CELEX: 62021CJ0662
Procedimiento prejudicial
Artículos 34 TFUE y 36 TFUE
Libre circulación de mercancías
Medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa
Grabaciones de programas audiovisuales
Venta en línea
Normativa de un Estado miembro que impone una clasificación de edad y un etiquetado de los programas
Protección de los menores
Grabaciones ya objeto de clasificación y etiquetado en otro Estado miembro
Proporcionalidad

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 34 TFUE y 36 TFUE.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento iniciado por Booky.fi Oy en relación con la decisión del Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) (Instituto Nacional de Medios Audiovisuales, Finlandia) que le obligaba a mencionar, en la información relativa a las grabaciones de programas audiovisuales ofrecidos a la venta a través de su tienda en línea, el límite de edad por debajo del cual dichos programas no pueden ser visualizados, basada en la clasificación prevista por la normativa finlandesa.

Marco jurídico

Derecho internaciona
l
El artículo 17 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (
Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas
, vol. 1577, p. 3), y que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, dispone:
«Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material. que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes:
[…]
e)      Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.»

Derecho de la Unió
n
Los considerandos 59 y 104 de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de «servicios de comunicación audiovisual») (DO 2010, L 95, p. 1), enuncian:
«(59)      La disponibilidad de contenidos nocivos en los servicios de comunicación audiovisual constituye un motivo de preocupación para el legislador, el sector de medios y los padres. Habrá también nuevos desafíos, especialmente en relación con las nuevas plataformas y productos. En consecuencia, son necesarias normas que protejan el desarrollo físico, mental y moral del menor, así como la dignidad humana, en todos los servicios de comunicación audiovisual, incluida la comunicación comercial audiovisual.
[…]
(104)      Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la creación de un espacio sin fronteras interiores para los servicios de comunicación audiovisual al mismo tiempo que se vela por un alto nivel de protección de los objetivos de interés general, en particular la protección de los menores y de la dignidad humana, así como la promoción de los derechos de las personas con discapacidades, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión [Europea], la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 [TUE]. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.»

Derecho finlandé
s
El artículo 1 de la kuvaohjelmalaki (710/2011) [Ley de programas audiovisuales (710/2011)], de 17 de junio de 2011 (en lo sucesivo, «Ley de programas audiovisuales»), dispone que esta Ley tiene por objetivo proteger a los menores contra los programas audiovisuales perjudiciales para su desarrollo.
A tenor del artículo 2, párrafo primero, de la citada Ley:
«Esta misma Ley es aplicable al suministro y al control de programas audiovisuales en Finlandia cuando este se ofrezca en televisión o en un servicio de programas a la carta a los que se aplica la laki sähköisen viestinän palveluista (917/2014) [Ley de servicios de comunicaciones electrónicas (917/2014)]. Para las demás ofertas de programas audiovisuales y su supervisión en Finlandia, la Ley es de aplicación si:
1)      ofrecen el programa entidades u operadores económicos registrados o con establecimiento en Finlandia;
2)      ofrece el programa una persona de nacionalidad finlandesa o con su residencia habitual en Finlandia, o
3)      la decisión de ofrecer el producto se ha adoptado en Finlandia.»
El artículo 3, punto 3, de la Ley de programas audiovisuales define el suministro de un programa audiovisual como su puesta a disposición al público para su visionado.
El artículo 3, punto 5, de dicha Ley establece que la clasificación consiste en determinar, sobre la base del visionado del programa audiovisual, si este puede tener un efecto perjudicial sobre el desarrollo de un niño de edad inferior a una edad determinada.
El artículo 5, párrafo primero, de la citada Ley establece:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9 a 11, solo será posible ofrecer un programa audiovisual si ha sido clasificado de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, y contiene o va acompañado de una indicación claramente visible del límite de edad y del contenido o, si se trata de un programa audiovisual de los mencionados en el artículo 16, párrafo tercero, si incluye o va acompañado de una indicación claramente visible del límite de edad y del contenido. Si se trata de un programa audiovisual en el sentido del artículo 16, párrafo segundo, solo se podrá ofrecer si contiene o va acompañado de una indicación claramente visible del límite de edad de 18 años.»
A tenor del artículo 6, párrafo quinto, de la Ley de programas audiovisuales:
«En el contexto del suministro de programas audiovisuales, los proveedores de programas audiovisuales deberán facilitar información sobre los límites de edad y sobre las demás medidas que favorezcan la protección del niño.»
El artículo 9 de esta Ley está redactado en los siguientes términos:
«No será necesaria la clasificación y etiquetado de los programas audiovisuales:
1)      cuyo contenido sea exclusivamente educativo o cultural;
2)      cuyo contenido sea exclusivamente musical, deportivo o de grabaciones de acontecimientos deportivos, actos culturales o manifestaciones religiosas, así como de actos o acontecimientos similares;
3)      que tengan como contenido exclusivamente bricolaje, bienestar, debates, juegos, moda, jardinería, construcción, cocina, decoración, deportes intelectuales, concursos o temas similares dirigidos a todos los públicos;
4)      que tengan como contenido exclusivamente material de marketing de productos y servicios;
5)      que tengan como contenido exclusivamente información sobre actividades ideológicas o políticas;
6)      cuyo contenido sean noticias de actualidad;
7)      cuyo contenido sean transmisiones en directo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, punto 4, deberá clasificarse un programa audiovisual que solo tenga contenido material de marketing para programas audiovisuales.»
El artículo 10 de la citada Ley dispone:
«No será necesaria la clasificación y etiquetado de un programa audiovisual cuando:
1)      esté disponible en una publicación en línea en el sentido de la laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) [Ley de ejercicio de la libertad de expresión en los medios de comunicación de masas (460/2003)] y se haya creado o proporcionado en el curso de la difusión de dicha publicación en línea;
2)      esté disponible en el marco de un servicio que ofrezca programas audiovisuales elaborados por particulares y haya sido creado por un particular con ánimo de entretenimiento;
3)      se ofrezca en el marco de una actividad educativa o cultural y se haya creado en relación con tales actividades;
4)      se trate de un juego proporcionado en el marco de un servicio de videojuegos cuyo proveedor se atenga a su código de conducta elaborado para este tipo de servicios y supervisado con arreglo al artículo 8.»
El artículo 11, párrafo primero, de la Ley de los programas audiovisuales establece:
«Previa solicitud, el [KAVI] podrá autorizar el suministro de programas audiovisuales sin clasificación ni etiquetado con arreglo a la presente Ley en caso de un acto específicamente organizado para el suministro de productos audiovisuales.»
A tenor del artículo 15 de la citada Ley:
«Se considerará que un programa audiovisual es perjudicial para el desarrollo del niño cuando pueda tener efectos nocivos en el desarrollo del niño debido a su contenido violento o sexual o a la angustia que genera, o por otras causas similares.
El contexto y la forma en que se describen los acontecimientos en el programa deben tenerse en cuenta para evaluar el carácter nocivo de un programa audiovisual.»
El artículo 16 de la Ley de programas audiovisuales tiene el siguiente tenor:
«Cuando un programa audiovisual sea perjudicial para el desarrollo del niño a efectos del artículo 15, deberá clasificarse, en función de su contenido, con el límite de edad de 7, 12, 16 o 18 años, y se le deberá dotar de un símbolo descriptivo de su contenido. Cuando el programa no se considere perjudicial para el desarrollo del niño, se clasificará como apto para todos los públicos.
Cuando se trate de un programa dirigido inequívocamente a personas mayores de 18 años, no procederá su clasificación. Un programa de este tipo solo podrá ofrecerse si se ha dotado de una indicación claramente visible del límite de edad de 18 años.
El [KAVI] podrá autorizar el límite de edad y el símbolo descriptivo del contenido del programa que se haya asignado en el territorio de la Unión para la utilización de dicho programa en Finlandia de conformidad con la presente Ley, sin necesidad de que el programa sea clasificado en Finlandia.»
Según el artículo 19 de dicha Ley, el KAVI está encargado de velar por el cumplimiento de la referida Ley.
El artículo 30 de la misma Ley prevé la posibilidad de interponer un recurso contra la decisión de clasificación adoptada por el KAVI.

Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Booky.fi es una empresa finlandesa que comercializa por medio de su tienda en línea programas audiovisuales grabados en soportes físicos como DVD y discos Blu‑ray.
Con ocasión de un control efectuado en 2018, el KAVI comprobó que Booky.fi ofrecía para la venta grabaciones de programas audiovisuales sin facilitar información sobre el límite de edad autorizado y el contenido del programa audiovisual exigido por la Ley de los programas audiovisuales.
Mediante resolución de 9 de julio de 2018, el KAVI requirió a Booky.fi, en particular, para que incluyera dichas indicaciones entre la información relativa a los registros de programas que comercializa y posteriormente, mediante resolución de 9 de octubre de 2018, desestimó la reclamación formulada por Booky.fi contra dicha resolución.
Booky.fi interpuso un recurso contra la resolución del KAVI ante el Helsingin hallinto-oikeus (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Helsinki, Finlandia), que fue desestimado por este mediante sentencia de 9 de diciembre de 2019. Dicho órgano jurisdiccional declaró que, dado que, en el caso de una tienda en línea, el suministro al público de un programa audiovisual, a efectos del artículo 5, párrafo primero, de la Ley de programas audiovisuales, se produce en el momento en el que este se puede comprar o encargar de otra forma, la citada grabación debe incluir o ir acompañada de la indicación relativa a la edad establecida en dicha Ley.
En apoyo del recurso de casación que interpuso contra esa sentencia ante el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia), que es el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, Booky.fi alega que constituye una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la importación, en el sentido del artículo 34 TFUE, exigir que los programas audiovisuales que comercializa en su tienda en línea estén sujetos a una clasificación y a un etiquetado, en función de los límites de edad aplicables en Finlandia, cuando ya han sido objeto de una clasificación en otro Estado miembro y se han colocado indicaciones de límite de edad con arreglo a la normativa de ese otro Estado miembro.
Según Booky.fi, las disposiciones de la Ley de programas audiovisuales van más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de protección del menor cuando la oferta de programas audiovisuales está destinada exclusivamente a compradores mayores de edad. Sostiene, además, que la obligación de clasificar, de conformidad con la normativa finlandesa, todas las grabaciones de programas audiovisuales ofrecidas en una tienda en línea es contraria al principio de proporcionalidad, y que sería menos restrictivo para la libre circulación de mercancías que solo las grabaciones efectivamente importadas en Finlandia estén sujetos a esta obligación. A este respecto, Booky.fi indica que encarga a los mayoristas internacionales las grabaciones de programas audiovisuales que ofrece en su sitio de venta únicamente en función de los pedidos que haya recibido.
Según el órgano jurisdiccional remitente, el suministro de grabaciones de programas audiovisuales a través de una tienda en línea está comprendido en el concepto de suministro de programas audiovisuales, a efectos del artículo 5, párrafo primero, de la Ley de programas audiovisuales, de modo que debe figurar una indicación relativa al límite de edad correspondiente a la clasificación basada en dicha ley en la información sobre la grabación, siempre que esta se ofrezca a la venta, con independencia de que el programa que contenga haya sido clasificado por el organismo competente de otro Estado miembro.
En efecto, el órgano jurisdiccional remitente entiende que la comercialización de grabaciones de programas audiovisuales acompañados de indicaciones de límite de edad correspondientes a la clasificación de otro Estado miembro no permite que el comprador esté informado, en el momento de la venta, del contenido del programa audiovisual y del etiquetado en función de los límites de edad vigentes en Finlandia, lo cual impide alcanzar el nivel de protección del menor pretendido por la Ley de programas audiovisuales.
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si, en circunstancias como las del litigio del que conoce, la obligación de clasificación y de etiquetado de los programas en función de la edad establecida por esa Ley no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de protección del menor perseguido por esta.
En particular, dicho órgano jurisdiccional considera que las circunstancias del litigio se diferencian de las del asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85), en la medida en que, en el presente asunto, no puede establecerse una excepción a la obligación relativa a las indicaciones del límite de edad establecida en la Ley de programas audiovisuales, aun cuando conste que el comprador de la grabación del programa audiovisual es mayor de edad.
Las disposiciones de esta Ley también se diferencian de la legislación alemana controvertida en el asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, EU:C:2008:85), en la medida en que esa legislación se aplicaba tanto a los vendedores de grabaciones audiovisuales establecidos en el territorio nacional como a los establecidos en otros Estados miembros, mientras que no sucede así con la Ley de programas audiovisuales.
En tales circunstancias, el Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)      ¿Se opone el artículo 34 TFUE, en relación con el artículo 36 TFUE, a una interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Ley de programas audiovisuales conforme a la cual la clasificación de los soportes de programas audiovisuales de conformidad con dicha Ley y la indicación de la edad aconsejada con arreglo a tal clasificación se ha de facilitar junto con la información del producto en el mismo momento en que el soporte se pone a la venta en una tienda en línea, aunque ya haya sido clasificado y etiquetado en otro Estado miembro y aún no haya sido expedido para su entrega en Finlandia?
¿Es relevante para la apreciación de esta cuestión que la Ley de programas audiovisuales no contenga ninguna excepción a la obligación de clasificación y etiquetado basada en la certeza de la mayoría de edad del comprador del soporte de productos audiovisuales y que la referida exigencia de nueva clasificación y etiquetado al ofrecer un soporte de productos audiovisuales en una tienda en línea solo se aplique cuando el producto es ofrecido por entidades u operadores económicos registrados o con establecimiento en Finlandia, o cuando es ofrecido por una persona de nacionalidad finlandesa o con residencia habitual en Finlandia, o cuando la decisión de ofrecer el producto se haya adoptado en Finlandia?
2)      Si la proporcionalidad de la referida exigencia de nueva clasificación y etiquetado requiere que sea posible acogerse a una excepción basada en la certeza de la mayoría de edad del comprador del producto audiovisual: ¿Debe exigirse, en las ventas a personas mayores de edad, que, en el momento del pedido y venta del soporte de productos audiovisuales, exista certeza absoluta sobre la mayoría de edad del comprador, o basta con que el vendedor de dicho soporte haya adoptado medidas para asegurarse de la mayoría de edad del comprador?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

Primera cuestión
prejudicia
l
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro que, con el objetivo de proteger a los menores contra los contenidos audiovisuales que puedan perjudicar su bienestar y su desarrollo, exige que los programas audiovisuales grabados en un soporte físico y comercializados a través de una tienda en línea hayan sido previamente objeto de un procedimiento de control y de una clasificación, en función de límites de edad, y de un etiquetado correspondiente conforme al Derecho de ese Estado miembro, incluso cuando esos programas ya han sido objeto de un procedimiento y de una clasificación y etiquetado análogos con arreglo al Derecho de otro Estado miembro.
El órgano jurisdiccional remitente solicita, además, al Tribunal de Justicia que precise si son pertinentes en el marco de esta apreciación, por una parte, el hecho de que la normativa nacional de que se trata no establezca una excepción a tal exigencia cuando pueda acreditarse que el comprador de un soporte afectado por dicha normativa es mayor de edad y, por otra parte, el hecho de que la citada normativa solo se aplique a los programas suministrados por empresas u operadores registrados o establecidos en el Estado miembro de que se trate o por una persona nacional de ese Estado miembro o que tenga su residencia habitual en él o cuando la decisión de suministrar esos programas se haya adoptado en ese Estado miembro.
Con carácter preliminar, es preciso recordar que la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros es un principio fundamental del Tratado FUE que se plasma en la prohibición, establecida en el artículo 34 TFUE, de las restricciones cuantitativas a la importación entre los Estados miembros, así como de todas las medidas de efecto equivalente (sentencia de 18 de junio de 2019, Austria/Alemania, C‑591/17, EU:C:2019:504, apartado 119 y jurisprudencia citada).
Según reiterada jurisprudencia, la prohibición de las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la importación establecida en el artículo 34 TFUE tiene por objeto cualquier medida de los Estados miembros que pueda obstaculizar, directa o indirectamente, real o potencialmente, el comercio en el interior de la Unión (sentencia de 18 de junio de 2019, Austria/Alemania, C‑591/17, EU:C:2019:504, apartado 120 y jurisprudencia citada).
Además, una medida, aun cuando no tenga por objeto ni como efecto tratar menos favorablemente a productos procedentes de otros Estados miembros, está incluida en el concepto de «medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas» en el sentido del artículo 34 TFUE si obstaculiza el acceso al mercado de un Estado miembro de los productos originarios de otros Estados miembros (sentencia de 18 de junio de 2019, Austria/Alemania, C‑591/17, EU:C:2019:504, apartado 121 y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, una medida como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual los programas audiovisuales deben, con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se comercializan a través de una tienda en línea, haber sido previamente objeto de un procedimiento de control y de una clasificación y un etiquetado en función de los límites de edad fijados a efectos de la protección de los menores, tiene por efecto hacer más restrictiva y costosa la importación de grabaciones de programas audiovisuales procedentes de otro Estado miembro.
Por ello, tal medida puede obstaculizar el acceso al mercado del Estado miembro de que se trate de las grabaciones de programas audiovisuales originarios de otros Estados miembros y, conforme a la jurisprudencia mencionada en los apartados 32 a 34 de la presente sentencia, constituye, por consiguiente, una medida de efecto equivalente a restricciones cuantitativas en el sentido del artículo 34 TFUE, en principio incompatible con las obligaciones derivadas de dicho artículo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, apartados 34 y 35).
Según reiterada jurisprudencia, una normativa nacional que constituya una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas puede, no obstante, estar justificada por alguna de las razones de interés general enumeradas en el artículo 36 TFUE o por exigencias imperativas de interés general. En uno u otro caso, la medida nacional debe ser adecuada para conseguir el objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para conseguirlo (véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 12 de noviembre de 2015, Visnapuu, C‑198/14, EU:C:2015:751, apartado 110 y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, de la resolución de remisión se desprende que la medida controvertida en el litigio principal pretende, como establece el artículo 1 de la Ley sobre programas audiovisuales, proteger a los menores contra los programas audiovisuales cuyo contenido sea perjudicial para su desarrollo.
A este respecto, procede recordar que la protección del menor está consagrada en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 24, apartado 1, dispone que los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar. Asimismo, está reconocida por varios instrumentos jurídicos internacionales, entre los que figura, en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por todos los Estados miembros y cuyo artículo 17, letra e), establece que los Estados Partes promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.
Por lo que respecta, más concretamente, a los programas audiovisuales, el legislador de la Unión subrayó, en el considerando 59 de la Directiva 2010/13, la necesidad de proteger a los menores frente a la disponibilidad de contenidos que pudieran serles nocivos y recordó, en el considerando 104 de dicha Directiva, que se trata de un objetivo de interés general digno de un alto nivel de protección.
Por consiguiente, la protección de los menores contra los programas audiovisuales cuyo contenido puede perjudicar su bienestar y su desarrollo constituye una exigencia imperativa de interés general que puede justificar, en principio, una restricción a la libre circulación de mercancías (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, apartado 42 y jurisprudencia citada, y de 19 de noviembre de 2020, ZW, C‑454/19, EU:C:2020:947, apartado 40).
Como se desprende del apartado 37 de la presente sentencia, es necesario aún examinar si la normativa controvertida en el litigio principal es apropiada para garantizar la realización de ese objetivo legítimo y no va más allá de lo necesario para su consecución.
A ese respecto, en último término corresponde al órgano jurisdiccional remitente, que es el único competente para apreciar los hechos del litigio principal e interpretar la legislación nacional, determinar si, y en qué medida, dicha normativa cumple esos requisitos (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 72 y jurisprudencia citada). A tal efecto, la Comisión debe examinar objetivamente, con ayuda de datos estadísticos, puntuales o por otros medios, si las pruebas aportadas por las autoridades del Estado miembro de que se trate permiten razonablemente considerar que los medios elegidos son adecuados para realizar los objetivos perseguidos y si es posible alcanzar estos mediante medidas menos restrictivas de la libre circulación de mercancías (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung, C‑148/15, EU:C:2016:776, apartado  36 y jurisprudencia citada).
No obstante, el Tribunal de Justicia, llamado a facilitar una respuesta útil al referido órgano jurisdiccional, es competente para proporcionar indicaciones, basadas en los autos del procedimiento principal y en las observaciones escritas que le hayan sido presentadas, que puedan permitir a ese mismo órgano jurisdiccional dictar una resolución (sentencia de 7 de septiembre de 2022, Cilevičs y otros, C‑391/20, EU:C:2022:638, apartado 73 y jurisprudencia citada).
Por lo que respecta, en primer lugar, a la aptitud de la normativa nacional controvertida en el litigio principal para alcanzar los objetivos invocados, procede señalar que la exigencia de que los programas audiovisuales comercializados en un Estado miembro hayan sido clasificados previamente y provistos de una indicación de la edad mínima recomendada para su visionado, en la medida en que permite a los consumidores ser informados sobre la naturaleza del contenido de esos programas y, por lo tanto, determinar cuáles de dichos programas se adaptan a la edad de los niños de los que son responsables, es adecuada para proteger a los menores frente a los programas cuyo contenido puede perjudicar su bienestar y su desarrollo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, apartado 47).
No obstante, solo puede considerarse que la normativa que establece tal medida permite garantizar ese objetivo si responde verdaderamente al empeño por hacerlo y si se aplica de forma congruente y sistemática (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2019, Comisión/Alemania C‑377/17, EU:C:2019:562, apartado 89 y jurisprudencia citada).
A este respecto, procede señalar, por una parte, que la normativa controvertida en el litigio principal establece varias excepciones a la obligación de clasificación y de etiquetado de los programas audiovisuales en Finlandia.
Como se desprende de la petición de decisión prejudicial, estas excepciones, previstas en los artículos 9 y 10 de la Ley relativa a los programas audiovisuales, se basan en el contenido del programa de que se trate o en el contexto en el que se suministra. Por otra parte, en virtud del artículo 11 de dicha Ley, puede concederse una excepción, en determinadas circunstancias, previa solicitud.
Sin embargo, tales excepciones, en la medida en que están estrictamente definidas o se refieren a programas audiovisuales cuyo contenido no puede perjudicar,
a priori
, el desarrollo de los menores, tienen un alcance limitado. Sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, no parece, pues, que las referidas excepciones puedan obstaculizar la realización del objetivo perseguido por dicha Ley.
Por otra parte, del artículo 2 de la Ley relativa a los programas audiovisuales se desprende que la grabación de programas audiovisuales solo se rige por esta ley si se comercializa en Finlandia por una empresa o un operador registrado en dicho Estado miembro o que dispone en él de un establecimiento, por un ciudadano finlandés o por una persona que tenga su residencia habitual en Finlandia, o si la decisión de comercializar dicha grabación ha sido adoptada en Finlandia.
Tal disposición, en la medida en que tiene como consecuencia excluir del ámbito de aplicación de la Ley relativa a los programas audiovisuales una parte de las grabaciones que pueden comercializarse en Finlandia desde otro Estado miembro, permitiendo así que se comercialicen en Finlandia grabaciones de programas sin etiquetado relativo a la edad mínima exigida para su visionado, parece que puede limitar la eficacia de la normativa controvertida en el litigio principal, en detrimento de la consecución del objetivo de protección de los menores.
En sus observaciones escritas, el Gobierno finlandés indicó que no había sido posible establecer en Finlandia un régimen jurídico en virtud del cual las grabaciones de programas audiovisuales vendidos a distancia desde otro Estado miembro pudieran estar sujetas a la obligación de clasificación establecida en la Ley relativa a los programas audiovisuales. En cualquier caso, habría sido imposible, en la práctica, vigilar eficazmente el cumplimiento de tal obligación.
Por otra parte, según dicho Gobierno, la mayoría de los consumidores finlandeses realizan sus compras en tiendas en línea establecidas en Finlandia, de modo que la consecución del objetivo perseguido por la Ley de programas audiovisuales no se ve sustancialmente comprometida por el hecho de que las disposiciones de esta no se extiendan a todos los proveedores extranjeros de grabaciones de programas audiovisuales.
Como se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 43 de la presente sentencia, incumbe al órgano jurisdiccional remitente examinar de manera objetiva, sobre la base, en particular, de los elementos aportados por las autoridades del Estado miembro de que se trate, si, habida cuenta, en particular, del ámbito de aplicación de la normativa controvertida en el litigio principal, la obligación de clasificar y etiquetar las grabaciones de programas audiovisuales comercializados en Finlandia responde verdaderamente al empeño por alcanzar el objetivo de proteger a los menores frente a aquellas grabaciones cuyo contenido pueda menoscabar su bienestar y su desarrollo.
A tal efecto, debe tenerse en cuenta, en particular, la
ratio legis
que subyace a la limitación del ámbito de aplicación de la normativa controvertida en el litigio principal y las consecuencias que dicha limitación tiene concretamente en la realización del objetivo perseguido.
En segundo lugar, por lo que respecta a la apreciación de la necesidad de la medida controvertida en el litigio principal, procede señalar que, a falta de armonización, a escala de la Unión, de las normas aplicables a la clasificación y al etiquetado de los programas audiovisuales, corresponde a los Estados miembros determinar el nivel de protección de los menores frente a los contenidos audiovisuales que puedan perjudicar su bienestar y su desarrollo.
De esta manera, las medidas adoptadas por un Estado miembro para proteger a los menores frente a tales contenidos no se corresponden necesariamente con una concepción compartida por la totalidad de los Estados miembros por lo que respecta al nivel y a las modalidades de dicha protección. Puesto que tal concepción puede variar de un Estado miembro a otro según consideraciones de orden moral o cultural, procede reconocer a los Estados miembros un margen de apreciación en la materia (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de noviembre de 2020, ZW C‑454/19, EU:C:2020:947, apartado 42 y jurisprudencia citada).
Por tanto, el hecho de que un Estado miembro haya optado por modalidades de protección de los menores frente a los contenidos que pueden perjudicar su bienestar y su desarrollo diferentes de las adoptadas por otro Estado miembro no puede, en sí mismo, tener incidencia en la apreciación de la proporcionalidad de las disposiciones nacionales adoptadas en la materia, ya que estas deben apreciarse solamente en relación con el objetivo perseguido y con el nivel de protección que el Estado miembro interesado pretende garantizar (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, apartado 49 y jurisprudencia citada].
De ello se deduce, en particular, que un Estado miembro puede legítimamente considerar que los consumidores que se encuentren en su territorio deben poder basarse en las indicaciones de límite de edad y de contenido que reflejen las concepciones morales y culturales que prevalecen en dicho Estado miembro para que puedan decidir, con conocimiento de causa, si un determinado programa audiovisual está adaptado a la edad de los menores de los que son responsables.
Por consiguiente, no puede exigirse a un Estado miembro que renuncie a la obligación de que los programas audiovisuales comercializados a través de una tienda en línea hayan sido previamente objeto, en dicho Estado miembro, de una clasificación y de un etiquetado en función de unos límites de edad a efectos de la protección de los menores, debido a que tal programa ya ha sido objeto, en otro Estado miembro, de una clasificación y un etiquetado con este mismo fin.
Asimismo, un Estado miembro no puede estar obligado a establecer una excepción a la obligación de clasificación y de etiquetado de los programas audiovisuales en función de unos límites de edad en el supuesto de que pudiera acreditarse que el adquirente de una grabación es una persona mayor de edad. En efecto, en el supuesto de que la clasificación y el etiquetado de los programas audiovisuales en función de los límites de edad se efectúen antes de la expedición del soporte en el que están registrados, pero únicamente tras la compra de este último, los consumidores no podrían determinar, con conocimiento de causa, si un programa está adaptado a la edad de los menores de los que son responsables o que pueden tener acceso a dicha grabación. Por lo tanto, habría más riesgo de que un menor accediese a un programa no adaptado a su edad. Habida cuenta de estas consideraciones, tampoco puede exigirse a un Estado miembro que someta a la obligación de clasificación y de etiquetado únicamente los programas cuyos registros se entregan efectivamente en dicho Estado miembro.
Además, procede señalar que el menoscabo causado a la libre circulación de las grabaciones de programas audiovisuales por una medida como la controvertida en el litigio principal no parece ir más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido por dicha medida, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
A este respecto, procede señalar, en particular, que, como se desprende de la resolución de remisión, el legislador finlandés restringió el ámbito de aplicación de la medida controvertida por medio del artículo 2, párrafo primero, de la Ley de programas audiovisuales y estableció varias excepciones a la obligación de clasificación y de etiquetado de los programas audiovisuales en los artículos 9 a 11 de dicha Ley.
Por otra parte, ningún elemento de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia permite pensar que el procedimiento de clasificación seguido con arreglo a esta Ley no sea fácilmente accesible, que no pueda concluirse dentro de un plazo razonable, ni que, si desemboca en una decisión denegatoria, la decisión adoptada a ese respecto no pueda ser objeto de un recurso judicial. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobarlo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2008, Dynamic Medien, C‑244/06, EU:C:2008:85, apartados 50 y 51).
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial de la manera siguiente:
–      los artículos  34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que, con el objetivo de proteger a los menores frente a los contenidos audiovisuales que puedan perjudicar su bienestar y desarrollo, exige que los programas audiovisuales registrados en un soporte físico y comercializados a través de una tienda en línea hayan sido previamente objeto de un procedimiento de control y de una clasificación, en función de límites de edad, y de un etiquetado correspondiente de conformidad con el Derecho de ese Estado miembro,  incluso cuando esos programas ya han sido objeto de un procedimiento y de una clasificación y de un etiquetado análogos con arreglo al Derecho de otro Estado miembro, siempre que esa normativa sea adecuada para garantizar la realización de ese objetivo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo.
–      A este respecto, el hecho de que una parte de las grabaciones que pueden comercializarse en el Estado miembro de que se trata desde otro Estado miembro esté excluida del ámbito de aplicación de dicha normativa no reviste una importancia decisiva, siempre que tal limitación no comprometa la consecución del objetivo perseguido. Tampoco tiene carácter determinante que la normativa nacional de que se trata no establezca una excepción a esta exigencia cuando pueda demostrarse que el comprador de una grabación al que se refiere dicha normativa es mayor de edad.

Segunda cuestión prejudicia
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Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede dar respuesta a la segunda cuestión prejudicial.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:
Los artículos  34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro que, con el objetivo de proteger a los menores frente a los contenidos audiovisuales que puedan perjudicar a su bienestar y a su desarrollo, exige que los programas audiovisuales registrados en un soporte físico y comercializados a través de una tienda en línea hayan sido previamente objeto de un procedimiento de control y de una clasificación, en función de unos límites de edad, y de un etiquetado correspondiente de conformidad con el Derecho de ese Estado miembro,  incluso cuando esos programas ya han sido objeto de un procedimiento y de una clasificación y de un etiquetado análogos con arreglo al Derecho de otro Estado miembro, siempre que esa normativa sea adecuada para garantizar la realización de ese objetivo y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo.
A este respecto, el hecho de que una parte de las grabaciones que pueden comercializarse en el Estado miembro de que se trate desde otro Estado miembro esté excluida del ámbito de aplicación de dicha normativa no reviste una importancia decisiva, siempre que tal limitación no comprometa la consecución del objetivo perseguido. Tampoco tiene carácter determinante el hecho de que la normativa nacional de que se trata no establezca una excepción a esta exigencia cuando pueda demostrarse que el comprador de una grabación a que se refiere dicha normativa es mayor de edad.
Firmas
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Lengua de procedimiento: finés.