CELEX: 62021CJ0189
Procedimiento prejudicial
Política agrícola común (PAC)
Reglamento (UE) n.o 1306/2013
Anexo II
Requisito legal de gestión 10
Reglamento (UE) n.o 1107/2009
Artículo 55, párrafos primero y segundo, primera frase
Regímenes de ayuda directa
Normas comunes
Reducción o exclusión, total o parcial, de la ayuda recibida en el marco de la PAC
Incumplimiento de las normas de condicionalidad
Utilización de un producto fitosanitario no autorizado o que ya no está autorizado en el Estado miembro de que se trata y, en ese último supuesto, de un producto fitosanitario cuya fecha límite de utilización ha expirado

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del requisito legal de gestión 10, tal como se contempla en el anexo II del Reglamento (UE) n.
o
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.
o
352/78, (CE) n.
o
165/94, (CE) n.
o
2799/98, (CE) n.
o
814/2000, (CE) n.
o
1290/2005 y (CE) n.
o
485/2008 del Consejo (
DO 2013, L 347, p. 549
, y corrección de errores en
DO 2016, L 130, p. 17
y en
DO 2017, L 327, p. 83
) (en lo sucesivo, «RGL 10»), en la medida en que dicho RGL hace referencia al artículo 55, párrafos primero y segundo, primera frase, del Reglamento (CE) n.
o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (
DO 2009, L 309, p. 1
).
Esta petición se ha planteado en el contexto de un litigio entre R. en R. y el Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministro de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos, Países Bajos; en lo sucesivo, «Ministro»), en relación con la reducción del importe de los pagos directos que deban concederse a R. en R para el año 2018 con arreglo al Reglamento (UE) n.
o
1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.
o
637/2008 del Consejo y (CE) n.
o
73/2009 del Consejo (
DO 2013, L 347, p. 608
).
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.
o
1306/2013
El Reglamento n.
o
1306/2013 versa sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común (PAC).
El considerando 53 de dicho Reglamento dispone:
«El Reglamento (CE) n.
o
1782/2003 del Consejo[, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.
o
2019/93, (CE) n.
o
1452/2001, (CE) n.
o
1453/2001, (CE) n.
o
1454/2001, (CE) n.
o
1868/94, (CE) n.
o
1251/1999, (CE) n.
o
1254/1999, (CE) n.
o
1673/2000, (CEE) n.
o
2358/71 y (CE) n.
o
2529/2001 (
DO 2003, L 270, p. 1
)], sustituido por el Reglamento (CE) n.
o
73/2009 [del Consejo, de 19 de enero de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.
o
1290/2005, (CE) n.
o
247/2006, (CE) n.
o
378/2007 y se deroga el Reglamento n.
o
1782/2003 (
DO 2009, L 30, p. 16
)], establece el principio de que el pago íntegro a los beneficiarios de algunas ayudas en virtud de la PAC debe subordinarse al respeto de las normas relativas a la gestión de las tierras, a la producción agrícola y a las actividades agrícolas. […]
En virtud del “sistema de condicionalidad”, los Estados miembros deben imponer sanciones en forma de reducción o exclusión, total o parcial, de la ayuda recibida en el marco de la PAC.»
El considerando 54 del Reglamento n.
o
1306/2013 precisa:
«El sistema de condicionalidad incorpora en la PAC normas básicas en materia de medio ambiente, cambio climático, buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal. La condicionalidad tiene como objetivo contribuir al desarrollo de una agricultura sostenible mediante una mejor concienciación de los beneficiarios sobre la necesidad de respetar las normas básicas. También pretende contribuir a hacer que la PAC responda en mayor medida a las expectativas de la sociedad en general gracias a una mejor coherencia de esta política con las políticas en materia de medio ambiente, salud pública, sanidad animal, fitosanidad y bienestar animal. El sistema de condicionalidad forma parte integrante de la PAC y debe, pues, mantenerse. Sin embargo, su ámbito de aplicación, que consiste en listas separadas de requisitos legales de gestión y normas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, debe simplificarse con objeto de garantizar su coherencia y hacerlo más visible. Con este fin procede organizar los requisitos y las normas en una lista única y agruparlos por áreas y temas. […]»
Las reglas establecidas en el título VI de dicho Reglamento están relacionadas con la condicionalidad y el capítulo I de ese título delimita el ámbito de aplicación de esta. El artículo 91 del citado Reglamento, titulado «Principio general», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Cuando un beneficiario a que se refiere el artículo 92 incumpla las normas de condicionalidad, previstas en el artículo 93, se le impondrá una sanción administrativa.»
El artículo 91, apartado 3, letra b), del Reglamento n.
o
1306/2013 prevé:
«A efectos del presente título, se entiende por:
[…]
b)
“requisito” cada uno de los requisitos legales de gestión en virtud del derecho de la Unión mencionad[os] en el anexo II, dentro de un acto dado, que sea diferente, en cuanto al fondo, de cualquier otro requisito de dicho acto.»
El artículo 92, párrafo primero, del citado Reglamento, titulado «Beneficiarios afectados», establece lo siguiente:
«El artículo 91 se aplicará a los beneficiarios que reciban pagos directos con arreglo al Reglamento [n.
o
1307/2013] […]».
El artículo 93 del Reglamento n.
o
1306/2013, titulado «Normas de condicionalidad», dispone en su apartado 1:
«Las normas de condicionalidad serán los requisitos legales de gestión, previstos por la legislación de la Unión, y las normas en materia de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra, establecidas a nivel nacional, que figuran en el anexo II, relativas a los siguientes ámbitos:
a)
medio ambiente, cambio climático y buenas condiciones agrarias de la tierra;
b)
salud pública y sanidad animal y vegetal;
c)
bienestar animal.»
El anexo II del mismo Reglamento, titulado «Normas de condicionalidad con arreglo al artículo 93», tiene el siguiente tenor:
«RLG: Requisito legal de gestión
[…]
Área
Aspecto principal
Requisitos y normas
[…]
[…]
[…]
Salud pública, sanidad animal y fitosanidad
«Productos fitosanitarios»
RLG 10
Reglamento [n.
o
1107/2009]
Artículo 55, [párrafos primero y segundo, primera frase]»
El capítulo II del título VI del Reglamento n.
o
1306/2013, titulado «Sistema de control y sanciones administrativas en relación con la condicionalidad», incluye los artículos 96 a 101.
El artículo 99 de dicho Reglamento, titulado «Cálculo de la sanción administrativa», dispone:
«1.   La sanción administrativa prevista en el artículo 91 se aplicará mediante la reducción o exclusión del importe total de los pagos enumerados en el artículo 92, concedidos o por conceder a tal beneficiario, respecto a las solicitudes de ayuda que haya presentado o presente en el transcurso del año natural en que se haya descubierto el incumplimiento.
[…]
2.   […]
No obstante, los casos de incumplimiento que entrañen riesgos directos para la salud pública o la sanidad animal siempre darán lugar a una reducción o a una exclusión.
[…]»
Reglamento n.
o
1107/2009
El Reglamento n.
o
1107/2009 trata sobre la comercialización de productos fitosanitarios. Los considerandos 24 y 35 de dicho Reglamento indican:
«(24)
Las disposiciones que regulan la autorización deben garantizar un alto nivel de protección. En particular, al conceder autorizaciones de productos fitosanitarios, el objetivo de proteger la salud humana y animal y el medio ambiente debe primar sobre el objetivo de mejorar la producción vegetal. Por tanto, antes de comercializar un producto fitosanitario debe demostrarse que presenta un beneficio claro para la producción vegetal y que no tiene efectos adversos en la salud humana o animal, incluida la de grupos vulnerables, ni efectos inaceptables en el medio ambiente.
[…]
(35)
Para garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente, los productos fitosanitarios deben usarse correctamente, con arreglo a su autorización […]».
El artículo 1 del citado Reglamento dispone lo siguiente:
«1.   El presente Reglamento establece las normas aplicables a la autorización de productos fitosanitarios en su presentación comercial, y a su comercialización, utilización y control en la Comunidad [Europea].
[…]
3.   La finalidad del presente Reglamento es garantizar un nivel elevado de protección de la salud humana y animal, así como del medio ambiente y mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la armonización de las normas sobre la comercialización de productos fitosanitarios, a la vez que se mejora la producción agrícola.
[…]»
En la subsección 1, titulada «Requisitos y contenido», de la sección 1, denominada a su vez «Autorización», del capítulo III del Reglamento n.
o
1107/2009, por su parte titulado «Productos fitosanitarios», el artículo 28, bajo la rúbrica «Autorización de comercialización y uso», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Los productos fitosanitarios solo podrán comercializarse y utilizarse si han sido autorizados en el Estado miembro de que se trate conforme al presente Reglamento.»
El artículo 32, apartado 1, de ese Reglamento, titulado «Duración», dispone:
«1.   En la autorización figurará el período de validez de la misma.
Sin perjuicio del artículo 44, el período de validez de la autorización no excederá de un año desde la fecha de caducidad de la aprobación de las sustancias activas, protectores y sinergistas contenidos en el producto fitosanitario; al término de ese período, será válida mientras sea válida la aprobación de las sustancias activas, protectores y sinergistas contenidos en el producto fitosanitario.
[…]».
El artículo 46 de dicho Reglamento, titulado «Período de gracia», tiene el siguiente tenor:
«Cuando un Estado miembro retire o modifique una autorización o no la renueve, podrá conceder un período de gracia para la eliminación, almacenamiento, comercialización y utilización de las existencias.
Cuando las razones de la retirada, modificación o no renovación de la autorización no estén relacionadas con la protección de la salud humana o animal o del medio ambiente, el período de gracia estará limitado y no superará seis meses para la venta y la distribución y un año adicional como máximo para la eliminación, almacenamiento y uso de las existencias disponibles de los productos fitosanitarios afectados».
En la sección 2 del capítulo III del mismo Reglamento, titulada «Utilización e información», el artículo 55 denominado a su vez «Utilización de productos fitosanitarios», establece, en sus párrafos primero y segundo, primera frase:
«Los productos fitosanitarios se utilizarán adecuadamente.
La utilización adecuada incluirá la aplicación de los principios de buenas prácticas fitosanitarias y el cumplimiento de las condiciones establecidas de acuerdo con el artículo 31 y especificadas en la etiqueta.»
El artículo 83, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1107/2009 dispone:
«Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas al presente Reglamento. En particular, las referencias de otros actos legislativos comunitarios, como el Reglamento [n.
o
1782/2003], al artículo 3 de la Directiva 91/414/CEE [del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (
DO 1991, L 230, p. 1
)], se interpretarán como referencias al artículo 55 del presente Reglamento.»
Directiva 91/414
La Directiva 91/414 fue derogada por el Reglamento n.
o
1107/2009 y fue aplicable hasta el 13 de junio de 2011.
El artículo 3 de esta Directiva tenía el siguiente tenor:
«1.   Los Estados miembros dispondrán que solo puedan comercializarse y utilizarse los productos fitosanitarios que hayan autorizado de conformidad con las disposiciones de la presente Directiva, salvo si el uso a que se destinan está incluido en el ámbito de aplicación del artículo 22.
[…]
3.   Los Estados miembros dispondrán que los productos fitosanitarios se utilicen adecuadamente. La utilización adecuada supone el cumplimiento de las condiciones establecidas con arreglo al artículo 4, indicadas en el etiquetado y la aplicación de los principios de las buenas prácticas fitosanitarias y, siempre que sea posible, de los relativos a la lucha integrada.
[…]»
Derecho neerlandés
El artículo 20 de la Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ley sobre Productos Fitosanitarios y Biocidas), de 17 de febrero de 2007 (Stb. 2007, 125), en su versión aplicable al litigio principal, tiene el siguiente tenor:
«Infracciones del Reglamento
1. Queda prohibido llevar a cabo acciones que infrinjan lo dispuesto en el artículo 28, apartado 1, el artículo 52, apartados 1 y 5, el artículo 55, el artículo 56, apartado 1, el artículo 58, apartado 1, y el artículo 64 del Reglamento [n.
o
1107/2009] o en los Reglamentos adoptados en aplicación del mismo. […]»
El Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB nr. WJZ/14194346 (Reglamento Ministerial WJZ/14194346 de Aplicación de los Regímenes de Pago Directo de la Política Agrícola Común), de 11 de diciembre de 2014 (Stcrt. 2014, 36127), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Reglamento Ministerial de ejecución»), prevé, en su artículo 3.1, apartado 1:
«Condicionalidad:
1. El agricultor que haya presentado una solicitud de pagos directos […] deberá cumplir las siguientes disposiciones:
a. los requisitos de gestión contemplados en el artículo 93, apartado 1, del Reglamento [n.
o
1306/2013], que figuran en el anexo 3. […]»
El anexo 3 del artículo 3.1, apartado 1, letra a), del Reglamento Ministerial de ejecución tiene el siguiente tenor:
«Requisitos de gestión contemplados en el artículo 93, apartado 1, del Reglamento n.
o
1306/2013
[…]
Aspecto principal: productos fitosanitarios;
RLG 10 Artículo 55, [párrafos primero y segundo] primera frase, del Reglamento [n.
o
1107/2009]:
10.1
Artículo 55, [párrafos primero y segundo, primera frase], del Reglamento [n.
o
1107/2009]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
El 20 de marzo de 2018, R. en R. presentó ante el Ministro una declaración combinada por la que solicitó el abono de pagos directos de la PAC.
El 11 de octubre de 2018, un inspector de la Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autoridad Neerlandesa de Control de los Alimentos y Productos de Consumo, Países Bajos) constató que uno de los socios de R. en R. utilizaba el producto fitosanitario MECOP PP-2 (número de autorización 12678N) para combatir la
acetosa obtusifolia (Rumex obtusifolius)
. Este producto fitosanitario tiene como sustancia activa el mecoprop-P. La autorización de dicho producto fitosanitario expiró el 30 de enero de 2016. La fecha límite de comercialización del mismo producto se había fijado para el 30 de julio de 2016, y la fecha límite de utilización para el 30 de enero de 2017.
El 4 de abril de 2019, el Ministro impuso a R. en R., en virtud del Reglamento Ministerial de ejecución, una reducción del 3 % del importe de los pagos directos que debían concedérsele para el año 2018, por incumplimiento de las normas de condicionalidad, debido a que había utilizado un producto fitosanitario no autorizado.
Mediante resolución de 21 de agosto de 2019, el Ministro desestimó por infundada la reclamación presentada por R. en R. contra dicha reducción. En la citada resolución, la conducta controvertida en el litigio principal ha sido analizada como un caso de incumplimiento de las normas de condicionalidad, al considerarse que la utilización de un producto fitosanitario no autorizado está comprendida en el ámbito de aplicación del RLG 10, que remite al artículo 55, párrafos primero y segundo, primera frase, del Reglamento n.
o
1107/2009.
R. en R. impugnó la referida resolución ante el órgano jurisdiccional remitente.
Ante dicho órgano jurisdiccional, R. en R. no niega haber utilizado un producto fitosanitario que ya no estaba autorizado, pero alega que ello no constituye una infracción del artículo 55 del Reglamento n.
o
1107/2009, ya que este artículo solo establece que los productos fitosanitarios «se utilizarán adecuadamente». R. en R. sostiene que la utilización de un producto fitosanitario no autorizado no constituye una infracción del artículo 55 del Reglamento n.
o
1107/2009, sino de su artículo 28, a tenor del cual un producto fitosanitario solo podrá comercializarse o utilizarse si ha sido autorizado. Pues bien, al no mencionarse dicho artículo 28 en el anexo II del Reglamento n.
o
1306/2013, la infracción de este artículo no constituiría un incumplimiento de las normas relativas a la condicionalidad. Ante el órgano jurisdiccional remitente, R. en R. alega, por consiguiente, que el Ministro incurrió en error al concluir que se había infringido el RLG 10, de modo que no era competente para imponer una reducción del 3 % del importe de los pagos directos que se le debían conceder para el año 2018, por incumplimiento de las normas relativas a la condicionalidad.
Según el órgano jurisdiccional remitente, de una interpretación literal del artículo 55 del Reglamento n.
o
1107/2009, al que hace referencia el RLG 10, se desprende que dicho artículo no contempla la situación en la que se utiliza un producto fitosanitario no autorizado. Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente señala que tal interpretación tiene la «curiosa y, posiblemente, indeseada» consecuencia de que no puede imponerse ninguna reducción por incumplimiento de la condicionalidad en una situación en la que un agricultor ha utilizado un producto fitosanitario no autorizado, mientras que en el caso de utilización inadecuada de un producto fitosanitario autorizado sí es posible.
El órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el carácter conciliable de la interpretación expuesta en el apartado anterior con los objetivos de protección de la salud humana y de la sanidad animal y vegetal, así como del medio ambiente, perseguidos por los Reglamentos n
os
1306/2013 y 1107/2009.
El órgano jurisdiccional remitente también se pregunta, en esencia, sobre las razones por las que el legislador de la Unión optó, en el artículo 83 del Reglamento n.
o
1107/2009, por establecer que las referencias de otros actos legislativos comunitarios al artículo 3 de la Directiva 91/414 se entenderán hechas al artículo 55 del Reglamento n.
o
1107/2009, y no también al artículo 28 de dicho Reglamento.
En estas circunstancias, el College van Beroep voor het bedrijfsleven (Tribunal de Apelación en Materia Económica, Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:
«¿Debe interpretarse el [RLG 10], que hace referencia al artículo 55, [párrafos primero y segundo, primera frase], del [Reglamento n.
o
1107/2009], en el sentido de que también se refiere a la situación en la que se ha utilizado un producto fitosanitario que no está autorizado en el Estado miembro de que se trate de conformidad con este último Reglamento?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el RLG 10, que hace referencia al artículo 55, párrafos primero y segundo, primera frase, del Reglamento n.
o
1107/2009, debe interpretarse en el sentido de que también se refiere a la utilización de un producto fitosanitario no autorizado o que ya no está autorizado en el Estado miembro de que se trate y, en este último supuesto, a la utilización de un producto fitosanitario cuya fecha límite de utilización ha expirado.
Con arreglo a reiterada jurisprudencia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta no solo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 22 de enero de 2020, Ursa Major Services,
C‑814/18
,
EU:C:2020:27
, apartado
y jurisprudencia citada).
Con carácter preliminar, procede señalar que, según el órgano jurisdiccional remitente, las partes en el litigio principal no discuten que la autorización del producto fitosanitario de que se trata expiró el 30 de enero de 2016 y que, en el momento de la utilización del mismo por la demandante en el litigio principal, también había expirado la fecha límite de utilización de este último, fijada para el 30 de enero de 2017.
En primer lugar, cabe señalar que, según el considerando 35 del Reglamento n.
o
1107/2009, una «utilización adecuada» de productos fitosanitarios corresponde a un uso «con arreglo a su autorización».
A este respecto, el concepto de «utilización adecuada», tal como se emplea en el artículo 55, párrafos primero y segundo, primera frase, del Reglamento n.
o
1107/2009, debe entenderse, en lo que respecta a su primer componente, como una referencia al artículo 28, apartado 1, de dicho Reglamento, que establece que los productos fitosanitarios solo podrán «utilizarse» si han sido «autorizados» en el Estado miembro de que se trate.
Por otro lado, del artículo 32, apartado 1, primera frase, del Reglamento n.
o
1107/2009 se desprende que el período de autorización se define en el acto de autorización de un producto fitosanitario, y del artículo 46 de dicho Reglamento que la retirada, modificación o expiración de una autorización podrá ir acompañada de un período de gracia para, en particular, la utilización de las existencias.
De ello se deduce que la «utilización adecuada» de los productos fitosanitarios con arreglo al artículo 55, párrafos primero y segundo, primera frase, del Reglamento n.
o
1107/2009 presupone un uso que está amparado, tanto
ratione materiae
como
ratione temporis
, por una autorización concedida de conformidad con el artículo 28, apartado 1, de ese Reglamento y que surte efecto con arreglo a los requisitos del artículo 32, apartado 1, de dicho Reglamento y, en su caso, de su artículo 46.
En segundo lugar, el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.
o
1107/2009 dispone que este último establece las normas aplicables a la autorización de productos fitosanitarios en su presentación comercial y, en particular, a su utilización y control dentro de la Comunidad Europea. Según su artículo 1, apartado 3, dicho Reglamento tiene la finalidad, en particular, de garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente.
Como se expone en el considerando 24 del Reglamento n.
o
1107/2009, las disposiciones que regulan la autorización deben garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente. Según el considerando 35 del mismo Reglamento, este objetivo se persigue mediante el uso correcto de los productos fitosanitarios, con arreglo a su autorización. En este contexto, procede recordar que, según el anexo II del Reglamento n.
o
1306/2013, el RLG 10 relativo al respeto del artículo 55, párrafos primero y segundo, primera frase, del Reglamento n.
o
1107/2009, tiene precisamente por objeto proteger la salud pública y la sanidad animal y vegetal. Así pues, el RLG 10 forma parte de las normas básicas de la PAC en materia de salud pública y de sanidad animal y vegetal integradas en el sistema de condicionalidad, a cuyo cumplimiento se supedita el pago íntegro a los beneficiarios de algunas ayudas en virtud de la PAC, conforme a los considerandos 53 y 54 del Reglamento n.
o
1306/2013.
De este modo, una interpretación que excluya del ámbito de aplicación del RLG 10 la utilización de productos fitosanitarios no autorizados o que ya no están autorizados en el Estado miembro de que se trate y cuya fecha límite de utilización ha expirado sería contraria al objetivo del principio de condicionalidad consistente en garantizar un alto nivel de protección de la salud humana, de la sanidad animal y vegetal y del medio ambiente. En efecto, tal interpretación implicaría que un beneficiario que utilizara un producto fitosanitario no autorizado no estaría sujeto a una sanción administrativa de reducción del importe de los pagos directos, mientras que un beneficiario que utilizara un producto fitosanitario autorizado, pero que incumpliera las condiciones relativas a él, sí estaría sujeto a dicha sanción. Por tanto, un producto fitosanitario no autorizado quedaría excluido del ámbito de aplicación del principio de condicionalidad de la PAC, lo que sería incompatible con los objetivos de esta.
De ello se deduce que la utilización de un producto fitosanitario no autorizado o cuya autorización y, en su caso, cuya fecha límite de utilización haya expirado, es constitutiva de un incumplimiento del RLG 10 —parte del anexo II del Reglamento n.
o
1306/2013, titulado «Normas de condicionalidad con arreglo al artículo 93»— que conlleva una sanción administrativa en virtud de los artículos 91 y 99 del Reglamento n.
o
1306/2013.
Esta conclusión no se ve afectada por el hecho de que, según el artículo 83 del Reglamento n.
o
1107/2009, las referencias de otros actos legislativos, como el Reglamento n.
o
1782/2003, al artículo 3 de la Directiva 91/414, se entiendan hechas al artículo 55 del Reglamento n.
o
1107/2009, y no al artículo 28 de ese último. En efecto, el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 91/414 estableció la obligación de los Estados miembros de disponer que los productos fitosanitarios solo pueden comercializarse y utilizarse en su territorio cuando hayan sido autorizados. Dicha disposición se corresponde con el artículo 28, apartado 1, del Reglamento n.
o
1107/2009. Por su parte, el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 91/414 estableció la obligación de los Estados miembros de disponer que los productos fitosanitarios se utilicen adecuadamente, y se corresponde con el artículo 55 del Reglamento n.
o
1107/2009. Ahora bien, por las razones expuestas en los puntos 39 y 40 de la presente sentencia, el cumplimiento del artículo 55 del Reglamento n.
o
1107/2009, párrafos primero y segundo, primera frase, presupone que el producto fitosanitario utilizado está amparado por una autorización en vigor, de conformidad con los artículos 28 y 32 de dicho Reglamento. Por lo tanto, no era necesaria una referencia expresa al artículo 28 del Reglamento n.
o
1107/2009 en el artículo 83 de ese Reglamento.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el RLG 10, que hace referencia al artículo 55, párrafos primero y segundo, primera frase, del Reglamento n.
o
1107/2009, debe interpretarse en el sentido de que también se refiere a la utilización de un producto fitosanitario no autorizado o que ya no está autorizado en el Estado miembro de que se trata y, en este último supuesto, a la utilización de un producto fitosanitario cuya fecha límite de utilización ha expirado.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

El requisito legal de gestión 10 establecido en el anexo II del Reglamento (UE) n.
o
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.
o
352/78, (CE) n.
o
165/94, (CE) n.
o
2799/98, (CE) n.
o
814/2000, (CE) n.
o
1290/2005 y (CE) n.
o
485/2008 del Consejo, que hace referencia al artículo 55, párrafos primero y segundo, primera frase, del Reglamento (CE) n.
o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que también se refiere a la utilización de un producto fitosanitario no autorizado o que ya no está autorizado en el Estado miembro de que se trata y, en este último supuesto, a la utilización de un producto fitosanitario cuya fecha límite de utilización ha expirado.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.