CELEX: 62013CJ0637
Recurso de casación
Prácticas colusorias
Mercados belga, alemán, francés, italiano, neerlandés y austriaco de los productos y accesorios para cuartos de baño
Coordinación de precios e intercambio de información comercial sensible
Reglamento (CE) n.o 1/2003
Artículo 23, apartado 2
Límite máximo del 10 % del volumen de negocios
Directrices del año 2006 para el cálculo de las multas
Obligación de motivación
Principio de igualdad de trato
Ejercicio de la competencia jurisdiccional plena

Mediante su recurso de casación, Laufen Austria AG solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 16 de septiembre de 2013, Laufen Austria/Comisión (T‑411/10, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2013:443
), mediante la cual el Tribunal General desestimó su recurso por el que solicitaba la anulación de la Decisión C(2010) 4185 final de la Comisión, de 23 de junio de 2010, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 TFUE y con el artículo 53 del Acuerdo sobre el EEE (Asunto COMP/39092 — Productos y accesorios para cuartos de baño) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), por lo que se refería a ella o, subsidiariamente, la reducción de la multa que le fue impuesta en esa Decisión.
Marco jurídico
Reglamento (CE) n.
o
1/2003
El Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 2003, L 1, p. 1
) establece, en su artículo 23, apartado 2:
«Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:
a)
infrinjan las disposiciones del artículo [101 TFUE] o del artículo [102 TFUE]
[...]
Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.
[...]»
Directrices de 2006
Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 (
DO 2006, C 210, p. 2
; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») indican en su punto 2 que, en lo relativo a la determinación de las multas, «la Comisión debe tener en cuenta la duración y la gravedad de la infracción» y que «la multa impuesta no debe superar los límites que se indican en el artículo 23, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del [Reglamento n.
o
1/2003]».
El punto 13 de dichas Directrices establece:
«Con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta [...] con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (“EEE”). La Comisión utilizará normalmente las ventas de la empresa durante el último ejercicio social completo de su participación en la infracción [...]».
Con arreglo al punto 20 de las Directrices de 2006:
«La valoración de la gravedad se hará caso por caso para cada tipo de infracción, considerando todas las circunstancias pertinentes.»
El punto 21 de estas Directrices tiene la siguiente redacción:
«Por regla general, la proporción del valor de las ventas que se tendrá en cuenta se fijará en un nivel que podrá alcanzar hasta el 30 %.»
Según el punto 22 de las Directrices de 2006:
«Con el fin de decidir si la proporción del valor de las ventas considerada en un determinado caso debería situarse en la parte inferior o superior de esta escala, la Comisión tendrá en cuenta una serie de factores, como la naturaleza de la infracción, la cuota de mercado combinada de todas las partes interesadas, la dimensión geográfica de la infracción, y la aplicación efectiva o no de las prácticas delictivas.»
El apartado 23 de dichas Directrices establece:
«Los acuerdos [...] horizontales de fijación de precios, de reparto de mercados y de limitación de la producción, que suelen ser secretos, se cuentan, por su propia naturaleza, entre los casos más graves de restricción de la competencia. En el marco de la política de competencia, deben ser sancionados con severidad. Por tanto, la proporción de las ventas considerada para este tipo de infracciones se situará generalmente en el extremo superior de la escala.»
El punto 25 de las Directrices de 2006 tiene la siguiente redacción:
«Además, independientemente de la duración de la participación de una empresa en la infracción, la Comisión incluirá en el importe de base una suma comprendida entre el 15 % y el 25 % del valor de las ventas, tal y como se define en la sección A anterior con el fin de disuadir a las empresas incluso de participar en acuerdos horizontales de fijación de precios, de reparto de mercados y de limitación de la producción. La Comisión podrá aplicar también este importe adicional en el caso de otras infracciones. Para decidir la proporción del valor de las ventas que debe tenerse en cuenta en un caso determinado, la Comisión considerará una serie de factores, en particular los que se mencionan en el punto 22.»
Según el punto 29 de dichas Directrices:
«El importe de base de la multa podrá reducirse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias atenuantes, por ejemplo:
—
cuando la empresa en cuestión aporte la prueba de que ha puesto fin a la infracción tras las primeras intervenciones de la Comisión; esto no se aplicará a los acuerdos o prácticas de carácter secreto (en particular, los carteles);
—
cuando la empresa en cuestión aporte la prueba de que la infracción se cometió por negligencia;
—
cuando la empresa en cuestión aporte la prueba de que su participación en la infracción es sustancialmente limitada y demuestre por tanto que, durante el tiempo en que se adhirió a los acuerdos ilícitos, dicha empresa eludió efectivamente la aplicación de los mismos adoptando un comportamiento competitivo en el mercado; el mero hecho de que una empresa haya participado en una infracción durante un período de tiempo más breve que las demás no se considerará circunstancia atenuante, puesto que esta circunstancia ya se refleja en el importe de base;
—
cuando la empresa en cuestión coopere efectivamente con la Comisión, fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la clemencia, y más allá de sus obligaciones jurídicas de cooperar;
—
cuando el comportamiento anticompetitivo haya sido autorizado o fomentado por las autoridades públicas o la normativa [...]».
Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 1 a 27 de la sentencia recurrida y pueden resumirse como sigue.
Laufen Austria, en el momento en que ocurrieron los hechos constitutivos de la infracción constatada, fabricaba productos de cerámica con sus propias marcas y comercializaba tanto éstos como productos fabricados por empresas competidoras. Sus ventas se concentraban en Austria y, en menor medida, en Alemania. El 29 de octubre de 1999, Roca Sanitario, S.A., la sociedad matriz de un grupo de sociedades que operan en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño (en lo sucesivo, «Grupo Roca»), adquirió el grupo al frente del cual se encontraba la sociedad suiza Keramik Holding AG, que era titular de la totalidad del capital de Laufen Austria.
El 15 de julio de 2004, Masco Corp. y sus filiales, entre las que se encontraban Hansgrohe AG, la cual fabrica artículos de grifería, y Hüppe GmbH, dedicada a la fabricación de mamparas de ducha, informaron a la Comisión de la existencia de un cártel en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño y solicitaron la dispensa del pago de las multas en virtud de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (
DO 2002, C 45, p. 3
; en lo sucesivo, «Comunicación de 2002 sobre la cooperación») o, subsidiariamente, una reducción del importe de las multas que pudieran serles impuestas.
Los días 9 y 10 de noviembre de 2004, la Comisión llevó a cabo inspecciones sin previo aviso en los locales de varias sociedades y asociaciones profesionales nacionales que operan en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño. Tras haber remitido, entre el 15 de noviembre de 2005 y el 16 de mayo de 2006, solicitudes de información a dichas sociedades y asociaciones, incluidas Roca SARL (en lo sucesivo, «Roca») y Laufen Austria, la Comisión emitió el 26 de marzo de 2007 un pliego de cargos que fue notificado, entre otros, a la recurrente.
El 17 de enero de 2006, Roca solicitó en su propio nombre y en nombre del grupo al que pertenece Laufen Austria, en cuanto la primera había asumido las actividades de este grupo en Francia, la dispensa de multas en virtud de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación o, en su defecto, la reducción del importe de la multa que pudiera serle impuesta.
A raíz de una audiencia celebrada entre el 12 y el 14 de noviembre de 2007, del envío a determinadas sociedades, el 9 de julio de 2009, de un escrito en el que se exponían los hechos y de la remisión a la recurrente de solicitudes de información complementaria, la Comisión adoptó el 23 de junio de 2010 la Decisión controvertida, mediante la que declaró la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (
DO 1994, L 1, p. 3
; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), en el sector de productos y accesorios para cuartos de baño. Esta infracción, según la Comisión, contó con la participación de 17 empresas, tuvo lugar en diferentes períodos de tiempo comprendidos entre el 16 de octubre de 1992 y el 9 de noviembre de 2004, y adoptó la forma de un conjunto de acuerdos contrarios a la competencia o de prácticas concertadas en los territorios belga, alemán, francés, italiano, neerlandés y austriaco. Los productos a los que se refería el cártel eran, según la Comisión, productos y accesorios para cuartos de baño que formaban parte de uno de los tres subgrupos de productos siguientes: artículos de grifería, mamparas de ducha y accesorios y productos cerámicos (en lo sucesivo, «tres subgrupos de productos»).
La Comisión también puso de relieve la existencia de asociaciones profesionales nacionales integradas por miembros que ejercían su actividad en relación con el conjunto de los tres subgrupos de productos, a las que calificó como «organismos de coordinación», de asociaciones profesionales nacionales con miembros que operaban en relación, al menos, con dos de estos tres subgrupos de productos, a las que denominó «asociaciones multiproductos», y de asociaciones especializadas integradas por miembros cuya actividad guardaba relación con uno de estos tres subgrupos de productos. Por último, declaró que existía un grupo central de empresas que habían participado en el cártel en distintos Estados miembros y en el marco de organismos de coordinación o de asociaciones multiproductos.
Por lo que se refiere a la participación del Grupo Roca en la infracción constatada, la Comisión consideró que éste había tenido conocimiento de la infracción en relación con los tres subgrupos de productos. No obstante, por lo que respecta al alcance geográfico del cártel, la Comisión estimó que no cabía considerar que el Grupo Roca hubiera tenido conocimiento de su alcance global, sino que únicamente debía considerarse que había tenido conocimiento de las conductas colusorias que tuvieron lugar en Francia y en Austria.
De este modo, la Comisión declaró, en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión controvertida, que Laufen Austria, Roca Sanitario y Roca habían infringido el artículo 101 TFUE, apartado 1, y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar en un acuerdo continuado o en prácticas concertadas en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño en Francia y Austria.
Para fijar el importe de la multa impuesta a cada empresa, la Comisión se basó en las Directrices de 2006.
En primer término, la Comisión determinó el importe de base de la multa. A tal objeto precisó que éste se basaba, para cada empresa, en sus ventas por Estado miembro, multiplicadas por el número de años de participación en la infracción constatada en cada Estado miembro y respecto del subgrupo de productos considerado, de manera que se tuviera en cuenta que algunas empresas únicamente operan en determinados Estados miembros o que estas operaciones sólo se refieren a uno de los tres subgrupos de productos.
Hecha esta precisión, la Comisión fijó en el 15 % del valor de las ventas el coeficiente asociado a la gravedad de la infracción constatada, con arreglo a los puntos 20 a 23 de las Directrices de 2006 (en lo sucesivo, «coeficiente “gravedad de la infracción”»). Para ello tomó en consideración cuatro criterios: las cuotas de mercado combinadas y la naturaleza, la dimensión geográfica y la ejecución de la infracción.
Asimismo, tomando como fundamento lo dispuesto en el punto 24 de las Directrices de 2006, la Comisión fijó el coeficiente que procedía aplicar, en atención a la duración de la infracción constatada, al importe de base de la multa calculado respecto de la recurrente y estimó que en el caso de la recurrente esa cifra debía ser 10, número correspondiente a una participación en la infracción, en territorio austriaco y en relación con los artículos cerámicos, de diez años.
Finalmente, sobre la base de lo dispuesto en el punto 25 de las Directrices de 2006 y tomando en consideración los cuatro criterios de apreciación mencionados en el apartado 22 de la presente sentencia, la Comisión, para garantizar el efecto disuasorio de la Decisión controvertida, aumentó el importe de base de la multa aplicando al valor de las ventas un coeficiente adicional (en lo sucesivo, «coeficiente “importe adicional”») del 15 %.
Las anteriores operaciones arrojaron, por lo que respecta al Grupo Roca, un importe de base de la multa de 3000000 de euros en relación con las conductas colusorias referidas a los artículos de grifería en el mercado francés y un importe de base de la multa de 35700000 euros en relación con las conductas colusorias referidas a los artículos cerámicos, de los cuales 3700000 euros correspondían a las conductas seguidas en el mercado francés y 32000000 a las seguidas en el mercado austriaco.
En un segundo momento, la Comisión examinó si existían circunstancias agravantes o atenuantes que pudieran justificar un ajuste del importe de base de la multa. No apreció ninguna circunstancia agravante o atenuante en relación con la recurrente.
En tercer término, la Comisión aplicó el límite máximo del 10 % del volumen de negocios (en lo sucesivo, «límite máximo del 10 %»), en virtud del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003. Tras la aplicación de este límite máximo, el importe de la multa impuesta al Grupo Roca fue de 38700000 euros.
En cuarto término, la Comisión estimó que el Grupo Roca, al que pertenece la recurrente, no tenía derecho a una reducción del importe de la multa con arreglo a la Comunicación de 2002 sobre la cooperación. A juicio de la Comisión, por una parte, no cabía atribuir a las pruebas aportadas por este Grupo un valor añadido significativo en el sentido del punto 21 de dicha Comunicación y, por otra parte, el mencionado Grupo no había dado muestras de un verdadero espíritu de cooperación durante el procedimiento administrativo.
En atención a las anteriores consideraciones, la Comisión declaró, en el artículo 1, apartado 3, de la Decisión controvertida, que la recurrente había infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar, desde el período comprendido entre el 12 de octubre de 1994 y el 9 de noviembre de 2004, en un acuerdo continuado o en prácticas concertadas en el sector de los productos y accesorios para cuartos de baño en Francia y Austria.
Con arreglo al artículo 2, apartado 4, de la Decisión controvertida, la Comisión impuso a la recurrente una multa de 32000000 de euros. De este importe, la recurrente y Roca Sanitario respondían solidariamente del pago de 17700000 euros.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 8 de septiembre de 2010, Laufen Austria interpuso recurso solicitando la anulación de la Decisión controvertida en cuanto se refería a ella o, subsidiariamente, la reducción del importe de la multa que le fue impuesta.
Para fundamentar su pretensión de anulación parcial de la Decisión controvertida, Laufen Austria formuló seis motivos. El primer motivo se refería a la imputación de la responsabilidad de los comportamientos contrarios a la competencia de los que se acusaba a Roca Sanitario. El segundo motivo guardaba relación con la aplicación del límite máximo del 10 %. El tercer motivo se refería a la apreciación que la Comisión hizo de la gravedad de la infracción cometida por Laufen Austria. El cuarto motivo se basaba en la vulneración de los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato, ya que no se había considerado como circunstancia atenuante el contexto de crisis económica. El quinto motivo guardaba relación con el hecho de que no se tomara en consideración como atenuante la presión ejercida por los mayoristas. El sexto motivo denunciaba errores en la aplicación de la Comunicación de 2002 sobre la cooperación y de las Directrices de 2006.
En el contexto de su pretensión, formulada a título subsidiario, de que se redujera el importe de la multa, Laufen Austria alegó haber tenido en la infracción constatada una implicación menor que la de los demás participantes y que su participación en la infracción cometida era de menor gravedad, e invocó el nivel de su cooperación con la Comisión.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó los seis motivos formulados por la recurrente por ser, en parte, inadmisibles, en parte, inoperantes y, en parte, infundados. Estimó que ninguno de los elementos invocados por la recurrente ni ningún motivo de orden público justificaba el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena para reducir el importe de la multa que debía imponerse a la recurrente.
Por consiguiente, el Tribunal General desestimó el recurso de Laufen Austria en su totalidad.
Pretensiones de las partes
Laufen Austria solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Anule parcialmente la sentencia recurrida.
—
Reduzca el importe de la multa que se le impuso.
—
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso de casación.
—
Condene en costas a Laufen Austria.
Sobre el recurso de casación
Para fundamentar su recurso de casación, la recurrente invoca dos motivos. El primero se basa en la alegación de que el Tribunal General incumplió su deber de motivación y vulneró los principios de individualización de las penas, de responsabilidad personal, de proporcionalidad y de igualdad de trato al aplicar el límite máximo previsto por el Reglamento n.
o
1/2003. El segundo motivo está basado en la alegación de que el Tribunal General vulneró los principios de individualización de la sanción y de responsabilidad personal, de proporcionalidad, de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima e incumplió el deber de motivación al rechazar la pretensión de reducción del importe de base de la multa impuesta a la recurrente.
Sobre el primer motivo
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo, Laufen Austria sostiene, fundamentalmente, que el Tribunal General incumplió su deber de motivación y vulneró los principios de individualización de las penas, de responsabilidad personal, de proporcionalidad y de igualdad de trato al tomar en consideración, en los apartados 148 a 154 de la sentencia recurrida, el volumen de negocios global de Roca Sanitario para calcular el límite máximo del 10 % previsto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003, incluido el período en el cual fue considerada única responsable de la infracción en cuestión.
Laufen Austria alega, a este respecto, que no formaba una unidad económica con Roca Sanitario durante el período de la infracción anterior a la adquisición de Keramik Holding por Roca Sanitario y que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ese límite máximo debe calcularse únicamente en función del volumen de negocios de la empresa responsable de la infracción.
Por consiguiente, sostiene que el Tribunal General hubiera debido aplicar el límite máximo del 10 % sólo al volumen de negocios individual de Laufen Austria con el fin de calcular la multa correspondiente a ese período.
Asimismo, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incumplido su deber de motivación y haber vulnerado el principio de igualdad de trato al no tener en cuenta ni decisiones anteriores de la Comisión ni sentencias del Tribunal General en las que el importe de la multa impuesta a una filial en circunstancias comparables a las del presente asunto fue calculado en función de los recursos propios de esa filial.
La Comisión refuta las alegaciones de la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el tenor del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n
o
1/2003 exige claramente que «por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior» (sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión,
C‑408/12 P
,
EU:C:2014:2153
, apartado
).
Ahora bien, el concepto de «empresa que participa en la infracción» en el sentido de dicha disposición debe ser necesariamente el mismo que para la aplicación del artículo 101 TFUE, no pudiéndose interpretar tal concepto de manera diferente para la imputación de la infracción y para la aplicación del límite máximo del 10 % (sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión,
C‑408/12 P
,
EU:C:2014:2153
, apartado
).
Así, cuando una empresa considerada por la Comisión responsable de una infracción del artículo 101 TFUE es adquirida por otra empresa, dentro de la cual, en tanto que filial, mantiene la condición de entidad económica distinta, la Comisión debe tomar en consideración el volumen de negocios propio de cada una de esas entidades económicas correspondiente al período anterior a la adquisición para aplicarles, en su caso, el límite máximo del 10 % (sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión,
C‑408/12 P
,
EU:C:2014:2153
, apartado
).
A este respecto debe señalarse que el objetivo que persigue el establecimiento, en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003 de un límite máximo del 10 % del volumen de negocios de cada empresa participante en la infracción es, en particular, evitar que la imposición de una multa por un importe superior a este límite sobrepase la capacidad de pago de la empresa en la fecha en la que la Comisión la declara responsable de la infracción y le impone una sanción pecuniaria (sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión,
C‑408/12 P
,
EU:C:2014:2153
, apartado
).
Corrobora la conclusión expuesta en el apartado anterior la disposición del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del citado Reglamento, que, en lo que se refiere al límite máximo del 10 %, exige que éste se calcule basándose en el ejercicio social del año anterior a la decisión de la Comisión que sanciona una infracción. Pues bien, tal exigencia se cumple totalmente cuando este límite se ha determinado únicamente sobre la base del volumen de negocios de la filial, en lo que se refiere a la multa que se le impone a título exclusivo y en relación con el período anterior a su adquisición por la sociedad matriz. De ello se desprende que, en tales circunstancias, la evolución estructural de la empresa responsable, como entidad económica, se tomó efectivamente en consideración en el cálculo de la multa (sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión,
C‑408/12 P
,
EU:C:2014:2153
, apartado
).
De lo anterior resulta que, en la medida en que una sociedad matriz no puede ser considerada responsable de una infracción cometida por su filial antes de la fecha en que ésta fue adquirida, la Comisión debe basarse en el volumen de negocios propio de esa filial, registrado en el ejercicio social anterior a la adopción de la decisión por la que se sanciona la infracción para calcular el límite máximo del 10 %.
Por consiguiente, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en el apartado 150 de la sentencia recurrida, que, cuando se establece una distinción entre un primer período, respecto del cual la filial es considerada como única responsable de la infracción, y un segundo período, respecto del cual la sociedad matriz se considera solidariamente responsable con su filial de la infracción, el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003 no impone a la Comisión la obligación de comprobar si la parte de la multa de cuyo pago la sociedad matriz no es declarada solidariamente responsable no excede del límite máximo del 10 % del volumen de negocios registrado únicamente por la filial.
De las anteriores consideraciones se deduce que debe declararse fundado este motivo, sin que sea necesario pronunciarse sobre las demás alegaciones invocadas por la recurrente para fundamentar el primer motivo del recurso de casación, en particular las basadas en el incumplimiento del deber de motivación. Por consiguiente, procede anular la sentencia recurrida en cuanto en ella se declara que la Comisión no incurrió en error de ningún tipo al tomar en consideración el volumen de negocios del Grupo Roca a efectos de aplicar el límite máximo del 10 % en relación con el período respecto del cual Laufen Austria fue considerada única responsable de la infracción.
Sobre el segundo motivo
Alegaciones de las partes
Mediante su segundo motivo, Laufen Austria reprocha al Tribunal General haber vulnerado, en particular en los apartados 164 a 193 y 259 a 261 de la sentencia recurrida, los principios de individualización de la sanción y de responsabilidad personal, de proporcionalidad, de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima, así como haber incumplido su deber de motivación al no haber extraído las consecuencias que necesariamente se derivaban de la constatación del Tribunal General según la cual la gravedad de la participación en la infracción imputada a Laufen Austria era menor que la de los demás participantes en el cártel, en particular a través de la modulación de los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» y reduciendo el importe de base de la multa.
Laufen Austria sostiene, en primer lugar, que los apartados 164 a 193 de la sentencia recurrida adolecen de un error de Derecho en cuanto obvian por completo, a efectos de determinar el importe de la multa, el hecho de que su participación en la infracción era menos grave que la de las demás empresas sancionadas. Considera a este respecto que la sentencia recurrida no distingue, salvo en lo referente al alcance geográfico de las participaciones en la infracción, entre la gravedad del comportamiento de Laufen Austria y la gravedad de los comportamientos de las empresas que forman el «núcleo duro» de las empresas participantes, según la naturaleza de sus respectivos comportamientos. Ahora bien, con arreglo al principio de no discriminación, la recurrente sostiene que el Tribunal General hubiera debido reducir el importe de base de la multa impuesta a Laufen Austria, aplicándole unos coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» menos elevados que los aplicados a dichas empresas, así como extraer las consecuencias que impone la apreciación realizada por dicho Tribunal en los apartados 187, 259 y 260 de la sentencia recurrida.
En segundo lugar, afirma que la fundamentación jurídica contenida en los apartados 186 y 260 de la sentencia recurrida contradice la jurisprudencia aplicable en materia de graduación de las multas y concede una indebida prevalencia al principio de proporcionalidad de la multa sobre el principio de igualdad de trato.
En tercer lugar, la recurrente sostiene que la reducida gravedad de la participación de Laufen Austria en la infracción constatada debería haber sido ser tomada en consideración como circunstancia atenuante, en el sentido del punto 29, tercer guion, de las Directrices de 2006 y que, sin embargo, en los apartados 189 a 191 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, siguiendo una interpretación excesivamente restrictiva y errónea de esta disposición, rechazó cualquier reducción de la multa por este concepto.
En cuarto lugar, reprocha al Tribunal General haber vulnerado el principio de protección de la confianza legítima y haber incumplido su deber de motivación al afirmar, en el apartado 183 de la sentencia recurrida, que la Comisión no se había apartado del método de cálculo del importe de la multa establecido en las Directrices de 2006.
La Comisión refuta las alegaciones de la recurrente. Igualmente, si bien considera que el Tribunal General acertó al rechazar las alegaciones de la recurrente basadas en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, estima, en esencia, que es inexacta la premisa en que se basó el Tribunal General, según la cual los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» aplicados a la recurrente, quien únicamente participó en la vertiente austriaca de la infracción, hubieran debido ser diferentes de los tomados en consideración respecto de otros miembros del cártel que participaron en la infracción en el territorio de seis Estados miembros y por lo que se refiere a tres subgrupos de productos. Por lo tanto, la Comisión solicita al Tribunal de Justicia que efectúe una sustitución de los fundamentos de Derecho.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Con carácter preliminar, es preciso recordar que el Tribunal General es el único competente para controlar el modo en que la Comisión aprecia en cada caso concreto la gravedad de los comportamientos ilícitos. En el marco del recurso de casación, el control del Tribunal de Justicia tiene por objeto, por un lado, examinar en qué medida el Tribunal General tomó en consideración, de manera jurídicamente correcta, todos los factores esenciales para apreciar la gravedad de un determinado comportamiento a la luz del artículo 101 TFUE y del artículo 23 del Reglamento n.
o
1/2003 y, por otro lado, examinar si el Tribunal General respondió de modo suficiente con arreglo a Derecho a todas las alegaciones formuladas en apoyo de la pretensión de supresión de la multa o de reducción de su importe (véanse, en particular, las sentencias de 17 de diciembre de 1998, Baustahlgewebe/Comisión,
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:608
, apartado
; de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
, y de 5 de diciembre de 2013, Solvay Solexis/Comisión,
C‑449/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:802
, apartado
).
Ahora bien, en la medida en que, mediante su segundo motivo, Laufen Austria reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta, ni al ejercer su control de la legalidad de la Decisión controvertida, en los apartados 164 a 193 de la sentencia recurrida, ni al ejercer su competencia jurisdiccional plena a efectos de determinar la multa, en los apartados 258 a 261 de esa sentencia, el hecho de que la participación de la recurrente en la infracción constatada era menos grave que la de las empresas que constituían el «núcleo duro» del cártel, es preciso destacar que no corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en el marco de un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal General por la suya propia cuando este último se ha pronunciado, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, sobre el importe de las multas impuestas a empresas por haber infringido el Derecho de la Unión (sentencias de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
, y de 11 de julio de 2013, Gosselin Group/Comisión,
C‑429/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:463
, apartado
).
Debe igualmente recordarse que para determinar los importes de las multas procede tener en cuenta la duración de la infracción y todos los factores que puedan influir en la apreciación de la gravedad de ésta (sentencias du 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y 213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
, y de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartado
).
Entre los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones figuran el comportamiento de cada una de las empresas, el papel desempeñado por ellas en el establecimiento del cártel, el beneficio que hayan podido obtener de éste, su tamaño y el valor de las mercancías afectadas, así como el riesgo que las infracciones de este tipo representan para los objetivos de la Unión Europea (sentencias du 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
, y de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartado
).
En el presente asunto, tal como resulta del apartado 179 de la sentencia recurrida, consta que Laufen Austria participó en una infracción consistente en la puesta en práctica de una coordinación de incrementos de precios futuros, que, gracias a su participación en las reuniones del órgano de coordinación Arbeitskreis Sanitärindustrie, tuvo conocimiento de que el alcance material de esta infracción comprendía los tres subgrupos de productos y que tal infracción cubría la totalidad del territorio austriaco.
De lo anterior, el Tribunal General concluyó que la Comisión podía, conforme a los puntos 21 a 23 y 25 de las Directrices de 2006, considerar fundadamente que eran adecuados unos coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» del 15 %.
A este respecto, sin cuestionar la realidad de la infracción descrita en la sentencia recurrida, Laufen Austria reprocha al Tribunal General no haber tomado en consideración el hecho de que no pertenecía al «núcleo duro» del cártel dado que, en particular, no había contribuido a su creación ni a su mantenimiento.
Ahora bien, incluso suponiendo acreditadas tales circunstancias, éstas no permiten, en ningún caso, demostrar que el Tribunal General hubiera debido considerar que unos coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» del 15 % no eran adecuados o eran demasiado elevados, ya que tal porcentaje quedaba justificado por la propia naturaleza de la infracción de que se trataba, esto es, una coordinación de incrementos de precio. En efecto, tal infracción es una de las restricciones de la competencia más graves con arreglo a los puntos 23 y 25 de las Directrices de 2006 y ese porcentaje del 15 % es el porcentaje menos elevado dentro de la graduación de las sanciones prevista para tales infracciones en virtud de esas Directrices (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión,
C‑439/11 P
,
EU:C:2013:513
, apartados
y
, y de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartado
).
Por lo tanto, el Tribunal General consideró fundadamente, en los apartados 179 y 258 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había vulnerado el principio de proporcionalidad al fijar en un 15 % los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional», a pesar de que la participación de la recurrente en la infracción quedara geográficamente circunscrita al territorio austriaco únicamente.
En la medida en que Laufen Austria reprocha al Tribunal General haberle aplicado tales coeficientes, a pesar de haber apreciado que su participación en la infracción era menos grave que la de los demás participantes, vulnerando de ese modo el principio de igualdad de trato, es preciso señalar, tal como sostiene en esencia la Comisión, que adolece de error de Derecho la fundamentación jurídica contenida en los apartados 186, 187, 259 y 260 de la sentencia recurrida, según los cuales, por una parte, una infracción que cubre los territorios de seis Estados miembros y tres subgrupos de productos debe considerarse más grave que una infracción como la del presente asunto, cometida en el territorio de un único Estado miembro y, por otra parte, las empresas que tomaron parte en esa primera infracción habrían debido, por ese mero hecho, ser sancionadas con una multa calculada sobre la base de unos coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» superiores a los aplicados a la recurrente.
En efecto, por lo que se refiere a la determinación de los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional», resulta de los puntos 22 y 25 de las Directrices de 2006 que debe tenerse en cuenta un determinado número de factores, en particular los identificados en el punto 22 de las mencionadas Directrices. Si bien, para apreciar la gravedad de una infracción para, seguidamente, fijar el importe de la multa que deba imponerse, puede tomarse en consideración, entre otros elementos, el alcance geográfico de la infracción, la mera circunstancia de que una infracción cubra una mayor extensión geográfica que otra no debe traducirse necesariamente en que esa primera infracción, considerada en su conjunto y, en particular, habida cuenta de su naturaleza, deba ser considerada más grave que la segunda y que, en consecuencia, esté justificada la fijación de coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» superiores a los tomados en cuenta para calcular la multa que sanciona esa segunda infracción (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de julio de 2014, Telefónica y Telefónica de España/Comisión,
C‑295/12 P
,
EU:C:2014:2062
, apartado
).
Dicho esto, es necesario recordar que el principio de igualdad de trato constituye un principio general del Derecho de la Unión, consagrado por los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según reiterada jurisprudencia, dicho principio exige que no se traten de manera diferente situaciones que son comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, salvo que este trato esté justificado objetivamente (véase, en particular, la sentencia de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión,
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, apartado
).
El Tribunal General debe respetar el citado principio, no solamente cuando efectúa su control de la legalidad de la decisión de la Comisión por la que se imponen multas, sino también al ejercer su competencia jurisdiccional plena. En efecto, el ejercicio de la competencia jurisdiccional plena no debe dar lugar, al determinar el importe de las multas que vayan a imponerse, a una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o práctica concertada contrarios al artículo 101 TFUE, apartado 1 (véase, en ese sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, Comisión/Parker Hannifin Manufacturing y Parker Hannifin,
C‑434/13 P
,
EU:C:2014:2456
, apartado
).
Ahora bien, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las diferencias existentes entre las empresas que participaron en una misma práctica colusoria, en particular en función de la extensión geográfica de sus respectivas participaciones, no deben ser tomadas necesariamente en consideración, para apreciar la gravedad de una infracción, en virtud del mismo principio, en el momento de determinar los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional», sino que pueden ser tenidas en cuenta en otra fase del cálculo de la multa, como por ejemplo al ajustar el importe de base en función de circunstancias atenuantes y agravantes, en virtud de los puntos 28 y 29 de las Directrices de 2006 (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2013, Gosselin Group/Comisión,
C‑429/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:463
, apartados
a
, y de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartados
y
).
Tal como observó la Comisión, tales diferencias pueden también ponerse de manifiesto a través del valor de las ventas tomado en consideración para calcular el importe de base de la multa, en la medida en que ese valor refleja, respecto de cada una de las empresas participantes, la importancia de su participación en la infracción en cuestión, de conformidad con el punto 13 de las Directrices de 2006, que permite tomar como punto de partida para calcular las multas un importe que refleje la importancia económica de la infracción y el peso de la empresa en la misma (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartado
).
En consecuencia, en la medida en que consta que el importe de base de la multa impuesta a la recurrente fue determinado en función del valor de las ventas realizadas por ésta en el territorio austriaco, el Tribunal General pudo, en los apartados 186, 187, 259 y 260 de la sentencia recurrida, fijar en el 15 % de ese valor el porcentaje de los coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional», sin vulnerar el principio de igualdad de trato.
A pesar de que de lo anterior resulta que los fundamentos de Derecho del Tribunal General, en los apartados 186 y 187, así como 259 y 260 de la sentencia recurrida, adolecen de errores de Derecho, es preciso recordar que, aunque los fundamentos de Derecho de una resolución del Tribunal General revelen una infracción del Derecho de la Unión, si su fallo resulta justificado con arreglo a otros fundamentos de Derecho, tal infracción no puede dar lugar a la anulación de dicha resolución y debe llevarse a cabo una sustitución de fundamentos de Derecho (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de junio de 1992, Lestelle/Comisión,
C‑30/91 P
,
EU:C:1992:252
, apartado
, y de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión,
C‑120/06 P y C‑121/06 P
,
EU:C:2008:476
, apartado
y jurisprudencia citada).
Pues bien, según se desprende de los fundamentos de Derecho expresados en los apartados 68 a 73 de la presente sentencia, que deben sustituir a los que adoptó el Tribunal General, así sucede con el asunto que nos ocupa.
En consecuencia, debe rechazarse el segundo motivo en cuanto imputa al Tribunal General haber incurrido en errores de Derecho y, en particular, haber vulnerado los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato por el hecho de que, al no haber aplicado a la recurrente coeficientes «gravedad de la infracción» e «importe adicional» menos elevados que los aplicados a las empresas cuya participación en la infracción fue la más grave, el Tribunal General no tuvo en cuenta en la sentencia recurrida la gravedad menor de la participación de la recurrente en la infracción.
Por lo que respecta a la imputación según la cual el Tribunal General incumplió su deber de motivación y vulneró el principio de protección de la confianza legítima al apreciar, en el apartado 183 de la sentencia recurrida, que la Comisión no se apartó del método de cálculo del importe de la multa previsto por las Directrices de 2006, debe señalarse que el Tribunal General realizó una descripción tanto del método de cálculo de la multa en los apartados 169 y 170 de la sentencia recurrida en términos generales como de su aplicación por la Comisión al caso de autos en los apartados 172 a 174 de dicha sentencia.
En consecuencia, no puede prosperar tal imputación.
Por lo que se refiere, en último lugar, a la imputación por la que se reprocha al Tribunal General no haber tomado en consideración, en concepto de las circunstancias atenuantes previstas en el punto 29, tercer guion, de las Directrices de 2006, la menor gravedad de la participación de la recurrente en la infracción en comparación con la de los demás participantes, consta que Laufen Austria se limitó a alegar el carácter limitado de su participación en la infracción constatada.
Ahora bien, en virtud del punto 29 de las Directrices de 2006, la recurrente, para obtener una reducción del importe de la multa en atención a tales circunstancias atenuantes, debería haber demostrado que eludió efectivamente la aplicación de los acuerdos ilícitos adoptando un comportamiento competitivo en el mercado, prueba que la recurrente no aportó, como señaló el Tribunal General en el apartado 191 de la sentencia recurrida.
En cualquier caso, tal apreciación de los elementos de prueba no podría cuestionarse en el marco de un recurso de casación, salvo en caso de desnaturalización de los mismos, la cual no ha sido invocada en el presente asunto (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de enero de 2011, Media-Saturn-Holding/OAMI,
C‑92/10 P
, no publicada,
EU:C:2011:15
, apartado
; de 10 de julio de 2014, Grecia/Comisión,
C‑391/13 P
, no publicada,
EU:C:2014:2061
, apartados
y
, y de 20 de enero de 2016, Toshiba Corporation/Comisión,
C‑373/14 P
,
EU:C:2016:26
, apartado
).
De lo anterior se desprende que debe desestimarse la imputación relativa al examen por parte del Tribunal General de las circunstancias atenuantes en el sentido del punto 29, tercer guion, de las Directrices de 2006.
Resulta del conjunto de las anteriores consideraciones que debe desestimarse el segundo motivo.
Sobre la devolución del asunto al Tribunal General
Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando el Tribunal de Justicia anule la resolución del Tribunal General podrá, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
Ahora bien, dado que en el presente asunto el Tribunal de Justicia no dispone del volumen de negocios realizado por Laufen Austria en el año anterior a la Decisión controvertida, el estado del litigio no permite que el Tribunal de Justicia resuelva el litigio. En consecuencia, procede devolver el presente asunto al Tribunal General.
Costas
Dado que se devuelve el asunto al Tribunal General, debe reservarse la decisión sobre las costas correspondientes al presente recurso de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1)
Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de septiembre de 2013, Laufen Austria/Comisión (
T‑411/10
,
EU:T:2013:443
).

2)
Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que resuelva la pretensión de reducción de la multa impuesta formulada por Laufen Austria AG.

3)
Reservar la decisión sobre las costas.

Tizzano
Berger
Levits
Rodin
Biltgen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de enero de 2017.
El Secretario
A. Calot Escobar
El Presidente
K. Lenaerts
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.