CELEX: 62021CJ0401
Recurso de casación
Fondo de Cohesión y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
Reglamento (UE) n.o 1303/2013
Porcentaje de cofinanciación aplicable
Modificación del porcentaje operada entre la presentación de la última solicitud de pago intermedio y la aceptación de las cuentas
Principios de anualidad contable y de irretroactividad

Mediante su recurso de casación, Rumanía solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 14 de abril de 2021, Rumanía/Comisión (T‑543/19, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2021:193
), por la que se desestimó su recurso de anulación parcial de la Decisión C(2019) 4027 final de la Comisión, de 23 de mayo de 2019 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), relativa a la aceptación de las cuentas y al cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para el ejercicio contable 2017/2018 y para el programa operativo CCI 2014RO16M1OP001 Gran Infraestructura, aplicando un porcentaje de cofinanciación del 75 %, y no del 85 %, para los ejes prioritarios primero y segundo de dicho programa operativo.
Marco jurídico
A tenor del artículo 1 del Reglamento (UE) n.
o
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.
o
1083/2006 del Consejo (
DO 2013, L 347, p. 320
; corrección de errores en
DO 2016, L 200, p. 140
), en su versión modificada por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 (
DO 2018, L 193, p. 1
) (en lo sucesivo, «Reglamento n.
o
1303/2013»):
«El presente Reglamento establece las normas comunes aplicables al [FEDER], al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al Fondo Europeo Marítimo y de la PESCA (FEMP), que funcionan de conformidad con un marco común (en lo sucesivo, “los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos” — “Fondos EIE”). […]
La tercera parte establece las normas generales que rigen el FEDER, el FSE (denominados conjuntamente “Fondos Estructurales”) y el Fondo de Cohesión en relación con las tareas, los objetivos prioritarios y la organización de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión (en lo sucesivo, “los Fondos”), los criterios que deben cumplir los Estados miembros y las regiones para optar a la ayuda de los Fondos, los recursos financieros disponibles y los criterios para su asignación.
La cuarta parte establece las normas generales aplicables a los Fondos y al FEMP en materia de gestión y control, gestión financiera, cuentas y correcciones financieras.
[…]»
El artículo 2, punto 4, de dicho Reglamento preceptúa lo siguiente:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
4) “normas específicas de los Fondos” las disposiciones establecidas en o sobre la base de la tercera o la cuarta parte del presente Reglamento o un reglamento específico o genérico que rija uno o varios de los Fondos EIE a los que se refiere el párrafo cuarto del artículo 1, o enumerados en él».
Con el título «Determinación de los porcentajes de cofinanciación», el artículo 120 de dicho Reglamento dispone:
«1.   En la decisión de la Comisión [Europea] por la que se adopte un programa operativo se fijarán el porcentaje de cofinanciación y el importe máximo de la ayuda de los Fondos para cada eje prioritario. Cuando un eje prioritario se refiera a más de una categoría de regiones o a más de un Fondo, en la decisión de la Comisión se establecerá, cuando sea necesario, el porcentaje de cofinanciación por categoría de regiones y Fondo.
2.   En la decisión de la Comisión se indicará si el porcentaje de cofinanciación para cada eje prioritario ha de aplicarse:
a)
al gasto total subvencionable, tanto público como privado, o
b)
al gasto público subvencionable.
3.   El porcentaje de cofinanciación para cada eje prioritario y, en su caso, por categoría de región y Fondo, de programas operativos conforme al objetivo de inversión en crecimiento y empleo no excederá:
a)
del 85 % en el caso del Fondo de Cohesión;
[…]
La Comisión llevará a cabo una revisión para evaluar si está justificado mantener el porcentaje de cofinanciación a que se refiere el párrafo segundo con posterioridad al 30 de junio de 2017 y, en caso necesario, presentará una propuesta legislativa antes del 30 de junio de 2016.
[…]»
El artículo 130 del mismo Reglamento, titulado «Normas comunes para calcular los pagos intermedios y el pago del saldo final», establece en su apartado 1:
«La Comisión reembolsará como pagos intermedios el 90 % del importe resultante de aplicar al gasto subvencionable de la prioridad incluida en la solicitud de pago el porcentaje de cofinanciación correspondiente a cada prioridad establecido en la decisión por la que se adopte el programa operativo. La Comisión determinará los importes que quedan pendientes de reembolso en concepto de pagos intermedios o de recuperación conforme al artículo 139.»
A tenor del artículo 131, apartado 1, del Reglamento n.
o
1303/2013:
«Las solicitudes de pago incluirán, con respecto a cada prioridad:
a)
el importe total del gasto subvencionable en que hayan incurrido las entidades beneficiarias y abonado al ejecutar las operaciones, según figure en el sistema contable de la autoridad de certificación;
b)
el importe total del gasto público causado para la ejecución de las operaciones, según figure en el sistema contable de la autoridad de certificación.
[…]»
El artículo 135 de dicho Reglamento, titulado «Plazos para la presentación de las solicitudes de pago intermedios y para su abono», tiene el siguiente tenor:
«1.   La autoridad de certificación presentará periódicamente una solicitud de pago intermedio de conformidad con el artículo 131, apartado 1, que comprenda los importes anotados en su sistema contable en el ejercicio contable. No obstante, la autoridad de certificación podrá incluir tales importes, cuando así lo considere necesario, en las solicitudes de pago presentadas en los siguientes ejercicios contables.
2.   La autoridad de certificación presentará la solicitud final de pago intermedio no más tarde del 31 de julio, una vez finalizado el ejercicio contable previo y, en cualquier caso, antes de la primera solicitud de pago intermedio del siguiente ejercicio contable.
3.   La primera solicitud de pago intermedio no se hará antes de que la Comisión haya notificado la designación de las autoridades de gestión y las autoridades de certificación de conformidad con el artículo 124.
4.   No se efectuarán pagos intermedios en relación con un programa operativo a menos que se haya enviado a la Comisión el informe de ejecución anual de conformidad con las normas específicas de los Fondos.
5.   En función de los fondos disponibles, la Comisión efectuará el pago intermedio, como muy tarde, sesenta días después de la fecha que haya registrado la solicitud de pago.»
El artículo 137 de dicho Reglamento, que regula la preparación de las cuentas, establece:
«1.   Las cuentas a que hace referencia el artículo 63, apartado 5, letra a), y artículo 63, apartado 6, del Reglamento [(UE, Euratom) n.
o
966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.
o
1605/2002 del Consejo (
DO 2012, L 298, p. 1
)] serán presentadas a la Comisión para cada programa operativo. Las cuentas abarcarán el ejercicio contable e incluirán, con respecto a cada eje prioritario y, en su caso, a cada Fondo y categoría de regiones:
a)
el importe total del gasto subvencionable anotado en los sistemas contables de la autoridad de certificación que haya sido incluido en las solicitudes de pago presentadas a la Comisión de conformidad con el artículo 131 y el artículo 135, apartado 2, antes del 31 de julio siguiente al final del ejercicio contable, el importe total del gasto público correspondiente en que se haya incurrido al ejecutar las operaciones y el importe total de los pagos correspondientes abonados a los beneficiarios de conformidad con el artículo 132, apartado 1;
[…]
d)
para cada prioridad, una conciliación entre el gasto declarado con arreglo a la letra a) y el gasto declarado en las solicitudes de pago con respecto al mismo ejercicio contable, acompañada de una explicación de las posibles diferencias.
2.   Cuando un Estado miembro excluya de sus cuentas unos gastos incluidos anteriormente en una solicitud de pago intermedio para el ejercicio contable, por estar sujetos a una evaluación en curso de su legalidad y regularidad, el total o una parte de dichos gastos que hayan sido a continuación declarados legales y regulares podrán incluirse en una solicitud de pago intermedio relativa a los ejercicios contables siguientes.
[…]»
Con el título «Examen y aceptación de las cuentas», el artículo 139 del mismo Reglamento dispone:
«1.   La Comisión llevará a cabo un examen de los documentos presentados por los Estados miembros en virtud del artículo 138. A instancias de la Comisión, el Estado miembro facilitará toda la información complementaria necesaria para que la Comisión pueda determinar si las cuentas son completas, exactas y verídicas, dentro del plazo señalado en el artículo 84.
2.   La Comisión aceptará las cuentas cuando pueda determinar que son completas, exactas y verídicas. La Comisión llegará a dicha conclusión cuando la autoridad de auditoría haya emitido un dictamen de auditoría sin reservas que declare las cuentas completas, exactas y verídicas, salvo que la Comisión tenga pruebas concretas de que el dictamen de auditoría de las cuentas no sea fiable.
[…]
6.   Sobre la base de las cuentas aceptadas, la Comisión calculará el importe con cargo a los Fondos y al FEMP correspondiente al ejercicio contable y los ajustes que haya que hacer en consecuencia en relación con los pagos al Estado miembro. La Comisión tendrá en cuenta:
a)
los importes de las cuentas a los que se refiere el artículo 137, apartado 1, letra a), y a los que debe aplicarse el porcentaje de cofinanciación correspondiente a cada prioridad;
b)
el importe total de los pagos efectuados por la Comisión durante ese ejercicio contable, consistente en:
i)
el importe de los pagos intermedios abonados por la Comisión de conformidad con el artículo 130, apartado 1, y el artículo 24, y
ii)
el importe de la prefinanciación anual abonada conforme al artículo 134, apartado 2.
7.   Tras el cálculo efectuado conforme al apartado 6, la Comisión liquidará la prefinanciación anual respectiva y abonará cualquier otra cantidad debida, dentro de un plazo de 30 días a partir de la aceptación de las cuentas. Cuando exista un importe recuperable de un Estado miembro, la Comisión expedirá una orden de ingreso que será ejecutada, en la medida de lo posible, mediante deducción de los importes debidos al Estado miembro en pagos posteriores al mismo programa operativo. Dicho ingreso no constituirá una corrección financiera y no supondrá una disminución del apoyo de los Fondos y del FEMP al programa operativo. La cantidad recuperada se considerará ingresos afectados de conformidad con el artículo 177, apartado 3, del Reglamento [n.
o
966/2012].
[…]»
Antecedentes del litigio
Los antecedentes del litigio fueron expuestos por el Tribunal General en los apartados 1 a 10 de la sentencia recurrida y, a efectos del presente procedimiento, pueden resumirse de la manera siguiente.
Mediante la Decisión de Ejecución C(2015) 4823 final, de 9 de julio de 2015 (en lo sucesivo, «Decisión de Ejecución de 2015»), adoptada sobre la base de los artículos 29, apartado 4, y 96, apartado 10, del Reglamento n.
o
1303/2013, la Comisión aprobó determinados elementos del programa operativo CCI 2014RO16M1OP001 Gran Infraestructura, con vistas al apoyo por parte del FEDER y del Fondo de Cohesión sobre la base del objetivo relativo a las inversiones para el crecimiento y el empleo en Rumanía para el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo, «programa operativo»). Este programa comprendía ocho ejes prioritarios.
El artículo 4, apartado 3, de la Decisión de Ejecución de 2015, en relación con su anexo II, fijó el porcentaje de cofinanciación para los ejes prioritarios primero y segundo de dicho programa en el 75 % y precisó que ese porcentaje se aplicaría a los gastos públicos subvencionables.
El 6 de julio de 2018, las autoridades rumanas remitieron a la Comisión la última solicitud de pago intermedio relativa al programa operativo para el ejercicio contable 2017/2018, de conformidad con el artículo 135, apartado 2, del Reglamento n.
o
1303/2013.
Mediante la Decisión de Ejecución C(2018) 8890 final, de 12 de diciembre de 2018 (en lo sucesivo, «Decisión de Ejecución de 2018»), adoptada sobre la base del artículo 96, apartado 10, del Reglamento n.
o
1303/2013, la Comisión modificó el anexo II de la Decisión de Ejecución de 2015, incrementando el porcentaje de cofinanciación para los ejes prioritarios primero y segundo del programa operativo al 85 %.
En una reunión celebrada el 15 de enero de 2019 entre las autoridades rumanas y la Comisión, dichas autoridades solicitaron la aplicación, al ejercicio contable 2017/2018, del porcentaje de cofinanciación del 85 % para los ejes prioritarios primero y segundo del programa operativo, tal como se había fijado en la Decisión de Ejecución de 2018, en lugar del porcentaje de cofinanciación del 75 % fijado en la Decisión de Ejecución de 2015. En respuesta a esta solicitud, la Comisión indicó que las orientaciones que figuran en la guía titulada «Orientaciones para los Estados miembros sobre la preparación, el examen y la aceptación de cuentas», en la versión elaborada por la Comisión el 3 de diciembre de 2018, se oponían a la aplicación a ese ejercicio del porcentaje de cofinanciación del 85 % fijado en la Decisión de Ejecución de 2018.
El 15 de febrero de 2019, las autoridades rumanas remitieron a la Comisión las cuentas del programa operativo correspondientes al ejercicio contable 2017/2018, de conformidad con el artículo 138, letra a), del Reglamento n.
o
1303/2013.
Mediante escritos de 8 de marzo y de 13 de mayo de 2019, las autoridades rumanas reiteraron ante la Comisión su solicitud relativa a la aplicación, al ejercicio contable 2017/2018, del porcentaje de cofinanciación del 85 % para los ejes prioritarios primero y segundo del programa operativo.
Mediante escrito de 17 de mayo de 2019, la Comisión confirmó a las autoridades rumanas que el porcentaje de cofinanciación del 85 % para los ejes prioritarios primero y segundo del programa operativo no era aplicable al ejercicio contable 2017/2018. En particular, explicó que, en el marco del período de programación 2014‑2020 y con arreglo a las orientaciones mencionadas en el apartado 15 de la presente sentencia, toda modificación de un porcentaje de cofinanciación solo se aplica a los ejercicios contables en curso y futuros, de conformidad con el principio de anualidad contable.
El 23 de mayo de 2019, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, mediante la cual, por una parte, aceptó las cuentas del programa operativo correspondientes al ejercicio contable 2017/2018, de conformidad con el artículo 139, apartados 2 y 3, del Reglamento n.
o
1303/2013, y, por otra parte, sobre la base de las cuentas aceptadas, calculó el importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER para dicho ejercicio, en virtud del artículo 139, apartado 6, de ese Reglamento. Del anexo de dicha Decisión se desprende que, al calcular el referido importe, la Comisión aplicó el porcentaje de cofinanciación del 75 % para los ejes prioritarios primero y segundo del programa operativo, tal como se fijó en la Decisión de Ejecución de 2015.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 30 de julio de 2019, Rumanía solicitó la anulación parcial de la Decisión controvertida, en la medida en que la Comisión había aplicado un porcentaje de cofinanciación del 75 %, y no del 85 %, para los ejes prioritarios primero y segundo del programa operativo.
En apoyo de su recurso, Rumanía invocó dos motivos, basados, el primero, en la violación de los artículos 120, apartado 3, y 139, apartado 6, del Reglamento n.
o
1303/2013, así como del principio de protección de la confianza legítima y, el segundo, en el incumplimiento de la obligación de motivación establecida en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y en la vulneración del principio de buena administración.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General, al considerar infundados estos motivos, desestimó el recurso en su totalidad.
Por lo que respecta, en particular, a la primera parte del primer motivo, basada en la infracción de los artículos 120, apartado 3, y 139, apartado 6, del Reglamento n.
o
1303/2013, el Tribunal General desestimó dicha parte, efectuando, en un primer momento, en los apartados 29 a 51 de la sentencia recurrida, una interpretación literal, contextual y teleológica de esta última disposición, y examinando, en un segundo momento, en los apartados 53 a 71 de la sentencia recurrida, los argumentos presentados por Rumanía en apoyo de la tesis según la cual el porcentaje de cofinanciación aplicable en virtud del artículo 139, apartado 6, letra a), del Reglamento n.
o
1303/2013 es el que estaba en vigor en el momento de la aceptación de las cuentas.
Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación, Rumanía solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Resuelva definitivamente sobre el recurso interpuesto ante el Tribunal General, anulando parcialmente la Decisión controvertida en la medida en que la Comisión aplicó un porcentaje de cofinanciación del 75 %, y no del 85 %, para los ejes prioritarios primero y segundo del programa operativo, y, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie sobre dicho recurso.
–
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a Rumanía.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca tres motivos, basados, el primero, en un error de Derecho en la interpretación y aplicación del artículo 139, apartado 6, letra a), del Reglamento n.
o
1303/2013, en relación con los artículos 137, apartados 1, letras a) y d), y 2, artículo 131, 135, apartado 2, y 139, apartados 1, 2 y 7, de ese Reglamento, el segundo, en un error de Derecho en la interpretación y aplicación del principio de anualidad contable y, el tercero, en un error de Derecho en la interpretación y aplicación del principio de irretroactividad.
Primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo de casación, Rumanía reprocha, en esencia, al Tribunal General haber interpretado y aplicado erróneamente el artículo 139, apartado 6, letra a), del Reglamento n.
o
1303/2013, en relación con los artículos 137, apartados 1, letras a) y d), y 2, 131, 135, apartado 2, y 139, apartados 1, 2 y 7, de ese Reglamento, al declarar que el porcentaje de cofinanciación aplicable para el cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER para un ejercicio contable determinado es el vigente en la fecha en la que el Estado miembro interesado presenta la última solicitud de pago intermedio correspondiente a dicho ejercicio contable habida cuenta de que, por un lado, todos los gastos subvencionables tenidos en cuenta por la Comisión en el marco del cálculo del importe a cargo de dichos Fondos son los presentados en la última solicitud de pago intermedio y, por otro lado, los gastos subvencionables y el porcentaje de cofinanciación que se les aplica son dos elementos intrínsecamente vinculados, sobre la base de los cuales se calcula el importe a cargo de dichos Fondos.
En particular, la recurrente reprocha, en primer lugar, al Tribunal General haber considerado, en los apartados 38, 39, 60 y 68 de la sentencia recurrida, que el importe de los gastos consignado en la última solicitud de pago intermedio constituye la base del cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER, siendo así que, a juicio de la recurrente, solo el importe de los gastos que figuran en las cuentas aceptadas permite determinar dicho importe, dado que esas cuentas son las únicas que reflejan, de manera exhaustiva y definitiva, los gastos subvencionables.
De este modo, indica que el Tribunal General equiparó erróneamente el importe total de los gastos subvencionables que figuran en la última solicitud de pago intermedio correspondiente a un ejercicio contable con el importe total de los gastos subvencionables que figuran en las cuentas aceptadas correspondientes a dicho ejercicio, pese a que estos dos importes son diferentes, y a que, con arreglo al artículo 139, apartado 6, del Reglamento n.
o
1303/2013, la Comisión tiene que calcular el importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER sobre la base de las cuentas aceptadas.
Según la recurrente, el hecho de que, en virtud del artículo 137, apartado 2, del Reglamento n.
o
1303/2013, un Estado miembro pueda excluir de sus cuentas unos gastos incluidos anteriormente en una solicitud de pago intermedio presentada en un ejercicio contable determinado, por estar sujetos a una evaluación en curso de su legalidad y de su regularidad, demuestra que la última solicitud de pago intermedio y las cuentas aceptadas por la Comisión pueden reflejar gastos diferentes.
En segundo lugar, la recurrente sostiene que la equiparación efectuada por el Tribunal General es contraria al principio de buena gestión financiera y a las disposiciones del Reglamento n.
o
1303/2013 relativas a la transmisión y aceptación de las cuentas, así como a las garantías de procedimiento correspondientes a la fase relativa a la aceptación de las cuentas dirigida a asegurar la integridad del Fondo de Cohesión y del FEDER.
En este contexto, la recurrente impugna la apreciación del Tribunal General que figura en el apartado 59 de la sentencia recurrida, según la cual el procedimiento relativo a la elaboración, el examen y la aceptación de las cuentas para un ejercicio contable determinado reviste un carácter «formal».
En tercer lugar, la recurrente alega que, al afirmar, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, que, para calcular el importe exigible, la Comisión también ha de tener en cuenta el importe total de los pagos efectuados por ella durante el ejercicio contable, importe que comprende, en particular, el de los pagos intermedios efectuados por esta institución con arreglo al artículo 130, apartado 1, del Reglamento n.
o
1303/2013, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
En efecto, a su juicio, por una parte, el importe exigible es un importe acumulativo, que constituye el total de la ayuda del Fondo de Cohesión y del FEDER para un ejercicio contable, que se calcula aplicando el porcentaje de cofinanciación en vigor al total de los gastos certificados en las cuentas y aceptados por la Comisión, de modo que la determinación del importe exigible requiere un nuevo cálculo, totalmente independiente de los pagos efectuados anteriormente durante el ejercicio contable. Por otra parte, los pagos intermedios constituyen exclusivamente uno de los elementos tomados en consideración para determinar el importe restante adeudado. Así pues, los pagos efectuados durante el ejercicio contable, incluidos los pagos intermedios, se han de deducir del importe total exigible, lo que permite determinar el saldo adeudado por el Fondo de Cohesión y el FEDER a los Estados miembros, o bien por los Estados miembros a esos Fondos.
La Comisión refuta las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, debe precisarse que, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que la recurrente no impugna, el Tribunal General, tras constatar que la última solicitud de pago intermedio debe producirse tras finalizar un ejercicio contable determinado, declaró que dicha solicitud «constituye la base para la elaboración de las cuentas y para el cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER».
Del tenor de dicho apartado, y en particular de los términos «en efecto» que siguen a esta declaración, se desprende que esta se basa en la apreciación del Tribunal General recogida en la segunda frase de dicho apartado, a saber, que la última solicitud de pago intermedio constituye la base para la determinación tanto de los gastos tomados en consideración por la Comisión en virtud del artículo 139, apartado 6, letra a), del Reglamento n.
o
1303/2013 como del importe total de los pagos intermedios tenidos en cuenta por la Comisión en virtud de dicho apartado 6, letra b).
Como se desprende de la lectura de los apartados 38 a 41 de la sentencia recurrida, los apartados 38 y 39 de la misma, que la recurrente impugna, incluyen las razones en las que se fundamenta la apreciación según la cual la última solicitud de pago intermedio constituye la base para la determinación de los gastos tomados en consideración por la Comisión en virtud del artículo 139, apartado 6, letra a), del Reglamento n.
o
1303/2013. En particular, en estos últimos apartados, el Tribunal General interpretó esta disposición a la luz del contexto en el que se inscribe.
A este respecto, procede recordar que, según el artículo 139, apartado 6, letra a), del Reglamento n.
o
1303/2013, a efectos del cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER correspondiente al ejercicio contable, la Comisión tendrá en cuenta los importes de las cuentas a los que se refiere el artículo 137, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento y a los que debe aplicarse el porcentaje de cofinanciación correspondiente a cada prioridad.
El artículo 137, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
1303/2013 establece que las cuentas relativas al ejercicio contable comprenderán, en particular, el importe total del gasto subvencionable anotado en los sistemas contables de la autoridad de certificación que haya sido incluido en las solicitudes de pago presentadas a la Comisión de conformidad con los artículos 131 y 135, apartado 2, de dicho Reglamento antes del 31 de julio siguiente al final del ejercicio contable.
El artículo 131, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que las solicitudes de pago incluirán, con respecto a cada prioridad, por una parte, el importe total del gasto subvencionable en que hayan incurrido las entidades beneficiarias y abonado al ejecutar las operaciones, según figure en el sistema contable de la autoridad de certificación, y, por otra parte, el importe total del gasto público causado para la ejecución de las operaciones, según figure en el sistema contable de dicha autoridad.
Por su parte, el artículo 135 del Reglamento n.
o
1303/2013 establece, en sus apartados 1 y 2, respectivamente, por un lado, que la autoridad de certificación presentará periódicamente una solicitud de pago intermedio de conformidad con el artículo 131, apartado 1, de dicho Reglamento que comprenda los importes anotados en su sistema contable en el ejercicio contable, así como, por otro lado, que dicha autoridad presentará la solicitud final de pago intermedio no más tarde del 31 de julio una vez finalizado el ejercicio contable previo, y en cualquier caso antes de la primera solicitud de pago intermedio del siguiente ejercicio contable.
De las disposiciones enunciadas en los apartados 39 a 42 de la presente sentencia se desprende, en primer término, que las cuentas relativas a un ejercicio contable determinado solo pueden comprender los gastos subvencionables abonados y anotados en el sistema de contabilidad de la autoridad de certificación en el ejercicio contable y declarados por esta mediante solicitudes de pago intermedio presentadas a la Comisión.
En segundo término, cada solicitud de pago intermedio recoge desde el principio el cálculo de los gastos subvencionables abonados y anotados en el sistema contable de la autoridad de certificación en el ejercicio contable, de modo que la última solicitud de pago intermedio, que puede presentarse no más tarde del 31 de julio siguiente a la finalización de ese ejercicio, consolida el importe total acumulado de los gastos subvencionables declarados en dicho ejercicio, tal como señaló el Tribunal General en los apartados 38 y 68 de la sentencia recurrida y la propia recurrente reconoce en su recurso de casación.
En tercer término, la última solicitud de pago intermedio cierra así la declaración de los gastos subvencionables correspondientes al ejercicio contable en cuestión, en el sentido de que, tras la presentación de esta, el Estado miembro de que se trate ya no puede declarar gastos subvencionables para su pago con cargo a dicho ejercicio contable, tal como también señaló el Tribunal General en el apartado 38 de la sentencia recurrida. De ello se deduce que la totalidad de los gastos exigibles correspondientes a un ejercicio contable que pueden incluirse en las cuentas aceptadas relativas a dicho ejercicio, sobre cuya base se calcula el importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER para dicho ejercicio, son los que figuran en la última solicitud de pago intermedio.
Por consiguiente, del artículo 139, apartado 6, letra a), del Reglamento n.
o
1303/2013, en relación con los artículos 131, apartado 1, 135, apartados 1 y 2, y 137, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento, resulta que la última solicitud de pago intermedio constituye la base para la determinación de los gastos tomados en consideración por la Comisión en virtud del artículo 139, apartado 6, letra a), de dicho Reglamento y, por lo tanto, para el cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER, como declaró el Tribunal General en el apartado 37 de la sentencia recurrida, en el sentido de que el importe total de los gastos subvencionables que figura en la última solicitud de pago intermedio correspondiente a un ejercicio contable determinado constituye el «punto de partida» para calcular el importe a cargo de dichos Fondos para ese ejercicio.
Pues bien, la lectura conjunta de los apartados 37 a 41 de la sentencia recurrida permite constatar que esa es precisamente la conclusión a la que llegó el Tribunal General en el apartado 39 de dicha sentencia al declarar que la interpretación conjunta del artículo 139, apartado 6, letra a), del Reglamento n.
o
1303/2013 con sus artículos 137, apartado 1, letra a), y 135, apartado 2, que se remiten sucesivamente entre sí, indica que los gastos subvencionables tenidos en cuenta por la Comisión en el marco del cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER son los anotados en el sistema contable de la autoridad de certificación durante el ejercicio contable en cuestión y presentados en la última solicitud de pago intermedio.
Por otra parte, esta constatación también ha sido expuesta por la recurrente en el punto 46 de su recurso de casación, en el que indica que, «para determinar el importe a cargo [del Fondo de Cohesión y del FEDER], procede, primero, calcular el importe total de los gastos anotados en el sistema de contabilidad de la autoridad de certificación que se ha incluido en las solicitudes de pago intermedio presentadas a la Comisión» y que, «dado que cada solicitud de pago intermedio recoge desde el inicio el cálculo de los gastos anotados en el sistema de contabilidad, la última solicitud de pago intermedio debe reflejar todos los gastos declarados en el ejercicio contable». Así, la propia recurrente considera, por las mismas razones que el Tribunal General, que la última solicitud de pago intermedio constituye el punto de partida para calcular el importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER, sin que ello implique, no obstante, equiparar los gastos que figuran en dicha solicitud con los gastos que figuran en las cuentas aceptadas.
Por último, es preciso señalar que, basándose en el hecho de que la totalidad de los gastos subvencionables correspondientes a un ejercicio contable determinado se fijan en el momento de presentar la última solicitud de pago intermedio relativa a dicho ejercicio, el Tribunal General concluyó, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que resulta coherente con el sistema del Reglamento n.
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1303/2013 que la determinación del porcentaje de cofinanciación aplicable a esos gastos siga la misma lógica, de modo que dicho porcentaje sea el que estaba en vigor, a más tardar, en el momento de la presentación de la última solicitud de pago intermedio.
De este modo, la toma en consideración por el Tribunal General de la fecha de la presentación de la última solicitud de pago intermedio a efectos de determinar el porcentaje de cofinanciación aplicable resulta exclusivamente de las constataciones, efectuadas acertadamente por el Tribunal General, según las cuales, por una parte, la última solicitud de pago intermedio fija el importe total de los gastos subvencionables anotados en el sistema contable de la autoridad de certificación durante el ejercicio contable en cuestión y presentados para su pago en el marco de dicho ejercicio y, por otra parte, la referida solicitud cierra la declaración de los gastos subvencionables correspondientes a ese ejercicio contable, de manera que, tras la presentación de la misma, el Estado miembro en cuestión ya no puede presentar gastos subvencionables para su pago con cargo a dicho ejercicio.
En este contexto, procede subrayar que el hecho de que determinados gastos subvencionables que figuran en la última solicitud de pago intermedio puedan eventualmente ser excluidos de las cuentas debido, en particular, a su irregularidad no altera en absoluto, como declaró acertadamente el Tribunal General en el apartado 68 de la sentencia recurrida, las apreciaciones que figuran en el apartado anterior de la presente sentencia, en las que se basó el Tribunal General para llegar a la conclusión expuesta en el apartado 39 de la sentencia recurrida.
Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, las razones que figuran en los apartados 38, 39 y 68 de la sentencia recurrida no permiten considerar que el Tribunal General equiparara el importe total de los gastos subvencionables que figura en la última solicitud de pago intermedio correspondiente a un ejercicio contable determinado con el importe total de los gastos subvencionables que figura en las cuentas aceptadas relativas a dicho ejercicio y que, de este modo, atribuyera implícitamente al importe total de los gastos subvencionables que figura en dicha solicitud un carácter definitivo. Tampoco puede deducirse de esas razones que, para llegar a la conclusión de que la fecha de referencia tomada en consideración para determinar el porcentaje de cofinanciación aplicable a un ejercicio contable determinado es la de la presentación de la última solicitud de pago intermedio correspondiente a dicho ejercicio, el Tribunal General se basara en tal equiparación. Lo mismo puede decirse del apartado 60 de la sentencia recurrida, que reproduce la conclusión que figura en el apartado 39 de la misma.
Por consiguiente, las alegaciones de la recurrente resumidas en los apartados 28 a 30 de la presente sentencia carecen de fundamento.
En segundo lugar, tampoco está fundada la alegación de la recurrente según la cual atender a la fecha de la presentación de la última solicitud de pago intermedio a efectos de la determinación del porcentaje de cofinanciación aplicable compromete los procedimientos relativos a la elaboración, la transmisión, el examen y la aceptación de las cuentas, así como las garantías procedimentales correspondientes a la aceptación de cuentas dirigidas a garantizar la integridad del Fondo de Cohesión y del FEDER.
En efecto, basta señalar que estos procedimientos deben desarrollarse en cualquier caso de conformidad con las disposiciones del Reglamento n.
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1303/2013 y con el principio de buena gestión financiera y que, por lo tanto, carece de relevancia que la fecha tomada en consideración a los efectos indicados sea la fecha de la última solicitud de pago intermedio o la de la aceptación de las cuentas.
Por otra parte, contrariamente a lo que da a entender la recurrente, el Tribunal General no subestimó en modo alguno la importancia del procedimiento relativo a la elaboración, el examen y la aceptación de las cuentas para un ejercicio contable determinado a efectos del cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER, al atribuir a dicho procedimiento un carácter formal.
En efecto, además de que, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, el Tribunal General reconoció expresamente que este procedimiento reviste una importancia «capital» a estos efectos, en la medida en que, como sostiene la recurrente, permite a la Comisión comprobar la exhaustividad, exactitud y veracidad de las cuentas presentadas por el Estado miembro de que se trate, como se desprende del apartado 59 de la sentencia recurrida, el carácter «formal» que el Tribunal General atribuyó a dicho procedimiento está vinculado exclusivamente al hecho, constatado acertadamente por el Tribunal General, de que dicho procedimiento consiste en una verificación
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de los gastos subvencionables que figuran en las cuentas que los Estados miembros han elaborado a partir de las solicitudes de pago intermedio presentadas a la Comisión, de modo que el referido procedimiento no puede llevar a que se contabilicen gastos que no han sido objeto de tales solicitudes.
En tercer y último lugar, por lo que respecta a la alegación de la recurrente dirigida a impugnar el apartado 40 de la sentencia recurrida, procede señalar que, dado que dicho apartado se limita a recordar el contenido de los artículos 139, apartado 6, letra b), y 130, apartado 1, del Reglamento n.
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1303/2013, no puede adolecer de error de Derecho alguno.
En tales circunstancias, procede desestimar el primer motivo de casación.
Segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente sostiene, en esencia, que, al estimar, en el apartado 50 de la sentencia recurrida, que aplicar a los gastos realizados durante un ejercicio contable y anotados en el sistema contable un porcentaje de cofinanciación adoptado después de la última solicitud de pago intermedio equivaldría, en esencia, a vulnerar el principio de anualidad contable, el Tribunal General interpretó y aplicó dicho principio de manera errónea.
La recurrente alega que la aplicación a un ejercicio contable determinado de un porcentaje de cofinanciación establecido después de la fecha de la última solicitud de pago intermedio correspondiente a dicho ejercicio, pero antes del cierre de las cuentas correspondientes a tal ejercicio, como el porcentaje de cofinanciación fijado por la Decisión de Ejecución de 2018, respeta el principio de anualidad contable.
Según la recurrente, aunque los gastos se declaren escalonadamente a través de las solicitudes de pago intermedio, se acumulan en el momento de la transmisión de las cuentas, a efectos de la aceptación de estas y del cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER correspondiente al total de los gastos subvencionables anotados en un ejercicio contable, lo que hace posible la actualización del porcentaje de cofinanciación en cualquier momento, hasta la fecha de aceptación de las cuentas y del cálculo del importe exigible, sin que la aplicación del porcentaje de cofinanciación actualizado entrañe un nuevo cálculo de los pagos intermedios ya realizados por la Comisión.
La Comisión refuta las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Como señaló el Tribunal General en los apartados 34 y 35 de la sentencia recurrida, que la recurrente no impugna, el sistema de gestión compartida de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos introducido por el Reglamento n.
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1303/2013 se basa en el principio de anualidad contable, principio que implica, en particular, que los procedimientos previstos en dicho Reglamento relativos tanto a la gestión financiera de los gastos financiados por el Fondo de Cohesión y el FEDER como a la elaboración, el examen y la aceptación de las cuentas se articulan sobre la base de dicho principio, de manera que tienen como único período de referencia el ejercicio contable.
Por consiguiente, la aplicación del principio de anualidad contable exige que los elementos que tienen que tomarse en consideración para calcular el importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER correspondiente a un ejercicio contable determinado, a saber, según el artículo 139, apartado 6, letras a) y b), del Reglamento n.
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1303/2013, los gastos subvencionables, el porcentaje de cofinanciación aplicable y los pagos efectuados por la Comisión, deben referirse a dicho ejercicio, salvo excepción prevista por el legislador de la Unión.
De este modo, conforme al principio de anualidad contable, por una parte, solo los gastos subvencionables que se hayan anotado en el sistema de contabilidad de la autoridad de certificación «durante el ejercicio contable» y presentado a la Comisión para su pago mediante solicitudes de pago intermedio pueden tomarse en consideración a efectos del cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER para dicho ejercicio, como se desprende del artículo 139, apartado 6, letra a), del Reglamento n.
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1303/2013, en relación con los artículos 137, apartado 1, letra a), 131, apartado 1, y 135, de ese Reglamento. Por otra parte, solo los pagos efectuados «durante dicho ejercicio contable» deben tomarse en consideración a estos efectos, tal como se desprende del artículo 139, apartado 6, letra b), de dicho Reglamento.
Por lo que respecta al porcentaje de cofinanciación aplicable, procede señalar que este se refiere, en definitiva, al porcentaje del importe total de los gastos subvencionables efectuados por el Estado miembro de que se trate durante un ejercicio contable que deba asumir la Unión.
Pues bien, aunque es cierto que el Reglamento n.
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1303/2013 no precisa cuál es el porcentaje de cofinanciación aplicable a efectos de calcular el importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER para un ejercicio contable determinado en caso de modificarse el porcentaje de cofinanciación fijado después de la presentación de la última solicitud de pago intermedio correspondiente a dicho ejercicio pero antes de la aceptación de las cuentas correspondientes al mismo ejercicio, no es menos cierto que, de conformidad con el principio de anualidad contable que subyace al Reglamento n.
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1303/2013, el porcentaje de cofinanciación aplicable solo puede ser el que estaba en vigor durante ese ejercicio, a saber, en el caso de autos, el porcentaje de cofinanciación fijado en la Decisión de Ejecución de 2015.
El hecho de que el importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER para un ejercicio contable determinado se calcule después de la aceptación de las cuentas correspondientes a dicho ejercicio y, por tanto, tras el cierre de este no tiene, por consiguiente, incidencia alguna en la determinación del porcentaje de cofinanciación aplicable a dicho ejercicio, como tampoco incide en la determinación de los gastos subvencionables y de los pagos efectuados por la Comisión que deban tenerse en cuenta a efectos de dicho cálculo.
En efecto, tal circunstancia resulta del hecho de que, de conformidad con las obligaciones que le incumben, la Comisión, como responsable de la ejecución del presupuesto de la Unión, debe asegurarse de que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos se utilicen por los Estados miembros de manera legal y regular, y no puede comprometer tales Fondos sin comprobar previamente que se reúnen los requisitos a los que está sujeta la ayuda concedida por esos Fondos, tal como se establecen en el Reglamento n.
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1303/2013. Pues bien, estas operaciones de comprobación solo pueden tener lugar, por su propia naturaleza, una vez cerrado el ejercicio contable de que se trate, en el marco del procedimiento relativo al examen y a la aceptación de las cuentas correspondientes a dicho ejercicio.
La conclusión que figura en el apartado 68 de la presente sentencia se impone tanto más cuanto que, como se desprende del artículo 130, apartado 1, del Reglamento n.
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1303/2013, los reembolsos efectuados por la Comisión en favor del Estado miembro en forma de pagos intermedios efectuados durante el ejercicio contable a raíz de las solicitudes de pago intermedio se calculan aplicando a los gastos subvencionables que figuran en dichas solicitudes el porcentaje de cofinanciación vigente en la fecha de estas últimas, extremo que la recurrente no discute.
Pues bien, sería incoherente calcular el importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER correspondiente a un ejercicio contable aplicando a los gastos subvencionables efectuados por el Estado miembro de que se trate durante dicho ejercicio un porcentaje de cofinanciación diferente del que se aplicó, a lo largo de dicho ejercicio, para calcular los pagos intermedios correspondientes a esos gastos que ya fueron abonados por la Comisión.
Por consiguiente, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar, en el apartado 50 de la sentencia recurrida, que aplicar a los gastos realizados durante un ejercicio contable y anotados en el sistema contable un porcentaje de cofinanciación adoptado después de la última solicitud de pago intermedio equivaldría, en esencia, a vulnerar el principio de anualidad contable.
Por lo tanto, procede desestimar el segundo motivo de casación por infundado.
Tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente reprocha, en esencia, al Tribunal General haber interpretado y aplicado erróneamente el principio de irretroactividad al declarar, en el apartado 65 de la sentencia recurrida, que la aplicación del porcentaje de cofinanciación fijado en la Decisión de Ejecución de 2018 respecto al ejercicio contable 2017/2018 entrañaría la retroactividad de dicha Decisión.
A este respecto, en primer lugar, aun reconociendo que el ejercicio contable 2017/2018 finalizó el 30 de junio de 2018 y que la última solicitud de pago intermedio se transmitió a principios del mes de julio de 2018, la recurrente alega que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, la situación jurídica de Rumanía no puede considerarse definitivamente consolidada a 12 de diciembre de 2018, fecha de la Decisión de Ejecución de 2018, sino que, por el contrario, esa situación aún podía experimentar modificaciones hasta la fecha de la aceptación de las cuentas.
Prueba de ello es, en opinión de la recurrente, que los procedimientos administrativos relativos a un ejercicio contable continúan después del período que comprende dicho ejercicio y pueden potencialmente cambiar la relación jurídica establecida entre el Estado miembro y la Comisión sobre la base de la última solicitud de pago intermedio, y ello hasta el momento de la aceptación de las cuentas.
En segundo lugar, estimando que la presentación de las cuentas y su aceptación constituyen efectos posteriores de las solicitudes de pago intermedio correspondientes a un ejercicio contable, la recurrente alega que, aun cuando se considerase que la situación jurídica de un Estado miembro se consolida en el momento de la presentación de la última solicitud de pago intermedio, la aplicación del principio de irretroactividad exige que se aplique el nuevo porcentaje de cofinanciación, puesto que, conforme a dicho principio, una norma jurídica nueva se aplica inmediatamente a los efectos futuros de una situación jurídica nacida bajo la vigencia de la ley antigua.
En tercer lugar, la recurrente sostiene que la aplicación retroactiva del porcentaje de cofinanciación implica, en realidad, el cálculo de los importes exigibles correspondientes a ejercicios contables cuyas cuentas ya se han cerrado y ya no se ven afectadas por operaciones administrativas que pueden modificar las relaciones jurídicas entre el Estado miembro y la Comisión, lo que no sucede en el caso de autos.
La Comisión refuta las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Ha de señalarse que, tras declarar que de la interpretación literal, contextual y teleológica del Reglamento n.
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1303/2013 se desprende que el porcentaje de cofinanciación aplicable para el cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER correspondiente a un ejercicio contable determinado, de conformidad con el artículo 139, apartado 6, letra a), de dicho Reglamento, es el vigente en la fecha de la presentación, por el Estado miembro interesado, de la última solicitud de pago intermedio correspondiente al ejercicio contable en cuestión, el Tribunal General, en los apartados 52 a 71 de la sentencia recurrida, examinó y desestimó las alegaciones formuladas por Rumanía en apoyo de la tesis de que el porcentaje de cofinanciación aplicable, en el sentido de dicho artículo 139, apartado 6, letra a), del Reglamento n.
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1303/2013, es el vigente en la fecha de la aceptación de las cuentas.
En particular, en los apartados 57 a 65 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la alegación según la cual los procedimientos relativos a un ejercicio contable determinado siguen abiertos hasta el momento de la aceptación de las cuentas y del cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER.
A este respecto, en los apartados 58 a 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó esta alegación declarando, en el apartado 59 de dicha sentencia, que, por importante que sea, la fase del procedimiento de aceptación de las cuentas solo tiene por objeto la realización de una comprobación
ex post
de los gastos incluidos por el Estado miembro interesado en sus solicitudes de pago intermedio correspondientes a un ejercicio contable y recogidos en la última solicitud de pago intermedio, de modo que esta fase no puede llevar a la contabilización de gastos que no figuren en esta última solicitud.
En el apartado 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal General añadió que, por este motivo, como señaló en el apartado 39 de dicha sentencia, los gastos subvencionables tenidos en cuenta por la Comisión en el marco del cálculo del importe a cargo del Fondo de Cohesión y del FEDER son los que han sido anotados en el sistema contable de la autoridad de certificación durante el ejercicio contable en cuestión y presentados en la última solicitud de pago intermedio. En consecuencia, el Tribunal General concluyó que el porcentaje de cofinanciación que se aplica a esos gastos debería seguir la misma lógica, a falta de cualquier otra precisión al respecto por parte del legislador de la Unión. Dicho de otro modo, el porcentaje de cofinanciación aplicable debería ser el vigente en la fecha de la presentación de la última solicitud de pago intermedio, como declaró en el apartado 39 de la sentencia recurrida.
Pues bien, de la lectura de los apartados 61 a 65 de la sentencia recurrida, y en particular del término «además» que figura en el apartado 61 de dicha sentencia, se desprende que la motivación que se recoge en esos apartados, dirigida a fundamentar la conclusión que se desprende del apartado 60 de dicha sentencia, se formuló con carácter adicional a la motivación expuesta en los apartados 58 a 60 de la misma sentencia.
Por lo tanto, dado que se han desestimado los motivos de casación primero y segundo y que, en consecuencia, se han confirmado los apartados 39, 59 y 60 de la sentencia recurrida, procede desestimar el tercer motivo de casación por inoperante.
Comoquiera que no se ha estimado ninguno de los motivos esgrimidos por la recurrente para fundamentar su recurso de casación, procede desestimar este en su totalidad.
Costas
En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de la recurrente y al haberse estimado los motivos formulados por aquella, procede condenar a la demandante a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Comisión.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Rumanía cargará, además de con sus propias costas, con las de la Comisión Europea.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: rumano.