CELEX: 62021CJ0404
Procedimiento prejudicial
Personal del Banco Central Europeo (BCE)
Transferencia de derechos a pensión adquiridos en un régimen nacional de pensiones al régimen de pensiones del BCE
Artículo 4 TFUE, apartado 3
Principio de cooperación leal
Condiciones de contratación del BCE
Artículo 8 del anexo III bis
Ausencia de una disposición de Derecho nacional o de acuerdo celebrado entre el Estado miembro de que se trate y el BCE

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4 TUE, apartado 3, de los artículos 45 TFUE y 48 TFUE, del artículo 11 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») y del artículo 8 del anexo III
bis
de la Decisión del Banco Central Europeo (BCE), de 9 de junio de 1998, relativa a la adopción de las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, en su versión modificada de 31 de marzo de 1999 (
DO 1999, L 125, p. 32
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre WP, por un lado, y el Istituto nazionale della previdenza sociale (Instituto Nacional de la Seguridad Social, Italia) (en lo sucesivo, «INPS») y la Repubblica italiana (República Italiana), por otro, en relación con la transferencia al régimen de pensiones del Banco Central Europeo (BCE) del equivalente actuarial correspondiente a los derechos a pensión acreditados en favor del demandante en el litigio principal en el marco del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (Fondo de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena) del INPS.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Protocolo sobre el SEBC y el BCE
El artículo 36, apartado 1, del Protocolo (n.
o
4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo (
DO 2016, C 202, p. 230
; en lo sucesivo, «Protocolo sobre el SEBC y el BCE»), dispone:
«El Consejo de Gobierno [del BCE], a propuesta del Comité Ejecutivo, establecerá las condiciones de contratación del personal del BCE.»
Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades
El artículo 14 del Protocolo (n.
o
7) sobre los Privilegios y las Inmunidades de la Unión Europea (
DO 2016, C 202, p. 266
; en lo sucesivo, «Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades») establece:
«El Parlamento Europeo y el Consejo [de la Unión Europea], mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta a las instituciones interesadas, determinarán el régimen de las prestaciones sociales aplicables a los funcionarios y otros agentes de la Unión [Europea].»
En virtud de su artículo 22, párrafo primero, el Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades será de aplicación asimismo al BCE, a los miembros de sus órganos y a su personal, sin perjuicio de lo dispuesto en el Protocolo sobre el SEBC y el BCE.
Estatuto
A tenor de su artículo 1, el Estatuto será de aplicación a los funcionarios de la Unión.
El artículo 1
bis
, apartado 1, del Estatuto establece:
«Son funcionarios de la Unión, con arreglo al presente Estatuto, las personas que hayan sido nombradas, en las condiciones previstas en él, para un puesto de trabajo permanente en una de las instituciones de la Unión, mediante un acto escrito de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de dicha institución.»
El anexo VIII del Estatuto, titulado «Régimen de pensiones», dispone en su artículo 11, apartado 2:
«El funcionario que entre al servicio de la Unión tras haber:
—
cesado en el servicio de una administración, o de una organización nacional o internacional,
o
—
ejercido una actividad por cuenta propia o ajena,
tendrá la facultad, entre el momento de su nombramiento definitivo y el momento en que cause derecho a pensión de jubilación, con arreglo al artículo 77 del Estatuto, de hacer transferir a la Unión el capital, actualizado en la fecha de transferencia efectiva, correspondiente a los derechos a pensión que haya adquirido por las actividades antes mencionadas.
En tal caso, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de cada institución en que el funcionario preste servicios determinará, mediante disposiciones generales de aplicación y habida cuenta del sueldo base, de la edad y del tipo de cambio en la fecha de la solicitud de transferencia, el número de anualidades que tomará en cuenta a efectos del régimen de pensiones de la Unión, en virtud del período de servicio anterior, basándose en el capital transferido, previa deducción de la cuantía correspondiente a la revalorización del capital entre la fecha de la solicitud de transferencia y la de transferencia efectiva.
El funcionario únicamente podrá hacer uso de esta facultad una sola vez por Estado miembro y fondo de pensiones.»
ROA
El artículo 1 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA») dispone:
«El presente régimen se aplicará a todos los agentes contratados por la Unión. Estos agentes tendrán la consideración de:
—
agente temporal,
—
agente contractual,
[…]».
En virtud de lo dispuesto en los artículos 39, apartado 2, y 109, apartado 2, del ROA, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto se aplicará por analogía a los agentes temporales y a los agentes contractuales, respectivamente.
Condiciones de contratación del BCE
Sobre la base, en particular, del artículo 36, apartado 1, del Protocolo sobre el SEBC y el BCE, el Consejo de Gobierno del BCE adoptó, mediante Decisión de 9 de junio de 1998, modificada el 31 de marzo de 1999, las Condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo (
DO 1999, L 125, p. 32
). En su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Condiciones de contratación del BCE»), esas Condiciones de contratación disponen en su artículo 9, letra c):
«Las presentes Condiciones de contratación no se rigen por ningún Derecho nacional concreto. El BCE aplicará: i) los principios generales del Derecho comunes a los Estados miembros, ii) los principios generales del Derecho de la Unión, y iii) las normas contenidas en los reglamentos y las directivas de la Unión sobre política social cuyos destinatarios son los Estados miembros. Esos actos jurídicos serán aplicados por el BCE siempre que sea necesario. Se tendrán debidamente en cuenta las recomendaciones de la Unión en materia de política social. Para la interpretación de los derechos y obligaciones previstos en estas Condiciones de contratación, se tomarán debidamente en consideración los principios derivados de los reglamentos, las normas y la jurisprudencia aplicables al personal de las instituciones de la Unión.»
El artículo 8, letra a), del anexo III
bis
de las Condiciones de contratación del BCE establece:
«El BCE celebrará acuerdos y adoptará medidas adecuadas con otros regímenes de jubilación, otras organizaciones y otros gobiernos que él determine, a efectos de aceptar la transferencia de fondos al [régimen de pensiones del BCE] para los miembros que hayan completado su período de prueba en el BCE.»
Derecho italiano
El artículo 1 de la legge n. 29 — Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali (Ley n.
o
29, sobre la acumulación de los períodos de cotización de los trabajadores a efectos de previsión social), de 7 de febrero de 1979 (GURI n.
o
40, de 9 de febrero de 1979, p. 1317) dispone:
«El trabajador por cuenta ajena del sector público o del sector privado que esté o haya estado afiliado a formas obligatorias de seguridad social equivalentes al régimen general obligatorio del seguro de invalidez, jubilación y supervivencia de los trabajadores por cuenta ajena gestionado por el INPS o que hayan dado lugar a la exclusión o a la dispensa de esta afiliación estará facultado, a efectos de la atribución y la determinación del importe de una pensión única, a solicitar en cualquier momento la acumulación de todos los períodos de cotización obligatoria, voluntaria y ficticia a dichas formas de seguridad social por medio de la afiliación al régimen general obligatorio de seguro y la constitución, en el marco de este último, de los derechos a pensión correspondientes. A tal fin, el o los gestores de los regímenes de procedencia transferirán al gestor del régimen general obligatorio de seguro el importe de las cotizaciones en su poder […].»
El artículo 18 de la legge n. 115 — Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ appartenenza dell’Italia all’Unione europea — Legge europea 2014 (Ley n.
o
115, por la que se establecen disposiciones relativas al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la pertenencia de Italia a la Unión Europea — Ley Europea 2014), de 29 de julio de 2015 (GURI n.
o
178, de 3 de agosto de 2015, p. 1), dispone:
«1.   A partir del 1 de enero de 2016, los ciudadanos de la Unión Europea […] que estén o hayan estado afiliados al régimen general obligatorio del seguro de invalidez, jubilación y supervivencia de los trabajadores por cuenta ajena […] tendrán la posibilidad de acumular los períodos de seguro cumplidos en el marco de estos regímenes de seguro con los períodos de seguro cumplidos en organizaciones internacionales.
2.   La acumulación prevista en el apartado 1 podrá solicitarse si es necesaria para obtener el derecho a una pensión de jubilación, invalidez o supervivencia, siempre que la duración total de los períodos de seguro cumplidos conforme a la legislación italiana sea de cuando menos cincuenta y dos semanas y los períodos objeto de acumulación no se superpongan.
3.   La acumulación de los períodos de seguro podrá realizarse a solicitud del interesado, que deberá presentarse ante la institución italiana de seguridad social en la que se hayan cumplido los períodos de seguro. En el supuesto de que un antiguo trabajador por cuenta ajena de una organización internacional adquiera el derecho a las prestaciones previstas en la legislación italiana sin que sea necesario acumular los períodos de seguro cumplidos en la organización internacional, la institución italiana de seguridad social calculará la pensión exclusivamente sobre la base de los períodos de seguro cumplidos en el marco del régimen de pensiones italiano. En el supuesto de que un antiguo trabajador por cuenta ajena de una organización internacional solo adquiera el derecho a las prestaciones previstas en la legislación italiana mediante la acumulación de períodos de seguro cumplidos en la organización internacional, la institución italiana de seguridad social tendrá en cuenta los períodos de seguro cumplidos en el marco del régimen de pensiones de la organización internacional, con excepción de aquellos que sean objeto de reembolso, como si hubieran sido cumplidos con arreglo a la legislación italiana, y calculará el importe de la prestación exclusivamente sobre la base de los períodos de seguro cumplidos con arreglo a la legislación italiana.
4.   Las prestaciones de jubilación pagadas con arreglo al presente artículo tendrán la consideración de pensiones a todos los efectos derivados de la aplicación de la legislación italiana.
5.   Los períodos de empleo cumplidos en una organización internacional podrán tomarse en consideración, en la medida en que no den derecho a una prestación de jubilación a cargo del fondo de pensiones de esa organización internacional, en el marco del régimen de pensiones italiano, de conformidad con la legislación que regula la toma en consideración de períodos de empleo cumplidos en el extranjero. El derecho a esta toma en consideración se ejercerá, también por los supervivientes del trabajador por cuenta ajena de la organización internacional, en las condiciones previstas en las normas de la institución italiana de seguridad social a la que se solicite la toma en consideración.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
WP es miembro del personal del BCE desde el 1 de marzo de 2012. Entre el 1 de agosto de 1982 y el 24 de febrero de 2012 se abonaron en su favor, como trabajador por cuenta ajena en el sector privado en Italia, cotizaciones obligatorias al Fondo de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena del INPS.
El 12 de diciembre de 2016, WP solicitó al INPS la transferencia al régimen de pensiones del BCE del equivalente actuarial correspondiente a los derechos a pensión acreditados en su favor en el marco de ese Fondo de pensiones o, subsidiariamente, del capital actualizado resultante de las cotizaciones de jubilación abonadas a dicho Fondo de pensiones, ambos calculados aplicando las normas que regulan las pensiones en el marco de ese mismo Fondo.
El INPS denegó la solicitud de WP indicando que no era posible proceder a la transferencia solicitada a falta de una medida legislativa específica o de un acuerdo bilateral celebrado entre el BCE y la República Italiana. El 28 de noviembre de 2017, WP interpuso un recurso administrativo contra la denegación de su solicitud, que se declaró inadmisible mediante resolución de 11 de abril de 2018.
Mediante demanda presentada ante el Tribunale ordinario di Asti (Tribunal Ordinario de Asti, Italia), órgano jurisdiccional remitente, WP solicitó, en esencia, con carácter principal, que se declarase que el INPS y la República Italiana estaban obligados a adoptar todas las medidas necesarias para la transferencia al régimen de pensiones del BCE del equivalente actuarial, calculado aplicando las normas que regulan las pensiones en el marco del Fondo de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena del INPS, correspondiente a los derechos a pensión acreditados en su favor en la fecha de presentación de dicha solicitud, y que se condenase al INPS y a la República Italiana a adoptar todas las medidas necesarias para esa transferencia. Con carácter subsidiario, WP solicitó que se constatase y se declarase que el INPS y la República Italiana están obligados a transferir al régimen de pensiones del BCE el equivalente actuarial correspondiente a los derechos a pensión acreditados en su favor en el marco del Fondo de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena del INPS, en concepto de indemnización por el perjuicio sufrido, y que se condenase al INPS y a la República Italiana, por tanto, a transferir al régimen de pensiones del BCE el importe correspondiente a ese equivalente, en concepto de indemnización por el perjuicio sufrido.
El órgano jurisdiccional remitente indica que procede establecer si las disposiciones del Derecho de la Unión, en particular el artículo 4 TUE, apartado 3, los artículos 45 TFUE y 48 TFUE, el artículo 11 del anexo VIII del Estatuto y el artículo 8 del anexo III
bis
de las Condiciones de contratación del BCE, deben interpretarse en el sentido de que un empleado del BCE puede solicitar la transferencia al régimen de pensiones de este de los derechos a pensión que haya adquirido en una institución de seguridad social de un Estado miembro, independientemente de la adopción de una norma nacional de transposición o de la celebración entre el BCE y el Estado miembro o institución nacional de seguridad social de que se trate de un acuerdo específico que defina las formas de ejecución de esa transferencia.
A este respecto, dicho órgano jurisdiccional considera que se puede deducir,
a contrario
, de la sentencia de 4 de julio de 2013, Gardella, (
C‑233/12
,
EU:C:2013:449
), apartados
a
, que, en virtud del Derecho de la Unión, en el caso de un empleado del BCE, existe un derecho a la transferencia al régimen de pensiones del BCE de los derechos a pensión acreditados por este en cuanto trabajador por cuenta ajena que ha trabajado en un Estado miembro, ya que, a diferencia de la Oficina Europea de Patentes (OEP) a la que se refiere esa sentencia, el BCE es una institución de la Unión. Además, el artículo 8 del anexo III
bis
de las Condiciones de contratación del BCE no exige, a su entender, que la institución nacional de seguridad social autorice que se realice esa transferencia.
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente considera igualmente que se puede deducir de la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Časta (
C‑166/12
,
EU:C:2013:792
), apartados
a
, que es necesario que el Estado miembro de que se trate adopte una norma específica que determine el importe del capital correspondiente a los derechos a pensión adquiridos en el marco del régimen nacional de pensiones que haya de transferirse al régimen de pensiones de la Unión y que, a falta de una norma de ese tipo, no se puede recurrir a los criterios de cálculo establecidos en la legislación interna o en los acuerdos celebrados entre la institución nacional de que se trate y otros órganos de la Unión.
En estas circunstancias, el Tribunale ordinario di Asti (Tribunal Ordinario de Asti) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Deben interpretarse los artículos 45 TFUE y 48 TFUE, el artículo 4 TUE, el artículo 11 del anexo VIII del [Estatuto] y el artículo 8 del anexo III
bis
de las [Condiciones de contratación del BCE] en el sentido de que se oponen a una normativa nacional o a una práctica administrativa nacional que no permite al trabajador de un Estado miembro, que haya cotizado en el instituto de seguridad social nacional y que trabaje actualmente en una institución de la Unión, como el BCE, transferir al régimen de pensiones de dicha institución las cotizaciones por jubilación abonadas al régimen de la seguridad social del propio Estado?
2)
Como consecuencia de lo establecido en la primera cuestión prejudicial, ¿debe reconocerse el derecho a transferir cotizaciones aunque no exista un acto normativo interno de aplicación o un acuerdo específico entre el Estado miembro de origen del trabajador o de su entidad gestora de pensiones, por una parte, y la institución de la Unión, por la otra?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4 TUE, apartado 3, los artículos 45 TFUE y 48 TFUE, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y el artículo 8, letra a), del anexo III
bis
de las Condiciones de contratación del BCE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa o a una práctica administrativa de un Estado miembro que no permite a un miembro del personal del BCE transferir al régimen de pensiones de este el importe correspondiente de los derechos a pensión adquiridos en el régimen de pensiones de ese Estado miembro.
Por lo que respecta a los artículos 45 TFUE y 48 TFUE, es cierto que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un nacional de la Unión que haga uso del derecho a la libre circulación de los trabajadores y que haya ejercido una actividad profesional en un Estado miembro distinto de aquel del que es originario está comprendido, independientemente de su lugar de residencia y de su nacionalidad, dentro del ámbito de aplicación del artículo 45 TFUE, al igual que en el supuesto de que sea contratado en una institución de la Unión como el BCE (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2013, Gardella,
C‑233/12
,
EU:C:2013:449
, apartado
y jurisprudencia citada).
Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado que no puede deducirse del artículo 45 TFUE, en relación con el artículo 48 TFUE, que los Estados miembros estén obligados a otorgar a los miembros del personal de las organizaciones internacionales la facultad de transferir al régimen de pensiones de dichas organizaciones el capital correspondiente a los derechos a pensión previamente adquiridos, ni que estén obligados a celebrar acuerdos internacionales al efecto (sentencia de 4 de julio de 2013, Gardella,
C‑233/12
,
EU:C:2013:449
, apartado
).
En efecto, el artículo 48 TFUE, párrafo primero, establece que el Parlamento y el Consejo adoptarán, en materia de seguridad social, «las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores, creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los trabajadores migrantes» la «acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de estas».
Este sistema de acumulación de períodos fue instaurado primero por el Reglamento (CEE) n.
o
1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad (
DO 1971, L 149, p. 2
; EE 05/01, p. 98), en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.
o
118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (
DO 1997, L 28, p. 1
), y con posterioridad por el Reglamento (CE) n.
o
883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (
DO 2004, L 166, p. 1
).
De ello se desprende que ni el Tratado FUE ni el Reglamento n.
o
1408/71, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento n.
o
118/97, ni el Reglamento n.
o
883/2004 han establecido o establecen normas relativas a la transferencia del capital correspondiente a los derechos a pensión ya adquiridos, sino que se basan en el principio de la acumulación de períodos, según se desprende del artículo 48 TFUE, tal como este se concreta en dichos reglamentos (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2013, Gardella,
C‑233/12
,
EU:C:2013:449
, apartado
).
En consecuencia, las personas que se encuentran en la situación del demandante en el litigio principal no pueden basarse en los artículos 45 TFUE y 48 TFUE ni en los reglamentos citados para que se les autorice a solicitar la transferencia al régimen de pensiones del BCE de los derechos a pensión que hayan adquirido en el INPS.
El hecho mencionado por el órgano jurisdiccional remitente de que, a diferencia de la OEP, de la que se trataba en el asunto que dio lugar a la sentencia de 4 de julio de 2013, Gardella (
C‑233/12
,
EU:C:2013:449
), el BCE es una institución de la Unión, no puede justificar una interpretación diferente.
En efecto, si bien es cierto que el Tribunal de Justicia recordó, en el apartado 29 de la sentencia de 4 de julio de 2013, Gardella (
C‑233/12
,
EU:C:2013:449
), que la OEP no es una institución u órgano de la Unión, ese recordatorio solo pretendía explicar el motivo por el cual la facultad concedida en el Estatuto de transferir al régimen de pensiones de la Unión el capital correspondiente a los derechos a pensión adquiridos en virtud de actividades anteriores no puede hacerse extensiva a los funcionarios de la OEP ni a las relaciones entre esta y un Estado miembro.
Pues bien, como ocurre con los miembros del personal de la OEP, el Estatuto, y, en particular, el artículo 11 del anexo VIII de este, no es aplicable a los miembros del personal del BCE.
En efecto, los miembros del personal del BCE no han sido nombrados funcionarios de la Unión en las condiciones previstas en el artículo 1
bis
, apartado 1, del Estatuto, de modo que, como se desprende de la lectura de esa disposición en relación con el artículo 1 del Estatuto, este no les es aplicable.
Los miembros del personal del BCE tampoco están contratados por la Unión, por lo que, con arreglo al artículo 1 del ROA, este no se les aplica. Están contratados por el BCE, el cual, como se establece en el artículo 282 TFUE, apartado 3, frase primera, tiene personalidad jurídica propia, distinta de la de la Unión.
El régimen aplicable al personal del BCE es adoptado por el Consejo de Gobierno de este, con arreglo al artículo 36 del Protocolo sobre el SEBC y el BCE, y actualmente se encuentra establecido en las Condiciones de contratación del BCE.
Esas Condiciones establecen, es cierto, en el artículo 8, letra a), del anexo III
bis
, que el BCE celebrará acuerdos y adoptará medidas adecuadas, en particular, con otros regímenes de jubilación o gobiernos, a efectos de la transferencia de fondos al régimen de pensiones del BCE para los miembros del personal de este que hayan completado su período de prueba en el BCE.
No obstante, esa disposición no puede imponer a los Estados miembros la obligación de celebrar acuerdos de esa índole, ni de permitir la transferencia al régimen de pensiones del BCE de los derechos a pensión adquiridos por un miembro del personal del BCE en su régimen nacional de pensiones.
A diferencia del Estatuto, que, en tanto que reglamento obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros, obliga, asimismo, a los Estados miembros en toda la medida en que su concurso sea necesario para su aplicación (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 1981, Comisión/Bélgica,
137/80
,
EU:C:1981:237
), apartados
y
, las Condiciones de contratación del BCE no se adoptaron mediante acto legislativo y, por consiguiente, no pueden por sí solas crear obligaciones a cargo de los Estados miembros.
En efecto, el BCE solo puede adoptar actos legislativos en la medida en que ello sea necesario para el ejercicio de las funciones mencionadas en el artículo 132 TFUE, apartado 1, primer guion, que no tienen relación alguna con el régimen de pensiones de su personal.
El hecho de que el Protocolo sobre los Privilegios y las Inmunidades, como establece su artículo 22, párrafo primero, sea de aplicación asimismo al BCE, no puede justificar una conclusión diferente. En efecto, si bien el artículo 14 de ese Protocolo establece que el Parlamento y el Consejo determinarán mediante reglamentos el régimen de las prestaciones sociales aplicables a los funcionarios y otros agentes de la Unión, no es menos cierto que no se ha adoptado, con arreglo a lo dispuesto en esa disposición, ningún reglamento que establezca la transferencia al régimen de pensiones del BCE de los derechos a pensión adquiridos por los miembros del personal de este en los regímenes de pensiones de los Estados miembros.
Tampoco puede conducir a una conclusión diferente el artículo 9, letra c), de las Condiciones de contratación del BCE, que establece que, para la interpretación de los derechos y obligaciones previstos en esas Condiciones, se tomarán debidamente en consideración los principios derivados de los reglamentos, las normas y la jurisprudencia aplicables al personal de las instituciones de la Unión.
En efecto, como se ha señalado en el apartado 37 de la presente sentencia, dichas Condiciones no crean obligación alguna a cargo de los Estados miembros que pueda ser objeto de esa interpretación.
Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que, en el estado actual del Derecho de la Unión, a falta de un acuerdo celebrado entre el BCE y el Estado miembro de que se trate, ese Estado miembro no está obligado a otorgar a los miembros del personal del BCE la facultad de solicitar la transferencia al régimen de pensiones de este de los derechos a pensión que hayan adquirido en el régimen de pensiones de dicho Estado miembro. Así pues, de ello se desprende que, a falta de un acuerdo de esa índole entre el BCE y el Estado miembro de que se trate, el Derecho de la Unión, en su estado actual, no establece en favor de los miembros del personal del BCE el derecho subjetivo de solicitar la transferencia al régimen de pensiones de este de los derechos a pensión que hayan adquirido en el régimen de pensiones de dicho Estado miembro.
No obstante, procede señalar que, como ha recordado el Abogado General en el punto 62 de sus conclusiones, de las observaciones presentadas al Tribunal de Justicia se desprende que el BCE solicitó ya en 2005 a las autoridades italianas la celebración de un acuerdo para la transferencia al régimen de pensiones del BCE de los derechos a pensión adquiridos por los miembros del personal de este en el régimen de pensiones italiano. A tal fin, el BCE remitió al INPS un proyecto de acuerdo de esa índole. Sin embargo, no se ha celebrado acuerdo alguno, ya que la República Italiana no ha adoptado las medidas necesarias para su celebración.
En estas circunstancias, para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, procede examinar las posibles obligaciones derivadas del Derecho de la Unión a cargo de un Estado miembro al que el BCE proponga la celebración de un acuerdo relativo a la transferencia de derechos a pensión.
Procede recordar, a este respecto, que el artículo 4 TUE, al que hace referencia la primera cuestión prejudicial, consagra en su apartado 3 el principio de cooperación leal entre la Unión y sus Estados miembros, en virtud del cual los Estados miembros deberán, en particular, ayudar a la Unión en el cumplimiento de su misión y abstenerse de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los objetivos de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de noviembre de 2021, LR Ģenerālprokuratūra,
C‑3/20
,
EU:C:2021:969
, apartado
).
Pues bien, la imposibilidad de hacer transferir al régimen de pensiones de una institución de la Unión los derechos a pensión adquiridos en el régimen de pensiones de un Estado miembro podría hacer más difícil la selección, por esa institución, de personal con una determinada antigüedad proveniente de ese Estado miembro, dado que la entrada del interesado al servicio de dicha institución podría, a falta de esa trasferencia, privarle en todo o en parte de los derechos a pensión a los que hubiera tenido derecho en caso de no haber entrado al servicio de una institución de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de octubre de 1981, Comisión/Bélgica,
137/80
,
EU:C:1981:237
, apartado
, y de 4 de febrero de 2021, Ministre de la Transition écologique et solidaire y Ministre de l’Action et des Comptes publics,
C‑903/19
,
EU:C:2021:95
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por otra parte, como ha recordado el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, casi todos los Estados miembros de la Unión Económica y Monetaria han celebrado, en algunos casos hace ya mucho tiempo, acuerdos con el BCE para autorizar la transferencia al régimen de pensiones de este de los derechos a pensión adquiridos por los miembros del personal del BCE en sus regímenes nacionales.
En tal situación, tal como ha señalado, en esencia, el Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, los miembros del personal del BCE que hayan adquirido derechos a pensión en el régimen de un Estado miembro que no haya celebrado aún un acuerdo de esta índole con el BCE se encontrarían, sin justificación aparente, en una situación menos favorable que la de sus colegas que sean nacionales de un Estado miembro que haya celebrado con el BCE tal acuerdo, lo que puede infligirles un trato desigual y perjudicar así el buen funcionamiento de esa institución.
Cabe señalar que, en este caso, por lo que se refiere a la transferencia al régimen de pensiones del BCE de los derechos a pensión que los empleados del BCE hayan adquirido en una institución de seguridad social de un Estado miembro, el BCE ha manifestado interés en celebrar acuerdos que establezcan precisamente tal transferencia.
Habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 47 a 50 de la presente sentencia, debe concluirse que el principio de cooperación leal, consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, implica para un Estado miembro la obligación de colaborar con el BCE al objeto de celebrar un acuerdo relativo a la transferencia al régimen de pensiones de este de los derechos adquiridos por los miembros de su personal en el régimen de pensiones de ese Estado miembro.
Es cierto, como ha señalado el Abogado General en el punto 60 de sus conclusiones, que el principio de cooperación leal no puede interpretarse en el sentido de que obliga al Estado miembro a aceptar tal cual un proyecto de acuerdo que le haya podido someter el BCE. No lo es menos que el Estado miembro debe participar activamente y de buena fe en las negociaciones con el BCE al objeto de celebrar con él un acuerdo tras la apertura de las negociaciones, para eliminar los obstáculos que puedan existir, incluida la cuestión de la determinación de un método apropiado de cálculo del importe equivalente a los derechos que hayan de transferirse.
Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que procede responder a la primera cuestión prejudicial que los artículos 45 TFUE y 48 TFUE, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto y el artículo 8, letra a), del anexo III
bis
de las Condiciones de contratación del BCE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen, a falta de un acuerdo celebrado entre el Estado miembro de que se trate y el BCE, a una normativa o a una práctica administrativa de ese Estado miembro que no permite a un miembro del personal del BCE transferir al régimen de pensiones de este el importe correspondiente a los derechos a pensión adquiridos en el régimen de pensiones de dicho Estado miembro. No obstante, el artículo 4 TUE, apartado 3, exige, en virtud del principio de cooperación leal consagrado en esa disposición, que un Estado miembro al que el BCE proponga la celebración de un acuerdo con arreglo al citado artículo 8, letra a), del anexo III
bis
, relativo a la transferencia al régimen de pensiones del BCE de los derechos a pensión adquiridos por los miembros del personal de este en el régimen de pensiones de ese Estado miembro, participe activamente y de buena fe en las negociaciones encaminadas a celebrar con él tal acuerdo tras la apertura de las negociaciones.
Segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que autoriza a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que acuda un miembro del personal del BCE a ordenar la transferencia, al régimen de pensiones de este, de los derechos a pensión adquiridos por el interesado en el régimen de pensiones de dicho Estado miembro, incluso a falta de una disposición de Derecho nacional o de un acuerdo celebrado entre el Estado miembro de que se trate y el BCE que establezca tal transferencia.
Procede señalar, a este respecto, que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la facultad de transferir derechos a pensión, establecida en el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto, constituye un derecho subjetivo reconocido por el Estatuto y que puede ser alegado tanto frente a los Estados miembros como frente a las instituciones de la Unión (sentencia de 14 de junio de 1990, Weiser,
C‑37/89
,
EU:C:1990:254
, apartado
y jurisprudencia citada).
Sin embargo, de los apartados 32 y 43 de la presente sentencia resulta, por una parte, que el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto no se aplica a los miembros del personal del BCE y, por otra, que la transferencia al régimen de pensiones del BCE de los derechos a pensión adquiridos por un miembro del personal de este en el régimen de pensiones de un Estado miembro presupone la celebración de un acuerdo entre el BCE y ese Estado miembro.
De ello se deduce que, a falta de celebración de tal acuerdo entre el BCE y el Estado miembro de que se trate, un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro ante el que acuda un miembro del personal del BCE que haya adquirido derechos a pensión en el régimen de pensiones de dicho Estado miembro no podrá ordenar la transferencia de dichos derechos al régimen de pensiones del BCE.
No obstante, de la respuesta a la primera cuestión prejudicial se desprende que el Estado miembro al que el BCE proponga celebrar un acuerdo relativo a la transferencia de derechos a pensión tiene la obligación, derivada del principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, de participar activamente y de buena fe en las negociaciones con el BCE con el fin de alcanzar un acuerdo.
Si el órgano jurisdiccional competente del Estado miembro de que se trate considera que las autoridades competentes de ese Estado miembro, debido a su indiferencia en cuanto a la apertura de negociaciones con el BCE al objeto de celebrar un acuerdo relativo a la transferencia al régimen de pensiones de este de los derechos a pensión adquiridos por los miembros de su personal en el régimen de pensiones de dicho Estado miembro, no han respetado esa obligación, le corresponderá, con observancia de los principios de equivalencia y de efectividad, tal como resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en particular, la sentencia de 26 de junio de 2019, Craeynest y otros,
C‑723/17
,
EU:C:2019:533
), apartado
, adoptar toda medida eficaz prevista en la normativa procesal nacional aplicable para que esas autoridades participen activamente y de buena fe en las negociaciones con el BCE con el fin de alcanzar tal acuerdo.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no autoriza al órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que acuda un miembro del personal del BCE a ordenar la transferencia, al régimen de pensiones de este, de los derechos a pensión adquiridos por el interesado en el régimen de pensiones de ese Estado miembro, a falta de una disposición de Derecho nacional o de un acuerdo celebrado entre el Estado miembro de que se trate y el BCE que establezca tal transferencia. En cambio, cuando, a causa del incumplimiento por ese Estado miembro de su obligación, derivada del principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, de participar activamente y de buena fe en las negociaciones con el BCE con el fin de celebrar un acuerdo relativo a la transferencia de derechos a pensión, ese miembro del personal del BCE se encuentre en la imposibilidad de hacer transferir al régimen de pensiones del BCE los derechos a pensión que ha adquirido en el régimen de pensiones de dicho Estado miembro, esa disposición exige que ese órgano jurisdiccional adopte todas las medidas previstas en la normativa procesal nacional aplicable a fin de garantizar el respeto de esa obligación por la autoridad nacional competente.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

1)
Los artículos 45 TFUE y 48 TFUE, el artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y el artículo 8, letra a), del anexo III
bis
de la Decisión del Banco Central Europeo (BCE), de 9 de junio de 1998, relativa a la adopción de las condiciones de contratación del personal del Banco Central Europeo, en su versión modificada de 31 de marzo de 1999,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen, a falta de un acuerdo celebrado entre el Banco Central Europeo (BCE) y el Estado miembro de que se trate, a una normativa o a una práctica administrativa de ese Estado miembro que no permite a un miembro del personal del BCE transferir al régimen de pensiones de este el importe correspondiente a los derechos a pensión adquiridos en el régimen de pensiones de dicho Estado miembro. No obstante, el artículo 4 TUE, apartado 3, exige, en virtud del principio de cooperación leal consagrado en esa disposición, que un Estado miembro al que el BCE proponga la celebración de un acuerdo con arreglo al citado artículo 8, letra a), del anexo III
bis
, relativo a la transferencia al régimen de pensiones del BCE de los derechos a pensión adquiridos por los miembros del personal de este en el régimen de pensiones de ese Estado miembro, participe activamente y de buena fe en las negociaciones encaminadas a celebrar con él tal acuerdo tras la apertura de las negociaciones.

2)
El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no autoriza al órgano jurisdiccional de un Estado miembro ante el que acuda un miembro del personal del Banco Central Europeo (BCE) a ordenar la transferencia, al régimen de pensiones de este, de los derechos a pensión adquiridos por el interesado en el régimen de pensiones de ese Estado miembro, a falta de una disposición de Derecho nacional o de un acuerdo celebrado entre el Estado miembro de que se trate y el BCE que establezca tal transferencia. En cambio, cuando, a causa del incumplimiento por ese Estado miembro de su obligación, derivada del principio de cooperación leal consagrado en el artículo 4 TUE, apartado 3, de participar activamente y de buena fe en las negociaciones con el BCE con el fin de celebrar un acuerdo relativo a la transferencia de derechos a pensión, ese miembro del personal del BCE se encuentre en la imposibilidad de hacer transferir al régimen de pensiones del BCE los derechos a pensión que ha adquirido en el régimen de pensiones de dicho Estado miembro, esa disposición exige que ese órgano jurisdiccional adopte todas las medidas previstas en la normativa procesal nacional aplicable a fin de garantizar el respeto de esa obligación por la autoridad nacional competente.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.