CELEX: 62020CJ0279
Procedimiento prejudicial
Espacio de libertad, seguridad y justicia
Política de inmigración
Derecho a la reagrupación familiar
Directiva 2003/86/CE
Artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c)
Concepto de “hijo menor de edad”
Artículo 16, apartado 1, letra b)
Concepto de “vida familiar efectiva”
Hija que solicita la reagrupación familiar con su padre, que ha obtenido el estatuto de refugiado
Fecha pertinente para apreciar la condición de menor

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), y 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (
DO 2003, L 251, p. 12
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre la Bundesrepublik Deutschland (República Federal de Alemania) y XC, nacional siria, en relación con la denegación por la República Federal de Alemania de la solicitud presentada por XC al objeto de que se le expida un visado nacional con fines de reagrupación familiar.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Los considerandos 2, 4, 6, 8 y 9 de la Directiva 2003/86 señalan lo siguiente:
«(2)
Las medidas sobre reagrupación familiar deben adoptarse de conformidad con la obligación de proteger la familia y respetar la vida familiar que se consagra en numerosos instrumentos del Derecho internacional. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en particular por el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950,] y por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
[…]
(4)
La reagrupación familiar es necesaria para la vida en familia. Contribuye a la creación de una estabilidad sociocultural que facilita la integración de los nacionales de terceros países en el Estado miembro, lo que permite, por otra parte, promover la cohesión económica y social, objetivo fundamental de la Comunidad, tal como se declara en el Tratado.
[…]
(6)
Con el fin de garantizar la protección de la familia, así como el mantenimiento o la creación de la vida familiar, es importante fijar, según criterios comunes, las condiciones materiales para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar.
[…]
(8)
La situación de los refugiados requiere una atención especial, debido a las razones que les obligaron a huir de su país y que les impiden llevar en el mismo una vida de familia. A este respecto, conviene prever condiciones más favorables para el ejercicio de su derecho a la reagrupación familiar.
(9)
La reagrupación familiar debe aplicarse en todo caso a los miembros de la familia nuclear, es decir, al cónyuge y a los hijos menores de edad.»
El artículo 1 de la Directiva 2003/86 está redactado en los siguientes términos:
«El objetivo de la presente Directiva es fijar las condiciones en las cuales se ejerce el derecho a la reagrupación familiar de que disponen los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros.»
Con arreglo al artículo 2, letra f), de esta Directiva:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
f)
menor no acompañado
, el nacional de un tercer país o el apátrida menor de 18 años que llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la costumbre, mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, o cualquier menor al que se deje solo tras su entrada en el territorio de los Estados miembros.»
El artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
«Los Estados miembros autorizarán la entrada y la residencia, de conformidad con la presente Directiva y siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el capítulo IV y en el artículo 16, de los siguientes miembros de la familia:
[…]
c)
los hijos menores, incluidos los adoptivos, del reagrupante, cuando tenga el derecho de custodia y los tenga a su cargo. Los Estados miembros podrán autorizar la reagrupación de los hijos cuya custodia se comparta, siempre que el otro titular del derecho de custodia haya dado su consentimiento;
[…]
Los hijos menores citados en el presente artículo deberán tener una edad inferior a la de la mayoría legal del Estado miembro en cuestión y no estar casados.
[…]»
El artículo 5 de esta Directiva dispone:
«1.   Los Estados miembros determinarán si, con el fin de ejercer el derecho a la reagrupación familiar, la solicitud de entrada y de residencia debe ser presentada ante las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, ya sea por el reagrupante ya sea por el miembro o miembros de la familia.
[…]
5.   Al examinar la solicitud, los Estados miembros velarán por que se tenga debidamente en cuenta el interés mejor del menor.»
El artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2003/86 precisa:
«Si el refugiado fuera un menor no acompañado, los Estados miembros:
a)
autorizarán la entrada y la residencia, con fines de reagrupación familiar, de sus ascendientes en línea directa y en primer grado, sin aplicar los requisitos establecidos en la letra a) del apartado 2 del artículo 4;
[…]».
El artículo 16, apartado 1, de esta Directiva es del siguiente tenor:
«Los Estados miembros podrán denegar una solicitud de entrada y de residencia con fines de reagrupación familiar o, en su caso, retirar el permiso de residencia o denegar su renovación, en los casos siguientes:
[…]
b)
cuando el reagrupante y el miembro o miembros de su familia no hagan o hayan dejado de hacer vida conyugal o familiar efectiva;
[…]».
Con arreglo al artículo 17 de la referida Directiva:
«Al denegar una solicitud, al retirar el permiso de residencia o denegar su renovación, así como al dictar una decisión de devolver al reagrupante o un miembro de su familia, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta la naturaleza y la solidez de los vínculos familiares de la persona y la duración de su residencia en el Estado miembro, así como la existencia de lazos familiares, culturales o sociales con su país de origen.»
Derecho alemán
El artículo 6, apartado 3, de la Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Ley Reguladora del Derecho de Residencia, el Ejercicio de Actividades Remuneradas y la Integración de los Extranjeros en el Territorio Federal), de 25 de febrero de 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «AufenthG»), establece:
«Para estancias de larga duración será preciso obtener un visado válido en todo el territorio federal (visado nacional) que deberá haberse expedido antes de la entrada en el territorio. Dicho visado se expedirá con arreglo a las disposiciones en vigor en materia de permiso de residencia de duración limitada, tarjeta azul europea, tarjeta para personas que sean objeto de un traslado temporal entre sociedades de un mismo grupo (ICT) y permiso y documento de residencia permanente en la UE. […]».
El artículo 25 de esta Ley, titulado «Residencia por razones humanitarias», preceptúa, en su apartado 2, lo siguiente:
«Se concederá el permiso de residencia de duración limitada a un extranjero cuando el Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Oficina Federal de Inmigración y Refugiados) le haya reconocido el estatuto de refugiado en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Asylgesetz (Ley de Asilo) o el derecho a protección subsidiaria en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Ley de Asilo. […]»
El artículo 32 de la AufenthG, que lleva como epígrafe «Reagrupación familiar de los hijos», preceptúa lo siguiente en su apartado 1:
«Al hijo menor de edad y soltero de un extranjero se le concederá un permiso de residencia si ambos progenitores o el progenitor con derecho de custodia exclusiva posee alguno de los siguientes permisos de residencia:
[…]
2) el permiso de residencia de duración limitada previsto en el artículo 25, apartados 1 o 2, primera frase, primer supuesto;
[…]».
El artículo 36 de la citada Ley, titulado «Reagrupación familiar de los progenitores y demás miembros de la familia», precisa:
«1.   No obstante lo dispuesto en los artículos 5, apartado 1, punto 1, y 29, apartado 1, punto 2, se concederá un permiso de residencia de duración limitada a los progenitores de un extranjero menor que posea un permiso de residencia de duración limitada en virtud de los artículos 23, apartado 4, o 25, apartados 1 o 2, primera frase, primer supuesto; un permiso de residencia permanente en virtud del artículo 26, apartado 3, o un documento de residencia permanente en virtud del artículo 26, apartado 4, después de haber obtenido un permiso de residencia de duración limitada con arreglo al artículo 25, apartado 2, primera frase, segundo supuesto, si no reside en el territorio federal ningún progenitor con derecho de custodia sobre el menor.
2.   Podrá expedirse un permiso de residencia de duración limitada con fines de reagrupación familiar a los demás miembros de la familia de un extranjero cuando sea necesario para evitar dificultades excesivas. Serán aplicables
mutatis mutandis
a los miembros de la familia mayores de edad los artículos 30, apartado 3, y 31, y a los menores, el artículo 34.».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
XC, nacida el 1 de enero de 1999, solicitó, como nacional siria que vive en Turquía desde hace varios años, la expedición de un visado nacional con fines de reagrupación familiar con su padre, quien ha obtenido el estatuto de refugiado en Alemania.
Su madre falleció. Su padre llegó en 2015 a Alemania, donde presentó una solicitud formal de asilo en abril de 2016. La Oficina Federal de Inmigración y Refugiados concedió al padre de XC el estatuto de refugiado en julio de 2017, a raíz de la estimación del recurso que este había interpuesto. En septiembre de 2017, el Servicio de Extranjería le expidió un permiso de residencia con una duración de tres años, con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la AufenthG.
El 10 de agosto de 2017, XC, que había alcanzado la mayoría de edad el 1 de enero de 2017, solicitó al Consulado General de la República Federal de Alemania en Estambul (Turquía) la expedición de un visado nacional con fines de reagrupación familiar con su padre, residente en Alemania. El Consulado General denegó definitivamente la expedición del visado solicitado mediante decisión de 11 de diciembre de 2017, por la que se desestimaba una petición de reconsideración. El Consulado General estimó que no se cumplían los requisitos del artículo 32 de la AufenthG, puesto que XC había alcanzado la mayoría de edad antes de que su padre obtuviera el permiso de residencia como refugiado. Además, según el Consulado General, de conformidad con el artículo 36, apartado 2, de la AufenthG, la reagrupación familiar de los hijos mayores de edad exige que existan dificultades excesivas, exigencia que no se cumplía en el presente caso puesto que no constaba que XC no pudiera valerse por sí en Turquía.
Mediante sentencia de 12 de marzo de 2019, el Verwaltungsgericht (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) estimó el recurso interpuesto por XC contra dicha decisión y requirió a la República Federal de Alemania para que le expidiera un visado con fines de reagrupación familiar. Dicho Tribunal fundamentó su decisión en que, según la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), relativa a la reagrupación familiar de progenitores con un refugiado menor no acompañado, la cual entiende que es extrapolable a la situación inversa que se presenta en este asunto, a saber, la reagrupación familiar de un hijo con un progenitor que ha obtenido el estatuto de refugiado, la fecha determinante para apreciar si XC tiene la condición de menor no es la de la solicitud del visado con fines de reagrupación familiar, sino la de la solicitud de asilo presentada por el padre de la interesada. Entiende así que el artículo 4, apartado 1, [párrafo primero,] letra b), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que un hijo del reagrupante debe considerarse menor de edad si lo era en el momento en que el reagrupante presentó la solicitud de asilo. Además, según el Verwaltungsgericht (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo), también cuando se trata de la reagrupación familiar de hijos, los Estados miembros carecen de discreción en cuanto a la determinación de la fecha pertinente para apreciar si el hijo tiene la condición de menor, sino que ello debe resultar de una interpretación autónoma de esta Directiva. Dicho Tribunal precisó que se pondrían en entredicho el efecto útil del derecho a la reagrupación familiar y los principios de seguridad jurídica y de igualdad de trato si, a efectos del artículo 4, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, la fecha pertinente para apreciar si el hijo tiene la condición de menor fuera la de la presentación del visado por parte de este. El referido Tribunal señaló que, en el caso de autos, XC presentó su solicitud de visado dentro del plazo de tres meses —exigido conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia— a contar desde la fecha de reconocimiento de la condición de refugiado al titular del derecho originario de residencia.
La República Federal de Alemania interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania). En apoyo de su recurso alega que el asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), versaba sobre unos hechos diferentes de los que son objeto del caso de autos y sobre la interpretación de una disposición de la Directiva 2003/86 distinta de la controvertida en el presente asunto. Arguye que las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 2, letra f), de la citada Directiva no son aplicables a la interpretación del artículo 4, apartado 1, [párrafo primero,] letra c), de dicha Directiva, máxime cuando esta última disposición se remite expresamente al Derecho de los Estados miembros.
El Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) observa que XC no tiene derecho al visado solicitado con arreglo al Derecho nacional por cuanto, según este Derecho, el hecho de que alcanzara la mayoría de edad antes de la fecha de presentación de la solicitud del visado impide que se le expida. Sin embargo, ese órgano jurisdiccional alberga dudas en cuanto a la conformidad de la normativa nacional con la Directiva 2003/86. Se pregunta, en particular, si es posible aplicar al caso de autos la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), según la cual debe calificarse de «menor», a efectos del artículo 2, letra f), en relación con el artículo 10, apartado 3, letra a), de dicha Directiva, al nacional de un tercer país o al apátrida que, en el momento de su entrada en el territorio de un Estado miembro y de la presentación de su solicitud de asilo en ese Estado, tenía menos de 18 años, pero que, durante el procedimiento de asilo, alcanza la mayoría de edad y al que posteriormente se le reconoce el estatuto de refugiado.
Pues bien, el órgano jurisdiccional remitente abriga dudas a este respecto puesto que la citada sentencia se refería a la reagrupación familiar de unos progenitores con un refugiado menor no acompañado, conforme al artículo 2, letra f), en relación con el artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86. En cambio, el asunto principal tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la citada Directiva, que regula la reagrupación de hijos con adultos nacionales de terceros países que han obtenido el estatuto de refugiado y que por ello tienen permitido residir en un Estado miembro.
Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional pregunta por los criterios a los que debe atender al apreciar si se cumple la exigencia de una vida familiar efectiva, a la que el artículo 16, apartado 1, letra b), de dicha Directiva supedita el derecho a la reagrupación familiar.
En estas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 4, apartado 1, [párrafo primero,] letra c), de la [Directiva 2003/86] en el sentido de que un hijo del reagrupante a quien le ha sido reconocido el estatuto de refugiado sigue considerándose menor de edad a los efectos de dicha disposición si lo era en el momento en que el reagrupante presentó la solicitud de asilo, pese a haber alcanzado la mayoría de edad antes de dicho reconocimiento como refugiado y antes de que se presente la solicitud de reagrupación familiar?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
¿Qué requisitos han de imponerse a la vida familiar efectiva en el sentido del artículo 16, apartado 1, letra b), de la [Directiva 2003/86] en un caso así?
a)
¿Basta una relación jurídica de filiación o es necesaria también una vida familiar efectiva?
b)
En caso de que también sea necesaria una vida familiar efectiva: ¿Qué grado de intensidad ha de tener esta? Por ejemplo, ¿son suficientes visitas ocasionales o periódicas, es precisa la convivencia bajo un mismo techo o se requiere, además, una comunidad de asistencia mutua en la que sus miembros dependan unos de otros?
c)
¿Requiere la reagrupación del hijo, que entretanto ha alcanzado la mayoría de edad, se halla aún en el tercer país y ha presentado una solicitud de reagrupación familiar con un progenitor a quien se ha reconocido el estatuto de refugiado, un pronóstico favorable al inicio (o reanudación) de la vida familiar tras la entrada en el Estado miembro de la forma exigida en la letra b) anterior?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Mediante resolución de 3 de agosto de 2020, el Presidente del Tribunal de Justicia preguntó al órgano jurisdiccional remitente si deseaba mantener su petición de decisión prejudicial a la vista de la sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor) (
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
).
Mediante resolución de 8 de septiembre de 2020, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 9 de septiembre de 2020, dicho órgano jurisdiccional informó al Tribunal de Justicia de que sí deseaba mantener su petición de decisión prejudicial, pues consideraba que la citada sentencia no respondía suficientemente a las cuestiones planteadas en el presente asunto.
El 12 de mayo de 2021, el Tribunal de Justicia formuló una pregunta al Gobierno alemán, con arreglo al artículo 61, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, mediante la cual lo invitó a pronunciarse sobre la posible trascendencia de la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), para responder a la primera cuestión prejudicial. El 21 de junio de 2021, el Gobierno alemán presentó su respuesta a la pregunta planteada por el Tribunal de Justicia.
Cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que la fecha que ha de tomarse como referencia para determinar si el hijo de un reagrupante al que se ha concedido el estatuto de refugiado es un hijo menor de edad, a los efectos de esta disposición, en una situación en la que ha alcanzado la mayoría de edad antes de la concesión del estatuto de refugiado al progenitor reagrupante y antes de la presentación de la solicitud de reagrupación familiar, es aquella en la que el progenitor reagrupante formuló su solicitud de asilo al objeto de obtener el estatuto de refugiado.
Con carácter preliminar, procede observar que esta cuestión trae causa de las circunstancias particulares del asunto principal, en el que la hija de que se trata era menor de edad cuando su padre formuló su solicitud de asilo en abril de 2016, pero alcanzó la mayoría de edad antes de que el padre obtuviese el estatuto de refugiado en julio de 2017 —por cuanto tal solicitud había sido inicialmente denegada por las autoridades alemanas competentes—, y por ende antes de haber tenido la posibilidad de presentar una solicitud de entrada y residencia con fines de reagrupación familiar con el progenitor de que se trata, solicitud que se formuló el 10 de agosto de 2017.
El órgano jurisdiccional remitente considera, como resulta de la respuesta a la pregunta, mencionada en el apartado 25 de la presente sentencia, que el Tribunal de Justicia planteó, que el litigio principal se distingue de los asuntos que dieron lugar a la sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor) (
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
), habida cuenta especialmente de las disparidades existentes entre el contexto fáctico y jurídico de los asuntos que dieron lugar a dicha sentencia y el del litigio principal. En concreto, dicho órgano jurisdiccional señala que, si bien en dicha sentencia el Tribunal de Justicia precisó que el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que la fecha que debe tomarse como referencia para determinar si un nacional de un tercer país o un apátrida no casado es un hijo menor es aquella en la que se presenta, en nombre de los hijos menores, la solicitud de entrada y residencia con fines de reagrupación familiar, y no aquella en la que se pronuncian al respecto las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate, en su caso tras la interposición de un recurso contra una resolución denegatoria de tal solicitud, el Tribunal de Justicia no dio respuesta a la cuestión de si, en caso de reagrupación de un hijo con un progenitor que goza del estatuto de refugiado, es posible tomar como referencia una fecha anterior a la de la solicitud de entrada y residencia con fines de reagrupación familiar, a saber, la fecha de la solicitud de asilo presentada por ese progenitor, habida cuenta de que tal cuestión no era determinante para aquellos asuntos.
Así pues, se plantea la cuestión de si, habida cuenta de estas circunstancias particulares, cabe aplicar, en el caso de autos, la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), por lo que se refiere a la fecha determinante para apreciar la condición de menor del hijo de un solicitante de asilo a quien se le ha concedido el estatuto de refugiado.
De esta forma, el órgano jurisdiccional remitente estima que la sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor) (
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
), no zanja la cuestión de si es posible aplicar, en el caso de autos, la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), que se ha expuesto en el apartado 20 de la presente sentencia.
Procede responder a la primera cuestión prejudicial teniendo en cuenta estas observaciones preliminares.
A este respecto, debe recordarse que la Directiva 2003/86 tiene como objetivo favorecer la reagrupación familiar y que además pretende conceder protección a los nacionales de terceros países, en particular a los menores [sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor),
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
, apartado
y jurisprudencia citada].
En este contexto, el artículo 4, apartado 1, de dicha Directiva impone a los Estados miembros obligaciones positivas precisas, que se corresponden con derechos claramente definidos. En los supuestos determinados por dicha Directiva, los obliga a autorizar la reagrupación familiar de algunos miembros de la familia del reagrupante sin disponer de facultad discrecional a este respecto [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor),
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
, apartado
y jurisprudencia citada].
Entre los miembros de la familia del reagrupante cuya entrada y residencia debe autorizar el Estado miembro de que se trate figuran, con arreglo al artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86, «los hijos menores, incluidos los adoptivos, del reagrupante, cuando tenga el derecho de custodia y los tenga a su cargo».
A este respecto, pese a que el artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2003/86 indica que los hijos menores deben tener una edad inferior a la de la mayoría legal del Estado miembro en cuestión, no precisa la fecha que ha de tomarse como referencia para apreciar si se cumple esta condición ni se remite, a estos efectos, al Derecho de los Estados miembros [sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor) (
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
), apartado
].
Si bien, de conformidad con dicha disposición, se deja a la discreción de los Estados miembros la determinación de la mayoría de edad legal, no se les puede conceder margen de maniobra alguno en cuanto a la fijación del momento que debe tomarse como referencia para apreciar la edad del solicitante a efectos del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86. En efecto, procede recordar que, conforme a las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad, el tenor de una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar [sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor) (
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
), apartados
y
y jurisprudencia citada].
Como se ha recordado en el apartado 33 de la presente sentencia, el objetivo que persigue la Directiva 2003/86 es favorecer la reagrupación familiar. A tal fin, como precisa su artículo 1, la Directiva fija las condiciones en las cuales se ejerce el derecho a la reagrupación familiar de que disponen los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de los Estados miembros.
Asimismo, conforme al artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), cuando los Estados miembros apliquen el Derecho de la Unión, respetarán los derechos y observarán los principios establecidos en la Carta y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro del respeto de los límites de las competencias que los Tratados atribuyen a la Unión.
Según reiterada jurisprudencia, corresponde a los Estados miembros, y en particular a sus órganos jurisdiccionales, no solo interpretar su Derecho nacional de conformidad con el Derecho de la Unión, sino también procurar no basarse en una interpretación de un texto de Derecho derivado que entre en conflicto con los derechos fundamentales tutelados por el ordenamiento jurídico de la Unión [sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor),
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
, apartado
y jurisprudencia citada].
En particular, el artículo 7 de la Carta reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar. Según reiterada jurisprudencia, este artículo 7 debe ponerse en relación con la obligación de tener en cuenta el interés superior del niño, reconocido en el artículo 24, apartado 2, de la Carta, tomándose en consideración la necesidad del menor de mantener de forma periódica relaciones personales con su padre y con su madre, expresada en el artículo 24, apartado 3, de dicha Carta [sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor),
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
, apartado
y jurisprudencia citada].
De ello se sigue que las disposiciones de la Directiva 2003/86 deben interpretarse y aplicarse a la luz de los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta, como resulta además de los términos del considerando 2 y del artículo 5, apartado 5, de dicha Directiva, que obligan a los Estados miembros a examinar las solicitudes de reagrupación en interés de los menores afectados y procurando favorecer la vida familiar [sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor),
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
, apartado
y jurisprudencia citada].
En el caso de autos, de la petición de decisión prejudicial resulta que, si bien el Derecho alemán no exige que el hijo sea menor de edad en la fecha en que se resuelva sobre su solicitud de reagrupación familiar, sí exige que lo sea en el momento de la presentación de su solicitud de visado y en el momento de la obtención, por parte de su progenitor, del permiso de residencia que da derecho a la reagrupación familiar.
En este contexto, solamente en el caso de que su condición de menor deba determinarse con referencia a la fecha en que su padre solicitó asilo podría XC invocar el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86 y conseguir así un resultado favorable en el procedimiento que está sustanciándose ante el órgano jurisdiccional remitente.
A este respecto, procede señalar, para empezar, que el hijo de un solicitante de asilo solo puede presentar válidamente una solicitud de reagrupación familiar fundada en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86 una vez que la solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado presentada por el progenitor solicitante de asilo ya haya sido objeto de resolución definitiva positiva. Como ya ha precisado el Tribunal de Justicia, esta condición se explica fácilmente por el hecho de que, antes de la adopción de tal resolución, es imposible saber con certeza si el interesado cumple los requisitos para que se le reconozca el estatuto de refugiado, lo que condiciona, a su vez, el derecho a obtener la reagrupación familiar (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S,
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
, apartados
y
).
Además, se ha de recordar que el reconocimiento del estatuto de refugiado es un acto declaratorio y, por lo tanto, el refugiado tiene derecho a que se le reconozca como tal desde la fecha de su solicitud para obtener este estatuto (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S,
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
, apartados
y
).
Como ha recordado el Abogado General en el punto 42 de sus conclusiones, de las sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de abril de 2018, A y S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), y de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor) (
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
), se desprende asimismo que el derecho a la reagrupación familiar respecto a los hijos menores no puede verse socavado por el transcurso del tiempo necesario para resolver las solicitudes de protección internacional o de reagrupación familiar.
Pues bien, procede señalar que considerar que la fecha que debe tomarse como referencia para apreciar la condición de menor, a efectos de la aplicación del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86, es aquella en la que la autoridad competente del Estado miembro de que se trate se pronuncie sobre la solicitud de asilo formulada por el progenitor en cuestión o aquella, posterior, en la que el hijo de que se trate presente su solicitud de visado con fines de reagrupación familiar no sería conforme ni con los objetivos perseguidos por esta Directiva, favorecer la reagrupación familiar y conceder una especial protección a los refugiados, ni con las exigencias derivadas de los artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carta, al exigir esta última disposición que, en todos los actos relativos a los niños, en particular los llevados a cabo por los Estados miembros al aplicar la citada Directiva, el interés superior del niño sea una consideración primordial [véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor) (
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
), apartado
].
En efecto, no se incitaría a las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes a tramitar prioritariamente las solicitudes de protección internacional formuladas por los padres de menores con la celeridad que requieren a fin de tener en cuenta la vulnerabilidad de estos menores y, por lo tanto, podrían actuar de tal manera que se pusiera en peligro el derecho a la vida familiar tanto de un progenitor con su hijo menor como de este con un miembro de su familia [véanse, por analogía, las sentencias de 12 de abril de 2018, A y S (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), apartado
y jurisprudencia citada, y de 9 de septiembre de 2021, Bundesrepublik Deutschland (Miembro de la familia) (
C‑768/19
,
EU:C:2021:709
), apartado
y jurisprudencia citada].
Además, tal interpretación contravendría los principios de igualdad de trato y de seguridad jurídica por cuanto no posibilitaría dispensar un trato idéntico y previsible a todos los solicitantes que se encuentren cronológicamente en la misma situación, en la medida en que haría depender el éxito de la solicitud de reagrupación familiar principalmente de circunstancias atribuibles a la Administración o a los órganos jurisdiccionales nacionales, en particular de la mayor o menor celeridad con la que se tramitase la solicitud de protección internacional o con la que se resolviese un recurso contra una resolución denegatoria de tal solicitud, y no de circunstancias atribuibles al solicitante [véase, por analogía, la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S,
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
, apartados
y
y jurisprudencia citada].
Por añadidura, dicha interpretación, en la medida en que tendría como efecto hacer depender el derecho a la reagrupación familiar del hijo menor de edad de circunstancias aleatorias e imprevisibles, plenamente atribuibles a las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes del Estado miembro de que se trate, podría dar lugar a diferencias significativas en la tramitación de las solicitudes de reagrupación familiar entre los Estados miembros y dentro de un mismo Estado miembro [véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, État belge (Reagrupación familiar — hijo menor) (
C‑133/19, C‑136/19 y C‑137/19
,
EU:C:2020:577
), apartado
].
De ello se sigue que, por razones esencialmente análogas a las que sirvieron de fundamento a la interpretación, en la sentencia de 12 de abril de 2018, A y S, (
C‑550/16
,
EU:C:2018:248
), del artículo 2, letra f), en relación con el artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva 2003/86, cuando se trata de determinar si el hijo de un reagrupante que goza del estatuto de refugiado es menor, en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86, en una situación en la que alcanzó la mayoría de edad antes de que se concediera el estatuto de refugiado al reagrupante y antes de que se presentara la solicitud de reagrupación familiar, procede atender a la fecha en la que ese reagrupante formuló la solicitud de asilo. Esta es la única fecha que se adecúa a los objetivos de la citada Directiva y a los derechos fundamentales tutelados por el ordenamiento jurídico de la Unión. A este respecto, carece de relevancia que se resuelva sobre esa solicitud directamente tras su formulación o, como en el asunto principal, tras anularse una resolución denegatoria de dicha solicitud.
No obstante, es necesario precisar a este respecto que, en tal situación, la solicitud de reagrupación familiar al amparo del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86 debe presentarse en un plazo razonable, a saber, en los tres meses siguientes a la fecha de concesión del estatuto de refugiado al progenitor reagrupante.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que la fecha que ha de tomarse como referencia para determinar si el hijo de un reagrupante al que se ha concedido el estatuto de refugiado es un hijo menor de edad, a los efectos de esta disposición, en una situación en la que alcanzó la mayoría de edad antes de la concesión del estatuto de refugiado al progenitor reagrupante y antes de la presentación de la solicitud de reagrupación familiar, es aquella en la que el progenitor reagrupante formuló su solicitud de asilo al objeto de obtener el estatuto de refugiado, a condición de que se haya presentado una solicitud de reagrupación familiar en los tres meses siguientes al reconocimiento del estatuto de refugiado al progenitor reagrupante.
Segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente desea que se diluciden, en esencia, los requisitos que deben satisfacerse para considerar que existe una vida familiar efectiva, en el sentido del artículo 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86, en caso de reagrupación familiar de un hijo menor de edad con un progenitor que ha obtenido el estatuto de refugiado, cuando aquel ha alcanzado la mayoría de edad antes de que se concediera a este el estatuto de refugiado y antes de que se presentara la solicitud de reagrupación familiar.
En concreto, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que precise si, a tal efecto, basta con la relación jurídica de filiación o si se requiere también una vida familiar efectiva, y en tal caso qué grado de intensidad ha de tener. Este órgano jurisdiccional pregunta también si la reagrupación familiar exige que, tras la entrada del hijo en el territorio del Estado miembro de que se trate, se reanude la vida familiar en él.
A este respecto, es preciso recordar que el artículo 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86 permite a los Estados miembros denegar una solicitud de reagrupación familiar, retirar el permiso de residencia otorgado a tal fin o denegar su renovación cuando el reagrupante y el miembro o miembros de su familia no hagan o hayan dejado de hacer vida conyugal o familiar efectiva. No obstante, esta disposición no establece criterios para valorar la existencia de tales vínculos familiares efectivos ni impone ninguna exigencia específica en lo que atañe al grado de intensidad de las relaciones familiares de que se trata. Además, tampoco se remite a este respecto al Derecho de los Estados miembros.
Como se ha recordado en el apartado 37 de la presente sentencia, conforme a las exigencias tanto de la aplicación uniforme del Derecho de la Unión como del principio de igualdad, una disposición del Derecho de la Unión que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance normalmente debe ser objeto en toda la Unión de una interpretación autónoma y uniforme que debe buscarse teniendo en cuenta, en particular, el contexto de la disposición y el objetivo que la normativa de que se trate pretende alcanzar.
Pues bien, ha de observarse que, según el considerando 6 de la Directiva 2003/86, esta tiene el objetivo de garantizar, mediante la reagrupación familiar, la protección de la familia, así como el mantenimiento o la creación de la vida familiar. Además, de conformidad con el considerando 4 de esta Directiva, la reagrupación familiar es necesaria para la vida en familia y contribuye a la creación de una estabilidad sociocultural.
Asimismo, como se ha recordado en el apartado 42 de la presente sentencia, las medidas relativas a la reagrupación familiar, incluidas las contempladas en el artículo 16 de la citada Directiva, deben respetar los derechos fundamentales, en particular el derecho al respeto de la vida privada y familiar consagrado en los artículos 7 y 24, apartados 2 y 3, de la Carta, que obligan a los Estados miembros a examinar las solicitudes de reagrupación familiar en el interés de los menores afectados y procurando favorecer la vida familiar.
Ha de recordarse también que, según el considerando 8 de la Directiva 2003/86, la situación de los refugiados requiere una atención especial, debido a las razones que les obligaron a huir de su país y que les impiden llevar en el mismo una vida de familia. Por esta razón establece dicha Directiva condiciones más favorables para los refugiados por lo que respecta al ejercicio de su derecho a la reagrupación familiar.
Por último, la apreciación de los requisitos que deben satisfacerse para considerar que existe una vida familiar efectiva, en el sentido del artículo 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86, exige realizar una valoración caso por caso, como por lo demás se desprende del artículo 17 de esta Directiva, tomando en consideración todos los factores pertinentes del caso y a la luz de los objetivos perseguidos por dicha Directiva.
A tal fin, la mera relación jurídica de filiación no basta para acreditar la existencia de un vínculo familiar efectivo. En efecto, si bien las disposiciones pertinentes de la Directiva 2003/86 y de la Carta protegen el derecho a una vida familiar y promueven su mantenimiento, dejan a los titulares de este derecho, siempre que los interesados sigan llevando una vida familiar efectiva, la tarea de decidir el modo en que desean desarrollar su vida familiar y no imponen, en particular, ninguna exigencia en lo que respecta a la intensidad de su relación familiar [véase, por analogía, la sentencia de 9 de septiembre de 2021, Bundesrepublik Deutschland (Miembro de la familia),
C‑768/19
,
EU:C:2021:709
, apartado
].
En el presente asunto, por un lado, consta que XC todavía era menor de edad en el momento en el que su padre se vio obligado a abandonar su país de origen y que de esta manera formaba parte de la familia nuclear de este, en el sentido del considerando 9 de la Directiva 2003/86, a la cual debe aplicarse «en todo caso», según ese mismo considerando, la reagrupación familiar. Pues bien, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional remitente compruebe este extremo, nada parece indicar que los interesados no hicieran vida familiar efectiva durante el período anterior a la huida del padre.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que, en el presente asunto, XC y su padre no han podido llevar una verdadera vida familiar durante el período en que han estado separados como consecuencia, concretamente, de la situación particular de refugiado de este, de modo que esta mera circunstancia no puede servir de base, como tal, para constatar la inexistencia de una vida familiar efectiva en el sentido del artículo 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86. Además, tampoco cabe presumir que toda vida familiar entre un progenitor y su hijo deja de existir inmediatamente en cuanto este último alcanza la mayoría de edad.
Dicho esto, la existencia de una vida familiar efectiva requiere acreditar la realidad del vínculo familiar o la voluntad de establecer o de mantener tal vínculo.
De este modo, el hecho de que los interesados tengan la intención de visitarse ocasionalmente, en la medida de lo posible, y de mantener contactos regulares de cualquier naturaleza, teniendo en cuenta en particular las circunstancias materiales que caracterizan la situación de las personas de que se trata, entre ellas la edad de la hija, puede ser suficiente para considerar que están reconstruyendo relaciones personales y afectivas y para acreditar la existencia de una vida familiar efectiva.
Por otra parte, tampoco se puede exigir que el progenitor reagrupante y su hija se presten asistencia económica mutua, pues es probable que carezcan de los medios materiales necesarios para ello.
A la vista de las consideraciones que anteceden, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que existe una vida familiar efectiva, a los efectos de esta disposición, en el caso de reagrupación familiar de un hijo menor de edad con un progenitor que ha obtenido el estatuto de refugiado, cuando aquel ha alcanzado la mayoría de edad antes de que se concediera a este el estatuto de refugiado y antes de que se presentara la solicitud de reagrupación familiar, no basta con la mera relación jurídica de filiación. No obstante, no es necesario que el progenitor reagrupante y el hijo de que se trate convivan en el mismo hogar o bajo el mismo techo para que este último pueda disfrutar de la reagrupación familiar. Las visitas ocasionales, siempre que sean posibles, y los contactos regulares de cualquier naturaleza pueden ser suficientes para considerar que estas personas están reconstruyendo relaciones personales y afectivas y para acreditar la existencia de una vida familiar efectiva. Por otra parte, tampoco puede exigirse que el progenitor reagrupante y su hijo se presten asistencia económica mutua.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

1)
El artículo 4, apartado 1, párrafo primero, letra c), de la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar, debe interpretarse en el sentido de que la fecha que ha de tomarse como referencia para determinar si el hijo de un reagrupante al que se ha concedido el estatuto de refugiado es un hijo menor de edad, a los efectos de esta disposición, en una situación en la que alcanzó la mayoría de edad antes de la concesión del estatuto de refugiado al progenitor reagrupante y antes de la presentación de la solicitud de reagrupación familiar, es aquella en la que el progenitor reagrupante formuló su solicitud de asilo al objeto de obtener el estatuto de refugiado, a condición de que se haya presentado una solicitud de reagrupación familiar en los tres meses siguientes al reconocimiento del estatuto de refugiado al progenitor reagrupante.

2)
El artículo 16, apartado 1, letra b), de la Directiva 2003/86 debe interpretarse en el sentido de que, para considerar que existe una vida familiar efectiva, a los efectos de esta disposición, en el caso de reagrupación familiar de un hijo menor de edad con un progenitor que ha obtenido el estatuto de refugiado, cuando aquel ha alcanzado la mayoría de edad antes de que se concediera a este el estatuto de refugiado y antes de que se presentara la solicitud de reagrupación familiar, no basta con la mera relación jurídica de filiación. No obstante, no es necesario que el progenitor reagrupante y el hijo de que se trate convivan en el mismo hogar o bajo el mismo techo para que este último pueda disfrutar de la reagrupación familiar. Las visitas ocasionales, siempre que sean posibles, y los contactos regulares de cualquier naturaleza pueden ser suficientes para considerar que estas personas están reconstruyendo relaciones personales y afectivas y para acreditar la existencia de una vida familiar efectiva. Por otra parte, tampoco puede exigirse que el progenitor reagrupante y su hijo se presten asistencia económica mutua.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.