CELEX: 62014TJ0574
Competencia
Prácticas colusorias
Comercio paralelo de medicamentos
Acuerdo que establece una distinción entre los precios facturados en la reventa en España y los precios aplicados a las exportaciones a otros Estados miembros
Solicitud de reexamen de una denuncia tras las sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal General
Artículo 266 TFUE
Desestimación de una denuncia
Falta de interés de la Unión
Cese de la práctica contraria a la competencia
Falta de efectos contrarios a la competencia persistentes
Tramitación del asunto por una autoridad de competencia de un Estado miembro
Obligaciones en materia de instrucción de una denuncia
Artículo 105 TFUE
Artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1/2003
Derechos procesales de un denunciante
Obligación de motivación

Antecedentes del litigio
La demandante, European Association of Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC), es una asociación europea domiciliada en Bruselas que representa los intereses de las sociedades independientes que operan en el ámbito de la exportación o de la importación y el reenvasado de productos farmacéuticos terminados dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).
GlaxoSmithKline, S.A., anteriormente Glaxo Wellcome, S.A., es una sociedad española con domicilio social en Madrid cuya actividad principal consiste en elaborar, fabricar y comercializar medicamentos en España. GlaxoSmithKline plc, sociedad matriz de GlaxoSmithKline, S.A. (en lo sucesivo, conjuntamente, «GSK» o «coadyuvantes»), está domiciliada en Brentford (Reino Unido) y es una de las principales productoras mundiales de productos farmacéuticos.
Procedimiento administrativo inicial
El 6 de marzo de 1998, Glaxo Wellcome, S.A., notificó a la Comisión de las Comunidades Europeas sus nuevas condiciones generales de venta a los mayoristas autorizados en España (en lo sucesivo, «acuerdo»), con objeto de obtener una declaración negativa con arreglo al artículo 2 del Reglamento n.
o
17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [85 y 86 del Tratado CE, que pasaron a ser los artículos 81 CE y 82 CE, y actualmente los artículos 101 TFUE y 102 TFUE] (
DO 1962, 13, p. 204
; EE 08/01, p. 22), o, en su defecto, una exención individual con arreglo al artículo 4 del mismo Reglamento, hoy derogado por el Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (actualmente artículos 101 TFUE y 102 TFUE) (
DO 2003, L 1, p. 1
). Mediante escrito de 28 de julio de 1998, Glaxo Wellcome plc, sociedad matriz de Glaxo Wellcome, S.A., dirigió una notificación complementaria a la Comisión, en la que llamaba su atención sobre factores que afectaban a sus actividades y las de sus filiales en todo el territorio de la Unión Europea y que no eran específicos a las actividades de Glaxo Wellcome.
El acuerdo afectaba a 82 medicamentos destinados a la venta a mayoristas establecidos en España, con los que GSK entablaba relaciones comerciales. Estos últimos podían destinarlos a la reventa a los hospitales y a las farmacias en España, o bien en otros Estados miembros. Ahora bien, el artículo 4 del acuerdo establecía una distinción entre los precios facturados a los mayoristas por los medicamentos destinados a la reventa en el mercado nacional y los aplicados a los medicamentos destinados a la exportación. El acuerdo fue firmado por GSK y 75 mayoristas, entró en vigor el 9 de marzo de 1998 y fue suspendido por el Tribunal de Defensa de la Competencia el 16 de octubre de 1998.
El 19 de enero de 1999, la demandante presentó ante la Comisión una denuncia con arreglo al artículo 3, apartado 2, del Reglamento n.
o
17 (en lo sucesivo, «denuncia de 1999»), en la que solicitaba a la Comisión que se negase a expedir una declaración negativa o una exención y que ordenase a GSK poner fin a la política de precios prevista en el acuerdo. La demandante sostenía que el régimen de doble precio previsto en el acuerdo constituía una prohibición indirecta de exportación y un instrumento de cierre del mercado contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, y no podía acogerse a ninguna exención en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 3.
El 8 de mayo de 2001, la Comisión adoptó la Decisión 2001/791/CE, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE [asuntos IV/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notificación), IV/36.997/F3 Aseprofar y Fedifar (denuncia), IV/37.121/F3 Spain Pharma (denuncia), IV/37.138/F3 BAI (denuncia) y IV/37.380/F3 EAEPC (denuncia)] (
DO 2001, L 302, p. 1
; en lo sucesivo, «Decisión de 2001»), según la cual el acuerdo notificado tenía por objeto y efecto restringir la competencia en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1. El artículo 1 de la referida Decisión dispone que Glaxo Wellcome «ha infringido el apartado 1 del artículo [101 TFUE] al firmar un acuerdo con los mayoristas españoles que establece una distinción entre los precios facturados […] a los mayoristas aplicables a la reventa nacional de medicamentos reembolsables a farmacias u hospitales y otros precios mayores aplicados a las exportaciones a cualquier otro Estado miembro». El artículo 2 de la Decisión de 2001 dispone que las condiciones de venta notificadas no cumplen los requisitos de exención mencionados en el artículo 101 TFUE, apartado 3. Por último, los artículos 3 y 4 de la Decisión de 2001 ordenan a Glaxo Wellcome, respectivamente, «pon[er] fin inmediatamente a la infracción mencionada en el artículo» e informar a la Comisión de las medidas adoptadas a tal efecto.
Procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia
El 23 de julio de 2001, GlaxoSmithKline Services Unlimited, anteriormente Glaxo Wellcome plc, interpuso un recurso de anulación contra la Decisión de 2001. La demandante intervino en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
Mediante sentencia de 27 de septiembre de 2006, GlaxoSmithKline Services/Comisión (T‑168/01, en lo sucesivo, «sentencia en el asunto T‑168/01»,
EU:T:2006:265
), el Tribunal General desestimó el recurso en lo que se refería al artículo 1 de la Decisión de 2001. A este respecto, consideró que, aun cuando la conclusión principal de la Comisión, conforme a la cual el artículo 4 del acuerdo tenía por objeto restringir la competencia, fuera errónea, GlaxoSmithKline Services no había conseguido invalidar la conclusión subsidiaria de la Comisión según la cual esta estipulación producía el efecto de restringir la competencia y era, por tanto, contraria al artículo 101 TFUE, apartado 1 (sentencia en el asunto T‑168/01, apartados 147 y 194). En cambio, el Tribunal General estimó el recurso respecto a los artículos 2 a 4 de la Decisión de 2001 y anuló dichos artículos por entender que la Comisión no había realizado un examen adecuado de la cuestión de si concurrían los requisitos establecidos en el artículo 101 TFUE, apartado 3 (sentencia en el asunto T‑168/01, apartados 308 y 316 a 318).
Mediante sus recursos de casación, GlaxoSmithKline Services, la Comisión y la demandante solicitaron al Tribunal de Justicia la anulación parcial de la sentencia en el asunto T‑168/01.
Mediante sentencia de 6 de octubre de 2009, GlaxoSmithKline Services y otros/Comisión (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, en lo sucesivo, «sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P»,
EU:C:2009:610
), en primer lugar, el Tribunal de Justicia invalidó el razonamiento del Tribunal General al confirmar la conclusión de la Comisión en la Decisión de 2001 según la cual el acuerdo tenía por objeto restringir la competencia, infringiendo así el artículo 101 TFUE, apartado 1. Sin embargo, el Tribunal de Justicia consideró que el error de Derecho cometido por el Tribunal General no permitía anular su sentencia, en la medida en que en ella se había declarado que el acuerdo era contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, (sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, apartados 64 a 67). En segundo lugar, el Tribunal de Justicia confirmó la conclusión del Tribunal General según la cual la Comisión no había realizado un examen completo de las alegaciones formuladas por GlaxoSmithKline Services respecto a la exención con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3 (sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, apartados 68 a 168). En consecuencia, el Tribunal de Justicia desestimó los recursos de casación interpuestos.
Procedimiento ante la Comisión tras la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P
El 26 de enero de 2010, GSK retiró formalmente la solicitud de declaración negativa o de exención individual de 6 de marzo de 1998 por razones de economía procesal y para evitar pérdidas innecesarias de tiempo y de recursos, subrayando que la notificación del acuerdo se había realizado en 1998, que desde entonces no había hecho uso del sistema de tarifas en España y que las condiciones del mercado habían cambiado mucho.
Tras haberse dictado la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, la Comisión celebró una serie de reuniones con la demandante y otras partes interesadas, mantuvo contactos con las autoridades españolas, examinó nuevas observaciones de la demandante y abrió, el 24 de enero de 2012, una investigación sobre las supuestas prácticas de doble precio en España por parte de empresas distintas de GSK (asunto AT.39973 — Sistemas de precios para la distribución de medicamentos en España).
Mediante escrito de 9 de abril de 2013, la demandante solicitó a la Comisión, en virtud del artículo 265 TFUE, que «[adoptara] una decisión relativa a [la denuncia de 1999] y [cumpliera] su obligación de reexaminar el asunto Glaxo, como [habían] ordenado los tribunales europeos».
Mediante escrito de 6 de junio de 2013, basado en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.
o
773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 2004, L 123, p. 18
), la Comisión informó a la demandante de su intención de desestimar la denuncia de 1999. A raíz de la solicitud de la demandante de 19 de junio de 2013, la Comisión le dio acceso, el 5 de julio de 2013, en virtud del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.
o
773/2004, a los documentos en los que se había basado su evaluación provisional.
Mediante escrito de 18 de julio de 2013, la demandante presentó sus observaciones en respuesta al escrito de 6 de junio de 2013 de la Comisión y sostuvo que esta debía seguir investigando.
El 11 de septiembre y el 3 de octubre de 2013, la Comisión se reunió con los representantes de la demandante para discutir su posición y las alegaciones contenidas en el escrito de 6 de junio de 2013.
Decisión impugnada
Mediante la Decisión C(2014) 3654 final, de 27 de mayo de 2014 (asunto COMP/AT.36957 — Glaxo Wellcome) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión desestimó la denuncia de 1999 en virtud del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
773/2004 por inexistencia de interés de la Unión suficiente para proseguir la investigación de las presuntas infracciones. Tras recordar, en los considerandos 19 a 22 de la Decisión impugnada, que disponía de una facultad discrecional en la tramitación de las denuncias que le permitía, en particular, desestimar una denuncia por inexistencia de interés de la Unión suficiente para proseguir el examen del asunto, la Comisión concluyó que procedía desestimar la denuncia de 1999 habida cuenta de las siguientes consideraciones.
En primer lugar, en los considerandos 24 y 25 de la Decisión impugnada, la Comisión manifestó que el comportamiento controvertido no se había producido desde el 16 de octubre de 1998 y que ningún elemento del expediente o del conjunto de hechos y alegaciones invocadas en las comunicaciones de la demandante indicaba que GSK hubiera restablecido o proyectado restablecer su sistema de doble precio en España.
En segundo lugar, en el considerando 26 de la Decisión impugnada, la Comisión señaló la falta de efectos persistentes de las presuntas infracciones. En particular, la Comisión afirmó que no existía ninguna prueba que indicase que la capacidad de los mayoristas españoles de exportar los 82 medicamentos afectados por el acuerdo se hubiera restringido desde la suspensión del acuerdo el 16 de octubre de 1998. Por otra parte, la Comisión estimó que los efectos persistentes eran poco probables, teniendo además en cuenta que esas prácticas solo habían durado siete meses, a saber, del 9 de marzo al 16 de octubre de 1998. La Comisión observó también, en el considerando 27 de la Decisión impugnada, que no existía ninguna relación de causalidad entre su conducta en ese asunto y la adopción de otras prácticas tarifarias por otros fabricantes en España.
En tercer lugar, la Comisión estimó, en los considerandos 39 a 41 de la Decisión impugnada, que el asunto podía someterse a las autoridades nacionales, añadiendo que no había quedado probado que los derechos de la demandante estuvieran insuficientemente protegidos por las autoridades de competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales.
En cuarto y último lugar, en los considerandos 42 a 47 de la Decisión impugnada y en respuesta a las alegaciones de la demandante, la Comisión consideró que no estaba obligada a adoptar una nueva decisión a la luz de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P y con arreglo al artículo 266 TFUE, examinando si el acuerdo cumplía los requisitos establecidos en el artículo 101 TFUE, apartado 3. La Comisión subrayó, en primer lugar, que una omisión, en el sentido de los artículos 265 TFUE y 266 TFUE, consistía en no pronunciarse o no definir una posición, y no en la adopción de un acto diferente al deseado por los interesados; en segundo lugar, que no podía pronunciarse sobre una solicitud de exención retirada; en tercer lugar, que no estaba obligada a dar curso a la denuncia de 1999 como consecuencia de la anulación de la Decisión de 2001 por el Tribunal de Justicia; y, en cuarto lugar, que un denunciante con arreglo al artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003 no tenía derecho a exigir de la Comisión una decisión en cuanto a la existencia de una infracción.
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal 1 de agosto de 2014, la demandante interpuso el presente recurso.
La Comisión presentó un escrito de contestación el 16 de octubre de 2014.
Mediante decisión del Presidente del Tribunal de 28 de octubre de 2016, el presente asunto fue atribuido a un Juez Ponente adscrito a la Sala Sexta.
La demandante presentó una réplica el 19 de diciembre de 2014.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de enero de 2015, GSK solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones de la Comisión, con arreglo al artículo 115 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991.
La Comisión presentó una dúplica el 25 de febrero de 2015.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de marzo de 2015, la demandante solicitó que se diera un tratamiento confidencial frente a GSK a determinados elementos de la demanda, del escrito de contestación y de la réplica, incluidos los anexos.
Mediante auto de 6 de mayo de 2015, el Presidente de la Sala Sexta del Tribunal estimó la solicitud de intervención de GSK. GSK presentó su escrito de formalización de la intervención el 8 de julio de 2015 y la Comisión y la demandante presentaron sus observaciones sobre dicho escrito el 8 y el 9 de septiembre de 2015, respectivamente.
Mediante auto de 9 de noviembre de 2015, EAEPC/Comisión (
T‑574/14
, no publicado,
EU:T:2015:872
), el Presidente de la Sala Sexta del Tribunal estimó la solicitud de tratamiento confidencial frente a GSK.
El 18 de abril de 2016, el presente asunto fue atribuido a un nuevo Juez Ponente adscrito inicialmente a la Sala Tercera y, posteriormente, a raíz de la nueva composición de las Salas del Tribunal, a la Sala Cuarta, a la que, por consiguiente, se atribuyó el asunto.
A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Cuarta) acordó iniciar la fase oral del procedimiento.
En la vista de 4 de abril de 2017 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
La demandante solicita al Tribunal que:
–
Anule la Decisión impugnada.
–
Condene en costas a la Comisión y a las coadyuvantes.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso por infundado.
–
Condene en costas a la demandante, incluidas aquellas en que ha incurrido en el marco de la intervención.
Las coadyuvantes solicitan al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante, incluidas aquellas en que han incurrido en el marco de la intervención.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos. El primer motivo se basa en un error manifiesto de apreciación en la aplicación de los artículos 266 TFUE, 101 TFUE y 105 TFUE y del artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003 en lo que atañe a la interpretación de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, y en el incumplimiento de la obligación de motivación y la vulneración del derecho a ser oído. El segundo motivo, formulado con carácter subsidiario, se basa, por un lado, en un error manifiesto de apreciación y en el incumplimiento de la obligación de motivación en relación con el interés de la Unión para proseguir la investigación y, por otro lado, en la vulneración del derecho a ser oído. El tercer motivo se basa, en esencia, en una insuficiencia de motivación en la medida en que la Decisión impugnada no contiene un análisis de determinados elementos de hecho y de Derecho comunicados por la demandante a la Comisión después de que se dictara la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P.
La Comisión y GSK rechazan todas las alegaciones de la demandante.
Sobre el primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en la aplicación de los artículos 266 TFUE, 101 TFUE y 105 TFUE y del artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003 en lo que atañe a la interpretación de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, y en el incumplimiento de la obligación de motivación y la vulneración del derecho a ser oído
Mediante su primer motivo, la demandante alega que, al desestimar la denuncia de 1999, la Comisión procedió a una aplicación manifiestamente errónea de los artículos 266 TFUE, 101 TFUE y 105 TFUE y del artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003. Aduce que la Decisión impugnada se basa en la premisa errónea de que las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P declaran la Decisión de 2001 «nula y sin efecto» pese a que dicha Decisión sigue siendo parcialmente válida en cuanto declara que el acuerdo es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1. A su entender, por tanto, la Comisión habría debido dar efecto a estas sentencias no «[realizando] una nueva investigación pormenorizada sobre la base de la denuncia [de 1999]» como indica la Comisión, sino retomando el procedimiento administrativo en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad, para examinar si el acuerdo podía quedar exento en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 3. Además, la demandante alega que la Comisión, por un lado, incumplió su obligación de motivación con arreglo al artículo 296 TFUE al no explicar por qué consideraba la Decisión de 2001 «nula y sin efecto» y, por otro lado, vulneró su derecho a ser oída sobre los efectos de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P.
Según la Comisión y las coadyuvantes, este primer motivo es ineficaz y, en cualquier caso, carece de todo fundamento.
Sobre la eficacia del primer motivo
La Comisión y las coadyuvantes consideran que el primer motivo debe desestimarse por ineficaz, en la medida en que una eventual interpretación errónea de los efectos de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P no permitiría cuestionar la legalidad de la Decisión impugnada. Más concretamente, aducen que la desestimación de la denuncia de 1999 se basaba únicamente en la facultad de apreciación de que dispone la Comisión en la tramitación de las denuncias y, por tanto, la alegación de la demandante no puede legítimamente conducir a su anulación. A su juicio, en efecto, la demandante no pretende impugnar la apreciación principal de la Comisión en la que se basa la Decisión impugnada, a saber, la inexistencia de un interés de la Unión para proseguir la investigación.
Procede recordar, con carácter preliminar, que, en un recurso de anulación, la falta de eficacia de un motivo invocado tiene que ver con su capacidad, en el caso de que sea fundado, para dar lugar a la anulación perseguida por la parte demandante (sentencias de 21 de septiembre de 2000, EFMA/Consejo,
C‑46/98 P
,
EU:C:2000:474
, apartado
, y de 12 de septiembre de 2007, Prym y Prym Consumer/Comisión,
T‑30/05
, no publicada,
EU:T:2007:267
, apartado
).
En el presente caso, mediante su primer motivo, la demandante se basa en la obligación de la Comisión de respetar el fallo de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P para considerar que esta estaba obligada, habida cuenta de las disposiciones de los artículos 266 TFUE, 101 TFUE y 105 TFUE y del artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003, a resolver la cuestión de si concurrían los requisitos para la exención con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, tramitando así,
a fortiori
, su denuncia en cuanto al fondo. En otras palabras, la demandante estima que la Comisión no puede, sin contradecir dichas sentencias, considerar que no hay motivos para proseguir la investigación. A su entender, la Comisión, por un lado, estaba obligada a corregir las ilegalidades cometidas en la Decisión de 2001 y constatadas en dichas sentencias y, por otro lado, no podía legítimamente concluir la investigación por falta de un interés de la Unión suficiente.
De ello se deduce que, dado que la Decisión impugnada se basa precisamente en una falta de interés de la Unión para proseguir el examen de la denuncia, en el supuesto de que fuese fundado, este primer motivo podría conllevar la anulación que pretende la demandante.
De lo anterior se desprende que el presente motivo no puede desestimarse inmediatamente por ineficaz. Así pues, procede examinar su fundamento.
Sobre el fundamento del primer motivo
El primer motivo se divide, en esencia, en tres partes, basadas, en primer lugar, en una infracción del artículo 266 TFUE; en segundo lugar, en una infracción de los artículos 101 TFUE y 105 TFUE en relación con el artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003; y, en tercer lugar, en una falta de motivación y en una vulneración del derecho a ser oído.
–
Sobre la primera parte del primer motivo, basada en una infracción del artículo 266 TFUE
La demandante sostiene que la Comisión incumplió su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, infringiendo de este modo el artículo 266 TFUE. A su juicio, la Comisión interpretó erróneamente dichas sentencias indicando, en primer lugar, que la Decisión de 2001 era, en esencia, «nula y sin efecto»; en segundo lugar, que no estaba «obligada a dar curso a la denuncia debido a la anulación de la Decisión por el Tribunal de Justicia»; y, en tercer lugar, que era preciso «realizar una nueva investigación pormenorizada sobre la base de la denuncia [de 1999]». En efecto, la demandante alega que, tras dichas sentencias, por un lado, la Decisión de 2001 fue anulada solo parcialmente, en la medida en que el artículo 1 de dicha Decisión, que declaraba la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, no había sido objeto de anulación, y, por otro lado, la Comisión solo estaba obligada a apreciar, sobre la base de pruebas que GSK ya le había presentado, si la infracción por objeto constatada podía quedar exenta en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 3.
Para empezar, procede recordar que, conforme al artículo 266 TFUE, párrafo primero, la institución de la que emanaba el acto anulado estaba obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P. Esa disposición establece un reparto de competencias entre la autoridad judicial y la autoridad administrativa, según el cual incumbe a la institución de la que emana el acto anulado determinar cuáles son las medidas requeridas para ejecutar una sentencia de anulación (véase la sentencia de 5 de septiembre de 2014, Éditions Odile Jacob/Comisión,
T‑471/11
,
EU:T:2014:739
, apartado
y jurisprudencia citada).
Según reiterada jurisprudencia, las sentencias de anulación dictadas por los tribunales de la Unión disponen, desde que adquieren firmeza, de fuerza absoluta de cosa juzgada. Esta fuerza no solo abarca el fallo de la sentencia de anulación, sino también los fundamentos de Derecho que constituyen el soporte necesario del fallo, por lo que son indisociables de este (véase la sentencia de 5 de septiembre de 2014, Éditions Odile Jacob/Comisión,
T‑471/11
,
EU:T:2014:739
, apartado
y jurisprudencia citada).
No obstante, la fuerza de cosa juzgada solo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que fueron efectiva o necesariamente zanjados (sentencia de 19 de febrero de 1991, Italia/Comisión,
C‑281/89
,
EU:C:1991:59
, apartado
). Así pues, el artículo 266 TFUE solo obliga a la institución de la que emane el acto anulado dentro de los límites de lo necesario para dar ejecución a la sentencia de anulación (sentencia de 6 de marzo de 2003, Interporc/Comisión,
C‑41/00 P
,
EU:C:2003:125
, apartado
).
Por otra parte, la anulación parcial de un acto del Derecho de la Unión solo es posible en la medida en que los elementos cuya anulación se solicita puedan separarse del resto del acto. No se cumple dicha exigencia cuando la anulación parcial de un acto modifica la esencia de este, lo que debe apreciarse con fundamento en un criterio objetivo y no un criterio subjetivo, ligado a la voluntad política de la autoridad que ha adoptado el acto controvertido (véase, en sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens,
C‑441/11 P
,
EU:C:2012:778
, apartado
y jurisprudencia citada).
Además, el procedimiento destinado a sustituir un acto anulado debe reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de julio de 1986, Consejo/Parlamento,
34/86
,
EU:C:1986:291
, apartado
), y la anulación de un acto no afecta necesariamente a los actos preparatorios (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros,
C‑331/88
,
EU:C:1990:391
, apartado
). La anulación de un acto que pone fin a un procedimiento administrativo que consta de diferentes fases no implica necesariamente la anulación de todo el procedimiento que precedió a la adopción del acto impugnado, independientemente de los motivos, de fondo o de procedimiento, de la sentencia de anulación (véase la sentencia de 15 de octubre de 1998, Industrie des poudres sphériques/Consejo,
T‑2/95
,
EU:T:1998:242
, apartado
y jurisprudencia citada). El autor del acto debe situarse, por tanto, en la fecha en la que adoptó el acto anulado para dictar el acto que lo sustituye [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2006, O2 (Germany)/Comisión,
T‑328/03
,
EU:T:2006:116
, apartados
y
]. Puede apoyarse, no obstante, en su nueva decisión, en fundamentos distintos de los que sustentaban la primera (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2003, Interporc/Comisión,
C‑41/00 P
,
EU:C:2003:125
, apartados
a
). Además, no está obligado a pronunciarse de nuevo sobre los aspectos de la decisión inicial no afectados por la sentencia de anulación (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de noviembre de 1997, Tremblay y otros/Comisión,
T‑224/95
,
EU:T:1997:187
, apartado
).
Procede comprobar, a la luz de las anteriores consideraciones, si la Comisión, en el presente caso, adoptó las medidas necesarias para la ejecución de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P y, en este contexto, examinar en particular si el fallo y los fundamentos de dichas sentencias obligaban a la Comisión a dar curso a la denuncia de 1999 independientemente de la existencia de un interés de la Unión suficiente para tramitar dicha denuncia.
Con carácter preliminar, procede recordar los fundamentos y el fallo de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, para mejor apreciar las medidas necesarias para la ejecución de esas sentencias.
Por un lado, en cuanto a la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, procede recordar que, mediante la sentencia en el asunto T‑168/01, el Tribunal General consideró, en esencia, que el acuerdo no tenía por «objeto», sino que tenía por «efecto», una restricción de la competencia en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1 (véase el apartado 8 anterior). El Tribunal de Justicia, en cambio, estimó que el acuerdo tenía por «objeto» restringir la competencia y que, por tanto, el Tribunal General había cometido un error de Derecho en los fundamentos de la sentencia. No obstante, este error de Derecho no podía, según el Tribunal de Justicia, dar lugar a la anulación de la sentencia en el asunto T‑168/01, ya que el fallo de dicha sentencia sobre este punto era fundado, pues confirmaba, en esencia, que el acuerdo infringía el artículo 101 TFUE, apartado 1 (véase el apartado 9 anterior). De ello se desprende que el artículo 1 de la Decisión de 2001, citado en el apartado 6 anterior, que constata la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, nunca fue efectivamente anulado.
Por otro lado, en cuanto a la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 3, procede recordar que el Tribunal General, tras estimar que la Comisión no había examinado correctamente la solicitud de exención del acuerdo con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, anuló los artículos 2 a 4 de la Decisión de 2001, y concluyó, en los apartados 319 y 320 de la sentencia en el asunto T‑168/01, que, «con arreglo al artículo [266 TFUE], párrafo primero, la Comisión [estaba] obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la presente sentencia» y que, «a este respecto, aun cuando el Reglamento […] n.
o
1/2003 […] [hubiera] suprimido el procedimiento de notificación previsto por el Reglamento n.
o
17, [correspondía] a la Comisión, habida cuenta de la anulación parcial de la Decisión [impugnada] y del efecto retroactivo de esta, pronunciarse sobre la solicitud de exención presentada por GSK colocándose en la fecha en que se presentó esta última […], en la medida en que [siguiera] estando pendiente ante ella». El Tribunal de Justicia confirmó el análisis del Tribunal General a este respecto, considerando que «no [correspondía] al Tribunal [General] sustituir la apreciación económica del autor de la decisión cuya legalidad [debía] controlar por la suya propia» (sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, apartado 163). De ello se sigue, como resulta del fallo de la sentencia en el asunto T‑168/01, que los artículos 2 a 4 de la Decisión de 2001, citados en el apartado 6 anterior, fueron anulados.
De lo anterior resulta que, para ejecutar las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, la Comisión estaba obligada, en razón del efecto retroactivo de la anulación parcial de la Decisión de 2001, a pronunciarse únicamente sobre la solicitud de exención presentada por GSK, situándose en la fecha de la notificación del acuerdo y realizando su examen, por tanto, en el marco del Reglamento n.
o
17. En efecto, conforme al régimen anterior de la autorización administrativa del Reglamento n.
o
17, solo la Comisión podía adoptar una decisión a raíz de una solicitud de exención individual con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, sin que dicha institución dispusiera de una facultad discrecional para decidir examinar o no la solicitud de exención. Por otra parte, conforme a la jurisprudencia, la circunstancia de que el Reglamento n.
o
1/2003, que regula desde el 1 de mayo de 2004 la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, haya suprimido el procedimiento de notificación que existía anteriormente es irrelevante para la ejecución de una sentencia que estima un recurso de anulación [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de mayo de 2006, O2 (Germany)/Comisión,
T‑328/03
,
EU:T:2006:116
, apartado
].
No obstante, como se desprende del apartado 320 de la sentencia en el asunto T‑168/01, la Comisión únicamente estaba obligada a pronunciarse sobre la solicitud de exención «en la medida en que [esta siguiera] estando pendiente ante ella». En otras palabras, solo quedaba exenta de esa obligación si el solicitante decidía retirar su solicitud. Así ocurrió precisamente en el presente caso, dado que, el 26 de enero de 2010, pocos meses después de que se dictara la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, GSK retiró la solicitud de declaración negativa o de exención individual de 6 de marzo de 1998 con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3. Por tanto, la Comisión ya no estaba efectivamente obligada a pronunciarse sobre una solicitud de exención que había dejado de estar pendiente ante ella.
En cuanto a la supuesta obligación de la Comisión de dar curso a la denuncia de 1999 por el mero hecho de que la solicitud de reexamen presentada por la demandante se refería a la Decisión de 2001, que solo fue anulada parcialmente, procede señalar que el artículo 266 TFUE solo obliga a la institución de la que emane el acto anulado dentro de los límites de lo necesario para dar ejecución a la sentencia de anulación (véase el apartado 50 anterior). Como acertadamente observan las coadyuvantes, el Tribunal, en el apartado 320 de la sentencia en el asunto T‑168/01, instó explícitamente a la Comisión a que se pronunciase sobre la solicitud de exención, y no sobre las diversas denuncias presentadas contra GSK.
Por tanto, dado que la solicitud de declaración negativa o de exención presentada por GSK no seguía estando pendiente ante la Comisión, esta respetó los fundamentos y el fallo de la sentencia en el asunto T‑168/01 en el sentido del artículo 266 TFUE, en la medida en que de dicha sentencia no se desprende que la Comisión estuviera obligada a realizar una nueva investigación sobre las denuncias relacionadas con la Decisión de 2001, sino que estaba obligada a ello únicamente respecto a la solicitud de exención.
Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones de la demandante que aducen una apreciación manifiestamente errónea de los efectos de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P en los considerandos 9, 18 y 46 de la Decisión impugnada.
Por lo que respecta, en primer lugar, a la caracterización supuestamente errónea de la Decisión de 2001 como, en esencia, «nula y sin efecto», procede señalar, como se desprende de los apartados 55 y 56 anteriores, que el efecto de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P consistió claramente en anular parcialmente la Decisión de 2001, pues el artículo 1 de la Decisión de 2001 nunca fue anulado y sí lo fueron los artículos 2 a 4 de la misma Decisión.
De ello se sigue que la apreciación de la Comisión en los considerandos 9 y 46 de la Decisión impugnada, según los cuales, respectivamente, «la Sentencia del Tribunal de Justicia tuvo por efecto la nulidad de la Decisión de 2001, que debía considerarse que nunca había sido adoptada por la Comisión», y, «dado que en el presente caso se desprende de la sentencia del Tribunal que la Decisión [de 2001] se considera nula y sin efecto y que procede estimar que nunca fue adoptada, la Comisión no está obligada a dar curso a la denuncia debido a la anulación de la Decisión [de 2001] por el Tribunal de Justicia», es errónea, en la medida en que el artículo 1 de la Decisión de 2001, en realidad, nunca fue anulado.
Lo mismo sucede con la formulación, como mínimo ambigua, del considerando 18 de la Decisión impugnada, según la cual la Comisión había debido «realizar una nueva investigación pormenorizada sobre la base de la denuncia [de 1999]», si dicha frase debiera entenderse como una referencia a una nueva investigación sobre todos los aspectos del artículo 101 TFUE, incluida la propia existencia de la infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, como sostiene la demandante.
Por otra parte, estas apreciaciones no quedan desvirtuadas por la alegación de la Comisión según la cual, por un lado, los efectos jurídicos de la Decisión de 2001 se derivan únicamente de los artículos 2 a 4 de dicha Decisión, que fueron anulados, y no de su artículo 1, y, por otro lado, conforme a la regulación anterior del Reglamento n.
o
17, GSK no había infringido el artículo 101 TFUE en su totalidad, ya que la situación se presentaba como si no se hubiera adoptado una decisión sobre la solicitud de exención.
Sin embargo, aunque la Comisión no tuvo en cuenta que el artículo 1 de la Decisión de 2001 seguía siendo válido, procede señalar que, como se ha declarado en los apartados 57 y 58 anteriores, conforme a la regulación del Reglamento n.
o
17, la Comisión ya no tenía la obligación de adoptar medidas de ejecución una vez que GSK había retirado su solicitud de declaración negativa o de exención. Por tanto, ante la solicitud de reexamen de la denuncia de 1999 presentada el 9 de abril de 2013, más de tres años después de que se hubiera retirado, el 26 de enero de 2010, la solicitud de declaración negativa o de exención de GSK, la Comisión estaba legitimada para tratar la denuncia de 1999 a la luz de nuevas circunstancias, incluido el hecho de que la solicitud de declaración negativa o de exención había sido retirada. En el marco de esta configuración fáctica muy específica, por tanto, la Comisión podía fundadamente evaluar el interés de la Unión, en la fecha de adopción de la Decisión impugnada, pese a la subsistencia, parcial, de la Decisión de 2001.
Habida cuenta de lo anterior, procede desestimar la parte del motivo referida a la infracción del artículo 266 TFUE.
–
Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en una infracción de los artículos 101 TFUE y 105 TFUE en relación con el artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003
En primer lugar, la demandante alega que, al decidir «abandonar el asunto» debido a que GSK había retirado su solicitud de exención, la Comisión incumplió su obligación, en virtud del artículo 105 TFUE, de velar por la aplicación del artículo 101 TFUE. Según la demandante, tanto durante la vigencia del antiguo Reglamento n.
o
17 como durante la del Reglamento n.
o
1/2003, una vez que la Comisión había identificado una infracción «por objeto» del artículo 101 TFUE, apartado 1, y dado que GSK se negaba a acreditar la concurrencia de los requisitos del artículo 101 TFUE, apartado 3, la Comisión solo tenía una alternativa para no vulnerar el artículo 105 TFUE: llevar a cabo ella misma el análisis requerido por el artículo 101 TFUE, apartado 3, «por sus propios medios» o, si ello resultara imposible, prohibir el acuerdo y evitar que se repitiera el comportamiento. En el presente caso, la Comisión debería haber considerado que, al retirar su solicitud de exención, GSK renunciaba a invocar en su defensa el artículo 101 TFUE, apartado 3.
En segundo lugar, la demandante sostiene que la Comisión habría debido al menos sustituir los artículos 3 y 4 de la Decisión de 2001, anulados mediante las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, por una nueva Decisión que estableciera las consecuencias de la infracción constatada, conforme al artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003, que dispone que le corresponde «producir el cese efectivo de la [infracción]», y por respeto del principio de seguridad jurídica, en la medida en que la Comisión está obligada a informar a las empresas de manera clara y precisa sobre las consecuencias de la constatación de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1.
En tercer lugar, la demandante recuerda que la Comisión está siempre facultada para adoptar decisiones individuales según el artículo 101 TFUE y con arreglo al artículo 11, apartado 6, del Reglamento n.
o
1/2003, incluso cuando una autoridad de competencia nacional ya esté tramitando el asunto. En efecto, en la réplica, subraya que en el presente caso la Comisión había privado a la autoridad española de su competencia para seguir tramitando el asunto que versaba sobre el sistema de doble precio de GSK (véase la resolución R 515/02 de la autoridad española de competencia de 30 de junio de 2003). Por tanto, a su juicio, la Comisión estaba obligada a tramitar la investigación con arreglo a la letra y el espíritu del artículo 105 TFUE y de los artículos 7 y 11 del Reglamento n.
o
1/2003.
Con carácter preliminar, es preciso señalar que, según reiterada jurisprudencia, el artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003 no confiere al denunciante el derecho a exigir de la Comisión una decisión definitiva sobre la existencia o inexistencia de la infracción alegada ni obliga a la Comisión a proseguir en todo caso el procedimiento hasta la fase de decisión final [véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de septiembre de 2013, EFIM/Comisión,
C‑56/12 P
, no publicada,
EU:C:2013:575
, apartados
y
, y de 11 de enero de 2017, Topps Europe/Comisión,
T‑699/14
, no publicada,
EU:T:2017:2
, apartado
; véase igualmente el punto 41 del Proyecto de Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 2004, C 101, p. 65
; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la tramitación de denuncias»)].
En efecto, la Comisión, a la que el artículo 105 TFUE, apartado 1, atribuye el cometido de velar por la aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, es competente para definir y ejecutar la política de competencia de la Unión. Sin embargo, la Comisión solo dispone de recursos limitados, que debe utilizar para actuar contra un número potencialmente elevado de conductas contrarias al Derecho de la competencia. Por consiguiente, a fin de cumplir eficazmente esta tarea, la Comisión está facultada para establecer un orden de prioridades entre las denuncias que se le presentan y dispone a tal fin de una facultad discrecional (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2017, Topps Europe/Comisión,
T‑699/14
, no publicada,
EU:T:2017:2
, apartado
y jurisprudencia citada).
Para determinar el interés de la Unión en proseguir el examen de un asunto, la Comisión debe tener en cuenta las circunstancias del caso de que se trate y, especialmente, los elementos de hecho y de Derecho contenidos en la denuncia que le es sometida (véase la sentencia de 17 de mayo de 2001, IECC/Comisión,
C‑450/98 P
,
EU:C:2001:276
, apartado
y jurisprudencia citada). Le corresponde, en particular, tras haber evaluado con toda la atención necesaria los elementos de hecho y de Derecho alegados por el denunciante, sopesar la importancia de la supuesta infracción para el funcionamiento del mercado interior, la probabilidad de poder probar su existencia y el alcance de las medidas de investigación necesarias para cumplir en las mejores condiciones su misión de velar por la observancia de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE (sentencias de 18 de septiembre de 1992, Automec/Comisión,
T‑24/90
,
EU:T:1992:97
, apartado
, y de 12 de septiembre de 2007, UFEX y otros/Comisión,
T‑60/05
,
EU:T:2007:269
, apartado
).
Sin embargo, dado que la evaluación del interés de la Unión que reviste una denuncia está en función de las circunstancias de cada caso concreto, no es procedente limitar el número de los criterios de apreciación a los que puede referirse la Comisión ni, a la inversa, obligar a dicha institución a recurrir de modo exclusivo a determinados criterios. Habida cuenta de que, en un ámbito como el del Derecho de la competencia, el contexto fáctico y jurídico puede variar considerablemente de un asunto a otro, es posible, por un lado, aplicar criterios que pueden diferir considerablemente, y no criterios predeterminados que sean de aplicación obligatoria, o, por otro lado, aplicar criterios que no hayan sido considerados anteriormente, o dar prioridad a un solo criterio para evaluar ese interés de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de septiembre de 2013, EFIM/Comisión,
C‑56/12 P
, no publicada,
EU:C:2013:575
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 11 de enero de 2017, Topps Europe/Comisión,
T‑699/14
, no publicada,
EU:T:2017:2
, apartado
y jurisprudencia citada; véase también el punto 43 de la Comunicación sobre la tramitación de denuncias).
Además, es preciso recordar la jurisprudencia según la cual la Comisión puede adoptar la decisión de archivo de una denuncia por inexistencia de interés de la Unión suficiente, no solo antes de haber iniciado la investigación del asunto, sino también después de haber adoptado medidas de investigación, si tal es la conclusión a la que llega en dicha fase del procedimiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de mayo de 2001, IECC/Comisión,
C‑449/98 P
,
EU:C:2001:275
, apartado
, y de 24 de enero de 1995, BEMIM/Comisión,
T‑114/92
,
EU:T:1995:11
, apartado
; véase, igualmente, el punto 45 de la Comunicación sobre la tramitación de denuncias).
No obstante, la facultad discrecional de la Comisión no está exenta de límites. Por un lado, para apreciar el interés de la Unión en proseguir el examen de un asunto, la Comisión debe tomar en consideración todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes para decidir el resultado de una denuncia. Más en particular, ha de examinar con atención todos los elementos de hecho y de Derecho que los denunciantes ponen en su conocimiento (véanse las sentencias de 17 de mayo de 2001, IECC/Comisión,
C‑450/98 P
,
EU:C:2001:276
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 11 de julio de 2013, BVGD/Comisión,
T‑104/07 y T‑339/08
, no publicada,
EU:T:2013:366
, apartado
y jurisprudencia citada; véase también el punto 42 de la Comunicación sobre la tramitación de denuncias). Sobre este particular, de reiterada jurisprudencia se desprende que, cuando las instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación, el respeto de las garantías que otorga el ordenamiento jurídico de la Unión en los procedimientos administrativos reviste una importancia aún más fundamental y que, entre estas garantías, figura en particular la obligación de la institución competente de examinar minuciosa e imparcialmente todos los elementos relevantes del asunto de que se trata (véase la sentencia de 21 de enero de 2015, easyJet Airline/Comisión,
T‑355/13
,
EU:T:2015:36
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por otro lado, la Comisión está sujeta al deber de motivación cuando se niega a proseguir el examen de una denuncia. Dado que la motivación debe ser suficientemente precisa y detallada para permitir al Tribunal ejercer un control efectivo del ejercicio por la Comisión de su facultad discrecional de definir prioridades, dicha institución está obligada a exponer los elementos de hecho en que se basa la justificación de la decisión y las consideraciones jurídicas que la han llevado a adoptarla (sentencia de 4 de marzo de 1999, Ufex y otros/Comisión,
C‑119/97 P
,
EU:C:1999:116
, apartados
y
, y auto de 31 de marzo de 2011, EMC Development/Comisión,
C‑367/10 P
, no publicado,
EU:C:2011:203
, apartado
).
Por último, es preciso señalar que el control del juez de la Unión sobre el ejercicio de la facultad discrecional que se le reconoce a la Comisión en la tramitación de las denuncias no debe llevarle a sustituir la apreciación del interés de la Unión efectuada por la Comisión por la suya propia, sino que tiene la finalidad de comprobar que la decisión controvertida no está basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de Derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación, ni de desviación de poder (véase la sentencia de 15 de diciembre de 2010, CEAHR/Comisión,
T‑427/08
,
EU:T:2010:517
, apartado
y jurisprudencia citada). En efecto, no corresponde al Tribunal General sustituir la apreciación del interés de la Unión efectuada por la Comisión por la suya propia comprobando si otros criterios distintos de los aplicados por la Comisión en la Decisión impugnada habrían debido llevar a esta última a apreciar la existencia de un interés de la Unión en proseguir el examen del asunto [véanse las sentencias de 17 de diciembre de 2014, Si.mobil/Comisión,
T‑201/11
,
EU:T:2014:1096
, apartado
(no publicada), y de 30 de septiembre de 2016, Trajektna luka Split/Comisión,
T‑70/15
,
EU:T:2016:592
, apartado
(no publicada)]. Asimismo, según reiterada jurisprudencia en materia de desestimación de denuncias, las apreciaciones efectuadas por la Comisión sobre las alegaciones de infracción del artículo 101 TFUE o del artículo 102 TFUE implican valoraciones económicas complejas, máxime cuando la Comisión realiza análisis prospectivos, cuyo control por parte del juez de la Unión se limita a comprobar el respeto de las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos y la inexistencia de error manifiesto de apreciación y de desviación de poder (véase la sentencia de 27 de septiembre de 2006, Haladjian Frères/Comisión,
T‑204/03
,
EU:T:2006:273
, apartado
y jurisprudencia citada; sentencia de 11 de julio de 2013, Spira/Comisión,
T‑108/07 y T‑354/08
, no publicada,
EU:T:2013:367
, apartado
).
Procede examinar las alegaciones de la demandante a la luz de estos principios que rigen las decisiones de desestimación de denuncias por la Comisión.
En el presente asunto, la demandante considera, en esencia, que la Comisión habría debido dar efecto a las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, sobre la base del artículo 105 TFUE en relación con el artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003, o bien examinando si el comportamiento contrario a la competencia por su objeto podía quedar exento con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, o bien prohibiendo el acuerdo e impidiendo que el comportamiento se repitiera. En otras palabras, la demandante alega que la Comisión habría debido adoptar una decisión definitiva en cuanto a la existencia o inexistencia de la infracción alegada en la denuncia de 1999.
En primer lugar, procede recordar, por un lado, que, en virtud de jurisprudencia reiterada citada en los apartados 71 a 79 anteriores, la Comisión dispone de un margen de apreciación en la investigación de asuntos resultantes de una denuncia y que dicha institución no está obligada a adoptar una decisión definitiva en cuanto a la existencia o inexistencia de la infracción alegada en la denuncia. La obligación de la Comisión de tener en cuenta los elementos de hecho y de Derecho pertinentes para decidir sobre el curso que procede dar a una denuncia se refiere, en lo que atañe a una denuncia desestimada por inexistencia de interés de la Unión suficiente, no a los elementos constitutivos de una infracción de los artículos 101 TFUE o 102 TFUE, sino a los elementos pertinentes respecto del criterio utilizado para declarar esa inexistencia de interés de la Unión suficiente (sentencia de 11 de julio de 2013, Spira/Comisión,
T‑108/07 y T‑354/08
, no publicada,
EU:T:2013:367
, apartado
).
De ello se deduce que, dado que, con arreglo a Derecho, la Comisión no está obligada a adoptar una decisión definitiva en cuanto a la existencia o inexistencia de la infracción alegada en una denuncia, procede declarar que, con independencia del fundamento de la alegación basada en la interpretación errónea de los efectos de la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, la demandante no puede afirmar que incumbía a la Comisión pronunciarse definitivamente sobre la existencia o la inexistencia de una infracción de las disposiciones del artículo 101 TFUE y, más concretamente, pronunciarse sobre la cuestión de si un comportamiento que infringe el artículo 101 TFUE, apartado 1, cumple, no obstante, los cuatro requisitos para la obtención de una exención individual en virtud del artículo 101 TFUE, apartado 3.
Por otro lado y a mayor abundamiento, procede recordar que la existencia de la facultad discrecional de la Comisión no depende del carácter más o menos avanzado de la investigación de un asunto. En efecto, según la jurisprudencia citada en el apartado 75 anterior, la Comisión puede adoptar la decisión de archivo de una denuncia por inexistencia de interés de la Unión suficiente, no solo antes de haber iniciado la investigación del asunto, sino también después de haber adoptado medidas de investigación, si tal es la conclusión a la que llega en dicha fase del procedimiento. Por consiguiente, la facultad de apreciación de la Comisión se aplica cualquiera que sea la fase del procedimiento, con independencia de si el examen solicitado se refiere a una nueva denuncia o, como en el presente caso, a una denuncia en curso ante la Comisión tras un procedimiento ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.
En segundo lugar, en lo que atañe, más concretamente, a la supuesta infracción del artículo 101 TFUE en relación con el artículo 105 TFUE, es cierto que corresponde a la Comisión velar por la aplicación de los principios enunciados en el artículo 101 TFUE investigando los casos de supuesta infracción y proponiendo «las medidas adecuadas para poner término a ella». Sin embargo, en el presente caso, no solo la aplicación del acuerdo había sido suspendida desde octubre de 1998 por el Tribunal de Defensa de la Competencia, sino que la Comisión comprobó que ya no persistían efectos de la conducta de GSK en 1998 en el mercado y que tampoco existía el riesgo de que la infracción se repitiera (véanse los apartados 18 a 20 anteriores).
En tercer lugar, en cuanto a la supuesta infracción del artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003 así como del principio de seguridad jurídica por no haber sustituido los artículos 3 y 4 de la Decisión de 2001, como señala la Comisión, el artículo 7 de dicho Reglamento dispone que ella «podrá ordenar mediante decisión a las empresas y asociaciones de empresas involucradas que pongan fin a la infracción constatada», dejándole así la posibilidad de determinar la manera de garantizar el cumplimiento del Derecho de la competencia. La Comisión estimó que, a falta de un interés de la Unión en proseguir el examen de un acuerdo que había cesado desde hacía tiempo y que no había dado lugar a efectos persistentes, no procedía adoptar una decisión basada en el artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003. A este respecto, la legalidad de la Decisión impugnada en relación con la inexistencia de un interés suficiente de la Unión en proseguir el examen de la denuncia será examinada en el marco del segundo motivo (véanse los apartados 97 a 138 posteriores).
En cuarto lugar, en lo que atañe a la remisión de la demandante al artículo 11, apartado 6, del Reglamento n.
o
1/2003, debe señalarse que, ciertamente, la decisión de la Comisión de incoar un procedimiento con vistas a la adopción de una decisión tuvo por efecto privar a la autoridad española de competencia de sus atribuciones para aplicar el artículo 101 TFUE en el presente asunto. Sin embargo, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el mero hecho de que se hubiera incoado un procedimiento y la autoridad española de competencia perdiera sus atribuciones no puede significar que la Comisión estuviera obligada a adoptar una decisión con arreglo al artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003. Como se ha indicado en el apartado 83 anterior, la Comisión puede adoptar una decisión de archivo de una denuncia por inexistencia de interés de la Unión suficiente, incluso después de haber adoptado medidas de investigación, si tal es la conclusión a la que llega en esa fase del procedimiento. Por otra parte, nada se opone a que la autoridad de competencia española vuelva a ser competente para aplicar el artículo 101 TFUE, a raíz de la desestimación de la denuncia de 1999. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que el artículo 11, apartado 6, del Reglamento n.
o
1/2003 no priva de sus atribuciones a las autoridades nacionales de competencia con carácter permanente, sino únicamente mientras dure el procedimiento ante la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, Toshiba Corporation y otros,
C‑17/10
,
EU:C:2012:72
, apartados
a
).
En quinto lugar y a mayor abundamiento, procede señalar que, como indica la Comisión en sus observaciones, tras la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, examinó el asunto y llevó a cabo una serie de acciones que condujeron, en particular, a la apertura de una investigación separada sobre las prácticas actuales en materia de precios relacionadas con el comercio paralelo en España (asunto AT.39973 — Sistemas de precios para la distribución de medicamentos en España). Por tanto, es inexacto afirmar que la Comisión ha «abandonado» el asunto, como sostiene la demandante.
En consecuencia, procede desestimar por infundada la segunda parte del primer motivo.
–
Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en una falta de motivación suficiente y en una vulneración del derecho a ser oído
Por un lado, la demandante alega que la Comisión incumplió su obligación de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE, en particular, al no indicar en la Decisión impugnada los motivos por los que consideró que el artículo 1 de la Decisión de 2001 había sido también anulado por las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P.
Por otro lado, la demandante considera que, a falta de mención alguna de los efectos de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P en el escrito de 6 de junio de 2013, mediante el cual la Comisión le había comunicado su intención de desestimar la denuncia de 1999, nunca tuvo la posibilidad de presentar sus observaciones escritas sobre la interpretación de los efectos que procedía dar a dichas sentencias, lo que infringió su derecho a ser oída, en virtud del artículo 27 del Reglamento n.
o
1/2003 y del artículo 11 del Reglamento n.
o
773/2004.
En primer lugar, en lo que atañe a la alegada falta de motivación, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, la motivación de un acto debe adaptarse a su naturaleza y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión,
C‑521/09 P
,
EU:C:2011:620
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente caso, de la motivación de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión estimó que una intervención adicional por su parte no presentaba ningún interés para la Unión por razones claramente expuestas en dicha Decisión (véanse los apartados 18 a 21 anteriores), así como en el escrito de 6 de junio de 2013 emitido con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.
o
773/2004. De este modo, la Comisión expuso los elementos de hecho de los que dependía la justificación de la Decisión impugnada y las consideraciones jurídicas que la llevaron a adoptarla (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2012, Comité de défense de la viticulture charentaise/Comisión,
T‑192/07
, no publicada,
EU:T:2012:116
, apartado
y jurisprudencia citada). El hecho de que la Comisión no hubiera analizado correcta o suficientemente los efectos de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P no altera en absoluto esta apreciación (véase igualmente el apartado 106 posterior). Por otra parte, procede señalar a este respecto que la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre todas las alegaciones presentadas por los interesados en apoyo de su denuncia. Basta con que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revistan una importancia esencial en el contexto de la decisión adoptada (véase la sentencia de 12 de julio de 2007, AEPI/Comisión,
T‑229/05
, no publicada,
EU:T:2007:224
, apartado
y jurisprudencia citada; véase igualmente, en este sentido, la sentencia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión,
43/82 y 63/82
,
EU:C:1984:9
, apartado
). Por tanto, la demandante no puede alegar válidamente que la Decisión impugnada adolece de falta de motivación a este respecto.
En segundo lugar, en cuanto a la supuesta violación del derecho a ser oída, el Tribunal señala que de la jurisprudencia se desprende que el procedimiento incoado a raíz de una denuncia no es un procedimiento contradictorio entre las empresas interesadas, sino un procedimiento instruido por la Comisión, a instancia de parte, en el ejercicio de su misión de velar por el respeto de las normas sobre competencia. De ello se sigue que las empresas contra las cuales se ha iniciado el procedimiento y las que han presentado una denuncia no se encuentran en la misma situación procesal y que estas últimas no pueden ampararse en el derecho de defensa. Por el contrario, los denunciantes deben tener la posibilidad de salvaguardar sus legítimos intereses en el curso del procedimiento iniciado por la Comisión y, por tanto, estar estrechamente asociados a dicho procedimiento, aunque sus derechos procedimentales no sean tan extensos como el derecho de defensa de las empresas contra las cuales la Comisión dirige su investigación (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de noviembre de 1987, British American Tobacco y Reynolds Industries/Comisión,
142/84 y 156/84
,
EU:C:1987:490
, apartados
y
, y de 30 de noviembre de 2000, Industrie des poudres sphériques/Comisión,
T‑5/97
,
EU:T:2000:278
, apartado
; véanse, igualmente, el considerando 8 del Reglamento n.
o
773/2004 y el punto 59 de la Comunicación sobre la tramitación de denuncias). Por otra parte, de la jurisprudencia resulta que los terceros no pueden pretender gozar de un derecho a examinar el expediente en poder de la Comisión en condiciones idénticas a las de las empresas contra las que se han iniciado actuaciones (sentencias de 15 de julio de 1994, Matra Hachette/Comisión,
T‑17/93
,
EU:T:1994:89
, apartado
; de 30 de marzo de 2000, Kish Glass/Comisión,
T‑65/96
,
EU:T:2000:93
, apartado
, y de 30 de noviembre de 2000, Industrie des poudres sphériques/Comisión,
T‑5/97
,
EU:T:2000:278
, apartado
; véase, igualmente, el punto 59 de la Comunicación sobre la tramitación de denuncias). Asimismo, se deduce de los puntos 7, 8, 30 y 31 de la Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE], los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento (CE) n.
o
139/2004 del Consejo (
DO 2005, C 325, p. 7
), que el derecho de acceso de los denunciantes se limita a los documentos en los que la Comisión haya basado su apreciación provisional y no tiene el mismo alcance que el derecho de acceso al expediente de la Comisión reconocido a las personas, empresas y asociaciones de empresas a las que la Comisión ha enviado un pliego de cargos, que se refiere a todos los documentos obtenidos, elaborados o reunidos por la Comisión durante la investigación.
En el presente caso, mediante su escrito de 6 de junio de 2013, enviado con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.
o
773/2004, la Comisión indicó los elementos determinantes en cuanto a la falta de interés de la Unión en proseguir el examen de la denuncia, sin que la interpretación de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P figurase entre estos elementos determinantes a efectos de su evaluación provisional. A este respecto, la demandante no ha demostrado de qué manera se le había negado la posibilidad de presentar sus observaciones escritas sobre los efectos de las sentencias antes mencionadas, dado que, en su escrito de 18 de julio de 2013, por un lado, resume el contenido del escrito de la Comisión de 6 de junio de 2013 en el sentido de que este «describe las medidas tomadas por la Comisión a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia» y, por otro lado, en el punto 4.3, titulado «Obligación de la Comisión con arreglo al artículo 266 TFUE», la demandante presenta su lectura de los efectos de dicha sentencia sin cuestionar la falta de análisis alguno de dichas sentencias en el escrito de la Comisión.
Por tanto, de ello se deduce que ninguna de las supuestas infracciones alegadas por la demandante en el marco de la tercera parte del motivo está acreditada.
Por las razones expuestas en los apartados 47 a 95 anteriores, debe desestimarse el primer motivo en su totalidad por infundado.
Sobre el segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en la aplicación de los artículos 101 TFUE y 105 TFUE, en una falta de motivación contraria al artículo 296 TFUE al evaluar la existencia de un interés de la Unión y en la vulneración del derecho de la demandante a ser oída
Mediante su segundo motivo, formulado con carácter subsidiario, la demandante impugna todas las apreciaciones de la Comisión que la llevaron a desestimar la denuncia de 1999 por inexistencia de interés de la Unión suficiente. Más concretamente, aduce que la Comisión infringió los artículos 101 TFUE y 105 TFUE en el marco de la apreciación del interés de la Unión, incumplió la obligación de motivación a efectos del artículo 296 TFUE y vulneró el derecho fundamental a ser oído en la apreciación del interés de la Unión en proseguir una investigación.
En primer lugar, aun reconociendo que la Comisión dispone de una facultad de apreciación en lo que atañe a la desestimación de una denuncia, la demandante sostiene que el asunto presenta una «característica particular», especialmente porque la Comisión adoptó una decisión que fue objeto de dos importantes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en vista de la cual no cabe concluir que no existía interés de la Unión.
A continuación, refiriéndose a los diferentes criterios que la jurisprudencia ha considerado pertinentes para la evaluación del interés de la Unión, la demandante llega a la conclusión de que la Decisión impugnada únicamente menciona de modo selectivo y erróneo tres motivos en los que la Comisión basa la falta de interés para la Unión: en primer lugar, que la infracción señalada en la denuncia de 1999 había cesado desde hacía muchos años; en segundo lugar, que la infracción controvertida carecía de efectos persistentes; y, en tercer lugar, que el asunto había sido tratado, y aún podía serlo, por los órganos jurisdiccionales y las autoridades nacionales.
Así pues, el segundo motivo se divide, en esencia, en cuatro partes.
Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la existencia de un interés de la Unión por el mero hecho de haberse dictado las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P
La demandante sostiene que existe un interés de la Unión por el mero hecho de que concurra la característica peculiar del presente asunto que lo distingue de los anteriores analizados hasta ahora por los órganos jurisdiccionales de la Unión relativos al interés de la Unión en proseguir el examen de la denuncia, a saber, la adopción por la Comisión de una Decisión que ha sido objeto de dos sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal General, concretamente, las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, que han sido ampliamente debatidas en la doctrina.
Para responder a las alegaciones de la demandante, conforme a la jurisprudencia, procede comprobar que, al desestimar la denuncia de 1999 sobre la base del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
773/2004, la Decisión impugnada no está basada en hechos materialmente inexactos, no está viciada de ningún error de Derecho, ni tampoco de ningún error manifiesto de apreciación, ni de desviación de poder (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2010, CEAHR/Comisión,
T‑427/08
,
EU:T:2010:517
, apartado
y jurisprudencia citada). En efecto, no corresponde al Tribunal General sustituir la apreciación del interés de la Unión efectuada por la Comisión por la suya propia comprobando si otros criterios distintos de los aplicados por la Comisión en la Decisión impugnada habrían debido llevar a esta última a apreciar la existencia de un interés de la Unión en proseguir el examen del asunto [sentencia de 17 de diciembre de 2014, Si.mobil/Comisión,
T‑201/11
,
EU:T:2014:1096
, apartado
(no publicada)].
En el presente caso, en primer lugar, el hecho de que la Comisión no tomara en consideración los efectos de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P en cuanto a la apreciación de la existencia de un interés de la Unión no constituye una ilegalidad. En efecto, como ya se ha señalado, por un lado, la Comisión dispone de una facultad discrecional en cuanto a la elección de los criterios a los que puede referirse para apreciar la existencia de tal interés (véase la sentencia de 9 de marzo de 2012, Comité de défense de la viticulture charentaise/Comisión,
T‑192/07
, no publicada,
EU:T:2012:116
, apartado
) y, por otro lado, como se ha indicado en el apartado 66 anterior, en el marco de la configuración fáctica muy específica del presente caso, la Comisión podía fundadamente evaluar el interés de la Unión en la fecha de adopción de la Decisión impugnada, a la luz de nuevas circunstancias.
En segundo lugar, es preciso señalar que, ciertamente, como señala la demandante, las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P han suscitado un interés jurídico en relación con al análisis de los sistemas de doble precio a la luz del artículo 101 TFUE. No obstante, esta apreciación no puede, por sí misma, justificar que prosiga la tramitación de la denuncia de la demandante. En efecto, el objeto de la Decisión impugnada no versa sobre la existencia de un interés abstracto y académico derivado de la ejecución de estas dos sentencias, sino sobre la existencia de un interés concreto y real que justifique la puesta a disposición de los recursos de la Comisión a fin de tramitar la denuncia de 1999, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes.
En vista de lo anterior, el Tribunal General no puede sustituir la apreciación del interés de la Unión efectuada por la Comisión por la suya propia teniendo en cuenta otro criterio, a saber, el hecho de que el Tribunal de Justicia hubiera dictado una sentencia con el mismo objeto que la denuncia de 1999, independientemente de la innegable pertinencia de dicha sentencia para el examen en cuanto al fondo de la denuncia de 1999. En otras palabras, ese criterio adicional invocado por la demandante no puede, por sí solo, impedir que la Comisión concluya que no existe un interés de la Unión suficiente sobre la base de otras consideraciones y, en particular, de las tres consideraciones mencionadas en el apartado 99 anterior y examinadas a continuación.
Por último, aun suponiendo que la argumentación de la demandante deba entenderse en el sentido de que, en cuanto a la existencia de un interés de la Unión, aduce una desatención por parte de la Comisión al alcance de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, en la medida en que mantienen, parcialmente, la Decisión de 2001, procede recordar el error cometido en la Decisión impugnada, constatado en los apartados 62 a 64 anteriores. Queda por examinar si dicho error habría podido tener una influencia determinante, en las circunstancias del presente caso, sobre la apreciación por la Comisión de un interés de la Unión suficiente para proseguir la instrucción de la denuncia (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de mayo de 2002, Graphischer Maschinenbau/Comisión,
T‑126/99
,
EU:T:2002:116
, apartados
y
, y de 12 de septiembre de 2007, UFEX y otros/Comisión,
T‑60/05
,
EU:T:2007:269
, apartados
y
). En el caso de autos, se desprende del considerando 23 de la Decisión impugnada que la Comisión se basa, para declarar la falta de interés de la Unión, en tres criterios relativos al cese en octubre de 1998 del comportamiento en cuestión, a la falta de efectos persistentes y al hecho de que los órganos jurisdiccionales y las autoridades nacionales estaban en condiciones de ocuparse de los problemas suscitados. La Comisión estaba facultada, a este respecto, para limitar el número de criterios a los que deseaba hacer referencia a esos tres criterios en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de mayo de 2001, IECC/Comisión,
C‑449/98 P
,
EU:C:2001:275
, apartados
a
, y de 24 de noviembre de 2011, EFIM/Comisión,
T‑296/09
, no publicada,
EU:T:2011:693
, apartado
). De ello se deduce que la influencia que haya podido tener la apreciación errónea por parte de la Comisión del alcance de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P y, por consiguiente, del de la Decisión de 2001 debe apreciarse en relación con los tres criterios recogidos en la Decisión. Pues bien, ninguno de esos criterios puede verse afectado de manera determinante, en su aplicación, por el mantenimiento parcial de la Decisión de 2001. Efectivamente, la existencia de la decisión de 2001, que es una circunstancia de Derecho, no influye en la persistencia del comportamiento controvertido o de sus efectos, que es una circunstancia de hecho. Lo mismo puede decirse de la intervención de las autoridades y de los órganos jurisdiccionales nacionales, que sigue siendo posible, como se ha señalado en el apartado 86 anterior, incluso después de que la propia Comisión haya adoptado una resolución sobre el comportamiento en cuestión (sentencia de 14 de febrero de 2012, Toshiba Corporation y otros,
C‑17/10
,
EU:C:2012:72
, apartados
a
). Por lo demás, resulta asimismo de los considerandos 39 a 41 de la Decisión impugnada que la Comisión únicamente examina ese criterio en relación con la aplicación, llegado el caso, por parte de las autoridades o los órganos jurisdiccionales nacionales, del artículo 101 TFUE, apartado 3, y consta que la Decisión de 2001, tras su anulación parcial, no lo aplica.
Por consiguiente, procede desestimar por infundada la primera parte del segundo motivo.
Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en una apreciación manifiestamente errónea y en una falta de motivación de la Comisión en cuanto al cese del comportamiento de GSK en 1998 como criterio de apreciación de la existencia de un interés de la Unión
En primer lugar, la demandante reprocha a la Comisión no haber examinado y debidamente motivado sus conclusiones, concretamente en los considerandos 24 y 25 de la Decisión impugnada, según las cuales la infracción ya había cesado en 1998 y solo había durado siete meses (del 9 de marzo al 16 de octubre de 1998), siendo así que la Comisión se basó en esa duración limitada y en la desaparición del riesgo de reincidencia por GSK para justificar la falta de interés de la Unión. En segundo lugar, señala una contradicción entre la circunstancia de que el comportamiento había cesado en octubre de 1998 y la decisión de la Comisión de continuar la investigación después de esa fecha, entre 1998 y 2009, adoptando la Decisión de 2001 y defendiéndola ante los órganos jurisdiccionales de la Unión.
Según la jurisprudencia, la Comisión puede decidir que no procede investigar una denuncia si se ha puesto fin a las prácticas controvertidas. Por otro lado, la Comisión puede considerar que ya no existe un interés de la Unión suficiente cuando las empresas afectadas acepten modificar su comportamiento en un sentido favorable al interés general (sentencia de 17 de mayo de 2001, IECC/Comisión,
C‑449/98 P
,
EU:C:2001:275
, apartados
y
; véase igualmente el punto 44, sexto guion, de la Comunicación sobre la tramitación de denuncias).
En el caso de autos, en primer lugar, no cabe acoger la alegación de la demandante basada en una apreciación manifiestamente errónea y en una falta de motivación respecto al cese del comportamiento en 1998. En primer término, en efecto, la demandante no cuestiona directamente que la conducta de GSK hubiera finalizado efectivamente en octubre de 1998 y no aporta ninguna prueba concreta que permita demostrar lo contrario. En segundo término, la motivación de la Decisión impugnada es suficiente a este respecto, en la medida en que, en su considerando 7, se precisa claramente que la aplicación de las cláusulas controvertidas del acuerdo había sido suspendida por el Tribunal de Defensa de la Competencia el 16 de octubre de 1998 y que GSK se había abstenido de aplicarlas desde la fecha de la suspensión hasta la fecha de la Decisión de 2001. En tercer término, en el considerando 24 de la Decisión impugnada, la Comisión menciona que ningún elemento obrante en el expediente parecía indicar que GSK proyectara aplicar de nuevo estas medidas en España.
En segundo lugar, es preciso señalar que la fecha de terminación del comportamiento no resulta cuestionada por la decisión de la Comisión de defender la Decisión de 2001 hasta que se dictó la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P en 2009. En efecto, esta supuesta contradicción no demuestra en absoluto que el comportamiento de GSK no hubiera cesado y, por tanto, que la Comisión hubiera concluido erróneamente que el comportamiento había dejado de producirse desde fecha.
En estas circunstancias, dado que la demandante no aporta indicios concretos de que el comportamiento hubiera subsistido después del 16 de octubre de 1998 o de que GSK proyectara aplicar estas medidas de nuevo en España, la Comisión no cometió en la Decisión impugnada un error manifiesto de apreciación al considerar que el comportamiento de GSK había cesado efectivamente en 1998.
Por consiguiente, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo.
Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en una apreciación manifiestamente errónea de la Comisión en cuanto a la inexistencia de efectos persistentes en el mercado español derivados del acuerdo
La demandante alega, en esencia, que los efectos contrarios a la competencia de la infracción persisten en gran medida en el mercado español, debido a los numerosos sistemas de doble precio actualmente aplicados por la mayor parte de los fabricantes de productos farmacéuticos. Según la demandante, el razonamiento de la Comisión en los considerandos 27 a 37 de la Decisión impugnada adolece de errores tan graves y manifiestos de apreciación que la Comisión no podía válidamente declarar la falta de interés para la Unión. En particular, la demandante cuestiona la conclusión de que no existía ninguna relación de causalidad entre las prácticas de GSK y el establecimiento subsiguiente de un doble precio por otros fabricantes (considerandos 27 y 28 de la Decisión impugnada).
Según reiterada jurisprudencia, la Comisión no puede basarse en el mero hecho de que hayan cesado las prácticas supuestamente contrarias al Tratado FUE para decidir archivar sin ulterior trámite, por inexistencia de interés de la Unión suficiente, una denuncia que impute tales prácticas, sin haber verificado si persisten los efectos contrarios a la competencia ni si, en su caso, la gravedad de las supuestas distorsiones de la competencia o la persistencia de sus efectos pueden conferir interés de la Unión a la denuncia (sentencias de 4 de marzo de 1999, Ufex y otros/Comisión,
C‑119/97 P
,
EU:C:1999:116
, apartado
, y de 14 de febrero de 2001, SEP/Comisión,
T‑115/99
,
EU:T:2001:54
, apartado
; véase igualmente el punto 44, quinto guion, de la Comunicación sobre la tramitación de denuncias). Esta jurisprudencia solo es aplicable cuando la Comisión fundamenta su decisión en el cese de las prácticas supuestamente contrarias a la competencia (sentencias de 12 de septiembre de 2007, UFEX y otros/Comisión,
T‑60/05
,
EU:T:2007:269
, apartado
, y de 11 de julio de 2013, Spira/Comisión,
T‑108/07 y T‑354/08
, no publicada,
EU:T:2013:367
, apartado
).
En primer lugar, se desprende de lo anterior que la Comisión actuó legítimamente al no limitarse, en la Decisión impugnada, a constatar el cese del acuerdo en 1998 y que también comprobó que los efectos contrarios a la competencia no persistían.
En segundo lugar, es preciso señalar que la demandante no aporta ninguna prueba concreta que demuestre que la capacidad de los mayoristas españoles de exportar los medicamentos a los que afectaba directamente la cláusula de doble precio aplicada por GSK en 1998 quedara restringida o que la magnitud de esa restricción en 1998 fuera tal que habían persistido los efectos contrarios a la competencia en el mercado español. De este modo, la Comisión no cometió un error manifiesto de apreciación al concluir, en el considerando 26 de la Decisión impugnada, que «los mayoristas españoles se enfrentan hoy a precios y volúmenes de compra para la exportación de estos 82 medicamentos que vienen determinados por las dinámicas actuales del mercado más que por la conducta de GSK en 1998».
En tercer lugar, procede destacar que la jurisprudencia citada en el apartado 115 anterior se centra, principalmente, en los efectos contrarios a la competencia directamente vinculados a las prácticas supuestamente contrarias a la competencia que cesaron y fueron objeto de la denuncia de 1999. Los efectos contrarios a la competencia no pueden, por consiguiente, acreditarse por referencia a prácticas de terceros. No obstante, no cabe descartar que los efectos contrarios a la competencia se examinen teniendo en cuenta prácticas realizadas por terceros, cuando esté claramente acreditada una relación de causalidad entre tales prácticas y las prácticas objeto de la denuncia. Sin embargo, en el presente caso, la demandante no aporta ninguna prueba que pueda demostrar una relación de causalidad entre las prácticas de GSK aplicadas en 1998 y la introducción posterior de un doble precio por otros fabricantes. Por otra parte, el hecho de que estas prácticas de las demás empresas susciten potencialmente los mismos problemas de competencia que los del asunto objeto de la denuncia de 1999 es, en sí mismo, irrelevante, puesto que el hecho de que un comportamiento sea comparable en dos asuntos no significa que el uno haya provocado o influido en el otro.
En cuarto lugar, debe desestimarse también la alegación de que tal relación de causalidad entre esas prácticas pudiera acreditarse partiendo de que la supuesta inactividad de la Comisión en el asunto objeto de la denuncia de 1999 hubiera dado «de facto luz verde» a la imposición de restricciones a la exportación en España. Por un lado, como señala acertadamente la Comisión, el hecho de no adoptar una decisión relativa a una infracción no puede ser determinante por sí mismo en la autoevaluación efectuada por las empresas con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, puesto que esta debe realizarse sobre la base de las circunstancias actuales del mercado, y no sobre la base de una decisión desestimatoria de una denuncia por inexistencia de interés de la Unión respecto a una infracción que ha dejado de producir efectos desde 1998. Por otro lado, la acción de la Comisión tras dictarse la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P (véase el apartado 14 anterior) y la apertura de una nueva investigación relativa a supuestas prácticas de doble precio en España por parte de empresas distintas de GSK (asunto AT.39973 — Sistemas de precios para la distribución de medicamentos en España) no pueden ser percibidas por las demás empresas como una «inactividad» que les dé luz verde para establecer sistemas de doble precio en España.
En quinto lugar, es preciso señalar que no es posible discernir una contradicción entre, por un lado, el considerando 28 de la Decisión impugnada, según el cual el uso supuestamente generalizado de sistemas de doble precio por los fabricantes en España guardaba relación, entre otros factores, con medidas legislativas introducidas durante la instrucción del asunto GSK, en particular con la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (BOE n.
o
178, de 27 de julio de 2006, p. 28122), y, por otro lado, la desestimación, mediante un escrito de la Comisión fechado el 4 de noviembre de 2008, de otra denuncia presentada por la demandante en relación con esos nuevos cambios legislativos introducidos por la Ley 29/2006. Por un lado, del tenor del considerando 28 de la Decisión impugnada se desprende que esas medidas legislativas constituyen uno de los factores, y no el único factor, de la supuesta utilización de sistemas de doble precio y, por otro lado, esa contradicción se asocia a consideraciones que exceden el alcance de la denuncia de 1999 y que, en todo caso, no permiten demostrar los efectos persistentes de la práctica controvertida en el presente asunto.
Habida cuenta de lo anterior, la tesis de la demandante según la cual el comportamiento de GSK sigue generando efectos contrarios a la competencia carece de fundamento en la medida en que dicha parte no ha demostrado la existencia de una relación de causalidad entre el sistema brevemente aplicado por GSK en 1998 y los supuestos «efectos contrarios a la competencia» derivados de prácticas actualmente aplicadas por otros productores farmacéuticos.
En consecuencia, procede concluir que no se ha acreditado que la Comisión hubiera cometido un error manifiesto de apreciación en cuanto a la inexistencia de efectos persistentes en el mercado español derivados del acuerdo.
Sobre la cuarta parte del segundo motivo, basada en una apreciación manifiestamente errónea de la Comisión en cuanto al hecho de que el asunto objeto de la denuncia de 1999 pueda someterse válidamente a las autoridades nacionales
La demandante considera que, contrariamente a lo que sostiene la Comisión, el asunto objeto de la denuncia de 1999 no puede ser sometido válidamente a las autoridades nacionales, en la medida en que estas no están en condiciones de evaluar un asunto de tal naturaleza. Según la demandante, la Comisión está generalmente en mejor posición que las autoridades nacionales. En primer término, dispone de los elementos pertinentes del expediente. En segundo término, el comercio paralelo, por su especial naturaleza, afecta por definición a varios Estados miembros. En tercer término, es indiscutible que las autoridades y los órganos jurisdiccionales españoles no disponen de los medios, los conocimientos o incluso de la experiencia necesarios para obtener y analizar los datos económicos complejos que son indispensables a efectos del análisis realizado con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3. En cuarto término, la demandante señala que la Comisión cometió un error manifiesto de interpretación de los artículos 5 y 10 del Reglamento n.
o
1/2003 al afirmar que la autoridad española de competencia podía «adoptar una decisión válida relativa al artículo 101 TFUE, apartado 3, en el asunto GSK». Según la demandante, a tenor del artículo 5 del Reglamento n.
o
1/2003, las autoridades nacionales no pueden adoptar decisiones individuales que afirmen que se cumplen los requisitos del artículo 101 TFUE, apartado 3, y, conforme al artículo 10 del Reglamento n.
o
1/2003, solo la Comisión puede declarar mediante decisión que los cuatro requisitos establecidos en el artículo 101 TFUE, apartado 3, son aplicables. En quinto término, la Comisión estaba también en mejor disposición de examinar y adoptar una decisión relativa al artículo 101 TFUE, apartado 3, con el fin de garantizar, por un lado, la eficacia administrativa, dado que la Comisión ya había dedicado mucho esfuerzo a ese asunto, y, por otro lado, la seguridad jurídica en relación con las autoridades nacionales de competencia que hayan de enfrentarse a casos similares en el futuro.
En primer lugar, procede recordar que, en virtud de los artículos 4 y 5 del Reglamento n.
o
1/2003, la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros tienen competencias paralelas para aplicar los artículos 101 TFUE y 102 TFUE y que la lógica interna del Reglamento n.
o
1/2003 se basa en una estrecha cooperación entre estas (sentencia de 16 de octubre de 2013, Vivendi/Comisión,
T‑432/10
, no publicada,
EU:T:2013:538
, apartado
). Por tanto, en el marco de su apreciación, la Comisión puede tener en cuenta también las medidas adoptadas por las autoridades nacionales (véase la sentencia de 3 de julio de 2007, Au Lys de France/Comisión,
T‑458/04
, no publicada,
EU:T:2007:195
, apartado
y jurisprudencia citada). En efecto, la Comisión puede desestimar una denuncia basándose en que el denunciante puede ejercitar una acción ante las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de septiembre de 1992, Automec/Comisión,
T‑24/90
,
EU:T:1992:97
, apartados
a
; de 24 de enero de 1995, Tremblay y otros/Comisión,
T‑5/93
,
EU:T:1995:12
, apartados
a
, y de 9 de enero de 1996, Koelman/Comisión,
T‑575/93
,
EU:T:1996:1
, apartados
y
; véase, igualmente, la Comunicación sobre la tramitación de denuncias, punto 44, primer guion, y capítulo II). En cambio, ni el Reglamento n.
o
1/2003 ni la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia (
DO 2004, C 101, p. 43
) establecen una regla de reparto de competencias entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros ni crean derechos o expectativas para una empresa en cuanto a la tramitación de su asunto por una autoridad de competencia determinada (sentencias de 13 de julio de 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Comisión,
T‑144/07, T‑147/07 a T‑150/07 y T‑154/07
,
EU:T:2011:364
, apartado
, y de 17 de diciembre de 2014, Si.mobil/Comisión,
T‑201/11
,
EU:T:2014:1096
, apartados
y
).
Por tanto, aun suponiendo, como sostiene la demandante, que la Comisión esté particularmente bien situada para tramitar un asunto y que las autoridades nacionales estén en peor disposición de hacerlo, las empresas denunciantes, como la demandante, no tienen ningún derecho a que su asunto sea tramitado por la Comisión [véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de diciembre de 2014, Si.mobil/Comisión,
T‑201/11
,
EU:T:2014:1096
, apartado
, y de 30 de septiembre de 2016, Trajektna luka Split/Comisión,
T‑70/15
,
EU:T:2016:592
, apartado
(no publicada)].
En segundo lugar, es preciso recordar que de la exposición de motivos del Reglamento n.
o
1/2003, y en particular de sus considerandos 1, 6, 8 y 35, se desprende que la participación más estrecha de las autoridades de competencia de los Estados miembros en la aplicación de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE y la obligación impuesta a estas de aplicar dichas disposiciones cuando el comercio entre Estados miembros pueda verse afectado pretenden precisamente garantizar la realización del objetivo de eficacia que se persigue con el referido Reglamento. De este modo, la exigencia de eficacia no puede conllevar, a riesgo de menoscabar el alcance del artículo 13 del Reglamento n.
o
1/2003, en virtud del cual la Comisión puede desestimar una denuncia cuando ya la estuviera tramitando la autoridad de competencia de un Estado miembro, que la Comisión esté obligada a verificar, en el marco de la aplicación de dicha disposición particular, si la autoridad de competencia de que se trate dispone de los medios institucionales, económicos y técnicos para cumplir la misión que le encomienda el Reglamento n.
o
1/2003 (sentencia de 17 de diciembre de 2014, Si.mobil/Comisión,
T‑201/11
,
EU:T:2014:1096
, apartados
y
).
Por consiguiente y habida cuenta del sistema de cooperación establecido por el Reglamento n.
o
1/2003 entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros, procede declarar que la Comisión podía, sin incurrir en error de apreciación, presumir que las autoridades nacionales tenían la capacidad para aplicar con eficacia las reglas, normas y políticas que integraban el ordenamiento jurídico de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2016, Trajektna luka Split/Comisión,
T‑70/15
,
EU:T:2016:592
, apartado
), y, en particular, considerar que las autoridades nacionales españolas estaban en condiciones tramitar el asunto objeto de la denuncia de 1999 en el plano nacional, obteniendo todas las pruebas necesarias, incluso recurriendo a los mecanismos de cooperación contemplados en los artículos 12 y 15 del Reglamento n.
o
1/2003. Además, y en cualquier caso, la documentación presentada por la demandante ante la Comisión, y, concretamente, la relativa a una supuesta falta de experiencia necesaria para llevar a cabo un análisis económico o a una dificultad para obtener la información necesaria, no demuestra de modo suficiente la existencia de carencias institucionales en la autoridad española de competencia que le impidan cumplir esta misión.
Asimismo, no se ha demostrado que los órganos jurisdiccionales españoles no sean capaces de controlar la legalidad de las resoluciones de la autoridad española de competencia. Como acertadamente señala la Comisión, ninguna de las causas pendientes sobre supuestas prácticas de doble precio en España que la demandante invoca permite demostrar la pretendida incapacidad por parte de los órganos jurisdiccionales españoles para aplicar correctamente el artículo 101 TFUE, apartado 3. Por un lado, ninguno de estos procedimientos judiciales tiene por objeto el acuerdo y, por otro, en cuanto a los relativos a prácticas en las que supuestamente han incurrido otras empresas, de la documentación aportada por la demandante no se desprende que los órganos jurisdiccionales nacionales hayan interpretado erróneamente las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P. A título indicativo, la sentencia del Tribunal Supremo dictada el 3 de diciembre de 2014 en el asunto n.
o
4792/2011, Pharma/Pfizer, S.L.U., que, por lo además, se refiere a las mencionadas sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, aun cuando atañe principalmente a la interpretación del artículo 101 TFUE, apartado 1, demuestra que dicho tribunal cuenta con todos los medios para efectuar un análisis conforme a la jurisprudencia derivada de dichas sentencias, también, cuando proceda, en relación con el artículo 101 TFUE, apartado 3.
En tercer lugar, debe señalarse que, aunque la práctica controvertida afecte al territorio de varios Estados miembros, debido a la naturaleza específica del comercio paralelo, esta circunstancia no basta por sí sola para concluir que la denuncia de 1999 presentaba un interés para la Unión suficiente. De lo contrario, la Comisión se vería obligada a dar curso a cualquier denuncia sobre una supuesta infracción que afectara a varios Estados miembros, con independencia de la apreciación de los demás criterios de evaluación del interés de la Unión y del carácter fundado o no de la denuncia (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2007, UFEX y otros/Comisión,
T‑60/05
,
EU:T:2007:269
, apartado
, y de 13 de septiembre de 2012, Protégé International/Comisión,
T‑119/09
, no publicada,
EU:T:2012:421
, apartado
). De ello resulta que el alcance transnacional del comportamiento en cuestión no basta por sí solo para conferir un interés de la Unión.
En cuarto lugar, por lo que respecta a la aplicación del artículo 5 del Reglamento n.
o
1/2003, del tenor de este se desprende con claridad que «las autoridades de competencia de los Estados miembros son competentes para aplicar los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] en asuntos concretos» y que «a tal efecto, ya sea de oficio, ya previa denuncia de parte, podrán adoptar las decisiones siguientes: […] orden de cesación de la infracción, […] adopción de medidas cautelares, […] aceptación de compromisos [e] imposición de multas sancionadoras, de multas coercitivas o de cualquier otra sanción prevista por su Derecho nacional». Conforme al artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1/2003, las autoridades nacionales de competencia «podrán decidir asimismo que no procede su intervención». Por otra parte, procede recordar que el Reglamento n.
o
1/2003 puso fin al régimen centralizado del Reglamento n.
o
17, que se basaba en un sistema de notificación mediante una solicitud de declaración negativa o, en su defecto, de exención individual, sustituyéndolo por un sistema de excepción legal, reconociendo a las autoridades de competencia y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros la facultad de aplicar no solo los artículos 101 TFUE, apartado 1, y 102 TFUE, sino también el artículo 101 TFUE, apartado 3 (véanse los considerandos 3 y 4 del Reglamento n.
o
1/2003). Por tanto, contrariamente a lo que sostiene la demandante, las autoridades nacionales de competencia pueden claramente apreciar si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 101 TFUE, apartado 3.
Esta conclusión no queda desvirtuada por la alegación de la demandante según la cual, sobre la base del artículo 10 del Reglamento n.
o
1/2003 y con arreglo a la sentencia de 3 de mayo de 2011, Tele2 Polska (
C‑375/09
,
EU:C:2011:270
), solo la Comisión puede declarar mediante decisión que los cuatro requisitos establecidas en el artículo 101 TFUE, apartado 3, son aplicables.
Primeramente, procede señalar que, en efecto, el artículo 10 del Reglamento n.
o
1/2003 dispone que la Comisión «podrá declarar mediante decisión […] que el artículo [101 TFUE] no es aplicable a un acuerdo […], bien porque no se reúnan las condiciones del apartado 1 del artículo [101 TFUE], bien porque se reúnan las condiciones del apartado 3 del artículo [101 TFUE]». De conformidad con la primera frase de este mismo artículo, tal decisión, que tiene un valor no constitutivo, sino meramente declarativo, solo puede ser adoptada por la Comisión «de oficio» y «cuando así lo requiera el interés público [de la Unión] relativo a la aplicación de los artículos [101 TFUE y 102 TFUE]» (véase igualmente el considerando 14 del Reglamento n.
o
1/2003). Dado que la Decisión impugnada no considera que las autoridades nacionales puedan adoptar una decisión basada en el artículo 10 del Reglamento n.
o
1/2003, tal imputación debe asimismo ser desestimada.
Seguidamente, en cuanto a la sentencia de 3 de mayo de 2011, Tele2 Polska (
C‑375/09
,
EU:C:2011:270
), es cierto que el Tribunal de Justicia señaló, en el apartado 32 de dicha sentencia, que «una autoridad nacional de competencia no [podía] adoptar una decisión por la que se [declarase] que no [había] vulneración del artículo 102 TFUE». Esta jurisprudencia se aplica asimismo, por analogía, al artículo 101 TFUE, en la medida en que el Tribunal de Justicia consideró que «tal decisión “negativa” sobre el fondo podría menoscabar la aplicación uniforme de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE» (sentencia de 3 de mayo de 2011, Tele2 Polska,
C‑375/09
,
EU:C:2011:270
, apartado
; véase igualmente, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2015, easyJet Airline/Comisión,
T‑355/13
,
EU:T:2015:36
, apartado
).
No obstante, el hecho de que una autoridad nacional no pueda adoptar decisiones en las que se declare la inexistencia de infracción del artículo 101 TFUE no puede equivaler a una incapacidad de la autoridad nacional de competencia para aplicar el artículo 101 TFUE, apartado 3. Más concretamente, a tenor del artículo 5, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1/2003, cuando considere, a partir de la información de que disponga, que no se reúnen las condiciones para una prohibición con arreglo a lo dispuesto en el artículo 101 TFUE, dicha autoridad podrá decidir que no procede su intervención. Por consiguiente, una autoridad de competencia nacional puede apreciar si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 101 TFUE, apartado 3, y, en caso afirmativo, decidir que no procede intervenir.
Además, ha de señalarse que lo importante, a efectos de apreciar si un asunto puede ser válidamente sometido a una autoridad nacional, no es el resultado del examen de la denuncia por dicha autoridad de competencia, sino el hecho de que exista la posibilidad de que esta última lo examine (véase, por analogía, la sentencia de 21 de enero de 2015, easyJet Airline/Comisión,
T‑355/13
,
EU:T:2015:36
, apartado
), como así ocurre, indiscutiblemente, en el presente caso.
En quinto y último lugar, en cuanto a la alegación de la demandante según la cual la Comisión estaba asimismo obligada a dar curso a la investigación puesto que había privado a la autoridad española de competencia de sus atribuciones para tramitar el asunto, por un lado, procede señalar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el Reglamento n.
o
1/2003 no establece que la incoación de un procedimiento por parte de la Comisión prive a las autoridades nacionales de defensa de la competencia, con carácter permanente y definitivo, de sus atribuciones para aplicar la legislación nacional en esta materia. Las autoridades nacionales de defensa de la competencia recuperan sus atribuciones tan pronto como concluye el procedimiento incoado por dicha institución (sentencia de 14 de febrero de 2012, Toshiba Corporation y otros,
C‑17/10
,
EU:C:2012:72
, apartados
a
). Por otro lado, y en cualquier caso, a tenor del considerando 18 del Reglamento n.
o
1/2003, una posible suspensión o conclusión de un asunto por una autoridad de competencia debido a que otra autoridad está tramitando o ha tramitado el mismo asunto «no debe ser óbice para que la Comisión pueda, como le reconoce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, desestimar una denuncia por falta de interés [de la Unión], aun en caso de que ninguna otra autoridad de competencia haya manifestado su intención de ocuparse del asunto».
Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que no se ha acreditado que la Comisión haya cometido un error manifiesto de apreciación al indicar que el asunto podía ser sometido a las autoridades nacionales. De ello se sigue que esta parte del segundo motivo debe ser desestimada.
De cuanto precede se desprende que el segundo motivo debe ser desestimado en su totalidad por infundado.
Sobre el tercer motivo, basado en una falta de examen y en una motivación insuficiente respecto a determinados elementos de hecho y de Derecho comunicados por la demandante a la Comisión después de que se dictara la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P
La demandante sostiene que la Comisión no examinó el conjunto de elementos de hecho y de Derecho que le había comunicado después de que se dictaran las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, a saber, los mencionados en los escritos que presentó el 4 de marzo de 2010 y el 8 de octubre de 2011, y que la motivación de la Decisión impugnada no pone de manifiesto que la Comisión hubiera llevado a cabo análisis alguno de dichos elementos.
En primer lugar, respecto a la supuesta falta de examen de la Comisión, de la jurisprudencia se desprende que, para apreciar el interés de la Unión en proseguir el examen de un asunto, la Comisión debe tomar en consideración todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes para decidir el resultado de una denuncia. Más en particular, ha de examinar con atención todos los elementos de hecho y de Derecho que los denunciantes ponen en su conocimiento (véase el apartado 76 anterior).
En el presente caso, procede recordar que de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión siguió el procedimiento previsto en el artículo 7 del Reglamento n.
o
773/2004. Así, en su escrito de 6 de junio de 2013, la Comisión puso en conocimiento de la demandante su análisis de la denuncia de 1999 y le permitió formular alegaciones. En efecto, el 18 de julio de 2013, la demandante presentó sus observaciones, que la Comisión tuvo en cuenta en la Decisión impugnada. En cuanto a los escritos presentados por la demandante el 4 de marzo de 2010 y el 8 de octubre de 2011, que son objeto del presente motivo, del considerando 11 de la Decisión impugnada resulta que la Comisión los «[examinó] exhaustivamente». A este respecto, procede señalar que esos dos escritos se referían, el primero, al análisis del sistema de doble precio de GSK tras la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, con la conclusión, en esencia, de que el acuerdo no podía quedar exento con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 3, y, el segundo, a la necesidad de una acción urgente de la Comisión, con propuestas de posibles medidas. Aunque no sea posible confirmar, sobre la base del contenido de la Decisión impugnada, que dichos escritos fueron efectivamente examinados por la Comisión, de su contenido se deduce que no planteaban cuestiones que no hubieran sido suscitadas en el procedimiento administrativo, incluida la posterior al pronunciamiento de la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P. Por tanto, ciertamente no era indispensable que se tuvieran en cuenta mediante una referencia explícita a su contenido en la Decisión impugnada. En consecuencia, procede desestimar la imputación de que esos escritos no fueron tenidos en cuenta.
En segundo lugar, en cuanto a la alegación de una falta de motivación, según una jurisprudencia reiterada, la motivación de una acto debe adaptarse a su naturaleza y debe mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (véase la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión,
C‑521/09 P
,
EU:C:2011:620
, apartado
y jurisprudencia citada). A este respecto, la Comisión está sujeta al deber de motivación cuando se niega a proseguir el examen de una denuncia. Dado que la motivación debe ser suficientemente precisa y detallada para permitir al Tribunal ejercer un control efectivo del ejercicio por la Comisión de su facultad discrecional de definir prioridades (sentencia de 21 de enero de 2015, easyJet Airline/Comisión,
T‑355/13
,
EU:T:2015:36
, apartado
), dicha institución está obligada a exponer los elementos de hecho de los que depende la justificación de la Decisión y las consideraciones jurídicas que la llevaron a adoptarla (véase la sentencia de 9 de marzo de 2012, Comité de défense de la viticulture charentaise/Comisión,
T‑192/07
, no publicada,
EU:T:2012:116
, apartado
y jurisprudencia citada). Por último, la Comisión no está obligada a pronunciarse sobre todas las alegaciones que los interesados hayan aducido en apoyo de su denuncia. Basta con que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revistan una importancia esencial en el contexto de la decisión (sentencia de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión,
43/82 y 63/82
,
EU:C:1984:9
, apartado
; véase igualmente, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2007, AEPI/Comisión,
T‑229/05
, no publicada,
EU:T:2007:224
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente caso, por lo que respecta al supuesto incumplimiento de la obligación de motivación que incumbe a la Comisión, aunque esta no respondiera a todas las alegaciones de la demandante presentadas en los dos escritos mencionados en el apartado 142 anterior, la Comisión explicó claramente el razonamiento que había seguido y, en particular, los tres criterios enunciados en el considerando 23 de la Decisión impugnada que la llevaron a declarar la falta de interés de la Unión, permitiendo de este modo a la demandante comprender los motivos de la desestimación de su denuncia. Como se ha indicado en el apartado 141 anterior, la Comisión no está obligada a pronunciarse expresamente sobre todas las alegaciones que los interesados hayan presentado en apoyo de su denuncia. Basta con que exponga los hechos y las consideraciones jurídicas que revistan una importancia esencial en el contexto de su decisión.
Por consiguiente, de estas observaciones se desprende que la Comisión cumplió su obligación de examen y su obligación de motivación al exponer, de forma clara e inequívoca, los elementos de hecho y las consideraciones jurídicas que la llevaron a desestimar la denuncia de 1999. Dado que estas precisiones permiten al Tribunal ejercer un control efectivo sobre el ejercicio por la Comisión de su facultad discrecional al adoptar la Decisión impugnada, procede concluir que la Decisión impugnada está suficientemente motivada a este respecto, incluso en ausencia de un pronunciamiento de la Comisión sobre las alegaciones formuladas en los escritos de la demandante de 4 de marzo de 2010 y de 8 de octubre de 2011.
Por tanto, debe desestimarse por infundado el tercer motivo y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, en virtud del artículo 135, apartado 1, del mismo Reglamento, si así lo exige la equidad, el Tribunal podrá decidir que una parte que haya visto desestimadas sus pretensiones cargue únicamente, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte, o incluso que no debe ser condenada por este concepto.
En el presente caso, se han desestimado las pretensiones de la demandante. No obstante, en el marco del examen del presente recurso, resulta que la Comisión, por un lado, procedió a una caracterización errónea de la Decisión de 2001 en los considerandos 9 y 46 de la Decisión impugnada (véanse los apartados 62 y 63 anteriores) y, por otro, empleó una formulación como mínimo ambigua respecto a la investigación que debía realizar sobre la base de la denuncia de 1999 en el considerando 18 de la Decisión impugnada (véase el apartado 64 anterior).
En estas circunstancias, el Tribunal considera equitativo decidir que cada parte, incluidas las partes coadyuvantes, cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Cada parte cargará con sus propias costas.

Kanninen
Iliopoulos
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de septiembre de 2018.
Firmas
Índice

Antecedentes del litigio

Procedimiento administrativo inicial

Procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia

Procedimiento ante la Comisión tras la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P

Decisión impugnada

Procedimiento y pretensiones de las partes

Fundamentos de Derecho

Sobre el primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en la aplicación de los artículos 266 TFUE, 101 TFUE y 105 TFUE y del artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003 en lo que atañe a la interpretación de las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P, y en el incumplimiento de la obligación de motivación y la vulneración del derecho a ser oído

Sobre la eficacia del primer motivo

Sobre el fundamento del primer motivo

– Sobre la primera parte del primer motivo, basada en una infracción del artículo 266 TFUE

– Sobre la segunda parte del primer motivo, basada en una infracción de los artículos 101 TFUE y 105 TFUE en relación con el artículo 7 del Reglamento n.
o
1/2003

– Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en una falta de motivación suficiente y en una vulneración del derecho a ser oído

Sobre el segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en la aplicación de los artículos 101 TFUE y 105 TFUE, en una falta de motivación contraria al artículo 296 TFUE al evaluar la existencia de un interés de la Unión y en la vulneración del derecho de la demandante a ser oída

Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la existencia de un interés de la Unión por el mero hecho de haberse dictado las sentencias en el asunto T‑168/01 y en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P

Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en una apreciación manifiestamente errónea y en una falta de motivación de la Comisión en cuanto al cese del comportamiento de GSK en 1998 como criterio de apreciación de la existencia de un interés de la Unión

Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en una apreciación manifiestamente errónea de la Comisión en cuanto a la inexistencia de efectos persistentes en el mercado español derivados del acuerdo

Sobre la cuarta parte del segundo motivo, basada en una apreciación manifiestamente errónea de la Comisión en cuanto al hecho de que el asunto objeto de la denuncia de 1999 pueda someterse válidamente a las autoridades nacionales

Sobre el tercer motivo, basado en una falta de examen y en una motivación insuficiente respecto a determinados elementos de hecho y de Derecho comunicados por la demandante a la Comisión después de que se dictara la sentencia en los asuntos C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P y C‑519/06 P

Costas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.