CELEX: 62019CJ0255
Procedimiento prejudicial
Directiva 2004/83/CE
Normas mínimas relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria
Condición de refugiado
Artículo 2, letra c)
Cese del estatuto de refugiado
Artículo 11
Variación de las circunstancias
Artículo 11, apartado 1, letra e)
Posibilidad de reclamar la protección del país de origen
Criterios de apreciación
Artículo 7, apartado 2
Apoyo económico y social
Falta de pertinencia

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2, letra c), del artículo 7, y del artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (
DO 2004, L 304, p. 12
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Secretary of State for the Home Department (Ministro del Interior, Reino Unido) y OA, nacional somalí, en relación con la revocación del estatuto de refugiado de este.
Marco jurídico
Derecho internacional
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, [
Recopilación de Tratados de las Naciones Unidas
, vol. 189 p. 150, n.
o
2545 (1954)], entró en vigor el 22 de abril de 1954. Fue completada por el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, que a su vez entró en vigor el 4 de octubre de 1967 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra»).
En virtud del artículo 1, sección A, número 2, párrafo primero, de la Convención de Ginebra, el término «refugiado» se aplicará a toda persona que «debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él».
El artículo 1, sección C, número 5, de la citada Convención dispone lo siguiente:
«En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección A precedente:
[…]
5. si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad.
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.»
Derecho de la Unión
El considerando 3 de la Directiva 2004/83 señala que «la Convención de Ginebra y el Protocolo constituyen la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados».
El artículo 1 de esta Directiva dispone:
«El objeto de la presente Directiva es el establecimiento de normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida.»
A tenor del artículo 2, letras c) a e), de dicha Directiva:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
c)
“refugiado”: nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;
d)
“estatuto de refugiado”: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado;
e)
“persona con derecho a protección subsidiaria”: un nacional de un tercer país o un apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplican los apartados 1 y 2 del artículo 17, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país.»
El artículo 7 de la misma Directiva, con la rúbrica «Agentes de protección», establece en sus apartados 1 y 2:
«1.   Podrán proporcionar protección:
a)
el Estado, o
b)
partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio.
2.   En general se entenderá que existe protección cuando los agentes mencionados en el apartado 1 tomen medidas razonables para impedir la persecución o el sufrimiento de daños graves, entre otras la disposición de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución o de daños graves, y el solicitante tenga acceso a dicha protección.»
Con arreglo al artículo 9 de la Directiva 2004/83, titulado «Actos de persecución»:
«1.   Los actos de persecución en el sentido de la sección A del artículo 1 de la Convención de Ginebra deberán:
a)
ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos que no puedan ser objeto de excepciones al amparo del apartado 2 del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950; en lo sucesivo, “CEDH”], o bien
b)
ser una acumulación de varias medidas, incluidas las violaciones de los derechos humanos, que sea lo suficientemente grave como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada en la letra a).
2.   Los actos de persecución definidos en el apartado 1 podrán revestir, entre otras, las siguientes formas:
a)
actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual;
[…]
3.   De conformidad con lo previsto en la letra c) del artículo 2, los motivos mencionados en el artículo 10 y los actos de persecución definidos en el apartado 1 del presente artículo deberán estar relacionados.»
El artículo 11 de esta Directiva, con la rúbrica «Cese», dispone lo siguiente en su apartado 1, letra e), y en su apartado 2:
«1.   Los nacionales de terceros países y los apátridas dejarán de ser refugiados en caso de que:
[…]
e)
ya no puedan continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados;
[…]
2.   Al considerar lo dispuesto en las letras e) y f) del apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para dejar de considerar fundados los temores del refugiado a ser perseguido.»
El artículo 15 de la citada Directiva, titulado «Daños graves», tiene la siguiente redacción:
«Constituirán daños graves:
a)
la condena a la pena de muerte o su ejecución, o
b)
la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen, o
c)
las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.»
La Directiva 2004/83 fue derogada, con efectos a partir del 21 de diciembre de 2013, por la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (
DO 2011, L 337, p. 9
). De conformidad con el considerando 50 de esta última Directiva, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte no participó en la adopción de dicha Directiva y no está vinculado ni sujeto a su aplicación.
Derecho del Reino Unido
El artículo 4, apartados 1 y 2, del Refugee or Person In Need of International Protection Regulations 2006 (Reglamento de 2006 sobre refugiados o personas necesitadas de protección internacional) dispone:
«1.   Al decidir sobre la condición de refugiado o persona con derecho a protección subsidiaria de una determinada persona, podrán proporcionar protección contra la persecución o los daños graves:
a)
el Estado, o
b)
cualquier partido u organización, incluidas las organizaciones internacionales, que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio.
2.   En general se entenderá que existe protección cuando los agentes mencionados en el apartado 1, letras a) y b), tomen medidas razonables para impedir la persecución o el sufrimiento de daños graves, como la disposición de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución o de daños graves, y la persona mencionada en el apartado 1 tenga acceso a dicha protección.»
El artículo 338A del Immigration Rules (Reglamento de inmigración) establece:
«La concesión del estatuto de refugiado a una persona con arreglo al artículo 334 será revocada o no renovada si es de aplicación lo dispuesto en los artículos 339A a 339AB. […]»
A tenor del artículo 339A de dicho Reglamento:
«Se aplicará lo dispuesto en el presente artículo cuando el Ministro del Interior llegue a la convicción de que el interesado incurre en alguna de las siguientes circunstancias:
[…]
v)
si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocido como refugiado, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad;
vi)
si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.
Al considerar lo dispuesto en los incisos v) y vi), el Ministro del Interior tendrá en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para dejar de considerar fundados los temores del refugiado a ser perseguido.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
OA es un nacional somalí, originario de Mogadiscio (Somalia). Pertenece al clan minoritario de los Reer Hamar.
Durante los años noventa, OA y su entonces esposa fueron víctimas de varias agresiones graves y ataques violentos cometidos por la milicia Hawiye en Mogadiscio.
En 2001 huyeron de Somalia y se trasladaron a Kenia. En ese mismo año, la entonces esposa de OA llegó al Reino Unido y obtuvo el estatuto de refugiada debido a las persecuciones mencionadas en el apartado anterior.
OA viajó al Reino Unido en 2003 y obtuvo en él el estatuto de refugiado como persona a cargo de su entonces esposa.
El 8 de julio de 2014, el Ministro del Interior informó a OA de que tenía la intención de revocar su estatuto de refugiado.
Mediante resolución de 27 de septiembre de 2016, el Ministro del Interior revocó el estatuto de refugiado de OA debido a un cambio de circunstancias en su país de origen y le excluyó de la protección humanitaria en virtud de la ley nacional en materia de inmigración, al mismo tiempo que consideraba que el regreso de OA a su país de origen no vulneraba las obligaciones del Reino Unido derivadas del artículo 3 del CEDH.
OA recurrió ante el First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo (Sala de inmigración y asilo), Reino Unido] Este órgano jurisdiccional dictó una primera sentencia por la que desestimó en su totalidad el recurso de OA y, posteriormente, tras la anulación de dicha sentencia por el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo (Sala de inmigración y asilo), Reino Unido], una segunda sentencia por la que desestimó parcialmente dicho recurso.
Tras anular esta segunda sentencia, el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo (Sala de inmigración y asilo)] debe proceder ahora a un nuevo examen del recurso de OA.
Ante el órgano jurisdiccional remitente, el Ministro del Interior sostiene que tenía derecho a revocar el estatuto de refugiado de OA debido a un cambio duradero de circunstancias en su país de origen, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, dado que, a su juicio, los clanes minoritarios ya no son objeto de persecución por parte del clan mayoritario en la región de Mogadiscio y el Estado garantiza allí una protección efectiva. A este respecto, se basa en las apreciaciones que figuran en la sentencia orientativa de este mismo órgano jurisdiccional de 3 de octubre de 2014, MOJ y otros (regreso a Mogadiscio):
«ii)
En general, cuando un “civil normal” (es decir, una persona que no está vinculada a las fuerzas de seguridad, a ninguna institución del Estado o de la Administración pública ni a ninguna ONG u organización internacional) regresa a Mogadiscio tras un período de ausencia no se enfrentará a ningún riesgo real de sufrir persecución ni a un riesgo de sufrir daños que haga que esa persona necesite protección con arreglo al artículo 3 del CEDH o al artículo 15, letra c), de la Directiva [2004/83]. […]
[…]
vii)
Una persona que regrese a Mogadiscio después de un período de ausencia acudirá a su familia cercana, si la tiene en la ciudad, para que le ayude a establecerse de nuevo y obtener un medio de vida. Aunque una persona que haya sido objeto de una medida de retorno también puede pedir la ayuda de miembros de su clan que no sean familiares cercanos, es probable que esta ayuda solo se proporcione a los miembros del clan mayoritario, pues los clanes minoritarios tienen poco que ofrecer.
viii)
En Mogadiscio, la importancia de la pertenencia a un clan ha cambiado. En estos momentos, los clanes pueden proporcionar mecanismos de apoyo social y prestan ayuda para el acceso a los medios de subsistencia, pero su función de protección es menor que antes. No hay milicias de clan en Mogadiscio, no hay violencia entre clanes ni discriminación por razón de pertenencia a ningún clan, ni siquiera a los minoritarios.
[…]
xi)
Por lo tanto, solo quienes no tengan ayuda familiar o del clan, no reciban transferencias de dinero desde el extranjero y no tengan perspectivas reales de obtener un medio de vida cuando regresen se enfrentarán a unas condiciones de vida inferiores a las aceptables desde el punto de vista de la protección humanitaria.
xii)
Todas las pruebas indican que no son solo los procedentes de Mogadiscio quienes ahora en general pueden regresar a la ciudad para vivir en ella sin exponerse a ninguno de los riesgos del artículo 15, letra c), de la Directiva [2004/83] o enfrentarse a un riesgo real de miseria extrema. Por otro lado, no parece realista la posibilidad del traslado a Mogadiscio de una persona perteneciente a un clan minoritario sin vínculos previos con la ciudad, sin acceso a dinero alguno y sin ninguna otra forma de ayuda del clan, familiar o social, pues, al carecer de medios para su alojamiento y de una ayuda económica permanente, se verá en un riesgo real de no disponer de otra alternativa que vivir en un alojamiento improvisado en algún campamento de desplazados internos, donde son muchas las probabilidades de vivir en condiciones por debajo de niveles humanitarios aceptables.»
OA rebate estas apreciaciones y alega que aún tiene motivos fundados para temer que sea perseguido en Mogadiscio y que las autoridades estatales somalíes no están en condiciones de protegerlo contra tales daños graves. A este respecto, invoca la valoración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de junio de 2014, según la cual la situación de seguridad en Mogadiscio sigue suscitando graves preocupaciones en cuanto a la disponibilidad de la protección estatal, ya que, por otra parte, los clanes minoritarios siguen estando especialmente desfavorecidos, en particular en dicha ciudad. Además, sostiene que la sentencia orientativa, citada en el apartado anterior, se basa en una interpretación errónea de la protección estatal, puesto que se basa en parte en la existencia de una protección por parte de la familia o de otros miembros del clan, que no constituyen agentes estatales, sino privados.
Según las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial, algunos órganos jurisdiccionales del Reino Unido consideran que la disponibilidad de una protección suficiente debe tenerse en cuenta en la fase de apreciación tanto del elemento relativo al «temor fundado a ser perseguido» como en la del elemento relativo a la «protección» a la que el solicitante no puede o no quiere acogerse, y que no deben cumplirse siempre los mismos requisitos en ambas fases. Estos órganos jurisdiccionales consideran que, si bien este segundo elemento debe apreciarse a la luz de las exigencias derivadas del artículo 7 de la Directiva 2004/83, estas exigencias no se aplican al examinar el primer elemento, que puede, por tanto, tomar en consideración toda forma de protección y, especialmente, el apoyo prestado, en particular, por la familia o el clan de la persona de que se trate.
Por lo que respecta a la situación de OA tras un eventual regreso a Mogadiscio, el órgano jurisdiccional remitente estima que tiene posibilidades, ciertamente limitadas debido a su movilidad reducida, de encontrar un trabajo en dicha ciudad. Además, OA podría buscar apoyo económico en su familia cercana que reside en dicha ciudad, en su hermana, cuya última residencia se situó en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), y en miembros del clan Reer Hamar que residen en el Reino Unido, al menos hasta que él mismo pueda cubrir sus necesidades en Mogadiscio.
En estas circunstancias, el Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) [Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo (Sala de inmigración y de asilo)] decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe entenderse la “protección del país de su nacionalidad” en el sentido de los artículos 11, apartado 1, letra e), y 2, letra e), de la [Directiva 2004/83] como protección del Estado?
2)
Para resolver sobre la existencia de fundados temores a ser perseguido en el sentido del artículo 2, letra e), de la Directiva 2004/83 y sobre la disponibilidad de protección frente a tal persecución en el sentido del artículo 7 de la Directiva 2004/83, ¿debe aplicarse en ambos casos la “prueba de la protección” o la “indagación de la protección” y, si es así, se rige por los mismos criterios en ambos casos?
3)
Al margen de la relevancia de la protección por agentes no estatales con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/83 y presumiendo una respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe valorarse la efectividad o disponibilidad de protección únicamente atendiendo a las medidas/funciones de protección de los agentes estatales o se pueden tener en cuenta las medidas/funciones de protección de agentes privados (sociedad civil), como las familias o los clanes?
4)
Los criterios que rigen la “indagación de la protección” que se ha de efectuar al considerar la desaparición de las circunstancias a que se refiere el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83 ¿son los mismos que se aplican en el contexto del artículo 7 [de esta Directiva] (tal como se presume en las cuestiones segunda y tercera)?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
Con carácter preliminar, procede señalar que, si bien, según las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial, se reconoció a OA el estatuto de refugiado debido a los actos de persecución violenta de los que fue víctima durante los años noventa, como miembro de un clan minoritario de Mogadiscio, por parte de la milicia del clan mayoritario en esa ciudad, de esas mismas indicaciones se desprende que, como consecuencia de cambios que han tenido lugar entretanto, «en Mogadiscio no hay milicias de los clanes, no hay violencia entre clanes ni discriminación por razón de pertenencia a ningún clan, ni siquiera a los minoritarios». A este respecto, parece que dicha petición parte de la consideración de que la República Federal de Somalia concede actualmente, en principio, una protección suficiente contra actos de persecución, protección que, no obstante, puede completarse con la protección garantizada por agentes privados, como la familia y el clan. En este contexto, el órgano jurisdiccional remitente subraya que, a falta de apoyo económico o de otro tipo proporcionado por su familia o por su clan, los nacionales somalíes que regresen a Mogadiscio «no [tienen] perspectivas reales de obtener un medio de vida cuando regresen [y] se enfrentarán a unas condiciones de vida inferiores a las aceptables desde el punto de vista de la protección humanitaria».
Precisado lo anterior, de estas mismas indicaciones se desprende que OA impugna las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente, tal como se resumen en el apartado anterior, sosteniendo que sigue teniendo fundados temores a ser perseguido en Mogadiscio y que las autoridades estatales somalíes no pueden protegerlo contra dichos actos de persecución. Por otra parte, el Gobierno francés sostuvo en la vista que las apreciaciones de dicho órgano jurisdiccional relativas a la protección garantizada por dichas autoridades y a la inexistencia de riesgo de persecución ya no se corresponden con la situación actual existente en Somalia.
En estas circunstancias, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, tras un regreso a Mogadiscio, OA puede correr el riesgo de ser víctima de actos de persecución.
Sobre la cuarta cuestión prejudicial
Mediante su cuarta cuestión prejudicial, que procede examinar en primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83 debe interpretarse en el sentido de que la «protección» a que se refiere esta disposición en cuanto al cese del estatuto de refugiado debe cumplir los mismos requisitos que los derivados, en lo que atañe a la concesión de dicho estatuto, del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, en relación con su artículo 7, apartados 1 y 2.
A este respecto, de la redacción del artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva se desprende que los nacionales de terceros países dejarán de ser refugiados en caso de que ya no puedan continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados.
Esta disposición, al igual que el artículo 1, sección C, número 5, de la Convención de Ginebra, prevé la pérdida de la condición de refugiado cuando hayan desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales tal condición fue reconocida, es decir, en otros términos, cuando dejen de cumplirse los requisitos para obtener el estatuto de refugiado. En la medida en que el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83 establece que el nacional «ya no [puede] continuar negándose» a acogerse a la protección de su país de origen, esa misma disposición implica que la «protección» de que se trata es la misma que la que hasta ese momento faltaba, es decir, la protección frente a los actos de persecución por, al menos, uno de los cinco motivos enumerados en el artículo 2, letra d), de esta Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros,
C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08
,
EU:C:2010:105
, apartados
y
).
De este modo, las circunstancias que revelan la incapacidad —o la capacidad— del país de origen para garantizar la protección frente a los actos de persecución constituyen un elemento decisivo de la valoración conducente a la concesión del estatuto de refugiado o, por el contrario, al cese de tal estatuto. Así pues, tal cese implica que el cambio de las circunstancias ha eliminado las causas que condujeron al reconocimiento del estatuto de refugiado (sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros,
C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08
,
EU:C:2010:105
, apartados
y
).
Habida cuenta de la simetría que establece la Directiva 2004/83 entre la concesión y el cese del estatuto de refugiado, la protección que puede excluir ese estatuto, en el marco del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, o ponerle fin, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de esta, debe cumplir los mismos requisitos que se derivan, en particular, del artículo 7, apartados 1 y 2, de dicha Directiva.
Para llegar a la conclusión de que ya no tiene fundamento el temor del refugiado a ser perseguido, las autoridades competentes, a la luz del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/83, deberán verificar, en relación con la situación individual del refugiado, que el agente o agentes de que se trate que proporcionan protección, en el sentido del apartado 1 de dicho artículo 7, han tomado medidas razonables para impedir la persecución; que, de este modo, disponen, en particular, de un sistema judicial eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución, y que el nacional interesado tendrá acceso a dicha protección en caso de que cese su estatuto de refugiado (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros,
C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08
,
EU:C:2010:105
, apartados
y
).
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83 debe interpretarse en el sentido de que la «protección» a que se refiere esta disposición en cuanto al cese del estatuto de refugiado debe cumplir los mismos requisitos que los derivados, en lo que atañe a la concesión de dicho estatuto, del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, en relación con su artículo 7, apartados 1 y 2.
Sobre las cuestiones prejudiciales primera a tercera
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera a tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con su artículo 7, apartado 2, debe interpretarse en el sentido de que un eventual apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, responde a las exigencias de protección que resultan de esas disposiciones y si tal apoyo es pertinente a efectos de apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección garantizada por el Estado en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de esta Directiva, o para determinar, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, en combinación con su artículo 2, letra c), la persistencia de un temor fundado a ser perseguido.
A este respecto, procede examinar, en primer lugar, si puede considerarse que un apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, responde a las exigencias de protección que resultan del artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con su artículo 7, apartado 2.
Con arreglo al artículo 2, letra c), de esta Directiva, es preciso que, debido a circunstancias existentes en su país de origen, el nacional de un tercer país experimente el temor fundado de ser objeto de persecución por uno, al menos, de los cinco motivos enumerados en esta disposición. Estas circunstancias revelan que ese país tercero no protege a su nacional frente a los actos de persecución (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros,
C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08
,
EU:C:2010:105
, apartados
y
).
Como señaló el Abogado General, fundamentalmente, en el punto 58 de sus conclusiones, y según se ha mencionado también en el apartado 38 de la presente sentencia, la protección exigida por el artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva se precisa en su artículo 7, apartado 2, según el cual «en general se entenderá que existe protección cuando los agentes mencionados en el apartado 1 [de dicho artículo] tomen medidas razonables para impedir la persecución o el sufrimiento de daños graves, entre otras la disposición de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución o de daños graves, y el solicitante tenga acceso a dicha protección».
Habida cuenta de estos términos, la protección exigida por el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, interpretado conjuntamente con su artículo 7, apartado 2, remite a la capacidad del tercer país del que la persona en cuestión es nacional para impedir o sancionar los actos de persecución en el sentido de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros,
C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08
,
EU:C:2010:105
, apartados
,
y
). Asimismo, el citado artículo 7, apartado 2, se refiere a las medidas adoptadas para impedir actos de persecución y a la existencia de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de tales actos.
El artículo 9 de la Directiva 2004/83, que define los elementos que permiten calificar actos como actos de persecución, precisa, en su apartado 1, que los hechos pertinentes deben ser «suficientemente graves» por su naturaleza o por su reiteración como para constituir una «violación grave de los derechos humanos fundamentales», o ser una acumulación de varias medidas que sea lo «suficientemente grave» como para afectar a una persona de manera similar a una «violación grave de los derechos humanos fundamentales». El artículo 9, apartado 3, de esa Directiva añade que los motivos de persecución mencionados en el artículo 10 de dicha Directiva y los actos de persecución deberán estar relacionados.
Pues bien, un mero apoyo social y económico, como el mencionado en la petición de decisión prejudicial, que se presta al nacional de un tercer país de que se trate no puede, como tal, impedir actos de persecución ni investigar, procesar y sancionar tales actos y, por tanto, no puede considerarse que garantice la protección exigida por el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con el artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva. Así sucede, en particular, en la medida en que, en el caso de autos, el objetivo de dicho apoyo social y económico no parece ser garantizar la protección de OA frente a tales actos, sino su reinstalación en Mogadiscio.
En estas circunstancias, no puede considerarse que un apoyo social y económico como el mencionado en la petición de decisión prejudicial, prestado por la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, garantice una protección contra actos de persecución en el sentido de dichas disposiciones.
De ello se deduce, en segundo lugar, que tal apoyo social y económico no es pertinente para apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección garantizada por el Estado en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de la Directiva 2004/83.
Esto resulta especialmente cierto si se tiene en cuenta que las meras dificultades económicas no están comprendidas, en principio, en el concepto de «persecución», en el sentido del artículo 9 de la Directiva 2004/83, de modo que tal apoyo social y económico destinado a remediar tales dificultades no debería, en principio, influir en la apreciación de la suficiencia de la protección estatal contra actos de persecución.
En el presente asunto, dado que los autos en poder del Tribunal de Justicia no contienen ninguna información que permita considerar que las dificultades económicas a las que OA podría enfrentarse a su regreso a Mogadiscio constituyen una manifestación de actos de persecución en el sentido del artículo 9 de dicha Directiva, no están comprendidas en el concepto de «persecución» en el sentido de dicho artículo que justifique la concesión y el mantenimiento del estatuto de refugiado.
Por otra parte, si bien el Gobierno francés señaló en la vista que una privación material extrema podría ser pertinente a efectos de la concesión de la protección subsidiaria, de las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial se desprende que el litigio principal y las cuestiones planteadas al Tribunal de Justicia no se refieren a si OA puede obtener la concesión del estatuto de protección subsidiaria, sino al cese de su estatuto de refugiado. En efecto, ha de precisarse a este respecto que la referencia que se hace en las cuestiones prejudiciales al artículo 2, letra e), de la Directiva 2004/83, que incluye la definición de «persona con derecho a protección subsidiaria», debe entenderse, a la luz de las explicaciones facilitadas por el órgano jurisdiccional remitente y habida cuenta de todos los datos obrantes en autos, en el sentido de que se refiere al artículo 2, letra c), de esta Directiva y, por lo tanto, exclusivamente a la cesación del estatuto del refugiado del demandante en el litigio principal.
Por lo demás, en la medida en que las dudas del órgano jurisdiccional remitente deben entenderse en el sentido de que pretende que se determine si, dado que los clanes de Mogadiscio proporcionan eventualmente, más allá de su apoyo social y económico, también una protección de seguridad, tal protección puede tenerse en cuenta para comprobar si la protección garantizada por el Estado cumple los requisitos derivados, en particular, del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2004/83, es preciso recordar que, a efectos de determinar si el temor del refugiado a ser perseguido ya no está fundado, el agente o agentes de protección en relación con los cuales se aprecia la realidad de un cambio de circunstancias en el país de origen son, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, o bien el propio Estado o bien los partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio (sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros,
C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08
,
EU:C:2010:105
, apartado
).
Pues bien, conforme a las exigencias recordadas en los apartados 38 y 43 a 46 de la presente sentencia, tal protección de seguridad no puede, en ningún caso, tenerse en cuenta para comprobar si la protección del Estado cumple las exigencias que resultan, en particular, del artículo 7, apartado 2, de esta misma Directiva.
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia si la existencia de un apoyo social y económico prestado por la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate puede tenerse en cuenta, no obstante, a efectos de determinar, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con el artículo 2, letra c), de esta, la persistencia de un temor fundado a ser perseguido. Según esta interpretación, adoptada por algunos órganos jurisdiccionales del Reino Unido, un apoyo social y económico, garantizado por la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, puede excluir tal temor, con independencia de las exigencias de protección que resultan de la primera de estas disposiciones, en relación con el artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva.
A tenor del artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83, el refugiado es, entre otros supuestos, un nacional de un tercer país que se encuentra fuera del país de su nacionalidad «debido a fundados temores a ser perseguido» por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, y no puede o, «a causa de dichos temores», no quiere acogerse a la «protección» de tal país. Cuando han desaparecido las circunstancias que justifican tal temor, el estatuto de refugiado puede finalizar, en virtud del artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva.
A este respecto, procede señalar que los requisitos establecidos en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83, relativos al temor a ser perseguido y a la protección, están intrínsecamente vinculados. En efecto, la protección a la que se refiere esta disposición es, como se desprende del apartado 47 de la presente sentencia, una protección contra los actos de persecución.
Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, si el nacional de que se trate se enfrenta, debido a circunstancias existentes en su país de origen, al temor fundado a ser perseguido por al menos uno de los cinco motivos enumerados en el artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83, estas circunstancias demuestran que el tercer país de que se trate no protege a su nacional frente a los actos de persecución (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros,
C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08
,
EU:C:2010:105
, apartados
y
). En efecto, no puede considerarse que un nacional de un tercer país que esté efectivamente protegido contra actos de persecución en el sentido de dicha disposición tema con fundados temores ser perseguido.
Además, esas mismas circunstancias, que demuestran que el tercer país de que se trate no protege a su nacional contra los actos de persecución, son la causa de que dicho nacional no pueda acogerse a la protección de su país de origen, en el sentido de la citada disposición, es decir, en el sentido de la capacidad de dicho país para prevenir o sancionar actos de persecución (sentencia de 2 de marzo de 2010, Salahadin Abdulla y otros,
C‑175/08, C‑176/08, C‑178/08 y C‑179/08
,
EU:C:2010:105
, apartado
).
Por consiguiente, para determinar si el nacional de un tercer país de que se trata teme con fundados temores a ser perseguido en su país de origen, en el sentido del artículo 2, letra c), de la Directiva 2004/83, debe tenerse en cuenta la existencia o inexistencia de protección contra actos de persecución en ese tercer país.
No obstante, la protección contra los actos de persecución existentes en un país tercero solo permite concluir que no existen fundados temores a ser perseguido en el sentido de dicha disposición si cumple los requisitos que resultan, en particular, del artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva.
En efecto, dado que los requisitos establecidos en el artículo 2, letra c), de dicha Directiva se refieren al temor a ser perseguido y a la protección contra actos de persecución que, como se desprende del apartado 56 de la presente sentencia, están intrínsecamente vinculados, tales requisitos no pueden examinarse en función de un criterio de protección distinto, sino que deben apreciarse a la luz de las exigencias establecidas, en particular, en el artículo 7, apartado 2, de la misma Directiva.
Además, se desprende, más concretamente, del artículo 1 de la Directiva 2004/83 que el artículo 7, apartado 2, establece los requisitos mínimos en cuanto a la protección contra los actos de persecución existentes en el tercer país de origen del interesado que puedan impedir, en su caso, que se le conceda el estatuto de refugiado. Pues bien, una interpretación según la cual la protección existente en ese tercer país puede excluir los fundados temores a ser perseguido, aunque no cumpla tales requisitos podría poner en entredicho las exigencias mínimas establecidas por esta última disposición.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera a tercera que el artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con el artículo 7, apartado 2, de esta, debe interpretarse en el sentido de que un eventual apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, no responde a las exigencias de protección que resultan de esas disposiciones y, por ello, no es pertinente ni para apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección prestada por el Estado en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, ni para determinar, con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, en relación con su artículo 2, letra c), la persistencia de un temor fundado a ser perseguido.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

1)
El artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, debe interpretarse en el sentido de que la «protección» a que se refiere esta disposición en cuanto al cese del estatuto de refugiado debe cumplir los mismos requisitos que los derivados, en lo que atañe a la concesión de dicho estatuto, del artículo 2, letra c), de dicha Directiva, en relación con su artículo 7, apartados 1 y 2.

2)
El artículo 11, apartado 1, letra e), de la Directiva 2004/83, en relación con el artículo 7, apartado 2, de esta, debe interpretarse en el sentido de que un eventual apoyo social y económico prestado por agentes privados, como la familia o el clan del nacional de un tercer país de que se trate, no responde a las exigencias de protección que resultan de esas disposiciones y, por ello, no es pertinente ni para apreciar la efectividad o la disponibilidad de la protección prestada por el Estado en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, ni para determinar, con arreglo al artículo 11, apartado 1, letra e), de dicha Directiva, en relación con su artículo 2, letra c), la persistencia de un temor fundado a ser perseguido.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.