 206 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General no ignoró, como sugiere el CSUE, las respuestas detalladas dadas por las personas consultadas, sino que censuró la investigación administrativa debido al carácter inadecuado del cuestionario de opción múltiple que había constatado y que, a su juicio, debía afectar también necesariamente al contenido de las respuestas dadas por las personas consultadas a las preguntas abiertas de dicho cuestionario.
Por consiguiente, dado que no resulta manifiestamente desnaturalización alguna de los documentos que obran en autos, procede desestimar el tercer motivo de casación por infundado.
Sobre el cuarto motivo de casación
Alegaciones de las partes
El CSUE sostiene, en primer lugar, que el derecho de la persona sometida a una investigación administrativa por acoso laboral a presentar sus observaciones antes de la conclusión de dicha investigación puede limitarse para proteger los intereses de terceros implicados, en especial para evitar represalias. En su opinión, en el caso de autos la limitación de este derecho era necesaria, habida cuenta, en particular, del gran número de denuncias y de tamaño pequeño del CSUE. Considera, además, que, en cualquier caso, las distintas entrevistas previas, sobre todo las que se desarrollaron en el contexto de las evaluaciones anuales, en las que KF pudo formular observaciones, deben considerarse suficientes para garantizar el derecho de la interesada a ser oída.
En segundo lugar, el CSUE sostiene que ni del Estatuto del personal del CSUE ni de la jurisprudencia se desprende que deba respetarse un plazo concreto entre la convocatoria a la entrevista que debe celebrarse antes de la apertura de un procedimiento disciplinario y la celebración de dicha entrevista. Afirma que, en cualquier caso, el plazo concedido a KF para prepararse para dicha entrevista debería haberse apreciado a la luz del principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta, en particular, los hechos graves imputados a la interesada y la urgencia que de ellos se derivaba. Además, considera que la decisión de incoar un procedimiento disciplinario no constituye un acto lesivo.
Por último, según el CSUE, debido al amplio margen de apreciación de que disponía su director, este podía, al ponderar los intereses en juego, hacer prevalecer los derechos e intereses de las personas que habían presentado las denuncias por acoso sobre el derecho de KF a acceder a los documentos del expediente antes de la adopción de la decisión de incoar un procedimiento disciplinario, ya que el riesgo de represalias contra esas personas era demasiado elevado y se mantuvo incluso después de finalizar la investigación administrativa llevada a cabo.
El Consejo apoya las alegaciones del CSUE.
KF rebate las alegaciones del CSUE.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, titulado «Derecho a una buena administración», dispone en su apartado 1 que toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable.
El artículo 41, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales establece que el derecho a una buena administración incluye en particular, en primer lugar, el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra suya una medida individual que la afecte desfavorablemente; en segundo lugar, el derecho de toda persona a acceder al expediente que le concierna, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del secreto profesional y comercial, y, por último, la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones.
En particular, el derecho a ser oído garantiza a cualquier persona la posibilidad de expresar de manera útil y efectiva su punto de vista durante el procedimiento administrativo y antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar desfavorablemente a sus intereses (sentencia de 4 de abril de 2019, OZ/BEI,
C‑558/17 P
,
EU:C:2019:289
, apartado
).
A este respecto, del artículo 1, apartado 1, del anexo IX del Estatuto del personal del CSUE se desprende que en ningún caso podrán extraerse conclusiones que se refieran nominalmente a un agente al término de una investigación interna sin que este haya tenido la oportunidad de expresar su opinión con respecto a los hechos que le conciernan.
Por otra parte, en virtud del artículo 2 de dicho anexo IX, el director del CSUE solo podrá decidir, basándose en el informe de investigación, la posible incoación de un procedimiento disciplinario una vez se haya dado traslado al agente afectado de todos los documentos de prueba del expediente y después de haber oído a este.
En el presente asunto, de ello se deduce que el director adjunto del CSUE, antes de presentar sus recomendaciones al director y, en cualquier caso, el propio director, antes de adoptar una decisión que afectara desfavorablemente a KF, estaban obligados a respetar su derecho a ser oída (véase, por analogía, la sentencia de 4 de abril de 2019, OZ/BEI,
C‑558/17 P
,
EU:C:2019:289
, apartado
).
En particular, KF tenía derecho, para poder presentar útilmente sus observaciones, a que se le comunicara, al menos, un resumen de las declaraciones de las diferentes personas consultadas, puesto que el director adjunto del CSUE había utilizado tales declaraciones en su informe de investigación para formular recomendaciones al director del CSUE, a la vista de las cuales este había decidido incoar un procedimiento disciplinario contra KF, y la comunicación de dicho resumen debía realizarse respetando, en su caso, los intereses legítimos de confidencialidad (véase, por analogía, la sentencia de 4 de abril de 2019, OZ/BEI,
C‑558/17 P
,
EU:C:2019:289
, apartado
).
Además, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que, cuando la duración del procedimiento no está fijada por un precepto del Derecho de la Unión, el carácter «razonable» del plazo utilizado por la institución, el órgano o el organismo de la Unión para adoptar el acto de que se trate debe apreciarse en función de todas las circunstancias propias de cada asunto y, en particular, de la trascendencia del litigio para el interesado, de la complejidad del asunto y del comportamiento de las partes en liza (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de febrero de 2013, Reexamen Arango Jaramillo y otros/BEI,
C‑334/12 RX‑II
,
EU:C:2013:134
, apartado
).
Por consiguiente, como señaló el Abogado General en los puntos 154, 156 y 158 de sus conclusiones, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho alguno al declarar, en los apartados 216 y 219 a 223 de la sentencia recurrida, en primer lugar, que incumbía al director adjunto del CSUE y a su director oír debidamente a KF antes de la adopción tanto del informe de investigación como de la decisión de incoar un procedimiento disciplinario contra ella; en segundo lugar, que, a tal fin, estos debían comunicar a la interesada los hechos que la concernían y concederle un plazo razonable para preparar sus observaciones y, por último, que esa comunicación debía realizarse, al menos, mediante un resumen de las declaraciones de las distintas personas consultadas, que había de elaborarse respetando los posibles intereses legítimos de confidencialidad de esos testigos.
Además, como se ha recordado en el apartado 104 de la presente sentencia, salvo en caso de desnaturalización de las pruebas aportadas ante el Tribunal General, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. Pues bien, dado que el CSUE no alega ninguna desnaturalización de las pruebas, debe declararse la inadmisibilidad de sus pretensiones, toda vez que requerirían que el Tribunal de Justicia llevara a cabo a una nueva apreciación de los hechos relativos a la ponderación de los intereses en juego y al carácter razonable del plazo concedido a KF para prepararse para su entrevista con el director del CSUE.
En virtud de las consideraciones anteriores, no cabe acoger el cuarto motivo de casación.
Habida cuenta de todas las consideraciones expuestas, procede desestimar el recurso de casación.
Costas
A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
Conforme al artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
En virtud del artículo 184, apartado 4, del mismo Reglamento de Procedimiento, cuando no sea ella misma la parte recurrente en casación, una parte coadyuvante en primera instancia solo podrá ser condenada en costas en casación si hubiera participado en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento seguido ante el Tribunal de Justicia. Cuando dicha parte participe en el procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá decidir que cargue con sus propias costas.
Por haber sido desestimados los motivos formulados por el CSUE y haber solicitado KF su condena en costas, procede condenarlo a cargar con sus propias costas y con las de KF.
Dado que el Consejo ha participado en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, procede decidir que, en las circunstancias del caso de autos, cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar al Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE) a cargar con sus propias costas y con las de KF.

3)
El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.