CELEX: 62018CJ0765
Procedimiento prejudicial
Directiva 2003/55/CE
Normas comunes para el mercado interior del gas natural
Protección de los consumidores
Artículo 3, apartado 3, y anexo A, letra b)
Transparencia de las condiciones contractuales
Obligación de proporcionar directamente al consumidor la debida información sobre la subida de la tarifa

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 3, en relación con el anexo A, letras b) y c), de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE (
DO 2003, L 176, p. 57
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Stadtwerke Neuwied GmbH, como suministradora de gas, y su cliente RI, en relación con el pago de cuotas atrasadas a raíz de varios incrementos del precio del gas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Los considerandos 2 y 3 de la Directiva 2003/55 están redactados como sigue:
«(2)
La experiencia adquirida con la aplicación de esta Directiva ha puesto de manifiesto las ventajas que pueden derivarse del mercado interior del gas, en lo que se refiere a mayor eficacia, reducciones de los precios, mejora de la calidad del servicio y mayor competitividad. Sin embargo, subsisten deficiencias importantes y es posible mejorar el funcionamiento de este mercado, en particular son necesarias medidas concretas para garantizar unas condiciones equitativas en el ámbito de la producción y para reducir el riesgo de que aparezcan posiciones dominantes y prácticas abusivas, garantizando así tarifas de transporte y distribución no discriminatorias mediante un acceso a la red basado en tarifas publicadas antes de su entrada en vigor, y velando por la protección de los derechos de los pequeños clientes y de los clientes vulnerables.
(3)
El Consejo Europeo, reunido en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, solicitó medidas urgentes para la plena realización de los mercados interiores de la electricidad y el gas y la aceleración de la liberalización en estos sectores para crear un mercado interior plenamente operativo. En su Resolución de 6 de julio de 2000 sobre el segundo informe de la Comisión acerca de la liberalización de los mercados de la energía, el Parlamento Europeo solicitó de la Comisión que adoptara un calendario detallado para el cumplimiento de unos objetivos rigurosamente definidos, destinados a alcanzar, de forma progresiva pero total, la liberalización de los mercados de la energía.»
A tenor del considerando 27 de dicha Directiva:
«El cumplimiento de los requisitos de servicio público es una exigencia fundamental de la presente Directiva, y es importante que en ella se especifiquen normas mínimas comunes, respetadas por todos los Estados miembros, que tengan en cuenta los objetivos de protección de los consumidores, seguridad del suministro, protección del medio ambiente y niveles equivalentes de competencia en todos los Estados miembros. Es importante que los requisitos de servicio público puedan interpretarse en el ámbito nacional, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y dentro del respeto del Derecho [de la Unión].»
El artículo 2 de la Directiva 2003/55 contiene las siguientes definiciones:
«A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
25)
“clientes domésticos”: los clientes que compren gas natural destinado a su propio consumo doméstico;
[…]
27)
“clientes finales”: los clientes que compren gas natural para su propio uso;
[…]».
El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Obligaciones de servicio público y protección del cliente», dispone lo siguiente en su apartado 3:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y para garantizar un nivel elevado de protección del consumidor y, en particular, ofrecerán una protección adecuada a los clientes vulnerables, también mediante medidas oportunas que les ayuden a evitar las interrupciones de suministro. En este contexto, los Estados miembros podrán adoptar las medidas adecuadas para proteger a los clientes de zonas apartadas que estén conectados a la red de gas. Los Estados miembros podrán designar un suministrador de último recurso para los clientes conectados a la red de gas. Garantizarán un elevado nivel de protección del consumidor, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales generales, la información general y los mecanismos de resolución de conflictos. Los Estados miembros velarán por que los clientes cualificados puedan cambiar de suministrador si así lo desean. Al menos por lo que respecta a los clientes domésticos, estas medidas deberán incluir las que se enuncian en el Anexo A.»
El anexo A de esa misma Directiva establece las medidas de protección del consumidor en los siguientes términos:
«Sin perjuicio de las normas [de la Unión] sobre protección del consumidor, en particular la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia —Declaración del Consejo y del Parlamento Europeo sobre al apartado 1 del artículo 6— Declaración de la Comisión sobre el primer guion del apartado 1 del artículo 3 (
DO 1997, L 144, p. 19
),] y la Directiva 93/13/CEE del Consejo[, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (
DO 1993, L 95, p. 29
)], las medidas a que hace referencia el artículo 3 consisten en velar por que los clientes:
[…]
b)
Sean debidamente avisados de cualquier intención de modificar las condiciones del contrato e informados de su derecho a rescindir el contrato cuando reciban el aviso. Los prestadores de servicios notificarán directamente a sus abonados cualquier aumento de los precios, en el momento adecuado y no más tarde de un período normal de facturación después de que haya entrado en vigor el aumento. Los Estados miembros garantizarán que los clientes puedan rescindir el contrato si no aceptan las nuevas condiciones que les hayan notificado sus prestadores de servicios de gas.
c)
Reciban información transparente sobre los precios, tarifas y condiciones generales aplicables al acceso y al uso de los servicios de gas.
[…]»
Derecho alemán
El artículo 36, apartados 1 y 2, de la Energiewirtschaftsgesetz (Ley sobre la Gestión Racional de la Energía; en lo sucesivo, «EnWG») está redactado como sigue:
«Obligación de realizar un suministro de base
(1)   Las empresas de suministro de energía estarán obligadas, para las zonas de red de distribución en las que realizan el suministro de base de los clientes domésticos, a hacer públicas las condiciones y los precios generales relativos al suministro de baja tensión o baja presión y publicarlos en Internet, y efectuar el suministro a todos los clientes domésticos en dichas condiciones y a tales precios. La obligación de realizar un suministro de base no se aplicará cuando la empresa de suministro de energía no pueda efectuar el suministro por razones económicas.
(2)   Los prestadores de un servicio de suministro de base enunciados en el apartado 1 son empresas de suministro de energía que abastecen a la mayoría de los clientes domésticos en una zona de suministro general […]».
A tenor del artículo 1, apartado 1, del Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Gasversorgung von Tarifkunden (Reglamento sobre las condiciones generales de suministro de gas a los clientes sujetos a tarifa), de 21 de junio de 1979 (BGBl. 1979 I, p. 676; en lo sucesivo, «AVBGasV»):
«Las condiciones generales en las que las empresas suministradoras de gas están obligadas a […] conectar a toda persona que lo desee a su red de distribución y a ofrecer tarifas generales se establecen en los artículos 2 a 34 del presente Reglamento. Las referidas condiciones forman parte integrante del contrato de suministro.»
En virtud del artículo 4, apartado 2, del AVBGasV, las modificaciones aportadas a las condiciones y a las tarifas generales únicamente producirán efectos a partir de su publicación oficial.
El artículo 32, apartados 1 y 2, del AVBGasV establece:
«(1)   El contrato tendrá validez en tanto no sea resuelto por alguna de las partes mediante un preaviso de un mes, en cuyo caso finalizará el último día del mes natural siguiente al de la notificación. […]
(2)   Si se modificaran las tarifas generales o si la empresa suministradora de gas modificara sus condiciones generales en el marco del presente Reglamento, el cliente podrá poner fin a la relación contractual con un plazo de preaviso de dos semanas antes del final del mes natural siguiente a la publicación oficial.
[…]»
El AVBGasV fue derogado por el Gasgrundversorgungsverordnung (Reglamento sobre el suministro básico de gas), de 26 de octubre de 2006 (BGBl. 2006 I, p. 2396), en su versión modificada por la Ley de 29 de agosto de 2016 (BGBl. 2016 I, p. 2034). El artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento sobre el suministro básico de gas dispone lo siguiente:
«(2)   Cualquier modificación de los precios generales y de las condiciones complementarias entrará en vigor al inicio del mes, siempre que haya sido publicada con una antelación de al menos seis semanas. De manera paralela a la publicación, el prestador del servicio de suministro de base estará obligado a enviar a sus clientes una carta en la que les comunique las modificaciones previstas y a publicarlas en su sitio de Internet. En este marco deberá precisar el alcance, las razones de la modificación y las condiciones de la misma y facilitar, de manera legible, la referencia a los derechos del cliente establecidos en el apartado 3, así como la información prevista en el artículo 2, apartado 3, primera frase, punto 7.
(3)   Cuando se modifiquen los precios generales o las condiciones complementarias, el cliente tendrá derecho a resolver el contrato sin plazo de preaviso en el momento de la entrada en vigor de las referidas modificaciones. […]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Stadtwerke Neuwied es una suministradora de gas natural organizada en forma de sociedad de Derecho privado alemán, pero, en su condición de empresa municipal encargada de prestar servicios de interés general en beneficio de una colectividad pública, está sometida al control del Estado. El Ayuntamiento de Neuwied (Alemania) es su único socio y el alcalde de dicho municipio forma parte de su órgano de vigilancia.
RI es cliente de Stadtwerke Neuwied desde el 28 de julio de 2004. Esa suministradora de gas ha cumplido sus obligaciones de prestador en el marco de un contrato de suministro de base. Entre los meses de enero de 2005 y septiembre de 2011, Stadtwerke Neuwied incrementó las tarifas en proporción al aumento en el coste de adquisición del gas natural teniendo en cuenta el ahorro obtenido en otros ámbitos del sector del gas. Ahora reclama a RI el pago de una cantidad de 1334,71 euros correspondientes a los atrasos adeudados por las referidas adaptaciones de la tarifa. No se informó personalmente a RI de dichas adaptaciones, si bien ha de precisarse que Stadtwerke Neuwied había publicado en su sitio de Internet sus precios y sus tarifas generales, así como las adaptaciones contractuales. Además, los incrementos de la tarifa se publicaron en la prensa regional.
Ante el órgano jurisdiccional remitente, RI alega que el contrato de suministro celebrado con Stadtwerke Neuwied no contenía ninguna cláusula efectiva de revisión de los precios y se opone a las pretensiones de Stadtwerke Neuwied. En particular, considera que Stadtwerke Neuwied no tenía el derecho efectivo de adaptar sus precios, que el precio de consumo reclamado no era razonable y que, suponiendo que exista, el derecho unilateral de fijar los precios en virtud del artículo 4 del AVBGasV carece de transparencia. RI deduce de esto que los incrementos del precio del gas eran nulos. Además, RI interpuso demanda reconvencional con el fin de que se declarase que los precios fijados por el suministrador no eran razonables y carecían de fundamento y de obtener el reembolso de una parte de las cantidades pagadas a Stadtwerke Neuwied entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2011.
El órgano jurisdiccional remitente considera que la resolución del litigio del que conoce depende de la interpretación de las disposiciones de la Directiva 2003/55.
En su opinión, el hecho de que Stadtwerke Neuwied no proporcionara directamente al consumidor la debida información sobre los incrementos del precio del gas puede poner en tela de juicio la validez de esos incrementos, ya que la exigencia de transparencia que se deriva del artículo 3, apartado 3, y del anexo A, letras b) y c), de la Directiva 2003/55 puede invocarse directamente en un procedimiento como el del litigio principal, pese a que dicha Directiva no había sido transpuesta al Derecho alemán durante el período de que se trata.
No obstante, el órgano jurisdiccional remitente precisa que su enfoque presupone que, dada la falta de transposición, la exigencia de transparencia prevista en la Directiva 2003/55 pueda invocarse y aplicarse directamente por un particular contra una sociedad de Derecho privado, como Stadtwerke Neuwied, y que el cumplimiento de esa exigencia condiciona la propia validez del incremento de precios.
A este respecto, subraya que el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) ha declarado que las disposiciones nacionales en vigor en el momento en que ocurrieron los hechos del litigio principal no podían interpretarse de conformidad con la Directiva 2003/55. Además, al haber llegado a la conclusión de que dicha Directiva no es de aplicación directa, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) consideró que tal situación no debía llevar a la invalidez de los incrementos de precios controvertidos y reconoció a Stadtwerke Neuwied el derecho de adaptar sus precios sobre la base de una interpretación complementaria del contrato de suministro de gas.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el artículo 3, apartado 3, en relación con el anexo A, letras b) y c), de la Directiva 2003/55 debe interpretarse en el sentido de que es una condición para la validez del incremento que se haya informado directamente al cliente del incremento de las tarifas. Además, se pregunta si esas disposiciones son de aplicación directa, ya que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, podría considerarse que son incondicionales y suficientemente precisas y que se invocan en contra de una entidad, a saber, Stadtwerke Neuwied, que, siempre según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, podría considerarse sometida a la autoridad o al control del Estado o que está dotada de derechos especiales que van más allá de las disposiciones aplicables a las relaciones entre particulares.
En estas circunstancias, el Landgericht Koblenz (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Coblenza, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 3, en relación con el anexo A, letras b) y c), de la Directiva [2003/55], en el sentido de que el hecho de que no se haya proporcionado directamente a los consumidores de gas la debida información sobre las condiciones, el motivo y el alcance de un futuro cambio en las tarifas del suministro de gas obsta a la eficacia de tal cambio en las tarifas?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior:
¿Es aplicable directamente desde el 1 de julio de 2004 el artículo 3, apartado 3, en relación con el anexo A, letras b) y c), de la Directiva [2003/55], frente a una empresa suministradora privada (constituida como GmbH alemana), porque las mencionadas disposiciones de dicha Directiva son de contenido incondicional y, por tanto, son aplicables sin necesidad de acto de transposición alguno y confieren a los ciudadanos derechos frente a un organismo que, pese a su forma jurídica privada, está sometido al Estado, al ser este el propietario de todas las participaciones de la empresa?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55, en relación con su anexo A, letras b) y c), debe interpretarse en el sentido de que, cuando un suministrador de gas de último recurso realiza modificaciones tarifarias que no notifica personalmente a los clientes, con el único fin de repercutir el aumento del coste de adquisición del gas natural sin que concurra ánimo de lucro, el cumplimiento por dicho suministrador de las obligaciones de transparencia e información establecidas en dichas disposiciones es una condición para la validez de las modificaciones tarifarias de que se trata.
Procede recordar que el objetivo de la Directiva 2003/55 es mejorar el funcionamiento del mercado interior del gas. A este respecto, se requiere un acceso a la red en condiciones no discriminatorias, transparente y a precios razonables, acceso que es primordial para completar el mercado interior del gas (sentencia de 23 de octubre de 2014, Schulz y Egbringhoff,
C‑359/11 y C‑400/11
,
EU:C:2014:2317
, apartado
).
En este contexto, las preocupaciones de protección del consumidor subyacen en las disposiciones de la Directiva 2003/55 y están estrechamente relacionadas tanto con la liberalización de los mercados de que se trata como con el objetivo, también perseguido por esa Directiva, de garantizar la seguridad del suministro estable de gas (sentencia de 23 de octubre de 2014, Schulz y Egbringhoff,
C‑359/11 y C‑400/11
,
EU:C:2014:2317
, apartado
).
Habida cuenta de dicho objetivo y de tales preocupaciones, el artículo 3 de la Directiva 2003/55, relativo a las obligaciones de servicio público y a la protección de los consumidores, establece, en su apartado 3, que los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y para garantizar un nivel elevado de protección del consumidor. Además, los Estados miembros podrán designar un suministrador de último recurso para garantizar la seguridad de suministro a los clientes conectados a la red de gas. En cualquier caso, al menos por lo que respecta a los clientes domésticos, estas medidas deberán incluir las que se enuncian en el anexo A de dicha Directiva.
El anexo A, letra b), de la Directiva 2003/55 precisa que las medidas a que hace referencia el artículo 3, apartado 3, consisten, en particular, en velar por que los prestadores de servicios notifiquen directamente a sus abonados cualquier aumento de los precios, en el momento adecuado y no más tarde de un período normal de facturación después de que haya entrado en vigor el aumento. Además, a tenor de dicha disposición, los Estados miembros garantizarán que los clientes puedan rescindir el contrato si no aceptan las nuevas condiciones de suministro de gas. En virtud del anexo A, letra c), de dicha Directiva, los clientes recibirán información transparente sobre los precios y tarifas aplicados.
Debe señalarse que el tenor de dichas disposiciones no indica, sin embargo, si el cumplimiento de las obligaciones de transparencia e información que incumbe a los suministradores de gas es una condición para la validez de las modificaciones tarifarias del suministro de gas.
No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para poder disfrutar de modo completo y real de sus derechos y adoptar, con pleno conocimiento de causa, una decisión acerca de la eventual resolución del contrato o de la impugnación de la modificación del precio del suministro, los clientes han de ser informados debidamente, antes de la entrada en vigor de tal modificación, de sus motivos, condiciones y magnitud (sentencia de 23 de octubre de 2014, Schulz y Egbringhoff,
C‑359/11 y C‑400/11
,
EU:C:2014:2317
, apartado
).
Por lo tanto, de conformidad con el objetivo de protección del consumidor, las obligaciones de transparencia e información exigidas en el anexo A, letras b) y c), de la Directiva 2003/55 tienen por objeto garantizar que el cliente pueda ejercer su derecho a resolver el contrato o a impugnar la modificación del precio del suministro.
Ahora bien, el ejercicio por los clientes de dicho derecho no podría garantizarse y las disposiciones del anexo A, letras b) y c), de la Directiva 2003/55 quedarían privadas de efecto útil si el suministrador de gas incumpliera sus obligaciones de transparencia e información, en particular, no informando personalmente a sus clientes de la modificación de tarifa prevista.
Dicho esto, ha de recordarse que, en las circunstancias particulares del litigio principal, Stadtwerke Neuwied actuaba como «suministrador de último recurso», en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55, y que las modificaciones tarifarias aplicadas sucesivamente por dicho suministrador únicamente tenían por objeto repercutir el aumento del coste de adquisición del gas natural sin ánimo de lucro.
Pues bien, el Tribunal de Justicia ha declarado que, ya que ese suministrador de gas está obligado, en cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa nacional, a contratar con los clientes que lo solicitan y que tienen derecho a las condiciones previstas por la citada normativa, deben tenerse en cuenta los intereses económicos de tal suministrador en la medida en que no puede elegir a la otra parte contratante ni poner fin libremente al contrato (sentencia de 23 de octubre de 2014, Schulz y Egbringhoff,
C‑359/11 y C‑400/11
,
EU:C:2014:2317
, apartado
).
En estas circunstancias, ha de considerarse que, cuando las modificaciones tarifarias del suministrador de gas se limitan a repercutir el aumento del coste de adquisición del gas en el precio de la prestación sin que el suministrador pretenda lucrarse en lo más mínimo, la invalidez de tales modificaciones por la falta de notificación personal a los clientes puede poner seriamente en peligro los intereses económicos del suministrador de gas.
Por consiguiente, en la medida en que el suministrador está obligado a garantizar la seguridad de suministro de sus clientes, la validez del incremento de las tarifas correspondiente a la repercusión del aumento del coste de adquisición del gas no puede depender de la información personal de dichos clientes. De lo contrario, el riesgo económico que pesaría sobre el suministrador de gas podría poner en entredicho la consecución del objetivo de seguridad del suministro establecido en la Directiva 2003/55 y perjudicar de manera desproporcionada los intereses económicos de dicho suministrador.
Sin embargo, como, incluso en tal situación, la falta de notificación personal de las modificaciones tarifarias no deja de ser contraria a la protección de los consumidores, es necesario, por una parte, que los clientes de tal suministrador puedan resolver el contrato en cualquier momento y, por otra, que, ya que el suministro de gas se realiza a una tarifa que el cliente no ha podido conocer antes de su entrada en vigor, se le ofrezcan recursos adecuados para que pueda solicitar la indemnización del perjuicio eventualmente sufrido por haber sido privado de la posibilidad de ejercer su derecho de cambiar de suministrador en tiempo oportuno a fin de obtener una tarifa más ventajosa. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar estos extremos.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55, en relación con su anexo A, letras b) y c), debe interpretarse en el sentido de que, cuando un suministrador de gas de último recurso realiza modificaciones tarifarias que no notifica personalmente a los clientes, con el único fin de repercutir el aumento del coste de adquisición del gas natural sin ánimo de lucro, el cumplimiento, por parte de ese suministrador, de las obligaciones de transparencia e información establecidas en estas disposiciones no es una condición para la validez de las modificaciones tarifarias de que se trata, siempre que los clientes puedan resolver el contrato en todo momento y dispongan de recursos adecuados para obtener la reparación del perjuicio que hayan podido sufrir por la falta de notificación personal de las modificaciones.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:

El artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 98/30/CE, en relación con su anexo A, letras b) y c), debe interpretarse en el sentido de que, cuando un suministrador de gas de último recurso realiza modificaciones tarifarias que no notifica personalmente a los clientes, con el único fin de repercutir el aumento del coste de adquisición del gas natural sin ánimo de lucro, el cumplimiento, por parte de ese suministrador, de las obligaciones de transparencia e información establecidas en estas disposiciones no es una condición para la validez de las modificaciones tarifarias de que se trata, siempre que los clientes puedan resolver el contrato en todo momento y dispongan de recursos adecuados para obtener la reparación del perjuicio que hayan podido sufrir por la falta de notificación personal de las modificaciones.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.