CELEX: 62017CJ0287
Procedimiento prejudicial
Derecho de sociedades
Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales
Directiva 2011/7/UE
Artículo 6, apartados 1 y 3
Reembolso de los costes de cobro de un crédito
Gastos resultantes de los requerimientos enviados a causa de la morosidad del deudor

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (
DO 2011, L 48, p. 1
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Česká pojišťovna a.s. y WCZ, spol. s r. o. en relación con la compensación por los gastos resultantes de los requerimientos que la primera envió a WCZ, a causa del retraso en el pago de las primas de seguro adeudadas por esta última, antes de interponer un recurso destinado a obtener el abono de tales primas.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Los considerandos 12, 19 y 20 de la Directiva 2011/7 enuncian:
«(12)
La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados o la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en demora o de la lentitud de los procedimientos de recurso. Es necesario un cambio decisivo hacia una cultura de pago sin demora, que prevea, entre otras cosas, que la exclusión del derecho a cobrar intereses sea siempre considerada una práctica o una cláusula contractual manifiestamente abusiva, para invertir esta tendencia y desalentar la morosidad. Este cambio también debe incluir la introducción de disposiciones concretas sobre los plazos de pago y la compensación a los acreedores por los costes en que hayan incurrido así como, entre otras cosas, la indicación de que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva.
[…]
(19)
Es necesario compensar adecuadamente a los acreedores por los costes de cobro debidos a la morosidad para desalentar esta práctica. Los costes de cobro deben incluir los costes administrativos y una compensación por los gastos internos derivados de la morosidad, para los que la presente Directiva debe establecer una cantidad fija mínima acumulable con el interés de demora. La compensación en forma de una cantidad fija debe tener como objetivo limitar los costes administrativos e internos ligados al cobro. La compensación por los costes de cobro debe fijarse sin perjuicio de las disposiciones nacionales en virtud de las cuales un tribunal nacional pueda reconocer el derecho del acreedor a una indemnización adicional por los daños y perjuicios relacionados con la morosidad del deudor.
(20)
Además del derecho al pago de una cantidad fija para cubrir los costes internos relacionados con el cobro, los acreedores deben tener igualmente derecho al reembolso de los demás gastos de cobro ocasionados por el retraso en el pago por parte del deudor. Entre estos costes deben figurar, en particular, los gastos en los que haya incurrido el acreedor para la contratación de un abogado o de una agencia para la gestión de cobros.»
El artículo 6 de esta Directiva, titulado «Compensación por los costes de cobro», dispone:
«1.   Los Estados miembros se asegurarán de que, en los casos en que resulte exigible el interés de demora en las operaciones comerciales con arreglo a los artículos 3 o 4, el acreedor tenga derecho a cobrar al deudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 [euros].
2.   Los Estados miembros se asegurarán de que la cantidad fija mencionada en el apartado 1 sea pagadera sin necesidad de recordatorio como compensación por los costes de cobro en que haya incurrido el acreedor.
3.   Además de la cantidad fija establecida en el apartado 1, el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que superen la cantidad fija y que haya sufrido a causa de la morosidad de este. Esta podría incluir, entre otros, los gastos que el acreedor haya debido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia de gestión de cobro.»
Derecho checo
El artículo 369, apartado 1, última frase, de la zákon č. 513/1991, obchodní zákoník (Ley n.
o
513/1991 por la que se aprueba el Código de Comercio), en su versión modificada por la zákon č. 179/2013 (Ley n.
o
179/2013), establece:
«Además de los intereses de demora, el acreedor tendrá derecho a que se le reembolse una cantidad mínima de los costes de cobro del crédito, cuyo importe y condiciones se fijarán mediante un decreto del Gobierno.»
El artículo 3 del nařízení vlády č. 351/2013 (Decreto del Gobierno n.
o
351/2013), por el que se establecen el importe de los intereses de demora y de los costes de cobro de un crédito y la retribución de los liquidadores y de los miembros del órgano de administración de la persona jurídica nombrados por el juez y por el que se precisan determinadas cuestiones relativas al
Obchodní věstník
(
Boletín del Registro Mercantil
) y a los registros públicos de personas jurídicas y físicas, de los fondos fiduciarios y de la información sobre los propietarios reales, está redactado en los siguientes términos:
«En caso de que varias empresas contraigan obligaciones recíprocas […], el importe mínimo de los costes ligados a la reclamación de cada crédito será de 1200 [coronas checas (CZK) (aproximadamente 46 euros)].»
El artículo 121, apartado 3, de la zákon č. 40/1964, občanský zákoník (Ley n.
o
40/1964 por la que se aprueba el Código Civil) dispone:
«Los elementos accesorios del crédito son los intereses, los intereses de demora, las penalizaciones por demora y los costes de cobro.»
El artículo 142, apartado 1, de la zákon č. 99/1963, občanský soudní řád (Ley n.
o
99/1963 por la que se aprueba el Código de Enjuiciamiento Civil) dispone:
«El juez condenará a la parte que no haya visto acogidas sus pretensiones a compensar a la parte cuyas pretensiones hayan sido acogidas en su totalidad los costes que esta última haya soportado para ejercitar o defender un derecho de manera eficaz.»
A tenor del artículo 142a, apartado 1, de dicho Código:
«El demandante cuyas pretensiones hayan prosperado en el marco de un procedimiento en el que se exija el cumplimiento de una obligación únicamente tendrá derecho a que el demandado le compense sus costes si hubiera remitido a este último, al menos siete días antes de interponer la demanda, un requerimiento a su dirección a efectos de notificaciones o a su última dirección conocida.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
El 7 de noviembre de 2012, Česká pojišťovna y WCZ celebraron un contrato de seguro, que entró en vigor en esa misma fecha.
Mediante escrito de 10 de marzo de 2015, Česká pojišťovna informó a WCZ de que el contrato quedaría resuelto a partir del 25 de febrero de 2015, a causa del impago de las primas de seguro, y le exigió el pago de las primas adeudadas correspondientes al período comprendido entre el 7 de noviembre de 2014 y el 25 de febrero de 2015, que ascendían a 1160 CZK (aproximadamente 44 euros). Česká pojišťovna envió un total de cuatro requerimientos a WCZ antes de acudir ante el tribunal remitente.
Česká pojišťovna solicita a dicho tribunal que condene a WCZ, por un lado, al pago del citado importe de 1160 CZK (aproximadamente 44 euros), más los intereses de demora al tipo legal devengados durante el período comprendido entre el 25 de febrero de 2015 y la fecha de pago de las primas adeudadas, y, por otro lado, al pago de una compensación por los costes ligados al cobro de su crédito, por un importe de 1200 CZK (aproximadamente 46 euros). Además, Česká pojišťovna reclama a WCZ el pago de las costas procesales.
El tribunal remitente subraya que el artículo 6 de la Directiva 2011/7 fue transpuesto al ordenamiento jurídico nacional mediante el artículo 3 del Decreto del Gobierno n.
o
351/2013 y que, con arreglo al Derecho checo, los elementos accesorios de un crédito son los intereses, los intereses de demora y los costes ligados al cobro de ese crédito.
Tras constatar que el Derecho nacional impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de reconocer como costa procesal los costes ligados a un único requerimiento enviado al demandado antes de ejercitar una acción judicial, el tribunal remitente se pregunta si, además del derecho a compensación por los costes de cobro mediante una cantidad fija que resulta del artículo 6 de la Directiva 2011/7, es preciso reconocer el derecho a compensación por los costes de requerimiento en virtud de las normas procesales nacionales. Dicho tribunal destaca que, según el considerando 19 de esta Directiva, la compensación mediante una cantidad fija establecida en el artículo 6 de esta debe cubrir precisamente los costes de requerimiento en que haya incurrido el acreedor. A su juicio, de ello se desprende que reconocer el derecho a compensación de forma acumulativa, tanto en virtud del citado artículo 6 como en virtud de las normas procesales nacionales, permitiría al demandante obtener dos veces la misma compensación.
Esta cuestión resulta fundamental en el marco del asunto que está sustanciándose ante el tribunal remitente dado que Česká pojišťovna reclama una compensación mediante una cantidad fija de 1200 CZK (aproximadamente 46 euros), con arreglo al artículo 3 del Decreto del Gobierno n.
o
351/2013 y al artículo 6 de la Directiva 2011/7, y una compensación por los gastos de representación legal, que comprenden los costes del requerimiento previo a la presentación de la demanda, con arreglo al Derecho nacional.
En estas circunstancias, el Okresní soud v Českých Budějovicích (Tribunal Comarcal de České Budějovice, República Checa) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 6, apartados 1 y 3, de la Directiva 2011/7 […], en el sentido de que obliga a los órganos jurisdiccionales a declarar que el demandante cuyas pretensiones hayan prosperado en el marco de un litigio que tenga por objeto el cobro de un [crédito], derivado de una operación comercial en el sentido de los artículos 3 o 4 de dicha Directiva, tiene derecho a percibir un importe de 40 euros (o su equivalente en la moneda nacional) y a que se le [reembolsen además] las costas procesales, incluidos los gastos en los que el demandante hubiera incurrido por el envío [al demandado] de un requerimiento previo a la [presentación] de la demanda, en el importe que determinen las normas procesales del Estado miembro?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6 de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que reconoce al acreedor que reclama una compensación por los gastos resultantes de los requerimientos enviados al deudor a causa de la morosidad de este último el derecho a obtener, en tal concepto, además de la cantidad fija de 40 euros establecida en el apartado 1 de dicho artículo, una compensación razonable en el sentido del apartado 3 del mismo artículo.
Con carácter preliminar, procede señalar que el artículo 6 de la Directiva 2011/7 tiene por objeto garantizar una compensación por los costes de cobro asumidos por el acreedor cuando resulten exigibles intereses de demora en virtud de esta Directiva. Por otra parte, de la resolución de remisión resulta que el artículo 6 de la Directiva 2011/7 fue transpuesto al ordenamiento jurídico checo mediante el artículo 3 del Decreto del Gobierno n.
o
351/2013, que estableció en 1200 CZK (aproximadamente 46 euros) la cantidad fija prevista en el artículo 6, apartado 1, de dicha Directiva.
En primer lugar, debe señalarse que no se desprende del tenor literal del artículo 6 de la Directiva 2011/7 que los gastos de requerimiento asumidos por el acreedor para poder cobrar su crédito no puedan ser compensados más allá de la cantidad fija de 40 euros establecida en el apartado 1 del artículo 6.
En efecto, el citado apartado 1 menciona únicamente el derecho del acreedor a cobrar, como mínimo, una cantidad fija de 40 euros. Además, el apartado 2 del artículo 6 impone a los Estados miembros asegurarse de que, por un lado, esta cantidad fija sea pagadera automáticamente, sin necesidad de requerimiento al deudor, y, por otro lado, de que esta cantidad fija tenga por objeto compensar al acreedor por los costes de cobro en que este haya incurrido. A este respecto, estas disposiciones no operan ninguna distinción entre costes.
Por su parte, el apartado 3 del artículo 6 establece que el acreedor tendrá derecho a obtener del deudor, además de la cantidad fija establecida en el apartado 1 de dicho artículo, una compensación razonable por todos los demás costes de cobro que superen tal cantidad.
A este respecto, por un lado, procede señalar que, al utilizar en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2011/7 la expresión «superen la cantidad fija», el legislador de la Unión quiso subrayar que pueden ser objeto de una compensación razonable los costes de cobro, cualesquiera que sean, que superen el importe de 40 euros.
Por otro lado, si bien es cierto que la versión en francés del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2011/7 se refiere a los «demás» («autres») costes de cobro, precisión que puede dar a entender que se trata de costes de cobro distintos de los que son objeto del apartado 1 de dicho artículo, debe indicarse que las versiones en griego, inglés, italiano y neerlandés de esta disposición no corroboran esta interpretación, ya que utilizan, respectivamente, los términos «opoiadipote schetika ypoloipomena», «any», «ogni» y «alle», en lugar del término «demás».
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la formulación utilizada en una de las versiones lingüísticas de una disposición del Derecho de la Unión no puede constituir la única base para la interpretación de dicha disposición ni se le puede reconocer carácter prioritario frente a otras versiones lingüísticas, puesto que las disposiciones del Derecho de la Unión deben interpretarse y aplicarse de manera uniforme, a la luz de las versiones existentes en todas las lenguas de la Unión Europea (sentencia de 6 de junio de 2018, Tarragó da Silveira,
C‑250/17
,
EU:C:2018:398
, apartado
).
En segundo lugar, en cuanto al objetivo de la Directiva 2011/7, debe subrayarse que esta tiene por objeto luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales, ya que esta morosidad constituye, según el considerando 12 de esta Directiva, un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores, a causa, en particular, de los bajos intereses aplicados o de la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en mora (sentencia de 16 de febrero de 2017, IOS Finance EFC,
C‑555/14
,
EU:C:2017:121
, apartado
).
De ello se desprende que dicha Directiva pretende proteger eficazmente a los acreedores de la morosidad (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de diciembre de 2016, Nemec,
C‑256/15
,
EU:C:2016:954
, apartado
). Tal protección implica que se ofrezca a los acreedores una compensación lo más completa posible por los costes de cobro en que hayan incurrido, de manera que se desaliente la morosidad.
Por lo tanto, sería contrario a este objetivo interpretar que el artículo 6 de la Directiva 2011/7 se opone a que los gastos resultantes de los requerimientos enviados al deudor a causa de la morosidad de este puedan dar lugar a una compensación superior a 40 euros, incluso cuando el importe de tales costes supere dicha cantidad fija.
Debe recordarse además que la Directiva 2011/7 ha sustituido a la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (
DO 2000, L 200, p. 35
), cuyo artículo 3, apartado 1, letra e), establecía que el acreedor tenía derecho a reclamar una compensación razonable por todos los costes de cobro que hubiese sufrido a causa de la morosidad del deudor.
Puesto que nada indica que, mediante la adopción de la Directiva 2011/7, el legislador de la Unión tuviese la intención de disminuir la protección que la Directiva 2000/35 ofrecía al acreedor, sería incoherente considerar que, con arreglo a la Directiva 2011/7, el acreedor únicamente puede obtener una compensación limitada a 40 euros por los gastos resultantes de los requerimientos enviados al deudor a causa de la morosidad de este último, aun cuando dichos gastos superen esa cantidad, mientras que hubiera podido obtener una compensación razonable y, en su caso, superior a tal cantidad, al amparo de la Directiva 2000/35.
Sin embargo, ha de aclararse que, habida cuenta de que la compensación establecida en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2011/7 debe ser razonable, tal compensación no puede cubrir la parte de los costes que ya quede cubierta por la cantidad fija de 40 euros establecida en el apartado 1 de este artículo ni los costes que parezcan excesivos a la luz del conjunto de las circunstancias del asunto de que se trate.
Por consiguiente, se desprende tanto del tenor literal del artículo 6 de la Directiva 2011/7 como de la finalidad de esta Directiva que esta disposición debe interpretarse en el sentido de que permite a un acreedor que reclama el reembolso de los gastos resultantes de los requerimientos enviados al deudor a causa de la morosidad de este último obtener, además de la cantidad fija de 40 euros, una compensación razonable por la parte de dichos gastos que supere esa cantidad fija.
Esta conclusión no puede quedar desvirtuada por los considerandos 19 y 20 de la Directiva 2011/7.
En efecto, debe señalarse que la exposición de motivos de un acto de la Unión no tiene un valor jurídico vinculante y no puede ser invocada ni para establecer excepciones a las propias disposiciones del acto de que se trata ni para interpretarlas en un sentido manifiestamente contrario a su tenor literal (sentencia de 19 de junio de 2014, Karen Millen Fashions,
C‑345/13
,
EU:C:2014:2013
, apartado
).
Por otra parte, en cualquier caso, no resulta del considerando 19 ni del considerando 20 de la Directiva 2011/7 que la cantidad fija que es objeto del artículo 6, apartado 1, de esta Directiva deba considerarse la cantidad máxima que puede asignarse al acreedor para compensarlo por los gastos resultantes de los requerimientos enviados al deudor a causa de la morosidad de este último o, en general, por los costes de cobro internos o administrativos.
A este respecto, debe señalarse concretamente que, como indicó el Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones, si bien las versiones en inglés y en francés del considerando 20 de la Directiva 2011/7 parecen reservar el derecho al reembolso mediante una cantidad fija únicamente a los costes de cobro internos («fixed sum to cover internal recovery costs», «montant forfaitaire pour les frais internes de recouvrement») por oposición al reembolso de los «demás» costes de cobro («other recovery costs they incur», «autres frais de recouvrement encourus»), tal distinción formal entre los costes internos y los «demás» costes de cobro no aparece en otras versiones lingüísticas del mismo considerando, como las versiones en italiano («diritto al pagamento di un importo forfettario per coprire i costi interni […] esigere anche il risarcimento delle restanti spese di recupero sostenute») o neerlandesa («het recht op betaling van een vast bedrag ter dekking van interne invorderingskosten […] recht hebben op terugbetaling van de overige invorderingskosten die ontstaan»).
Por otra parte, el hecho de que el considerando 19 de la Directiva 2011/7 exponga que esta Directiva debe establecer una cantidad fija mínima para recuperar los costes administrativos y compensar los costes internos derivados de la morosidad no excluye tampoco que pueda concederse al acreedor una compensación razonable de tales costes cuando esa cantidad fija mínima sea insuficiente.
Además, si bien es cierto que dicho considerando puntualiza que la compensación mediante una cantidad fija debe tener como objetivo limitar los costes administrativos e internos ligados al cobro, esta afirmación debe interpretarse a la luz del conjunto del mismo considerando. Mediante esta puntualización, el legislador de la Unión no hace sino subrayar que el carácter automático de la compensación mediante una cantidad fija de 40 euros constituye un incentivo para que el acreedor limite sus costes de cobro a tal cantidad, sin excluir, no obstante, que pueda obtener, en su caso, una compensación razonable más elevada, pero carente de carácter automático.
Resulta de las anteriores consideraciones que procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 6 de la Directiva 2011/7 debe interpretarse en el sentido de que reconoce al acreedor que reclama una compensación por los gastos resultantes de los requerimientos enviados al deudor a causa de la morosidad de este último el derecho a obtener, en tal concepto, además de la cantidad fija de 40 euros establecida en el apartado 1 de dicho artículo, una compensación razonable en el sentido del apartado 3 del mismo artículo, en concepto de la parte de dichos gastos que supere esa cantidad fija.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:

El artículo 6 de la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, debe interpretarse en el sentido de que reconoce al acreedor que reclama una compensación por los gastos resultantes de los requerimientos enviados al deudor a causa de la morosidad de este último el derecho a obtener, en tal concepto, además de la cantidad fija de 40 euros establecida en el apartado 1 de dicho artículo, una compensación razonable en el sentido del apartado 3 del mismo artículo, en concepto de la parte de dichos gastos que supere esa cantidad fija.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: checo.