CELEX: 62015TJ0145
FEAGA y Feader
Medidas vinculadas a la superficie
Gastos excluidos de la financiación
Correcciones financieras a tanto alzado
Artículo 52 del Reglamento (UE) n.o 1306/2013
Obligación de motivación
Proporcionalidad

Contexto y antecedentes del litigio
El artículo 14 del Reglamento (CE) n.
o
73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.
o
1290/2005, (CE) n.
o
247/2006, (CE) n.
o
378/2007 y se deroga el Reglamento (CE) n.
o
1782/2003 (
DO 2009, L 30, p. 16
), obliga a los Estados miembros a poner en marcha un sistema integrado de gestión y control (en lo sucesivo, «SICG»). El SIGC es el principal instrumento de gestión y control de los regímenes de ayuda por superficie. En virtud del artículo 15 del Reglamento n.
o
73/2009, el SIGC incluye, entre otros elementos, una base de datos informática de las explotaciones agrarias y de las solicitudes de ayuda, además de un sistema de identificación de las parcelas agrarias que, de conformidad con el artículo 17 del mismo Reglamento, se basa en un sistema informático de información geográfica (en lo sucesivo, «SIPA-SIG»).
En un contexto de gestión compartida, el sistema global de gestión y control de los gastos agrícolas, cuya existencia prevé la normativa de la Unión Europea al objeto de lograr suficientes garantías sobre la gestión efectiva del riesgo de error en la legalidad y regularidad de las ayudas, consta en esencia de cuatro niveles:
—
El primer nivel está formado por una estructura administrativa obligatoria a nivel de los Estados miembros que se basa en el establecimiento de organismos pagadores y de una autoridad competente para la acreditación de éstos.
—
El segundo nivel está formado por sistemas detallados de controles y sanciones disuasorias que deben ser aplicados por los organismos pagadores.
—
El tercer nivel está formado por controles
a posteriori
efectuados por organismos de certificación independientes designados por los Estados miembros, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) n.
o
1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (
DO 2005, L 209, p. 1
), y con el artículo 5 del Reglamento (CE) n.
o
885/2006 de la Comisión, de 21 de junio de 2006, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.
o
1290/2005 del Consejo en lo que se refiere a la autorización de los organismos pagadores y otros órganos y a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader (
DO 2006, L 171, p. 90
), que resultaban de aplicación
ratione temporis
en la fecha de los controles que correspondía realizar al organismo rumano de conciliación en relación con los años de solicitud 2009 y 2010.
—
El cuarto nivel está formado por la liquidación de cuentas realizada por la Comisión Europea y conlleva la liquidación contable anual y la liquidación plurianual de conformidad.
Mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (
DO 2015, L 16, p. 33
; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión incorporó a los así excluidos de la financiación de la Unión determinados gastos efectuados por Rumanía y relativos a los años de solicitud 2009 y 2010.
Mediante esa Decisión, se excluyó de la financiación de la Unión una cantidad total de 128368775 euros, que se desglosa en un importe de 92471526 euros por la partida presupuestaria 6701 y un importe de 35897249 euros por la partida presupuestaria 6711, de resultas de la aplicación de tipos de corrección a tanto alzado del 10 % a los gastos realizados a cargo del año de solicitud 2009 y del 5 % a los realizados a cargo del año de solicitud 2010, todo ello a causa de «deficiencias en los controles cruzados administrativos y en los controles sobre el terreno».
De ese modo, la Decisión impugnada da por concluido un procedimiento de liquidación de conformidad, basado en el artículo 52 del Reglamento (UE) n.
o
1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.
o
352/78, (CE) n.
o
165/94, (CE) n.
o
2799/98, (CE) n.
o
814/2000, (CE) n.
o
1290/2005 y (CE) n.
o
485/2008 del Consejo (
DO 2013, L 347, p. 549
), que resultaba de aplicación
ratione temporis
cuando se produjo la aprobación de la propia Decisión impugnada, esto es, el 16 de enero de 2015.
En el contexto de la gestión compartida, por los Estados miembros y la Unión, del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), las ayudas por superficie que la Decisión impugnada excluyó de la financiación de la Unión habían sido abonadas a los agricultores por la Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (Agencia de Pagos e Intervención Agrícola, Rumanía; en lo sucesivo, «APIA»), es decir, el organismo pagador de Rumanía que era competente para la gestión y el control de los regímenes de ayudas. Todas las carencias de control que se constataron se refieren a la determinación de las superficies subvencionables, salvo una de ellas (carencia J: véase el apartado 20 posterior), cuyo objeto son los pagos anticipados y el cálculo de las sanciones.
La Decisión impugnada se basa en carencias referidas al control, por parte de la APIA, de los requisitos que debían cumplirse para recibir las ayudas. Tales carencias fueron constatadas por la Comisión en dos investigaciones sobre ayudas por superficie, llevadas a cabo en Rumanía de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento n.
o
1290/2005, del 2 al 6 de noviembre de 2009 por lo que se refiere al año de solicitud 2009 (investigación AA/2009/20) y del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2010 respecto del año de solicitud 2010 (investigación AA/2010/16). El objeto de dichas investigaciones era dilucidar si, para el año de la solicitud, la gestión y el control de los regímenes de ayuda por superficie se habían ajustado a la legislación de la Unión, mientras que «el objetivo más específico de la auditoría [consistía] en supervisar la puesta en práctica de medidas correctoras referidas a las deficiencias del sistema integrado de gestión y control (de conformidad con el plan de acción)». Según la información facilitada por Rumanía (y no rebatida por la Comisión), dicho plan de acción trianual, cuyo objetivo principal era actualizar el SIPA-SIG de Rumanía con ortofotos de 2008, 2009 y 2010, se puso en práctica, de acuerdo con la Comisión, en junio de 2009 y concluyó a fines de 2011.
Mediante escritos de 7 de abril de 2010 y 18 de marzo de 2011, la Comisión comunicó a Rumanía, de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento n.
o
885/2006, sus conclusiones tras las investigaciones antes mencionadas y las solicitudes de información adicional. Las autoridades rumanas contestaron mediante sendos escritos de 7 de junio de 2010 y 19 de mayo de 2011.
La Comisión convocó una reunión bilateral, que se celebró el 1 de junio de 2012. Mediante escrito de 17 de enero de 2013 se transmitió a las autoridades rumanas el acta de dicha reunión. En el apartado 3 de dicha acta, cuyo título era «Conclusión y repercusiones financieras», la Comisión indica que «mantiene su postura de que el sistema que se aplica en Rumanía adolece de deficiencias muy graves, principalmente en relación con el SIPA-SIG y con los controles realizados sobre el terreno y las inspecciones administrativas». Precisa que, «de conformidad con el documento VI/5330/97 [cuyo título era “Directrices para el cálculo de las repercusiones financieras en la preparación de la decisión de liquidación de cuentas de la sección garantía del FEOGA”], dichas deficiencias se corresponden con aspectos deficientes de los controles principales (es decir, de las inspecciones administrativas cruzadas y de los controles realizados sobre el terreno) y de los controles secundarios (es decir, de los pagos y del cálculo de sanciones) y han creado el riesgo de que se ocasionen pérdidas de gran magnitud al Fondo en relación con los gastos realizados a cargo de los pilares primero y segundo [de la política agrícola común]». La Institución añade que, «no obstante, por lo que se refiere a las repercusiones financieras de lo constatado, se recuerda a las autoridades rumanas que tienen la posibilidad de facilitar pruebas claras que demuestren que el riesgo para los fondos es menor que la corrección a tanto alzado que se aplica habitualmente, de conformidad con el documento de trabajo que se ha mencionado».
Las autoridades rumanas dieron contestación mediante escrito de 18 de marzo de 2013.
Mediante escrito de 21 de agosto de 2013 y de conformidad con el artículo 11, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento n.
o
885/2006, la Comisión comunicó a Rumanía su propuesta de excluir de la financiación de la Unión las cantidades de 90174906 euros respecto del año de solicitud 2009 y 50362738 euros respecto del año de solicitud 2010. Los motivos de dicha exclusión y las medidas a las que la Comisión preveía aplicar la correspondiente corrección del 10 % respecto del año de solicitud 2009 y del 5 % respecto del año de solicitud 2010 se mencionaban en los anexos 1 y 2 del escrito.
Mediante escrito de 4 de octubre de 2013 y de conformidad con el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.
o
885/2006, Rumanía sometió la citada propuesta de corrección financiera al órgano de conciliación. El informe del órgano de conciliación fue elaborado el 21 de marzo de 2014 y se comunicó a las autoridades rumanas el 26 de marzo siguiente.
En su informe, el órgano de conciliación concluye que fue posible alcanzar un acuerdo parcial entre las partes, basado en los aspectos siguientes:
«6.1.
El órgano observa que las partes están de acuerdo en revisar la base de corrección en relación con el posible traslado de determinados importes del ejercicio 2009 al ejercicio 2010 y en lo que atañe a la recuperación de cantidades elevadas, siempre con sujeción a las pruebas que presentarán las autoridades.
6.2.
Por lo que se refiere al nivel de corrección, el tipo a tanto alzado del 10 %, que se ha propuesto respecto de 2009, es mayor que el aplicado respecto de 2008 (del 7,4 %) y que el propuesto respecto de 2010. El órgano plantea si el nivel de corrección de 2009 no podría fijarse con más precisión, llevando a cabo un ejercicio parecido al que se ha aceptado respecto de 2008. No obstante, ello supondría que dichos cálculos abarcaran todas las deficiencias y que abordaran el riesgo generado para los fondos. El órgano no está en condiciones de juzgar si tal cosa es posible.
6.3.
El órgano toma nota del elevado porcentaje de recuperación de importes que han declarado las autoridades [y les] solicita que presenten a los servicios [de la Comisión] un documento de trabajo que recoja con precisión las cantidades consignadas a favor de los fondos y la prueba de que las recuperaciones de importes se deben a las [carencias, a que se ha referido la Comisión, del sistema integrado de control y gestión de Rumanía, de las inspecciones administrativas y controles realizados sobre el terreno y del cálculo de los pagos y sanciones].
Lógicamente, si las correcciones calculadas y propuestas por las autoridades resultan correctas, debe reducirse la base financiera de [las correcciones], si es que se ha devuelto más de la mitad de las ayudas pagadas indebidamente.»
A la vista del informe citado, Rumanía remitió a la Comisión información complementaria, mediante escrito de 11 de abril de 2014.
Mediante escrito de 19 de junio de 2014 la Comisión comunicó a Rumanía su postura definitiva.
Mediante escrito de 19 de enero de 2015 la Comisión notificó a Rumanía la Decisión impugnada, que iba acompañada del informe de síntesis. En dicho informe, la Comisión revisa, en un primer momento, las distintas deficiencias que se han constatado y se niega a aceptar la evaluación individual realizada por las autoridades rumanas de la incidencia financiera que tienen en el presupuesto de la Unión cada una de las deficiencias que la propia Comisión había identificado con las letras mayúsculas «A», «E», «F», «G» e «I». En un segundo momento, la Comisión llega a la conclusión, en primer lugar, de que sin que las autoridades rumanas faciliten información adicional es imposible calcular el riesgo de perjuicio financiero para la Unión, lo cual justifica la aplicación de un tipo a tanto alzado. A ese respecto, la Comisión se basa en el contenido de los informes emitidos por el organismo de certificación en relación con los años de solicitud 2009 y 2010, respectivamente. En esencia, la Institución indica que dicho organismo expresó una opinión sin reservas en lo que atañe a la población cubierta por el SIGC, pero que señaló la posibilidad de que existiera un error significativo en las estadísticas referidas a dicha población, con un límite superior de error del 2,7 % en lo que atañe al año de solicitud 2009 y del 4,24 %, en lo que atañe al año de solicitud 2010. Por otro lado, respecto del año de solicitud 2010 la Comisión alude a la falta de fiabilidad del tipo de error calculado por el organismo rumano de certificación, basándose para ello en el informe de auditoría emitido por el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea sobre la validación por parte de dicho organismo de certificación de las estadísticas de control de los gastos realizados por el FEAGA y cubiertos por el SIGC (procedimiento reforzado de fiabilidad) en lo que atañe al ejercicio financiero 2011, que se corresponde con el año de solicitud 2010. En segundo lugar, para determinar el tipo de corrección a tanto alzado aplicable, la Comisión estima que las deficiencias en el funcionamiento del SIPA-SIG y los controles administrativos cruzados justifican la aplicación de un tipo de corrección del 10 % respecto del año de solicitud 2009. En lo que atañe al año de solicitud 2010, la Comisión considera que los fallos mencionados justifican la aplicación de un tipo del 5 %, habida cuenta, en particular, de la actualización de las imágenes del SIPA-SIG y de la mejora de los controles administrativos cruzados.
Más en concreto, en lo que atañe, de entrada, al año de solicitud 2009, la Comisión indica, en el informe de síntesis, que acarrean riesgo de perjuicio financiero tres series distintas de carencias. Dichas carencias, que se constataron a raíz de las auditorías (véase el apartado 7 anterior) y fueron denominadas con letras de la A a la J por la Comisión, quedaron distribuidas en tres grupos de este modo.
La primera serie de carencias está formada por el funcionamiento inadecuado del SIPA-SIG (carencias A y B; véase el apartado 23 posterior) y por los fallos en los controles administrativos cruzados (carencias C, D y E). A juicio de la Comisión, las lagunas referidas a dichos controles fundamentales justifican la aplicación de un tipo de corrección financiera del 10 %, de conformidad con las directrices definidas por la Comisión para la aplicación de las correcciones financieras en el documento titulado «Directrices para el cálculo de las repercusiones financieras en la preparación de la decisión de liquidación de cuentas de la sección garantía del FEOGA» (en lo sucesivo, «Documento VI/5330/97»), el cual establece que se aplicará dicho tipo cuando no existan o resulten ineficaces uno o más controles fundamentales.
La segunda serie de carencias que se constataron se refiere a los controles realizados sobre el terreno y las visitas
in situ
(carencias F y G) y a los controles sobre el terreno realizados tras controles mediante teledetección (carencias H e I). La combinación de estas tres clases de fallos en la práctica de controles fundamentales justifica, en opinión de la Comisión, la aplicación de un tipo de corrección del 5 %, de conformidad con el Documento VI/5330/97, el cual establece que se aplicará dicho tipo cuando se hayan realizado todos los controles fundamentales pero no se haya cumplido con el número, la frecuencia o la rigurosidad preceptuados para dichos controles por la normativa aplicable.
La tercera serie de carencias tiene por objeto el cálculo de los pagos y de las sanciones (carencia J). De este modo, estas carencias, que se refieren a los controles secundarios, justifican, según la Comisión, la aplicación del tipo de corrección del 2 %, establecido por el Documento VI/5330/97. Mientras que las dos primeras series de carencias (véanse los apartados 18 y 19 anteriores) atañen tanto al FEAGA como al Feader, la tercera atañe únicamente al Feader.
Los tipos de corrección del 5 % y el 2 % respectivamente justificados, según la Comisión, por la segunda y la tercera series de carencias, (véanse los apartados 19 y 20 anteriores), se subsumen en el tipo del 10 % que se aplica como consecuencia de la existencia de la primera serie de carencias (véase el apartado 18 anterior), de conformidad con el Documento VI/5330/97 que establece que, si se hallan varias deficiencias en el mismo sistema, los índices de corrección a tanto alzado no son acumulativos, tomándose la deficiencia más grave como indicativa de los riesgos que presenta el sistema de control en general.
A continuación, en lo que atañe al año de solicitud 2010, el informe de síntesis indica que la Comisión estimó que dos de las series de carencias acarreaban riesgo de perjuicio financiero para los fondos.
La primera serie está formada por el funcionamiento inadecuado del SIPA-SIG, que ya se había constatado respecto del año de solicitud 2009 (véase el apartado 18), esto es:
—
La carencia A, por la existencia de imprecisiones en el SIPA-SIG de Rumanía, ya que determinadas tierras no subvencionables seguían sin haber sido excluidas de la superficie máxima subvencionable de las parcelas de referencia.
—
La carencia B, por la existencia de inexactitudes en la información transmitida por las autoridades rumanas a los agricultores en 2009 y 2010, pese a las mejoras logradas en el cumplimiento de la obligación, por parte de Rumanía, de facilitar impresos precumplimentados. Para la Comisión, dicha carencia produjo gran cantidad de errores, como demuestra el elevado número de agricultores que presentaron sobredeclaraciones.
El informe de síntesis añade que, según la Comisión, las carencias A y B, que atañen a controles fundamentales, justifican una corrección financiera del 5 %, habida cuenta de las mejoras en el SIPA-SIG de Rumanía que se produjeron en 2010 gracias a la actualización de las ortofotos.
La segunda serie de carencias que invoca la Comisión en el informe de síntesis respecto del año de solicitud 2010 es idéntica a la tercera serie que invoca en lo que atañe al año de solicitud 2009 (véase el apartado 20 anterior), correspondiéndose, por tanto, con la carencia J. Según la Comisión, su constatación justifica la aplicación de un tipo del 2 %, subsumido en el tipo del 5 % que se aplica como consecuencia de la existencia de la primera serie, de conformidad con el Documento VI/5330/97 (véanse los apartados 21 y 24 anteriores).
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 29 de marzo de 2015, Rumanía interpuso el presente recurso. La fase escrita del procedimiento concluyó tras la presentación de la dúplica el 16 de octubre de 2015.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 13 de noviembre de 2015, Rumanía solicitó la celebración de vista oral, indicando las razones por las que deseaba ser oída. Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Séptima) estimó dicha solicitud.
A raíz del impedimento de un miembro de la Sala Séptima y de conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, el Presidente de la misma designó a otro Juez para completarla.
En el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal formuló varias preguntas escritas a las partes, a las que éstas respondieron en el plazo fijado.
En la vista de 14 de julio de 2016 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
Rumanía solicita al Tribunal que:
—
Anule la Decisión impugnada en la medida en que la afecta.
—
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a Rumanía.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, Rumanía invoca tres motivos. El primero se basa en la infracción del artículo 52 del Reglamento n.
o
1306/2013 y del Documento VI/5330/97. Los otros dos se basan, respectivamente, en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la violación del principio de proporcionalidad.
Con carácter preliminar, es preciso señalar que, salvo por la carencia H, que se refiere a retrasos en las visitas sobre el terreno (véase el apartado 19 anterior), Rumanía no refuta que en los controles existieran las carencias que se le imputan.
En cambio, Rumanía sí refuta las repercusiones financieras que la Decisión impugnada deduce de las carencias constatadas. Sin negar que en el SIGC de Rumanía existan determinadas carencias, dicho Estado miembro invoca, en concreto, los esfuerzos que ha realizado al objeto de mejorar la calidad del SIPA-SIG (véanse los apartados 1 y 7 anteriores). Rumanía aduce que gracias a las ortofotos de 2008, 2009 y 2010 se llevó a cabo la actualización de dicho sistema y que concluyó el 1 de febrero de 2010, y añade que, por lo demás, la Comisión reconoció que se habían producido esas mejoras.
A ese respecto, Rumanía recuerda que el año 2007 fue el primero en que se aplicó el SIGC en el país, y alega que la APIA, como responsable de la puesta en práctica y gestión de los regímenes de ayuda de apoyo a la agricultura (véase el apartado 6 anterior), se enfrentó en 2007 y 2008 con determinadas dificultades a causa de la peculiaridad de las instalaciones agrarias rumanas, que incluyen varios millones de explotaciones familiares de tamaño reducido. Sin embargo, a raíz de la constatación de la existencia de irregularidades en el funcionamiento del SIPA-SIG y en los controles realizados sobre el terreno tras las inspecciones administrativas cruzadas, la Comisión aplicó una corrección financiera del 10 % respecto del año de solicitud 2007 y del 7,4 % respecto del año de solicitud 2008, calculada mediante extrapolación y basándose en el tipo de error que arrojaban las estadísticas certificadas de control (método propuesto por las autoridades rumanas).
En el presente asunto, Rumanía imputa a la Comisión haber aplicado, pese a las mejoras conseguidas (véase el apartado 35 anterior), una corrección financiera a tanto alzado del 10 % con cargo al año de solicitud 2009 y del 5 % con cargo al año de solicitud 2010, en lugar de haber calculado el riesgo real de pérdida financiera para la Unión, tal como había hecho respecto del año de solicitud 2008 (véase el apartado 36 anterior). A juicio de Rumanía, según el método de extrapolación, el tipo de corrección no debe superar un 5,5 % respecto del año de solicitud 2009 y un 3,989 % respecto del año de solicitud 2010.
En el contexto del presente litigio resulta oportuno analizar en primer lugar el segundo motivo, que se basa en el incumplimiento de la obligación de motivación.
Rumanía imputa a la Comisión no haber expuesto en ningún momento los motivos por los que no consideró las alegaciones y pruebas que le presentaron las autoridades rumanas en lo que atañe a la posibilidad de calcular el riesgo de perjuicio financiero generado para los fondos de la Unión. A este respecto, Rumanía ha alegado, tanto en sus escritos procesales como en la vista, que durante el procedimiento administrativo propuso dos métodos alternativos de cálculo. Por lo que se refiere al primero, que se basaba en la evaluación individual de las repercusiones financieras de cada carencia constatada, dicho Estado miembro afirma que la Comisión no expuso los motivos por los que se negó a aceptar las evaluaciones individuales de las autoridades rumanas, que demostraban que el riesgo de pérdidas causado por la mayoría de carencias era mínimo o nulo. Rumanía entiende que la Comisión tampoco motivó su negativa a aplicar, en el presente asunto, el segundo método propuesto, que se basaba en la extrapolación de los resultados de las estadísticas de control.
Con carácter subsidiario, Rumanía sostiene que, aun suponiendo que la aplicación de un tipo a tanto alzado estuviera suficientemente motivada en Derecho y justificada, de conformidad con el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.
o
1306/2013, por la imposibilidad de determinar con mayor precisión el riesgo de perjuicio financiero sin recurrir a esfuerzos desproporcionados (extremo que Rumanía niega), la Decisión impugnada no responde tampoco a lo exigido por la obligación de motivación en lo que atañe a la elección del tipo del 10 % respecto del año de solicitud 2009 (véase el apartado 18 anterior) y del tipo del 5 % respecto del año de solicitud 2010 (véanse los apartados 24 y 25 anteriores).
Por consiguiente, procede analizar una por una las imputaciones antes mencionadas, que se basan en una motivación insuficiente que afecta, en primer lugar, a la negativa de la Comisión a proceder a la evaluación individual del riesgo de pérdida generado para los fondos de la Unión por cada carencia constatada; en segundo lugar, a la negativa de la Comisión a aplicar, en el presente asunto, el método de cálculo mediante extrapolación; y, en tercer lugar, a la aplicación del tipo del 10 % por la primera serie de carencias en lo que atañe al año de solicitud 2009 y del 5 % por la primera serie de carencias que se constató respecto del año de solicitud 2010. Con carácter preliminar, es preciso realizar algunas observaciones que resultan pertinentes a la hora de examinar las tres imputaciones.
Observaciones preliminares
Es preciso recordar, en primer lugar, que la obligación de motivación prevista en el artículo 296 TFUE constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo. Desde este punto de vista, la motivación debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión,
C‑521/09 P
,
EU:C:2011:620
, apartados
y
).
Concretamente, la obligación de motivar un acto lesivo, que constituye un corolario del principio del respeto del derecho de defensa, tiene la finalidad, por una parte, de proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si el acto está bien fundado o si eventualmente adolece de algún vicio que permita impugnar su validez ante el juez de la Unión y, por otra parte, de permitir a éste el ejercicio de su control sobre la legalidad de dicho acto (sentencia de 19 de junio de 2014, FLS Plast/Comisión,
C‑243/12 P
,
EU:C:2014:2006
, apartado
). Así pues, la obligación de motivación no se limita al respeto del derecho de defensa, sino que contribuye a lograr un objetivo más general: el de garantizar que el juez de la Unión pueda ejercer su control de legalidad del acto impugnado ante él (véanse, en ese sentido, las conclusiones presentadas por el Abogado General Mengozzi en el asunto Bensada Benallal,
C‑161/15
,
EU:C:2016:3
, punto
).
No puede exigirse, sin embargo, que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, pues la cuestión de si la motivación de una decisión cumple las exigencias que se han recordado en el apartado 42 anterior debe abordarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia de 3 de diciembre de 2015, Polonia/Comisión,
T‑376/13
, no publicada, recurrida en casación,
EU:T:2015:933
, apartado
y la jurisprudencia en él citada).
A ese respecto es preciso señalar, primero, que la Comisión adopta sus decisiones en materia de liquidación de conformidad basándose en un informe de síntesis y en la correspondencia intercambiada entre la Comisión y el Estado miembro de que se trate. En este contexto concreto de la elaboración de las decisiones relativas a la conformidad, la motivación de una decisión debe considerarse suficiente cuando el Estado destinatario haya estado estrechamente asociado al proceso de elaboración de la decisión y conozca las razones por las que la Comisión consideraba que la cantidad discutida no debía correr a cargo de los fondos (sentencia de 3 de diciembre de 2015, Polonia/Comisión,
T‑367/13
, no publicada, recurrida en casación,
EU:T:2015:933
, apartado
).
De ello se deduce que la obligación de la Comisión de motivar su negativa a aceptar la evaluación, propuesta por el Estado miembro de que se trata, de la incidencia financiera de las carencias que se hayan constatado deberá abordarse en relación con los razonamientos y la evolución de las alegaciones de las partes en el procedimiento contradictorio que ha de preceder a la decisión definitiva de la Comisión y cuyo objeto será alcanzar, basándose en la información facilitada por dicho Estado miembro, un acuerdo sobre el tipo de corrección financiera o, de no existir dicho acuerdo, conciliar las posiciones respectivas de esas partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, apartado 3, del Reglamento n.
o
1306/2013.
Por otra parte, la Comisión sólo está obligada a motivar la negativa a aceptar los elementos de evaluación suficientemente precisos propuestos por las autoridades nacionales competentes durante el procedimiento administrativo: si bien incumbe a la Comisión probar la existencia de una infracción de las normas de la organización común de los mercados agrícolas, una vez probada, es el Estado miembro quien debe demostrar, en su caso, que la Comisión cometió un error en cuanto a las repercusiones financieras que deben deducirse de dicha infracción. Le incumbe entonces probar de la manera más detallada y completa posible la realidad de sus cifras y, en su caso, la inexactitud de los cálculos de la Comisión (sentencia de 7 de octubre de 2004, España/Comisión,
C‑153/01
,
EU:C:2004:589
, apartado
)
Este reparto de la carga de la prueba sobre las repercusiones financieras de las carencias que se hayan constatado se explica porque la gestión de la financiación del FEOGA y el Feader descansa principalmente en las administraciones nacionales encargadas de velar por el estricto cumplimiento de las normas de la Unión y se basa en la confianza entre las autoridades nacionales y las de la Unión. Tan sólo el Estado miembro está en condiciones de conocer y determinar con precisión los datos necesarios para la elaboración de las cuentas del FEOGA y el Feader, ya que la Comisión no goza de la inmediatez necesaria para obtener de los agentes económicos las informaciones que necesita (véase, en ese sentido, la sentencia de 4 de septiembre de 2009, Austria/Comisión,
T‑368/05
, no publicada,
EU:T:2009:305
, apartado
y la jurisprudencia en él citada).
Segundo, la jurisprudencia señala que, si una decisión se sitúa en el marco de una práctica decisoria constante, puede contener una motivación sumaria, concretamente mediante referencia a dicha práctica. Por el contrario, incumbe a la autoridad de la Unión desarrollar su razonamiento de forma explícita cuando la decisión vaya sensiblemente más lejos que las decisiones anteriores (véase la sentencia de 14 de enero de 2016, Francia/Comisión,
T‑549/13
,
EU:T:2016:6
, apartados
y
y la jurisprudencia en ellos citada).
Es preciso asimismo observar que la autoridad de la Unión, que en el presente asunto es la Comisión, está obligada a responder expresamente a los datos precisos y detallados que presente un Estado miembro que, durante el procedimiento administrativo, trata de satisfacer la carga de la prueba que recae sobre él con el fin de demostrar las repercusiones financieras de las carencias que se hayan constatado, entablando para ello un diálogo con esa Institución al objeto de hallar la solución más conforme con lo exigido por la normativa aplicable.
En segundo lugar, es preciso observar que, tras la conclusión de los procedimientos de liquidación de conformidad que se basan en el artículo 52 del Reglamento n.
o
1306/2013, las decisiones de conformidad por las que se excluyan determinados gastos de la financiación de la Unión determinarán los tipos de corrección financiera, actuando para ello de acuerdo con un conjunto de reglas precisas y expresas que se derivan de la normativa aplicable y de las directrices definidas por la Comisión para la puesta en práctica de dicha normativa. Tales directrices se refieren no sólo a la comunicación de la información necesaria por parte de los Estados miembros, en particular para determinar los importes que deban excluirse, sino también a la apreciación de la fiabilidad de dicha información y a los criterios que tienen que ver, en su caso, con la fijación de un tipo de corrección a tanto alzado, cuando la Comisión estime que la información facilitada no es lo suficientemente fiable como para determinar con mayor precisión tales importes.
Dado que las autoridades nacionales son, en principio, plenamente conscientes del conjunto de reglas y criterios que se derivan de la normativa pertinente y de las directrices definidas por la Comisión de conformidad con esa normativa, la motivación de las decisiones que imponen correcciones financieras a Estados miembros puede limitarse, por regla general, a una referencia a la práctica habitual y a la mención de los aspectos de hecho en los que la Comisión basa tales decisiones de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 49 anterior. Sin embargo, no es así cuando la Comisión se aparta de su práctica habitual y adopta directrices nuevas, especialmente en lo que atañe a las exigencias de certificación de la información facilitada por los Estados miembros a la hora de demostrar la fiabilidad de esa información.
Pues bien, en el presente asunto, la nota orientativa en la que la Comisión declara haberse basado en la Decisión impugnada tiene fecha de 19 de enero de 2010 y se refiere al reforzamiento de la garantía, por parte de los organismos de certificación, de la legalidad y regularidad de las operaciones de los beneficiarios finales (en lo sucesivo, «nota de 19 de enero de 2010»). Efectivamente, dicha nota (apartado 2) introduce un refuerzo en el sistema de certificación de las estadísticas de control en que se basa el método de cálculo del importe de la corrección financiera mediante extrapolación, cuya aplicación fue rechazada por la Comisión en la Decisión impugnada a fin «de aportar una base más sólida para confirmar la fiabilidad de [esas] estadísticas». Los Estados miembros que decidieron aplicar ese sistema reforzado de fiabilidad obligan a los organismos de certificación a realizar un nuevo control completo respecto de cada población de gastos, referido a una muestra representativa de las transacciones que hubieran sido objeto de un control realizado sobre el terreno por el organismo pagador. Dicha muestra incluye entre 110 y 180 transacciones por cada población. El control de validación no se limita a comprobar la calidad de los controles realizados sobre el terreno, sino que abarca toda la tramitación del expediente, desde la recepción de la solicitud de ayuda hasta el cálculo y la ejecución del pago definitivo, incluida la posible aplicación de sanciones.
En ese contexto, por una parte, es preciso señalar que las primeras veces que se aplica en cada Estado miembro ese sistema reforzado de fiabilidad, que imponía exigencias adicionales considerables a la validación, por parte del organismo de certificación, del tipo de error de las estadísticas de control, corresponde a la Comisión exponer clara y expresamente los motivos precisos del rechazo (en su caso) del cálculo del riesgo de pérdida propuesto por las autoridades nacionales, cuando tal rechazo se deba a que dicho cálculo se basa en estadísticas de control que no se certificaron de conformidad con las directrices nuevas.
Por otro lado, las directrices definidas en la nota de 19 de enero de 2010 no pueden privar a los Estados miembros de la posibilidad de proponer la evaluación individual de la incidencia financiera de cada carencia que se haya constatado (véase el apartado 61 posterior), puesto que la elección de un método de cálculo mediante extrapolación, basado en datos que se hayan sometido a una fiabilidad reforzada de conformidad con las directrices definidas en la nota de 19 de enero de 2010, es facultativa para los Estados miembros, tal como precisamente la misma nota indica de forma clara.
Por lo tanto, siempre que ello no requiera esfuerzos desproporcionados, incumbe en principio a la Comisión analizar, de conformidad con el artículo 52 del Reglamento n.
o
1306/2013, la evaluación individual de la incidencia financiera de las distintas carencias que se hayan constatado (evaluación propuesta en su caso por un Estado miembro) y motivar suficientemente en Derecho el posible rechazo de ese método de cálculo del importe de la corrección financiera. Una motivación sumaria de dicho rechazo también servirá, en principio, para cumplir con la obligación de motivación, de conformidad con la jurisprudencia que se ha citado en los apartados 42 a 45 y 47 a 49 anteriores.
En tercer lugar, y con independencia de cuál sea el método de cálculo propuesto, resulta obligada una motivación lo suficientemente expresa, sobre todo respecto de los Estados miembros, que deben actuar de consuno con la Comisión para garantizar, por una parte, que los gastos efectuados en el contexto de regímenes de apoyo a los agricultores sean conformes con las normas de la Unión y, por otra parte, que en caso de irregularidad la magnitud del riesgo generado para los fondos de la Unión pueda determinarse con la mayor precisión posible. Esa obligación de motivación se corresponde además con las directrices definidas en el Documento VI/5330/97, que indica, en esencia, que la Comisión tomará en consideración las mejoras alcanzadas por los Estados miembros en sus respectivos sistemas de control y destaca, en ese sentido, que «la liquidación debería buscar el objetivo de la prevención y la corrección, en lugar de ser concebida como medio de imposición de sanciones, y debería ir acompañada de garantías procedimentales adecuadas cuando las correcciones resulten inevitables».
Son éstos los principios que deben guiarnos a la hora de apreciar los méritos de las tres imputaciones de Rumanía que se han mencionado en el apartado 41 anterior, basados en la falta de motivación, en primer lugar, de la negativa de la Comisión a aceptar la evaluación individual realizada por las autoridades nacionales de la incidencia financiera de cada una de las carencias; en segundo lugar, de su negativa a aplicar el método de cálculo mediante extrapolación; y, en tercer lugar, de su elección de un tipo de corrección a tanto alzado del 10 % respecto del año de solicitud 2009 y del 5 % respecto del año de solicitud 2010.
Sobre la motivación de la negativa a proceder a una evaluación individual de la incidencia financiera de las distintas carencias
En sus escritos procesales Rumanía ha invocado la falta de motivación de la negativa de la Comisión a aceptar la evaluación individual de las distintas carencias, realizada por ese Estado miembro. En respuesta a una pregunta del Tribunal, Rumanía confirmó, en la vista, que en el procedimiento administrativo había propuesto, en primer lugar, que se procediera a la evaluación individual de los riesgos de pérdida generados para el presupuesto de la Unión por cada una de las carencias que se habían constatado. Rumanía afirma que la única razón por la que sus autoridades propusieron, en la conciliación, que se aplicara el método de cálculo mediante extrapolación basada en las estadísticas de control fue que la Comisión no había tenido en cuenta los cálculos facilitados por las autoridades rumanas al objeto de evaluar la incidencia financiera de la mayoría de las carencias. A diferencia de lo alegado por la Comisión en la vista, dicho Estado miembro considera que la falta de respuesta de las autoridades rumanas a la solicitud de información adicional sobre aspectos concretos y, en particular, sobre la carencia G, referida al tratamiento dado a las diferencias de superficie del 3 % o menos (véase el apartado 19 anterior), presentada por la Comisión en su escrito de 17 de enero de 2013 (que recogía las conclusiones de la reunión bilateral de 1 de junio de 2012), no significa que Rumanía hubiera renunciado a la evaluación individual propuesta.
En la vista, la Comisión admitió que, en teoría, era posible recurrir a la evaluación individual de la incidencia financiera de las distintas carencias que se habían constatado, precisando al mismo tiempo (sin que Rumanía rebatiera este extremo) que durante la reunión bilateral había rechazado la evaluación individual de la incidencia financiera de las distintas carencias, propuesta por las autoridades rumanas. Según la Comisión, dado que las autoridades rumanas no habían respondido a algunas de sus preguntas ni habían profundizado en su argumentación sobre el método de cálculo basado en la evaluación individual (especialmente en la conciliación), la Institución consideró que dicho Estado miembro había renunciado a la aplicación de ese método. Por consiguiente, la Comisión entiende que las alegaciones formuladas por Rumanía ante el Tribunal sobre la citada evaluación individual carecen de pertinencia.
A ese respecto, en un primer momento es preciso recordar que, según el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.
o
1306/2013, la Comisión basará la exclusión de la financiación de la Unión en la determinación de los importes pagados indebidamente y, cuando éstos no puedan determinarse mediante un esfuerzo proporcionado, podrá aplicar correcciones mediante extrapolación o a tanto alzado. De ello se deduce que, cuando la evaluación individual de la incidencia financiera de las distintas carencias no suponga un esfuerzo desproporcionado, sí resulta admisible, en principio, el cálculo de las correcciones basado en una evaluación individual realizada a partir de la información facilitada por el Estado miembro en cuestión.
En un segundo momento, es preciso analizar si, tal como sostiene la Comisión, las autoridades rumanas renunciaron a la evaluación individual.
A ese respecto procede observar, en primer lugar, que el hecho de que las autoridades rumanas no contestaran a determinadas solicitudes de información adicional de la Comisión, por sí solo, no puede interpretarse en el sentido de que hubieran renunciado a proponer que el tipo de corrección se calculara basándose en la evaluación individual de la incidencia financiera de las distintas carencias.
En segundo lugar, el análisis de los documentos que obran en autos no arroja que existiera, por parte de Rumanía, ninguna renuncia expresa a que se aplicara un método de cálculo a cada carencia individual.
En tercer lugar, por lo que se refiere a si las autoridades rumanas renunciaron implícitamente a la evaluación individual de las repercusiones financieras de las distintas carencias, por un lado es preciso hacer notar que, después de que en la reunión bilateral la Comisión se negara a aceptar la evaluación individual, realizada por las autoridades rumanas, de la incidencia financiera de las distintas carencias, éstas no presentaron ninguna evaluación individual más precisa de dicha incidencia financiera en su respuesta de 18 de marzo de 2013 a las conclusiones de la reunión bilateral, al contestar a las solicitudes de información adicional de la Comisión de fecha 17 de enero de 2013 ni en ningún momento posterior del procedimiento.
Además, en su escrito de solicitud de conciliación de 4 de octubre de 2013 (véase el apartado 12 anterior) las autoridades rumanas no mencionaron, bajo el epígrafe «Repercusiones financieras», ningún método de cálculo referido a cada carencia en concreto. El método de cálculo del riesgo para los fondos que se propone en dicha parte del escrito de 4 de octubre de 2013 consiste en un cálculo para el conjunto de las carencias y se basa en un método de extrapolación de los tipos de error que arrojaban las estadísticas de control. Las autoridades rumanas señalaron que los riesgos derivados de determinadas carencias se situaban por debajo del umbral de importancia relativa y daban cuenta de las recuperaciones de importes logradas. Basándose en esos datos, las autoridades rumanas propusieron explícitamente, en conclusión, que se aplicara el método de cálculo mediante extrapolación, que ya se había puesto en práctica respecto del año de solicitud 2008 y que había dado lugar a un tipo de corrección que no superaba el 5,5 % respecto del año de solicitud 2009 y el 3,99 % respecto del año de solicitud 2010.
Así las cosas, el procedimiento de conciliación se centró en el método de cálculo mediante extrapolación. De este modo, el informe del órgano de conciliación, elaborado el 21 de marzo de 2014 (véanse los apartados 12 y 13 anteriores) indica que las recomendaciones realizadas por ese órgano sólo pretendieron intentar acercar las posturas divergentes defendidas por las partes, cuando se les dio audiencia, sobre la posibilidad de aplicar el método de cálculo mediante extrapolación ya mencionado en lo que atañe a los años de solicitud 2009 y 2010.
Por otro lado, es preciso hacer notar, no obstante, que las autoridades rumanas, en la primera parte de su solicitud de conciliación de 4 de octubre de 2013 (véase el apartado 12 anterior), dedicada al análisis individual de las distintas carencias constatadas, reiteraron sus conclusiones en relación, en esencia, con el carácter limitado de las repercusiones financieras de cada una de esas carencias. En lo que atañe, en concreto, al cálculo de la incidencia financiera de la carencia A, que se refiere a los fallos del SIPA-SIG (véanse los apartados 18 y 23 anteriores), tales autoridades invocaron un nuevo método de cálculo mediante comparación con los datos del SIPA-SIG del año siguiente. No se habían referido a tal método ni en su respuesta de 18 de mayo de 2012 a la convocatoria de la reunión bilateral ni en su respuesta de 18 de marzo de 2013 a las conclusiones de dicha reunión.
En cuarto lugar, en el informe de síntesis la Comisión mencionó, para cada una de las carencias A, E, F, G y I, la evaluación individual que habían realizado las autoridades rumanas sobre el riesgo de pérdida generado para los fondos (véanse los apartados 17 a 19 anteriores), lo cual demuestra que la propia Comisión, al adoptar la Decisión impugnada, no consideró que las autoridades hubieran renunciado a la aplicación de ese método de cálculo.
Habida cuenta de ello, no cabe considerar que Rumanía hubiera renunciado a un método de cálculo individual, carencia por carencia, de los riesgos generados para los fondos.
Así las cosas, incumbía a la Comisión pronunciarse, bien en la Decisión impugnada o en el informe de síntesis del que ésta iba acompañada, sobre todos los aspectos de la evaluación individual que las autoridades rumanas habían invocado durante el procedimiento administrativo, y motivar su negativa a aceptarlos.
A ese respecto, habría bastado con que la Comisión hubiera indicado de manera sumaria los principales motivos de su negativa a recurrir al método de evaluación individual de los riesgos de pérdida generados por las distintas carencias, propuesto por las autoridades rumanas como método de cálculo alternativo al de extrapolación, y con que lo hubiera hecho antes de que, en la conciliación, las autoridades rumanas centraran sus alegaciones en el método de cálculo mediante extrapolación.
Pues bien, procede observar, en el presente asunto, que el informe de síntesis no recoge la motivación mencionada respecto del análisis de los años de solicitud 2009 y 2010, ni siquiera de modo sumario, puesto que la Comisión se limitó a dar cuenta, sobre un determinado número de carencias, de los cálculos realizados por las autoridades rumanas, sin motivar su rechazo de los mismos.
Para empezar, por lo que se refiere a la carencia A, relativa a un control fundamental, la Comisión no motivó el rechazo del método de comparación de los datos del año N con los del año N + 1 (véase el apartado 68 anterior). Pues bien, según las autoridades rumanas, la comparación de los datos del SIPA-SIG del año de solicitud 2009 con los de 2010 muestra que la reducción de superficies agrícolas, tras la actualización del SIPA-SIG, era únicamente de un 2,3 %. Y, en cuanto a la comparación de los datos del año de solicitud 2010 con los de 2011, ésta indica, según dicho Estado miembro, que la reducción de superficies tras la actualización del SIPA-SIG era de un 1,88 %, lo cual queda por debajo del umbral de importancia relativa del 2 %.
Si bien es cierto que la tabla de mejoras de las ortofotos del SIPA-SIG (que figura en el informe de síntesis) indica, en lo que atañe a los datos del año de solicitud 2010 con los que las autoridades rumanas compararon los datos del año de solicitud 2009, que gran parte de las imágenes todavía presentaba fallos y las mejoras alcanzaban únicamente al 33 % (aproximadamente) de ellas, no lo es menos que, durante el procedimiento administrativo, la Comisión no expuso con claridad, ni en el informe de síntesis ni en sus comunicaciones con las autoridades rumanas, los motivos por los que estimó que, pese a las relativas mejoras del SIPA-SIG y de los controles administrativos cruzados, no era posible evaluar individualmente, según el método comparativo propuesto, la incidencia financiera de la carencia A respecto del año 2009. Por otra parte, por lo que se refiere al año de solicitud 2010, la Comisión no presentó dato alguno en relación con la calidad de las ortofotos del SIPA-SIG correspondientes al año de solicitud 2011, que son aquellas con las que las autoridades rumanas habían comparado los datos de 2010.
Además, por lo que se refiere al año de solicitud 2009, la Decisión impugnada no está suficientemente motivada, en especial porque, a la hora de calcular los importes que deben excluirse de la financiación de la Unión, evita tener en cuenta la evaluación individual de las carencias E, F y G (que se constataron exclusivamente respecto de ese año de solicitud) propuesta por las autoridades rumanas (véanse los apartados 18, 19 y 69 anteriores).
En efecto, en lo que atañe a la carencia E (que se refiere al tratamiento incorrecto dado a los resultados de la teledetección) y a la carencia G (que se refiere al tratamiento dado a las diferencias de superficie del 3 % o menos), la Comisión se limita a dar cuenta, en el informe de síntesis, de los resultados del cálculo, efectuado por las autoridades rumanas, de sus incidencias financieras respectivas, sin indicar con claridad los motivos por los que refutaba la fiabilidad de dichos cálculos. Las autoridades rumanas habían evaluado la incidencia financiera de la carencia E en 856159,59 euros y la de la carencia G en 5478,03 euros.
Respecto de la carencia F (referida a la inclusión de tierras no subvencionables), la Comisión reconoce explícitamente que su incidencia financiera es limitada, tal como se desprendía de la evaluación realizada por las autoridades rumanas. Estas autoridades habían estimado que la incidencia no era significativa, porque la superficie total aceptada por la inclusión de tierras no subvencionables era de 646,41 hectáreas. No obstante, la Comisión no saca de ello ninguna conclusión en lo que atañe al cálculo del importe de la corrección financiera, limitándose a afirmar, en esencia, que mantiene su postura en relación con la existencia de la carencia F, que en 2009 acarreó la aceptación, de manera irregular, de sobredeclaraciones.
En cambio, el rechazo de la evaluación del riesgo financiero generado por la carencia I (referida a la aceptación de superficies no subvencionables) sí está suficientemente motivada en Derecho. La Comisión indica, en el informe de síntesis, que las autoridades rumanas habían presentado un cálculo del riesgo financiero derivado de dicha carencia que ascendía a 88465,14 euros. Sin embargo, la Comisión señala al respecto que el riesgo financiero resultante de la muestra auditada por sus inspectores no podía extrapolarse directamente a la población completa, como habían hecho las autoridades rumanas.
Por este conjunto de razones, es preciso declarar que, en las circunstancias del presente asunto, la imputación basada en la motivación insuficiente de la negativa a aceptar el método de evaluación individual de las distintas carencias sí está fundamentada en lo que atañe a la carencia A respecto de los años de solicitud 2009 y 2010 y en lo que atañe a las carencias E, F y G respecto del año de solicitud 2009.
Sobre la motivación de la negativa a aplicar el método de cálculo mediante extrapolación basada en el tipo de error de las estadísticas de control
Rumanía recuerda que, cuando en el procedimiento de conciliación propuso que se aplicara el método de cálculo mediante extrapolación (tal como se había puesto ya en práctica en lo que atañe al año de solicitud 2008), la Comisión declaró, según confirma el informe del órgano de conciliación (apartados 4 y 5 del informe), que ese método era en principio admisible, pero que no podía emplearse respecto de los años de solicitud 2009 y 2010.
Por consiguiente, Rumanía imputa a la Comisión no haber motivado, ni en el procedimiento administrativo ni en la Decisión impugnada, su negativa a aplicar, de conformidad con la práctica anterior, el método de cálculo antes mencionado, en lo que atañe tanto al año de solicitud 2009 como al año de solicitud 2010.
Sobre el año de solicitud 2009
Por lo que respecta al año de solicitud 2009, el informe del órgano de conciliación indica que la Comisión rechazó el cálculo del riesgo de pérdidas generado para los fondos, propuesto por las autoridades rumanas, basándose en el método de extrapolación, alegando para ello, en particular, que dicho cálculo no abarcaba todas las carencias ni tenía en cuenta las sanciones no aplicadas. Además, la Comisión se basó en que el organismo de certificación había determinado, respecto del año 2009, un límite superior de error del 2,7 %.
En la comunicación oficial de 21 de agosto de 2013, inmediatamente anterior a la solicitud de conciliación (véase el apartado 11 anterior), la Comisión ya indicó que el organismo de certificación «había manifestado en su informe una opinión sin reservas en lo que atañe a la población FEAGA cubierta por el SIGC», pero que, «no obstante, [había] determinado la posibilidad de que existiera un error significativo en las estadísticas referidas a dicha población, habida cuenta de las divergencias que se habían constatado, [esto es,] un tipo de error muy probable del 0,9 % (por debajo del umbral de importancia relativa del 2 %), pero con un límite superior de error del 2,7 %». En el informe de síntesis (apartado 12.12.2) la Comisión reprodujo, en esencia, este argumento, en los mismos términos que en el pasaje de la comunicación de 21 de agosto de 2013 que se acaba de mencionar.
Ante el Tribunal, Rumanía ha sostenido en la demanda que, en virtud de su obligación de motivación, correspondía a la Comisión, por una parte, precisar cuáles eran las carencias no cubiertas por el cálculo mediante extrapolación propuesto. Por otra parte, dicho Estado miembro ha afirmado que la Comisión tenía la obligación de haber explicado el motivo por el que no había realizado un cálculo alternativo basado en ese método de cálculo mediante extrapolación que sí aceptaba, tomando en consideración las carencias que entendiera que no estaban cubiertas por el cálculo realizado por las autoridades rumanas. Además, en la vista, Rumanía alegó que la exigencia de certificación invocada por la Comisión era de aplicación únicamente a partir del año de solicitud 2010.
Así pues, dicho Estado miembro afirma que la Comisión incumplió su obligación de motivación, al no justificar por qué no tuvo en cuenta las alegaciones formuladas por las autoridades rumanas en relación con el cálculo mediante extrapolación del importe de la corrección financiera. Además, Rumanía entiende que esa falta de motivación tanto en el procedimiento administrativo como en la Decisión impugnada le privó de las garantías otorgadas a los Estados miembros afectados para exponer su punto de vista (sentencia de 7 de junio de 2013, Portugal/Comisión,
T‑2/11
,
EU:T:2013:307
, apartado
).
Es pacífico entre las partes que respecto del año de solicitud 2008 la Comisión había admitido la aplicación del método de cálculo mediante extrapolación, el cual había sido asimismo propuesto por Rumanía en lo que atañe a los años de solicitud 2009 y 2010, que son los considerados en el presente asunto.
Sin embargo, las partes discrepan sobre si en el presente asunto la Comisión modificó sus exigencias, para el año de solicitud 2009 en relación con las aplicadas al año de solicitud 2008, en lo que atañe al sistema de certificación de la información facilitada por las autoridades nacionales. Pues bien, ni la Decisión impugnada ni los escritos procesales de las partes ni los documentos presentados por las mismas contienen indicación alguna de cuál fuera, según la Comisión, el sistema de certificación aplicado al año de solicitud 2009 y, en particular, si dicho sistema era idéntico al que se había puesto en práctica para el año de solicitud 2008.
En sus escritos procesales la Comisión se ha limitado a afirmar, sin dar otras explicaciones, que para el año de solicitud 2009 «el tipo de error no fue certificado por el organismo competente». Hasta sus respuestas, primero por escrito y después orales, a las preguntas del Tribunal, la Comisión no había alegado que el sistema reforzado de fiabilidad se aplicaba desde el año de solicitud 2008.
Fue en el momento de su respuesta escrita a las preguntas del Tribunal y en la vista cuando la Comisión sostuvo que el sistema de certificación establecido en la nota de 19 de enero de 2010 no se había modificado entre los años de solicitud 2008 y 2010. La Comisión afirmó que, para el año de solicitud 2008, «el tipo de error se [había] certificado de conformidad con sus instrucciones», explicando al respecto que las autoridades rumanas no solicitaron el procedimiento de conciliación hasta 2010 y que en dicho procedimiento se había calculado el riesgo generado para el presupuesto de la Unión. Por consiguiente, a juicio de la Institución, Rumanía conocía ya el contenido de la nota de 19 de enero de 2010, que había sido analizada con los Estados miembros en 2009, por lo que podría haber aplicado el sistema reforzado de fiabilidad a partir del año de solicitud 2008.
Así las cosas, la Comisión estimó que el sistema reforzado de fiabilidad establecido en la nota de 19 de enero de 2010 sí podía aplicarse, por lo que se refiere al año de solicitud 2009 al igual que respecto del año de solicitud 2008, para garantizar la fiabilidad de las estadísticas de control a efectos del cálculo mediante extrapolación de la corrección financiera. La Comisión añadió que no se había dispuesto de las cifras relativas al año de solicitud 2009 antes del 15 de julio de 2010, de conformidad con el artículo 76, apartado 1, del Reglamento (CE) n.
o
796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en los Reglamentos (CE) n.
o
1782/2003 y (CE) n.
o
73/2009 del Consejo y para la aplicación de la condicionalidad prevista en el Reglamento (CE) n.
o
479/2008 del Consejo (
DO 2004, L 141, p. 18
). De ello dedujo la Comisión que el sistema reforzado de fiabilidad podía aplicarse a las cifras relativas al año de solicitud 2009.
Además, la Comisión recordó que el sistema reforzado de fiabilidad era opcional (véanse los apartados 53 y 60 anteriores). Señaló sin embargo que consideraba que, si un Estado miembro no optaba por aplicar dicho sistema, no podía basarse en las estadísticas de control realizadas por el organismo pagador, que eran las que servían para aplicar el método de cálculo mediante extrapolación.
Por su parte, Rumanía replicó en la vista que el sistema reforzado de fiabilidad establecido en la nota de 19 de enero de 2010 se había aplicado en lo que atañe al año de solicitud 2008, insistiendo en que no optó por aplicar dicho sistema ni respecto del año de solicitud 2008 ni respecto del año de solicitud 2009.
Además, Rumanía alegó que, al no existir normas claras y previsibles, el mero hecho de que la nota de 19 de enero de 2010 ya hubiera sido abordada en 2009 entre los Estados miembros y la Comisión y de que antes del 15 de julio de 2010 no se hubiera dispuesto de las estadísticas de control referidas al año de solicitud 2009 (realizadas por la APIA) no quería decir que el sistema reforzado de fiabilidad ya hubiera sido de aplicación en 2010, en la certificación de dichas estadísticas de control.
A diferencia de lo alegado por la Comisión en la vista, procede observar que el informe de síntesis referido a las correcciones financieras del año de solicitud 2008, que elaboró la Institución como anexo a sus respuestas escritas a las preguntas del Tribunal, no recoge ninguna indicación del tipo de certificación que se hubiera puesto en práctica en Rumanía y la Comisión hubiera aceptado en lo que atañe a dicho año de solicitud. En dicho informe (apartado 12.4.5) y, a diferencia de los informes de síntesis de los años de solicitud 2009 y 2010 (véanse los apartados 84 anterior y 107 posterior), la Comisión no menciona cuál era el tipo máximo de error de las estadísticas de control indicado por el organismo de certificación. La Institución señala exclusivamente que ese organismo, al que recurrió Rumanía tras la conciliación para que comprobara la fiabilidad de las estadísticas de control al objeto de demostrar que el riesgo surgido para los fondos era menor que la corrección del 10 % propuesta por la Comisión, había confirmado que «los distintos tipos de error que arrojaban dichas estadísticas de control no resultaban ser erróneos en un grado significativo en lo que atañe a los distintos regímenes de ayuda por superficie». De ello sólo cabe deducir que la diferencia entre el tipo de error elaborado por el organismo pagador y el elaborado por el organismo de certificación no rebasaba el margen de tolerancia admitido por la Comisión.
Por otra parte, no puede estimarse la argumentación formulada por la Comisión en la vista, según la cual la nota de 19 de enero de 2010 (véase el apartado 53 anterior) indica expresamente que el sistema reforzado de fiabilidad allí establecido se venía aplicando desde el año de solicitud 2008: en dicha nota, la Comisión de entrada recuerda que desde el ejercicio financiero 2008 (que se corresponde con el año de solicitud 2007) los organismos de certificación estaban obligados a comprobar y validar las estadísticas de control de los gastos del FEAGA cubiertos por el SIGC y de los gastos del Feader, con el fin de facilitar a la Comisión una garantía de fiabilidad de dichas estadísticas. En la práctica, ello suponía que, en los resultados de los controles comunicados a la Comisión, los organismos de certificación, por una parte, tenían en cuenta la información detallada que obraba a disposición de los organismos pagadores y, por otra, que expresaban su opinión sobre la calidad de los controles realizados sobre el terreno, volviendo a realizar al menos diez de ellos por cada categoría de gastos. A continuación, la Comisión destaca en la misma nota que, para salir al paso de las críticas del Tribunal de Cuentas en lo que atañe a la insuficiencia de los controles de que se encargaban los organismos de certificación, dicha nota presenta una propuesta para reforzar el sistema de certificación.
Por consiguiente, habida cuenta de la imprecisión del informe de síntesis referido a 2008 (véase el apartado 95 anterior), el Tribunal no está en condiciones de comprobar si Rumanía optó por el sistema reforzado de fiabilidad en lo que atañe a dicho año de solicitud.
Por lo que se refiere al año de solicitud 2009, que es controvertido en el presente asunto, ha de observarse que el informe de síntesis relativo a los años de solicitud 2009 y 2010 sólo se refiere a la prestación de una garantía reforzada por parte de las autoridades rumanas respecto del año de solicitud 2010, y no respecto del año de solicitud 2009. Por consiguiente, es preciso hacer constar que, con independencia de si las directrices definidas en la nota de 19 de enero de 2010 ya eran de aplicación o no, en lo que atañe al año de solicitud 2009 Rumanía no había optado de ninguna manera por el sistema reforzado de fiabilidad, establecido en esa nota.
En ese contexto, por lo que se refiere al año de solicitud 2009, la mera mención, por parte de la Comisión durante el procedimiento administrativo y en el informe de síntesis (véase el apartado 84 anterior), de un tipo de error muy probable del 0,9 % (por debajo del umbral de importancia relativa del 2 %) con un límite superior de error del 2,7 % no permite determinar, en el contexto de la modificación en curso de su práctica mediante las directrices definidas en la nota de 19 de enero de 2010 (véase el apartado 53 anterior), las exigencias en materia de certificación, ni las posibles directrices que precisen tales exigencias en que se basó la Comisión, en la Decisión impugnada, para cuestionar la fiabilidad de los datos facilitados por las autoridades rumanas. A mayor abundamiento, de la Decisión impugnada no se desprende con claridad la incidencia que pudo tener el tipo de error máximo del 2,7 % en la fiabilidad de las estadísticas de control, puesto que, además, el organismo de certificación había señalado en su informe una «opinión sin reservas en lo que atañe a la población FEAGA cubierta por el SIGC» y había considerado que el tipo de error «más probable» era del 0,9 %.
Pues bien, el órgano de conciliación ya había manifestado en su informe que no comprendía por qué el nivel de la corrección del año de solicitud 2009 no podía determinarse con más precisión mediante la aplicación de un método de cálculo similar al aceptado por la Comisión respecto del año de solicitud 2008 (véase el apartado 13 anterior).
Por consiguiente, resulta obligado declarar que la motivación de la Decisión impugnada no permite en absoluto entender cuál era, a juicio de la Comisión, el sistema de certificación que los Estados miembros afectados debían imponer a los organismos de certificación, en lo que atañe al año de solicitud 2009, para lograr que la Comisión admitiera que los tipos de error de las estadísticas de control elaboradas por los organismos pagadores de esos Estados miembros eran lo suficientemente fiables y podían constituir por ello una base válida de cálculo para las correcciones financieras.
Es preciso añadir que los criterios aplicados por la Comisión en materia de sistemas de certificación para garantizar la fiabilidad de las estadísticas de control referidas al año de solicitud 2009 resultan tanto más incomprensibles cuanto que, como destaca la propia Comisión en la nota de 19 de enero de 2010, el sistema nuevo de certificación que se establecía en la misma suponía una ampliación significativa del papel y de las funciones de los organismos de certificación: habida cuenta de la envergadura de las adaptaciones requeridas por la puesta en práctica de dicho sistema nuevo, resultaba tanto más necesario que la Comisión aportara una motivación clara y expresa de la negativa a aplicar el método de cálculo mediante extrapolación propuesto por las autoridades rumanas para el año de solicitud 2009 (véase el apartado 48 anterior).
Así las cosas, la motivación de la Decisión impugnada que emana del informe de síntesis y de las comunicaciones de la Comisión con las autoridades rumanas durante el procedimiento administrativo, los cuales obran en autos, no permite entender si la Comisión aumentó sus exigencias en materia de certificación con respecto a su práctica anterior ya desde el año de solicitud 2009, y especialmente si se apartó de la práctica seguida en lo que atañe al año de solicitud 2008.
Por lo tanto, la motivación mencionada no permite ni que Rumanía conozca la justificación de la negativa de la Comisión a aplicar el método de cálculo mediante extrapolación propuesto y sopese si esa negativa adolece acaso de un vicio que permita impugnar su legalidad ante el juez de la Unión, ni que el Tribunal ejerza su control, de conformidad con la jurisprudencia que se ha citado en los apartados 42 y 43 anteriores.
De ello se colige que debe prosperar la imputación basada en la falta de motivación, en la medida en que la Comisión rechazó, en la Decisión impugnada, la aplicación del método de cálculo mediante extrapolación propuesto para el año de solicitud 2009.
Sobre el año de solicitud 2010
En lo que atañe al año de solicitud 2010, la comunicación oficial de 21 de agosto de 2013 y el informe de síntesis indican explícitamente que la Comisión se basó en el sistema reforzado de fiabilidad: dichos documentos dan cuenta de que las autoridades rumanas presentaron la fiabilidad reforzada proporcionada por el organismo de certificación.
Así las cosas, es preciso declarar que la Comisión sí motivó suficientemente en Derecho su negativa a aplicar el sistema de cálculo mediante extrapolación (propuesto por las autoridades rumanas) al invocar los dos motivos siguientes en el informe de síntesis. Por un lado, señaló que el organismo de certificación había determinado la probabilidad de que existiera un tipo de error del 1,9975 %, pero con un límite superior del 4,24 %. Por otro lado, invocó que el Tribunal de Cuentas, en su informe de auditoría sobre la validación por parte del organismo rumano de certificación de las estadísticas de control de los gastos realizados por el FEAGA y cubiertos por el SIGC (procedimiento reforzado de fiabilidad) en lo que atañe al ejercicio financiero 2011, correspondiente al año de solicitud 2010, había llegado a la conclusión de que el control realizado por dicho organismo carecía de fiabilidad, al entender que no se había ajustado a las directrices de la Comisión y no había detectado determinadas irregularidades.
Por lo tanto, procede desestimar la imputación basada en la motivación insuficiente de la Decisión impugnada cuando esta última excluye la aplicación del método de cálculo mediante extrapolación respecto del año de solicitud 2010.
Sobre la motivación de la imposición de un tipo a tanto alzado del 10 % respecto del año de solicitud 2009 y un tipo a tanto alzado del 5 % respecto del año de solicitud 2010
Independientemente del fundamento mismo del hecho de que se recurra a una corrección a tanto alzado respecto de los dos años de solicitud considerados, es preciso analizar si está lo suficientemente motivada la elección de un tipo a tanto alzado del 10 % en lo que atañe al año de solicitud 2009 y del 5 % respecto del año de solicitud 2010.
Sobre la motivación de la elección del tipo a tanto alzado del 10 % respecto del año de solicitud 2009
En primer lugar, las razones de la elección de un tipo de corrección a tanto alzado del 10 % respecto del año de solicitud 2009 no se desprenden con claridad del informe de síntesis, que se limita a afirmar, en esencia, que a causa de las deficiencias en el funcionamiento del SIPA-SIG y los controles administrativos cruzados, que equivalen a la no ejecución de un control fundamental y demuestran la ineficacia del sistema de control, por lo cual acarrean un riesgo de pérdidas elevadas para los fondos, resulta justificada la aplicación de un tipo de corrección del 10 % en lo que atañe al FEAGA y el Feader.
A ese respecto, es preciso recordar que el Documento VI/5330/97 establece que se aplicará un tipo del 10 %, en particular, cuando los controles, por realizarse tan inadecuadamente o con tan escasa frecuencia, resultan ineficaces para determinar si una solicitud de ayuda es elegible. En cambio, para los supuestos en que se efectúen todos los controles fundamentales, pero no en el número ni con la frecuencia o rigor requeridos en la normativa, el Documento establece únicamente la aplicación de un tipo del 5 %.
Pues bien, la Comisión no expuso, ni en el informe de síntesis ni en su correspondencia con las autoridades rumanas, los motivos por los que consideraba que el funcionamiento inadecuado del SIPA-SIG (carencias A y B) y los fallos en los controles administrativos cruzados (carencias C, D y E) podían asimilarse a la ineficacia de uno o varios controles fundamentales. Una motivación expresa a este respecto habría resultado tanto más necesaria cuanto que, a raíz de la instauración del SIPA-SIG de Rumanía tras la adhesión del país a la Unión, se estaba poniendo en práctica un plan de acción (véase el apartado 7 anterior).
En segundo lugar, la argumentación de la Comisión sobre las razones de la aplicación del tipo del 10 % es incoherente: en el escrito de contestación a la demanda sostiene que cada una de las carencias de la A a la E puede justificar, por sí sola, tal tipo, por tratarse de la no ejecución de un control fundamental.
Sin embargo, en la dúplica la Comisión motiva la aplicación del tipo del 10 % aludiendo a la «acumulación de supuestos de funcionamiento inadecuado del SIPA-SIG y de fallos en los controles administrativos cruzados», es decir, por la acumulación de las carencias A a E: aun cuando destaca la importancia del SIPA-SIG, la Comisión precisa que el funcionamiento inadecuado del mismo no es el único aspecto que llevó a aplicar el tipo del 10 %. Recuerda al respecto que, según la jurisprudencia, «la identificación de las parcelas agrícolas constituye un elemento clave para la aplicación correcta de un régimen vinculado a la superficie», que «la falta de un sistema fiable de identificación de las parcelas conllevaría por sí mismo un riesgo elevado de perjuicio para el presupuesto de la Unión» y que, «así pues, el mero hecho de que no se completara el SIPA-SIG justificaría que se aplicara una corrección del 5 % a tanto alzado» (sentencia de 16 de junio de 2015, Portugal/Comisión,
T‑3/11
, no publicada,
EU:T:2015:388
, apartado
). Así pues, la Comisión precisa que, por sí misma, la carencia A no puede justificar la aplicación de un tipo del 10 % a tanto alzado. Por tanto, para imponer un tipo del 10 % la Comisión se basó en la combinación de las carencias A a E, situación que acarrea, según ella, la ineficacia del sistema de control, que es la que, de conformidad con el Documento VI/5330/97, justifica la imposición de dicho tipo (véase el apartado 111 anterior).
Ahora bien, la explicación mencionada, que la Comisión aportó en la dúplica y confirmó en la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal, no se desprende con claridad del informe de síntesis y entra en contradicción con la argumentación invocada por la Comisión en el escrito de contestación a la demanda (véase el apartado 113 anterior).
Por este conjunto de motivos, procede declarar que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada cuando define un tipo de corrección del 10 % respecto del año de solicitud 2009.
Sobre la motivación de la elección del tipo a tanto alzado del 5 % respecto del año de solicitud 2010
En el informe de síntesis la Comisión motiva la aplicación del tipo a tanto alzado del 5 % respecto del año de solicitud 2010 aludiendo a «las insuficiencias en el funcionamiento del SIPA-SIG y de los controles administrativos cruzados, que equivalen a la no ejecución de un control fundamental y demuestran la ineficacia del sistema de control, por lo cual acarrean un riesgo de pérdidas elevadas para los fondos». La Comisión precisa que, «habida cuenta de las mejoras realizadas por las autoridades rumanas en 2010, [consistentes] especialmente en la actualización de las imágenes del SIPA-SIG y [en] la mejora de los controles administrativos cruzados (programa informático nuevo para evitar los pagos duplicados o incorrectos), resulta justificada una corrección del 5 %».
No obstante, al analizar las distintas carencias que se habían constatado respecto del año de solicitud 2010, el informe de síntesis menciona únicamente las carencias A y B (referidas a las insuficiencias del SIPA-SIG) y no las carencias C, D y E (referidas a los controles administrativos cruzados). Lo mismo sucede con el escrito de contestación a la demanda.
En la vista, la Comisión precisó, al responder a una pregunta del Tribunal, que para imponer el tipo del 5 % se había basado en las carencias A y B, que se derivan, respectivamente, de la imprecisión del SIPA-SIG y de la inexactitud de la información facilitada a los agricultores, añadiendo, no obstante, que la carencia A, por sí sola, justificaba la aplicación de ese tipo.
Pues bien, la incoherencia del informe de síntesis, que en lo que atañe a las carencias constatadas respecto del año de solicitud 2010 menciona exclusivamente las insuficiencias del SIPA-SIG (carencias A y B; véase el apartado 118 anterior), mientras que para justificar la aplicación del tipo del 5 % (véase el apartado 117 anterior) invoca además los fallos constatados en los controles administrativos cruzados (carencias C, D y E), suscitaba forzosamente serias dudas sobre si la elección de ese tipo venía motivada por la acumulación de ambos tipos de carencias o si se basaba exclusivamente en las insuficiencia del SIPA‑SIG.
Además, habida cuenta de su imprecisión y ambigüedad, el informe de síntesis no permite en absoluto entender que, según la Comisión y tal como explicó en la vista (véase el apartado 119 anterior), la carencia A (referida a la imprecisión del SIPA-SIG) bastara por sí misma para justificar la elección del tipo del 5 %.
Por consiguiente, procede declarar que la Decisión impugnada adolece de falta de motivación cuando define un tipo de corrección del 5 % respecto del año de solicitud 2010.
Conclusión sobre el análisis del segundo motivo
Del conjunto de razonamientos anteriores resulta que el segundo motivo está fundamentado respecto de los años de solicitud 2009 y 2010 en lo que atañe al negativa a aceptar, en la Decisión impugnada, la evaluación individual de la incidencia financiera de las carencias propuesta por las autoridades rumanas (véase el apartado 80 anterior).
En todo caso, tal motivo también está fundamentado, respecto de todo el año de solicitud 2009, en lo que atañe a la negativa de la Comisión a aplicar el método de cálculo mediante extrapolación (véase el apartado 105 anterior).
El segundo motivo también debe estimarse en lo que atañe a la elección del tipo a tanto alzado del 10 % respecto del año de solicitud 2009 (véase el apartado 116 anterior) y del tipo del 5 % respecto del año de solicitud 2010 (véase el apartado 122 anterior).
En consecuencia, por lo que se refiere al año de solicitud 2009, la Decisión impugnada debe anularse en su conjunto en la medida en que afecta a Rumanía, por ser insuficiente su motivación, sin que resulte necesario analizar los motivos primero y tercero en lo que atañe a dicho año de solicitud.
En cuanto al año de solicitud 2010, la Decisión impugnada también debe anularse, por ser insuficiente su motivación, puesto que impone un tipo de corrección a tanto alzado sin haber motivado suficientemente en Derecho el rechazo del método de cálculo basado en la evaluación individual de las carencias constatadas, propuesto por las autoridades rumanas (véase el apartado 123 anterior).
Ello se debe a que el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.
o
1306/2013, que confirma, en esencia, las directrices definidas en el Documento VI/5330/97, indica que la Comisión únicamente podrá aplicar correcciones a tanto alzado «cuando, debido a la naturaleza del caso concreto o a que el Estado miembro no haya facilitado a la Comisión la información necesaria, no sea posible determinar con mayor precisión mediante un esfuerzo proporcionado el perjuicio financiero causado a la Unión».
Por lo tanto, dado que en el presente asunto Rumanía conservaba la posibilidad de proponer una evaluación individual de la incidencia financiera de las carencias que se habían constatado, la Comisión no podía aplicar correcciones a tanto alzado sin haber motivado y justificado debidamente la negativa a aceptar la evaluación propuesta, siempre que ello no supusiera un esfuerzo desproporcionado, extremo que no ha sido alegado por la Comisión (véanse los apartados 55 y 56 anteriores).
De ello se colige que la Decisión impugnada debe anularse en su conjunto en la medida en que afecta a Rumanía, por falta de motivación al aplicar tipos de corrección a tanto alzado respecto de los años de solicitud 2009 y 2010, sin que resulte necesario analizar los demás motivos.
Costas
A tenor del apartado 1 del artículo 134 del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber sido desestimadas todas las pretensiones de la Comisión y haber solicitado Rumanía su condena en costas, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
decide:

1)
Anular, en la medida en que afecta a Rumanía, la Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

2)
Condenar a la Comisión Europea a cargar con sus propias costas y con las de Rumanía.

Van der Woude
Kancheva
Ulloa Rubio
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de febrero de 2017.
Firmas
Índice

Contexto y antecedentes del litigio

Procedimiento y pretensiones de las partes

Fundamentos de Derecho

Observaciones preliminares

Sobre la motivación de la negativa a proceder a una evaluación individual de la incidencia financiera de las distintas carencias

Sobre la motivación de la negativa a aplicar el método de cálculo mediante extrapolación basada en el tipo de error de las estadísticas de control

Sobre el año de solicitud 2009

Sobre el año de solicitud 2010

Sobre la motivación de la imposición de un tipo a tanto alzado del 10 % respecto del año de solicitud 2009 y un tipo a tanto alzado del 5 % respecto del año de solicitud 2010

Sobre la motivación de la elección del tipo a tanto alzado del 10 % respecto del año de solicitud 2009

Sobre la motivación de la elección del tipo a tanto alzado del 5 % respecto del año de solicitud 2010

Conclusión sobre el análisis del segundo motivo

Costas
(
)	Lengua de procedimiento: rumano.