CELEX: 62017CJ0448
Procedimiento prejudicial
Contratos celebrados con los consumidores
Directiva 93/13/CEE
Cláusulas abusivas
Artículos 4, apartado 2, y 5
Obligación de redactar las cláusulas de manera clara y comprensible
Artículo 7
Sometimiento del asunto a los tribunales por personas y organizaciones que tengan un interés legítimo en proteger a los consumidores frente al uso de cláusulas abusivas
Normativa nacional que supedita la posibilidad de que una asociación para la defensa de los consumidores intervenga en un procedimiento al consentimiento del consumidor
Crédito al consumo
Directiva 87/102/CEE
Artículo 4, apartado 2
Obligación de indicar la tasa anual efectiva en el contrato escrito
Contrato que incluye únicamente una ecuación matemática de cálculo de la tasa anual efectiva no acompañada de los datos necesarios para proceder a ese cálculo

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 4, apartado 2, y del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (
DO 1993, L 95, p. 29
; corrección de errores en
DO 2015, L 137, p. 13
).
Dicha petición se ha presentado en un litigio entre EOS KSI Slovensko s. r. o. (en lo sucesivo, «EOS»), por una parte, y el Sr. Ján Danko y la Sra. Margita Danková, por otra, en relación con el pago de cantidades adeudadas derivadas de un crédito al consumo.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 87/102
El artículo 1 de la Directiva 87/102/CEE del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo (
DO 1987, L 42, p. 48
), en su versión modificada por la Directiva 98/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998 (
DO 1998, L 101, p. 17
) (en lo sucesivo, «Directiva 87/102»), dispone:
«1.   La presente Directiva se aplicará a los contratos de crédito.
2.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
d)
“coste total del crédito al consumo”: todos los gastos, incluidos los intereses y demás cargas, que el consumidor esté obligado a pagar para el crédito;
e)
“porcentaje anual de cargas financieras”: el coste total del crédito al consumo, expresado en un porcentaje anual sobre la cuantía del crédito concedido y calculado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1
bis
.»
El artículo 1
bis
de la Directiva 87/102 establece:
«1.
a)
El porcentaje anual de cargas financieras que es aquel que iguala, sobre una base anual, el valor actual de todos los compromisos (préstamos, reembolsos y gastos) existentes o futuros, asumidos por el prestamista y por el consumidor, se calculará de acuerdo con la fórmula matemática que figura en el Anexo II.
b)
En el Anexo III se dan cuatro ejemplos de cálculo, con carácter indicativo.
2.   Para calcular el porcentaje anual de cargas financieras, se determinará el coste total del crédito al consumo tal como se define en la letra d) del apartado 2 del artículo 1, exceptuando los siguientes gastos […].
[…]
4.
a)
El porcentaje anual de cargas financieras se calculará al firmarse el contrato de crédito, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 en relación con los anuncios y ofertas publicitarias.
b)
El cálculo se realizará partiendo de la hipótesis de que el contrato de crédito tendrá vigencia por el período de tiempo acordado y que el prestamista y el consumidor cumplirán sus obligaciones en los plazos y en las fechas acordadas.
[…]
6.   En los contratos de crédito en los que figuren cláusulas que permitan modificar el tipo de interés y la cuantía o el nivel de otros gastos incluidos en el porcentaje anual de cargas financieras pero que no se puedan cuantificar al calcularlo, el porcentaje anual de cargas financieras se calculará partiendo de la hipótesis de que el tipo y los demás gastos se mantienen fijos al nivel fijado inicialmente y se aplican hasta el término del contrato de crédito.
[…]»
El artículo 4 de esta Directiva dispone en su apartado 2:
«El contrato escrito incluirá:
a)
la indicación del porcentaje anual de cargas financieras;
b)
la indicación de las condiciones en las que podrá modificarse el porcentaje anual de cargas financieras.
[…]»
La Directiva 87/102 fue derogada con efectos a partir del 11 de junio de 2010, de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (
DO 2008, L 133, p. 66
; corrección de errores en
DO 2009, L 207, p. 14
). Habida cuenta de la fecha de los hechos del asunto principal, la Directiva 87/102 sigue siendo aplicable al caso de autos.
Directiva 93/13
A tenor del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13:
«Las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas, así como las disposiciones o los principios de los convenios internacionales, en especial en el ámbito de los transportes, donde los Estados miembros o la [Unión Europea] son parte, no estarán sometidos a las disposiciones de la presente Directiva.»
El artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva establece:
«Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, pese a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.»
El artículo 4 de la citada Directiva dispone:
«1.   Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa.
2.   La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.»
El artículo 5 de la misma Directiva tiene el siguiente tenor:
«En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. Esta norma de interpretación no será aplicable en el marco de los procedimientos que establece el apartado 2 del artículo 7 de la presente Directiva.»
A tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13:
«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»
El artículo 7 de dicha Directiva dispone:
«1.   Los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores.
2.   Los medios contemplados en el apartado 1 incluirán disposiciones que permitan a las personas y organizaciones que, con arreglo a la legislación nacional, tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores, acudir según el derecho nacional a los órganos judiciales o administrativos competentes con el fin de que estos determinen si ciertas cláusulas contractuales, redactadas con vistas a su utilización general, tienen carácter abusivo y apliquen los medios adecuados y eficaces para que cese la aplicación de dichas cláusulas.
3.   Los recursos mencionados en el apartado 2 podrán dirigirse, respetando la legislación nacional, por separado o conjuntamente contra varios profesionales del mismo sector económico o contra sus asociaciones que utilicen o recomienden que se utilicen las mismas cláusulas contractuales generales o cláusulas similares.»
El artículo 8 de la citada Directiva dispone:
«Los Estados miembros podrán adoptar o mantener en el ámbito regulado por la presente Directiva, disposiciones más estrictas que sean compatibles con el Tratado, con el fin de garantizar al consumidor un mayor nivel de protección.»
Derecho eslovaco
El artículo 53a del Občiansky zákonník (Código Civil), que transpone el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, prohíbe a todo profesional continuar utilizando una cláusula contractual que haya sido declarada abusiva por un órgano jurisdiccional en una resolución dictada en el marco de un litigio en el ámbito de la legislación para la protección de los consumidores. No obstante, esta disposición exige que el consumidor inicie el litigio o que, cuando sea parte demandada, realice un acto procesal.
El artículo 93 de la zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok (Ley n.
o
99/1963 sobre el Código de Enjuiciamiento Civil), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Código de Enjuiciamiento Civil»), establece:
«1)   Podrá intervenir como parte coadyuvante en apoyo de las pretensiones del demandante o del demandado quien tenga interés jurídico en el resultado del pleito […].
2)   Asimismo, podrá intervenir como parte coadyuvante en apoyo de las pretensiones del demandante o del demandado toda persona jurídica cuya actividad tenga por objeto la protección de derechos en virtud de una disposición específica.
3)   Esta persona intervendrá en el procedimiento a iniciativa propia o a petición de una de las partes transmitida por el órgano jurisdiccional. Este solo se pronunciará sobre la admisibilidad de la intervención cuando se haya presentado una solicitud en este sentido.
4)   En el marco del procedimiento, la parte coadyuvante tendrá los mismos derechos y obligaciones que las partes del procedimiento. Sin embargo, actuará por cuenta propia. Si sus actos se oponen a los de la parte a la que presta su apoyo, el órgano jurisdiccional los apreciará después de examinar todas las circunstancias.»
A tenor del artículo 172 del Código de Enjuiciamiento Civil:
«1)   El órgano jurisdiccional podrá dictar un requerimiento de pago, aun sin solicitud expresa del demandante y sin haber oído al demandado, si en el escrito de demanda se ha invocado un derecho al pago de una cantidad de dinero basado en circunstancias invocadas por el demandante. En el requerimiento de pago, se ordenará al demandado el pago al demandante, dentro de los quince días siguientes a la notificación de aquel, del crédito exigible y de las costas procesales, o presentar en ese plazo oposición ante el órgano jurisdiccional que dicto el requerimiento de pago. La oposición contra el requerimiento de pago deberá estar motivada en cuanto al fondo. […]
[…]
3)   Si el juez no dicta el requerimiento de pago, ordenará que se celebre una vista.
[…]
7)   Si el escrito de demanda invoca un derecho parcialmente en contradicción manifiesta con la legislación, el órgano jurisdiccional solo dictará un requerimiento de pago, con el consentimiento del demandante, respecto de la parte no afectada por la referida contradicción; una vez se manifieste este consentimiento, el procedimiento ya solo tendrá por objeto esa parte de la demanda, y el juez no resolverá sobre el resto. El objeto del procedimiento siguió siendo, aun después de que se dicte el requerimiento de pago, la parte de la demanda sobre la que el juez se haya pronunciado dictando el referido requerimiento de pago; esta disposición también será de aplicación si se formula oposición.
[…]
9)   En caso de que se invoque el derecho al pago de una cantidad de dinero en virtud de un contrato celebrado con un consumidor y de que el demandado sea un consumidor, el órgano jurisdiccional no dictará el requerimiento de pago si el contrato incluye cláusulas abusivas.»
A tenor del artículo 4, apartado 2, letra g), de la zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch (Ley n.
o
258/2001, relativa al Crédito al Consumo), aplicable a los hechos del litigio principal, se considerará que el contrato de crédito al consumo que no mencione la tasa anual efectiva (en lo sucesivo, «TAE») no devengará intereses ni gastos.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El 24 de octubre de 2005, el Sr. Danko concluyó con Všeobecná úverová banka a.s. un contrato de crédito al consumo renovable por un importe de 30000 coronas eslovacas (SKK) (aproximadamente 995 euros). Con posterioridad, el prestamista cedió el crédito derivado del referido contrato a EOS, una agencia de gestión de cobro.
De la resolución de remisión se desprende que el contrato de que se trata en el litigio principal no indicaba la TAE y que en dicho contrato solo figuraba una ecuación matemática de cálculo de la TAE, que no iba acompañada de los datos necesarios para proceder a ese cálculo.
Invocando el incumplimiento del citado contrato por el prestatario, EOS interpuso un recurso ante el Okresný súd Humenné (Tribunal Comarcal de Humenné, Eslovaquia) para obtener el pago de la cantidad de 1123,12 euros más los intereses de demora al tipo del 9,5 %. Solicitó a este respecto que se dictase un requerimiento de pago con arreglo al artículo 172, apartado 1, del Código de Enjuiciamiento Civil, ya que ese proceso monitorio se caracteriza porque la decisión sobre el fondo se adopta sin celebrar una vista oral, sin la práctica de pruebas y únicamente sobre la base de las afirmaciones del demandante.
El 24 de agosto de 2012, el Okresný súd Humenné (Tribunal Comarcal de Humenné) dictó el requerimiento de pago solicitado. Dicho requerimiento no fue dictado por un magistrado, sino por un funcionario. El referido órgano jurisdiccional no tuvo en cuenta que el contrato de crédito del litigio principal no indicaba la TAE y tampoco examinó el carácter eventualmente abusivo de las cláusulas de dicho contrato.
La Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, asociación eslovaca para la defensa de los consumidores (en lo sucesivo, «HOOS»), que interviene en apoyo de los derechos del Sr. Danko y de la Sra. Danková, formuló oposición contra el requerimiento de pago.
Mediante auto de 17 de enero de 2013, el Okresný súd Humenné (Tribunal Comarcal de Humenné) desestimó la referida oposición, debido a que, al no formular el propio consumidor la oposición, no se cumplían los requisitos para que HOOS pudiera intervenir en el procedimiento.
El Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov, Eslovaquia), que conoce de un recurso interpuesto por HOOS, mediante auto de 30 de septiembre de 2013 anuló el auto a que se refiere el apartado anterior e instó al Okresný súd Humenné (Tribunal Comarcal de Humenné) a celebrar una vista, a proceder a la práctica de pruebas y a pronunciarse de nuevo sobre el fondo del litigio tras haber realizado un control judicial de las cláusulas contractuales del contrato de crédito objeto del litigio principal. El Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov) admitió la oposición de HOOS debido a que esta disponía de los mismos derechos que el consumidor-prestatario y consideró que el asunto principal no podía tramitarse a través del proceso monitorio, toda vez que este último excluye la celebración de una vista y la práctica de pruebas.
El Fiscal General (Eslovaquia) interpuso un recurso extraordinario de casación contra el auto del Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov) ante el Najvyšší súd (Tribunal Supremo, Eslovaquia).
Mediante auto de 10 de marzo de 2015, el Najvyšší súd (Tribunal Supremo) anuló el auto del Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov) y devolvió el asunto a este último órgano jurisdiccional. El Najvyšší súd (Tribunal Supremo) constató que la finalidad de la intervención de una asociación para la defensa de los consumidores solo puede realizarse tras el surgimiento de un litigio, a saber, solamente a partir del momento en que el consumidor formule oposición contra un requerimiento de pago.
El Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov) se pregunta si la normativa nacional cumple el principio de equivalencia previsto por el Derecho de la Unión por lo que respecta a las condiciones en las que una asociación para la defensa de los consumidores puede intervenir en el procedimiento en interés del consumidor en relación con las normas generales del Derecho eslovaco de la intervención en interés de la parte demandada.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en el supuesto de que un consumidor demandado en un litigio, en el procedimiento destinado a terminar con el uso de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados por un profesional con un consumidor, previsto en el artículo 53a del Código Civil, no tenga conocimiento del procedimiento, permanezca inactivo o no sea posible contactar con él, no se defenderán sus derechos de manera apropiada si el órgano jurisdiccional que conoce de una solicitud de que se dicte un requerimiento de pago debe renunciar a controlar el carácter abusivo de las cláusulas de que se trata.
Pues bien, las disposiciones del Derecho eslovaco no permiten que una asociación para la defensa de los consumidores intervenga en el procedimiento en interés del consumidor, en la medida en que estas disposiciones exigen que:
–
El consumidor manifieste por escrito su conformidad con tal intervención.
–
El consumidor, como parte demandada, apruebe los motivos de defensa invocados por la referida asociación.
–
El consumidor manifieste su conformidad con que tal asociación pueda interponer un recurso contra una resolución judicial que le concierne.
Según el órgano jurisdiccional remitente, en el asunto principal el Derecho eslovaco se aplicó de manera menos favorable que si se hubiera tratado de una situación que no incluyese elementos que entrasen en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, vulnerando la jurisprudencia derivada de la sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť (
C‑470/12
,
EU:C:2014:101
), apartado
. En efecto, en una situación que no esté incluida el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el litigio comienza el día de la presentación de una demanda con la que se inicia un procedimiento ante un órgano jurisdiccional nacional, por lo que la parte coadyuvante está legitimada para intervenir en el procedimiento desde su inicio.
Por último, respecto a la cláusula del contrato controvertido en el litigio principal relativa a la TAE, el órgano jurisdiccional remitente considera que no es transparente y que es contraria a las buenas costumbres, de modo que, de conformidad con el Derecho eslovaco, debería considerarse que el crédito de que se trata en el litigio principal no devenga intereses ni gastos. A juicio de dicho órgano jurisdiccional, tal sanción es proporcionada y disuasoria a la luz de las exigencias establecidas por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia (
C‑42/15
,
EU:C:2016:842
), apartados
y
.
En estas circunstancias, el Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional de Prešov) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
Habida cuenta de la sentencia [de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť (
C‑470/12
,
EU:C:2014:101
)], y de las consideraciones formuladas por el Tribunal de Justicia […] en el apartado 46 de [dicha sentencia], ¿es contraria al principio de equivalencia del Derecho de la Unión una normativa que, en el ámbito de la equivalencia entre los intereses protegidos por la ley y la protección de los derechos de los consumidores frente a cláusulas contractuales abusivas, no permite, sin el consentimiento del consumidor demandado, a una persona jurídica cuya actividad tiene por objeto la defensa colectiva de los consumidores frente a cláusulas contractuales abusivas y que está dirigida a la consecución del objetivo establecido en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva [93/13], incorporado al Derecho interno mediante el artículo 53a, apartados 1 y 2, del Código Civil, participar en calidad de parte (coadyuvante) en el procedimiento judicial desde su inicio y utilizar eficazmente, en beneficio del consumidor, los medios de acción y de defensa judiciales, con el fin de garantizar en el ámbito de tal procedimiento la protección frente a la utilización sistemática de cláusulas contractuales abusivas, mientras que en otro caso una parte (coadyuvante) que intervenga en un procedimiento judicial en apoyo de las pretensiones del demandado y que tenga un interés en la definición del derecho material (patrimonial) del objeto del procedimiento, a diferencia de una asociación para la defensa de los consumidores, no requiere en modo alguno el consentimiento del demandado en apoyo de cuyas pretensiones interviene para participar en el procedimiento judicial desde su inicio y para el ejercicio eficaz de los medios de defensa y de acción judiciales en beneficio del demandado?
2)
¿Debe interpretarse el término “comprensible” recogido en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13, habida cuenta de las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Justicia en las [sentencias de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (
C‑26/13
,
EU:C:2014:282
) y de 23 de abril de 2015, Van Hove (
C‑96/14
,
EU:C:2015:262
)], en el sentido de que una cláusula contractual puede considerarse “incomprensible” —con la consecuencia jurídica de que quedará sujeta [de oficio] al examen judicial de su carácter abusivo— incluso en el caso de que el concepto jurídico (instrumento) que regula revista una complejidad particular, sus consecuencias jurídicas sean difícilmente previsibles para un consumidor medio y para su comprensión se necesite generalmente asesoramiento jurídico profesional, cuyo coste no sea proporcional al valor de la prestación que el consumidor recibe en virtud del contrato?
3)
En el caso de que un tribunal se pronuncie sobre los derechos derivados de un contrato celebrado con un consumidor, invocados frente a un consumidor que actúa como parte demandada, sobre la única base de las declaraciones del demandante, mediante un requerimiento de pago dictado en el marco de un procedimiento monitorio, y en este procedimiento no se aplique en modo alguno la disposición del artículo 172, apartado 9, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que excluye la adopción de un requerimiento de pago en caso de existencia de cláusulas contractuales abusivas en un contrato celebrado con un consumidor, ¿es contraria al Derecho de la Unión una normativa de un Estado miembro que, habida cuenta del breve plazo previsto para la formulación de la oposición y de la eventual imposibilidad de localizar al consumidor o a la inactividad de este, no permite a una asociación para la defensa de los consumidores, cualificada y autorizada para alcanzar el objetivo establecido en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva [93/13], incorporado al Derecho interno mediante el artículo 53a, apartados 1 y 2, del Código Civil, invocar de forma eficaz, sin el consentimiento del consumidor (y sin el rechazo expreso del mismo), la única posibilidad de protección del consumidor, en forma de oposición al requerimiento de pago, en caso de inobservancia por el órgano jurisdiccional de la obligación prevista en el artículo 172, apartado 9, de la Ley de Enjuiciamiento Civil?
4)
Habida cuenta de la respuesta a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera, ¿puede considerarse relevante la circunstancia de que el ordenamiento jurídico no reconozca al consumidor el derecho a la asistencia jurídica obligatoria y que su ignorancia en la materia, a falta de un letrado que lo represente, entrañe el riesgo nada desdeñable de que no invoque el carácter abusivo de las cláusulas contractuales y tampoco actúe de forma que haga posible la intervención en apoyo de sus pretensiones, en el procedimiento judicial, de una asociación de defensa de los consumidores, cualificada y autorizada para alcanzar el objetivo establecido en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, incorporado al Derecho interno mediante el artículo 53a, apartados 1 y 2, del Código Civil?
5)
¿Es contraria al Derecho de la Unión, y a la exigencia de valorar todas las circunstancias del caso en el sentido del artículo 4, apartado 1, de la Directiva [93/13], una normativa como la relativa al procedimiento monitorio para la adopción de un requerimiento de pago (artículo 172, apartados 1 y siguientes, del Código de Enjuiciamiento Civil), que permite 1) reconocer al profesional, con los efectos de una sentencia, el derecho a una prestación pecuniaria 2) en el ámbito de un procedimiento monitorio, 3) ante un funcionario administrativo del órgano jurisdiccional, 4) sobre la única base de las declaraciones del profesional, 5) sin que se recaben pruebas en una situación en la que 6) el consumidor no está representado por un profesional del Derecho, y 7) su defensa no puede asumirse de forma eficaz, sin su consentimiento, por una asociación para la defensa de los consumidores, cualificada y autorizada para alcanzar el objetivo establecido en el artículo 7, apartado 1, de la de la Directiva [93/13], incorporado al Derecho interno mediante el artículo 53a, apartados 1 y 2, del Código Civil?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se determine, en esencia, si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el asunto principal, que no permite a una organización para la defensa de los consumidores intervenir, en interés del consumidor, en un proceso monitorio que afecta a un consumidor individual y formular oposición contra un requerimiento de pago sin la impugnación de este por dicho consumidor.
A este respecto, procede señalar que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 obliga a los Estados miembros a velar por que existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Del artículo 7, apartado 2, de esta Directiva se desprende que estos medios deben permitir que las personas y organizaciones que tengan un interés legítimo en la protección de los consumidores puedan acudir a los órganos judiciales con el fin de que estos determinen si ciertas cláusulas redactadas con vistas a una utilización general tienen carácter abusivo, y con el fin de lograr, en su caso, su prohibición (sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť,
C‑470/12
,
EU:C:2014:101
, apartado
y jurisprudencia citada).
Sin embargo, ni la Directiva 93/13 ni las Directivas que la sucedieron, que completan el régimen normativo de protección de las consumidores, contienen disposición alguna que regule el papel que pueden o deben desempeñar las asociaciones para la defensa de los consumidores en el marco de litigios individuales que afecten a un consumidor. Así pues, la Directiva 93/13 no regula la cuestión de si tales asociaciones deben tener legitimación para intervenir en apoyo de los consumidores en el marco de tales litigios individuales (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť,
C‑470/12
,
EU:C:2014:101
, apartado
).
De ello se desprende que, al no existir normativa de la Unión en lo que respecta a la posibilidad de que las asociaciones para la defensa de los consumidores intervengan en litigios individuales que afecten a un consumidor, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro establecer tales normas, en virtud del principio de la autonomía procesal, siempre y cuando estas normas no sean menos favorables que las que regulan situaciones similares sometidas al Derecho interno (principio de equivalencia) y no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión (principio de efectividad) (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť,
C‑470/12
,
EU:C:2014:101
, apartado
).
En primer lugar, en cuanto al principio de equivalencia, el órgano jurisdiccional remitente observa que los requisitos a los que a la normativa nacional en cuestión en el litigio principal supedita la posibilidad para que pueda admitirse la intervención de una asociación para la defensa de los consumidores son más favorables cuando el recurso se plantea exclusivamente sobre la base del Derecho interno que cuando se plantea sobre la base del Derecho de la Unión. En efecto, mientras que en un asunto que no esté incluido en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión el litigio comienza, de conformidad con la normativa nacional, el día de la presentación de un escrito de demanda ante un órgano jurisdiccional, de modo que la parte coadyuvante está legitimada para intervenir en el procedimiento desde su inicio, en el asunto principal, que está incluido en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el litigio surge a partir del momento en que el consumidor formula oposición contra un requerimiento de pago, de modo que una asociación para la defensa de los consumidores solo podrá intervenir a partir de que se haya formulado la oposición.
A este respecto, procede recordar que el cumplimiento del principio de equivalencia exige la aplicación indiferenciada de normas nacionales a los procedimientos basados en el Derecho de la Unión y a los basados en el Derecho nacional (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de octubre de 2016, Danqua,
C‑429/15
,
EU:C:2016:789
, apartado
).
Por consiguiente, este principio debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que somete la intervención de las asociaciones de consumidores en los litigios incluidos en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión a condiciones menos favorables que las aplicables en caso de litigios incluidos exclusivamente en el ámbito de aplicación del Derecho interno.
Si bien el Gobierno eslovaco afirma, en sus observaciones escritas, que la aplicación diferenciada de las normas nacionales identificadas por el órgano jurisdiccional remitente no se basa en que el litigio esté o no incluido en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, sino sobre la diferente naturaleza de los procedimientos de que se trata, incumbe, no obstante, al órgano jurisdiccional remitente, que tiene un conocimiento directo de la regulación procesal de los recursos en su ordenamiento jurídico interno, comprobar el respeto del principio de equivalencia en el asunto del que conoce mediante un análisis de los recursos de que se trata desde el ángulo de su objeto, de su causa y de sus elementos esenciales.
En lo que atañe, en segundo lugar, al principio de efectividad, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el hecho de no admitir la intervención de una asociación para la defensa de los consumidores en un procedimiento en el que sea parte un consumidor no afecta al derecho de dicha asociación a una tutela judicial efectiva para la defensa de sus derechos como asociación de este tipo, en particular, su derecho a ejercer acciones colectivas reconocido por el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 93/13. Asimismo, es preciso añadir que, con arreglo a la normativa nacional controvertida en el litigio principal, una asociación puede representar directamente a un consumidor en cualquier procedimiento, incluso de ejecución, en virtud de un mandato conferido por este (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2014, Pohotovosť,
C‑470/12
,
EU:C:2014:101
, apartados
y
).
En estas condiciones, no se ha determinado que la normativa nacional controvertida en el litigio principal vulnere el principio de efectividad por lo que respecta al derecho de las asociaciones para la defensa de los consumidores a intervenir en litigios en los que sean parte consumidores en una situación como la del litigio principal.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, debe responderse a la primera cuestión que la Directiva 93/13, en relación con el principio de equivalencia, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite a una organización para la defensa de los consumidores intervenir, en interés del consumidor, en un procedimiento monitorio que afecta a un consumidor individual y formular oposición contra el requerimiento de pago sin la impugnación de este por el referido consumidor, siempre que la citada normativa someta efectivamente la intervención de las asociaciones de consumidores en los litigios incluidos en el ámbito del Derecho de la Unión a condiciones menos favorables que las aplicables a los litigios incluidos exclusivamente en el ámbito de aplicación del Derecho interno, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Sobre las cuestiones prejudiciales tercera a quinta
Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera a quinta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se determine, en esencia, si la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prevé, en la fase en que se dicta un requerimiento de pago contra un consumidor, el control del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en un contrato celebrado entre un profesional y ese consumidor y, por una parte, confía a un funcionario de un órgano jurisdiccional, que no tiene la condición de magistrado, la competencia para dictar ese requerimiento de pago y, por otra parte, limita a quince días el plazo para formular oposición y dispone que esta última debe motivarse en cuanto al fondo.
A este respecto, procede recordar que la protección efectiva de los derechos que se derivan de la Directiva 93/13 solo podría garantizarse en caso de que el sistema procesal nacional permita, en el marco del proceso monitorio o en el del procedimiento de ejecución del requerimiento de pago, un control de oficio del carácter potencialmente abusivo de las cláusulas contenidas en el contrato de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid EFC,
C‑49/14
,
EU:C:2016:98
, apartados
y
).
En consecuencia, en el supuesto de que no se prevea ningún control de oficio, por un juez, de la naturaleza potencialmente abusiva de las cláusulas contenidas en el contrato de que se trate en la fase de la ejecución del requerimiento de pago, deberá considerarse que una legislación nacional puede menoscabar la efectividad de la protección que pretende garantizar la Directiva 93/13 si dicha legislación no prevé tal control en la fase en que se dicte el requerimiento o, cuando tal control se prevé únicamente en la fase de la oposición contra el requerimiento dictado, si existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor afectado no formule la oposición requerida, ya sea debido al plazo particularmente breve previsto para ello, ya sea por los costes que implicaría la acción judicial en relación con la cuantía de la deuda litigiosa, ya sea porque la legislación nacional no establece la obligación de que se le dé toda la información necesaria para permitirle determinar el alcance de sus derechos (véanse, por analogía, las sentencias de 14 de junio de 2012, Banco Español de Crédito,
C‑618/10
,
EU:C:2012:349
, apartado
, y de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid EFC,
C‑49/14
,
EU:C:2016:98
, apartado
).
En el presente asunto, el artículo 172, apartado 9, del Código de Enjuiciamiento Civil prevé que, en caso de que se invoque el derecho al pago de una cantidad de dinero derivada de un contrato celebrado con un consumidor y cuando el demandado sea un consumidor, el juez no dictará el requerimiento de pago si el contrato incluye cláusulas abusivas.
No obstante, la resolución de remisión precisa que la normativa nacional confiere competencia, en materia de emisión de requerimientos de pago, a funcionarios del órgano jurisdiccional que no tienen la condición de magistrado.
A este respecto, debe señalarse que la preservación del efecto útil de la Directiva 93/13 se opone a que una normativa nacional permita que se dicte un requerimiento de pago sin que el consumidor pueda disfrutar, en ningún momento del procedimiento, de la garantía de que un juez realizará un control de la inexistencia de cláusulas abusivas en el contrato de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de febrero de 2016, Finanmadrid EFC,
C‑49/14
,
EU:C:2016:98
, apartado
).
Por consiguiente, el hecho de que la normativa nacional confiera competencia, en materia de expedición de requerimientos de pago, a funcionarios que no tengan la condición de magistrado no menoscaba la preservación de la eficacia de la Directiva 93/13, siempre que el control por un juez de la inexistencia de cláusulas abusivas en el contrato de que se trate se prevea en la fase de la ejecución del requerimiento de pago o en caso de oposición a este.
Dicho esto, como se ha recordado en el apartado 46 de la presente sentencia, la existencia de tal control únicamente en la fase de oposición solo puede preservar el efecto útil de la Directiva 93/13 si no se disuade a los consumidores de formular tal oposición.
Pues bien, en el presente caso, la normativa nacional controvertida en el litigio principal prevé un plazo de solamente quince días, durante los cuales el consumidor puede formular oposición contra un requerimiento de pago y le exige, además, que motive su oposición en cuanto al fondo.
Por consiguiente, debe constatarse que existe un riesgo no desdeñable de que el consumidor afectado no formule la oposición requerida y que, por ello, no pueda realizarse el control de oficio por un juez de la inexistencia de cláusulas abusivas en el contrato de que se trate.
A la luz de estas consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera a quinta que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que previendo, en la fase en que se dicta un requerimiento de pago contra un consumidor, el control del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en un contrato celebrado entre un profesional y ese consumidor, por una parte, confía a un funcionario de un órgano jurisdiccional que no tiene la condición de magistrado la competencia de emitir ese requerimiento de pago y, por otra, prevé un plazo de quince días para formular oposición y exige que esta última debe motivarse en cuanto al fondo, siempre que tal control de oficio no esté previsto en la fase de la ejecución del referido requerimiento, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
Sobre la admisibilidad
En sus observaciones escritas, el Gobierno eslovaco sostiene, en esencia, que esta cuestión tiene carácter hipotético dado que un eventual reconocimiento, por el órgano jurisdiccional remitente, de la legitimación activa de HOOS provocaría la anulación del auto de 17 de enero de 2013 del Okresný súd Humenné (Tribunal Comarcal de Humenné) y la devolución del asunto a este último. En consecuencia, el órgano jurisdiccional remitente no se pronunciaría sobre el carácter abusivo de la cláusula contractual de que se trata.
A este respecto procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad, y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia, disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional solo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 21 de septiembre de 2017, Malta Dental Technologists Association y Reynaud,
C‑125/16
,
EU:C:2017:707
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por otra parte, incumbe al órgano jurisdiccional nacional decidir en qué fase del procedimiento procede plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia (sentencia de 21 de septiembre de 2017, Malta Dental Technologists Association y Reynaud,
C‑125/16
,
EU:C:2017:707
, apartado
y jurisprudencia citada).
A la luz de esta jurisprudencia y habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera, tercera, cuarta y quinta, debe declararse la admisibilidad de la segunda cuestión prejudicial.
Sobre el fondo
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se determine, en esencia, si el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que la cláusula de un contrato de crédito al consumo relativa al coste del crédito debe considerarse redactada de manera clara y comprensible, en el sentido de dicha disposición, cuando dicho contrato, por una parte, no indica la TAE sino que incluye solamente una ecuación matemática de cálculo de esa TAE y no va acompañada de los elementos necesarios para proceder a ese cálculo y, por otra parte, no menciona el tipo de interés.
Con carácter preliminar, es preciso recordar que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 prevé que la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que esta exigencia de transparencia de las cláusulas contractuales, recordada también en el artículo 5 de la Directiva 93/13, no puede reducirse solo al carácter comprensible de estas en el plano formal y gramatical, sino que, por el contrario, toda vez que el sistema de protección establecido por dicha Directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido, en particular, al nivel de información, esa exigencia de redacción clara y comprensible de las cláusulas contractuales, y por ende de transparencia, debe entenderse de manera extensiva (sentencia de 20 de septiembre de 2017, de 20 de septiembre de 2017, Andriciuc y otros,
C‑186/16
,
EU:C:2017:703
, apartado
y jurisprudencia citada).
De ello se desprende que, para determinar si la cláusula de un contrato de crédito relativa a su coste y que, por ello, se refiere al objeto principal del contrato, está redactada de manera clara y comprensible, deben tenerse en cuenta todas las disposiciones del Derecho de la Unión que establecen obligaciones en materia de información de los consumidores que puedan aplicarse al contrato de que se trata.
Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha declarado respecto a la Directiva 87/102 que, habida cuenta del objetivo de protección del consumidor contra unas condiciones crediticias injustas que persigue dicha Directiva y para que este pueda tener pleno conocimiento de las condiciones de la ejecución futura del contrato suscrito en el momento de la celebración de este contrato, el artículo 4 de esa Directiva exige que el prestatario conozca todos los datos que puedan tener influencia sobre el alcance de su compromiso (sentencia de 9 de julio de 2015, Bucura,
C‑348/14
, no publicada,
EU:C:2015:447
, apartado
y jurisprudencia citada).
De conformidad con el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 87/102, el contrato de crédito se hará por escrito ya que dicho contrato debe incluir la indicación de la TAE, así como las condiciones en las que esta podrá modificarse. El artículo 1
bis
de dicha Directiva establece el método para calcular la TAE y especifica, en su apartado 4, letra a), que esta se calculará «al firmarse el contrato». Así pues, la información del consumidor sobre el coste global del crédito, en forma de un tipo calculado de acuerdo con una fórmula matemática única, reviste excepcional importancia (véase, en este sentido, el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť,
C‑76/10
,
EU:C:2010:685
, apartados
y
).
Por consiguiente, el hecho de que no se indique la TAE en un contrato de crédito puede constituir un elemento decisivo cuando el juez nacional en cuestión trate de determinar si la cláusula de ese contrato relativa al coste del crédito está redactada de manera clara y comprensible en el sentido del artículo 4 de la Directiva 93/13. Si no es así, ese órgano jurisdiccional nacional está facultado para apreciar el carácter abusivo de dicha cláusula en el sentido del artículo 3 de dicha Directiva (véase, en este sentido, el auto de 16 de noviembre de 2010, Pohotovosť,
C‑76/10
,
EU:C:2010:685
, apartados
y
).
Es preciso añadir que debe asimilarse a la situación en que no se indique la TAE en un contrato de crédito aquella en la que, como en el litigio principal, el contrato contiene únicamente una ecuación matemática de cálculo de esa TAE sin que se acompañe de los elementos necesarios para proceder a ese cálculo.
En efecto, en tal situación, el consumidor no tiene un conocimiento completo de las condiciones de la futura ejecución del contrato celebrado, en el momento de su firma, ni tampoco de todos los elementos que pueden influir sobre el alcance de su compromiso.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un contrato de crédito al consumo, por una parte, no indica la TAE sino que contiene solamente una ecuación matemática del cálculo de la TAE que no está acompañada de los elementos necesarios para proceder a ese cálculo y, por otra parte, no menciona el tipo de interés, tal circunstancia es un elemento decisivo en el análisis del órgano jurisdiccional nacional de que se trate relativo a si la cláusula de ese contrato relativa al coste del crédito está redactada de manera clara y comprensible en el sentido de la referida disposición.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:

1)
La Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con el principio de equivalencia, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que no permite a una organización para la defensa de los consumidores intervenir, en interés del consumidor, en un procedimiento monitorio que afecta a un consumidor individual y formular oposición contra el requerimiento de pago sin la impugnación de este por el referido consumidor, siempre que la citada normativa someta efectivamente la intervención de las asociaciones de consumidores en los litigios incluidos en el ámbito del Derecho de la Unión a condiciones menos favorables que las aplicables a los litigios incluidos exclusivamente en el ámbito de aplicación del Derecho interno, lo que incumbe comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

2)
La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, previendo, en la fase en que se dicta un requerimiento de pago contra un consumidor, el control del carácter abusivo de las cláusulas contenidas en un contrato celebrado entre un profesional y ese consumidor, por una parte, confía a un funcionario de un órgano jurisdiccional, que no tiene la condición de magistrado, la competencia para emitir ese requerimiento de pago y, por otra parte, prevé un plazo de quince días para formular oposición y exige que esta última debe motivarse en cuanto al fondo, siempre que tal control de oficio no esté previsto en la fase de la ejecución del referido requerimiento, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

3)
El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que, cuando un contrato de crédito al consumo, por una parte, no indica la tasa anual efectiva, sino que contiene solamente una ecuación matemática del cálculo de esa tasa anual efectiva que no está acompañada de los elementos necesarios para proceder a ese cálculo y, por otra parte, no menciona el tipo de interés, tal circunstancia es un elemento decisivo en el análisis del órgano jurisdiccional de que se trate relativo a si la cláusula de ese contrato relativa al coste del crédito está redactada de manera clara y comprensible en el sentido de la referida disposición.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: eslovaco.