CELEX: 62020CJ0675
Recurso de casación
Función pública
Anexo VII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea
Artículo 4, apartado 1, letras a) y b)
Funcionario de la Unión nacional del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que ha residido habitualmente en el territorio del Estado de su lugar de destino durante los diez años anteriores a su entrada en funciones
Retirada del Reino Unido de la Unión
Adquisición por ese funcionario de la Unión de la nacionalidad del Estado de su lugar de destino
Supresión del derecho al pago de la indemnización por expatriación
Recurso de anulación

Mediante su recurso de casación, el Sr. Colin Brown, funcionario de la Comisión Europea, solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de 5 de octubre de 2020, Brown/Comisión (
T‑18/19
,
EU:T:2020:465
; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que este desestimó su recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 19 de marzo de 2018 por la que se le priva del derecho a la indemnización por expatriación y, en consecuencia, del derecho al reembolso de los gastos de viaje entre su lugar de destino y su lugar de origen, a partir del 1 de diciembre de 2017, después de que adquiriese la nacionalidad del Estado miembro de su lugar de destino (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
Marco jurídico
El artículo 1
quinquies
, apartado 5, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, en su versión aplicable al litigio que dio lugar al recurso (en lo sucesivo, «Estatuto»), establece:
«Cuando alguna de las personas a las que se aplique el presente Estatuto se considere perjudicada por no haberle sido aplicado el principio de igualdad de trato antes enunciado, y exponga hechos que permitan presumir que se ha cometido una discriminación directa o indirecta, corresponderá a la institución probar que no ha habido violación del principio de igualdad de trato. […]»
El artículo 4 del anexo VII del Estatuto dispone lo siguiente:
«1.   Se concederá una indemnización por expatriación en cuantía igual al 16 % del sueldo base, así como de la asignación familiar y de la asignación por hijo a su cargo abonadas al funcionario:
a)
a los funcionarios:
–
que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de destino, y
–
que en un período de cinco años cuyo término sea anterior en seis meses a su entrada al servicio de la Unión no hubieren residido ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio europeo de tal Estado. Para la aplicación de esta disposición no se tendrán en consideración las situaciones derivadas de servicios prestados a otro Estado o a una organización internacional.
b)
a los funcionarios que tengan o hayan tenido la nacionalidad del Estado en cuyo territorio esté situado su lugar de destino y que durante un período de diez años anterior a su entrada en servicio hubieren residido habitualmente fuera del territorio europeo de dicho Estado por causas que no sean el ejercicio de funciones al servicio de un Estado o de una organización internacional.
[…]
2.   El funcionario que, no teniendo ni habiendo tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre situado su lugar de destino, no reúna las condiciones previstas en el apartado 1 tendrá derecho a una indemnización por residencia fuera del país de origen, igual a una cuarta parte de la indemnización por expatriación.
3.   Para la aplicación de los apartados 1 y 2, el funcionario que, por matrimonio, adquiera de oficio, sin posibilidad de renuncia, la nacionalidad del Estado en cuyo territorio esté situado el lugar de su destino, será asimilado a aquel a que se refiere el primer guion de la letra a) del apartado 1.»
El artículo 7, apartado 4, del anexo VII del Estatuto establece:
«El lugar de origen del funcionario se determinará en el momento de su entrada en el servicio, teniendo en cuenta en principio el lugar de reclutamiento o, previa solicitud expresa y debidamente motivada, el lugar donde se centran sus intereses. Esta determinación podrá ser revisada mediante decisión especial de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos mientras el funcionario se encuentre en servicio o con ocasión de su cese. Sin embargo, mientras el interesado se encuentre en servicio, tal decisión solo podrá ser adoptada excepcionalmente y previa presentación por su parte de la justificación documental adecuada.»
El artículo 8, apartado 1, del anexo VII del Estatuto dispone:
«Los funcionarios con derecho a la indemnización por expatriación o residencia en el extranjero tendrán derecho, por cada año natural y dentro de los límites establecidos en el apartado 2, a un pago a tanto alzado correspondiente a los gastos de viaje desde el lugar de destino hasta el lugar de origen definido en el artículo 7, para sí mismos y, si tienen derecho a la asignación familiar, para su cónyuge y las personas a su cargo con arreglo a lo previsto en el artículo 2.»
El artículo 20, primera frase, del Estatuto establece lo siguiente:
«Los funcionarios estarán obligados a residir en la localidad de su destino o a una distancia de la misma que no entorpezca el ejercicio de sus funciones. […]»
El artículo 85, párrafo primero, del Estatuto prescribe:
«Las cantidades percibidas en exceso darán lugar a su devolución si el beneficiario hubiere tenido conocimiento de la irregularidad del pago o si esta fuere tan evidente que no hubiere podido dejar de advertirla.»
Antecedentes del litigio
El Tribunal General resumió los hechos que originaron el litigio, en los apartados 1 a 8 de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:
«1 Inicialmente, el demandante, el Sr. […] Brown, solo tenía la condición de nacional del Reino Unido [de Gran Bretaña e Irlanda del Norte], donde vivió hasta 1996. Estudió en Italia en 1996 y en 1997, y posteriormente en Bélgica, desde septiembre de 1997 hasta junio de 1998. A continuación, el demandante realizó un período de prácticas en la Comisión […] entre el 1 de octubre de 1998 y el 28 de febrero de 1999. Por último, trabajó a tiempo completo en el sector privado en Bélgica desde el 1 de marzo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2000.
2 El demandante entró en funciones en la Comisión el 1 de enero de 2001. La Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) de la Comisión le concedió la indemnización por expatriación en virtud del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto […].
3 […] El 29 de marzo de 2017, la Primera Ministra del Reino Unido notificó al Consejo Europeo la intención de dicho Estado miembro de retirarse de la Unión y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) en aplicación del artículo 50 TUE, apartado 2.
4 El 27 de junio de 2017, el demandante solicitó adquirir la nacionalidad belga, que obtuvo el 3 de noviembre siguiente. El 19 de enero de 2018 notificó este cambio de situación a la PMO.
5 El 23 de febrero de 2018, se informó al demandante, por una parte, de que se le privaba de la indemnización por expatriación a contar desde el 31 de octubre de 2017 debido a que había obtenido la nacionalidad belga y, por otra parte, de que perdía también, en consecuencia, el reembolso de los gastos de viaje con arreglo al artículo 8 del anexo VII del Estatuto.
6 A raíz de una petición de explicaciones, el 5 de marzo de 2018 el demandante recibió un correo electrónico del que se desprendía que la supresión de la indemnización por expatriación se justificaba, en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, por el hecho de residir en Bélgica desde 1997.
7 El 19 de marzo de 2018, la PMO sustituyó la Decisión de 23 de febrero de 2018 por [la Decisión controvertida].
8 El 17 de junio de 2018, el demandante presentó una reclamación, que fue desestimada mediante Decisión de la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos […] de 15 de octubre de 2018.»
Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida
En el marco de su recurso ante el Tribunal General, el recurrente pretendía, en particular, que se anulara la Decisión controvertida y se condenara a la Comisión a restablecer su derecho al pago de la indemnización por expatriación, prevista en el artículo 4 del anexo VII del Estatuto (en lo sucesivo, «indemnización por expatriación»), y al pago de los gastos de viaje entre su lugar de destino y su lugar de origen, tal como se define en el artículo 7 de dicho anexo VII, a partir del 1 de diciembre de 2017.
En apoyo de sus pretensiones de anulación, el recurrente invocó cuatro motivos, que fueron desestimados por el Tribunal General.
Por lo que respecta al primer motivo del recurso en primera instancia, basado en la infracción del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, el Tribunal General declaró, por una parte, al término del razonamiento seguido en los apartados 35 a 51 de la sentencia recurrida, que la PMO no había infringido esta disposición del Estatuto «al considerar que la adquisición de la nacionalidad del país de destino durante la carrera debía dar lugar al reexamen del derecho a la indemnización por expatriación» (apartado 52 de la sentencia recurrida). Por otra parte, el Tribunal General rechazó la alegación del recurrente según la cual el riesgo para este, como nacional del Reino Unido, de «ser obligado a cesar en sus funciones» a raíz de la retirada de dicho Estado de la Unión constituía un caso de fuerza mayor que dispensaba a la PMO de la obligación de reexaminar su situación a la vista de la nacionalidad belga que había adquirido (apartados 55 a 71 de la sentencia recurrida).
A este respecto, el Tribunal General declaró, en esencia, que no puede deducirse del tenor literal del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, interpretado a la luz de los trabajos preparatorios de esta disposición y del objetivo que persigue, que la administración esté obligada a seguir abonando mensualmente la indemnización por expatriación cuando se produce un hecho que modifica sustancialmente la situación de la persona que la recibe en relación con los requisitos para su concesión. Pues bien, la adquisición por el funcionario de que se trata de la nacionalidad del Estado de su lugar de destino, con posterioridad a su entrada en funciones, constituía un cambio sustancial de este tipo que podía dar lugar a la supresión del derecho al pago de dicha indemnización.
En cuanto al segundo motivo invocado en primera instancia por el recurrente, basado en la violación del principio de igualdad de trato y de no discriminación resultante del nuevo examen de su situación a la luz de los requisitos previstos en el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, este fue desestimado por el Tribunal General al término del examen realizado en los apartados 75 a 106 de la sentencia recurrida.
Más concretamente, el Tribunal General declaró, en esencia, que el respeto de dicho principio se imponía no solo en la fecha de entrada en servicio del interesado, sino también con ocasión del reexamen de la existencia de su derecho al pago de la indemnización por expatriación a raíz de una modificación de su situación personal. Pues bien, el Tribunal General consideró que, a partir de la fecha en la que el recurrente obtuvo la nacionalidad belga, procedía tratarlo del mismo modo que a cualquier otro nacional o antiguo nacional belga, cuya residencia habitual en Bélgica, incluso de corta duración, durante el «período decenal de referencia» anterior a la entrada en funciones, bastaba para excluir el derecho al pago de dicha indemnización, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto.
Por lo que respecta al tercer motivo invocado en primera instancia, mediante el cual el recurrente reprochaba a la Comisión haber violado el principio de igualdad de trato y de no discriminación al adoptar la interpretación realizada, en la Decisión controvertida, del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, el Tribunal General subrayó, en los apartados 112 y 113 de la sentencia recurrida, que la interpretación defendida por el recurrente era incompatible con el propio tenor de dicha disposición y con el alcance de esta, de modo que solo podía rechazarse.
Extrayendo las consecuencias de estas consideraciones, el Tribunal General descartó también el cuarto motivo que el recurrente había formulado en primera instancia con carácter subsidiario y que se basaba en una excepción de ilegalidad dirigida contra el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto y desestimó las demás pretensiones formuladas y, por consiguiente, el recurso en su totalidad (apartados 123 a 132 de la sentencia recurrida).
Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Mediante su recurso de casación, el recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Anule la Decisión controvertida sobre la base de los autos que le fueron sometidos.
–
Ordene a la Comisión que restablezca, con efectos a partir del 1 de diciembre de 2017, su derecho al pago de la indemnización por expatriación y de los gastos de viaje de los que era beneficiario, así como el derecho al pago de las indemnizaciones no abonadas entre el 1 de diciembre de 2017 y la fecha de restablecimiento del derecho del que era titular, más los intereses correspondientes.
–
Condene a la Comisión al pago de las costas en que haya incurrido ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General.
La Comisión y el Consejo de la Unión Europea solicitan que se desestime el recurso de casación y se condene en costas al recurrente.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de sus pretensiones, el recurrente invoca dos motivos. El primer motivo de casación se basa en la interpretación errónea del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. El segundo motivo de casación se basa en la discriminación injustificada que resulta de la aplicación por el Tribunal General del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto.
Primer motivo de casación, basado en la interpretación errónea del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto
Alegaciones de las partes
El recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho en la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, al considerar que dicha disposición permitía o exigía la supresión del derecho de un funcionario al pago de la indemnización por expatriación cuando había obtenido la nacionalidad del Estado de su lugar de destino si no ha habido un cambio de dicho Estado.
El recurrente alega, en primer lugar, que está plenamente de acuerdo con la premisa del razonamiento del Tribunal General, expuesta en los apartados 47 a 50 de la sentencia recurrida, en lo que respecta al objetivo de la indemnización por expatriación, que consiste en compensar los inconvenientes y las cargas que un funcionario sufre debido a la distancia entre el Estado de su lugar de destino y el Estado de su lugar de origen.
La necesidad de una compensación durante toda la carrera de un funcionario en el Estado en el que ha asumido sus funciones es evidente, puesto que los costes e inconvenientes no desaparecen, aunque dicho funcionario haya estado expatriado durante toda su carrera y haya creado diversos tipos de vínculos con el Estado de su lugar de destino. Por el contrario, como indicó el Tribunal General en el apartado 47 de la sentencia recurrida, estos costes e inconvenientes podrían incluso agravarse.
Según el recurrente, el vínculo entre el Estado del lugar de origen del funcionario de que se trate en el momento de su selección y el derecho al pago de la indemnización por expatriación explica por qué el tenor literal del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, por una parte, se centra únicamente en los períodos anteriores a la entrada en servicio de dicho funcionario, y no en los hechos que puedan producirse después de dicha entrada en servicio, y, por otra parte, utiliza el presente de subjuntivo y el pretérito perfecto compuesto de subjuntivo en la expresión «no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad» del Estado del lugar de destino, lo que implica que debe tomarse en consideración la nacionalidad de dicho funcionario en la fecha de su entrada en servicio.
El error de Derecho de que adolece, en opinión del recurrente, la sentencia recurrida proviene del hecho de que, mediante su razonamiento, el Tribunal General llegó a un resultado incompatible con la razón de ser de la indemnización por expatriación, tal como se expuso en los apartados 47 a 50 de la sentencia recurrida, es decir, que dicha indemnización debe concederse sobre la base de las circunstancias existentes en la fecha de entrada en servicio del funcionario afectado y que el derecho al pago de esta no puede ser suprimido posteriormente, a menos que el interesado cambie de lugar de destino.
Por otra parte, el recurrente indica que el Tribunal General admitió, en los apartados 36 y 50 de la sentencia recurrida, que la integración del funcionario de que se trate en el Estado de su lugar de destino, tras su entrada en funciones, no afecta al derecho al pago de la indemnización por expatriación.
En opinión del recurrente y contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 51 de la sentencia recurrida, el legislador de la Unión decidió expresamente no abordar la cuestión del cambio de nacionalidad tras la selección del funcionario de que se trate. Pues bien, según el recurrente, la única conclusión que debe extraerse de ello, habida cuenta de la razón de ser de la indemnización por expatriación, es que la adquisición de una nueva nacionalidad tras la entrada en servicio del interesado no puede constituir un motivo de supresión del derecho al pago de la indemnización por expatriación si este cumplía inicialmente los requisitos exigidos.
Esta interpretación se ve confirmada, además, en opinión del recurrente, por la conclusión del Tribunal General, que figura en el apartado 49 de la sentencia recurrida, según la cual la indemnización por expatriación tiene por objeto incentivar la selección sobre una base geográfica lo más amplia posible. Por lo tanto, esta indemnización no puede ser reexaminada tras la incorporación al servicio del interesado.
El recurrente añade, en la réplica, haciendo referencia al término «ficción» utilizado en el apartado 85 de la sentencia recurrida, que el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto debe interpretarse de modo que se evite la aplicación de tal «ficción», que consiste en considerar que el cambio de nacionalidad de un funcionario se produce retroactivamente en la fecha de su incorporación al servicio. Señala que, en la fecha de adopción del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, el legislador de la Unión era perfectamente consciente de las situaciones de doble nacionalidad o de adquisición de una nueva nacionalidad. Sin embargo, no estableció expresamente que se suprimiese el derecho al pago de la indemnización por expatriación en tales circunstancias.
Además, el recurrente estima que, si los criterios previstos en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto se aplicaran tras la entrada en servicio del funcionario de que se trate, debería tomarse en consideración la duración de la residencia en el Estado del lugar de destino. Pues bien, en la medida en que un cambio de residencia del interesado después de su entrada en servicio —al ser el requisito de residencia el más importante de los dos requisitos para evaluar la necesidad de indemnización y al ser el requisito de nacionalidad secundario— no supondría una nueva evaluación de la necesidad de indemnización, lo mismo debería suceder con un cambio de nacionalidad del interesado. Según el recurrente, o bien un funcionario tuvo que abandonar el Estado de su lugar de residencia para entrar en servicio, o bien pudo permanecer en él. Así, los requisitos de concesión del derecho al pago de la indemnización por expatriación se basan íntegramente en la situación que precede a la entrada en servicio del interesado.
La Comisión, apoyada por el Consejo, considera que debe desestimarse el primer motivo de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, es preciso señalar que el recurrente no formuló ninguna imputación contra el razonamiento seguido en los apartados 55 a 73 de la sentencia recurrida, al término del cual el Tribunal General rechazó la alegación del recurrente de que se vio obligado a solicitar la naturalización belga en el contexto de la eventual retirada del Reino Unido de la Unión.
De ello se deduce que el examen del primer motivo de casación debe partir de la premisa de que el recurrente, que solo tenía la nacionalidad del Reino Unido en la fecha de su entrada en funciones en la Comisión en 2001, adquirió voluntariamente la nacionalidad del Estado de su lugar de destino durante su carrera, en el mes de noviembre de 2017.
Procede recordar que la indemnización por expatriación prevista en el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, que se calcula, en particular, a partir del importe del sueldo base del funcionario de que se trate, constituye un elemento de la retribución de este último, abonada mensualmente.
En el Derecho de la función pública de la Unión, la concesión de tal elemento de retribución no puede crear derechos adquiridos que puedan oponerse a una eventual supresión de este (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 1978, Herpels/Comisión,
54/77
,
EU:C:1978:45
, apartado
). Por lo tanto, el Tribunal General declaró fundadamente, en esencia, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, sin que por otra parte el recurrente lo rebatiera, que de las disposiciones del Estatuto, en particular del artículo 4, apartado 1, del anexo VII de este, no se desprende en absoluto que la concesión del derecho al pago de la indemnización por expatriación constituya un derecho adquirido.
Asimismo, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, el Tribunal General dedujo acertadamente de la sentencia citada en el apartado anterior de la presente sentencia que, dado que la indemnización por expatriación se paga mensualmente, la administración no puede seguir abonándola cuando se produce un hecho que modifica sustancialmente la situación de la persona que la recibe, puesto que ese hecho incide en los requisitos a los que está supeditada la concesión del derecho al pago de dicha indemnización.
Sin impugnar formalmente la procedencia de esta afirmación, el recurrente alega, no obstante, que el Tribunal General consideró erróneamente que la adquisición por un funcionario, durante su carrera, de la nacionalidad del Estado de su lugar de destino tiene incidencia en los requisitos para la concesión del derecho al pago de la indemnización por expatriación, establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto. Según el recurrente, estos requisitos deben cumplirse únicamente antes de la entrada en funciones del interesado, salvo en el supuesto de cambio del Estado del lugar de destino de este.
A este respecto, es preciso recordar que, según el artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, la indemnización por expatriación se concede, a tenor del primer guion de dicha disposición, a los funcionarios «que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre su lugar de destino» y, según su segundo guion, «que en un período de cinco años cuyo término sea anterior en seis meses a su entrada al servicio de la Unión, no hubieren residido ni ejercido su actividad profesional principal, de forma habitual, en el territorio europeo de tal Estado».
Habida cuenta del tenor del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, la indemnización por expatriación solo se concede al funcionario que cumpla los dos requisitos acumulativos negativos establecidos en dicha disposición (auto de 6 de julio de 2021, Karpeta-Kovalyova/Comisión,
C‑717/20 P
, no publicado,
EU:C:2021:542
, apartado
), el primero de los cuales, que figura en su primer guion, exige que ese funcionario no tenga, y no haya tenido nunca, la nacionalidad del Estado en cuyo territorio esté situado su lugar de destino.
Si, como alega el recurrente, el requisito de que los funcionarios de que se trate «no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad» del Estado de su lugar de destino debe apreciarse únicamente en la fecha de entrada en funciones del interesado, y no a lo largo de toda la carrera de este, esta disposición, en la que se emplean el presente de subjuntivo y el pretérito perfecto compuesto de subjuntivo y que se refiere a un elemento de la retribución de dicho funcionario abonada mensualmente, habría sido necesariamente redactada de manera diferente, tal como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 45 de la sentencia recurrida.
Así, el tenor de dicha disposición no se limitó a hacer referencia a la fecha de la «entrada en funciones» del interesado únicamente para apreciar el cumplimiento del segundo requisito, también negativo, de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, a saber, la ausencia de residencia habitual o de actividad profesional en el territorio del Estado del lugar de destino del interesado durante el «período quinquenal de referencia» que expira seis meses antes de esa fecha. Por el contrario, se hizo una referencia indefectible a esa misma fecha para examinar el cumplimiento del primer requisito, según el cual el funcionario no debe poseer la nacionalidad de dicho Estado.
La redacción de las demás disposiciones del artículo 4 del anexo VII del Estatuto y la estructura de este artículo corroboran la tesis según la cual este primer requisito, relativo a la falta de nacionalidad del Estado del lugar de destino, no se limita a referirse a la nacionalidad que el funcionario de que se trate poseía antes de su entrada en funciones.
En efecto, por una parte, en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), de dicho anexo, el derecho al pago de la indemnización por expatriación también puede concederse a los funcionarios «que tengan o hayan tenido la nacionalidad» del Estado en cuyo territorio esté situado su lugar de destino y que cumplan los demás requisitos de esta disposición. Además, procede señalar que la indemnización por residencia fuera del país de origen, prevista en el artículo 4, apartado 2, de dicho anexo, solo se concede a los funcionarios que, «no teniendo ni habiendo tenido nunca la nacionalidad del Estado en cuyo territorio se encuentre situado su lugar de destino», no cumplan los demás requisitos previstos para tener derecho a la indemnización por expatriación. Así pues, ninguna de estas disposiciones sugiere que el requisito relativo a la posesión o no de la nacionalidad del Estado del lugar de destino del funcionario de que se trate se refiera únicamente a la nacionalidad de dicho funcionario en la fecha de su incorporación al servicio de las instituciones de la Unión.
Por otra parte, en lo que atañe a la estructura del artículo 4 del anexo VII del Estatuto, es preciso señalar que, en virtud del apartado 3 de dicho artículo 4, el funcionario que, por matrimonio, adquiera de oficio, sin posibilidad de renuncia, la nacionalidad del Estado en cuyo territorio esté situado el lugar de su destino, «será asimilado» a aquel al que se refiere el primer guion de la letra a) del apartado 1 de ese artículo 4 de dicho anexo. El referido apartado 3 del artículo 4, introducido en el Estatuto a raíz de las sentencias de 20 de febrero de 1975, Airola/Comisión (
21/74
,
EU:C:1975:24
), y Van den Broeck/Comisión (
37/74
,
EU:C:1975:25
), neutraliza de este modo los efectos de la adquisición de oficio, por matrimonio, de la nacionalidad del Estado del lugar de destino del funcionario de que se trate cuando este último no pueda renunciar a ella.
Pues bien, el artículo 4, apartado 3, del anexo VII del Estatuto carecería de efecto útil si la disposición a la que remite únicamente tuviera que referirse a la adquisición de la nacionalidad del Estado del lugar de destino del funcionario de que se trate antes de la entrada en funciones de este. En efecto, dado que el artículo 4, apartado 3, de dicho anexo tiene por objeto, con el fin de garantizar el respeto del principio de no discriminación, evitar que la administración suprima el derecho de un funcionario al pago de la indemnización por expatriación a raíz de la adquisición, por matrimonio, de la nacionalidad del Estado de su lugar de destino sin posibilidad de renuncia, esta disposición, al igual que el artículo 4, apartado 1, letra a), primer guion, del anexo VII del Estatuto, al que se remite, debe aplicarse aun cuando dicha nacionalidad haya sido adquirida después de la incorporación al servicio del interesado.
Además, estimar las objeciones formuladas por el recurrente contra la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto efectuada en la sentencia recurrida equivaldría a considerar, en caso de que el funcionario interesado adquiriera la nacionalidad del Estado de su lugar de destino después de su entrada en funciones, que la nacionalidad de origen de dicho funcionario era la única «nacionalidad efectiva» de este, lo que el Tribunal de Justicia descartó expresamente en la sentencia de 14 de diciembre de 1979, Devred/Comisión (
257/78
,
EU:C:1979:294
, apartado
).
Ciertamente, la integración del funcionario de que se trate en el Estado de su lugar de destino tras su entrada en funciones es indiferente por lo que respecta a la aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guion, del anexo VII del Estatuto. También es cierto que, como el Tribunal de Justicia ha declarado en reiteradas ocasiones, la indemnización por expatriación tiene por objeto compensar las cargas y desventajas particulares resultantes de la entrada al servicio de las instituciones de la Unión para los funcionarios que se ven por ello obligados a cambiar de residencia (véanse, en este sentido, la sentencia de 15 de septiembre de 1994, Magdalena Fernández/Comisión,
C‑452/93 P
,
EU:C:1994:332
, apartado
, y el auto de 6 de julio de 2021, Karpeta‑Kovalyova/Comisión,
C‑717/20 P
, no publicado,
EU:C:2021:542
, apartado
).
Sin embargo, estas consideraciones no significan que, aunque el requisito relativo a la nacionalidad del funcionario en cuestión solo se considere de manera secundaria (véase particularmente, en este sentido, la sentencia de 15 de enero de 1981, Vutera/Comisión,
1322/79
,
EU:C:1981:6
, apartado
), la aplicación de dicho requisito deba necesariamente hacer abstracción de hechos, como un cambio de nacionalidad, que se produzcan después de la entrada en funciones del funcionario de que se trate.
También es verdad, como señaló el Tribunal General en el apartado 47 de la sentencia recurrida, que las cargas y desventajas resultantes de la entrada al servicio de las instituciones de la Unión pueden perdurar para los funcionarios que, como el recurrente, han adquirido voluntariamente, durante su carrera, la nacionalidad del Estado de su lugar de destino.
No obstante, el Estatuto no ignora tal situación, puesto que, en ese supuesto, la indemnización por expatriación no se pierde automáticamente en el futuro. En efecto, a pesar del cambio sustancial de la situación personal del funcionario de que se trate ocasionado por la adquisición de la nacionalidad del Estado de su lugar de destino, el Estatuto permite a dicho funcionario conservar, en determinadas circunstancias, el derecho a tal indemnización, ya no sobre la base del artículo 4, apartado 1, letra a), de su anexo VII, sino con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), de este.
Si bien es cierto, como alega el recurrente y, por lo demás, subrayó el Tribunal General en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que los requisitos de aplicación del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto son interpretados por el juez de la Unión de manera más restrictiva que los del artículo 4, apartado 1, letra a), segundo guion, de este, es preciso señalar que el recurrente no impugnó tal diferenciación, como tampoco reprocha al Tribunal General haber descartado, en los apartados 125 a 127 de la sentencia recurrida, la excepción de ilegalidad del artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto, que había invocado con carácter subsidiario en primera instancia.
Por consiguiente, el Tribunal General interpretó acertadamente el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto en el sentido de que un funcionario que, tras su entrada en servicio, adquiere la nacionalidad del Estado de su lugar de destino pierde, en el futuro, el derecho a la indemnización por expatriación que se le había concedido sobre la base del artículo 4, apartado 1, letra a), del anexo VII del Estatuto, lo que implica que el derecho de ese funcionario al pago de dicha indemnización sea examinado nuevamente por la administración, como declaró esencialmente el Tribunal General en el apartado 52 de la sentencia recurrida.
De ello se sigue que debe desestimarse por infundado el primer motivo de casación.
Segundo motivo de casación, basado en la discriminación injustificada que resulta de la aplicación por el Tribunal General del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto
Alegaciones de las partes
El recurrente alega que el Tribunal General no examinó correctamente la alegación que había formulado en primera instancia según la cual es discriminatoria la aplicación del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto a los funcionarios que hayan adquirido la nacionalidad del Estado de su lugar de destino después de su entrada en funciones.
En opinión del recurrente, el Tribunal General no analizó debidamente, por una parte, las diferentes situaciones existentes y, por otra, la cuestión de si la discriminación que debería haber identificado podía estar objetivamente justificada.
Habida cuenta del objetivo de la indemnización por expatriación, el recurrente sostiene que los funcionarios que durante su carrera adquieren la nacionalidad del Estado de su lugar de destino y los funcionarios que tenían esta nacionalidad en la fecha de su incorporación al servicio, tal como se identifican en los apartados 87 y 89 de la sentencia recurrida, constituyen dos categorías de funcionarios bien diferenciados. Estas dos categorías de funcionarios se ven afectadas de manera diferente por la lejanía de su lugar de origen.
El recurrente afirma que el Tribunal General no abordó, en ninguna fase de su análisis, la existencia de estas dos categorías de funcionarios ni contempló las consecuencias de un trato idéntico de ellas. El Tribunal General se limitó a asimilar erróneamente, en los apartados 87 a 89 de la sentencia recurrida, la categoría de los funcionarios que habían adquirido la nacionalidad del Estado de su lugar de destino después de su entrada en funciones y la de los funcionarios que tenían o habían tenido dicha nacionalidad antes de su entrada en funciones.
Considera que, si el Tribunal General hubiera realizado una distinción entre estas dos categorías de funcionarios, habría comprobado que, sobre la base de la «ficción» establecida en la Decisión controvertida, estas eran tratadas de la misma manera y estaban sujetas a la misma «presunción estricta» de existencia de vínculos estrechos con el lugar de destino durante los diez años anteriores a su entrada en funciones, presunción que solo puede refutarse demostrando la inexistencia de cualquier período de residencia habitual en el Estado del lugar de destino del funcionario de que se trate durante esos diez años.
Según el recurrente, la sentencia recurrida adolece así de una violación del principio de igualdad de trato, puesto que la categoría de los funcionarios que no han adquirido la nacionalidad del Estado de su lugar de destino antes o durante esos diez años está injustamente sujeta a esta «presunción estricta».
El recurrente añade, en la réplica, que la interpretación y la aplicación del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto no debería derivarse de una «ficción» que consiste en considerar que el cambio de nacionalidad del funcionario de que se trate se produce retroactivamente en la fecha de entrada en servicio del interesado. En su opinión, tal enfoque no tiene ningún sentido, ya que supondría tener que comprobar, para la concesión del derecho al pago de la indemnización por expatriación, si dicho funcionario rompió, durante esos mismos diez años, cualquier vínculo con el Estado del que no tenía la nacionalidad. Pues bien, por definición, un vínculo que no existía no puede romperse.
Además, afirma que esta «ficción» implica un «desplazamiento de las categorías». En otras palabras, en respuesta a la alegación del recurrente relativa a la violación del principio de igualdad de trato, el Tribunal General, al igual que la Comisión, «trasladó al recurrente de una categoría a otra». Pues bien, según el recurrente, en ningún caso podría prosperar una alegación de discriminación si, como hizo el Tribunal General en la sentencia recurrida, fuese posible modificar de modo ficticio una categorización con el fin de suprimir la diferencia de trato entre las categorías en cuestión.
En opinión del recurrente, la diferencia de trato que se ha puesto de manifiesto no puede justificarse por el objetivo que subyace a la concesión del derecho al pago de la indemnización por expatriación, aun cuando dicho objetivo se haya recordado correctamente en los apartados 47 a 50 de la sentencia recurrida.
A este respecto, el recurrente aduce que el hecho de que, como indicó el Tribunal General en el apartado 86 de la sentencia recurrida, la indemnización por expatriación deba abonarse durante todo el período del ejercicio de funciones carece de relevancia. Sin negar la exactitud de esta afirmación, el recurrente alega que debe distinguirse entre el disfrute de una ventaja estatutaria y la base jurídica de la que se deriva. Dado que el derecho al pago de la indemnización por expatriación se determinó sobre la base de las circunstancias que prevalecían durante el período anterior a la entrada en funciones del funcionario afectado, es la evaluación de dicho período y la decisión relativa a la denegación del derecho al pago de dicha indemnización lo que originó la discriminación. Además, el apartado 86 de la sentencia recurrida es incoherente con la afirmación realizada, en particular, en el apartado 47 de la referida sentencia, según la cual dicha indemnización se abona para compensar la lejanía del interesado de su lugar de origen, la cual perdura a lo largo de toda la carrera del funcionario afectado.
El recurrente considera que, al no haber analizado el objetivo de la indemnización por expatriación cuando examinó la imputación basada en la violación del principio de igualdad de trato, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho. Por lo demás, el examen de las estadísticas facilitadas por las instituciones de la Unión, efectuado en los apartados 93 a 97 de la sentencia recurrida, carece de pertinencia a este respecto desde el punto de vista jurídico.
A su juicio, el Tribunal General también erró al no aplicar el artículo 1
quinquies
, apartado 5, del Estatuto y al declarar, en consecuencia, que no incumbía a la Comisión cumplir con la obligación de justificar cualquier diferencia de trato.
La Comisión y el Consejo alegan que debe desestimarse el segundo motivo de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede señalar que, según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (sentencia de 25 de marzo de 2021, Álvarez y Bejarano y otros/Comisión,
C‑517/19 P y C‑518/19 P
,
EU:C:2021:240
, apartado
y jurisprudencia citada).
A tenor del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, la indemnización por expatriación se concederá a «los funcionarios que tengan o hayan tenido la nacionalidad del Estado en cuyo territorio esté situado su lugar de destino y que durante un período de diez años anterior a su entrada en servicio hubieren residido habitualmente fuera del territorio europeo de dicho Estado por causas que no sean el ejercicio de funciones al servicio de un Estado o de una organización internacional».
Por consiguiente, cuando los funcionarios «tengan o hayan tenido» la nacionalidad del Estado de su lugar de destino, deben cumplir, para tener derecho a la indemnización por expatriación, los requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto.
Ciertamente, en el supuesto de un funcionario que, como el recurrente, haya adquirido voluntariamente la nacionalidad del Estado de su lugar de destino durante su carrera, la aplicación de estos requisitos supone tener que comprobar, como indica acertadamente el recurrente, si, durante el período de diez años anterior a la entrada en servicio del interesado, este residía de manera habitual fuera del territorio europeo de dicho Estado.
En efecto, el artículo 4, apartado 1, del anexo VII del Estatuto no contempla ninguna otra situación en la que los funcionarios que tengan o hayan tenido la nacionalidad del Estado de su lugar de destino, en el sentido de la letra b) de dicha disposición, tengan derecho a percibir la indemnización por expatriación.
Dicho esto, por una parte, como se ha precisado en el apartado 50 de la presente sentencia, el recurrente no impugna la apreciación que figura en el apartado 76 de la sentencia recurrida, según la cual, por lo que respecta a los funcionarios que tienen la nacionalidad del Estado de su lugar de destino, la circunstancia de haber mantenido o establecido en él su residencia habitual, aunque sea por una duración muy breve durante el «período decenal de referencia», basta para provocar la denegación o la pérdida de la indemnización por expatriación.
Por otra parte, debe precisarse que, a efectos de la apreciación de su derecho a percibir dicha indemnización, el recurrente solo fue asimilado a los funcionarios que tienen la nacionalidad del Estado de su lugar de destino a partir de la fecha en la que adquirió voluntariamente esa nacionalidad y no antes de ella.
No obstante, el recurrente alega que, incluso a partir de esa fecha, se encuentra en una situación objetivamente diferente de la de un funcionario que posee, incluso antes de su entrada en servicio, la nacionalidad del Estado de su lugar de destino, en la medida en que su lugar de origen sigue estando fijado en Escocia.
Tal argumentación supone ignorar que, mientras que, en virtud del artículo 7, apartado 4, del anexo VII del Estatuto, el lugar de origen del funcionario afectado se fija en la fecha de incorporación del interesado y que, mientras el interesado esté en funciones, la modificación de dicho lugar solo puede producirse excepcionalmente, previa solicitud debidamente motivada de este, la concesión del derecho al pago de la indemnización por expatriación responde a criterios diferentes y que, en el supuesto de un cambio sustancial de circunstancias posterior a la entrada en funciones del interesado, la administración deberá examinar nuevamente dicho derecho, con independencia de que este lo solicite.
Por consiguiente, las disposiciones del Estatuto relativas a la fijación y modificación del lugar de origen carecen de pertinencia para distinguir objetivamente la situación del recurrente de la de otro funcionario que tenga o haya tenido la nacionalidad del Estado de su lugar de destino antes de su incorporación al servicio, en el marco de la aplicación del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto.
Por lo tanto, a efectos de la apreciación de su derecho a la indemnización por expatriación y como declaró el Tribunal General, en esencia, en el apartado 87 de la sentencia recurrida, la única categoría de funcionarios con la que el recurrente puede compararse objetivamente, tras su naturalización belga, es la de los funcionarios que poseen la nacionalidad belga.
En efecto, seguir asimilando al recurrente, como este pretende, tras su naturalización en el Estado de su lugar de destino, a los funcionarios que no tengan ni hayan tenido nunca la nacionalidad de dicho Estado, en el sentido del artículo 4, apartado 1, letra a), primer guion, del anexo VII del Estatuto, equivaldría a pasar por alto las categorías concretas establecidas en el artículo 4 de dicho anexo VII, entre ellas la contemplada en apartado 3 de dicho artículo 4.
La situación del recurrente es, en definitiva, comparable a la de un funcionario que, aunque haya tenido la posibilidad de hacer uso de la facultad de renunciar a la nacionalidad del Estado de su lugar de destino, adquirida de oficio a raíz de su matrimonio con un nacional de dicho Estado, ha decidido voluntariamente conservar dicha nacionalidad, lo que lleva a aplicar a dicho funcionario los requisitos establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 1979, Devred/Comisión,
257/78
,
EU:C:1979:294
, apartados
y
).
Por lo tanto, no aplicar el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto a la situación del recurrente a partir de la fecha en la que este adquirió la nacionalidad belga llevaría a tratar a este, sin justificación objetiva, más favorablemente que a los funcionarios que, aunque hubiesen podido renunciar a la nacionalidad del Estado de su lugar de destino, adquirida de oficio por matrimonio, optaron por conservar esta nacionalidad o, como observó el Tribunal General en el apartado 87 de la sentencia recurrida, llevaría a tratarlo más ventajosamente que a los belgas de nacimiento que hayan entrado en funciones en una institución de la Unión con sede en Bélgica, que habrán tenido que cumplir los estrictos requisitos impuestos por esta disposición para tener derecho a la indemnización por expatriación durante toda su carrera.
Además, es preciso recordar que el nuevo examen de la situación personal de un funcionario, como la del recurrente, con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, a partir de la fecha en la que el interesado adquirió la nacionalidad del Estado de su lugar de destino, no implica automáticamente la supresión de su derecho al pago de la indemnización por expatriación en el futuro. En efecto, a raíz de ese nuevo examen, el referido funcionario solo deja de percibir tal indemnización si se comprueba que ha residido de manera habitual en el territorio europeo de dicho Estado durante el período de diez años anterior a su entrada en funciones.
Pues bien, aunque el recurrente nunca ha alegado, a lo largo de todo el procedimiento contencioso, que no haya residido efectivamente de manera habitual en Bélgica, al menos durante una parte del «período decenal de referencia», resulta que, de manera general, el segundo requisito previsto en el artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto será cumplido más fácilmente por un funcionario naturalizado durante su carrera que por un funcionario que posea la nacionalidad del Estado de su lugar de destino desde su nacimiento o que la haya adquirido antes de su entrada en funciones y respecto del que cabe presumir que ha mantenido vínculos múltiples y estrechos con dicho Estado.
Por lo tanto, al concluir, en esencia, en el apartado 97 de la sentencia recurrida que, para seguir percibiendo la indemnización por expatriación a partir de la fecha en la que adquirió voluntariamente la nacionalidad del Estado de su lugar de destino, el recurrente debía cumplir los requisitos del artículo 4, apartado 1, letra b), del anexo VII del Estatuto, al igual que cualquier funcionario que tuviera dicha nacionalidad, el Tribunal General no vulneró el principio de igualdad de trato.
De ello se sigue que el segundo motivo de casación debe desestimarse por infundado.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, al no haberse acogido ninguno de los motivos invocados en apoyo del recurso de casación, procede desestimarlo en su totalidad.
Costas
En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
Con arreglo al artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, la parte que vea desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
En el presente asunto, como las pretensiones formuladas por el recurrente han sido desestimadas, procede condenarlo a cargar con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la Comisión, conforme a lo solicitado por esta.
En virtud del artículo 184, apartado 4, del citado Reglamento de Procedimiento, cuando no sea ella misma la parte recurrente en casación, una parte coadyuvante en primera instancia solo podrá ser condenada en costas en casación si hubiera participado en la fase escrita o en la fase oral del procedimiento ante el Tribunal de Justicia. Cuando dicha parte participe en el procedimiento, el Tribunal de Justicia podrá decidir que cargue con sus propias costas.
En el caso de autos, dado que el Consejo, parte coadyuvante en primera instancia, ha participado en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia sin ser autor del recurso de casación, procede decidir que cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar al Sr. Colin Brown a cargar, además de con sus propias costas, con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

3)
El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.