CELEX: 62019TJ0259
Política exterior y de seguridad común
Medidas restrictivas adoptadas contra Siria
Congelación de fondos
Error de apreciación
Proporcionalidad
Derecho de propiedad
Derecho a ejercer una actividad económica
Desviación de poder
Obligación de motivación
Derecho de defensa
Derecho a un proceso equitativo
Derecho a la tutela judicial efectiva

)
Antecedentes del litigio y hechos posteriores a la interposición del recurso
[
omissis
]
Mediante la Decisión de Ejecución (PESC) 2019/87 del Consejo, de 21 de enero de 2019, por la que se aplica la Decisión 2013/255 (
DO 2019, L 18
I, p. 13), y mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/85 del Consejo, de 21 de enero de 2019, por el que se aplica el Reglamento n.
o
36/2012 (
DO 2019, L 18
I, p. 4) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos iniciales»), se incluyó el nombre de la demandante en la línea 73 del cuadro B de las listas de nombres de las personas, entidades y organismos objeto de las medidas restrictivas que figuran en el anexo I de la Decisión 2013/255 y en el anexo II del Reglamento n.
o
36/2012 (en lo sucesivo, conjuntamente, «listas controvertidas»), con indicación de los motivos siguientes:
«Aman [Dimashq] es una empresa conjunta de 18,9 millones de dólares estadounidenses entre Damascus Cham [Holding] y Aman [Holding]. Con su participación en la construcción de Marota City, complejo de lujo respaldado por el régimen, Aman [Dimashq] apoya el régimen sirio y/o se beneficia de él.»
[
omissis
]
Mediante escrito de 26 de marzo de 2019, los representantes de la demandante se opusieron a la inclusión del nombre de esta en las listas controvertidas y solicitaron al Consejo que les transmitiera los documentos en los que se fundaba dicha inclusión. Mediante escritos de 2 y 12 de abril de 2019, los representantes de la demandante reiteraron su solicitud al Consejo con el fin de tener acceso a los documentos en los que se fundaba la inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas antes de interponer la demanda origen de las presentes actuaciones.
Mediante escrito de 13 de mayo de 2019, por un lado, el Consejo indicó a los representantes de la demandante que, en esencia, sus observaciones no alcanzaban a poner en entredicho la decisión de incluir el nombre de esta en las listas controvertidas. Por otro lado, el Consejo les transmitió el documento con la referencia WK 54/2019 INIT, fechado el 28 de febrero de 2019, que incluía los elementos de prueba invocados para sustentar los motivos de dicha inclusión.
El 17 de mayo de 2019, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2019/806, por la que se modifica la Decisión 2013/255 (
DO 2019, L 132, p. 36
), que prorrogó la aplicación de esta última Decisión hasta el 1 de junio de 2020. Ese mismo día, el Consejo adoptó también el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/798, por el que se aplica el Reglamento n.
o
36/2012 (
DO 2019, L 132, p. 1
) (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos de mantenimiento de 2019»).
[
omissis
]
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 15 de abril de 2019, la demandante interpuso el presente recurso, que tiene por objeto la anulación de los actos iniciales en la medida en que dichos actos la afecten.
Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de julio de 2019, la demandante, sobre la base del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, adaptó la demanda, de suerte que también tiene por objeto la anulación de los actos de mantenimiento de 2019 en la medida en que dichos actos la afecten. La demandante reiteró igualmente las pretensiones que figuraban en la demanda.
El 8 de agosto de 2019, el Consejo presentó en la Secretaría del Tribunal su escrito de contestación y sus observaciones sobre el primer escrito de adaptación.
El escrito de réplica se presentó el 1 de octubre de 2019.
Mediante decisión de 17 de octubre de 2019, el Presidente del Tribunal, con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, reasignó el asunto a un nuevo Juez Ponente, adscrito a la Sala Cuarta.
El escrito de dúplica se presentó el 8 de enero de 2020.
La fase escrita del procedimiento se dio por terminada el 8 de enero de 2020.
En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89, apartado 3, letras a) y d), del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal instó, el 23 de julio de 2020, a las partes a que respondieran a una serie de preguntas y presentaran determinados documentos. Las partes respondieron a las preguntas y dieron cumplimiento al requerimiento de presentación de documentos en el plazo señalado.
Mediante escrito separado presentado en la Secretaría del Tribunal el 13 de agosto de 2020, la demandante adaptó por segunda vez la demanda, sobre la base del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento, de suerte que esta tiene también por objeto la anulación de los actos de mantenimiento de 2020 en la medida en que dichos actos la afecten. La demandante reiteró igualmente las pretensiones que figuraban en la demanda y en el primer escrito de adaptación y presentó nuevas alegaciones.
En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89, apartado 3, letra d), del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal instó al Consejo, el 30 de septiembre de 2020, a que presentara un documento. El Consejo dio cumplimiento al requerimiento de presentación de documentos en el plazo señalado. La demandante no formuló observaciones sobre la respuesta del Consejo a dicha diligencia de ordenación del procedimiento.
En la vista celebrada el 21 de octubre de 2020, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal. En la misma vista, el Consejo presentó igualmente sus observaciones sobre el segundo escrito de adaptación. En particular, el Consejo se remitió a los motivos y alegaciones expuestos en el escrito de contestación y en la dúplica.
La demandante solicita al Tribunal que:
–
Anule los actos iniciales, los actos de mantenimiento de 2019 y los actos de mantenimiento de 2020 (en lo sucesivo, conjuntamente, «actos impugnados») en la medida en que la afecten;
–
Condene en costas al Consejo.
El Consejo solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
–
Con carácter subsidiario, en el supuesto de que el Tribunal anule los actos impugnados en la medida en que afecten a la demandante, ordene el mantenimiento de los efectos de la Decisión de Ejecución 2019/87 y de las Decisiones 2019/806 y 2020/719 en la medida en que afecten a la demandante, hasta que surta efectos la anulación de los Reglamentos de Ejecución 2019/85, 2019/798 y 2020/716 en la medida en que afecten a la demandante.
Fundamentos de Derecho
[
omissis
]
Sobre el sexto motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa, del derecho a un proceso equitativo y del derecho a la tutela judicial efectiva
La demandante sostiene, en esencia, que los actos impugnados vulneran su derecho de defensa y su derecho a un proceso equitativo tal como se establecieron en el artículo 48, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y en el artículo 6, apartado 3, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, por cuanto el Consejo no le dio audiencia antes de adoptar los referidos actos, así como su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta.
En primer lugar, la demandante alega, a este respecto, que, habida cuenta de que no fue oída antes de la adopción de los actos impugnados, no pudo ejercer eficazmente su derecho de defensa. Más concretamente, la demandante sostiene que el derecho a ser oído exige que pueda dar a conocer su punto de vista sobre la realidad y la pertinencia de los hechos alegados y sobre las pruebas aportadas contra ella antes de que se adopte la medida controvertida. Además, según la demandante, no existía urgencia ni riesgo alguno de que pusiera en peligro la eficacia de la medida por el hecho de que se le diera audiencia antes de la adopción de los actos impugnados, mientras que era indudable que la adopción de dichos actos implicaba con toda seguridad una pérdida para ella. La demandante entiende que el Consejo le denegó el acceso al expediente probatorio destinado a fundar la inclusión de su nombre en las listas controvertidas intencionadamente, vulnerando por tanto su derecho de defensa.
En segundo lugar, la demandante sostiene, en esencia, que, en virtud de su derecho a la tutela judicial efectiva, solicitó al Consejo que le concediera lo antes posible el acceso a toda la información y a todos los documentos en los que se fundaba la adopción de los actos iniciales contra ella. La demandante añade que, pese a haber formulado su solicitud ante el Consejo el 26 de marzo de 2019, y después en otras dos ocasiones, el 2 y el 12 de abril de 2019, no recibió el expediente probatorio que la concernía antes de interponer el presente recurso. A este respecto, afirma que la falta de transmisión del expediente probatorio que la concernía demuestra que, antes de la adopción de los actos iniciales, el Consejo no disponía de ningún documento o prueba material que sustentase la motivación presentada en esos actos, a pesar de que está obligado a elaborar un expediente antes de decidir imponer medidas restrictivas. Sostiene además que el hecho de que se le transmitiera después de la interposición del presente recurso es prueba de que el documento WK 54/2019 INIT fue creado artificialmente para traerlo al litigio. Así pues, según la demandante, los motivos de inclusión de su nombre en las listas controvertidas carecen de fundamento y son, por tanto, ilegales. En la vista, la demandante sostuvo que el Consejo le había remitido el documento WK 54/2019 INIT tardíamente y cuando ya se había presentado la demanda origen de las presentes actuaciones.
El Consejo rebate las alegaciones de la demandante.
Procede recordar que el derecho de defensa comprende en particular el derecho a ser oído y el derecho a acceder al expediente, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad proclamados en el artículo 41, apartado 2, letras a) y b), de la Carta (véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por otra parte, el derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado en el artículo 47 de la Carta, exige que el interesado pueda conocer los motivos de la resolución adoptada con respecto a él, bien mediante la lectura de la propia resolución, bien mediante la notificación de la motivación de esta efectuada a petición suya, sin perjuicio de la facultad del juez competente de exigir a la autoridad de que se trate que comunique tal motivación, a fin de permitir que el interesado defienda sus derechos en las mejores condiciones posibles y decida con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez competente, así como para poner a este último en condiciones de ejercer plenamente el control de la legalidad de la resolución de que se trate (véanse las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 21 de enero de 2016, Makhlouf/Consejo,
T‑443/13
, no publicada,
EU:T:2016:27
, apartado
).
El artículo 52, apartado 1, de la Carta admite sin embargo limitaciones al ejercicio de los derechos que esta consagra, siempre que tales limitaciones respeten el contenido esencial del derecho fundamental de que se trate y que, ateniéndose al principio de proporcionalidad, sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión (véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
y jurisprudencia citada).
La existencia, en fin, de una violación del derecho de defensa y del derecho a una tutela judicial efectiva debe apreciarse en función de las circunstancias específicas de cada asunto, y en particular de la naturaleza del acto de que se trate, del contexto en que se adoptó y de las normas jurídicas que regulan la materia correspondiente (véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
y jurisprudencia citada).
[
omissis
]
En primer lugar, por lo que respecta a la primera alegación, basada en que la demandante no fue oída antes de la adopción de los actos impugnados y en que no pudo ejercer eficazmente su derecho de defensa, ha de recordarse que el juez de la Unión distingue entre, por una parte, la inclusión inicial del nombre de una entidad en las listas en las que se imponen medidas restrictivas y, por otra parte, el mantenimiento del nombre de esa entidad en dichas listas (sentencia de 30 de abril de 2015, Al-Chihabi/Consejo,
T‑593/11
,
EU:T:2015:249
, apartado
).
[
omissis
]
En segundo término, en cuanto a los actos de mantenimiento de 2019 y los actos de mantenimiento de 2020, conviene recordar que, en el caso de los actos por los que se mantiene el nombre de una persona o entidad que ya figuraba en las listas en las que se imponen medidas restrictivas, un efecto sorpresa ya no es necesario para garantizar la eficacia de dichas medidas, de modo que, en principio, antes de que se adopten tales actos es preciso comunicar a la persona o entidad afectada las pruebas de cargo y darle la oportunidad de ser oída (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran,
C‑27/09 P
,
EU:C:2011:853
, apartado
).
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha subrayado que resulta fundamental y esencial para el derecho de defensa la protección que confieren el requisito de comunicar las pruebas de cargo y el derecho de presentar observaciones antes de la adopción de un acto por el que se mantiene el nombre de una persona o una entidad en una lista de personas o entidades objeto de medidas restrictivas. Ello resulta especialmente cierto en el presente asunto, en el que las medidas restrictivas tienen gran repercusión en los derechos y libertades de las personas y grupos a los que se aplican (sentencia de 21 de diciembre de 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran,
C‑27/09 P
,
EU:C:2011:853
, apartado
).
En efecto, con la regla que obliga a ofrecer al destinatario de una decisión lesiva la oportunidad de formular sus observaciones antes de la adopción de la decisión se pretende que la autoridad competente pueda tomar en consideración oportunamente todos los datos pertinentes. Para garantizar una protección efectiva del destinatario, el objetivo principal de dicha regla es que este último pueda corregir un error o invocar datos relativos a su situación personal que militen en favor de que se adopte la decisión, de que no se adopte o de que tenga un contenido u otro (sentencia de 21 de diciembre de 2011, Francia/People’s Mojahedin Organization of Iran,
C‑27/09 P
,
EU:C:2011:853
, apartado
).
No obstante, si el mantenimiento del nombre de la persona o la entidad de que se trate en una lista de personas o entidades objeto de medidas restrictivas se funda en los mismos motivos que los que justificaron la adopción del acto inicial sin que se hayan invocado nuevas pruebas que le conciernan, el Consejo no está obligado, en virtud del derecho a ser oído, a comunicarle de nuevo las pruebas de cargo invocadas (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de abril de 2016, Central Bank of Iran/Consejo,
C‑266/15 P
,
EU:C:2016:208
, apartados
y
y jurisprudencia citada). La comunicación de las pruebas de cargo se impone, en cambio, si existe cualquier nuevo elemento que hubiera llevado al Consejo a actualizar la información relativa a la situación personal de la persona o entidad de que se trate o a la situación política y de seguridad del país frente al que se adoptó el régimen de medidas restrictivas (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2020, Kande Mupompa/Consejo,
T‑170/18
,
EU:T:2020:60
, apartado
).
En el presente asunto, por un lado, en lo que respecta a los actos de mantenimiento de 2019, debe recordarse, como se ha señalado en el apartado 67 de la presente sentencia, que la adopción de esos actos, en principio, debía ir precedida de una comunicación de las pruebas de cargo y de la concesión a la demandante de la posibilidad de ser oída.
A este respecto, es pertinente señalar que, mediante escrito de 26 de marzo de 2019, la demandante presentó una primera solicitud de acceso al documento que contenía las pruebas en que se sustentaban los motivos de inclusión de su nombre en las listas controvertidas. Los días 2 y 12 de abril de 2019, reiteró su solicitud. El Consejo atendió dicha solicitud el 13 de mayo de 2019, es decir, en el plazo de un mes y tres semanas después de la primera solicitud de acceso y cuatro días antes de la adopción de los actos de mantenimiento de 2019.
Pues bien, procede recordar que, cuando lo solicite el interesado, el Consejo estará obligado a facilitar, en un plazo razonable, el acceso a todos los documentos administrativos no confidenciales (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2013, Bank Kargoshaei y otros/Consejo,
T‑8/11
, no publicada,
EU:T:2013:470
, apartados
y
).
Se ha de considerar que, en las circunstancias del presente asunto, el Consejo no transmitió el documento WK 54/2019 INIT en un plazo razonable. En efecto, al dar traslado de dicho documento a la demandante solo cuatro días antes de la adopción de los actos de mantenimiento de 2019, el Consejo le concedió un lapso de tiempo demasiado corto para que pudiera presentar eficazmente las eventuales observaciones. No garantizó, pues, que se verificara eficazmente la audiencia de la demandante. Además, aun considerando que la demandante hubiera tenido tiempo de presentar sus observaciones al Consejo en el tiempo que le quedaba antes de la adopción de dichos actos, el tiempo que restaba para que el Consejo examinara con la diligencia debida tales observaciones era demasiado breve. De esta manera, la protección fundamental y esencial del derecho de defensa que garantizan tanto la comunicación de las pruebas de cargo como el derecho a presentar observaciones sobre estas últimas antes de la adopción de los actos de mantenimiento de 2019, tal como se ha recordado mediante la jurisprudencia citada en los apartados 67 y 69 de la presente sentencia, se vio comprometida al habérsele transmitido a la demandante el expediente que contenía dichas pruebas de forma tardía.
De ello se sigue que el documento que contenía las pruebas destinadas a sustentar los motivos de inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas se transmitió demasiado tarde, teniendo en cuenta la fecha en que se adoptaron los actos de mantenimiento de 2019, de suerte que se vulneró su derecho de defensa en el sentido expresado.
Ahora bien, las consideraciones anteriores no permiten concluir que la comunicación tardía a la demandante, por el Consejo, de las pruebas mencionadas en el apartado 74 de la presente sentencia, antes de que el Consejo adoptara los actos de mantenimiento de 2019, implica la anulación de estos últimos. En efecto, incumbe al juez de la Unión, cuando considere que concurre una irregularidad que afecta al derecho de defensa, verificar si, en función de las circunstancias de hecho y de Derecho específicas del caso, de no haberse producido esa irregularidad, el proceso hubiera podido concluir con un resultado diferente por cuanto la demandante habría podido preparar mejor su defensa de no ser por esa irregularidad (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de septiembre de 2015, First Islamic Investment Bank/Consejo,
T‑161/13
,
EU:T:2015:667
, apartado
; de 15 de junio de 2017, Kiselev/Consejo,
T‑262/15
,
EU:T:2017:392
, apartado
, y de 13 de septiembre de 2018, VTB Bank/Consejo,
T‑734/14
, no publicada,
EU:T:2018:542
, apartados
y
).
En el presente asunto, la demandante no ha explicado cuáles son los argumentos o las pruebas que habría podido invocar si hubiera recibido antes los documentos en cuestión, y tampoco ha demostrado que esos argumentos o esas pruebas hubiesen podido conducir, en su caso, a un resultado diferente.
En consecuencia, la vulneración del derecho de defensa de la demandante no lleva aparejada, en las circunstancias del caso de autos, la anulación de los actos de mantenimiento de 2019.
[
omissis
]
Por lo tanto, debe desestimarse la primera alegación de la demandante.
En segundo lugar, la demandante alega, en esencia, que el Consejo, al no permitirle acceder «lo antes posible» al expediente que contenía la información y las pruebas en que se fundaba la inclusión de su nombre en los actos iniciales y en los actos de mantenimiento de 2019, vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva.
La demandante sostiene, primeramente, que la falta de comunicación oportuna del expediente que contenía la información y las pruebas destinadas a sustentar la inclusión y el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas demuestra que, antes de la adopción de los actos iniciales, el Consejo no disponía de ningún documento o prueba material que sirviera para fundamentar los motivos de inclusión.
En el presente asunto, la primera página del documento WK 54/2019 INIT, que contiene las pruebas destinadas a sustentar los motivos de inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas, indica la fecha de 28 de febrero de 2019, mientras que los actos iniciales, en los que se incluye por primera vez el nombre de la demandante en dichas listas, fueron adoptados el 21 de enero de 2019. Dicho de otro modo, en la primera página del documento WK 54/2019 INIT consta una fecha posterior a la fecha de adopción de los actos iniciales.
En respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento adoptadas por el Tribunal para confirmar que en el momento en que se adoptaron los actos iniciales existía un expediente probatorio, el Consejo sostiene que el documento WK 54/2019 INIT indica la fecha de 28 de febrero de 2019 debido a un problema técnico, relacionado con el hecho de que dicho documento se presentó ese día en los archivos electrónicos. El Consejo indicó que las pruebas que figuraban en el documento WK 54/2019 INIT formaban parte de la propuesta de inclusión del nombre de la demandante en las listas anexas a los actos iniciales. El Consejo presentó a tal efecto el documento ST 10250/20, de 15 de septiembre de 2020, que contenía la propuesta de inclusión del nombre de la demandante, con la referencia COREU CFSP/0195/18, de 4 de diciembre de 2018, en la que se basó para adoptar los actos iniciales. En la vista, la demandante negó que se hubiera utilizado ese documento para fundar la inclusión inicial de su nombre en las listas controvertidas, dado que el formato del documento y la materialización de las pruebas en forma de hipervínculos no convertían dicho documento, que no aportaba ningún razonamiento articulado, en un material accesible e inteligible.
No obstante, debe señalarse que, por un lado, la propuesta de inclusión COREU CFSP/0195/18 tiene fecha de 4 de diciembre de 2018, es decir, que es anterior a la fecha de adopción de los actos iniciales. Por otro lado, la propuesta de inclusión COREU CFSP/0195/18 enumera un conjunto de hipervínculos relativos a las pruebas aportadas en el documento WK 54/2019 INIT, con la excepción del documento relativo a un artículo del sitio de Internet «The Syria Report» titulado «Samer Foz, el empresario sirio más poderoso», publicado el 19 de abril de 2018 (véase el apartado 111 de la presente sentencia). De esta manera, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el Consejo demuestra que, antes de la adopción de los actos iniciales, disponía de un conjunto de pruebas que permitían fundamentar los motivos de inclusión que figuran en dichos actos. Por consiguiente, debe desestimarse por infundado el argumento de la demandante de que la comunicación del documento WK 54/2019 INIT, posterior a la interposición del presente recurso, pone de manifiesto que dicho documento fue creado artificialmente para traerlo al litigio. Por otra parte, el argumento de la demandante relativo al carácter ininteligible e inaccesible del documento no se ajusta a los hechos, ya que los hipervínculos remiten a los artículos que se reprodujeron en el documento WK 54/2019 INIT.
A continuación, la demandante sostiene que la falta de comunicación de las pruebas destinadas a sustentar la inclusión de su nombre en las listas controvertidas, pese a la solicitud de acceder a ellas que formuló oportunamente, es decir, antes de interponer el presente recurso, entraña una vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.
Como se ha recordado en el apartado 73 de la presente sentencia, cuando lo solicite el interesado, el Consejo estará obligado a facilitar, en un plazo razonable, el acceso a todos los documentos administrativos no confidenciales.
A la hora de examinar el carácter razonable del plazo para el traslado de documentos, es preciso tener en cuenta que, en la medida en que la persona o la entidad afectada no dispone de un derecho de audiencia previo a la inclusión inicial de su nombre en las listas controvertidas, el acceso al expediente antes mencionado constituye para ella la primera oportunidad de conocer los documentos considerados por el Consejo en apoyo de dicha inclusión y que, por tanto, dicho acceso reviste un interés particular para su defensa (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2015, First Islamic Investment Bank/Consejo,
T‑161/13
,
EU:T:2015:667
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, como se ha recordado en el apartado 72 de la presente sentencia, la demandante solicitó al Consejo, el 26 de marzo de 2019, el acceso al expediente probatorio que sustentaba los motivos de su inclusión inicial en las listas controvertidas. La demandante reiteró en dos ocasiones su solicitud de acceso invocando la necesidad de disponer de estos documentos lo más rápidamente posible y poder adoptar así una decisión sobre el ejercicio de sus derechos ante el Tribunal. El documento WK 54/2019 INIT fue transmitido a la demandante el 13 de mayo de 2019, es decir, cuando ya había interpuesto el presente recurso. En el escrito de réplica, la demandante confirma que recibió el documento WK 54/2019 INIT.
Es preciso señalar que el documento WK 54/2019 INIT, destinado a sustentar los motivos de inclusión del nombre de la demandante en las listas controvertidas, constituye, en esencia, un complemento de la motivación que figura en los actos iniciales, pero no se le comunicó a la demandante hasta que no hubo transcurrido un mes y tres semanas, es decir, un plazo considerable. A este respecto, contrariamente a lo que aduce el Consejo, el plazo transcurrido entre la fecha en que se adoptaron los actos iniciales y la fecha de la solicitud de acceso de la demandante no puede justificar la falta de una respuesta del Consejo en un plazo razonable. En efecto, el Consejo no puede invocar el tiempo transcurrido antes de que la demandante solicitara el acceso a los documentos que la afectaban para justificar su propia demora en la acogida favorable efectiva de la solicitud de acceso. No obstante, como recordó el Consejo en la vista, para poder efectuar la transmisión de documentos, dicha institución tiene que trabajar con sujeción a plazos internos con el fin de obtener la aprobación de las diferentes instancias. Es cierto que esos plazos internos deben ser compatibles con la jurisprudencia recordada en los apartados 73 y 89 de la presente sentencia, de modo que el material probatorio aportado y dirigido a fundamentar medidas restrictivas en relación con una persona o una entidad se le comuniquen oportunamente para que esta pueda hacer valer sus derechos ante el juez de la Unión.
No obstante, se ha de señalar que la demandante esperó veintiún días antes de que venciera el plazo de interposición del presente recurso para enviar, el 26 de marzo de 2019, la primera solicitud de acceso al expediente. De esta manera, la demandante contribuyó a reducir el lapso de tiempo que le quedó al Consejo para transmitirle el documento WK 54/2019 INIT antes de que venciera dicho plazo.
Por consiguiente, no puede imputarse íntegramente al Consejo no haberle resultado posible transmitir a la demandante el documento WK 54/2019 INIT antes de la interposición de su recurso.
En cualquier caso, es preciso señalar que la demandante tuvo acceso al documento WK 54/2019 INIT el 13 de mayo de 2019, es decir, antes de que el Consejo presentara su escrito de contestación. Ello implica que pudo pronunciarse sobre las pruebas que figuraban en dicho documento tanto en el escrito de réplica como en la vista.
En consecuencia, procede considerar que la transmisión del documento WK 54/2019 INIT el 13 de mayo de 2019 era suficiente para que la demandante pudiera ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva.
Por cuanto antecede, procede desestimar la segunda alegación y, por tanto, el sexto motivo en su totalidad.
[
omissis
]

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Aman Dimashq JSC.

Gervasoni
Madise
Martín y Pérez de Nanclares
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de noviembre de 2021.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.