CELEX: 62018CJ0436
Recurso de casación
Dumping
Establecimiento de un derecho antidumping definitivo sobre determinados productos originarios de China
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1429
Reglamento (CE) n.o 1225/2009
Artículo 2, apartado 7, letra a)
Valor normal
Determinación sobre la base del precio en un país tercero de economía de mercado
Selección del país tercero apropiado
País tercero de economía de mercado sujeto a la misma investigación antidumping
Ajustes

En su recurso de casación, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 23 de abril de 2018, Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd/Comisión (T‑675/15, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2018:209
), mediante la cual dicho Tribunal desestimó su recurso de anulación parcial del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1429 de la Comisión, de 26 de agosto de 2015, que establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío originarios de la República Popular China y Taiwán (
DO 2015, L 224, p. 10
; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»).
Marco jurídico
El artículo 2, que lleva como epígrafe «Determinación de la existencia de dumping», del Reglamento (CE) n.
o
1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (
DO 2009, L 343, p. 51
; corrección de errores en
DO 2010, L 7, p. 22
; en lo sucesivo, «Reglamento de base») disponía, en sus aparatados 7 y 10, lo siguiente:
«7.
a)
En el caso de importaciones procedentes de los países sin economía de mercado, el valor normal será determinado sobre la base del precio o del valor calculado en un país tercero de economía de mercado, o del precio que aplica dicho tercer país a otros países, incluida la Comunidad, o, si esto no fuera posible, sobre cualquier otra base razonable, incluido el precio realmente pagado o pagadero en la Comunidad por el producto similar, debidamente ajustado en caso de necesidad para incluir un margen de beneficio razonable.
Se seleccionará un país tercero de economía de mercado apropiado de manera no irrazonable, teniendo debidamente en cuenta cualquier información fiable de la que se disponga en el momento de la selección. También se tendrán en cuenta los plazos; en su caso, se utilizará un país tercero de economía de mercado que esté sujeto a la misma investigación.
[…]
b)
En las investigaciones antidumping referentes a importaciones originarias […] de cualquier país sin economía de mercado que sea miembro de la [Organización Mundial del Comercio (OMC)] en la fecha de la apertura de la investigación, el valor normal se fijará de conformidad con los apartados 1 a 6, si se demuestra, de acuerdo con las alegaciones correctamente probadas de uno o más productores sujetos a investigación y de conformidad con los criterios y los procedimientos establecidos en la letra c), que para este productor o productores prevalecen unas condiciones de economía de mercado en relación con la fabricación y venta del producto similar afectado. Cuando este no sea el caso, se aplicarán las normas establecidas con arreglo a la letra a).
[…]
10.   Se realizará una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal en la misma fase comercial, sobre la base de ventas realizadas en fechas lo más próximas posible entre sí y teniendo debidamente en cuenta cualquier otra diferencia que afecte a la comparabilidad de los precios. Cuando el valor normal y el precio de exportación establecidos no puedan ser directamente comparados, se harán ajustes en función de las circunstancias particulares de cada caso, para tener en cuenta diferencias en factores, que se alegue y demuestre que influyan en los precios y por lo tanto en la comparabilidad de estos. […]»
Antecedentes del litigio
La recurrente es una sociedad domiciliada en China que se dedica principalmente a la fabricación y a la distribución de productos de acero, en particular de productos planos de acero inoxidable laminados en frío.
A raíz de una denuncia presentada el 13 de mayo de 2014 por Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (en lo sucesivo, «Eurofer»), la Comisión Europea publicó, el 26 de junio de 2014, un anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío originarios de la República Popular China y Taiwán (
DO 2014, C 196, p. 9
).
La investigación del dumping y del perjuicio causado a la industria de la Unión Europea abarcó el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación de dicho perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.
Para determinar el dumping y la existencia de un perjuicio, el anuncio de inicio del procedimiento preveía el muestreo de productores exportadores de China y de Taiwán, así como de productores de la Unión. La empresa recurrente fue incluida en la muestra de cuatro productores exportadores de China en el marco de esa investigación.
En el anuncio de inicio del procedimiento antidumping, la Comisión comunicó a los interesados que se proponía considerar a Estados Unidos como el tercer país de economía de mercado apropiado (en lo sucesivo, «país análogo»), en el sentido del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base. Instó a los interesados a presentar sus observaciones al respecto, indicándoles que, según la información de que disponía, los otros países de economía de mercado que podrían tomarse en consideración para seleccionar al país análogo eran la República de la India, la República de Sudáfrica, la República de Corea y Taiwán.
La recurrente no presentó la solicitud para la obtención del trato de empresa que opera en condiciones de economía de mercado (en lo sucesivo, «TEM»), en virtud del artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. El 6 de julio de 2014, presentó sus observaciones sobre la elección del país análogo, en las cuales consideraba que Estados Unidos no era una elección apropiada y proponía seleccionar a Taiwán. El 13 de febrero de 2015, a petición propia, fue oída por la Comisión.
El 24 de marzo de 2015, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/501, que impone un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de productos planos de acero inoxidable laminados en frío originarios de la República Popular China y Taiwán (
DO 2015, L 79, p. 23
). El citado Reglamento introdujo un derecho antidumping provisional del 24,3 % sobre las exportaciones de tales productos a la Unión realizadas por la empresa recurrente durante un período de seis meses a partir del 26 de marzo de 2015.
Tras un intercambio de correspondencia con la recurrente, en el cual esta última había reiterado sus objeciones con respecto a la elección como país análogo de Estados Unidos, en lugar de Taiwán, la Comisión adoptó, el 26 de agosto de 2015, el Reglamento controvertido, que modificó el Reglamento de Ejecución 2015/501 y estableció un derecho antidumping del 24,4 % sobre las importaciones en la Unión de los mencionados productos fabricados por la empresa recurrente.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 20 de noviembre de 2015, la recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación parcial del Reglamento controvertido.
Mediante auto de 19 de julio de 2016, el Presidente de la Sala Primera del Tribunal General admitió la intervención de Eurofer en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
En apoyo de su recurso, la recurrente invocó tres motivos. Mediante su primer motivo, dividido en dos partes y basado en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, la recurrente alegó, con carácter principal, que la Comisión había vulnerado dicha disposición al seleccionar a Estados Unidos como país análogo en lugar de Taiwán y, con carácter subsidiario, que la Comisión, al determinar el valor normal de conformidad con esa misma disposición, no había efectuado los ajustes necesarios para tener en cuenta el proceso de producción y el acceso a las materias primas. Mediante su segundo motivo, la recurrente sostuvo que la Comisión había infringido el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base al negarse a hacer los ajustes necesarios relacionados con los costes de transporte nacional de uno de los productores exportadores de Estados Unidos. Mediante su tercer motivo, que se divide en dos partes, la recurrente alegó que la Comisión había infringido el artículo 3, apartados 2, 6 y 7, del Reglamento de base, por un lado, al evaluar el nexo causal entre las importaciones procedentes de China y de Taiwán y su incidencia en la industria de la Unión Europea y, por otro lado, al considerar que tales importaciones fueron las causantes del perjuicio irrogado a dicha industria.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó todos y cada uno de estos motivos y, por tanto, el recurso en su totalidad.
Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
Con carácter principal, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Anule el Reglamento controvertido en la medida en que le afecte.
–
Condene a la Comisión a cargar con las costas tanto en el presente procedimiento de casación como en primera instancia.
Con carácter subsidiario, la recurrente solicita que el Tribunal de Justicia devuelva el asunto al Tribunal General y reserve la decisión sobre las costas.
La Comisión y Eurofer solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca dos motivos, basados en la interpretación errónea del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base.
Sobre el primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General, en los apartados 34 a 37 de la sentencia recurrida, interpretó erróneamente la segunda frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base en lo que atañe a la selección del país análogo.
En apoyo de este motivo de casación, la recurrente alega que de la redacción de la citada disposición —la cual establece que, «en su caso, se utilizará un país tercero de economía de mercado que esté sujeto a la misma investigación»— resulta claramente que la Comisión tiene la obligación de seleccionar, como país análogo, un país que esté sujeto a la misma investigación antidumping cuando exista tal país, y que la única excepción posible, introducida por la expresión «en su caso», consiste en que el país en cuestión no sea un país apropiado. En este último supuesto, la Comisión deberá hacer constar que ese país no es un país apropiado y explicar las razones en que se basa para ello. En cambio, concluye la recurrente, de la citada disposición no se desprende que, para ser considerado país análogo, un país que esté sujeto a la misma investigación antidumping deba necesariamente ser el país «más» apropiado cuando otras soluciones son posibles.
No obstante, según la recurrente, el Tribunal General adoptó tal interpretación al declarar, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que la Comisión había procedido fundadamente a un análisis comparativo entre Estados Unidos y Taiwán a efectos de determinar cuál de esos dos países era el país análogo más apropiado, pese a que Taiwán estaba sujeto a la misma investigación antidumping que la República Popular China, a diferencia de Estados Unidos.
La recurrente alega que, al considerar esencialmente que, cuando existen otras alternativas, un país tercero de economía de mercado sujeto a la misma investigación antidumping es seleccionado solo si constituye el país más apropiado, el Tribunal General, por un lado, introdujo en la segunda frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, un requisito adicional que no figuraba en el texto de esa disposición, lo que no es jurídicamente admisible, tal como se desprende del informe adoptado por el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 6 de octubre de 2016, en la diferencia «Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiésel procedente de Argentina» (WT/DS 473/AB/R, punto 6.30). Por otro lado, según la recurrente, la interpretación adoptada por el Tribunal General priva de sentido a la disposición de que se trata al dejar sin objeto la obligación jurídica que en ella se establece, que consiste en seleccionar, en su caso, un país sujeto a la misma investigación antidumping. En efecto, concluye la recurrente, la obligación de seleccionar el país análogo más apropiado se desprende ya de la primera frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, de forma que no puede considerarse que la segunda frase de ese párrafo segundo se limite a reiterar la misma obligación.
Por otra parte, la recurrente alega que las sentencias de 22 de octubre de 1991, Nölle (
C‑16/90
,
EU:C:1991:402
), de 22 de marzo de 2012, GLS (
C‑338/10
,
EU:C:2012:158
), apartado
, y de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (
C‑687/13
,
EU:C:2015:573
), citadas en los apartados 30 a 33 de la sentencia recurrida, se refieren a situaciones en las que no existía un país de economía de mercado sujeto a la misma investigación antidumping. De este modo, añade la recurrente, las mencionadas sentencias únicamente resultan pertinentes para interpretar la primera frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, que regula la elección de un país análogo cuando no existe un país de economía de mercado sujeto a la misma investigación, pero no para interpretar la segunda frase de dicho párrafo.
Por último, la recurrente alega en lo sustancial que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General en el apartado 37 de la sentencia recurrida, el cumplimiento de la obligación de seleccionar un país sujeto a la misma investigación antidumping como país análogo no conlleva ningún riesgo de incumplimiento de la obligación que incumbe a las instituciones de la Unión de procurar hallar un país análogo en donde el precio de un producto similar se calcule en circunstancias que sean lo más comparables posible a las del país de exportación. En efecto, concluye la recurrente, de conformidad con la segunda frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base y, más concretamente, con la expresión «en su caso», un país tercero sujeto a la misma investigación antidumping no puede considerarse un país análogo si no es apropiado, como sucede cuando los precios no se determinan en circunstancias que sean lo más comparables posible a las del país de exportación.
En cuanto a las consecuencias del error de Derecho en el que supuestamente incurrió el Tribunal General, la recurrente sostiene en lo sustancial que los hechos son lo suficientemente claros como para permitir al Tribunal de Justicia resolver él mismo el litigio de manera definitiva. Efectivamente, no se discute que en el presente asunto existe un país de economía de mercado sujeto a la misma investigación antidumping, a saber, Taiwán. Pues bien, la Comisión no declaró en ningún momento que este país no fuera apropiado, limitándose a alegar que Estados Unidos era una opción más apropiada. Por lo tanto, concluye la recurrente, la Comisión estaba jurídicamente obligada a seleccionar a Taiwán como país análogo y el incumplimiento de esta obligación debería dar lugar a la anulación del Reglamento controvertido.
La Comisión considera que debe desestimarse el primer motivo de casación por infundado y, en cualquier caso, por inoperante. Eurofer, que alberga dudas sobre la admisibilidad de este motivo de casación en la medida en que corresponde a una imputación que no figuraba en la demanda de primera instancia y que no se formuló sino en la réplica presentada ante el Tribunal General, también considera que el primer motivo de casación debe desestimarse, en cualquier caso, por inoperante y por infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Sin necesidad de pronunciarse sobre la admisibilidad del presente motivo de casación, procede, en cualquier caso, desestimarlo por infundado.
A tal efecto, ha de recordarse que, con arreglo al párrafo primero del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, en el caso de importaciones procedentes de países sin economía de mercado, como excepción a las reglas establecidas en el artículo 2, apartados 1 a 6 de ese mismo Reglamento, el valor normal se determina, en principio, sobre la base del precio o del valor calculado en un país tercero de economía de mercado, es decir, con arreglo al método del país análogo [sentencias de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland,
C‑687/13
,
EU:C:2015:573
, apartado
, y de 28 de febrero de 2018, Comisión/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings,
C‑301/16 P
,
EU:C:2018:132
, apartado
]. El párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base dispone, en su primera frase, que el país análogo se seleccionará de una manera no irrazonable, teniendo debidamente en cuenta cualquier información fiable de la que se disponga en el momento de la selección, y, en su segunda frase, que, en su caso, se utilizará un país tercero de economía de mercado que esté sujeto a la misma investigación.
Los argumentos esgrimidos por la recurrente en apoyo de su primer motivo de casación se basan en una lectura aislada de la segunda frase del párrafo segundo del citado artículo 2, apartado 7, letra a). Ahora bien, tal como sostiene en lo sustancial la Comisión, esta segunda frase debe leerse a la luz de la primera frase del mismo párrafo, tal como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, puesto que, contrariamente a lo que parece alegar la recurrente, esa primera frase es pertinente también en el supuesto de que un país de economía de mercado esté sujeto a la misma investigación antidumping.
A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende, por un lado, que la elección del país análogo está comprendida en la amplia facultad de apreciación de que disponen las instituciones de la Unión en el ámbito de la política comercial común, debido a la complejidad de las situaciones económicas y políticas que deben examinar (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de octubre de 1991, Nölle,
C‑16/90
,
EU:C:1991:402
, apartado
; de 29 de mayo de 1997, Rotexchemie,
C‑26/96
,
EU:C:1997:261
, apartado
, y de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland,
C‑687/13
,
EU:C:2015:573
, apartado
).
Por otro lado, de dicha jurisprudencia resulta que el país análogo debe seleccionarse de manera no irrazonable, teniendo debidamente en cuenta cualquier información fiable de la que se disponga en el momento de la selección, y que los tribunales de la Unión deberán cerciorarse de que las instituciones competentes de la Unión Europea hayan tomado en consideración los factores esenciales para determinar la idoneidad del país escogido y hayan examinado los datos obrantes en el expediente con la diligencia requerida para que pueda considerarse que el valor normal del producto de que se trate se ha determinado de manera apropiada y no irrazonable. A tal efecto, corresponde a las instituciones de la Unión, teniendo en cuenta todas las alternativas que se presentan, procurar encontrar un país tercero en el que el precio de un producto similar se forme en circunstancias que sean lo más comparables posible a las del país de exportación, siempre y cuando se trate de un país de economía de mercado (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de marzo de 2012, GLS,
C‑338/10
,
EU:C:2012:158
, apartados
y
, y de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland,
C‑687/13
,
EU:C:2015:573
, apartados
y
).
Así pues, del artículo 2, apartado 7, letra a), párrafo segundo, del Reglamento de base se deduce que, cuando varios países pueden resultar seleccionados a la luz de la información fiable de la que se disponga, la institución competente procede a efectuar un análisis comparativo de esos diversos países y selecciona aquel en donde el precio del producto similar al producto en cuestión se determina en circunstancias que sean lo más comparables posible a las del país de exportación. En este sentido, contrariamente a lo que alega en lo sustancial la recurrente, la segunda frase del mencionado párrafo segundo no excluye que la institución competente lleve a cabo tal análisis comparativo, incluso en el supuesto de que un país tercero de economía de mercado esté sujeto a la misma investigación antidumping, y proceda a elegir sobre esta base, en el ejercicio de la facultad de apreciación de que dispone, el país más apropiado, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 31 de la presente sentencia.
De este modo, de la segunda frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base se desprende que, cuando un país de economía de mercado está sujeto a la misma investigación antidumping, la institución competente debe tenerlo debidamente en cuenta entre las posibles opciones y examinar, con la diligencia requerida, si dicho país es la opción apropiada. Pues bien, en el presente asunto, aunque la recurrente alega que la Comisión no afirmó que Taiwán no fuera una opción apropiada, no refuta la apreciación del Tribunal General —expuesta sustancialmente en los apartados 34 y 35 de la sentencia recurrida— de que la Comisión examinó en este caso la situación del referido país entre las diversas alternativas posibles.
Se desprende de cuanto antecede que, tal como expuso fundadamente el Tribunal General en el apartado 37 de la sentencia recurrida y en contra de lo alegado por la recurrente, la Comisión no estaba obligada a considerar a Taiwán como país análogo apropiado por el mero hecho de ser un país tercero de economía de mercado sujeto a la misma investigación antidumping que China, lo que habría impedido a dicha institución tener en cuenta otras posibles opciones y realizar un análisis comparativo entre aquel país y esas otras opciones —entre las cuales se encontraba Estados Unidos— a efectos de determinar el país más apropiado. Cualquier interpretación en sentido contrario no solo menoscabaría la facultad de apreciación de que dispone la Comisión a la hora de seleccionar el país análogo, sino que también afectaría —como afirmó fundadamente el Tribunal General en el apartado 37 de la sentencia recurrida— a la obligación de aquella institución —recordada en el apartado 32 de la presente sentencia— de procurar hallar, teniendo en cuenta todas las alternativas que se presenten, un país tercero de economía de mercado en el que el precio de un producto similar se forme en circunstancias que sean lo más comparables posible a las del país de exportación.
Esta conclusión viene corroborada a la luz de la génesis del Reglamento (CE) n.
o
3283/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre defensa contra las importaciones objeto de dumping originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (
DO 1994, L 349, p. 1
), que introdujo en las normas básicas de la Unión en materia antidumping la obligación prevista en la segunda frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base. En efecto, la exposición de motivos de la propuesta presentada por la Comisión para la adopción del Reglamento n.
o
3283/94 [COM(1994) 414 final] declaraba, a propósito de esa disposición —cuya formulación final elegida por el legislador de la Unión es idéntica a la que había propuesto la Comisión— que, para la elección del país análogo, «puede» preferirse un país sujeto a la misma investigación antidumping, siempre que este cumpla el criterio de una base razonable, lo cual implica que no es obligatorio elegir ese país.
Contrariamente a lo alegado por la recurrente, la interpretación, que figura en los apartados 32 a 34 de la presente sentencia, de la segunda frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base no añade a esta segunda frase un requisito que no exista en ella ni la priva de su efecto útil, sino que tal interpretación procede de una lectura conjunta de todo el párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), de dicho Reglamento.
De lo anterior se deduce que, en la medida en que el Tribunal General no añadió ningún requisito a la segunda frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, debe desestimarse igualmente la alegación de la recurrente fundamentada en que del informe del Órgano de Apelación de la OMC, de 6 de octubre de 2016, en la diferencia «Unión Europea — Medidas antidumping sobre el biodiésel procedente de Argentina» (WT/DS473/15), sobre la interpretación del artículo 2.2.1.1 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT) (
DO 1994, L 336, p. 103
), que figura en el anexo 1A del Acuerdo por el que se establece la OMC (
DO 1994, L 336, p. 3
), resulta que no es jurídicamente admisible añadir un requisito que no figura en el texto de la segunda frase del párrafo segundo del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base.
Se deduce de las consideraciones expuestas que procede desestimar por infundado el primer motivo de casación.
Sobre el segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General interpretó erróneamente el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base al considerar, en los apartados 60 a 65 de la sentencia recurrida, que no procedía hacer ajustes para tener en cuenta las diferencias en el proceso de producción y en el acceso a las materias primas constatadas en China cuando se determina el valor normal de conformidad con dicha disposición.
Según la recurrente, la solución adoptada por el Tribunal General en la sentencia recurrida supondría excluir con carácter general la posibilidad de que los productores exportadores de los países sin economía de mercado que no cumplan los requisitos para obtener el TEM soliciten ajustes del valor normal para tener en cuenta tales diferencias en virtud del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, pese a que, según las sentencias de 10 de octubre de 2012, Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener y Shanghai Prime Machinery/Consejo (
T‑170/09
, no publicada,
EU:T:2012:531
), apartado
, y de 29 de abril de 2015, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo (
T‑558/12 y T‑559/12
, no publicada,
EU:T:2015:237
), apartado
, el artículo 2, apartado 10, del mismo Reglamento de base ya excluye la posibilidad de que los referidos productores exportadores soliciten ajustes para tener en cuenta tales diferencias.
Esta solución, que sustancialmente priva a los mencionados productores exportadores del derecho a solicitar ajustes, resulta contraria, según la recurrente, al artículo 2.4 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, que corresponde al artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base y que establece la obligación de realizar una comparación ecuánime entre el precio de exportación y el valor normal, así como de hacer ajustes para tener en cuenta las diferencias que afecten a la comparabilidad de los precios. En efecto, en su informe de 18 de enero de 2016, en el asunto «Comunidades Europeas — Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China» (WT/DS397/AB/RW, puntos 5.207 y 5.215), el Órgano de Apelación de la OMC afirmó claramente que la referida obligación se aplica a todas las investigaciones antidumping, incluidos los supuestos en que el valor normal se determina tomando como referencia un país análogo.
La recurrente añade que, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, el hecho de que ella no haya presentado una solicitud de TEM carece de pertinencia para determinar si está justificada una solicitud de ajuste de conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base.
Por otra parte, aunque en la sentencia de 10 de septiembre de 2015, Fliesen-Zentrum Deutschland (
C‑687/13
,
EU:C:2015:573
), apartado
, citada por el Tribunal General en el apartado 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Justicia declarara que el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base pretende evitar que se tengan en cuenta los precios y los costes en vigor en los países sin economía de mercado cuya formación no obedezca a las fuerzas que operan normalmente en el mercado, lo cierto, no obstante, según la recurrente, es que el Tribunal de Justicia no se pronunció sobre el extremo de si es posible hacer ajustes relacionados con los factores resultantes de tales fuerzas, como las diferencias causadas por una ventaja comparativa natural. La recurrente añade que esa posibilidad tampoco se excluye en la sentencia de 29 de abril de 2015, Changshu City Standard Parts Factory y Ningbo Jinding Fastener/Consejo (
T‑558/12 y T‑559/12
, no publicada,
EU:T:2015:237
), apartado
, sentencia citada en el apartado 61 de la sentencia recurrida.
Aunque la recurrente no alega que deban hacerse ajustes para neutralizar las distorsiones detectadas en un país sin economía de mercado, sostiene que ello no excluye la posibilidad de hacer ajustes, en virtud del artículo 2, apartado 7, letra a), o del artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base, para tener en cuenta las diferencias que afecten a la comparabilidad de los precios y que resultan de las fuerzas que operan normalmente en el mercado, es decir, aquellas que no sean provocadas por distorsiones.
A este respecto, en su informe de 18 de enero de 2016 en el asunto «Comunidades Europeas — Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China» (WT/DS397/AB/RW, apartados 5.207 y 5.236), el Órgano de Apelación de la OMC afirmó que la autoridad encargada de la investigación no está obligada a hacer ajustes que tengan en cuenta las diferencias entre los costes de los productores del país exportador sin economía de mercado y los costes del productor del país análogo cuando hacerlo conlleve que dicha autoridad reintroduzca en el valor normal los costes distorsionados de los productores del primer país, pero precisó, no obstante, que la autoridad encargada de la investigación sí debe determinar si el ajuste solicitado tendría o no tal efecto.
Según la recurrente, el Tribunal General infringió el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base al excluir, con carácter general, la posibilidad de efectuar ajustes para tener en cuenta las diferencias relativas al acceso a las materias primas y al proceso de producción, en lugar de examinar si la aceptación de tales ajustes habría tenido por efecto reintroducir costes distorsionados o si concurrían los restantes requisitos para la aceptación de los referidos ajustes.
La Comisión y Eurofer consideran que debe desestimarse el segundo motivo de casación por infundado y, según Eurofer, tal motivo debe desestimarse, en cualquier caso, por inoperante.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al excluir, con carácter general, la posibilidad de hacer ajustes para tener en cuenta las diferencias en el proceso de producción y en el acceso a las materias primas detectadas en China cuando se determina el valor normal en virtud del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base.
A este respecto, de la argumentación expuesta por la recurrente en el marco del presente motivo de casación se desprende que esta admite que, tal como declaró el Tribunal General en el apartado 62 de la sentencia recurrida, no puede obligarse a la Comisión a hacer ajustes relacionados con factores en los que influyan parámetros que no son resultado de las fuerzas del mercado. Sin embargo, la recurrente alega que debería ser posible hacer ajustes para tener en cuenta diferencias que sí son resultado de las fuerzas del mercado y añade, en lo sustancial, que el Tribunal General debería haber examinado si la aceptación de los ajustes solicitados habría tenido por efecto reintroducir en el valor normal los costes distorsionados, es decir, si tales ajustes habrían supuesto reintroducir en el valor normal costes en los que hayan influido parámetros que no son resultado de las fuerzas del mercado, lo que no hizo el Tribunal General.
A este respecto, cabe observar no obstante que, para llegar en el apartado 64 de la sentencia recurrida a la conclusión de que en el caso de autos no era posible hacer ajustes para tener en cuenta las diferencias en el proceso de producción y en el acceso a las materias primas detectadas en China cuando se determina el valor normal en virtud del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, el Tribunal General hizo constar, en el apartado 63 de la misma sentencia, que, habida cuenta de que en el momento de los hechos China no estaba considerada una economía de mercado y de que la recurrente no había presentado una solicitud de TEM, nada indicaba que en el suministro de níquel o en el proceso de producción de una empresa que operaba en condiciones que no se correspondían a las de una economía de mercado no hubieran influido parámetros que no son resultado de las fuerzas que operan en el mercado.
Pues bien, tal como alega Eurofer, la recurrente, que reclama esencialmente la posibilidad de hacer ajustes relativos a los factores que son resultado de las fuerzas que operan en el mercado, no cuestiona expresamente la apreciación fáctica que hizo el Tribunal General en el apartado 63 de la sentencia recurrida, según la cual, en lo sustancial, no constaba que los ajustes solicitados se refirieran a tales factores. La recurrente,
a fortiori
, tampoco sostiene que dicha apreciación adolezca de desnaturalización.
Por lo tanto, sin que sea necesario pronunciarse sobre el carácter fundado del conjunto de alegaciones expuestas por la recurrente en el marco del presente motivo de casación, su argumentación debe desestimarse por inoperante. Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo de casación.
En consecuencia, el recurso de casación debe desestimarse en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
El artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, establece que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por Shanxi Taigang Stainless Steel, procede condenarla en costas en el presente recurso de casación, conforme a lo solicitado por la Comisión y por Eurofer.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar en costas a Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.