CELEX: 62016TJ0334
Recurso de casación
Función pública
Agentes temporales
Traslado de la sede de la CEPOL de Bramshill (Reino Unido) a Budapest (Hungría)
Cambio de destino del personal
Acto no recurrible
Inadmisibilidad del recurso ante el Tribunal de la Función Pública

Mediante su recurso de casación interpuesto al amparo del artículo 9 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los recurrentes, FN, FP y FQ, solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera) de 11 de abril de 2016, FN y otros/CEPOL (F‑41/15 DISS II, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:F:2016:70
), por la que se desestimó su recurso dirigido, en primer lugar, a la anulación de la Decisión n.
o
17/2014/DIR del director de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) [actualmente Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL)], de 23 de mayo de 2014, relativa al traslado de la CEPOL a Budapest (Hungría) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada») y, en la medida de lo necesario, de las decisiones de la CEPOL de 28 de noviembre de 2014 por las que se desestiman sus reclamaciones contra la Decisión impugnada (en lo sucesivo, «decisiones desestimatorias de las reclamaciones»), así como, en segundo lugar, a la condena de la CEPOL a indemnizar los daños supuestamente sufridos.
Hechos que originaron el litigio
Los hechos que originaron el litigio se exponen en los escritos de las partes ante el Tribunal de la Función Pública y en los apartados 7 a 38 de la sentencia recurrida. En lo que interesa a efectos de la presente sentencia, pueden resumirse de la forma que sigue.
El 22 de diciembre de 2000, el Consejo de la Unión Europea adoptó la Decisión 2000/820/JAI, sobre la creación de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) (
DO 2000, L 336, p. 1
).
Mediante Decisión 2004/97/CE, Euratom, adoptada de común acuerdo por los representantes de los Estados miembros, reunidos a escala de jefes de Estado o de Gobierno, de 13 de diciembre de 2003, relativa a la fijación de las sedes de determinadas oficinas y agencias de la Unión Europea (
DO 2004, L 29, p. 15
), la sede de la CEPOL se estableció en Bramshill (Reino Unido).
El 20 de septiembre de 2005, el Consejo adoptó la Decisión 2005/681/JAI, por la que se crea la Escuela Europea de Policía (CEPOL) y por la que se deroga la Decisión 2000/820 (
DO 2005, L 256, p. 63
). El artículo 4 de la Decisión 2005/681 dispone que «la CEPOL tendrá su sede en Bramshill (Reino Unido)».
Entre 2009 y 2012, la CEPOL contrató a los recurrentes en calidad de agentes temporales al amparo del artículo 2 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA»). El artículo 2, párrafo segundo, de sus respectivos contratos estipulaba que «el lugar de destino [era] la sede oficial de la CEPOL en Bramshill, en el Reino Unido».
El 12 de diciembre de 2012, el Ministro de Interior del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte notificó al director de la CEPOL la decisión de su ministerio de clausurar el centro nacional de formación de policía sito en Bramshill, que albergaba asimismo las dependencias de la CEPOL. El Ministro de Interior indicaba que ese emplazamiento sería vendido para 2014 y que estaba al corriente de la intención de la Comisión Europea de proponer, a inicios de 2013, la adopción de un nuevo Reglamento que regulase el funcionamiento de la CEPOL o que dispusiese, tal vez, la fusión de esta con la Oficina Europea de Policía (Europol). Precisaba que la adopción de ese nuevo Reglamento daría a los Estados miembros la oportunidad de ponerse de acuerdo sobre la determinación de la nueva sede de la CEPOL si esta siguiese siendo una agencia de pleno derecho de la Unión Europea.
El 8 de octubre de 2013, al margen de una sesión de la formación Justicia y Asuntos de Interior del Consejo, los Estados miembros decidieron de común acuerdo que la CEPOL seguiría siendo una agencia de pleno derecho de la Unión y tendría su sede en Budapest en cuanto hubiese abandonado el emplazamiento de Bramshill.
El 15 de mayo de 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (UE) n.
o
543/2014 que modifica la Decisión 2005/681 (
DO 2014, L 163, p. 5
). En virtud del artículo 1 de dicho Reglamento, el artículo 4 de la Decisión 2005/681 fue modificado de la forma siguiente: «La CEPOL tendrá su sede en Budapest (Hungría)».
El 23 de mayo de 2014, el director de la CEPOL, en su calidad de autoridad facultada para celebrar los contratos de trabajo (en lo sucesivo, «AFCC»), adoptó la Decisión impugnada. El artículo 1 de dicha decisión, titulado «Fecha de traslado», dispone que «se espera que todo el personal […] se incorpore al servicio en el nuevo cuartel general de la CEPOL […] en Budapest el 1 de octubre de 2014 o en la fecha convenida entre el Director y el miembro del personal [de que se trate y que] el incumplimiento de esta instrucción se considerará como una dimisión con efectos desde el 30 de septiembre de 2014».
El artículo 2 de la Decisión impugnada, titulado «Información a la CEPOL por parte del personal», tiene la siguiente redacción:
«Se ruega a todo el personal que indique al Director por escrito, hasta el 30 de junio de 2014, si tiene intención de incorporarse a la CEPOL en su nueva [sede].
En el caso de que el miembro del personal [de que se trate] indique al Director, dentro de ese plazo, que no desea trasladarse a Budapest, el Director puede basarse en dicha información para iniciar un procedimiento de selección con el fin de elaborar una lista de reserva correspondiente al puesto de ese miembro del personal.
Se recuerda a los miembros del personal el plazo de preaviso estipulado en su contrato para el caso de dimisión. La modificación de las condiciones del preaviso podrá pactarse individualmente con el Director.»
El 30 de junio de 2014, los recurrentes indicaron al director de la CEPOL que deseaban proseguir sus respectivas relaciones laborales contractuales en la nueva sede de la CEPOL en Budapest, pero que su respuesta no les comprometía y no prejuzgaba la legalidad del procedimiento.
El 13, el 18 y el 19 de agosto de 2014, respectivamente, los recurrentes presentaron una reclamación contra la Decisión impugnada al amparo del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»). FP alegaba, en esencia, que la Decisión impugnada incumplía, por una parte, los términos de su contrato al modificar unilateralmente su lugar de destino y, por otra parte, sus legítimas expectativas salariales, que dependían de la aplicación del coeficiente corrector previsto para el Reino Unido.
FQ y FN sostenían ambos que la modificación de su lugar de destino constituía un acontecimiento anormal e imprevisible y no podía imponérseles sin su consentimiento y sin una adecuada compensación económica. FQ se quejaba asimismo de que en lo sucesivo se aplicaría a su salario el coeficiente corrector establecido para Hungría en lugar del aplicable en el Reino Unido, mucho más elevado, que había previsto percibir durante todo el tiempo de su contrato. En tales circunstancias, FQ consideraba que debería concedérsele una compensación económica adecuada.
FN invocaba asimismo una violación del principio de protección de la confianza legítima habida cuenta de las garantías claras y concretas que, según él, se le habían dado de que trabajaría en Bramshill durante todo el tiempo de su contrato. Además, criticaba, por una parte, la brevedad del plazo que se le había concedido para notificar a la CEPOL su intención de incorporarse o no a la nueva sede en Budapest y, por otra parte, el hecho de que la única alternativa que le ofrecía la Decisión impugnada al cambio de destino era la dimisión sin compensación económica alguna.
El 1 de octubre de 2014, los recurrentes se incorporaron al servicio en la nueva sede de la CEPOL en Budapest.
El 28 de noviembre de 2014, el director de la CEPOL, en su calidad de AFCC, desestimó las reclamaciones de los recurrentes. Para ello, el director de la CEPOL subrayó especialmente, en primer lugar, que la decisión de trasladar la sede de la CEPOL había sido adoptada por el legislador de la Unión, que dispone de una amplia facultad de apreciación en la materia; en segundo lugar, que no se había dado ninguna garantía concreta a los recurrentes en cuanto a la percepción del coeficiente corrector aplicable en el Reino Unido durante todo el tiempo de su contrato; en tercer lugar, que, según la jurisprudencia, la AFCC podía decidir, en interés del servicio, cambiar el destino de sus agentes a otros lugares de trabajo; en cuarto lugar, que era contrario al interés del servicio de la CEPOL mantener personal en Bramshill cuando las actividades y puestos de trabajo de esta se encontraban ya en Budapest; en quinto lugar, en las decisiones desestimatorias de las reclamaciones de FN y FQ, que el personal de la CEPOL había sido informado desde hacía mucho tiempo del cambio de sede de la CEPOL, aun cuando el calendario concreto no se hubiese anunciado hasta mayo de 2014, y que el breve plazo de respuesta fijado en la Decisión impugnada se explicaba por la necesidad de organizar rápidamente el traslado de la CEPOL ante la solicitud del Ministro de Interior del Reino Unido de desalojar el emplazamiento de Bramshill para el 30 de septiembre de 2014, y, en sexto lugar, en cuanto a la solicitud de compensación económica de FQ, que esta tenía derecho, en las condiciones fijadas por el Estatuto, al reembolso de sus gastos de transporte de mobiliario y enseres así como a percibir una indemnización diaria y por gastos de instalación.
Procedimiento en primera instancia y sentencia recurrida
Mediante demanda recibida en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 9 de marzo de 2015 y registrada con el número F‑41/15, FK, FL, FM y FO, así como los recurrentes, solicitaron, en particular, la anulación de la Decisión impugnada y, en la medida en que fuese necesario, de las decisiones desestimatorias de las reclamaciones y que se condenase a la CEPOL a resarcir los daños supuestamente sufridos.
Mediante auto de 16 de septiembre de 2015, FK y otros/CEPOL (
F‑41/15
, no publicado,
EU:F:2015:104
), el Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de la Función Pública, a la que se había atribuido el asunto, decidió, de conformidad con el artículo 44, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de la Función Pública, disociar del caso de FK los de FL, FM y FO, por una parte, y los de los recurrentes, por otra. El recurso F‑41/15, en la medida en que había sido presentado por los recurrentes, fue registrado entonces con el número F‑41/15 DISS II.
Mediante escrito de la Secretaría del Tribunal de la Función Pública de 27 de octubre de 2015, se informó a los recurrentes de que el Tribunal de la Función Pública había decidido, de conformidad con el artículo 55, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, que era necesario un segundo intercambio de escritos procesales. En tal contexto, se instó fundamentalmente a los recurrentes a exponer en su escrito de réplica su postura acerca la admisibilidad de sus pretensiones de anulación y de indemnización.
El 11 de abril de 2016, el Tribunal de la Función Pública dictó la sentencia recurrida, en la que desestimó las pretensiones de los recurrentes y los condenó a cargar con la totalidad de las costas.
En primer lugar, en los apartados 47 a 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública desestimó, por los motivos siguientes, las excepciones de inadmisibilidad de la CEPOL, basadas, respectivamente, en el carácter confirmatorio de la Decisión impugnada y en que esta no era sino la concreción, en virtud de una competencia reglada, de la decisión del legislador de la Unión de trasladar la sede de la CEPOL a Budapest, decisión que los recurrentes no habían impugnado y cuya legalidad no habían invocado:
«47
Con carácter preliminar, es preciso recordar que, aun cuando conste que los demandantes aceptaron incorporarse al servicio en Budapest, esa aceptación no despoja a la Decisión impugnada de su carácter lesivo (sentencia de 11 de julio de 1996, Ortega Urretavizcaya/Comisión,
T‑587/93
,
EU:T:1996:100
, apartado
).
Seguidamente, el Tribunal [de la Función Pública] considera que, en el caso de autos, la AFCC de la CEPOL, mediante la Decisión impugnada, comunicó a todo el personal de la Agencia que, en aplicación de la Decisión 2005/681, modificada por el Reglamento n.
o
543/2014, había decidido el lugar y la fecha del nuevo destino del personal de la Agencia. En efecto, de la Decisión impugnada se desprende que establece como principio la incorporación al servicio del personal de la Agencia en Budapest el 1 de octubre de 2014.
Pues bien, tal comunicación, aun cuando ejecuta un acto de alcance general del Consejo y del Parlamento, debe considerarse una decisión lesiva para los demandantes, en la medida en que modifica su lugar de destino en condiciones que supuestamente son ilegales. Por lo tanto, debe reconocerse a la Decisión impugnada el carácter de acto impugnable (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de febrero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión,
161/80 y 162/80
,
EU:C:1981:51
, apartado
), de modo que la excepción de inadmisibilidad formulada a ese respecto por la CEPOL debe ser desestimada.»
En segundo lugar, en los apartados 50 y 51 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública consideró que procedía pronunciarse sobre la legalidad tanto de la Decisión impugnada como de las decisiones desestimatorias de las reclamaciones, puesto que estas contenían posicionamientos nuevos de la AFCC de la CEPOL en respuesta a las peticiones y alegaciones formuladas por los recurrentes en sus reclamaciones.
En tercer lugar, el Tribunal de la Función Pública desestimó los tres motivos invocados por los recurrentes en apoyo de sus pretensiones de anulación, basados, el primero, en la infracción del artículo 47 del ROA; el segundo, en el incumplimiento de las cláusulas contractuales que vinculaban a los recurrentes con la CEPOL, así como en la vulneración de sus derechos adquiridos, y, el tercero, en el incumplimiento del deber de asistencia y protección y en la violación de los principios de protección de la confianza legítima y de buena administración.
Primeramente, en los apartados 56 y 57 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública desestimó por inoperante el primer motivo, mediante el cual los recurrentes reprochaban, en esencia, a la CEPOL la infracción del artículo 47 del ROA al disponer, en el artículo 1 de la Decisión impugnada, que su negativa a incorporarse al servicio en la nueva sede de la CEPOL se consideraría como una dimisión. Para ello, el Tribunal de la Función Pública declaró que la AFCC de la CEPOL no había llevado a efecto esta advertencia en el caso de los recurrentes, puesto que habían aceptado proseguir sus respectivas relaciones contractuales con la CEPOL e incorporarse al servicio en la nueva sede el 1 de octubre de 2014.
En los apartados 58 a 62 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública añadió que, en cualquier caso, el primer motivo era infundado. Tras haber subrayado que, según la jurisprudencia, el no presentarse un agente en su lugar de trabajo podía considerarse equivalente a una dimisión con arreglo al artículo 47 del ROA, señaló que la AFCC de la CEPOL no disponía de margen de maniobra alguno a la hora de ejecutar el artículo 4 de la Decisión 2005/681, modificada por el Reglamento n.
o
543/2014, del que resultaba que el legislador de la Unión había decido implícita pero necesariamente cambiar el destino del personal de la CEPOL a Budapest.
Pues bien, según el Tribunal de la Función Pública, todo funcionario o agente de la Unión está obligado, por una parte, a aceptar cualquier destino que corresponda al grupo de funciones y al grado de su puesto de trabajo, con arreglo a las exigencias del servicio, en todo el territorio de la Unión, en cualquier lugar de trabajo de la institución o agencia en la que haya asumido sus funciones y, por otra parte, a residir en la localidad de su destino o a una distancia de la misma que no entorpezca el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 20 del Estatuto, aplicable por analogía a los agentes temporales y contractuales en virtud de los artículos 11 y 81 del ROA.
El Tribunal de la Función Pública dedujo de ello que no podía censurarse a la AFCC de la CEPOL que exigiese al personal de la CEPOL asumir sus funciones en la nueva sede de la Agencia en Budapest. En consecuencia, habida cuenta asimismo de la amplia facultad de apreciación de la CEPOL para organizar y estructurar sus servicios, el Tribunal de la Función Pública declaró que la AFCC de la CEPOL podía en cualquier caso, en las circunstancias concretas del asunto, decidir, en el ejercicio de su amplia facultad de apreciación, que la negativa de uno de sus agentes a incorporarse al servicio en la nueva sede de la CEPOL en Budapest equivalía a una dimisión.
En segundo lugar, en los apartados 68 a 74 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública desestimó la alegación que los recurrentes habían formulado en apoyo de su segundo motivo y según la cual la AFCC de la CEPOL había incumplido sus respectivos contratos de trabajo y vulnerado sus derechos adquiridos al cambiarles de destino sin su consentimiento.
En tercer lugar, en los apartados 81 a 99 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública desestimó el tercer motivo, mediante el que los recurrentes alegaban, primeramente, la violación de la confianza legítima que creían poder depositar en el carácter inmutable de su lugar de destino; seguidamente, la vulneración del principio de buena administración por habérseles concedido un plazo de reflexión excesivamente breve para decidir proseguir o no sus respectivas relaciones de trabajo con la CEPOL en Budapest y por no haber establecido la CEPOL un régimen transitorio y, por último, el incumplimiento del deber de asistencia y protección. Al examinar este motivo, el Tribunal de la Función Pública desestimó asimismo la alegación que los recurrentes formulaban en apoyo de su segundo motivo y según la cual la AFCC de la CEPOL, en vez de cambiar su lugar de destino, podría haber decidido ofrecerles la posibilidad de trabajar a distancia desde su domicilio en el Reino Unido conservando el derecho al coeficiente corrector aplicable en dicho Estado miembro o incluso ofrecerles una compensación económica unida o no al cese en sus funciones.
En cuarto lugar, el Tribunal de la Función Pública examinó las pretensiones indemnizatorias de los recurrentes. En los apartados 106 a 113 de la sentencia recurrida, las desestimó por los motivos siguientes:
«106
El procedimiento administrativo previo en materia de recurso indemnizatorio difiere dependiendo de que el daño cuya reparación se solicita derive de un acto lesivo en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, o de un comportamiento de la administración carente de carácter decisorio. En el primer caso, incumbe al interesado presentar a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o a la AFCC, dentro del plazo prescrito, una reclamación contra el acto de que se trate. En el segundo caso, en cambio, el procedimiento administrativo debe iniciarse presentando una petición, en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto dirigida a obtener una indemnización y proseguir, en su caso, con una reclamación contra la decisión denegatoria de la petición (auto de 25 de febrero de 1992, Marcato/Comisión,
T‑64/91
,
EU:T:1992:22
, apartados
y
; sentencia de 6 de noviembre de 1997, Liao/Consejo,
T‑15/96
,
EU:T:1997:169
, apartado
, y auto de 20 de marzo de 2014, Michel/Comisión,
F‑44/13
,
EU:F:2014:40
, apartado
).
A este respecto, según reiterada jurisprudencia, la calificación jurídica de un escrito de un funcionario como «petición», en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, o como «reclamación», en el sentido del artículo 90, apartado 2, del Estatuto depende exclusivamente de la apreciación del juez y no de la voluntad de las partes (sentencias de 30 de abril de 1998, Cordiale/Parlamento,
T‑205/95
,
EU:T:1998:76
, apartado
; de 15 de febrero de 2011, AH/Comisión,
F‑76/09
,
EU:F:2011:12
, apartado
, y auto de 16 de diciembre de 2015, Bärwinkel/Consejo,
F‑118/14
,
EU:F:2015:154
, apartado
).
En el caso de autos consta que en la Decisión impugnada la AFCC no se posicionó sobre las consecuencias económicas estatutarias respecto de cada uno de los demandantes individualmente considerados. En particular, dicha Decisión no hace referencia alguna a la aplicación del coeficiente corrector previsto para Hungría en lugar del previsto para el Reino Unido.
Así pues, se desprende de los autos que, como afirma la CEPOL, los demandantes, que en ese momento ya habían aceptado incorporarse al servicio en Budapest, no solicitaron formalmente a la AFCC hasta la presentación de sus respectivas reclamaciones que su incorporación al servicio fuese acompañada de medidas destinadas a compensar equitativamente la disminución de sus ingresos netos resultante, en particular, en el caso de autos, de la aplicación del coeficiente corrector previsto para Hungría. En consecuencia, el Tribunal [de la Función Pública] considera que esa pretensión de los demandantes de obtener una compensación económica equitativa relacionada con su respectiva incorporación al servicio en Budapest constituía una petición, en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, petición que la AFCC denegó en las decisiones de desestimación de las reclamaciones.
Por lo tanto, dado que, previamente a la interposición del presente recurso, los demandantes no presentaron reclamación alguna, en virtud del artículo 90, apartado 2, del Estatuto, contra la negativa de la AFCC, plasmada en las decisiones de desestimación de las reclamaciones, a concederles una compensación económica equitativa, las pretensiones indemnizatorias de los demandantes relativas a su supuesto perjuicio material deben declararse inadmisibles por no cumplir las exigencias del procedimiento administrativo previo.
En cualquier caso, aun suponiendo que las pretensiones indemnizatorias relativas al perjuicio material pudiesen considerarse estrechamente vinculadas con las pretensiones de anulación de la Decisión impugnada y de las decisiones desestimatorias de las reclamaciones, aquellas deberían correr la misma suerte que estas y, por lo tanto, deberían de todos modos ser desestimadas (sentencia de 15 de diciembre de 2015, Bonazzi/Comisión,
F‑88/15
,
EU:F:2015:150
, apartado
y jurisprudencia citada).
Asimismo, como se ha recordado en el apartado 84 de la presente sentencia, en el contexto del cambio de destino de los funcionarios y agentes en cuestión a otro lugar de trabajo de la institución o agencia en que han asumido sus funciones, las dificultades de índole personal y familiar que la ejecución del servicio puede entrañar en tales condiciones se compensan con las prestaciones económicas estatutarias, en particular, la indemnización por expatriación, la indemnización por gastos de instalación, las indemnizaciones diarias y el reembolso de los gastos de transporte de mobiliario y enseres al nuevo lugar de destino y de los gastos de viaje al lugar de origen.
En cuanto a las pretensiones de los demandantes de que se les siga aplicando el coeficiente corrector correspondiente al Reino Unido tras asumir sus respectivas funciones en Budapest, han de ser desestimadas, como se ha declarado en los apartados 95 a 98 de la presente sentencia.»
En los apartados 117 y 118 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública consideró que las pretensiones de indemnización del perjuicio moral de los recurrentes estaban estrechamente relacionadas con las pretensiones de anulación y que, por consiguiente, procedía desestimarlas como consecuencia de la desestimación de estas últimas.
Procedimiento ante el Tribunal General y pretensiones de las partes
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 20 de junio de 2016, los recurrentes interpusieron el presente recurso de casación. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal ese mismo día, los recurrentes formularon una solicitud de anonimato, que el Tribunal aceptó mediante decisión de 15 de julio de 2016.
El 21 de septiembre de 2016, la CEPOL presentó su escrito de contestación al recurso de casación.
El 1 de diciembre de 2016, previa petición motivada de los recurrentes, el Tribunal autorizó un segundo intercambio de escritos procesales, de conformidad con el artículo 201, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Las partes presentaron dichos escritos en los plazos señalados.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de abril de 2017, los recurrentes formularon una solicitud motivada, al amparo del artículo 207, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, para ser oídos en la fase oral del procedimiento. A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal General (Sala de Casación) aceptó dicha solicitud y, en consecuencia, abrió la fase oral del procedimiento.
Mediante decisión de 20 de septiembre de 2017, el Tribunal, con arreglo al artículo 28, apartados 1 a 3, de su Reglamento de Procedimiento y a propuesta de la Sala de Casación, remitió el presente asunto a una formación ampliada.
Mediante escritos de la Secretaría del Tribunal de 9 de noviembre de 2017, el Tribunal requirió a las partes para que, en concepto de diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, respondieran por escrito a dos preguntas relativas a la admisibilidad de las pretensiones de anulación formuladas en primera instancia. En particular, mediante la primera de ellas, el Tribunal preguntó a las partes en qué medida el artículo 1 de la Decisión impugnada era lesivo para los recurrentes por cuanto disponía, por una parte que «se espera[ba] que todo el personal […] se incorpor[ase] al servicio en el nuevo cuartel general de la CEPOL […] en Budapest el 1 de octubre de 2014 o en la fecha convenida entre el Director y el miembro del personal [de que se tratase]» y, por otra parte, que «el incumplimiento de esta instrucción se considerar[ía] como una dimisión con efectos desde el 30 de septiembre de 2014». En relación con este último aspecto, el Tribunal pidió a las partes que precisaran si el artículo 1 de la Decisión impugnada había de interpretarse en el sentido de que en el caso de que un miembro del personal no se hubiese incorporado al servicio el 1 de octubre de 2014 se habría considerado automáticamente que había dimitido, sin efectuar un examen caso por caso.
Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado dentro de los plazos señalados.
En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento a que se ha hecho referencia en el anterior apartado 38, el Tribunal instó asimismo a las partes a responder oralmente en la vista a tres preguntas relativas al fondo del asunto y a una pregunta relativa al examen, por el Tribunal de la Función Pública, de la admisibilidad de sus pretensiones de indemnización del perjuicio material supuestamente sufrido. En particular, mediante esta última pregunta, el Tribunal General preguntó a las partes si el Tribunal de la Función Pública se había pronunciado sobre la existencia de una relación directa entre dichas pretensiones y las de anulación de la Decisión impugnada y de las decisiones desestimatorias de las reclamaciones y si, en su caso, había motivado suficientemente sus conclusiones al respecto.
En la vista celebrada el 16 de enero de 2018 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas escritas y orales formuladas por el Tribunal.
Los recurrentes solicitan al Tribunal que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
En consecuencia:
–
anule la Decisión impugnada y, en la medida en que sea necesario, las decisiones desestimatorias de las reclamaciones;
–
condene a la CEPOL a reparar el perjuicio material y moral sufrido;
–
condene a la CEPOL al pago de las costas de ambas instancias.
La CEPOL solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Confirme la sentencia recurrida.
–
Condene a los recurrentes al pago de las costas de ambas instancias.
Sobre el recurso de casación
Los recurrentes invocan tres motivos en apoyo de su recurso de casación. Mediante sus dos primeros motivos, el primero basado en un error de Derecho al interpretar el artículo 47 del ROA, y el segundo, en una serie de errores de Derecho al interpretar los derechos adquiridos de los recurrentes y las cláusulas contractuales de estos con la CEPOL y al aplicar el principio de buena administración y el deber de asistencia y protección, así como en la violación del principio de igualdad de trato, en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la desnaturalización de los hechos, los recurrentes critican la desestimación de sus pretensiones de anulación. Mediante su tercer motivo, basado principalmente en la infracción del artículo 90 del Estatuto, critican la desestimación de sus pretensiones de indemnización del perjuicio material supuestamente sufrido.
En cambio, los recurrentes no impugnan expresamente la desestimación por el Tribunal de la Función Pública de sus pretensiones de indemnización del perjuicio moral supuestamente sufrido. En su recurso de casación, los recurrentes se limitan a indicar que dicho perjuicio está directamente relacionado con sus pretensiones de anulación. Pues bien, como se desprende del apartado 32 anterior, el Tribunal de la Función Pública concluyó, en los apartados 117 y 118 de la sentencia recurrida, que las pretensiones de resarcimiento del perjuicio moral supuestamente sufrido estaban estrechamente relacionadas con las pretensiones de anulación y, por consiguiente, debían desestimarse como consecuencia de la desestimación de estas.
En tales circunstancias, procede examinar, en primer lugar, la desestimación en la sentencia recurrida de las pretensiones de anulación de los recurrentes y, en segundo lugar, la desestimación en esa misma sentencia de sus pretensiones de indemnización del perjuicio material supuestamente sufrido.
Sobre la desestimación de las pretensiones de anulación formuladas en primera instancia
Con carácter preliminar, procede recordar que, en los apartados 53 a 99 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública desestimó las pretensiones de anulación de los recurrentes por infundadas. Previamente, en los apartados 47 a 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública consideró que la Decisión impugnada era lesiva para los recurrentes. En el apartado 51 de dicha sentencia, declaró que las decisiones de desestimación de las reclamaciones contenían, respecto de la Decisión impugnada, posicionamientos nuevos de la AFCC de la CEPOL en respuesta a las exigencias y alegaciones formuladas por los recurrentes en sus respectivas reclamaciones y que procedía, por consiguiente, pronunciarse sobre la legalidad tanto de la Decisión impugnada como de las decisiones de desestimación de las reclamaciones.
La CEPOL no formuló adhesión a la casación con arreglo al artículo 202, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General solicitando la anulación de los pronunciamientos del Tribunal de la Función Pública sobre la admisibilidad de las pretensiones de anulación de los recurrentes.
No obstante, procede observar que, al conocer de un recurso de casación interpuesto al amparo del artículo 9 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General puede en cualquier momento, con arreglo al artículo 129 de su Reglamento de Procedimiento, examinar de oficio las causas de inadmisión de orden público. Habida cuenta de que los requisitos de admisibilidad de un recurso basado en los artículos 90 y 91 del Estatuto son de orden público, corresponde en su caso al Tribunal examinarlos de oficio, siempre que se hayan recabado previamente las alegaciones de las partes al respecto. La existencia de un acto lesivo, en el sentido de los artículos 90, apartado 2, y 91, apartado 1, del Estatuto, es un requisito indispensable para la admisibilidad de cualquier recurso interpuesto por los funcionarios y agentes de la Unión contra las instituciones y agencias de la Unión a las que pertenezcan (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, Comisión/Q,
T‑80/09 P
,
EU:T:2011:347
, apartados
a
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, el Tribunal General considera que procede examinar de oficio si el Tribunal de la Función Pública concluyó fundadamente, en los apartados 47 a 49 de la sentencia recurrida, que la Decisión impugnada es lesiva para los recurrentes. A este respecto, interesa subrayar que únicamente son lesivas las medidas emanadas de la autoridad competente y que contengan una postura definitiva de la administración dotada de efectos jurídicos obligatorios tales que afecten directa e inmediatamente a los intereses del demandante modificando de forma caracterizada la situación jurídica de este (auto de 13 de diciembre de 2011, Marcuccio/Comisión,
T‑311/09 P
,
EU:T:2011:734
, apartado
).
En respuesta a las diligencias de ordenación del procedimiento a que se ha hecho referencia en el apartado 38 anterior, la CEPOL expuso que la Decisión impugnada no era lesiva para los recurrentes por el hecho de disponer, en su artículo 1, que se esperaba de ellos que se incorporasen al servicio en la nueva sede de la CEPOL en Budapest el 1 de octubre de 2014 o en la fecha convenida con el director de la Agencia. En efecto, según la CEPOL, el artículo 1 de la Decisión impugnada es en ese aspecto meramente confirmatorio de la decisión del legislador de la Unión de trasladar la sede de la CEPOL de Bramshill a Budapest. En la medida en que dicha disposición contempla la fecha de incorporación al servicio en Budapest de los miembros del personal de la CEPOL, se limita a recordarles, según esta, sus obligaciones derivadas del artículo 20 del Estatuto, que dispone que los funcionarios están obligados a residir en la localidad de su destino o a una distancia de la misma que no entorpezca el ejercicio de sus funciones.
La CEPOL alegó asimismo que la indicación que figura en el artículo 1 de la Decisión impugnada, a cuyo tenor «el incumplimiento de [la instrucción según la cual se esperaba que todo el personal se incorporase al servicio en el nuevo cuartel general de la CEPOL en Budapest el 1 de octubre de 2014 o en la fecha convenida con el Director] se considerar[ía] como una dimisión con efectos desde el 30 de septiembre de 2014» no conlleva ningún elemento decisorio.
En efecto, según la CEPOL, por una parte, dicha indicación se limita a informar a todo su personal de las consecuencias contractuales derivadas de la negativa de un miembro del personal a incorporarse al servicio en Budapest. Tal negativa, por definición, no es una acción llevada a cabo por el director de la CEPOL, sino que se asemeja a una omisión por parte del miembro del personal en cuestión, cuya consecuencia jurídica sería su dimisión. La referencia a la «instrucción» del director de la CEPOL no altera esta conclusión, puesto que tal expresión alude simplemente, en términos no técnicos, a la primera frase del artículo 1 de la Decisión impugnada.
Por otra parte, la CEPOL señala que si un miembro de su personal no hubiese acatado esa «instrucción», no se habría considerado automáticamente que dimitía sin llevarse a cabo un examen individual de su caso particular. Sostiene que la fecha de incorporación indicada en la primera frase del artículo 1 de la Decisión impugnada no tenía carácter absoluto, puesto que los miembros del personal tenían la posibilidad de pactar con el director una fecha de incorporación posterior. Según la CEPOL, ello no solo se desprende de la letra del artículo 1 de la Decisión impugnada, sino que es también inherente a la nueva situación aplicable al personal de la Agencia en su conjunto, que necesariamente daría lugar a una multitud de casos individuales. Así, por ejemplo, un miembro del personal de la CEPOL fue autorizado a teletrabajar desde su domicilio en el Reino Unido desde octubre de 2014 hasta el fin de su contrato, el 31 de diciembre de ese mismo año.
Los recurrentes sostienen que la Decisión impugnada lesiona sus intereses en la medida en que decide su cambio de destino de Bramshill a Budapest. En particular, los recurrentes afirman que dicha Decisión tuvo consecuencias económicas para ellos, dada la fuerte disminución de remuneración que hubieron de asumir debido a la diferencia entre los coeficientes correctores previstos para el Reino Unido y para Hungría, respectivamente. Señalan que su vida privada también se vio afectada. FN se vio obligado a seguir manteniendo a su esposa y sus hijastros que permanecieron en el Reino Unido, mientras que FQ tuvo que tomar dos meses de excedencia y un mes de vacaciones para vender lo más rápidamente posible una casa de la que era propietaria en Francia y cuyos gastos de mantenimiento y mensualidades no podía ya pagar. En apoyo de sus alegaciones, los recurrentes invocan la sentencia de 11 de julio de 1996, Aubineau/Comisión (
T‑102/95
,
EU:T:1996:104
), que según ellos versaba sobre el cambio de destino de un agente temporal pero no suscitó ninguna cuestión de admisibilidad.
Por otra parte, los recurrentes exponen, en relación con su interés en ejercitar la acción, que la Decisión impugnada era la única que podían impugnar para oponerse a su traslado a Budapest.
Los recurrentes alegan asimismo que, salvo en caso de haberse pactado otra fecha con el director de la CEPOL, si un miembro del personal de la CEPOL no se hubiese incorporado al servicio el 1 de octubre de 2014 en Budapest, se habría considerado que había dimitido. A este respecto, por una parte, los recurrentes subrayan que no se llevó a cabo ningún examen caso por caso. Tampoco se adoptó ninguna decisión individual con respecto a los miembros del personal de la CEPOL que no se incorporaron a su puesto de trabajo en Budapest en la fecha señalada. Por otra parte, los recurrentes alegan que el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error manifiesto al declarar, en el apartado 57 de la sentencia recurrida, que la negativa de uno de los agentes de la CEPOL a incorporarse a su puesto de trabajo el 1 de octubre de 2014«podía ser considerada, en el caso de autos, como una dimisión». Según ellos, al hacerlo, el Tribunal de la Función Pública dio a entender que tal negativa podía no ser considerada como una dimisión. Ahora bien, según los recurrentes, del artículo 1 de la Decisión impugnada se desprende que una negativa de tal naturaleza «se considerará como una dimisión».
A este respecto, ha de observarse que la Decisión impugnada y las decisiones de desestimación de las reclamaciones constan, fundamentalmente, de dos aspectos. El primer aspecto se refiere al traslado de la sede de la CEPOL de Bramshill a Budapest y a las consecuencias económicas que ese traslado podía tener para el personal de la CEPOL en su conjunto. El segundo se refiere a la situación de los miembros que no deseaban incorporarse al servicio en la nueva sede de la CEPOL en la fecha señalada.
Sobre el primer aspecto
En el apartado 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública consideró que, mediante la Decisión impugnada, la AFCC de la CEPOL había decidido tanto el lugar como la fecha del nuevo destino del personal de la CEPOL. En el apartado 49 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública se basó en la sentencia de 24 de febrero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión (
161/80 y 162/80
,
EU:C:1981:51
), para concluir que la Decisión impugnada, aun cuando ejecutaba un acto de alcance general del Consejo y del Parlamento, debía considerarse una decisión lesiva para los recurrentes en la medida en que modificaba su lugar de destino en condiciones supuestamente ilegales.
Resulta obligado observar, sin embargo, que la Decisión impugnada no modificó en absoluto el lugar de destino de los recurrentes. A ese respecto, debe recordarse que el traslado de la sede de la CEPOL es el resultado de un acuerdo de los Estados miembros y, como se desprende del tercer considerando de la Decisión impugnada y de las decisiones desestimatorias de las reclamaciones, de un acto del legislador de la Unión. Así, por una parte, el 8 de octubre de 2013, los Estados miembros decidieron de común acuerdo que, nada más hubiese abandonado el emplazamiento de Bramshill, la CEPOL se ubicaría en Budapest. Por otra parte, mediante el artículo 1 del Reglamento n.
o
543/2014, el legislador de la Unión modificó el artículo 4 de la Decisión 2005/681 en el sentido de que la sede de la CEPOL no estaba ya fijada en Bramshill, sino en Budapest. Al modificar así la sede de la CEPOL, los Estados miembros y, como señaló el Tribunal de la Función Pública en el apartado 59 de la sentencia recurrida, el legislador, decidieron necesariamente que el destino del personal de la CEPOL debía cambiarse de Bramshill a Budapest. En efecto, en la medida en que, por una parte, el artículo 20 del Estatuto obliga al personal a residir en la localidad de su destino o a proximidad de esta y en que, por otra parte, la sede de la CEPOL constituye su único lugar de trabajo, el personal de dicha Agencia está, en principio, destinado en su sede.
Por consiguiente, en el artículo 1 de la Decisión impugnada, la AFCC de la CEPOL se limitó a recordar el principio del cambio de destino de su personal tal como había sido decidido por el común acuerdo de los Estados miembros de 8 de octubre de 2013 y por el artículo 4 de la Decisión 2005/681, modificada por el Reglamento n.
o
543/2014. Al hacerlo, la AFCC de la CEPOL no modificó de forma caracterizada la situación jurídica de los recurrentes, que en ese aspecto era el resultado del común acuerdo de los Estados miembros de 8 de octubre de 2013 y del artículo 4 de la Decisión 2005/681, modificada por el Reglamento n.
o
543/2014. Por lo tanto, el artículo 1 de la Decisión impugnada no era lesivo para los recurrentes en ese aspecto.
Ni la sentencia de 24 de febrero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión (
161/80 y 162/80
,
EU:C:1981:51
), a la que se refirió el Tribunal de la Función Pública en el apartado 49 de la sentencia recurrida, ni la de 11 de julio de 1996, Aubineau/Comisión (
T‑102/95
,
EU:T:1996:104
), en que se amparan los recurrentes, cuestionan esta conclusión. En efecto, esas dos sentencias se refieren cada una a un supuesto distinto del del caso de autos. En ninguno de esos asuntos se trataba, como en el caso de autos, de un cambio de destino decidido por los Estados miembros o el legislador y que la institución correspondiente se hubiese limitado, mediante el acto impugnado, a ejecutar materialmente en términos generales. Al contrario, ambos asuntos tenían por objeto actos individuales, cuya adopción suponía ejercer el margen de apreciación de la administración. Así, el asunto que dio lugar a la sentencia de 24 de febrero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión (
161/80 y 162/80
,
EU:C:1981:51
), tenía por objeto actos individuales por los que objetivamente podía considerarse que se cambiaba de destino a dos funcionarios de un puesto externo situado en Roma (Italia) a la sede de la Comisión de las Comunidades Europeas en Bruselas (Bélgica), en aplicación de una decisión de alcance general por la que se establecía un sistema de rotación, que dejaba a la administración un margen de apreciación y le permitía, señaladamente, tener en cuenta problemas particulares de servicio o problemas de índole personal que afectasen a los interesados (sentencia de 24 de febrero de 1981, Carbognani y Coda Zabetta/Comisión,
161/80 y 162/80
,
EU:C:1981:51
, apartados
a
y
a
).
Asimismo, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 11 de julio de 1996, Aubineau/Comisión (
T‑102/95
,
EU:T:1996:104
), se impugnaba una decisión individual por la que un agente temporal había sido trasladado de Bruselas a Ispra (Italia) sin su consentimiento, no como consecuencia de un acto del legislador, sino debido a que no había ningún puesto de trabajo acorde con sus cualificaciones en la dirección general de la Comisión para la que había sido contratado (sentencia de 11 de julio de 1996, Aubineau/Comisión,
T‑102/95
,
EU:T:1996:104
, apartados
a
).
Además, por lo que respecta a los derechos económicos estatutarios de los recurrentes, interesa recordar el tenor del artículo 64, párrafo primero, del Estatuto, aplicable por analogía a los agentes temporales y a los agentes contractuales en virtud de los artículos 20, apartado 1, y 92 del ROA: «la retribución de un funcionario expresada en euros, previa deducción de las retenciones obligatorias establecidas en el […] Estatuto o en los reglamentos adoptados para su aplicación, será ponderada mediante un coeficiente corrector superior, igual o inferior al 100 %, según las condiciones de vida de los diferentes lugares de destino». De ello se desprende que la determinación del coeficiente corrector aplicable al personal de una agencia como la CEPOL no se deja a la apreciación de su AFCC, sino que es consecuencia de las condiciones de vida del lugar de destino. Pues bien, como se desprende de los anteriores apartados 60 y 61, la modificación del lugar de destino de los recurrentes era el resultado del común acuerdo de los Estados miembros de 8 de octubre de 2013 y del artículo 1 del Reglamento n.
o
543/2014. Por lo tanto, procede concluir que la aplicación a los recurrentes del coeficiente corrector establecido para Hungría en lugar del establecido para el Reino Unido no es sino una consecuencia mecánica del común acuerdo de los Estados miembros de 8 de octubre de 2013 y del artículo 1 del Reglamento n.
o
543/2014, por una parte, y del artículo 64, párrafo primero, del Estatuto, por otra parte, a los que ni la Decisión impugnada ni las decisiones desestimatorias de las reclamaciones añadieron ni suprimieron nada a ese respecto.
De ello se desprende que el primer aspecto de la Decisión impugnada y de las decisiones desestimatorias de las reclamaciones, al no haber modificado la situación jurídica de los recurrentes, no era lesivo para ellos.
Sobre el segundo aspecto
Procede recordar que, según lo indicado en el artículo 1 de la Decisión impugnada, se esperaba que la totalidad del personal de la CEPOL se incorporase al servicio en la nueva sede de la CEPOL en Budapest el 1 de octubre de 2014 o en la fecha convenida entre el director de la CEPOL y el miembro del personal interesado y que el incumplimiento de esta instrucción se consideraría como una dimisión con efectos desde el 30 de septiembre de 2014. Esta indicación dejaba dos opciones a los miembros del personal de la CEPOL. Podían, o bien incorporarse al servicio en la nueva sede de la CEPOL en Budapest en la fecha señalada, o bien no incorporarse en la fecha señalada. En el caso de autos, los recurrentes optaron por lo primero. Como declaró el Tribunal de la Función Pública en el apartado 57 de la sentencia recurrida, la AFCC de la CEPOL no les aplicó lo dispuesto en el artículo 1 de la Decisión impugnada.
Para modificar la situación jurídica de los recurrentes en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 50 anterior, tal indicación debía no ya manifestar la mera intención de la AFCC de la CEPOL de seguir una línea de conducta general en la que tuviese intención de basarse para adoptar futuras decisiones individuales, sino fijar desde ese momento y de forma definitiva normas de aplicación general de las que la AFCC de la CEPOL no pudiera en principio desviarse para la apreciación de las situaciones individuales de los miembros del personal de la CEPOL que no se presentasen en la nueva sede de la CEPOL en una determinada fecha (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de noviembre de 2008, Italia/Comisión,
T‑185/05
,
EU:T:2008:519
, apartados
y
, y de 13 de diciembre de 2016, IPSO/BCE,
T‑713/14
,
EU:T:2016:727
, apartados
a
).
En el caso de autos, procede observar que la Decisión impugnada no fija de forma definitiva ninguna norma de esa naturaleza. Como subraya fundadamente la CEPOL, el hecho de que un miembro del personal de la CEPOL no se incorporase a su puesto en la nueva sede de esta en Budapest el 1 de octubre de 2014 no habría tenido como consecuencia automática su dimisión desde el 30 de septiembre anterior sin llevarse a cabo un examen individual de su caso particular. En efecto, puesto que hay diversas razones que pueden explicar una ausencia del lugar de destino, el mero hecho de que un miembro del personal de la CEPOL no se presentase en la nueva sede de la Agencia en Budapest en la fecha señalada no podía interpretarse como un acto de dimisión.
A este respecto, en primer lugar, procede subrayar que la Decisión impugnada confiere un margen de negociación al director de la CEPOL y a los miembros del personal. Por una parte, como se señaló en el apartado 29 de la sentencia recurrida, el artículo 2, párrafo tercero, de dicha Decisión prevé la posibilidad de que se entablen negociaciones individuales en relación con el preaviso de dimisión entre el director de la CEPOL y los miembros del personal que no deseen incorporarse a la nueva sede de la Agencia en Budapest.
Por otra parte, a tenor del artículo 1 de la Decisión impugnada, los miembros del personal de la CEPOL que deseasen incorporarse a la nueva sede de esta en Budapest podían pactar con el director de la CEPOL una fecha de entrada en funciones posterior al 1 de octubre de 2014.
En segundo lugar, se desprende de las actuaciones de primera instancia que a los miembros del personal de la CEPOL que no se incorporaron a sus puestos de trabajo en la nueva sede de la Agencia en Budapest en la fecha señalada se les dirigió una decisión individual en virtud de la cual la AFCC de la CEPOL decidió «aceptar su dimisión», tras haber comprobado que no existía ninguna causa médica que justificase su incomparecencia.
Se desprende de lo anterior que, al adoptar la Decisión impugnada, la AFCC de la CEPOL definió una línea de conducta general sobre cuya base tenía intención de adoptar ulteriormente, en aplicación de las disposiciones pertinentes, decisiones individuales en las que constatase, en su caso, la dimisión de los agentes de la CEPOL que no se hubiesen incorporado al servicio en la fecha señalada en la nueva sede de la Agencia en Budapest, teniendo en cuenta la situación particular de cada uno de ellos.
Por lo tanto, se ha de concluir que el segundo aspecto de la Decisión impugnada tampoco era lesivo para los recurrentes.
En consecuencia, oídas las partes, procede declarar de oficio que el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error de Derecho al no declarar inadmisibles las pretensiones de anulación presentadas en primera instancia.
De ello se infiere que, sin necesidad de examinar los dos primeros motivos del recurso de casación, mediante los que los recurrentes critican la desestimación en cuanto al fondo de sus pretensiones de anulación formuladas en primera instancia, la sentencia recurrida debe anularse en la medida en que no declaró inadmisibles tales pretensiones.
Sobre la desestimación de las pretensiones indemnizatorias formuladas en primera instancia
Mediante su tercer motivo, los recurrentes reprochan al Tribunal de la Función Pública el haber incurrido en un error de Derecho al apreciar sus pretensiones de indemnización de su perjuicio material. Los recurrentes formulan dos alegaciones en apoyo de su argumentación.
Mediante su primera alegación, los recurrentes sostienen, en esencia, que el Tribunal de la Función Pública se equivocó al desestimar, en los apartados 106 a 110 de la sentencia recurrida, sus pretensiones de indemnización del perjuicio material, declarándolas inadmisibles por incumplimiento de los requisitos relativos al procedimiento administrativo previo contemplado en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto. En apoyo de esta alegación, los recurrentes invocan diversas decisiones del juez de la Unión, de las que según ellos se desprende que una pretensión indemnizatoria directamente relacionada con la pretensión anulatoria es admisible por ser accesoria de esta, sin que deba necesariamente ir precedida de una petición dirigida a obtener un resarcimiento y, en su caso, de una reclamación contra la denegación de dicha petición. Pues bien, por una parte, en respuesta a la pregunta escrita del Tribunal General descrita en el apartado 40 anterior, los recurrentes afirmaron que el Tribunal de la Función Pública no había examinado verdaderamente la existencia de una relación directa entre sus pretensiones de anulación y de indemnización. Por otra parte, los recurrentes exponen que sus pretensiones indemnizatorias formuladas en primera instancia tenían precisamente por objeto lograr el resarcimiento de un perjuicio directamente relacionado con la Decisión impugnada. En tales circunstancias, según ellos, dicha pretensión no debía ir precedida de una reclamación.
Mediante su segunda alegación, los recurrentes manifiestan, en lo sustancial, que puesto que la desestimación de las pretensiones de anulación formuladas en primera instancia adolece de un error, debe censurarse igualmente al Tribunal de la Función Pública por haber declarado, en el apartado 111 de la sentencia recurrida, que las pretensiones de indemnización de su perjuicio material, suponiendo que estuviesen estrechamente ligadas a las referidas pretensiones de anulación, debían ser desestimadas como consecuencia de la desestimación de estas últimas.
La CEPOL rebate la argumentación de los recurrentes.
En la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública se basó en dos motivos para desestimar las pretensiones de indemnización del perjuicio material de los recurrentes.
Por una parte, en el apartado 110 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública declaró inadmisibles las pretensiones de indemnización del perjuicio material de los recurrentes por no haberse respetado las exigencias relativas al procedimiento administrativo previo. Para llegar a esta conclusión, el Tribunal de la Función Pública declaró, en el apartado 108 de la sentencia recurrida, que la AFCC de la CEPOL no se había pronunciado en la Decisión impugnada sobre las consecuencias pecuniarias estatutarias para cada uno de los recurrentes individualmente. En el apartado 109 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública declaró que los recurrentes no solicitaron formalmente a la AFCC de la CEPOL hasta la presentación de sus respectivas reclamaciones que su incorporación al servicio fuese acompañada de medidas destinadas a compensar equitativamente la disminución de sus ingresos netos, resultante en particular, en el caso de autos, de la aplicación del coeficiente corrector previsto para Hungría. El Tribunal de la Función Pública concluyó que dicha pretensión constituía una petición en el sentido del artículo 90, apartado 1, del Estatuto, cuya denegación en el marco de las decisiones desestimatorias de las reclamaciones debería haber sido objeto de una reclamación. Ahora bien, según el Tribunal de la Función Pública, los recurrentes no habían formulado ninguna reclamación contra dicha denegación antes de interponer su recurso en primera instancia.
Por otra parte, en el apartado 111 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública declaró que, en cualquier caso, aun suponiendo que estuviesen estrechamente ligadas a las pretensiones de anulación, las pretensiones de indemnización de su perjuicio material debían ser desestimadas como consecuencia de la desestimación de aquellas.
Al hacerlo, el Tribunal de la Función Pública no incurrió en un error de Derecho.
Como se desprende de los apartados 51 a 74 de la presente sentencia, el Tribunal de la Función Pública estaba obligado a declarar inadmisibles las pretensiones de anulación formuladas en primera instancia por ir dirigidas contra un acto que no era lesivo. Por lo tanto, el Tribunal de la Función Pública podía considerar, en el apartado 111 de la sentencia recurrida, que las pretensiones de indemnización del perjuicio material de los recurrentes, suponiendo que estuviesen estrechamente ligadas a sus pretensiones de anulación, debían ser desestimadas como consecuencia de la desestimación de estas últimas. Así pues, aun suponiendo que los recurrentes afirmasen fundadamente, en el marco de su primera alegación, que el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error al no admitir la existencia de una relación directa entre dichas pretensiones y las pretensiones de indemnización de su perjuicio material, no puede reprocharse al Tribunal de la Función Pública que desestimase estas últimas pretensiones.
Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo.
Sobre el recurso en primera instancia
A tenor del artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativo a la transferencia al Tribunal General de la competencia para conocer, en primera instancia, de los litigios entre la Unión Europea y sus agentes (
DO 2016, L 200, p. 137
), cuando el Tribunal General anula una resolución del Tribunal de la Función Pública y considera que el estado del litigio permite su resolución definitiva, la Sala que se pronuncia sobre el recurso de casación resuelve ella misma el litigio. Este es el caso presente.
Con carácter preliminar, procede recordar que la sentencia recurrida únicamente se anula en la medida en que el Tribunal de la Función Pública no declaró inadmisibles las pretensiones de anulación formuladas en primera instancia. En cambio, como se ha declarado en los apartados 76 a 85 de la presente sentencia, la sentencia recurrida es fundada en la medida en que desestimó las pretensiones de los recurrentes de indemnización del perjuicio material supuestamente sufrido. En cuanto a la desestimación, por el Tribunal de la Función Pública, de las pretensiones de los recurrentes de indemnización del perjuicio moral alegado, no ha sido objeto de impugnación alguna en el marco del presente recurso de casación (véase el apartado 45 anterior).
Por lo tanto, únicamente corresponde al Tribunal General pronunciarse de forma definitiva sobre las pretensiones de anulación formuladas en primera instancia. Por los motivos expuestos en los apartados 49 a 75 de la presente sentencia, procede considerar que tales pretensiones han de declararse inadmisibles.
Costas
De conformidad con el artículo 211, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando el recurso de casación sea infundado o cuando, siendo fundado, el Tribunal resuelva el litigio, este decidirá sobre las costas. A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 211, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Sin embargo, según el artículo 211, apartado 4 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, en los recursos de casación interpuestos por funcionarios u otros agentes de una institución, no obstante lo dispuesto en el artículo 134, apartado 1 del mismo Reglamento, el Tribunal podrá decidir que se repartan las costas entre las partes, en la medida en que lo exija la equidad.
En el caso de autos, las pretensiones de los recurrentes han sido desestimadas tanto en el procedimiento en casación como en el de primera instancia y la CEPOL ha solicitado su condena en costas. No obstante, por motivos de equidad, el Tribunal considera que, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos en su conjunto, una justa apreciación de la causa impone condenar a cada parte a soportar sus propias costas relativas a ambos procedimientos.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)
decide:

1)
Anular la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Tercera) de 11 de abril de 2016, FN y otros/CEPOL (
F‑41/15 DISS II
,
EU:F:2016:70
), en la medida en que no declaró inadmisibles las pretensiones de anulación formuladas por FN, FP y FQ.

2)
Desestimar las pretensiones de anulación formuladas por FN, FP y FQ ante el Tribunal de la Función Pública en el asunto F‑41/15 DISS II.

3)
Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

4)
FN, FP y FQ, por una parte, y la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), por otra, cargarán cada cual con sus propias costas relativas al procedimiento en casación y al procedimiento en primera instancia.

Jaeger
Van der Woude
Frimodt Nielsen
Kanninen
Gratsias
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de octubre de 2018.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.