CELEX: 62020TJ0540
Subvenciones
Importaciones de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/870
Derecho compensatorio definitivo y recaudación definitiva del derecho compensatorio provisional
Derecho de defensa
Imputabilidad de la subvención
Error manifiesto de apreciación
Sistema de devolución de los derechos de importación
Tratamiento fiscal de las pérdidas por tipos de cambio
Cálculo del margen de subcotización

(
)
Mediante su recurso, basado en el artículo 263 TFUE, la demandante, Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE, solicita la anulación del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/870 de la Comisión, de 24 de junio de 2020, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo y se recauda definitivamente el derecho compensatorio provisional establecido sobre las importaciones de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto, y se percibe el derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones registradas de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto (DO 2020, L 201, p. 10; en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución impugnado»), en la medida en que le afecta.
I.
Antecedentes del litigio
La demandante es una sociedad constituida de conformidad con la legislación de la República Árabe de Egipto, cuyos accionistas son entidades chinas. La actividad de la demandante consiste en la producción y exportación de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto o cosidos (en lo sucesivo, «TFV») y de productos de fibra de vidrio de filamento continuo (en lo sucesivo, «RFV»), constituyendo estos últimos la principal materia prima utilizada para producir TFV. Estos productos se venden, en particular, dentro de la Unión Europea.
A.
Sobre la Zona de Cooperación Económica y Comercial China— Egipto de Suez
La demandante está establecida en la Zona de Cooperación Económica y Comercial China-Egipto de Suez (Egipto) (en lo sucesivo, «Zona CECS»). La Zona CECS fue creada conjuntamente por la República Árabe de Egipto y la República Popular China. Sus orígenes se remontan a los años noventa. En 1997, los primeros ministros de China y Egipto firmaron un memorando de entendimiento, en el que ambos países acordaron «cooperar para desarrollar la zona económica libre en el norte del Golfo de Suez».
En 2002, una zona geográfica más amplia de 20 km², que incluía la Zona CECS, fue clasificada como zona económica especial por las autoridades egipcias, haciendo así aplicable a la Zona CECS la Ley egipcia n.º 83/2002 sobre las Zonas Económicas Especiales (en lo sucesivo, «Ley n.º 83/2002»).
A continuación, las entidades públicas chinas y egipcias crearon la empresa Egypt TEDA Investment Co. (en lo sucesivo, «Egypt TEDA»), de la que las autoridades chinas poseen el 80 % de las acciones y las autoridades egipcias el 20 % restante.
En 2012, con ocasión de una visita del presidente egipcio a China, este hizo referencia a la Zona CECS como un proyecto clave de la cooperación bilateral entre ambos países. También manifestó que esperaba que cada vez más empresas chinas invirtieran en la Zona CECS, participando así en el programa de recuperación de Egipto.
En 2013, la Zona CECS se amplió en 6 km² en virtud de un contrato entre Egypt TEDA y las autoridades egipcias. Desde el mismo año, la Zona CECS ha seguido desarrollándose en el marco de la Iniciativa china de la Franja y la Ruta. Esta iniciativa, según los Dictámenes de orientación chinos sobre la promoción de la capacidad de producción internacional y la cooperación en la fabricación de equipos de 13 de mayo de 2015, incluye la posibilidad de que las empresas «que operan en el extranjero» puedan beneficiarse de políticas de apoyo presupuestarias y fiscales, préstamos en condiciones favorables, apoyo financiero a través de préstamos sindicados, créditos a la exportación y financiación de proyectos, inversión en capital y seguros de crédito a la exportación.
En 2015, la zona económica especial mencionada en el apartado 4 anterior, de la que formaba parte la Zona CECS, fue incorporada oficialmente a la Zona Económica del Canal de Suez, una zona más amplia que comprende la región alrededor del Canal de Suez y está regulada por la Ley n.º 83/2002, en el contexto del «Plan de Desarrollo del Corredor del Canal de Suez» puesto en marcha por Egipto.
En 2016, los presidentes de China y de Egipto inauguraron oficialmente el proyecto de ampliación de 6 km² de la Zona CECS y firmaron, el 21 de enero de 2016, un acuerdo entre las autoridades chinas y las autoridades egipcias (en lo sucesivo, «Acuerdo de Cooperación de 2016»), que aclaró la importancia y el estatuto jurídico de la Zona CECS.
De conformidad con el Acuerdo de Cooperación de 2016, las autoridades de ambos países desarrollan conjuntamente la Zona CECS. Lo hacen en consonancia con sus respectivas estrategias nacionales, es decir, la Iniciativa de la Franja y la Ruta para China, por una parte, y el Plan de Desarrollo del Corredor del Canal de Suez para Egipto, por otra. Con este fin, las autoridades egipcias proporcionan el terreno, el trabajo y determinadas desgravaciones fiscales, mientras que las empresas chinas que operan en la zona gestionan las instalaciones de producción con sus activos y sus directivos. Para compensar la falta de fondos egipcios, las autoridades chinas también apoyan este proyecto poniendo los medios financieros necesarios a disposición de Egypt TEDA y de las empresas chinas que operan en la Zona CECS.
B.
Sobre el procedimiento que condujo a la adopción del Reglamento de Ejecución impugnado
El 24 de abril de 2019, la coadyuvante, Association des producteurs de fibres de verre européens (APFE), en nombre de productores que representan el 71 % de la producción total de la Unión, presentó una denuncia ante la Comisión, con arreglo a la cual las importaciones de RFV originarios de Egipto habían recibido subvenciones y habían causado un perjuicio a la industria de la Unión.
A raíz de esa denuncia, la Comisión, sobre la base del artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (DO 2016, L 176, p. 55; en lo sucesivo, «Reglamento antisubvenciones de base»), inició, el 7 de junio de 2019, una investigación antisubvenciones relativa a las importaciones de RFV y, más concretamente, como se desprende del punto 2 del anuncio de inicio de esa investigación, de hilados cortados de fibra de vidrio, de longitud inferior o igual a 50 mm, de
rovings
de fibra de vidrio, a excepción de los que hayan sido impregnados y recubiertos y tengan una pérdida por combustión superior al 3 % (tal como determina la norma ISO 1887) y de
mats
fabricados con filamentos de fibra de vidrio, con excepción de los
mats
de lana de vidrio.
La investigación relativa a las subvenciones y al perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, mientras que el análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio se refirió al período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el final del período de investigación.
Durante el período de investigación, la demandante vendió RFV a clientes independientes, tanto en Egipto como en el extranjero. También vendió RFV a tres clientes vinculados en la Unión, a saber, Jushi Spain SA, Jushi France SAS y Jushi ltalia Srl, y a Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE (en lo sucesivo, «Hengshi»), también situada en la zona CECS.
El 24 de junio de 2019, la demandante formuló sus observaciones a la Comisión sobre las subvenciones y el perjuicio y, en julio de 2019, presentó su respuesta al cuestionario antisubvenciones. La Comisión también llevó a cabo inspecciones
in situ
en los locales de la demandante.
El 7 de agosto de 2019, los poderes públicos egipcios presentaron también su respuesta al cuestionario antisubvenciones.
El 12 de febrero de 2020, la Comisión modificó el anuncio de inicio de 7 de junio de 2019, al encontrar nuevas pruebas de otras subvenciones que debían tenerse en cuenta en el marco de la investigación antisubvenciones, a saber, préstamos preferentes supuestamente concedidos a la demandante por bancos chinos públicos o controlados por el Estado, y considerar que estaba justificado incluir esas subvenciones en el ámbito de la investigación en curso, de conformidad con el artículo 10, apartado 7, del Reglamento antisubvenciones de base. La Comisión añadió que examinaría asimismo si la cooperación entre los poderes públicos egipcios y los poderes públicos chinos había influido en otros programas de subvenciones.
Tras modificar el anuncio de inicio, el 12 de febrero de 2020, la Comisión envió a la demandante y a los poderes públicos egipcios una solicitud de información relativa a los programas de subvenciones adicionales incluidos en el ámbito de la investigación.
El 14 de febrero de 2020, la Comisión envió su documento de notificación previa, informando a la demandante de su intención de imponer medidas compensatorias provisionales sobre las importaciones de RFV. El mismo día, la Comisión publicó asimismo el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/199, de 13 de febrero de 2020, por el que se someten a registro las importaciones de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto (DO 2020, L 42, p. 10). La demandante presentó sus observaciones acerca de esa notificación el 19 de febrero de 2020.
El 17 de febrero de 2020, los poderes públicos egipcios presentaron sus observaciones en respuesta a la solicitud de información de la Comisión, en las que pedían que se retirara esa solicitud de información, dado que carecían de autoridad legal para coordinar la respuesta de las autoridades chinas situadas fuera de su territorio soberano. El 20 de febrero de 2020, la Comisión respondió al escrito de los poderes públicos egipcios insistiendo en el hecho de que la información solicitada podía ser facilitada por ellos solos o en cooperación con los poderes públicos chinos. El 27 de febrero de 2020, los poderes públicos egipcios enviaron un escrito adicional reiterando su petición de que la Comisión retirara su solicitud de información, basándose en que las acciones de las entidades chinas no podían atribuirse legalmente a los poderes públicos egipcios y en que la Comisión vulneraba su derecho de defensa. En ese escrito, también solicitaron una audiencia con el Consejero auditor, que se celebró el 1 de abril de 2020.
El 5 de marzo de 2020, los poderes públicos egipcios y la demandante presentaron finalmente sus respuestas a la solicitud de información de la Comisión.
El 4 de marzo de 2020, la Comisión envió su comunicación previa a la demandante. Al día siguiente, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/379, por el que se establece un derecho compensatorio provisional a las importaciones de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto (DO 2020, L 69, p. 14; en lo sucesivo, «Reglamento de Ejecución provisional»). Ese Reglamento de Ejecución fue publicado el 6 de marzo de 2020 en el
Diario Oficial de la Unión Europea
y estableció un derecho compensatorio provisional de 8,7 % a la demandante.
Mediante el escrito de 18 de marzo de 2020, la Comisión informó a la demandante de que, sobre la base de sus respuestas a la solicitud de información, debía plantearse la aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento antisubvenciones de base en relación con determinada información solicitada. Aquella respondió al citado escrito el 20 de marzo de 2020.
También el 18 de marzo de 2020, la demandante presentó sus observaciones acerca del Reglamento de Ejecución provisional y a continuación tuvo lugar una audiencia con la Comisión relativa a ese Reglamento de Ejecución.
El 29 de abril de 2020, la Comisión envió su comunicación final a la demandante, que presentó sus observaciones al respecto el 9 de mayo de 2020. Acto seguido, se celebró con la Comisión una audiencia relativa a esa comunicación.
El 24 de junio de 2020, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución impugnado. Dicho Reglamento de Ejecución establece un derecho compensatorio definitivo de 13,1 % sobre las importaciones de los RFV de la demandante con destino a la Unión.
II.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal General que:
–        Anule el Reglamento de Ejecución impugnado en la medida en que le afecta.
–        Condene en costas a la Comisión.
–        Condene a la coadyuvante a cargar con sus propias costas.
La Comisión y la coadyuvante solicitan al Tribunal General que:
–        Desestime el recurso por infundado.
–        Condene en costas a la demandante.
III.
Fundamentos de Derecho
[
omissis
]
A.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción de los artículos 2, letras a) y b), 3, punto 1, letra a), 4, apartados 2 y 3, y 28, apartado 1, del Reglamento antisubvenciones de base
[
omissis
]
2.
Segunda parte del primer motivo, basada en la infracción de los artículos 2,
letras a) y b)
, y 3, punto 1,
letra a)
, del Reglamento antisubvenciones de

bas
e
La demandante formula tres imputaciones principales en apoyo de esta parte del motivo. En primer término, considera que la interpretación que hace la Comisión del artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento antisubvenciones de base no encuentra justificación desde el punto de vista del Derecho de la Unión. En segundo término, sostiene que la invocación por la Comisión del Derecho de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para interpretar el artículo 3, punto 1, letra a), de dicho Reglamento carece de fundamento. En tercer término, aduce que la interpretación que hace la Comisión del artículo 1, apartado 1, letra a), punto 1), del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (en lo sucesivo, «Acuerdo SMC») no respeta la jurisprudencia de la OMC ni el Derecho internacional público.
En apoyo de la primera imputación, la demandante sostiene que de la interpretación literal del artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento antisubvenciones de base, cuyo tenor es claro y preciso y sin que sea necesario, por otra parte, interpretarlo a la luz del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 (en lo sucesivo, «Convenio de Viena») y del Proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, tal como fue adoptado en 2001 por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «artículos de la CDI»), se desprende que no solo los poderes públicos que conceden la contribución financiera, sino también la propia contribución financiera, deben ser de la competencia territorial del país de origen o de exportación. Añade que esta interpretación se ve corroborada por el contexto global del Reglamento antisubvenciones de base, en particular, sus artículos 10, apartado 7, y 13, apartado 1.
En apoyo de la segunda imputación, la demandante afirma que la Comisión interpretó erróneamente el artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento antisubvenciones de base a la luz del Derecho de la OMC. Indica que, si bien, según la jurisprudencia, el juez de la Unión puede controlar la legalidad de un acto de la Unión respecto de las normas de la OMC cuando la Unión pretende cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC, en el caso de autos, no puede invocarse una interpretación a la luz del Derecho de la OMC respecto de las disposiciones del Reglamento antisubvenciones de base que difieran de las del Acuerdo SMC. Pues bien, según la demandante, los términos del Acuerdo SMC difieren manifiestamente de los utilizados por dicho Reglamento en lo que atañe a la definición del concepto de «subvención».
En apoyo de su tercera imputación, la demandante alega que, suponiendo que para interpretar la expresión «poderes públicos» en el Reglamento antisubvenciones de base deba tenerse en cuenta el Derecho de la OMC, la interpretación que hace la Comisión del artículo 1, apartado 1, letra a), punto 1), del Acuerdo SMC sigue siendo errónea, en la medida en que infringe el artículo 31, apartados 1 y 3, del Convenio de Viena. A su modo de ver, de dicho artículo del Acuerdo SMC se desprende claramente que los actos de los poderes públicos de países terceros no pueden atribuirse a los poderes públicos del país de origen o de exportación. Añade que esta interpretación se ve confirmada por otras disposiciones de dicho Acuerdo, como los artículos 13, apartados 1, 2 y 4, y 18, apartado 1, letra a).
Además, sostiene que el artículo 11 de los artículos de la CDI no es una regla «pertinente» de Derecho internacional en el sentido del artículo 31, apartado 3, letra c), del Convenio de Viena para interpretar el término «gobierno» que figura en el artículo 1, apartado 1, letra a), punto 1), del Acuerdo SMC. Aduce que el órgano de apelación de la OMC hizo una valoración similar en el asunto «Estados Unidos — Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos procedentes de China» (WT/DS 379/AB/R). En la réplica, la demandante añade que, si el Derecho aplicable en dicha investigación hubiera sido el Acuerdo SMC en lugar del Reglamento antisubvenciones de base, la Comisión habría podido calificar de subvenciones, en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Acuerdo SMC, las contribuciones financieras concedidas por las entidades chinas a la demandante, sin tener que «atribuir» estas contribuciones financieras a los poderes públicos egipcios sobre la base del artículo 11 de los artículos de la CDI. Considera que, en cualquier caso, el artículo 11 de los artículos de la CDI no es aplicable al caso de autos, ya que tiene por objeto regular el comportamiento de un Estado incorporado a otro Estado a raíz de la adquisición de un territorio, atribuible al Estado sucesor, o incluso la adopción ulterior por un Estado de un comportamiento reprensible privado que se haya cometido o esté en curso de serlo. En su opinión, son los artículos 16 a 18 de los artículos de la CDI, y no su artículo 11, los que regulan la responsabilidad del Estado por la actuación de otro Estado.
La Comisión, apoyada por la coadyuvante, impugna estas alegaciones.
Como se desprende del apartado 39 anterior, según la demandante, la interpretación que hace la Comisión del artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento antisubvenciones de base, en particular del concepto de «poderes públicos» del país de origen o de exportación, no está justificada desde el punto de vista del Derecho de la Unión.
Para responder a esta cuestión, ha de recordarse que, según la jurisprudencia, cada disposición de Derecho de la Unión debe ser situada en su contexto e interpretada a la luz del conjunto de las disposiciones de ese Derecho, de sus finalidades y de su grado de evolución en la fecha en la que deba hacerse aplicación de la disposición de que se trata (véase, en ese sentido, la sentencia de 28 de julio de 2016, Association France Nature Environnement, C‑379/15, EU:C:2016:603, apartado 49 y jurisprudencia citada).
A este respecto, conviene recordar, en primer término, que el artículo 3 del Reglamento antisubvenciones de base dispone que se considerará que existe subvención cuando concurran los requisitos formulados en sus puntos 1 y 2, es decir, cuando haya una «contribución financiera» de los poderes públicos en el territorio del país de origen o de exportación y cuando con ello se otorgue un «beneficio».
El artículo 2, letra b), de dicho Reglamento define el concepto de «poderes públicos» como cualquier organismo público que sea de la competencia territorial del país de origen o de exportación.
Pues bien, la definición de «poderes públicos» que figura en dicho artículo se limita a interpretar el concepto de «poderes públicos» en el sentido de que incluye a los organismos públicos del país de origen o de exportación. No obstante, esta disposición no excluye que la contribución financiera pueda imputarse a los poderes públicos del país de origen o de exportación del producto de que se trate, en virtud de las pruebas específicas disponibles.
En segundo término, debe señalarse que el considerando 5 de ese Reglamento enuncia que, «para la determinación de la existencia de una subvención es necesario demostrar que ha existido una contribución financiera por los poderes públicos o un organismo público en el territorio de un país, o que ha existido cualquier tipo de ingreso o apoyo a los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994, y que en consecuencia la empresa subvencionada ha obtenido un beneficio».
Ahora bien, los términos «en el territorio de un país» empleados en dicho considerando no implican que la contribución financiera deba proceder directamente de los poderes públicos del país de origen o de exportación. Por el contrario, la utilización de estos términos, como señala la Comisión, no excluye la posibilidad de concluir que las contribuciones financieras pueden imputarse a los poderes públicos del país de origen o de exportación del producto considerado.
Así, el Reglamento antisubvenciones de base no excluye que, aunque la contribución financiera no proceda directamente de los poderes públicos del país de origen o de exportación, pueda imputárseles dicha contribución.
La anterior conclusión resulta aún más pertinente en el contexto específico de la Zona CECS, en la que está implantada la demandante.
En primer lugar, la Comisión tuvo en cuenta, en el considerando 78 del Reglamento de Ejecución impugnado, dos declaraciones de sendos presidentes egipcios sobre la Zona CECS. La primera, de 2012, calificaba esta zona de proyecto clave para la cooperación bilateral entre Egipto y China. La segunda, de 2014, se refería a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y precisaba, en particular, que dicha iniciativa ofrecía una oportunidad significativa para la recuperación egipcia y que la parte egipcia estaba dispuesta a participar activamente y a prestar su apoyo. La parte egipcia deseaba cooperar con China en el desarrollo de los proyectos del Corredor del Canal de Suez y de la Zona CECS y atraer a las empresas chinas para que invirtieran en Egipto.
A este respecto, el considerando 79 del Reglamento de Ejecución impugnado indica que las características de la Iniciativa china de la Franja y la Ruta son públicas y que, según los Dictámenes chinos de orientación sobre la promoción de la capacidad de producción internacional y la cooperación en la fabricación de equipos de 13 de mayo de 2015, las medidas a las que pueden acogerse las empresas que «operan en el extranjero» incluyen políticas de apoyo presupuestarias y fiscales, préstamos en condiciones favorables, apoyo financiero a través de préstamos sindicados, créditos a la exportación y financiación de proyectos, inversión en capital y, por último, seguros de crédito a la exportación.
En segundo lugar, la Comisión tuvo en cuenta, en el considerando 81 del Reglamento de Ejecución impugnado, el hecho de que la Zona CECS fue objeto del Acuerdo de Cooperación de 2016 entre los poderes públicos chinos y egipcios. Pues bien, este Acuerdo prevé, en particular, según su artículo 1, la posibilidad de que la República Popular China aplique algunas de sus leyes en el interior de la Zona CECS. El artículo 4, apartado 1, de dicho Acuerdo establece que «el Gobierno chino considerará la Zona [CECS] como la zona de cooperación económica y comercial de China en el extranjero» y que «la zona de cooperación, durante la construcción, la atracción de los empresarios y la explotación, tiene derecho al apoyo político pertinente y a las medidas de facilitación proporcionadas por el Gobierno chino para las zonas de cooperación económica y comercial de ultramar». Además, de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del referido Acuerdo, el Gobierno chino también apoyará la Zona de Cooperación «animando a las instituciones financieras pertinentes a proporcionar facilidades de financiación para […] proyectos de inversión situados en la Zona de Cooperación, siempre que se cumplan las condiciones de préstamo y los requisitos de utilización del préstamo».
En tercer lugar, el considerando 48 del Reglamento de Ejecución impugnado indica que, con el fin de garantizar la correcta aplicación del Acuerdo de Cooperación de 2016, los poderes públicos de China y de Egipto establecieron un mecanismo de consulta de tres niveles, en particular, un Acuerdo de Cooperación sobre el Establecimiento de una Comisión Administrativa para la Zona CECS, un Comité de Gestión de la Zona, y posteriormente la comunicación de los problemas y dificultades por parte de la sociedad Egypt TEDA y sus homólogos egipcios. Además, del considerando 40 del mismo Reglamento se desprende que los poderes públicos chinos poseen el 80 % y los poderes públicos egipcios el 20 % de Egypt TEDA, cuyo fin es impulsar el desarrollo de la Zona CECS en Egipto.
Por último, del considerando 173 del Reglamento de Ejecución impugnado se desprende que el apoyo financiero concedido a la demandante era particularmente significativo.
Por lo tanto, los poderes públicos chinos y egipcios establecieron, en estrecha colaboración, la Zona CECS como una zona que presenta particularidades jurídicas y económicas que permitían a las autoridades públicas chinas conceder directamente todas las facilidades inherentes a la Iniciativa china de la Franja y la Ruta a las empresas chinas establecidas en dicha zona.
En estas circunstancias, no puede admitirse que una construcción económica y jurídica de una amplitud como la de la Zona CECS, concebida en estrecha colaboración entre los poderes públicos chinos y egipcios al más alto nivel, se sustraiga al Reglamento antisubvenciones de base, sin que ello menoscabe su efecto útil o su finalidad y objetivos.
En tercer término, contrariamente a lo que afirma la demandante, la interpretación que hace la Comisión del artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento antisubvenciones de base no es contraria al artículo 10, apartado 7, ni al artículo 13, apartado 1, de ese mismo Reglamento. En efecto, en lo que concierne al artículo 10, apartado 7, el Reglamento antisubvenciones de base no excluye en modo alguno que los poderes públicos del país de origen o de exportación puedan ser consultados sobre las contribuciones financieras que les sean imputables. En el presente asunto, de los autos se desprende además que la Comisión invitó efectivamente a los poderes públicos egipcios a emprender consultas sobre cuestiones como los préstamos preferenciales concedidos por entidades chinas.
Por lo que respecta al artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento, que permite, en particular, al país de origen o de exportación eliminar o limitar la subvención o adoptar otras medidas respecto de sus efectos, tal posibilidad sigue siendo válida en los casos en que la contribución financiera pueda imputarse a los poderes públicos del país de origen o de exportación. En efecto, en el caso de autos, los poderes públicos egipcios tenían la posibilidad de poner fin a la estrecha cooperación con los poderes públicos chinos por lo que atañe a las contribuciones financieras o de proponer medidas para limitar los efectos de las subvenciones en cuestión.
Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que ni el artículo 3, punto 1, letra a), del Reglamento antisubvenciones de base ni la estructura general de este excluyen que una contribución financiera concedida por los poderes públicos de un país tercero pueda imputarse a los poderes públicos del país de origen o de exportación en un caso como el presente, a la vista de las pruebas específicas disponibles, tal como se exponen en los apartados 53 a 58 anteriores.
Además, contrariamente a lo que alega la demandante, esta conclusión se ve corroborada por lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo SMC, a la luz del cual debe interpretarse el Reglamento antisubvenciones de base. A este respecto, procede recordar que, en el supuesto de que la Unión hubiera tenido el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o en el supuesto de que el acto de la Unión se remitiera expresamente a disposiciones específicas de los Acuerdos de la OMC, corresponde al juez de la Unión controlar la legalidad del acto de la Unión de que se trate en relación con las normas de la OMC (véase, por analogía, la sentencia de 14 de julio de 2021, Interpipe Niko Tube e Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant/Comisión, T‑716/19, EU:T:2021:457, apartado  95 y jurisprudencia citada).
Pues bien, del considerando 3 del Reglamento antisubvenciones de base se desprende que este tiene por objeto, en particular, que las normas del Acuerdo SMC se «[vean] reflejad[a]s» en la legislación de la Unión «en la medida de lo posible».
Por otro lado, la jurisprudencia ya ha determinado que el artículo 3 del Reglamento antisubvenciones de base, titulado «Definición de subvención», y el artículo 1 del Acuerdo SMC son enormemente similares en su redacción y totalmente idénticos en su contenido (véase, en ese sentido, la sentencia de 10 de abril de 2019, Jindal Saw y Jindal Saw Italia/Comisión, T‑300/16, EU:T:2019:235, apartado 99).
Además, de los considerandos del Reglamento antisubvenciones de base no se deduce voluntad alguna del legislador de apartarse de lo esencial del artículo 1, apartado 1, letra a), punto 1), del Acuerdo SMC. Por el contrario, como se desprende del considerando 3 de este Reglamento, citado en el apartado 64 anterior, el legislador quiso cumplir una obligación particular asumida en el marco del Acuerdo SMC en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 63 anterior.
Así pues, en contra de lo que sostiene la demandante, las disposiciones del Reglamento antisubvenciones de base deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz de las disposiciones equivalentes del acuerdo SMC (sentencia de 10 de abril de 2019, Jindal Saw y Jindal Saw Italia/Comisión, T‑300/16, EU:T:2019:235, apartado 101). Lo mismo sucede con el artículo 3 de dicho Reglamento, que pretende aplicar el contenido del artículo 1 del acuerdo SMC (sentencia de 10 de abril de 2019, Jindal Saw y Jindal Saw Italia/Comisión, T‑300/16, EU:T:2019:235, apartado 102).
Por lo que respecta al artículo 1, apartado 1, letra a), punto 1), del Acuerdo SMC, procede señalar, en primer lugar, que este define la subvención como una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público en el territorio de «un» miembro de la OMC. Por lo tanto, esta formulación no excluye la posibilidad de que una contribución financiera concedida por un país tercero pueda imputarse a los poderes públicos del país de origen o de exportación, ya que basta con que la contribución financiera de los poderes públicos o de cualquier organismo público sea en el territorio de «un» miembro de la OMC.
En segundo lugar, los artículos 13 y 18 del Acuerdo SMC, que se refieren, respectivamente, a las consultas y los compromisos, no desvirtúan las consideraciones anteriores. En efecto, el tenor y el objeto de estas disposiciones no excluyen las situaciones en las que la contribución financiera se imputa a un miembro de la OMC, puesto que, por una parte, los miembros cuyos productos podrán ser objeto de una investigación pueden ser consultados acerca de las contribuciones financieras que les sean imputables y, por otra, los miembros cuyos productos puedan ser objeto de una investigación pueden imponer limitaciones a las subvenciones que les sean imputables.
Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que, dado que la Comisión interpretó correctamente el Reglamento antisubvenciones de base a la luz del Acuerdo SMC, el hecho de que tuviera o no en cuenta el artículo 11 de los artículos de la CDI resulta inoperante. Por lo tanto, debe desestimarse también la tercera imputación de la presente parte y, en consecuencia, esta en su totalidad.
[
omissis
]
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.
3)
La Association des producteurs de fibres de verre européens (APFE) cargará con sus propias costas.
Kanninen
Jaeger
Półtorak
Porchia

Stancu
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de marzo de 2023.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: inglés.
Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.