CELEX: 62019CJ0543
Procedimiento prejudicial
Unión aduanera
Reglamento (CEE) n.o 2913/92
Artículo 78
Artículo 236, apartado 1
Procedimiento de importación
Revisión de la declaración en aduana
Política comercial
Antidumping
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/82
Derecho antidumping definitivo
Compromisos en materia de precios
Exención
Artículo 2, apartado 1
Requisito de presentación de una factura de compromiso
Falta de referencia a un elemento enumerado en el anexo del Reglamento de Ejecución 2015/82

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/82 de la Comisión, de 21 de enero de 2015, por el que se impone un derecho antidumping definitivo a las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China, tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.
o
1225/2009 del Consejo y de unas reconsideraciones provisionales parciales de tales importaciones, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, de dicho Reglamento (
DO 2015, L 15, p. 8
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG y la Hauptzollamt Hamburg (Oficina Aduanera Principal de Hamburgo, Alemania; en lo sucesivo «Oficina Aduanera») en relación con una solicitud de exención total del derecho antidumping impuesto por la no presentación de facturas de compromiso en el sentido del artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/82.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Código aduanero
El artículo 62 del Reglamento (CEE) n.
o
2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (
DO 1992, L 302, p. 1
), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.
o
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013 (
DO 2013, L 269, p. 1
) (en lo sucesivo, «código aduanero»), establece lo siguiente:
«1.   Las declaraciones efectuadas por escrito deberán cumplimentarse en un impreso conforme al modelo oficial previsto a tal fin. Las declaraciones deberán estar firmadas y contener todos los datos necesarios para la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen aduanero para el cual se declaran las mercancías.
2.   Deberán adjuntarse a la declaración todos los documentos cuya presentación sea necesaria para la aplicación de las disposiciones que regulan el régimen aduanero para el cual se declaran las mercancías.»
A tenor del artículo 68 de dicho código:
«Para la comprobación de las declaraciones admitidas por ellas mismas, las autoridades aduaneras podrán proceder:
a)
a un control documental, que se referirá a la declaración y a los documentos adjuntos. Las autoridades aduaneras podrán exigir al declarante la presentación de otros documentos que faciliten la comprobación de la exactitud de los datos incluidos en la declaración;
[…]».
Con arreglo al artículo 77 del citado código:
«1.   Cuando la declaración en aduana se realice utilizando un procedimiento informático con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 61, o por declaración verbal o mediante cualquier otro acto con arreglo a lo dispuesto en la letra c) del artículo 61, los artículos 62 a 76 se aplicarán
mutatis mutandis
, sin contravenir los principios enunciados en ellos.
2.   Cuando la declaración en aduana se realice utilizando una técnica de tratamiento de datos, las autoridades aduaneras podrán permitir que los documentos de acompañamiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 62 no se adjunten a la declaración. En este caso, los documentos deberán conservarse a disposición de las autoridades aduaneras.»
El artículo 78 del mismo código es del siguiente tenor:
«1.   Tras la concesión del levante de las mercancías, las autoridades aduaneras podrán, por propia iniciativa o a petición del declarante, proceder a la revisión de la declaración.
[…]
3.   Cuando de la revisión de la declaración o de los controles
a posteriori
resulte que las disposiciones que regulan el régimen aduanero de que se trate han sido aplicadas sobre la base de elementos inexactos o incompletos, las autoridades aduaneras, dentro del respeto de las disposiciones que pudieran estar establecidas, adoptarán las medidas necesarias para regularizar la situación, teniendo en cuenta los nuevos datos de que dispongan.»
El artículo 201, apartado 1, del código aduanero establece:
«Dará origen a una deuda aduanera de importación:
a)
el despacho a libre práctica de una mercancía sujeta a derechos de importación […]
[…]».
De conformidad con el artículo 236, apartado 1, del citado código:
«Se procederá a la devolución de los derechos de importación o de los derechos de exportación siempre que se compruebe que en el momento en que se pagaron, su importe no era legalmente debido o que fue contraído en contra de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220.
Se procederá a la condonación de los derechos de importación o de los derechos de exportación siempre que se compruebe que en el momento en que se contrajeron su importe no era legalmente debido o que fue contraído en contra de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 220.
[…]»
Normativa antidumping
–
Reglamento de Ejecución 2015/82
El Reglamento de Ejecución 2015/82 sucedió al Reglamento (CE) n.
o
1193/2008 del Consejo, de 1 de diciembre de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China (
DO 2008, L 323, p. 1
).
A tenor de los considerandos 183, 184 y 186 del Reglamento de Ejecución 2015/82:
«(183)
La Comisión, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2015/87 [de la Comisión, de 21 de enero de 2015, por la que se aceptan los compromisos ofrecidos en relación con un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China (
DO 2015, L 15, p. 75
)], aceptó esos nuevos compromisos para sustituir a los vigentes. El nuevo compromiso ofrece eliminar los efectos perjudiciales del dumping y limitar suficientemente el riesgo de elusión de las medidas.
(184)
Para facilitar aún más a la Comisión y a las autoridades aduaneras el seguimiento efectivo del cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas, al solicitar el despacho a libre práctica a las autoridades aduaneras competentes, se eximirá del pago del derecho antidumping únicamente si se cumplen las condiciones siguientes:
i)
se presente una factura relativa al compromiso, que es una factura comercial que incluye, como mínimo, los elementos y la declaración que figuran en el anexo,
[…]
(186)
Los importadores deberán ser conscientes de que puede originarse una deuda aduanera, como riesgo comercial normal, en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica, tal y como se describe en los considerandos 184 y 185, incluso si la Comisión aceptó un compromiso propuesto por el fabricante al que compraron su mercancía directa o indirectamente.»
Con arreglo al artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento de Ejecución, el tipo del derecho antidumping definitivo aplicable al precio neto franco en la frontera de la Unión Europea, derechos no pagados, se fija en el 33,8 %, por lo que se refiere al ácido cítrico y al citrato de trisodio dihidratado fabricados por Weifang Ensign Industry Co. Ltd (en lo sucesivo, «Weifang»), con domicilio social en China.
El artículo 1, apartado 4, del citado Reglamento de Ejecución tiene la siguiente redacción:
«Salvo que se disponga otra cosa, serán aplicables las disposiciones vigentes pertinentes en materia de derechos de aduana.»
El artículo 2 del mismo Reglamento de Ejecución prevé lo siguiente:
«1.   Las importaciones declaradas para su despacho a libre práctica facturadas por empresas cuyos compromisos han sido aceptados por la Comisión y cuyos nombres figuran en la Decisión de Ejecución [2015/87], estarán exentas del pago del derecho antidumping establecido en el artículo 1, a condición de que:
a)
hayan sido fabricadas, enviadas y facturadas directamente por las citadas empresas al primer cliente independiente en la Unión;
b)
vayan acompañadas de un documento de compromiso, que sea una factura comercial que contenga, como mínimo, los elementos y la declaración establecidos en el anexo del presente Reglamento, y
c)
las mercancías declaradas y presentadas a las autoridades aduaneras se correspondan exactamente con la descripción que figura en la factura de compromiso.
2.   Se originará una deuda aduanera en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica:
a)
cuando se determine, en el caso de las importaciones recogidas en el apartado 1, que no se cumplen una o más de las condiciones recogidas en dicho apartado […]
[…]».
En el anexo del Reglamento de Ejecución 2015/82 se enumeran los datos que deben constar en la factura comercial que acompaña a las mercancías vendidas por la empresa en la Unión y que son objeto del compromiso. Entre dichos datos figura, en el punto 9 de dicha enumeración, el nombre del responsable de la empresa que ha expedido la factura comercial y la siguiente declaración firmada:
«El abajo firmante certifica que la venta para la exportación directa a la Unión Europea de las mercancías que figuran en la presente factura se realiza en el ámbito y en las condiciones del compromiso ofrecido por [EMPRESA] y que ha sido aceptado por la Comisión Europea mediante la Decisión de Ejecución [2015/87]. Declaro que la información que figura en la presente factura es completa y correcta.»
Conforme a lo dispuesto en su artículo 3, el Reglamento de Ejecución 2015/82 entró en vigor el 23 de enero de 2015.
–
Decisión de Ejecución 2015/87
El considerando 11 de la Decisión de Ejecución 2015/87 es del siguiente tenor:
«Para que la Comisión pueda controlar eficazmente que las empresas respetan los compromisos, cuando se presente a la autoridad aduanera pertinente la solicitud de despacho a libre práctica en virtud de los compromisos, la exención del derecho antidumping estará supeditada a la presentación de una factura en la que consten, al menos, los datos que figuran en el anexo del Reglamento de Ejecución [2015/82]. Este nivel de información es necesario también para que las autoridades aduaneras puedan determinar con la suficiente precisión que las partidas corresponden a los documentos comerciales. En caso de que no se presente tal factura, o de que no se respeten las demás condiciones previstas en dicho Reglamento de Ejecución, deberá pagarse el tipo del derecho antidumping correspondiente.»
De conformidad con el artículo 1 de dicha Decisión de Ejecución, se aceptó el compromiso de Weifang, la empresa china exportadora de las mercancías a que se refiere el procedimiento principal.
El artículo 2 de la citada Decisión de Ejecución indica que queda derogada la Decisión 2008/899/CE de la Comisión, de 2 de diciembre de 2008, por la que se aceptan los compromisos ofrecidos en relación con un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China (
DO 2008, L 323, p. 62
).
Con arreglo a lo dispuesto en su artículo 3, la Decisión de Ejecución 2015/87 entró en vigor el 23 de enero de 2015.
Derecho alemán
A tenor del artículo 8a del Zollverordnung (Reglamento de Aduanas), en la versión aplicable al litigio principal, cuyo epígrafe es «Participación en la transmisión electrónica de datos»:
«El Ministerio Federal de Hacienda establecerá, mediante una instrucción, los requisitos […] conforme a los cuales se llevarán a cabo por medios informáticos los trámites que deban efectuarse por escrito […]. El participante se obliga a respetar los requisitos y los procedimientos establecidos en la instrucción.»
El punto 3.1.2 de la Verfahrensanweisung zum IT-Verfahren ATLAS (Instrucción sobre el procedimiento informático ATLAS), en la versión aplicable al procedimiento principal, cuyo epígrafe es «Presentación de documentos en el contexto del suministro de datos por el participante», dispone lo siguiente:
«(1) En aplicación del artículo 77, apartado 2, del código aduanero, el participante podrá, al suministrar sus datos, abstenerse de presentar los documentos relativos a declaraciones aduaneras a que se refiere al apartado 2. No obstante, el participante deberá conservar dichos documentos a disposición y presentarlos, en su caso, a petición del funcionario responsable del despacho de aduana.
(2) En principio, es posible abstenerse de presentar los siguientes documentos:
–
todos los documentos comerciales (facturas comerciales, facturas de flete, etc.) […]».
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Mediante contratos firmados los días 9, 13 y 15/16 de enero de 2015, la demandante en el procedimiento principal y Weifang acordaron la entrega de 360 toneladas de ácido cítrico en la Unión, a un precio de 884,70 euros por tonelada.
Por correo electrónico de 22 de enero de 2015, la Comisión informó a los abogados de Weifang de la publicación, en el
Diario Oficial de la Unión Europea
de ese mismo día, del Reglamento de Ejecución 2015/82 y de la Decisión de Ejecución 2015/87.
El 30 de enero de 2015, Weifang expidió las 360 toneladas de ácido cítrico.
La demandante en el procedimiento principal declaró la importación de esas mercancías para su despacho a libre práctica mediante la presentación, por medios informáticos, de doce declaraciones aduaneras fechadas los días 10 y 11 de marzo de 2015, en relación con tres facturas de Weifang de fecha 29 de enero de 2015.
Antes de autorizar el levante de las mercancías, la Oficina Aduanera pidió que se aportaran esas facturas, las cuales, aunque incluían una declaración análoga a la prevista en el punto 9 de la enumeración que figura en el anexo del Reglamento de Ejecución 2015/82, no hacían referencia a la Decisión de Ejecución 2015/87, sino al Reglamento n.
o
1193/2008 y a la Decisión 2008/899.
Los certificados de compromiso para la exportación presentados en apoyo de esas facturas también se referían a la Decisión 2008/899.
Dado que las facturas presentadas no hacían referencia a la Decisión de Ejecución 2015/87, la Oficina Aduanera denegó la exención del derecho antidumping y sometió las importaciones al derecho antidumping general del 42,7 %.
La demandante en el procedimiento principal impugnó las decisiones por las que se denegaba su solicitud de devolución de los derechos antidumping presentando tres facturas de compromiso corregidas, de fecha 29 de enero de 2015, en las que se hacía referencia al Reglamento de Ejecución 2015/82 y a la Decisión de Ejecución 2015/87.
Mediante resolución de 7 de junio de 2016, la Oficina Aduanera accedió a la solicitud de la demandante en el procedimiento principal, por la que solicitaba, con carácter subsidiario, que se le aplicara el tipo de derecho antidumping individual.
Mediante resolución de 13 de junio de 2016, la Oficina Aduanera rechazó la solicitud de exención del derecho antidumping basándose en que las facturas presentadas con la declaración de despacho a libre práctica de las mercancías importadas no cumplían los requisitos formales establecidos en el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución 2015/82, ya que se referían a la Decisión 2008/899 en lugar de a la Decisión de Ejecución 2015/87.
La Oficina Aduanera adujo que, en la fecha de aceptación de la declaración en aduana, estaba en vigor el Reglamento de Ejecución 2015/82 y que para obtener la exención del derecho antidumping era decisivo que en las facturas se mencionara la base jurídica correcta.
El 18 de julio de 2016, la demandante en el procedimiento principal interpuso un recurso ante el tribunal remitente, el Finanzgericht Hamburg (Tribunal de lo Tributario de Hamburgo, Alemania), solicitando la devolución, de conformidad con el artículo 236 del código aduanero, del derecho antidumping que se le había impuesto.
A tal efecto y basándose en la sentencia de 12 de octubre de 2017, Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
), la demandante en el procedimiento principal sostiene que era posible realizar el control de la declaración en aduana de conformidad con el artículo 78 de dicho código. Considera que este artículo permite la presentación
a posteriori
de documentos y que la presencia de datos incorrectos en una declaración en aduana carece de importancia siempre que sea posible, con ocasión del control de la declaración realizado con arreglo a dicho artículo, determinar las circunstancias de hecho. Subraya que la propia Oficina Aduanera admite que el control de los documentos solo tiene lugar después de que se haya aceptado la referida declaración.
La demandante en el procedimiento principal considera que, para determinar si se cumplen los requisitos para la exención del derecho antidumping, es preciso referirse al momento de la celebración del contrato de adquisición de las mercancías, que en el caso de autos tuvo lugar en enero de 2015, sobre la base de los precios mínimos de importación comunicados por la Comisión en diciembre de 2014.
Por el contrario, la Oficina Aduanera considera que el asunto principal es diferente del que dio lugar a la sentencia de 12 de octubre de 2017, Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
), que se refería a un derecho antidumping específico de la empresa interesada en aquel asunto. Señala que el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/82 exige expresamente la presentación de la factura de compromiso en el momento de la aceptación de la declaración en aduana. La Oficina Aduanera pone de relieve que, aunque, en virtud del artículo 77, apartado 2, del código aduanero se permite que los documentos pertinentes para esa declaración no se adjunten a esta, han de conservarse a disposición de las autoridades aduaneras, como se dispone en la Instrucción sobre el procedimiento informático ATLAS, de lo que infiere que el control de la exención del derecho antidumping debe realizarse sobre la base de la factura mencionada en la declaración en aduana.
El tribunal remitente puntualiza que el nuevo compromiso contraído por Weifang, que se materializa en la Decisión de Ejecución 2015/87, era válido en el momento de la importación de las mercancías a que se refiere el procedimiento principal.
Se plantea el tribunal remitente si las facturas presentadas en el marco del control de la declaración en aduana cumplen las condiciones establecidas en el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución 2015/82 para que se consideren facturas de compromiso, cuando es evidente que no se cumplen los requisitos formales establecidos en el punto 9 de la enumeración que figura en el anexo de dicho Reglamento de Ejecución.
Sin embargo, el tribunal remitente se pregunta sobre la incidencia del principio de proporcionalidad, en cuya virtud una norma referida a derechos antidumping debe interpretarse teniendo en cuenta su contexto y los objetivos de la normativa de la que forma parte, debiendo interpretarse las exenciones de manera estricta solo en la medida en que resulte necesario para alcanzar sus objetivos.
De este modo, el tribunal remitente estima que, en el caso de autos, podría ser desproporcionado rechazar la exención del derecho antidumping.
Además, considera que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/82 no indica de manera expresa el momento en que deben presentarse las facturas de compromiso.
A juicio del tribunal remitente, la presentación por medios informáticos de una declaración en aduana implica que el momento de la aceptación de dicha declaración no puede ser el último en que cabe presentar tales documentos, ya que las disposiciones vigentes referidas a esos procedimientos únicamente preceptúan que se conserven a disposición de las autoridades aduaneras.
Así pues, el tribunal remitente considera que el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/82 puede entenderse en el sentido de que simplemente concreta el momento en que se origina la deuda aduanera.
Puntualiza dicho tribunal que del principio de proporcionalidad puede inferirse que ciertas indicaciones de una factura de compromiso, como aquellas a las que se refiere el procedimiento principal, pueden añadirse o corregirse
a posteriori
, en la medida en que aún pueda alcanzarse el objetivo perseguido por la normativa antidumping.
El tribunal remitente establece una analogía con la interpretación del artículo 78 del código aduanero que el Tribunal de Justicia efectuó en la sentencia de 12 de octubre de 2017, Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
), según la cual la lógica interna del referido artículo consiste en ajustar el procedimiento aduanero a la situación real.
En estas circunstancias, el Finanzgericht Hamburg (Tribunal de lo Tributario de Hamburgo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿En las condiciones del litigio principal, se opone a la exención del derecho antidumping establecido en el artículo 1 del Reglamento de Ejecución […] 2015/82, con arreglo al artículo 2, apartado 1, de ese mismo Reglamento, el hecho de que en una factura de compromiso conforme a su artículo 2, apartado 1, letra b), no se indique la Decisión de Ejecución […] 2015/87 mencionada en el punto 9 del anexo de dicho Reglamento, sino la Decisión 2008/899 […]?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿es posible presentar en un procedimiento de devolución de los derechos antidumping una factura de compromiso conforme con los requisitos del anexo del Reglamento de Ejecución […] 2015/82, a fin de obtener, con arreglo a su artículo 2, apartado 1, la exención del derecho antidumping establecido en el artículo 1 de dicho Reglamento?»
Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Debido a la pandemia de COVID-19, la vista ante el Tribunal de Justicia señalada para el 6 de mayo de 2020 fue anulada.
En consecuencia, mediante decisión de 20 de abril de 2020, las preguntas a las que las partes habían sido invitadas a responder en la audiencia se convirtieron en preguntas escritas.
Así pues, la demandante en el procedimiento principal, el Gobierno italiano y la Comisión han tenido oportunidad de pronunciarse sobre todas las cuestiones suscitadas por la resolución de remisión.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/82 debe interpretarse en el sentido de que cabe eximir las importaciones de mercancías del derecho antidumping establecido en el artículo 1 de dicho Reglamento de Ejecución cuando la factura de compromiso necesaria para obtener esa exención no hace referencia, en la declaración contemplada en el punto 9 de la enumeración que figura en el anexo del referido Reglamento de Ejecución, a la Decisión de Ejecución 2015/87, sino a la Decisión 2008/899.
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las exenciones de derechos antidumping y de derechos compensatorios solo pueden concederse conforme a determinados requisitos, en los casos previstos específicamente, y constituyen, en consecuencia, excepciones al régimen normal de los derechos antidumping y de los derechos compensatorios. Por lo tanto, las disposiciones que prevén tales exenciones deben interpretarse en sentido estricto (sentencia de 22 de mayo de 2019, Krohn & Schröder,
C‑226/18
,
EU:C:2019:440
, apartado
y jurisprudencia citada).
Asimismo, procede recordar que la referencia a la Decisión de Ejecución por la que la Comisión ha aceptado un compromiso reviste una importancia particular en el contexto de un Reglamento de Ejecución que posibilita la exención del derecho antidumping al amparo de tal compromiso, en la medida en que permite a las autoridades aduaneras verificar en el momento de los hechos que se cumplen todos los requisitos para la exención de los derechos antidumping y de los derechos compensatorios de que se trate (sentencia de 22 de mayo de 2019, Krohn & Schröder,
C‑226/18
,
EU:C:2019:440
, apartado
).
Pues bien, el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución 2015/82 establece que las importaciones declaradas para su despacho a libre práctica facturadas por empresas cuyos compromisos han sido aceptados por la Comisión y cuyos nombres figuran en la Decisión de Ejecución 2015/87 están exentas del pago del derecho antidumping establecido en el artículo 1 del Reglamento de Ejecución 2015/82, a condición de que vayan acompañadas de un documento de compromiso, que sea una factura comercial que contenga, como mínimo, los elementos y la declaración establecidos en el anexo de dicho Reglamento.
A tal efecto, el punto 9 de la enumeración que figura en el anexo del Reglamento de Ejecución 2015/82 señala que en esa factura comercial, emitida por la empresa que ha adquirido tales compromisos, ha de constar una declaración firmada por el responsable de esta, con arreglo a la cual «la venta para la exportación directa a la Unión […] de las mercancías que figuran en la presente factura se realiza en el ámbito y en las condiciones del compromiso ofrecido por [EMPRESA] y que ha sido aceptado por la Comisión […] mediante la Decisión de Ejecución [2015/87]».
Así pues, del tenor de las referidas disposiciones se desprende que la exención del derecho antidumping en favor de las importaciones facturadas por las sociedades cuyos compromisos han sido aceptados por la Comisión queda supeditada, en particular, al requisito formal de que la declaración que ha de constar en la factura comercial que acompaña a las mercancías declaradas para su despacho a libre práctica haga referencia al hecho de que tal factura responde a los términos del compromiso ofrecido por la empresa exportadora y aceptado mediante la Decisión de Ejecución 2015/87.
Por lo que respecta a su contexto, el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución 2015/82 enuncia una de las condiciones para la concesión de la exención del derecho antidumping establecido en el artículo 1 del referido Reglamento de Ejecución cuando las importaciones procedan de una de las empresas cuyos compromisos de precios mínimos de importación han sido aceptados por la Comisión.
El artículo 2, apartado 2, letra a), del Reglamento de Ejecución 2015/82 enuncia las consecuencias de la no concurrencia de alguna de las condiciones enumeradas en el artículo 2, apartado 1, del mismo Reglamento de Ejecución, precisando que se origina una deuda aduanera en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica cuando se determine, en el caso de las importaciones recogidas en el apartado 1, que no se cumplen una o más de las condiciones en él establecidas.
En lo que atañe a su finalidad, el régimen de exención previsto en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/82 y las condiciones que en él se establecen tienen por objeto, según se desprende de los considerandos 183 y 184 del mismo Reglamento y como ha señalado el Abogado General en el punto 36 de sus conclusiones, por un lado, eliminar los efectos perjudiciales del dumping eximiendo del derecho antidumping previsto por ese Reglamento de Ejecución a determinadas empresas exportadoras, cuando estas se comprometan a vender el producto, por lo general sujeto a tal derecho antidumping, a un precio mínimo en la Unión, y, por otro lado, limitar el riesgo de elusión de ese Reglamento de Ejecución mediante la sujeción de las referidas empresas a cierto número de obligaciones, de manera que tanto el importador del producto como las autoridades aduaneras de los Estados miembros puedan determinar que una importación determinada se vincula efectivamente con el compromiso de una de esas empresas, identificada en la Decisión de Ejecución 2015/87.
Por consiguiente, este régimen de exención y sus condiciones no tienen por objeto proteger los intereses de un importador dado, sino garantizar la protección frente a las importaciones que supongan un dumping contrario a los intereses de las empresas de la Unión, a fin de luchar contra la competencia desleal que deriva de aquel.
Así pues, de una interpretación tanto literal como contextual y teleológica del Reglamento de Ejecución 2015/82 se deprende que el hecho de no hacer referencia a la Decisión de Ejecución 2015/87 en la factura a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento de Ejecución excluye que el importador del producto contemplado por el mismo Reglamento de Ejecución pueda beneficiarse de la exención del derecho antidumping previsto en el artículo 2, apartado 1, del referido Reglamento de Ejecución, puesto que esa factura no es una factura «de compromiso» en el sentido de la primera de las disposiciones citadas.
En el presente caso, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que las facturas aportadas en el momento de la presentación de las declaraciones en aduana de las mercancías a que se refiere el procedimiento principal para su despacho a libre práctica —esto es, los días 10 y 11 de marzo de 2015— no hacían referencia a la Decisión de Ejecución 2015/87, por la que se aceptaron los compromisos ofrecidos por determinados productores-exportadores chinos (entre ellos el que exportó dichas mercancías), decisión que, conforme a su artículo 3, había entrado en vigor el 23 de enero de 2015. Habida cuenta de cuanto antecede, dichas facturas no son facturas «de compromiso» en el sentido del artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución 2015/82.
Por otro lado, no tiene incidencia en la consideración efectuada en el apartado anterior el hecho de que el Reglamento de Ejecución 2015/82 y la Decisión de Ejecución 2015/87 hubieran entrado en vigor una o dos semanas después de la firma de los contratos de venta, aunque una semana antes de la expedición del producto en cuestión desde un país tercero hacia la Unión. En efecto, a partir de la fecha de entrada en vigor de esos instrumentos jurídicos, las empresas exportadoras están obligadas a respetar las condiciones establecidas en la nueva normativa para poder acogerse al régimen de exención al amparo de los compromisos aceptados por la Comisión, máxime en un supuesto en el que la Comisión informó a la empresa exportadora en cuestión de la aprobación de esta nueva normativa, antes incluso de su entrada en vigor.
Por consiguiente, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución 2015/82 debe interpretarse en el sentido de que no cabe eximir las importaciones de mercancías del derecho antidumping establecido en el artículo 1 de dicho Reglamento de Ejecución cuando la factura de compromiso necesaria para obtener esa exención no hace referencia, en la declaración contemplada en el punto 9 de la enumeración que figura en el anexo del referido Reglamento de Ejecución, a la Decisión de Ejecución 2015/87, sino a la Decisión 2008/899.
Segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si una factura de compromiso que contenga todos los datos enumerados en el anexo del Reglamento de Ejecución 2015/82 puede presentarse, a los efectos de conseguir la exención prevista en el artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento de Ejecución, en el contexto del procedimiento previsto en el artículo 236 del código aduanero, incoado para la devolución de los derechos antidumping.
Es preciso destacar, a este respecto, que de conformidad con el artículo 236, apartado 1, del código aduanero se procede a la devolución de los derechos de importación o de los derechos de exportación siempre que se compruebe que en el momento en que se pagaron su importe no se adeudaba legalmente.
Asimismo, el artículo 78 del código aduanero establece un procedimiento que permite a las autoridades aduaneras, por propia iniciativa o a petición del declarante, proceder a la revisión de la declaración en aduana después del levante de las mercancías incluidas en dicha declaración, esto es, con posterioridad a esta.
Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la normativa aduanera en su conjunto, tal como se concreta en particular en el código aduanero, solo es aplicable a derechos antidumping o a derechos compensatorios si los reglamentos que establecen tales derechos así lo prevén (sentencia de 22 de mayo de 2019, Krohn & Schröder,
C‑226/18
,
EU:C:2019:440
, apartado
).
Es preciso, por tanto, determinar si las disposiciones del Reglamento de Ejecución 2015/82 prevén una excepción a la normativa aduanera o si, por el contrario, en virtud de esas disposiciones, es factible que el importador presente, con posterioridad a la declaración en aduana de los productos importados y a su despacho a libre práctica, una factura comercial de compromiso que permita beneficiarse de la exención de los derechos antidumping a consecuencia de los compromisos asumidos por la sociedad exportadora de tales productos y aceptados por la Comisión.
El artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución 2015/82 establece que «las importaciones declaradas para su despacho a libre práctica facturadas por empresas cuyos compromisos han sido aceptados por la Comisión y cuyos nombres figuran en la Decisión de Ejecución [2015/87] estarán exentas del pago del derecho antidumping establecido en el artículo 1, a condición de que […] vayan acompañadas de un documento de compromiso, que sea una factura comercial que contenga, como mínimo, los elementos y la declaración establecidos en el anexo del presente Reglamento».
Pues bien, la lógica interna de este artículo 2, apartado 1, letra b), implica que la exención del derecho antidumping en él prevista únicamente puede concederse, como expresamente se indica, cuando las importaciones declaradas para su despacho a libre práctica vayan acompañadas de la referida factura de compromiso. Como sostiene la Comisión en sus observaciones escritas, de esa disposición debe deducirse que, conforme a su propio sentido, esa factura debe presentarse en el momento en que las mercancías se declaran a las autoridades aduaneras para su despacho a libre práctica.
A este respecto, en el considerando 184 del Reglamento de Ejecución 2015/82 se especifica que «para facilitar aún más a la Comisión y a las autoridades aduaneras el seguimiento efectivo del cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas, al solicitar el despacho a libre práctica a las autoridades aduaneras competentes, se eximirá del pago del derecho antidumping únicamente si […] se present[a] una factura relativa al compromiso, que es una factura comercial que incluye, como mínimo, los elementos y la declaración que figuran en el anexo».
Asimismo, a tenor del considerando 11 de la Decisión de Ejecución 2015/87, para que la Comisión pueda controlar eficazmente que las empresas exportadoras respetan los compromisos, cuando se presente a la autoridad aduanera pertinente la solicitud de despacho a libre práctica en virtud de los compromisos, la exención del derecho antidumping estará supeditada a la presentación de una factura en la que consten, al menos, los datos que figuran en el anexo del Reglamento de Ejecución 2015/82. El referido considerando añade que tal nivel de información es igualmente necesario para que las autoridades aduaneras puedan determinar con la suficiente precisión que las partidas corresponden a los documentos comerciales.
Por consiguiente, el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución 2015/82 exige que la factura comercial de compromiso que tal precepto menciona se presente en el momento de la declaración en aduana de los productos a los que se refiere y no con posterioridad.
Por otra parte, según se desprende del apartado 57 de la presente sentencia, el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de Ejecución 2015/82 detalla las consecuencias de la no concurrencia de alguna de las condiciones enumeradas en el artículo 2, apartado 1, del mismo Reglamento de Ejecución, precisando que se origina una deuda aduanera en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica cuando se determine, en el caso de las importaciones recogidas en el apartado 1 de ese mismo precepto, que no se cumplen una o más de las condiciones en él establecidas.
Sobre este particular, el considerando 186 del mismo Reglamento de Ejecución indica que el nacimiento de una deuda aduanera en tales condiciones, a cargo de los importadores, se produce «incluso si la Comisión aceptó un compromiso propuesto por el fabricante al que [esos importadores] compraron su mercancía directa o indirectamente».
Por lo que respecta a la finalidad de la condición establecida por el artículo 2, apartado 1, letra b), del Reglamento de Ejecución 2015/82, del apartado 72 de la presente sentencia se desprende que su propósito estriba, en esencia, en permitir tanto a la Comisión como a las autoridades aduaneras de los Estados miembros, por una parte, que se aseguren de que, en el momento de la solicitud de despacho a libre práctica, las empresas exportadoras cumplen sus compromisos y, por otra parte, que comprueben con la suficiente precisión que las importaciones corresponden a los documentos comerciales.
Por lo tanto, procede considerar que la normativa antidumping a que se refiere el procedimiento principal tiene un alcance diferente del examinado en la sentencia de 12 de octubre de 2017, Tigers (
C‑156/16
,
EU:C:2017:754
), en la cual se declaró que el artículo 1, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
412/2013 del Consejo, de 13 de mayo de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de artículos de cerámica para el servicio de mesa o de cocina originarios de la República Popular China (
DO 2013, L 131, p. 1
), debía interpretarse en el sentido de que no prohibía a los importadores interesados presentar una factura comercial con posterioridad a la declaración en aduana.
En efecto, el artículo 1, apartado 3, del Reglamento de Ejecución n.
o
412/2013 no preveía el momento en que debía presentarse a las autoridades aduaneras la factura comercial, limitándose a establecer que «la aplicación de los tipos individuales del derecho antidumping especificados para las empresas que se mencionan en el apartado 2 estará sujeta a la presentación a las autoridades aduaneras de los Estados miembros de una factura comercial válida, que deberá ajustarse a los requisitos del anexo II».
De cuanto antecede se infiere que el Reglamento de Ejecución 2015/82 contiene una disposición, a saber, su artículo 2, apartado 1, que, de conformidad con el artículo 1, apartado 4, del mismo Reglamento de Ejecución, establece expresamente una excepción a las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana y, entre ellas, en particular, los artículos 78 y 236 del código aduanero.
Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que una factura de compromiso que contenga todos los datos enumerados en el anexo del Reglamento de Ejecución 2015/82 no puede presentarse, a los efectos de conseguir la exención prevista en el artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento de Ejecución, en el contexto del procedimiento previsto en el artículo 236 del código aduanero, incoado para la devolución de los derechos antidumping.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el tribunal remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1)
El artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/82 de la Comisión, de 21 de enero de 2015, por el que se impone un derecho antidumping definitivo a las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China, tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) n.
o
1225/2009 del Consejo y de unas reconsideraciones provisionales parciales de tales importaciones, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, de dicho Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que no cabe eximir las importaciones de mercancías del derecho antidumping establecido en el artículo 1 de dicho Reglamento de Ejecución cuando la factura de compromiso necesaria para obtener esa exención no hace referencia, en la declaración contemplada en el punto 9 de la enumeración que figura en el anexo del referido Reglamento de Ejecución, a la Decisión de Ejecución (UE) 2015/87 de la Comisión, de 21 de enero de 2015, por la que se aceptan los compromisos ofrecidos en relación con un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China, sino a la Decisión 2008/899/CE de la Comisión, de 2 de diciembre de 2008, por la que se aceptan los compromisos ofrecidos en relación con un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de ácido cítrico originario de la República Popular China.

2)
Una factura de compromiso que contenga todos los datos enumerados en el anexo del Reglamento de Ejecución 2015/82 no puede presentarse, a los efectos de conseguir la exención prevista en el artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento de Ejecución, en el contexto del procedimiento previsto en el artículo 236 del Reglamento (CEE) n.
o
2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.
o
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, incoado para la devolución de los derechos antidumping.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.