CELEX: 62015CJ0466
Procedimiento prejudicial
Libre circulación de los trabajadores
Funcionarios nacionales en situación de servicios especiales en una institución o un organismo de la Unión
Pensión de vejez
Derecho de opción
Suspensión o mantenimiento de la afiliación en el régimen nacional de pensiones
Limitación de la acumulación de la pensión causada en el régimen nacional de pensiones y de la causada en el régimen de pensiones de la Unión

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 45 TFUE y 48 TFUE y del artículo 4 TUE, apartado 3.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre, por una parte, el Sr. Adrien y otros, y, por otra parte, el Premier ministre (Primer Ministro, Francia), el ministre des Finances et des Comptes publics (Ministro de Economía y Hacienda, Francia) y el ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique (Ministro de Descentralización y Función Pública, Francia), en relación con la pensión de jubilación de los demandantes en el litigio principal en el marco del régimen nacional de pensiones.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
El Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») y el Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (en lo sucesivo, «ROA») fueron adoptados por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.
o
259/68 del Consejo, de 29 de febrero de 1968, por el que se establece el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades y por el que se establecen medidas específicas aplicables temporalmente a los funcionarios de la Comisión (
DO 1968, L 56, p. 1
; EE 01/01, p. 129), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.
o
1240/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010 (
DO 2010, L 338, p. 7
).
A tenor del artículo 77 del Estatuto:
«El funcionario que haya completado como mínimo diez años de servicio tendrá derecho a una pensión de jubilación. [...]»
El artículo 83, apartado 2, del Estatuto prevé:
«Los funcionarios contribuirán con un tercio del coste de este sistema de pensiones. [...]»
Según el artículo 12, apartados 1 y 2, del anexo VIII del Estatuto:
«1   El funcionario que, no habiendo cumplido 63 años, cese definitivamente en sus funciones por causa que no sea el fallecimiento o la invalidez y que no tenga derecho a pensión de jubilación inmediata o diferida, tendrá derecho en el momento de su cese:
a)
si ha prestado menos de un año de servicio, y siempre que no se haya acogido a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11, a la entrega de una indemnización por cese en el servicio igual al triple de las cuantías que hayan sido retenidas sobre su sueldo base en concepto de contribución a su pensión de jubilación, previa deducción de los importes que, en su caso, se hayan abonado en aplicación de los artículos 42 y 112 del [ROA];
b)
en los demás casos, a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11 o al ingreso del equivalente actuarial en un seguro privado o en un fondo de pensiones de su elección que garantice:
[...]
2.   No obstante lo dispuesto en la letra b) del apartado 1, todo funcionario de menos de 63 años de edad que, desde la toma de posesión de su cargo, haya efectuado pagos, con vistas a la constitución o el mantenimiento de sus derechos a pensión, a un régimen de pensiones nacional, o a un seguro privado o un fondo de pensiones de su elección que cumpla los requisitos mencionados en el apartado 1, que cese definitivamente en sus funciones por causa que no sea el fallecimiento o la invalidez y que no pueda disfrutar de una pensión de jubilación inmediata o diferida, tendrá derecho, al cesar en sus funciones, a la entrega de una indemnización por cese en el servicio igual al equivalente actuarial de sus derechos a pensión adquiridos durante sus funciones en las instituciones. En tal caso, los importes abonados para la constitución o el mantenimiento de sus derechos a pensión en el régimen de pensiones nacional en aplicación de los artículos 42 o 112 del [ROA], serán deducidos de la indemnización por cese en el servicio.»
Con arreglo al artículo 2 del ROA:
«Tendrá la consideración de agente temporal, a efectos del presente régimen:
[...]
c)
el agente contratado para ejercer funciones al servicio de una persona que desempeñe un mandato previsto en el Tratado de la Unión Europea o el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, o el Presidente electo de una de las instituciones u organismos de la Unión, de un grupo político del Parlamento Europeo o del Comité de las Regiones, o de un grupo del Comité Económico y Social Europeo, y que no haya sido elegido de entre los funcionarios de la Unión;
[...]».
A tenor del artículo 39, apartado 1, párrafo primero, del ROA:
«Desde el momento en que cesen en sus funciones, los agentes contemplados en el artículo 2 tendrán derecho a una pensión de jubilación, a la transferencia del equivalente actuarial o a la indemnización por cese en el servicio en las condiciones previstas en las disposiciones del capítulo 3 del título V del Estatuto y del anexo VIII del Estatuto. Cuando el agente tuviera derecho a una pensión de jubilación, sus derechos a pensión se reducirán proporcionalmente a la cuantía de los pagos efectuados en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.»
El artículo 41 del ROA establece:
«Por lo que se refiere a la financiación del régimen de seguridad social previsto en las secciones B y C, las disposiciones del artículo 83 y el artículo 83
bis
del Estatuto, así como los artículo 36 y 38 de su Anexo VIII serán aplicables por analogía.»
Derecho francés
El artículo 46
ter
de la loi n
o
84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (Ley n.
o
84‑16, de 11 de enero de 1984, del estatuto de la función pública del Estado), en su versión modificada por la loi n
o
2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (Ley n.
o
2002‑73, de 17 de enero de 2002, de actualización de la normativa laboral y de seguridad social) (en lo sucesivo, «Ley n.
o
2002‑73»), dispone lo siguiente:
«Los funcionarios en situación de servicios especiales que desempeñan puestos en una administración o en un organismo establecido en el territorio de un Estado extranjero o ante un organismo internacional podrán solicitar, incluso si están afiliados al régimen de jubilación al que pertenece el puesto que desempeñan en servicios especiales, cotizar al régimen del code des pensions civiles et militaires de retraite (Código de pensiones civiles y militares de jubilación). En tal caso, el importe de la pensión adquirida bajo este último, unido al importe de la pensión que eventualmente se adquiera en concepto de los servicios prestados en situación de servicios especiales, no podrá ser superior a la pensión que se habría adquirido de no haber estado en situación de servicios especiales, y la pensión del Código de pensiones civiles y militares de jubilación será, según corresponda, reducida hasta el límite del importe de la pensión adquirida durante dicha situación de servicios especiales.
Las modalidades de aplicación del presente artículo se especificarán mediante decreto aprobado previo dictamen del Conseil d’État.»
El artículo L. 87 del Código de pensiones civiles y militares de jubilación, en su redacción resultante de la Ley n.
o
2002‑73, dispone:
«En el supuesto de que el funcionario o el militar en situación de servicios especiales que desempeñe un puesto en una administración o en un organismo establecido en el territorio de un Estado extranjero o ante un organismo internacional durante su carrera opte por la continuación del abono de las cotizaciones a la que se refiere el artículo L. 61, el importe de la pensión devengada en virtud del presente Código, unido al importe de la pensión eventualmente abonada por los servicios prestados en situación de servicios especiales, no podrá ser superior a la pensión que habría adquirido de no haber estado en situación de servicios especiales, y la pensión del presente Código será, según corresponda, reducida hasta el límite del importe de la pensión adquirida durante dicha situación de servicios especiales.
[...]»
Según el artículo R‑74‑1 de ese mismo Código:
«Los funcionarios en situación de servicios especiales mencionados en el artículo 46
ter
de la Ley n.
o
84‑16, de 11 de enero de 1984, del estatuto de la función pública del Estado podrán solicitar cotizar al régimen del Código de pensiones civiles y militares de jubilación dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha en la que se les notificó la resolución de paso a situación de servicios especiales o de prórroga de ésta.
La solicitud se presentará por escrito a la administración en la que el funcionario presta servicios especiales.
El funcionario que se haya acogido a la opción prevista en el párrafo primero deberá satisfacer la cotización mencionada en el número 2 del artículo L. 61 al contable único nombrado mediante orden del ministro competente en materia de presupuesto, con arreglo a las condiciones establecidas mediante orden. El incumplimiento de esta obligación de pago suspenderá la afiliación del funcionario al presente régimen.
Se considerará que el funcionario que no haya ejercido su derecho de opción dentro del plazo establecido ha renunciado a la posibilidad de cotizar al régimen del Código de pensiones civiles y militares de jubilación.
En caso de prórroga de la situación de servicios especiales, la opción elegida por el funcionario respecto del período de servicios especiales precedente quedará tácitamente confirmada cuando no elija, dentro del plazo establecido en el párrafo primero de este artículo, una opción diferente.»
La circular de 18 de diciembre de 2002 precisa, en relación con los correspondientes servicios de la Administración, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 46
ter
de la Ley n.
o
84‑16 de 11 de enero de 1984 y en el artículo L. 87 del Código de pensiones civiles y militares de jubilación, en sus versiones resultantes de las modificaciones introducidas por la Ley n.
o
2002‑73.
Litigio principal y cuestión prejudicial
Los demandantes en el litigio principal son funcionarios franceses que pasaron a situación de servicios especiales como letrados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde fueron contratados como agentes temporales. Mediante la contribución obligatoria a la financiación del régimen de pensiones de la Unión, causan derecho a una pensión de este régimen en caso de que cumplan, al menos, diez años de servicio en una institución u organismo de la Unión. En el supuesto de que cesen en sus funciones antes de completar esos diez años, tienen derecho, fundamentalmente, según el tiempo de servicio prestado, bien a una indemnización por cese en el servicio igual al triple de las cuantías que hayan sido retenidas sobre su sueldo base en concepto de contribución a su pensión de jubilación, bien al ingreso en un seguro privado o en un fondo de pensiones de su elección del equivalente actuarial de los derechos de pensión de jubilación adquiridos de la Unión.
Según la normativa francesa aplicable al litigio principal, un funcionario en situación de servicios especiales en una institución o un organismo de la Unión debe elegir entre dos opciones relativas a la pensión del régimen nacional.
El funcionario puede, por una parte, suspender su afiliación al régimen de pensiones francés por el tiempo en que se encuentra en situación de servicios especiales. En ese supuesto, se encuentra durante ese tiempo afiliado únicamente al régimen de pensiones de la Unión, quedando reducida su pensión del régimen francés de pensiones en la proporción correspondiente a los años sin afiliación. No obstante, esta última pensión se acumula íntegramente con la pensión resultante de los derechos adquiridos en el marco de su afiliación al régimen de pensiones de la Unión.
Por otra parte, el funcionario puede continuar contribuyendo al régimen francés de pensiones y, en consecuencia, seguir afiliado al mismo. En este supuesto, durante el tiempo en que se encuentra en situación de servicios especiales, adquiere derechos con arreglo a ese régimen. No obstante, el importe de la pensión que reciba por ese título sólo podrá completar la pensión que le sea reconocida según el régimen de la Unión hasta el límite de la pensión que habría adquirido en el régimen nacional de no haber estado en situación de servicios especiales (regla del tope máximo). En consecuencia, la pensión de jubilación nacional queda reducida hasta el límite del importe de la pensión adquirida en el régimen de pensiones de la Unión, de forma que el importe acumulado de ambas pensiones no supere el tope máximo así fijado (regla de la nivelación). La nivelación se refiere al importe total de la pensión francesa, y no sólo al importe de la pensión correspondiente al período de situación de servicios especiales que dio lugar a una doble afiliación.
Los demandantes en el litigio principal optaron por seguir afiliados, durante su situación de servicios especiales, al régimen francés de pensiones y, en consecuencia, cotizaron al mismo tiempo a ese régimen y al régimen de pensiones de la Unión. Han cumplido, o pueden cumplir, diez años de servicio en una institución de la Unión con el consiguiente derecho a causar una pensión con arreglo al régimen de pensiones de la Unión. Dado que la pensión de la Unión que los demandantes en el litigio principal han causado, o pueden causar, es superior a la pensión francesa que habrían adquirido de no haber estado en situación de servicios especiales, no perciben, o no percibirán, conforme con la normativa francesa controvertida en el litigio principal, ninguna pensión con arreglo al régimen de pensiones francés.
Los demandantes en el litigio principal solicitaron al Estado francés mediante recurso recibido el 6 de marzo de 2012 la derogación de la normativa en cuestión. Tras ser desestimada esta pretensión mediante resolución presunta de 6 de mayo, interpusieron recurso contra esta desestimación ante el Conseil d’État (Consejo de Estado).
En estas circunstancias, el Conseil d’État (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Incumple las obligaciones derivadas del artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, considerado a la luz del artículo 48 del mismo Tratado y del principio de cooperación leal mencionado en el artículo 4 del Tratado de la Unión Europea una normativa nacional que permite a un funcionario en situación de servicios especiales para desempeñar un puesto en una institución de la Unión Europea optar, durante el período de servicios especiales, bien por suspender el pago de cotizaciones al régimen de pensiones de su Estado de origen, siendo entonces su pensión en base a dicho régimen acumulada íntegramente con las prestaciones de jubilación vinculadas al puesto desempeñado en situación de servicios especiales, bien por continuar dicho pago, quedando entonces su pensión limitada al importe necesario para que el total de sus pensiones, incluida la pensión adquirida bajo el régimen al que pertenezca el puesto desempeñado en situación de servicios especiales, alcance el importe de la pensión que habría adquirido de no haber estado en situación de servicios especiales?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, fundamentalmente, si el artículo 45 TFUE, considerado a la luz del artículo 48 TFUE, y el artículo 4 TUE, apartado 3, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que produce el efecto de que un funcionario nacional en situación de servicios especiales en una institución o un organismo de la Unión que opta por seguir afiliado al régimen nacional de pensiones mientras se encuentra en situación de servicios especiales pierde, total o parcialmente, las ventajas que se derivan de su afiliación a ese último régimen si cubre el período de diez años de servicios a favor de la Unión que le da derecho a causar una pensión con arreglo al régimen de pensiones de la Unión.
Es preciso comenzar recordando que, si bien los Estados miembros conservan su competencia para organizar sus sistemas de seguridad social, deben no obstante respetar el Derecho de la Unión al ejercitar dicha competencia y, en particular, las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre circulación de los trabajadores (sentencias de 1 de abril de 2008, Gouvernement de la Communauté française y Gouvernement wallon,
C‑212/06
,
EU:C:2008:178
, apartado
, y de 21 de enero de 2016, Comisión/Chipre,
C‑515/14
,
EU:C:2016:30
, apartado
).
Así pues, debe examinarse si las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre circulación de los trabajadores son aplicables en una situación como la que constituye el objeto del litigio principal. Si ese fuera el caso, procedería analizar a continuación, por una parte, si una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal constituye un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores y, por otra parte, en caso de que así sea, si este obstáculo está justificado.
En primer lugar, y por lo que se refiere a la aplicabilidad de las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libre circulación de los trabajadores, resulta de reiterada jurisprudencia que un nacional de la Unión que trabaje en un Estado miembro diferente de su Estado de origen y que haya aceptado un empleo en una organización internacional está comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 45 TFUE (véanse las sentencias de 15 de marzo de 1989, Echternach y Moritz,
389/87 y 390/87
,
EU:C:1989:130
, apartado
; de 16 de febrero de 2006, Rockler,
C‑137/04
,
EU:C:2006:106
, apartado
, y de 4 de julio de 2013, Gardella,
C‑233/12
,
EU:C:2013:449
, apartado
y jurisprudencia citada).
De lo anterior se desprende que a los nacionales de la Unión que trabajan en una institución u organismo de ésta en un Estado miembro diferente de su Estado miembro de origen, como sucede con los demandantes en el litigio principal, no se le puede negar el disfrute de los derechos y ventajas sociales que les reconoce el artículo 45 TFUE (véanse las sentencias de 15 de marzo de 1989, Echternach y Moritz,
389/87 y 390/87
,
EU:C:1989:130
, apartado
, y de 16 de febrero de 2006, Rockler,
C‑137/04
,
EU:C:2006:106
, apartado
y jurisprudencia citada).
En segundo lugar, y en relación con la cuestión de si una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal constituye un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, debe recordarse que el artículo 45 TFUE se opone a cualquier medida que, aunque se aplique sin discriminación por razón de nacionalidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio por los nacionales de la Unión de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE (sentencias de 1 de abril de 2008, Gouvernement de la Communauté française y Gouvernement wallon,
C‑212/06
,
EU:C:2008:178
, apartado
; de 10 de marzo de 2011, Casteels,
C‑379/09
,
EU:C:2011:131
, apartado
, y de 5 de febrero de 2015, Comisión/Bélgica,
C‑317/14
,
EU:C:2015:63
, apartado
).
Ciertamente, aunque el Derecho primario de la Unión no puede garantizar a un asegurado que el desplazamiento a otro Estado miembro sea neutro en lo que respecta a la seguridad social, especialmente en materia de prestaciones de enfermedad y de pensiones de vejez, puesto que tal desplazamiento, habida cuenta de las disparidades existentes entre los regímenes y las legislaciones de los Estados miembros, puede ser más o menos ventajoso, según el caso, para la persona de que se trate en el plano de la protección social, resulta sin embargo de reiterada jurisprudencia que, en el caso en que su aplicación resulte menos favorable, la normativa nacional sólo será conforme con el Derecho de la Unión si la misma no perjudica al trabajador interesado con relación a quienes ejercen todas sus actividades en el Estado miembro en el que aquélla se aplica y si no conduce pura y simplemente a un abono de cotizaciones sociales a fondo perdido (sentencias de 18 de abril de 2013, Mulders,
C‑548/11
,
EU:C:2013:249
, apartado
, y de 21 de enero de 2016, Comisión/Chipre,
C‑515/14
,
EU:C:2016:30
, apartado
).
De este modo, han sido calificadas reiteradamente por el Tribunal de Justicia de obstáculos aquellas medidas que tienen por efecto que los trabajadores, como consecuencia del ejercicio de su derecho de libre circulación, pierdan beneficios de seguridad social que les concede la legislación de un Estado miembro, en especial cuando esos beneficios representan la contrapartida de las cotizaciones que han pagado (véanse las sentencias de 21 de octubre de 1975, Petroni,
24/75
,
EU:C:1975:129
, apartado
; de 1 de abril de 2008, Gouvernement de la Communauté française y Gouvernement wallon,
C‑212/06
,
EU:C:2008:178
, apartado
, y de 18 de abril de 2013, Mulders,
C‑548/11
,
EU:C:2013:249
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por lo que respecte a la normativa nacional controvertida en el litigio principal, ha de señalarse que, en el supuesto de que el funcionario que se encuentra en situación de servicios especiales en una institución o un organismo de la Unión mantenga su afiliación en su régimen nacional de pensiones durante el tiempo que dura esa situación, esa normativa nacional somete a la pensión derivada de esa afiliación a una regla de tope máximo y a una regla de nivelación. En virtud de estas reglas, el importe de la pensión que reciba el funcionario con arreglo al régimen nacional de pensiones sólo puede completar la pensión adquirida en el régimen de pensiones de la Unión hasta el límite de la pensión nacional que habría causado de no haber estado en situación de servicios especiales y la pensión nacional sufre una disminución hasta el límite del importe de la pensión causada en el régimen de pensiones de la Unión, de forma que el importe acumulado de ambas pensiones no supere el tope máximo así fijado.
Estas reglas de tope máximo y de nivelación tienen por efecto que un funcionario en situación de servicios especiales en una institución o un organismo de la Unión que mantiene, mientras se encuentra en esa situación, su afiliación en su régimen nacional de pensiones pierde, total o parcialmente, las ventajas que se derivan de su afiliación a ese último régimen si cubre el período de diez años de servicios a favor de la Unión que le da derecho a causar una pensión con arreglo al régimen de pensiones de la Unión. En estas circunstancias, el funcionario que sigue afiliado al régimen nacional de pensiones abona cotizaciones sociales a fondo perdido. De este modo, estas reglas pueden obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de tal funcionario, de su libertad garantizada por el artículo 45 TFUE.
En respuesta a la alegación del Gobierno francés en el sentido de que el mantenimiento de la afiliación al régimen nacional de pensiones constituye una facultad concedida por la normativa controvertida en el litigio principal, y no una obligación, cabe señalar que esta circunstancia no hace que tal normativa deje de representar un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores.
En efecto, el carácter facultativo del mantenimiento de la afiliación al régimen nacional de pensiones no altera en absoluto el hecho de que las reglas del tope máximo y de nivelación que se aplican en caso de que se ejercite esta facultad tienen por efecto que el funcionario que hace uso de esa facultad abone cotizaciones sociales a fondo perdido si cumple el período de diez años al servicio de la Unión que le da derecho a causar una pensión con arreglo al régimen de pensiones de la Unión. Pues bien, cuando un régimen nacional de pensiones permite que sigan afiliados los funcionarios en situación de servicios especiales, tal facultad debe organizarse de modo que no produzca tal efecto, so pena de ser considerada un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores.
Tampoco altera la calificación de una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal como obstáculo a la libre circulación de los trabajadores la alegación formulada por el Gobierno francés en el sentido de que tal normativa no depara a los funcionarios en situación de servicios especiales un trato más favorable que el que reciben aquellos que desarrollan toda su carrera en el Estado miembro de origen.
En efecto, tal normativa representa para un funcionario en situación de servicios especiales afiliado tanto al régimen de pensiones de la Unión como al régimen nacional de pensiones un tratamiento más desfavorable que el que recibe un funcionario que se queda en el Estado miembro de origen que sólo está afiliado a ese último régimen, en la medida en que sólo el primero experimenta, a pesar de haber cotizado simultáneamente a ambos regímenes, una pérdida total o parcial de las ventajas que se derivan de su afiliación al régimen nacional de pensiones, en caso de que cause derecho a pensión en el régimen de pensiones de la Unión.
En tercer lugar y por lo que respecta a la existencia de una eventual justificación, debe señalarse que el órgano jurisdiccional remitente no presenta ningún motivo que pueda justificar el obstáculo a la libre circulación de los trabajadores que constituye una normativa como la controvertida en el litigio principal. Asimismo, en sus observaciones presentadas al Tribunal de Justicia, el Gobierno francés tampoco ha invocado una justificación de esta normativa.
En estas circunstancias, debe considerarse que una normativa como la controvertida en el litigio principal constituye un obstáculo injustificado a la libre circulación de los trabajadores que garantiza el artículo 45 TFUE.
En consecuencia, no procede pronunciarse sobre la interpretación del artículo 48 TFUE y del artículo 4 TUE, apartado 3.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a la cuestión prejudicial formulada que el artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que produce el efecto de que un funcionario nacional en situación de servicios especiales en una institución o un organismo de la Unión que opta por seguir afiliado al régimen nacional de pensiones mientras se encuentra en situación de servicios especiales pierde, total o parcialmente, las ventajas que se derivan de su afiliación a ese último régimen si cubre el período de diez años de servicios a favor de la Unión que le da derecho a causar una pensión con arreglo al régimen de pensiones de la Unión.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

El artículo 45 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que produce el efecto de que un funcionario nacional en situación de servicios especiales en una institución o un organismo de la Unión que opta por seguir afiliado al régimen nacional de pensiones mientras se encuentra en situación de servicios especiales pierde, total o parcialmente, las ventajas que se derivan de su afiliación a ese último régimen si cubre el período de diez años de servicios a favor de la Unión que le da derecho a causar una pensión con arreglo al régimen de pensiones de la Unión.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.