CELEX: 62017TJ0337
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado del transporte aéreo de mercancías
Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad y Suiza sobre el Transporte Aéreo
Coordinación de elementos del precio de los servicios de transporte aéreo de mercancías (recargo por combustible, recargo por seguridad, pago de una comisión sobre los recargos)
Intercambio de información
Competencia territorial de la Comisión
Infracción única y continua
Imputabilidad de la conducta infractora
Condiciones para la concesión del beneficio de la dispensa del pago
Igualdad de trato
Obligación de motivación
Importe de la multa
Valor de las ventas
Gravedad de la infracción
Duración de la participación en la infracción
Circunstancias atenuantes
Instigación del comportamiento contrario a la competencia por parte de las autoridades públicas
Proporcionalidad
Competencia jurisdiccional plena

)
[
omissis
]
II.

Procedimiento y pretensiones de las partes
La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 30 de mayo de 2017.
La Comisión presentó el escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal el 29 de septiembre de 2017.
La demandante presentó la réplica en la Secretaría del Tribunal el 3 de enero de 2018.
La Comisión presentó la dúplica en la Secretaría del Tribunal el 28 de febrero de 2018.
El 24 de abril de 2019, a propuesta de la Sala Cuarta, el Tribunal decidió, con arreglo al artículo 28 de su Reglamento de Procedimiento, remitir el presente asunto a una Sala ampliada.
El 24 de mayo de 2019, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento contempladas en el artículo 89 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal formuló preguntas escritas a las partes, a las que estas respondieron en el plazo señalado.
En la vista celebrada el 12 de junio de 2019, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
El 18 de junio de 2019, la demandante aportó el documento solicitado por el Tribunal en la vista celebrada el 12 de junio de 2019.
El 24 de junio de 2019, el Tribunal concluyó la fase oral del procedimiento.
Mediante auto de 31 de julio de 2020, el Tribunal (Sala Cuarta ampliada), considerando que no estaba suficientemente instruido y que procedía instar a las partes a presentar sus observaciones sobre una alegación que no habían debatido, ordenó la reapertura de la fase oral del procedimiento con arreglo al artículo 113 del Reglamento de Procedimiento.
Las partes respondieron en el plazo señalado a una serie de preguntas formuladas por el Tribunal el 4 de agosto de 2020 y posteriormente presentaron observaciones sobre sus respectivas respuestas.
Mediante decisión de 6 de noviembre de 2020, el Tribunal concluyó de nuevo la fase oral del procedimiento.
La demandante solicita al Tribunal que:
–
Con carácter principal, anule la Decisión impugnada en su totalidad por cuanto se refiere a ella.
–
Con carácter subsidiario, anule los artículos 1, apartados 1, letra b), 2, letra b), 3, letra b), y 4, letra b), 3, letra b), y 4 de la Decisión impugnada y reduzca el importe de las multas que se le han impuesto mediante la Decisión impugnada.
–
Con carácter subsidiario de segundo grado, anule el artículo 3, letras b) y d), de la Decisión impugnada y reduzca el importe de las multas que se le han impuesto.
–
En todo caso, condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas.
La Comisión solicita al Tribunal, en esencia, que:
–
Desestime el recurso.
–
Modifique el importe de las multas impuestas a la demandante retirándole el beneficio de la reducción general del 50 % y de la reducción general del 15 % en el supuesto de que el Tribunal considere que el volumen de negocios procedente de la venta de servicios de transporte de mercancías entrantes no podía incluirse en el valor de las ventas.
–
Condene en costas a la demandante.
III.

Fundamentos de Derecho
[
omissis
]
A.

Sobre las pretensiones de anulación
[
omissis
]
3.

Primer motivo, basado en ilegalidades cometidas en la imputación a la demandante de las prácticas de la antigua sociedad Air France y de AF y de una parte de las prácticas de KLM
El presente motivo, mediante el cual la demandante alega que la Comisión le ha imputado ilegalmente prácticas de la antigua sociedad Air France y de AF y una parte de las prácticas de KLM, consta de dos partes, basadas, la primera, en ilegalidades cometidas por la Comisión en la imputación a la demandante de las prácticas de AF a partir del 15 de septiembre de 2004 y de las de KLM a partir del 5 de mayo de 2004 y, la segunda, en ilegalidades cometidas por la Comisión en la imputación a la demandante de las prácticas de la antigua sociedad Air France que se produjeron entre el 7 de diciembre de 1999 y el 15 de septiembre de 2004.
Asimismo, la demandante reprocha a la Comisión que afirmara, en el considerando 1085 de la Decisión impugnada, que ella y AF debían ser consideradas responsables solidarias del pago de la multa debido a su participación en la infracción. En efecto, la demandante aduce que no participó en modo alguno, ya sea de forma directa o indirecta, en las prácticas alegadas, en las que solo participó AF.
El Tribunal se pronunciará sobre este reproche de forma conjunta con la segunda parte del presente motivo, habida cuenta de que ambos están intrínsecamente relacionados.
a)

Sobre la primera parte, basada en ilegalidades en la imputación a la demandante de las prácticas de AF a partir del 15 de septiembre de 2004 y de las de KLM a partir del 5 de mayo de 2004
Esta parte, mediante la cual la demandante sostiene que la Comisión le imputó ilegalmente las prácticas de AF a partir del 15 de septiembre de 2004 y las de KLM a partir del 5 de mayo de 2004, se articula en cuatro reproches basados, el primero, en un error en la imputación a la demandante de prácticas de KLM del 5 de mayo al 15 de septiembre de 2004, el segundo, en la motivación insuficiente del rechazo de los elementos que demostraban la autonomía de AF y de KLM, el tercero, en errores en la imputación a la demandante de las prácticas de AF y de KLM a partir del 15 de septiembre de 2004 y, el cuarto, en la vulneración de los principios de responsabilidad personal y de individualización de las penas y las sanciones.
Procede examinar en primer lugar el segundo reproche, que se refiere al respeto de los requisitos sustanciales de forma por parte de la Comisión.
1)

Sobre el segundo reproche, basado en la motivación insuficiente del rechazo de los elementos que demuestran la autonomía de AF y de KLM
La demandante afirma que la Comisión no motivó suficientemente el rechazo de los elementos que demostraban la autonomía de AF y de KLM, al limitarse a realizar una referencia implícita a estos y a alegar que, en cuanto a AF, no eran suficientes para desvirtuar la presunción de ejercicio de una influencia determinante. Según la demandante, no obstante, la Comisión debía examinar de forma concreta el conjunto de los elementos dirigidos a demostrar tal autonomía y adoptar una postura detallada sobre la desvirtuación de la presunción de responsabilidad. La mera referencia, en el considerando 1083 de la Decisión impugnada, a la jurisprudencia mencionada en el considerando 1073 de la misma Decisión, así como a los elementos enumerados en el anexo confidencial de dicha Decisión, no es suficiente. En cuanto a KLM, a su juicio, la obligación de motivación de la Comisión se ve reforzada, dado que esta ha reconocido que no aplicó la presunción de responsabilidad. Pues bien, la Comisión ni siquiera mencionó en la referida Decisión los elementos dirigidos a demostrar la autonomía de KLM. Ante el Tribunal, esta institución ha reconocido además que, en la Decisión en cuestión, no motivó su rechazo del carácter probatorio de los elementos aportados durante el procedimiento administrativo.
La Comisión refuta la argumentación de la demandante.
Con carácter preliminar, procede recordar que una infracción de las normas sobre la competencia cometida por una filial puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando, aunque tenga personalidad jurídica separada, esa filial no determina de manera autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz, teniendo en cuenta concretamente los vínculos económicos, organizativos y jurídicos que unen a esas dos entidades jurídicas (sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión,
C‑247/11 P y C‑253/11 P
,
EU:C:2014:257
, apartado
).
En efecto, en tal situación, al formar parte la sociedad matriz y su filial de una misma unidad económica y constituir, por lo tanto, una única empresa en el sentido del artículo 101 TFUE, la Comisión puede, a través de una decisión, imponer multas a la sociedad matriz, sin que sea necesario demostrar la implicación personal de esta en la infracción (sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión,
C‑247/11 P y C‑253/11 P
,
EU:C:2014:257
, apartado
).
En el caso específico de que una sociedad matriz posea el 100 % del capital de la filial que ha cometido una infracción de las normas sobre la competencia de la Unión, el Tribunal de Justicia ha precisado que, por una parte, esa sociedad matriz podía ejercer una influencia decisiva en el comportamiento de esa filial y, por otra parte, existía una presunción
iuris tantum
de que la sociedad matriz ejercía efectivamente dicha influencia (sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión,
C‑247/11 P y C‑253/11 P
,
EU:C:2014:257
, apartado
).
En estas circunstancias, basta que la Comisión pruebe que la sociedad matriz de una filial posee la totalidad del capital de esta para presumir que aquella ejerce una influencia decisiva sobre la política comercial de esa filial. Consecuentemente, la Comisión podrá considerar que la sociedad matriz es responsable solidariamente del pago de la multa impuesta a su filial, excepto si tal sociedad matriz, a la que corresponde desvirtuar dicha presunción, aporta suficientes elementos probatorios para demostrar que su filial se conduce de manera autónoma en el mercado (sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión,
C‑247/11 P y C‑253/11 P
,
EU:C:2014:257
, apartado
).
Además, cuando una decisión de aplicación de las normas de la Unión en materia de competencia afecta a varios destinatarios y se refiere a la imputabilidad de la infracción, esa decisión debe estar suficientemente motivada en relación con cada uno de sus destinatarios, especialmente con los que, según esa decisión, deben asumir la responsabilidad por esa infracción. Así pues, respecto a una sociedad matriz considerada responsable del comportamiento infractor de su filial, dicha decisión debe contener, en principio, una exposición de los fundamentos que justifiquen la imputabilidad de la infracción a esa sociedad (sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión,
C‑247/11 P y C‑253/11 P
,
EU:C:2014:257
, apartado
).
En relación concretamente con una decisión de la Comisión que se basa exclusivamente, por lo que atañe a determinados destinatarios, en la presunción del ejercicio efectivo de una influencia determinante, procede declarar que la Comisión está en todo caso obligada —so pena de que dicha presunción se convierta, de hecho, en irrefutable— a exponer de manera adecuada a dichos destinatarios las razones por las que los elementos de hecho y de Derecho invocados no han sido suficientes para refutar dicha presunción (sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión,
C‑247/11 P y C‑253/11 P
,
EU:C:2014:257
, apartado
).
Sin embargo, la Comisión no está en absoluto obligada a apoyarse únicamente en esa presunción. En efecto, nada impide que dicha institución demuestre el ejercicio efectivo por una sociedad matriz de una influencia decisiva sobre su filial con otros medios de prueba o con una combinación de esos medios y de la referida presunción. Se trata, en este último caso, del método denominado «de doble base» (sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión,
C‑247/11 P y C‑253/11 P
,
EU:C:2014:257
, apartados
y
).
Cuando se trata de una decisión que basa la imputabilidad a la sociedad matriz de una infracción cometida por su filial en un método que se sustenta en una doble base, una apreciación global de los elementos presentados por la sociedad matriz, en la medida en que son pertinentes para desvirtuar dicha presunción, se ajusta en principio al grado de motivación que corresponde a la Comisión, ya que permite a la sociedad matriz conocer las razones por las que la Comisión decidió imputarle la infracción cometida por su filial (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de abril de 2014, Areva y otros/Comisión,
C‑247/11 P y C‑253/11 P
,
EU:C:2014:257
, apartado
).
Por último, según reiterada jurisprudencia, si bien es cierto que la Comisión está obligada a motivar sus decisiones, mencionando los elementos de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de la medida y las razones que le han hecho adoptar la decisión, no se exige que la Comisión haga referencia a todos los puntos de hecho y de Derecho que hayan sido invocados por cada interesado en el curso del procedimiento administrativo y, en particular, que adopte una postura sobre elementos que son manifiestamente irrelevantes, que carecen de significado o que son claramente secundarios (véase la sentencia de 6 de febrero de 2014, Elf Aquitaine/Comisión,
T‑40/10
, no publicada,
EU:T:2014:61
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, en primer lugar, por lo que respecta al rechazo de los elementos aportados por la demandante que tenían por objeto demostrar la autonomía de AF, la Comisión, tras haber recordado, en los considerandos 1070 a 1073 de la Decisión impugnada, los principios aplicables a la identificación de las personas consideradas responsables de un comportamiento infractor dentro de una misma unidad económica, indicó en los considerandos 1081 a 1084 de dicha Decisión lo siguiente:
«1081 Unos empleados de [AF] participaron en la infracción del 15 de septiembre de 2004 al 14 de febrero de 2006.
1082 No obstante, durante el mismo período, [la demandante] poseía el 100 % de los derechos económicos y de los derechos de voto en [AF].
1083 De conformidad con la jurisprudencia resumida [en el apartado 6.1 de esta Decisión], por lo tanto, se presume [que,] durante este período, [la demandante] ejerció una influencia determinante sobre [AF]. [La demandante] no ha presentado pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de que ejerció una influencia determinante sobre [AF]. En consecuencia, a los efectos de la aplicación del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo [CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo], [la demandante] y [AF] forman parte de la misma empresa que cometió la infracción del 15 de septiembre de 2004 al 14 de febrero de 2006.
1084 Además de la propiedad plena e íntegra, existen otros elementos que demuestran que, durante este período, [la demandante] ejerció una influencia determinante sobre [AF] o, como mínimo, que corroboran la presunción en este sentido (véase el anexo confidencial [de la misma Decisión] al que únicamente puede acceder [la demandante]).»
El anexo confidencial de la Decisión impugnada en el que se enumeran los demás elementos de prueba contemplados en el considerando 1084 de dicha Decisión tiene, en lo tocante a AF, la siguiente redacción:
[
confidencial
] (
)
De lo anterior se desprende que, para imputar a la demandante las prácticas de AF, la Comisión se basó tanto en la presunción del ejercicio efectivo de una influencia determinante, debido al control que implicaba la posesión por parte de la demandante de la totalidad del capital de AF y de los derechos de voto asociados a las acciones de AF, como en una serie de indicios dirigidos a demostrar tal ejercicio efectivo. A este respecto, se basó, en primer término, en las facultades de dirección, orientación y control de la demandante sobre las actividades de AF a través de sus diversos órganos sociales, en segundo término, en la existencia de una estructura común a AF y KLM en lo referente, concretamente, al transporte de mercancías y, en tercer término, en la acumulación de funciones de varios directivos entre la demandante y AF.
En segundo lugar, por lo que se refiere al rechazo de los elementos aportados por la demandante dirigidos a demostrar la autonomía de KLM, la Comisión indicó en los considerandos 1086 a 1088 de la Decisión impugnada lo siguiente:
«1086 Unos empleados de [KLM] participaron en la infracción del 21 de diciembre de 1999 al 14 de febrero de 2006, es decir, durante todo el período de la infracción. En consecuencia, procede considerar a KLM responsable de su participación directa en la infracción.
1087 Como se ha explicado [en el apartado 2.2 de dicha Decisión], el 5 de mayo de 2004, [la antigua sociedad Air France] adquirió el control de KLM. Desde el 5 de mayo de 2004, [la demandante] es titular del 97,5 % de los derechos económicos y del 49 % de los derechos de voto en KLM.
1088 Por las razones expuestas en el anexo confidencial [de esta Decisión] al que únicamente puede acceder [la demandante], la Comisión considera que, a partir del 5 de mayo de 2004, [la demandante] ejerció una influencia determinante sobre KLM.»
El anexo confidencial de la Decisión impugnada en el que se enumeran los demás elementos de prueba contemplados en el considerando 1088 de dicha Decisión indica lo siguiente, en cuanto a KLM:
[
confidencial
]
De ello se deduce que, para imputar a la demandante las prácticas de KLM entre el 5 de mayo de 2004 y el 14 de febrero de 2006, la Comisión se basó a la vez en el capital y los derechos de voto que poseía la demandante en KLM y en una serie de indicios adicionales dirigidos a probar el ejercicio efectivo de una influencia determinante sobre esta última. A este respecto, se basó, en primer término, en las facultades de dirección, orientación y control de la demandante sobre las actividades de KLM a través de sus diversos órganos sociales, en segundo término, en la existencia de una estructura común a AF y KLM en lo referente, concretamente, al transporte de mercancías y, en tercer término, en la acumulación de funciones de varios directivos entre la demandante y KLM.
Ahora bien, la demandante se limitó a indicar, en su respuesta al pliego de cargos, que era «una sociedad de cartera sin ninguna actividad operativa en el sector del transporte aéreo» y que no había «estado implicada en ningún caso ni en modo alguno en el marco de las supuestas prácticas».
A la vista de lo anterior, no cabe reprochar válidamente a la Comisión que no haya proporcionado una motivación detallada, según las exigencias derivadas de la jurisprudencia, en lo referente al rechazo de los elementos que acreditaban la autonomía de AF y de KLM.
Por añadidura, las cuatro sentencias invocadas por la demandante en la demanda, relativas al nivel de motivación exigido a la Comisión ante elementos contrarios aportados durante el procedimiento administrativo y que tienen por objeto desvirtuar la presunción de ejercicio efectivo de una influencia determinante, se enmarcaban en un contexto distinto al del caso de autos.
Por una parte, el Tribunal de Justicia, en su sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión (
C‑521/09 P
,
EU:C:2011:620
), tuvo en cuenta, en particular, las circunstancias concretas relativas a un cambio en la práctica decisoria anterior de la Comisión consistente en basarse sistemáticamente en el método de la doble base (véase, en este sentido, el auto de 7 de febrero de 2012, Total y Elf Aquitaine/Comisión,
C‑421/11 P
, no publicado,
EU:C:2012:60
, punto
).
Por otra parte, debe apreciarse el alcance de las sentencias de 16 de junio de 2011, Air liquide/Comisión (
T‑185/06
,
EU:T:2011:275
), de 16 de junio de 2011, Edison/Comisión (
T‑196/06
,
EU:T:2011:281
), y de 27 de noviembre de 2014, Alstom/Comisión (
T‑517/09
,
EU:T:2014:999
), en función de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, recordada en los apartados 226 y 227 de la presente sentencia, en virtud de la cual la Comisión, cuando combina, como en el presente asunto en lo referente a la imputación de las prácticas de AF, los elementos de prueba del ejercicio efectivo de una influencia determinante con la presunción de tal ejercicio, motiva suficientemente su rechazo de los elementos en sentido contrario aportados por la empresa acusada al efectuar una apreciación global que no se pronuncia sobre cada uno de dichos elementos.
En consecuencia, este reproche debe desestimarse.
2)

Sobre el primer reproche, basado en un error en la imputación a la demandante de prácticas de KLM del 5 de mayo al 15 de septiembre de 2004
La demandante arguye que no se constituyó como una sociedad de cartera hasta el 15 de septiembre de 2004. Pues bien, según ella, una sociedad matriz no puede ser considerada responsable del comportamiento infractor de su filial en relación con el período anterior a la adquisición de dicha filial cuando esta última continúa su actividad en el mercado en cuestión con posterioridad a su adquisición. En consecuencia, estima que no puede ser considerada responsable de las prácticas de KLM a partir del 5 de mayo de 2004, contrariamente a lo que se desprende del apartado 1089 de la Decisión impugnada.
La Comisión se opone a la argumentación de la demandante.
En el presente asunto, del considerando 1087 de la Decisión impugnada se desprende que, desde el 5 de mayo de 2004, la demandante posee el 97,5 % del capital y el 49 % de los derechos de voto en KLM.
No cabe duda de que, como señala acertadamente la demandante, la entidad titular de tal participación y de esos derechos de voto en KLM a 5 de mayo de 2004 se denominaba Air France SA, esto es, la antigua sociedad Air France (véase, a este respecto, el apartado 53 de la presente sentencia).
Sin embargo, las partes no discuten que la demandante y la antigua sociedad Air France son la misma persona jurídica. Ciertamente, la Comisión mencionó el concepto de «sucesión jurídica» en el considerando 1080 de la Decisión impugnada. No obstante, se desprende sin ambigüedad de dicho considerando y del considerando 22 de esta Decisión que la antigua sociedad Air France se «convirtió» en la demandante a consecuencia de una transformación en sociedad de cartera y un cambio de denominación social.
En particular, la Comisión indicó lo siguiente en el considerando 22:
«El 5 de mayo de 2004, [la antigua sociedad Air France] adquirió el control exclusivo de [KLM] a raíz de la oferta pública de canje de [la antigua sociedad Air France] sobre las acciones de KLM. Desde esta fecha, [la antigua sociedad Air France] y KLM forman parte del grupo [AF]-KLM. El 15 de septiembre de 2004, [la antigua sociedad Air France] se transformó en una sociedad de cartera y pasó a denominarse [AF]-KLM, mientras que las actividades de transporte aéreo de [la antigua sociedad Air France] se transfirieron a una filial denominada “Air France Compagnie Aérienne”, que pasó a denominarse [AF]».
Así pues, en lo tocante a la posesión desde el 5 de mayo hasta el 15 de septiembre de 2004 del control de KLM, la demandante continuó ejerciendo los derechos y asumiendo las obligaciones que había adquirido cuando todavía se presentaba bajo la denominación de la antigua sociedad Air France.
Por consiguiente, la demandante yerra al afirmar que, al imputarle las prácticas de KLM del 5 de mayo al 15 de septiembre de 2004, la Comisión la consideró responsable del comportamiento infractor de su filial durante el período anterior a su adquisición.
Por tanto, procede desestimar este reproche.
3)

Sobre el tercer reproche, basado en errores en la imputación a la demandante de las prácticas de AF y de KLM a partir del 15 de septiembre de 2004
La demandante sostiene que la Comisión incurrió en un error al imputarle las prácticas de AF y de KLM a partir del 15 de septiembre de 2004, toda vez que no ejerció ninguna influencia determinante sobre estas sociedades. Afirma que, desde el 15 de septiembre de 2004, no es más que una sociedad de cartera financiera que no ejerce ninguna actividad en el sector del transporte de mercancías. Sostiene que simplemente tuvo, por un lado, un papel de coordinación y consolidación financiera consistente en velar por el respeto de las obligaciones legales en materia contable y en materia de comunicación y de transparencia financieras, y, por otro lado, un papel en la definición de la estrategia global de AF y de KLM, sin inmiscuirse, no obstante, en sus actividades operativas y comerciales ni emitir directriz alguna. AF y KLM determinaban de forma autónoma su política comercial, su estrategia, su presupuesto y su comportamiento en el sector del transporte de mercancías.
A este respecto, la demandante considera que los elementos invocados por la Comisión en el anexo confidencial de la Decisión impugnada no demuestran el ejercicio de su influencia determinante sobre AF y KLM. En primer término, alega que su Comité de Estrategia nunca dirigió «recomendaciones vinculantes» a AF y KLM. En segundo término, indica que no existe una relación jerárquica, a través de su Consejo de Administración y del Comité de Estrategia, entre ella, por una parte, y AF y KLM, por otra. Afirma que el conjunto de las decisiones relativas a la actividad del transporte de mercancías de AF y de KLM durante el período de que se trata fue encomendado a AF Cargo y a KLM Cargo, así como al «Joint Cargo Management Committee» (en lo sucesivo, «JCMC»). En tercer término, la demandante destaca que ninguno de los miembros de sus órganos directivos mencionados en dicho anexo que, durante el período en cuestión, formaron parte de los órganos directivos de AF o de KLM intervino en las actividades de transporte de mercancías de AF o de KLM. En cuarto término, argumenta que el JCMC tan solo constituye un órgano de coordinación de la actividad de transporte de mercancías de AF y de KLM que únicamente intervenía al nivel de estas últimas, de forma que no pudo utilizarlo para inmiscuirse en la política comercial de AF o de KLM.
La Comisión rechaza la argumentación de la demandante.
Con carácter preliminar, procede distinguir entre los casos en que este reproche se dirige contra las apreciaciones de la Comisión relativas a la imputación de las prácticas de AF o contra las relativas a la imputación de las prácticas de KLM.
En el primer caso, habida cuenta de la presunción de ejercicio efectivo de una influencia determinante debido al control que implica la posesión por parte de la demandante de la totalidad del capital de AF y de los derechos de voto asociados a las acciones de AF, corresponde a esta sociedad matriz, según la jurisprudencia resumida en el apartado 223 de la presente sentencia, aportar elementos de prueba para demostrar de modo suficiente que su filial actuaba de forma autónoma en el mercado y, con ello, desvirtuar la referida presunción.
En el segundo caso, a falta de aplicación de la presunción de que se trata, la demandante solamente debe demostrar que la Comisión no ha probado de modo suficiente en Derecho que KLM no determinaba de forma autónoma su comportamiento en el mercado.
En el presente asunto, debe observarse que la demandante formula varias alegaciones contra elementos que la Comisión incluyó en el anexo confidencial de la Decisión impugnada para acreditar el ejercicio de una influencia determinante sobre AF. Sin embargo, conviene tener en cuenta estas alegaciones para determinar si la Comisión consideró acertadamente que la demandante no había enervado la presunción en cuestión. En efecto, es preciso observar que dichas alegaciones se basan, esencialmente, en las mismas circunstancias de hecho que las invocadas por la demandante para desvirtuar la presunción de que se trata. En cuanto a las alegaciones de hecho invocadas en apoyo de la argumentación dirigida contra esos elementos, pero que la demandante no ha reproducido para desvirtuar esta presunción, el Tribunal debe tenerlas en cuenta como elemento pertinente para valorar si AF determinaba de manera autónoma su comportamiento en el mercado (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de junio de 2016, Evonik Degussa y AlzChem/Comisión,
C‑155/14 P
,
EU:C:2016:446
, apartado
). Así sucede, en particular, en el caso de la alegación de que no hubo «recomendaciones vinculantes» emitidas por el Comité de Estrategia de la demandante.
Procede examinar el presente reproche a la luz de estas consideraciones.
En primer término, debe señalarse, para empezar, que la invocación por parte de la demandante de su naturaleza de
holding
financiero no puede, por sí sola, poner en entredicho la constatación de su ejercicio efectivo de una influencia determinante sobre AF y KLM (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de marzo de 2011, Legris Industries/Comisión,
T‑376/06
, no publicada,
EU:T:2011:107
, apartados
y
, y de 14 de julio de 2011, Arkema France/Comisión,
T‑189/06
,
EU:T:2011:377
, apartado
). En efecto, en el ámbito de un grupo de sociedades, una sociedad
holding
que coordina, en particular, las inversiones financieras dentro del grupo está abocada a reagrupar las participaciones en diversas sociedades y tiene la función de garantizar la unidad de dirección de todas ellas, especialmente a través del control presupuestario (sentencia de 15 de julio de 2015, HIT Groep/Comisión,
T‑436/10
,
EU:T:2015:514
, apartado
).
En cuanto a la definición por parte de la demandante de la estrategia global de AF y de KLM y al amplio ámbito de esta estrategia, en la medida en que abarcaba la mayoría de los resortes de desarrollo del grupo del que la demandante es la sociedad de cabecera, lejos de acreditar la inexistencia de una influencia determinante, tienden, por el contrario, a demostrar las conclusiones a las que llegó la Comisión en la Decisión impugnada.
Aun suponiendo, como afirma la demandante, que este papel no llegara hasta el punto de llevarla a inmiscuirse en las actividades operativas y comerciales de AF y de KLM, es importante recordar que la influencia determinante que puede justificar la imputación a la sociedad matriz de la responsabilidad por la infracción cometida por su filial no puede referirse únicamente a la política comercial
stricto sensu
de dicha filial (sentencia de 23 de enero de 2014, Gigaset/Comisión,
T‑395/09
, no publicada,
EU:T:2014:23
, apartado
), ni estar necesariamente relacionada con la gestión cotidiana de esta última (sentencia de 26 de septiembre de 2013, The Dow Chemical Company/Comisión,
C‑179/12 P
, no publicada,
EU:C:2013:605
, apartado
).
A mayor abundamiento, cabe señalar que la afirmación de la demandante de que no se inmiscuyó en las actividades operativas y comerciales de sus filiales no solo no está respaldada por ninguna prueba, sino que se ve parcialmente contradicha por sus declaraciones anteriores, realizadas en su respuesta de 29 de junio de 2007 al cuestionario de la Comisión de 12 de junio de 2007 que se le hizo llegar durante la investigación y se aportó como anexo a la demanda. En efecto, según estas declaraciones, «el Consejo de Administración de [la demandante] […] intervenía […] en las directrices comerciales generales de las principales funciones del Grupo Air France-KLM».
En segundo término, en lo tocante a la alegación según la cual AF y KLM determinaban de forma autónoma su política comercial, su estrategia, su presupuesto y su comportamiento en el sector del transporte de mercancías, en primer lugar, debe observarse que, de nuevo, la demandante efectúa simples afirmaciones. En segundo lugar, la argumentación de la demandante se basa esencialmente en la autonomía de los departamentos AF Cargo y KLM Cargo en relación con las entidades a las que pertenecen, AF y KLM, respectivamente, de manera que no permite demostrar la autonomía de AF y de KLM respecto de la demandante. Por último, los ejemplos de ámbitos, mencionados por la demandante, respecto de los cuales se ejercía la supuesta autonomía de AF Cargo y de KLM Cargo, tales como, desde el punto de vista operativo, la puesta en práctica de las operaciones de logística inherentes a la actividad de transporte de mercancías o, desde el punto de vista estratégico, la creación y la fijación de un recargo, no son incompatibles con la dirección estratégica más general que la demandante afirma realizar ella misma. En efecto, la división de tareas es un fenómeno habitual en un grupo de sociedades (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2011, Arkema France/Comisión,
T‑189/06
,
EU:T:2011:377
, apartado
).
En tercer término, en cuanto al hecho de que el Comité de Estrategia de la demandante se abstenga de dirigir «recomendaciones vinculantes» a AF y a KLM, esto atañe a las relaciones jurídicas entre la demandante y sus filiales. En estas circunstancias, aunque tal abstención se invoque para refutar los elementos enumerados en el anexo confidencial de la Decisión impugnada, debe examinarse ahora si puede poner en entredicho las constataciones de la Comisión relativas a la falta de autonomía de sus filiales.
Por una parte, procede constatar que la demandante no ha aportado el más mínimo elemento de prueba en apoyo de esta alegación, como las actas o los informes de las reuniones del Comité de Estrategia.
Por otra parte, debe señalarse que la demandante no niega que el Comité de Estrategia se reunió desde su creación en 2004 hasta la finalización del período de la infracción. Además, de su respuesta de 29 de junio de 2007 al cuestionario de la Comisión de 12 de junio de 2007 se desprende que, efectivamente, dicho Comité se había reunido durante este período y que «[había] […] intervenido principalmente sobre [l]as cuestiones [estratégicas]».
Pues bien, habida cuenta del papel y de las atribuciones del Comité de Estrategia, según se desprenden de los extractos de los informes anuales de la demandante correspondientes a los ejercicios 2004/2005 y 2005/2006, adjuntos a su respuesta de 29 de junio de 2007, parece poco creíble que las deliberaciones de este Comité no hubieran tenido precisamente como objetivo coordinar la estrategia de las filiales AF y KLM. En efecto, según estos extractos, «las decisiones [de dicho Comité] expresan la postura común de AF y de KLM respecto de toda decisión estratégica significativa relativa a los ámbitos comerciales, financieros, técnicos y operativos […]».
En lo referente, específicamente, a las «recomendaciones vinculantes», se precisa que «el [Comité de Estrategia] emite recomendaciones imperativas sobre los temas antes mencionados al Consejo de Administración de [AF], al Directorio y al Consejo de Vigilancia de KLM» y que «el presidente del Directorio de KLM, el presidente del Consejo de Administración de [AF] y todo presidente y administrador o personal clave de las entidades combinadas o de sus filiales, según corresponda, deben abstenerse de adoptar o ejecutar decisiones que sean de la competencia del [Comité de Estrategia] sin que este haya dictado previamente su recomendación imperativa». De lo anterior se desprende que la intervención de AF y de KLM en un cierto número de ámbitos inherentes a su actividad estaba condicionada a la adopción, al nivel del Comité de Estrategia de la demandante, de recomendaciones vinculantes (o imperativas). Pues bien, en el presente asunto, la demandante no aporta prueba alguna ni el más mínimo elemento de contexto que pueda ilustrar al Tribunal sobre el posible abandono, por parte de dicho Comité, de las prerrogativas que le correspondían.
Habida cuenta de las consideraciones precedentes, debe constatarse que la demandante no ha logrado desvirtuar la presunción, deducida del control que implica su posesión de la totalidad del capital de AF y de los derechos de voto asociados a las acciones de AF, según la cual ejerció efectivamente una influencia determinante sobre AF durante el período comprendido entre el 15 de septiembre de 2004 y el 14 de febrero de 2006.
En cuanto a la conclusión de la Comisión de que la demandante efectivamente ejerció una influencia determinante sobre KLM, del examen, realizado en los apartados 258 a 267 de la presente sentencia, de la primera serie de alegaciones de la demandante en apoyo de este reproche no se desprende la existencia de ningún error del que adolezca la apreciación de la Comisión.
Por lo tanto, quedan por examinar las alegaciones formuladas por la demandante referidas a los elementos enumerados en el anexo confidencial de la Decisión impugnada relativos a los vínculos que tenía con KLM, ya que los relacionados con AF deben rechazarse por inoperantes, puesto que la demandante no ha logrado demostrar que la Comisión cometiera un error al basarse en la presunción en cuestión.
En primer término, en lo que atañe a la alegación de la demandante según la cual el Comité de Estrategia no adoptó ninguna «recomendación vinculante», procede referirse a las consideraciones contenidas en los apartados 263 a 267 de la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Comisión se basó, en la Decisión impugnada, en la facultad de dicho Comité de adoptar tales recomendaciones (véase el apartado 233 de la presente sentencia), cuya existencia no niega la demandante. Pues bien, la posibilidad de que la demandante determine de este modo la estrategia de su filial prueba, en sí misma, la existencia de un poder de dirección que puede poner en entredicho la autonomía del comportamiento de esta última.
En segundo término, por lo que se refiere a la alegación de la demandante basada en la inexistencia de una «relación de dependencia jerárquica» entre ella, a través de su Consejo de Administración y de su Comité de Estrategia, y KLM, debe rechazarse por los mismos motivos que ya se han enunciado en el apartado 262 de la presente sentencia.
En tercer término, la demandante no puede alegar fundadamente que ninguno de los miembros de sus órganos directivos mencionados en el anexo confidencial de la Decisión impugnada que, durante el período en cuestión, formaron parte de los órganos directivos de KLM intervino en las actividades de transporte de mercancías. En efecto, se apoya a este respecto en el hecho de que el conjunto de las decisiones relativas a la actividad de transporte de mercancías se había encomendado, en KLM, al Departamento KLM Cargo o al JCMC.
Ahora bien, esta alegación debe desestimarse por los mismos motivos ya expuestos en el apartado 262 de la presente sentencia.
Por lo demás, debe señalarse que la demandante se limita a afirmar, sin pruebas que lo acrediten, que los miembros que acumulaban funciones directivas o mandatos en el seno de sus órganos sociales y los de KLM no intervenían en las actividades de transporte de mercancías. Pues bien, aparte de que no está demostrada, esta afirmación no puede refutar, en sí misma, la existencia de estos solapamientos, cuando según reiterada jurisprudencia la importancia de la intervención de una sociedad matriz en la gestión de su filial puede acreditarse por la presencia, a la cabeza de la filial, de numerosas personas que ocupan funciones de dirección en la sociedad matriz (véase la sentencia de 9 de septiembre de 2015, Toshiba/Comisión,
T‑104/13
,
EU:T:2015:610
, apartado
y jurisprudencia citada).
En cuarto término, la demandante alega sin éxito que el JCMC no constituía más que un órgano de coordinación de la actividad de transporte de mercancías de AF y de KLM que únicamente intervenía al nivel de estas últimas, de manera que no pudo utilizarlo para inmiscuirse en sus políticas comerciales respectivas.
A este respecto, en el anexo confidencial de la Decisión impugnada, la Comisión señaló que [
confidencial
] (véase el apartado 233 de la presente sentencia). Pues bien, tal como señala acertadamente la demandante, los elementos obrantes en autos, y en particular su respuesta de 29 de junio de 2007 al cuestionario de la Comisión de 12 de junio de 2007, mencionan una estructura única organizada al nivel de los departamentos de transporte de mercancías de las filiales AF y KLM. De ello no se deduce que esta estructura estuviera establecida en el seno de la demandante o que fuera una expresión, de cualquier otra manera, de la influencia determinante que esta última ejercía sobre sus filiales.
No obstante, las demás razones, que no se han criticado válidamente, expuestas por la Comisión en apoyo de la imputación a la demandante de las prácticas de KLM a partir del 5 de mayo de 2004, a saber, en primer término, la posesión del 97,5 % del capital y del 49 % de los derechos de voto en KLM, en segundo término, las facultades de dirección, orientación y control de la demandante sobre las actividades de KLM a través de su Consejo de Administración y de su Comité de Estrategia y, en tercer término, la presencia, a la cabeza de KLM, de diversas personas que ostentaban funciones directivas o mandatos sociales en el seno de la demandante, bastan para acreditar el ejercicio efectivo de una influencia determinante de la demandante sobre KLM.
A la vista de las consideraciones precedentes, debe desestimarse el presente reproche.
4)

Sobre el cuarto reproche, basado en la vulneración de los principios de responsabilidad personal y de individualización de las penas y las sanciones
La demandante sostiene que la imputación de las prácticas de AF a partir del 15 de septiembre de 2004 y de las prácticas de KLM a partir del 5 de mayo de 2004 viola los principios de responsabilidad personal y de individualización de las penas y las sanciones.
La Comisión refuta la argumentación de la demandante.
Debe recordarse que, en virtud de los principios de responsabilidad personal y de individualización de las penas y las sanciones que son aplicables en todo procedimiento administrativo que pueda llevar a sanciones conforme a las reglas de la competencia de la Unión, una empresa solo debe ser sancionada por los hechos que se le reprochen individualmente (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de diciembre de 2001, Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión,
T‑45/98 y T‑47/98
,
EU:T:2001:288
, apartado
; de 3 de marzo de 2011, Siemens y VA Tech Transmission & Distribution/Comisión,
T‑122/07 a T‑124/07
,
EU:T:2011:70
, apartado
, y de 11 de julio de 2014, RWE y RWE Dea/Comisión,
T‑543/08
,
EU:T:2014:627
, apartado
).
No obstante, ese principio debe conciliarse con el concepto de empresa y con la jurisprudencia según la cual el hecho de que la sociedad matriz y su filial constituyan una sola empresa en el sentido del artículo 101 TFUE faculta a la Comisión para dirigir la decisión que imponga multas a la sociedad matriz de un grupo de sociedades (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de marzo de 2011, Siemens y VA Tech Transmission & Distribution/Comisión,
T‑122/07 a T‑124/07
,
EU:T:2011:70
, apartado
, y de 11 de julio de 2014, RWE y RWE Dea/Comisión,
T‑543/08
,
EU:T:2014:627
, apartado
). En efecto, aunque la sociedad matriz no intervenga directamente en la infracción, en tal supuesto, ejerce una influencia determinante en la filial o filiales que hayan intervenido en aquella. De ello se desprende que, en dicho contexto, no puede considerarse que la responsabilidad de la sociedad matriz sea una responsabilidad objetiva (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión,
C‑97/08 P
,
EU:C:2009:536
, apartado
).
En tales circunstancias, la sociedad matriz es condenada por una infracción que se supone ha cometido ella misma (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de septiembre de 2009, Akzo Nobel y otros/Comisión,
C‑97/08 P
,
EU:C:2009:536
, apartado
; de 17 de mayo de 2011, Elf Aquitaine/Comisión,
T‑299/08
,
EU:T:2011:217
, apartado
, y de 27 de junio de 2012, Bolloré/Comisión,
T‑372/10
,
EU:T:2012:325
, apartado
).
En el presente asunto, en la medida en que la demandante basa este reproche en que no se ejerció una influencia determinante sobre AF y KLM, sin aportar elementos que no se hayan invocado ya en el marco de reproches anteriores, basta con señalar que del examen de los reproches primero y tercero del primer motivo se desprende que la Comisión demostró de forma suficiente en Derecho que la demandante ejercía tal influencia sobre sus filiales durante los períodos controvertidos. De ello se deduce que este reproche se basa en una premisa errónea.
Además, en la medida en que está exenta de errores y habida cuenta de la jurisprudencia recordada en los apartados 282 y 283 de la presente sentencia, la imputación a la demandante de las prácticas de AF a partir del 15 de septiembre de 2004 y de las prácticas de KLM a partir del 5 de mayo de 2004 no viola los principios de responsabilidad personal y de individualización de las penas y las sanciones.
Por lo tanto, este reproche debe desestimarse.
En consecuencia, procede desestimar la primera parte del primer motivo en su totalidad.
b)

Sobre la segunda parte, basada en ilegalidades en la imputación a la demandante de las prácticas de la antigua sociedad Air France entre el 7 de diciembre de 1999 y el 15 de septiembre de 2004
Esta parte, mediante la cual la demandante sostiene que la Comisión incurrió en diversas ilegalidades al imputarle las prácticas de la antigua sociedad Air France entre el 7 de diciembre de 1999 y el 15 de septiembre de 2004, lo que la Comisión niega, se articula en tres reproches, basados, el primero, en el incumplimiento de la obligación de motivación, el segundo, en errores en la imputación a la demandante de dichas prácticas respecto del período de que se trata y, el tercero, en la vulneración de los principios de responsabilidad personal y de individualización de las penas y las sanciones.
Como observación previa, debe señalarse que, en la Decisión impugnada, la Comisión actuó en tres fases. En un primer momento, en el considerando 1080 de esta Decisión, imputó las actuaciones de la antigua sociedad Air France durante el período comprendido entre el 7 de diciembre de 1999 y el 15 de septiembre de 2004 a la demandante en su calidad de «sucesora». A este respecto, se basó en la constatación de que, el 15 de septiembre de 2004, la antigua sociedad Air France se había «convertido» en la demandante, tras una transformación en sociedad de cartera y un cambio de denominación y objeto sociales, tal como se precisa en el considerando 22 de la Decisión impugnada.
En un segundo momento, respecto del período comprendido entre el 15 de septiembre de 2004 y el 14 de febrero de 2006, la Comisión declaró, en los considerandos 1083 y 1084 de la Decisión impugnada, que la demandante había ejercido una influencia determinante sobre AF.
En un tercer momento, en el considerando 1085 de la Decisión impugnada, la Comisión dedujo de los elementos expuestos en los apartados 290 y 291 de la presente sentencia que la demandante y AF debían ser consideradas responsables solidarias del pago de la multa debido a su participación en la infracción del 7 de diciembre de 1999 al 14 de febrero de 2006.
Según confirmó la Comisión, en esencia, en la vista, esta mención de la participación de la demandante en la infracción única y continua se basa en la constatación de que la persona jurídica directamente implicada en la comisión de la infracción única y continua hasta el 15 de septiembre de 2004 y la demandante eran una misma persona jurídica, ya que solo las distinguían sus denominaciones y objetos sociales, que se habían modificado desde entonces (véanse los apartados 244 y 290 de la presente sentencia).
1)

Sobre el primer reproche, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
La demandante afirma que la Decisión impugnada no motiva suficientemente la imputación que se le hace de las prácticas de la antigua sociedad Air France entre el 7 de diciembre de 1999 y el 15 de septiembre de 2004. Critica el considerando 1080 de la Decisión impugnada, que a su entender no permite comprender el estatuto que se le atribuye respecto de la antigua sociedad Air France en relación con dicho período y, en particular, saber si se la considera la sucesora económica o la sucesora jurídica, o bien ambas, de esa sociedad.
A su juicio, el considerando 1080 de la versión francesa de la Decisión impugnada fue modificado en relación con la Decisión de 9 de noviembre de 2010. La demandante destaca que, mientras que el considerando 1056 de esa Decisión indicaba que ella y AF eran, respectivamente, la sucesora económica y la sucesora jurídica de la antigua sociedad Air France, en la forma en que esta existía antes del 15 de septiembre de 2004, el considerando 1080 de dicha Decisión ya no hacía referencia al adverbio «respectivamente». Esta modificación resulta, a su entender, del error reconocido por la Comisión ante el Tribunal en el marco del asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de diciembre de 2015, Air France-KLM/Comisión (
T‑62/11
, no publicada,
EU:T:2015:996
). La demandante también observa que, no obstante, tal modificación no se realizó en las versiones neerlandesa e inglesa de la misma Decisión, a tenor de las cuales, en este último considerando, no es ella, sino AF, quien es designada como la sucesora económica de la antigua sociedad Air France.
La Comisión se opone a la argumentación de la demandante.
A este respecto, debe recordarse que la motivación debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y mostrar de manera clara e inequívoca el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión,
C‑521/09 P
,
EU:C:2011:620
, apartado
).
El respeto de la obligación de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios del acto u otras personas afectadas por este en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 296 TFUE y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta debe apreciarse en relación no solo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencias de 29 de septiembre de 2011, Elf Aquitaine/Comisión,
C‑521/09 P
,
EU:C:2011:620
, apartado
, y de 13 de diciembre de 2016, Printeos y otros/Comisión,
T‑95/15
,
EU:T:2016:722
, apartado
).
Como se ha indicado en los apartados 245 a 247 de la presente sentencia, del considerando 1080 de la Decisión impugnada se desprende que la Comisión se basó en la circunstancia de que la demandante resultaba de la transformación de la antigua sociedad Air France en sociedad de cartera para imputarle las prácticas de esta última en el período en cuestión.
Al actuar de este modo, la Comisión puso de manifiesto de forma clara e inequívoca las razones por las cuales imputaba a la demandante tales prácticas, de manera que esta podía conocer las razones de la medida adoptada y el Tribunal podía ejercer su control.
Ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante desvirtúa esta conclusión.
Si bien es cierto que en el considerando 1080 de la Decisión impugnada se indicó, como señala la demandante, que esta «y [AF] son […] las sucesoras económicas y jurídicas de la antigua sociedad Air France, en la forma en que esta existía antes del 15 de septiembre de 2004», esta referencia, no obstante, no puede leerse de forma aislada.
En efecto, debe señalarse que, en el considerando 1080 de la Decisión impugnada, las constataciones inmediatamente anteriores a la referencia en cuestión y que se formulan en apoyo de esta versan, respectivamente, sobre la continuidad jurídica entre la antigua sociedad Air France y la demandante y sobre la continuidad económica entre la antigua sociedad Air France y AF. Del mismo modo, en las versiones lingüísticas inglesa y neerlandesa de dicha Decisión, esa referencia está redactada de la siguiente manera: «en consecuencia, [la demandante] y [AF] son, respectivamente, las sucesoras jurídicas y económicas de la antigua sociedad Air France». De lo anterior se deduce, por una parte, que ha de considerarse que esta referencia se debe a un mero error de redacción y, por otra parte, que procede interpretar que declara la responsabilidad de la demandante exclusivamente en virtud de la continuidad jurídica constatada con la antigua sociedad Air France, respecto a lo cual, por lo demás, la Comisión manifestó su acuerdo en la vista.
2)

Sobre el segundo reproche, basado en errores en la imputación a la demandante de las prácticas de la antigua sociedad Air France respecto del período comprendido entre el 7 de diciembre de 1999 y el 15 de septiembre de 2004
La demandante sostiene que la Comisión le imputa erróneamente, respecto del período anterior a su creación, esto es, entre el 7 de diciembre de 1999 y el 15 de septiembre de 2004, las prácticas de la antigua sociedad Air France, ya se interprete el considerando 1080 de la Decisión impugnada en el sentido de que ella es la «sucesora económica» de dicha sociedad o su sucesora jurídica, o incluso ambas a la vez, del mismo modo que AF.
La Comisión rechaza la argumentación de la demandante.
Debe señalarse que, en la demanda, la demandante contempla tres supuestos en los que se la consideraría responsable de las prácticas de la antigua sociedad Air France respecto del período comprendido entre el 7 de diciembre de 1999 y el 15 de septiembre de 2004. Se trata, en primer término, del supuesto en el que la demandante sea su sucesora económica, en segundo término, del supuesto en el que esta sea su sucesora jurídica y, en tercer término, del supuesto en el que esta sea su sucesora económica y jurídica. Desde el punto de vista de la sucesión jurídica, la demandante se limita a remitirse a un resumen de la jurisprudencia realizado en el marco de la primera parte del presente motivo. Este resumen se refiere, de manera general, a los requisitos para la imputación, a una sociedad matriz, de las actuaciones contrarias a la competencia de su filial antes de la adquisición de esta última.
Pues bien, la demandante no ha explicado en qué sentido la jurisprudencia invocada lleva a excluir que se le imputen las prácticas de la antigua sociedad Air France. Es más, las situaciones cubiertas por esta jurisprudencia son diferentes de las que se dan en el presente caso. Efectivamente, la demandante no adquirió la antigua sociedad Air France, sino que resulta de un cambio tanto de la denominación social como del objeto social de esta última, garantizando de este modo la continuidad jurídica de los derechos y las obligaciones de la antigua sociedad Air France en lo referente a sus actividades desde el 7 de diciembre de 1999 hasta el 15 de septiembre de 2004.
En la vista, la demandante añadió que basar la responsabilidad de AF respecto de los comportamientos contrarios a la competencia de la antigua sociedad Air France en una continuidad económica entre ellas impediría que se pudiera «compartir la responsabilidad» con la demandante. Por consiguiente, a su entender, la Comisión no puede decidir transferir la responsabilidad de las actuaciones de la antigua sociedad Air France a AF e imputar, al mismo tiempo, dichas actuaciones a la demandante.
A este respecto, debe recordarse que incumbe, en principio, a la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la decisión por la que se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad de otra persona (sentencia de 16 de noviembre de 2000, Cascades/Comisión,
C‑279/98 P
,
EU:C:2000:626
, apartado
).
El hecho de que algunas de las características de la persona que dirigía la empresa en cuestión en el momento en que se cometió la infracción hayan cambiado, por ejemplo, su denominación, no pone en entredicho la continuidad de su existencia jurídica (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión,
C‑297/98 P
,
EU:C:2000:633
, apartados
y
).
Pues bien, en el presente asunto, de los considerandos 22 y 1080 de la Decisión impugnada se desprende, y está acreditado, que la persona jurídica implicada en la infracción única y continua antes del 15 de septiembre de 2004 siguió existiendo tras esa fecha, con un cambio en su denominación y objeto sociales. Así pues, la antigua sociedad Air France, entidad jurídica operativa, se «convirtió» en la demandante, sociedad de cabecera del grupo Air France-KLM.
De ello se deduce que, a la vista de la jurisprudencia citada en los apartados 309 y 310 de la presente sentencia, no cabe reprochar a la Comisión que aplicara el criterio de la continuidad jurídica para declarar la responsabilidad de la demandante respecto del comportamiento de la antigua sociedad Air France desde el 7 de diciembre de 1999 hasta el 15 de septiembre de 2004.
En lo tocante a la circunstancia de que se le impute también este comportamiento a AF, como sucesora económica, debe recordarse que una decisión adoptada en materia de competencia respecto a varias empresas, aunque esté redactada y publicada como una sola decisión, debe considerarse como un haz de decisiones individuales que, en relación con cada una de las empresas destinatarias, aprecia la existencia de la o las infracciones que se le imputan y le imponen, en su caso, una multa (sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión,
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P
,
EU:C:2002:582
, apartado
). Así pues, si uno de los destinatarios de una decisión decide interponer recurso de anulación, al juez de la Unión solo se le somete la parte de la decisión que afecta a dicho destinatario, mientras que las partes relativas a otros destinatarios no integran en principio el objeto del litigio que el juez de la Unión ha de resolver (sentencia de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartado
), sin perjuicio del caso de una sociedad matriz cuya responsabilidad se derive íntegramente de la de su filial (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de enero de 2013, Comisión/Tomkins,
C‑286/11 P
,
EU:C:2013:29
, apartados
y
).
Pues bien, en la medida en que la responsabilidad de la demandante por el comportamiento de la antigua sociedad Air France no se deriva de la de su filial AF, de ello se deduce que no es admisible, en el marco del presente recurso, que aquella reproche a la Comisión el haber imputado a dicha filial las actuaciones de la antigua sociedad Air France desde el 7 de diciembre de 1999 hasta el 15 de septiembre de 2004.
Habida cuenta de lo expuesto anteriormente, debe desestimarse el segundo reproche.
3)

Sobre el tercer reproche, basado en la vulneración de los principios de responsabilidad personal y de individualización de las penas y las sanciones
La demandante afirma que el hecho de imputarle las prácticas de la antigua sociedad Air France entre el 7 de diciembre de 1999 y el 15 de septiembre de 2004 vulnera los principios de responsabilidad personal y de individualización de las penas y las sanciones. Sostiene que ella no existía durante ese período y que no es la sucesora económica de la antigua sociedad Air France.
La Comisión rechaza la argumentación de la demandante.
A este respecto, debe constatarse que la argumentación de la demandante se basa en la premisa errónea de que esta «no existía» en la fecha en que se produjeron las actuaciones de la antigua sociedad Air France. En efecto, tal como se ha indicado en los apartados 293 y 311 de la presente sentencia, la antigua sociedad Air France y la demandante son la misma persona jurídica, cuya constitución es anterior a las actuaciones de la antigua sociedad Air France desde el 7 de diciembre de 1999 hasta el 15 de septiembre de 2004.
A la vista de lo anteriormente expuesto, procede desestimar el tercer reproche y, en consecuencia, la segunda parte en su totalidad.
También se debe desestimar el reproche formulado con carácter preliminar en el marco del presente motivo, en la medida en que se basa en la falta de participación de la demandante en la infracción única y continua. En efecto, se desprende del examen de esta parte que la responsabilidad de la demandante por el comportamiento de la antigua sociedad Air France desde el 7 de diciembre de 1999 hasta el 15 de septiembre de 2004 no es una responsabilidad derivada. Por lo tanto, procede desestimar el presente motivo.
4.

Segundo motivo, basado en violaciones de la Comunicación sobre la clemencia de 2002 y de los principios de igualdad de trato y de no discriminación, así como de la protección de la confianza legítima
La demandante afirma que las pruebas aportadas por Lufthansa en el marco de su solicitud de dispensa de pago son inadmisibles y deben retirarse de los autos. En efecto, según aquella, Lufthansa no tenía derecho a obtener una dispensa del pago de las multas, habida cuenta de que no puso fin a su participación en la infracción única y continua tras la presentación de su solicitud de dispensa de pago y, en consecuencia, incumplió las condiciones previstas en el punto 11, letra b), de la Comunicación sobre la clemencia de 2002.
Ahora bien, sin las pruebas en cuestión, la Comisión no hubiera podido iniciar la investigación, lo que esta reconoció en el considerando 1302 de la Decisión impugnada. Además, estas pruebas constituyeron la base de esta Decisión, como resaltó en el considerando 1250 de la misma Decisión. La retirada de dichas pruebas de los autos, en consecuencia, debería conducir a la anulación de la referida Decisión en su totalidad.
La Comisión rechaza la argumentación de la demandante. Por un lado, alega que el presente motivo es inoperante, en la medida en que la retirada del beneficio de la dispensa del pago a Lufthansa no conlleva la inadmisibilidad de los documentos presentados por esta en el marco de la solicitud de dispensa de pago. Por otro lado, sostiene que Lufthansa era consciente del hecho de que una posible divulgación de dicha solicitud se consideraba susceptible de repercutir negativamente en el correcto desarrollo de la investigación y en la capacidad de la Comisión para instruir y reprimir la práctica colusoria controvertida. Asimismo, el mantenimiento de los contactos entre Lufthansa y los demás transportistas implicados también se produjo a solicitud de una autoridad de la competencia de un tercer país.
La demandante replica que el presente motivo es operativo y que las alegaciones que la Comisión ha desarrollado ante el Tribunal en cuanto a las circunstancias particulares que justificaron la continuación de la infracción por parte de Lufthansa tras la presentación de la solicitud de dispensa de pago son inadmisibles, ya que no figuran en la Decisión impugnada. Considera que tales alegaciones, en la medida en que se le ocultaron, constituyen una «vulneración del derecho de defensa mediante una ruptura de la igualdad de armas».
En consecuencia, la demandante solicita al Tribunal que ordene a la Comisión que le comunique los «detalles de las pruebas» de los nuevos elementos aportados en el escrito de contestación con el fin de permitirle estar plenamente informada sobre las circunstancias en las que la Comisión y la autoridad de competencia de un tercer país animaron a Lufthansa a continuar la infracción más allá del 7 de diciembre de 2005.
Debe observarse que la argumentación de la demandante se basa íntegramente en la premisa de que la inobservancia de las condiciones previstas en el punto 11, letra b), de la Comunicación sobre la clemencia de 2002 puede conllevar la inadmisibilidad de los elementos probatorios aportados en el marco de una solicitud de dispensa de pago.
Esta argumentación se basa en las sentencias de 12 de diciembre de 2012, Almamet/Comisión (
T‑410/09
, no publicada,
EU:T:2012:676
), apartados
y
, y de 16 de junio de 2015, FSL y otros/Comisión (
T‑655/11
,
EU:T:2015:383
), apartados
,
y
, de las que se desprende que el Derecho de la Unión no puede admitir pruebas obtenidas vulnerándose totalmente el procedimiento establecido para su práctica y dirigido a proteger los derechos fundamentales de los interesados.
Sin embargo, debe observarse que los requisitos para la concesión del beneficio de la dispensa del pago de las multas no son normas procesales relativas al establecimiento de las pruebas. En efecto, aquellos se refieren a los motivos por los que un testigo decide cooperar con las autoridades y no tienen, de por sí, efecto alguno sobre la legalidad de la obtención de las pruebas y la posibilidad de utilizarlas (véanse, en este sentido, las conclusiones de la Abogada General Kokott presentadas en el asunto FSL y otros/Comisión,
C‑469/15 P
,
EU:C:2016:884
, puntos
y
).
Además, en la medida en que, mediante su argumentación, la demandante sostiene que admitir tales elementos de prueba sería contrario a ciertas garantías fundamentales o requisitos sustanciales de forma, por lo demás no precisados en sus escritos, debe señalarse que, según la jurisprudencia, una empresa que decide presentar una declaración para obtener una reducción del importe de la multa es consciente del hecho de que, si bien la reducción solo se concederá si, a juicio de la Comisión, concurren los requisitos para la obtención de una reducción establecidos en la Comunicación, la declaración formará en todo caso parte de los autos y podrá invocarse como prueba (sentencia de 12 de diciembre de 2012, Novácke chemické závody/Comisión,
T‑352/09
,
EU:T:2012:673
, apartado
).
Para llegar a esta conclusión, no cabe duda de que el Tribunal se ha basado en el punto 31 de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (
DO 2006, C 298, p. 17
; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la clemencia de 2006»), que sustituyó a la Comunicación sobre la clemencia de 2002, y que dispone que «toda declaración dirigida a la Comisión en el marco de la presente Comunicación forma parte del expediente de la Comisión y, por tanto, puede utilizarse como elemento de prueba».
Sin embargo, del punto 37 de la Comunicación sobre la clemencia de 2006 se desprende que el punto 31 de dicha Comunicación es aplicable a las solicitudes de clemencia que estaban pendientes en el momento de la entrada en vigor de esta Comunicación (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2012, Novácke chemické závody/Comisión,
T‑352/09
,
EU:T:2012:673
, apartados
y
). Pues bien, así sucede en el caso de la solicitud presentada por Lufthansa el 7 de diciembre de 2005 ante la Comisión. Efectivamente, esta solicitud seguía pendiente a la entrada en vigor de la Comunicación en cuestión, el 8 de diciembre de 2006.
Por lo demás, según el punto 33 de la Comunicación sobre la clemencia de 2002, «toda declaración escrita dirigida a la Comisión en relación con la presente Comunicación forma parte de sus expedientes». Por consiguiente, tal declaración puede ser utilizada como prueba por la Comisión. El tenor literal del punto 31 de la Comunicación sobre la clemencia de 2006 se limita, por tanto, a explicitar las consecuencias que se derivan necesariamente del mantenimiento en el expediente de dicha declaración.
Asimismo, contrariamente a lo que sostiene la demandante, nada se opone a que las conclusiones alcanzadas por el Tribunal en la sentencia de 12 de diciembre de 2012, Novácke chemické závody/Comisión (
T‑352/09
,
EU:T:2012:673
), en cuanto a las declaraciones efectuadas por el solicitante de clemencia, se extiendan al conjunto de los elementos de prueba proporcionados por una empresa para obtener el beneficio de la dispensa del pago de multas.
Así pues, en la sentencia de 12 de diciembre de 2012, Novácke chemické závody/Comisión (
T‑352/09
,
EU:T:2012:673
), el Tribunal se basó, en esencia, en el carácter voluntario de la cooperación proporcionada por la empresa deseosa de obtener una reducción del importe de la multa, así como en los términos de la Comunicación sobre la clemencia aplicable a los hechos controvertidos para concluir que la declaración del solicitante de clemencia podía invocarse como prueba, independientemente del resultado de su solicitud de clemencia.
Pues bien, por una parte, los elementos de prueba aportados por Lufthansa en el presente asunto en el marco de su solicitud de dispensa de pago, al igual que la declaración del solicitante de clemencia en el asunto que dio lugar a la sentencia de 12 de diciembre de 2012, Novácke chemické závody/Comisión (
T‑352/09
,
EU:T:2012:673
), fueron entregados voluntariamente.
Por otra parte, ni la Comunicación sobre la clemencia de 2002 ni la de 2006 contienen ninguna disposición dirigida a generar, en las empresas deseosas de cooperar con la Comisión, expectativas relativas al destino de los elementos de prueba aportados por estas empresas que, si bien son beneficiarias de una dispensa condicional del pago de una multa (de conformidad con el punto 15 de la Comunicación de 2002 o el punto 18 de la Comunicación de 2006), no podrían cumplir los requisitos para disfrutar de una dispensa definitiva de pago (con arreglo al punto 19 de la Comunicación de 2002 o al punto 22 de la Comunicación de 2006). Esta situación contrasta con las precisiones que efectúan las referidas Comunicaciones sobre el destino de los elementos proporcionados en apoyo de una solicitud respecto de la que la Comisión excluya que cumple los requisitos para la concesión del beneficio de una dispensa condicional del pago. En efecto, en tal caso, la empresa puede retirar los elementos de prueba presentados (véanse el punto 17 de la Comunicación de 2002 y el punto 20 de la Comunicación de 2006).
Por añadidura, excluir automáticamente del expediente los elementos de prueba aportados por una empresa de la que se revela que, si bien puede obtener una dispensa del pago de multas en el momento en que presenta su solicitud de dispensa, no cumple los requisitos para disfrutar de esta de forma definitiva en la fecha de la adopción de la decisión por la que se declara la existencia de una infracción comprometería el efecto útil del procedimiento de clemencia. En efecto, la Comisión se vería privada de pruebas que hipotéticamente pueden ser esenciales para acreditar la infracción en cuestión y la participación de empresas en esta, en una fase en la que la posibilidad de suplir esta carencia mediante actos de investigación adicionales se encontraría considerablemente reducida, en particular debido al riesgo de deterioro de las pruebas. Además, el éxito de los procedimientos podría depender de la buena voluntad del solicitante de dispensa de pago, mientras que la Comisión se vería obstaculizada en el control eficaz del respeto de los requisitos para la concesión del beneficio de la dispensa del pago de las multas, dado que la amenaza de la no concesión perdería credibilidad, a la vista de las consecuencias que conllevaría.
Habida cuenta de lo que antecede, procede considerar que el incumplimiento por parte de Lufthansa del requisito previsto en el punto 11, letra b), de la Comunicación sobre la clemencia de 2002, aun suponiendo que esté acreditado, no puede privar a la Comisión de la posibilidad de utilizar los elementos probatorios comunicados en el marco de su solicitud de clemencia.
[
omissis
]
9.

Octavo motivo, basado en errores y en la vulneración del principio de proporcionalidad en el cálculo de la duración de la participación de AF en la infracción única y continua
La demandante sostiene que la Comisión cometió errores manifiestos de apreciación y vulneró el principio de proporcionalidad al declarar que AF había participado en la infracción única y continua de manera ininterrumpida entre el 7 de diciembre de 1999 y el 14 de febrero de 2006. Según aquella, la Comisión solo dispone, aparte del contacto entre AF y Japan Airlines del 7 de diciembre de 1999 al que se hace referencia en el considerando 136 de la Decisión impugnada, de pruebas suficientes contra ella respecto del período comprendido entre el 19 de enero de 2001 y el 19 de octubre de 2005.
Los contactos en los que la demandante considera que se apoyó la Comisión para constatar la participación de AF en la coordinación relativa al RPC durante el período comprendido entre el 7 de diciembre de 1999 y el 19 de enero de 2001 y el período posterior al 19 de octubre de 2005 no pueden calificarse, asegura aquella, de contrarios a la competencia, dado que se referían a intercambios de información pública (considerandos 137, 140 a 142, 554, 563 y 574 de la Decisión impugnada), llevados a cabo fuera del EEE (considerandos 146, 152 y 182 de dicha Decisión) o cuyo carácter contrario a la competencia no ha demostrado la Comisión (considerandos 530 y 556 de esa Decisión).
Asimismo, a su entender, la Comisión no ha aportado ninguna prueba válida de la participación de AF en los componentes de la infracción única y continua relativos al RPS y a la negativa a abonar comisiones respecto de los períodos posteriores, respectivamente, al 19 de octubre de 2005 y al 14 de octubre de 2005.
En la réplica, la demandante añade que la Comisión no puede exigirle que pruebe que se distanció públicamente del cártel controvertido después del 19 de octubre de 2005. Según aquella, corresponde a la Comisión demostrar su participación en dicha infracción tras esta fecha.
La Comisión refuta la argumentación de la demandante.
Procede examinar, en un primer momento, los contactos respecto de los cuales la demandante afirma que se referían a intercambios de información pública (considerandos 137, 140 a 142, 554, 563 y 574 de la Decisión impugnada), en un segundo momento, aquellos de los que alega que se produjeron fuera del EEE (considerandos 146, 152 y 182 de esta Decisión) y, en un tercer momento, aquellos cuyo carácter contrario a la competencia asevera que no está suficientemente demostrado (considerandos 530 y 556 de dicha Decisión).
En la demanda, la demandante también invocó los contactos descritos en el considerando 563 de la Decisión impugnada entre aquellos que, según aquella, se efectuaron fuera del EEE. Sin embargo, en respuesta a las preguntas escritas del Tribunal, precisó que solicitaba que fueran excluidos debido a que su carácter contrario a la competencia no estaba suficientemente acreditado.
En primer lugar, debe constatarse que, entre los contactos respecto de los cuales la demandante sostiene que se referían a intercambios de información pública figuran en realidad tres tipos de intercambios.
En primer término, los contactos en cuestión incluyen correos electrónicos internos de otros transportistas implicados en los que se mencionan expresamente contactos con AF. Así pues, en el considerando 137 de la Decisión impugnada, la Comisión hace referencia a un correo electrónico interno de Japan Airlines de 20 de diciembre de 1999. Este correo electrónico relata un intercambio entre un empleado de Japan Airlines y un representante de AF en Japón. Pues bien, este intercambio, que es posterior al contacto entre Japan Airlines y AF del 7 de diciembre de 1999 y cuyo carácter contrario a la competencia no niega la demandante (considerando 136 de dicha Decisión), no se refería únicamente a la introducción del RPC, que AF había anunciado públicamente el mismo día. En el marco de tal conversación, el representante de AF en Japón indicaba también a Japan Airlines que «esto se anunciar[ía] en cada mercado el 22 de diciembre y después de esta fecha» y que la sede central de AF se había puesto en contacto con las de otros transportistas, incluida Lufthansa, «para fomentar la aplicación de la misma forma que AF».
En segundo término, los correos electrónicos contemplados en los considerandos 140 a 142 de la Decisión impugnada incluyen correos electrónicos internos de otros transportistas en los que no se menciona ningún contacto específico entre AF y uno o varios transportistas distintos. Estos correos electrónicos, que tienen fecha de los días 21 de diciembre de 1999 y 3 de enero de 2000, simplemente mencionan la intención de AF y de uno o varios transportistas distintos de establecer un RPC. Ahora bien, tal como se ha indicado en el apartado 506 de la presente sentencia, AF ya había anunciado públicamente el establecimiento de un RPC el 20 de diciembre de 1999. La Comisión no mencionó ningún otro elemento de prueba que pudiera demostrar que los autores de los correos electrónicos internos mencionados en los referidos considerandos tenían conocimiento de las intenciones de AF por otra vía que no fuera dicho anuncio. En cuanto a la referencia, hecha en el correo electrónico interno al que se refiere el considerando 141 de la citada Decisión, a «comunicados y [a] notificaciones a los mercados» acerca del RPC que debían producirse «en los próximos días», es demasiado vaga para demostrarlo.
En estas circunstancias, en el considerando 724 de la Decisión impugnada, la Comisión no podía legítimamente interpretar los correos electrónicos internos contemplados en los considerandos 140 a 142 de dicha Decisión en el sentido de que acreditaban la existencia de intercambios de información entre AF y otros transportistas.
En tercer término, los correos electrónicos a los que se refieren los considerandos 554, 563 y 574 de la Decisión impugnada son correos electrónicos de los que AF es la remitente o una de las destinatarias.
Es cierto que la información que compartió la demandante en el marco de estos correos electrónicos ya había sido objeto de un anuncio público anterior. Sin embargo, no cabe deducir de ello que dichos correos electrónicos no podían oponerse a la demandante.
En efecto, por una parte, debe recordarse que el intercambio de información públicamente accesible infringe el artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando constituye el soporte de otro mecanismo contrario a la competencia (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión,
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P
,
EU:C:2004:6
, apartado
). Pues bien, en el presente asunto, todos los correos electrónicos contemplados en los considerandos 554, 563 y 574 de la Decisión impugnada se referían a modificaciones futuras del importe del RPC, respecto al cual la demandante no niega que en esa época era objeto de una coordinación contraria a la competencia entre los transportistas implicados.
Por otra parte, ha de observarse que la información intercambiada en el marco de los correos electrónicos a los que se refieren los considerandos 554, 563 y 574 de la Decisión impugnada no se limitaba a la que AF ya había anunciado públicamente. En el considerando 554 de esta Decisión se menciona un correo electrónico de 15 de noviembre de 2005 en el que AF no se limitó a reiterar el incremento del importe del RPC que había anunciado el día anterior, sino que lo confirmó. Pues bien, al actuar de este modo, AF redujo adicionalmente la incertidumbre sobre la evolución del nivel del RPC.
En los considerandos 563 y 574 de la Decisión impugnada, la Comisión describió los intercambios de información entre los miembros del Air Cargo Council Switzerland (Consejo Suizo de Transporte Aéreo de Mercancías; en lo sucesivo, «ACCS»). El intercambio contemplado en el considerando 563 de dicha Decisión comenzó el 28 de noviembre de 2005 y terminó el 1 de diciembre siguiente. El intercambio mencionado en el considerando 574 de esta Decisión tiene fecha de los días 6 y 7 de febrero de 2006. Estos dos intercambios no solo se referían a la modificación del nivel del RPC que AF tenía previsto aplicar, sino también a la que otros transportistas implicados, incluidos Swiss y SIA, planeaban aplicar. Pues bien, AF no demuestra, ni tan siquiera alega, que toda esta información ya hubiera sido objeto de un anuncio público previo.
En segundo lugar, en cuanto a los contactos respecto de los cuales la demandante afirma que se efectuaron fuera del EEE, procede observar que esta sostiene que quedaban excluidos de la competencia territorial de la Comisión. Así pues, arguye, en esencia, que los tres contactos descritos en los considerandos 146 y 152 de dicha Decisión se referían a las rutas entrantes y se habían producido antes de la entrada en vigor del Reglamento n.
o
411/2004 y de la Decisión del Comité Mixto del EEE n.
o
40/2005. En lo tocante al contacto descrito en el considerando 182 de esta Decisión, afirma que se refería a las rutas con salida desde Suiza y era anterior a la entrada en vigor del Acuerdo CE-Suiza sobre el Transporte Aéreo.
Aun suponiendo que los contactos contemplados en los considerandos 146, 152 y 182 de la Decisión impugnada se refirieran exclusivamente a rutas que, en los períodos controvertidos, escapaban a la competencia de la Comisión, debe recordarse que esta última puede basarse en contactos anteriores al período de la infracción para construir una imagen global de la situación y, de este modo, corroborar la interpretación de determinados elementos de prueba (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 2008, Lafarge/Comisión,
T‑54/03
, no publicada,
EU:T:2008:255
, apartados
y
). Así sucede incluso en el supuesto de que la Comisión no fuera competente para constatar y sancionar una infracción de las normas en materia de competencia con anterioridad a este período (véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de mayo de 2006, Bank Austria Creditanstalt/Comisión,
T‑198/03
,
EU:T:2006:136
, apartado
, y de 22 de marzo de 2012, Slovak Telekom/Comisión,
T‑458/09 y T‑171/10
,
EU:T:2012:145
, apartados
a
).
En los considerandos 107 y 108 de la Decisión impugnada, bajo el punto 4.1, titulado «Principios básicos y estructura de la práctica colusoria», la Comisión indicó que su investigación había revelado la existencia de una práctica colusoria de ámbito mundial basada en una red de contactos bilaterales y multilaterales, que se producían «a diferentes niveles dentro de las empresas afectadas […] y se ha[bían] referido, en algunos casos, a distintas zonas geográficas».
En los considerandos 109, 110, 876, 889 y 1046 y en la nota a pie de página n.
o
1323 de la Decisión impugnada, la Comisión precisó las modalidades de funcionamiento de esta organización «a varios niveles». Según esta, los recargos eran medidas de aplicación general que no eran específicas de una ruta, sino que tenían como objetivo ser aplicadas en todas las rutas, a nivel mundial. Las decisiones relativas a los recargos generalmente se adoptaban a nivel de las sedes centrales de cada transportista. De este modo, las sedes centrales de los transportistas estaban en «contacto mutuo» cuando un cambio de nivel del recargo era inminente. A nivel local, los transportistas se coordinaban, con el fin, por un lado, de ejecutar mejor las instrucciones de sus sedes centrales respectivas y de adaptarlas a las condiciones del mercado y a la normativa locales y, por otro lado, de coordinar y poner en práctica las iniciativas locales. En el considerando 111 de dicha Decisión, la Comisión precisó que se habían utilizado a tal fin las asociaciones locales de representantes de transportistas, en particular en Suiza.
Los contactos contemplados en los considerandos 146, 152 y 182 de la Decisión impugnada se inscribían precisamente en este marco. En efecto, en primer término, todos estos contactos se referían al establecimiento o a la puesta en práctica del RPC en Singapur (considerando 146), en India (considerando 152) y en Suiza (considerando 182). En segundo término, estos contactos bien eran contemporáneos de debates entre las sedes centrales o de decisiones adoptadas a nivel de dichas sedes relativas a los recargos (considerando 146), o bien mencionaban instrucciones de consultar a la sede o reflejaban a nivel local los anuncios efectuados o las decisiones adoptadas previamente a nivel central (considerandos 152 y 182). En tercer término, todos estos contactos tuvieron lugar en el marco de las asociaciones locales de representantes de compañías aéreas o al margen de estas.
Pues bien, en los considerandos 724 y 792 de la Decisión impugnada, la Comisión se basó en dichos contactos para corroborar su interpretación de otros elementos probatorios, respecto de los cuales no se alega que careciera de competencia. Así pues, dichos contactos figuran entre los numerosos contactos controvertidos que la Comisión mencionó en el considerando 724 de esta Decisión para declarar que AF había mantenido «contactos con los competidores a nivel local». También se cuentan entre los diversos contactos anteriores al 19 de enero de 2001 que la Comisión opuso a AF en los considerandos 722 a 724 de la referida Decisión.
De ello se deduce que la Comisión no se extralimitó en el ejercicio de su competencia al basarse en los contactos contemplados en los considerandos 146, 152 y 182 de la Decisión impugnada para construir una imagen global de la práctica colusoria controvertida y, de este modo, corroborar la interpretación de los elementos de prueba en que se había basado para imputar a la demandante la responsabilidad del componente de la infracción única y continua relativo al RPC.
No obstante, debe observarse, al igual que hace la demandante, que la Comisión no ha demostrado la participación de AF en uno de estos contactos, a saber, la reunión oficial del SCC de la BAR en India descrita en el considerando 152 de la Decisión impugnada. A pesar de ello, la demandante no niega que AF fue invitada a dicha reunión, como todos los miembros del SCC de la BAR. Pues bien, el hecho de que los transportistas en cuestión tuvieran la intención de abordar el tema del RPC con AF constituye en sí mismo un indicio de la participación de esta última en el componente de la infracción única y continua relativo al RPC (véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2012, GDF Suez/Comisión,
T‑370/09
,
EU:T:2012:333
, apartado
). Asimismo, de los elementos obrantes en autos se desprende que estaba al corriente del objeto de esta reunión. En efecto, tras la reunión informal igualmente descrita en dicho considerando y en la que la demandante no niega que participó AF, el presidente del SCC de la BAR propuso organizar una reunión oficial del SCC de la BAR para que se pudiera alcanzar un acuerdo sobre el RPC entre los transportistas afectados. De lo anterior resulta que la Comisión estaba legitimada para tener en cuenta, en el marco de un conjunto de indicios más amplio, la invitación de AF a esta reunión para concluir, en el considerando 724 de dicha Decisión, que había participado en las discusiones relativas al RPC en el seno del SCC de la BAR en India.
De lo anteriormente expuesto se desprende que la Comisión podía oponer a AF los contactos descritos en los considerandos 146, 152 y 182 de la Decisión impugnada.
En tercer lugar, en cuanto a los contactos cuyo carácter contrario a la competencia niega la demandante, debe observarse que incluyen una reunión y varias llamadas telefónicas. En esta reunión, que se celebró el 19 de octubre de 2005 y que se menciona en el considerando 530 de la Decisión impugnada, AF y Lufthansa se «aseguraron mutuamente de la aplicación coherente de los recargos, acordaron que no se repetiría ninguna otra medida unilateral como la fijación de un límite máximo del RPC por parte de AF y que los transitarios no debían percibir comisiones sobre los recargos». En consecuencia, no cabe discutir el carácter contrario a la competencia de esta reunión. En su respuesta a las preguntas escritas del Tribunal, la demandante reconoció asimismo que la reunión en cuestión formaba parte de los elementos de prueba que podían tenerse en cuenta en su contra.
La impugnación de la demandante se centra, por tanto, en las llamadas telefónicas contempladas en los considerandos 530 y 556 de la Decisión impugnada. Según la demandante, estas llamadas se efectuaron a iniciativa de Lufthansa, con el único fin de incorporarlas a su expediente de clemencia. Estima que se trata de «contactos de seguimiento», que no versaban sobre temas nuevos, sino que pretendían únicamente mantener un «vínculo artificial» con AF. Además, sostiene que las llamadas telefónicas del 21 de noviembre de 2005 mencionadas en el considerando 556 de dicha Decisión fueron de muy corta duración y que es imposible concluir que tuvieran por objeto un intercambio de información de carácter contrario a la competencia, dado que AF había anunciado una bajada del RPC el mismo día.
Ninguna de estas alegaciones puede prosperar.
En primer término, la alegación de la demandante de que las llamadas telefónicas contempladas en los considerandos 530 y 556 de la Decisión impugnada tenían como única finalidad mantener un vínculo artificial con AF para reforzar el expediente de dispensa de pago de Lufthansa no se basa en ningún elemento de prueba concreto. Además, los elementos obrantes en autos tienden a demostrar lo contrario. De este modo, por una parte, la llamada telefónica mencionada en el considerando 530 de dicha Decisión sustituyó a la reunión de seguimiento de la reunión del día 19 de octubre de 2005, cuyo carácter contrario a la competencia está demostrado (véase el apartado 523 de la presente sentencia). Por añadidura, la Comisión mencionó en esta Decisión otros varios contactos que se habían producido durante este período y en los que había participado AF (véanse, en particular, los considerandos 525 y 563). Por otra parte, las dos llamadas telefónicas contempladas en el considerando 556 de la misma Decisión tuvieron lugar el 21 de noviembre de 2005, esto es, el mismo día de la publicación del comunicado de prensa de Lufthansa anunciando una bajada del RPC y dos días después de la reunión del día 19 de octubre de 2005, cuyo carácter contrario a la competencia está acreditado (véase el apartado 523 de la presente sentencia).
En segundo término, las llamadas telefónicas mencionadas en el considerando 556 de la Decisión impugnada no pueden excluirse alegando que es imposible concluir que tuvieran por objeto un intercambio de información de carácter contrario a la competencia. En efecto, aparte del hecho de que estas llamadas se produjeron el mismo día de la publicación del comunicado de prensa de Lufthansa anunciando una bajada del RPC y dos días después de la reunión del día 19 de octubre de 2005, su autor era el director de la política de precios de Lufthansa, respecto del cual la propia demandante reconoce que «desempeñó un papel central en las prácticas a nivel internacional». Por lo demás, este empleado de Lufthansa ya había llamado a AF para discutir los recargos en ocasiones anteriores (considerandos 357, 525 y 552 de dicha Decisión).
En cuanto al hecho de que las llamadas contempladas en los considerandos 530 y 556 de la Decisión impugnada implicaban a empleados de Lufthansa que presuntamente sabían que se estaba preparando una solicitud de dispensa de pago, por un lado, procede señalar que esto no cambia nada su naturaleza contraria a la competencia. Por otro lado, descartar las llamadas contempladas en los referidos considerandos por este motivo podría menoscabar el efecto útil del procedimiento de clemencia al impedir a la Comisión tomar en consideración elementos de prueba recogidos entre la fecha en la que un empleado afectado adquiera conocimiento de la intención de su empleador de solicitar la dispensa de pago y la fecha de cese de la infracción.
Asimismo, lejos de poner en duda el carácter contrario a la competencia de los contactos mencionados en el considerando 556 de la Decisión impugnada, la circunstancia de que AF hubiera anunciado una bajada del RPC el 21 de noviembre de 2005 tiende a corroborarlo. En efecto, como se desprende de este considerando, el comunicado de prensa que Lufthansa transmitió a Lan Airlines el mismo día, justo antes de publicarlo, anunciaba también una bajada del RPC.
En tercer término, contrariamente a lo que sostiene la demandante, no es en absoluto necesario que un contacto verse sobre un tema nuevo o tenga una duración determinada para que se admita como prueba contra una empresa en el marco de un procedimiento de infracción de las normas en materia de competencia.
De ello se deduce que la Comisión estaba legitimada para admitir como prueba contra la demandante las llamadas telefónicas contempladas en los considerandos 530 y 556 de la Decisión impugnada.
Habida cuenta de todo lo anterior, debe considerarse que la Comisión podía oponer a AF los contactos mencionados en los considerandos 137, 146, 152, 182, 530, 554, 556, 563 y 574 de la Decisión impugnada, pero no podía reprocharle los descritos en los considerandos 140 a 142 de dicha Decisión.
Procede determinar a la luz de estas consideraciones si la Comisión podía considerar a AF responsable de la infracción entre el 7 de diciembre de 1999 y el 19 de enero de 2001 y después del 19 de octubre de 2005.
En lo referente al período comprendido entre el 7 de diciembre de 1999 y el 19 de enero de 2001, durante el cual solo estaba en vigor el RPC, debe constatarse que la Comisión disponía de varios elementos de prueba que pudo tener en cuenta válidamente contra AF. Se trata, en primer término, del intercambio entre AF y Japan Airlines de diciembre de 1999 (considerando 137 de la Decisión impugnada), en segundo término, de una declaración de CPA sobre la celebración de una reunión en India «hacia enero de 2000» (considerando 152 de dicha Decisión), en tercer término, del acta de una reunión del SCC de la BAR del día 3 de febrero de 2000 (considerando 146 de esta Decisión) y, en cuarto término, del acta de una reunión del ACCS del día 17 de enero de 2001 (considerando 182 de la misma Decisión). El período durante el cual la Comisión no tuvo en cuenta ningún contacto respecto de AF, por tanto, comenzó el 4 de febrero de 2000 para finalizar el 17 de enero de 2001. Por consiguiente, este período no es de «casi un año y un mes y medio», sino como máximo de once meses y trece días.
En las circunstancias del presente asunto, tal duración es lo suficientemente larga como para que sea necesario verificar si la participación de AF en la infracción única y continua experimentó una interrupción entre el 4 de febrero de 2000 y el 17 de enero de 2001.
A este respecto, debe recordarse que el hecho de que no se haya aportado la prueba directa de la participación de una empresa en la infracción en cuestión durante un período determinado no impide declarar la existencia de dicha participación también durante ese período, siempre que tal declaración se base en indicios objetivos y concordantes (véase la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Total Marketing Services/Comisión,
C‑634/13 P
,
EU:C:2015:614
, apartado
y jurisprudencia citada).
El hecho de que, en caso de una infracción compleja, la empresa afectada no participe en uno o varios contactos colusorios o no indique su acuerdo con los resultados de uno de estos no significa que haya dejado de participar en la infracción de que se trata (sentencia de 24 de marzo de 2011, Kaimer y otros/Comisión,
T‑379/06
, no publicada,
EU:T:2011:110
, apartado
).
Por contra, el distanciamiento público constituye un hecho importante que permite demostrar el cese de una conducta contraria a la competencia. En cambio, la falta de distanciamiento público constituye una situación fáctica que puede invocar la Comisión para probar que persiste la conducta contraria a la competencia de una empresa. No obstante, no se trata más que de un factor entre otros que se han de tomar en consideración para demostrar que una empresa siguió participando efectivamente en una infracción o, por el contrario, dejó de hacerlo. No basta para justificar la constatación de una participación ininterrumpida de la empresa en cuestión cuando, durante un período significativo, se han producido varios contactos colusorios sin la participación de sus representantes. Entonces la Comisión debe aportar otros elementos probatorios (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de septiembre de 2015, Total Marketing Services/Comisión,
C‑634/13 P
,
EU:C:2015:614
, apartados
y
).
Estos elementos de prueba pueden referirse, en concreto, a la naturaleza de la infracción en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, Toshiba/Comisión,
T‑113/07
,
EU:T:2011:343
, apartado
), al funcionamiento del cártel en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Comisión,
T‑348/08
,
EU:T:2011:621
, apartados
y
), al comportamiento de la empresa afectada en el mercado de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de diciembre de 2006, Westfalen Gassen Nederland/Comisión,
T‑303/02
,
EU:T:2006:374
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 12 de julio de 2011, Toshiba/Comisión,
T‑113/07
,
EU:T:2011:343
, apartado
), al hecho de que el comportamiento en cuestión se enmarca en una infracción única que tiene otros varios componentes o incluso a los efectos producidos por tal conducta (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, Toshiba/Comisión,
T‑113/07
,
EU:T:2011:343
, apartados
y
).
En el considerando 117 de la Decisión impugnada, la Comisión declaró que, «como mínimo a partir de finales de 1999, la introducción de los RPC, la aplicación de los mecanismos de RPC y la introducción de modificaciones en estos ha[bían] sido objeto de coordinación entre varios de los [transportistas implicados]». En los considerandos 133 a 153 de la misma Decisión, describió los elementos de prueba dirigidos a demostrar que, entre inicios de diciembre de 1999 y febrero o marzo de 2000, varios transportistas, entre los que figuraba AF, habían estado implicados en contactos con el fin de instaurar el RPC a nivel central a comienzos del año 2000 y aplicarlo a nivel local. Este es el contexto en el que se enmarcan los contactos contemplados en los considerandos 136, 137, 146 y 152 de esta Decisión, que la Comisión tuvo en cuenta en relación con AF.
En el considerando 884 de la Decisión impugnada, la Comisión, no obstante, destacó que la «frecuencia de los contactos entre los transportistas ha[bía] variado a lo largo del tiempo». Constató que los contactos relativos al RPC eran «particularmente frecuentes cuando los índices del combustible se acercaban a un nivel que pudiera desencadenar un incremento o una disminución, pero [podían] haber sido menos frecuentes en otros momentos».
Pues bien, una vez establecido el RPC a comienzos del año 2000, no fue hasta el verano del año 2000, según se desprende de los considerandos 157 a 165 de la Decisión impugnada, que el precio del combustible experimentó una subida suficiente para incitar a los transportistas a entablar conversaciones, en septiembre y octubre del mismo año, sobre el incremento del RPC o la instauración de este, en el caso de los transportistas que no lo habían hecho todavía. Los elementos de prueba descritos en dichos considerandos, no obstante, solo mencionan contactos poco numerosos, una proporción significativa de los cuales con formato bilateral.
Tal como se desprende de los considerandos 166 a 183 de la Decisión impugnada, hasta que Lufthansa anunció una reducción del RPC a comienzos del año 2001 no se establecieron contactos más frecuentes y multilaterales entre transportistas implicados sobre el RPC. Pues bien, AF figuraba entre estos transportistas y la demandante no demuestra, ni tan siquiera alega, que entre tanto AF se hubiera distanciado públicamente de la infracción única y continua entre el 4 de febrero de 2000 y el 17 de enero de 2001. Tampoco sostiene que, durante este período, AF retomara un comportamiento de competencia leal e independiente en el mercado en cuestión ni discute que los efectos de la coordinación relativa al RPC perduraron durante el período. En estas circunstancias, debe concluirse que la Comisión podía considerar a AF responsable de la infracción única y continua durante dicho período sin incurrir en error.
En lo que atañe al período posterior al 19 de octubre de 2005, debe señalarse que la Comisión disponía de diversos elementos de prueba que pudo tener en cuenta válidamente contra AF. Se trata, en cuanto al RPC, de la llamada telefónica con Lufthansa de finales de noviembre de 2005 (considerando 530 de la Decisión impugnada), del correo electrónico dirigido a Japan Airlines del día 15 de noviembre de 2005 (considerando 554 de dicha Decisión), de las llamadas telefónicas mantenidas con Lufthansa el 21 de noviembre de 2005 (considerando 556 de esta Decisión) y de los correos electrónicos que los miembros del ACCS intercambiaron entre los días 28 de noviembre y 1 de diciembre de 2005 y los días 6 y 7 de febrero de 2006 (considerandos 563 y 574 de la misma Decisión).
En cambio, debe constatarse que, según señala la demandante, ninguno de los elementos probatorios de que dispone la Comisión referidos al RPS y a la negativa a pagar comisiones es posterior, respectivamente, al 19 de octubre de 2005 y al 14 de octubre de 2005. Los últimos elementos de prueba que ha tenido en cuenta la Comisión en relación con AF se remontan al 14 de octubre de 2005 respecto de la negativa a pagar comisiones (considerando 697 de la Decisión impugnada). En cuanto al RPS, la Comisión no identificó ningún contacto concreto en el que hubiera participado AF en 2005, aunque indicó, en el considerando 639 de dicha Decisión, que el director de ventas de Lufthansa para Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y la Confederación Suiza desde enero de 2005 había indicado que se reunió con un empleado de la demandante en lo referente a la fijación de un límite máximo del RPS.
No obstante, debe señalarse que la demandante no extrae de ello ninguna consecuencia particular en sus escritos. En la medida en que sostiene que dejó de participar en los componentes de la infracción única y continua relativos al RPS y a la negativa al pago de comisiones después del 14 de octubre o del 19 de octubre de 2005, debe observarse que se equivoca. En efecto, en primer lugar, AF continuó participando en el componente de dicha infracción relativo al RPC después del 19 de octubre de 2005 (véanse los apartados 544 y 545 de la presente sentencia) y no alega haber ignorado que los demás transportistas implicados continuaran coordinándose sobre el RPS y la negativa al pago de comisiones después de esta última fecha. En segundo lugar, la demandante no ha aportado el más mínimo elemento de prueba que demuestre, respecto de AF, que esta retomara un comportamiento de competencia leal e independiente en el mercado en cuestión o que tuviera una voluntad declarada de disociarse de los componentes de la infracción única y continua relativos al RPS y a la negativa al pago de comisiones después del 19 de octubre de 2005. Tampoco niega que los efectos de estos componentes perduraron tras esta fecha. Por último, la puesta en práctica del RPS y de la negativa al pago de comisiones exigía contactos significativamente menos frecuentes que la implementación del RPC. En efecto, al contrario que el RPC, el RPS no se basaba en un índice cuya evolución precisara ajustes regulares. Esto explica que, una vez introducido a finales de 2001, solo fuera objeto de contactos puntuales entre transportistas relativos a su aplicación (véase el considerando 579 de la Decisión impugnada). En cuanto a la negativa al pago de comisiones, consistía simplemente en negarse a conceder descuentos a los transitarios y, en consecuencia, no exigía ajustes tan regulares como el RPC. En estas circunstancias, la Comisión podía legítimamente deducir de los elementos de prueba de que disponía que la participación de AF en los componentes de esta infracción relativos al RPS y a la negativa al pago de comisiones no había finalizado a finales de octubre de 2005.
[
omissis
]

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta ampliada)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
La Comisión Europea cargará con la tercera parte de sus costas.

3)
Air France-KLM cargará con sus propias costas y con dos terceras partes de las costas de la Comisión.

Kanninen
Schwarcz
Iliopoulos
Spielmann
Reine
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de marzo de 2022.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.
(
)	Datos confidenciales ocultos.