CELEX: 62019CJ0092
Procedimiento prejudicial
Medio ambiente
Fomento de la cogeneración
Normativa nacional que establece un plan de apoyo
Plan de apoyo a instalaciones de cogeneración que no sean de alta eficiencia aplicable más allá del 31 de diciembre de 2010

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE (
DO 2004, L 52, p. 50
), del artículo 107 TFUE, apartado 1, y de los principios de igualdad de trato y de no discriminación.
Esta petición se ha presentado en el contexto de litigios entre Burgo Group SpA y Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE (Sociedad Gestora de Servicios Energéticos, Italia) relativos a la negativa de esta última a aplicar a Burgo Group un plan de apoyo que establece, en particular, una dispensa de compra de «certificados verdes».
Marco jurídico
Derecho de la Unión
La Directiva 2004/8 fue adoptada en el marco de la política de la Unión Europea en materia de medio ambiente, sobre la base del artículo 175 CE, apartado 1.
Los considerandos 1, 2, 11, 15, 16, 24, 26 y 32 de esta Directiva tienen el siguiente tenor:
«(1)
En la actualidad, en la Comunidad está infrautilizado el potencial de la cogeneración como medida para ahorrar energía. El fomento de la cogeneración de alta eficiencia sobre la base de la demanda de calor útil es una prioridad comunitaria habida cuenta de los beneficios potenciales de la cogeneración en lo que se refiere al ahorro de energía primaria, a la eliminación de pérdidas en la red y a la reducción de las emisiones, en particular de gases de efecto invernadero. Además, el uso eficaz de la energía mediante la cogeneración puede también contribuir positivamente a la seguridad del abastecimiento energético y a la situación competitiva de la Unión Europea y de sus Estados miembros. Por consiguiente, es necesario tomar medidas para garantizar una mejor explotación del potencial en el marco del mercado interior de la energía.
(2)
La Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo [, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE — Declaraciones sobre las actividades de desmantelamiento y de gestión de residuos (
DO 2003, L 176, p. 37
)], establece normas comunes en materia de generación, transporte, distribución y suministro de electricidad en el mercado interior de la electricidad. En este contexto, el desarrollo de la cogeneración contribuye a aumentar la competencia, también respecto de los nuevos participantes en el mercado.
[…]
(11)
En la presente Directiva, por cogeneración de alta eficiencia se entiende la que permite ahorrar energía mediante la producción combinada, en lugar de separada, de calor y electricidad. Se considera que hay “cogeneración de alta eficiencia” cuando el ahorro energético es superior al 10 %. Para obtener el máximo ahorro de energía y evitar que se pierda dicho ahorro de energía, debe prestarse la mayor atención a las condiciones de funcionamiento de las unidades de cogeneración.
[…]
(15)
El objetivo general de la presente Directiva debe ser el establecimiento de un método armonizado para el cálculo de electricidad de cogeneración y las orientaciones necesarias para su aplicación, teniendo en cuenta métodos tales como los que actualmente están desarrollando las organizaciones europeas de normalización. El método debe ser adaptable para tener en cuenta el progreso técnico. La aplicación de los cálculos establecidos en los anexos II y III a las unidades de microcogeneración podría basarse, de conformidad con el principio de proporcionalidad, en valores derivados de un procedimiento de comprobación del tipo de unidad certificado por un organismo competente e independiente.
(16)
Las definiciones de cogeneración y de cogeneración de alta eficiencia utilizadas en la presente Directiva no obstan al uso de definiciones diferentes en la legislación nacional con fines distintos de los establecidos en la presente Directiva. […]
[…]
(24)
Las ayudas públicas deben ser coherentes con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente […], incluso en lo que se refiere a la no acumulación de ayudas. Estas Directrices actualmente permiten determinados tipos de ayudas públicas si se puede demostrar que las medidas de apoyo son beneficiosas desde la perspectiva de la protección del medio ambiente, bien porque la eficiencia de la conversión sea particularmente alta, porque las medidas permitan reducir el consumo de energía, o porque el proceso de producción sea menos perjudicial para el medio ambiente. Esas ayudas serán en algunos casos necesarias para explotar mejor el potencial de cogeneración, en particular para tener en cuenta la necesidad de internalizar los costes externos.
[…]
(26)
Los Estados miembros aplican mecanismos nacionales diversos de ayuda a la cogeneración que incluyen la ayuda a la inversión, las exenciones o reducciones fiscales, los certificados ecológicos y planes de ayuda directa a los precios. Uno de los medios importantes de alcanzar el objetivo de la presente Directiva, a fin de mantener la confianza del inversor, es garantizar el correcto funcionamiento de esos mecanismos a la espera de que entre en vigor un marco comunitario armonizado. La Comisión tiene la intención de vigilar la situación y de informar sobre la experiencia adquirida con la aplicación de los planes nacionales de ayuda.
[…]
(32)
De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 [CE], los principios generales para el establecimiento de un marco de fomento de la cogeneración en el mercado interior de la energía deben establecerse en el ámbito comunitario, pero su aplicación detallada debe dejarse a los Estados miembros de tal modo que estos puedan elegir el régimen que mejor corresponda a su situación particular. La presente Directiva se limita a lo estrictamente necesario para alcanzar estos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin.»
Con arreglo al artículo 1 de la Directiva 2004/8, esta tiene como objetivo «incrementar la eficiencia energética y mejorar la seguridad del abastecimiento mediante la creación de un marco para el fomento y el desarrollo de la cogeneración de alta eficiencia de calor y electricidad basado en la demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria en el mercado interior de la energía, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales específicas, especialmente en lo que se refiere a las condiciones climáticas y económicas.»
El artículo 2 de la Directiva 2004/8 dispone que esta «se aplicará a la cogeneración tal y como se define en el artículo 3 y a las tecnologías de cogeneración enumeradas en el anexo I.»
De conformidad con el artículo 3 de dicha Directiva, cuyo epígrafe es «Definiciones»:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a)
“cogeneración”, la generación simultánea en un proceso de energía térmica y eléctrica y/o mecánica;
[…]
i)
“cogeneración de alta eficiencia”, la cogeneración que cumpla los criterios del anexo III;
[…]».
El artículo 7 de esta Directiva, que lleva por epígrafe «Planes de apoyo», establece, en su apartado 1:
«Los Estados miembros garantizarán que el apoyo a la cogeneración —de las unidades existentes y de las futuras— se base en la demanda de calor útil y en el ahorro de energía primaria, a la luz de las oportunidades disponibles para reducir la demanda de energía a través de otras medidas que sean económicamente viables o favorables para el medio ambiente, como otras medidas de eficiencia energética.»
El artículo 12 de la Directiva 2004/8, cuyo epígrafe es «Método de cálculo alternativo», dispone, en su apartado 3:
«Hasta finales de 2010, los Estados miembros podrán utilizar un método alternativo para definir una producción por cogeneración como cogeneración de alta eficiencia, sin verificar que dicha producción por cogeneración cumple los criterios de la letra a) del anexo III, cuando se demuestre en el ámbito nacional que la producción por cogeneración definida mediante dicho método de cálculo alternativo cumple, por término medio, los criterios de la letra a) del anexo III. […]»
El anexo III de la Directiva 2004/8, que lleva por epígrafe «Método de determinación de la eficiencia del proceso de cogeneración», precisa en su letra a) que, a efectos de dicha Directiva, la cogeneración de alta eficiencia debe cumplir diferentes criterios, entre ellos el de que «la producción de cogeneración procedente de unidades de cogeneración deberá aportar un ahorro de energía primaria de al menos el 10 %, calculado con arreglo a la letra b), en relación con los datos de referencia de la producción por separado de calor y electricidad».
Derecho italiano
Decreto Legislativo n.
o
79/1999
El decreto legislativo n. 79 — Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (Decreto Legislativo n.
o
79, de transposición de la Directiva 96/92/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad), de 16 de marzo de 1999 (GURI n.
o
75, de 31 de marzo de 1999), en su versión aplicable en la fecha de los hechos objeto del litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.
o
79/1999»), establece, en su artículo 2, apartado 8:
«Cogeneración es la producción combinada de energía eléctrica y de calor conforme a los requisitos determinados por la Autorità per l’Energia elettrica e il Gas (Autoridad para la Energía Eléctrica y el Gas, Italia; en lo sucesivo, “AEEG”), que deberán garantizar un ahorro significativo de energía con respecto a la producción por separado de calor y electricidad.»
A tenor del artículo 3, apartado 3, de este Decreto Legislativo:
«La [AEEG] fijará los requisitos necesarios para garantizar a todos los usuarios de la red la libertad de acceso en igualdad de condiciones, la imparcialidad y la neutralidad del servicio de transporte y de los servicios de ajuste del sistema. En el ejercicio de esta competencia, la [AEEG] se guiará por el objetivo de utilizar con la mayor eficiencia la energía eléctrica producida o, en su caso, inyectada a la red eléctrica nacional, de forma compatible con las características técnicas de la red eléctrica. Asimismo, la [AEEG] establecerá la obligación de utilizar con carácter prioritario la energía eléctrica producida a partir de fuentes de energía renovables y la producida mediante cogeneración.»
El artículo 11 de dicho Decreto Legislativo dispone lo siguiente:
«1.   A fin de fomentar la utilización de energías renovables, el ahorro energético, la reducción de las emisiones de anhídrido carbónico y la utilización de recursos energéticos nacionales, a partir de 2001, los importadores y las entidades responsables de las instalaciones que importen o produzcan energía eléctrica a partir de fuentes de energía no renovables deberán inyectar en la red nacional, durante el año siguiente al de dicha importación o dicha producción, una cuota de electricidad procedente de instalaciones de fuentes renovables que hayan entrado en funcionamiento o hayan aumentado su producción, limitada a la capacidad adicional de producción, en una fecha posterior a la de entrada en vigor del presente Decreto.
2.   La obligación establecida en el apartado 1 se aplicará a la importación y a la producción de energía eléctrica, con exclusión de la cogeneración, el autoconsumo de la central y la exportación, que superen los 100 GWh; la cuota contemplada en el apartado 1 se fija inicialmente en el dos por ciento de esa energía que supere los 100 GWh.
3.   Las referidas entidades también podrán dar cumplimiento a esta obligación adquiriendo la totalidad o parte de una cuota equivalente o de los derechos correspondientes a otros productores, siempre que inyecten la energía procedente de fuentes renovables en la red eléctrica nacional, o al gestor de la red de transporte nacional. […]
4.   El gestor de la red de transporte nacional garantizará la prioridad de la energía eléctrica producida por instalaciones que utilicen, en este orden, fuentes de energía renovables, sistemas de cogeneración —sobre la base de criterios específicos definidos por la [AEEG]— y fuentes de energía primaria nacionales, estas últimas por una cuota máxima anual no superior al quince por ciento del total de la energía primaria necesaria para generar la energía eléctrica consumida.
[…]»
De la resolución de remisión resulta que el mecanismo de ayuda, establecido en el artículo 11, apartados 1 a 4, del Decreto Legislativo n.
o
79/1999, fue suprimido para las instalaciones de cogeneración que no sean de alto rendimiento, a partir del 1 de enero de 2016, por el artículo 25 del decreto legislativo n. 28 — Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (Decreto Legislativo n.
o
28, de transposición de la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE), de 3 de marzo de 2011 (suplemento ordinario de la GURI n.
o
71, de 28 de marzo de 2011).
El órgano jurisdiccional remitente precisa, además, que el decreto legislativo n. 102 — Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Decreto Legislativo n.
o
102, de transposición de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE), de 4 de julio de 2014 (GURI n.
o
165, de 18 de julio de 2014), adelantó la fecha de supresión de dicho mecanismo de ayuda al 19 de julio de 2014.
Decisión n.
o
42/02 de la AEEG
En aplicación del artículo 2, apartado 8, del Decreto Legislativo n.
o
79/1999, la AEEG estableció, mediante su Decisión n.
o
42/02, de 19 de marzo de 2002, los requisitos mínimos necesarios para que una instalación de producción de electricidad pueda ser calificada como instalación de «cogeneración».
Decreto Legislativo n.
o
20/2007
El decreto legislativo n. 20 — Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE (Decreto Legislativo n.
o
20, de transposición de la Directiva 2004/8), de 8 de febrero de 2007 (GURI n.
o
54, de 6 de marzo de 2007), en su versión aplicable en la fecha de los hechos objeto del litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto Legislativo n.
o
20/2007»), establece, en su artículo 3, apartado 1:
«Hasta el 31 de diciembre de 2010, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, se considerará cogeneración de alta eficiencia la cogeneración que responda a la definición contemplada en el artículo 2, apartado 8, del Decreto Legislativo [n.
o
79/1999].»
El artículo 6, apartado 1, del Decreto Legislativo n.
o
20/2007 dispone:
«A fin de garantizar que el fomento de la cogeneración se base en la demanda de calor útil y simultáneamente en el ahorro de energía primaria, serán aplicables a la cogeneración de alta eficiencia las disposiciones de los artículos 3, apartado 3, 4, apartado 2, y 11, apartados 2 y 4, del Decreto Legislativo [n.
o
79/1999]. La cogeneración de alta eficiencia se podrá acoger a los beneficios resultantes de las medidas de aplicación del artículo 9, apartado 1, del Decreto Legislativo [n.
o
79/1999] y del artículo 16, apartado 4, del Decreto Legislativo n.
o
164, de 23 de mayo de 2000.»
De la resolución de remisión resulta que el anexo III del Decreto Legislativo n.
o
20/2007 transpuso al ordenamiento jurídico italiano el anexo III de la Directiva 2004/8.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Burgo Group posee en Italia numerosas instalaciones de cogeneración, que producen simultáneamente electricidad y calor útil. Esta sociedad solicitó a GSE la dispensa de la obligación de adquirir certificados verdes para sus instalaciones de cogeneración, contemplada por la normativa nacional, para los años 2011 a 2013.
De la resolución de remisión se desprende que dichas instalaciones se habían beneficiado de tal dispensa hasta el 31 de diciembre de 2010, de conformidad con la Decisión n.
o
42/02 de la AEEG.
La totalidad de las solicitudes de dispensa de la obligación de comprar certificados verdes presentadas por Burgo Group a GSE para los años 2011 a 2013 fueron denegadas por esta última sobre la base de la legislación nacional en vigor, a saber, el Decreto Legislativo n.
o
20/2007, mediante el que se transpuso la Directiva 2004/8 al Derecho nacional, el cual establece que, a partir del 1 de enero de 2011, únicamente las instalaciones de cogeneración que cumplan los criterios establecidos en el anexo III de este Decreto, que transpone el anexo III de dicha Directiva, pueden acogerse a los beneficios previstos en el Derecho nacional, entre los que figura la dispensa de compra de certificados verdes. GSE estimó que las instalaciones de cogeneración pertenecientes a Burgo Group no cumplían estos criterios, dado que no presentaban las características de las instalaciones de alta eficiencia.
Burgo Group interpuso diversos recursos de anulación contra las decisiones denegatorias ante el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), todos los cuales fueron desestimados mediante sentencias dictadas en 2015.
El órgano jurisdiccional remitente precisa que, mediante estas sentencias, el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) consideró sustancialmente, en primer lugar, que, a tenor del artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/8 y de conformidad con la medida nacional que transpone dicha disposición, a partir del 1 de enero de 2011 solo podían acogerse a los beneficios establecidos en el Derecho nacional y, en particular, a la dispensa de compra de certificados verdes las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia que cumplieran los criterios de eficiencia energética contemplados en el anexo III de dicha Directiva o que se hubieran conformado a ellos. Señala que, en segundo lugar, el órgano jurisdiccional de primera instancia estimó que tanto del referido artículo 12, apartado 3, como de la medida nacional de transposición resulta que, hasta el 31 de diciembre de 2010, los Estados miembros tenían la posibilidad de establecer otro método para definir la cogeneración de alta eficiencia, siempre que se demostrara que dicho método correspondía, por término medio, a los criterios de dicho anexo III.
Según indica el órgano jurisdiccional remitente, la Decisión n.
o
42/02 de la AEEG establece un método alternativo de definición de la cogeneración de alta eficiencia, que, de conformidad con el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/8 y con la normativa nacional de transposición de dicho artículo, era aplicable hasta el 31 de diciembre de 2010. El órgano jurisdiccional remitente observa que cualquier interpretación contraria, en primer lugar, privaría de significado al término que se indica en dicha disposición, a saber, el 31 de diciembre de 2010; en segundo lugar, vaciaría de contenido los criterios establecidos en el anexo III de dicha Directiva y, en tercer lugar, haría inútil el esfuerzo tecnológico y económico de quienes hayan invertido para adaptar las instalaciones de cogeneración a fin de que cumplan los criterios de eficiencia energética establecidos en dicho anexo.
Burgo Group recurrió dichas sentencias ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), por considerar que el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) había incurrido en error al interpretar y aplicar, en esencia, la Directiva 2004/8.
Ante el órgano jurisdiccional remitente, Burgo Group alega, en particular, que el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio) incurrió en error al no tener en cuenta la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de septiembre de 2013, IBV & Cie (
C‑195/12
,
EU:C:2013:598
), en la que este tribunal aplicó el plan nacional de apoyo controvertido en el asunto que dio lugar a dicha sentencia no solo a las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, sino a la totalidad de las instalaciones de cogeneración. Además, según esta sociedad, el Derecho nacional permite la concesión de beneficios y, en particular, de la dispensa de compra de certificados verdes, a las sociedades que explotan instalaciones de cogeneración que no sean de alta eficiencia, incluso con posterioridad a diciembre de 2010. Así pues, a juicio de Burgo Group, el artículo 11 del Decreto Legislativo n.
o
79/1999, que establece, en particular, la dispensa de la compra de certificados verdes para las instalaciones de cogeneración solo fue derogado a partir del 19 de julio de 2014.
En estas circunstancias, el Consiglio di Stato (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Se opone la Directiva 2004/8 —en particular, su artículo 12— a una interpretación de los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo n.
o
20/2007 en el sentido de que permiten la extensión de los beneficios establecidos en el Decreto Legislativo n.
o
79/1999 —en particular en su artículo 11, y en la Decisión n.
o
42/02 de la [AEEG], mediante la que se aplica dicha disposición— a las instalaciones de cogeneración que no sean de alta eficiencia, incluso después del 31 de diciembre de 2010?
2)
¿Se opone el artículo 107 TFUE a una interpretación de los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo n.
o
20/2007 en el sentido indicado en la primera cuestión, en la medida en que dicha disposición, tal como ha sido interpretada, pueda constituir una “ayuda otorgada por el Estado” y, por tanto, ser incompatible con el principio de libre competencia?
3)
Atendiendo a cuanto se ha expuesto en las cuestiones primera y segunda y a la vista de lo alegado expresamente por [Burgo Group], ¿es compatible con los principios de igualdad y no discriminación del Derecho de la Unión una normativa nacional que permite la aplicación de los planes de apoyo a la cogeneración [que no sea de alta eficiencia] hasta el 31 de diciembre de 2015, de modo que se pueda interpretar en tal sentido la normativa italiana, de conformidad con el artículo 25, apartado 11, letra c), punto 1, del Decreto Legislativo n.
o
28, que deroga las disposiciones antes citadas del artículo 11 del Decreto Legislativo n.
o
79/1999 a partir del 1 de enero de 2016, que de otro modo se considerarían aplicables hasta el 19 de julio de 2014 (con arreglo al artículo 10, apartado 15, del Decreto Legislativo n.
o
102/2014)?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/8 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que permite que instalaciones de cogeneración que no sean de alta eficiencia, con arreglo a dicha Directiva, puedan seguir beneficiándose, incluso con posterioridad al 31 de diciembre de 2010, de un plan de apoyo a la cogeneración, en virtud del cual, en particular, estarían exentas de la obligación de comprar certificados verdes.
Procede señalar que los planes de ayuda a la cogeneración que se pueden establecer a nivel nacional no se rigen por el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/8, sino por su artículo 7.
El Tribunal de Justicia ha interpretado el artículo 7 de la Directiva 2004/8 en el sentido de que su ámbito de aplicación no se limita a las instalaciones de cogeneración que sean de alta eficiencia con arreglo a esta Directiva. Ha precisado que el legislador de la Unión no había pretendido limitar el ámbito de aplicación de dicho artículo a la cogeneración de alta eficiencia, tal como se define en el artículo 3, letra i), de dicha Directiva, y ha señalado que su artículo 2, que, como indica su título, tiene por objeto definir el «ámbito de aplicación» de la Directiva, establece que esta se aplica a la «cogeneración tal y como se define en el artículo 3» y que el legislador de la Unión tuvo la previsión de definir los respectivos conceptos de «cogeneración» y «cogeneración de alta eficiencia» (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, IBV & Cie,
C‑195/12
,
EU:C:2013:598
, apartados
y
).
Habida cuenta de que el ámbito de aplicación del artículo 7 de la Directiva 2004/8, relativo a los planes de apoyo a escala nacional, no se limita a la cogeneración de «alta eficiencia» (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2013, IBV & Cie,
C‑195/12
,
EU:C:2013:598
, apartado
), siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en este artículo los Estados miembros pueden establecer planes de ayuda para instalaciones de cogeneración que no sean de alta eficiencia.
Pues bien, el artículo 12, apartado 3, de dicha Directiva, que confiere a los Estados miembros, «hasta finales de 2010», la facultad de definir, sobre la base de sus propios criterios, «una producción por cogeneración como cogeneración de alta eficiencia», no incide en la interpretación de dicho artículo 7.
En efecto, si bien el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/8 establece la posibilidad de que los Estados miembros definan, hasta el 31 de diciembre de 2010 y siempre que se cumplan determinados requisitos, una producción por cogeneración como cogeneración de alta eficiencia, aplicando un método de cálculo alternativo al del anexo III, letra a), de dicha Directiva, esta disposición no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros elaboren planes de ayuda a la cogeneración que no sean de alta eficiencia o planes de apoyo comunes a estas dos formas de cogeneración.
Por tanto, dicho apartado no obsta a que los Estados miembros apliquen, incluso después del 31 de diciembre de 2010, mecanismos de apoyo a la cogeneración, como es la exención de la obligación de compra de certificados verdes, a favor de la cogeneración que no sea de alta eficiencia.
A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/8 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite que instalaciones de cogeneración que no sean de alta eficiencia, con arreglo a esta Directiva, se sigan beneficiando, incluso con posterioridad al 31 de diciembre de 2010, de un plan de ayuda a la cogeneración, en virtud del cual estén exentas, en particular, de la obligación de comprar certificados verdes.
Sobre las cuestiones prejudiciales segunda y tercera
Mediante sus cuestiones prejudiciales segunda y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 107 TFUE y los principios de igualdad de trato y de no discriminación se oponen a una normativa nacional que permite que las instalaciones de cogeneración que no sean de alta eficiencia, con arreglo a dicha Directiva, se sigan beneficiando, incluso con posterioridad al 31 de diciembre de 2010, de un plan de apoyo a la cogeneración en virtud del cual, en particular, estén exentas de la obligación de adquirir certificados verdes.
A ese respecto, cabe recordar que, a fin de que el Tribunal de Justicia pueda proporcionar una interpretación del Derecho de la Unión que sea útil para el juez nacional, el artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia exige que la petición de decisión prejudicial indique las razones que han llevado al órgano jurisdiccional remitente a preguntarse sobre la interpretación o la validez de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, así como de la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dentro del marco de la cooperación entre este y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 267 TFUE, corresponde exclusivamente al juez nacional que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión judicial que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieran a la interpretación del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (sentencia de 4 de diciembre de 2018, Minister for Justice and Equality y Commissioner of An Garda Síochána,
C‑378/17
,
EU:C:2018:979
, apartado
y jurisprudencia citada).
De ello se desprende que las cuestiones relativas al Derecho de la Unión gozan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional solamente está justificada cuando resulte evidente que la interpretación del Derecho de la Unión solicitada no guarda relación alguna con la realidad ni con el objeto del litigio principal, cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para dar una respuesta útil a las cuestiones que se le hayan planteado (sentencia de 4 de diciembre de 2018, Minister for Justice and Equality y Commissioner of An Garda Síochána,
C‑378/17
,
EU:C:2018:979
, apartado
y jurisprudencia citada).
Pues bien, en cuanto respecta a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, la resolución de remisión no cumple los requisitos de admisibilidad mencionados en los apartados 38 a 40 de la presente sentencia.
En efecto, en primer lugar, dicha resolución no permite comprender las razones por las que el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre la compatibilidad de la normativa controvertida en el litigio principal con el artículo 107 TFUE. Si bien es cierto que tales planes de ayuda en determinadas circunstancias podrían constituir ayudas de Estado en el sentido de esta última disposición, no obstante, por un lado, la resolución de remisión no precisa los requisitos de aplicación de estos planes y, en particular, los elementos que permitirían calificarlos como ayudas de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE. Por otro lado, el órgano jurisdiccional remitente no precisa los motivos que hacen necesaria la interpretación del Tribunal de Justicia del artículo 107 TFUE a efectos de la resolución del litigio de que conoce.
En segundo lugar, dicha resolución tampoco permite comprender las razones por las que los principios de igualdad y de no discriminación del Derecho de la Unión podrían oponerse a una normativa nacional que permite la aplicación de planes de ayuda a la cogeneración que no sea de alta eficiencia hasta el 31 de diciembre de 2015. En efecto, el órgano jurisdiccional remitente no expone las razones que han podido llevarle a preguntarse sobre la compatibilidad de la normativa controvertida con estos principios, sino que se limita a exponer las conclusiones de las partes en el litigio principal sobre este extremo.
Habida cuenta de que el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos necesarios para responder de manera útil a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, procede declarar su inadmisibilidad.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:

El artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que permite que instalaciones de cogeneración que no sean de alta eficiencia, con arreglo a esta Directiva, se sigan beneficiando, incluso con posterioridad al 31 de diciembre de 2010, de un plan de ayuda a la cogeneración, conforme al cual, en particular, estén exentas de la obligación de comprar certificados verdes.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.