CELEX: 62021CJ0150
Procedimiento prejudicial
Cooperación judicial en materia penal
Reconocimiento mutuo
Decisión Marco 2005/214/JAI
Ejecución de las sanciones pecuniarias
Artículo 1, letra a), inciso ii)
Resolución por la que se impone una sanción pecuniaria que emana de una autoridad administrativa
Resolución contra la que cabe un recurso ante un fiscal sujeto a las instrucciones del ministro de Justicia
Recurso posterior ante un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, letra a), inciso ii), de la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (
DO 2005, L 76, p. 16
), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (
DO 2009, L 81, p. 24
) (en lo sucesivo, «Decisión Marco 2005/214»).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un procedimiento incoado por el Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Justitie en Veiligheid (Oficina Liquidadora Central de Recaudación Judicial, Ministerio de Justicia y Seguridad, Países Bajos) (en lo sucesivo, «CJIB»), con el fin de obtener el reconocimiento y la ejecución, en Polonia, de una sanción pecuniaria impuesta a D. B. en los Países Bajos por una infracción de la legislación de tráfico.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Bajo el epígrafe «Definiciones», el artículo 1 de la Decisión Marco 2005/214 dispone lo siguiente:
«A efectos de la presente Decisión marco, se entenderá por:
a)
“resolución”, una resolución firme por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria a una persona física o jurídica cuando dicha resolución emane:
[…]
ii)
de una autoridad del Estado de emisión distinta de un órgano jurisdiccional respecto de una infracción penal contemplada en la legislación del Estado de emisión, siempre que la persona interesada tenga la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales,
iii)
de una autoridad del Estado de emisión distinta de un órgano jurisdiccional respecto de hechos punibles con arreglo al Derecho nacional del Estado de emisión por constituir infracción a normas legales, siempre que la persona afectada haya tenido la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales,
[…]
b)
“sanción pecuniaria”, la obligación de pagar:
i)
una cantidad de dinero en virtud de una condena por una infracción, impuesta mediante una resolución,
[…]».
El artículo 3 de esa Decisión Marco, titulado «Derechos fundamentales», establece:
«La presente Decisión marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado [UE].»
El artículo 4 de la citada Decisión Marco, cuyo epígrafe es «Transmisión de las resoluciones y recurso a la autoridad central», establece, en su apartado 1, lo siguiente:
«Podrá transmitirse una resolución, junto con un certificado con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, a las autoridades competentes de un Estado miembro en el que la persona física o jurídica contra la que se haya dictado resolución posea propiedades, obtenga ingresos o tenga la residencia habitual o, en el caso de una persona jurídica, esté ubicada su sede.»
El artículo 5 de la misma Decisión Marco, titulado «Ámbito de aplicación», dispone en su apartado 1:
«Siempre que el Estado de emisión las castigue y según las defina la legislación del Estado de emisión, darán lugar a reconocimiento y ejecución de resoluciones, según lo dispuesto en la presente Decisión marco y sin control de la doble tipificación del hecho, las infracciones siguientes:
[…]
–
conducta contraria a la legislación de tráfico, incluidas las infracciones a la legislación sobre tiempos de conducción y de descanso y a las normas reguladoras del transporte de mercancías peligrosas,
[…]».
El artículo 6 de la Decisión Marco 2005/214, titulado «Reconocimiento y ejecución de las resoluciones», está redactado en los siguientes términos:
«Las autoridades competentes del Estado de ejecución reconocerán sin más trámite una resolución que haya sido transmitida con arreglo al artículo 4 y adoptarán de inmediato todas las medidas necesarias para su ejecución, a no ser que la autoridad competente decida alegar alguno de los motivos para el no reconocimiento o la no ejecución que se contemplan en el artículo 7.»
A tenor del artículo 7 de la citada Decisión Marco, titulado «Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución»:
«[…]
2.   La autoridad competente del Estado de ejecución podrá también denegar el reconocimiento y la ejecución de la resolución si se demuestra que:
[…]
g)
según el certificado previsto en el artículo 4, el imputado, en caso de procedimiento escrito, no ha sido informado, conforme a la legislación del Estado miembro de emisión, personalmente o a través de un representante competente con arreglo a la legislación nacional, de su derecho a impugnar la resolución y de los plazos para la interposición de dicho recurso;
[…]
3.   En los casos a que hacen referencia el apartado 1 y las letras c), g), i) y j) del apartado 2, antes de decidir el no reconocimiento y la no ejecución total o parcial de una resolución, la autoridad competente del Estado de ejecución consultará a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que considere adecuado y, cuando proceda, solicitará que le envíe cualquier información necesaria sin demora.»
El artículo 20, apartado 3, de la misma Decisión Marco establece:
«Cualquier Estado miembro podrá, toda vez que el certificado a que se refiere el artículo 4 suscite la cuestión de una presunta violación de los derechos fundamentales o de los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado, oponerse al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones. Se aplicará el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 7.»
Derecho polaco
El artículo 611ff, apartado 1, de la ustawa — Kodeks postępowania karnego (Ley por la que se establece el Código de Procedimiento Penal), de 6 de junio de 1997 (versión consolidada, Dz. U. de 2020, posición 30), enuncia:
«Cuando un Estado miembro de la Unión, denominado en el presente capítulo “Estado de emisión”, solicite la ejecución de una resolución firme por la que se imponga una sanción pecuniaria, dicha resolución será ejecutada por el tribunal de distrito del lugar en el que el autor posea propiedades u obtenga ingresos o bien tenga su residencia permanente o temporal. […]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El 22 de septiembre de 2020, el CJIB presentó ante el órgano jurisdiccional remitente, el Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunal de Distrito de Lodz, Centro, Polonia), una solicitud de reconocimiento y ejecución de su resolución de 17 de enero de 2020, que había adquirido firmeza el 28 de febrero de 2020, mediante la que se imponía a D. B. una multa de un importe de 92 euros por una infracción de la legislación de tráfico, a saber, haber superado la velocidad máxima permitida, cometida el 5 de enero de 2020.
El 6 de noviembre de 2020, el órgano jurisdiccional remitente formuló varias preguntas al CJIB relativas al recurso previsto en la normativa neerlandesa contra tal resolución y al estatuto de la autoridad encargada de examinar dicho recurso. El 22 de febrero de 2021, ese órgano jurisdiccional recibió la respuesta del CJIB.
D. B. no compareció a ninguna de las vistas fijadas por el órgano jurisdiccional remitente los días 6 de noviembre y 8 de diciembre de 2020, ni a la del 23 de febrero de 2021. D. B. tampoco presentó alegaciones.
El órgano jurisdiccional remitente señala que, con arreglo a la normativa neerlandesa, la multa impuesta por el CJIB puede ser impugnada ante un fiscal, en los Países Bajos, en un plazo de seis semanas. En caso de que el fiscal no estime la pretensión de la persona afectada, esta tiene derecho a interponer recurso ante un kantonrechter (juez cantonal, Países Bajos). Sin embargo, cuando el litigio verse sobre una multa por un importe igual o superior a 225 euros, el examen del litigio por dicho órgano jurisdiccional se supedita a la prestación de una fianza equivalente al importe de la sanción impuesta.
En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si un fiscal, en el sentido de la normativa neerlandesa, puede ser reconocido como un «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales», en el sentido del artículo 1, letra a), inciso ii), de la Decisión Marco 2005/214.
El órgano jurisdiccional remitente considera que, habida cuenta de los artículos 3 y 20, apartado 3, de la Decisión Marco 2005/214, así como del artículo 6 TUE en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales, la interpretación del artículo 1, letra a), inciso ii), de esta Decisión Marco debe tener en cuenta el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y su interpretación adoptada en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Pues bien, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para preservar el carácter equitativo del procedimiento, el asunto debe ser examinado por un tribunal imparcial que no presente ningún elemento de subordinación respecto del poder ejecutivo (TEDH, sentencias de 23 de junio de 1981, Le Compte, Van Leuven y De Meyer c. Bélgica, CE:ECHR:1981:0623JUD000687875, y de 29 de abril de 1988, Belilos c. Suiza, CE:ECHR:1988:0429JUD001032883). Además, es esencial, a este respecto, que no existan obstáculos tributarios o jurídicos excesivos que puedan comprometer el acceso a tal tribunal.
A efectos de interpretar el concepto de «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales» recogido en el artículo 1, letra a), inciso iii), de la Decisión Marco 2005/214, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, para apreciar si un organismo previsto por la normativa nacional tiene el carácter de un órgano jurisdiccional de ese tipo, deberá tenerse en cuenta un conjunto de factores, como son el origen legal del organismo, su permanencia, el carácter obligatorio de su jurisdicción, el carácter contradictorio del procedimiento, la aplicación por parte del organismo de normas jurídicas, así como su independencia (sentencia de 14 de noviembre de 2013, Baláž,
C‑60/12
,
EU:C:2013:733
, apartado
).
En lo que atañe a la exigencia de independencia de los órganos jurisdiccionales, esta comporta dos aspectos. El primer aspecto, de índole externa, supone que el órgano en cuestión ejerza sus funciones con plena autonomía, sin estar sometido a ningún vínculo jerárquico o de subordinación respecto a nadie y sin recibir órdenes ni instrucciones de ningún tipo, cualquiera que sea su procedencia, de tal modo que quede protegido de injerencias o presiones externas que puedan hacer peligrar la independencia de sus miembros a la hora de juzgar o que puedan influir en sus decisiones [sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial),
C‑216/18 PPU
,
EU:C:2018:586
, apartado
].
El segundo aspecto, de índole interna, se asocia al concepto de «imparcialidad» y se refiere a la equidistancia que debe guardar el órgano de que se trate con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto del litigio [sentencia de 25 de julio de 2018, Minister for Justice and Equality (Deficiencias del sistema judicial),
C‑216/18 PPU
,
EU:C:2018:586
, apartado
].
El Tribunal de Justicia se ha pronunciado, más concretamente, sobre si puede reconocerse a un fiscal nacional la condición de «autoridad judicial emisora», en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (
DO 2002, L 190, p. 1
), en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299. Ha excluido tal posibilidad en el supuesto de que la fiscalía de un Estado miembro se encuentre expuesta al riesgo de estar sujeta, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, como un ministro de Justicia, en el marco de la adopción de una decisión relativa a la emisión de una orden de detención europea [sentencia de 27 de mayo de 2019, OG y PI (Fiscalías de Lübeck y de Zwickau),
C‑508/18 y C‑82/19 PPU
,
EU:C:2019:456
, apartado
].
Al mismo tiempo, el Tribunal de Justicia ha declarado que constituye una «resolución judicial», en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584, una resolución relativa a la emisión de una orden de detención europea adoptada por una fiscalía de un Estado miembro, siempre que dicha orden de detención europea sea objeto obligatoriamente de una homologación por un tribunal que controle de manera independiente y con objetividad el cumplimiento de los requisitos de emisión de dicha orden de detención y la proporcionalidad de la misma [sentencia de 9 de octubre de 2019, NJ (Fiscalía de Viena),
C‑489/19 PPU
,
EU:C:2019:849
, apartado
].
El órgano jurisdiccional remitente estima que, habida cuenta de la citada jurisprudencia y de la posición de la fiscalía en el ordenamiento jurídico neerlandés, esta no puede considerarse un «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales», en el sentido del artículo 1, letra a), incisos ii) y iii), de la Decisión Marco 2005/214.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente pone de relieve la importancia de la posibilidad, prevista en estas disposiciones, de someter el asunto a un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales en los casos en que la resolución por la que se declara la culpabilidad de la persona afectada y se impone la sanción esté totalmente automatizada, limitándose la autoridad nacional que adopta esta resolución a comprobar los datos del propietario del vehículo y a transmitir a esa persona el documento generado por el sistema informático.
Por lo que respecta a la normativa neerlandesa conforme a la cual, cuando el fiscal no estime el recurso presentado por la persona afectada contra la resolución del CJIB, podrá interponerse posteriormente recurso ante un kantonrechter (juez cantonal), el órgano jurisdiccional remitente considera que esta no cumple el requisito establecido en el artículo 1, letra a), inciso ii), de la Decisión Marco 2005/214, según el cual la resolución de una autoridad del Estado de emisión distinta de un órgano jurisdiccional debe ser recurrible ante un «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales».
En efecto, según el órgano jurisdiccional remitente, esta Decisión Marco prevé la posibilidad de interponer un recurso directamente ante un órgano jurisdiccional, sin que sea necesario agotar previamente cualquier otra vía procesal.
A este respecto, de la sentencia de 14 de noviembre de 2013, Baláž (
C‑60/12
,
EU:C:2013:733
, apartado
), se desprende que el acceso a un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales, en el sentido de la Decisión Marco 2005/214, no debe estar sometido a requisitos que lo hagan imposible o excesivamente difícil.
Además, el órgano jurisdiccional remitente señala que, con arreglo a la normativa neerlandesa, en caso de que la multa impuesta sea de un importe superior o igual a 225 euros, el examen del recurso por un órgano jurisdiccional está supeditado a la prestación por la persona interesada de una fianza equivalente a dicho importe. Pues bien, considera que esta regla procesal puede constituir un obstáculo que disuada a un nacional de un Estado miembro de interponer un recurso en el Estado miembro de emisión.
En estas circunstancias, el Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunal de Distrito de Lodz, Centro) ha decidido suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Puede considerarse que una resolución por la que se impone una sanción pecuniaria, que ha sido dictada por la autoridad central administrativa neerlandesa, designada con arreglo al artículo 2 de la Decisión Marco [2005/214], y que es susceptible de recurso ante la fiscalía, orgánicamente dependiente del Ministerio de Justicia, cumple los criterios que configuran el concepto de “resolución contra la cual cabe un recurso ante un órgano jurisdiccional que tenga competencia en asuntos penales” en el sentido del artículo 1, letra a), inciso ii), de esa Decisión Marco?
2)
¿Puede considerarse que se cumple el criterio de que una resolución por la que se impone una sanción pecuniaria pueda recurrirse ante un “órgano jurisdiccional que tenga competencia en asuntos penales” cuando la interposición de un recurso ante el juez cantonal solo sea posible en una fase ulterior del procedimiento, a saber, después de que el fiscal haya desestimado la impugnación formulada, e implique además, en determinados casos, la obligación de desembolsar un importe equivalente al de la sanción impuesta?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, en primer lugar, si el artículo 1, letra a), inciso ii), de la Decisión Marco 2005/214 debe interpretarse en el sentido de que una resolución firme por la que se impone una sanción pecuniaria a una persona física, adoptada por una autoridad del Estado miembro de emisión distinta de un órgano jurisdiccional respecto de una infracción penal contemplada en la legislación de ese Estado miembro, constituye una «resolución», en el sentido de la citada disposición, cuando la normativa de dicho Estado miembro prevé que el recurso contra esa resolución ha de examinarse, en un primer momento, por un fiscal jerárquicamente subordinado al ministro de Justicia y, a continuación, si el fiscal desestima ese recurso, el interesado puede acudir a un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si dicha disposición debe interpretarse en el sentido de que el interesado ha tenido «la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales», a efectos de esa disposición, en el supuesto de que, con arreglo a la normativa del Estado miembro de emisión, cuando la multa impuesta sea de un importe superior o igual a 225 euros, el examen del recurso por un órgano jurisdiccional está supeditado a la prestación por el interesado de una fianza equivalente a ese importe.
Con carácter preliminar, procede recordar que, con arreglo al artículo 5, apartado 1, trigésimo tercer guion, de la Decisión Marco 2005/214, siempre que el Estado de emisión las castigue y según las defina la legislación del Estado de emisión, darán lugar al reconocimiento y ejecución de resoluciones, según lo dispuesto en esta Decisión Marco y sin control de la doble tipificación del hecho, las infracciones por conducta contraria a la legislación de tráfico.
Según el artículo 1, letra a), inciso ii), de la Decisión Marco 2005/214, se entenderá por «resolución», «una resolución firme por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria a una persona física o jurídica cuando dicha resolución emane de una autoridad del Estado de emisión distinta de un órgano jurisdiccional respecto de una infracción penal contemplada en la legislación del Estado de emisión, siempre que la persona interesada tenga la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales».
Según el artículo 1, letra a), inciso iii), de esa Decisión Marco, se entenderá también por «resolución», «una resolución firme por la que se exija el pago de una sanción pecuniaria a una persona física o jurídica cuando dicha resolución emane de una autoridad del Estado de emisión distinta de un órgano jurisdiccional respecto de hechos punibles con arreglo al Derecho nacional del Estado de emisión, siempre que la persona afectada haya tenido la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales».
Como se desprende de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia y, en particular, del certificado previsto en el artículo 4 de la Decisión Marco 2005/214, que acompaña a la resolución del CJIB objeto del litigio principal, se impuso a D. B. una multa por una infracción penal contemplada en la legislación del Estado miembro de emisión, a saber, una infracción por conducta contraria a la legislación de tráfico, según la define el Derecho de dicho Estado miembro.
Si bien es cierto que, en estas circunstancias, debe aplicarse al caso de autos el artículo 1, letra a), inciso ii), de la Decisión Marco 2005/214 y no el artículo 1, letra a), inciso iii), de dicha Decisión Marco, no lo es menos que ambas disposiciones exigen en términos idénticos que el interesado debe haber tenido «la oportunidad de que su caso sea juzgado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales».
Por lo que respecta, en primer lugar, a la cuestión de si el derecho de recurso queda garantizado pese a la obligación de agotar un procedimiento administrativo previo antes de que el caso sea examinado por un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales, en el sentido de la Decisión Marco 2005/214, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 1, letra a), inciso iii), de dicha Decisión Marco no exige que el asunto pueda ser directamente sometido a tal órgano jurisdiccional (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2013, Baláž,
C‑60/12
,
EU:C:2013:733
, apartado
).
En la medida en que la Decisión Marco 2005/214 se aplica igualmente a las sanciones pecuniarias impuestas por autoridades administrativas, es posible que se requiera, según las particularidades de los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros, una fase administrativa previa. No obstante, el acceso a un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales, en el sentido de dicha Decisión Marco, no debe estar sometido a requisitos que lo hagan imposible o excesivamente difícil (sentencia de 14 de noviembre de 2013, Baláž,
C‑60/12
,
EU:C:2013:733
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por lo que respecta, en segundo lugar, al alcance y la naturaleza del control ejercido por el órgano jurisdiccional que puede conocer del asunto, este último debe tener plena competencia para examinar el asunto en lo que atañe tanto a la apreciación jurídica como a las circunstancias de hecho, y debe disponer, en particular, de la posibilidad de examinar las pruebas y de determinar sobre esa base la responsabilidad del interesado, así como la adecuación de la pena (sentencia de 14 de noviembre de 2013, Baláž,
C‑60/12
,
EU:C:2013:733
, apartado
).
Como se desprende de la resolución de remisión, a pesar de que, con arreglo a la normativa neerlandesa, el recurso contra la resolución del CJIB por la que se impone una sanción es examinado por un fiscal sometido a la autoridad jerárquica del ministro de Justicia, dicha normativa prevé que el interesado puede interponer ante el kantonrechter (juez cantonal) un recurso contra la resolución de ese fiscal.
En estas circunstancias, sin que sea necesario apreciar si un fiscal competente para conocer de un recurso contra la resolución del CJIB por la que se impone una sanción debido a una infracción por conducta contraria a la legislación de tráfico es un «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales», en el sentido del artículo 1, letra a), inciso ii), de la Decisión Marco 2005/214, procede comprobar si el kantonrechter (juez cantonal) mencionado en el apartado anterior constituye un órgano jurisdiccional de ese tipo.
A este respecto, es preciso recordar que el concepto de «órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales», al que se refiere dicha disposición, constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión y debe interpretarse en el sentido de que está comprendido en él todo órgano jurisdiccional que aplique un procedimiento en el que concurran las características esenciales de un procedimiento penal y, en particular, tenga competencia jurisdiccional plena y aplique un procedimiento sometido a la observancia de las garantías procesales apropiadas en materia penal (véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de noviembre de 2013, Baláž,
C‑60/12
,
EU:C:2013:733
, apartados
y
).
El Tribunal de Justicia, que debe proporcionar al juez nacional respuestas útiles, es competente para dar indicaciones basadas en los autos del asunto principal y en las observaciones que se le han presentado, que permitan a dicho órgano jurisdiccional resolver el litigio concreto del que conoce (véase, por analogía, la sentencia de 26 de enero de 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,
C‑16/19
,
EU:C:2021:64
, apartado
).
En el presente asunto, como se desprende de los autos a disposición del Tribunal de Justicia, el kantonrechter (juez cantonal), mencionado en el apartado 39 de la presente sentencia, puede pronunciarse sobre las cuestiones de hecho y de Derecho, así como sobre la proporcionalidad de la multa impuesta en relación con la infracción cometida, y el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional está sometido a las garantías procesales apropiadas en materia penal. En particular, estas garantías se refieren al modo en que los documentos relativos al asunto se ponen en conocimiento del interesado, a la audiencia pública a la que se cita al interesado para ser oído, a la posibilidad de ser asistido o representado, al interrogatorio de testigos y peritos y al acceso a un intérprete.
Por lo tanto, procede calificar al kantonrechter (juez cantonal) de «órgano jurisdiccional que t[iene] competencia, en particular, en asuntos penales», en el sentido del artículo 1, letra a), inciso ii), de la Decisión Marco 2005/214.
Por lo que respecta al hecho, mencionado por el órgano jurisdiccional remitente, de que, con arreglo a la normativa neerlandesa, en el caso de que la multa impuesta sea de un importe superior o igual a 225 euros, el examen del recurso por un órgano jurisdiccional está supeditado a la prestación por parte del interesado de una fianza equivalente a dicho importe, carece de pertinencia en el caso de autos. En efecto, procede señalar que, en el asunto principal, la multa impuesta por el CJIB a D. B. ascendía a 92 euros.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 1, letra a), inciso ii), de la Decisión Marco 2005/214 debe interpretarse en el sentido de que una resolución firme por la que se impone una sanción pecuniaria a una persona física, adoptada por una autoridad del Estado miembro de emisión distinta de un órgano jurisdiccional respecto de una infracción penal contemplada en la legislación de ese Estado miembro, constituye una «resolución», en el sentido de la citada disposición, cuando la normativa de dicho Estado miembro prevé que el recurso contra esa resolución ha de examinarse, en un primer momento, por un fiscal jerárquicamente subordinado al ministro de Justicia y, a continuación, si el fiscal desestima ese recurso, el interesado puede acudir a un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales, siempre que el acceso a ese órgano jurisdiccional no esté sometido a requisitos que lo hagan imposible o excesivamente difícil.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser partes del litigio principal no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:

El artículo 1, letra a), inciso ii), de la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse en el sentido de que una resolución firme por la que se impone una sanción pecuniaria a una persona física, adoptada por una autoridad del Estado miembro de emisión distinta de un órgano jurisdiccional respecto de una infracción penal contemplada en la legislación de ese Estado miembro, constituye una «resolución», en el sentido de la citada disposición, cuando la normativa de dicho Estado miembro prevé que el recurso contra esa resolución ha de examinarse, en un primer momento, por un fiscal jerárquicamente subordinado al ministro de Justicia y, a continuación, si el fiscal desestima ese recurso, el interesado puede acudir a un órgano jurisdiccional que tenga competencia, en particular, en asuntos penales, siempre que el acceso a ese órgano jurisdiccional no esté sometido a requisitos que lo hagan imposible o excesivamente difícil.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.