CELEX: 62018TJ0343
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado de los condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio
Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE
Coordinación de precios en el conjunto del EEE
Pliego de cargos
Directrices para el cálculo del importe de las multas de 2006
Valor de las ventas
Proporcionalidad
Igualdad de trato
Gravedad de la infracción
Circunstancias atenuantes

)
Antecedentes del litigio
Demandante y sector afectado
La demandante, Tokin Corp., es una sociedad establecida en Japón, que fabrica y vende condensadores electrolíticos de tantalio. Fue conocida con el nombre de NEC Tokin Corporation hasta el 19 de abril de 2017.
Desde el 1 de agosto de 2009 hasta el 31 de enero de 2013, NEC Corp. poseía el 100 % del capital de la demandante.
La infracción de que se trata se refiere a los condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio. Los condensadores son componentes eléctricos que almacenan energía electrostáticamente en un campo eléctrico. Los condensadores electrolíticos se utilizan en casi todos los productos electrónicos, como ordenadores personales, tabletas, teléfonos, climatizadores, refrigeradores, lavadoras, productos de automóviles y aparatos industriales. Por tanto, la clientela está muy diversificada. Los condensadores electrolíticos, y más concretamente los condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio, son productos cuyo precio constituye un parámetro competitivo importante.
Procedimiento administrativo
El 4 de octubre de 2013, Panasonic y sus filiales presentaron ante la Comisión Europea una solicitud de concesión de un indicador con arreglo a los puntos 14 y 15 de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (
DO 2006, C 298, p. 17
; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación de 2006»), facilitando información sobre la existencia de una presunta infracción en el sector de los condensadores electrolíticos.
El 28 de marzo de 2014, la Comisión solicitó información, con arreglo al artículo 18 del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (
DO 2003, L 1, p. 1
), a varias empresas que operan en el sector de los condensadores electrolíticos y, en particular, a la demandante.
El 21 de mayo de 2014, la demandante, junto con Nec, presentó ante la Comisión una solicitud de reducción del importe de la multa con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación de 2006.
El 4 de noviembre de 2015, la Comisión adoptó un pliego de cargos que dirigió, en particular, a la demandante.
Los destinatarios del pliego de cargos, y entre ellos la demandante, fueron oídos por la Comisión en la audiencia que tuvo lugar del 12 al 14 de septiembre de 2016.
Decisión impugnada
El 21 de marzo de 2018, la Comisión adoptó la Decisión C(2018) 1768 final, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 [TFUE] y del artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto AT.40136 — Condensadores) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
Infracción
Mediante la Decisión impugnada, la Comisión declaró la existencia de una infracción única y continuada del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) en el sector de los condensadores electrolíticos, en la que participaron nueve empresas o grupos de empresas, a saber, Elna, Hitachi AIC, Holy Stone, Matsuo, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Rubycon, Sanyo (que designa a Sanyo y Panasonic conjuntamente), Nec y la demandante, denominadas conjuntamente, «NEC Tokin» (en lo sucesivo, consideradas en su conjunto, «participantes en la práctica colusoria») (considerando 1 y artículo 1 de la Decisión impugnada).
La Comisión señaló, en esencia, que la infracción de que se trata se había producido entre el 26 de junio de 1998 y el 23 de abril de 2012, en todo el territorio del EEE, y había consistido en acuerdos y/o prácticas concertadas que tenían por objeto la coordinación de las políticas de precios relativas al suministro de condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio (considerando 1 de la Decisión impugnada).
La práctica colusoria se organizaba esencialmente mediante reuniones multilaterales que tenían generalmente lugar en Japón cada mes o cada dos meses, a nivel de altos directivos de ventas, y cada seis meses, a nivel de dirigentes, incluidos los presidentes (considerandos 63, 68 y 738 de la Decisión impugnada).
Las reuniones multilaterales se organizaron, primero, entre 1998 y 2003, con el nombre de «círculo de los condensadores electrolíticos», «conferencia de los condensadores electrolíticos» o «reuniones ECC». A continuación, se organizaron entre 2003 y 2005, con el nombre de «conferencia aluminio-tantalio», «grupo de los condensadores de aluminio o de tantalio» o «reuniones ATC». Por último, se organizaron entre 2005 y 2012, con el nombre de «grupo de estudio de mercado» o «grupo de
marketing
» (en lo sucesivo, «reuniones MK»). Paralelamente a las reuniones MK, y como complemento de estas, se organizaron reuniones «aumento de costes» o «aumento de condensadores» (en lo sucesivo, «reuniones CUP»), entre 2006 y 2008 (considerando 69 de la Decisión impugnada).
Además de estas reuniones multilaterales, los participantes en la práctica colusoria también mantenían, según las necesidades, contactos bilaterales y trilaterales
ad hoc
(considerandos 63, 75 y 739 de la Decisión impugnada).
En el marco de los intercambios contrarios a la competencia, los participantes en la práctica colusoria intercambiaban, en esencia, información sobre los precios y los precios que se aplicarían en el futuro, sobre las futuras reducciones de precios y las horquillas de esas reducciones, sobre la oferta y la demanda, incluida la oferta y la demanda futuras, y, en algunos casos, concluían, aplicaban y supervisaban acuerdos sobre los precios (considerandos 62, 715, 732 y 741 de la Decisión impugnada).
La Comisión consideró que el comportamiento de los participantes en la práctica colusoria constituía una forma de acuerdo y/o de práctica concertada, que perseguía un objetivo común, a saber, evitar la competencia de precios y coordinar su futuro comportamiento en relación con la venta de condensadores electrolíticos, reduciendo así la incertidumbre en el mercado (considerandos 726 y 731 de la Decisión impugnada).
La Comisión concluyó que el antedicho comportamiento tenía un objeto contrario a la competencia único (considerando 743 de la Decisión impugnada).
Responsabilidad de la demandante y de NEC
La Comisión declaró la responsabilidad de la demandante por su participación directa en la práctica colusoria desde el 29 de enero de 2003 hasta el 23 de abril de 2012, salvo en lo que respecta a las reuniones CUP [considerandos 944 y 1022 y artículo 1, letra e), de la Decisión impugnada].
Asimismo, la Comisión declaró la responsabilidad de Nec en su calidad de sociedad matriz, que poseía la totalidad del capital de la demandante, por lo que respecta al período comprendido entre el 1 de agosto de 2009 y el 23 de abril de 2012, salvo en lo que se refiere a las reuniones CUP [considerandos 945 y 1022 y artículo 1, letra e), de la Decisión impugnada].
Multas impuestas a la demandante
El artículo 2, letras f) y g), de la Decisión impugnada impone, por una parte, una multa por importe de 5036000 euros a la demandante «conjunta y solidariamente» con Nec y, por otra parte, una multa por importe de 8814000 euros a la demandante.
Cálculo del importe de las multas
Para calcular el importe de las multas, la Comisión siguió la metodología expuesta en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
1/2003 (
DO 2006, C 210, p. 2
; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») (considerando 980 de la Decisión impugnada).
En primer lugar, para determinar el importe de base de las multas impuestas a la demandante, la Comisión tuvo en cuenta el valor de las ventas durante el último ejercicio social completo de participación en la infracción, de conformidad con el punto 13 de las Directrices de 2006 (considerando 989 de la Decisión impugnada).
La Comisión calculó el valor de las ventas sobre la base de las ventas de condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio facturadas a clientes establecidos en el EEE (considerando 990 de la Decisión impugnada).
Además, la Comisión calculó el valor pertinente de las ventas por separado para ambas categorías de productos, a saber, los condensadores electrolíticos de aluminio y los condensadores electrolíticos de tantalio, y les aplicó coeficientes multiplicadores diferentes en función de la duración (considerando 991 de la Decisión impugnada).
Por lo que respecta a la demandante, la Comisión aplicó un coeficiente multiplicador por la duración de 9,23, correspondiente al período comprendido entre el 29 de enero de 2003 y el 23 de abril de 2012 (considerando 1007, cuadro 1, de la Decisión impugnada).
La Comisión fijó en el 16 % la proporción del valor de las ventas que debía fijarse en función de la gravedad de la infracción. A este respecto, estimó que los «acuerdos» horizontales de coordinación de los precios formaban parte, por su propia naturaleza, de las infracciones más graves del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE y que la práctica colusoria abarcaba todo el territorio del EEE (considerandos 1001 a 1003 de la Decisión impugnada).
La Comisión aplicó un importe adicional del 16 %, con arreglo al punto 25 de las Directrices de 2006, para asegurarse del carácter suficientemente disuasorio de la multa impuesta (considerando 1009 de la Decisión impugnada).
Por tanto, la Comisión fijó en 16799000 euros el importe de base de la multa que debía imponerse a la demandante, de los cuales 6108000 correspondían al importe de base de la multa que tenía que imponerse a la demandante conjunta y solidariamente con NEC (considerando 1010, cuadro 2, de la Decisión impugnada).
En segundo lugar, por lo que respecta a los ajustes del importe de base de las multas, por una parte, la Comisión concedió a la demandante y a Nec, en concepto de circunstancias atenuantes, una reducción del 3 % del importe de base de la multa debido a que su participación en las reuniones CUP no había quedado acreditada y a que nada probaba que hubiesen tenido conocimiento de ellas (considerando 1022 de la Decisión impugnada).
Por otra parte, la Comisión estimó que, en el momento en que se cometió la infracción controvertida, Nec ya había sido considerada responsable de un comportamiento contrario a la competencia que había sido constatado en la Decisión C(2011) 180/09 final de la Comisión, de 19 de mayo de 2010, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo [101 TFUE] y en el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/38 511 — DRAMs). Por consiguiente, la Comisión estimó que, por lo que atañe a Nec, el importe de base de la multa debía incrementarse en un 50 % en atención a la circunstancia agravante de reincidencia (considerandos 1011 a 1013 de la Decisión impugnada).
En tercer lugar, la Comisión concedió a la demandante y a Nec, por su cooperación con arreglo a la Comunicación sobre la cooperación de 2006, una reducción del 15 % del importe de cualquier multa que, de otro modo, les habría sido impuesta por la infracción (considerandos 1104 y 1105 de la Decisión impugnada).
Por tanto, la Comisión fijó en 16445000 euros el importe total de las multas impuestas a la demandante y a Nec (considerando 1139, cuadro 3, de la Decisión impugnada).
[
omissis
]
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 3 de junio de 2018, la demandante interpuso el presente recurso.
El 26 de septiembre de 2018, la Comisión presentó en la Secretaría del Tribunal su escrito de contestación.
Los escritos de réplica y dúplica se presentaron en la Secretaría del Tribunal el 22 de noviembre de 2018 y el 29 de enero de 2019, respectivamente.
A propuesta de la Sala Segunda del Tribunal, este decidió, de conformidad con el artículo 28 de su Reglamento de Procedimiento, remitir el asunto a una Sala ampliada.
Al modificarse la composición de las Salas del Tribunal, la Juez Ponente fue adscrita a la Sala Novena ampliada, a la que se atribuyó en consecuencia el presente asunto, con arreglo al artículo 27, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento.
A propuesta de la Juez Ponente, el Tribunal (Sala Novena ampliada) decidió iniciar la fase oral del procedimiento y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento, formuló una serie de preguntas escritas a las partes, instándolas a que les dieran respuesta en la vista. En la vista de 12 de octubre de 2020, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
A raíz del fallecimiento del Juez Sr. Berke el 1 de agosto de 2021, los tres Jueces que firman la presente sentencia continuaron con las deliberaciones, de conformidad con los artículos 22 y 24, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.
La demandante solicita al Tribunal que:
–
Con carácter principal, anule el artículo 2, letras f) y g), de la Decisión impugnada, en la medida en que dichas disposiciones le imponen multas.
–
Con carácter subsidiario, reduzca el importe de las multas que se le impusieron.
–
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
La demandante invoca dos motivos en apoyo tanto de sus pretensiones, formuladas con carácter principal, que tienen por objeto la anulación de las multas que se le impusieron, como de sus pretensiones, formuladas con carácter subsidiario, que tienen por objeto la reducción del importe de dichas multas. Estos motivos se basan en diversos errores e infracciones cometidos por la Comisión y relativos, respectivamente, por lo que respecta al primer motivo, al período de referencia elegido para determinar el valor de las ventas a efectos del cálculo del importe de base de las multas y, en lo que atañe al segundo motivo, a la no aplicación, por parte de la Comisión, de un coeficiente de gravedad más bajo debido a que la demandante no participó en las reuniones CUP.
Sobre las pretensiones de anulación de la Decisión impugnada
[
omissis
]
Sobre el primer motivo, relativo al período de referencia elegido para determinar el valor de las ventas a efectos del cálculo del importe de base de las multas
[
omissis
]
–
Primera parte del primer motivo, basada en la inobservancia de los límites impuestos a la facultad de apreciación de la Comisión en virtud del artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.
o
1/2003 y en la violación del principio de proporcionalidad
En el marco de la primera parte del primer motivo, la demandante alega que la Comisión sobrepasó los límites impuestos a su facultad de apreciación en virtud del artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.
o
1/2003 y violó el principio de proporcionalidad al utilizar, para el cálculo del importe de base de la multa, el valor de las ventas de la demandante durante el último año completo de participación en la infracción.
[
omissis
]
En tercer lugar, procede desestimar la alegación de la demandante basada en el hecho de que la Comisión modificó la fecha de finalización de la infracción sabiendo que esa modificación produciría el efecto de multiplicar el valor de las ventas de la demandante y, por consiguiente, el importe de la multa.
En el caso de autos, es cierto que procede señalar que el pliego de cargos remitido por la Comisión indicaba que la demandante había participado en la infracción hasta el 11 de diciembre de 2013 (véase el apartado 310 del pliego de cargos), mientras que, en la Decisión impugnada, la Comisión indica, por una parte, que la duración de la infracción de que se trata esta acreditada hasta el 23 de abril de 2012 y, por otra parte, que la demandante participó en ella hasta esa fecha [véase el considerando 971 y el artículo 1, letra e), de la Decisión impugnada].
No obstante, procede recordar que, para respetar el derecho de defensa en la tramitación de los procedimientos administrativos en materia de política de la competencia, el artículo 27, apartado 1, del Reglamento n.
o
1/2003 prevé el envío a las partes de un pliego de cargos. Según reiterada jurisprudencia, este pliego debe exponer con claridad todos los elementos esenciales en los que se apoya la Comisión en esta fase del procedimiento. Esta indicación se puede hacer de manera resumida y no es necesario que la decisión sea una copia del pliego de cargos, ya que dicho pliego constituye un documento preparatorio cuyas apreciaciones de hecho y de Derecho son de carácter meramente provisional (véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión,
C‑448/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:801
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
Dado que la apreciación de los hechos tomados en consideración en el pliego de cargos solo puede ser, por definición, provisional, no cabe anular una decisión posterior de la Comisión por la mera razón de que las conclusiones definitivas basadas en esos hechos no coincidan exactamente con esa apreciación provisional (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión,
C‑448/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:801
, apartado
).
En este contexto, la Comisión debe oír a los destinatarios de un pliego de cargos y, en su caso, tener en cuenta las observaciones de estos en respuesta a los cargos formulados modificando su análisis, precisamente para respetar su derecho de defensa. De este modo, debe permitirse a la Comisión precisar su apreciación en su decisión final, teniendo en cuenta los elementos resultantes del procedimiento administrativo, bien para abandonar los cargos que hubieran resultado mal fundados, bien para adaptar o completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación en apoyo de los cargos que mantiene, a condición, no obstante, de tomar en consideración únicamente los hechos sobre los que los interesados hayan tenido la oportunidad de explicarse y de haberles facilitado, en el transcurso del procedimiento administrativo, los datos necesarios para su defensa (véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión,
C‑448/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:801
, apartado
y jurisprudencia citada).
Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento de control de las operaciones de concentración de empresas, la Comisión no está obligada a mantener las apreciaciones de hecho y de Derecho contenidas en el pliego de cargos. Por el contrario, debe motivar su decisión final mediante apreciaciones definitivas basadas en los resultados de la totalidad de su investigación, tal como estos se presentan en el momento de la clausura del procedimiento formal. Además, la Comisión no está obligada a explicar eventuales diferencias en relación con sus apreciaciones provisionales formuladas en el pliego de cargos (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 10 de julio de 2008, Bertelsmann y Sony Corporation of America/Impala,
C‑413/06 P
,
EU:C:2008:392
, apartados
y
). Esta jurisprudencia es extrapolable a un procedimiento de aplicación del artículo 101 TFUE, como el del presente asunto.
En el caso de autos, procede señalar que la fecha de finalización de la infracción indicada en el pliego de cargos tenía un carácter meramente provisional y que la Comisión todavía podía modificarla con posterioridad a este, hasta que se adoptase una decisión definitiva. Por tanto, no puede reprocharse a la Comisión haber tenido en cuenta, en la Decisión impugnada, una fecha de finalización de la infracción distinta de la que había mencionado en el pliego de cargos. Por consiguiente, la Decisión impugnada no puede anularse por el mero hecho de que, en dicha Decisión, la Comisión fijara una fecha de finalización de la infracción distinta de la que fijó, con carácter provisional, en la fase del pliego de cargos.
En cualquier caso, para empezar, de los escritos de la demandante y de su respuesta a una pregunta que se le formuló en la vista se desprende que la demandante no niega la fecha de finalización de la infracción indicada en la Decisión impugnada. Tampoco cuestiona el hecho de que participara en esa infracción desde el 29 de enero de 2003 hasta el 23 de abril de 2012 y de que, por consiguiente, el último año completo de su participación en la infracción corresponde al período comprendido entre el 1 de abril de 2011 y el 31 de marzo de 2012.
A continuación, procede señalar que la decisión de la Comisión relativa a la fijación de la fecha de finalización de la infracción se basa necesariamente en elementos relativos a la propia infracción y no en normas aplicables al cálculo del importe de las multas. Por consiguiente, tal decisión no puede traducirse, en sí misma, en una infracción de estas últimas normas.
Por último, en el presente asunto, aun suponiendo que el importe de la multa impuesta a la demandante sea más elevado debido a la utilización por la Comisión del último año completo de participación en la infracción en la infracción como año de referencia para el cálculo del valor de las ventas, debe observarse que ese incremento es, en cualquier caso, el resultado de la aplicación por la Comisión de la norma que figura en el punto 13 de las Directrices de 2006 y, por tanto, del método de cálculo del importe de la multa previsto en esas Directrices.
Pues bien, como alega la Comisión, el Tribunal ya ha declarado que la reducción de la duración de la infracción puede dar lugar a una multa más elevada, cuando ello es el resultado de la aplicación, por esta institución, del método de cálculo del importe de la multa previsto en las Directrices de 2006 (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de mayo de 2015, Timab Industries y CFPR/Comisión,
T‑456/10
,
EU:T:2015:296
, apartados
y
).
Asimismo, debe señalarse que la demandante no formula ninguna alegación pormenorizada en apoyo de la supuesta violación del principio de proporcionalidad. En cualquier caso, de lo anterior no se desprende que la Comisión haya violado el principio de proporcionalidad en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 63 anterior, al aplicar la norma del punto 13 de las Directrices de 2006 al caso de autos y al fijar la fecha de finalización de la infracción en una fecha anterior a la indicada en el pliego de cargos.
En consecuencia, procede desestimar la primera parte del primer motivo.
–
Segunda parte del primer motivo, basada en la violación de los principios de no discriminación y de igualdad de trato
En el marco de la segunda parte del primer motivo, la demandante sostiene que la Comisión violó el principio de igualdad de trato y creó un riesgo de discriminación. Por una parte, a su entender, utilizó el último año completo de la participación en la infracción para determinar el valor de las ventas de la demandante, sabiendo que ello daría lugar a una multa considerablemente más elevada. Por otra parte, según la demandante, la Comisión aplicó tres metodologías diferentes para elegir el año de referencia, dando lugar dichas metodologías a siete años de referencia diferentes. En efecto, a su juicio, la Comisión utilizó años de referencia diferentes para varios destinatarios de la Decisión impugnada, a saber, para Nippon, Hitachi, Nichicon, Elna y Sanyo.
[
omissis
]
Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato solo se infringe cuando se tratan de manera diferente situaciones que son comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado (véanse las sentencias de 5 de diciembre de 2013, Solvay/Comisión,
C‑455/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:796
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2014, Esso y otros/Comisión,
T‑540/08
,
EU:T:2014:630
, apartado
y jurisprudencia citada).
Es preciso recordar también que, por una parte, en la medida en que procede basarse en el volumen de negocios de las empresas implicadas en una misma infracción con el fin de determinar las relaciones entre las multas que hay que imponer, conviene delimitar el período que se debe tener en cuenta de manera que los volúmenes obtenidos sean lo más comparables posible. De ello se sigue que una empresa determinada no puede exigir que la Comisión se base, con respecto a ella, en un período diferente del considerado para la generalidad, salvo que demuestre que el volumen de negocios por ella alcanzado durante el referido período no constituye, por razones que le son propias, una indicación de su verdadera dimensión y potencia económica ni de la gravedad de la infracción que ha cometido (véase la sentencia de 11 de julio de 2014, Sasol y otros/Comisión,
T‑541/08
,
EU:T:2014:628
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por otra parte, procede recordar que, para el cálculo del importe de las multas impuestas a las empresas que han participado en una práctica colusoria, un trato diferenciado entre las empresas afectadas es inherente al ejercicio de las facultades que corresponden a la Comisión en la materia. En efecto, dentro de su margen de apreciación, la Comisión debe individualizar la sanción en función de las conductas y de las características propias de las empresas afectadas, con el fin de garantizar, en cada caso concreto, la plena eficacia de las normas de la Unión sobre la competencia (véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Caffaro/Comisión,
C‑447/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:797
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, del considerando 989 de la Decisión impugnada se desprende que, para determinar el importe de base de las multas que debía imponerse, la Comisión, invocando la norma que figura en el punto 13 de las Directrices de 2006, utilizó el último año completo (más concretamente, el último ejercicio social completo) de participación en la infracción como período de referencia para calcular el valor de las ventas de todos los participantes en la práctica colusoria, con excepción de Elna y de Nippon Chemi-Con.
Además, del considerando 991 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión calculó el valor de las ventas por separado para las dos categorías de productos, a saber, los condensadores electrolíticos de aluminio y los condensadores electrolíticos de tantalio (véase el apartado 24 anterior).
Asimismo, del considerando 1007, cuadro 1, de la Decisión impugnada se desprende que, habida cuenta de los diferentes períodos de infracción y de los diferentes ejercicios sociales de las empresas de que se trata, el último año completo (o incluso el último ejercicio social completo) de participación en la infracción no era siempre el mismo para las empresas afectadas.
En particular, de los considerandos 987 a 991 y 1007 de la Decisión impugnada se desprende que, por lo que respecta a la demandante, la Comisión consideró que había participado en la infracción hasta el 23 de abril de 2012 y que el último ejercicio completo antes de que finalizara la infracción era el comprendido entre abril de 2011 y marzo de 2012.
Por lo que respecta a Nichicon, la Comisión estimó que había participado en la infracción relativa a los condensadores electrolíticos de tantalio hasta el 9 de marzo de 2010 y que el último ejercicio completo antes de que finalizara la infracción relativa a esos condensadores era el comprendido entre abril de 2008 y marzo de 2009. Además, la Comisión estimó que había participado en la infracción relativa a los condensadores electrolíticos de aluminio hasta el 31 de mayo de 2010 y que el último ejercicio completo antes de que finalizara la infracción relativa a esos condensadores era el comprendido entre abril de 2009 y marzo de 2010.
En cuanto a Hitachi, la Comisión consideró que había participado en la infracción hasta el 18 de febrero de 2010 y que el último ejercicio completo antes de que finalizara la infracción era el comprendido entre abril de 2008 y marzo de 2009.
Por lo que atañe a Sanyo, la Comisión estimó que habían participado en la infracción hasta el 19 de abril de 2011 y que el último ejercicio completo antes de que finalizara la infracción era el comprendido entre abril de 2010 y marzo de 2011.
Por otra parte, por lo que respecta a Elna y a Nippon Chemi-Con, la Comisión estimó que, dado que Elna y Nippon Chemi-Con habían dejado de vender condensadores electrolíticos de tantalio antes de que finalizaran su participación en la infracción, procedía, por lo que atañe a esos condensadores, tener en cuenta el valor de las ventas durante el último ejercicio completo en el que dichas empresas los vendieron para evitar que el valor de las ventas infravalorase la importancia económica de la infracción. Así, por lo que respecta a Elna, la Comisión consideró que, habida cuenta de que había dejado de vender condensadores electrolíticos de tantalio el 1 de agosto de 2010, procedía tener en cuenta el año 2009 para determinar el valor de las ventas. Por lo que atañe a Nippon Chemi-Con, la Comisión estimó que procedía tomar en consideración, como año de referencia, por un lado, el último año completo de participación en la infracción por lo que respecta al valor de las ventas de los condensadores electrolíticos de aluminio, a saber, el año 2011‑2012, y, por otro lado, el último año completo durante el cual esta empresa vendió condensadores electrolíticos de tantalio, en lo que respecta al valor de las ventas de estos últimos, a saber, el año 2003‑2004 (véanse los considerandos 9 y 34 y la nota a pie de página 1643 de la Decisión impugnada).
De todo lo anterior resulta que, en primer lugar, para determinar el importe de base de las multas que procedía imponer, por una parte, la Comisión utilizó para todos los participantes en la práctica colusoria, excepto Elna y Nippon Chemi-Con, el criterio que figura en el punto 13 de las Directrices de 2006, teniendo en cuenta el valor de las ventas realizadas durante el último ejercicio social completo de su participación en la infracción. Por otra parte, la Comisión calculó por separado, para todos los participantes en la práctica colusoria, el valor pertinente de las ventas de las dos categorías de productos afectados, a saber, los condensadores electrolíticos de aluminio y de tantalio (véanse los apartados 102 y 103 anteriores).
Es cierto que la aplicación del criterio que figura en el punto 13 de las Directrices de 2006 no dio lugar a la utilización del mismo período anual para las siete empresas afectadas por dicho criterio, habida cuenta de los diferentes períodos de infracción que se les imputaban (véanse los apartados 105 a 108 anteriores).
Sin embargo, procede señalar que la Comisión aplicó de manera coherente y objetiva el criterio del último año completo de participación en la infracción a las siete empresas implicadas. En efecto, la diferencia observada entre los períodos anuales considerados respecto a ellas no es sino el resultado de la aplicación de dicho criterio, que tiene en cuenta los diferentes períodos de participación en la infracción y los diferentes ejercicios sociales de las empresas de que se trata (véanse los apartados 105 a 108 anteriores).
Además, aunque los períodos anuales de que se trata no corresponden al mismo año civil o al mismo ejercicio social, no es menos cierto que los volúmenes de negocios obtenidos por cada empresa durante esos años son comparables entre sí. En efecto, por una parte, por lo que respecta a todos los participantes en la práctica colusoria, con excepción de Elna y Nippon Chemi-Con, dichos períodos anuales se eligieron según el mismo criterio objetivo, el del último año completo de su participación en la infracción. Por otra parte, por lo que respecta a todos los participantes en la práctica colusoria, la Comisión siguió el mismo método de cálculo, tomando en consideración por separado el valor de las ventas de cada uno de los dos tipos de condensadores afectados.
Por tanto, el método de cálculo del valor de las ventas seguido por la Comisión no es arbitrario y no conduce, en sí mismo, a una violación de los principios de no discriminación y de igualdad de trato.
Además, como se ha señalado en el apartado 78 anterior, la demandante no ha demostrado que el año de referencia que se le aplicó, mediante la aplicación de dicho criterio uniforme, no fuera representativo de su verdadera dimensión y potencia económica en el mercado o de la amplitud de su infracción.
En segundo lugar, de ello resulta que el hecho de que la Comisión no utilizase el último año completo de participación en la infracción como criterio para determinar el valor de las ventas de los condensadores electrolíticos de tantalio de Elna y de Nippon Chemi-Con (véase el apartado 109 anterior) está en el caso de autos objetivamente justificado por la diferencia entre la situación de esas dos empresas y la de los otros siete participantes en la práctica colusoria. En efecto, contrariamente a estos últimos, las dos primeras empresas habían dejado de vender ese tipo de condensadores antes de que finalizara su participación en la infracción, lo que, por otra parte, la demandante no pone en entredicho.
Pues bien, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, cuando, para una empresa determinada, el volumen de negocios correspondiente al año de referencia tenido en cuenta con respecto a los demás participantes en la práctica colusoria no constituye una indicación útil y fiable de la situación económica real de esa empresa durante el período de la infracción, la Comisión está facultada para tomar en consideración el volumen de negocios de dicha empresa correspondiente a un año diferente de ese año de referencia común para poder evaluar correctamente los recursos financieros de esta y garantizar que el carácter disuasorio de la multa sea suficiente, siempre y cuando la elección del año se lleve a cabo conforme a un criterio coherente y objetivamente justificado (véase la sentencia de 5 de diciembre de 2013, Caffaro/Comisión,
C‑447/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:797
, apartado
y jurisprudencia citada).
En este contexto, la Comisión no incurrió en error al considerar que debería tenerse en cuenta el valor de las ventas durante el último ejercicio completo en el cual esas dos empresas vendieron condensadores electrolíticos de tantalio para, por una parte, tomar en consideración la situación económica real de esas empresas durante el período de la infracción y, por otra parte, evitar que el valor de las ventas infravalore la importancia económica de la infracción.
Asimismo, procede señalar, como hace la Comisión, que el hecho de que la determinación del valor de las ventas haya podido ser más ventajosa para algunos participantes en la práctica colusoria que para la demandante no constituye, en sí, una discriminación. La tesis de la demandante supone que la determinación del importe de la multa que ha de imponer la Comisión es el resultado de un ejercicio aritmético preciso, que puede conducir a la imposición de una multa de un importe lo menos elevado posible, suposición que es errónea habida cuenta del punto 6 de las Directrices de 2006 y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, por analogía, la sentencia de 16 de febrero de 2017, H&R ChemPharm/Comisión,
C‑95/15 P
, no publicada,
EU:C:2017:125
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por tanto, contrariamente a lo que alega la demandante, la Comisión no creó un riesgo de discriminación ni violó el principio de igualdad de trato en la medida en que, por una parte, para determinar el valor de las ventas de los participantes en la práctica colusoria optó por el criterio general del último año completo de participación en la infracción y, por otra parte, aplicó, al considerar por separado el valor de las ventas de los dos tipos de condensadores electrolíticos de que se trata, un criterio distinto respecto de dos empresas que, a diferencia de los demás participantes, habían dejado de vender uno de los tipos de esos condensadores varios años antes de que finalizara su participación en la práctica colusoria.
[
omissis
]
En estas circunstancias, procede considerar que la demandante no ha demostrado que la Comisión haya sobrepasado los límites de su facultad de apreciación en materia de fijación del importe de las multas y violado los principios de no discriminación y de igualdad de trato al fijar el año de referencia para determinar el importe de las ventas que deben tenerse en cuenta para calcular el importe de base de las multas.
Por tanto, procede desestimar la segunda parte del primer motivo y, en consecuencia, este en su totalidad.
Sobre el segundo motivo, relativo a la no aplicación por parte de la Comisión de un coeficiente de gravedad más bajo
[
omissis
]
La Comisión rebate estas alegaciones.
[
omissis
]
A este respecto, procede recordar que, conforme a los puntos 19 a 22 de las Directrices de 2006, uno de los dos factores en los que se basa el importe de base de la multa es la proporción del valor de las ventas de que se trate determinada en función del grado de gravedad de la infracción. La apreciación de la gravedad se hará caso por caso para cada tipo de infracción, considerando todas las circunstancias pertinentes. Con el fin de decidir el nivel de la proporción del valor de las ventas considerada en un determinado caso, la Comisión tendrá en cuenta una serie de factores, como la naturaleza de la infracción, la cuota de mercado combinada de todas las partes interesadas, la dimensión geográfica de la infracción y la aplicación efectiva de la infracción.
Además, según reiterada jurisprudencia, la gravedad de la infracción debe ser objeto de una apreciación individual. Así, para la determinación de los importes de las multas, procede tener en cuenta la duración de las infracciones y todos los elementos que pueden influir en la apreciación de la gravedad de estas, como el comportamiento de cada una de las empresas, el papel de cada una de ellas en el establecimiento de las prácticas concertadas, el beneficio que han podido obtener de tales prácticas, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que representan las infracciones de ese tipo para la Unión (véanse las sentencias de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión,
C‑272/09 P
,
EU:C:2011:810
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión,
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
, apartado
y jurisprudencia citada). Entre esos factores figuran también el número y la intensidad de las conductas contrarias a la competencia (véase la sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión,
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, procede señalar que, en la Decisión impugnada, la Comisión concluyó que existía una infracción única y continuada que abarcaba todo el territorio del EEE y consistente en acuerdos y/o prácticas concertadas que tenían por objeto la coordinación de las políticas de precios relativas al suministro de condensadores electrolíticos de aluminio y tantalio (véanse los apartados 10 y 11 anteriores). La Comisión constató la responsabilidad de la demandante por esta infracción única y continuada, pero sin que su responsabilidad se extendiera a las reuniones CUP, respecto de las cuales la Comisión estimó que la participación de la demandante no había quedado acreditada (véase el apartado 18 anterior).
Habida cuenta de estas circunstancias y, en particular, de la naturaleza y del alcance geográfico de la infracción, la Comisión fijó en un porcentaje del 16 % la proporción del valor de las ventas que debía tomarse en consideración en función de la gravedad de la infracción (véase el apartado 26 anterior).
Además, la Comisión concedió a la demandante y a NEC una reducción del 3 % del importe de base de la multa debido a que su participación en las reuniones CUP no había quedado acreditada y a que nada probaba que hubiesen tenido conocimiento de ellas (véase el apartado 29 anterior).
De ello se deduce que, en el presente asunto, en un primer momento la Comisión aplicó un coeficiente de gravedad de la infracción del 16 % y que, en un segundo momento, apreció el comportamiento individual de la demandante y le concedió en concepto de circunstancias atenuantes una reducción del 3 % del importe de base de la multa debido a que su participación en las reuniones CUP no había quedado acreditada.
Las alegaciones de la demandante no desvirtúan esta apreciación de la Comisión.
En primer lugar, contrariamente a lo que alega la demandante, el enfoque de la Comisión consistente en tener en cuenta la no participación de la demandante en las reuniones CUP en concepto de circunstancias atenuantes no es contrario a la jurisprudencia.
Por una parte, procede, para empezar, señalar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión puede tener en cuenta la gravedad relativa de la participación de una empresa en una infracción y las circunstancias particulares del asunto, ya sea a la hora de apreciar la gravedad de la infracción en el sentido del artículo 23 del Reglamento n.
o
1/2003 o bien para ajustar el importe de base en función de circunstancias atenuantes o agravantes. El otorgamiento a la Comisión de esa opción es conforme con la jurisprudencia recordada en el apartado 132 anterior, toda vez que, en cualquier caso, es necesario tener en cuenta el comportamiento individual de la empresa de que se trate para determinar el importe de la multa (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartados
y
, y de 26 de enero de 2017, Laufen Austria/Comisión,
C‑637/13 P
,
EU:C:2017:51
, apartado
y jurisprudencia citada).
Así pues, aun suponiendo que los apartados 135 a 138 de la sentencia de 16 de noviembre de 2011, Sachsa Verpackung/Comisión (
T‑79/06
, no publicada,
EU:T:2011:674
), y los apartados 62, 63 y 65 a 67 de la sentencia de 10 de octubre de 2014, Soliver/Comisión (
T‑68/09
,
EU:T:2014:867
), respalden la posición de la demandante según la cual su no participación en las reuniones CUP debería haberse tenido en cuenta al determinar el coeficiente de gravedad de la infracción y no como circunstancia atenuante, este enfoque no se ve apoyado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 139 anterior, confirmada con posterioridad al pronunciamiento de las sentencias del Tribunal General antes mencionadas. En efecto, de esta jurisprudencia se desprende que la Comisión dispone de un margen de apreciación para tener en cuenta el comportamiento individual de una empresa concreta en una u otra de estas fases del cálculo del importe de la multa.
Es preciso añadir que, en virtud del principio de igualdad de trato, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 99 anterior, la toma en consideración, para apreciar la gravedad de una infracción, de diferencias entre las empresas que participaron en una misma práctica colusoria, en particular en relación con el alcance geográfico de sus respectivas participaciones, no debe necesariamente producirse al fijarse los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional». También puede producirse en otra fase del cálculo del importe de la multa, como en el momento de ajustar el importe de base en función de circunstancias atenuantes y agravantes, con arreglo a los puntos 28 y 29 de las Directrices de 2006.
[
omissis
]
En segundo lugar, procede señalar que no cabe acoger la alegación de la demandante de que la Comisión la consideró responsable de una infracción «que no cometió».
A este respecto, ha de recordarse, para empezar, que la demandante no solicita la anulación de la Decisión impugnada en la medida en que declara su responsabilidad por la infracción de que se trata, sino en la medida en que le impone multas.
A continuación, procede observar que la no participación de la demandante en las reuniones CUP no cambia en modo alguno el hecho de que la demandante participara en una infracción de la misma naturaleza y dimensión geográfica que la de los demás participantes en la práctica colusoria.
En efecto, como se desprende de los apartados 12 y 13 anteriores, la práctica colusoria de que se trata estaba organizada mediante reuniones multilaterales que se celebraban a nivel de los altos directivos de ventas y de alta dirección, así como mediante contactos bilaterales y trilaterales
ad hoc
entre los participantes. Dichas reuniones multilaterales, que tenían lugar cada mes o cada dos meses entre los años 1998 y 2012, se organizaban sucesivamente con el nombre de «reuniones ECC», «reuniones ATC», «reuniones MK» y «reuniones CUP». Las reuniones CUP eran reuniones paralelas a las reuniones MK, celebradas como complemento de estas, y eran «reuniones oficiosas» de las reuniones MK, ya que se organizaban generalmente una semana después de estas. Pues bien, aunque no se ha demostrado la participación de la demandante en las reuniones CUP, ha quedado acreditado que la demandante participó en las demás reuniones, en particular en las reuniones MK.
En este contexto, dado que la demandante participó en la gran mayoría de las reuniones multilaterales mediante las que se organizaba la práctica colusoria de que se trata, el mero hecho de que no participara en las reuniones CUP no puede modificar la naturaleza o el alcance geográfico de su infracción. Por tanto, la demandante alega erróneamente que el alcance de la infracción que se le imputó es diferente del de la infracción imputada a los demás participantes en la práctica colusoria.
Por último, en cuanto al coeficiente de gravedad aplicado en la Decisión impugnada, procede recordar que, por regla general, la proporción del valor de las ventas que se tendrá en cuenta se fijará en un nivel que podrá alcanzar hasta el 30 % (véase el punto 21 de las Directrices de 2006). Además, con el fin de decidir la proporción del valor de las ventas que debe tomarse en consideración en un determinado caso dentro de ese límite del 30 %, la Comisión tendrá en cuenta una serie de factores, como la naturaleza de la infracción, la cuota de mercado combinada de todas las partes interesadas, la dimensión geográfica de la infracción y la aplicación efectiva o no de la infracción (punto 22 de las Directrices de 2006). Dado que las restricciones de la competencia más graves, como los acuerdos horizontales de fijación de precios, deben ser sancionados con severidad, la proporción de las ventas considerada para este tipo de infracciones se situará generalmente en el extremo superior de la escala (punto 23 de las Directrices de 2006).
En el presente asunto, la Comisión fijó el coeficiente de gravedad en el 16 %, teniendo en cuenta, por una parte, el hecho de que los «acuerdos» horizontales de coordinación de los precios formaban parte, por su propia naturaleza, de las infracciones más graves del artículo 101 TFUE y, por otra parte, que la práctica colusoria abarcaba todo el territorio del EEE (véase el apartado 26 anterior). Así, dicho porcentaje se fijó en un importe ligeramente superior al tramo medio de la escala del coeficiente de gravedad, que puede alcanzar hasta el 30 % del valor de las ventas. En estas circunstancias, habida cuenta de la naturaleza y del alcance geográfico de la infracción, no puede considerarse que el coeficiente de gravedad del 16 % no sea apropiado o sea demasiado elevado con respecto a la gravedad de la infracción cometida por la demandante, por el mero hecho de que esta no hubiese participado en las reuniones CUP.
De todo lo anterior resulta que el hecho de que, en el caso de autos, la Comisión aplicara un coeficiente de gravedad del 16 % a todos los participantes en la práctica colusoria y tuviera en cuenta la no participación de la demandante en las reuniones CUP concediéndole una reducción del importe de base de la multa en concepto de circunstancias atenuantes no puede constituir una infracción del artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.
o
1/2003 ni una violación del principio de responsabilidad personal.
Por consiguiente, debe desestimarse el segundo motivo.
[
omissis
]
Sobre las pretensiones de reducción del importe de las multas impuestas a la demandante
Con carácter subsidiario, la demandante solicita al Tribunal que ejerza su competencia jurisdiccional plena para recalcular, e incluso reducir, el importe de las multas que se le impusieron. La demandante sostiene que las multas deben recalcularse, por una parte, utilizando en ese cálculo la media de las ventas realizadas por ella en el EEE durante todo el período de infracción del que se dispone de datos y, por otra parte, aplicando una reducción de al menos el 3 % del coeficiente de gravedad.
[
omissis
]
En primer lugar, en cuanto a la pretensión de la demandante de que el Tribunal recalcule el valor de las ventas pertinente para el cálculo del importe de base de la multa, debe señalarse de entrada que la demandante no presenta una verdadera alternativa al criterio recogido en el punto 13 de las Directrices de 2006, utilizado por la Comisión. En efecto, el período indicado por la demandante para determinar un valor «medio» de las ventas, a saber, el comprendido entre agosto de 2007 y marzo de 2012, parece haber sido elegido por la demandante por la única razón de que se trata del período sobre el que se dispone de datos.
En estas circunstancias, no puede acogerse la alegación de la demandante en la que propone la aplicación de un criterio para determinar el valor de las ventas que, por un lado, no ofrece ninguna indicación que permita asegurarse de que dicho valor de las ventas así calculado será representativo de su dimensión y de su potencia económica o del alcance de la infracción y, por otro lado, no permite respetar el principio de igualdad de trato, como, por otra parte, admite la propia demandante (véase el apartado 49 anterior).
Como se desprende de los apartados 112 y 113 anteriores, el criterio del último año completo de participación en la infracción se aplicó, en el caso de autos, de forma coherente y objetiva con respecto a todos los participantes en la práctica colusoria que se encontraban en una situación comparable o idéntica. Además, resulta que, por lo que atañe a Elna y Nippon Chemi-Con, estas habían dejado de vender condensadores electrolíticos de tantalio antes de que finalizara su participación en la infracción, encontrándose, por ello, en una situación diferente de la de los otros siete participantes en la infracción.
Por consiguiente, el hecho de que la Comisión utilizara otro año para determinar el valor de las ventas de condensadores electrolíticos de tantalio de Elna y de Nippon Chemi-Con está objetivamente justificado en el caso de autos por la diferente situación de estas dos empresas, que habían dejado de vender este tipo de condensadores antes de que finalizara su participación en la infracción. En este contexto, ni la Comisión ni el Tribunal pueden aplicar criterios idénticos a situaciones diferentes, so pena de que el valor de las ventas tomado en consideración subestime la importancia económica de la infracción (véanse los apartados 116 y 118 anteriores).
Por tanto, no puede justificarse, en particular, en virtud de la igualdad de trato y de la proporcionalidad, que se modifique la determinación del valor de las ventas pertinente para el cálculo del importe de base de la multa de la demandante, tal como se estableció en la Decisión impugnada.
[
omissis
]
Por consiguiente, deben desestimarse las pretensiones de reducción del importe de las multas impuestas a la demandante y, por tanto, el recurso en su totalidad.
[
omissis
]

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena ampliada)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Tokin Corp. cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

Costeira
Gratsias
Kancheva
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de septiembre de 2021.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.