CELEX: 62017CJ0544
Recurso de casación
Ayudas de Estado
Recurso de anulación
Admisibilidad
Ayuda de las autoridades portuguesas a la resolución de la entidad de crédito Banco Espírito Santo, S.A.
Creación y capitalización de un banco puente
Decisión de la Comisión Europea por la que se declara la ayuda compatible con el mercado interior
Interés en ejercitar la acción
Recurso ante los tribunales nacionales con objeto de que se anule la decisión de resolución del Banco Espírito Santo

Mediante su recurso de casación, las partes recurrentes solicitan la anulación del auto del Tribunal General de la Unión Europea de 19 de julio de 2017, BPC Lux 2 y otros/Comisión (T‑812/14, no publicado, en lo sucesivo, «auto recurrido»,
EU:T:2017:560
), mediante el que dicho Tribunal declaró inadmisible el recurso interpuesto por aquellas con objeto de que se anulara la Decisión C(2014) 5682 final de la Comisión, de 3 de agosto de 2014, ayuda de Estado SA.39250 (2014/N) — Portugal — Resolución del Banco Espírito Santo (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
Las partes recurrentes son acreedores subordinados del Banco Espírito Santo, S.A. (en lo sucesivo, «BES»), titulares de créditos de categoría 2 inferior.
En mayo de 2014, una auditoría realizada por el Banco de Portugal en el grupo Espírito Santo International, S.A., había concluido que este se encontraba en una situación financiera difícil, que podía tener una incidencia negativa en la solvencia del BES, del que era el accionista mayoritario.
El 30 de julio de 2014, el BES publicó sus resultados respecto al primer semestre de 2014, que indicaban una pérdida económica elevada. A ello siguió, en julio de 2014, una caída considerable de sus depósitos.
En este contexto, las autoridades portuguesas decidieron someter al BES a un procedimiento de resolución, el cual implicaba la creación de una entidad de crédito temporal, el «banco puente», a la que se transferían las actividades comerciales sanas del BES. Una vez efectuadas estas transferencias de activos y de pasivos al banco puente, los activos y pasivos residuales debían permanecer en el seno del BES, llamado a convertirse en el «banco malo».
El 3 de agosto de 2014, las autoridades portuguesas notificaron a la Comisión Europea un proyecto de ayuda de Estado de 4899 millones de euros acordado a través del Fundo de Resolução (Fondo de Resolución, Portugal), destinado a aportar al banco puente un capital inicial. Junto a esta notificación, las autoridades portuguesas transmitieron a la Comisión dos informes del Banco de Portugal, a saber, por una parte, una evaluación de las posibles opciones para la resolución del BES, cuya conclusión consistía en que la creación de un banco puente era la única solución que permitía preservar la estabilidad financiera de la República Portuguesa, y, por otra parte, una descripción del procedimiento a seguir para la resolución del BES. A raíz de este último informe, las autoridades portuguesas presentaron a la Comisión compromisos relativos tanto al banco puente como al banco malo, respecto a su liquidación ordenada. Los compromisos comunes a estas dos entidades guardaban relación con la gestión de los activos existentes, la limitación de los salarios y la prohibición de adquisición de participaciones, de pago de cupones o de dividendos y de publicidad mediante la ayuda de Estado.
El mismo día, la Comisión adoptó, al término de la fase de examen previo, con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, la Decisión controvertida, en la que concluía que la medida notificada, a saber, la inyección de un capital de 4899 millones de euros por las autoridades portuguesas en el banco puente acompañada de compromisos de estas autoridades, constituía una ayuda de Estado compatible con el mercado interior en virtud del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra b) (en lo sucesivo, «ayuda de Estado en cuestión»).
De acuerdo con los compromisos de las autoridades portuguesas, estaba previsto, en particular, que ningún activo de los accionistas y de los titulares de créditos subordinados ni ningún instrumento híbrido pudiera transferirse al banco puente. Se precisaba igualmente que la liquidación del BES debería tener lugar como muy tarde el 31 de diciembre de 2016.
Procedimiento ante el Tribunal General y auto recurrido
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 12 de diciembre de 2014, las ahora partes recurrentes interpusieron recurso de anulación de la Decisión controvertida.
El 7 de diciembre de 2016, el Tribunal General interrogó a las partes recurrentes acerca de si existía para ellas interés en ejercitar la acción contra la Decisión controvertida.
El 23 de enero de 2017, las partes recurrentes respondieron a la pregunta formulada por el Tribunal General.
Mediante el auto recurrido, el Tribunal General declaró inadmisible el recurso tras constatar, de oficio, la inexistencia de interés de las partes recurrentes en ejercitar la acción contra la Decisión controvertida. El Tribunal General consideró que no era necesario pronunciarse sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión y basada en la falta de legitimación activa de las partes recurrentes para impugnar la referida Decisión.
Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación, las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Anule el auto recurrido.
–
Devuelva el asunto al Tribunal General para que este proceda a un nuevo examen del fondo del asunto.
–
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a las partes recurrentes.
Sobre el recurso de casación
Alegaciones de las partes
Las partes recurrentes invocan un motivo único basado en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que no tenían interés en que se anulara la Decisión controvertida.
A su juicio, se desprende de los apartados 27 y 33 del auto recurrido, las partes recurrentes alegaron ante el Tribunal General que la anulación de la Decisión controvertida incrementaría de manera muy notable la probabilidad de que prosperara el recurso de anulación que habían interpuesto ante los tribunales nacionales contra la decisión de resolución del BES y que tal éxito tendría como consecuencia o bien la anulación de la resolución del BES, o bien un derecho a reclamar una indemnización. En particular, las partes recurrentes afirman haber aportado un escrito de un abogado portugués en el que este exponía detalladamente las razones por las cuales la anulación de la Decisión controvertida afectaría a dicho procedimiento nacional, aunque su objeto fuera diferente del objeto del recurso ante el Tribunal General. Añaden que esta prueba no fue cuestionada en primera instancia.
Arguyen por otro lado las partes recurrentes que, tal como declaró el Tribunal de Justicia en los apartados 68, 69 y 79 de la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión (
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
), el hecho de que la anulación por el juez de la Unión de una decisión pueda procurar un beneficio en el marco de un recurso interpuesto ante los tribunales nacionales, incluido un recurso de indemnización, basta en principio para fundamentar el interés en ejercitar la acción ante los órganos jurisdiccionales de la Unión. Aseveran que el auto recurrido no contradice este principio.
Sin embargo, el Tribunal General concluyó, en los apartados 34 y 35 del auto recurrido, que, dado que el procedimiento instado ante él y el instado ante los tribunales portugueses no tenían el mismo objeto, la anulación de la Decisión controvertida no tendría incidencia en la interpretación por estos últimos de las normas constitucionales portuguesas. Ahora bien, según las partes recurrentes, correspondía únicamente a los tribunales portugueses, sobre la base del Derecho portugués, llegar a tal conclusión, y no al juez de la Unión, sobre la base del Derecho de la Unión. De este modo, aducen aquellas, el Tribunal General suplantó indebidamente a los tribunales nacionales a efectos de la apreciación de la fundamentación del recurso nacional.
Con carácter subsidiario, las partes recurrentes sostienen que, aun cuando el Tribunal General hubiera podido legítimamente apreciar la fundamentación de los argumentos jurídicos de Derecho portugués expuestos en el escrito de su abogado portugués, la apreciación del Tribunal habría desnaturalizado manifiestamente las pruebas que se le habían presentado.
La Comisión alega en su defensa, antes de nada, que, en la medida en que las partes recurrentes cuestionan la interpretación del Derecho portugués efectuada por el Tribunal General, tal interpretación constituye una cuestión de hecho que escapa, en principio, al control del Tribunal de Justicia. Arguye que este Tribunal solo es competente para verificar si ha habido desnaturalización del Derecho nacional por parte del Tribunal General. Según dicha institución, la desnaturalización debe deducirse manifiestamente de la documentación de que dispone el Tribunal de Justicia, sin que sea necesario realizar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas.
Pues bien, en este caso, según la Comisión, las partes recurrentes no indican qué hechos o elementos de prueba pudieron ser desnaturalizados por el Tribunal General ni demuestran la existencia de errores cometidos por el Tribunal que hubieran podido llevarle a desnaturalizar los hechos o las pruebas. Aduce dicha institución que, contrariamente a lo que sostienen las partes recurrentes, el Tribunal General no concluyó por propia iniciativa que los argumentos expuestos por el abogado portugués de aquellas en su escrito eran infundados. Entiende la Comisión que el citado Tribunal consideró en efecto que, como el objeto del procedimiento instado ante él era diferente del objeto del procedimiento instado ante los tribunales portugueses, extremo no rebatido por las partes recurrentes, según afirma, la anulación de la Decisión controvertida no puede tener incidencia en la interpretación del Derecho portugués efectuada por el tribunal nacional. En consecuencia, en opinión de la Comisión, el recurso de casación de las partes recurrentes es manifiestamente inadmisible, puesto que se refiere a una cuestión de hecho.
A continuación, la Comisión recuerda que es al demandante a quien incumbe aportar la prueba de su interés en ejercitar la acción. Arguye que no corresponde al Tribunal General buscar e identificar, en los anexos, los motivos que a su juicio podrían constituir el fundamento del recurso, pues los anexos tienen una función meramente probatoria e instrumental.
La Comisión asevera que, en el presente asunto, si bien las partes recurrentes aducen que la anulación de la Decisión controvertida respalda su alegación según la cual la resolución del BES era desproporcionada conforme al Derecho portugués, no ofrecieron ninguna explicación en apoyo de esta afirmación en su respuesta relativa a su interés en ejercitar la acción. En particular, las explicaciones de las partes recurrentes a este respecto ante el Tribunal General no se encontraban en el propio texto de dicha respuesta, sino únicamente en un escrito redactado por un abogado portugués, que figura en el anexo de esta.
Afirma la Comisión que, en la respuesta de las partes recurrentes relativa a su interés en ejercitar la acción, estas alegaron además que la anulación de la Decisión controvertida les permitiría igualmente sostener que la medida de resolución del BES, a falta de capitalización del banco puente por la concesión de la ayuda de Estado en cuestión, no podía evitar la insolvencia del BES. Pues bien, según aquella institución, no se dio ninguna explicación en dicha respuesta en cuanto a la manera en que la anulación de la Decisión controvertida podía entrañar la anulación de la decisión de resolución del BES o fundamentar un recurso por responsabilidad posterior contra el Estado portugués o el Banco de Portugal.
Por último, y en cualquier caso, arguye la Comisión, para que exista interés en ejercitar la acción contra una decisión suya, el éxito del recurso por responsabilidad interpuesto en el marco de un procedimiento judicial nacional debe depender del éxito del recurso de anulación contra esa decisión, tal como sucedía en el asunto que dio lugar a la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión (
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
). Pues bien, las partes recurrentes no han acreditado, según la Comisión, un vínculo comparable entre el procedimiento de anulación que instaron ante el Tribunal General contra la Decisión controvertida y el recurso por responsabilidad hipotético que afirman estar legitimadas para interponer contra el Estado portugués y el Banco de Portugal, en el supuesto de que su recurso en el marco del procedimiento judicial nacional contra la decisión de resolución fuera estimado.
En particular, la Comisión entiende que, tal como el Tribunal General explicó en los apartados 28 a 31 del auto recurrido, es la decisión de resolución del BES, y no la Decisión controvertida, la que pudo tener una incidencia concreta en el valor de los créditos de las partes recurrentes, de modo que una eventual anulación de la Decisión controvertida no obligaría al Estado portugués a reconsiderar la decisión de resolución. Por consiguiente, las partes recurrentes no están necesariamente legitimadas para interponer un recurso por responsabilidad contra el Estado portugués o el Banco de Portugal ante los tribunales nacionales.
Añade la Comisión que, aun en el caso de que la anulación de la Decisión controvertida pudiera tener como consecuencia la anulación de la decisión de resolución del BES y la anulación de esta última decisión pudiera fundar un recurso por responsabilidad contra el Estado portugués o el Banco de Portugal, tal recurso futuro no podría constituir la base que permitiera a las partes recurrentes invocar un interés en la anulación de la Decisión controvertida. En efecto, según se desprende, a juicio de dicha institución, de los apartados 56, 69 y 79 de la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión (
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
), tal recurso de indemnización sería meramente hipotético por depender del éxito del procedimiento nacional.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que un recurso de anulación promovido por una persona física o jurídica solo es admisible en la medida en que esta tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Un interés de este tipo supone que la anulación del acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto (sentencia de 4 de junio de 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Comisión,
C‑682/13 P
, no publicada,
EU:C:2015:356
, apartado
y jurisprudencia citada).
Además, el interés en interponer un recurso de anulación debe ser existente y efectivo y ha de apreciarse en la fecha en que se interpone el recurso (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de septiembre de 2009, Comisión/Koninklijke FrieslandCampina,
C‑519/07 P
,
EU:C:2009:556
, apartado
, y de 4 de junio de 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Comisión,
C‑682/13 P
, no publicada,
EU:C:2015:356
, apartado
).
En el caso presente, procede, antes de nada, rechazar la alegación de la Comisión según la cual el recurso de casación es inadmisible por cuanto cuestiona la apreciación fáctica efectuada por el Tribunal General relativa a la eventual incidencia del recurso promovido ante él en el recurso de anulación interpuesto por las partes recurrentes ante los tribunales nacionales.
Ciertamente, el Tribunal General es el único competente para constatar y apreciar los hechos y, en principio, para examinar los elementos de prueba que considera en apoyo de tales hechos. No obstante, corresponde al Tribunal de Justicia ejercer su control, dado que el Tribunal General procede a su calificación jurídica y extrae consecuencias jurídicas. Por consiguiente, la cuestión de si, teniendo en cuenta tales hechos y elementos de prueba, la anulación de la Decisión controvertida por el juez de la Unión puede procurar a las partes recurrentes un beneficio en el marco de un recurso interpuesto ante los tribunales nacionales, de modo que puedan acreditar su interés en ejercitar la acción ante el juez de la Unión, es una cuestión jurídica sometida al control que el Tribunal de Justicia ejerce en el ámbito del recurso de casación (véase, por analogía, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión,
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, apartado
).
A continuación, procede asimismo desestimar la alegación de la Comisión de que las partes recurrentes no habían justificado suficientemente su interés en ejercitar la acción, dado que las explicaciones que habían ofrecido a este respecto ante el Tribunal General no se encontraban en el propio texto de su respuesta relativa a su interés en ejercitar la acción, sino únicamente en un anexo de esta.
Ciertamente, tal como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, el demandante debe acreditar su interés para ejercitar la acción, lo cual constituye el primer y fundamental requisito para promover cualquier acción judicial (sentencia de 4 de junio de 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Comisión,
C‑682/13 P
, no publicada,
EU:C:2015:356
, apartado
y jurisprudencia citada).
En particular, para que pueda declararse la admisibilidad de un recurso de anulación de un acto interpuesto por una persona física o jurídica, la parte demandante deberá justificar pertinentemente el interés que tiene en que se anule tal acto (sentencias de 4 de junio de 2015, Andechser Molkerei Scheitz/Comisión,
C‑682/13 P
, no publicada,
EU:C:2015:356
, apartado
, y de 20 de diciembre de 2017, Binca Seafoods/Comisión,
C‑268/16 P
,
EU:C:2017:1001
, apartado
).
Pues bien, tal como se desprende de los apartados 27 y 33 del auto recurrido, las partes recurrentes, en respuesta a una pregunta formulada a este respecto por el Tribunal General, afirmaron que la anulación de la Decisión controvertida incrementaría de manera muy notable la probabilidad de éxito del procedimiento de control judicial que habían instado ante los tribunales portugueses contra la decisión de resolución del BES. En particular, precisaron que tal éxito tendría como consecuencia o bien la anulación de la decisión de resolución del BES, o bien que ellas dispusieran del derecho a reclamar una indemnización por las pérdidas sufridas a causa de la resolución ilegal del BES.
Por otro lado, de esta misma respuesta de las partes recurrentes relativa a su interés en ejercitar la acción se desprende que estas desarrollaron, en varias páginas, su argumentación al respecto. En particular, se basaron en sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General en la materia y explicaron, con brevedad pero de manera suficiente, las razones por las que, según el escrito de un abogado portugués anexo a esa respuesta, la anulación de la Decisión controvertida incrementaría notablemente sus posibilidades de éxito en el marco del recurso nacional de anulación de la decisión de resolución del BES. En particular, según las recurrentes, la anulación de la Decisión controvertida por el Tribunal General permitiría, por una parte, fundamentar las alegaciones que ya habían formulado en el recurso nacional según las cuales la resolución del BES era desproporcionada en Derecho portugués y, por otra parte, formular, siempre en el marco de dicho recurso, la alegación de que, a falta de la ayuda de Estado en cuestión, la resolución del BES no habría podido alcanzar el objetivo de evitar su insolvencia.
Si bien es cierto, por un lado, que los detalles de la argumentación de las partes recurrentes sobre su interés en ejercitar la acción no figuraban en el propio texto de la respuesta que habían remitido al Tribunal General, sino en el anexo de esta, y, por otro lado, que las partes recurrentes han añadido, en su recurso de casación, elementos que no figuraban en dicha respuesta, no es menos cierto que las grandes líneas de la argumentación de las partes recurrentes a este respecto se encontraban en la propia respuesta citada.
Además, habida cuenta tanto de la extensión como del carácter probatorio del escrito del abogado portugués adjunto en anexo a la respuesta de las partes recurrentes relativa a su interés en ejercitar la acción y de las demás pruebas correspondientes, no cabe reprochar a las partes recurrentes su inclusión en anexo a dicha respuesta, cuyo fin era, por añadidura, profundizar en su argumentación relativa a su legitimación activa, también en respuesta a una invitación del Tribunal General en este sentido.
Por lo demás, en la medida en que, mediante su argumentación, la Comisión pretende acreditar la insuficiencia misma de los elementos aportados por las partes recurrentes en primera instancia a efectos de demostrar su interés en ejercitar la acción contra la Decisión controvertida, esta argumentación se refiere a la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el auto recurrido de que las partes recurrentes carecían de interés en ejercitar la acción a este respecto. Así pues, dicha argumentación debe tratarse al apreciar la procedencia del motivo único invocado en el marco del presente recurso de casación.
Así, es preciso examinar si el Tribunal General incurrió en error de Derecho en los apartados 34 a 36 del auto recurrido al considerar que, dado que el procedimiento ante él y el procedimiento ante los tribunales nacionales no tenían el mismo objeto, la eventual anulación de la Decisión controvertida no tendría ninguna incidencia en el procedimiento nacional y no procuraría, por tanto, ningún beneficio a las partes recurrentes.
De estos apartados del auto recurrido se desprende que el Tribunal General señaló que el procedimiento nacional tenía por objeto únicamente la cuestión de la conformidad con el Derecho nacional del recurso a un procedimiento de resolución, mientras que el recurso ante él se refería solamente a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de la financiación de dicho procedimiento de resolución. El Tribunal General dedujo de ello que una eventual apreciación, por él mismo, del respeto por parte de la Comisión del Derecho de la Unión no tendría incidencia en la interpretación por los tribunales portugueses de su Derecho nacional, en particular sobre la cuestión de si el principio de proporcionalidad, tal como se protege por el Derecho constitucional portugués, había sido violado.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en principio, una parte conserva su interés en mantener un recurso de anulación, dado que este último puede constituir la base de un eventual recurso por responsabilidad (sentencia de 20 de junio de 2013, Cañas/Comisión,
C‑269/12 P
, no publicada,
EU:C:2013:415
, apartado
).
La eventualidad de un recurso de indemnización es fundamento suficiente del interés en ejercitar la acción, siempre que este no sea hipotético (véase la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión,
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, apartado
).
El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que el interés en ejercitar la acción puede sustentarse en cualquier acción ejercitada ante los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco de la cual la eventual anulación del acto impugnado ante el juez de la Unión pueda procurar una ventaja al recurrente (sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión,
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, apartado
).
Por último, la persistencia del interés en ejercitar la acción debe apreciarse en cada caso concreto, teniendo en cuenta, en particular, las consecuencias de la ilegalidad alegada y la naturaleza del perjuicio presuntamente sufrido (sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión,
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, en su recurso de casación, las partes recurrentes sostienen que el perjuicio que sufren consiste en que, por haber quedado sus obligaciones en el banco malo, el procedimiento de resolución hizo que pasaran de ser tenedores de obligaciones del BES a tenedores de obligaciones de un banco que no tenía activo de valor, que no podía tener nuevos negocios y cuya licencia bancaria debía ser retirada tras un corto período de liquidación. Así pues, aquellas afirman que han sufrido pérdidas sustanciales y que su situación jurídica se ha modificado. Además, tal como se desprende de su respuesta al Tribunal General relativa a su interés en ejercitar la acción y de los anexos de esta respuesta, las partes recurrentes alegan que, habida cuenta de la cuantía de sus pérdidas económicas, su situación no es comparable a la situación que impera cuando se aplican las normas ordinarias de insolvencia del Derecho portugués, puesto que estas últimas prevén el pago a todos los acreedores de una empresa, incluidos los titulares de créditos subordinados, sobre la base de los activos de la empresa y conforme al orden de pago. En dicha respuesta, las partes recurrentes concluyeron que habían perdido su derecho de reclamación contra todos los activos del BES, incluidos los activos sanos, según las normas ordinarias portuguesas en la materia.
En lo que respecta a las consecuencias de la ilegalidad alegada, tal como se desprende del apartado 35 de la presente sentencia, las partes recurrentes alegaron ante el Tribunal General, como sostienen ante el Tribunal de Justicia, que el éxito en el recurso de anulación interpuesto ante los tribunales portugueses contra la decisión de resolución del BES tendría como consecuencia o bien la anulación de esa decisión, o bien que ellas dispusieran del derecho a reclamar una indemnización por las pérdidas sufridas a causa de la resolución ilegal del BES.
Por su parte, la Comisión subraya, en esencia, que el futuro recurso nacional de indemnización en el que se basan las partes recurrentes para acreditar su interés en ejercitar la acción contra la Decisión controvertida es hipotético, dado que no existe certeza de que ese recurso nacional vaya a interponerse efectivamente y que las partes recurrentes no han demostrado un vínculo suficiente entre dicho recurso nacional y el recurso en primera instancia ante el Tribunal General.
No obstante, aun cuando la posibilidad de las partes recurrentes de interponer en el futuro un recurso de indemnización no pueda conferirles un interés existente y efectivo en solicitar la anulación de la Decisión controvertida, procede recordar que tal interés puede sustentarse sin embargo, como se desprende del apartado 44 de la presente sentencia, en cualquier acción ejercitada ante los órganos jurisdiccionales nacionales en el marco de la cual la eventual anulación del acto impugnado pueda procurar una ventaja al recurrente.
Pues bien, consta que las partes recurrentes ya han interpuesto un recurso de anulación contra la decisión de resolución del BES ante los tribunales portugueses. Además, de los elementos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que ese recurso puede, por sí mismo, procurar un beneficio a las partes recurrentes.
Procede pues examinar si, como sostienen las partes recurrentes, la anulación por el Tribunal General de la Decisión controvertida puede tener incidencia en el recurso de anulación que han interpuesto ante los tribunales nacionales contra la decisión de resolución del BES.
Es cierto —y tampoco se cuestiona en el marco del presente recurso de casación— que, tal como señaló el Tribunal General en el apartado 34 del auto recurrido, el recurso interpuesto ante él no tenía el mismo objeto que el formulado ante los tribunales portugueses, puesto que el fin del primero era hacer constar la incompatibilidad de la ayuda de Estado en cuestión con el Derecho de la Unión, mientras que con el segundo se pretendía hacer constar la incompatibilidad de la decisión de resolución del BES con el Derecho portugués.
No obstante, tanto del auto recurrido como de la documentación aportada al Tribunal de Justicia se desprende que la Decisión controvertida y la decisión de resolución del BES están vinculadas inextricablemente. En particular, de los apartados 4 a 7 del mencionado auto resulta que el procedimiento de resolución «implicaba» la creación de una entidad de crédito temporal, a la que se transferían las actividades comerciales sanas del BES. También se desprende de estos apartados que, según una evaluación transmitida a la Comisión por las autoridades portuguesas relativa a las posibles opciones para la resolución, la creación de un banco puente se consideraba la «única solución» que permitía preservar la estabilidad financiera de la República Portuguesa y que la Comisión estimó compatible con el mercado interior la ayuda de Estado en cuestión teniendo en cuenta los compromisos de las autoridades portuguesas, los cuales concernían tanto al banco puente como al banco malo y se referían a su liquidación ordenada. En particular, estaba previsto entre los compromisos la prohibición de transferir al banco puente los haberes de los accionistas y de los titulares de créditos subordinados.
Consta ciertamente, como recordó el Tribunal General en el apartado 28 del auto recurrido, que la disminución del valor de las obligaciones de las que son titulares las partes recurrentes encuentra su origen en la decisión de resolución del BES. Asimismo, tal como indicó el Tribunal General en el apartado 31 del auto recurrido, sin que las partes recurrentes lo hayan discutido, la eventual anulación de la Decisión controvertida no obligaría a la República Portuguesa a reconsiderar su decisión de crear un banco puente y que se incluyan en el patrimonio de este las obligaciones como las que poseen las partes recurrentes.
No obstante, habida cuenta de los vínculos indisociables existentes entre la Decisión controvertida y la decisión de resolución del BES, tal como se exponen en el apartado 53 de la presente sentencia, que demuestran, en particular, que la ayuda de Estado fue concedida en el marco de la resolución del BES, es preciso constatar que, como sostienen las partes recurrentes, el Tribunal General no podía concluir, sin sustituir a los tribunales portugueses que deben apreciar la fundamentación del recurso de anulación que aquellas habían interpuesto contra la decisión de resolución del BES, que, debido a que el objeto de este último recurso no era el mismo que el del recurso interpuesto ante el Tribunal General, la eventual anulación de la Decisión controvertida no podría afectar en modo alguno al examen por los tribunales portugueses del recurso formulado ante ellos, en concreto de la manera que apuntan las partes recurrentes tanto en sus escritos ante el Tribunal General como en su recurso de casación ante el Tribunal de Justicia.
En efecto, no corresponde al juez de la Unión, al examinar el interés en ejercitar la acción ante él, apreciar la probabilidad del fundamento de un recurso interpuesto ante los órganos jurisdiccionales nacionales con arreglo al Derecho interno y, en consecuencia, sustituirlos al efectuar tal apreciación. Sin embargo, sí es necesario, aunque también suficiente, que el recurso de anulación interpuesto ante el juez de la Unión pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto (sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión,
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, apartado
). Pues bien, esto es lo que ocurre en el caso de autos, tal como resulta de los apartados 42 a 55 de la presente sentencia.
En atención a las consideraciones anteriores, procede declarar que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al estimar, en los apartados 34 a 36 del auto recurrido, que, dado que el procedimiento sustanciado ante él y el procedimiento nacional no tenían el mismo objeto, la eventual anulación de la Decisión controvertida no tendría incidencia en este último procedimiento y, por tanto, no procuraría ningún beneficio a las partes recurrentes, en el sentido de la jurisprudencia pertinente.
Por consiguiente, el Tribunal General concluyó también erróneamente, en el apartado 37 del citado auto, que el recurso interpuesto por las partes recurrentes debía declararse inadmisible por falta de interés en ejercitar la acción contra la Decisión controvertida.
En estas circunstancias, procede estimar el recurso de casación y, en consecuencia, anular el auto recurrido.
Sobre la devolución del asunto al Tribunal General
Conforme al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este podrá, en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General.
En el presente asunto, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos necesarios para resolver definitivamente sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión en el procedimiento de primera instancia, basada en la falta de legitimación activa de las partes recurrentes para impugnar la Decisión controvertida. Lo mismo sucede en cuanto al fondo del recurso, al implicar este aspecto del litigio igualmente el examen de elementos que no han sido apreciados por el Tribunal General en el auto recurrido ni debatidos ante el Tribunal de Justicia.
Por consiguiente, procede devolver el asunto al Tribunal General a fin de que este se pronuncie sobre la excepción de inadmisibilidad que la Comisión basa en que las partes recurrentes no satisfacen las exigencias del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto.
Costas
Al haberse devuelto el asunto al Tribunal General, debe reservarse la decisión sobre las costas correspondientes al presente procedimiento de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1)
Anular el auto del Tribunal General de la Unión Europea de 19 de julio de 2017, BPC Lux 2 y otros/Comisión (
T‑812/14
, no publicado,
EU:T:2017:560
).

2)
Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3)
Reservar la decisión sobre las costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.