CELEX: 62017CJ0664
Procedimiento prejudicial
Política social
Directiva 2001/23/CE
Ámbito de aplicación
Transmisión de una parte de una empresa
Mantenimiento de los derechos de los trabajadores
Concepto de transmisión
Concepto de entidad económica
Cesión de una parte de la actividad económica de una matriz a una filial de nueva creación
Identidad
Autonomía
Continuación de una actividad económica
Criterio de estabilidad de la continuación de una actividad económica
Uso de factores de producción de terceros
Intención de liquidar la entidad transmitida

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (
DO 2001, L 82, p. 16
).
Dicha petición se planteó en el marco de un litigio entre Ellinika Nafpigeia AE y el Sr. Panagiotis Anagnostopoulos y otros 89 trabajadores (en lo sucesivo, «trabajadores afectados»), relativo a la ejecución de los contratos de trabajo inicialmente celebrados entre dichas partes.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
La Directiva 2001/23 llevó a cabo, con efectos desde el 11 de abril de 2001, la codificación de la Directiva 77/187/CEE del Consejo, de 14 de febrero de 1977, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (
DO 1977, L 61, p. 26
; EE 05/02, p. 122), en su versión modificada por la Directiva 98/50/CE del Consejo, de 29 de junio de 1998 (
DO 1998, L 201, p. 88
). Dado que todos los acontecimientos pertinentes relativos a la transmisión controvertida en el litigio principal se desarrollaron después del 11 de abril de 2001, la Directiva 2001/23 es, por este motivo, aplicable
ratione temporis
al litigio principal.
Los considerandos 3 y 8 de la Directiva 2001/23 señalan:
«(3)
Son necesarias disposiciones para proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos.
[…]
(8)
La seguridad y la transparencia jurídicas han requerido que se aclare el concepto de [transmisión] a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Esta aclaración no ha supuesto una modificación del ámbito de aplicación de la Directiva 77/187/CEE de acuerdo con la interpretación del Tribunal.»
El artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de dicha Directiva dispone:
«a)
La presente Directiva se aplicará a [las transmisiones] de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión.
b)
Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) y de las siguientes disposiciones del presente artículo, se considerará [transmisión] a efectos de la presente Directiva el de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, va fuere esencial o accesoria.»
El artículo 2, apartado 1, letras a) y b), de dicha Directiva tiene el siguiente tenor:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a)
“cedente”: cualquier persona física o jurídica que, como consecuencia de [una transmisión] en el sentido del apartado 1 del artículo l, pierda la calidad de empresario con respecto a la empresa, el centro de actividad o la parte de estos;
b)
“cesionario”: cualquier persona física o jurídica que, como consecuencia de [una transmisión] en el sentido del apartado 1, del artículo 1, adquiera la calidad de empresario con respecto a la empresa, el centro de actividad o la parte de estos».
De conformidad con el artículo 3, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2001/23:
Los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha de [la transmisión], serán transferidos al cesionario como consecuencia de tal [transmisión].»
El artículo 4, apartados 1 y 2, de la referida Directiva dispone:
«1.   [La transmisión] de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de estos no constituirá en sí [misma] un motivo de despido para el cedente o para el cesionario. Esta disposición no impedirá los despidos que puedan producirse por razones económicas, técnicas o de organización que impliquen cambios en el plano del empleo.
[…]
2.   Si el contrato de trabajo o la relación laboral se rescinde como consecuencia de que [la transmisión] ocasiona una modificación substancial de las condiciones de trabajo en perjuicio del trabajador, la rescisión del contrato de trabajo o de la relación laboral se considerará imputable al empresario.»
El artículo 5, apartado 1, de la citada Directiva establece:
«Salvo disposición en contrario por parte de los Estados miembros, los artículos 3 y 4 no serán aplicables a las [transmisiones] de empresas, centros de actividad, o partes de empresas o centros de actividad, cuando el cedente sea objeto de un procedimiento de quiebra o de un procedimiento de insolvencia análogo abierto con vistas a la liquidación de los bienes del cedente y estos estén bajo la supervisión de una autoridad pública competente (que podrá ser un interventor de empresas autorizado por una autoridad pública competente).»
Derecho griego
Con arreglo al artículo 2, apartado 1, letras a) y c), del Proedrikó Diátagma 178/2002: Metra schetiká me tin prostasía ton dikaiomáton ton mgazomese atíptosi metavívasis epicheiríseon, enkatastáseon í tmimáton enkatastáseon í epicheiríseon, se symórfosi pros tin Odigía 98/50/EK tou Symoulís (Decreto Presidencial 178/2002/CE sobre las medidas relativas a la protección de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, con el fin de adaptarse a la Directiva [98/50]) (FEK A’ 162/12.7.2002; en lo sucesivo, «Decreto presidencial 178/2002»), sus disposiciones se aplican a toda transmisión, convencional o legal, o fusión de empresas, de centros de actividad o de partes de centros de actividad, que implique una modificación en la persona del empresario y que pueda afectar a organismos públicos o privados que ejerzan actividades económicas, con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro.
Con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra b), del referido Decreto, se considera «transmisión» toda transmisión de una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto organizado de recursos, con el fin de llevar a cabo una actividad económica, ya sea principal o accesoria.
El artículo 3, apartado 1, letras a) y b), del Decreto Presidencial 178/2002 define los términos «cedente» y «cesionario». El primero de ellos designa a toda persona física o jurídica que, como consecuencia de una transmisión en el sentido antes indicado, pierde la condición de empleador con respecto a la empresa, el centro de actividad o una parte de estos y el segundo a toda persona física o jurídica que, como consecuencia de dicha transmisión, adquiere la condición de empresario con respecto a la empresa, el centro de actividad o una parte de estos.
De conformidad con el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, del Decreto Presidencial 178/2002, todos los derechos y obligaciones que tuviera el cedente en virtud de un contrato de trabajo o una relación laboral existente serán transmitidos al cesionario a partir de la fecha de la transmisión.
El artículo 4, apartado 1, párrafo segundo, del Decreto Presidencial 178/2002, establece que una vez efectuada la transmisión el cedente y el cesionario responderán solidaria e íntegramente de las obligaciones que resulten de un contrato de trabajo o una relación laboral existente hasta la fecha en que el cesionario asuma sus funciones.
Del artículo 4, apartado 2, de dicho Decreto resulta que con posterioridad a la transmisión el cesionario mantendrá las condiciones laborales que hubieran sido establecidas mediante convenio colectivo, por decisión arbitral, por la reglamentación correspondiente o por un contrato de trabajo individual.
El artículo 5, apartado 1, párrafo primero, del Decreto Presidencial 178/2002 dispone que la transmisión de una empresa, de un centro de actividad o de una parte de empresa no constituirá, por sí misma, una causa de despido de los trabajadores. Sin embargo, según lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Decreto, sin perjuicio del cumplimiento de las normas en materia de despidos, se autorizan los despidos que resulten necesarios por razones de índole económica, técnica o de organización que impliquen cambios de personal. No obstante, el artículo 5, apartado 2, de dicho Decreto establece que en el supuesto de que se resuelva el contrato de trabajo o la relación laboral debido a que la transmisión conlleve una modificación sustancial de las condiciones laborales en detrimento de los trabajadores, la rescisión del contrato de trabajo o de la relación laboral se considerará imputable al empresario.
Conforme al artículo 6, apartado 1, del Decreto Presidencial 178/2002, las consecuencias de una transmisión, recogidas en los artículos 4 y 5 del mencionado Decreto, no serán aplicables cuando el cedente objeto esté sometido a un procedimiento concursal o de un procedimiento de insolvencia análogo.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Los trabajadores afectados fueron contratados hace aproximadamente 30 años, en virtud de contratos de trabajo por tiempo indefinido por Ellinika Nafpigeia, para trabajar en las instalaciones de dicha sociedad situadas en Skaramangas (Grecia).
La mencionada sociedad era una empresa del sector público desde 1985, que en 2002 fue privatizada y quedó sujeta a una prohibición de reducción de su personal, hasta el 30 de septiembre de 2008.
En el momento de su privatización, Ellinika Nafpigeia desarrollaba cuatro tipos de actividades, a saber, la construcción de buques de guerra y mercantes, la reparación de buques, la construcción y reparación de submarinos, así como la construcción y reparación de vehículos ferroviarios. Estos tipos de actividades se atribuían respectivamente a cuatro «direcciones», a saber, la dirección de maquinaria de superficie, la dirección de reparaciones, la dirección de submarinos y la dirección de material rodante. Además, la estructura organizativa de Ellinika Nafpigeia comprendía cuatro «divisiones» de producción, en concreto, un tren de laminación, una unidad de producción de tubos, una carpintería y un taller mecánico. La participación de estas «divisiones» de producción era indispensable para realizar los trabajos encomendados en el marco de cada una de las actividades antes citadas, organizadas en direcciones.
Poco después de su privatización, Ellinika Nafpigeia creó una sociedad filial en el sector del material rodante, Etaireia Trochaiou Ylikou Ellados AE (en lo sucesivo, «ETYE»), con el fin de transferir a esta los acuerdos de programa en curso relativos a la construcción y entrega de vehículos ferroviarios de diferentes tipos. Según la resolución de remisión, el 28 de septiembre de 2006, Ellinika Nafpigeia y ETYE celebraron varios contratos para hacer posible que la «dirección de material rodante» de Ellinika Nafpigeia pudiera funcionar, a partir del 1 de octubre de 2006, como una sociedad autónoma bajo la denominación de ETYE.
Estos contratos tenían por objeto, en particular, el alquiler para uso profesional de un terreno de Ellinika Nafpigeia, la venta y la entrega, por Ellinika Nafpigeia a ETYE, de bienes muebles, la prestación, por Ellinika Nafpigeia a ETYE, de servicios de carácter administrativo, así como la adjudicación, por Ellinika Nafpigeia a ETYE, de la ejecución de obras suspendidas que debían efectuarse en virtud de tres acuerdos de programa.
En el año 2007, Ellinika Nafpigeia y ETYE celebraron otros contratos cuyo objeto era, en particular, el préstamo de personal de ETYE a Ellinika Nafpigeia, la atribución, por Ellinika Nafpigeia a ETYE, de la ejecución de obras suspendidas que debían efectuarse en virtud de un acuerdo de programa, y la prestación de servicios por parte de ETYE a Ellinika Nafpigeia.
El 28 de septiembre de 2007, Ellinika Nafpigeia y ETYE celebraron un acuerdo marco que preveía la liquidación de esta última el 30 de septiembre de 2008. Por otra parte, se acordó que Ellinika Nafpigeia asumiría los costes de liquidación equivalentes al coste estimado del despido de los 160 empleados de ETYE. Sin embargo, la fecha prevista de dicha liquidación se retrasó como resultado de una modificación, llevada a cabo el 10 de septiembre de 2008, de dicho acuerdo marco.
El 1 de octubre de 2007, todas las acciones de ETYE pasaron a ser propiedad de INTEI Industriebeteiligungsgesellschaft mbH (en lo sucesivo, «INTEI») y de Industriegesellschaft Waggonbau Ammendorf mbH (en lo sucesivo, «IGWA»), grupo de sociedades de responsabilidad limitada alemanas.
Mediante comunicación de 8 de octubre de 2007, se informó a todos los trabajadores de la adquisición de ΕΤΥΕ por el mencionado grupo empresarial. El 13 de mayo de 2008 se pactó un convenio colectivo de empresa por el que se establecieron las condiciones retributivas y laborales de todos los trabajadores de ΕΤΥΕ.
En 2010, el Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunal de Primera Instancia de Atenas, Grecia) declaró la quiebra de ETYE.
El 1 de junio de 2009, los trabajadores afectados interpusieron ante el Monomeles Protodikeio Athinon (Juzgado de Primera Instancia de Atenas, Grecia) una demanda para que se declarara que seguían vinculados a Ellinika Nafpigeia en virtud de contratos de trabajo por tiempo indefinido, que Ellinika Nafpigeia estaba obligada a abonarles las retribuciones legalmente establecidas durante todo el período de vigencia de sus contratos de trabajo y que, en caso de que se procediera a su resolución, Ellinika Nafpigeia estaba obligada a abonar a todos los trabajadores las indemnizaciones por despido previstas por la ley.
Dado que el juez estimó dicho recurso, Ellinika Nafpigeia interpuso recurso de apelación ante el Efeteio Athinon (Tribunal de Apelación de Atenas, Grecia). Dicho órgano jurisdiccional ratificó la resolución dictada en primera instancia declarando, en particular, que ETYE nunca existió como entidad orgánica autónoma. Estimó, en primer lugar, que ETYE no constituía una unidad de producción autónoma, toda vez que para la producción y la reparación del material rodante era indispensable la aportación de las cuatro divisiones de producción de Ellinika Nafpigeia y que, si Ellinika Nafpigeia pusiera fin a toda su actividad, a ΕΤΥΕ le habría resultado imposible llevar a cabo la construcción y reparación de material ferroviario. En segundo lugar, ETYE no tenía su propia estructura administrativa, pues se la proporcionaba Ellinika Nafpigeia y, en tercer lugar, no disponía de autonomía financiera, ya que Ellinika Nafpigeia garantizaba su gestión financiera. El Efeteio Athinon (Tribunal de Apelación de Atenas) dedujo de todo ello que no se había producido una transmisión de empresa, de centro de actividad o de partes de un centro de actividad y que, por tanto, Ellinika Nafpigeia seguía siendo el empresario de los trabajadores afectados.
El 29 de agosto de 2013, Ellinika Nafpigeia interpuso recurso de casación contra dicha resolución ante el Areios Pagos (Tribunal Supremo, Grecia). Se produjo una divergencia de opiniones en el seno de la Sala de dicho órgano jurisdiccional que conocía del asunto en lo que respecta al alcance de los términos «entidad económica» que figuran en el artículo 1 de la Directiva 2001/23.
En efecto, según tres magistrados de la sala, no era posible que ETYE continuara la actividad empresarial que asumió, dado que, con anterioridad a la transmisión controvertida, no disponía de la infraestructura material o técnica necesaria y que la dirección de material rodante que al parecer le fue transmitida no podía funcionar sin el apoyo de las divisiones de la producción de Ellinika Nafpigeia y de sus servicios administrativos y financieros. En opinión de dichos magistrados, esta apreciación resulta corroborada por el escaso volumen de actividad desplegado por ETYE y que condujo a su quiebra. Estimaron que lo anterior apoyaba, por otra parte, las alegaciones de los trabajadores afectados en el sentido de que el objetivo de la transmisión controvertida consistía en suprimir la actividad de construcción y reparación de vehículos ferroviarios de Ellinika Nafpigeia y suprimir los puestos de trabajo vinculados a dicha actividad sin hacer frente a las consecuencias financieras negativas.
En cambio, dos magistrados de la sala que conoce del asunto consideran que la unidad transferida gozaba de una autonomía suficiente, tanto antes como después de la transmisión controvertida, para ejercer su actividad económica. Sostienen que, en efecto, en caso de transmisión de una unidad de menor importancia, los elementos inherentes al concepto de «entidad económica» se pueden entender de manera menos restrictiva que en el supuesto de una transmisión de toda una empresa o de una actividad principal. El hecho de que el cesionario, como filial, haya sido apoyado por el cedente en el ejercicio de la actividad adquirida no excluye, en su opinión, la existencia de una transmisión, dado que, a efectos de la interpretación del concepto de «transmisión», es preciso tener en cuenta, en opinión de estos magistrados, las formas actuales que puede revestir la «actuación empresarial» recurriendo, en particular, a bienes y servicios de terceros. Por último, la intención del cedente y del cesionario de liquidar la empresa no constituye un indicio que excluya la presencia de una transmisión, sino un elemento que permite, en su caso, llevar a cabo, con arreglo a normas de Derecho nacional, una modificación unilateral de las condiciones del contrato y una ruptura de este por el empresario cedente.
En consecuencia, el Areios Pagos (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de la [Directiva 2001/23] y a efectos de determinar si existe o no transmisión de empresa, de centro de actividad o de partes de centro de actividad o de empresa, debe considerarse que constituye “entidad económica” toda unidad de producción completamente autónoma con una capacidad de funcionamiento que le permita cumplir su propia finalidad económica sin necesidad de recurrir (a través de adquisición, préstamo, arrendamiento o de otro modo) a factores de producción (materias primas, mano de obra, equipamiento mecánico, componentes del producto final, servicios de asistencia, recursos económicos y otros) facilitados por terceros? O, por el contrario, ¿son suficientes para la calificación de “entidad económica” la diversificación del objeto de la actividad o la posibilidad real de que ese objeto pueda constituir la finalidad de una actividad económica autónoma y la viabilidad de una organización eficaz de los factores de producción (materias primas, máquinas y otro tipo de equipamiento, mano de obra y servicios de asistencia) para cumplir esa finalidad concreta, sin que sea relevante que el nuevo operador que ejerce la actividad recurra a factores de producción incluso fuera de su propio ámbito o que no cumpla su finalidad en un caso concreto?
2)
¿Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1 de la [Directiva 2001/23], se excluye o no la existencia de transmisión en caso de que el cedente, el cesionario o ambos prevean no solo la continuación exitosa de la actividad por parte del nuevo operador, sino también el futuro cese de esta, con vistas a la liquidación de dicha empresa?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 2001/23, en particular su artículo 1, apartado 1, letras a) y b), debe interpretarse en el sentido de que se aplica a la transmisión de una unidad de producción cuando, por un lado, el cedente, el cesionario o ambos conjuntamente actúan con vistas a que el cesionario continúe con la actividad económica ejercida por el cedente, pero también con vistas a la posterior desaparición del propio cesionario, en el marco de una liquidación, y, por otro lado, la unidad en cuestión, que no tiene capacidad para alcanzar su objeto económico sin recurrir a factores de producción procedentes de terceros, no es totalmente autónoma.
Ha de señalarse, con carácter preliminar que, de los términos del artículo 1, apartado 1, letra a), la Directiva 2001/23 se desprende que dicha Directiva es aplicable a las transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o centros de actividad a otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión.
Siempre que cumpla los requisitos antes mencionados, la transmisión debe cumplir también los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, a saber, referirse a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados, a fin de continuar una actividad económica, ya sea esencial o accesoria.
Con el fin de dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, procede, en un primer momento, responder a la cuestión de si la Directiva 2001/23, en particular su artículo 1, apartado 1, letra b), puede aplicarse en una situación en la que el cedente, el cesionario o ambos conjuntamente contemplan no solo la continuación, por el cesionario, de la actividad de la entidad transmitida, sino también la futura liquidación del propio cesionario. En efecto, solo en caso de respuesta afirmativa procederá, en un segundo momento, responder a la cuestión de si una entidad transmitida, como la controvertida en el litigio principal, puede estar comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23.
Ante todo, si bien es cierto que el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2001/23 establece que la transmisión debe realizarse «a fin de llevar a cabo una actividad económica», no se deduce sin embargo de dicho texto que la continuación de actividad deba ser ilimitada en el tiempo ni que el cedente, el cesionario o ambos conjuntamente no puedan tener también la intención de hacer desaparecer, posteriormente tras haber desarrollado la actividad, al propio cesionario.
Así pues, de ninguna disposición de la Directiva 2001/23 resulta que el legislador de la Unión haya pretendido supeditar la aplicabilidad de dicha Directiva a la perennidad del cesionario más allá de un término concreto.
Seguidamente, es preciso subrayar que la interpretación que llevaría a excluir del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23 una transmisión como la controvertida en el litigio principal iría en contra del principal objetivo perseguido por dicha Directiva.
En efecto, la Directiva 2001/23 tiene por objeto garantizar la continuidad de las relaciones laborales existentes en el seno de una unidad económica, con independencia del cambio de propietario (sentencia de 6 de marzo de 2014, Amatori y otros,
C‑458/12
,
EU:C:2014:124
, apartado
y jurisprudencia citada).
Pues bien, la transmisión controvertida en el litigio principal parece haberse realizado, en particular, con la perspectiva de continuar la actividad económica por el nuevo operador, de modo que, en el presente asunto, debe quedar garantizada la continuación de las relaciones laborales garantizada por la Directiva 2001/23.
Por último, corrobora esta interpretación el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23, que constituye un elemento del contexto en el que se inscribe el artículo 1, apartado 1, letra b), de dicha Directiva.
En efecto, conforme al artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2001/23, sus artículos 3 y 4 no serán aplicables, en principio, cuando el cedente sea objeto de procedimientos de quiebra o de insolvencia análogos abiertos con vistas a la liquidación de los bienes del cedente.
De ello se deduce que la protección garantizada frente a los trabajadores por los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23 solo puede cesar en el supuesto de que sea el cedente quien está sometido a tal procedimiento en el momento de la transmisión.
Pues bien, en el litigio principal, consta, por un lado, que el cedente no es objeto de tal procedimiento y que, por otro lado, el cese de la actividad económica transmitida solo se contempla para el futuro, en el marco de la liquidación del cesionario.
De ello se deduce que, en circunstancias como las del litigio principal, los trabajadores afectados por la transmisión no pueden quedar privados de la protección que les conceden los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23.
De lo anterior se desprende que la Directiva 2001/23, en particular su artículo 1, apartado 1, letra b), puede aplicarse, en principio, en una situación en la que el cedente, el cesionario o ambos conjuntamente prevén no solo la continuación por el cesionario de la actividad de la entidad transmitida, sino también la futura liquidación del propio cesionario.
Sin embargo, como se desprende del apartado 31 de la presente sentencia, el órgano jurisdiccional remitente parece albergar dudas acerca de si, en el asunto de que conoce, la transmisión no es objeto de una desviación por parte del cedente, el cesionario o ambos conjuntamente, a fin de disimular su verdadera intención, consistente en facilitar la liquidación de la entidad transmitida sin tener que asumir sus repercusiones financieras.
A este respecto, es preciso recordar el principio general del Derecho de la Unión en cuya virtud la aplicación de la normativa de la Unión no puede extenderse hasta llegar a cubrir operaciones que se realicen para beneficiarse fraudulenta o abusivamente de las ventajas establecidas en el Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2019, N Luxembourg 1 y otros,
C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 y C‑299/16
,
EU:C:2019:134
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
De ello se deduce que debe denegarse la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión cuando se invoquen no para alcanzar los objetivos de las disposiciones en cuestión sino con el fin de disfrutar de una ventaja del Derecho de la Unión aunque los requisitos establecidos al respecto se cumplan solo formalmente (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2019, N Luxembourg 1 y otros,
C‑115/16, C‑118/16, C‑119/16 y C‑299/16
,
EU:C:2019:134
, apartado
).
Corresponde al Tribunal de Justicia proporcionar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones útiles para poder verificar si el cedente y el cesionario respetan o no el principio recordado en el apartado 50 de la presente sentencia.
A este respecto, si bien el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2001/23 supedita su aplicación al requisito de que la actividad económica de la entidad transmitida continúe con posterioridad a la transmisión, la mera continuación de esta actividad no puede por sí misma llevar a declarar que se cumple dicho requisito.
En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para estar sujeto a la Directiva 2001/23, la transmisión debe permitir al cesionario la continuación de las actividades o de determinadas actividades del cedente de forma estable (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 1999, Allen y otros,
C‑234/98
,
EU:C:1999:594
, apartado
y jurisprudencia citada).
Es preciso interpretar que el requisito de estabilidad establecido por el Tribunal de Justicia remite a un conjunto coherente de factores de producción diferentes, en concreto de elementos materiales o inmateriales, así como los efectivos necesarios, que permitan a la entidad transferida continuar una actividad económica (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 1995, Rygaard,
C‑48/94
,
EU:C:1995:290
, apartado
).
Pues bien, un conjunto de factores de producción que tiende, desde el momento en que se produjo la transmisión, a generar un desequilibrio entre los materiales de entrada y los de salida en la producción, que puede por tanto llevar a su asfixia y provocar, progresiva pero inevitablemente la desaparición de la actividad transferida, no solo no puede considerarse conforme con la exigencia de estabilidad, sino que podría poner además de manifiesto una intención abusiva de los operadores económicos en cuestión, destinada a eludir las repercusiones económicas negativas de la futura liquidación de la entidad transmitida que normalmente hubieran debido incumbir al cedente y que el cesionario no se halla en condiciones de asumir.
Ese podría ser también el caso si la actividad de la entidad transferida se limitase a finalizar determinados contratos o programas determinados, sin crear en la empresa un conjunto organizado de elementos como los mencionados en el apartado 55 de la presente sentencia (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de septiembre de 1995, Rygaard,
C‑48/94
,
EU:C:1995:290
, apartados
a
).
Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar, a la luz de los criterios anteriores, si, en una situación como la controvertida en el litigio principal, el cedente y el cesionario respetan el principio general del Derecho de la Unión mencionado en al apartado 50 de la presente sentencia y, por lo tanto, pueden acogerse a las ventajas que la Directiva 2001/23 prevé en caso de transmisión de empresa.
En un segundo momento, tal como se ha señalado en el apartado 37 de la presente sentencia, procede examinar si el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva 2001/23 puede aplicarse a la transmisión de una entidad como la controvertida en el litigio principal.
Para estar comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva, la transmisión debe referirse a una parte de la empresa cedente que constituya una entidad económica entendida como un conjunto organizado de personas y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica con un objetivo propio y suficientemente estructurada y autónoma (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2007, Jouini y otros,
C‑458/05
,
EU:C:2007:512
, apartado
y jurisprudencia citada).
A tal efecto, la entidad en cuestión debe asimismo mantener su identidad con posterioridad a la transmisión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2009, Klarenberg,
C‑466/07
,
EU:C:2009:85
, apartado
).
En la medida en que la identidad de una entidad económica está, pues, constituida por varios elementos indisociables como el personal que la integra, su marco de actuación, la organización de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de explotación de que dispone (sentencia de 20 de julio de 2017, Piscarreta Ricardo,
C‑416/16
,
EU:C:2017:574
, apartado
y jurisprudencia citada), tal identidad implica necesariamente, entre otros elementos, una autonomía funcional.
Así pues, al ser inherente a su identidad, la autonomía funcional de dicha entidad debe, como exige el artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2001/23, mantenerse después de la transmisión.
Además, no es necesario que dicha autonomía sea total. En efecto, se desprende expresamente del tenor del artículo 1, apartado 1, letra a), de la Directiva 2001/23 que esta es aplicable, no solo a la transmisión de la empresa, sino también a la transmisión de una parte de la empresa.
Por ello, no puede excluirse de entrada del ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23 una unidad de producción de una empresa, como la controvertida en el litigio principal, cuya actividad se ejercía antes de la transmisión dentro de dicha empresa y cuya autonomía en ella era, por tanto, limitada.
En el presente asunto, se desprende de la resolución de remisión que la unidad de producción transmitida podría no tener la capacidad de funcionar para alcanzar su objeto económico sin recurrir a los factores de producción de un tercero.
En efecto, si las partes de una misma empresa disfrutan de la autonomía de conjunto de esta, se corre el riesgo de que no exista la autonomía que necesitan dichas partes en sus propias relaciones con el exterior.
En un contexto parecido, el Tribunal de Justicia ha declarado en particular que una interpretación del artículo 1, apartado 1, letra b), de la Directiva 2001/23 que excluyera de su ámbito de aplicación una situación en la que los elementos materiales indispensables para el desarrollo de la actividad de que se trate no hayan dejado en ningún momento de pertenecer al cedente privaría a la Directiva de una parte de su efectividad (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de agosto de 2018, Colino Sigüenza,
C‑472/16
,
EU:C:2018:646
, apartado
y jurisprudencia citada).
No obstante, dado que, como se desprende del apartado 21 de la presente sentencia, una unidad de producción como la controvertida en el litigio principal, constituida por la «dirección de material rodante» de Ellinika Nafpigeia, fue transferida a ETYE, filial de la primera, ya no puede considerarse que esta unidad disponga de la autonomía de la sociedad matriz. El mantenimiento de la autonomía de una unidad separada, como la controvertida en el litigio principal, supone, por tanto, que esta última disponga, con posterioridad a la transmisión, de garantías suficientes que le permitan el acceso a los factores de producción del tercero de que se trate, a fin de no depender de las decisiones económicas tomadas por este de forma unilateral.
Estas garantías pueden adoptar, en particular, la forma de convenios o contratos, entre la unidad transmitida y el tercero afectado, que establezcan las condiciones precisas e imperativas en las que quedará asegurado el acceso a los factores de producción de este último.
En definitiva, corresponderá al órgano jurisdiccional remitente comprobar, a la luz de los elementos expuestos en los apartados 69 y 70 de la presente sentencia y teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho de la operación en cuestión, que la unidad de producción transferida dispone de garantías suficientes que le permitan acceder a los factores de producción de terceros.
En esas circunstancias, procede responder a las cuestiones planteadas que la Directiva 2001/23, en particular su artículo 1, apartado 1, letras a) y b), debe interpretarse en el sentido de que se aplica a la transmisión de una unidad de producción cuando, por un lado, el cedente, el cesionario o ambos conjuntamente actúan con vistas a que el cesionario continúe con la actividad económica ejercida por el cedente, pero también a la posterior desaparición del propio cesionario, en el marco de una liquidación, y, por otro lado, la unidad de que se trata, que no tiene capacidad para alcanzar su objeto económico sin recurrir a factores de producción procedentes de terceros, no es totalmente autónoma, siempre que, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, por una parte, se respete el principio general del Derecho de la Unión que obliga al cedente y al cesionario a no intentar beneficiarse de forma fraudulenta y abusiva de las ventajas que podrían obtener de la Directiva 2001/23 y, por otra parte, que la unidad de producción de que se trata disponga de garantías suficientes que le permitan el acceso a los factores de producción de un tercero para no depender de las decisiones económicas tomadas por este de forma unilateral.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

La Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad, concretamente su artículo 1, apartado 1, letras a) y b), debe interpretarse en el sentido de que se aplica a la transmisión de una unidad de producción cuando, por un lado, el cedente, el cesionario o ambos conjuntamente actúan con vistas a que el cesionario continúe con la actividad económica ejercida por el cedente, pero también a la posterior desaparición del propio cesionario, en el marco de una liquidación, y, por otro lado, la unidad de que se trata, que no tiene capacidad para alcanzar su objeto económico sin recurrir a factores de producción procedentes de terceros, no es totalmente autónoma, siempre que, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, por una parte, se respete el principio general del Derecho de la Unión que impone al cedente y al cesionario no pretender beneficiarse de forma fraudulenta y abusiva de las ventajas que podrían obtener de la Directiva 2001/23 y, por otra parte, que la unidad de producción de que se trata disponga de garantías suficientes que le permitan el acceso a los factores de producción de un tercero para no depender de las decisiones económicas efectuadas por este de forma unilateral.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: griego.