CELEX: 62017CJ0545
Procedimiento prejudicial
Mercado interior de los servicios postales
Directivas 97/67/CE y 2008/6/CE
Artículo 7, apartado 1
Concepto de “derechos especiales o exclusivos para el establecimiento y la prestación de servicios postales”
Artículo 8
Derecho de los Estados miembros a organizar el servicio de envíos certificados utilizado en el marco de procedimientos judiciales
Plazo de presentación de un escrito procesal ante un órgano jurisdiccional
Interpretación conforme del Derecho interno con el Derecho de la Unión
Límites
Efecto directo invocado por una emanación de un Estado miembro en el contexto de un litigio que la enfrenta a un particular

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (
DO 1998, L 15, p. 14
), en su versión modificada por la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008 (
DO 2008, L 52, p. 3
; corrección de errores en
DO 2015, L 225, p. 49
) (en lo sucesivo, «Directiva modificada»), en relación con el artículo 8 de dicha Directiva y con el artículo 4 TUE, apartado 3.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Mariusz Pawlak y el Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (presidente de la Caja de previsión social agrícola, Polonia) (en lo sucesivo, «presidente de la KRUS») respecto a la indemnización del Sr. Pawlak a raíz de un accidente de trabajo agrícola del que fue víctima.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 97/67
La Directiva 97/67 inició el proceso de liberalización gradual del mercado de los servicios postales. Con arreglo al considerando 2 de la Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad (
DO 2002, L 176, p. 21
), la Directiva 97/67 «estableció un marco regulador para el sector postal a escala comunitaria que incluía, en particular, medidas destinadas a garantizar un servicio universal y la fijación de límites máximos para los servicios postales que los Estados miembros podrán reservar al proveedor o los proveedores del servicio universal con el fin de mantener dicho servicio universal, así como un calendario para la toma de decisiones relativas a la prosecución del proceso de liberalización del mercado, con el objetivo de crear un mercado único de los servicios postales».
Los considerandos 16 y 20 de la Directiva 97/67 señalan:
«(16)
[…]parece justificado el mantenimiento de un conjunto de aquellos servicios que pueden constituir un sector reservado, dentro del respeto a las normas del Tratado [CE] y sin perjuicio de la aplicación de sus normas sobre competencia, con el fin de permitir el funcionamiento del servicio universal en condiciones de equilibrio financiero […]
[…]
(20)
«[…] los Estados miembros pueden tener un interés legítimo, por razones de orden público y de seguridad pública, en confiar a una o más entidades designadas por el Estado el emplazamiento de buzones para recoger envíos postales en la vía pública; […] por las mismas razones, corresponden a los Estados miembros la designación de la o las entidades que tienen derecho a emitir los sellos postales indicando el país de origen y de la o las entidades responsables de prestar el servicio de correo certificado utilizado para procedimientos judiciales o administrativos de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales […]».
Conforme al tenor del artículo 3, apartados 4 y 5, de la Directiva 97/67, que figura en su capítulo 2, titulado «Servicio universal»:
«4.   Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para que el servicio universal incluya por lo menos las siguientes prestaciones:
–
la recogida, clasificación, transporte y distribución de los envíos postales de hasta 2 kg;
–
la recogida, clasificación, transporte y distribución de los paquetes postales de hasta 10 kg;
–
los servicios de envíos certificados y envíos con valor declarado.
5.   Las autoridades nacionales de reglamentación podrán aumentar el límite de peso de la cobertura del servicio universal para los paquetes postales hasta un peso que no supere los 20 kg y fijar regímenes especiales para la entrega a domicilio de tales paquetes postales.
Sin perjuicio del límite de peso de la cobertura del servicio universal para los paquetes postales establecido por un determinado Estado miembro, los Estados miembros garantizarán que los paquetes postales recibidos desde otros Estados miembros y que pesen hasta 20 kg se distribuyan en su territorio.»
El capítulo 3 de la Directiva 97/67, que tenía por título «Armonización de los servicios que pueden formar parte del sector reservado», comprende los artículos 7 y 8 de dicha Directiva.
El artículo 7, apartados 1 y 2, de la mencionada Directiva tenía la siguiente redacción:
«1.   En la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal, los servicios que los Estados miembros podrán reservar al proveedor o los proveedores del servicio universal serán la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos de correspondencia interna, tanto si se trata de distribución urgente como si no, cuyo precio sea inferior a cinco veces la tarifa pública de un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría normalizada más rápida, cuando ésta exista, siempre que su peso sea inferior a 350 g. En el caso de los servicios postales gratuitos destinados a las personas invidentes o de visión reducida, se podrán autorizar excepciones a los límites de peso y precio.
2.   En la medida en que sea necesario para el mantenimiento del servicio universal, el correo transfronterizo y la publicidad directa podrán seguir formando parte del sector reservado, con las limitaciones de precios y pesos establecidas en el apartado 1.»
El artículo 8 de la citada Directiva establece lo siguiente:
«Las disposiciones del artículo 7 se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de organizar la instalación de buzones en la vía pública, la emisión de sellos de correos y el servicio de correo certificado utilizado en el marco de procedimientos judiciales o administrativos con arreglo a su Derecho interno.»
Directiva 2002/39
La Directiva 2002/39 modificó sustancialmente la Directiva 97/67. Prosiguió la liberalización del mercado de los servicios postales y fijó, en sus considerandos 14 y 24, un calendario para la apertura gradual y controlada del mercado postal a la competencia, indicando la fecha previsible de 2009 para la plena realización del mercado interior de los servicios postales.
El artículo 7, apartados 1 y 2, de la Directiva 97/67, en su versión modificada por la Directiva 2002/39, tenía el siguiente tenor:
«1.   En la medida en que sea necesario para garantizar el mantenimiento del servicio universal, los Estados miembros podrán seguir reservando servicios al proveedor o los proveedores del servicio universal. Dichos servicios se limitarán a la recogida, clasificación, transporte y entrega de correspondencia nacional y correspondencia transfronteriza de entrada, tanto si se trata de distribución urgente como si no, de acuerdo con los siguientes límites de peso y precio. El límite de peso se fija en 100 gramos desde el 1 de enero de 2003 y en 50 gramos desde el 1 de enero de 2006. No se aplicarán dichos límites desde el 1 de enero de 2003 si el precio es igual o superior a tres veces la tarifa pública de un envío de correspondencia de la primera escala de pesos de la categoría más rápida y, desde el 1 de enero de 2006, si el precio es igual o superior a dos veces y media dicha tarifa.
En el caso de los servicios postales gratuitos destinados a las personas invidentes o de visión reducida, se podrán autorizar excepciones a los límites de peso y precio.
En la medida en que sea necesario para garantizar la prestación del servicio universal, la publicidad directa podrá mantenerse en el ámbito reservado dentro de los mismos límites de peso y precio.
En la medida en que ello sea necesario para garantizar la prestación del servicio universal, por ejemplo cuando ya hayan sido liberalizados determinados sectores de la actividad postal o bien en razón de las características específicas de los servicios postales de un Estado miembro, la correspondencia transfronteriza de salida podrá mantenerse en el ámbito reservado dentro de los mismos límites de peso y precio.
2.   El intercambio de documentos no podrá reservarse.»
Directiva 2008/6
La Directiva 2008/6 modificó nuevamente, de forma sustancial, la Directiva 97/67 y concluyó el proceso de liberalización del mercado interior de los servicios postales.
En sus considerandos 13, 16, 25, 26, 56 y 59, la Directiva 2008/6 señala:
«(13)
El estudio prospectivo indica que el sector reservado ya no debe ser la solución preferente para la financiación del servicio universal. Esta valoración tiene en cuenta el interés que reviste, para la Comunidad y sus Estados miembros, la realización del mercado interior, y el potencial de este para generar crecimiento y empleo y garantizar que todos los usuarios tengan acceso a un servicio de interés económico general eficaz. Resulta oportuno, por tanto, confirmar la fecha definitiva de realización del mercado interior de servicios postales.
[…]
(16)
La plena apertura del mercado favorecerá la expansión del volumen global de los mercados postales; coadyuvará, además, al mantenimiento de empleo sostenible y de calidad en los proveedores de servicio universal, y facilitará la creación de nuevos empleos en otros operadores, nuevos participantes en el mercado y sectores económicos conexos. […]
[…]
(25)
A la luz de los estudios realizados y con el fin de movilizar todo el potencial que ofrece el mercado interior de los servicios postales, procede poner fin a la utilización de un sector reservado y de derechos especiales como medio para garantizar la financiación del servicio universal.
(26)
En algunos Estados miembros, puede que siga siendo necesario recurrir a la financiación externa de los costes residuales netos del servicio universal. Por consiguiente, resulta oportuno aclarar expresamente las opciones disponibles para garantizar la financiación del servicio universal, siempre que sea necesario recurrir a ellas y la necesidad se justifique adecuadamente, dejando a los Estados miembros libertad de elección en cuanto a los mecanismos de financiación. […] Los Estados miembros pueden recurrir a otros medios de financiación autorizados por el Derecho comunitario, como, por ejemplo, en caso de necesidad, utilizar los beneficios derivados de otras actividades del proveedor o proveedores del servicio universal, no incluidas en el servicio universal, para financiar total o parcialmente los costes netos de este servicio, siempre y cuando tal decisión sea compatible con el Tratado [CE]. […]
[…]
(56)
Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la realización de un mercado interior de servicios postales comunitarios, la garantía de un nivel común de servicios universales para todos los usuarios y el establecimiento de principios armonizados para la regulación de los servicios postales, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado [CE]. […]
[…]
(59)
La presente Directiva no afecta a la aplicación de lo dispuesto en el Tratado [CE] en materia de competencia y libre prestación de servicios. En aquellos casos en que los mecanismos de financiación del servicio universal comporten ayudas otorgadas por un Estado miembro o fondos estatales, bajo cualquier forma, según lo establecido en el artículo 87, apartado 1, del Tratado [CE], la presente Directiva no afectará a la obligación que incumbe a los Estados miembros de cumplir las disposiciones sobre ayudas estatales establecidas en el Tratado [CE].»
Conforme al tenor del artículo 1 de la Directiva modificada:
«La presente Directiva establece normas comunes relativas a:
–
las condiciones aplicables a la prestación de servicios postales,
–
la prestación de un servicio postal universal en el interior de la Comunidad,
–
la financiación de los servicios universales en condiciones que garanticen su prestación continuada,
–
los principios de tarificación y de transparencia contable para la prestación del servicio universal,
–
la determinación de normas de calidad para la prestación del servicio universal y la instauración de un sistema que garantice el cumplimiento de esas normas,
–
la armonización de las normas técnicas,
–
la creación de autoridades nacionales de reglamentación independientes.»
El artículo 2, puntos 1 y 6, de la Directiva modificada tiene el siguiente tenor:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
1)
“servicios postales”: los servicios consistentes en la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos postales,
[…]
6)
“envío postal”: el envío con destinatario presentado en la forma definitiva en que deba ser transportado por el proveedor del servicio postal. Aparte de los envíos de correspondencia, incluye, por ejemplo, los libros, catálogos, diarios de prensa y publicaciones periódicas y los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial».
El capítulo 3 de la Directiva modificada se titula «Financiación de los servicios universales».
El artículo 7 de la Directiva modificada dispone lo siguiente:
«1.   Los Estados miembros no podrán otorgar o mantener en vigor derechos especiales o exclusivos para el establecimiento y la prestación de servicios postales. Los Estados miembros podrán financiar la prestación del servicio universal conforme a uno o varios de los sistemas previstos en los apartados 2, 3 y 4, o a cualquier otro sistema que resulte compatible con el Tratado [CE].
2.   Los Estados miembros podrán garantizar la prestación de los servicios universales sacándolos a licitación con arreglo a las normas y reglamentaciones sobre contratación pública que sean de aplicación, incluidos el procedimiento de diálogo competitivo y el procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa o sin ella, según lo establecido en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, de suministro y de servicios [(
DO 2004, L 134, p. 114
)].
3.   Cuando un Estado miembro considere que las obligaciones de servicio universal que establece la presente Directiva comportan un coste neto, calculado teniendo en cuenta el anexo I y representan una carga financiera injusta para el proveedor o los proveedores de servicio universal, podrá crear:
a)
un mecanismo para compensar a la empresa o empresas afectadas con fondos públicos, o
b)
un mecanismo para repartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de servicios, los usuarios o ambos.
4.   Si el coste neto se reparte de conformidad con el apartado 3, letra b), los Estados miembros podrán constituir un fondo de compensación que podrá ser financiado mediante un canon aplicado a los proveedores del servicio, a los usuarios o a ambos, y que será gestionado a estos efectos por un órgano independiente del beneficiario o beneficiarios. Los Estados miembros podrán supeditar la concesión de autorización a los proveedores del servicio a que se refiere el artículo 9, apartado 2, a la obligación de hacer una aportación financiera al citado fondo o al cumplimiento de obligaciones de servicio universal. Las obligaciones de servicio universal del proveedor o proveedores de servicio universal enunciadas en el artículo 3 podrán financiarse de este modo.
5.   Los Estados miembros velarán por la observancia de los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad al establecer el fondo de compensación y fijar el nivel de las aportaciones financieras a que se refieren los apartados 3 y 4. Las decisiones adoptadas de conformidad con los apartados 3 y 4 se basarán en criterios objetivos, verificables y de público conocimiento.»
Derecho polaco
Conforme al tenor del artículo 165, apartado 2, de la ustawa — Kodeks postępowania cywilnego (Código de Procedimiento Civil), de 17 de noviembre de 1964 (Dz. U. n
o
43, posición 296), en su redacción aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «kpc»):
«La presentación de un escrito procesal en la oficina de correos polaca de un operador postal designado en el sentido de la [ustawa — Prawo pocztowe (Ley Postal) de 23 de noviembre de 2012 (Dz. U. de 2012, posición 1529)] o en la oficina postal de un proveedor que garantice el servicio postal universal en otro Estado miembro de la Unión equivaldrá a su presentación ante el órgano jurisdiccional.»
De la resolución de remisión se desprende que, con arreglo al artículo 3, punto 13, de la Ley Postal, el «operador designado» es el operador postal «encargado» de garantizar el servicio postal universal. Los demás operadores están «facultados» para ejercer actividades postales en el sector que elijan, sin que exista una obligación a este respecto.
Mediante decisión del Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (presidente de la Oficina de comunicaciones electrónicas, Polonia) de 30 de junio de 2015, Poczta Polska S.A. obtuvo, durante diez años, conforme a la Ley Postal, la cualidad de operador designado para la prestación del servicio postal universal.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El Sr. Pawlak, profesional vinculado a la agricultura, sufrió un accidente laboral por el que reclamó una indemnización a la Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Caja de previsión social agrícola, Polonia). Descontento con la resolución del presidente de la KRUS, obtenida en respuesta a su solicitud, el Sr. Pawlak impugnó dicha resolución ante el Sąd Rejonowy w Poznań-Grunwald (Tribunal de Distrito de Poznan-Grunwald, Polonia), que estimó dicho recurso.
El presidente de la KRUS recurrió en apelación la sentencia dictada por el mencionado tribunal ante el Sąd Okregowy w Poznaniu (Tribunal Regional de Poznan, Polonia), recurso que este declaró inadmisible porque su recepción en dicho tribunal se había producido el 22 de junio de 2016, cuando el plazo para presentar el recurso finalizaba el día 20 de junio de 2016.
El Sąd Okregowy w Poznaniu (Tribunal Regional de Poznan) consideró que era irrelevante el hecho de que el matasellos del envío postal, depositado ante un operador distinto del operador designado, señalase como fecha el 20 de junio de 2016, último día del plazo para recurrir, dado que el artículo 165, apartado 2, del kpc solo considera equivalente a la presentación de un escrito procesal ante el órgano jurisdiccional de que se trate la hecha por medio del operador designado, incluso si se lleva a cabo por correo ordinario.
El presidente de la KRUS interpuso un recurso de casación ante el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo, Polonia) contra la resolución dictada por el Sąd Okregowy w Poznaniu (Tribunal Regional de Poznan). Alega que este último tribunal infringió el artículo 165, apartado 2, del kpc y que el recurso de apelación interpuesto ante dicho órgano fue presentado dentro del plazo establecido en la oficina postal de un operador postal.
El Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) señala que su jurisprudencia relativa al artículo 165, apartado 2, del kpc no es unívoca y que la mencionada disposición plantea dudas en cuanto a su conformidad con el Derecho de la Unión.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente hace referencia a una divergencia entre dos corrientes jurisprudenciales opuestas respecto a los efectos jurídicos de la presentación de un escrito procesal en una oficina postal polaca de un operador postal distinto del operador designado. Según la corriente mayoritaria, el escrito presentado en esas condiciones se considera presentado de forma extemporánea si se recibe en el órgano jurisdiccional una vez transcurrido el plazo legal en el que debe presentarse. Según la corriente minoritaria, la presentación, dentro de plazo, del escrito en una oficina postal polaca se equipara a su presentación ante el órgano jurisdiccional, tanto si la oficina es del operador designado como si es de cualquier otro operador postal.
El órgano jurisdiccional remitente estima que la primera corriente jurisprudencial no tiene en cuenta el contexto de Derecho de la Unión en la interpretación del artículo 165, apartado 2, del kpc, al considerar implícitamente que el contenido de esa disposición no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 97/67. Según el citado órgano jurisdiccional, la segunda corriente jurisprudencial se apoya, por el contrario, en una exégesis de la citada disposición conforme con el Derecho de la Unión. El órgano jurisdiccional remitente señala no obstante que, en sus resoluciones que han seguido esta segunda corriente, no se recoge motivación alguna respecto al alcance del artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada o a la manera de adecuar la aplicación del artículo 165, apartado 2, del kpc al Derecho de la Unión.
En estas circunstancias, el Sąd Najwyższy (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Ha de interpretarse el artículo 7, apartado 1, primera frase [de la Directiva modificada], en relación con el artículo 8, de la de la Directiva [modificada] […], en el sentido de que constituye un derecho especial una norma de Derecho procesal nacional como la que figura en el artículo 165, apartado 2, [del kpc], con arreglo a la cual únicamente la presentación de un escrito procesal en una oficina de correos de un operador designado, es decir, de un operador obligado a prestar el servicio postal universal, equivale a la presentación de dicho escrito ante el órgano jurisdiccional, excluyendo de tal efecto la presentación de un escrito procesal en una oficina nacional de correos de otro operador postal que preste servicios postales universales pero que no sea operador designado?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿ha de interpretarse el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva [modificada], en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, en el sentido de que procede ampliar a los demás operadores postales las ventajas que se derivan para el operador designado del hecho de que se le haya concedido un derecho especial infringiendo el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva [modificada], de modo que la presentación de un escrito procesal en una oficina nacional de correos de otro proveedor de servicios postales universales que no es el operador designado deba considerarse equivalente a la presentación de ese escrito procesal ante el órgano jurisdiccional, sobre la base de principios similares a los que se desprenden de la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 2007, Jonkman y otros (
C‑231/06 a C‑233/06
,
EU:C:2007:373
)?
3)
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, ¿ha de interpretarse el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva [modificada], en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, en el sentido de que una parte en el procedimiento que sea emanación de un Estado miembro puede invocar la no conformidad con el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva [modificada] de una disposición de Derecho nacional como el artículo 165, apartado 2, del kpc?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
El Gobierno polaco alega que una norma como el artículo 165, apartado 2, del kpc no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva modificada, sino que forma parte de las normas de Derecho procesal, cuya armonización no es objeto de esta Directiva. A este respecto, alega que la Directiva 97/67 se adoptó sobre la base del artículo 95 CE, que constituye la base jurídica para la aproximación de las legislaciones nacionales destinadas a garantizar el funcionamiento del mercado interior, mientas que la base jurídica para armonizar las normas de procedimiento civil era el artículo 65 CE (actualmente, artículo 81 TFUE).
Además, dicho Gobierno señala que el artículo 1 de la Directiva modificada, relativo a su ámbito de aplicación, enumera todas las áreas en las que dicha Directiva establece normas comunes, entre las que no figura el procedimiento civil.
Conviene precisar, a este respecto, que la Directiva 2008/6, al igual que la Directiva 97/67 que modificó, fue adoptada sobre la base de una serie de artículos del Tratado CE que pasaron a ser, tras diversas modificaciones, los artículos 53 TFUE, 62 TFUE y 114 TFUE, que tienen por objeto atribuir al legislador de la Unión una competencia específica para adoptar medidas destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado interior (sentencia de 5 de octubre de 2000, Alemania/Parlamento y Consejo,
C‑376/98
,
EU:C:2000:544
, apartado
).
Mediante la última modificación de la Directiva 97/67, llevada a cabo por la Directiva 2008/6, el legislador comunitario pretendía, con arreglo a los considerandos 13 y 16 de esta última Directiva, culminar el proceso de liberalización del mercado de los servicios postales y confirmar la fecha definitiva de realización del mercado interior de tales servicios, suprimiendo no solo los últimos obstáculos a la apertura total del mercado para determinados proveedores de servicio universal, sino también todos los demás obstáculos a la prestación de servicios postales [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2016, DHL Express (Austria),
C‑2/15
,
EU:C:2016:880
, apartado
]. El legislador comunitario pretendía, al mismo tiempo, garantizar un nivel común de servicios universales para todos los usuarios y establecer principios armonizados para la regulación de los servicios postales, con arreglo al considerando 56 de la Directiva 2008/6.
Ahora bien, del hecho de que el artículo 1 de la Directiva modificada no mencione el procedimiento civil no puede deducirse que dicha Directiva no pueda tener ningún efecto en otras materias que se rigen por el Derecho interno. Una interpretación diferente, como la propuesta por el Gobierno polaco, pondría en peligro la consecución del objetivo que persigue la Directiva modificada, dirigida a lograr la plena realización del mercado interior de los servicios postales. En efecto, tal interpretación permitiría a los Estados miembros mantener medidas que, debido a sus efectos, podrían constituir obstáculos a la competencia en ese mercado.
Además, el artículo 8 de la Directiva modificada se refiere a un servicio de correo certificado utilizado en el marco de procedimientos judiciales.
Por ello, debe desestimarse la alegación del Gobierno polaco con arreglo a la cual una norma nacional de procedimiento civil, como la prevista en el artículo 165, apartado 2, del kpc, no está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva modificada debido a su objeto e independientemente de cuál sea el impacto de dicha norma en las materias armonizadas por la mencionada Directiva.
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada, en relación con su artículo 8, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de Derecho interno como la controvertida en el litigio principal, que solo reconoce como equivalente a la presentación de un escrito procesal ante el órgano jurisdiccional de que se trate la presentación de dicho escrito en una oficina postal del operador designado para prestar el servicio postal universal.
Para responder a esta cuestión prejudicial, procede interpretar sucesivamente esas dos disposiciones.
Sobre la interpretación del artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada
Es preciso recordar que el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada prohíbe a los Estados miembros otorgar o mantener en vigor derechos especiales o exclusivos para el establecimiento y la prestación de servicios postales.
Se desprende de los propios términos de esa disposición —al delimitar el alcance de la prohibición refiriéndose al «establecimiento y la prestación de servicios postales»— que se prohíbe la concesión o el mantenimiento de un derecho especial o exclusivo en la medida en que ese derecho se refiera a los servicios postales.
El concepto de «servicios postales» se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva modificada y designa los servicios consistentes en la recogida, la clasificación, el transporte y la distribución de los envíos postales. Por su parte, el concepto de «envío postal» se define en el artículo 2, punto 6, de la Directiva modificada y designa un envío con destinatario presentado en la forma definitiva en que deba ser transportado por el proveedor del servicio postal y comprende, aparte de los envíos de correspondencia, por ejemplo, los envíos de libros, catálogos, diarios de prensa y publicaciones periódicas y los paquetes postales que contengan mercancías con o sin valor comercial.
Procede considerar que el envío por correo de escritos procesales a los órganos jurisdiccionales constituye claramente un envío postal en el sentido del artículo 2, punto 6, de la Directiva modificada y, por ello, el servicio en cuestión está comprendido en el concepto de «servicios postales» en el sentido del artículo 2, punto 1, de la citada Directiva. Esta consideración se ve ratificada por la referencia explícita hecha a ese servicio en el artículo 8 de la referida Directiva y en el considerando 20 de la Directiva 97/67, que mencionan el servicio de correo certificado utilizado en el marco de procedimientos judiciales. De ello resulta que la concesión de un derecho especial o exclusivo que se refiera al servicio de envío por correo de escritos procesales a los órganos jurisdiccionales está comprendida en la prohibición prevista en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva modificada.
En lo que se refiere a los términos «derechos especiales o exclusivos» a los que se hace referencia en el artículo 7, apartado 1, procede señalar que ni esta disposición ni ninguna otra de la Directiva modificada recoge una definición de dichos términos.
No obstante, tales términos se corresponden con los mismos términos empleados en el artículo 106 TFUE, apartado 1, que dispone que «[l]os Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los Tratados, especialmente las previstas en los artículos 18 y 101 a 109, ambos inclusive».
Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puede considerarse que una medida estatal confiere un derecho exclusivo o especial en el sentido del artículo 106 TFUE, apartado 1, cuando confiere protección a un número limitado de empresas y tal medida puede afectar sustancialmente a la capacidad de las demás empresas para realizar la actividad económica de que se trate en el mismo territorio en condiciones esencialmente equivalentes (sentencia de 12 de diciembre de 2013, SOA Nazionale Costruttori,
C‑327/12
,
EU:C:2013:827
, apartado
y jurisprudencia citada).
Es preciso recordar que el artículo 106 TFUE, apartado 1, que no tiene alcance autónomo, se opone, mediante la remisión que hace a otros artículos del Tratado FUE, a que los Estados miembros adopten o mantengan, respecto de las empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, disposiciones nacionales contrarias a los artículos 49 TFUE y 59 TFUE y a las normas de competencia establecidas en el Tratado FUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de diciembre de 2007, United Pan-Europe Communications Belgium y otros,
C‑250/06
,
EU:C:2007:783
, apartados
,
y
y jurisprudencia citada, y de 17 de julio de 2008, ASM Brescia,
C‑347/06
,
EU:C:2008:416
, apartado
).
Por ello, los fines del artículo 106 TFUE, apartado 1, y los objetivos perseguidos por la Directiva 2008/6, recordados en el apartado 31 de la presente sentencia, y, más concretamente, los consistentes en someter el sector postal, sin perjuicio de las obligaciones de servicio público, a las normas de competencia establecidas en el Tratado FUE, y en suprimir los obstáculos a la realización del mercado interior de los servicios postales convergen en gran medida. Por ello, la definición del concepto de «derecho especial o exclusivo» en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 43 de la presente sentencia puede extrapolarse al contexto específico de la Directiva 97/67.
Es cierto que el artículo 106 TFUE, apartado 1, no prohíbe, en sí mismo, la concesión o el mantenimiento de un derecho especial o exclusivo a una empresa, pero exige que esa concesión o ese mantenimiento respeten las demás disposiciones sustantivas del Tratado FUE, mientras que el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada prohíbe la concesión o el mantenimiento de un derecho especial o exclusivo a una empresa para el establecimiento y la prestación de servicios postales.
No obstante, dicha diferencia respecto a las consecuencias que lleva aparejada la constatación de la existencia de un derecho especial o exclusivo con arreglo a las dos disposiciones mencionadas no es obstáculo para la extrapolación, en el contexto de la Directiva modificada, del concepto de «derecho especial o exclusivo» en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 43 de la presente sentencia. Como precisó acertadamente la Comisión Europea durante la vista, esa diferencia lleva únicamente a que, en caso de un derecho especial o exclusivo concedido por un Estado miembro a una empresa, el respeto del artículo 7, apartado 1, de la Directiva modificada sea objeto de un examen independiente del relativo al respeto del artículo 106 TFUE, apartado 1. Pues bien, esta conclusión resulta también del considerando 59 de la Directiva 2008/6, que señala que esta Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas del Tratado en materia de competencia y de libre prestación de servicios.
En lo que se refiere al alcance de la prohibición de otorgar o mantener en vigor derechos especiales o exclusivos prevista en el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada, del tenor de esta disposición se desprende que, en principio, esa prohibición es general.
Ello se ve confirmado por la finalidad y los antecedentes del artículo 7 de la Directiva modificada. Así, con arreglo a la segunda frase del apartado 1 de ese artículo, los Estados miembros podrán financiar la prestación de servicios universales conforme a los sistemas previstos en los apartados 2 a 4 de dicho artículo, o a cualquier otro sistema compatible con el Tratado.
A este respecto, de los considerandos 25 y 26 de la Directiva 2008/6 se desprende que, mediante el artículo 7 de la Directiva modificada, el legislador comunitario tenía la intención de poner fin a la utilización de un sector reservado y de derechos especiales como medio para garantizar la financiación del servicio universal, permitiendo a su vez a los Estados miembros recurrir a otros sistemas de financiación externa del sistema universal menos restrictivos de la competencia.
En efecto, como se desprende del artículo 7 de la Directiva 97/67, en su versión modificada por la Directiva 2002/39, y del considerando 16 de la Directiva 97/67, en la medida en que fuese necesario para permitir el funcionamiento del servicio universal en condiciones de equilibrio financiero, los Estados miembros tenían la facultad de reservar distintos servicios, cuyo alcance estaba delimitado en el mencionado artículo 7, a uno o varios proveedores de servicio universal. Por el contrario, esa facultad no estaba prevista por la Directiva 2002/39 en lo que respecta a los servicios no reservados con arreglo a dicho artículo 7, formasen parte o no del servicio universal.
En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que los Estados miembros no podían ampliar según su voluntad los servicios reservados a los proveedores del servicio postal universal en virtud del artículo 7 de la Directiva 97/67, en su versión modificada por la Directiva 2002/39, ya que tal ampliación sería contraria a la finalidad de la Directiva 97/67 así modificada, que perseguía establecer una liberalización progresiva y controlada en el sector postal (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2007, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia,
C‑220/06
,
EU:C:2007:815
, apartado
y jurisprudencia citada).
Mediante la Directiva 2008/6, el legislador comunitario introdujo la redacción actual del artículo 7, apartado 1, de la Directiva modificada, sin revertir la liberalización llevada a cabo hasta entonces en el sector no reservado. De ello resulta que, a raíz de esa modificación del mencionado artículo 7, apartado 1, el hecho de que un Estado miembro reserve un servicio postal, forme parte o no del servicio universal, a uno o varios proveedores encargados del servicio universal, constituye un sistema prohibido para asegurar la financiación del servicio universal.
Por ello, sin perjuicio de la excepción prevista en el artículo 8 de la Directiva modificada, está prohibido otorgar o mantener en vigor derechos especiales o exclusivos para el establecimiento y la prestación de servicios postales, en el sentido del artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada.
A este respecto, contrariamente a lo que mantuvo el Gobierno polaco en la vista, no procede llevar a cabo una distinción, a efectos de aplicar esa prohibición, en función del hecho de que un derecho especial o exclusivo para el establecimiento y la prestación de servicios postales se haya otorgado a un proveedor de servicio universal respetando o no los principios de objetividad, proporcionalidad, no discriminación y transparencia.
En efecto, no solamente esa interpretación no descansa sobre ningún elemento textual de la Directiva 2008/6, sino que además, de ser aceptada, llevaría a limitar el alcance de la prohibición prevista en el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada y, por tanto, pondría en peligro la realización del objetivo perseguido por esa Directiva, que pretende la plena realización del mercado interior de los servicios postales.
En el presente asunto, de la petición de decisión judicial se desprende que, con arreglo al artículo 165, apartado 2, del kpc, la presentación de un escrito procesal en una oficina postal polaca del operador designado, en el sentido de la Ley Postal, o en una oficina postal de un proveedor que garantice el servicio postal universal en otro Estado miembro equivale a su presentación ante el órgano jurisdiccional de que se trate.
Habida cuenta de las consideraciones que figuran en el apartado 40 de la presente sentencia, esa norma de Derecho interno, dado que se refiere al servicio de envío por correo de escritos procesales a los órganos jurisdiccionales, debe considerarse referida a la prestación de servicios postales, a efectos del artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada, en relación con el artículo 2, puntos 1 y 6, de dicha Directiva.
En lo que se refiere a la cuestión de si, mediante una norma de Derecho interno como la controvertida en el litigio principal, el Estado miembro de que se trata otorga «derechos especiales o exclusivos» para el establecimiento y la prestación de servicios postales, no se cuestiona, en primer lugar, que esa disposición, calificada de «ley» en la resolución de remisión, es una medida legislativa a efectos de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 106 TFUE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 1991, GB-Inno-BM,
C‑18/88
,
EU:C:1991:474
, apartado
).
En segundo lugar, respecto a si dicha medida legislativa confiere protección a un número limitado de empresas, en el sentido de la jurisprudencia resultante de la sentencia de 12 de diciembre de 2013, SOA Nazionale Costruttori (
C‑327/12
,
EU:C:2013:827
), apartado
, el órgano jurisdiccional remitente precisa que únicamente el operador designado, en el sentido de la Ley Postal, para prestar el servicio universal puede beneficiarse de la norma que figura en el artículo 165, apartado 2, del kpc, que asocia un efecto jurídico favorable al envío, mediante ese operador o proveedor, de un escrito procesal a un órgano jurisdiccional.
En efecto, como se desprende de la petición de decisión prejudicial, con arreglo al artículo 165, apartado 2, del kpc, los plazos legales para la presentación de escritos procesales ante los órganos jurisdiccionales se consideran respetados en caso de presentación, dentro de dichos plazos legales, de un escrito procesal ante una oficina postal del operador designado o de un proveedor de los previstos en esa disposición. Por el contrario, cuando dicho envío se realiza mediante otro proveedor de servicios postales, este envío debe haber sido remitido por el proveedor al órgano jurisdiccional antes del término del plazo legal, para que se considere presentado dentro de dicho plazo.
Por ello, una norma de Derecho interno como el artículo 165, apartado 2, del kpc otorga una ventaja a un número limitado de empresas, ya que reserva al operador designado o a otro proveedor que garantice el servicio universal en otro Estado miembro el servicio de envío de escritos procesales a los órganos jurisdiccionales y el privilegio consistente en considerar el escrito procesal presentado ante dicho operador o ese otro proveedor como un escrito presentado ante el órgano jurisdiccional.
En tercer lugar, respecto a si esa norma puede afectar sustancialmente a la capacidad de las demás empresas para realizar la actividad económica de que se trata en el mismo territorio en condiciones esencialmente equivalentes, en el sentido de la jurisprudencia resultante de la sentencia de 12 de diciembre de 2013, SOA Nazionale Costruttori (
C‑327/12
,
EU:C:2013:827
), apartado
, es preciso señalar, a la vista de las consideraciones recogidas en la petición de decisión prejudicial, que así ocurre en el presente asunto.
En efecto, un proveedor de servicios postales distinto de los mencionados en el artículo 165, apartado 2, del kpc no puede proporcionar el servicio de envío de escritos procesales a los órganos jurisdiccionales disfrutando del privilegio consistente en considerar que dichos escritos han sido presentados ante los órganos jurisdiccionales de que se trate, como sería el caso de los escritos procesales presentados ante un operador designado u otro de los proveedores a los que se refiere dicha disposición, lo que tiene como efecto dejar dicho servicio fuera de la libre competencia en el mercado interior de los servicios postales.
Por ello, sin perjuicio de su comprobación por el órgano jurisdiccional remitente, una norma de Derecho interno como la controvertida en el litigio principal otorga un derecho especial o exclusivo para el establecimiento y la prestación de servicios postales en el sentido del artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada.
Sobre la interpretación del artículo 8 de la Directiva modificada
Con arreglo al artículo 8 de la Directiva modificada, las disposiciones de su artículo 7 se entienden sin perjuicio del derecho de los Estados miembros de organizar la instalación de buzones en la vía pública, la emisión de sellos de correos y el servicio de correo certificado utilizado en el marco de procedimientos judiciales o administrativos con arreglo a su Derecho interno.
A la vista de su tenor y del contexto en el que se inscribe, el artículo 8 de la Directiva modificada debe interpretarse en sentido estricto en la medida en que supone una excepción a la regla general que figura en su artículo 7, que prevé la supresión a partir de entonces de los derechos especiales y exclusivos con el fin de realizar plenamente el mercado interior de los servicios postales, lo que constituye el principal objetivo perseguido por la Directiva 2008/6.
De ello resulta, dado que el tenor del artículo 8 de la Directiva modificada se refiere a la organización del servicio de envíos utilizado en el marco de procedimientos judiciales únicamente en lo que respecta al «correo certificado», que la excepción prevista en ese artículo no puede interpretarse en sentido amplio con el fin de aplicarlo al servicio de envíos ordinarios empleado en el contexto de procedimientos judiciales.
Pues bien, en el presente asunto, el artículo 165, apartado 2, del kpc no lleva a cabo ninguna distinción, a efectos del disfrute de la ventaja que otorga, en función del envío, por correo ordinario o por correo certificado, del escrito procesal a un órgano jurisdiccional. Habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 67 y 68 de la presente sentencia, esa norma de Derecho interno solo puede quedar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 8 de la Directiva modificada si se refiere al servicio de envíos de escritos procesales a los órganos jurisdiccionales por correo certificado.
Respecto al alcance de la excepción prevista en el artículo 8 de la Directiva modificada, el órgano jurisdiccional remitente y la Comisión consideran que, dado que ese artículo debe interpretarse en sentido estricto, no permite a los Estados miembros reservar dicho servicio a un único operador, ni los autoriza a introducir un privilegio como el que resulta de la norma nacional controvertida en el litigio principal, sino que se limita a permitir que los Estados miembros prevean la obligación para las partes de un litigio de enviar los escritos procesales a un órgano jurisdiccional por correo certificado.
A este respecto, cabe precisar que, conforme a las indicaciones que figuran en la petición de decisión prejudicial, que no quedan desvirtuadas por los demás datos obrantes en autos, el artículo 165, apartado 2, del kpc establece una ventaja a favor de un operador en un mercado competitivo de la que no disfrutan los demás operadores, en la medida en que la presentación de los escritos procesales ante dicho operador equivale a su presentación ante un órgano jurisdiccional, con el resultado de que puede respetarse un plazo de presentación aun cuando el escrito llegue a ese órgano jurisdiccional tras la expiración del plazo. De ello resulta que la cuestión relevante en el presente asunto es si un Estado miembro puede basarse en el artículo 8 de la Directiva modificada para introducir o mantener un privilegio como el que resulta de la norma interna controvertida en el litigio principal.
En lo que se refiere a la finalidad del artículo 8 de la Directiva modificada, esta se recoge en el considerando 20 de la Directiva 97/67, conforme al cual «[…] los Estados miembros pueden tener un interés legítimo, por razones de orden público y de seguridad pública, en confiar a una o más entidades designadas por el Estado el emplazamiento de buzones […]; que, por las mismas razones, corresponden a los Estados miembros la designación de la o las entidades que tienen derecho a emitir los sellos postales […] y de la o las entidades responsables de prestar el servicio de correo certificado utilizado para procedimientos judiciales o administrativos de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales […]». De ello resulta que el mencionado artículo 8, que no ha sufrido cambios pese a las numerosas modificaciones sucesivas de la Directiva 97/67, debe interpretarse en el sentido de que pretende permitir a los Estados miembros, tratándose del servicio de correo certificado utilizado durante los procedimientos judiciales, establecer una excepción a la norma general prevista en el artículo 7 de la Directiva modificada por razones de orden público y de seguridad pública y en caso de que tengan un interés legítimo.
En estas circunstancias, el artículo 8 de la Directiva modificada, en relación con el considerando 20 de la Directiva 97/67, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro, para hacer uso de la excepción que prevé dicho artículo, debe justificar un interés público.
Esa interpretación se ve ratificada por los objetivos perseguidos por la normativa en la que se incluye el referido artículo 8. En efecto, como se desprende de los considerandos 25 y 56 de la Directiva 2008/6, esta tiene como finalidad la realización de un mercado interior de servicios postales y poner fin a la utilización de un sector reservado y de derechos especiales como medio para garantizar la financiación del servicio universal. Pues bien, permitir a un Estado miembro otorgar un derecho especial o exclusivo en un mercado liberalizado, a falta de toda justificación objetiva, iría en contra de esos objetivos.
En lo que respecta al artículo 165, apartado 2, del kpc, la Comisión alega que ni la resolución de remisión ni los escritos del Gobierno polaco recogen una justificación objetiva para conceder la ventaja que otorga.
A este respecto, en la vista ante el Tribunal de Justicia, el Gobierno polaco precisó que, en Polonia, la cobertura territorial del servicio de correo certificado propuesto por los distintos operadores es muy dispar y que existe por ello un interés en que todos los envíos de escritos procesales a los órganos jurisdiccionales disfruten del mismo nivel de garantía respecto a la seguridad de los envíos y a los plazos en los que esos envíos serán remitidos a los órganos jurisdiccionales. Esa es, según el Gobierno polaco, la razón por la que se ha concedido el privilegio en cuestión al operador encargado del servicio universal, que opera en todo el territorio nacional.
En el presente asunto, es preciso declarar que, conforme a los datos aportados al Tribunal de Justicia, con arreglo a la normativa polaca, los demás operadores también pueden enviar escritos procesales a los órganos jurisdiccionales y se considera, por ello, que disponen de los medios organizativos y personales adecuados para ello. Además, las explicaciones aportadas por el mencionado Gobierno no permiten determinar en qué medida establecer una diferencia en términos de plazos procesales en función de los operadores podría favorecer la seguridad jurídica y la buena administración de la justicia a las que contribuyen dichos plazos. Pues bien, en un caso como el controvertido en el litigio principal, en el que la admisibilidad del recurso depende del operador escogido, las consideraciones basadas en la seguridad jurídica y en la buena administración de justicia parecen oponerse incluso a la mencionada diferencia en términos de plazos procesales. En estas circunstancias, no se puede concluir que la legislación controvertida en el litigio principal, al permitir plazos diferentes dependiendo del operador escogido de entre los operadores que compiten en el mismo mercado, responda verdaderamente a la preocupación de alcanzar un objetivo de orden público, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
A la vista de estos datos, procede concluir que el artículo 8 de la Directiva modificada no puede interpretarse en el sentido de que autoriza a mantener una norma de Derecho interno como la controvertida en el litigio principal.
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada, en relación con su artículo 8, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de Derecho interno que solo reconoce como equivalente a la presentación de un escrito procesal ante el órgano jurisdiccional de que se trate la presentación de dicho escrito en una oficina postal del único operador designado para prestar el servicio postal universal, y ello sin una justificación objetiva basada en razones de orden público o de seguridad pública.
Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera
Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada, en relación con el artículo 4 TUE, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que si la ventaja de la que disfruta, con arreglo a una norma de Derecho interno como la controvertida en el litigio principal, el operador designado para prestar el servicio universal resultase haber sido concedida infringiendo el mencionado artículo 7, apartado 1, primera frase, debe ampliarse a los demás operadores postales con el fin de evitar cualquier discriminación. El órgano remitente desea saber también si una emanación de un Estado miembro puede invocar el efecto directo de esta última disposición en el contexto de un litigio que la enfrenta a un particular.
Así, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta esencialmente sobre las consecuencias que deben extraerse, en el contexto del litigio principal, de una eventual incompatibilidad del artículo 165, apartado 2, del kpc con la Directiva modificada.
Cabe señalar, en primer lugar, que, según el órgano jurisdiccional remitente, la interpretación según la cual el artículo 165, apartado 2, del kpc es conforme con el artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva modificada es una interpretación
contra legem
. Además, esa interpretación exigiría excluir los efectos de una interpretación literal de una disposición de Derecho interno, lo que constituiría una práctica discutible tratándose de una norma de procedimiento.
Es preciso recordar, a este respecto, que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, al aplicar el Derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva en cuestión para alcanzar el resultado que esta persigue y, por lo tanto, atenerse al artículo 288 TFUE, párrafo tercero. La exigencia de una interpretación conforme del Derecho interno es inherente al régimen del Tratado en la medida en que permite al órgano jurisdiccional nacional garantizar, en el marco de sus competencias, la plena efectividad del Derecho de la Unión cuando resuelve el litigio de que conoce (sentencia de 19 de enero de 2010, Kücükdeveci,
C‑555/07
,
EU:C:2010:21
, apartado
y jurisprudencia citada).
Procede señalar también que corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales, tomando en consideración el conjunto de normas del Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por este, resolver si, y en qué medida, un precepto nacional puede interpretarse de conformidad con la directiva de que se trate sin llevar a cabo una interpretación
contra legem
de dicho precepto nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2019, Cresco Investigation,
C‑193/17
,
EU:C:2019:43
, apartado
y jurisprudencia citada).
Esa interpretación conforme tiene, en efecto, sus límites en los principios generales del Derecho de la Unión, en particular en el de seguridad jurídica, en el sentido de que no puede servir de base para una interpretación
contra legem
del Derecho interno (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2009, Mono Car Styling,
C‑12/08
,
EU:C:2009:466
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 19 de abril de 2016, DI,
C‑441/14
,
EU:C:2016:278
, apartado
y jurisprudencia citada).
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el alcance de esos límites en las circunstancias del litigio principal, en el que se plantea la cuestión de las consecuencias de la eventual disconformidad con el Derecho de la Unión de una norma de Derecho interno en lo que atañe al cumplimiento por una parte del litigio en cuestión del plazo legal para presentar un recurso ante el órgano jurisdiccional nacional de que se trata.
Pues bien, en su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha reconocido la importancia, en el ordenamiento jurídico de la Unión, del cumplimiento de los plazos procesales cuyo objetivo es garantizar la seguridad jurídica, evitando que puedan ponerse indefinidamente en cuestión actos de la Unión que surtan efectos jurídicos, así como de los imperativos de buena administración de la justicia y de economía procesal (sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros,
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:407
, apartado
). Las mismas consideraciones subyacen a la exigencia de cumplir los plazos procesales previstos en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.
De ello resulta que, tanto el hecho de que una interpretación conforme del artículo 165, apartado 2, del kpc con la Directiva modificada llevaría a una interpretación
contra legem
de la mencionada disposición como el hecho de que dicha interpretación conforme podría interferir con la aplicación de las normas de Derecho interno en materia de plazos de recurso, cuyo objetivo es garantizar la seguridad jurídica, plantean, en el presente asunto, límites a la exigencia de una interpretación del Derecho interno conforme con el Derecho de la Unión.
En segundo lugar, respecto a si la Directiva modificada puede ser invocada por una emanación de un Estado miembro para dejar de aplicar, en un litigio contra un particular, una disposición de ese Estado miembro contraria a la Directiva modificada, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el hecho de admitir que una emanación de un Estado miembro pueda oponer a un particular las disposiciones de una directiva que ese Estado miembro no ha incorporado correctamente al Derecho interno supondría permitir a dicho Estado miembro obtener ventajas de su incumplimiento del Derecho de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 26 de septiembre de 1996, Arcaro,
C‑168/95
,
EU:C:1996:363
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 12 de diciembre de 2013, Portgás,
C‑425/12
,
EU:C:2013:829
, apartados
y
).
En el presente asunto, con arreglo a las indicaciones que se recogen en la petición de decisión prejudicial, la parte que invoca, frente a un particular, la incompatibilidad del artículo 165, apartado 2, del kpc con las disposiciones de la Directiva modificada es el presidente de la KRUS, a saber, una autoridad pública que tiene la consideración de «emanación del Estado». Pues bien, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado anterior, una autoridad pública como el presidente de la KRUS no puede invocar la Directiva modificada, como tal, frente a un particular.
Por ello, habida cuenta de las circunstancias del litigio principal, no es necesario examinar si la ventaja de la que disfruta el operador que ha sido designado para prestar el servicio universal con arreglo al artículo 165, apartado 2, del kpc, suponiendo que esa ventaja haya sido otorgada infringiendo la Directiva modificada, deba ampliarse a los demás operadores postales.
A la vista de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera que una autoridad pública, considerada una emanación de un Estado miembro, no puede invocar la Directiva modificada, como tal, frente a un particular.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1)
El artículo 7, apartado 1, primera frase, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, en su versión modificada por la Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de febrero de 2008, en relación con el artículo 8 de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma de Derecho interno que solo reconoce como equivalente a la presentación de un escrito procesal ante el órgano jurisdiccional de que se trate la presentación de dicho escrito en una oficina postal del único operador designado para prestar el servicio postal universal, y ello sin una justificación objetiva basada en razones de orden público o de seguridad pública.

2)
Una autoridad pública, considerada una emanación de un Estado miembro, no puede invocar la Directiva 97/67, en su versión modificada por la Directiva 2008/6, como tal, frente a un particular.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: polaco.