CELEX: 62019CJ0882
Procedimiento prejudicial
Competencia
Compensación de los daños causados por una práctica prohibida por el artículo 101 TFUE, apartado 1
Determinación de las entidades responsables de la compensación
Acción de resarcimiento ejercitada contra la filial de una sociedad matriz a raíz de una decisión por la que se declara que solo la sociedad matriz ha participado en un cártel
Concepto de “empresa”
Concepto de “unidad económica”

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 101 TFUE.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Sumal, S. L., y Mercedes Benz Trucks España, S. L., en relación con la responsabilidad de esta última por la participación de su sociedad matriz, Daimler AG, en una infracción del artículo 101 TFUE.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento (CE) n.
o
1/2003
Con la rúbrica «Aplicación uniforme de la normativa [de la Unión en materia] de competencia», el artículo 16 del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 2003, L 1, p. 1
), dispone:
«1.   Cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos [101 TFUE o 102 TFUE que] ya haya[n] sido objeto de una decisión de la Comisión [Europea], no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión. Deberán evitar asimismo adoptar decisiones susceptibles de entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión en procedimientos que ya haya incoado. A tal fin, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar si procede suspender su procedimiento. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de los derechos y obligaciones que establece el artículo 234 del Tratado.
2.   Cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros decidan acerca de acuerdos, decisiones o prácticas en virtud de los artículos [101 TFUE o 102 TFUE] que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar decisiones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión.»
Bajo la rúbrica «Multas sancionadoras», el artículo 23 de este Reglamento establece, en su apartado 2, letra a), lo siguiente:
«Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:
a)
infrinjan las disposiciones del artículo [101 TFUE] o del artículo [102 TFUE];
[…]».
Con la rúbrica «Audiencia de las partes, de los denunciantes y de terceros», el artículo 27 de dicho Reglamento dispone, en su apartado 1, lo siguiente:
«Antes de adoptar las decisiones previstas en los artículos 7, 8, 23 y en el apartado 2 del artículo 24, la Comisión ofrecerá a las empresas o asociaciones de empresas sometidas al procedimiento instruido por la Comisión la oportunidad de manifestar su opinión con respecto a los cargos que les sean imputados por la Comisión. La Comisión únicamente basará sus decisiones en los cargos en relación con los cuales las partes interesadas hayan podido presentar sus observaciones. Los denunciantes participarán estrechamente en el procedimiento.»
Reglamento (UE) n.
o
1215/2012
El artículo 7 del Reglamento (UE) n.
o
1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
DO 2012, L 351, p. 1
), establece:
«Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:
[…]
2)
en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso;
[…]».
Derecho español
En el título «De la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia», el artículo 71 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE n.
o
159, de 4 de julio de 2007, p. 28848), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley de Defensa de la Competencia»), establece:
«1.   Los infractores del Derecho de la competencia serán responsables de los daños y perjuicios causados.
2.   A efectos de este título:
a)
Se considera como infracción del Derecho de la competencia toda infracción de los artículos 101 [TFUE] o 102 [TFUE] o de los artículos 1 o 2 de la presente ley.
b)
La actuación de una empresa es también imputable a las empresas o personas que la controlan, excepto cuando su comportamiento económico no venga determinado por alguna de ellas.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Mercedes Benz Trucks España es una sociedad filial del grupo Daimler, cuya sociedad matriz es Daimler. Entre 1997 y 1999, Sumal adquirió dos camiones de Mercedes Benz Trucks España a través de Stern Motor, S. L., entidad concesionaria del grupo Daimler.
El 19 de julio de 2016, la Comisión adoptó la Decisión C(2016) 4673 final, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 [TFUE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.39824 — Camiones), de la que se publicó un resumen en el
Diario Oficial de la Unión Europea
de 6 de abril de 2017 (
DO 2017, C 108, p. 6
) (en lo sucesivo, «Decisión de 19 de julio de 2016»).
Según esta Decisión, quince fabricantes europeos de camiones, entre ellos Daimler, participaron en un cártel que adoptó la forma de una infracción única y continuada del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (
DO 1994, L 1, p. 3
) consistente en la conclusión de acuerdos colusorios sobre la fijación de precios y el incremento de los precios brutos de camiones en el Espacio Económico Europeo (EEE), así como sobre el calendario y la repercusión de los costes relativos a la introducción de tecnologías de emisiones para esos camiones, exigida por las normas vigentes. En el caso de tres de las sociedades participantes, dicha infracción duró desde el 17 de enero de 1997 hasta el 20 de septiembre de 2010 y, en el caso de las otras doce sociedades participantes, entre ellas Daimler, desde el 17 de enero de 1997 hasta el 18 de enero de 2011.
A raíz de dicha Decisión, Sumal presentó una demanda de resarcimiento por daños y perjuicios ante el Juzgado de lo Mercantil n.
o
7 de Barcelona por la que reclamaba a Mercedes Benz Trucks España el pago de 22204,35 euros, correspondiente al sobrecoste de adquisición que, según ella, había soportado debido al cártel en el que Daimler, sociedad matriz de Mercedes Benz Trucks España, había participado.
Mediante sentencia de 23 de enero de 2019, dicho Juzgado desestimó la demanda al considerar que Mercedes Benz Trucks España carecía de legitimación pasiva, ya que la única responsable de la infracción de que se trata era Daimler, única entidad mencionada en la Decisión de la Comisión.
Sumal interpuso recurso de apelación contra esa sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente, el cual se pregunta si, a raíz de decisiones de las autoridades de competencia en las que se haya declarado la existencia de prácticas contrarias a la competencia, es posible ejercitar acciones de resarcimiento por daños y perjuicios contra sociedades filiales que no son destinatarias de esas decisiones, pero que pertenecen al 100 % a sociedades directamente afectadas por dichas decisiones.
A este respecto, señala que los órganos jurisdiccionales españoles defienden posturas divergentes. Mientras que algunos de ellos admiten que tales acciones puedan dirigirse contra sociedades filiales apoyándose en la «teoría de la unidad económica», otros lo descartan al considerar que esa teoría permite atribuir a la sociedad matriz la responsabilidad civil derivada del comportamiento de una sociedad filial, pero no perseguir a una sociedad filial por el comportamiento de su sociedad matriz.
En estas circunstancias, la Audiencia Provincial de Barcelona decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«[1])
¿Justifica la doctrina de la unidad económica que emana de la doctrina del propio Tribunal [de Justicia] la extensión de la responsabilidad de la matriz a la filial o bien tal doctrina solo es de aplicación para extender la responsabilidad de las filiales a la matriz?
[2])
¿La extensión del concepto de unidad económica debe hacerse en el ámbito de las relaciones
intra
grupo exclusivamente atendiendo a factores de control o puede fundarse también en otros criterios, entre ellos que la filial se haya podido beneficiar de los actos de infracción?
[3])
Caso de admitirse la posibilidad de extensión de la responsabilidad de la matriz a la filial, ¿cuáles serían los requisitos que la harían posible?
[4])
Caso de que la respuesta a las preguntas anteriores sea favorable a aceptar la extensión de la responsabilidad a las filiales por actos de las matrices, ¿resultaría compatible con esa doctrina [del Tribunal de Justicia] una norma nacional como el [artículo 71, apartado 2,] de la Ley de Defensa de la Competencia que únicamente contempla la posibilidad de extender la responsabilidad de la filial a la matriz y siempre que exista una situación de control de la matriz sobre la filial?»
Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral del procedimiento
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 28 de abril de 2021, Mercedes Benz Trucks España solicitó que se ordenara la reapertura de la fase oral del procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
En apoyo de su solicitud, adujo que el razonamiento expuesto por el Abogado General en sus conclusiones presentadas el 15 de abril de 2021 en el presente asunto se basó en elementos fácticos nuevos o en hipótesis que no habían sido planteadas por el órgano jurisdiccional remitente y que no fueron debatidas entre las partes del litigio principal o entre los interesados, conforme al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Mercedes Benz Trucks España rebatió así, en primer término, la afirmación que figura en la nota 10 de las conclusiones del Abogado General, según la cual, en la petición de decisión prejudicial, la entidad del daño que Sumal afirma haber sufrido ya parecía haber sido valorada por el órgano jurisdiccional remitente.
En segundo término, Mercedes Benz Trucks España estimó que el Abogado General incurrió en error al declarar, en el punto 75 de sus conclusiones y en la nota 86 de estas, que, en la Decisión de 19 de julio de 2016, la Comisión había declarado que los contactos colusorios, que inicialmente se habían detectado entre trabajadores de las sociedades matrices implicadas en el cártel, también se habían producido posteriormente en el ámbito de las filiales de dichas sociedades, y más concretamente, en las filiales alemanas de Daimler.
Es cierto que el Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, podrá ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la apertura o la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución, o también cuando el asunto deba resolverse basándose en un argumento que no fue debatido entre las partes o los interesados mencionados en el artículo 23 del Estatuto.
No obstante, procede señalar de entrada a este respecto que el contenido de las conclusiones del Abogado General no constituye, como tal, un hecho nuevo, pues de otro modo las partes podrían, invocando ese hecho, responder a dichas conclusiones. Ahora bien, las conclusiones del Abogado General no pueden ser debatidas por las partes. El Tribunal de Justicia ha tenido la ocasión de subrayar que, con arreglo al artículo 252 TFUE, el papel del Abogado General consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención, a fin de asistirle en el cumplimiento de su misión de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación y aplicación de los Tratados [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2021, A. B. y otros (Nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo — Recursos),
C‑824/18
,
EU:C:2021:153
, apartados
y
]. En virtud del artículo 20, párrafo cuarto, de dicho Estatuto y del artículo 82, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, las conclusiones del Abogado General ponen fin a la fase oral del procedimiento. Por tanto, al situarse fuera del debate entre las partes, las conclusiones abren la fase de deliberación del Tribunal de Justicia. Así pues, no se trata de una opinión destinada a los jueces o a las partes que emana de una autoridad ajena al Tribunal de Justicia, sino de la opinión individual, motivada y expresada públicamente, de un miembro de la propia institución (auto de 4 de febrero de 2000, Emesa Sugar,
C‑17/98
,
EU:C:2000:69
, apartados
y
).
En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera, tras haber oído al Abogado General, que los datos aportados por Mercedes Benz Trucks España no contienen ningún hecho nuevo que pueda influir decisivamente en la resolución que ha de adoptar en el presente asunto y que este no debe resolverse sobre la base de una alegación que no haya sido debatida entre las partes o los interesados. Por último, una vez concluidas las fases escrita y oral del procedimiento, el Tribunal de Justicia dispone de todos los datos necesarios y está, pues, suficientemente instruido para pronunciarse. En consecuencia, el Tribunal de Justicia considera que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
Mercedes Benz Trucks España alberga dudas acerca de la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial por dos motivos.
En primer lugar, sostiene que dicha petición no cumple los requisitos establecidos en el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento, dado que no indica los hechos pertinentes y probados en base a los cuales se plantean las cuestiones prejudiciales ni incluye el texto del artículo 71, apartado 2, de la Ley de Defensa de la Competencia. Además, a su juicio, el auto de remisión describe imprecisa, parcial e inexactamente la jurisprudencia nacional pertinente.
En el presente asunto, de una lectura de conjunto de la petición de decisión prejudicial se desprende que el órgano jurisdiccional remitente definió de manera suficiente el marco fáctico y jurídico en el que se inscribe su petición de interpretación del Derecho de la Unión para permitir tanto a las partes interesadas presentar observaciones con arreglo al artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como a este último responder útilmente a dicha petición.
En segundo lugar, Mercedes Benz Trucks España sostiene que las cuatro cuestiones planteadas son puramente hipotéticas. Así, según dicha parte, las tres primeras cuestiones prejudiciales no guardan relación alguna con los hechos del litigio principal, dado que Sumal no ha invocado ni demostrado la existencia de circunstancias que permitan extender a Mercedes Benz Trucks España la responsabilidad por las infracciones cometidas por Daimler, sino que ha basado su acción exclusivamente en la Decisión de 19 de julio de 2016. Añade que, en la medida en que, a su parecer, el artículo 71, apartado 2, de la Ley de Defensa de la Competencia no es aplicable en el litigio principal, esta disposición carece de pertinencia a efectos de la resolución del presente caso.
A este respecto, procede recordar que corresponde exclusivamente al juez nacional, que conoce del litigio principal y que debe asumir la responsabilidad de la resolución judicial que ha de adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación de una norma de Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está obligado, en principio, a pronunciarse (sentencia de 9 de julio de 2020, Santen,
C‑673/18
,
EU:C:2020:531
, apartado
y jurisprudencia citada).
De ello se desprende que las cuestiones prejudiciales relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. El Tribunal de Justicia solo puede abstenerse de pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional cuando resulte evidente que la interpretación de una norma de la Unión que se ha solicitado carece de relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 9 de julio de 2020, Santen,
C‑673/18
,
EU:C:2020:531
, apartado
y jurisprudencia citada).
Pues bien, no sucede así en el presente asunto. La respuesta que el Tribunal de Justicia dé a las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas condicionará el resultado del litigio principal en la medida en que permitirá al órgano jurisdiccional remitente, por un lado, determinar si Mercedes Benz Trucks España puede ser considerada responsable y, por otro lado, pronunciarse sobre la compatibilidad del artículo 71, apartado 2, de la Ley de Defensa de la Competencia con el Derecho de la Unión.
De las anteriores consideraciones resulta que procede declarar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.
Cuestiones prejudiciales primera a tercera
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a tercera, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la víctima de una práctica contraria a la competencia llevada a cabo por una empresa puede ejercitar una acción de resarcimiento por daños y perjuicios indistintamente contra una sociedad matriz que haya sido sancionada por la Comisión en una decisión como consecuencia de dicha práctica o contra una filial de esa sociedad que no sea destinataria de la referida decisión siempre que estas sociedades constituyan, conjuntamente, una unidad económica.
Procede recordar, de entrada, que el artículo 101 TFUE, apartado 1, produce efectos directos en las relaciones entre particulares y crea derechos en favor de los justiciables que los órganos jurisdiccionales nacionales deben tutelar (sentencias de 30 de enero de 1974, BRT y Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs,
127/73
,
EU:C:1974:6
, apartado
, y de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros,
C‑724/17
,
EU:C:2019:204
, apartado
y jurisprudencia citada).
La plena eficacia del artículo 101 TFUE y, en particular, el efecto útil de la prohibición establecida en su apartado 1 se verían en entredicho si no existiera la posibilidad de que cualquier persona solicite la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia (sentencia de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan,
C‑453/99
,
EU:C:2001:465
, apartado
, y de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros,
C‑724/17
,
EU:C:2019:204
, apartado
).
Así pues, cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación del daño sufrido cuando exista una relación de causalidad entre dicho daño y el acuerdo o la práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE (sentencias de 13 de julio de 2006, Manfredi y otros,
C‑295/04 a C‑298/04
,
EU:C:2006:461
, apartado
, y de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros,
C‑724/17
,
EU:C:2019:204
, apartado
y jurisprudencia citada), habiendo de señalarse que la determinación de la entidad obligada a reparar el perjuicio causado por una infracción del artículo 101 TFUE se rige directamente por el Derecho de la Unión (sentencia de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros,
C‑724/17
,
EU:C:2019:204
, apartado
).
Este derecho que asiste a toda persona de solicitar la reparación de ese perjuicio refuerza la operatividad de las normas de competencia de la Unión y puede desalentar los acuerdos o prácticas, a menudo encubiertos, que puedan restringir o falsear el juego de la competencia, de modo que contribuye al mantenimiento de una competencia efectiva en la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de septiembre de 2001, Courage y Crehan,
C‑453/99
,
EU:C:2001:465
, apartado
, y de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros,
C‑724/17
,
EU:C:2019:204
, apartado
y jurisprudencia citada).
En efecto, más allá de la propia reparación del perjuicio alegado, la apertura de este derecho contribuye a la consecución del objetivo disuasorio que se halla en el centro de la acción de la Comisión, que tiene el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado FUE y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión,
100/80 a 103/80
,
EU:C:1983:158
, apartado
). Así pues, esta apertura no solo permite poner remedio al daño directo que la persona en cuestión alega haber sufrido, sino también a los daños indirectos causados a la estructura y al funcionamiento del mercado, que no ha podido desplegar su plena eficacia económica, en particular, en beneficio de los consumidores.
De cuanto antecede se sigue que, al igual que la aplicación de las normas de competencia de la Unión por las autoridades públicas (
public enforcement
), las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción de tales normas (
private enforcement
) forman parte integrante del sistema de aplicación de estas normas, que tiene por objeto sancionar los comportamientos de las empresas contrarios a la competencia y disuadirlas de incurrir en ellos (sentencia de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros,
C‑724/17
,
EU:C:2019:204
, apartado
).
En consecuencia, el concepto de «empresa», en el sentido del artículo 101 TFUE, que es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, no puede tener un alcance diferente en el ámbito de la imposición por la Comisión de multas con arreglo al artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003 y en el de las acciones de resarcimiento por daños y perjuicios por infracción de las normas de competencia de la Unión (sentencia de 14 de marzo de 2019, Skanska Industrial Solutions y otros,
C‑724/17
,
EU:C:2019:204
, apartado
).
Pues bien, de la redacción del artículo 101 TFUE, apartado 1, resulta que los autores de los Tratados optaron por utilizar este concepto de «empresa» para designar al autor de una infracción del Derecho de la competencia, sancionable con arreglo a dicha disposición, y no otros conceptos como los de «sociedad» o de «persona jurídica». El legislador de la Unión también utilizó el concepto de «empresa» en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003 para definir la entidad a la que la Comisión puede imponer una multa para sancionar una infracción de las normas del Derecho de la competencia de la Unión (sentencias de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión,
C‑247/11 P y C‑253/11 P
,
EU:C:2014:257
, apartados
y
, y de 25 de noviembre de 2020, Comisión/GEA Group,
C‑823/18 P
,
EU:C:2020:955
, apartados
y
).
Del mismo modo, de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (
DO 2014, L 349, p. 1
), y, en particular, de su artículo 2, punto 2, resulta que el mismo legislador definió al «infractor», a quien incumbe, según esa Directiva, resarcir los daños causados por la infracción del Derecho de la competencia imputable a dicho autor, como «la empresa o asociación de empresas que haya cometido una infracción del Derecho de la competencia».
Con ello, al tener por objeto las actividades de las empresas, el Derecho de la Unión en materia de competencia consagra como criterio decisivo la existencia de una unidad de comportamiento en el mercado, sin que la separación formal entre diversas sociedades, resultado de su personalidad jurídica distinta, pueda oponerse a tal unidad a efectos de la aplicación de las normas de competencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de julio de 1972, Imperial Chemical Industries/Comisión,
48/69
,
EU:C:1972:70
, apartado
, y de 14 de diciembre de 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio,
C‑217/05
,
EU:C:2006:784
, apartado
). Por tanto, el concepto de «empresa» comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de su modo de financiación, y designa, así, una unidad económica aunque, desde el punto de vista jurídico, dicha unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión,
C‑97/08 P
,
EU:C:2009:536
, apartados
y
, y de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión,
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, apartados
y
). Esta unidad económica consiste en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado, organización que puede participar en la comisión de una infracción de las que contempla el artículo 101 TFUE, apartado 1 (sentencia de 1 de julio de 2010, Knauf Gips/Comisión,
C‑407/08 P
,
EU:C:2010:389
, apartados
y
).
Cuando una entidad económica de este tipo infringe el artículo 101 TFUE, apartado 1, le incumbe, conforme al principio de responsabilidad personal, responder por esa infracción. A este respecto, para imputar responsabilidad a cualquier entidad jurídica de una unidad económica, es necesario que se aporte la prueba de que al menos una entidad jurídica perteneciente a dicha unidad económica ha infringido el artículo 101 TFUE, apartado 1, de modo que se considere que la empresa constituida por esa unidad económica ha infringido esa disposición y que esta circunstancia se ponga de relieve en una decisión de la Comisión que haya pasado a ser definitiva (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión,
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, apartados
y
) o se acredite de manera autónoma ante el juez nacional de que se trate cuando la Comisión no haya adoptado ninguna decisión relativa a la existencia de una infracción.
Así pues, de la jurisprudencia se desprende que el comportamiento de una sociedad filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica distinta, esa sociedad filial no determine de manera autónoma, en el momento de la comisión de la infracción, su comportamiento en el mercado, sino que aplique, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas, de modo que, en una situación como la descrita, estas forman parte de una misma unidad económica y constituyen, por tanto, una sola y misma empresa autora del comportamiento infractor (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión,
C‑97/08 P
,
EU:C:2009:536
, apartados
y
, y de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión,
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
, apartados
y
y jurisprudencia citada). Cuando se demuestra que la sociedad matriz y su filial forman parte de una misma unidad económica y constituyen, por tanto, una única empresa en el sentido del artículo 101 TFUE, la propia existencia de esa unidad económica, autora de la infracción, determina, de manera decisiva, la responsabilidad de una u otra de esas sociedades que componen la empresa por el comportamiento contrario a la competencia de esta última.
Por consiguiente, el concepto de «empresa» y, a través de este, el de «unidad económica», conllevan de pleno derecho la responsabilidad solidaria de las entidades que componen la unidad económica en el momento de la comisión de la infracción (véanse, en este sentido, en lo que concierne a la solidaridad en materia de multas, las sentencias de 26 de enero de 2017, Villeroy & Boch/Comisión,
C‑625/13 P
,
EU:C:2017:52
, apartado
, y de 25 noviembre de 2020, Comisión/GEA Group,
C‑823/18 P
,
EU:C:2020:955
, apartado
y jurisprudencia citada).
No obstante, procede señalar igualmente que la organización de los grupos de sociedades que pueden constituir una unidad económica puede variar mucho de un grupo a otro. Existen, en particular, grupos de sociedades del tipo «conglomerado» que actúan en varios ámbitos económicos sin relación alguna entre sí.
En consecuencia, la facultad reconocida a la víctima de una práctica contraria a la competencia de exigir, en el marco de una acción de resarcimiento por daños y perjuicios, la responsabilidad de una sociedad filial en lugar de la responsabilidad de la sociedad matriz, no es una facultad de la que se disponga automáticamente contra cualquier sociedad filial de una sociedad matriz objeto de una decisión de la Comisión por la que se sanciona un comportamiento infractor. En efecto, como señaló el Abogado General, en esencia, en el punto 58 de sus conclusiones, el concepto de «empresa» empleado en el artículo 101 TFUE es un concepto funcional, y la unidad económica constitutiva de dicha empresa debe identificarse desde la perspectiva del objeto del acuerdo de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de julio de 1984, Hydrotherm Gerätebau,
170/83
,
EU:C:1984:271
, apartado
, y de 26 de septiembre de 2013, The Dow Chemical Company/Comisión,
C‑179/12 P
,
EU:C:2013:605
, apartado
).
Por consiguiente, una misma sociedad matriz puede formar parte de varias unidades económicas constituidas, en función de la actividad económica de que se trate, por ella misma y por distintas combinaciones de sus sociedades filiales pertenecientes todas ellas al mismo grupo de sociedades. De no ser así, una sociedad filial miembro de tal grupo correría el riesgo de ser considerada responsable de infracciones cometidas en el marco de actividades económicas sin relación alguna con su propia actividad y en las que no estaba implicada en modo alguno, ni tan siquiera indirectamente.
De cuanto antecede resulta que, en el marco de una acción de resarcimiento por daños y perjuicios basada en la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, constatada por la Comisión en una decisión, una entidad jurídica que no haya sido designada en dicha decisión como autora de una infracción del Derecho de la competencia puede, no obstante, ser considerada responsable sobre este fundamento debido al comportamiento infractor de otra entidad jurídica si esas dos personas jurídicas forman parte de la misma unidad económica y constituyen, en consecuencia, una empresa, que es la autora de la infracción en el sentido de dicho artículo 101 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de abril de 2014, Comisión/Siemens Österreich y otros y Siemens Transmission & Distribution y otros/Comisión,
C‑231/11 P a C‑233/11 P
,
EU:C:2014:256
, apartado
, y de 26 de enero de 2017, Villeroy & Boch/Comisión,
C‑625/13 P
,
EU:C:2017:52
, apartado
).
En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la relación de solidaridad que une a los miembros de una unidad económica justifica, en particular, que se considere que concurre la circunstancia agravante de reincidencia respecto de la sociedad matriz, aunque esta no haya sido objeto de un procedimiento anterior que haya dado lugar a un pliego de cargos y a una decisión. En tal situación, resulta determinante el hecho de que se haya declarado anteriormente una primera infracción resultante del comportamiento de una sociedad filial con la que esta sociedad matriz implicada en la segunda infracción formaba una única empresa en el sentido del artículo 101 TFUE en el momento en que se cometió la primera infracción (sentencia de 5 de marzo de 2015, Comisión y otros/Versalis y otros,
C‑93/13 P y C‑123/13 P
,
EU:C:2015:150
, apartado
).
En consecuencia, nada se opone, en principio, a que la víctima de una práctica contraria a la competencia ejercite una acción de resarcimiento por daños y perjuicios contra una de las entidades jurídicas que constituyan la unidad económica, y, por tanto, la empresa, que, al cometer una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, ha causado el daño sufrido por esa víctima.
Así pues, en circunstancias en las que se haya acreditado la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, respecto de una sociedad matriz, la víctima de dicha infracción puede intentar que se declare la responsabilidad civil de una sociedad filial de esa sociedad matriz en lugar de la de esta, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 42 de la presente sentencia. Sin embargo, solo podrá considerarse responsable a esa sociedad filial si la víctima demuestra, basándose en una decisión adoptada previamente por la Comisión con arreglo al artículo 101 TFUE o por cualquier otro medio —en particular, si la Comisión no se ha pronunciado sobre este extremo en la referida decisión o si aún no ha adoptado decisión alguna—, que, habida cuenta, por un lado, de los vínculos económicos, organizativos y jurídicos a los que se hace referencia en los apartados 43 y 47 de la presente sentencia, y, por otro lado, de la existencia de un vínculo concreto entre la actividad económica de dicha sociedad filial y el objeto de la infracción de la que se ha declarado responsable a la sociedad matriz, la referida filial constituía, con su sociedad matriz, una unidad económica.
De cuanto antecede resulta que una acción de resarcimiento por daños y perjuicios de tales características ejercitada contra una sociedad filial supone que el demandante pruebe, para que se considere que existe una unidad económica entre una sociedad matriz y la sociedad filial en el sentido de los apartados 41 y 46 de la presente sentencia, los vínculos que unen a esas sociedades mencionados en el apartado anterior, así como el vínculo concreto, mencionado en ese mismo apartado, existente entre la actividad económica de esa sociedad filial y el objeto de la infracción de la que se considera responsable a la sociedad matriz. Por tanto, en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, la victima debería demostrar, en principio, que el acuerdo contrario a la competencia celebrado por la sociedad matriz por el que esta ha sido condenada se refiere a los mismos productos que aquellos que comercializa la sociedad filial. De ese modo, la víctima demuestra que es precisamente la unidad económica a la que pertenece la sociedad filial, junto con su sociedad matriz, la que constituye la empresa que ha cometido efectivamente la infracción declarada previamente por la Comisión en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 1, con arreglo a la concepción funcional del concepto de «empresa» al que se ha hecho referencia en el apartado 46 de la presente sentencia.
Procede añadir que la parte demandada en una acción de resarcimiento por daños y perjuicios, que puede dar lugar a la condena de dicha parte a indemnizar a la víctima de una práctica contraria a la competencia, debe poder beneficiarse del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Además, es indispensable que la sociedad filial afectada pueda defender sus derechos con arreglo al principio del respeto del derecho de defensa, que es un principio fundamental del Derecho de la Unión (véanse, por analogía, las sentencias de 5 de marzo de 2015, Comisión y otros/Versalis y otros,
C‑93/13 P y C‑123/13 P
,
EU:C:2015:150
, apartado
, y de 29 de abril de 2021, Banco de Portugal y otros,
C‑504/19
,
EU:C:2021:335
, apartado
). En consecuencia, esa sociedad filial debe disponer, ante el juez nacional de que se trate, de todos los medios necesarios para ejercer de manera efectiva su derecho de defensa, y, en particular, para poder rebatir su pertenencia a la misma empresa que su sociedad matriz.
A este respecto, dicha sociedad filial debe poder refutar su responsabilidad por el perjuicio supuestamente causado, en particular, alegando todo motivo que habría podido invocar de haber estado implicada en el procedimiento incoado por la Comisión en contra de su sociedad matriz y que ha llevado a la adopción de una decisión por dicha institución en la que se declara la existencia de un comportamiento infractor contrario al artículo 101 TFUE (
public enforcement
).
No obstante, en lo que concierne a aquellas situaciones en las que la acción de resarcimiento por daños y perjuicios tiene como fundamento la declaración de la Comisión de que se ha cometido una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, recogida en una decisión dirigida a la sociedad matriz de la sociedad filial demandada, esta última no puede impugnar, ante el juez nacional, la existencia de la infracción así declarada por la Comisión. En efecto, el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 dispone en particular que, cuando los órganos jurisdiccionales nacionales se pronuncien sobre acuerdos, decisiones o prácticas en virtud del artículo 101 TFUE que ya hayan sido objeto de una decisión de la Comisión, no podrán adoptar resoluciones incompatibles con la decisión adoptada por la Comisión.
A este respecto, procede recordar que, ciertamente, el artículo 27, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 dispone que, antes de adoptar una decisión por la que se declare la existencia de una infracción de las normas de competencia y se imponga una multa, la Comisión deberá ofrecer a quienes estén sometidos al procedimiento la oportunidad de manifestar su opinión con respecto a los cargos que les sean imputados por dicha institución y únicamente basará sus decisiones en los cargos en relación con los cuales las partes interesadas hayan podido presentar sus observaciones. En este contexto, el pliego de cargos tiene por finalidad permitir el ejercicio del derecho de defensa a cada una de las personas jurídicas afectadas por el procedimiento administrativo en materia de competencia. Por el contrario, cuando la Comisión no tenga la intención de declarar que una sociedad ha incurrido en una infracción, no está obligada en virtud del derecho de defensa a remitir a dicha sociedad el pliego de cargos. En efecto, la remisión a una determinada sociedad del pliego de cargos tiene por objeto garantizar el respeto del derecho de defensa de esa sociedad y no de un tercero, aun cuando este estuviera afectado por el mismo procedimiento administrativo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2017, LG Electronics y Koninklijke Philips Electronics/Comisión,
C‑588/15 P y C‑622/15 P
,
EU:C:2017:679
, apartados
a
).
No obstante, estos principios son propios de los procedimientos por infracción sustanciados por la Comisión, que, efectivamente, presentan la particularidad de poder dar lugar a la imposición de una multa a las entidades jurídicas contra quienes se dirigen específicamente tales procedimientos.
En cambio, el principio de responsabilidad personal no se opone, en las circunstancias descritas en el apartado 56 de la presente sentencia, a que la declaración de la existencia de tal infracción tenga carácter firme a efectos de una sociedad filial dado que, como se ha recordado en el apartado 42 de la presente sentencia, quien ha de responder por la infracción es la unidad económica constitutiva de la empresa que ha cometido tal infracción.
En efecto, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en el apartado 49 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, a efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia en el caso de una sociedad matriz y en relación con la consideración de una infracción cometida por la sociedad filial de dicha sociedad, que no es preciso que esta última haya sido objeto de un procedimiento anterior que haya dado lugar a un pliego de cargos y a una decisión, siempre que la sociedad filial cuyo comportamiento ha dado lugar a la infracción formase con la sociedad matriz en cuestión, ya en el momento de la primera infracción, una única empresa en el sentido del artículo 101 TFUE. Así, siempre que una decisión por la que se declare la existencia de una infracción cometida por una empresa haya sido dirigida a una de las sociedades que constituían esa empresa en el momento de la comisión de la referida infracción, de modo que dicha sociedad y, a través de ella, dicha empresa hayan tenido la oportunidad de rebatir la realidad de esa infracción, no podrá vulnerarse el derecho de defensa de las demás sociedades constitutivas de la misma empresa por el hecho de tener en cuenta la existencia de esa infracción en el marco una acción indemnizatoria posterior ejercitada por una persona que haya sufrido un daño como consecuencia del comportamiento infractor de que se trate, ya que tal acción no puede, en particular, dar lugar a la imposición de una sanción —como una multa— a esas otras sociedades.
En cambio, si la Comisión no ha declarado la existencia del comportamiento infractor en una decisión dictada en virtud del artículo 101 TFUE, la sociedad filial de una sociedad matriz a la que se haya reprochado una infracción puede, naturalmente, rebatir no solo su pertenencia a la misma empresa que la sociedad matriz, sino también la existencia de la infracción alegada.
Ha de precisarse igualmente, abundando en lo que ya se ha señalado en el apartado 51 de la presente sentencia, que, como indicó la Comisión en respuesta a una pregunta escrita planteada por el Tribunal de Justicia y como señaló el Abogado General en el punto 76 de sus conclusiones, la posibilidad de que el juez nacional de que se trate declare la eventual responsabilidad de la sociedad filial por los daños causados no queda excluida por el mero hecho de que, en su caso, la Comisión no haya adoptado ninguna decisión o de que la decisión en la que dicha institución haya declarado la existencia de la infracción no haya impuesto a esa sociedad una sanción administrativa.
En efecto, como declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 51 de la sentencia de 27 de abril de 2017, Akzo Nobel y otros/Comisión (
C‑516/15 P
,
EU:C:2017:314
), ni el artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
1/2003 ni la jurisprudencia determinan cuál es la persona jurídica o física que la Comisión debe considerar responsable de la infracción y sancionar mediante la imposición de una multa.
Así, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 42 de la presente sentencia, la Comisión puede, libremente, considerar responsable de una infracción y sancionar mediante la imposición de una multa a cualquier entidad jurídica de una empresa que haya participado en una infracción del artículo 101 TFUE. De ello se sigue que no puede inferirse del hecho de que la Comisión haya identificado a una sociedad matriz como persona jurídica que puede ser considerada responsable de la infracción cometida por una empresa que algunas de sus sociedades filiales no formen parte de la misma empresa que ha de responder por esa infracción.
Procede añadir, a los efectos oportunos, que, en principio, nada se oponía, en las circunstancias del litigio principal, a que la demandante en él, supuesta víctima de la infracción de que se trata, presentase su demanda de indemnización ante los órganos jurisdiccionales españoles contra la sociedad matriz, Daimler, o incluso contra esta última y Mercedes Benz Trucks España conjuntamente, si bien la eventual responsabilidad de esta última por la infracción está sometida a los requisitos expuestos en el apartado 52 de la presente sentencia.
En efecto, procede recordar que una acción con la que se pretende obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de supuestas violaciones del Derecho de la Unión en materia de competencia, como la acción del litigio principal, está comprendida en el concepto de «materia civil y mercantil» en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.
o
1215/2012 y está, por tanto, incluida en el ámbito de aplicación de ese Reglamento. Además, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 7, punto 2, de dicho Reglamento, la expresión «lugar donde se haya producido el hecho dañoso» que figura en esa disposición se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal que originó ese daño, de modo que la acción puede ejercitarse, a elección del demandante, ante los órganos jurisdiccionales de cualquiera de esos dos lugares (sentencia de 29 de julio de 2019, Tibor-Trans,
C‑451/18
,
EU:C:2019:635
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
El Tribunal de Justicia ha precisado igualmente que un daño consistente en los sobrecostes impuestos por un fabricante de camiones a los concesionarios y repercutidos por estos últimos a los usuarios finales constituye un daño directo que permite fundamentar, en principio, la competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se ha producido dicho daño, dado que los sobrecostes pagados a causa de precios artificialmente elevados son la consecuencia inmediata de la infracción del artículo 101 TFUE cometida. Pues bien, cuando el mercado afectado por las prácticas contrarias a la competencia se encuentra en el Estado miembro en cuyo territorio supuestamente sobrevino el daño alegado, procede considerar que el lugar donde se materializó el daño, a efectos de la aplicación del artículo 7, punto 2, del Reglamento n.
o
1215/2012, se encuentra en dicho Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de julio de 2019, Tibor-Trans,
C‑451/18
,
EU:C:2019:635
, apartados
,
y
).
De cuanto antecede resulta que procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a tercera que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la víctima de una práctica contraria a la competencia llevada a cabo por una empresa puede ejercitar una acción de resarcimiento por daños y perjuicios indistintamente contra una sociedad matriz que haya sido sancionada por la Comisión en una decisión como consecuencia de dicha práctica o contra una filial de esa sociedad que no sea destinataria de la referida decisión, siempre que estas sociedades constituyan, conjuntamente, una unidad económica. La sociedad filial afectada debe poder hacer valer de manera efectiva su derecho de defensa con el fin de demostrar que no pertenece a dicha empresa y, cuando la Comisión no haya adoptado ninguna decisión en virtud del artículo 101 TFUE, puede rebatir igualmente la realidad misma del comportamiento infractor alegado.
Cuarta cuestión prejudicial
Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que únicamente prevé la posibilidad de atribuir la responsabilidad derivada del comportamiento de una sociedad a otra sociedad cuando la segunda controla a la primera.
Dado que de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera a tercera resulta que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la víctima de una práctica contraria a la competencia llevada a cabo por una empresa puede ejercitar una acción de resarcimiento por daños y perjuicios contra una sociedad filial debido a la participación de la sociedad matriz en dicha práctica siempre que estas sociedades constituyan una unidad económica y formen juntas, por consiguiente, la referida empresa, procede considerar que esta disposición se opone, en consecuencia, a una normativa nacional que, en tal supuesto, únicamente contempla la posibilidad de atribuir la responsabilidad derivada del comportamiento de una sociedad a otra sociedad cuando la segunda controla a la primera.
Procede recordar, no obstante, que, para garantizar la efectividad del conjunto de las disposiciones del Derecho de la Unión, el principio de primacía de dicho Derecho obliga, en particular, a los órganos jurisdiccionales nacionales a interpretar, en la medida de lo posible, su Derecho interno de manera conforme con el Derecho de la Unión (sentencias de 24 de junio de 2019, Popławski,
C‑573/17
,
EU:C:2019:530
, apartado
, y de 4 de marzo de 2020, Bank BGŻ BNP Paribas,
C‑183/18
,
EU:C:2020:153
, apartado
).
Así pues, al aplicar el Derecho nacional, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la disposición de Derecho primario de que se trate, tomando en consideración la totalidad del Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este a fin de garantizar la plena efectividad de dicha disposición y alcanzar una solución conforme con el objetivo perseguido por esta (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de junio de 2019, Popławski,
C‑573/17
,
EU:C:2019:530
, apartados
y
, y de 4 de marzo de 2020, Bank BGŻ BNP Paribas,
C‑183/18
,
EU:C:2020:153
, apartado
).
No obstante, la obligación de interpretación conforme del Derecho nacional tiene determinados límites y no puede, en particular, servir de fundamento a una interpretación
contra legem
del Derecho nacional (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros,
C‑212/04
,
EU:C:2006:443
, apartado
, y de 4 de marzo de 2020, Bank BGŻ BNP Paribas,
C‑183/18
,
EU:C:2020:153
, apartado
).
En estas circunstancias, si el órgano jurisdiccional remitente hubiera de considerar que no puede interpretar el artículo 71, apartado 2, de la Ley de Defensa de la Competencia de conformidad con la interpretación del artículo 101 TFUE, apartado 1, expuesta en el apartado 67 de la presente sentencia, le incumbiría descartar la aplicación de esa disposición nacional y aplicar directamente el artículo 101 TFUE, apartado 1, al litigio principal.
A este respecto, no puede excluirse, a primera vista, como aduce el Gobierno español en sus observaciones escritas, que, en el marco de una acción de resarcimiento por daños y perjuicios, pueda declararse responsable a una sociedad filial en virtud del artículo 71, apartado 2, letra a), de la Ley de Defensa de la Competencia. En efecto, en virtud de esta disposición, se considera como infracción del Derecho de la competencia toda infracción de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE o de los artículos 1 o 2 de la dicha Ley. Pues bien, el Gobierno español sostiene que es posible imputar el hecho dañoso a la sociedad filial en virtud del artículo 71, apartado 2, letra a), de la referida Ley, extremo que corresponde verificar, no obstante, al órgano jurisdiccional remitente.
En estas circunstancias, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que únicamente prevé la posibilidad de atribuir la responsabilidad derivada del comportamiento de una sociedad a otra sociedad cuando la segunda controla a la primera.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del procedimiento principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1)
El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que la víctima de una práctica contraria a la competencia llevada a cabo por una empresa puede ejercitar una acción de resarcimiento por daños y perjuicios indistintamente contra una sociedad matriz que haya sido sancionada por la Comisión Europea en una decisión como consecuencia de dicha práctica o contra una filial de esa sociedad que no sea destinataria de la referida decisión, siempre que estas sociedades constituyan, conjuntamente, una unidad económica. La sociedad filial afectada debe poder hacer valer de manera efectiva su derecho de defensa con el fin de demostrar que no pertenece a dicha empresa y, cuando la Comisión no haya adoptado ninguna decisión en virtud del artículo 101 TFUE, puede rebatir igualmente la realidad misma del comportamiento infractor alegado.

2)
El artículo 101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que únicamente prevé la posibilidad de atribuir la responsabilidad derivada del comportamiento de una sociedad a otra sociedad cuando la segunda controla a la primera.

Lenaerts
Silva de Lapuerta
Bonichot
Arabadjiev
Prechal
Ilešič
Bay Larsen
Kumin
Wahl
Šváby
Rossi
Jarukaitis
Jääskinen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de octubre de 2021.
El Secretario
A. Calot Escobar
El Presidente
K. Lenaerts
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.