CELEX: 62016CJ0215
Procedimiento prejudicial
Medio ambiente
Energía eléctrica de origen eólico
Directiva 2009/28/CE
Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
Artículo 2, párrafo segundo, letra k)
Sistema de apoyo
Artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e)
Tasas administrativas
Directiva 2008/118/CE
Régimen general de los impuestos especiales
Artículo 1, apartado 2
Otros gravámenes indirectos con fines específicos
Directiva 2003/96/CE
Imposición de los productos energéticos y de la electricidad
Artículo 4
Imposición mínima de la energía
Canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 4 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (
DO 2003, L 283, p. 51
), del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE (
DO 2009, L 9, p. 12
), y de los artículos 2, párrafo segundo, letra k), y 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e), de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (
DO 2009, L 140, p. 16
).
Estas peticiones se han presentado en el contexto de litigios entre, por un lado, Elecdey Carcelén, S.A., Energías Eólicas de Cuenca, S.A., Iberenova Promociones, S.A.U., e Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA y, por otro, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha relativos al pago de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2003/96
El artículo 1 de la Directiva 2003/96 dispone:
«Los Estados miembros someterán a impuestos los productos energéticos y la electricidad de conformidad con la presente Directiva.»
El artículo 2, apartado 1, de esta Directiva establece la relación de productos comprendidos en el concepto de «productos energéticos» a efectos de dicha Directiva.
El artículo 2, apartado 2, de la citada Directiva precisa que ésta se aplicará también a la electricidad incluida en el código NC 2716.
El artículo 4 de la Directiva 2003/96 tiene la siguiente redacción:
«1.   Los niveles de imposición que los Estados miembros apliquen a los productos energéticos y la electricidad enumerados en el artículo 2 no podrán ser inferiores a los niveles mínimos de imposición prescritos en la presente Directiva.
2.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por “nivel de imposición” la carga total que representa la acumulación de todos los impuestos indirectos (a excepción del [impuesto sobre el valor añadido (IVA)]) calculada directa o indirectamente sobre la cantidad de productos energéticos o de electricidad en el momento de su puesta a consumo.»
Directiva 2008/118
El artículo 1 de la Directiva 2008/118 dispone:
«1.   La presente Directiva establece el régimen general en relación con los impuestos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de los productos que se mencionan a continuación (en lo sucesivo, “los productos sujetos a impuestos especiales”):
a)
productos energéticos y electricidad, regulados por la Directiva [2003/96];
[...]
2.   Los Estados miembros podrán imponer a los productos sujetos a impuestos especiales otros gravámenes indirectos con fines específicos, a condición de que tales gravámenes respeten las normas impositivas comunitarias aplicables a los impuestos especiales o el [IVA] por lo que respecta a la determinación de la base imponible, el cálculo de la cuota tributaria, el devengo y el control del impuesto. Dichas normas no incluyen las disposiciones relativas a las exenciones.
[...]»
Directiva 2009/28
El artículo 1 de la Directiva 2009/28, titulado «Objeto y ámbito de aplicación», dispone lo siguiente:
«La presente Directiva establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el transporte. [...]»
Bajo el título «Definiciones», el artículo 2 de esa Directiva establece, en su párrafo segundo, letra k):
«“sistema de apoyo”: cualquier instrumento, sistema o mecanismo aplicado por un Estado miembro o un grupo de Estados miembros, que promueve el uso de energía procedente de fuentes renovables gracias a la reducción del coste de esta energía, aumentando su precio de venta o el volumen de energía renovable adquirida, mediante una obligación de utilizar energías renovables o mediante otras medidas. Ello incluye, sin limitarse a estos, las ayudas a la inversión, las exenciones o desgravaciones fiscales, las devoluciones de impuestos, los sistemas de apoyo a la obligación de utilizar energías renovables incluidos los que emplean los “certificados verdes”, y los sistemas de apoyo directo a los precios, incluidas las tarifas reguladas y las primas.»
El artículo 3 de la citada Directiva, titulado, «Objetivos globales nacionales obligatorios y medidas para el uso de energía procedente de fuentes renovables», dispone:
«1.   Cada Estado miembro velará por que la cuota de energía procedente de fuentes renovables, calculada de conformidad con los artículos 5 a 11, en su consumo final bruto de energía en 2020 sea equivalente como mínimo a su objetivo global nacional en cuanto a la cuota de energía procedente de fuentes renovables de ese año, tal como figura en la tercera columna del cuadro del anexo I, parte A. Estos objetivos globales nacionales obligatorios serán coherentes con un objetivo equivalente a una cuota de un 20 % como mínimo de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Comunidad para 2020. Con el fin de alcanzar más fácilmente los objetivos previstos en el presente artículo, cada Estado miembro promoverá y alentará la eficiencia energética y el ahorro de energía.
2.   Los Estados miembros introducirán medidas diseñadas efectivamente para garantizar que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea igual o superior a la que figura en la trayectoria indicativa establecida en el anexo I, parte B.
3.   A fin de alcanzar los objetivos establecidos en los apartados 1 y 2 del presente artículo, los Estados miembros podrán aplicar, entre otras, las siguientes medidas:
a)
sistemas de apoyo;
[...]».
Bajo el título «Procedimientos administrativos, reglamentos y códigos», el artículo 13 de la misma Directiva establece:
«1.   Los Estados miembros velarán por que las normas nacionales relativas a los procedimientos de autorización, certificación y concesión de licencias que se aplican a las instalaciones e infraestructuras conexas de transporte y distribución para la producción de electricidad, calor o frío a partir de fuentes de energía renovables, y al proceso de transformación de la biomasa en biocarburantes u otros productos energéticos, sean proporcionadas y necesarias.
En particular, los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para garantizar que:
[...]
e)
las tasas administrativas pagadas por los consumidores, los planificadores, los arquitectos, los constructores y los instaladores y proveedores de equipos y sistemas sean transparentes y proporcionales a los costes, [...]
[...]».
El anexo I de la Directiva 2009/28, titulado «Objetivos globales nacionales en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo de energía final en 2020», indica, en su parte A, los objetivos globales de cada uno de los Estados miembros, entre ellos el del Reino de España, que se fija, para dicho año, en el 20 %. La parte B de dicho anexo se refiere a la trayectoria indicativa mencionada en el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva.
Derecho español
El artículo 4 de la Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el canon eólico y el Fondo para el Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en Castilla-La Mancha (BOE n.
o
105, de 3 de mayo de 2011), dispone:
«1.   Constituye el hecho imponible del canon eólico la generación de afecciones e impactos adversos sobre el medio natural y sobre el territorio, como consecuencia de la instalación en parques eólicos de aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, y situados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
[...]
3.   Se entenderá producido el hecho imponible aunque la titularidad de los aerogeneradores no corresponda al titular de la autorización administrativa para la instalación de un parque eólico.»
El artículo 6 de la Ley 9/2011, titulado «Sujetos pasivos», establece lo siguiente:
1.   Son sujetos pasivos del canon en calidad de contribuyentes las personas físicas o jurídicas [...] que, bajo cualquier título, lleven a cabo la explotación de un parque eólico o instalaciones de generación eólica aunque no sean titulares de una autorización administrativa para su instalación.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la explotación de un parque eólico es realizada por la persona o entidad que figure como titular de la correspondiente autorización administrativa para su instalación.
[...]»
El artículo 7 de la Ley 9/2011, titulado «Base imponible», dispone:
«1.   Constituye la base imponible la suma de unidades de aerogeneradores existentes en un parque eólico situado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
[...]»
El artículo 8 de la Ley 9/2011, titulado «Tipo de gravamen y cuota tributaria», dispone:
«1.   La cuota tributaria viene determinada por la aplicación a la base imponible de los siguientes tipos de gravamen trimestrales:
En parques eólicos que dispongan de hasta 2 aerogeneradores: 0 euros por cada unidad de aerogenerador.
En parques eólicos que dispongan de entre 3 y 7 aerogeneradores: 489 euros por cada unidad de aerogenerador.
En parques eólicos que dispongan de entre 8 y 15 aerogeneradores: 871 euros por cada unidad de aerogenerador.
En parques eólicos que dispongan de más de 15 aerogeneradores:
a)
Cuando el número de aerogeneradores sea igual o inferior a la potencia instalada del parque medida en megavatios: 1233 euros por cada unidad de aerogenerador.
b)
Cuando el número de aerogeneradores sea superior a la potencia instalada del parque medida en megavatios: 1275 euros por cada unidad de aerogenerador.
[...]»
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
Las demandantes en los litigios principales explotan aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Tras haber pagado, en los ejercicios fiscales correspondientes a 2011 y 2012, el canon establecido por la Ley 9/2011, y por considerar que éste es inconstitucional y contrario al Derecho de la Unión, las referidas demandantes solicitaron a las autoridades nacionales competentes la rectificación de las autoliquidaciones presentadas por este concepto y la devolución de los importes pagados.
Al ser desestimadas dichas solicitudes, las demandantes en los litigios principales interpusieron sendos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
En primer lugar, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si un canon como el que establece la Ley 9/2011 es conforme con el objetivo de la Directiva 2009/28, ya que ésta pretende promover y desarrollar el consumo de las energías renovables, permitiendo que los Estados miembros utilicen los «sistemas de apoyo» definidos en el artículo 2, párrafo segundo, letra k), de esta Directiva. En particular, considera que este canon, que se añade a otros impuestos generales y específicos que gravan la actividad de producción de energía, podría vulnerar los objetivos globales nacionales obligatorios a que se hace referencia en el artículo 3, apartados 1 a 3, de la citada Directiva, en relación con el anexo I de ésta, en lo que respecta a la cuota de energía procedente de fuentes renovables para el año 2020, que, en lo que respecta al Reino de España, se ha fijado en el 20 %. El órgano jurisdiccional remitente se pregunta también en qué medida dicho canon constituye un gravamen compatible con el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e), de la citada Directiva, ya que esta disposición limita estrictamente la posibilidad de que los Estados miembros impongan «tasas administrativas».
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas acerca de si dicho canon es conforme con el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118, interpretado a la luz de la sentencia de 14 de febrero de 2014, Transportes Jordi Besora (
C‑82/12
,
EU:C:2014:108
), dado que, en su opinión, este tributo no tiene una finalidad específica, sino que su objetivo es generar ingresos presupuestarios adicionales para los poderes públicos.
Por último, dicho órgano jurisdiccional se pregunta si el canon controvertido es compatible con el artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2003/96, por cuanto, al incrementar la carga fiscal resultante de todos los impuestos indirectos que deben pagarse en España, puede dar lugar a un nivel de imposición en este Estado miembro que supere el nivel mínimo prescrito en esa disposición y, en consecuencia, provocar distorsiones de competencia entre los Estados miembros.
En estas circunstancias, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
Configurados los “sistemas de apoyo” definidos en el artículo 2, letra k), de la Directiva [2009/28], y, entre ellos, los estímulos fiscales consistentes en desgravaciones fiscales, exenciones y devoluciones de impuestos, como instrumentos dirigidos a la consecución de los objetivos de consumo de energías renovables previstos en la mencionada Directiva [2009/28], ¿debe entenderse que los mencionados estímulos o medidas tienen carácter obligatorio y son vinculantes para los Estados miembros, con un efecto directo en cuanto pueden invocarse y hacerse valer por los particulares afectados en toda clase de instancias públicas, judiciales y administrativas?
2)
Al enumerarse entre los “sistemas de apoyo” mencionados en la pregunta anterior medidas de estímulo fiscal consistentes en desgravaciones fiscales, exenciones y devoluciones de impuestos, empleándose la expresión “sin limitarse a estos”, ¿[debe] entenderse [comprendida] dentro de esos estímulos precisamente la no imposición, es decir, la prohibición de cualquier clase de gravamen específico y singular adicional a los impuestos generales que gravan la actividad económica y la producción de electricidad pero sobre la energía procedente de fuentes renovables? Asimismo y dentro de este mismo apartado se formula la siguiente cuestión: ¿A mayores, también debe entenderse comprendida dentro de la prohibición general anteriormente enunciada la relativa a la concurrencia, doble imposición o solapamiento de múltiples tributos generales o singulares que recaen en distintos momentos sobre la actividad de generación de energías renovables incidiendo en el mismo hecho imponible gravado por el canon eólico objeto de examen?
3)
Para el caso de darse una respuesta negativa al interrogante anterior y aceptarse la imposición sobre la energía procedente de fuentes renovables, a los efectos de lo previsto en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva [2008/118], ¿debe interpretarse la noción de “finalidad específica” en el sentido de que el objetivo en que consista deba ser exclusivo y de que además el impuesto con el que se graven las energías renovables desde el punto de vista de su estructura tenga verdadera naturaleza extrafiscal y no meramente presupuestaria o recaudatoria?
4)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Directiva [2003/96], que, al referirse a los niveles de imposición que los Estados miembros deben aplicar sobre los productos energéticos y de la electricidad, toma como referencia los mínimos de la Directiva entendidos como la suma de todos los impuestos directos e indirectos que se apliquen sobre aquellos productos en el momento de su puesta a consumo, ¿debe entenderse que esa suma debe llevar a la exclusión del nivel de imposición exigido por la Directiva de aquellos impuestos nacionales que no tengan una verdadera naturaleza extrafiscal tanto desde el punto de vista de su estructura como desde su finalidad específica, interpretada según la respuesta que se dé a la pregunta anterior?
5)
¿Constituye el término “tasas” empleado en el artículo 13, apartado 1, letra e), de la Directiva [2009/28] un concepto autónomo del Derecho europeo que deba interpretarse en un sentido más amplio como comprensivo y sinónimo también del concepto de tributo en general?
6)
Para el caso de una respuesta afirmativa a la pregunta anterior la pregunta que planteamos es la siguiente: ¿Las tasas que deben pagar los consumidores a las que se refiere el mencionado artículo 13, apartado 1, letra e), sólo pueden incluir aquellos gravámenes o imposiciones fiscales que traten de compensar en este caso los daños causados por su impacto en el medio ambiente y traten de reparar con el importe de la recaudación los daños ligados a tal impacto o afección negativos, pero no aquellos tributos o prestaciones que recayendo sobre las energías no contaminantes cumplan una finalidad primordialmente presupuestaria o recaudatoria?»
Mediante resolución de 6 de junio de 2016, el Presidente del Tribunal de Justicia decidió acumular los asuntos C‑215/16, C‑216/16, C‑220/16 y C‑221/16 a efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia.
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la interpretación de la Directiva 2009/28
Mediante las cuestiones prejudiciales primera, segunda, quinta y sexta, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la Directiva 2009/28, en particular sus artículos 2, párrafo segundo, letra k), y 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e), debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica.
A este respecto, ha de recordarse que la Directiva 2009/28, según se desprende de su artículo 1, tiene como finalidad establecer un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables, fijando, en particular, objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía.
De este modo, con arreglo al artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2009/28, los Estados miembros deben garantizar que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en su consumo final de energía en 2020 sea equivalente como mínimo a su objetivo global nacional, tal como se ha fijado en el anexo I, parte A, de dicha Directiva, el cual deberá ser coherente con el objetivo consistente en alcanzar una cuota de un 20 % como mínimo de energía procedente de fuentes renovables.
Además, conforme al artículo 3, apartado 2, de esta Directiva, los Estados miembros deberán introducir medidas diseñadas efectivamente para garantizar que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea igual o superior a la que figura en la «trayectoria indicativa» establecida en el anexo I, parte B, de la referida Directiva.
A fin de alcanzar esos objetivos, los Estados miembros podrán, en virtud del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2009/28, aplicar «sistemas de apoyo», en el sentido del artículo 2, párrafo segundo, letra k), de la Directiva, y conceder, por tanto, en particular, ayudas a la inversión, exenciones o desgravaciones fiscales, devoluciones de impuestos, o incluso establecer la obligación de utilizar energías renovables.
Sin embargo, debe señalarse que ninguna de esas disposiciones prohíbe que los Estados miembros establezcan un canon, como el controvertido en los litigios principales, que grave los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica.
Como resulta del propio tenor del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2009/28, y en especial del término «podrán», los Estados miembros no están en absoluto obligados a aplicar sistemas de apoyo para promover la utilización de energía procedente de fuentes renovables, ni, con mayor razón, si deciden aplicar tales sistemas, a configurarlos como exenciones o desgravaciones fiscales.
Así pues, los Estados miembros disponen de un margen de apreciación respecto a las medidas que consideren adecuadas para alcanzar los objetivos globales nacionales obligatorios fijados en el artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 2009/28, en relación con el anexo I de ésta.
Por consiguiente, la posibilidad prevista en el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2009/28 de que los Estados miembros establezcan sistemas de apoyo para promover la utilización de la energía procedente de fuentes renovables, en su caso en forma de exenciones o desgravaciones fiscales, no implica en absoluto que éstos no puedan gravar a las empresas que desarrollan esas fuentes de energía y concretamente los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica.
El artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e), de la Directiva 2009/28, mencionado asimismo por el órgano jurisdiccional remitente, tampoco se opone a que se establezca un canon como el controvertido en los litigios principales.
A este respecto, basta con señalar que esta disposición se limita a prescribir, con el fin de garantizar el carácter proporcionado y necesario de los procedimientos de autorización, certificación y concesión de licencias que se aplican, en particular, a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, que las «tasas administrativas» pagadas por «los consumidores, los planificadores, los arquitectos, los constructores y los instaladores y proveedores de equipos y sistemas sean transparentes y proporcionales a los costes».
Por lo tanto, del propio tenor de la citada disposición se deduce claramente que ésta sólo pretende limitar la repercusión en los usuarios afectados de los costes relativos a las prestaciones de servicios efectuadas en el marco de determinados procedimientos administrativos y que, en consecuencia, no tiene en absoluto por objeto prohibir a los Estados miembros que establezcan tributos como el canon controvertido en los litigios principales.
Así pues, ni el artículo 3, apartados 1 a 3, de la Directiva 2009/28, en relación con el artículo 2, párrafo segundo, letra k), y el anexo I de esta Directiva, ni el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e), de ésta prohíben a los Estados miembros instituir un canon, como el controvertido en los litigios principales, que grave los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica.
Es cierto que el incremento de la utilización de fuentes de energía renovables para la producción de electricidad constituye una parte importante del paquete de medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que figuran entre las principales causas de los cambios climáticos que la Unión Europea y sus Estados miembros se han comprometido a combatir, y para cumplir, en particular, el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este incremento tiene también por objeto la protección de la salud y la vida de las personas y animales, así como la preservación de los vegetales, razones de interés general enumeradas en el artículo 36 TFUE. Por otro lado, se desprende del artículo 194 TFUE, apartado 1, letra c), que el desarrollo de las energías renovables es uno de los objetivos que deben guiar la política de la Unión en el ámbito de la energía (sentencia de 1 de julio de 2014, Ålands Vindkraft,
C‑573/12
,
EU:C:2014:2037
, apartado
a
).
Pues bien, no cabe excluir que un canon como el controvertido en los litigios principales pueda hacer menos atractiva la producción y la utilización de la energía eólica, y poner en riesgo su desarrollo.
Sin embargo, aun admitiendo que este canon, a pesar de su alcance regional y del hecho de que afecta a una sola fuente de energía renovable, pueda hacer que el Estado miembro en cuestión no respete el objetivo global nacional obligatorio fijado en el anexo I, parte A, de la Directiva 2009/28, de ello resultaría, como mucho, un incumplimiento por parte de ese Estado de las obligaciones previstas en esa Directiva, sin que la creación de dicho canon pueda considerarse en sí misma contraria a la citada Directiva, ya que los Estados miembros disponen, como se ha mencionado en el apartado 32 de la presente sentencia, de un margen de apreciación para alcanzar dicho objetivo, siempre que respeten las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado FUE.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera, segunda, quinta y sexta que la Directiva 2009/28, en particular sus artículos 2, párrafo segundo, letra k), y 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica.
Sobre la interpretación de la Directiva 2003/96
Mediante la cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 4 de la Directiva 2003/96 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica.
Esta cuestión parte de la premisa de que la Directiva 2003/96 —cuyo artículo 4, apartado 1, dispone que los Estados miembros no podrán aplicar a los productos energéticos y a la electricidad enumerados en el artículo 2 de esta Directiva niveles de imposición inferiores a los niveles mínimos prescritos en dicha Directiva— es aplicable
ratione materiae
a los litigios principales.
Ahora bien, a tenor del artículo 1 de la Directiva 2003/96, el ámbito de aplicación de ésta se limita al gravamen de los «productos energéticos» y de «la electricidad», tal como son definidos, respectivamente, en el artículo 2, apartados 1 y 2, de la citada Directiva (véase la sentencia de 1 de octubre de 2015, OKG,
C‑606/13
,
EU:C:2015:636
, apartado
).
En este contexto, procede verificar, con carácter previo, si un canon como el controvertido en los litigios principales grava «productos energéticos» o la «electricidad» en el sentido de esas disposiciones, y, en consecuencia, está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/96.
A este respecto, debe recordarse que el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/96 define el concepto de «productos energéticos» utilizado a efectos de ésta estableciendo con exhaustividad la lista de los productos comprendidos en la definición de tal concepto por referencia a los códigos de la Nomenclatura Combinada (sentencias de 4 de junio de 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems,
C‑5/14
,
EU:C:2015:354
, apartado
, y de 1 de octubre de 2015, OKG,
C‑606/13
,
EU:C:2015:636
, apartado
).
Pues bien, consta que los aerogeneradores de que se trata en los litigios principales no utilizan ninguno de los productos energéticos que figuran en esta lista para la producción de la energía que generan.
En cambio, no se discute que dichos aerogeneradores producen «electricidad» en el sentido del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2003/96.
Dicho esto, de las resoluciones de remisión se desprende que el canon de que se trata en los litigios principales, que grava dichos aerogeneradores, no se liquida —como ha señalado la Abogado General en los puntos 59 y 60 de sus conclusiones— en función de la electricidad que éstos producen ni sobre la base de su capacidad de producción teórica, sino que consiste en una cantidad fija trimestral que se determina en función del tamaño del parque eólico en el que se ha instalado el aerogenerador y, para los parques que dispongan de más de 15 aerogeneradores, también en función de la mayor o menor potencia de la instalación, de manera que es más elevada cuando el aerogenerador tiene menor potencia. Además, el canon es exigible por el mero hecho de ser titular de un aerogenerador o de una autorización administrativa, aunque no se lleve a cabo explotación alguna y con independencia de la venta de electricidad de origen eólico.
Por otra parte, dado que el canon controvertido en los litigios principales no se percibe de los consumidores de electricidad, no depende en absoluto del consumo de electricidad. Además, y en cualquier caso, si bien es cierto que no cabe excluir que el importe del canon se incluya en el precio de la electricidad vendida a los consumidores, no parece posible, dada la naturaleza particular de este producto, determinar su origen y, en consecuencia, identificar la parte de ésta que ha sido producida por los aerogeneradores sujetos al canon, de manera que no podrá ser facturado al consumidor de forma transparente como un componente añadido al precio.
Por consiguiente, no existe ningún vínculo entre, por un lado, el hecho imponible del canon controvertido en los litigios principales y, por otro, la producción efectiva de electricidad por los aerogeneradores, y aún menos el consumo de electricidad producida por éstos (véanse, por analogía, las sentencias de 10 de junio de 1999, Braathens,
C‑346/97
,
EU:C:1999:291
, apartados
y
; de 4 de junio de 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems,
C‑5/14
,
EU:C:2015:354
, apartados
a
, y de 1 de octubre de 2015, OKG,
C‑606/13
,
EU:C:2015:636
, apartados
a
).
De ello se deduce que un canon como el controvertido en los litigios principales no grava la electricidad en el sentido de la Directiva 2003/96.
Por consiguiente, un canon, como el controvertido en los litigios principales, que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica no está comprendido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva, según se define en el artículo 1 y en el artículo 2, apartados 1 y 2, de ésta.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 4 de la Directiva 2003/96 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, puesto que dicho canon no grava los productos energéticos ni la electricidad en el sentido del artículo 1 y del artículo 2, apartados 1 y 2, de esa Directiva, por lo que no está comprendido en el ámbito de aplicación de ésta.
Sobre la interpretación de la Directiva 2008/118
Mediante la tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica.
Ha de recordarse que, a tenor de su artículo 1, apartado 1, la Directiva 2008/118 establece el régimen general en relación con los impuestos especiales que gravan directa o indirectamente el consumo de los productos que se mencionan en esa disposición, entre los que figuran, en particular, en dicho artículo 1, apartado 1, letra a), los «productos energéticos y electricidad, regulados por la Directiva [2003/96]».
Por otra parte, según el artículo 1, apartado 2, de la referida Directiva, los productos sujetos a dichos impuestos especiales también pueden ser objeto de un gravamen indirecto distinto de estos últimos, pero únicamente si, por una parte, tal gravamen tiene uno o varios fines específicos y si, por otra parte, respeta las normas impositivas de la Unión aplicables a los impuestos especiales o al IVA por lo que respecta a la determinación de la base imponible, el cálculo de la cuota tributaria, el devengo y el control del impuesto. Estas normas no incluyen las disposiciones relativas a las exenciones (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2015, Statoil Fuel & Retail,
C‑553/13
,
EU:C:2015:149
, apartado
).
Como el Tribunal de Justicia ya ha señalado, esta disposición, que pretende tener en cuenta la diversidad de las tradiciones fiscales de los Estados miembros en esta materia y la utilización frecuente de los impuestos indirectos para la aplicación de políticas no presupuestarias, permite a los Estados miembros introducir, además del impuesto especial mínimo, otros impuestos indirectos que persigan una finalidad específica (sentencia de 4 de junio de 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems,
C‑5/14
,
EU:C:2015:354
, apartado
).
En el presente asunto, las demandantes en los litigios principales sostienen que el canon de que se trata es un impuesto indirecto que no tiene una finalidad específica, puesto que, lejos de tener por objeto la protección del medio ambiente, supone, por el contrario, un perjuicio para éste, al disuadir las inversiones en instalaciones de producción de energía eléctrica de origen eólico, constituyendo así un obstáculo al desarrollo de las fuentes de energías renovables. Afirman que, en cualquier caso, lo recaudado por este impuesto no se utiliza necesariamente para compensar los costes derivados de las supuestas repercusiones negativas sobre el medio ambiente de la actividad de los parques eólicos, de manera que el único objetivo del impuesto es que las autoridades competentes recauden mayores ingresos presupuestarios.
En cambio, el Gobierno español y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha consideran que este canon, además de no ser un tributo indirecto, puesto que grava directamente la capacidad económica de los productores de energía eléctrica de origen eólico, tiene una finalidad medioambiental específica, ya que está destinado a internalizar los costes derivados de los daños al medio ambiente generados por el desarrollo de parques eólicos, con el fin de promover la innovación tecnológica mediante la reducción del número de tales parques o de su tamaño.
Sin embargo, debe recordarse que, como resulta del apartado 57 de la presente sentencia, el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118 se refiere únicamente a los impuestos indirectos, distintos de los impuestos especiales, que gravan directa o indirectamente el consumo de los «productos sujetos a impuestos especiales», según se enumeran en el artículo 1, apartado 1, de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de junio de 2015, Kernkraftwerke Lippe-Ems,
C‑5/14
,
EU:C:2015:354
, apartado
).
Pues bien, aunque esta última disposición se refiere a los «productos energéticos y electricidad, regulados por la Directiva [2003/96]», resulta concretamente de los apartados 46 a 52 de la presente sentencia que un canon, como el controvertido en los litigios principales, que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica no grava productos energéticos ni electricidad en el sentido de la citada Directiva.
Por consiguiente, puesto que dicho canon no grava el consumo de productos energéticos ni de electricidad, no está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2008/118.
De ello se infiere que la cuestión de si el objetivo de este canon es la protección del medio ambiente se inscribe únicamente en el ámbito del Derecho nacional.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, puesto que dicho canon no constituye un impuesto que grava el consumo de productos energéticos o de electricidad, por lo que no está comprendido en el ámbito de aplicación de esta Directiva.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia sin ser partes del litigio principal no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

1)
La Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, en particular su artículo 2, párrafo segundo, letra k), y su artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra e), debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica.

2)
El artículo 4 de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, puesto que dicho canon no grava los productos energéticos ni la electricidad en el sentido del artículo 1 y del artículo 2, apartados 1 y 2, de esa Directiva, por lo que no está comprendido en el ámbito de aplicación de ésta.

3)
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, que establece la percepción de un canon que grava los aerogeneradores afectos a la producción de energía eléctrica, puesto que dicho canon no constituye un impuesto que grava el consumo de productos energéticos o de electricidad, por lo que no está comprendido en el ámbito de aplicación de esta Directiva.

Silva de Lapuerta
Regan
Bonichot
Fernlund
Rodin
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de septiembre de 2017.
El Secretario
A. Calot Escobar
La Presidenta de la Sala Primera
R. Silva de Lapuerta
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.