CELEX: 62017CJ0167
Procedimiento prejudicial
Medio ambiente
Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos sobre el medio ambiente
Derecho a impugnar decisiones de autorización
Exigencia de que el procedimiento no sea excesivamente oneroso
Concepto
Ámbito de aplicación temporal
Efecto directo
Consecuencias para una resolución nacional de tasación de costas que ha adquirido firmeza

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (
DO 1985, L 175, p. 40
; EE 15/06, p. 9), en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003 (
DO 2003, L 156, p. 17
) (en lo sucesivo, «Directiva 85/337 modificada»).
Dicha petición se presentó en el contexto de un litigio entre el Sr. Volkmar Klohn y la An Bord Pleanála (Agencia de Ordenación del Territorio, Irlanda; en lo sucesivo, «Agencia»), en relación con la imposición de las costas correspondientes al procedimiento judicial que el Sr. Klohn entabló contra el permiso de construcción concedido por la Agencia para la construcción, en Achonry, County Sligo (Condado de Sligo, Irlanda), de un centro de inspección de animales muertos en todo el territorio irlandés.
Marco jurídico
Derecho internacional
El preámbulo del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (
DO 2005, L 124, p. 1
) (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»), enuncia:
«[…]
«Reconociendo también que toda persona tiene el derecho a vivir en un medio ambiente que le permita garantizar su salud y su bienestar, y el deber, tanto individualmente como en asociación con otros, de proteger y mejorar el medio ambiente en interés de las generaciones presentes y futuras;
Considerando que para poder estar en condiciones de hacer valer este derecho y cumplir con ese deber, los ciudadanos deben tener acceso a la información, estar facultados para participar en la toma de decisiones y tener acceso a la justicia en asuntos ambientales, y reconociendo a este respecto que los ciudadanos pueden necesitar asistencia para ejercer sus derechos;
[…]
Deseando que el público, incluidas las organizaciones, tengan acceso a mecanismos judiciales eficaces para que los intereses legítimos estén protegidos y para que se respete la ley;
[…]»
El artículo 1 del Convenio de Aarhus, titulado «Objetivo», establece lo siguiente:
«A fin de contribuir a proteger el derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, cada Parte garantizará los derechos de acceso a la información sobre el medio ambiente, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia medioambiental de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.»
El artículo 3 de dicho Convenio, titulado «Disposiciones generales», establece en su apartado 8:
«Cada Parte velará por que las personas que ejerzan sus derechos de conformidad con las disposiciones del presente Convenio no se vean en modo alguno penalizadas, perseguidas ni sometidas a medidas vejatorias por sus actos. La presente disposición no afectará en modo alguno al poder de los tribunales nacionales de imponer costas de una cuantía razonable al término de un procedimiento judicial.»
El artículo 9 del citado Convenio, titulado «Acceso a la justicia», dispone:
«1.   Cada Parte velará, en el marco de su legislación nacional, por que toda persona que estime que su solicitud de información en aplicación del artículo 4 no ha sido atendida, ha sido rechazada ilícitamente, en todo o en parte, no ha obtenido una respuesta suficiente, o que, por lo demás, la misma no ha recibido el tratamiento previsto en las disposiciones de dicho artículo, tenga la posibilidad de presentar un recurso ante un órgano judicial o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley.
[…]
2.   Cada Parte velará, en el marco de su legislación nacional, por que los miembros del público interesado:
a)
que tengan un interés suficiente o, en su caso,
b)
que invoquen la lesión de un derecho, cuando el Código de procedimiento administrativo de una Parte imponga tal condición, [puedan] interponer recurso ante un órgano judicial u otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento, de cualquier decisión, o cualquier acción u omisión que entre en el ámbito de las disposiciones del artículo 6 y, si el derecho interno lo prevé y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 más abajo, de otras disposiciones pertinentes del presente Convenio.
Lo que constituye interés suficiente y lesión de un derecho se determinará con arreglo a las disposiciones del derecho interno y conforme al objetivo de conceder al público interesado un amplio acceso a la justicia en el marco del presente Convenio. A tal efecto, el interés de toda organización no gubernamental que cumpla las condiciones previstas en el artículo 2, apartado 5, se considerará suficiente en el sentido de la letra a). Se considerará igualmente que esas organizaciones tienen derechos que podrían ser lesionados en el sentido de la letra b) anterior.
[…]
3.   Además, sin perjuicio de los procedimientos de recurso a que se refieren los apartados 1 y 2 precedentes, cada Parte velará por que los miembros del público que reúnan los eventuales criterios previstos por su derecho interno puedan entablar procedimientos administrativos o judiciales para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del derecho medioambiental nacional.
4.   Además, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los procedimientos a que se refieren los apartados 1, 2 y 3 precedentes deberán ofrecer recursos suficientes y efectivos, en particular una orden de reparación, si procede, y deberán ser objetivos, equitativos y rápidos sin que su costo sea prohibitivo. Las decisiones adoptadas en virtud del presente artículo se pronunciarán o consignarán por escrito. Las decisiones de los tribunales y, en lo posible, las de otros órganos deberán ser accesibles al público.
5.   Para que las disposiciones del presente artículo sean aún más eficaces, cada Parte velará por que se informe al público de la posibilidad que se le concede de iniciar procedimientos de recurso administrativo o judicial, y contemplará el establecimiento de mecanismos de asistencia apropiados encaminados a eliminar o reducir los obstáculos financieros o de otro tipo que obstaculicen el acceso a la justicia.»
Derecho de la Unión
La Directiva 85/337 modificada dispone que los proyectos públicos y privados que puedan tener un impacto importante sobre el medio ambiente serán objeto de una evaluación del impacto ambiental. Introduce también obligaciones de participación y consulta del público en el proceso de toma de decisiones en lo que se refiere a la autorización de tales proyectos.
Tras la adhesión de la Unión Europea al Convenio de Aarhus, el legislador de la Unión adoptó la Directiva 2003/35, cuyo artículo 3, punto 7, introdujo en la Directiva 85/337 un artículo 10
bis
, que establece lo siguiente:
«Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con su Derecho interno, los miembros del público interesado:
a)
que tengan un interés suficiente, o subsidiariamente;
b)
que sostengan el menoscabo de un derecho, cuando la legislación en materia de procedimiento administrativo de un Estado miembro lo imponga como requisito previo,
tengan la posibilidad de presentar un recurso ante un tribunal de justicia o ante otro órgano independiente e imparcial establecido por la ley para impugnar la legalidad, en cuanto al fondo o en cuanto al procedimiento, de decisiones, acciones u omisiones que caigan dentro del ámbito de las disposiciones relativas a la participación del público de la presente Directiva.
Los Estados miembros determinarán la fase en la que pueden impugnarse tales decisiones, acciones u omisiones.
Los Estados miembros determinarán, de manera coherente con el objetivo de facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia, lo que constituya el interés suficiente y el menoscabo de un derecho. Se considerará que toda organización no gubernamental que cumple los requisitos contemplados en el apartado 2 del artículo 1 tiene siempre el interés suficiente a efectos de la letra a) del presente artículo o acredita el menoscabo de un derecho a efectos de la letra b).
Las disposiciones del presente artículo no excluirán la posibilidad de un procedimiento de recurso previo ante una autoridad administrativa y no afectarán al requisito de agotamiento de los recursos administrativos previos al recurso a la vía judicial, cuando exista dicho requisito con arreglo a la legislación nacional.
Todos y cada uno de los procedimientos de recurso anteriormente enunciados serán justos y equitativos, estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán excesivamente onerosos.
Para aumentar la eficacia de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados miembros garantizarán que se ponga a disposición del público la información práctica relativa a los procedimientos de recurso tanto administrativos como judiciales.»
A tenor del artículo 6, párrafo primero, de la Directiva 2003/35, «los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 25 de junio de 2005. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión».
El artículo 10
bis
de la Directiva 85/337 modificada se reprodujo en el artículo 11 de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (
DO 2012, L 26, p. 1
).
Derecho irlandés
El sistema de recurso judicial irlandés consta de dos fases. En un primer momento, los demandantes deben solicitar a la High Court (Tribunal Superior, Irlanda) el permiso (
leave
) para interponer un recurso judicial, exponiendo los motivos de su recurso y sus pretensiones. Solo podrá formalizarse el recurso cuando se haya concedido dicha autorización.
Con arreglo al artículo 99, apartado 1, de las Rules of the Superior Courts (Reglamento de Procedimiento de los Tribunales Superiores), «las costas dependen del resultado del proceso». En consecuencia, el demandante cuyas pretensiones no prosperen será condenado, en principio, a cargar, además de con sus propias costas, con las de la otra parte. Esta es la regla general, pero la High Court (Tribunal Superior) dispone de una facultad de apreciación para apartarse de ella cuando las circunstancias particulares del caso lo justifiquen.
El órgano jurisdiccional que conoce del litigio solo se pronuncia sobre el reparto de las costas. Posteriormente, el
Taxing Master
, un juez encargado específicamente de la tasación de costas, determina el importe de las costas impuestas a la parte vencida en una resolución separada, a la vista de los justificantes presentados por la parte vencedora. Dicha resolución puede ser objeto de recurso.
En su sentencia de 16 de julio de 2009, Comisión/Irlanda (
C‑427/07
,
EU:C:2009:457
), apartados
a
, el Tribunal de Justicia declaró que Irlanda no había transpuesto al Derecho nacional la norma que figura en el artículo 10
bis
de la Directiva 85/337 modificada, según la cual los procedimientos «no serán excesivamente onerosos».
Durante el año 2011, como consecuencia de la declaración de incumplimiento a este respecto, Irlanda introdujo en la Ley sobre la ordenación del territorio y el urbanismo un artículo 50 B, según el cual, en el ámbito de aplicación de esta Ley, cada parte deberá, en principio, soportar sus propias costas. Sin embargo, esta disposición no es aplicable
ratione temporis
a los hechos del litigio principal.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Durante el año 2004, la Agencia otorgó a Maloney and Matthews Animal Collections Ltd un permiso para construir en Achonry una instalación de inspección de los animales encontrados muertos en todo el territorio irlandés. La decisión de construir esta instalación se había tomado en el marco de las medidas adoptadas en respuesta a la epidemia de encefalopatía espongiforme bovina.
El 24 de junio de 2004, el Sr. Klohn, propietario de una explotación agrícola situada cerca del lugar de dicha instalación, solicitó autorización para interponer un recurso judicial contra este permiso de construcción. La autorización solicitada se concedió el 31 de julio de 2007.
Mediante sentencia de 23 de abril de 2008, la High Court (Tribunal Superior) desestimó el recurso del Sr. Klohn.
El 6 de mayo siguiente, dicho Tribunal condenó al interesado a cargar con las costas de la Agencia. Contra dicha decisión no se interpuso ningún recurso.
Ante el
Taxing Master
de la High Court (Tribunal Superior), responsable de la determinación del importe de las costas que deben pagarse, con arreglo al Derecho nacional, el Sr. Klohn alegó que, de conformidad con el artículo 3, apartado 8, y el artículo 9, apartado 4, del Convenio de Aarhus y el artículo 10
bis
de la Directiva 85/337 modificada, las costas de las que debe hacerse cargo no deberían resultar «excesivamente onerosas».
Mediante resolución de 24 de junio de 2010, el
Taxing Master
consideró que, con arreglo al Derecho irlandés, no podía proceder a la apreciación del carácter no excesivamente oneroso del procedimiento y cuantificó las costas que el Sr. Klohn debía pagar a la Agencia en aproximadamente 86000 euros.
El interesado solicitó la revisión de la resolución del
Taxing Master
ante la High Court (Tribunal Superior), que confirmó dicha resolución.
El Sr. Klohn interpuso recurso de apelación contra la resolución de la High Court (Tribunal Superior) ante la Supreme Court (Tribunal Supremo, Irlanda).
La Supreme Court (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Puede aplicarse la exigencia contenida en el artículo 10
bis
de la [Directiva 85/337 modificada] de que los procedimientos de recurso no sean “excesivamente onerosos” a un asunto, como el de autos, en el que el permiso impugnado se concedió antes de la finalización del plazo de transposición de la [Directiva 2003/35] y en el que el procedimiento por el que se impugna dicho permiso se inició también antes de que finalizara dicho plazo? En caso de respuesta afirmativa, ¿puede aplicarse la exigencia contenida en la [Directiva 85/337 modificada] de que los procedimientos de recurso no sean “excesivamente onerosos” a todas las costas devengadas en el procedimiento o únicamente a las devengadas después de la finalización del plazo de transposición?
2)
En caso de que el Estado miembro en cuestión no haya adoptado ninguna medida específica a efectos de la transposición del artículo 10
bis
de la [Directiva 85/337 modificada], ¿está obligado un órgano jurisdiccional nacional que goza de facultad discrecional en relación con la condena en costas de la parte que ha visto desestimadas sus pretensiones, al examinar una condena en costas impuesta en un procedimiento al que se aplica esta disposición, a garantizar que la condena que se dicte no confiera un carácter “excesivamente oneroso” al procedimiento bien porque las disposiciones pertinentes son directamente aplicables o porque el órgano jurisdiccional del Estado miembro de que se trate está obligado a interpretar su Derecho procesal nacional de manera que, en la mayor medida posible, se ajuste a los objetivos del artículo 10
bis
?
3)
Cuando se dicta una condena en costas sin reservas y, al no haberse interpuesto recurso contra ella, se considera que ha adquirido fuerza de cosa juzgada con arreglo al Derecho nacional, ¿exige el Derecho de la Unión que
a)
bien el
Taxing Master
, encargado, de conformidad con el Derecho nacional, de cuantificar el importe de las costas en que la parte que ha visto estimadas sus pretensiones ha incurrido razonablemente
b)
o bien el órgano jurisdiccional ante el que se impugna la decisión de dicho
Taxing Master
tengan no obstante la obligación de apartarse de las medidas de Derecho nacional normalmente aplicables y de determinar el importe de las costas que han de concederse de forma que se garantice que las costas así concedidas no hacen que el procedimiento sea excesivamente oneroso?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la exigencia de que determinados procedimientos judiciales en materia de medio ambiente no sean excesivamente onerosos (en lo sucesivo, «regla del carácter no excesivamente oneroso»), que figura en el artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337 modificada, tiene efecto directo o si el juez nacional únicamente debe interpretar el Derecho interno de tal forma que, en la medida de lo posible, permita llegar a una solución conforme con la finalidad perseguida por esta regla.
La cuestión del efecto directo de la regla del carácter no excesivamente oneroso se plantea en el litigio principal debido a la falta de transposición por parte de Irlanda del artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337 modificada en el plazo previsto en el artículo 6 de la Directiva 2003/35, es decir, a más tardar el 25 de junio de 2005. El Tribunal de Justicia declaró este incumplimiento en su sentencia de 16 de julio de 2009, Comisión/Irlanda (
C‑427/07
,
EU:C:2009:457
), apartados
a
y fallo. Además, de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que no se adoptó una norma nacional de transposición de la regla del carácter no excesivamente oneroso al Derecho interno hasta el año 2011, es decir, con posterioridad a la resolución sobre el fondo que puso fin al procedimiento judicial que ha originado la tasación de las costas objeto del litigio principal.
Procede recordar que las disposiciones del Derecho de la Unión son directamente aplicables cuando otorgan a los particulares derechos que estos pueden invocar ante los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro (sentencia de 4 de diciembre de 1974, van Duyn,
41/74
,
EU:C:1974:133
, apartados
y
).
Dichas disposiciones imponen a los Estados miembros una obligación precisa que no requiere la adopción de ninguna otra medida por parte de las instituciones de la Unión o de los Estados miembros y que no deja a estos ninguna facultad de apreciación en relación con su ejecución (sentencia de 4 de diciembre de 1974, van Duyn,
41/74
,
EU:C:1974:133
, apartado
).
A este respecto, debe recordarse, en primer lugar, que el artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337 modificada se limita a establecer que los procedimientos judiciales pertinentes «serán justos y equitativos, estarán sometidos al criterio de celeridad y no serán excesivamente onerosos». Habida cuenta de la generalidad de los términos empleados, difícilmente puede considerarse que dichas disposiciones imponen a los Estados miembros obligaciones lo suficientemente precisas como para no requerir medidas nacionales que permitan garantizar su aplicación.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia ha declarado que los Estados miembros disponen, en virtud de su autonomía procesal y siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad, de un margen de actuación al aplicar el artículo 10
bis
de la Directiva 85/337 modificada (sentencias de 16 de febrero de 2012, Solvay y otros,
C‑182/10
,
EU:C:2012:82
, apartado
, y de 7 de noviembre de 2013, Gemeinde Altrip y otros,
C‑72/12
,
EU:C:2013:712
, apartado
).
Por último, y lo más importante, el Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado sobre el efecto directo de la regla del carácter no excesivamente oneroso. En efecto, esta regla también figura, en términos muy parecidos, en el artículo 9, apartado 4, del Convenio de Aarhus. Esta similitud no es casual, dado que la Directiva 2003/35, que introdujo el artículo 10
bis
en la Directiva 85/337, tenía precisamente por objeto ajustar el Derecho comunitario al Convenio de Aarhus con vistas a la aprobación de este por la Comunidad, como se desprende del considerando 5 de la Directiva 2003/35.
Pues bien, en su sentencia de 15 de marzo de 2018, North East Pylon Pressure Campaign et Sheehy (
C‑470/16
,
EU:C:2018:185
), apartados
y
, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 9, apartado 4, del Convenio de Aarhus no es directamente aplicable.
Dado que el Tribunal de Justicia aprecia la aplicabilidad directa de las estipulaciones de un acuerdo firmado por la Unión conforme a los mismos criterios que utiliza para determinar si las disposiciones de una Directiva son directamente aplicables (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 1987, Demirel,
12/86
,
EU:C:1987:400
, apartado
), a partir de la sentencia citada en el apartado anterior puede afirmarse igualmente que la regla del carácter no excesivamente oneroso que figura en el artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337 modificada carece de efecto directo.
Habida cuenta de la falta de efecto directo de las disposiciones en cuestión de la Directiva 85/337 modificada y de su transposición tardía al ordenamiento jurídico del Estado miembro afectado, los tribunales nacionales de este último deben interpretar, en la medida de lo posible, el Derecho interno, a partir de la expiración del plazo concedido a los Estados miembros para su transposición, a fin de cumplir el objetivo perseguido por estas disposiciones, dando prioridad a la interpretación de las normas nacionales que mejor se ajuste a esta finalidad, para llegar así a una solución compatible con las disposiciones de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros,
C‑212/04
,
EU:C:2006:443
, apartado
y fallo).
El objetivo perseguido por el legislador de la Unión al formular la regla del carácter no excesivamente oneroso que figura en el artículo 10
bis
de la Directiva 85/337 modificada implica que no se impida a los particulares interponer un recurso judicial comprendido en el ámbito de aplicación de esta disposición, o continuar con dicho recurso, debido a la carga económica que de ello podría resultar (sentencia de 11 de abril de 2013, Edwards y Pallikaropoulos,
C‑260/11
,
EU:C:2013:221
, apartado
). Este objetivo, que consiste en facilitar al público interesado un amplio acceso a la justicia, forma parte, más ampliamente, de la voluntad del legislador de la Unión de preservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y de hacer que el público desempeñe un papel activo a tal fin, así como de garantizar el respeto de la tutela judicial efectiva y el principio de efectividad (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de abril de 2013, Edwards y Pallikaropoulos,
C‑260/11
,
EU:C:2013:221
, apartados
a
).
A la vista de las consideraciones anteriores procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337 modificada debe interpretarse en el sentido de que la regla del carácter no excesivamente oneroso que enuncia carece de efecto directo. A falta de transposición de dicho artículo por un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales nacionales de este último deben, no obstante, en la medida de lo posible, interpretar el Derecho interno, a partir de la expiración del plazo previsto para la transposición de dicho artículo, de tal manera que no se impida a los particulares interponer un recurso judicial comprendido en el ámbito de aplicación del mismo artículo, o continuar con dicho recurso, debido a la carga económica que de ello podría resultar.
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la regla del carácter no excesivamente oneroso enunciada en el artículo 10
bis
de la Directiva 85/337 modificada es aplicable a un procedimiento como el que es objeto del litigio principal, iniciado antes de la fecha de expiración del plazo de transposición de dicho artículo. En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta asimismo si dicha regla se aplica a todos los gastos originados en este procedimiento o únicamente a los producidos con posterioridad a la expiración del plazo de transposición.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una norma nueva se aplica, en principio, inmediatamente a los efectos futuros de una situación nacida bajo la vigencia de la antigua norma (sentencias de 11 de diciembre de 2008, Comisión/Freistaat Sachsen,
C‑334/07 P
,
EU:C:2008:709
, apartado
y jurisprudencia citada; de 6 de julio de 2010, Monsanto Technology,
C‑428/08
,
EU:C:2010:402
, apartado
, y de 6 de octubre de 2015, Andersen/Comisión,
C‑303/13 P
,
EU:C:2015:647
, apartado
).
Únicamente no sucede así, y sin perjuicio del principio de irretroactividad de los actos jurídicos, cuando la norma nueva lleva aparejada disposiciones concretas que determinan específicamente su ámbito de aplicación temporal (sentencia de 16 de diciembre de 2010, Stichting Natuur en Milieu y otros,
C‑266/09
,
EU:C:2010:779
, apartado
).
Así, los actos adoptados para la transposición de una directiva deben aplicarse a los efectos futuros de situaciones nacidas bajo la vigencia de la ley anterior, a partir de la fecha de expiración del plazo de transposición, salvo que la directiva disponga otra cosa.
Pues bien, la Directiva 2003/35 no contiene ninguna disposición concreta en cuanto al ámbito de aplicación temporal del artículo 10
bis
de la Directiva 85/337 modificada (sentencia de 7 de noviembre de 2013, Gemeinde Altrip y otros,
C‑72/12
,
EU:C:2013:712
, apartado
).
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 10
bis
de la Directiva 85/337 modificada debe interpretarse en el sentido de que las disposiciones de Derecho interno adoptadas para transponer este artículo deben aplicarse a los procedimientos administrativos de autorización pendientes en el momento de la expiración del plazo de transposición de esta disposición (véase, en ese sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2013, Gemeinde Altrip y otros,
C‑72/12
,
EU:C:2013:712
, apartado
).
Cuando no se ha adoptado ningún acto de transposición en el plazo previsto a tal efecto por una directiva, como ocurre en el litigio principal, procede considerar que la obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con la norma no transpuesta se aplica también en las condiciones recordadas en los apartados 39 y 40 de la presente sentencia, a partir de la expiración de dicho plazo.
En efecto, en esta última situación, el juez nacional tiene la obligación de interpretar el Derecho interno para llegar, en la medida de lo posible, al resultado previsto por las disposiciones no traspuestas de una directiva, como se ha recordado en el apartado 35 de la presente sentencia. Pues bien, la aplicabilidad inmediata a los efectos futuros de las situaciones existentes de una regla nueva derivada de una directiva, a partir de la expiración del plazo de transposición de esta, forma parte de este resultado, a menos que la directiva en cuestión haya dispuesto otra cosa al respecto.
Por tanto, los órganos jurisdiccionales nacionales, a partir de la expiración del plazo de transposición de una directiva no transpuesta, deben interpretar el Derecho nacional de tal forma que los efectos futuros de las situaciones nacidas bajo la vigencia de la ley anterior sean inmediatamente compatibles con las disposiciones de dicha Directiva.
A la luz del objetivo perseguido por la regla del carácter no excesivamente oneroso, que consiste en modificar la imposición de costas en determinados procedimientos judiciales, un procedimiento iniciado antes de que expirara el plazo de transposición de la Directiva 2003/35 debe considerarse una situación nacida bajo la vigencia de la ley anterior. Por otra parte, la resolución relativa a la imposición de costas, dictada por el juez al término del procedimiento, constituye un efecto futuro, y además incierto, del procedimiento en curso. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales nacionales, al pronunciarse sobre la imposición de costas en procedimientos que estaban en curso en la fecha de expiración del plazo de transposición de dicha Directiva, están obligados a interpretar el Derecho interno para llegar, en la medida de lo posible, a una solución conforme con la finalidad perseguida por la regla del carácter no excesivamente oneroso.
A este respecto, no cabe diferenciar las costas en función de que se hayan devengado, en la práctica, antes o después de la expiración del plazo de transposición, ya que la resolución relativa a su imposición aún no se ha dictado en esa fecha y, por consiguiente, la obligación de interpretar el Derecho nacional de conformidad con la regla del carácter no excesivamente oneroso es aplicable a esta resolución, como se ha señalado en el apartado anterior. Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que el carácter no excesivamente oneroso debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los gastos atendidos por la parte interesada (sentencia de 11 de abril de 2013, Edwards y Pallikaropoulos,
C‑260/11
,
EU:C:2013:221
, apartado
).
Sin embargo, la obligación del juez nacional de referirse al contenido de una directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes de su Derecho interno tiene sus límites en los principios generales del Derecho, en especial los de seguridad jurídica e irretroactividad (sentencia de 8 de noviembre de 2016, Ognyanov,
C‑554/14
,
EU:C:2016:835
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, la Agencia alega que la aplicabilidad inmediata de la regla del carácter no excesivamente oneroso a los procedimientos en curso es contraria al principio de seguridad jurídica. Considera que la norma relativa a la imposición de costas, tal como se conocía desde el inicio del procedimiento, influyó en el importe de las costas en las que las partes han decidido incurrir para la defensa de sus derechos.
Ciertamente, el principio de seguridad jurídica, cuyo corolario es el de protección de la confianza legítima, exige en particular que las normas jurídicas sean claras, precisas y de efectos previsibles, en especial cuando puedan tener consecuencias desfavorables para los particulares y las empresas (sentencia de 22 de junio de 2017, Unibet International,
C‑49/16
,
EU:C:2017:491
, apartado
y jurisprudencia citada).
Además, el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se extiende a todo particular que se encuentre en una situación de la que se desprenda que la autoridad competente, al darle garantías concretas, le hizo concebir esperanzas fundadas (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de octubre de 2010, Nuova Agricast y Cofra/Comisión,
C‑67/09 P
,
EU:C:2010:607
, apartado
).
No obstante, en el procedimiento de que se trata en el litigio principal, es preciso señalar que a las partes no se les garantizó que se mantendría la vigencia de la norma sobre imposición de costas hasta el final del procedimiento. Al contrario, desde el inicio de este procedimiento, el 24 de junio de 2004, fecha en la que el Sr. Klohn solicitó autorización para interponer un recurso judicial, las partes podían prever, habida cuenta de las obligaciones que incumbían a Irlanda en virtud de la Directiva 2003/35, que había entrado en vigor el 25 de junio de 2003, que esta norma habría de modificarse en un futuro próximo y a más tardar antes del 25 de junio de 2005, es decir, probablemente antes del final de dicho procedimiento. En particular, Irlanda y la Agencia, esta última en su condición de organismo de dicho Estado miembro, no pueden invocar una confianza legítima en el mantenimiento de una norma que Irlanda, a pesar de su obligación de modificarla en el plazo establecido por dicha Directiva, no modificó, tal y como declaró el Tribunal de Justicia en su sentencia de 16 de julio de 2009, Comisión/Irlanda (
C‑427/07
,
EU:C:2009:457
).
Por último, el Tribunal de Justicia ha declarado que el principio de protección de la confianza legítima no puede extenderse hasta el punto de impedir, de manera general, que una norma nueva se aplique a los efectos futuros de situaciones nacidas durante la vigencia de la norma anterior (sentencia de 6 de octubre de 2015, Comisión/Andersen,
C‑303/13 P
,
EU:C:2015:647
, apartado
).
Así, la Agencia no puede sostener fundadamente que el principio de seguridad jurídica se opone a la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de interpretar el Derecho nacional conforme a la regla del carácter no excesivamente oneroso cuando se pronuncien sobre la imposición de costas.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337 modificada debe interpretarse en el sentido de que la obligación de interpretación conforme es vinculante para los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro al pronunciarse sobre la imposición de costas en los procedimiento judiciales que estaban pendientes en la fecha de expiración del plazo de transposición de la regla del carácter no excesivamente oneroso prevista en dicho artículo 10
bis
, párrafo quinto, con independencia de la fecha en que se devengaran tales costas a lo largo del procedimiento en cuestión.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
Para la correcta comprensión de la tercera cuestión prejudicial, procede recordar, con carácter previo, que el procedimiento irlandés en materia de costas se desarrolla en dos etapas. Tras dictar resolución sobre el fondo, el órgano jurisdiccional que conoce del litigio deberá pronunciarse, en un primer momento, sobre la imposición de costas. En un segundo momento, el
Taxing Master
determina su importe, bajo el control de un juez, a saber, la High Court (Tribunal Superior) y, en su caso, la Supreme Court (Tribunal Supremo).
Según las indicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente sobre el litigio principal, la High Court (Tribunal Superior), tras desestimar el recurso del Sr. Klohn, condenó a este último, el 6 de mayo de 2008, al pago de las costas de la Agencia, de conformidad con el artículo 99 del Reglamento de Procedimiento de los Tribunales Superiores, según el cual «las costas dependen del resultado del proceso». Dicha resolución adquirió firmeza por no haber sido impugnada en los plazos establecidos. El
Taxing Master
cuantificó las costas que el Sr. Klohn debía pagar a la Agencia en aproximadamente 86000 euros mediante resolución de 24 de junio de 2010, que fue recurrida ante la High Court (Tribunal Superior) y después ante el órgano jurisdiccional remitente.
Habida cuenta de estos elementos, procede entender que la tercera cuestión prejudicial tiene por objeto saber si, en el litigio principal, a la vista de la fuerza de cosa juzgada de la resolución de la High Court (Tribunal Superior) de 6 de mayo de 2008, que adquirió firmeza en lo que respecta a la imposición de costas, los tribunales nacionales que conocen del recurso interpuesto por el demandante en el litigio principal contra la resolución del
Taxing Master
que determina el importe de las costas están obligados a interpretar el Derecho nacional de modo que el procedimiento no resulte excesivamente oneroso para dicho demandante.
Según reiterada jurisprudencia, al aplicar el Derecho interno, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados a interpretarlo en la medida de lo posible a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva de que se trate para alcanzar el resultado que esta persigue y atenerse así a lo dispuesto en el artículo 288 TFUE, párrafo tercero (sentencia de 4 de julio de 2006, Pfeiffer y otros,
C‑212/04
,
EU:C:2006:443
, apartado
y jurisprudencia citada).
En efecto, la exigencia de una interpretación conforme del Derecho nacional es inherente al régimen del Tratado FUE, al permitir que los órganos jurisdiccionales nacionales garanticen, en el marco de sus competencias, la plena eficacia del Derecho de la Unión cuando resuelven los litigios de que conocen (sentencia de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros,
C‑212/04
,
EU:C:2006:443
, apartado
y jurisprudencia citada).
No obstante, el principio de interpretación conforme del Derecho nacional tiene ciertos límites.
Por un lado, como ya se ha señalado en el apartado 48 de la presente sentencia, la obligación del juez nacional de utilizar como referencia el contenido de una directiva cuando interpreta y aplica las normas pertinentes del Derecho interno está limitada por los principios generales del Derecho.
A este respecto, el principio de fuerza de cosa juzgada reviste especial importancia, tanto en el ordenamiento jurídico de la Unión como en los ordenamientos jurídicos nacionales. En efecto, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos (sentencia de 11 de noviembre de 2015, Klausner Holz Niedersachsen,
C‑505/14
,
EU:C:2015:742
, apartado
y jurisprudencia citada).
El Derecho de la Unión tampoco exige inaplicar las normas procesales nacionales que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución judicial (sentencia de 20 de marzo de 2018, Di Puma y Consob,
C‑596/16 y C‑597/16
,
EU:C:2018:192
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por otro lado, la obligación de interpretación conforme cesa cuando el Derecho nacional no puede ser interpretado de manera que conduzca a un resultado compatible con el que pretende alcanzar la directiva en cuestión. En otros términos, el principio de interpretación conforme no puede servir de base para una interpretación
contra legem
del Derecho nacional (sentencias de 4 de julio de 2006, Adeneler y otros,
C‑212/04
,
EU:C:2006:443
, apartado
, y de 15 de abril de 2008, Impact,
C‑268/06
,
EU:C:2008:223
, apartado
).
Es importante destacar que, cuando conoce de un asunto en virtud del artículo 267 TFUE, el Tribunal de Justicia no es competente para apreciar si los límites anteriormente indicados se oponen a una interpretación del Derecho nacional conforme a una norma de Derecho de la Unión. De manera general, no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento prejudicial, interpretar el Derecho nacional (sentencia de 1 de diciembre de 1965, Dekker,
33/65
,
EU:C:1965:118
), ya que el juez nacional es el único competente a estos efectos (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, Ottica New Line,
C‑539/11
,
EU:C:2013:591
, apartado
).
Por lo tanto, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar la fuerza de cosa juzgada de la resolución de 6 de mayo de 2008 por la que la High Court (Tribunal Superior) condenó al Sr. Klohn a cargar con las costas del procedimiento, a fin de determinar si es posible en el litigio principal, y en su caso en qué medida, una interpretación del Derecho nacional conforme a la regla del carácter no excesivamente oneroso.
En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia solo puede aportar precisiones destinadas a orientar al órgano jurisdiccional remitente en su apreciación (sentencia de 21 de febrero de 2006, Halifax y otros,
C‑255/02
,
EU:C:2006:121
, apartado
) e indicarle mediante qué tipo de interpretación del Derecho nacional cumpliría su obligación de interpretar este de conformidad con el Derecho de la Unión.
A este respecto, procede señalar que la resolución de 6 de mayo de 2008 por la que la High Court (Tribunal Superior) se pronunció sobre el reparto de las costas imponiendo las de la Agencia al Sr. Klohn, no tiene el mismo objeto que la resolución del
Taxing Master
que ha dado lugar al procedimiento judicial ante el órgano jurisdiccional remitente, dado que, en particular, aquella resolución no determinó el importe exacto de las costas que debía pagar el demandante en el litigio principal. Pues bien, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la fuerza de cosa juzgada únicamente se extiende a las pretensiones jurídicas sobre las que se haya pronunciado el tribunal. No obsta, por tanto, a que el
Taxing Master
o un juez se pronuncien, en el marco de un litigio posterior, sobre cuestiones jurídicas respecto a las que esta resolución firme no se haya referido (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de noviembre de 2015, Klausner Holz Niedersachsen,
C‑505/14
,
EU:C:2015:742
, apartado
).
Además, una interpretación consistente en considerar que, habida cuenta del estrecho vínculo existente entre la resolución relativa a la imposición de costas y la que determina su importe, la Agencia tiene derecho a reclamar la totalidad de las costas en las que razonablemente haya incurrido para su defensa sería contrario al principio de seguridad jurídica y a la exigencia de previsibilidad del Derecho de la Unión. En efecto, como ha señalado el Abogado General en el punto 114 de sus conclusiones, el Sr. Klohn no podía conocer, hasta el momento en que se dictó la resolución del
Taxing Master
, más de un año después de la resolución que le condenaba al pago de las costas, el importe de estas últimas que debería pagar a la parte vencedora ni, por consiguiente, impugnar con conocimiento de causa la primera de dichas resoluciones. El importe de las costas que la Agencia podía recuperar según la determinación del
Taxing Master
era tanto menos previsible para el interesado si se considera que dicho importe ascendía a casi el triple del de las costas en las que él mismo había incurrido en el procedimiento en cuestión.
Procede, por tanto, responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337 modificada debe interpretarse en el sentido de que, en un procedimiento como el del litigio principal, la obligación de interpretación conforme corresponde al juez nacional que debe pronunciarse sobre el importe de las costas, en la medida en que no se oponga a ello la fuerza de cosa juzgada de la resolución sobre imposición de costas que ha adquirido firmeza, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1)
El artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, en su versión modificada por la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, debe interpretarse en el sentido de que la exigencia de que determinados procedimientos judiciales en materia de medio ambiente no sean excesivamente onerosos, que dicho artículo enuncia, carece de efecto directo. A falta de transposición de dicho artículo por un Estado miembro, los órganos jurisdiccionales nacionales de este último deben, no obstante, en la medida de lo posible, interpretar el Derecho interno, a partir de la expiración del plazo previsto para la transposición de dicho artículo, de tal manera que no se impida a los particulares interponer un recurso judicial comprendido en el ámbito de aplicación del mismo artículo, o continuar con dicho recurso, debido a la carga económica que de ello podría resultar.

2)
El artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, debe interpretarse en el sentido de que la obligación de interpretación conforme es vinculante para los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro al pronunciarse sobre la imposición de costas en los procedimiento judiciales que estaban pendientes en la fecha de expiración del plazo de transposición de la exigencia de que determinados procedimientos judiciales en materia de medio ambiente no sean excesivamente onerosos, prevista en dicho artículo 10
bis
, párrafo quinto, con independencia de la fecha en que se devengaran tales costas a lo largo del procedimiento en cuestión.

3)
El artículo 10
bis
, párrafo quinto, de la Directiva 85/337, en su versión modificada por la Directiva 2003/35, debe interpretarse en el sentido de que, en un procedimiento como el del litigio principal, la obligación de interpretación conforme corresponde al juez nacional que debe pronunciarse sobre el importe de las costas, en la medida en que no se oponga a ello la fuerza de cosa juzgada de la resolución sobre imposición de costas que ha adquirido firmeza, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.