CELEX: 62017CJ0659
Procedimiento prejudicial
Ayudas de Estado
Ayudas al empleo
Exención de las cargas sociales derivadas de contratos de formación y trabajo
Decisión 2000/128/CE
Régimen de ayudas concedidas por Italia en favor del empleo
Ayudas parcialmente incompatibles con el mercado interior
Aplicabilidad de la Decisión 2000/128/CE a una empresa que presta servicios de transporte público local adjudicados directamente por un municipio en régimen de exclusividad
Artículo 107 TFUE, apartado 1
Concepto de “distorsión de la competencia”
Concepto de “perjuicio para los intercambios” entre Estados miembros

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 107 TFUE, apartado 1, y de la Decisión 2000/128/CE de la Comisión, de 11 de mayo de 1999, relativa al régimen de ayudas concedidas por Italia en favor del empleo (
DO 2000, L 42, p. 1
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) y Azienda Napoletana Mobilità SpA (en lo sucesivo, «ANM») en relación con una posible obligación, impuesta a ANM, de pagar cotizaciones sociales al INPS derivadas de contratos de formación y trabajo concluidos por ANM entre los años 1997 y 2001.
Marco jurídico
Decisión 2000/128
Los considerandos 62 a 67 de la Decisión 2000/128 exponen, en lo que respecta a la normativa italiana en materia de contratos de formación y trabajo:
«(62)
Los CFT [contratos de formación y trabajo], tal como aparecían regulados por la [legge n. 863 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali (Ley n.
o
863 de convalidación, con modificaciones, del Decreto-ley n.
o
726, de 30 de octubre de 1984, sobre medidas urgentes relativas al apoyo y al aumento de los niveles de empleo), de 19 de diciembre de 1984 (GURI n.
o
351, de 22 de diciembre de 1984, p. 10691)], no constituían una ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado [CE], sino una medida general. Los beneficios previstos eran, en efecto, aplicables de manera uniforme, automática, no discrecional y sobre la base de criterios objetivos a todas las empresas.
(63)
Las modificaciones introducidas en esta disposición en 1990 por la [legge n. 407 — Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (Ley n.
o
407, por la que se establecen disposiciones diversas para la ejecución de la política de finanzas públicas 1991-1993), de 29 de diciembre de 1990 (GURI n.
o
303, de 31 de diciembre de 1990, p. 3)] cambiaron la naturaleza de estas medidas. Las nuevas disposiciones modularon las reducciones concedidas en función del lugar de implantación de la empresa beneficiaria, así como en función del sector al cual la empresa beneficiaria pertenece. Por lo tanto, algunas empresas se benefician de reducciones más importantes que las que se conceden a las empresas competidoras.
(64)
Las reducciones selectivas que favorecen a algunas empresas con relación a otras del mismo Estado miembro, independientemente de que esta selección se realice a escala individual, regional o sectorial, constituyen, para la parte diferencial de reducción, ayudas estatales, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado [CE], que falsean la competencia y pueden afectar a los intercambios entre los Estados miembros.
En efecto, dicho diferencial beneficia a empresas que operan en algunas zonas del territorio de Italia. Favorece a estas empresas en la medida en que no se concede a empresas implantadas en otras zonas.
(65)
Esta ayuda falsea la competencia, dado que refuerza la posición financiera y las posibilidades de acción de las empresas beneficiarias con relación a sus competidores que no se benefician de la misma. En la medida en que dicho efecto se produzca en el marco de los intercambios intracomunitarios, estos se verán perjudicados por la ayuda.
(66)
En particular, estas ayudas falsean la competencia y afectan a los intercambios entre Estados miembros en el caso de que las empresas beneficiarias exporten una parte de su producción a los demás Estados miembros. Del mismo modo, aun cuando estas empresas no exporten, la producción nacional se verá favorecida debido a que se disminuyen las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de exportar sus productos al mercado italiano.
(67)
Por las razones anteriormente citadas, las medidas bajo examen están prohibidas, en principio, por el apartado 1 del artículo 87 del Tratado [CE] y por el apartado 1 del artículo 62 del Acuerdo [sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (
DO 1994, L 1, p. 3
; en lo sucesivo, “Acuerdo EEE”)] y solo pueden ser consideradas compatibles con el mercado común si pueden beneficiarse de una de las excepciones previstas por dichos Tratados.»
En lo que atañe a la normativa italiana relativa a la transformación de contratos de formación y trabajo en contratos indefinidos, los considerandos 97 y 98 de la referida Decisión están redactados como sigue:
«(97)
Por lo que respecta a la prórroga de un año de estas mismas ayudas previstas por los CFT, y dado que estas ayudas tienen un carácter selectivo todavía más acentuado, ya que se destinan exclusivamente a las regiones del objetivo n
o
1, el análisis sobre el carácter de ayuda desarrollado en el punto V.1.a) es aún más pertinente en relación con estas intervenciones.
(98)
De las consideraciones anteriores se desprende, por consiguiente, que las medidas en cuestión pueden incidir en los intercambios comunitarios. Habida cuenta de los elementos de ayuda incluidos en dichas medidas, debemos concluir que las intervenciones en cuestión entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE y del apartado 1 del artículo 62 del Acuerdo EEE, por cuanto constituyen ayudas estatales que falsean la competencia lo suficiente como para incidir en los intercambios intracomunitarios, y solo pueden considerarse compatibles con el mercado común en la medida en que les sea aplicable alguna de las disposiciones de excepción existentes.»
El artículo 1 de la referida Decisión establece lo siguiente:
«1.   Las ayudas ilegalmente concedidas por Italia a partir del mes de noviembre de 1995 para la contratación de trabajadores mediante contratos de formación y trabajo (CFT) contemplados por [la Ley n.
o
863, de 19 de diciembre de 1984, la Ley n.
o
407, de 29 de diciembre de 1990, la legge n. 169, — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 de marzo de 1991, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell’occupazione (Ley n.
o
169, de convalidación, con modificaciones, del Decreto-ley n.
o
108, de 29 de marzo de 1991, sobre disposiciones urgentes relativas al apoyo al empleo), de 1 de junio de 1991 (GURI n.
o
129, de 4 de junio de 1991, p. 4) y la legge n. 451 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali (Ley n.
o
451, de convalidación, con modificaciones, del Decreto-ley n.
o
299, de 16 de mayo de 1994, sobre disposiciones urgentes relativas al empleo y la fiscalización de las cargas sociales), de 19 de julio de 1994 (GURI n.
o
167, de 19 de julio de 1994, p. 3)] son compatibles con el mercado común y con el Acuerdo EEE siempre que se refieran a:
–
la creación de nuevos puestos de trabajo en la empresa beneficiaria en favor de trabajadores que aún no hayan obtenido un empleo o hayan perdido su empleo anterior, en el sentido definido por las Directrices sobre ayudas al empleo [(
DO 1995, C 334, p. 4
)],
–
la contratación de trabajadores con especiales dificultades para integrarse o reintegrarse en el mercado laboral. A efectos de la presente Decisión, por “trabajadores con especiales dificultades para integrarse o reintegrarse en el mercado laboral” se entenderán los jóvenes con menos de 25 años, los licenciados de hasta 29 años de edad y los parados de larga duración, es decir, las personas que se encuentren en paro durante al menos un año.
2.   Las ayudas concedidas mediante contratos de formación y trabajo que no cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1 son incompatibles con el mercado común.»
A tenor del artículo 2 de dicha Decisión:
«1.   Las ayudas concedidas por Italia en virtud del artículo 15 de la [legge n. 196 — Norme in materia di promozione dell’occupazione (Ley n.
o
196 sobre disposiciones en materia de fomento del empleo), de 24 de junio de 1997 (Suplemento ordinario de la GURI n.
o
154, de 4 de julio de 1997)] para la transformación de CFT en contratos indefinidos son compatibles con el mercado común y con el Acuerdo EEE en la medida en que respeten la condición de la creación neta de puestos de trabajo tal y como aparece definida en las Directrices sobre ayudas al empleo.
El número de empleados de la [empresa] se calculará al margen de los puestos objeto de la transformación y de los puestos creados mediante contratos temporales o que no garantizan una cierta estabilidad del empleo.
2.   Las ayudas para la transformación de los CFT en contratos indefinidos que no cumplan la condición mencionada en el apartado 1 son incompatibles con el mercado común.»
El artículo 3 de la Decisión 2000/128 establece:
«Italia adoptará todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas que no cumplan las condiciones a que se refieren los artículos 1 y 2 y ya ilegalmente concedidas.
La recuperación se efectuará conforme a los procedimientos del Derecho nacional. Las sumas recuperables producirán intereses desde la fecha en la que se hayan puesto a disposición de los beneficiarios hasta la fecha de su recuperación efectiva. Los intereses se calcularán sobre la base del tipo de referencia utilizado para el cálculo de la subvención equivalente en el marco de las ayudas con finalidad regional.»
Derecho italiano
Mediante la Ley n.
o
863, de 19 de diciembre de 1984, la República Italiana creó el «contrato de formación y trabajo». Se trataba, inicialmente, de un contrato de duración determinada, que incluía un período de formación, previsto para la contratación de parados que no superaran la edad de 29 años. Las contrataciones llevadas a cabo mediante ese tipo de contrato se beneficiaban, por un período de dos años, de una exención de las cargas sociales adeudadas por el empresario. Esta exención se aplicaba de manera uniforme, automática y no discrecional en todo el territorio nacional.
Las normas aplicables a los contratos de formación y trabajo fueron modificadas sucesivamente por la Ley n.
o
407, de 29 de diciembre de 1990 (en lo sucesivo, «Ley n.
o
407/1990»), que introdujo una modulación regional de las exenciones de las cargas sociales, por la Ley n.
o
169, de 1 de junio de 1991, que estableció en 32 años la edad máxima de los trabajadores que podían ser contratados mediante ese tipo de contratos, y por la Ley n.
o
451, de 19 de julio de 1994 (en lo sucesivo, «Ley n.
o
451/1994»), que introdujo el contrato de formación y trabajo limitado a un año y que fijó un número mínimo de horas de formación que debía respetarse.
Estas leyes modificadoras permitían contratar, mediante contratos de formación y trabajo, a jóvenes de entre 16 y 32 años, pudiendo elevarse dicho límite de edad a discreción de las autoridades regionales competentes, y preveían la exención total de las cargas sociales, en particular, por un período de formación de dos años, en favor de las empresas que operaran en zonas en las que la tasa de desempleo era superior a la media nacional italiana, pudiendo ampliarse dicho período de tiempo en un año en caso de transformación de dichos contratos en contratos de trabajo indefinidos.
Litigio principal y cuestión prejudicial
ANM fue constituida en 1995 para la gestión unitaria e integrada de los servicios de transporte público local del municipio de Nápoles (Italia), a raíz de la transformación de una sociedad creada en forma de consorcio de Derecho público. En 2001, fue transformada en sociedad por acciones, con el referido municipio como único accionista, que tenía por objeto la gestión de los servicios de transporte público de personas y mercancías realizados por todos los medios en el territorio de dicho municipio.
En el marco de la citada actividad, ANM contrató, entre los meses de noviembre de 1995 y de mayo de 2001, a determinadas personas con el fin de proporcionarles una formación profesional y de integrarlas posteriormente en la empresa. Esas contrataciones se realizaron mediante contratos de formación y trabajo, en el sentido de la Ley n.
o
863, de 19 de diciembre de 1984, en su versión modificada por las Leyes n
os
407/1990, 169 de 1 de junio de 1991 y 451/1994. La transformación de dichos contratos en contratos de trabajo de duración indefinida se llevó a cabo de conformidad con la Ley n.
o
451/1994. ANM se benefició, en relación con los referidos contratos de formación y trabajo, así como con su posterior transformación, de las exenciones de las cargas sociales previstas por la normativa italiana controvertida en el litigio principal.
Al haber declarado la Comisión Europea dicha normativa en parte incompatible con la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1, el INPS, en cuanto autoridad nacional encargada de la ejecución de la Decisión 2000/128, remitió dos requerimientos de pago a ANM cuyos importes se elevaban respectivamente a 7429436,76 euros en relación con las contrataciones realizadas mediante contratos de formación y trabajo en el período comprendido entre 1997 y 2001, y a 2266014,05 euros en relación con la transformación en indefinidos de tales contratos durante el período comprendido entre 1999 y 2001.
ANM solicitó al Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles, Italia) que declarase que no estaba obligada a pagar los referidos importes. Dicho órgano jurisdiccional estimó el recurso interpuesto por ANM, puesto que la Decisión 2000/128 no producía efectos directos en el ordenamiento jurídico italiano, ya que no exigía a la República Italiana una obligación suficientemente precisa e incondicional.
El INPS apeló la sentencia del Tribunale di Napoli (Tribunal de Nápoles) ante la Corte d’appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles, Italia), que confirmó la sentencia aunque modificó su motivación. Según el referido tribunal, si bien es cierto que la Decisión 2000/128 forma parte del ordenamiento jurídico italiano, no es aplicable a ANM. La ventaja económica que representan las exenciones de las cargas sociales no afecta a los intercambios entre Estados miembros, ni falsea la competencia, ya que tales exenciones se refieren a actividades de transporte público local ejercidas en un régimen en que no existe competencia debido a su atribución directa a ANM.
El INPS interpuso ante la Corte suprema di cassazione (Tribunal Supremo de Casación, Italia) un recurso de casación alegando que la sentencia de la Corte d’appello di Napoli (Tribunal de Apelación de Nápoles) adolecía de varios errores de interpretación del artículo 107 TFUE y de la Decisión 2000/128, al ser esta plenamente aplicable a ANM.
En estas circunstancias, la Corte suprema de cassazione (Tribunal Supremo de Casación) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Es aplicable la [Decisión 2000/128] a un empresario que preste servicios de transporte público local —esencialmente en un régimen en que no existe competencia, en razón de la exclusividad del servicio prestado— y que se haya acogido a las reducciones de las cotizaciones sociales por los contratos de formación y trabajo suscritos desde la entrada en vigor de la [Ley n.
o
407/1990] y, en particular, en este caso, en el período comprendido entre 1997 y mayo de 2001?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Decisión 2000/128 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una empresa, como la que es objeto del litigio principal, que, sobre la base de una adjudicación directa por un municipio, ha prestado servicios de transporte público local en régimen de exclusividad y que se ha beneficiado de reducciones de las cargas sociales en virtud de una normativa nacional que dicha Decisión ha declarado parcialmente incompatible con la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1.
En particular, el referido tribunal se pregunta si la citada Decisión ha de aplicarse al sector del transporte público local y si, en circunstancias como las del litigio principal, se cumplen las condiciones de que se vean afectados la competencia y los intercambios entre Estados miembros enunciadas en esa disposición.
Según reiterada jurisprudencia, la calificación de una medida de «ayuda de Estado», a efectos del artículo 107 TFUE, apartado 1, exige que concurran todos los requisitos siguientes. En primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. En segundo lugar, tal intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En tercer lugar, debe conferir una ventaja selectiva a su beneficiario. En cuarto lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia (sentencia de 6 de marzo de 2018, Comisión/FIH Holding y FIH Erhvervsbank,
C‑579/16 P
,
EU:C:2018:159
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto debe señalarse, ante todo, que la Comisión declaró, en los considerandos 63, 64 y 97 de la Decisión 2000/128, que la normativa italiana controvertida en el litigio principal cumple los requisitos primero y tercero enunciados en el apartado anterior.
A continuación, en los considerandos 65 y 97 de dicha Decisión, la referida institución estimó que los requisitos segundo y cuarto también se cumplen: el segundo, por el hecho de que la ayuda refuerza la posición financiera y las posibilidades de acción de las empresas beneficiarias y, el cuarto, «en la medida en que» ese efecto se produce en el marco de los intercambios dentro del mercado interior.
En los considerandos 66 y 97 de la referida Decisión se precisa que «en particular», tales medidas falsean la competencia y afectan a los intercambios entre Estados miembros «en el caso de que» las empresas beneficiarias exporten una parte de su producción a los demás Estados miembros; del mismo modo, aun cuando las empresas beneficiarias no exporten, la producción nacional se verá favorecida debido a que disminuyen las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de exportar sus productos al mercado italiano.
Pues bien, por una parte, contrariamente a lo que sostiene ANM, no cabe deducir del tenor del considerando 66 de la Decisión 2000/128 que la Comisión hubiera restringido el ámbito de aplicación de dicha Decisión a los sectores directamente implicados en los intercambios de productos o servicios en el mercado interior excluyendo los sectores de los servicios locales, tales como el transporte público local.
En efecto, como el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de declarar, en el considerando 65 de dicha Decisión, la Comisión explicó en términos generales que las reducciones selectivas de las cargas sociales previstas en la normativa italiana controvertida en el litigio principal falsean la competencia y que, en la medida en que dicho efecto se produzca en el marco de los intercambios intracomunitarios, estos se verán perjudicados. El considerando 66 de la referida Decisión ilustra esta tesis poniendo el ejemplo del sector de la producción (sentencia de 7 de marzo de 2002, Italia/Comisión,
C‑310/99
,
EU:C:2002:143
, apartado
).
Por otra parte, se desprende de los considerandos 65, 66 y 97 de la Decisión 2000/128 que los requisitos segundo y cuarto del artículo 107 TFUE, apartado 1, únicamente se cumplen en la medida en que las empresas beneficiarias de las reducciones de las cargas sociales estén expuestas a la competencia en un mercado liberalizado, aunque sea parcialmente.
En efecto, constituye jurisprudencia reiterada que, en el caso de un régimen de ayudas como el controvertido en el litigio principal, la Comisión puede limitarse a estudiar las características del régimen controvertido para apreciar, en la motivación de la decisión, si, en razón de las reglas fijadas en dicho régimen, este garantiza a sus beneficiarios una ventaja frente a sus competidores y puede beneficiar a las empresas que participen en los intercambios comerciales entre los Estados miembros. Así, en una decisión relativa a un régimen de esa índole, la Comisión no está obligada a efectuar un análisis de la ayuda concedida en cada caso individual sobre la base de este régimen. La situación individual de cada empresa afectada solo debe comprobarse al proceder a la recuperación de las ayudas (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de 2011, ComitatoVenezia vuole vivere y otros/Comisión,
C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P
,
EU:C:2011:368
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, antes de efectuar la recuperación de una ventaja, las autoridades nacionales del Estado miembro de que se trata están necesariamente obligadas a comprobar, en cada caso individual, si la ventaja concedida podía, respecto de su beneficiario, falsear la competencia y afectar a los intercambios entre Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de 2011, ComitatoVenezia vuole vivere y otros/Comisión,
C‑71/09 P, C‑73/09 P y C‑76/09 P
,
EU:C:2011:368
, apartados
y
).
En este contexto, es preciso recordar que, a efectos de la calificación como «ayuda de Estado» de una medida nacional, no es necesario acreditar la incidencia real de la ayuda de que se trate en los intercambios comerciales entre Estados miembros y la distorsión efectiva de la competencia, sino únicamente examinar si tal ayuda puede afectar a dichos intercambios y falsear la competencia (sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania,
C‑74/16
,
EU:C:2017:496
, apartado
y jurisprudencia citada).
Concretamente, cuando una ayuda otorgada por un Estado miembro refuerza la posición de determinadas empresas en relación con otras empresas competidoras en los intercambios comerciales entre los Estados miembros, debe considerarse que la ayuda afecta a tales intercambios. A este respecto, no es necesario que las empresas beneficiarias participen en los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En efecto, cuando un Estado miembro concede una ayuda a empresas, la actividad interior puede mantenerse o aumentar, con la consecuencia de que disminuyen con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados miembros de penetrar en el mercado del Estado miembro en cuestión (sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania,
C‑74/16
,
EU:C:2017:496
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, el requisito según el cual la ayuda debe poder afectar a los intercambios entre Estados miembros no depende del carácter local o regional de los servicios de transporte prestados (sentencias de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg,
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
, apartado
, y de 14 de enero de 2015, Eventech,
C‑518/13
,
EU:C:2015:9
, apartado
).
En cuanto al requisito de la distorsión de la competencia, hay que subrayar que las ayudas que tienen por objeto liberar a una empresa de los costes propios de su gestión corriente o de sus actividades normales, con los que normalmente debería haber cargado, falsean, en principio, las condiciones de competencia (sentencia de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania,
C‑74/16
,
EU:C:2017:496
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, está acreditado que las cargas sociales en relación con las que ANM se benefició de las reducciones controvertidas en el litigio principal son costes con los que normalmente debería haber cargado en el marco de su gestión corriente o de sus actividades normales.
En cambio, tanto ante el tribunal remitente, como ante el Tribunal de Justicia, ANM alega que no estuvo expuesta, durante el período comprendido entre los años 1997 y 2001, a ninguna competencia en lo que concierne a los servicios de transporte público local de que se trata en el litigio principal, y que, durante ese mismo período de tiempo, el mercado italiano del transporte público local no estaba liberalizado, ni siquiera parcialmente.
Pues bien, contrariamente a lo que alega ANM, el Gobierno italiano ha aducido ante el Tribunal de Justicia que, durante el período de tiempo objeto del litigio principal, el mercado italiano del transporte público local estaba abierto a la competencia. Además, según dicho Gobierno, no era aplicable a los operadores de otros Estados miembros ninguna prohibición de ofrecer dichos servicios en Italia y existen ejemplos de prestación de esos servicios por tales operadores.
A este respecto, procede recordar que, desde 1995, varios Estados miembros comenzaron a abrir determinados mercados de transporte a la competencia de empresas establecidas en otros Estados miembros, de forma que varias empresas ya ofrecían sus servicios de transporte urbano, de cercanías o regional en Estados miembros distintos de su Estado de origen (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg,
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
, apartado
).
En lo que atañe a la cuestión de si, durante ese período de tiempo, ANM estaba o no expuesta a competencia en lo que respecta a los servicios de transporte público local controvertidos en el litigio principal, se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia que, ciertamente, tales servicios fueron adjudicados directamente a ANM con carácter exclusivo, sin que se hubiese organizado previamente un procedimiento de licitación pública.
Sin embargo, ningún dato obrante en autos demuestra que el municipio de Nápoles hubiera estado obligado, por ley o por medidas reglamentarias, a adjudicar tales servicios a esa empresa en régimen de exclusividad, de manera que parece posible que dicho municipio atribuyera tales servicios a otro proveedor, en particular, mediante la organización de un procedimiento de licitación pública en el que habrían podido participar operadores de otros Estados miembros, tal como afirma el Gobierno italiano ante el Tribunal de Justicia.
Pues bien, como señaló el Abogado General en los puntos 33 a 35 y 38 de sus conclusiones, a falta de tal obligación establecida por ley o por medidas reglamentarias, procede declarar que era posible la competencia para los servicios de que se trata en el litigio principal, de manera que no cabe excluir que la reducción de las cargas sociales de la que se benefició ANM haya supuesto para dicha empresa una ventaja con respecto a sus posibles competidores, procedentes incluso de otros Estados miembros, ni que, por consiguiente, se haya falseado la competencia en dicho mercado y los intercambios entre Estados miembros se hayan visto afectados por tales reducciones.
Incumbe por tanto al tribunal remitente, que es el único que tiene conocimiento directo del litigio principal, realizar las comprobaciones necesarias para determinar si, durante el período de tiempo de que se trata en el litigio principal, el mercado italiano del transporte público local estaba abierto a la competencia y, por consiguiente, permitía a los operadores de otros Estados miembros ofrecer sus prestaciones para garantizar los servicios de que se trata en el litigio principal, o si el municipio de Nápoles estaba sujeto a una obligación establecida por ley o por medidas reglamentarias de adjudicar esos servicios a ANM en régimen de exclusividad.
Además, habida cuenta de las circunstancias destacadas por el Abogado General en los puntos 40 y 41 de sus conclusiones, relativas a los estatutos de ANM y al contenido del contrato de servicios objeto del litigio principal, también corresponde, en su caso, al tribunal remitente realizar las comprobaciones necesarias para determinar si, durante el período comprendido entre los años 1997 y 2001, ANM ejerció su actividad en otros mercados de productos o de servicios, o también en otros mercados geográficos abiertos a una competencia efectiva.
En efecto, si resultara que ANM ejerció, durante el referido período de tiempo, actividades en otros mercados, no cabría excluir que las reducciones de las cargas sociales de las que se benefició dicha empresa en virtud de la normativa italiana controvertida en el litigio principal hubiera falseado la competencia y afectado a los intercambios entre Estados miembros en esos otros mercados, a menos que tales actividades no se hubieran beneficiado de las referidas reducciones y quedara excluido todo riesgo de subvenciones cruzadas mediante la prueba de que una contabilidad separada adecuada garantizó que esas reducciones no pudieran beneficiar a las referidas actividades (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de junio de 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania,
C‑74/16
,
EU:C:2017:496
, apartado
, y de 23 de enero de 2019, Fallimento Traghetti del Mediterraneo,
C‑387/17
,
EU:C:2019:51
, apartado
).
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que, sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, la Decisión 2000/128 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una empresa, como la que es objeto del litigio principal, que, sobre la base de una adjudicación directa por un municipio, ha prestado servicios de transporte público local en régimen de exclusividad y que se ha beneficiado de reducciones de las cargas sociales en virtud de una normativa nacional que dicha Decisión ha declarado parcialmente incompatible con la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

Sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al órgano jurisdiccional remitente, la Decisión 2000/128/CE de la Comisión, de 11 de mayo de 1999, relativa al régimen de ayudas concedidas por Italia en favor del empleo, debe interpretarse en el sentido de que se aplica a una empresa, como la que es objeto del litigio principal, que, sobre la base de una adjudicación directa por un municipio, ha prestado servicios de transporte público local en régimen de exclusividad y que se ha beneficiado de reducciones de las cargas sociales en virtud de una normativa nacional que dicha Decisión ha declarado parcialmente incompatible con la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.