CELEX: 62015TJ0734
Recurso de casación
Función pública
Funcionarios
Oposición general
Inclusión en la lista de reserva
Decisión de la AFPN de no seleccionar a un candidato aprobado
Competencias respectivas del tribunal calificador y de la AFPN
Requisitos de admisión a la oposición
Duración mínima de la experiencia profesional
Métodos de cálculo
Pérdida de una oportunidad de ser seleccionado
Pretensión de indemnización de daños y perjuicios

Mediante su recurso de casación interpuesto en virtud del artículo 9 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 6 de octubre de 2015, FE/Comisión (F‑119/14, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:F:2015:116
), por la que este último, por una parte, anuló la decisión de 17 de diciembre de 2013, por la que la Comisión rehusó seleccionar a FE, y condenó a la Comisión a pagar 10000 euros y, por otra parte, desestimó el recurso en todo lo demás.
Hechos que originaron el litigio
Los hechos en el origen del litigio se enuncian en los apartados 8 a 20 de la sentencia recurrida en los siguientes términos:
«8
El 8 de diciembre de 2005, la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) publicó la convocatoria de la oposición general EPSO/AD/42/05 (en lo sucesivo, “oposición”) con vistas a la constitución de una lista de reserva para la selección, en el grado AD 7, de juristas lingüistas de lengua polaca, destinada a proveer las plazas vacantes dentro de las instituciones europeas, en particular en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (
DO 2005, C 310 A, p. 3
; en lo sucesivo, “convocatoria de la oposición”) [...]
En el título A, parte I, de la convocatoria de la oposición, bajo la rúbrica “Naturaleza de las funciones”, éstas se describían como sigue:
–
“Traducción al polaco y revisión, a partir de por lo menos dos lenguas oficiales de la Unión Europea, de textos jurídicos.
–
Comprobación de la concordancia lingüística y jurídica entre los textos legislativos en polaco, ya traducidos y revisados, y las otras versiones lingüísticas de dichos textos, control de la calidad de la redacción y del cumplimiento de las normas de presentación formal.
[...]”
El título A, parte II, apartado 2, de la convocatoria de la oposición precisaba además que, para poder ser admitido a las pruebas, los candidatos debían justificar, en la fecha límite para la presentación de las candidaturas, “tras el ciclo de estudios universitarios requerido[,] una experiencia profesional mínima de dos años [...]”.
[FE] presentó su candidatura a la oposición el 27 de diciembre de 2005. En la rúbrica “Experiencia profesional” de su impreso de candidatura a la oposición (en lo sucesivo, “impreso de candidatura”), [FE] indicó que acumulaba seis experiencias profesionales de una duración total de treinta y un meses, de los cuales quince como jurista lingüista
free lance
para el Tribunal de Justicia, concretamente entre el 15 de octubre de 2004 y la fecha de presentación de su impreso de candidatura, y tres meses de prácticas en el bufete W., en Bruselas (Bélgica), entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2005.
[FE] fue admitida a participar en las pruebas de la oposición. Concluidos sus trabajos, el tribunal calificador incluyó el nombre de [FE] en la lista de reserva de la oposición, cuya validez, fijada inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2007, fue prorrogada varias veces, hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha en la que expiró definitivamente.
Mediante correo electrónico de 22 de mayo de 2013, los servicios de la DG “Justicia” convocaron a [FE] a una entrevista, el 28 de mayo siguiente, con vistas a su eventual selección para un puesto de administrador dentro de dicha dirección general [...]
Durante el mes de junio de 2013, [FE] fue informada por la DG “Justicia” de que había sido considerada para la plaza de administrador y de que se había enviado a la [DG “Recursos Humanos y Seguridad” (en lo sucesivo, DG “Recursos Humanos”)] una petición de selección referente a ella.
Consta en autos que, en junio de 2013, los servicios competentes de la Comisión también informaron a [FE] de que, “teniendo en cuenta que la Comisión no había participado en la organización de la oposición y que la lista de reserva que resultó de la misma, en la que estaba incluida [FE], era de juristas lingüistas, y no de administradores, debía solicitarse una dispensa al comisario encargado de los recursos humanos y de la seguridad, pues la Comisión tenía por norma hacer uso de tales listas sólo en caso de excepción notable, en favor de su servicio jurídico y para algunas funciones especializadas en otras [direcciones generales], en determinadas circunstancias”.
Mediante correo electrónico de 26 de julio de 2013, el jefe de la unidad “Derecho de los contratos” de la DG “Justicia” comunicó a [FE] que la DG “Recursos Humanos” había “aprobado [previa dispensa] su selección como administrador [a partir] de la lista de reserva de juristas lingüistas”, señalando que la DG “Recursos Humanos” se pondría en contacto con ella y que no debía emprender ningún trámite antes de haber recibido una comunicación oficial de dicha DG.
A finales de agosto de 2013, la DG “Recursos Humanos” solicitó a [FE] que aportara justificantes de sus experiencias profesionales anteriores a su impreso de candidatura, a la vista del requisito de admisión relativo a la experiencia profesional mínima de dos años que figuraba en la convocatoria de la oposición.
Durante el periodo transcurrido entre finales de agosto de 2013 y noviembre de 2013, [FE] mantuvo varias entrevistas con representantes de la DG “Recursos Humanos” y aportó varios documentos y explicaciones, con el fin de aclarar la cuestión de las experiencias profesionales que había hecho valer en su impreso de candidatura. A lo largo de ese periodo, los representantes de la DG “Justicia” confirmaron varias veces su interés en seleccionar a la demandante.
Mediante correo de 17 de diciembre de 2013, la [Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos] informó a [FE] de que su selección por la DG “Justicia” no podría tener lugar, ya que no cumplía el requisito de admisión a la oposición relativo a la experiencia profesional requerida (en lo sucesivo, “decisión controvertida”). Según la [Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos], en la fecha en la que expiró el plazo de inscripción a la oposición, [FE] sólo disponía de veintidós meses de experiencia profesional, en lugar de los dos años requeridos por la convocatoria de la oposición. Para llegar a dicha conclusión, la [Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos] únicamente computó siete meses de experiencia profesional como “traductor
free lance
” para el Tribunal de Justicia, y sólo dos meses de experiencia profesional en prácticas en el bufete de abogados W., lo que no correspondía a los quince meses y a los tres meses declarados por [FE] en su impreso de candidatura. La decisión controvertida precisaba, además, por lo que respecta a la actividad “
free lance
para el [Tribunal de Justicia]”, que la duración de la experiencia profesional de [FE] se había calculado sobre la base del número total de páginas traducidas, a saber 721, y de una cantidad establecida de cinco páginas diarias, considerada idónea por la Comisión y bastante inferior a la de ocho páginas al día que se emplea en el Tribunal de Justicia.
El 14 de marzo de 2014, [FE] presentó una reclamación contra la decisión controvertida. Dicha reclamación fue desestimada mediante decisión de la [Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos] de 14 de julio de 2014 [...]».
Procedimiento en primera instancia y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de la Función Pública el 24 de octubre de 2014, FE interpuso un recurso, registrado con el número F‑119/14, por el que solicitó, por una parte, la anulación de la decisión de 17 de diciembre de 2013, por la que la Comisión rehusó seleccionarla (en lo sucesivo, «decisión controvertida»), y de la decisión desestimatoria de la reclamación de 14 de julio de 2014 y, por otra parte, la condena de la Comisión al pago de 26132,85 euros, más los intereses de demora y las cotizaciones al régimen de pensiones a partir de septiembre de 2013, así como al pago de un euro simbólico por el daño moral irrogado. Por último, solicitó la condena en costas de la Comisión.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función pública, por un lado, anuló la decisión controvertida y condenó a la Comisión a pagar 10000 euros a FE y, por otro lado, desestimó el recurso en todo lo demás. Condenó a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las costas en que incurrió FE.
A este respecto, el Tribunal de la Función Pública señaló, en particular, que, contrariamente a la jurisprudencia invocada por la Comisión, «en el caso de autos [...] si bien la convocatoria de la oposición exigía, ciertamente, una experiencia profesional mínima de dos años en el campo de la traducción o, más verosímilmente, en el de la traducción jurídica, no se explicitaba la manera de computar y de contabilizar la duración de una experiencia profesional ejercida en régimen de trabajador por cuenta propia» y que, «la tesis [...] —basada en que la experiencia profesional mínima de dos años por definición deb[ía] entenderse referida, en el caso específico de la oposición, a una actividad profesional ejercida a tiempo completo, cuya duración deb[ía] calcularse, además, del modo que figura en la decisión controvertida [...]— no puede acogerse» (apartados 51 y 56 de la sentencia recurrida).
El Tribunal de la Función Pública también declaró que «al adoptar la decisión controvertida, la [Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos] se excedió en su competencia en materia de control del respeto del requisito adicional de admisión relativo a la experiencia profesional, invadiendo con ello la competencia que, a este respecto, la convocatoria de la oposición había reservado expresamente al tribunal calificador, e invadiendo también las prerrogativas de autonomía y de independencia propias de los tribunales calificadores» (apartado 71 de la sentencia recurrida).
Por último, el Tribunal de la Función Pública declaró que «el análisis de la experiencia profesional de [FE] efectuado por la Comisión al objeto de calcular, según los criterios utilizados por sus servicios de traducción, el número de páginas traducidas por [FE] durante su periodo de actividad como jurista lingüista
free lance
para el Tribunal de Justicia como si se tratara del trabajo de un “traductor” de la Comisión, aun suponiéndolo plausible, no se basa[ba] en ninguna disposición legal pertinente que pu[diera] oponerse directamente a [FE], y constitu[ía], por ello, un error manifiesto de la [Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos] fácilmente detectable por el Tribunal [de la Función Pública]» (apartado 93 de la sentencia recurrida).
El Tribunal de la Función Pública también resolvió sobre la pretensión de indemnización de FE, condenando a la Comisión a pagarle 10000 euros (apartado 133 de la sentencia recurrida).
Procedimiento ante el Tribunal General y pretensiones de las partes
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de diciembre de 2015, la Comisión interpuso el presente recurso de casación.
El 15 de marzo de 2016, FE presentó su escrito de contestación al recurso de casación.
Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2016, la Comisión solicitó presentar un escrito de réplica.
Mediante resolución de 11 de abril de 2016, el Presidente de la Sala de Casación accedió a esta última solicitud.
El 23 de mayo de 2016, la Comisión presentó una réplica, conforme al artículo 201, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
El 6 de julio de 2016, FE presentó una dúplica.
Mediante escrito presentado el 29 de julio de 2016, la Comisión informó al Tribunal de que no deseaba ser oída. Tampoco FE solicitó ser oída en el plazo establecido en el artículo 207 del Reglamento de Procedimiento.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Desestime por infundado el recurso interpuesto por FE en primera instancia.
–
Condene a cada una de las partes a cargar con las costas en que incurrieron en primera instancia.
–
Condene a FE a cargar con las costas de la presente instancia.
FE solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Confirme la sentencia pronunciada en primera instancia.
–
Condene a la Comisión a cargar con las costas de ambas instancias.
Sobre el recurso de casación
En apoyo del recurso de casación, la Comisión invoca tres motivos, basados, el primero, en varios errores de Derecho y en la desnaturalización de la interpretación del requisito de admisión relativo a la experiencia profesional mínima, el segundo, en un error de Derecho al concluir que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») había cometido un error manifiesto de apreciación y, el tercero, en un error de Derecho y en varios incumplimientos de la obligación de motivación al condenar a la Comisión a pagar 10000 euros a FE.
Sobre el primer motivo de casación, basado en varios errores de Derecho y en la desnaturalización de la interpretación del requisito de admisión relativo a la experiencia profesional mínima
En el marco de su primer motivo de casación, la Comisión sostiene que el Tribunal de la Función Pública incurrió en varios errores de Derecho y desnaturalizó pruebas al examinar el primer motivo invocado por FE en primera instancia, basado en la incompetencia de la AFPN. Este motivo de casación se divide en tres partes.
Sobre la primera parte, basada en un error de Derecho en la interpretación del requisito de la experiencia profesional mínima
En los apartados 51 a 53 y 56 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública declaró:
«51
[Como respuesta a la afirmación de la Comisión de que, cuando una convocatoria de oposición establece, como requisito de admisión a las pruebas, un periodo mínimo de experiencia profesional, tanto el tribunal calificador como los candidatos deben entender dicho tiempo de trabajo referido, por definición, a una actividad profesional ejercida a jornada completa], procede señalar, en primer lugar, que en los asuntos invocados por la Comisión en los que se pronunciaron la sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión (
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
), y los autos de 14 de diciembre de 2006, Klopfer/Comisión (
F‑118/05
,
EU:F:2006:137
), y de 10 de julio de 2014, Mészáros/Comisión (
F‑22/13
,
EU:F:2014:189
), el juez de la Unión consideró, en efecto, que la duración de la experiencia profesional requerida, aun a falta de indicación precisa en las convocatorias de [oposición] de que se trata[ba], debía entenderse referida a la duración de una experiencia profesional ejercida a tiempo completo. Sin embargo, en los asuntos antes mencionados se trataba de actividades profesionales ejercidas, sobre todo, por cuenta ajena, cuya duración era, por tanto, fácilmente determinable a la vista de los contratos de trabajo o de los certificados de trabajo de los empleadores. En el caso de autos, en cambio, si bien la convocatoria de la oposición exigía, ciertamente, una experiencia profesional mínima de dos años en el campo de la traducción o, más verosímilmente, en el de la traducción jurídica, no se explicitaba la manera de computar y de contabilizar la duración de una experiencia profesional ejercida en régimen de trabajador por cuenta propia, siendo así que tal tipo de experiencia profesional
free lance
corresponde perfectamente a la naturaleza de las funciones descritas en la convocatoria de la oposición.
En consecuencia, al carecer la convocatoria de [la oposición] de cualquier indicación expresa sobre el modo de cálculo de la duración de la experiencia profesional requerida o de cualquier otra indicación útil al respecto, la
ratio iuris
de dicho requisito de admisión ciertamente no podía ser, por lo que respecta, en particular, a candidatos que, como [FE], pueden hacer valer una experiencia específica de juristas lingüistas
free lance
, exigir que, para demostrar que se trataba de una actividad profesional equivalente a un trabajo ejercido a jornada completa, tales candidatos hubieran traducido un determinado número de páginas de textos jurídicos por cada día que hubieran trabajado como tales durante el periodo de referencia de dos años. En efecto, dicho requisito no estaba previsto en la convocatoria de la oposición, ni explícita ni implícitamente, en particular a la vista de otros requisitos que figuran en la convocatoria de la oposición.
Por tanto, dado que la convocatoria de la oposición carece de criterios o de métodos de cálculo de la experiencia profesional requerida para ser admitido a las pruebas, procede considerar, incluso en el caso en que la duración de la experiencia profesional de que se trata deba referirse a una actividad ejercida a tiempo completo, que el tribunal calificador [podía] basarse, para apreciar la admisión de [FE] a participar en las pruebas [...] en el hecho de que debía tratarse de una actividad “profesional” de jurista lingüista —por tanto, de una actividad que no podía tener carácter “ocasional” y que debía consistir, principalmente, en la traducción de textos jurídicos— ejercida de manera continuada, a saber, durante un periodo de tiempo significativo, al servicio de un comitente profesional —persona pública o privada que, sobre la base del contrato de que se trata, tenía derecho a solicitar traducciones de textos jurídicos en cualquier momento [...]— y, en su caso, en plazos imperativos, precisamente por su actividad profesional o institucional que exige traducciones jurídicas de un nivel determinado.
[...]
Toda vez que no puede atribuirse a dicho requisito de admisión adicional otro alcance distinto del anterior —a la vista del silencio al respecto de la convocatoria de la oposición— so pena de violar, en el caso contrario, el principio de seguridad jurídica [...], la tesis de la Comisión —basada en que la experiencia profesional mínima de dos años por definición debe entenderse referida, en el caso específico de la oposición[,] a una actividad profesional ejercida a tiempo completo, cuya duración debe calcularse, además, del modo que figura en la decisión controvertida [...]— no puede acogerse ya que, ciertamente, en la convocatoria de la oposición no se indicó, por lo que respecta, en particular, a los candidatos que hacen valer una experiencia profesional como jurista lingüista
free lance
, que el tiempo completo de que se trata debía calcularse necesariamente según el método interno de dicha institución o, en todo caso, según un método específico.»
La Comisión sostiene que el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error de Derecho al declarar que no podía invocarse contra FE el requisito de que la experiencia profesional mínima debía haberse adquirido a jornada completa al no haberse indicado explícitamente dicho requisito en la convocatoria de la oposición. Tal error conlleva la anulación de la sentencia recurrida, pues permitió al Tribunal de la Función Pública declarar que la decisión del tribunal calificador no era ilegal (apartados 68 a 70 y 73 a 80 de la sentencia recurrida) y, en consecuencia, que la AFPN se había extralimitado en sus competencias al decidir no seleccionar a FE (apartado 71 de la sentencia recurrida), adoptando con ello una decisión ilegal (apartado 82 de la sentencia recurrida).
FE rebate dicha alegación y sostiene, en particular, que el Tribunal de la Función Pública no se apartó de la jurisprudencia sobre la experiencia profesional mínima, sino que la aplicó adaptándola a las particularidades de un trabajo ejercido por cuenta propia. Ello resulta, en particular, de los apartados 53, 54 y 80 de la sentencia recurrida. El Tribunal de la Función Pública sólo rechazó el modo en que la AFPN había aplicado dicha jurisprudencia en el caso de autos. De esta manera, el Tribunal de la Función Pública respetó, por un lado, los principios de seguridad jurídica y de igualdad de trato y, por otro lado, la independencia del tribunal calificador y su amplia facultad de apreciación, así como la función asignada a la convocatoria de la oposición. Además, FE precisa que, en el caso de autos, la convocatoria de la oposición no contenía ninguna precisión sobre el modo en que debía apreciarse la experiencia profesional requerida. Según ella, tal experiencia podía haberse adquirido por cuenta propia, a la vista de la finalidad de la oposición.
A este respeto, por una parte, procede recordar que la función esencial de la convocatoria de oposición consiste en informar a los interesados, de la manera más exacta posible, de la naturaleza de los requisitos exigidos para ocupar el puesto de que se trate, para que, en particular, puedan apreciar si procede que presenten su candidatura. La AFPN dispone de una amplia facultad de apreciación para determinar los criterios de aptitud exigidos en los puestos de trabajo que ha de cubrir y para determinar, en función de estos criterios y en interés del servicio, los requisitos y modalidades de organización de una oposición (véase la sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión,
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por otra parte, la convocatoria de oposición puede legalmente limitarse a recoger, sin especificar el nivel de experiencia requerido para el puesto a proveer, los términos generales del apartado 1 del artículo 5 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), y dejar, por tanto, al tribunal calificador la responsabilidad de apreciar caso por caso si los títulos y diplomas presentados, así como la experiencia profesional acreditada por cada candidato, corresponden al nivel exigido por el Estatuto, y, por tanto, por la convocatoria de la oposición, para el ejercicio de funciones correspondientes a la categoría a la que se refiere esa convocatoria (véase la sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión,
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, el título A, parte II, apartado 2, de la convocatoria de la oposición precisaba que, para poder ser admitido a las pruebas, los candidatos debían justificar, en la fecha límite para la presentación de las candidaturas, «tras el ciclo de estudios universitarios requerido[,] una experiencia profesional mínima de dos años». Además, procede observar que dicha convocatoria no precisaba ni la naturaleza de dicha experiencia profesional ni el campo en que debía haberse adquirido. Asimismo, tal como se desprende de los autos en primera instancia, ni en la convocatoria de la oposición ni en la guía para los candidatos (
DO 2005, C 327 A, p. 3
), a la que remite la convocatoria de la oposición, se establecía ninguna otra precisión sobre la manera en que debían haberse adquirido las distintas experiencias profesionales.
A este respecto, en el apartado 70 de la sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión (
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
), el Tribunal General precisó que, en un caso como el controvertido, en el que un requisito de la convocatoria de la oposición estaba redactado en términos tan generales, el tribunal calificador disponía de una amplia facultad de apreciación para definir los criterios de aplicación de los requisitos de admisión a participar, entre ellos, el de la duración de la experiencia profesional requerida.
Sin embargo, en los apartados 71 y 72 de la sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión (
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
), el Tribunal General precisó que, al requerir que la actividad profesional se hubiera ejercido durante un periodo de tiempo mínimo, la convocatoria de la oposición exigía necesariamente el ejercicio efectivo de dicha actividad durante ese periodo, lo que sólo podía entenderse referido a un periodo trabajado a jornada completa durante ese periodo de tiempo mínimo o a uno o varios periodos trabajados a tiempo parcial equivalentes, en términos de tiempo trabajado, al periodo de tiempo mínimo a jornada completa. De este modo, el tribunal calificador podía contabilizar y computar, para la admisión a la oposición de candidatos externos, períodos de experiencia profesional no exclusivos y a tiempo parcial, siempre que el total de dichos periodos alcanzara el periodo mínimo exigido a jornada completa.
Además, el Tribunal General declaró que, en las circunstancias del asunto en el que se pronunció la sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión (
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
), no podía considerarse que, al aplicar el criterio relativo a la exigencia de un trabajo a jornada completa, el tribunal calificador hubiera contravenido los términos de la convocatoria de la oposición o hubiera impuesto requisitos adicionales que fueran más allá de los requisitos de admisión establecidos en esa convocatoria (sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión,
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
, apartado
).
De las consideraciones anteriores se desprende que, en el caso de autos, al exigir la convocatoria de la oposición únicamente que la actividad profesional se hubiera ejercido durante un periodo mínimo de dos años, dicho requisito debía entenderse referido a un periodo trabajado a jornada completa durante dos años o a uno o a varios periodos trabajados a tiempo parcial o por cuenta propia equivalentes, en términos de tiempo de trabajo, a dos años a jornada completa.
Tal interpretación es conforme con la jurisprudencia citada por el Tribunal de la Función Pública en el apartado 51 de la sentencia recurrida, siendo además la única que permite garantizar la aplicación uniforme del procedimiento de selección a todos los candidatos a la oposición, ya que el periodo de actividad exigido podría variar en proporciones considerables en función de si la actividad se ejerció a jornada completa, a media jornada, a un cuarto de jornada o un día a la semana durante tres años, conllevando, en su caso, una desigualdad entre los candidatos por lo que respecta a la duración de la experiencia requerida (sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión,
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
, apartados
y
).
Ahora bien, es cierto que el Tribunal de la Función Pública precisó correctamente, en los apartados 51 y 52 de la sentencia recurrida, que, en el caso de autos, «no se explicitaba la manera de computar y de contabilizar la duración de una experiencia profesional ejercida en régimen de trabajador por cuenta propia» y que, en lo que atañe a FE, la
ratio iuris
del requisito de admisión ligado a la duración de la experiencia profesional requerida «no podía ser [...] exigir que, para demostrar que se trataba de una actividad profesional equivalente a un trabajo ejercido a jornada completa, tales candidatos hubieran traducido un determinado número de páginas de textos jurídicos por cada día que hubieran trabajado como tales durante el periodo de referencia de dos años».
Sin embargo, tras haber mencionado como mera hipótesis, en el apartado 53 de la sentencia recurrida, que el requisito de que la duración de la experiencia profesional en cuestión tuviera que referirse a una actividad a jornada completa, el Tribunal de la Función Pública declaró, en el apartado 56 de la misma sentencia, que «la tesis de la Comisión basada en que la experiencia profesional mínima de dos años por definición deb[ía] entenderse referida, en el caso específico de la oposición[,] a una actividad profesional ejercida a tiempo completo [...] no puede acogerse».
A este respecto, también procede señalar que lo declarado por el Tribunal de la Función Pública en el apartado 51 de la sentencia recurrida se basa en una interpretación errónea tanto de la sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión (
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
), como de la convocatoria de la oposición. En efecto, por un lado, de dicha sentencia se desprende que la experiencia profesional de la parte demandante en ese litigio no se había ejercido como trabajador por cuenta ajena, cuya duración podría haberse determinado fácilmente a la vista de los contratos de trabajo o de los certificados de trabajo de los empleadores, sino como presidente del consejo de administración de una fundación, con carácter voluntario, a tiempo parcial, sin estar sujeta a límites de tiempo o de horario y en paralelo con otra actividad que no podía computarse (véase, en este sentido, la sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión,
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
, apartados
a
,
,
y
). De este modo, el Tribunal de la Función Pública precisó erróneamente que, a la vista de las circunstancias que llevaron a la adopción de dicha sentencia, la diferencia con el caso de autos radicaba en que en éste «no se explicitaba la manera de computar y de contabilizar la duración de una experiencia profesional ejercida en régimen de trabajador por cuenta propia, siendo así que tal tipo de experiencia profesional
free lance
correspond[ía] perfectamente a la naturaleza de las funciones descritas en la convocatoria de la oposición». En realidad, en el asunto citado, la convocatoria de la oposición tampoco proporcionaba al tribunal calificador ninguna indicación precisa sobre la interpretación que debía darse al requisito de la duración mínima de la experiencia profesional anterior ni sobre el modo de computar cualquier experiencia que no se hubiera adquirido como trabajador por cuenta ajena o a jornada completa (sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión,
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
, apartados
y
).
Por otro lado, el Tribunal de la Función Pública declaró erróneamente que, en el caso de autos, la convocatoria de la oposición exigía una duración mínima de dos años de experiencia profesional «en el campo de la traducción o, más verosímilmente, en el de la traducción jurídica». En realidad, la convocatoria de la oposición sólo establecía que los candidatos justificaran, «tras el ciclo de estudios universitarios requerido [,] una experiencia profesional mínima de dos años [...]», sin precisar el campo de la experiencia adquirida.
De lo anterior se desprende que el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error de Derecho al declarar, concretamente en el apartado 56 de la sentencia recurrida, que, a falta de precisiones al respecto en la convocatoria de la oposición, el tribunal calificador no estaba obligado a entender que el requisito de dos años de experiencia profesional mínima se refería a una actividad a jornada completa.
No obstante, tal error de Derecho, por sí solo, no puede dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida. Para determinar si esta última debe anularse procede verificar si las apreciaciones del Tribunal de la Función Pública se vieron posteriormente viciadas por el postulado erróneo formulado por él en el apartado 56 de la sentencia recurrida.
Sobre la segunda parte del primer motivo de casación, basada en un error de Derecho en la definición, por parte del Tribunal de la Función Pública, de las relaciones entre el tribunal calificador y la AFPN
La Comisión impugna los apartados 38 y 71 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal de la Función Pública declaró, en esencia, que al decidir la AFPN, en la fase de selección, excluir a FE de la lista de reserva por razones de admisión que no figuraban en la convocatoria de la oposición, se extralimitó en su competencia en materia de control del cumplimiento del requisito de admisión adicional relativo a la experiencia profesional.
A este respecto, la Comisión sostiene que la adopción por la AFPN de la decisión controvertida no podía calificarse de injerencia en las competencias del tribunal calificador, pues tal decisión era necesaria para corregir una ilegalidad cometida por este último, ya que la AFPN no puede estar vinculada por decisiones del tribunal calificador que adolezcan de ilegalidad.
FE replica que la Comisión se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida, en la que el Tribunal de la Función Pública consideró, fundadamente, por una parte, que no había ninguna razón para primar el modo de cálculo de una u otra institución, como por ejemplo el de la Comisión, y, por otra parte, que la apreciación de dicha experiencia efectuada por el tribunal calificador era más plausible que la llevada a cabo por la AFPN. En todo caso, las alegaciones formuladas por la Comisión en el marco de esta parte del motivo no pueden sostener en modo alguno su conclusión de que el Tribunal de la Función Pública declaró erróneamente que la AFPN se había excedido en el ejercicio de sus competencias. En su opinión, la declaración de que la AFPN se excedió en el ejercicio de sus competencias al adoptar la decisión controvertida es la consecuencia inevitable y necesaria de la declaración de que el tribunal calificador no había incurrido en ningún error manifiesto de apreciación.
A este respecto, del examen de la primera parte del presente motivo de casación se deduce, por un lado, que el requisito de la experiencia profesional mínima debía entenderse, en el caso de autos, como una experiencia profesional ejercida a tiempo completo y, por otro lado, que el tribunal calificador disponía de un amplio margen de apreciación para verificar si los candidatos cumplían dicho requisito.
En el apartado 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública declaró que la AFPN carecía de «la competencia para,
a posteriori
, poder excluir legítimamente de la lista de reserva establecida por el tribunal calificador a un candidato aprobado que, supuestamente, no respetó un requisito de admisión que no figura en la convocatoria de la oposición que ella misma adoptó y que tampoco figura en una disposición del Estatuto o en cualquier otra norma legal que pueda oponerse a los candidatos».
En efecto, el Tribunal de la Función Pública consideró que la ilegalidad que la AFPN quería oponer a FE no se desprendía «de un error manifiesto que el tribunal calificador supuestamente cometió en la apreciación de un requisito de admisión específico impuesto por la convocatoria de la oposición o que figura en una disposición del Estatuto, sino del error cometido por la propia AFPN, al no haber incluido, en la convocatoria de la oposición, la cláusula adicional de que la experiencia profesional mínima de dos años requerida para participar en las pruebas debía ser una experiencia profesional ejercida a tiempo completo durante dos años y debía calcularse según criterios específicos claramente preestablecidos, cuyo incumplimiento sería causa de inadmisión a participar en las pruebas de la oposición». En consecuencia, el Tribunal de la Función Pública consideró que la decisión de la AFPN conllevaba una «regularización
ex post
—en el momento de la selección— de la convocatoria de la oposición» (apartado 67 de la sentencia recurrida).
Esta conclusión se confirma en el apartado 68 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de la Función pública precisó, en esencia, que, para que el requisito de que se trata en este caso pudiera entenderse como una experiencia profesional ejercida durante dos años a jornada completa, «lo que lo habría convertido, tanto para el tribunal calificador como para los candidatos, en una condición jurídicamente vinculante cuya inobservancia, por parte de éstos, habría hecho que fueran excluidos de la oposición», la AFPN debería haberlo indicado en la convocatoria de la oposición.
Sobre la base de esta conclusión, el Tribunal de la Función Pública declaró, por una parte, que las respectivas decisiones del tribunal calificador y de la AFPN reflejaban únicamente una diferencia entre el modo en que el tribunal calificador había apreciado la experiencia profesional mínima establecida por la convocatoria de la oposición y el modo de cálculo de la jornada completa según criterios específicos utilizados por la AFPN y, por otra parte, que, en tales circunstancias, la Comisión no había probado que el tribunal calificador hubiera omitido manifiestamente verificar si FE cumplía el requisito de admisión relativo a la experiencia profesional (apartados 68 a 70 de la sentencia recurrida).
De este modo, el Tribunal de la Función Pública concluyó que la AFPN, al adoptar la decisión controvertida, se había excedido en el ejercicio de sus competencias en materia de control del respeto del requisito de admisión adicional relativo a la experiencia profesional, usurpando con ello la competencia que, a este respecto, la convocatoria de la oposición había reservado expresamente al tribunal calificador y usurpando también las prerrogativas de autonomía y de independencia propias de los tribunales calificadores (apartado 71 de la sentencia recurrida).
Ahora bien, según se ha declarado en el marco de la primera parte del presente motivo de casación, el requisito de admisión de la experiencia profesional mínima de dos años, entendido como referido a una actividad profesional ejercida a jornada completa, podía invocarse en este caso, sin que estuviera especificado en la convocatoria de la oposición.
De ello se deduce que el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error de Derecho en el apartado 71 de la sentencia recurrida.
Por lo tanto, procede estimar la segunda parte del primer motivo de casación.
Sobre la tercera parte del primer motivo de casación, basada en un error de Derecho en la definición, por parte del Tribunal de la Función Pública, de los requisitos del error manifiesto de apreciación del tribunal calificador, en una desnaturalización de documentos de los autos y en un error de Derecho por considerar que la aplicación del método de cálculo de la experiencia profesional empleado por la Comisión fue ilegal
La Comisión impugna los apartados 57 a 82 de la sentencia recurrida, que versan sobre el examen por parte del Tribunal de la Función Pública, en este orden, del modo de cálculo de los dos años de experiencia profesional mínima, de la facultad de la AFPN de excluir a FE de la lista de reserva de los candidatos aprobados, así como del error manifiesto supuestamente cometido por el tribunal calificador de la oposición en la apreciación de la duración de la experiencia profesional de FE. Según la Comisión, el Tribunal de la Función Pública consideró erróneamente que no se había probado la existencia de ningún error manifiesto en la decisión del tribunal calificador de admitir a FE a la oposición.
En el apartado 70 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública consideró que la Comisión no había probado una «omisión manifiesta por parte del tribunal calificador [de la obligación de tener en cuenta el requisito de admisión de la experiencia profesional] o, en todo caso, no ha[bía] probado que el tribunal calificador hubiera decidido admitir a [FE] a las pruebas de la oposición de manera manifiestamente arbitraria en relación con los términos de la convocatoria de la oposición» y que «nada permit[ía] afirmar que el tribunal calificador no [hubiera examinado] [los] documentos [presentados por FE], por ejemplo, sobre la base del criterio indicado en los apartados 53 y 55 [de la sentencia recurrida]».
En una primera imputación, la Comisión sostiene que el Tribunal de la Función Pública incurrió con ello en un error de Derecho. En vez de analizar si las alegaciones formuladas por la Comisión podían privar de plausibilidad a la decisión del tribunal calificador, el Tribunal de la Función Pública identificó criterios que, según él, permitieron considerar que el tribunal calificador había satisfecho su obligación de contabilizar la experiencia profesional de FE. Además, el Tribunal de la Función Pública exigió erróneamente la prueba de una omisión manifiesta de contabilización de la experiencia profesional o de una admisión manifiestamente arbitraria a la oposición por parte del tribunal calificador.
FE sostiene que esta imputación es inadmisible, en la medida en que critica comprobaciones fácticas. Alega, en cuanto al fondo, que incumbía a la AFPN probar que la decisión del tribunal calificador adolecía de un error manifiesto, toda vez que tal decisión disfrutaba, en principio, de una presunción de legalidad, lo que también justificaba el control limitado de la AFPN. Según FE, el Tribunal de la Función Pública sí efectuó ese examen del error manifiesto, concretamente en los apartados 72 a 82 de la sentencia recurrida, y lo hizo a la vista de los elementos que había identificado, sobre la base de la convocatoria de la oposición, en los apartados 53 y 55 de la misma sentencia. Por último, FE subraya el carácter contradictorio de las alegaciones de la Comisión.
Procede señalar que, mediante la presente imputación, la Comisión no rebate las comprobaciones fácticas sobre el error manifiesto de apreciación efectuadas por el Tribunal de la Función Pública en la sentencia recurrida, sino las conclusiones de éste sobre las obligaciones del tribunal calificador y sobre la carga de la prueba de la Comisión. Tales constataciones plantean cuestiones de Derecho que están sometidas al control del tribunal de casación.
Tal como se ha declarado en el marco de la primera parte del presente motivo de casación, y coincidiendo con lo que el Tribunal de la Función Pública recordó en el apartado 80 de la sentencia recurrida, el tribunal calificador disponía, en el caso de autos, de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta a la equivalencia, en términos de tiempo trabajado, entre una actividad ejercida en horarios variables como
free lance
y un trabajo a jornada completa.
Sin embargo, según jurisprudencia consolidada, aunque la AFPN carece de la facultad de anular o modificar una decisión adoptada por un tribunal calificador, sí está obligada a adoptar, en el ejercicio de sus propias competencias, decisiones que no sean ilegales. Por lo tanto, no puede quedar vinculada por decisiones de tribunales calificadores cuya ilegalidad pueda viciar, consiguientemente, sus propias decisiones. Por eso la AFPN está obligada a comprobar, antes de nombrar funcionario a alguien, si cumple los requisitos para ello. Cuando el tribunal calificador admite erróneamente a un candidato a que participe en las pruebas y lo incluye luego en la lista de reserva, la AFPN debe negarse a nombrar a dicho candidato mediante una decisión motivada que permita al juez de la Unión apreciar su fundamento (véase la sentencia de 15 de septiembre de 2005, Luxem/Comisión,
T‑306/04
,
EU:T:2005:326
, apartado
y jurisprudencia citada).
Ahora bien, a la vista de la amplia facultad de apreciación de que dispone el tribunal calificador para determinar si la experiencia profesional anterior de los candidatos les permite satisfacer los requisitos de admisión a la oposición, la AFPN, en el marco del control que lleva a cabo de la regularidad de las decisiones de un tribunal calificador, debe limitarse a verificar que el ejercicio por el tribunal calificador de su facultad de apreciación no adolece de un error manifiesto.
A este respecto, se ha declarado que sólo puede calificarse de manifiesto un error cuando puede detectarse fácilmente mediante los criterios a los que el legislador ha querido supeditar el ejercicio de las amplias facultades de apreciación de la administración. En consecuencia, para demostrar que se ha cometido un error manifiesto en la apreciación de hechos que puede justificar la anulación de una decisión, es necesario probar que las apreciaciones recogidas en la decisión controvertida no son plausibles. En otras palabras, no existe error manifiesto si la apreciación controvertida puede admitirse como verdadera o válida (véase la sentencia de 23 de octubre de 2012, Eklund/Comisión,
F‑57/11
,
EU:F:2012:145
, apartado
y jurisprudencia citada).
En primer lugar, de las consideraciones precedentes se desprende que, antes de proceder al nombramiento de FE, por una parte, la AFPN estaba obligada a controlar la decisión del tribunal calificador de admitirla a la oposición y, por otra parte, debía rehusar tal nombramiento si consideraba que la decisión del tribunal calificador adolecía de un error manifiesto de apreciación.
En el caso de autos, el tribunal calificador decidió admitir a FE a la oposición. Aunque esta decisión no estaba motivada, cabe deducir de ella que el tribunal calificador consideró que la candidata había acreditado que cumplía el requisito de admisión relativo a la experiencia profesional mínima anterior.
En este contexto, en contra de lo que el Tribunal de la Función Pública declaró en los apartados 69 y 70 de la sentencia recurrida, no recaía en la AFPN la carga de probar específicamente que el tribunal calificador no había examinado en modo alguno si FE cumplía el requisito de la experiencia profesional mínima, pero sí en cambio la de verificar que el tribunal calificador hubiera tenido en cuenta el hecho de que una gran parte de esa experiencia se había adquirido como
free lance
y que tal experiencia se hubiera contabilizado en términos de tiempo de trabajo a jornada completa, sin incurrir en error manifiesto de apreciación.
A este respecto, procede señalar que la falta de información sobre las apreciaciones del tribunal calificador no puede impedir que la AFPN considere que la decisión que este último adoptó, esto es, admitir a FE a la oposición, podía adolecer de un error manifiesto de apreciación.
Por tanto, el Tribunal de la Función Pública no podía concluir, sin incurrir en un error de Derecho, que la AFPN sólo habría sido competente para adoptar la decisión controvertida en caso de que hubiera sido manifiesto que el tribunal calificador había hecho caso omiso del requisito de admisión de la experiencia profesional y no había calculado la duración de esta última, o bien en el caso de que el tribunal calificador hubiera decidido admitir a FE a las pruebas de la oposición de manera manifiestamente arbitraria a la vista de los términos de la convocatoria de la oposición.
En segundo lugar, el Tribunal de la Función Pública declaró, en los apartados 53 y 55 de la sentencia recurrida —a los que se refiere en su apartado 70— que el tribunal calificador había podido basarse, para apreciar la admisión de FE a participar en las pruebas, en particular, «en el hecho de que debía tratarse de una actividad “profesional” de jurista lingüista —por tanto, de una actividad que no podía tener carácter “ocasional” y que debía consistir, principalmente, en la traducción de textos jurídicos— ejercida de manera continuada, a saber, durante un periodo de tiempo significativo, al servicio de un comitente profesional —persona pública o privada que, sobre la base del contrato de que se trata, tenía derecho a solicitar traducciones de textos jurídicos en cualquier momento [...] y, en su caso, en plazos imperativos, precisamente por su actividad profesional o institucional que exige traducciones jurídicas de un nivel determinado» y que «correspondía al tribunal calificador [...] apreciar, de manera diferenciada, el carácter profesional de la experiencia adquirida, en función de si se trataba de una actividad ejercida como “traductor
free lance
” o como “jurista lingüista
free lance
”, en particular cuando esta segunda actividad se había ejercido en favor de una institución de la Unión que, como el Tribunal de Justicia, únicamente encarga a sus prestadores la traducción de textos de contenido exclusivamente jurídico».
Coincidiendo con lo que sostiene la Comisión, tales criterios de admisión no podían ser pertinentes en el caso de autos para apreciar el requisito de la duración de la experiencia profesional anterior. En efecto, por una parte, según la convocatoria de la oposición, los candidatos debían acreditar un periodo mínimo de experiencia profesional, no una experiencia en el campo de la traducción de textos jurídicos (véase también el apartado 34 anterior). Además, la convocatoria de la oposición no proporcionaba ninguna instrucción sobre la naturaleza de la experiencia profesional mínima exigida ni sobre su relación con las funciones a ejercer, tal como el propio Tribunal de la Función Pública recordó en el apartado 46 de la sentencia recurrida. Por otra parte, al identificar dichos criterios, el Tribunal de la Función Pública se pronunció sobre las características y las obligaciones de la actividad de jurista lingüista, así como sobre las diferencias entre las actividades de «traductor
free lance
» y de «jurista lingüista
free lance
», sin basar tales conclusiones en elementos de los autos.
El consecuencia, el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error de Derecho al identificar, en los apartados 53 y 55 de la sentencia recurrida, criterios para la apreciación del requisito de admisión de que se trata que no se desprenden de los documentos presentados por las partes en primera instancia.
En tercer lugar, procede señalar que, además, en los apartados 73 a 82 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública aplicó los criterios identificados en los apartados 53 y 55 de dicha sentencia en el marco del examen del «error manifiesto supuestamente cometido por el tribunal calificador en la apreciación de la duración de la experiencia profesional [de FE]», y lo hizo sin dar respuesta válidamente a las alegaciones formuladas al respecto por la Comisión y resumidas en el apartado 76 de la sentencia recurrida. El Tribunal de la Función Pública concluyó, al término de tal examen, que la Comisión tampoco había demostrado que el tribunal calificador hubiera incurrido en un error manifiesto en el cálculo de la duración de la experiencia profesional de FE (véase el apartado 81 de la sentencia recurrida).
De este modo, los errores de Derecho en que el Tribunal de la Función Pública incurrió en los apartados 53, 55 y 56 de la sentencia recurrida, tal como han sido identificados en el examen de la primera parte y de la presente imputación de la tercera parte del primer motivo de casación, viciaron con un error de Derecho su apreciación, realizada en los apartados 75 a 81 de esa misma sentencia, de que la Comisión tampoco había demostrado que el tribunal calificador hubiera incurrido en un error manifiesto en el cálculo de la duración de la experiencia profesional de FE. En efecto, los motivos en los que el Tribunal de la Función Pública se basó no le permitían extraer válidamente tal conclusión.
Mediante una segunda imputación, la Comisión sostiene que el Tribunal de la Función Pública desnaturalizó pruebas de los autos, ya que tales pruebas no podían llevar a declarar, en los apartados 61 y 77 de la sentencia recurrida, que nada permitía considerar que el tribunal calificador hubiera ignorado el carácter
free lance
de la actividad de FE.
Esta imputación debe desestimarse, tal como sostiene FE. En efecto, la Comisión no aporta ninguna prueba sobre un posible cálculo de la experiencia profesional de FE, por parte del tribunal calificador, que permita declarar que, efectivamente, este último no contabilizó tal experiencia en términos de un trabajo a jornada completa —en su caso, con un método distinto del utilizado por la AFPN— ni apreció dicha experiencia sobre la base de otros criterios, por ejemplo, los que el Tribunal de la Función Pública expuso en los apartados 53 a 55 de la sentencia recurrida.
A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia consolidada, salvo en caso de desnaturalización de las pruebas aportadas ante el tribunal de primera instancia, la apreciación de los hechos realizada por él no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal General. Tal desnaturalización debe deducirse manifiestamente de los documentos obrantes en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas (véase la sentencia de 4 de julio de 2014, Kimman/Comisión,
T‑644/11 P
,
EU:T:2014:613
, apartado
y jurisprudencia citada). Pues bien, aunque la Comisión invoca una desnaturalización de los autos, lo que pretende en realidad es obtener una nueva apreciación de los hechos, que excede del control del tribunal de casación.
La tercera imputación de la tercera parte del motivo de casación se basa en un error de Derecho al concluir el Tribunal de la Función Pública, en los apartados 57 a 61 de la sentencia recurrida, que el tribunal calificador no estaba obligado a aplicar el criterio de conversión de las páginas traducidas en jornadas laborales tal como lo aplicó la AFPN. Según la Comisión, la actividad que FE hizo valer era efectivamente una actividad de traducción.
FE sostiene que esta parte es inadmisible. En cuanto al fondo alega que, a falta de reglas precisas en la convocatoria de la oposición y en la Guía para los candidatos, el tribunal calificador podía aplicar los criterios de examen de la duración de una experiencia profesional que él mismo había establecido al efecto.
Esta imputación debe rechazarse. Tal como se ha señalado en el apartado 35 anterior, el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error de Derecho al declarar, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, que el tribunal calificador no estaba obligado a calcular la duración de la experiencia profesional en términos de trabajo a jornada completa.
Sin embargo, procede precisar que, en el marco del requisito de admisión así definido, el tribunal calificador tenía libertad para aplicar cualquier modo de cálculo que le permitiera contabilizar el periodo de la experiencia profesional en cuestión de FE en términos de una actividad realizada a jornada completa. En consecuencia, no puede acogerse la alegación de la Comisión basada en la obligatoriedad del criterio de conversión de las páginas traducidas en jornadas laborales.
Procede, a la vista de las consideraciones anteriores, por un lado, estimar las partes primera y segunda, así como la primera imputación de la tercera parte del primer motivo de casación y, por otro lado, declarar inadmisible y carente de fundamento, respectivamente, las imputaciones segunda y tercera de la tercera parte del primer motivo de casación.
Sin embargo, los errores de Derecho declarados en los apartados 35, 47, 62, 65 y 67 anteriores no permiten la anulación de la sentencia recurrida, en la medida en que el Tribunal de la Función Pública también estimó el segundo motivo invocado con carácter subsidiario por FE en primera instancia, declarando que la AFPN había incurrido en un error manifiesto de apreciación (apartados 83 a 94 de la sentencia recurrida).
Sobre el segundo motivo de casación, basado en un error de Derecho en la conclusión de que la AFPN había incurrido en un error manifiesto de apreciación
En los apartados 91 a 93 de la sentencia recurrida, pronunciándose sobre el segundo motivo basado, en particular, en el error manifiesto de apreciación de la AFPN, el Tribunal de la Función Pública declaró que el modo de cálculo de la duración de la experiencia profesional aplicado por la AFPN «no se estableció en [la Comunicación del Vicepresidente de la Comisión SEC(2004) 638, de 25 de mayo de 2004, relativa a las necesidades de traducción], como criterio obligatorio de selección para la admisión a las pruebas de una oposición destinada específicamente a la selección de juristas lingüistas», «[no] figuraba en la convocatoria de la oposición, ni tampoco había sido objeto de una publicación accesible o necesariamente conocida por el tribunal calificador o por los candidatos interesados», «no se correspond[ía] con los utilizados por los servicios de traducción de las demás instituciones que tienen acceso a la lista de reserva de la oposición para la selección, en su caso, de sus juristas lingüistas» y, por tanto, no era «común a las instituciones de la Unión». Sobre la base de esas consideraciones, el Tribunal de la Función Pública declaró que la AFPN «no podía utilizar un modo de cálculo exclusivamente interno de la Comisión y, en consecuencia, no interinstitucional —que no resultaba por ello pertinente, al tratarse, en este caso, de seleccionar juristas lingüistas— ni vinculante para personas ajenas a la institución».
De este modo, el Tribunal de la Función Pública declaró, en el apartado 93 de la sentencia recurrida, que el análisis de la Comisión, «aun suponiéndolo plausible, no se basa[ba] en ninguna disposición legal pertinente que pu[diera] oponerse directamente a [FE], y constitu[ía], por ello, un error manifiesto de la AFPN fácilmente detectable por el Tribunal», y acogió el segundo motivo invocado ante él por FE.
Según la Comisión, la falta de previsión, en la convocatoria de la oposición, de un método de contabilización de la experiencia profesional no puede impedir su aplicación por el tribunal calificador. Además, el problema del posible incumplimiento del requisito relativo a la experiencia profesional puede plantearse hasta el momento de la selección. Por otra parte, no aplicar criterios de contabilización sería manifiestamente contrario a la exigencia de igualdad de trato de los candidatos. Por último, la conclusión del Tribunal de la Función Pública es contradictoria y, por ello, incumple la obligación de motivación, habida cuenta del apartado 93 de la sentencia recurrida en el que el Tribunal de la Función Pública reconoció que la aplicación de los criterios de conversión de la Comisión podía considerarse «plausible», lo que, a la vista de la jurisprudencia sobre el concepto de error manifiesto de apreciación, excluye la existencia de tal error.
FE replica que, a falta de un método de contabilización en las disposiciones pertinentes, los servicios de la Comisión podrían aplicar dichos métodos de manera arbitraria y no transparente, a pesar de que el tribunal calificador está vinculado por esas disposiciones. Además, la naturaleza interna o interinstitucional de la regla de conversión carece de pertinencia para apreciar la motivación de la sentencia recurrida, que se basa en el carácter oponible de dicha regla. Por último, la referencia al carácter «plausible» del análisis de la experiencia profesional de FE es una figura retórica que indica la naturaleza puramente hipotética de la suposición, así como el carácter redundante de las demás alegaciones formuladas por FE en el segundo motivo de su recurso en primera instancia.
Procede señalar que el Tribunal de la Función Pública fundamentó su conclusión de que la AFPN había incurrido en un error manifiesto de apreciación en la comprobación de que el método de cálculo utilizado por esta última, a saber, la contabilización de la duración de la experiencia profesional según la ratio de cinco páginas de traducción al día (véase el apartado 90 de la sentencia recurrida), por una parte, carecía de base legal conocida y, por otra parte, no era común a todas las instituciones de la Unión. En efecto, para el Tribunal de la Función Pública, la aplicación de ese método constituía un error manifiesto de apreciación ya que, en particular, dicho método era exclusivamente interno de la Comisión y, como tal, no era ni pertinente ni vinculante para las personas ajenas a la Comisión, como FE (apartado 92 de la sentencia recurrida).
En cambio, en los apartados 86 y 94 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública no se pronunció sobre si la apreciación de la experiencia profesional de FE, por parte de la AFPN, podía aceptarse como plausible (apartado 93 de la sentencia recurrida), prefiriendo finalizar su examen al constatar que el modo de cálculo utilizado por la AFPN no podía oponerse a FE. Ahora bien, mediante esta conclusión, el Tribunal de la Función Pública no se pronunció realmente sobre la imputación del error manifiesto de apreciación, sino más bien sobre la imputación de la supuesta violación del principio de seguridad jurídica.
En efecto, en primer lugar, de la jurisprudencia citada en el apartado 57 anterior se desprende que, para demostrar que se ha incurrido, en la apreciación de los hechos, en un error manifiesto que puede justificar la anulación de una decisión, es necesario probar que las apreciaciones que figuran en la decisión controvertida no son plausibles.
Toda vez que el Tribunal de la Función Pública declaró, en el apartado 93 de la sentencia recurrida, que la AFPN había incurrido en un error manifiesto de apreciación sin pronunciarse sobre el carácter plausible o no del análisis efectuado por esta última de la experiencia profesional de FE, violó la obligación de motivación tal como está establecida en el artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En segundo lugar, en cuanto al principio de seguridad jurídica, procede señalar, tal como hizo el Tribunal de la Función Pública en el apartado 42 de la sentencia recurrida, que una convocatoria para proveer plaza vacante quedaría privada de su objeto —que no es otro que informar a los posibles candidatos acerca de los requisitos que deben reunirse para ocupar un puesto— si la administración pudiera excluir a un candidato por un motivo que no figurara expresamente en la citada convocatoria o en el Estatuto, o que no hubiera sido objeto de publicación (véanse, por lo que respecta a la convocatoria para proveer plaza vacante, las sentencias de 14 de abril de 2011, Šimonis/Comisión,
F‑113/07
,
EU:F:2011:44
, apartado
, y de 15 de octubre de 2014, Moschonaki/Comisión,
F‑55/10
RENV,
EU:F:2014:235
, apartado
).
Sin embargo, si bien esta exigencia impide hacer valer contra un candidato a una oposición un requisito de admisión que no figura, en particular, en la convocatoria de la oposición, no puede interpretarse en el sentido de que también obliga a precisar a la AFPN, en las convocatorias de oposiciones, el modo o los diferentes modos de cálculo posibles para la aplicación de tales requisitos de admisión. Por otra parte, cabe observar que dicha interpretación mermaría hasta casi aniquilar la amplia facultad de apreciación de que dispone el tribunal calificador para apreciar el respeto de los criterios establecidos en dichas convocatorias de oposiciones.
Por tanto, no puede considerarse que, al adoptar la decisión controvertida, la AFPN violara el principio de seguridad jurídica.
En la dúplica, FE sostiene que la convocatoria de la oposición de que se trataba en la sentencia de 31 de enero de 2006, Giulietti/Comisión (
T‑293/03
,
EU:T:2006:37
), a diferencia del caso de autos, contenía una descripción explícita y detallada de la naturaleza de la experiencia profesional exigida, así como de los puestos en que podía adquirirse. Además, dicha sentencia confirma que incumbe al tribunal calificador, dotado de una amplia facultad de apreciación, la responsabilidad de apreciar si los candidatos cumplen los requisitos. Ahora bien, las decisiones de un tribunal calificador al que la AFPN no ha dado ninguna indicación sobre el ejercicio de su facultad de apreciación no pueden ser posteriormente cuestionadas por la AFPN invocando criterios que no vinculaban en modo alguno al tribunal calificador.
Esta alegación debe rechazarse. En efecto, el presente motivo de casación versa sobre la pertinencia y la oponibilidad del modo de cálculo utilizado por la AFPN en el caso de autos, no sobre la cuestión de la facultad de apreciación que el tribunal calificador ejerce en el marco de los requisitos de admisión establecidos en la convocatoria de la oposición.
A la vista de las consideraciones anteriores, procede concluir que, en el caso de autos, el Tribunal de la Función Pública incurrió en un error de Derecho al declarar que el modo de cálculo utilizado por la AFPN no era ni pertinente ni oponible en el presente asunto y que, al aplicarlo, esta última incurrió en un error manifiesto de apreciación.
Por tanto, debe estimarse el segundo motivo de casación.
Sobre la anulación parcial de la sentencia recurrida
Dado que las partes primera y segunda y la primera imputación de la tercera parte del primer motivo de casación así como el segundo motivo de casación se han declarado fundados, debe anularse la sentencia recurrida en la medida en que declara la anulación de la decisión controvertida por la incompetencia de la AFPN para adoptarla y por haber incurrido esta última en un error manifiesto de apreciación.
Dadas estas circunstancias, carece de base jurídica la decisión del Tribunal de la Función Pública de condenar a la Comisión a indemnizar a FE, decisión que se basaba en la conclusión de que del examen del primer motivo invocado ante él resultaba la ilegalidad de la decisión controvertida (véase el apartado 121 de la sentencia recurrida).
De ello se deduce que procede anular los puntos 1 y 2 del fallo de la sentencia recurrida, sin que sea necesario examinar el tercer motivo de casación.
En cambio, no procede anular el punto 3 del fallo de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de la Función Pública desestimó en todo lo demás el recurso de FE, pues esta decisión no se ve afectada por el hecho de que se hayan declarado fundadas las partes primera y segunda y la primera imputación de la tercera parte del primer motivo de casación así como el segundo motivo de casación.
Por último, habida cuenta de la anulación parcial de la sentencia recurrida, procede anular también la decisión del Tribunal de la Función Pública sobre las costas y, en consecuencia, el punto 4 del fallo de la sentencia recurrida.
Sobre el recurso interpuesto en primera instancia
En virtud del artículo 4 del Reglamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativo a la transferencia al Tribunal General de la competencia para conocer, en primera instancia, de los litigios entre la Unión Europea y sus agentes (
DO 2016, L 200, p. 137
), si el Tribunal General anulara una resolución del Tribunal de la Función Pública considerando que el estado del litigio permite su resolución definitiva, la misma Sala que se pronunció sobre el recurso de casación resolverá el litigio. Así sucede en el caso de autos.
A este respecto, cabe precisar que, considerando que la sentencia recurrida sólo se anula en la medida en que adolece de los errores señalados en los anteriores apartados 35, 47, 62, 65, 67 y 90, referidos a las alegaciones mencionadas en los motivos primero y segundo invocados en primera instancia y basados en la incompetencia de la AFPN, en el error manifiesto de apreciación y en la violación del principio de seguridad jurídica, las demás apreciaciones del Tribunal de la Función Pública adquieren firmeza.
En particular, procede señalar que no se ha cuestionado explícitamente, en el marco del presente recurso de casación, la conclusión del Tribunal de la Función Pública, que figura en el apartado 105 de la sentencia recurrida, según la cual las pretensiones de anulación de FE dirigidas contra la decisión desestimatoria de la reclamación carecen de contenido autónomo y, en consecuencia, deben considerarse formalmente dirigidas contra la decisión controvertida, tal como se precisa en la decisión desestimatoria de la reclamación. Lo mismo sucede en lo que atañe a la apreciación del Tribunal de la Función Pública, que figura en los apartados 101 a 109 de la sentencia recurrida, por la que este último desestimó el tercer motivo invocado en primera instancia, basado en la violación del principio de buena administración y del deber de asistencia y protección, así como en la inobservancia del plazo razonable.
De este modo, el Tribunal General debe resolver con carácter definitivo el recurso inicialmente interpuesto por FE ante el Tribunal de la Función Pública, pronunciándose sobre las imputaciones del segundo motivo y sobre el cuarto motivo, que no fueron examinados por el Tribunal de la Función Pública.
A este respecto, en primer lugar, del análisis del primer motivo invocado en el marco del presente recurso de casación se desprende que, en el caso de autos, el requisito de admisión relativo a la duración mínima de la experiencia profesional anterior debía entenderse referido a un periodo trabajado a jornada completa y que la AFPN estaba obligada, antes de seleccionar a FE, a verificar si esta última reunía los requisitos al efecto.
Además, el hecho de que en la convocatoria de la oposición no se establecía el modo de cálculo de la experiencia profesional anterior no puede interpretarse en el sentido de que eximía al tribunal calificador de toda contabilización de la duración de dicha experiencia en términos de jornada completa.
Dadas estas circunstancias, la AFPN pudo observar, al examinar el expediente de FE antes de ser seleccionada, que la actividad de jurista lingüista
free lance
que hacía valer constituía casi la mitad de su experiencia profesional (15 meses de un total de 31 meses) y casi dos tercios del periodo mínimo de 24 meses exigido, que FE tradujo 721 páginas durante ese periodo y que, en paralelo con una parte de esa actividad, FE había cursado estudios (véanse los apartados 11, 19, 78 y 79 de la sentencia recurrida). Siendo ello así, debe considerarse que la AFPN pudo válidamente proceder a verificar la duración de la experiencia profesional anterior de FE.
En segundo lugar, por lo que respecta al segundo motivo invocado por FE en primera instancia con carácter subsidiario, procede señalar, en primer término, sobre el supuesto error manifiesto de apreciación de la AFPN, que el modo de cálculo consistente en cuantificar el trabajo realizado según el número de páginas traducidas se emplea muy habitualmente en el ámbito de la traducción, tanto por las instituciones como en la empresa privada, probablemente por considerarse el más objetivo. También lo utiliza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, inclusive para los juristas lingüistas, así como para el pago de los servicios de traducción
free lance
. Por otra parte, procede señalar que las órdenes de pedido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea presentadas por FE mencionan, como tarea encargada, la «traducción del documento», el plazo fijado para ello, el número de páginas del documento de que se trata, el precio por página y el importe total debido. Además, el Tribunal de la Función Pública no constató en modo alguno que FE hubiera aportado, para hacer valer su experiencia como «jurista lingüista
free lance
», pruebas que acreditaran que, como tal, había realizado, para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tareas distintas de la traducción de documentos jurídicos.
Por otra parte, el hecho de que la AFPN haya utilizado el criterio del número de páginas traducidas al día según la ratio empleada por los servicios de traducción de la Comisión, a saber, cinco páginas por cada día laborable, no puede considerarse manifiestamente erróneo en sí mismo.
A este respecto, procede señalar que, en este caso, la decisión del tribunal calificador y la de la AFPN no tienen el mismo alcance. Mientras que la primera de tales decisiones conduce a admitir o no a la oposición a un candidato, la de la AFPN se limita a la posible selección de un candidato aprobado por una determinada institución. Debe recordarse que, a diferencia de lo que parece deducirse, en particular, de los apartados 62 a 72 de la sentencia recurrida, en los que el Tribunal de la Función Pública examinó «la facultad de la AFPN para excluir a [FE] de la lista de reserva de los candidatos aprobados», según jurisprudencia consolidada basada en el principio de independencia de los tribunales calificadores, la AFPN no dispone de la facultad de anular o de modificar una decisión adoptada por un tribunal calificador (sentencias de 20 de febrero de 1992, Parlamento/Hanning,
C‑345/90 P
,
EU:C:1992:79
, apartado
, y de 15 de septiembre de 2005, Luxem/Comisión,
T‑306/04
,
EU:T:2005:326
, apartados
y
). Pues bien, dado que FE deseaba ser seleccionada por la Comisión y a falta de un modo interinstitucional generalmente aplicable o de indicaciones sobre un cálculo plausible por parte del tribunal calificador, la AFPN de la Comisión aplicó legítimamente el modo de cálculo utilizado internamente con carácter general en materia de traducción.
Además, en lo que atañe a la precisión del Tribunal de la Función Pública según la cual se trataba, en este caso, de traducir específicamente textos jurídicos o de verificar la concordancia lingüística y jurídica de textos legislativos (apartado 90 de la sentencia recurrida), debe señalarse que FE no ha demostrado que, basándose en un cálculo que emplee una ratio distinta del número de páginas traducidas al día, utilizada, en particular, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, habría podido satisfacer el requisito de la experiencia profesional anterior mínima de dos años.
Cabe concluir de ello que el modo de cálculo utilizado por la AFPN no carecía de racionalidad y que FE no demostró que, con otro modo de cálculo, la AFPN podría haber adoptado una decisión distinta. Por tanto, la aplicación de este modo de cálculo no puede considerarse manifiestamente errónea.
Por último, debe desestimarse por inoperante la alegación de que la AFPN cometió un error manifiesto de apreciación al constatar que las prácticas realizadas por FE en el bufete de abogados W. en Bruselas duraron dos meses, y no tres meses. En efecto, aun considerando que la AFPN hubiera cometido efectivamente ese error, tal conclusión no podría modificar su decisión de que FE no cumplía el requisito de admisión a la oposición de que se trata.
En segundo término, también procede rechazar la alegación formulada por FE en primera instancia basada en la violación del principio de igualdad de trato. En efecto, FE no demuestra que se encontraba en una situación distinta de la de los traductores que trabajan para otras instituciones o que traducen a otras lenguas distintas del polaco.
En tercer término, FE también sostuvo en primera instancia que la AFPN había conculcado la convocatoria de la oposición, al aplicar el principio de que su experiencia profesional debía corresponder a una dedicación a jornada completa. Además, dicha convocatoria no estableció ninguna exigencia de ejecución o de rendimiento de los candidatos, ni normas como las aplicadas por la AFPN. Tales alegaciones deben desestimarse por las razones expuestas en los apartados 29 y 86 de la presente sentencia.
En tercer lugar, en cuanto al cuarto motivo invocado en primera instancia y basado en la ilegalidad del requisito de admisión a la oposición relativo a la experiencia profesional, FE sostiene, mediante una excepción de ilegalidad, que dicho requisito de admisión, que figura en la convocatoria de la oposición, es contrario al principio de igualdad de trato, en la medida en que otras convocatorias de oposición para la selección de juristas lingüistas no establecen requisito alguno de ese tipo.
La Comisión solicitó, con carácter principal, que el cuarto motivo se declarara inadmisible y, con carácter subsidiario, que se desestimara por infundado.
En el apartado 112 de la sentencia recurrida, el Tribunal de la Función Pública declaró que, al haberse estimado el primer motivo de anulación basado en la incompetencia de la AFPN, ya no procedía examinar el cuarto motivo. Además, precisó que, «como se [...] declar[ó], en cuanto a las condiciones que figuran en la convocatoria de la oposición sobre el reparto de competencias entre la AFPN y el tribunal calificador, que la AFPN estaba vinculada por la decisión del tribunal calificador de admitir a [FE] a la oposición respecto del requisito relativo a la experiencia profesional, en la medida en que dicha decisión no adolecía de error manifiesto, la posible ilegalidad de tal requisito de admisión no provocaría un perjuicio personal adicional indemnizable en favor de [FE].»
Según reiterada jurisprudencia, en el marco de un procedimiento de selección, que es una operación administrativa compleja compuesta de una sucesión de decisiones, un candidato a una oposición puede, con motivo de un recurso interpuesto contra un acto posterior, invocar la irregularidad de actos anteriores que están estrechamente relacionados con él (véase la sentencia de 11 de agosto de 1995, Comisión/Noonan,
C‑448/93 P
,
EU:C:1995:264
, apartado
y jurisprudencia citada) y alegar, en particular, la ilegalidad de la convocatoria de la oposición en aplicación de la cual se haya adoptado en acto en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de septiembre de 1993, Noonan/Comisión,
T‑60/92
,
EU:T:1993:74
, apartado
, y de 5 de diciembre de 2012, BA/Comisión,
F‑29/11
,
EU:F:2012:172
, apartado
).
En cuanto al principio de igualdad de trato aplicable al Derecho de la función pública de la Unión, éste se viola cuando a dos categorías de personas al servicio de la Unión cuyas situaciones de hecho y de Derecho no presentan ninguna diferencia esencial se les da un trato distinto, sin que esta diferencia de trato esté objetivamente justificada. Al adoptar normas aplicables, en particular, en materia de función pública de la Unión, el legislador está obligado a respetar el principio general de igualdad de trato (véase la sentencia de 13 de octubre de 2015, Comisión/Verile y Gjergji,
T‑104/14 P
,
EU:T:2015:776
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, procede recordar que la AFPN dispone de una amplia facultad de apreciación para fijar los requisitos de admisión a la oposición en función de los intereses del servicio (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2001, Van Huffel/Comisión,
T‑142/00
,
EU:T:2001:268
, apartado
y jurisprudencia citada). En consecuencia, no puede deducirse que exista una violación del principio de igualdad de trato en una convocatoria de oposición del mero hecho de que otras oposiciones para la selección de juristas lingüistas, organizadas, por otra parte, con posterioridad a la oposición de que aquí se trata, no establecieran el mismo requisito de experiencia profesional mínima controvertido en el caso de autos.
FE tampoco ha demostrado que, desde el punto de vista, en particular, del interés del servicio, los candidatos a la oposición de que se trata se encontraran en la misma situación jurídica y fáctica que los candidatos a las demás oposiciones para la selección de juristas lingüistas mencionadas.
De ello se deduce que la convocatoria a la oposición de que se trata no es contraria al principio de igualdad de trato.
En cuarto lugar, en cuanto a la pretensión de indemnización, procede recordar que, cuando el perjuicio que alega un demandante tiene su origen en la adopción de una decisión objeto de pretensiones de anulación, la desestimación de las pretensiones de anulación entraña, en principio, la de las pretensiones de indemnización, ya que éstas están estrechamente vinculadas a aquéllas (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2013, Andres y otros/BCE,
F‑15/10
,
EU:F:2013:194
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, debe señalarse que el perjuicio que FE alega tiene su origen en la supuesta ilegalidad de la decisión controvertida de la AFPN y que las pretensiones de anulación han sido desestimadas. En consecuencia, procede desestimar la pretensión de indemnización de FE.
De las anteriores consideraciones se deduce que el recurso en primera instancia debe desestimarse en su totalidad.
Costas
De conformidad con el artículo 211, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando el recurso de casación sea fundado y el Tribunal resuelva el litigio, éste decidirá sobre las costas. A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 211, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otro lado, del artículo 211, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento se desprende que, en los recursos de casación interpuestos por las instituciones, éstas cargarán con los gastos en que hayan incurrido, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 135, apartado 2, de este Reglamento.
En el caso de autos, debe condenarse a la Comisión y a FE a cargar con sus propias costas en el marco del procedimiento de casación. Por lo que respecta al procedimiento en primera instancia, procede condenar en costas a FE, al haber sido desestimadas todas sus pretensiones y al haber solicitado la Comisión que fuera condenada en costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala de Casación)
decide:

1)
Anular los puntos 1, 2 y 4 del fallo de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (Sala Primera) de 6 de octubre de 2015, FE/Comisión (F‑119/14).

2)
Desestimar el recurso interpuesto por FE ante el Tribunal de la Función Pública en el asunto F‑119/14.

3)
Cada parte cargará con sus propias costas correspondientes al procedimiento de casación.

4)
Condenar a FE a cargar con las costas del procedimiento ante el Tribunal de la Función Pública, incluidas las costas de la Comisión Europea.

Jaeger
Prek
Frimodt Nielsen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de septiembre de 2017.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.