CELEX: 62015TJ0175
Política exterior y de seguridad común
Medidas restrictivas adoptadas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez
Medidas adoptadas contra personas responsables de malversación de fondos públicos y personas y entidades vinculadas
Inmovilización de fondos
Lista de las personas, entidades y organismos a los que se aplica la inmovilización de fondos
Mantenimiento de la inclusión del nombre del demandante
Base fáctica insuficiente
Error manifiesto de apreciación
Error de Derecho
Derecho de propiedad
Principio de buena administración
Plazo razonable de enjuiciamiento
Presunción de inocencia
Solicitud de adaptación
Acto confirmatorio
Inadmisibilidad

Antecedentes del litigio y marco jurídico
El 31 de enero de 2011, a raíz de los acontecimientos políticos acaecidos en Túnez en diciembre de 2010 y enero de 2011, el Consejo de la Unión Europea adoptó, sobre la base del artículo 29 TUE, la Decisión 2011/72/PESC, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez (
DO 2011, L 28, p. 62
).
Según los considerandos 1 y 2 de la Decisión 2011/72:
«(1)
El 31 de enero de 2011, el Consejo ha reiterado su plena solidaridad y respaldo a Túnez y a su pueblo en sus esfuerzos por establecer una democracia estable, el Estado de Derecho, el pluralismo democrático y el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
(2)
Por otra parte, el Consejo ha decidido adoptar medidas restrictivas contra personas responsables de malversación de fondos públicos tunecinos, que privan por tal motivo al pueblo de Túnez de las ventajas del desarrollo sostenible de su economía y de su sociedad y menoscaban el desarrollo de la democracia en ese país.»
El artículo 1, apartados 1 y 2, de la Decisión 2011/72 establece lo siguiente:
«1.   Se inmovilizarán todos los capitales y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia correspondan a las personas responsables de malversación de fondos públicos tunecinos y a las personas físicas o jurídicas o entidades vinculadas a aquellas que se enumeran en el anexo.
2.   No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las entidades enumeradas en el anexo ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de capitales o recursos económicos.»
El artículo 2 de la Decisión 2011/72 dispone cuanto sigue:
«1.   El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, establecerá la lista que figura en el anexo y la modificará.
2.   El Consejo comunicará su decisión a la persona o entidad afectada, incluidos los motivos de su inclusión en la lista, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que la persona tenga la oportunidad de presentar sus alegaciones al respecto.
3.   Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona o entidad afectada.»
Según el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2011/72:
«El anexo expondrá los motivos de inclusión en la lista de las personas y entidades.»
El artículo 5 de la Decisión 2011/72 establecía, en su versión inicial, lo siguiente:
«La presente Decisión será aplicable durante un período de doce meses. Estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, si procede, en caso de que el Consejo estime que no se han cumplido los objetivos de la misma.»
La lista inicialmente anexa a la Decisión 2011/72 sólo mencionaba el nombre del Sr. Zine el Abidine Ben Hamda Ben Ali, antiguo Presidente de la República de Túnez, y el de la Sra. Leïla Bent Mohammed Trabelsi, su esposa.
El 4 de febrero de 2011, sobre la base del artículo 2, apartado 1, de la Decisión 2011/72 y del artículo 31 TUE, apartado 2, el Consejo adoptó la Decisión de Ejecución 2011/79/PESC, por la que se aplica la Decisión 2011/72 (
DO 2011, L 31, p. 40
). El artículo 1 de esta Decisión de Ejecución establecía que el anexo de la Decisión 2011/72/PESC se sustituía por el texto que figuraba en el anexo de dicha Decisión de Ejecución. Ese anexo mencionaba el nombre de 48 personas físicas, entre ellas, concretamente, en las líneas 1 y 2, el nombre de las dos personas mencionadas en el anterior apartado 7 y, en la línea 28, el nombre del demandante, el Sr. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk. Asimismo en la línea 28 de dicho anexo, se indicaba, en la columna titulada «Información de identificación»: «Tunecino, nacido en Túnez el 11 de marzo de 1972, hijo de Jaouida El BEJI, casado con Sirine BEN ALI, Presidente Director General de una empresa, domiciliado en 8 rue du Commandant Béjaoui — Cartago — Túnez, titular del DNI n.
o
04766495», y en la columna titulada «Motivos»: «Persona que es objeto de una investigación judicial por parte de las autoridades tunecinas por adquisición de bienes muebles e inmuebles, apertura de cuentas bancarias y posesión de bienes en varios países en el marco de operaciones de blanqueo de capitales».
La inclusión inicial del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72, en su versión modificada por el Decisión de Ejecución 2011/79, fue sucesivamente prorrogada mediante la Decisión 2012/50/PESC del Consejo, de 27 de enero de 2012 (
DO 2012, L 27, p. 11
), la Decisión 2013/72/PESC del Consejo, de 31 de enero de 2013 (
DO 2013, L 32, p. 20
), y la Decisión 2014/49/PESC del Consejo, de 30 de enero de 2014 (
DO 2014, L 28, p. 38
).
A raíz de las sentencias de 28 de mayo de 2013, Trabelsi y otros/Consejo (
T‑187/11
,
EU:T:2013:273
), Chiboub/Consejo (
T‑188/11
, no publicada,
EU:T:2013:274
) y Al Matri/Consejo (
T‑200/11
, no publicada,
EU:T:2013:275
), el Consejo modificó los motivos de inclusión del nombre de las personas mencionadas en la lista que figuraba en el anexo de la Decisión 2011/72, en su versión modificada por la Decisión de Ejecución 2011/79. Por lo que se refiere al demandante, los motivos de inclusión de su nombre se modificaron mediante la Decisión 2014/49 como sigue: «Persona que es objeto de investigaciones judiciales por parte de las autoridades tunecinas por complicidad en apropiación indebida de caudales públicos por parte de un funcionario público, complicidad en abuso del cargo por parte de un funcionario público para brindar una ventaja injustificada a un tercero y causar perjuicios a la administración, y complicidad en abuso de influencia en relación con un funcionario público para obtener directa o indirectamente ventajas a beneficio de un tercero».
Mediante escrito de 12 de enero de 2015, el Consejo informó al demandante de su intención de prorrogar de nuevo las medidas restrictivas adoptadas en su contra. Adjuntó a dicho escrito una certificación de fecha 19 de diciembre de 2014, expedida por las autoridades tunecinas, relativa a un procedimiento judicial en curso en Túnez de que era objeto el demandante. Mediante escrito de 15 de enero de 2015, el demandante presentó sus alegaciones y solicitó al Consejo que suprimiera su nombre de la lista anexa a la Decisión 2011/72, en su versión modificada por la Decisión 2014/49, por las razones expuestas en dicho escrito.
El 30 de enero de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/157, que modifica la Decisión 2011/72 (
DO 2015, L 26, p. 29
). El artículo 1, apartado 1, de esta Decisión establece que el texto del artículo 5 de la Decisión 2011/72 se sustituye por el texto siguiente: «La presente Decisión se aplicará hasta el 31 de enero de 2016. Estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, si procede, en caso de que el Consejo estime que no se han cumplido los objetivos de la misma». El nombre del demandante y los motivos de inclusión correspondientes se mantuvieron en la lista anexa a la Decisión 2011/72, en su versión modificada por la Decisión 2014/49.
Mediante escrito de 4 de febrero de 2015, el Consejo respondió a las alegaciones del demandante presentadas el 15 de enero de 2015. En esencia, consideró que, por las razones expuestas en dicho escrito, debían mantenerse en vigor las medidas restrictivas adoptadas respecto del demandante y adjuntó a dicho escrito una copia de la Decisión 2015/157. No obstante, señaló que, a la luz de las alegaciones del demandante referidas al estado de la investigación judicial en curso de la que era objeto en Túnez, procedería a realizar un nuevo examen de dichas medidas restrictivas antes del 31 de julio de 2015.
El demandante presentó alegaciones el 18 de febrero, el 29 de mayo y el 7 de septiembre de 2015, a las que el Consejo respondió mediante escrito de 16 de noviembre de 2015. En primer lugar, el Consejo rechazó la solicitud de acceso al expediente del demandante, que éste había formulado en su escrito de 18 de febrero de 2015, señalando que la certificación mencionada en el anterior apartado 11 constituía la base sobre la que había decidido prorrogar las medidas en su contra y que no tenía más documentos. En segundo lugar, el Consejo señaló que adjuntaba a su escrito extractos de dos documentos fechados el 11 de mayo de 2015, expedidos por las autoridades tunecinas, referidos a los procedimientos judiciales contra el demandante. En tercer lugar, tras responder a los argumentos expuestos por éste en sus alegaciones de 29 de mayo de 2015 y rechazar su solicitud de audiencia, el Consejo manifestó que debían mantenerse las medidas restrictivas adoptadas respecto del demandante.
El 30 de noviembre de 2015, el demandante presentó de nuevo alegaciones, a las que respondió el Consejo mediante escrito de 18 de diciembre de 2015. El Consejo manifestó, como conclusión de dicho escrito, su intención de prorrogar las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante y de modificar los motivos de inclusión de su nombre como sigue: «Persona objeto de investigaciones judiciales por parte de las autoridades tunecinas por complicidad en apropiación indebida de caudales públicos por parte de un funcionario público, complicidad en abuso del cargo por parte de un funcionario público para brindar una ventaja injustificada a un tercero y causar perjuicios a la administración, y abuso de influencia en relación con un funcionario público para obtener directa o indirectamente ventajas a beneficio de un tercero». El 5 de enero de 2016, el demandante presentó, en respuesta a este escrito, nuevas alegaciones.
El 28 de enero de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/119, que modifica la Decisión 2011/72 (
DO 2016, L 23, p. 65
), que prorroga, en virtud de su artículo 1, apartado 1, la Decisión 2011/72 hasta el 31 de enero de 2017. Con arreglo a su artículo 1, apartado 2, el anexo de esta Decisión sustituye al anexo de la Decisión 2011/72. El nombre del demandante figura en la línea 28 de este nuevo anexo. La redacción de los motivos de inclusión correspondientes es idéntica a la que ya comunicó el Consejo al demandante en su escrito de 18 de diciembre de 2015. Como señaló el Consejo al demandante en su escrito de 29 de enero de 2016, esta nueva redacción se basa en una certificación expedida por las autoridades tunecinas fechada el 20 de octubre de 2015, adjunta al referido escrito.
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 10 de abril de 2015, el demandante interpuso el presente recurso.
El 2 de julio de 2015, el Consejo presentó el escrito de contestación.
La réplica y la dúplica se presentaron el 14 de septiembre de 2015 y el 8 de enero de 2016, respectivamente.
El 25 de enero de 2016, sobre la base del artículo 86 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el demandante presentó un primer escrito de adaptación al objeto de ampliar las pretensiones de la demanda a la Decisión del Consejo de 16 de noviembre de 2015, mediante la que éste rechazó la solicitud del demandante de 29 de mayo de 2015 de que se suprimiera su nombre de la lista anexa a la Decisión 2011/72. El 4 de abril de 2016, el demandante presentó un segundo escrito de adaptación, en el que solicita que se amplíen las pretensiones de la demanda a la Decisión 2016/119.
El 30 de marzo de 2016, el Consejo presentó observaciones relativas al primer escrito de adaptación y, el 4 de mayo de 2016, observaciones relativas al segundo de esos escritos.
A raíz de la modificación de la composición de las salas del Tribunal General, el presente asunto fue reatribuido a la Sala Quinta, mediante decisión de 3 de octubre de 2016.
A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal General decidió iniciar la fase oral del procedimiento.
En la vista de 14 de diciembre de 2016 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal General.
El demandante solicita al Tribunal General que:
–
Anule la Decisión 2015/157, en cuanto a él se refiere; la Decisión del Consejo de 16 de noviembre de 2015, mediante la que éste rechazó la solicitud del demandante de 29 de mayo de 2015 de que se suprimiera su nombre de la lista anexa a la Decisión 2011/72, y la Decisión 2016/119, en cuanto a él se refiere.
–
Condene en costas al Consejo.
El Consejo solicita al Tribunal General que:
–
Desestime el recurso en su totalidad.
–
Condene en costas al demandante.
Fundamentos de Derecho
Por lo que se refiere a las pretensiones de la demanda, relativas a la anulación de la Decisión 2015/157
En apoyo de la demanda, el demandante invoca formalmente seis motivos. Mediante el primer motivo, basado fundamentalmente en un error de Derecho, el demandante sostiene que la investigación judicial en curso de que es objeto en Túnez no proporciona una base fáctica suficiente para el mantenimiento de la inclusión de su nombre en el anexo de la Decisión 2011/72. Este primer motivo se compone de dos partes, una relativa al hecho de que el Consejo no tomó en consideración el favorable desarrollo de los distintos procedimientos judiciales de que es objeto el demandante en Túnez y otra relativa al hecho de que dicha institución no tomó en consideración la violación del principio del plazo razonable de enjuiciamiento en el marco de la investigación judicial anteriormente mencionada. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), debido a la violación, por el propio Consejo, del principio del plazo razonable de enjuiciamiento. Mediante el tercer motivo, el demandante sostiene que la Decisión 2015/157 carece de objeto. La primera parte de este motivo se basa en errores manifiestos de apreciación relativos al desarrollo del proceso democrático de Túnez y a la necesidad de adoptar medidas restrictivas contra nacionales de ese tercer país responsables de malversación de fondos públicos. Con carácter subsidiario, el demandante invoca un defecto de motivación. La segunda parte de este motivo se basa en un error de Derecho, por cuanto el Consejo consideró que los elementos aportados por las autoridades tunecinas demostraban la existencia de procesos judiciales contra el demandante. El cuarto motivo se compone de dos partes, una relativa a la infracción del artículo 48 de la Carta y, la otra, a la infracción del artículo 41, apartado 1, de ésta. Mediante la primera parte de este motivo, el demandante invoca una violación de la presunción de inocencia a resultas de un comunicado de prensa del Consejo de 31 de enero de 2011. Mediante la segunda parte de este motivo, el demandante invoca una vulneración del principio de buena administración, en particular del derecho a ser tratado de manera imparcial. Con carácter subsidiario, para el supuesto de que los motivos anteriormente mencionados fueran desestimados, el demandante invoca un quinto motivo, basado en un «error manifiesto de apreciación» en relación con el hecho de que el Consejo no tuvo suficientemente en cuenta el «elemento [de] Derecho penal» de la Decisión 2015/157. El sexto motivo se basa en la violación del derecho de propiedad y en la infracción del artículo 17 de la Carta.
Con carácter preliminar, es preciso señalar que la segunda parte del tercer motivo, que se refiere a un error del Consejo en la apreciación de la suficiencia de las pruebas aportadas por las autoridades tunecinas, está ligado, en realidad, al primer motivo. En consecuencia, debe considerarse que constituye su tercera parte. Igualmente, todo el cuarto motivo está ligado, en realidad, al segundo motivo por cuanto se refiere a vulneraciones de los derechos fundamentales del demandante de que adolece, según éste afirma, el procedimiento que llevó a la adopción de la Decisión 2015/157. Por lo tanto, procede considerar que el segundo motivo se compone de tres partes, basadas en la infracción por el Consejo de los artículos 47, 48 y 41, apartado 1, de la Carta, respectivamente. Por último, de cuanto antecede resulta que debe considerarse que los motivos quinto y sexto constituyen los motivos cuarto y quinto, respectivamente.
Sobre el primer motivo, basado en un error de Derecho, por cuanto el Consejo consideró erróneamente que la investigación judicial en curso de que es objeto el demandante en Túnez constituía una base fáctica suficiente
Mediante el primer motivo, el demandante sostiene fundamentalmente que, en la fecha de adopción de la Decisión 2015/157, la investigación judicial en curso de que es objeto en Túnez ya no podía servir de fundamento para mantener las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo en su contra. Según el demandante, esta institución incurrió en un error de Derecho al no tener en cuenta la información que, a este respecto, él había puesto en su conocimiento. Como expone a modo de introducción de este motivo, el demandante admite que, en virtud de los apartados 77 y 84 de la sentencia de 5 de marzo de 2015, Ezz y otros/Consejo (
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
), el Consejo tiene fundamento para adoptar medidas restrictivas en materia de política exterior y de seguridad común (PESC) cuando exista un procedimiento judicial en curso por hechos constitutivos de malversación de fondos públicos. Sin embargo, considera que la evolución de dicho procedimiento judicial y su carácter irregular son pertinentes para apreciar la legalidad del mantenimiento de las medidas de que se trata.
A este respecto, es preciso recordar, con carácter preliminar, que la sentencia de 27 de febrero de 2014, Ezz y otros/Consejo (
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
), confirmada en casación mediante la sentencia de 5 de marzo de 2015, Ezz y otros/Consejo (
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
), llevó a cabo una interpretación amplia de los criterios generales recogidos en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (
DO 2011, L 76, p. 63
) (sentencia de 27 de febrero de 2014, Ezz y otros/Consejo,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, apartado
, confirmada en casación mediante la sentencia de 5 de marzo de 2015, Ezz y otros/Consejo,
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
, apartados
,
,
y
).
Por otra parte, es preciso recordar que, en varias sentencias dictadas en asuntos que tenían por objeto la anulación de medidas restrictivas adoptadas por el Consejo habida cuenta de la situación en Túnez, el Tribunal General aplicó el mismo principio de interpretación amplia al artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/72, cuya redacción es prácticamente idéntica a la del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172 (véanse las sentencias de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo,
T‑200/14
, no publicada,
EU:T:2016:216
, apartado
; de 30 de junio de 2016, CW/Consejo,
T‑224/14
, no publicada,
EU:T:2016:375
, apartado
; de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
, y de 30 de junio de 2016, CW/Consejo
T‑516/13
, no publicada,
EU:T:2016:377
, apartado
).
A este respecto, como resulta de su artículo 1, apartado 1, la Decisión 2011/72 tiene por objeto inmovilizar los activos de personas responsables de malversación de fondos públicos tunecinos y de personas vinculadas a aquéllas, cuyos nombres se enumeran en el anexo de dicha Decisión. En efecto, tales malversaciones de fondos públicos, al obstaculizar el funcionamiento de las instituciones públicas tunecinas y de los organismos que dependen de éstas, «privan», según los términos del considerando 2 de la citada Decisión, «al pueblo de Túnez de las ventajas del desarrollo sostenible de su economía y de su sociedad y menoscaban el desarrollo de la democracia en ese país».
Por otra parte, según la jurisprudencia, del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/72, en relación con sus considerandos 1 y 2, se desprende que el objetivo de la inmovilización de activos prevista en dicha Decisión no es sancionar actuaciones reprochables que hayan podido cometer las personas sobre las que recaiga o disuadirlas mediante coacción de incurrir en ellas. Su único objetivo es facilitar la detección por parte de las autoridades tunecinas de las malversaciones de fondos públicos cometidas y preservar la posibilidad de que esas autoridades puedan recuperar el producto de esas malversaciones. Por lo tanto, tiene, de este modo, naturaleza meramente cautelar y carece de connotación penal (véanse las sentencias de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo,
T‑200/14
, no publicada,
EU:T:2016:216
, apartados
y
, y de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartados
y
; véase también, en este sentido y por analogía, la sentencia de 27 de febrero de 2014, Ezz y otros/Consejo,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, apartados
,
y
).
En particular, habida cuenta de los objetivos de la Decisión 2011/72, el concepto de personas responsables de malversaciones de fondos públicos tunecinos, en el sentido de su artículo 1, apartado 1, debe incluir no sólo a las personas ya declaradas responsables de la comisión de tales hechos, sino también a las que son objeto de investigaciones judiciales en curso dirigidas a demostrar tal responsabilidad (véanse las sentencias de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo,
T‑200/14
, no publicada,
EU:T:2016:216
, apartado
; de 30 de junio de 2016, CW/Consejo,
T‑224/14
, no publicada,
EU:T:2016:375
, apartado
; de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
, y de 30 de junio de 2016, CW/Consejo
T‑516/13
, no publicada,
EU:T:2016:377
, apartado
).
Por lo tanto, procede examinar las distintas partes del primer motivo sobre la base de esa interpretación del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/72, que, por lo demás, el demandante no cuestiona (véase el anterior apartado 29). Asimismo, es preciso subrayar que, a pesar de que existen determinadas variaciones de la terminología empleada en la demanda, debe considerarse que el presente motivo se refiere a un error de calificación jurídica de los elementos que forman la base fáctica de las medidas restrictivas controvertidas, y no a la falta de base jurídica de tales medidas.
– Por lo que se refiere a la primera parte del primer motivo, basada en que el Consejo no tomó en consideración el favorable desarrollo de los distintos procedimientos judiciales de que es objeto el demandante en Túnez
En el marco de la primera parte del primer motivo, el demandante sostiene, en esencia, que el desarrollo judicial en su favor hace improbable que sea enjuiciado. Respalda esta alegación aduciendo tres elementos. En primer lugar, se apoya en una sentencia de la Cour de cassation (Tribunal Supremo) de Túnez de 1 de julio de 2014 que, según el demandante, declaró que los activos que había heredado de su padre, en el sentido del Decreto-ley tunecino n.
o
2011-47 de 31 de mayo de 2011, comprendían los rendimientos derivados de dichos activos así como su reinversión. A su entender, esa sentencia demuestra la legalidad de sus activos tunecinos. En segundo lugar, invoca tres sentencias de tribunales tunecinos, de 28 de mayo de 2013, 21 de agosto de 2014 y 17 de diciembre de 2014, respectivamente, que levantaron las prohibiciones de salir de Túnez de que era objeto. En tercer lugar, sostiene que no está acusado de posesión de activos ilícitos fuera de Túnez. En su escrito de réplica, añade que el Consejo estaba obligado a cerciorarse de que existía una perspectiva razonable de celebración de proceso y, en su defecto, a retirar las medidas restrictivas controvertidas, ya que, de no actuar así, el Consejo participaría en el comportamiento abusivo de las autoridades tunecinas consistente, según el demandante, en prolongar indefinidamente los procedimientos judiciales de que es objeto.
En su escrito de contestación, el Consejo responde, en primer lugar, que la sentencia de la Cour de cassation (Tribunal Supremo) de Túnez de 1 de julio de 2014 no demuestra, en contra de lo que alega el demandante, que todos sus activos en Túnez sean legales. En segundo lugar, el Consejo afirma que carecen de pertinencia las alegaciones del demandante relativas, por un lado, al levantamiento de las prohibiciones de viajar al extranjero de que es objeto y, por otro, a que no existe relación entre las acusaciones que se formulan en su contra y los activos que posee fuera de Túnez. Así pues, según el Consejo, el demandante equipara erróneamente las medidas restrictivas controvertidas con medidas de asistencia judicial.
A este respecto, es preciso señalar que, a la luz de la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 33 y 34, deben desestimarse las alegaciones que el demandante formula en la presente parte.
En efecto, lo que corresponde comprobar al Consejo, en el presente caso, es, por un lado, que las pruebas de que dispone permitan demostrar que el demandante es objeto de uno o varios procedimientos judiciales en curso por hechos que pueden ser constitutivos de malversación de fondos públicos y, por otro, que ese o esos procedimientos permitan calificar al demandante de persona responsable de tal malversación o de persona vinculada a una persona responsable, en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/72 (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo,
T‑200/14
, no publicada,
EU:T:2016:216
, apartado
, y de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
).
De este modo, en el marco de esta Decisión, al Consejo no le corresponde, en principio, examinar y apreciar por sí mismo la pertinencia y la exactitud de los elementos en los que se basan los procedimientos judiciales de los que son objeto las personas cuyos nombres han sido incluidos en el anexo de dicha Decisión. En efecto, como se ha señalado en el anterior apartado 33, el Consejo, al adoptar esa Decisión y las Decisiones subsiguientes, no pretende sancionar por sí mismo las malversaciones de fondos públicos investigadas por las autoridades tunecinas, sino preservar la posibilidad de que puedan declarar la existencia de tales malversaciones y recuperar el producto de éstas. Por tanto, corresponde a las autoridades tunecinas competentes comprobar dichos elementos y extraer las oportunas consecuencias (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo,
T‑200/14
, no publicada,
EU:T:2016:216
, apartado
, y de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
). Así pues, en principio no corresponde al Consejo ni al Tribunal General comprobar el fundamento de tales procedimientos, sino únicamente el fundamento de la decisión de inmovilización de fondos habida cuenta de los elementos aportados por las autoridades tunecinas (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 5 de marzo de 2015, Ezz y otros/Consejo,
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
, apartado
).
Es cierto que el Consejo no puede dar por buenas, siempre y en cualquier caso, las apreciaciones de las autoridades judiciales tunecinas recogidas en los documentos aportados por éstas. En efecto, de la jurisprudencia resulta que corresponde al Consejo examinar, de modo cuidadoso e imparcial, las pruebas aportadas por las autoridades competentes, en el presente caso las autoridades tunecinas, teniendo en cuenta, en particular, las observaciones y las eventuales pruebas de descargo aportadas por el demandante. Tal obligación resulta asimismo del principio de buena administración, consagrado por el artículo 41 de la Carta (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartados
y
; de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo,
T‑200/14
, no publicada,
EU:T:2016:216
, apartados
y
, y de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartados
y
).
No obstante, de esta misma jurisprudencia se desprende que corresponde al Consejo, para cumplir su deber de examen cuidadoso e imparcial, valorar si hay o no necesidad de conseguir que las autoridades competentes le proporcionen datos o pruebas adicionales en función de las observaciones del demandante y de los elementos de hecho aportados por éste. En particular, si bien no corresponde al Consejo sustituir a las autoridades judiciales tunecinas en la apreciación del fundamento de la investigación judicial en curso de que es objeto el demandante, no puede excluirse que esta institución se vea obligada a solicitar aclaraciones respecto de los elementos en los que se basa dicha investigación (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
, y de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
).
En el presente caso, es preciso recordar, como se ha señalado en el anterior apartado 11, que el Consejo, para prorrogar la inclusión del nombre del demandante en la lista anexa a la Decisión 2011/72, se basó en una certificación expedida por las autoridades tunecinas fechada el 19 de diciembre de 2014 relativa a la investigación judicial en curso de que es objeto el demandante. Dicha certificación, adjunta a la demanda, procede del Tribunal de première instance (Tribunal de Primera Instancia) de la ciudad de Túnez y lleva la firma del secretario judicial del primer juez de instrucción (Oficina n.
o
1). En ella se certifica que «el procedimiento de instrucción registrado con el n.
o
19592/1 seguido contra Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali y consortes está siendo tramitado y concierne al llamado Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk, enjuiciado concretamente por complicidad en malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público, complicidad en abuso del cargo por parte de un funcionario público para brindar una ventaja injustificada a un tercero y causar perjuicios a la administración [y] complicidad en abuso de influencia en relación con un funcionario público para obtener directa o indirectamente ventajas a beneficio de un tercero».
El demandante no cuestiona la suficiencia de dicha certificación para demostrar que es objeto de una investigación judicial en curso en Túnez que tiene por objeto probar su participación en hechos calificables de malversación de fondos públicos. En efecto, como el propio demandante indica, las pruebas de descargo que aporta únicamente pretenden demostrar que, en cuanto a él se refiere, no existe una perspectiva razonable de que se le vaya a procesar una vez concluida la investigación. En otros términos, el demandante parece considerar que dicha investigación evoluciona hacia un debilitamiento de las pruebas de cargo o incluso hacia la desaparición de éstas. En cambio, en ningún momento alega que disponga de pruebas que demuestren que las autoridades judiciales tunecinas han archivado dicha investigación por cuanto no procedía enjuiciarlo por los hechos investigados.
Pues bien, contrariamente a lo que el demandante sostiene, habida cuenta de que no se ha puesto fin a dicha investigación judicial, la existencia de una evolución judicial que indicara un debilitamiento de las pruebas de cargo —suponiéndola demostrada— no puede obligar al Consejo, una vez adquiera conocimiento de ello, a suprimir su nombre de la lista anexa a la Decisión 2011/72.
En efecto, como se indica en el anterior apartado 40, no corresponde al Consejo, sino a las autoridades tunecinas competentes, comprobar los elementos en los que se basa dicha investigación judicial y extraer las correspondientes consecuencias en lo que se refiere al resultado de ésta. Si así no fuera, podrían generarse situaciones en las que el Consejo se vería obligado a extraer conclusiones prematuras acerca del fundamento de dicha investigación y que podrían divergir de las conclusiones extraídas por las propias autoridades tunecinas. Tal situación podría tener como resultado paradójico que, en el momento en que la persona en cuestión fuera enjuiciada y, en su caso, declarada responsable de malversación de fondos públicos por dichas autoridades, ya no hubiera activos inmovilizados en la Unión Europea que permitieran recuperar el producto de las malversaciones que se le imputan. Evidentemente, no quedaría garantizado el efecto útil de la Decisión 2011/72 (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo,
T‑200/14
, no publicada,
EU:T:2016:216
, apartado
, y de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
).
Por otra parte, según la jurisprudencia, si bien es la autoridad competente de la Unión quien debe demostrar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos, es preciso, para apreciar la naturaleza, la forma y el grado de la prueba que puede exigirse al Consejo, tener en cuenta la naturaleza y el alcance concreto de las medidas restrictivas y el objetivo de éstas (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
; de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft,
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, apartados
a
, y de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartados
y
).
En el presente caso, habida cuenta de que el Consejo ha aportado pruebas de la existencia de una investigación judicial en curso de que es objeto el demandante y de que no se cuestiona la fiabilidad de éstas, corresponde al demandante indicar los elementos concretos en los que se basa para cuestionar el fundamento de dicha investigación (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
). Es cierto que, como indica el demandante en su escrito de réplica, la obligación del Consejo de realizar comprobaciones puede estar justificada por la necesidad de que esta institución evite contribuir a eventuales maniobras abusivas de las autoridades tunecinas consistentes en dejar dicha investigación abierta por tiempo indefinido sin que exista prueba de cargo alguna. Sin embargo, no nos encontramos ante este supuesto cuando no existen elementos concretos que puedan llevar al Consejo a plantearse legítimos interrogantes sobre las razones por las que no se archiva dicha investigación.
Pues bien, contrariamente a lo que sostiene el demandante, las pruebas de descargo que aporta no plantean legítimos interrogantes sobre la perspectiva de que se dicte una sentencia al término de la investigación judicial de que es objeto o sobre las razones por las que ésta no se archiva.
En primer lugar, el demandante no ha aportado ningún elemento que permita comprender la posible influencia de la sentencia de la Cour de cassation de Túnez de 1 de julio de 2014 en la apreciación de su participación en las infracciones penales a las que se refiere la investigación judicial en curso de que es objeto.
A este respecto, según lo que señala el abogado del demandante en Túnez en su escrito de 2 de septiembre de 2014, adjunto a la demanda, la Cour de cassation de Túnez declaró en su sentencia de 1 de julio de 2014 que los bienes adquiridos por sucesión —que, por tal motivo, quedan excluidos del ámbito de aplicación del decomiso de los bienes que establece el Decreto-ley n.
o
2011-47 de 31 de mayo de 2011— comprenden no sólo los bienes transmitidos por vía sucesoria, sino también los rendimientos de éstos y los productos de su reinversión cualquiera que sea su forma. En el escrito anteriormente mencionado, el abogado del demandante en Túnez infiere de esa sentencia que «[su] aplicación debería llevar a que se excluya del ámbito de aplicación del Decreto-ley relativo al decomiso la totalidad de los bienes [del demandante], dado que todos estos bienes se adquirieron directamente por causa de la sucesión de su padre o por la reinversión de estos mismos bienes y de sus rendimientos».
Sin embargo, basta observar a este respecto que las consideraciones de la sentencia de la Cour de cassation de Túnez de 1 de julio de 2014 anteriormente mencionadas no permiten en absoluto, por sí solas, excluir que la investigación judicial en curso de que es objeto el demandante determine su responsabilidad por hechos constitutivos de malversación de fondos públicos tunecinos.
En efecto, de tales consideraciones sólo puede deducirse que los rendimientos de los bienes del demandante adquiridos por vía sucesoria y los productos de su reinversión no pueden ser decomisados de conformidad con lo establecido por el Decreto-ley n.
o
2011-47 de 31 de mayo de 2011. En cambio, no puede extraerse ninguna conclusión en lo que respecta al resultado de la investigación judicial en cuestión. Así, la alegación del demandante de que a raíz de dicha sentencia puede administrar libremente sus activos tunecinos, incluso suponiendo que estuviera acreditada, no prejuzga en modo alguno el resultado de dicha investigación, que, habida cuenta de los hechos investigados, puede cuestionar la legalidad de la posesión por el demandante de algunos de sus activos.
Por lo demás, el demandante no ha sido capaz de aclarar la relación existente entre el mencionado Decreto y el procedimiento civil en el marco del cual se dictó la sentencia de la Cour de cassation de Túnez de 1 de julio de 2014, por un lado, y la investigación judicial en cuestión, por otro lado. De esta forma, al preguntársele por este particular en la vista, se limitó a confirmar que el Decreto-ley n.
o
2011-47 de 31 de mayo de 2011 se aplicaba, además de a él mismo, a un determinado número de personas que son objeto de investigaciones judiciales análogas y que era posible que el asunto en que se dictó dicha sentencia se refiriera a algunas de esas personas además de a él mismo. Pues bien, el que, de forma paralela a las investigaciones judiciales de que son objeto el demandante y otras personas, una resolución de la Cour de cassation de Túnez haya limitado el ámbito de aplicación de las medidas administrativas de decomiso de bienes adoptadas por las autoridades tunecinas contra tales personas no basta para que se planteen legítimos interrogantes acerca del fundamento de dichas investigaciones judiciales.
En segundo lugar, tampoco puede considerarse que tales interrogantes puedan plantearse por el levantamiento de las prohibiciones de salir de Túnez impuestas al demandante ordenado por tres sentencias de tribunales tunecinos de 28 de mayo de 2013, 21 de agosto de 2014 y 17 de diciembre de 2014. En efecto, de las afirmaciones del demandante y de los autos se desprende que las sentencias en cuestión se dictaron en el marco de asuntos distintos del procedimiento penal que ha dado lugar a dicha investigación, la cual, en la fecha en que se adoptó la Decisión 2015/157, estaba todavía en curso. Por lo demás, el demandante en ningún momento sostiene que tales sentencias se dictaran en asuntos que guardan algún tipo de nexo con dicha investigación. Además, la circunstancia de que, a raíz de estas sentencias, el demandante pudiera salir de Túnez, suponiendo que estuviera demostrada, es absolutamente irrelevante.
Es cierto que el levantamiento de la prohibición de salir de Túnez, pronunciado en la primera de las sentencias anteriormente mencionadas, se ordena, como se desprende de los autos, como resultado de la absolución del demandante, pronunciada en esta misma sentencia, en un asunto en el que el tribunal en cuestión enjuició al demandante por hechos de naturaleza comparable a la de los hechos que son objeto de la investigación judicial en cuestión. Sin embargo, no se ha demostrado, ni tan siquiera se ha alegado, que la absolución del demandante en este asunto tenga por efecto su absolución en el asunto que es objeto de dicha investigación o que constituya una prueba de descargo en este último asunto.
En tercer lugar, por lo que se refiere a la alegación del demandante de que no está «acusado» de posesión de activos ilícitos fuera de Túnez, procede recordar que el hecho de que la investigación judicial en cuestión se refiera a hechos calificables de malversación de fondos públicos constituye una base fáctica suficiente para justificar la inmovilización de sus activos en la Unión. En efecto, como se ha indicado en el anterior apartado 33, el único objetivo de esta medida es facilitar la constatación por parte de las autoridades tunecinas de las malversaciones de fondos públicos cometidas y preservar la posibilidad de que tales autoridades recuperen el producto de esas malversaciones. Por tanto, tal medida no tiene por objeto permitir que se declare la existencia de una infracción penal de posesión de activos ilícitos fuera de Túnez, y más concretamente en la Unión. Por otra parte, no se cuestiona que los hechos a los que se refiere esta investigación, en particular los atinentes a la complicidad en la malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público, guardan una relación directa y evidente con el concepto de malversación de fondos públicos en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/72. Por consiguiente, carece de relevancia la circunstancia de que la certificación expedida por las autoridades tunecinas de 19 de diciembre de 2014, en la que se basan el Consejo, y, por ende, los motivos de inclusión del nombre del demandante, no se refieran a hechos constitutivos de posesión de activos ilícitos fuera de Túnez, y en concreto en la Unión (véase, en este sentido, por analogía, la sentencia de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
).
De cuanto antecede resulta que debe desestimarse la primera parte del primer motivo.
– Por lo que se refiere a la segunda parte del primer motivo, basada en que el Consejo no tomó en consideración la violación del principio del plazo razonable de enjuiciamiento en el marco de la investigación judicial en curso de que es objeto el demandante
En la segunda parte del primer motivo el demandante sostiene que la investigación judicial en curso de que es objeto en Túnez no respeta el principio del plazo razonable de enjuiciamiento. A este respecto, subraya que dicho principio está consagrado en el artículo 7, apartado 1, letra d), de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada el 27 de junio de 1981 en Nairobi (Kenia) (en lo sucesivo, «Carta Africana»), ratificada por la República de Túnez. A continuación, alega que, en el presente caso, dicha investigación ha durado más de cuatro años sin que exista ninguna perspectiva en cuanto a su terminación. Añade que esta demora es exclusivamente imputable a las autoridades tunecinas. Por último, concluye indicando que hubiera procedido archivar la investigación habida cuenta de su duración y de los desarrollos de ésta a su favor. Considera que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH») de 3 de mayo de 2012, Masár c. Eslovaquia (CE:ECHR:2012:0503JUD006688209) corrobora estas alegaciones. El demandante precisa en su escrito de réplica fundamentalmente que, en su opinión, el control de la regularidad del procedimiento judicial en Túnez que incumbe al Consejo debe conllevar la supresión de su nombre de la lista anexa a la Decisión 2011/72, ya que dicho procedimiento se ha prolongado más allá de un plazo razonable.
Por su parte, el Consejo contesta que no le corresponde valorar el comportamiento de los terceros Estados, sino únicamente la pertinencia y la suficiencia de las pruebas aportadas por las autoridades de esos Estados. Según el Consejo, en el escrito que remitió al demandante el 4 de febrero de 2015, se basó en tales principios para comunicarle que tomaba nota de sus alegaciones y que reconsideraría su situación antes de julio de 2015. El Consejo añade en su escrito de dúplica que dispone de datos que demuestran que el procedimiento judicial en Túnez de que es objeto el demandante está en curso y que los plazos de este procedimiento no son irrazonables habida cuenta de la complejidad del conjunto de los asuntos en cuestión. Adjunta a su escrito de dúplica los documentos en los que figuran tales datos.
Con carácter preliminar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto (véanse las sentencias de 3 de septiembre de 2015, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Comisión,
C‑398/13 P
,
EU:C:2015:535
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 4 de septiembre de 2015, NIOC y otros/Consejo,
T‑577/12
, no publicada,
EU:T:2015:596
, apartado
y jurisprudencia citada). En el presente caso, las críticas del demandante formuladas en el marco de la presente parte no pueden examinarse a la luz de elementos posteriores a la Decisión 2015/157. Sin embargo, esto es lo que sucede con el escrito de 4 de febrero de 2015 remitido por el Consejo al demandante y, con mayor razón, con la reconsideración de la situación del demandante que, en este mismo escrito, el Consejo se comprometió a llevar a cabo ulteriormente. Asimismo, los documentos adjuntos al escrito de dúplica en los que el Consejo se basa para demostrar que la duración del procedimiento judicial de que es objeto el demandante en Túnez no es irrazonable fueron redactados por las autoridades tunecinas el 11 de mayo de 2015. Por consiguiente, el Consejo no tenía conocimiento de esos documentos en la fecha en que adoptó la Decisión 2015/157 y el Tribunal General no puede tenerlos en cuenta.
En cuanto al fondo, en el marco de la presente parte, el demandante sostiene fundamentalmente que, dado que el procedimiento judicial de que es objeto no se ajusta al principio del plazo razonable de enjuiciamiento, lo que lo convierte en ilegal, el Consejo no podía mantener la inclusión de su nombre en el anexo de la Decisión 2011/72 basándose en la existencia de ese procedimiento. Por lo tanto, en el marco de la presente parte, el control del Tribunal General debe limitarse a comprobar si fue acertada o no la estimación del Consejo de que la duración de ese procedimiento judicial no constituía una razón para poner fin a las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante.
A este respecto, por las mismas razones que se han expuesto en el anterior apartado 46, procede señalar que corresponde a los tribunales tunecinos pronunciarse sobre la existencia de una posible violación del principio del plazo razonable de enjuiciamiento producida en el procedimiento judicial de que es objeto el demandante. En particular, como el propio demandante señala, la República de Túnez es parte en la Carta Africana, en cuyo artículo 7, apartado 1, letra d), se consagra el derecho a ser juzgado en un plazo razonable por un tribunal imparcial. Por consiguiente, corresponde a los tribunales tunecinos, en su caso a instancias del demandante mediante recurso, determinar si en tal procedimiento judicial se ha respetado lo dispuesto en ese artículo. Por lo demás, ni la Unión ni los Estados miembros son partes en la Carta Africana, por lo que el Consejo y el Tribunal General no pueden interpretar ese convenio internacional ni aplicarlo (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, Air Transport Association of America y otros,
C‑366/10
,
EU:C:2011:864
, apartados
y
).
Es cierto que, según la jurisprudencia, el respeto de los principios del Estado de Derecho y de los derechos humanos, así como de la dignidad humana, se impone a cualquier acción de la Unión, incluso en el ámbito de la PESC, como se desprende de lo dispuesto en el artículo 21 TUE, apartado 1, párrafo primero, apartado 2, letra b), y apartado 3, en relación con lo dispuesto en el artículo 23 TUE (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de junio de 2016, Parlamento/Consejo,
C‑263/14
,
EU:C:2016:435
, apartado
). En particular, es preciso señalar que el artículo 21 TUE, apartado 1, dispone que la acción de la Unión en la escena internacional pretenderá fomentar en el resto del mundo el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y el respeto del Derecho internacional, entre otras cosas. Pues bien, el principio del plazo razonable de enjuiciamiento es una parte integrante del derecho a un proceso equitativo, protegido por las disposiciones de varios instrumentos de Derecho internacional jurídicamente vinculantes, en particular por el artículo 14, apartado 3, letra c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, en el que son partes la totalidad de los Estados miembros y la República de Túnez. Además, como resulta del considerando 1 de la Decisión 2011/72, esta Decisión y las Decisiones ulteriores fueron adoptadas en el contexto de una política de apoyo a Túnez basada, en particular, en los objetivos de fomento del respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho que recoge el artículo 21 TUE, apartado 2, letra b).
Por consiguiente, no puede excluirse que el Consejo proceda a realizar las comprobaciones necesarias si existen datos objetivos, fiables, precisos y concordantes que puedan plantear legítimos interrogantes acerca del respeto del derecho del demandante a ser enjuiciado en un plazo razonable en el marco de la investigación judicial en curso de que es objeto y que constituye el fundamento de la inmovilización de sus activos en la Unión.
No obstante, esta parte del primer motivo se basa en el postulado de que el Consejo estaba obligado a poner inmediatamente fin a la inmovilización de sus activos en la Unión habida cuenta de la duración excesiva de dicha investigación judicial, que, según el demandante, ya debería haberse archivado, y, por tanto, del carácter ilegal de tal investigación. Sin embargo, este postulado no puede aceptarse.
En efecto, en primer lugar, debe señalarse que no se ha demostrado, y ni tan siquiera se ha alegado, que, en virtud del Derecho tunecino, el incumplimiento del principio del plazo razonable de enjuiciamiento en un procedimiento penal conlleve el archivo o la anulación de ese procedimiento.
Por otra parte, el demandante hace referencia a la jurisprudencia del TEDH en materia de aplicación en los procedimientos penales del principio del plazo razonable de enjuiciamiento, consagrado en el artículo 6, apartado 1, del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»). Es cierto que esa jurisprudencia constituye un factor de comparación pertinente en el presente caso, dado que el artículo 6 CEDH, apartado 1, protege dicho principio de manera análoga a como lo hacen el artículo 14, apartado 3, letra c), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 7, apartado 1, letra d), de la Carta Africana. Sin embargo, es preciso observar que, en el marco de esa jurisprudencia, el TEDH no ha inferido de dicho principio que las autoridades nacionales estén obligadas a poner fin a un procedimiento penal cuya duración resulte excesiva (véase, en este sentido, TEDH, sentencia de 28 de junio de 2016, O’Neill y Lauchlan c. Reino Unido, CE:ECHR:2016:0628JUD004151610, apartado 87).
Por lo demás, es preciso señalar que, incluso en el marco de la aplicación del artículo 5 CEDH, apartado 3, que condiciona el mantenimiento de la detención provisional o preventiva de una persona a que se dicte sentencia en un plazo razonable, el TEDH no considera que el incumplimiento de esta exigencia deba conllevar el archivo de la investigación judicial en cuestión. Es cierto que estima que, en este caso, la tramitación del asunto de la persona en cuestión debe gozar de una particular celeridad. Sin embargo, el TEDH considera asimismo que la particular celeridad a la que tiene derecho el acusado detenido por lo que se refiere al examen de su causa no debe perjudicar los esfuerzos de los jueces para desempeñar su cometido con el debido cuidado (véanse TEDH, sentencias de 11 de diciembre de 2007, Pecheur c. Luxemburgo, CE:ECHR:2007:1211JUD001630802, apartado 62, y de 5 de noviembre de 2009, Shabani c. Suiza, CE:ECHR:2009:1105JUD002904406, apartado 65).
Por tanto, ningún elemento permite considerar que la posible vulneración del derecho del demandante a ser enjuiciado en un plazo razonable en el marco del procedimiento judicial de que es objeto en Túnez deba conllevar el archivo o la anulación de ese procedimiento.
En segundo lugar, es preciso señalar que, a la luz de la jurisprudencia del TEDH, el respeto del derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable, como lo consagra el Derecho internacional, debe examinarse a la vista de las circunstancias del caso concreto, que exigen que se realice una valoración global, en particular a partir de criterios asociados a la complejidad del asunto y al comportamiento del demandante y de las autoridades competentes (véase TEDH, sentencia de 28 de junio de 2016, O’Neill y Lauchlan c. Reino Unido, CE:ECHR:2016:0628JUD004151610, apartado 86 y jurisprudencia citada). El examen del respeto del derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable, tal como lo consagra el artículo 47 de la Carta, está regido por principios análogos en la jurisprudencia de los tribunales de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre de 2013, Groupe Gascogne/Comisión,
C‑58/12 P
,
EU:C:2013:770
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
Pues bien, el Consejo, incluso suponiendo que pudiera proceder a tal valoración global a la vista de las circunstancias de este caso, se vería para ello en la necesidad ineludible de solicitar a las autoridades tunecinas información complementaria acerca del procedimiento judicial en cuestión. En efecto, como resulta de los anteriores apartados 43 a 45, el Consejo, para mantener la inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72, sólo está obligado, en este caso, a reunir pruebas de la existencia de un procedimiento judicial en curso de que sea objeto el demandante por hechos calificables de malversación de fondos públicos. Pues bien, a la vista de las exigencias mencionadas en el anterior apartado 71, evidentemente tales pruebas no bastan para apreciar que se ha producido en este procedimiento una posible vulneración del derecho del demandante a ser enjuiciado en un plazo razonable. Por otra parte, los elementos facilitados por el demandante no podían bastar, en cualquier caso, para que el Consejo apreciara la existencia de una vulneración del mencionado derecho, incluso suponiendo que tales elementos pudieran plantear legítimos interrogantes acerca de su respeto.
Por tanto, no podía obligarse al Consejo a poner fin a la inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72 sin antes realizar las comprobaciones oportunas ante las autoridades tunecinas.
En particular, es preciso señalar que fue en sus alegaciones de 15 de enero de 2015 donde el demandante presentó al Consejo los elementos en los que se basa, en el marco del presente recurso, para sostener que las autoridades tunecinas han vulnerado su derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable. Sin embargo, en virtud del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/49, la prórroga de las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante que resultan de dicha Decisión expiraba el 31 de enero de 2015. Por otra parte, la Decisión 2015/157 entró en vigor ese mismo día. Por consiguiente, incluso suponiendo que dichos datos pudieran justificar que el Consejo hubiera tenido que realizar comprobaciones ante las autoridades tunecinas, no podía exigirse a esta institución que procediera a realizar tales comprobaciones y a extraer consecuencias de las mismas en el plazo de que disponía antes de la expiración de los efectos de la Decisión 2014/49 respecto del demandante y la adopción de una nueva Decisión análoga, que era de tan sólo dos semanas.
Por tanto, de cuanto antecede resulta que el demandante sostiene equivocadamente que el Consejo estaba obligado, tan sólo sobre la base de esos elementos, a poner fin a la inclusión de su nombre en el anexo de la Decisión 2011/72.
En cualquier caso, tales elementos no podían suscitar en el Consejo legítimos interrogantes que justificaran que realizara comprobaciones adicionales ante las autoridades tunecinas.
En efecto, la duración del procedimiento judicial en cuestión, que según el demandante es de cuatro años, no reviste,
prima facie
, un carácter manifiestamente excesivo, al tratarse concretamente, como resulta de los documentos adjuntos a la demanda, de una investigación sobre hechos constitutivos de malversación de fondos públicos que guarda relación con otros procedimientos judiciales conexos en los que se investiga a muchas otras personas y para los que es necesario llevar a cabo investigaciones en el extranjero. Por otra parte, el ejemplo que cita el demandando en apoyo de su alegación, referido al trato que las autoridades tunecinas han dado a su solicitud de que se separe su causa de la causa referida a otras personas, no puede constituir, por sí sólo, un indicio significativo de que el procedimiento de instrucción judicial en su conjunto adolece de una duración excesiva. Es preciso añadir que el demandante, en sus alegaciones de 15 de enero de 2015, señala que se ha modificado, en el transcurso del procedimiento de instrucción, la calificación de los hechos investigados por las autoridades tunecinas en cuanto a él se refiere. Tal circunstancia puede constituir un factor contextual adicional que puede explicar la duración de ese procedimiento. Además, en contra de lo sostenido por el demandante, no parece que los distintos desarrollos judiciales en su favor alegados en la primera parte de este motivo puedan justificar, por las razones indicadas en los anteriores apartados 49 a 58, el archivo de ese procedimiento.
La sentencia del TEDH de 3 de mayo de 2012, Masár c. Eslovaquia (CE:ECHR:2012:0503JUD006688209), a la que hace referencia el demandante en apoyo de la presente parte, no puede poner en cuestión las consideraciones precedentes. En efecto, tal asunto se refiere a un procedimiento penal por hechos que no presentan analogía alguna con los hechos examinados en la investigación judicial en curso en Túnez de que es objeto el demandante. Por tanto, no es significativo que el TEDH considerara en tal sentencia que la duración del procedimiento penal en cuestión, que era comparable a la duración de dicha investigación, no se ajustaba al principio del plazo razonable de enjuiciamiento consagrado en el artículo 6 CEDH, apartado 1. El mismo razonamiento es aplicable a las sentencias del TEDH citadas por el demandante en la vista.
De cuanto antecede resulta que debe desestimarse la segunda parte del primer motivo.
– Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en un error de Derecho por parte del Consejo, al estimar equivocadamente que los elementos aportados por las autoridades tunecinas demostraban que el demandante ha sido acusado
En apoyo de esta parte, el demandante alega que el Consejo estimó equivocadamente que la certificación expedida por las autoridades tunecinas fechada el 19 de diciembre de 2014 probaba la existencia de procesos judiciales abiertos en Túnez en su contra, por cuanto, a su juicio, tal certificación únicamente hacía mención a una instrucción preparatoria en curso. Por ello, estima que dicha certificación no proporciona una base fáctica suficiente a la Decisión 2015/157.
Esta alegación debe desestimarse.
En efecto, en primer lugar, la alegación del demandante se refiere al escrito del Consejo de 4 de febrero de 2015 en el que éste indica que la certificación de las autoridades tunecinas de 19 de diciembre de 2014 declara que el demandante ha sido acusado de complicidad en malversación de fondos públicos tunecinos con arreglo a los artículos 32, 87, 96 y 99 del Código Penal tunecino. Pues bien, por un lado, se trata de un documento posterior a la adopción de la Decisión 2015/157. Por otro, los motivos de inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72, en su versión modificada por la Decisión 2014/49, prorrogada por la Decisión 2015/157, no mencionan la existencia de una acusación contra el demandante, sino únicamente la existencia de investigaciones judiciales referidas a éste. El mantenimiento de las medidas restrictivas contra el demandante que resulta de la Decisión 2015/157 no se basa, por tanto, en la circunstancia de que el demandante haya sido acusado por los hechos mencionados en los antedichos motivos de inclusión.
En segundo lugar, como se ha recordado en el anterior apartado 34 y como admite el propio demandante en el marco del presente motivo, la existencia de procedimientos judiciales en curso por hechos que pudieran ser constitutivos de malversación de fondos públicos, en los que se basan los mencionados motivos de inclusión, constituía, en principio, un fundamento suficiente para adoptar medidas restrictivas. En estas circunstancias, incluso en el supuesto de que el Consejo hubiera considerado equivocadamente que la certificación expedida por las autoridades tunecinas fechada el 19 de diciembre de 2014 permitía demostrar que el demandante había sido acusado, tal equívoco carecería de relevancia.
En cualquier caso, es preciso señalar que dicha certificación, adjuntada por el propio demandante a la demanda, menciona la existencia de procesos judiciales en su contra. En efecto, el texto de la certificación, redactada en francés, señala que «el procedimiento de instrucción registrado con el n.
o
19592/1 […] está siendo tramitado y concierne al llamado Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk, enjuiciado concretamente por complicidad en malversación de fondos públicos por parte de un funcionario público, complicidad en abuso del cargo por parte de un funcionario público para brindar una ventaja injustificada a un tercero y causar perjuicios a la administración [y] complicidad en abuso de influencia en relación con un funcionario público para obtener directa o indirectamente ventajas a beneficio de un tercero». Por consiguiente, la premisa fáctica en la que se basa la presente parte del primer motivo es errónea.
Por tanto, deben desestimarse la tercera parte del primer motivo y, en consecuencia, el primer motivo en su conjunto.
Sobre el segundo motivo, basado en vulneraciones de los derechos fundamentales del demandante en el procedimiento seguido para la adopción de la Decisión 2015/157
– Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 47 de la Carta por cuanto el propio Consejo incumplió el principio del plazo razonable de enjuiciamiento
En apoyo de la primera parte del segundo motivo, el demandante sostiene fundamentalmente que el artículo 47 de la Carta es aplicable en el presente caso por cuanto las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo en su contra lo fueron en relación con un procedimiento judicial. A efectos de demostrar la existencia de una violación del principio del plazo razonable de enjuiciamiento, el demandante hace referencia a la alegación desarrollada en el marco del primer motivo. Considera que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia confirma la obligación que tiene el Consejo de respetar el principio del plazo razonable de enjuiciamiento consagrado por el artículo 47 de la Carta. En su escrito de réplica, el demandante responde a las alegaciones del Consejo arguyendo que es irrelevante que éste no actuara en este caso en ejercicio de competencias judiciales. Por lo demás, considera que tampoco es relevante que el procedimiento de revisión del Consejo satisfaga las exigencias del artículo 47 de la Carta, dado que esta institución no es un tribunal imparcial e independiente.
Por su parte, el Consejo alega en su escrito de contestación que, en este caso, no actuó en ejercicio de funciones judiciales, dado que el sistema institucional de la Unión reserva dichas funciones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otra parte, estima que el Tribunal General ya ha declarado que determinadas medidas como las medidas restrictivas controvertidas no tienen carácter judicial. Además, el Consejo considera que, incluso suponiendo que el principio del plazo razonable de enjuiciamiento consagrado en el artículo 47 de la Carta le fuera aplicable, la duración del procedimiento seguido ante esta institución no incumplió la exigencia del plazo razonable, por cuanto procedió anualmente a reconsiderar la cuestión de si debía mantenerse el nombre del demandante en la lista anexa a la Decisión 2011/72.
En primer lugar, es preciso señalar que la alegación del demandante en el marco de este motivo no puede examinarse a la vista del artículo 47 de la Carta.
A este respecto, es preciso recordar que, según el tenor del artículo 47, párrafo segundo, primer inciso, de la Carta, toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Por otra parte, procede asimismo recordar que, en virtud de su artículo 51, apartado 1, la Carta está dirigida a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros, únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Además, en virtud del apartado 2 de este último artículo, la Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones definidas en los Tratados.
Pues bien, a la luz del artículo 51, apartados 1 y 2, de la Carta, las disposiciones de su artículo 47 deben interpretarse en el sentido de que únicamente tienen por objeto el derecho a una protección jurisdiccional efectiva en procedimientos en los que están en juego las libertades y los derechos garantizados por el Derecho de la Unión. (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de septiembre de 2016, Petruhhin,
C‑182/15
,
EU:C:2016:630
, apartado
).
Así, en el presente caso, el artículo 47 de la Carta es aplicable en cuanto garantiza al demandante que la inmovilización de activos controvertida será objeto de un control jurisdiccional efectivo por el Tribunal General, lo que conlleva, en particular, la comprobación de que la decisión de adopción de dichas medidas dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
). Así pues, tal obligación de comprobación, en virtud del artículo 47 de la Carta, incumbe al Tribunal General, no al Consejo.
En cambio, las disposiciones del artículo 47 de la Carta no pueden aplicarse al derecho del demandante a una protección jurisdiccional efectiva en el marco del procedimiento judicial de que es objeto en un país tercero, como es Túnez. Por otra parte, el que la decisión de adopción de las medidas restrictivas contra el demandante se base en este procedimiento judicial no puede tener por efecto justificar un control de su legalidad a la luz de tales disposiciones. En efecto, por una parte, dicha decisión procede de una institución de la Unión a la que los Tratados no habilitan para ejercer funciones jurisdiccionales. Por otra parte, dicha decisión, adoptada, por lo demás, en el marco de la PESC, no reviste un carácter jurisdiccional, dado que no tiene por objeto pronunciarse sobre un recurso ni resolver un litigio (véase, en este sentido y por analogía, el auto de 24 de marzo de 2011, Bengtsson,
C‑344/09
,
EU:C:2011:174
, apartados
a
y jurisprudencia citada).
Los apartados 178 a 184 y 188 de la sentencia de 16 de julio de 2009, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland/Comisión (
C‑385/07 P
,
EU:C:2009:456
), citados por el demandante en apoyo de esta parte, no desvirtúan tal interpretación. En efecto, de tales apartados, y en particular del apartado 188, resulta claramente que el Tribunal de Justicia se limitó a aplicar el principio del plazo razonable de enjuiciamiento establecido en el artículo 47, apartado 2, primer inciso, de la Carta al trato dado a un recurso jurisdiccional por el Tribunal General, en el marco del procedimiento seguido ante éste, y no pretendió ampliar tal aplicación a instituciones de la Unión que no tienen competencias jurisdiccionales (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2009, Der Grüne Punkt — Duales System Deutschland/Comisión,
C‑385/07 P
,
EU:C:2009:456
, apartados
a
y
y jurisprudencia citada).
Ciertamente, procede señalar que el Consejo está obligado a tramitar los expedientes referidos a las personas contra las que ha adoptado medidas restrictivas dentro de un plazo razonable, en virtud del artículo 41, apartado 1, de la Carta, que consagra el derecho de toda persona a una buena administración.
Sin embargo, suponiendo que, obviando la argumentación del demandante, esta parte pudiera interpretarse en el sentido de que el Consejo infringió el artículo 41, apartado 1, de la Carta, de cuanto se ha indicado en los anteriores apartados 62 a 78 resulta que, en cualquier caso, debe desestimarse por infundada.
En efecto, por un lado, por cuanto se ha expuesto en los anteriores apartados 66 a 75, incluso en el supuesto de que tales elementos hubieran justificado que el Consejo procediera a realizar comprobaciones ante las autoridades tunecinas acerca del estado de la investigación judicial en curso de que es objeto el demandante, esos elementos no podían tener por consecuencia la obligación de poner fin a la inmovilización de sus activos en la Unión. Por otro lado, como se ha expuesto en los anteriores apartados 76 a 78, los elementos aportados por el demandante con anterioridad a la adopción de la Decisión 2015/157 no podían plantear legítimos interrogantes en cuanto al cumplimiento del principio del plazo razonable de enjuiciamiento por las autoridades tunecinas. Por último, es preciso añadir que, por idénticos motivos, no puede reprocharse al Consejo, contrariamente a lo que alega el demandante, que no informara a las autoridades tunecinas de los límites a los que estaba sometida la duración de la inmovilización de sus activos en la Unión y de la necesidad de que la instrucción judicial fuera rápida.
Pues bien, como resulta de los propios términos de la demanda y del escrito de réplica, en el marco del presente motivo el demandante únicamente reprocha al Consejo haber vulnerado su derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable por no haber adoptado las medidas que eran de su competencia para evitar que la duración del procedimiento judicial en Túnez de que es objeto excediera de una duración razonable.
De este modo, dado que no resulta de los elementos aportados por el demandante al Consejo que la duración de dicho procedimiento judicial adoleciera de tal irregularidad, ésta tampoco puede viciar la duración de la inmovilización de los activos del demandante en la Unión.
Por otra parte, el demandante no alega que presentara al Consejo, con anterioridad a su escrito de 15 de enero de 2015, elementos que habrían justificado que dicha institución realizara gestiones ante las autoridades tunecinas para asegurarse de que se respetaba su derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable en el marco de la investigación judicial en curso de que es objeto. Por consiguiente, el demandante no puede reprochar al Consejo que, en lo que se refiere al período anterior al escrito de 15 de enero de 2015, mostrara una falta de diligencia a este respecto.
De cuanto antecede resulta que debe desestimarse la primera parte del segundo motivo.
– Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en la vulneración de la presunción de inocencia por el comunicado de prensa del Consejo de 31 de enero de 2011
En apoyo de la segunda parte del segundo motivo, el demandante alega que el comunicado de prensa del Consejo de 31 de enero de 2011 vulneró la presunción de inocencia por cuanto indujo al público a creer que las personas nombradas en ese comunicado de prensa eran culpables de malversaciones de fondos públicos. El demandante solicita al Tribunal General en el apartado 126 de la demanda que «falle que esa declaración del Consejo vulneró su presunción de inocencia, en violación del artículo 48 de la Carta». En su escrito de réplica, el demandante responde a las alegaciones que el Consejo realiza en su escrito de contestación afirmando que el hecho de que ese comunicado de prensa constituya un documento distinto de la Decisión 2015/157 no desvirtúa la existencia de una vulneración «incluso si la apreciación judicial se realiza de forma separada». Considera asimismo que el hecho de que no se haya interpuesto un recurso de anulación contra dicho comunicado de prensa no modifica el efecto de este último. Concluye aduciendo que carece de relevancia que el referido comunicado de prensa se publicara cuatro años antes de que se adoptara dicha Decisión por cuanto ésta establece el mantenimiento de las medidas restrictivas adoptadas el mismo día en que se publicó el comunicado de prensa en cuestión. El demandante añade que la mencionada vulneración de la presunción de inocencia puede comprometer la celebración de un proceso equitativo en Túnez, ya que podría influir en el comportamiento de las autoridades tunecinas hacia él.
Por su parte, el Consejo alega en su escrito de contestación que, al adoptar la Decisión 2015/157, no declaró él mismo al demandante culpable de malversación de fondos públicos ni prejuzgó la apreciación de los hechos por el juez competente en Túnez. Añade que el comunicado de prensa objeto de las críticas del demandante en el marco de esta parte es diferente de la mencionada Decisión y no ha sido recurrido en anulación. Agrega que, en cualquier caso, la naturaleza jurídica de dicho comunicado de prensa es diferente de la de dicha Decisión y que su legalidad debe examinarse de forma separada. En su escrito de dúplica, el Consejo sostiene fundamentalmente que no puede considerarse que la frase que el demandante cita en apoyo de la presente alegación vulnere la presunción de inocencia, si se la considera en el contexto global de ese comunicado de prensa.
A este respecto, es preciso señalar que el documento al que se refiere esta parte del segundo motivo, adjunto a la demanda, es un comunicado de prensa del Consejo de 31 de enero de 2011 (5881/1/2011 REV 1) en el que esta institución hace públicas las conclusiones de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores celebrada ese mismo día. En la primera página de ese documento figura un recuadro cuyo segundo párrafo contiene la siguiente declaración:
«El Consejo ha analizado asimismo los acontecimientos en Túnez y ha adoptado unas conclusiones en las que manifiesta la disposición de la UE a respaldar la transición democrática, y en particular la preparación de las elecciones. Ha adoptado además medidas restrictivas de inmovilización de los bienes de las personas que se han apropiado de fondos públicos tunecinos».
Por otra parte, en la página 8, apartado 6, del comunicado de prensa referido en el anterior apartado 103, el Consejo señala que «el Consejo ha adoptado, en consulta con las autoridades tunecinas, medidas restrictivas dirigidas contra personas responsables de malversación de fondos públicos».
Estas dos declaraciones son las que el demandante considera constitutivas de una vulneración de la presunción de inocencia. En efecto, en cuanto a la primera de esas declaraciones, el demandante considera que está redactada de forma que se da la impresión de que las personas en cuestión ya han sido condenadas por malversación de fondos públicos. En cuanto a la segunda de ellas, el demandante, que admite que el Tribunal General ya ha declarado que tales declaraciones no prejuzgaban la apreciación de los hechos por el juez competente (sentencia de 27 de febrero de 2014, Ezz y otros,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, apartado
), reprocha al Consejo fundamentalmente que atribuyera a la expresión «personas responsables de malversación de fondos públicos» un carácter «absoluto», al no precisar que se basaba en procedimientos en los que aún no se había declarado la responsabilidad penal de dichas personas.
Con carácter preliminar, es preciso señalar que, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal en la vista, el demandante puntualizó que la solicitud realizada en el apartado 126 de la demanda al objeto de que el Tribunal General declarara que ambas declaraciones controvertidas habían vulnerado la presunción de inocencia no constituía una pretensión distinta de la dirigida a la anulación de la Decisión 2015/157, sino que debía interpretarse en el sentido de que apoyaba a esta última pretensión. Por tanto, de ello debe necesariamente inferirse que el demandante considera que la vulneración alegada de su derecho al respeto de la presunción de inocencia y derivada de tales declaraciones puede afectar a la legalidad de la Decisión 2015/157.
A este respecto, es preciso señalar que, como sostiene el Consejo en esencia, el comunicado de prensa controvertido constituye un acto distinto de la Decisión 2011/72 y de la Decisión 2015/157 que no pretende más que informar al público del contenido de la primera de las mencionadas Decisiones. Además, no se trata de un acto adoptado en el marco del procedimiento que llevó a la adopción de alguna de tales Decisiones. Por último, el demandante no cuestiona que dichas Decisiones, por sí mismas, no vulneran su presunción de inocencia. Por consiguiente, el demandante no pude invocar válidamente una supuesta vulneración de dicha presunción de inocencia derivada de las declaraciones que recoge el comunicado de prensa controvertido para cuestionar la legalidad de la Decisión 2015/157 (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 5 de abril de 2006, Degussa/Comisión,
T‑279/02
,
EU:T:2006:103
, apartados
y
). Por tanto, esta parte del segundo motivo es inoperante.
En cualquier caso, esta parte del segundo motivo se basa en una lectura literal de las dos declaraciones citadas en los anteriores apartados 103 y 104 que no tiene en cuenta el contexto en el que se integran.
En efecto, la lectura del contenido del comunicado de prensa en cuestión confirma, como su título indica, que únicamente pretende informar al público de las conclusiones de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores celebrada el 31 de enero de 2011, en particular de la adopción de la Decisión 2011/72.
Por consiguiente, ambas declaraciones controvertidas deben interpretarse en relación con el contenido de la Decisión 2011/72. A este respecto, es preciso recordar que el artículo 1, apartado 1, de esta Decisión establece la inmovilización de los activos de las personas responsables de malversación de fondos públicos tunecinos y de las personas físicas o jurídicas o entidades vinculadas a aquéllas. Sin embargo, como se ha señalado en el anterior apartado 34, el concepto de «personas responsables de malversación de fondos públicos tunecinos» en el sentido del artículo 1, apartado 1, de dicha Decisión debe abarcar no sólo a las personas que ya han sido declaradas responsables de la comisión de tales hechos, sino también a aquellas que son objeto de investigaciones judiciales en curso dirigidas a probar su responsabilidad.
Por otra parte, tales declaraciones deben asimismo entenderse en relación con los motivos de inclusión del nombre de las personas que figuran en la lista anexa a la Decisión 2011/72. Pues bien, en lo que respecta al demandante, esos motivos mencionan expresamente, desde la primera inclusión de su nombre en la referida lista, que es objeto de investigaciones judiciales por hechos calificables de malversación de fondos públicos.
Por tanto, el demandante yerra al afirmar que dichas declaraciones inducen la creencia en la culpabilidad de las personas cuyos nombres se enumeran en la lista anexa a la Decisión 2011/72, por cuanto el contenido de estas declaraciones se remite al contenido de la mencionada Decisión y por cuanto ésta, como acaba de señalarse, no se refiere al demandante como persona ya declarada responsable de malversación de fondos tunecinos, sino como persona que es objeto de investigaciones judiciales relativas a tal malversación. Por las mismas razones, no puede considerarse ni que tales declaraciones puedan influir en las autoridades tunecinas competentes ni que puedan prejuzgar la apreciación de los hechos por el juez competente. Por tanto, no puede considerarse, en ningún caso, que las referidas declaraciones sean constitutivas de una vulneración del principio de presunción de inocencia.
De cuanto antecede resulta que debe desestimarse la segunda parte del segundo motivo.
– Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en la vulneración del derecho a una buena administración y, en particular, a un trato imparcial de sus asuntos, en virtud del artículo 41, apartado 1, de la Carta
En apoyo de esta parte, el demandante se basa en una serie de circunstancias que, a su parecer, demuestran que el Consejo no le ha tratado de forma imparcial. En primer lugar, considera que el Consejo, en el marco de su «declaración pública inicial», afirmó que todas las personas cuyos nombres se habían incluido en la lista anexa a la Decisión 2011/72 eran culpables de malversación de fondos públicos sin realizar «ningún tipo de matización». En segundo lugar, los motivos actuales de inclusión del nombre del demandante en dicha lista ya no tienen una «dimensión a escala de la Unión», lo que debería haber llevado al levantamiento de la inmovilización de activos en cuestión. En tercer lugar aduce que el Consejo, en respuesta a las pruebas de descargo aportadas por el demandante, se negó sin fundamento a comprobar la existencia material de los hechos alegados. En cuarto lugar, la Decisión 2015/157 se adoptó a pesar de la inacción de las autoridades judiciales tunecinas que había dado lugar a que el procedimiento se prolongara durante cuatro años. En quinto lugar, el Consejo adoptó dicha Decisión sin tener en cuenta los elementos que demostraban el regreso de la democracia a Túnez. Por último, en sexto lugar, estima que el Consejo adoptó dicha Decisión sin comprobar, en particular, la objeción basada en que tal acto vulneraba el derecho del demandante a ser enjuiciado en un plazo razonable.
Por su parte, el Consejo rebate todas estas alegaciones manifestando, de manera general, que no puede considerarse una falta de imparcialidad del Consejo el desacuerdo entre éste y el demandante por lo que se refiere a la apreciación de los elementos de hecho y de Derecho que el demandante invoca como pruebas de descargo.
A este respecto, es preciso recordar que el Consejo, en el marco de la adopción de medidas restrictivas, está obligado a respetar el principio de buena administración, consagrado por el artículo 41 de la Carta, al que, según reiterada jurisprudencia, se vincula la obligación de la institución competente de examinar detenida e imparcialmente todos los datos pertinentes del asunto en cuestión (véase la sentencia de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente caso, es preciso señalar que el demandante, en apoyo de la presente parte del segundo motivo, reproduce, en esencia, los distintos reproches ya formulados en el marco de los motivos primero y tercero y en otras partes del segundo. Pues bien, por cuanto se ha expuesto al examinar dichos motivos y dichas partes, deben rechazarse dichos reproches.
En primer lugar, suponiendo que con la expresión «declaración pública inicial» el demandante se refiera al comunicado de prensa cuya legalidad cuestiona en el marco de la segunda parte del presente motivo, de los anteriores apartados 107 a 112 se desprende que ha de desestimarse la alegación del demandante acerca de la supuesta violación de la presunción de inocencia por el comunicado de prensa.
En segundo lugar, por las razones expuestas en los anteriores apartados 39 a 57, es irrelevante que los motivos de inclusión del nombre del demandante en la lista anexa a la Decisión 2011/72 no se refieran a hechos acaecidos en la Unión, por cuanto tales motivos se refieren a una investigación judicial relativa a hechos calificables de malversación de fondos públicos.
En tercer lugar, por cuanto se ha expuesto en los anteriores apartados 49 a 57, las pruebas de descargo aportadas por el demandante principalmente al objeto de demostrar la falta de perspectiva de que vaya a ser procesado no obligaban al Consejo a proceder a realizar comprobaciones adicionales acerca de la investigación judicial de que es objeto en Túnez.
En cuarto lugar, por cuanto se ha expuesto en los anteriores apartados 63 a 78, los elementos aportados por el demandante para demostrar la vulneración de su derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable por las autoridades tunecinas no podían justificar que se pusiera fin a la inmovilización de sus activos en la Unión.
En quinto lugar, por cuanto se expondrá en los apartados 127 a 134, en el marco del tercer motivo, el Consejo no incurrió en error alguno al mantener las medidas restrictivas controvertidas a pesar de la evolución del proceso democrático de Túnez. Por último, por cuanto se ha expuesto en los anteriores apartados 88 a 96 en el marco de la primera parte del segundo motivo, debe desestimarse la sexta alegación basada en que el Consejo vulneró el derecho del demandante a ser enjuiciado en un plazo razonable.
Por consiguiente, de cuanto antecede resulta que el demandante carece de fundamento para sostener que el Consejo violó el principio de buena administración, en particular el principio de imparcialidad. Por tanto, la presente parte y, en consecuencia, el segundo motivo en su conjunto deben desestimarse.
Sobre el tercer motivo, basado en la falta de objeto de la Decisión 2015/157, habida cuenta de la evolución del proceso de democratización de Túnez
El demandante, en apoyo del tercer motivo, aduce que el Consejo ha incurrido en errores manifiestos de apreciación en lo que se refiere al desarrollo del proceso de democratización de Túnez y a la necesidad de adoptar medidas restrictivas contra nacionales tunecinos responsables de malversación de fondos públicos de ese país. Por una parte, según el demandante, desde el 31 de enero de 2011 ha tenido lugar una serie de sucesos de naturaleza judicial, constitucional y electoral que atestiguan la culminación del proceso de transición democrática de Túnez. Pues bien, considera que, al mantener las medidas restrictivas controvertidas habida cuenta de la «situación en Túnez», según los términos de la Decisión 2011/72, el Consejo no apreció correctamente la naturaleza de esa evolución, o, cuando menos, no la tuvo en cuenta. Por otra parte, el demandante estima que, suponiendo que el Consejo considerara que la transición hacia la democracia en Túnez se había completado, esa institución ya no podría basarse en un objetivo de protección del proceso de democratización para justificar el mantenimiento de las medidas restrictivas en cuestión. Con carácter subsidiario, el demandante sostiene que el Consejo incumplió la obligación de motivar la Decisión 2015/157 al no exponer los motivos que le llevaban a mantener las medidas restrictivas controvertidas a pesar de la evolución del proceso democrático de Túnez.
El Consejo responde en su escrito de contestación que la alegación del demandante se apoya en el postulado erróneo de que el proceso de transición democrática de Túnez ha culminado. Sin embargo, el Consejo observa que, como se desprende en particular de sus conclusiones de 19 de enero de 2015, consideró que en la fecha en que adoptó la Decisión 2015/157 dicho proceso seguía su curso.
Con carácter preliminar, es preciso señalar que, a pesar de que el demandante no invoca expresamente el artículo 277 TFUE, debe interpretarse que el presente motivo se basa en una excepción de ilegalidad relativa al artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/72, tal y como fue prorrogado por la Decisión 2015/157. En efecto, los supuestos errores manifiestos de apreciación que se alegan en el marco del presente motivo no se refieren al mantenimiento de la inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72 como tal, sino al mantenimiento, en general, de la inmovilización de los activos de las personas responsables de malversación de fondos públicos tunecinos y de las personas vinculadas a éstas, establecida por el artículo 1, apartado 1, de dicha Decisión (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 27 de febrero de 2014, Ezz y otros/Consejo,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, apartado
). De este modo, lo que el demandante impugna es la posibilidad de que el Consejo prolongue el mantenimiento, en su conjunto, de las medidas restrictivas adoptadas con arreglo a la Decisión 2011/72 habida cuenta de los objetivos de ésta y del desarrollo del proceso democrático de Túnez.
A este respecto es preciso recordar, en primer lugar, que, como se desprende de su considerando 1, la Decisión 2011/72, que se basa en el artículo 29 TUE, tiene por objeto respaldar los «esfuerzos [del pueblo de Túnez] por establecer una democracia estable, el Estado de Derecho, el pluralismo democrático y el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales». Según su considerando 2, dicha Decisión tiene por objeto, en particular, ayudar a las autoridades tunecinas en su combate contra la malversación de fondos públicos mediante la inmovilización de los activos de personas «responsables» de malversación de fondos públicos que privan por tal motivo al pueblo de Túnez de las ventajas del desarrollo sostenible de su economía y de su sociedad y menoscaban el desarrollo de la democracia en ese país.
Por consiguiente, como ya se ha declarado, la Decisión 2011/72 se inscribe en el marco más general de una política de la Unión en apoyo de las autoridades tunecinas destinada a fomentar la estabilización política y económica de la República de Túnez y da respuesta así a los objetivos de la PESC definidos, en particular, en el artículo 21 TUE, apartado 2, letras b) y d), que dispone que la Unión llevará a cabo una cooperación internacional que tenga por objeto consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional, por un lado, y apoyar el desarrollo sostenible, entre otros, en el plano económico, de los países en desarrollo, por otro lado (véanse las sentencias de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 30 de junio de 2016, CW/Consejo,
T‑516/13
, no publicada,
EU:T:2016:377
, apartado
y jurisprudencia citada).
Según reiterada jurisprudencia, el Consejo, en materia de PESC, dispone de una amplia facultad discrecional, al tratarse de un ámbito en el que se requiere que esta institución tome decisiones de naturaleza política, económica y social, y realizar apreciaciones complejas, por lo que sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, con relación al objetivo que tiene previsto conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida (véase la sentencia de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft,
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente caso, como alega el Consejo al hacer referencia a sus Conclusiones de 19 de enero de 2015, no consideró, contrariamente a lo que estima el demandante, que el proceso de transición democrática de Túnez hubiera culminado en el momento en que adoptó la Decisión 2015/157. Por el contrario, la evolución en los ámbitos judicial, constitucional y electoral que aduce el demandante no demuestran que el Consejo incurriera en un error manifiesto en la apreciación de dicho proceso. En efecto, si bien tales desarrollos atestiguan cierto progreso, no permitían determinar, de manera evidente, que el proceso había culminado, al estar éste subordinado a la consolidación del Estado de Derecho y de las conquistas democráticas de la nueva Constitución tunecina, como señala el Consejo en las Conclusiones anteriormente mencionadas.
En cualquier caso, el presente motivo se basa, implícita aunque necesariamente, en la premisa errónea de que la culminación de la transición democrática de Túnez debería llevar al Consejo a poner fin a las medidas restrictivas establecidas por la Decisión 2011/72. En efecto, como se ha recordado en el anterior apartado 33, el único objetivo de la inmovilización de activos que establece el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/72, en relación con sus considerandos 1 y 2, es facilitar la detección por parte de las autoridades tunecinas de las malversaciones de fondos públicos cometidas y preservar la posibilidad de que tales autoridades puedan recuperar el producto de esas malversaciones. Por consiguiente, la eventual revocación de tales medidas restrictivas sólo puede depender de la conclusión de los procedimientos judiciales en las que éstas encuentran su fundamento, y no de la culminación del proceso de transición democrática de Túnez, dado que el respaldo a este proceso no constituye sino un objetivo final de la política en la que se enmarca dicha inmovilización de activos, y no un requisito adicional para el mantenimiento de tal inmovilización (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 27 de febrero de 2014, Ezz y otros/Consejo,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, apartado
).
Es preciso añadir que tal inmovilización de activos no representaría, contrariamente a lo que sostiene el demandante, una injerencia del «poder legislativo» en asuntos que tienen carácter jurisdiccional ni siquiera en el supuesto de que se considerara que tal proceso de transición democrática ya ha culminado.
En efecto, con independencia de que, en virtud del artículo 24 TUE, el Consejo no adopta actos legislativos en el ámbito de la PESC, la culminación del proceso de transición democrática de Túnez, como se ha señalado en el anterior apartado 131, no puede tener por efecto obligar al Consejo a revocar las medidas restrictivas adoptadas con arreglo a la Decisión 2011/72. En efecto, la revocación de dichas medidas antes de la terminación de las investigaciones judiciales en curso, en cuanto tal revocación supondría un obstáculo a que las autoridades tunecinas pudieran detectar la comisión de malversaciones de fondos públicos y recuperar el producto de éstas, podría comprometer el objetivo de dicha Decisión, que no es sino consolidar y respaldar la democracia y el Estado de Derecho en Túnez. Así pues, el mantenimiento de dichas medidas, que, como se ha recordado en el anterior apartado 33, revisten un carácter conservatorio y carecen de connotación penal, sigue estando justificado habida cuenta de los objetivos de la PESC. Por consiguiente, es preciso observar que el mantenimiento de tales medidas no constituye una injerencia de naturaleza política si debe entenderse que la alegación del demandante se refiere a que una autoridad política como el Consejo se ha injerido en asuntos que son de competencia exclusiva de las autoridades judiciales tunecinas.
Por tanto, debe desestimarse el motivo basado en la comisión de errores manifiestos de apreciación por parte del Consejo en lo que se refiere a la evolución de la situación política de Túnez.
En cuanto al motivo basado, con carácter subsidiario, en la falta de motivación, basta observar que de los anteriores apartados 127 a 133 se desprende que la evolución de la situación política de Túnez producidos desde la adopción de la Decisión 2011/72 no justificaba que tuviera que motivarse específicamente el mantenimiento, mediante la Decisión 2015/157, de las medidas restrictivas adoptadas con arreglo a la Decisión 2011/72 habida cuenta de esa evolución. Por tanto, debe desestimarse asimismo este motivo.
De cuanto antecede resulta que debe desestimarse el tercer motivo.
Sobre el cuarto motivo, basado, con carácter subsidiario, en un «error manifiesto de apreciación» relativo a la insuficiente toma en consideración por el Consejo del «elemento [de] Derecho penal» de la Decisión 2015/157
El demandante sostiene en apoyo del cuarto motivo que el Consejo no procedió a realizar una valoración objetiva de las alegaciones que adujo «desde un punto de vista penal» en su escrito de 15 de enero de 2015. A este respecto, sostiene que el Consejo rechazó las explicaciones acerca del debilitamiento de las pruebas en su contra en Túnez basándose en consideraciones especulativas y exclusivamente fundamentadas en objetivos de la PESC. Considera que, de este modo, el Consejo no realizó un examen a la luz del Derecho de la Unión de sus derechos como persona investigada judicialmente. El demandante sostiene en su escrito de réplica que la Decisión 2015/157 tiene una dimensión penal o, cuando menos, surte efectos de Derecho penal o persigue un objetivo penal, por cuanto produce el mismo efecto que una medida de asistencia judicial ordenada por un tribunal del orden penal sobre la base de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003.
El Consejo rebate tales afirmaciones en su escrito de contestación aduciendo que la Decisión 2015/157 se adoptó sobre la base del artículo 29 TUE, que es el único que proporciona una base jurídica para adoptar tales medidas, y que no reviste dimensión penal alguna.
Mediante el presente motivo, debe considerarse que el demandante invoca, en esencia, un error de Derecho por cuanto el Consejo reconsideró el mantenimiento de las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante, en el marco de la adopción de la Decisión 2015/157, teniendo únicamente en cuenta los objetivos de la PESC y, por tanto, sin observar las exigencias y garantías obligatorias en un procedimiento penal. No obstante, este motivo carece absolutamente de fundamento.
Por un lado, por cuanto se ha expuesto en los anteriores apartados 127 y 128, la Decisión 2011/72 y, por consiguiente, la Decisión 2015/157, que la prórroga, persiguen los objetivos establecidos por el artículo 21 TUE, apartado 2, letras b) y d), en el ámbito de la PESC. Por otro, como se ha expuesto en el anterior apartado 33, la inmovilización de los activos del demandante en la Unión, que no tiene por objeto sancionar sus actuaciones en Túnez, carece de cualquier connotación penal. Por tanto, el Consejo, en el marco de la adopción de la Decisión 2015/157, acertó al limitarse únicamente a comprobar si los elementos de que disponía constituían, habida cuenta de los objetivos de la Decisión 2011/72, que entran en el ámbito de aplicación de la PESC, un fundamento suficiente para mantener dicha inmovilización de activos. De esta forma, el Consejo no podía estar obligado a valorar tal mantenimiento teniendo en cuenta las exigencias del Derecho penal y reconociendo al demandante garantías específicas análogas a las que se disfrutan en el marco de procedimientos penales.
Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones del demandante en su escrito de réplica dirigidas a demostrar la naturaleza penal de la inmovilización de activos controvertida.
En primer lugar, la naturaleza conservatoria de la inmovilización de activos controvertida y el hecho de que su mantenimiento dependa del resultado de los procedimientos penales en Túnez no le confieren, por esto mismo, un carácter penal.
En efecto, como se desprende de los anteriores apartados 33, 127 y 128, el Consejo, en el marco de una política de apoyo a las autoridades tunecinas destinada a fomentar la estabilización de la democracia y del Estado de Derecho sobre la base del artículo 29 TUE, está facultado para tomar medidas que contribuyan a llevar a término de manera efectiva los procedimientos penales abiertos en Túnez por malversación de fondos públicos. De esta forma, como alega acertadamente el Consejo, los procedimientos penales seguidos en Túnez no constituyen la base jurídica de la inmovilización de activos controvertida, sino la base fáctica en la que ésta se apoya. Por otra parte, como demuestran los motivos de inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72, referidos a las investigaciones judiciales en curso de que es objeto el demandante, el Consejo no adoptó la Decisión 2015/157 basándose en la convicción de que dicho demandante había malversado fondos públicos.
En segundo lugar, la comparación que realiza el demandante entre los efectos de la inmovilización de sus fondos y los efectos de una medida de asistencia judicial ordenada en el marco de la cooperación penal internacional no es convincente.
En efecto, es cierto que la inmovilización de fondos del demandante impuesta por el Consejo tiene como resultado concreto una inmovilización de tales fondos en la Unión comparable con la que podría resultar de una inmovilización de fondos ordenada por una autoridad judicial nacional en el marco de la cooperación penal internacional. Sin embargo, no es menos cierto que estas dos medidas tienen una naturaleza diferente.
Por una parte, la inmovilización de fondos del demandante, adoptada sobre la base del artículo 29 TUE, constituye una medida autónoma adoptada con el fin de alcanzar los objetivos de la PESC, y no una medida cuyo objeto sea dar respuesta a una solicitud de asistencia judicial cursada por las autoridades tunecinas (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo,
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
, apartado
).
Por otra parte, las competencias que, con fundamento en los artículos 21 TUE, apartado 2, letras b) y d), y 29 TUE tiene el Consejo en el presente caso, se limitan a la adopción de una medida de inmovilización de los activos de las personas en cuestión con carácter conservatorio y que, por definición, revisten carácter temporal y reversible. En cambio, las competencias de las autoridades judiciales nacionales en el marco de la cooperación penal internacional no se limitan necesariamente a la adopción de tales medidas.
Por cuanto antecede, debe desestimarse el cuarto motivo.
Sobre el quinto motivo, basado en una vulneración del derecho de propiedad y en la infracción del artículo 17 de la Carta
En apoyo del quinto motivo, el demandante alega que, dado que la Decisión 2015/157 no está justificada y es ilegal, las limitaciones impuestas al derecho de propiedad están igualmente injustificadas e infringen el artículo 17 de la Carta. El Consejo rebate tal alegación.
A este respecto, es preciso recordar que el establecimiento de una limitación al ejercicio del derecho de propiedad debe cumplir un triple requisito para ser conforme con el Derecho de la Unión. En primer lugar, la limitación debe estar «establecida por la ley». En otras palabras, la medida de que se trate debe tener base legal. En segundo lugar, la limitación debe perseguir un objetivo de interés general, reconocido como tal por la Unión. En tercer lugar, la limitación no debe ser excesiva. Por una parte, debe ser necesaria y proporcionada al objetivo perseguido. Por otra parte, la esencia del derecho o libertad de que se trate debe ser respetada (véanse las sentencias de 27 de febrero de 2014, Ezz y otros/Consejo,
T‑256/11
,
EU:T:2014:93
, apartados
a
y jurisprudencia citada, y de 30 de junio de 2016, CW/Consejo,
T‑516/13
, no publicada,
EU:T:2016:377
, apartados
a
y jurisprudencia citada).
En el marco del presente motivo, el demandante se limita a sostener que, dado que ha demostrado, mediante los motivos anteriores, el carácter ilegal e injustificado de la inmovilización de sus activos en la Unión, tal limitación de su derecho de propiedad tiene igualmente, en consecuencia, un carácter injustificado. Por consiguiente, únicamente censura que tal limitación no se ajusta a los dos primeros requisitos mencionados en el anterior apartado 150. Sin embargo, de los anteriores apartados 36 a 148 se desprende que, en el marco de los motivos anteriores, el demandante no ha conseguido demostrar ni el carácter ilegal de dicha inmovilización de activos ni su carácter injustificado. En consecuencia, el demandante tampoco demuestra que las limitaciones que dicha inmovilización de activos impone a su derecho de propiedad carezcan de base legal o que no estén justificadas habida cuenta de los objetivos de la Decisión 2011/72 y de la PESC. Por lo tanto, procede desestimar el presente motivo.
De cuanto antecede resulta que las pretensiones de anulación de la Decisión 2015/157 deben desestimarse por cuanto ninguno de los motivos del recurso está fundado.
Por lo que se refiere a las pretensiones del primer escrito de adaptación dirigidas a la anulación de la «decisión» del Consejo de 16 de noviembre de 2015 mediante la que esta institución denegó la solicitud del demandante de 29 de mayo de 2015 de que se suprimiera su nombre de la lista anexa a la Decisión 2011/72
En virtud del artículo 86, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, cuando el acto cuya anulación se ha solicitado sea sustituido o modificado por otro acto que tenga el mismo objeto, el demandante podrá adaptar su demanda antes de la declaración de terminación de la fase oral del procedimiento o antes de que el Tribunal General decida resolver sin fase oral, a fin de tener en cuenta esta novedad. En virtud del artículo 86, apartado 2, de dicho Reglamento, tal adaptación deberá efectuarse mediante escrito separado y dentro del plazo establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, para la interposición de un recurso de anulación contra el acto que justifica la adaptación de la demanda.
Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende que la adaptación de la demanda debe dirigirse contra un acto que pueda ser recurrido en anulación, en el sentido del artículo 263 TFUE, es decir, un acto que produzca efectos jurídicos obligatorios que puedan afectar a los intereses de la parte demandante modificando de forma caracterizada su situación jurídica (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 3 de julio de 2014, Alchaar/Consejo,
T‑203/12
, no publicada,
EU:T:2014:602
, apartados
y
y jurisprudencia citada). A este respecto, según reiterada jurisprudencia, no constituye un acto de este tipo el acto meramente confirmatorio de otro anterior, es decir, el acto que no recoge ninguna novedad respecto de otro anterior y que no viene precedido de una reconsideración de la situación del interesado (véanse los autos de 7 de diciembre de 2004, Internationaler Hilfsfonds/Comisión,
C‑521/03 P
, no publicado,
EU:C:2004:778
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 29 de junio de 2009, Cofra/Comisión,
C‑295/08 P
, no publicado,
EU:C:2009:407
, apartado
y jurisprudencia citada).
En particular, según la jurisprudencia, no constituye un acto meramente confirmatorio el acto adoptado tras la reconsideración del acto anterior que venga exigida por la existencia de hechos nuevos y sustanciales. Por un lado, un hecho debe calificarse de nuevo cuando no existía o cuando no se tuvo en cuenta en el momento de la adopción del acto. Por otro lado, un hecho debe calificarse de sustancial cuando modifica sustancialmente la situación jurídica del demandante tal como se presentaba cuando se adoptó el acto anterior, es decir, un hecho que pueda suscitar dudas en cuanto al carácter fundado de dicho acto (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2014, Comisión/España,
T‑481/11
,
EU:T:2014:945
, apartados
a
y jurisprudencia citada).
Por una parte, en el ámbito de las medidas restrictivas, de la jurisprudencia se desprende que el demandante está autorizado, en principio, para adaptar las pretensiones y los motivos de la demanda dirigidos contra una decisión de inmovilización de fondos adoptada en su contra en el supuesto de que ulteriormente se adopte otra que prorrogue esa inmovilización de fondos. En efecto, en tal supuesto, esa decisión ulterior no se limita a confirmar la anterior, puesto que prorroga la inmovilización de fondos impuesta al interesado para un nuevo período que va más allá de la duración de la mencionada decisión anterior a raíz de un nuevo examen de su situación (véase, en este sentido y por analogía, el auto de 15 de febrero de 2005, PKK y KNK/Consejo,
T‑229/02
,
EU:T:2005:48
, apartado
, confirmado en casación mediante la sentencia de 18 de enero de 2007, PKK y KNK/Consejo,
C‑229/05 P
,
EU:C:2007:32
, apartado
).
Por otra parte, como se desprende de los artículos 2, apartado 3, y 5, apartado 6, de la Decisión 2011/72, el Consejo puede verse llevado, en cualquier momento, a reconsiderar la inclusión del nombre de una persona en el anexo de dicha Decisión cuando se le presenten pruebas sustanciales o alegaciones, por lo que tal inclusión se revisa continuamente. Tales disposiciones tienen por objeto garantizar que las personas que han dejado de reunir los requisitos para figurar en el anexo de dicha Decisión sean excluidas de éste no sólo a raíz de la reconsideración periódica efectuada anualmente, sino, si procede, inmediatamente (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 15 de noviembre de 2012, Al-Aqsa/Consejo y Países Bajos/Al-Aqsa,
C‑539/10 P y C‑550/10 P
,
EU:C:2012:711
, apartado
). Por consiguiente, una decisión del Consejo de no excluir el nombre de una persona incluida en el anexo de la Decisión 2011/72 que se adopte a raíz de una reconsideración de su situación a partir de hechos nuevos y sustanciales, en el sentido de la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 155, no constituye un acto meramente confirmatorio, incluso si dicha decisión no prorroga la mencionada inclusión, sino que se limita a mantener la aplicación de la Decisión anterior (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 13 de noviembre de 2014, Comisión/España,
T‑481/11
,
EU:T:2014:945
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente caso, por un lado, es preciso señalar que la Decisión del Consejo de 16 de noviembre de 2015, impugnada en el primer escrito de adaptación, no modificó o sustituyó a la Decisión 2015/157, que es objeto del presente recurso. En efecto, en su escrito de 16 de noviembre de 2015, el Consejo se limita a denegar la solicitud del demandante mediante la que pide, en esencia, que se derogue la Decisión 2015/157 en cuanto a él se refiere. Por tanto, la solicitud no contiene ninguna novedad en el sentido de la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 154.
Por otro lado, tal denegación no se produjo a raíz de una reconsideración justificada por hechos que tuvieran un carácter nuevo y sustancial en el sentido de la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 155.
En efecto, en primer lugar, las alegaciones del demandante presentadas los días 29 de mayo y 7 de septiembre de 2015 se refieren, en esencia, a hechos anteriores a la adopción de la Decisión 2015/157 y a cuestiones ya planteadas en sus alegaciones de 15 de enero de 2015, y, por tanto, a elementos que carecen de novedad.
Por otra parte, los únicos hechos posteriores a la Decisión 2015/157 invocados en esas alegaciones, a saber, una sentencia de la Cour de d’appel de la ciudad de Túnez de 25 de febrero de 2015 y tres resoluciones dictadas, a título cautelar, por un tribunal de lo contencioso-administrativo tunecino el 30 de marzo de 2015, no constituyen hechos sustanciales, es decir, hechos que puedan modificar sustancialmente la situación del demandante habida cuenta de las medidas restrictivas prorrogadas en su contra por la Decisión 2015/157.
A este respecto, como ya se ha recordado en varias ocasiones, dichas medidas restrictivas se basan en la existencia de una investigación judicial en curso de que es objeto el demandante por hechos calificables de malversaciones de fondos públicos. Pues bien, por una parte, si bien de la nota del abogado del demandante en Túnez de 24 de abril de 2015 se desprende que la sentencia de la Cour d’appel de la ciudad de Túnez fechada el 25 de febrero de 2015 estimó la solicitud del demandante mediante la que pedía la separación del procedimiento de instrucción en el marco de tal investigación, no resulta que tal incidencia del procedimiento pueda, por sí sola, poner en cuestión el desarrollo de dicha investigación. Por otra parte, de la nota del abogado del demandante en Túnez, adjunta a las alegaciones de este último de 29 de mayo de 2015, se desprende que las tres resoluciones judiciales de 30 de marzo de 2015 ordenaron la suspensión de la ejecución de tres resoluciones administrativas de decomiso de determinados bienes del demandante cuya relación con la investigación judicial en la que se fundamentaba la inmovilización de los activos del demandante en la Unión no queda puesta claramente de manifiesto.
En segundo lugar, de los documentos que obran en autos se desprende que los documentos expedidos por las autoridades tunecinas fechados el 11 de mayo de 2015 en los que se basó el Consejo en su escrito de 16 de noviembre de 2015 no hacen sino confirmar que la investigación judicial de que es objeto el demandante en Túnez está en curso y que el Consejo los aportó con el único objeto de responder a las alegaciones del demandante dirigidas a cuestionar el fundamento de dicha investigación. Por consiguiente, esos documentos, que constituyen, sin lugar a dudas, elementos nuevos no pueden, sin embargo, calificarse de sustanciales. En efecto, no revelan ninguna modificación sustancial de la situación del demandante respecto de su situación en la fecha en que se adoptó la Decisión 2015/157.
Este análisis no queda desvirtuado por el hecho de que el Consejo los aportara una vez realizadas las comprobaciones que, en su escrito de 4 de febrero de 2015, había indicado que tenía la intención de efectuar tras la presentación de las alegaciones del demandante.
En efecto, los artículos 2, apartado 3, y 5, apartado 6, de la Decisión 2011/72 confieren al Consejo un considerable margen de apreciación para decidir sobre la oportunidad de proceder a realizar comprobaciones acerca de la información facilitada por las autoridades tunecinas o por el demandante, en particular para solicitar información acerca del estado del procedimiento judicial de que es objeto el demandante. Por consiguiente, no toda información nueva recabada tras la realización de comprobaciones por el Consejo de oficio o a instancia del demandante constituye necesariamente un hecho sustancial que pueda justificar una reconsideración de la inclusión del nombre del demandante en el anexo de dicha Decisión y que dé lugar, en caso de que se deniegue la revocación de tal inclusión, a una decisión lesiva.
En el presente caso, de los escritos obrantes en autos se desprende que el Consejo, en su escrito de 4 de febrero de 2015, señaló, en esencia, que, aunque consideraba justificado el mantenimiento de la inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72, tomaba nota de las alegaciones de éste acerca del estado de la investigación judicial en curso de que era objeto en Túnez y que procedería a reconsiderar las medidas restrictivas adoptadas en su contra antes del 31 de julio de 2015. Resulta que, tras ese escrito, el Consejo tuvo también en cuenta las alegaciones presentadas por el demandante los días 18 de febrero, 29 de mayo y 7 de septiembre de 2015 y le respondió en su escrito de 16 de noviembre de 2015 informándole del resultado de las comprobaciones que, entre tanto, había realizado ante las autoridades tunecinas y, en particular, remitiéndole los documentos mencionados en el anterior apartado 163. El Consejo, al actuar de este modo, dado que estimaba útil realizar esas comprobaciones, se limitó a hacer uso del margen de apreciación que le confieren las disposiciones mencionadas en los anteriores apartados 157 y 165 y no procedió a un nuevo examen de la situación del demandante que pudiera haber venido exigido por la existencia de hechos que pudieran modificar sustancialmente esa situación.
De este modo, el Consejo, al indicar en su escrito de 16 de noviembre de 2015 que debían mantenerse las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante, no adoptó una nueva decisión distinta de la Decisión 2015/157, sino que se limitó a confirmarla. Ese escrito, en la medida en que rechaza la solicitud del demandante de que se suprima su nombre del anexo de la Decisión 2011/72, constituye, por tanto, un acto meramente confirmatorio que no resulta lesivo para el demandante. En consecuencia, deben declararse inadmisibles las pretensiones de anulación de dicho acto formuladas en el primer escrito de adaptación.
No desvirtúan esta conclusión las alegaciones del demandante dirigidas a demostrar el carácter admisible de ese escrito de adaptación.
En primer lugar, carece de fundamento el razonamiento del demandante según el cual la decisión del Consejo de 16 de noviembre de 2015 modificó la Decisión 2015/157 en la medida en que transformó en «decisión incondicional» la que hasta ese momento era una «decisión condicional». En efecto, por un lado, como en esencia señala el Consejo en sus observaciones sobre dicho escrito de adaptación, tal alegación se basa en la premisa errónea de que el escrito del Consejo de 4 de febrero de 2015, en el que esta institución había indicado que reconsideraría la situación del demandante antes del 31 de julio de 2015, confería a la Decisión 2015/157 un carácter condicional. Por otro lado, la facultad del Consejo para reconsiderar las medidas restrictivas adoptadas con arreglo a la Decisión 2011/72, en virtud de las disposiciones de esta última mencionadas en el anterior apartado 157 a efectos de, en su caso, revocarlas o modificarlas, en modo alguno tiene por efecto conferir a estas medidas un carácter «condicional». Por consiguiente, el que el Consejo indicara en su escrito de 16 de noviembre de 2015 que las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante debían mantenerse en absoluto tuvo por efecto transformar la Decisión 2015/157 en un acto incondicional. Por lo demás, es preciso señalar que, si así lo justificaba la posible existencia de hechos nuevos y sustanciales puestos en su conocimiento, el Consejo podía revocar o modificar las mencionadas medidas en un momento posterior al del escrito de 16 de noviembre de 2015.
En segundo lugar, contrariamente a lo que sostiene el demandante, la admisibilidad de dicho escrito de adaptación no puede estar justificada por la necesidad de concederle, de conformidad con el principio de igualdad de armas, la posibilidad de comentar los elementos aportados por el Consejo en el marco de la dúplica.
En efecto, por un lado, el principio de igualdad de armas no puede tener por efecto, en el presente caso, la reapertura de los plazos de recurso contra la Decisión 2015/157. Por lo demás, el carácter impugnable de un acto debe determinarse exclusivamente habida cuenta de una apreciación objetiva de su sustancia, y no del respeto del principio de igualdad de armas (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 20 de septiembre de 2012, Francia/Comisión,
T‑154/10
,
EU:T:2012:452
, apartados
a
).
Por otro lado, y en cualquier caso, el demandante tuvo la posibilidad, en la vista celebrada el 14 de diciembre de 2016, de presentar sus observaciones respecto de los elementos aportados por el Consejo en su escrito de dúplica. Además, tal como del anterior apartado 61 se desprende, el Tribunal General consideró que esos elementos, que eran posteriores a la Decisión 2015/157, no podían tenerse en cuenta en el marco de la apreciación de la legalidad de esa Decisión. Por consiguiente, la declaración de inadmisibilidad de las pretensiones del primer escrito de adaptación no puede considerarse una vulneración del principio de igualdad de armas.
De cuanto antecede resulta que debe declararse la inadmisibilidad de estas pretensiones.
Por lo que se refiere a las pretensiones de anulación de la Decisión 2016/119 formuladas en el segundo escrito de adaptación
El demandante, en el marco de su segundo escrito de adaptación, referido a la Decisión 2016/119, invoca fundamentalmente cinco motivos. El primero de ellos se basa en la vulneración de la presunción de inocencia y del principio de buena administración; el segundo, en que las medidas controvertidas carecen de fundamentos fácticos suficientemente sólidos; el tercero, en la pérdida de objeto de la mencionada Decisión; el cuarto, en la violación del principio del plazo razonable de enjuiciamiento, y, el quinto, en la injerencia manifiestamente desproporcionada del Consejo en el derecho de propiedad del demandante.
Con carácter preliminar, es preciso recordar que, como ya se ha indicado en el anterior apartado 16, la Decisión 2016/119 prorrogó la aplicación de la Decisión 2011/72 hasta el 31 de enero de 2017 y modificó los motivos de inclusión del nombre del demandante en la lista anexa a esa Decisión basándose en la certificación expedida por las autoridades tunecinas fechada el 20 de octubre de 2015, mencionada en el anterior apartado 16. Esa modificación consistió en la sustitución de la referencia a la infracción penal de complicidad en abuso de influencia en relación con un funcionario público para obtener directa o indirectamente ventajas a beneficio de un tercero por la referencia a la infracción penal de abuso de influencia en relación con un funcionario público para obtener directa o indirectamente ventajas a beneficio de un tercero.
Por otra parte, de conformidad con la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 156, es preciso señalar que son admisibles las pretensiones de anulación, formuladas en el segundo escrito de adaptación, de la Decisión 2016/119, que prorroga la Decisión 2011/72 por un nuevo período que excede de la duración establecida por la Decisión 2015/157.
Sobre el primer motivo, basado en la vulneración de la presunción de inocencia y del principio de buena administración
En el marco del primer motivo, el demandante reproduce, en esencia, la argumentación que desarrolla en las partes segunda y tercera del segundo motivo de la demanda, acerca de una supuesta vulneración de la presunción de inocencia. En apoyo de esa argumentación, el demandante se refiere, por un lado, a un comunicado de prensa de 25 de enero de 2016 de la organización no gubernamental Transparencia Internacional en el que se informa de la imposición de una inmovilización de activos a 48 personas en Túnez «sobre la base de pruebas que demuestran que habían malversado fondos públicos y abusado de sus cargos». Por otro lado, se refiere asimismo a la nota de las autoridades tunecinas de 15 de enero de 2016 en la que se responde a las solicitudes cursadas por el Consejo relativas a la situación del demandante y que, según este último, demuestra que «no se estimarán sus pretensiones en cuanto al fondo» en el marco de la investigación judicial de que es objeto en Túnez.
Por su parte, el Consejo cuestiona, en esencia, la pertinencia de esas nuevas pruebas.
Es preciso hacer constar que el razonamiento desarrollado en los anteriores apartados 107 a 112 y 118 en el marco del examen de las partes segunda y tercera del segundo motivo de la demanda es aplicable aquí. En efecto, por un lado, el comunicado de prensa del Consejo de 31 de enero de 2011, mencionado en el anterior apartado 103, constituye un acto distinto de la Decisión 2011/72 y de la Decisión 2016/119 que no se realizó en el marco del procedimiento de adopción de dichas Decisiones. El demandante, que no cuestiona que esas dos Decisiones no vulneran, por sí mismas, la presunción de inocencia, no puede por tanto alegar válidamente tal vulneración que, a su entender, vicia el mencionado comunicado de prensa, para cuestionar la legalidad de dichas Decisiones. Por otro lado, en cualquier caso, este reproche se basa en una lectura literal del propio comunicado de prensa que obvia que éste debe interpretarse en relación con el contenido de la Decisión 2011/72, cuyo objeto era, principalmente, comunicar al público la adopción de esa Decisión. Pues bien, dado que el contenido del anexo de esta última Decisión no se refiere al demandante como persona declarada responsable de malversación de fondos públicos tunecinos, sino como persona que es objeto de investigaciones judiciales por tales hechos, no puede considerarse que el contenido de dicho comunicado de prensa, que hace referencia a esta circunstancia, vulnere el derecho del demandante al respeto de la presunción de inocencia.
Por consiguiente, incluso suponiendo que las declaraciones que figuran en el comunicado de prensa de Transparencia Internacional, mencionado en el anterior apartado 177, hubieran vulnerado el derecho del demandante al respeto de la presunción de inocencia, tal vulneración no puede imputarse al comunicado de prensa del Consejo de 31 de enero de 2011 anteriormente mencionado ni, en cualquier caso, afectar a la legalidad de la Decisión 2016/119.
Por lo que respecta a la nota de las autoridades tunecinas de 15 de enero de 2016, es preciso señalar que las alegaciones del demandante a este respecto son, en cualquier caso, puramente especulativas. En efecto, esa nota se limita a exponer los motivos de orden procedimental por los que el juez instructor de la causa no separó el asunto del demandante de los asuntos referidos a las demás personas implicadas. Por tanto, nada en esta nota indica qué conclusiones extraerán las autoridades tunecinas de la investigación judicial de que es objeto el demandante, ni nada sugiere que exista una relación plausible entre las consideraciones que recoge y el comunicado de prensa en cuestión del Consejo.
Por tanto, procede desestimar el primer motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en la falta de una base fáctica suficientemente sólida para las medidas controvertidas
El segundo motivo se compone, en esencia, de cuatro partes, basadas, la primera, en el carácter excesivamente vago de las argumentos en los que se basa el mantenimiento de la inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72; la segunda, en la falta de un examen separado de su causa por las autoridades judiciales tunecinas, lo que, a su parecer, crea la ilusión de que existe una base fáctica sólida; la tercera, en la falta de actividad significativa en el marco del procedimiento judicial en Túnez en cuanto a él se refiere, y, la cuarta, en el insuficiente grado de precisión de las alegaciones anteriormente mencionadas en lo que respecta a los hechos que se le imputan y a su responsabilidad individual.
Por su parte, el Consejo cuestiona, apoyándose en la sentencia de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo (
T‑200/14
, no publicada,
EU:T:2016:216
), la pertinencia de los elementos aportados por el demandante.
– Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en el carácter excesivamente vago de los argumentos en los que se basa el mantenimiento de la inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72
Con carácter preliminar, es preciso señalar que la primera parte del segundo motivo se basa en una alegación nueva que no se presentó en el marco de la demanda, en particular de su primer motivo. Por otra parte, esta alegación no puede considerarse la ampliación de uno de las alegaciones ya formuladas en el marco de dicho motivo (véase la sentencia de 15 de marzo de 2006, Italia/Comisión,
T‑226/04
,
EU:T:2006:85
, apartados
y
y jurisprudencia citada). No obstante, el demandante tiene derecho a formular por primera vez esta alegación, en el marco de la adaptación del mencionado primer motivo, a la luz de los nuevos motivos de inclusión de su nombre introducidos por la Decisión 2016/119 y de la certificación de 20 de octubre de 2015 expedida por las autoridades tunecinas, que constituyen elementos nuevos (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 13 de septiembre de 2013, Anbouba/Consejo,
T‑563/11
, no publicada,
EU:T:2013:429
, apartado
).
Sin embargo, por cuanto se expondrá más adelante en los apartados 187 a 195, esta alegación carece de fundamento.
En primer lugar, el demandante alega, por un lado, que existen discrepancias entre la certificación de 20 de octubre de 2015 expedida por las autoridades tunecinas y los motivos de inclusión de su nombre en el anexo de la Decisión 2011/72, modificada por la Decisión 2016/119, por lo que se refiere a la naturaleza de las infracciones penales mencionadas y, por otro lado, al carácter insuficiente de las precisiones acerca de tales infracciones penales y de los elementos concretos que permiten probarlas.
A este respecto, es preciso señalar que, si bien los motivos de inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72, modificada por la Decisión 2016/119, que el Consejo tomó en consideración, recogen las infracciones penales a las que se refiere la investigación judicial en curso de que es objeto el demandante en Túnez de manera más concisa de como lo hace la certificación de las autoridades tunecinas en cuestión, esos motivos y esa certificación no presentan ninguna discrepancia significativa. Por lo demás, no puede obligarse al Consejo a que reproduzca en los motivos de inclusión del nombre del demandante las pruebas en las que éstos se basan, dado que, por lo demás, se las comunicó al demandante (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartados
y
).
En segundo lugar, es preciso señalar que, si bien la certificación de que se trata no menciona las circunstancias concretas a las que se refieren las infracciones penales en cuestión, sí menciona, de manera suficientemente específica, las citadas infracciones y el grado de participación presunta del demandante en las mismas, ya sea en calidad de autor o de cómplice, lo que permite al Consejo determinar si la situación del demandante satisface los criterios generales establecidos en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/72 (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartado
).
Además, como en particular demuestra la referencia del demandante al concepto de
actus reus
(acto material), su argumentación se sustenta en la premisa errónea de que las pruebas en las que se basa el Consejo deberían revestir la precisión exigida para determinar su responsabilidad en las infracciones penales anteriormente mencionadas. Sin embargo, el demandante no cuestiona, por otra parte, que el Consejo está facultado para basarse en investigaciones judiciales en curso relativas a esas infracciones, es decir, en una fase del procedimiento penal en la que, por definición, los elementos que permiten probar la existencia de tal responsabilidad o, por el contrario, excluirla, están siendo determinados (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de junio de 2016, Al Matri/Consejo,
T‑545/13
, no publicada,
EU:T:2016:376
, apartados
a
).
Por las mismas razones, es irrelevante que no se indique la identidad de las demás personas que presuntamente participaron en la comisión de las mencionadas infracciones penales y a las que se refieren los motivos de inclusión del nombre del demandante y la certificación de 20 de octubre de 2015 expedida por las autoridades tunecinas. En efecto, como se ha indicado en el anterior apartado 189, basta con que dicha certificación mencione, de manera suficientemente específica, tales infracciones y el grado de participación presunta del demandante en éstas. Lo mismo puede decirse del hecho de que esa certificación no indique el tiempo y el lugar en que se cometieron las infracciones que menciona.
Es asimismo irrelevante la calificación supuestamente errónea del antiguo Presidente de la República de Túnez como funcionario público. En efecto, basta observar que ni la certificación mencionada en el anterior apartado 16 ni los motivos de inclusión del nombre del demandante recogidos en el anexo de la Decisión 2011/72, en su versión modificada por la Decisión 2016/119, se refieren a esta persona. Por lo demás, es preciso señalar que, dado que las funciones que esta persona, de esta forma, ha ejercido pueden conllevar la gestión de fondos públicos, éstas pueden, en cualquier caso, asimilarse a las funciones ejercidas por un funcionario público, a los efectos de la declaración de la comisión de una infracción calificable de malversación de fondos públicos en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/72 (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 14 de abril de 2016, Ben Ali/Consejo,
T‑200/14
, no publicada,
EU:T:2016:216
, apartados
y
).
En tercer lugar, el demandante considera que, a pesar de las novedades presentadas por el Consejo antes de la adopción de la decisión 2016/119, en particular el documento de 18 de enero de 2016 con la referencia MD 7/16 EXT 1 RELEX, adjunto al escrito del Consejo de 29 de enero de 2016, esta institución ni dispone ahora ni dispuso en el pasado de pruebas que puedan respaldar las acusaciones en su contra. En cuanto al documento anteriormente mencionado, el demandante señala, en particular, que la referencia a comisiones rogatorias internacionales que figura en ese documento carece completamente de las precisiones necesarias que permitan determinar el objeto de éstas, las demás personas a las que afectan y sus destinatarios.
A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que el demandante no puede alegar válidamente respecto de la Decisión 2016/119 que, hasta el momento en que se aportó el documento MD 7/16 EXT 1 RELEX de 18 de enero de 2016, el Consejo no dispusiera de ninguna prueba de su participación en las infracciones a las que se refieren las investigaciones judiciales de que es objeto en Túnez. En efecto, como se ha recordado en el anterior apartado 61, la legalidad de un acto de la Unión debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó. Por consiguiente, la legalidad de la Decisión 2016/119 debe apreciarse a la luz de las pruebas en poder del Consejo en el momento en que se adoptó, esto es, el 28 de enero de 2016.
Por otra parte, el demandante no presenta ningún elemento que pueda poner en cuestión la exactitud material de los datos presentados en el documento MD 7/16 EXT 1 RELEX y, en particular, en su apartado 3, que menciona cinco comisiones rogatorias referidas al demandante (de fechas 19 de enero de 2011, 21 de enero de 2011, 10 de enero de 2012, 22 de octubre de 2013 y 5 de mayo de 2015). En cualquier caso, dado que la certificación de 20 de octubre de 2015 expedida por las autoridades tunecinas acredita la existencia de investigaciones judiciales de que es objeto el demandante por hechos calificables de malversaciones de fondos públicos, ésta constituye, a este respecto, una prueba suficiente en la que el Consejo podía basarse para mantener la inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72. Por consiguiente, incluso suponiendo que la referida mención a las comisiones rogatorias internacionales careciera de precisión, esta circunstancia no es decisiva.
Por tanto, debe desestimarse la primera parte del segundo motivo.
– Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en la falta de un examen separado de la causa del demandante por las autoridades judiciales tunecinas
En apoyo de la presente parte, el demandante alega que la instrucción de su causa debería ser tratada por las autoridades judiciales tunecinas de forma separada de las de las demás personas y cuestiona la resolución del juez de instrucción, que, tal como exponen las autoridades tunecinas en su nota de 15 de enero de 2016, consideró necesario no proceder a tal separación, a pesar de lo dictaminado en la sentencia de la Cour d’appel de la ciudad de Túnez de 25 de febrero de 2015.
Sin embargo, estas circunstancias no pueden afectar a la legalidad de la Decisión 2016/119, ya que plantean cuestiones de Derecho procesal tunecino sobre las que corresponde exclusivamente pronunciarse a los tribunales de ese país, en su caso en el marco de un nuevo recurso de los demandantes contra la resolución del juez de instrucción anteriormente mencionada. Por lo demás, las explicaciones ofrecidas por las autoridades tunecinas en la nota anteriormente mencionada, en respuesta a las solicitudes de aclaración cursadas por el Consejo, confirman que el trato dado por dichas autoridades a la cuestión de la separación de la causa del demandante se basaba en consideraciones estrictamente jurídicas y que no existía ningún elemento acerca de dicho trato que pudiera plantear legítimos interrogantes sobre una posible desviación de poder por parte de esas autoridades que pusiera en cuestión el mantenimiento de las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante.
Por otra parte, la circunstancia de que el propio demandante pudiera no tener vínculos familiares con la esposa del antiguo Presidente de la República de Túnez carece de pertinencia en el presente caso. En efecto, el nombre del demandante está incluido en la lista anexa a la Decisión 2011/72, en su versión modificada por la Decisión 2016/119, no por la existencia de tales vínculos familiares, sino en atención a la investigación judicial que las autoridades tunecinas llevan a cabo acerca de su implicación personal en hechos calificables de malversación de fondos públicos.
Además, si bien el demandante se esfuerza en demostrar que, a diferencia de las demás personas a las que se refieren determinadas investigaciones judiciales conexas, los tribunales tunecinos han ido progresivamente retirando medidas coercitivas adoptadas respecto de su persona en el marco de la investigación judicial, los elementos que facilita en apoyo de esta demostración no son significativos. En efecto, como se ha señalado, esencialmente, en los anteriores apartados 49 a 56, las distintas resoluciones judiciales de levantamiento de las prohibiciones de salir de Túnez y de anulación de las decisiones de decomiso de los bienes del demandante no pueden prejuzgar la postura final que adoptarán los tribunales tunecinos respecto del resultado de los procedimientos penales en los que se basa el Consejo. Por lo demás, en ningún momento el demandante explicita el vínculo que, a su entender, existe entre estas distintas resoluciones judiciales y los procedimientos penales en cuestión. En estas circunstancias, el Consejo no incurrió en error en la apreciación de los elementos facilitados por las autoridades tunecinas y no se asoció a una «actividad ilegal» de éstas al considerar que los referidos elementos permitían prorrogar las medidas restrictivas adoptadas contra el demandante.
Por tanto, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo.
– Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en la falta de actividad significativa en el marco del procedimiento judicial en Túnez en cuanto se refiere al demandante
El demandante sostiene que el documento de 10 de diciembre de 2015 con la referencia MD 745/15 ADD 1 EXT 1, que contiene una ficha elaborada por las autoridades tunecinas que reproduce los principales elementos del asunto n.
o
19592/1, en el que el demandante está implicado, revela una falta de actividad de las autoridades judiciales por lo que se refiere a la instrucción de dicho asunto.
Esta alegación no puede aceptarse.
En efecto, por una parte, la ficha en cuestión señala que, en el marco del asunto n.
o
19592/1, el demandante fue interrogado por el juez de instrucción el 14 de mayo de 2014, lo que el demandante no cuestiona. Por otra parte, como se desprende de la nota del abogado del demandante en Túnez de 4 de febrero de 2016, adjunta al segundo escrito de adaptación, el demandante fue anteriormente interrogado en dos ocasiones (los días 15 y 21 de febrero de 2012) en relación con el mismo asunto.
Por otra parte, de la ficha en cuestión se desprende claramente que el asunto n.
o
19592/1 se refiere no sólo al demandante, sino también al conjunto de las personas implicadas por una denuncia relativa a la utilización del vínculo de parentesco o afinidad con el antiguo Presidente de la República de Túnez para celebrar contratos ficticios y contratos públicos ilegales. De esta ficha resulta asimismo que, entre el 14 de mayo de 2014 y el 4 de marzo de 2015, el juez o los jueces competentes realizaron un elevado número de actos de instrucción en el marco de este asunto. Además, ningún dato de esta ficha indica que no se haya llevado a cabo ningún acto de instrucción fuera de este período.
Por consiguiente, habida cuenta de cuanto antecede, el hecho de que, en el marco de dicho asunto, el último acto de instrucción referido al demandante y que se menciona en la ficha en cuestión se realizara el 14 de mayo de 2014 no puede, por sí solo, indicar la existencia de un trato dilatorio de tal asunto y una falta de diligencia de las autoridades tunecinas. En cualquier caso, incluso suponiendo que así fuera, por cuanto se ha expuesto en los anteriores apartados 67 a 75, el Consejo no puede estar obligado, únicamente por este motivo, a poner fin a la inmovilización de activos de que es objeto el demandante. Por tanto, debe desestimarse la tercera parte del segundo motivo.
– Sobre la cuarta parte del segundo motivo, basada en la falta de precisión que exige la jurisprudencia en lo que se refiere a los hechos imputados al demandante y a su responsabilidad individual
En apoyo de la presente parte, el demandante se basa en el apartado 44 de la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
) y en los apartados
y
de la sentencia de 28 de enero de 2016, Stavytskyi/Consejo (
T‑486/14
, no publicada,
EU:T:2016:45
) para sostener que el Consejo tiene la obligación no sólo de indicar las infracciones concretas presuntamente cometidas por la persona cuyo nombre está incluido en la lista en cuestión, sino además de proporcionar detalles sobre la responsabilidad individual de esa persona en los actos de que se trate. Considera que en el presente caso no se cumplen esos criterios. Sostiene además que, habida cuenta de esas sentencias, el Consejo no podía limitarse a considerar que podía inmovilizar los activos en la Unión de un nacional de un tercer país exclusivamente porque éste sea objeto de procesos judiciales en ese tercer país. Por último, según el demandante, dada la falta de progresos en el procedimiento penal de que es objeto, no puede considerarse que esté siendo enjuiciado penalmente.
A este respecto, es preciso recordar que las sentencias de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
), y de 28 de enero de 2016, Stavytskyi/Consejo (
T‑486/14
, no publicada,
EU:T:2016:45
), se dictaron a raíz de sendos recursos contra la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (
DO 2014, L 66, p. 26
).
En el apartado 44 de la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
), y en el apartado 44 de la sentencia de 28 de enero de 2016, Stavytskyi/Consejo (
T‑486/14
, no publicada,
EU:T:2016:45
), el Tribunal General hizo constar que la única prueba en que se basaban las medidas restrictivas controvertidas, a pesar de que procedía de una alta instancia judicial de un tercer país, a saber, la Fiscalía General de Ucrania, no contenía más que una afirmación general y genérica que relacionaba el nombre de los demandantes, entre los de otros antiguos altos funcionarios, con una investigación que, en esencia, tenía por objeto comprobar la existencia misma de hechos de apropiación indebida de fondos públicos. Por otra parte, también en esos mismos apartados, el Tribunal General declaró que si bien el escrito indicaba la infracción que presuntamente habían cometido los demandantes con arreglo al Código Penal ucraniano, a saber, una apropiación de fondos públicos tipificada en el artículo 191 de dicho Código, no proporcionaba ninguna precisión acerca de la determinación de los hechos que se estaban comprobando en la investigación impulsada por las autoridades ucranianas ni aún menos acerca de la responsabilidad individual del demandante, siquiera presunta, por tales hechos.
Además, en el apartado 48 de la sentencia de 28 de enero de 2016, Stavytskyi/Consejo (
T‑486/14
, no publicada,
EU:T:2016:45
), el Tribunal General consideró que, con independencia de la fase en que se encontrara el procedimiento de que supuestamente era objeto el demandante, el Consejo no podía adoptar medidas restrictivas contra él sin conocer los hechos constitutivos de malversación de fondos públicos que específicamente le imputaban las autoridades ucranianas, puesto que sólo teniendo conocimiento de tales hechos el Consejo estaría en disposición de apreciar, por un lado, que éstos podían calificarse de malversación de fondos públicos, y, por otro, que podían menoscabar el Estado de Derecho de Ucrania, cuyo refuerzo y respaldo constituían el objetivo perseguido por la adopción de las medidas restrictivas en cuestión (sentencia de 28 de enero de 2016, Stavytskyi/Consejo,
T‑486/14
, no publicada,
EU:T:2016:45
, apartado
).
Con independencia de la cuestión de si las medidas restrictivas adoptadas en el marco de la Decisión 2014/119 son plenamente comparables a las adoptadas en el marco de la Decisión 2011/72, basta hacer constar que, como se desprende del apartado 44 de la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
) y de los apartados
y
de la sentencia de 28 de enero de 2016, Stavytskyi/Consejo (
T‑486/14
, no publicada,
EU:T:2016:45
), el contexto fáctico de los asuntos que dieron lugar a esas sentencias difiere significativamente del contexto fáctico del presente asunto.
En efecto, por un lado, el contexto del presente asunto se caracteriza por la existencia de una investigación judicial en fase de instrucción de que es objeto el demandante, acreditada por certificaciones expedidas por el tribunal que impulsa tales actos de instrucción que precisan pormenorizadamente las referencias del asunto en cuestión y la naturaleza exacta de las infracciones penales a las que se refiere tal instrucción, así como el presunto grado de participación del demandante en su comisión. Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene el demandante, las medidas restrictivas adoptadas en su contra se basan en datos fácticos concretos referidos a las infracciones que presuntamente ha cometido y a su presunta responsabilidad individual en la comisión de éstas. Por lo demás, de los escritos obrantes en autos se desprende que el Consejo, además de esas certificaciones, disponía asimismo, en el momento de la adopción de la Decisión 2016/119, de documentos expedidos por las autoridades tunecinas en los que constan precisiones adicionales en cuanto a la naturaleza de los hechos a los que se refiere la investigación de que es objeto el demandante y al estado de ésta (véanse los documentos mencionados en los anteriores apartados 193 y 202).
Por otro lado, como el Tribunal General hizo constar en el apartado 44 de la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
), y en el apartado
de la sentencia de 28 de enero de 2016, Stavytskyi/Consejo (
T‑486/14
, no publicada,
EU:T:2016:45
), las medidas restrictivas controvertidas en tales sentencias se basaban únicamente en un escrito de la Fiscalía General de Ucrania que no contenía más que una afirmación general y genérica que relacionaba el nombre de los demandantes, entre los de otros antiguos altos funcionarios, con una investigación que, en esencia, tenía por objeto comprobar la existencia misma de hechos de malversación de fondos públicos, sin ninguna otra precisión adicional.
Por tanto, el demandante no puede sostener que el Consejo, en el marco de la adopción de la Decisión 2016/119, no respetara las exigencias establecidas en las sentencias de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (
T‑290/14
,
EU:T:2015:806
), y de 28 de enero de 2016, Stavytskyi/Consejo (
T‑486/14
, no publicada,
EU:T:2016:45
).
Por lo que respecta a la alegación del demandante de que no podía considerarse que estuviera siendo enjuiciado por las autoridades tunecinas, tal alegación carece de fundamento por cuanto se ha expuesto en los anteriores apartados 82 a 84.
De cuanto antecede resulta que debe desestimarse la cuarta parte del segundo motivo y, en consecuencia, el presente motivo en su conjunto.
Sobre el tercer motivo, basado en que la Decisión 2016/119 carece de objeto
En el marco de este motivo, el demandante se limita a adaptar al contexto de la Decisión 2016/119 la alegación que expuso en el marco del tercer motivo de la demanda, que se basa fundamentalmente en la tesis de que la evolución del proceso democrático de Túnez priva de base jurídica a esta Decisión. Sin embargo, por cuanto se ha expuesto en los anteriores apartados 127 a 133, tal alegación debe desestimarse.
Sobre el cuarto motivo, basado en la vulneración del principio del plazo razonable de enjuiciamiento
En el marco de este cuarto motivo, el demandante adapta la alegación relativa al plazo razonable de enjuiciamiento que, en el marco del presente recurso, expuso en apoyo de la segunda parte del primer motivo y de la primera parte del segundo motivo. A su parecer, la alegación desarrollada por el Consejo en su escrito de dúplica, según la cual la duración de la investigación judicial de las autoridades tunecinas se justifica por la naturaleza de las infracciones investigadas y por la existencia de procedimientos de asistencia judicial, no se basa en ningún elemento fáctico en cuanto a él se refiere. Por otra parte, considera que el mantenimiento de las medidas restrictivas se basa en un «círculo vicioso». En efecto, las autoridades tunecinas tienen interés en no acelerar el procedimiento penal de que es objeto para así conferir un «efecto punitivo máximo» a la inmovilización de sus activos en la Unión, mientras que el Consejo podría justificar la duración de tal inmovilización amparándose en la duración del procedimiento penal en Túnez.
En sus observaciones sobre el segundo escrito de adaptación, el Consejo contesta que actúa con independencia frente a las autoridades tunecinas y que no está obligado a basar su apreciación de la situación del demandante en una resolución de las autoridades judiciales tunecinas, sino que meramente está facultado para proceder de tal forma. Concluye que, en el presente caso, no existe un «círculo vicioso» y que no es pertinente a este respecto la sentencia de 9 de septiembre de 2010, Al-Aqsa/Consejo (
T‑348/07
,
EU:T:2010:373
) invocada por el demandante.
A este respecto, es preciso recordar que, para desestimar la segunda parte del primer motivo de la demanda, se ha expuesto, por un lado, en los anteriores apartados 61 a 75, que, incluso en el supuesto de que los elementos facilitados por el demandante con anterioridad a la adopción de la Decisión 2015/157 hubieran justificado que el Consejo realizara comprobaciones acerca del estado de las investigaciones judiciales de que era objeto, el Consejo no podía verse obligado a poner fin a la inmovilización de sus activos en la Unión por esos elementos. Por otro lado, en los anteriores apartados 77 y 78 se ha expuesto que dichos elementos no podían plantear legítimos interrogantes acerca de una posible violación de su derecho a ser enjuiciado en un plazo razonable por las autoridades tunecinas. El Tribunal General, concretamente en el anterior apartado 96, se ha basado en el mismo razonamiento para desestimar la primera parte del segundo motivo de la demanda.
Por otra parte, es preciso señalar que el Consejo, como alegó en su escrito de dúplica, considera que dispone de datos que demuestran que el procedimiento judicial en Túnez no adolece de dilaciones indebidas y que se incardina en el marco de un asunto particularmente complejo en el que hay numerosos sospechosos. A este respecto, el Consejo se basa en los documentos con las referencias MD 2015/552 EXT 2 y MD 2015/553 EXT 2, que recogen, el primero, un informe de las autoridades tunecinas sobre el estado en que se encuentran las investigaciones judiciales a fecha de 11 de mayo de 2015, y, el segundo, una ficha relativa al asunto n.
o
19592/1, también de 11 de mayo de 2015, expedida por la oficina principal de instrucción del Tribunal de grande instance (Tribunal de Primera Instancia e Instrucción) de la ciudad de Túnez.
Pues bien, es preciso señalar que los documentos mencionados en el anterior apartado 221 pretenden resaltar la existencia de una actividad procesal efectiva en el marco de la instrucción del asunto en que está implicado el demandante, así como la complejidad de este asunto por el número de personas que son objeto de éste y por las medidas de instrucción exigidas, en particular por las comisiones rogatorias internacionales.
Si bien es cierto que esos documentos se refieren a la situación personal del demandante de forma escueta, éste no puede, sin embargo, sostener que la alegación del Consejo a este respecto no se basa en ningún hecho referido al propio demandante. En efecto, dado que la investigación de las infracciones que presuntamente ha cometido se incardina en el marco de una instrucción más amplia en la que se investiga a otras muchas personas y que tiene un alcance internacional, la complejidad de esta instrucción puede tener una repercusión en la duración del procedimiento en cuanto se refiere al demandante en particular. El documento de 10 de diciembre de 2015 con la referencia MD 745/15 ADD 1 EXT 1, mencionado en el apartado 202 de la presente sentencia, confirma este análisis. En tales circunstancias, de los escritos obrantes en autos no se desprende que el Consejo incurriera en un error de apreciación en cuanto al respeto del plazo razonable de enjuiciamiento por las autoridades tunecinas.
En cualquier caso, del conjunto de esos documentos se desprende que el Consejo, habida cuenta de las alegaciones del demandante, procedió, antes de adoptar la Decisión 2016/119, a comprobar en profundidad el estado de la investigación judicial de que es objeto el demandante y que, en consecuencia, no puede reprochársele que no tuviera en cuenta la cuestión de la duración de los procedimientos penales en Túnez. Además, por cuanto se ha expuesto en los anteriores apartados 61 a 75, incluso suponiendo que esos procedimientos adolecieran de dilaciones indebidas por lo que se refiere a la tramitación de la causa del demandante, el Consejo no puede verse necesariamente obligado a poner fin a la inmovilización de los activos del demandante en la Unión por tales dilaciones.
Estas conclusiones no pueden verse desvirtuadas por la alegación del demandante basada en la existencia de un supuesto círculo vicioso como resultado de la relación entre los procedimientos judiciales en Túnez y la inmovilización de sus activos en la Unión.
En efecto, dicha alegación se basa en la premisa de que las autoridades tunecinas adoptan intencionadamente un comportamiento dilatorio en la tramitación de la investigación judicial de que es objeto el demandante para mantener la prolongación de la inmovilización de sus activos en la Unión con un propósito punitivo al que el Consejo, a sabiendas, contribuye. Sin embargo, por un lado, es preciso señalar que el demandante no proporciona a este respecto ningún dato que pudiera indicar que las autoridades tunecinas tienen tal intención o que el Consejo consiente tal abuso. Por otro lado, no puede considerarse que la inmovilización de los activos del demandante en la Unión reviste un carácter punitivo, dado que carece de connotación penal y que está sujeta a determinadas limitaciones. En efecto, es preciso recordar que, además de su carácter temporal y reversible, esta inmovilización de activos —que es objeto de varias excepciones en aplicación del artículo 1, apartados 3 y 4, de la Decisión 2011/72 y en virtud de su artículo 1, apartado 5— no priva al demandante de los rendimientos procedentes de la remuneración de sus cuentas o de los pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de que se produjera dicha inmovilización de activos. Por tanto, los efectos que dicha inmovilización de activos produce respecto del demandante no equivalen a los de una sanción penal. La alegación reviste, pues, un carácter puramente especulativo.
Por consiguiente, procede desestimar el cuarto motivo.
Sobre el quinto motivo, basado en la vulneración del derecho de propiedad
En el marco del quinto motivo, el demandante adapta el quinto motivo de su demanda y sostiene que, dado que no existe base fáctica que justifique la inmovilización de sus activos en la Unión y que su duración se ha prolongado más allá del plazo razonable, ésta constituye una injerencia manifiestamente desproporcionada en su derecho de propiedad.
El Consejo, por su parte, rebate esta alegación.
Con carácter preliminar, es preciso señalar que, como se ha declarado en el anterior apartado 151, en el marco del quinto motivo de la demanda, el demandante sólo aduce que la inmovilización de sus activos en la Unión no cumple los dos primeros requisitos para limitar el ejercicio del derecho de propiedad establecidos por la jurisprudencia, a saber, que tal limitación se apoye en una base legal, por una parte, y que responda a objetivos de interés general reconocidos por la Unión, por otra. En cambio, en el marco del presente motivo, el demandante también cuestiona que se haya cumplido el tercero de esos requisitos: el carácter necesario y proporcionado en relación con el objetivo perseguido por tal limitación. Sin embargo, la alegación de este último reproche, que no puede considerarse una ampliación de los expuestos en el marco del quinto motivo de la demanda y que, por tanto, es nuevo, no está justificada por las novedades aparecidas antes de la adopción de la Decisión 2016/119 (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 13 de septiembre de 2013, Anbouba/Consejo,
T‑563/11
, no publicada,
EU:T:2013:429
, apartados
y
). Así pues, este reproche, en cualquier caso, no está fundado.
A este respecto, es preciso recordar que la inmovilización de los activos pertenecientes a personas contra las que se dirige una decisión adoptada sobre la base de disposiciones de la PESC no debe constituir, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia del derecho de propiedad (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft,
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, apartados
y
y jurisprudencia citada). Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que las restricciones al ejercicio del derecho de propiedad de las personas contra las que se adopta una medida restrictiva como la inmovilización de fondos de que se trata en el presente caso derivan no sólo del alcance general de la medida en cuestión, sino también, en su caso, de la duración efectiva de su período de aplicación (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Comisión y otros/Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P y C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, apartado
y jurisprudencia citada). De esta forma, la duración del período durante el que se aplica una medida como la medida controvertida constituye uno de los factores que el juez de la Unión debe tener en cuenta al examinar su proporcionalidad (véase la sentencia de 30 de junio de 2016, CW/Consejo,
T‑516/13
, no publicada,
EU:T:2016:377
, apartado
).
En el presente caso, habida cuenta de que el demandante basa el presente motivo exclusivamente en la supuesta falta de base fáctica de la inmovilización de activos controvertida y su duración excesiva, basta hacer constar que, como resulta de las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 186 a 216 en el marco del examen de la primera parte del segundo motivo, por un lado, y de los apartados 220 a 226 en el marco del examen del cuarto motivo, por otro lado, la inmovilización de los activos del demandante se apoya en una base fáctica suficiente y no se ha aplicado durante un período excesivo. En consecuencia, la proporcionalidad de dicha medida no puede verse afectada por ello.
Por lo tanto, debe desestimarse el quinto motivo. Dado que ninguno de los motivos invocados en el segundo escrito de adaptación está fundado, procede desestimar las pretensiones de anulación de la Decisión 2016/119 formuladas por el demandante y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber sido desestimadas las pretensiones del demandante, procede condenarlo en costas, de conformidad con las pretensiones del Consejo.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar al Sr. Mohamed Marouen Ben Ali Ben Mohamed Mabrouk a cargar, además de con sus propias costas, con las costas del Consejo de la Unión Europea.

Gratsias
Labucka
Ulloa Rubio
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de octubre de 2017.
Firmas
Índice

Antecedentes del litigio y marco jurídico

Procedimiento y pretensiones de las partes

Fundamentos de Derecho

Por lo que se refiere a las pretensiones de la demanda, relativas a la anulación de la Decisión 2015/157

Sobre el primer motivo, basado en un error de Derecho, por cuanto el Consejo consideró erróneamente que la investigación judicial en curso de que es objeto el demandante en Túnez constituía una base fáctica suficiente

– Por lo que se refiere a la primera parte del primer motivo, basada en que el Consejo no tomó en consideración el favorable desarrollo de los distintos procedimientos judiciales de que es objeto el demandante en Túnez

– Por lo que se refiere a la segunda parte del primer motivo, basada en que el Consejo no tomó en consideración la violación del principio del plazo razonable de enjuiciamiento en el marco de la investigación judicial en curso de que es objeto el demandante

– Sobre la tercera parte del primer motivo, basada en un error de Derecho por parte del Consejo, al estimar equivocadamente que los elementos aportados por las autoridades tunecinas demostraban que el demandante ha sido acusado

Sobre el segundo motivo, basado en vulneraciones de los derechos fundamentales del demandante en el procedimiento seguido para la adopción de la Decisión 2015/157

– Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en la infracción del artículo 47 de la Carta por cuanto el propio Consejo incumplió el principio del plazo razonable de enjuiciamiento

– Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en la vulneración de la presunción de inocencia por el comunicado de prensa del Consejo de 31 de enero de 2011

– Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en la vulneración del derecho a una buena administración y, en particular, a un trato imparcial de sus asuntos, en virtud del artículo 41, apartado 1, de la Carta

Sobre el tercer motivo, basado en la falta de objeto de la Decisión 2015/157, habida cuenta de la evolución del proceso de democratización de Túnez

Sobre el cuarto motivo, basado, con carácter subsidiario, en un «error manifiesto de apreciación» relativo a la insuficiente toma en consideración por el Consejo del «elemento [de] Derecho penal» de la Decisión 2015/157

Sobre el quinto motivo, basado en una vulneración del derecho de propiedad y en la infracción del artículo 17 de la Carta

Por lo que se refiere a las pretensiones del primer escrito de adaptación dirigidas a la anulación de la «decisión» del Consejo de 16 de noviembre de 2015 mediante la que esta institución denegó la solicitud del demandante de 29 de mayo de 2015 de que se suprimiera su nombre de la lista anexa a la Decisión 2011/72

Por lo que se refiere a las pretensiones de anulación de la Decisión 2016/119 formuladas en el segundo escrito de adaptación

Sobre el primer motivo, basado en la vulneración de la presunción de inocencia y del principio de buena administración

Sobre el segundo motivo, basado en la falta de una base fáctica suficientemente sólida para las medidas controvertidas

– Sobre la primera parte del segundo motivo, basada en el carácter excesivamente vago de los argumentos en los que se basa el mantenimiento de la inclusión del nombre del demandante en el anexo de la Decisión 2011/72

– Sobre la segunda parte del segundo motivo, basada en la falta de un examen separado de la causa del demandante por las autoridades judiciales tunecinas

– Sobre la tercera parte del segundo motivo, basada en la falta de actividad significativa en el marco del procedimiento judicial en Túnez en cuanto se refiere al demandante

– Sobre la cuarta parte del segundo motivo, basada en la falta de precisión que exige la jurisprudencia en lo que se refiere a los hechos imputados al demandante y a su responsabilidad individual

Sobre el tercer motivo, basado en que la Decisión 2016/119 carece de objeto

Sobre el cuarto motivo, basado en la vulneración del principio del plazo razonable de enjuiciamiento

Sobre el quinto motivo, basado en la vulneración del derecho de propiedad

Costas
(
*1
)	Lenguas de procedimiento: francés e inglés.