CELEX: 62016TJ0750
Función pública
Funcionarios
Artículo 42 quater del Estatuto
Declaración en situación de excedencia por interés del servicio
Igualdad de trato
Prohibición de discriminación por razón de edad
Error manifiesto de apreciación
Responsabilidad

I.

Antecedentes del litigio
El Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») ha sido modificado, en particular, por el Reglamento (UE, Euratom) n.
o
1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 (
DO 2013, L 287, p. 15
).
Los considerandos 1, 3, 7 y 12 del Reglamento n.
o
1023/2013 indican lo siguiente:
«(1)
La Unión Europea y las más de 50 instituciones y agencias con las que cuenta deben seguir disponiendo de una administración pública europea de elevada calidad, para que puedan alcanzar sus objetivos, llevar a cabo sus políticas y actividades, y desempeñar las tareas que le corresponden de la mejor manera posible, de conformidad con los Tratados, para hacer frente a los retos internos y externos que se le planteen en el futuro y servir a los ciudadanos de la Unión.
[…]
(3)
Habida cuenta del tamaño de la función pública europea, considerado en relación con los objetivos de la Unión y su población, la reducción de los efectivos de personal de las instituciones y agencias de la Unión no debe implicar un deterioro en el desempeño de sus tareas, deberes y funciones de conformidad con las obligaciones y competencias establecidas en los Tratados. A este respecto, se requiere transparencia por lo que se refiere a los gastos de personal efectuados por cada institución y agencia con respecto a todas las categorías del personal que emplean.
[…]
(7)
El objetivo más general debe ser optimizar la gestión de los recursos humanos en el contexto de una función pública europea caracterizada por su excelencia, competencia, independencia, lealtad, imparcialidad y estabilidad, así como por su diversidad cultural y lingüística y por unas condiciones atractivas de contratación.
[…]
(12)
En sus conclusiones de 8 de febrero de 2013 sobre el marco financiero plurianual, el Consejo Europeo señaló que la necesidad de sanear la hacienda pública a corto, medio y largo plazo exige que todas las administraciones públicas y su personal realicen un especial esfuerzo para mejorar su eficacia y eficiencia y para adaptarse al cambiante contexto económico. Este llamamiento reiteraba en realidad el objetivo de la propuesta de la Comisión de 2011 de modificación del Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, que aspiraba a garantizar la relación coste/eficacia y reconocía que los retos a los que se enfrenta actualmente la Unión Europea exigen un gran esfuerzo por parte de todas y cada una de las administraciones públicas y todos y cada uno de los miembros de su personal, con el fin de mejorar la eficiencia y adaptarse a la mutación del contexto económico y social en Europa […]».
El artículo 1, punto 24, del Reglamento n.
o
1023/2013 estableció que, en el capítulo 2 del título III del Estatuto, se añadiera una sección 7, titulada «Excedencia por interés del servicio», que contiene una disposición única, el artículo 42
quater
. A tenor de esta disposición:
«Como muy pronto cinco años antes de la edad de jubilación del funcionario, se podrá declarar al funcionario que haya prestado al menos diez años de servicio, mediante decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos, en situación de excedencia por interés del servicio debido a necesidades de carácter organizativo vinculadas a la adquisición de nuevas competencias en las instituciones.
El número total de funcionarios a quienes se conceda una excedencia por interés del servicio cada año no podrá ser superior al 5 % de los funcionarios de todas las instituciones que se hayan jubilado el año precedente. El número total calculado por este procedimiento se asignará a cada institución con arreglo a su número respectivo de funcionarios a 31 de diciembre del año precedente. El resultado de esa asignación se redondeará al número entero inmediatamente superior en cada institución.
Esta excedencia no tendrá carácter de medida disciplinaria.
La duración de la excedencia corresponderá, en principio, al período que se extienda hasta el momento en que el funcionario alcance la edad de jubilación. No obstante, en circunstancias excepcionales, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos podrá decidir poner fin a la excedencia y reincorporar al funcionario.
Cuando el funcionario al que se haya declarado en situación de excedencia por interés del servicio alcance la edad de jubilación, será jubilado de oficio.
La excedencia por interés del servicio se ajustará a las siguientes normas:
a)
el funcionario podrá ser sustituido en su puesto de trabajo por otro funcionario;
b)
el funcionario en excedencia por interés del servicio no tendrá derecho a la subida de escalón ni a la promoción de grado.
El funcionario declarado en situación de excedencia por interés del servicio percibirá una indemnización calculada de acuerdo con las disposiciones del anexo IV.
A petición del funcionario, la indemnización estará sujeta a contribución al régimen de pensiones, calculada sobre la base de dicha indemnización. En tal caso, el período de servicio como funcionario en excedencia por interés del servicio se tendrá en cuenta para el cálculo de las anualidades con arreglo a lo previsto en el artículo 2 del anexo VIII.
No se aplicará a la indemnización ningún coeficiente corrector.»
El Reglamento n.
o
1023/2013 entró en vigor el 1 de noviembre de 2013 y el artículo 42
quater
del Estatuto es aplicable desde el 1 de enero de 2014.
La demandante, FV, es una antigua funcionaria del Consejo de la Unión Europea. Entró en servicio en la Secretaría General del Consejo (en lo sucesivo, «SGC») el 1 de mayo de 1981 como funcionaria en prácticas y obtuvo el nombramiento definitivo el 1 de noviembre de 1981. Durante su carrera fue asignada a diferentes servicios en el Consejo.
[
confidencial
] (
)
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confidencial
]
Mediante comunicación al personal n.
o
71/15, de 23 de octubre de 2015 (en lo sucesivo, «CP 71/15»), el secretario general del Consejo facilitó información sobre la aplicación del artículo 42
quater
del Estatuto por parte de la institución. A tenor de esta comunicación:
«[…] Las instituciones de la Unión deben innovar y modernizarse constantemente, lo que significa que los funcionarios deben adquirir nuevas capacidades y actualizar sus conocimientos para adaptarse a los nuevos avances. Estas nuevas competencias pueden estar relacionadas, por ejemplo, con las nuevas herramientas informáticas, los nuevos sistemas implantados para la elaboración de documentos del Consejo Europeo o del Consejo, los nuevos procedimientos de contratación pública o de auditoría interna, los nuevos métodos de trabajo o los nuevos métodos de gestión u organización.
La finalidad de la excedencia por interés del servicio es permitir declarar en excedencia a los funcionarios que tienen dificultades para adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo antes de alcanzar la edad de jubilación. […]
Para 2015, el Consejo y el Consejo Europeo disponen de cinco (5) posibilidades […]».
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II.

Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 28 de octubre de 2016, la demandante interpuso el presente recurso.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el mismo día, la demandante solicitó que se le concediera el anonimato con arreglo al artículo 66 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Mediante decisión de 30 de enero de 2017, el Tribunal estimó dicha solicitud.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de noviembre de 2016, la demandante pidió, sobre la base del artículo 66 del Reglamento de Procedimiento, que determinados datos contenidos en la demanda y sus anexos se omitieran en los documentos a los que el público tiene acceso.
El 1 de febrero de 2017, el Consejo presentó un escrito de contestación.
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal los días 24 y 10 de febrero de 2017, respectivamente, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea solicitaron intervenir en el presente asunto en apoyo de las pretensiones del Consejo.
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal el 8 de marzo de 2017, la demandante pidió que determinada información contenida en la demanda y sus anexos fuera tratada de forma confidencial frente al Parlamento y la Comisión si se permitiera la intervención de dichas instituciones. La demandante adjuntó a su solicitud una versión no confidencial de dichos documentos.
El 20 de abril de 2017, la demandante presentó el escrito de réplica.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de mayo de 2017, la demandante pidió que determinada información contenida en el escrito de réplica y sus anexos fuera tratada de forma confidencial frente al Parlamento y la Comisión si se permitiera la intervención de dichas instituciones. La demandante adjuntó a su solicitud una versión no confidencial de dichos documentos.
Mediante auto de 8 de junio de 2017, FV/Consejo (
T‑750/16
, no publicado,
EU:T:2017:420
), se admitió la intervención del Parlamento y de la Comisión en apoyo de las pretensiones del Consejo. Dado que, de conformidad con el artículo 144, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la demandante había solicitado el tratamiento confidencial de determinada información contenida en los escritos antes mencionados y sus anexos, dicho auto limitó provisionalmente el traslado de los escritos procesales al Parlamento y a la Comisión a sus versiones no confidenciales, a la espera de las posibles observaciones de dichas instituciones sobre las solicitudes de tratamiento confidencial.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de junio de 2017, la Comisión se opuso a la solicitud de tratamiento confidencial de la demanda y sus anexos. El Parlamento no formuló objeciones a dicha solicitud.
El 17 de julio de 2017, el Consejo presentó el escrito de dúplica.
El 19 y el 12 de julio de 2017, el Parlamento y la Comisión presentaron, respectivamente, sus escritos de formalización de la intervención.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de agosto de 2017, la demandante pidió que determinada información contenida en el escrito de dúplica y sus anexos fuera tratada de manera confidencial frente al Parlamento y la Comisión, y adjuntó una versión no confidencial de dichos documentos a esa solicitud.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de septiembre de 2017, el Consejo indicó que no deseaba formular observaciones sobre los escritos de formalización de la intervención del Parlamento y de la Comisión.
Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal el 5 de septiembre de 2017, la demandante presentó sus observaciones sobre los escritos de formalización de la intervención del Parlamento Europeo y de la Comisión.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de septiembre de 2017, la Comisión se opuso a la solicitud de tratamiento confidencial del escrito de dúplica y sus anexos. El Parlamento no formuló objeciones a esta solicitud.
Mediante auto de 26 de enero de 2018, el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal estimó parcialmente las solicitudes de tratamiento confidencial presentadas por la demandante, fijó un plazo para que esta presentara una versión no confidencial de la demanda, del escrito de dúplica y de sus anexos, e indicó que, una vez que se comunicara la versión no confidencial de dichos documentos a la Comisión, esta dispondría de un plazo para presentar posibles observaciones complementarias a su escrito de formalización de la intervención.
El 7 de marzo de 2018, la Comisión presentó observaciones complementarias a su escrito de formalización de la intervención.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de marzo de 2018, el Consejo declaró que no deseaba formular observaciones sobre las observaciones complementarias de la Comisión.
El 5 de abril de 2018, la demandante presentó observaciones sobre las observaciones complementarias de la Comisión.
El 6 de abril de 2018, la Secretaría del Tribunal notificó a las partes la conclusión de la fase escrita del procedimiento.
Mediante escrito de 24 de abril de 2018, la demandante formuló una solicitud motivada, con arreglo al artículo 106 del Reglamento de Procedimiento, indicando que deseaba ser oída en la fase oral del procedimiento.
A propuesta de la Sala Segunda, el Tribunal decidió, el 16 de mayo de 2018, de conformidad con el artículo 28 de su Reglamento de Procedimiento, remitir el asunto a una Sala ampliada.
A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Segunda ampliada) decidió iniciar la fase oral del procedimiento y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 de su Reglamento de Procedimiento, instó a las partes a responder por escrito a determinadas preguntas y a aportar determinados documentos. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo fijado.
Los informes orales y las respuestas de las partes a las preguntas formuladas por el Tribunal fueron oídos en la vista celebrada el 10 de julio de 2018.
La demandante solicita al Tribunal que:
–
Anule la decisión de 8 de diciembre de 2015 y, en la medida en que sea necesario, la decisión por la que se desestima la reclamación de 19 de julio de 2016.
–
Condene al Consejo al pago de una indemnización por daños y perjuicios en reparación del daño material y moral sufrido.
–
Condene al Consejo al pago de la totalidad de las costas.
El Consejo solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
El Parlamento solicita al Tribunal que desestime el recurso.
La Comisión solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
III.

Fundamentos de Derecho
A.

Sobre el objeto del recurso
Entre sus pretensiones, la demandante solicita la anulación de la decisión de 8 de diciembre de 2015 y, «en la medida en que sea necesario», la anulación de la decisión por la que se desestima la reclamación de 19 de julio de 2016. Afirma que esta pretensión es admisible no solo en cuanto se refiere a la decisión de 8 de diciembre de 2015, sino también en cuanto se atañe a la decisión por la que se desestima la reclamación, puesto que esta contiene nuevos elementos con respecto a la decisión de 8 de diciembre de 2015.
Las demás partes del litigio no han impugnado la admisibilidad del recurso de anulación interpuesto contra estas dos decisiones.
Ha de recordarse que, según jurisprudencia reiterada, la reclamación administrativa, tal como se contempla en el artículo 90, apartado 2, del Estatuto, y su desestimación, explícita o implícita, forman parte de un procedimiento complejo y solo son un requisito previo para poder acudir a la vía judicial. Ante tales circunstancias, el recurso, aunque dirigido formalmente contra la desestimación de la reclamación, da lugar a que se someta al órgano jurisdiccional el acto lesivo contra el cual se presentó la reclamación (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de enero de 1989, Vainker/Parlamento,
293/87
,
EU:C:1989:8
, apartados
y
), salvo en el supuesto de que la desestimación de la reclamación tenga un alcance diferente al del acto contra el cual se formuló la reclamación (sentencia de 25 de octubre de 2006, Staboli/Comisión,
T‑281/04
,
EU:T:2006:334
, apartado
).
En efecto, cualquier decisión desestimatoria de una reclamación, tanto si es implícita como explícita, si es pura y simple, se limita a confirmar el acto u omisión objeto de la reclamación y no constituye, por sí sola, un acto impugnable, de modo que las pretensiones dirigidas contra tal decisión sin contenido autónomo con respecto a la decisión inicial deben considerarse dirigidas contra el acto inicial (véase la sentencia de 19 de junio de 2015, Z/Tribunal de Justicia,
T‑88/13 P
,
EU:T:2015:393
, apartado
y jurisprudencia citada).
En función de su contenido, una decisión expresa desestimatoria de una reclamación puede no tener carácter confirmatorio del acto impugnado por la parte demandante. Así ocurre cuando la decisión desestimatoria de la reclamación reexamina la situación de la parte demandante atendiendo a nuevas razones de hecho y de Derecho o cuando modifica o completa la decisión inicial. En dichos supuestos, la desestimación de la reclamación constituye un acto sometido a control judicial y el juez la tendrá en cuenta al evaluar la legalidad del acto impugnado o la considerará un acto lesivo que sustituye a aquel (sentencia de 15 de septiembre de 2017, Skareby/SEAE,
T‑585/16
,
EU:T:2017:613
, apartado
).
En el presente asunto, ha de observarse, en primer lugar, que la reclamación y el recurso ante el Tribunal se presentaron dentro de los plazos establecidos en los artículos 90 y 91 del Estatuto.
En segundo lugar, es preciso señalar que la decisión por la que se desestima la reclamación no altera ni el significado ni el alcance de la decisión de 8 de diciembre de 2015 por la que se declara a la demandante en situación de excedencia por interés del servicio con arreglo al artículo 42
quater
del Estatuto. Por otra parte, la decisión por la que se desestima la reclamación completa la motivación de la decisión de 8 de diciembre de 2015 relativa a la evaluación de la capacidad de la demandante para adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo y, en el contexto de dicha evaluación, tiene en cuenta elementos de hecho que no estaban disponibles el 8 de diciembre de 2015, fecha en la que se adoptó la decisión de declarar a la demandante en situación de excedencia por interés del servicio. El Tribunal se refiere, a este respecto, a los informes de calificación de la demandante correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015, que, según las explicaciones del Consejo, se elaboraron después de la decisión de 8 de diciembre de 2015, pero antes de la decisión por la que se desestima la reclamación.
En estas circunstancias, debe concluirse que el único acto lesivo para la demandante en el presente asunto es la decisión de 8 de diciembre de 2015, que la declara en situación de excedencia por interés del servicio con arreglo al artículo 42
quater
del Estatuto (en lo sucesivo, «decisión impugnada»), cuya legalidad se apreciará, sin embargo, teniendo en cuenta la motivación contenida en la decisión por la que se desestima la reclamación.
B.

Sobre la pretensión de anulación
En apoyo de su recurso de anulación, la demandante invoca cinco motivos: el primero es una excepción de ilegalidad propuesta contra el artículo 42
quater
del Estatuto; el segundo se basa en la infracción de esta disposición y de la CP 71/15, y en errores manifiestos de apreciación; el tercero se basa en la vulneración del derecho a ser oído; el cuarto se basa en el incumplimiento del deber de asistencia y protección, y el quinto en desviación de poder.
1.

Sobre el primer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 42
quater
del Estatuto
a)

Observaciones preliminares
La demandante sostiene que el artículo 42
quater
del Estatuto es ilegal por cuanto vulnera el principio de igualdad ante la ley y el principio de no discriminación por razón de edad, consagrados en los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (
DO 2000, L 303, p. 16
), y el artículo 1
quinquies
del Estatuto.
En este contexto, la demandante alega que el artículo 42
quater
del Estatuto, dado que se aplica expresamente a los funcionarios y agentes «como muy pronto cinco años antes de la edad de jubilación», introduce una diferencia de trato en función de la edad, tal como se define en el artículo 2, apartado 2, letra a), de la Directiva 2000/78. Según la demandante, esta diferencia de trato no está justificada ni objetiva ni razonablemente por una finalidad legítima en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78. La demandante añade que, incluso si se considerara que el artículo 42
quater
del Estatuto persigue dicha finalidad legítima, los medios utilizados para alcanzarla no son adecuados ni necesarios conforme al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78.
El Parlamento, el Consejo y la Comisión rebaten las alegaciones de la demandante y solicitan que se desestime el presente motivo.
Con carácter preliminar, es necesario determinar las disposiciones con arreglo a las cuales debe examinarse la excepción de ilegalidad planteada por la demandante.
A este respecto, cabe señalar que el principio de igualdad de trato constituye un principio general del Derecho de la Unión, reconocido por el artículo 20 de la Carta, del que constituye una manifestación específica el principio de no discriminación enunciado en el artículo 21, apartado 1, de esta (sentencia de 5 de julio de 2017, Fries,
C‑190/16
,
EU:C:2017:513
, apartado
).
Por otra parte, el artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales señala que las disposiciones de la Carta están dirigidas, entre otros, a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad.
De ello se desprende que la legalidad del artículo 42
quater
del Estatuto, que fue introducido en el Estatuto por el Reglamento n.
o
1023/2013, debe apreciarse a la luz de la norma superior que constituye el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, al que se hace referencia en la argumentación de la demandante, que prohíbe toda discriminación por razón de edad.
Por lo que respecta a la invocación de la Directiva 2000/78 por parte de la demandante, se indican a continuación, con carácter preliminar, sus disposiciones pertinentes.
El artículo 1 de la Directiva 2000/78, titulado «Objeto», dispone:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.»
El artículo 2 de la Directiva 2000/78, titulado «Concepto de discriminación», establece en sus apartados 1 y 2:
«1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.
2   A efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a)
existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1;
b)
existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que:
i)
dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios […]».
El artículo 6 de la Directiva 2000/78, titulado «Justificación de diferencias de trato por motivos de edad», establece en su apartado 1:
«1.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios.
Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular:
a)
el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y [remuneración], para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas;
b)
el establecimiento de condiciones mínimas en lo que se refiere a la edad, la experiencia profesional o la antigüedad en el trabajo para acceder al empleo o a determinadas ventajas vinculadas al mismo;
c)
el establecimiento de una edad máxima para la contratación, que esté basada en los requisitos de formación del puesto en cuestión o en la necesidad de un período de actividad razonable previo a la jubilación.»
Además, debe recordarse que del artículo 288 TFUE, párrafo tercero, se desprende que las directivas obligarán al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse. Por lo tanto, la Directiva 2000/78, tal como se establece, además, en su artículo 21, se dirige a los Estados miembros y no a las instituciones. Por consiguiente, no se puede considerar que las disposiciones de esta Directiva impongan, como tales, obligaciones a las instituciones en el ejercicio de sus facultades legislativas o decisorias (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 9 de septiembre de 2003, Rinke,
C‑25/02
,
EU:C:2003:435
, apartado
, y de 21 de mayo de 2008, Belfass/Consejo,
T‑495/04
,
EU:T:2008:160
, apartado
), y, en dichas disposiciones, como tales, tampoco podrá basarse una excepción de ilegalidad del artículo 42
quater
del Estatuto (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de septiembre de 2011, Adjemian y otros/Comisión,
T‑325/09 P
,
EU:T:2011:506
, apartado
).
Sin embargo, aunque la Directiva 2000/78 no puede ser, como tal, fuente de obligaciones para las instituciones de la Unión en el ejercicio de sus facultades legislativas o decisorias dirigidas a regular las relaciones laborales entre ellas mismas y los miembros de su personal, no es menos cierto que las normas o principios que dicha Directiva establezca o se deriven de ella podrán ser invocados contra las referidas instituciones cuando ellos mismos no sean más que la expresión específica de normas fundamentales de los Tratados y de principios generales que se imponen directamente a las antedichas instituciones (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2016, Todorova/Consejo y otros,
T‑366/15 P
, no publicada,
EU:T:2016:729
, apartado
y jurisprudencia citada).
El Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la Directiva 2000/78 concreta, en el ámbito del empleo y la ocupación, el principio de no discriminación por razón de edad, que constituye un principio general del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2014, Vital Pérez,
C‑416/13
,
EU:C:2014:2371
, apartado
y jurisprudencia citada).
De ello se desprende que, si bien las disposiciones de la Directiva 2000/78 no pueden, como tales, constituir la base para la excepción de ilegalidad del artículo 42
quater
del Estatuto, pueden servir de fuente de inspiración para determinar las obligaciones del legislador de la Unión en el ámbito de la función pública de la Unión, teniendo en cuenta al mismo tiempo las especificidades de esta. Este es el modo en que el Tribunal tendrá en cuenta la Directiva 2000/78 en el presente asunto.
Por lo que se refiere a la invocación por la demandante del artículo 1
quinquies
del Estatuto, debe recordarse que esta disposición establece la prohibición de toda discriminación, incluida la discriminación por razón de edad, en la aplicación del Estatuto. Esta disposición fue introducida en el Estatuto por el Reglamento (CE, Euratom) n.
o
723/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas y el Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas (
DO 2004, L 124, p. 1
).
Dado que el artículo 1
quinquies
del Estatuto figura en el mismo acto jurídico que el artículo 42
quater
del Estatuto, es decir, en el Estatuto, que tiene carácter reglamentario, y, por lo tanto, tiene el mismo rango que este en la jerarquía normativa, esta disposición no es una norma a la luz de la cual pueda evaluarse la legalidad del artículo 42
quater
del Estatuto. Además, la demandante ha aclarado que la referencia al artículo 1
quinquies
del Estatuto solo se hizo en la medida en que esta disposición consagra el principio general de igualdad en Derecho y el principio de no discriminación por razón de edad.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede concluir que la legalidad del artículo 42
quater
del Estatuto debe evaluarse a la luz del artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, teniendo en cuenta al mismo tiempo la Directiva 2000/78, dentro de los límites establecidos en el anterior apartado 73.
Como ya se ha indicado (véase el apartado 63 anterior), el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales enuncia el principio de no discriminación, que constituye una manifestación específica del principio de igualdad de trato, reconocido en el artículo 20 de esta.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (véase la sentencia de 5 de julio de 2017, Fries,
C‑190/16
,
EU:C:2017:513
, apartado
y jurisprudencia citada).
En primer lugar, es preciso examinar si el artículo 42
quater
del Estatuto establece una diferencia de trato por razón de edad y, en segundo lugar, en caso afirmativo, si, no obstante, esta diferencia de trato es conforme con el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales por cumplir los criterios establecidos en su artículo 52, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2017, Fries,
C‑190/16
,
EU:C:2017:513
, apartado
).
b)

Sobre la existencia de una diferencia de trato por razón de edad
Ha de recordarse que el artículo 42
quater
del Estatuto se aplica «como muy pronto cinco años antes de la edad de jubilación» del funcionario. El Consejo ha precisado que esta disposición era aplicable a los funcionarios comprendidos en una franja de edad de entre 55 y casi 66 años. Del marco reglamentario aplicable y de las explicaciones del Consejo facilitadas en su respuesta escrita a una pregunta del Tribunal resulta que esta franja de edad se determina sobre la base del razonamiento que se expone a continuación.
Por lo que respecta a los funcionarios que hayan entrado en servicio antes del 1 de enero de 2014, ha de tomarse en consideración el artículo 22, apartado 1, párrafo quinto, del anexo XIII del Estatuto, que dispone:
«En lo que atañe a aquellos funcionarios que hayan entrado en servicio antes del 1 de enero de 2014, la edad de jubilación, a efectos de cualquier referencia del presente Estatuto a la misma, se determinará con arreglo a las precedentes normas, salvo disposición en contrario del Estatuto.»
Esta edad de jubilación oscila entre 60 y 65 años, dependiendo de la edad del funcionario el 1 de mayo de 2014, tal como se desprende del contenido de los cuatro primeros párrafos del artículo 22, apartado 1, del anexo XIII del Estatuto.
Para los funcionarios que hayan entrado en servicio después del 1 de enero de 2014, la edad de jubilación se fija en 66 años en virtud del artículo 52, párrafo primero, letra a), del Estatuto.
De ello se deduce que, puesto que la declaración en situación de excedencia por interés del servicio puede aplicarse a los funcionarios que hayan prestado 10 años de servicio y que se encuentran, como muy pronto, a cinco años de la edad de jubilación, esta concierne potencialmente a los funcionarios que tengan entre 55 (para aquellos que tenían 60 años o más a 1 de mayo de 2014 y cuya edad de jubilación se fijaba, por tanto, en 60 años) y 66 años (para aquellos que entraron en funciones después del 1 de enero de 2014 y cuya edad de jubilación es, por lo tanto, de 66 años).
Dado que el artículo 42
quater
del Estatuto se aplica únicamente a los funcionarios en una franja de edad comprendida entre los 55 y los 66 años y no se aplica a los funcionarios más jóvenes no comprendidos en la franja de edad indicada, esta disposición establece una diferencia de trato por razón de edad.
Cabe señalar que el Consejo manifiesta sus dudas acerca de si el artículo 42
quater
del Estatuto puede incluirse en el concepto de discriminación en el sentido del artículo 2 de la Directiva 2000/78, ya que no se refiere a una «edad determinada», sino a la edad de jubilación de los funcionarios afectados, que puede variar. En su opinión, se trata, por tanto, de una medida complementaria a la jubilación destinada a mitigar el «efecto de choque» de esta salida y no a discriminar en función de una edad concreta con respecto a otra. En apoyo de este razonamiento, el Consejo señala también que la aplicación del artículo 42
quater
del Estatuto está sujeta a un segundo requisito independiente de la edad, el de una antigüedad de al menos diez años.
Esta alegación del Consejo se refiere a la justificación de la diferencia de trato por razón de edad que figura en el artículo 42
quater
del Estatuto y no pone en duda la existencia de esta diferencia de trato. Toda vez que esta disposición concierne únicamente a los funcionarios pertenecientes a una franja de edad determinada, claramente identificada, introduce una diferencia de trato basada directamente en la edad, a pesar de la circunstancia de que la franja de edad mencionada se determine en función de la edad de jubilación de los funcionarios afectados. La cuestión de si esa diferencia de trato constituye una discriminación prohibida por el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales difiere de la cuestión de la existencia de una diferencia de trato.
Por otra parte, en respuesta a la alegación del Consejo expuesta en el anterior apartado 86, ha de señalarse que la circunstancia de que el artículo 42
quater
del Estatuto establezca otros requisitos no relacionados con la edad, como los relativos a la antigüedad de los funcionarios afectados y a la existencia de «necesidades de carácter organizativo vinculadas a la adquisición de nuevas competencias», no neutraliza el hecho de que, cuando se cumplan estos requisitos, los funcionarios comprendidos en la franja de edad en cuestión recibirán un trato diferente al de los funcionarios no incluidos en esa franja.
Según la jurisprudencia, para que pueda achacarse al legislador de la Unión haber vulnerado el principio de igualdad de trato, es necesario que este haya tratado de manera diferente situaciones comparables, dando lugar a una desventaja para determinadas personas respecto de otras (véase la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine y otros,
C‑127/07
,
EU:C:2008:728
, apartado
y jurisprudencia citada). De esta jurisprudencia resulta que es preciso comprobar, en el presente asunto, si la diferencia de trato por razón de edad establecida en el artículo 42
quater
del Estatuto da lugar a una desventaja para los funcionarios comprendidos en la franja de edad de que se trata con respecto a los que no están incluidos en ella (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2017, Fries,
C‑190/16
,
EU:C:2017:513
, apartado
).
En el caso de autos, se puede imponer contra su voluntad a los funcionarios comprendidos en la franja de edad en cuestión y, por lo tanto, potencialmente sujetos a la medida prevista en el artículo 42
quater
del Estatuto un cambio de su posición administrativa consistente en que dejan de estar en «servicio activo» en el sentido del artículo 36 del Estatuto y son declarados en «excedencia por interés del servicio». Además, estos funcionarios no pueden evolucionar en su carrera debido a que, en virtud del artículo 42
quater
, párrafo sexto, letra b), del Estatuto, dejan de tener derecho a la subida de escalón o a la promoción de grado.
Los funcionarios a los que el artículo 42
quater
del Estatuto no resulta aplicable no padecen esas desventajas en lo que atañe a su carrera.
Por otra parte, los funcionarios a los que se declara en situación de excedencia por interés del servicio sufren, sin duda, una reducción de sus ingresos profesionales derivada, en particular, del cese de la percepción del sueldo base, que se sustituye por la indemnización prevista en el artículo 42
quater
, párrafo séptimo, del Estatuto. Con arreglo a esa disposición, esta indemnización se calcula de acuerdo con lo dispuesto en el anexo IV del Estatuto, lo que significa que los funcionarios declarados en excedencia por interés del servicio percibirán, durante los tres primeros meses de aplicación de la medida, una indemnización mensual equivalente a su sueldo base, del cuarto al sexto mes de aplicación de la medida, una indemnización mensual equivalente al 85 % de su sueldo base y, del séptimo mes hasta la finalización de la excedencia, es decir, hasta que se alcance la edad de jubilación, una indemnización mensual equivalente al 70 % de su sueldo base. Conforme al artículo 42
quater
, párrafo noveno, del Estatuto, no se aplicará a esta indemnización ningún coeficiente corrector. Además, el perjuicio económico señalado resulta potencialmente agravado por la circunstancia de que los funcionarios en cuestión dejan de participar en la subida de escalón y en la promoción de grado, como ya se ha indicado.
Los funcionarios no comprendidos en la franja de edad de que se trata y a los que, por tanto, no es aplicable el artículo 42
quater
del Estatuto no padecen las desventajas económicas mencionadas en el anterior apartado 92.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede concluir que el artículo 42
quater
del Estatuto establece una diferencia de trato por razón de edad.
c)

Sobre el cumplimiento de los criterios enunciados en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales
A tenor del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por esta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, solo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.
En el presente asunto, ha de considerarse que la diferencia de trato por razón de edad prevista por el artículo 42
quater
del Estatuto está establecida por la «ley» en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, puesto que esa disposición tiene su origen en el Reglamento n.
o
1023/2013 (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2017, Fries,
C‑190/16
,
EU:C:2017:513
, apartado
).
Asimismo, debe señalarse que la diferencia de trato mencionada se refiere a una cuestión de alcance limitado en el contexto de la función pública de la Unión: la de la declaración en situación de excedencia por interés del servicio de determinados funcionarios que cumplan una serie de requisitos, entre ellos el relativo a la edad. Por consiguiente, esta diferencia de trato «respeta el contenido esencial» del principio de no discriminación en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2017, Fries,
C‑190/16
,
EU:C:2017:513
, apartado
y jurisprudencia citada).
En apoyo de esta conclusión, ha de señalarse que el artículo 42
quater
, párrafo segundo, del Estatuto dispone que el número total de funcionarios a quienes se conceda una excedencia por interés del servicio cada año no podrá ser superior al 5 % de los funcionarios de todas las instituciones que se hayan jubilado el año precedente. Así pues, resulta que, teniendo en cuenta este límite máximo y los requisitos de aplicación del artículo 42
quater
del Estatuto, previstos en el párrafo primero de dicha disposición, el número anual de funcionarios a los que puede declararse en excedencia por interés del servicio es muy reducido, como también se desprende de las respuestas escritas del Parlamento, el Consejo y la Comisión a una pregunta formulada por el Tribunal. Por ejemplo, el Consejo ha declarado que, en dicha institución, se había concedido la excedencia por interés del servicio a cuatro funcionarios durante cada uno de los años 2015, 2016 y 2017, de un total de 2757 funcionarios en servicio en el Consejo a 31 de diciembre de 2017.
El Tribunal examinará si en el presente asunto se cumplen los otros dos requisitos enunciados en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales para justificar la diferencia de trato por razón de edad establecida en el artículo 42
quater
del Estatuto. Estos requisitos son la existencia de un objetivo de interés general reconocido por la Unión al que responda la diferencia de trato y el respeto de la proporcionalidad.
1)

Sobre la cuestión de si la diferencia de trato por razón de edad establecida por el artículo 42
quater
del Estatuto responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión
El Consejo, apoyado por el Parlamento y la Comisión, alega, en esencia, que la diferencia de trato por razón de edad establecida en el artículo 42
quater
del Estatuto persigue tres objetivos de interés general en el contexto de la política de personal. En primer lugar, sostiene que esta diferencia de trato tiene por objeto optimizar la inversión de las instituciones en el ámbito de la formación profesional, permitiéndoles concentrar esta inversión en aquellos funcionarios que aún dispongan de un período de empleo razonable antes de la jubilación. En segundo lugar, afirma que la referida diferencia de trato persigue el objetivo de acompañar a los funcionarios cercanos a la jubilación que no consiguen adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo de las instituciones. En tercer lugar, explica que la finalidad de esta diferencia de trato es, esencialmente, mantener una estructura de edad equilibrada entre los jóvenes funcionarios y los funcionarios de edad avanzada, que, a su vez, favorecería la contratación y la promoción de esos jóvenes funcionarios, el intercambio de experiencias y la innovación, así como la diversidad geográfica.
La demandante niega la existencia de estos tres objetivos. Sostiene que el único objetivo del artículo 42
quater
del Estatuto es el de reducir los costes y el personal de las instituciones, «deshaciéndose» de los funcionarios más próximos a la jubilación y que perciben una remuneración elevada. A su juicio, este objetivo no es un objetivo legítimo «de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional» en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 que justifique la diferencia de trato por razón de edad establecida en el artículo 42
quater
del Estatuto.
En primer lugar, es necesario comprobar si existen los objetivos invocados por las instituciones. A este respecto, ha de tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 42
quater
del Estatuto y, en su caso, su contexto general, que permita la identificación del objetivo que subyace a la diferencia de trato por razón de edad que establece (véanse, por analogía, las sentencias de 16 de octubre de 2007, Palacios de la Villa,
C‑411/05
,
EU:C:2007:604
, apartados
y
; de 21 de julio de 2011, Fuchs y Köhler,
C‑159/10 y C‑160/10
,
EU:C:2011:508
, apartado
, y de 6 de noviembre de 2012, Comisión/Hungría,
C‑286/12
,
EU:C:2012:687
, apartado
).
Por lo que se refiere al primer objetivo invocado, el de optimizar la inversión en formación profesional, debe señalarse, antes de nada, que la aplicación del artículo 42
quater
del Estatuto está sujeta al requisito de que existan «necesidades de carácter organizativo vinculadas a la adquisición de nuevas competencias». La referencia a la «adquisición de nuevas competencias» demuestra la relación entre esta disposición y la formación profesional.
Además, de los autos y, en particular, de las conclusiones del Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013 se desprende que el Reglamento n.
o
1023/2013 y, en consecuencia, el artículo 42
quater
del Estatuto se adoptaron en un contexto de rigor presupuestario de la Administración pública europea, de voluntad de los Estados miembros de mejorar su eficacia y su rendimiento, y de reducir progresivamente el personal de las instituciones, hasta un 5 % para el período 2013/2017.
Por otra parte, ha de recordarse que las consideraciones expuestas en los considerandos 1, 3, 7 y 12 del Reglamento n.
o
1023/2013 mencionan, en primer término, la necesidad de que la Unión siga teniendo una Administración pública de elevada calidad (considerando 1), que sea capaz de desempeñar las tareas encomendadas a las instituciones en un contexto de reducción de personal (considerando 3), en segundo término, la necesidad de optimizar la gestión de los recursos humanos (considerando 7) y, en tercer término, remitiéndose a las conclusiones antes mencionadas del Consejo Europeo, la necesidad de mejorar la eficacia y la eficiencia, la necesidad de adaptarse al cambiante contexto económico y a los esfuerzos para garantizar la relación coste/eficacia (considerando 12).
Los considerandos citados del Reglamento n.
o
1023/2013 demuestran la voluntad del legislador de la Unión de lograr el objetivo de gestión eficaz del gasto de la Administración pública europea en lo que respecta a la relación coste/eficacia, permitiendo así que se mantenga el alto nivel de calidad de esta Administración y, en última instancia, que la Unión alcance sus objetivos, aplique sus políticas y lleve a cabo sus tareas en un contexto de rigor presupuestario y reducción del personal de las instituciones. Habida cuenta de esta constatación y de las consideraciones expuestas en el anterior apartado 103, procede declarar que se ha acreditado la existencia del objetivo de optimizar la inversión dedicada a la formación profesional de los funcionarios, perseguido por el legislador de la Unión mediante la diferencia de trato por razón de edad establecida en el artículo 42
quater
del Estatuto.
Sin que sea necesario verificar la existencia de los otros dos objetivos alegados por las instituciones, es necesario examinar, en segundo lugar, si el primer objetivo invocado cuya existencia ha sido acreditada constituye un objetivo «de interés general reconocido […] por la Unión» en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales.
El primer objetivo invocado es, en esencia, la buena gestión del dinero público en términos de coste/eficacia, en un contexto de rigor presupuestario y de reducción del personal de las instituciones. A este respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 310 TFUE, apartado 5, el presupuesto de la Unión se ejecutará con arreglo al principio de buena gestión financiera. Además, el artículo 30, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.
o
966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.
o
1605/2002 del Consejo (
DO 2012, L 298, p. 1
), dispone que los créditos se utilizarán de acuerdo con el principio de buena gestión financiera, es decir, de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia. El artículo 30, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
966/2012 señala que el principio de eficiencia se refiere a la óptima relación entre los medios empleados y los resultados obtenidos. De estas disposiciones se desprende que el objetivo del legislador de la Unión de garantizar, mediante la diferencia de trato por razón de edad establecida en el artículo 42
quater
del Estatuto, la optimización del gasto de las instituciones en materia de formación profesional es un objetivo de «interés general reconocido por la Unión».
Por otra parte, dado que el primer objetivo invocado se refiere a la política de formación profesional de las instituciones, está comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2000/78, que, entre los objetivos legítimos que pueden justificar diferencias de trato por motivos de edad establecidas por medidas nacionales, menciona el de la formación profesional. De ello se deduce que, también sobre la base de la Directiva antes citada, que constituye una fuente de inspiración para determinar las obligaciones del legislador de la Unión en el presente asunto (véase el apartado 73 anterior), el primer objetivo invocado constituye un objetivo «de interés general reconocido por la Unión» en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales (véase, por analogía, la sentencia de 5 de julio de 2017, Fries,
C‑190/16
,
EU:C:2017:513
, apartados
y
).
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede declarar que la diferencia de trato por razón de edad establecida por el artículo 42
quater
del Estatuto responde al menos a un objetivo de interés general reconocido por la Unión en el sentido del artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales.
La alegación de la demandante expuesta en el anterior apartado 101 no desvirtúa esta conclusión. En efecto, con independencia de la cuestión, que esa alegación plantea, de si el objetivo de reducir los costes y el personal de las instituciones puede constituir como tal un objetivo de interés general reconocido por la Unión, debe considerarse que la demandante no demuestra que constituya el único objetivo del artículo 42
quater
del Estatuto. A este respecto, ha de recordarse que se ha demostrado la existencia de, al menos, otro objetivo legítimo perseguido por el legislador de la Unión, el de optimizar la inversión destinada a la formación profesional de los funcionarios.
Dado que la diferencia de trato por razón de edad establecida por el artículo 42
quater
del Estatuto responde, al menos, a un objetivo de interés general reconocido por la Unión, procede examinar si esta diferencia de trato respeta el principio de proporcionalidad conforme al artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2017, Fries,
C‑190/16
,
EU:C:2017:513
, apartado
).
2)

Sobre la proporcionalidad
El examen de la proporcionalidad de la diferencia de trato por razón de edad que establece el artículo 42
quater
del Estatuto supone examinar si esta diferencia de trato es adecuada para alcanzar el objetivo perseguido y no va más allá de lo necesario para alcanzar tal fin (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2017, Fries,
C‑190/16
,
EU:C:2017:513
, apartado
).
A este respecto, por analogía con el amplio margen de apreciación reconocido al legislador nacional en cuanto a la definición de las medidas capaces de alcanzar un objetivo determinado en materia de política social y empleo (sentencias de 16 de octubre de 2007, Palacios de la Villa,
C‑411/05
,
EU:C:2007:604
, apartado
; de 5 de marzo de 2009, Age Concern England,
C‑388/07
,
EU:C:2009:128
, apartado
, y de 9 de septiembre de 2015, Unland,
C‑20/13
,
EU:C:2015:561
, apartado
), debe reconocerse al legislador de la Unión un amplio margen de apreciación al definir las medidas que puedan alcanzar un objetivo de interés general en el contexto de la política de personal. Habida cuenta de este amplio margen de apreciación, el control del juez se refiere, en el presente asunto, a si parece razonable que el legislador de la Unión estime que la diferencia de trato por razón de edad establecida por el artículo 42
quater
del Estatuto puede ser adecuada y necesaria para alcanzar el objetivo legítimo invocado (véanse, por analogía, las sentencias de 16 de octubre de 2007, Palacios de la Villa,
C‑411/05
,
EU:C:2007:604
, apartado
; de 12 de enero de 2010, Petersen,
C‑341/08
,
EU:C:2010:4
, apartado
, y de 9 de septiembre de 2015, Unland,
C‑20/13
,
EU:C:2015:561
, apartado
).
Por lo que atañe al primer objetivo invocado, relativo a la optimización de la inversión en formación profesional, ha de recordarse que el artículo 42
quater
del Estatuto se adoptó en un contexto de rigor presupuestario y de reducción del personal de las instituciones. Como se desprende de los autos, se trata de una reducción progresiva del 5 % del personal para el período 2013/2017, aplicable a todas las instituciones, órganos y agencias de la Unión. La referida disposición se adoptó también en un contexto de voluntad de mejora de la eficacia y la eficiencia de la Administración pública europea en lo que respecta a la relación coste/eficacia, como se indica, en particular, en el considerando 12 del Reglamento n.
o
1023/2013.
El Consejo ha declarado que, en ese contexto, y con el fin de garantizar una reducción del personal en tareas que evolucionan, las instituciones deben cambiar sus métodos de trabajo y exigir a los funcionarios que se adapten y adquieran nuevas competencias periódicamente. A su juicio, a estas circunstancias se añaden también las posibilidades que ofrecen la informatización y la digitalización de los procedimientos, que dan lugar a una disminución de la necesidad de puestos de trabajo menos cualificados. Todos estos factores obligan a las instituciones a invertir considerablemente en la formación continua de sus funcionarios.
El Consejo sostiene que, a la luz de estas consideraciones, el artículo 42
quater
del Estatuto permite a las instituciones concentrar la inversión dedicada a la formación profesional en los funcionarios que todavía tienen una duración de carrera razonable antes de la jubilación y ofrecer una forma de jubilación anticipada a los funcionarios al final de su carrera.
En efecto, no puede negarse que, ante la necesidad de que los funcionarios adquieran nuevas competencias y, por lo tanto, de la necesidad de que las instituciones inviertan en formación profesional en un contexto de rigor presupuestario y de reducción de personal, la concesión de excedencias a los funcionarios que se acercan a la edad de jubilación liberaría fondos previstos para su formación profesional que podrían destinarse a la formación profesional de los funcionarios más jóvenes, que tienen una carrera más larga ante ellos en las instituciones. De ello se deduce que esta concesión de excedencias contribuye a optimizar las inversiones en formación profesional, ya que se utiliza para mejorar la relación entre los costes de tales inversiones y los beneficios obtenidos por las instituciones. Por consiguiente, ha de concluirse que, teniendo en cuenta el amplio margen de apreciación de que dispone el legislador de la Unión (véase el apartado 114 anterior), la diferencia de trato por razón de edad establecida por el artículo 42
quater
del Estatuto es un medio adecuado para alcanzar el primer objetivo perseguido por el legislador de la Unión.
Por lo que se refiere a la apreciación de si esta diferencia de trato excede de lo necesario para alcanzar el objetivo perseguido, es preciso situarla en el contexto normativo del que forma parte y tomar en consideración tanto los daños que puede causar a los funcionarios afectados como los beneficios que obtienen las instituciones (véase, en este sentido, y por analogía, la sentencia de 5 de julio de 2017, Fries,
C‑190/16
,
EU:C:2017:513
, apartado
).
En cuanto a los beneficios obtenidos por las instituciones, cabe señalar que la optimización de las inversiones en formación profesional que persigue la diferencia de trato por razón de edad contribuye a que las instituciones puedan, a fin de cuentas, seguir desempeñando sus funciones en un contexto de rigor presupuestario y de reducción del personal.
Por otra parte, al situar esta diferencia de trato en el contexto del artículo 42
quater
del Estatuto y del Estatuto en general, cabe observar que la declaración en situación de excedencia por interés del servicio es, en definitiva, una herramienta de gestión del personal a disposición de las instituciones, puesto que se trata de una situación administrativa adicional en la que se puede declarar a los funcionarios, además de las otras posiciones administrativas que, conforme al artículo 35 del Estatuto, son el servicio activo, la comisión de servicio, la excedencia voluntaria, la excedencia forzosa, la excedencia por servicio militar y la licencia parental o familiar.
Además, ha de señalarse que no existe ninguna disposición en el Estatuto que constituya una «alternativa» a la medida prevista en el artículo 42
quater
. En particular, y en la medida en que la demandante se remite al artículo 51 del Estatuto, relativo a la incompetencia profesional, procede señalar que esta disposición tiene por objeto establecer y sancionar el desempeño insatisfactorio de tareas por un funcionario y se aplica con independencia de las consideraciones relacionadas con el interés del servicio, mientras que la medida adoptada en virtud del artículo 42
quater
del Estatuto se aplica en interés del servicio.
Como herramienta adicional de gestión del personal, el artículo 42
quater
del Estatuto es, en sí mismo, beneficioso para las instituciones.
Por lo que se refiere al perjuicio causado a los funcionarios afectados, deben tenerse en cuenta las consideraciones expuestas en los apartados 90 a 92 de la presente sentencia.
Al mismo tiempo, es preciso señalar que, como también sostiene el Consejo fundadamente, estos funcionarios son declarados en excedencia por interés del servicio en condiciones económicas razonables. En efecto, ha de recordarse, en particular, que los funcionarios afectados reciben una indemnización mensual hasta el final de la excedencia, cuyo cálculo, indicado en el anterior apartado 92, el Tribunal considera razonable. Por otra parte, como se desprende del artículo 42
quater
, párrafo octavo, del Estatuto, los funcionarios afectados pueden seguir contribuyendo al régimen de pensiones, aumentando así el importe de su pensión. El requisito relativo a diez años de servicio, establecido en el artículo 42
quater
del Estatuto, también contribuye al carácter proporcional de la medida prevista por esa disposición, puesto que, tal como señala correctamente el Parlamento, da lugar a que la aplicación de esta medida se reserve a los funcionarios con un nivel de salario y de derechos a pensión que atenúe la desventaja económica de la excedencia. Por último, debe recordarse que, en primer término, la medida prevista en el artículo 42
quater
del Estatuto está sujeta a una serie de requisitos establecidos en el párrafo primero de dicha disposición; en segundo término, que su adopción no es obligatoria para las instituciones, que disponen de un amplio margen de apreciación con respecto a dicha adopción, y, en tercer término, que el número total anual de funcionarios a los que puede aplicarse esta medida está limitado al 5 % del número total de funcionarios de todas las instituciones que se hayan jubilado el año anterior (véase el apartado 98 anterior).
A la luz de todas las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 120 a 125, no parece irrazonable que el legislador de la Unión estimara necesario establecer la excedencia por interés del servicio solo para los funcionarios que se encuentren en la franja de edad de que se trata y no para los funcionarios no incluidos en dicha franja con el fin de lograr el objetivo legítimo de optimizar la inversión en formación profesional. Por lo tanto, debe concluirse que la diferencia de trato por razón de edad que el artículo 42
quater
del Estatuto establece es proporcional al primer objetivo legítimo invocado.
Toda vez que se ha acreditado la proporcionalidad de la diferencia de trato por razón de edad respecto al primer objetivo legítimo invocado, procede declarar que esta diferencia de trato, establecida por el artículo 42
quater
del Estatuto, no infringe el artículo 21, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales, ya que cumple los criterios enunciados en el artículo 52, apartado 1, de esta. En consecuencia, debe desestimarse la excepción de ilegalidad invocada contra el artículo 42
quater
del Estatuto.
2.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 42
quater
del Estatuto y de la CP 71/15, así como en errores manifiestos de apreciación
La demandante sostiene que la decisión impugnada infringe el artículo 42
quater
del Estatuto y la CP 71/15, y que adolece de errores manifiestos de apreciación. En este contexto, alega, en particular, que el Consejo no justificó el interés del servicio al que había pretendido responder al aplicarle el artículo 42
quater
del Estatuto, no determinó las necesidades organizativas reales que requieren, a su juicio, la adquisición de nuevas competencias y no indicó las nuevas competencias que, según él, la demandante no es capaz de adquirir. La demandante afirma que, por el contrario, el Consejo se centró en sus informes de calificación, supuestamente negativos, y en su comportamiento en el servicio, es decir, en aspectos que no forman parte del ámbito de aplicación del artículo 42
quater
del Estatuto. La demandante también cuestiona la conclusión que figura en la decisión impugnada de que no tenía capacidad para adaptarse a la evolución de las necesidades del trabajo.
El Consejo rebate las alegaciones de la demandante y solicita que se desestime el presente motivo.
a)

Sobre la determinación del marco jurídico aplicable en el presente asunto
Ha de recordarse que el artículo 42
quater
del Estatuto dispone expresamente que se podrá declarar al funcionario en situación de excedencia por interés del servicio. Además, establece como requisito para su aplicación que existan «necesidades de carácter organizativo vinculadas a la adquisición de nuevas competencias en las instituciones».
Debe recordarse también que, mediante la CP 71/15, el secretario general del Consejo facilitó información sobre la aplicación del artículo 42
quater
del Estatuto por parte de esta institución (véase el apartado 8 anterior), precisando, en particular, el contenido de las «necesidades de carácter organizativo vinculadas a la adquisición de nuevas competencias» en lo que respecta a esa institución. De esa comunicación y de las precisiones facilitadas en la decisión por la que se desestima la reclamación (véanse, en particular, los apartados 44 y 64 de dicha decisión) se desprende que, para aplicar el artículo 42
quater
del Estatuto, el Consejo valora los dos aspectos siguientes: por una parte, tiene en cuenta las «necesidades de carácter organizativo vinculadas a la adquisición de nuevas competencias» en la institución, de manera que evalúa si existen tales necesidades que requieran la adquisición de nuevas competencias por parte de los funcionarios de que se trate y, por otra parte, tiene en cuenta la capacidad de esos funcionarios para adquirir tales competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo.
En el apartado 44 de la decisión por la que se desestima la reclamación y en su escrito de contestación ante el Tribunal, el Consejo declaró que la apreciación del segundo aspecto indicado en el apartado 131 de la presente sentencia implicaba necesariamente un pronóstico, puesto que se trataba de evaluar, sobre la base de la información de que disponía la autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN») en el momento de adoptar su decisión, si era razonable suponer que los funcionarios afectados tendrían dificultades para adaptarse a la evolución del entorno de trabajo y a las exigencias del servicio en el futuro.
Del marco jurídico, que en el presente asunto está constituido por el artículo 42
quater
del Estatuto —tal como se señala en la CP 71/15, que es vinculante para el Consejo—, se desprende que la evaluación de los dos aspectos indicados en el anterior apartado 131 es una evaluación prospectiva, como dicha institución confirmó, además, en la vista, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal.
La demandante cuestiona la legalidad de la interpretación del artículo 42
quater
del Estatuto realizada por el Consejo. Por una parte, sostiene que este, a través de la CP 71/15, distorsionó esa disposición al establecer que la excedencia por interés del servicio se aplicará a los «funcionarios que tienen dificultades para adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo». Por otra parte, la demandante alega que, debido a esta distorsión ilegal, el razonamiento del Consejo, expuesto en el apartado 76 del escrito de contestación, de que se trata «de evaluar el potencial de un funcionario para adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo» tampoco puede acogerse, ya que se basa en suposiciones que el tenor del artículo 42
quater
del Estatuto no permite.
Esta alegación de la demandante hace necesario comprobar la conformidad del planteamiento del Consejo, tal como se describe en la CP 71/15 y se explica en la decisión por la que se desestima la reclamación y en sus escritos ante el Tribunal, con la norma superior que constituye el artículo 42
quater
del Estatuto (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2015, Barnett/CESE,
F‑20/14
,
EU:F:2015:107
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, cabe recordar que el artículo 42
quater
del Estatuto hace referencia expresa al «interés del servicio». Como el Consejo ha declarado en su respuesta escrita a una pregunta formulada por el Tribunal, las «necesidades de carácter organizativo vinculadas a la adquisición de nuevas competencias», también mencionadas en dicho artículo, constituyen un aspecto específico del interés del servicio.
Dado que las «necesidades de carácter organizativo» están vinculadas a la «adquisición de nuevas competencias» y son solo un aspecto específico del interés del servicio en el contexto del artículo 42
quater
del Estatuto, debe concluirse que la redacción de esta disposición no impide que el Consejo tenga en cuenta, como parte de las «necesidades de carácter organizativo vinculadas a la adquisición de nuevas competencias», la capacidad de los funcionarios en cuestión de «adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo», con arreglo a la CP 71/15.
Esta consideración de una circunstancia específica de los funcionarios en cuestión tampoco es contraria a la
ratio legis
del artículo 42
quater
del Estatuto. En efecto, toda vez que se ha acreditado que el objetivo de esta disposición es optimizar las inversiones de las instituciones relacionadas con la formación profesional en términos de coste/eficacia, parece conforme con este objetivo que el Consejo tenga en cuenta, para determinar los costes de las inversiones en formación profesional, la capacidad de los funcionarios afectados para adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo. Esta consideración de una circunstancia específica de los funcionarios en cuestión también está justificada por el hecho de que la aplicación del artículo 42
quater
del Estatuto conlleva consecuencias desfavorables para ellos y se les puede imponer en contra de su voluntad (véanse los apartados 90 a 92 anteriores). De ello se deduce que, al tenerse en cuenta una circunstancia específica de los funcionarios en cuestión, esa disposición se les aplica de manera menos rígida.
Por consiguiente, procede declarar que la evaluación por el Consejo de la capacidad de los funcionarios afectados para adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo es compatible con el artículo 42
quater
del Estatuto.
Por otra parte, dado que esta evaluación se realiza en interés del servicio, debe necesariamente tener por objeto la capacidad futura de los funcionarios de que se trate para adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo y, por tanto, debe implicar un pronóstico, tal y como señala acertadamente el Consejo. En caso contrario, la finalidad de esta evaluación no sería el interés del servicio. Por consiguiente, procede declarar también que el pronóstico que forma parte de la evaluación del segundo aspecto indicado en el anterior apartado 131 es conforme con el artículo 42
quater
del Estatuto.
En vista de las consideraciones anteriores, deben desestimarse las alegaciones de la demandante expuestas en el apartado 134 de la presente sentencia.
Del marco jurídico constituido por el artículo 42
quater
del Estatuto y la CP 71/15 se desprende que, en el presente asunto, el Consejo tenía la obligación de evaluar dos aspectos en lo que atañe a las «necesidades de carácter organizativo vinculadas a la adquisición de nuevas competencias», a saber, en primer lugar, las necesidades organizativas futuras de la institución que requieran la adquisición de nuevas competencias y, en segundo lugar, la capacidad de la demandante para adquirir las nuevas competencias previamente identificadas, con el fin de evaluar, en definitiva, la relación coste/eficacia que representaría la inversión en su formación profesional, de conformidad con el objetivo del artículo 42
quater
del Estatuto.
b)

Sobre la evaluación en este caso de las necesidades organizativas futuras
Con carácter preliminar, es preciso señalar que el Consejo ha aclarado en sus escritos ante el Tribunal, remitiéndose al apartado 9, letra c), de la decisión impugnada, que la AFPN había tenido en cuenta, en el caso de autos, no solo los cambios en el servicio al que la demandante estaba asignada, sino también las necesidades organizativas de la institución, esto es, de la SGC en su conjunto, y que este planteamiento no infringía el artículo 42
quater
del Estatuto ni adolecía de error manifiesto de apreciación. La demandante niega que el Consejo llevara efectivamente a cabo la evaluación que este afirma haber realizado.
Por consiguiente, es preciso examinar si, en el presente asunto, el Consejo llevó a cabo una evaluación prospectiva y real de las necesidades organizativas del servicio al que la demandante estaba adscrita, así como de la institución en su conjunto, tal y como afirma haber hecho.
Dado que la evaluación de las necesidades de carácter organizativo está relacionada con la evaluación del interés del servicio, debe reconocerse al Consejo una amplia facultad de apreciación al respecto, cuyo ejercicio el Tribunal solo puede cuestionar en caso de error manifiesto de apreciación, de inexactitud material o de desviación de poder (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 2000, Dejaiffe/OAMI,
T‑223/99
,
EU:T:2000:292
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 16 de mayo de 2018, Barnett/CESE,
T‑23/17
, no publicada, recurrida,
EU:T:2018:271
, apartados
y
).
No obstante, el control judicial ejercido en el presente asunto, a pesar de su alcance limitado, requiere que el Consejo, autor de la decisión impugnada, pueda demostrar ante el Tribunal que dicha decisión fue adoptada mediante un ejercicio efectivo de su facultad de apreciación, el cual supone la toma en consideración de todos los datos y circunstancias pertinentes de la situación controvertida (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 7 de septiembre de 2006, España/Consejo,
C‑310/04
,
EU:C:2006:521
, apartado
, y de 11 de julio de 2007, Wils/Parlamento,
F‑105/05
,
EU:F:2007:128
, apartado
).
De ello resulta que el Consejo debe estar, cuando menos, en condiciones de aportar y exponer de manera clara e inequívoca los datos de base que debieron tenerse en cuenta para fundamentar la decisión impugnada y de los que dependía el ejercicio de su facultad de apreciación (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 7 de septiembre de 2006, España/Consejo,
C‑310/04
,
EU:C:2006:521
, apartado
, y de 11 de julio de 2007, Wils/Parlamento,
F‑105/05
,
EU:F:2007:128
, apartado
).
Puesto que el Consejo debe evaluar la relación coste/eficacia que supondría la inversión en la formación profesional de la demandante, los datos de base mencionados incluían, lógicamente, datos sobre la naturaleza y el alcance de las futuras reformas.
En el presente asunto, en primer lugar, de los autos se desprende que la demandante, en su nota de 1 de diciembre de 2015 (véase el apartado 13 anterior), alegó, entre otras cosas, que la AFPN no había demostrado que existían «necesidades de carácter organizativo vinculadas a la adquisición de nuevas competencias» que justificaran su declaración en situación de excedencia contra su voluntad y que no había indicado las nuevas competencias que debían adquirirse.
En segundo lugar, de la decisión impugnada se desprende que el único apartado pertinente que aborda la cuestión de la evaluación de las necesidades organizativas futuras es el apartado 9, letras a) y c).
En el apartado 9, letra a), de la decisión impugnada, la AFPN indicaba que la Unidad [
confidencial
] a la que la demandante estaba adscrita llevaba a cabo la adaptación de sus métodos de trabajo en consonancia con las reformas también realizadas en los demás servicios de la Dirección [
confidencial
]. La AFPN señalaba con carácter general estas reformas, consistentes, en particular, en la aplicación de «nuevos procedimientos flexibles» y «actividades», la «digitalización de los flujos de trabajo» y la «adopción de soluciones informáticas interinstitucionales». La AFPN señalaba que la realización de estas reformas exigía al personal unos conocimientos especializados adecuados y un cierto grado de flexibilidad.
El Tribunal considera que el contenido de dicho apartado 9, letra a), no demuestra que la AFPN llevara a cabo una evaluación efectiva y prospectiva de las necesidades organizativas tanto a nivel de la Unidad [
confidencial
] como de la Dirección [
confidencial
]. En efecto, la información facilitada en ese apartado no demuestra que las reformas se fueran a llevar a cabo en el futuro ni que se tuvieran en cuenta la naturaleza y el alcance de estas reformas. En otras palabras, esta información no demuestra que el Consejo tuviera en cuenta las necesidades organizativas futuras mediante un análisis prospectivo, como era su obligación, y tampoco demuestra que el Consejo evaluara la naturaleza y el alcance de dichas reformas con el fin de valorar la relación coste/eficacia de las necesidades de formación de la demandante.
Por lo que se refiere al apartado 9, letra c), de la decisión impugnada, debe considerarse que el Consejo se limita a afirmar que los servicios de la SGC «se adaptan constantemente a la naturaleza y el incremento del ritmo de las reuniones que debe acoger y a la evolución de la dinámica del proceso legislativo». Ahora bien, estos datos no demuestran que el Consejo realizara una evaluación prospectiva de las necesidades organizativas de la SGC en su conjunto, como afirmó haber hecho (véase el apartado 143 anterior). Aun suponiendo que el Consejo hubiera realizado tal evaluación, no se ha demostrado que esta tuviera en cuenta la naturaleza y el alcance de las futuras reformas. En efecto, las consideraciones que figuran en el apartado 9, letra c), de la decisión impugnada parecen referirse al examen del potencial de movilidad de la demandante, como se desprende de la primera y de la última frase de dicho apartado.
Las restantes disposiciones del apartado 9 de la decisión impugnada, que contiene la justificación de la aplicación del artículo 42
quater
del Estatuto a la demandante, no se refieren a la evaluación de las necesidades organizativas futuras. El apartado 9, letra b), de la decisión impugnada proporciona información sobre el desarrollo de la carrera de la demandante e incluye una evaluación de su capacidad de adaptación basada en datos relativos a su trayectoria profesional hasta la fecha de adopción de la decisión impugnada. El apartado 9, letras d) y e), de la decisión impugnada presenta la evaluación del potencial de movilidad de la demandante y concluye, en la letra e), que carece de él. Sin embargo, la evaluación de ese potencial no constituye una evaluación de las necesidades organizativas futuras, ya que versa sobre la cuestión de si la demandante podría ser transferida a otro servicio y no sobre si la relación coste/eficacia justifica la formación profesional de la demandante para adaptarse a las reformas que se van a llevar a cabo. En cualquier caso, de la nota del departamento de Personal de 17 de noviembre de 2015 (véase el apartado 11 anterior) en la que se basó la evaluación del potencial de movilidad de la demandante se desprende que este potencial también estaba influido por las decisiones personales de la demandante, la cual, según dicha nota, había rechazado una serie de puestos disponibles. En esta nota no se incluía ninguna evaluación de las necesidades organizativas futuras.
En tercer lugar, debe señalarse que, en su reclamación contra la decisión impugnada, la demandante volvió a negar, en particular, que existiera una reforma que podría justificar que se le aplicara el artículo 42
quater
del Estatuto. Sin embargo, la decisión por la que se desestima la reclamación no responde a esta alegación de la demandante y, de manera más general, no contiene ninguna prueba de que el Consejo llevara a cabo una evaluación efectiva y prospectiva de las necesidades organizativas. Esa institución limitó su análisis a la evaluación de la capacidad de la demandante para adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo, y basó su conclusión sobre la falta de tal capacidad en el razonamiento, resumido en el apartado 33 de la decisión por la que se desestima la reclamación, según el cual «quien tiene dificultades para realizar su trabajo ordinario no está en condiciones de asumir el esfuerzo que supone adaptarse a una realidad cambiante».
En cuarto lugar, ante el Tribunal, en respuesta a la alegación de la demandante de que no se identificaron las necesidades organizativas reales que requieren la adquisición de nuevas competencias (véase el apartado 128 anterior), el Consejo se limita a afirmar, en su escrito de contestación, remitiéndose al apartado 9, letra c), de la decisión impugnada, que «los cambios en los métodos de trabajo en la SGC y la consiguiente mayor necesidad de adaptabilidad del personal, incluidos los funcionarios del grupo de funciones AST, no son puramente hipotéticos, sino que constituyen una realidad que la AFPN debe tener en cuenta». Esta mera afirmación del Consejo no demuestra en modo alguno que se realizara una evaluación efectiva y prospectiva de las necesidades organizativas, y no añade ninguna información sustancial a la proporcionada en el apartado 9, letra c), de la decisión impugnada, que a su vez es insuficiente a efectos de dicha demostración (véase el apartado 153 anterior). La alegación del Consejo en el escrito de dúplica se limita también a presentar el apartado 9 de la decisión impugnada.
Además, la referencia realizada por el Consejo ante el Tribunal a la nota del jefe de la Unidad [
confidencial
] de 26 de octubre de 2015 (véase el apartado 11 anterior), relativa a una reorganización del servicio [
confidencial
] que tuvo lugar en 2014, tras la llegada de un nuevo [
confidencial
], no proporciona ninguna información útil sobre la cuestión de la existencia de una evaluación efectiva y prospectiva de las necesidades organizativas de dicho servicio, de la Unidad [
confidencial
] o de la SGC en su conjunto. En efecto, como se desprende, además, de la nota de 26 de octubre de 2015 mencionada, y tal como confirmó el Consejo en el escrito de dúplica, la referencia a una reorganización que tuvo lugar en el pasado solo sirvió para corroborar la conclusión acerca de la supuesta incapacidad de la demandante para adquirir nuevas competencias y adaptarse a la evolución del entorno de trabajo.
En quinto lugar, en lo que respecta a la alegación del Consejo formulada en el apartado 42 del escrito de dúplica, que podría entenderse en el sentido de que dicha institución tuvo en consideración, a efectos de la evaluación, en el caso de autos, de las necesidades organizativas futuras, la reducción de personal que debía llevar a cabo, el Consejo aclaró en la vista, a raíz de una pregunta formulada por el Tribunal, que este no era el caso. Además, esa toma en consideración no resulta del contenido ni de la decisión impugnada ni de la decisión por la que se desestima la reclamación.
A la luz de las consideraciones anteriores, procede declarar que el Consejo no ha demostrado que la decisión impugnada se adoptara mediante un ejercicio efectivo de su facultad de apreciación en lo que se refiere a la existencia de futuras necesidades organizativas que exijan que la demandante adquiera nuevas competencias, en la medida en que no demostró que realizó una evaluación prospectiva y que tuvo en cuenta, por una parte, la naturaleza y el alcance de las reformas que debían efectuarse y, por otra, las necesidades organizativas de la institución en su conjunto, tal como afirma haber hecho. En cambio, de los autos se desprende que, en realidad, el Consejo basó la decisión impugnada únicamente en la evaluación de la capacidad de la demandante para adquirir nuevas competencias. Ahora bien, toda vez que esa evaluación no se puso en relación con una evaluación real y prospectiva de las necesidades organizativas, el Consejo hizo un uso erróneo del artículo 42
quater
del Estatuto, que obliga a la institución de que se trate a tener en cuenta datos objetivos relacionados con sus «necesidades organizativas». En efecto, al no haberse tenido en cuenta esos datos, la declaración en situación de excedencia prevista en la disposición citada entraña el riesgo de tener carácter disciplinario para los funcionarios afectados por esa medida.
En estas circunstancias, procede declarar que el Consejo rebasó los límites de la amplia facultad de apreciación de que disponía en el presente asunto y que, sobre esta base, debe estimarse el segundo motivo. Por consiguiente, debe anularse la decisión impugnada, por la que se declaró a la demandante en excedencia por interés del servicio, sin que sea necesario examinar los demás motivos invocados por ella.
C.

Sobre la pretensión de indemnización
La demandante sostiene que la decisión impugnada le ha causado un daño material y un daño moral.
Según alega, el daño material consiste esencialmente en una pérdida de ingresos, y considera que el Consejo debe extraer todas las consecuencias de la anulación de la decisión impugnada y de la decisión por la que se desestima la reclamación.
En particular, la demandante afirma que el Consejo ha de pagarle la diferencia entre, en primer lugar, su retribución neta (sueldo base y complementos) y la indemnización abonada en virtud del artículo 42
quater
del Estatuto (tal como se establece en el anexo IV del Estatuto) respecto al período comprendido entre enero y marzo de 2016 y, en segundo lugar, entre su retribución neta (sueldo base y complementos) y su pensión, desde el 1 de abril de 2016. Añade que en estos cálculos deben tenerse en cuenta las repercusiones en la progresión de la carrera de la demandante, que afectan no solo a la subida de escalón, sino también a la posibilidad de promocionar antes de la jubilación, establecida a los 65 años. Por último, la demandante sostiene que deben aplicarse intereses de demora sobre todos estos importes, al tipo de interés del Banco Central Europeo (BCE) más 2 puntos porcentuales. La demandante evalúa el perjuicio en una cuantía de 121101,72 euros, que no tiene en cuenta, en particular, los intereses de demora, la adquisición de dos nuevos escalones el 1 de abril de 2018 y el 1 de abril de 2020 ni la progresión de la carrera por promoción.
En lo que atañe al daño material, la demandante invoca también dificultades económicas causadas por las dos decisiones antes citadas. [
confidencial
] La demandante estima que el daño material resultante asciende a 30000 euros, sin perjuicio de nueva valoración.
[
confidencial
]
[
confidencial
]
[
confidencial
]
[
confidencial
]
La demandante alega que el daño moral sufrido no puede ser indemnizado únicamente mediante la sentencia de anulación y estima la indemnización de dicho daño en 70000 euros
ex aequo et bono
.
El Consejo, apoyado por la Comisión, con carácter principal, solicita que se desestime la pretensión de indemnización y, con carácter subsidiario, sostiene que las cantidades solicitadas por la demandante por los daños alegados parecen exageradas y deben reducirse a una proporción más justa.
Según reiterada jurisprudencia, en el marco de una pretensión de indemnización de daños y perjuicios formulada por un funcionario o por un agente, la responsabilidad de la Unión se supedita a que se cumplan una serie de requisitos, a saber, la ilegalidad del comportamiento imputado a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre dicho comportamiento y el perjuicio alegado (véase la sentencia de 12 de julio de 2012, Comisión/Nanopoulos,
T‑308/10 P
,
EU:T:2012:370
, apartado
, y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, la demandante alega que se ha producido un daño material y un daño moral.
1.

Sobre el daño material
El daño material alegado por la demandante consta de dos elementos: la pérdida de ingresos derivada de su declaración en situación de excedencia por interés del servicio y las consecuencias económicas resultantes de su incapacidad para reembolsar las deudas contraídas.
Por lo que se refiere al primer elemento, la demandante afirma que «el demandado tendrá que extraer todas las consecuencias de la anulación de las decisiones impugnadas». A continuación, explica estas consecuencias.
En consecuencia, la reparación del daño material que la demandante solicita coincide con las obligaciones que incumben al Consejo en virtud del artículo 266 TFUE derivadas de la anulación de la decisión impugnada.
A este respecto, ha de recordarse que, con arreglo al artículo 266 TFUE, la institución de la que emane un acto que haya sido anulado por un tribunal de la Unión estará obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia anulatoria a fin de compensar las consecuencias de su actuación contraria a Derecho. De este modo, en principio, la Administración debe colocar al funcionario afectado exactamente en la misma situación en que se encontraría en la actualidad de no haberse producido la actuación contraria a Derecho constatada. A tal efecto, a fin de corregir en el tiempo las posibles consecuencias de dicha actuación contraria a Derecho, y siempre que se respete debidamente la confianza legítima de los interesados, la Administración puede adoptar un acto con carácter retroactivo (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2011, AA/Comisión,
F‑101/09
,
EU:F:2011:133
, apartado
).
Por consiguiente, en la medida en que la indemnización del primer elemento del daño material que la demandante solicita se confunde con las obligaciones del Consejo derivadas de la anulación de la decisión impugnada, procede considerar que la solicitud de la demandante es prematura y, por lo tanto, no puede ser estimada (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de noviembre de 2017, Teeäär/BCE,
T‑555/16
, no publicada,
EU:T:2017:817
, apartado
).
En cuanto al segundo elemento, por una parte, ha de considerarse que la demandante no demuestra que su perjuicio económico sea real y cierto. [
confidencial
]. Pues bien, estos datos no demuestran la existencia de un daño cierto, sino de un daño hipotético.
Por otra parte, ha de señalarse que, según jurisprudencia reiterada, un perjuicio, para ser indemnizable, debe derivarse de manera suficientemente directa del comportamiento reprochado (sentencias de 4 de octubre de 1979, Dumortier y otros/Consejo,
64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 y 45/79
,
EU:C:1979:223
, apartado
; de 25 de junio de 1997, Perrillo/Comisión,
T‑7/96
,
EU:T:1997:94
, apartado
, y de 27 de junio de 2000, Meyer/Comisión,
T‑72/99
,
EU:T:2000:170
, apartado
). Corresponde al demandante aportar la prueba de la relación de causalidad (sentencias de 18 de septiembre de 1995, Blackspur y otros/Consejo y Comisión,
T‑168/94
,
EU:T:1995:170
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 14 de octubre de 2004, I/Tribunal de Justicia,
T‑256/02
,
EU:T:2004:306
, apartado
). Ahora bien, en el presente asunto, la demandante no acredita una relación suficientemente directa entre la disminución de sus ingresos resultante de la decisión impugnada y su incapacidad para reembolsar las deudas contraídas. Esta incapacidad puede deberse a varios factores ajenos al ámbito de influencia del Consejo y, en particular, a la gestión financiera de la demandante, de la que el Consejo no puede ser considerado responsable.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar la pretensión de indemnización del daño material formulada por la demandante.
2.

Sobre el daño moral
El juez de la Unión ha declarado que la anulación de un acto que adolece de ilegalidad puede constituir, en sí misma, una reparación adecuada y, en principio, suficiente de todo perjuicio moral que el acto pueda haber causado, a menos que la parte demandante demuestre haber sufrido un perjuicio moral separable de la ilegalidad que justifica la anulación y que no puede ser íntegramente reparado por dicha anulación (véase la sentencia de 31 de marzo de 2004, Girardot/Comisión,
T‑10/02
,
EU:T:2004:94
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, los hechos expuestos en los anteriores apartados 166 y 167, que supuestamente causan un daño moral, están vinculados a la adopción de la decisión impugnada. A este respecto, el Tribunal considera que, en el caso de autos, la anulación de dicha decisión constituye una reparación adecuada del supuesto daño moral que se deriva de dichos hechos.
Por lo que se refiere al daño moral expuesto en el anterior apartado 165, no guarda ninguna relación con la decisión impugnada [
confidencial
].
En cuanto al daño moral señalado en el anterior apartado 168, ha de señalarse que la demandante no ha acreditado la existencia de una relación suficientemente directa entre la disminución de sus ingresos derivada de la decisión impugnada y [
confidencial
].
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe desestimarse también la pretensión de indemnización del daño moral formulada por la demandante. Por consiguiente, la pretensión de indemnización debe desestimarse en su totalidad.
IV.

Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber sido desestimadas las pretensiones del Consejo, procede condenarlo en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.
El Parlamento y la Comisión cargarán con sus propias costas, de conformidad con el artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda ampliada),
decide:

1)
Anular la decisión de 8 de diciembre de 2015 por la que se declaró a FV en situación de excedencia por interés del servicio.

2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)
El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las de FV.

4)
El Parlamento Europeo y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

Prek
Buttigieg
Schalin
Berke
Costeira
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 14 de diciembre de 2018.
Firmas
Índice

I. Antecedentes del litigio

II. Procedimiento y pretensiones de las partes

III. Fundamentos de Derecho

A. Sobre el objeto del recurso

B. Sobre la pretensión de anulación

1. Sobre el primer motivo, basado en la ilegalidad del artículo 42 quater del Estatuto

a) Observaciones preliminares

b) Sobre la existencia de una diferencia de trato por razón de edad

c) Sobre el cumplimiento de los criterios enunciados en el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales

1) Sobre la cuestión de si la diferencia de trato por razón de edad establecida por el artículo 42 quater del Estatuto responde a un objetivo de interés general reconocido por la Unión

2) Sobre la proporcionalidad

2. Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 42 quater del Estatuto y de la CP 71/15, así como en errores manifiestos de apreciación

a) Sobre la determinación del marco jurídico aplicable en el presente asunto

b) Sobre la evaluación en este caso de las necesidades organizativas futuras

C. Sobre la pretensión de indemnización

1. Sobre el daño material

2. Sobre el daño moral

IV. Costas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.
(
)	Datos confidenciales ocultos.