CELEX: 62015CJ0101
Recurso de casación
Prácticas colusorias
Artículo 101 TFUE
Artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992
Mercado europeo del vidrio para automóviles
Acuerdos de reparto de mercados e intercambios de información comercialmente sensible
Multas
Directrices de 2006 para el cálculo del importe de las multas
Punto 13
Valor de las ventas
Reglamento (CE) n.º 1/2003
Artículo 23, apartado 2, párrafo segundo
Límite máximo legal de la multa
Tipo de cambio aplicable para el cálculo del límite máximo de la multa
Importe de la multa
Facultad jurisdiccional plena
Empresas monoproducto
Proporcionalidad
Igualdad de trato

Mediante su recurso de casación, Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH y Pilkington Italia SpA solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 17 de diciembre de 2014, Pilkington Group y otros/Comisión (T‑72/09, no publicada; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2014:1094
), en la que este último desestimo su recurso dirigido, con carácter principal, a que se anulase la Decisión C(2008) 6815 final de la Comisión, de 12 de noviembre de 2008, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo [81 CE] y al artículo 53 del Acuerdo EEE (COMP/39.125 — Vidrio para automóviles), en su versión modificada por la Decisión C(2009) 863 final de la Comisión, de 11 de febrero de 2009, y por la Decisión C(2013) 1119 final de la Comisión, de 28 de febrero de 2013 (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), en la medida en que afecta a las recurrentes, y, subsidiariamente, a que se anulase el artículo 2 de esa Decisión, en cuanto impone una multa a las recurrentes, o, con carácter subsidiario de segundo grado, a que se redujese el importe de esa multa.
Marco jurídico
Reglamento (CE) n.
o
1/2003
Con el título «Multas sancionadoras», el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (
DO 2003, L 1, p. 1
), dispone:
«Mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:
a)
infrinjan las disposiciones del artículo 81 [CE] o del artículo 82 [CE];
[...]
Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.
[...]»
Directrices de 2006
Los puntos 4 a 6, 13 y 35 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
1/2003 (
DO 2006, C 210, p. 2
; en lo sucesivo, «Directrices de 2006») establecen lo siguiente:
«4.
[...] Procede fijar las multas en un nivel suficientemente disuasorio, no sólo para sancionar a las empresas en cuestión (efecto disuasorio específico), sino también para disuadir a otras empresas de adoptar o mantener conductas contrarias a los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (efecto disuasorio general).
5.
Con el fin de alcanzar estos objetivos, conviene que, como base para la determinación de las multas, la Comisión se remita al valor de las ventas de bienes o servicios a que se refiere la infracción. La duración de la infracción también debería desempeñar un papel significativo a la hora de determinar el importe adecuado de la multa. [...]
6.
En efecto, la combinación del valor de las ventas en relación con la infracción y de la duración se considera un valor sustitutivo adecuado para reflejar la importancia económica de la infracción y el peso relativo de cada empresa que participa en la misma. [...]
[...]
13.
Con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta [este sería el caso por ejemplo de acuerdos horizontales por los que se fija el precio de un determinado producto, cuando ese precio es utilizado como base para la determinación del precio de otros productos de menor o mayor calidad] con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (“EEE”). [...]
[...]
35.
En circunstancias excepcionales, la Comisión podrá, previa solicitud, tener en cuenta la incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular. La Comisión no concederá por este concepto ninguna reducción de la multa por la mera constatación de una situación financiera desfavorable o deficitaria. La reducción sólo podrá concederse sobre la base de pruebas objetivas de que la imposición de una multa, en las condiciones fijadas por las presentes Directrices, pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica de la empresa en cuestión y conduciría a privar a sus activos de todo valor.»
Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
De los apartados 1 a 12 y 36 de la sentencia recurrida se desprende que, en la Decisión controvertida, la Comisión consideró que una serie de empresas, de las que formaban parte las recurrentes, participaron en una infracción única y continua del artículo 81 CE, apartado 1, consistente en la asignación concertada, en el sector del vidrio para automóviles, de contratos de suministro de vidrio para automóviles o conjuntos de vidrio, que incluyen generalmente un parabrisas, una luneta trasera y los vidrios laterales, a los principales constructores de automóviles del EEE. Por lo que respecta a las recurrentes, la Comisión constató que dicha infracción se produjo durante el período comprendido entre el 10 de marzo de 1998 y el 3 de septiembre de 2002 y les impuso conjunta y solidariamente, por esa razón, una multa de 370 millones de euros [artículo 2, letra c), de la Decisión controvertida].
El 28 de febrero de 2013, la Comisión adoptó la Decisión C(2013) 1119 final, por la que se modifica la Decisión C(2008) 6815 final, en particular, por lo que atañe al cálculo del importe de la multa impuesta a las demandantes. Mediante dicha Decisión, la Comisión, quiso, esencialmente, rectificar dos errores que estimaba que había cometido al realizar dicho cálculo. Como consecuencia de la antedicha Decisión, el nuevo importe de la multa impuesta a las recurrentes se fijó en 357 millones de euros en lugar del importe inicial de 370 millones de euros.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 18 de febrero de 2009, modificada por medio de un escrito recibido por la Secretaría del Tribunal General el 15 de marzo de 2013, las recurrentes interpusieron un recurso de anulación contra la Decisión controvertida invocando seis motivos. Sólo los motivos tercero, quinto y sexto, relativos al cálculo de la multa impuesta a las recurrentes, revisten interés a efectos del presente recurso de casación. Las recurrentes también solicitaban al Tribunal General con independencia, en su caso, de dichos motivos de anulación, que ejerciese su competencia jurisdiccional plena reduciendo el importe de la multa que se les había impuesto.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.
Pretensiones de las partes en el recurso de casación
Mediante su recurso de casación, las partes recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
—
Anule la sentencia recurrida en la medida en que desestima el recurso interpuesto contra el artículo 2, letra c), de la Decisión controvertida.
—
Reduzca la multa que se les impuso en el artículo 2, letra c), de la Decisión controvertida.
—
Condene en costas a la Comisión.
La Comisión solicita que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a las recurrentes.
Sobre el recurso de casación
Las recurrentes invocan tres motivos en apoyo de su recurso de casación.
Sobre el primer motivo, basado en un error de Derecho en la interpretación del punto 13 de la Directrices de 2006
Alegaciones de las partes
En su primer motivo, dirigido contra los apartados 217 a 227 de la sentencia recurrida, las recurrentes critican al Tribunal General por haber declarado que la Comisión actuó acertadamente al tener en cuenta, a la hora de determinar el importe de base de la multa que se les impuso, las ventas realizadas conforme a contratos anteriores al período de infracción y que no se renegociaron durante dicho período (en lo sucesivo, «ventas controvertidas»).
Las recurrentes alegan que, de ese modo, el Tribunal General se basó en una interpretación errónea del concepto de «valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta con la infracción», en el sentido del punto 13 de las Directrices de 2006. En efecto, según las recurrentes, ese concepto no permite a la Comisión tener en cuenta las ventas controvertidas, en la medida en que resulta evidente que éstas en modo alguno pudieron formar parte de la infracción, aun cuando esta última persiguiese un objetivo de estabilización global del mercado de la infracción. Por tanto, a su entender, la toma en consideración de dichas ventas no proporcionaba «un valor sustitutivo adecuado», en el sentido del punto 6 de las referidas Directrices, ya que provocaría una sobrevaloración de la importancia económica de la infracción, del peso relativo de la empresa que realizó esas ventas en el marco de dicha infracción y de la nocividad de esta última.
Las recurrentes subrayan que ninguno de los motivos invocados por el Tribunal General en el apartado 225 de la sentencia recurrida, relativos al
modus operandi
y al objetivo perseguido por la infracción, permiten demostrar que las ventas controvertidas formasen parte de la infracción.
La Comisión estima que estas alegaciones de las recurrentes deben desestimarse por infundadas.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En su primer motivo, las recurrentes alegan, en esencia, que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar que la Comisión podía incluir en las ventas tenidas en cuenta a la hora de calcular la multa que se le impuso, en concepto de «ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta con la infracción», en el sentido del punto 13 de las Directrices de 2006, las ventas controvertidas.
Por lo que respecta a la imposición de una multa en aplicación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003, el Tribunal de Justicia ha declarado que la Comisión debe apreciar, en cada caso concreto y teniendo en cuenta el contexto y los objetivos perseguidos por el régimen de sanciones establecido en dicho Reglamento, el efecto que se pretende alcanzar en la empresa de que se trate, en particular tomando en consideración un volumen de negocios que refleje la situación económica real de ésta durante el período en el que se cometió la infracción (sentencia de 9 de julio de 2015, InnoLux/Comisión,
C‑231/14 P
,
EU:C:2015:451
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, puede tenerse en cuenta, para la determinación del importe de la multa, tanto el volumen de negocios global de la empresa, que constituye una indicación, aunque sea aproximativa e imperfecta, del tamaño de la empresa y de su potencia económica, como la parte de dicho volumen de negocios que proceda de las mercancías objeto de la infracción y que permite, pues, dar una indicación de la amplitud de ésta (sentencia de 9 de julio de 2015, InnoLux/Comisión,
C‑231/14 P
,
EU:C:2015:451
, apartado
y jurisprudencia citada).
Según el punto 13 de las Directrices de 2006, «con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta [...] con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (“EEE”)». En su introducción, las antedichas Directrices precisan, en el punto 6, que «la combinación del valor de las ventas en relación con la infracción y de la duración se considera un valor sustitutivo adecuado para reflejar la importancia económica de la infracción y el peso relativo de cada empresa que participa en la misma».
De esto se deriva que el punto 13 de las Directrices de 2006 tiene como finalidad que se tome como base para el cálculo de la multa que vaya a imponerse a una empresa un importe que refleje la importancia económica de la infracción y el peso relativo de esa empresa en dicha infracción. En consecuencia, si bien el concepto de «valor de las ventas» a que se refiere ese punto 13 no puede extenderse hasta englobar las ventas realizadas por la empresa de que se trate que no estén incluidas en el ámbito de aplicación del cártel imputado, sería contrario al objetivo perseguido por dicha disposición entender que este concepto sólo se refiere al volumen de negocios realizado con las ventas respecto a las cuales se haya probado que han quedado realmente afectadas por dicho cártel (sentencias de 11 de julio de 2013, Team Relocations y otros/Comisión,
C‑444/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:464
, apartado
, y de 12 de noviembre de 2014, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión,
C‑580/12 P
,
EU:C:2014:2363
, apartado
).
Pues bien, por lo que atañe a las ventas controvertidas, si bien, tal como sostienen las recurrentes, éstas se realizaron en virtud de contratos celebrados con anterioridad al período de infracción, no es menos cierto que el Tribunal General declaró acertadamente, en el apartado 226 de la sentencia recurrida, que la Comisión pudo válidamente incluirlas dentro del valor de las ventas calculado en aplicación del punto 13 de las Directrices de 2006, a efectos del cálculo del importe de base de la multa, al igual que ocurrió con las ventas realizadas en virtud de contratos de suministro celebrados durante el período de infracción, pero con respecto a las cuales no se demostró que hubiesen sido específicamente objeto de una colusión.
En efecto, de los apartados 222 a 225 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General validó el método de cálculo utilizado por la Comisión, al examinar los motivos, basados en el modo de funcionamiento y en los objetivos de la infracción, en los que dicha institución se fundó para concluir que la toma en consideración de las ventas controvertidas estaba justificada, en la medida en que permitían reflejar la importancia económica de la infracción.
De este modo, en los apartados 224 y 225 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, en particular, consideró que la toma en consideración de las ventas controvertidas estaba justificada tanto a la luz del alcance y del
modus operandi
del cártel como del objetivo global de estabilidad del mercado que perseguía, de tal manera que no era necesaria una colusión que afectase a cada contrato de suministro con vistas a lograr ese objetivo. En este sentido, el Tribunal General observó acertadamente, que en tales circunstancias, la necesidad de una colusión con respecto a un contrato de suministro determinado dependía del reparto de los pedidos, de la necesidad subjetiva de adoptar medidas para conservar las cuotas de mercado respectivas y de la capacidad de cada contrato para dar lugar a un cambio significativo en la cuota de pedidos generales esperados por cada participante en el cártel.
Contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, esas consideraciones no son irrelevantes. En efecto, el plan global del cártel consistía en un reparto de los pedidos de vidrio para automóviles entre los participantes en el cártel, en lo que atañía tanto a los contratos de suministro existentes como a los nuevos contratos. Como se desprende de la constatación fáctica realizada por el Tribunal General en el apartado 24 de la sentencia recurrida, ese reparto tenía, pues, por objeto toda la actividad de los antedichos participantes en el mercado de que se trata, circunstancia que se ve confirmada por el
modus operandi
del cártel, que comprendía medidas correctivas que tomaban en consideración los contratos de suministro existentes. De ello se deriva que las ventas realizadas en virtud de contratos anteriores al período de infracción y no renegociadas durante dicho período debían considerarse comprendidas dentro del ámbito de aplicación del cártel, en el sentido de jurisprudencia citada en el apartado 19 de la presente sentencia. Por consiguiente, procede observar que si la Comisión no pudiese incluir esas ventas en el valor de las ventas calculado en aplicación del punto 13 de las Directrices de 2006, el importe de la multa resultante de ello no reflejaría la importancia económica de la infracción. Por tanto, el Tribunal General no incurrió en ningún error de Derecho al considerar que las ventas controvertidas eran objeto de la antedicha infracción.
En consecuencia, se debe desestimar el primer motivo por infundado.
Sobre el segundo motivo, basado en un error de Derecho en la interpretación del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1/2003
Alegaciones de las partes
En su segundo motivo, dirigido contra los apartados 410 a 423 de la sentencia recurrida, las recurrentes reprochan al Tribunal General que haya declarado que el importe final de la multa que les impuso la Comisión no superaba el límite máximo del 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior a la adopción de la Decisión controvertida, previsto en el artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1/2003 (en lo sucesivo, «límite máximo legal de la multa»).
Según las recurrentes el Tribunal General incurrió, de ese modo, en un error de Derecho al declarar que la Comisión podía fundadamente utilizar, a efectos de la conversión de ese volumen de negocios total, que, por lo que atañe a las recurrentes, está denominado en libras esterlinas, el tipo de cambio medio del Banco Central Europeo (BCE) aplicable al período comprendido entre el 1 de abril de 2007 y el 31 de marzo de 2008, en vez del tipo de cambio aplicable al día de la adopción de la Decisión controvertida, es decir, el 12 de noviembre de 2008. En opinión de las recurrentes, el importe máximo que la Comisión habría podido imponer a las recurrentes se limitaría a 317547860 euros, es decir, 39452140 euros menos que la multa que finalmente les impuso.
En primer lugar, las recurrentes sostienen que la interpretación del Tribunal General no es conforme con el objetivo del límite máximo legal de la multa, previsto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003, que tiene como objetivo proporcionar una protección contra las fluctuaciones monetarias que precedan a la adopción de la Decisión de la Comisión, es decir la fecha en la que la multa pasa a ser exigible.
A este respecto, según las recurrentes, el Tribunal General se basó equivocadamente en jurisprudencia relativa al tipo de cambio aplicable para el cálculo del importe de base de la multa, que no puede transponerse al marco de la determinación del límite máximo legal de la multa, dado que el objetivo perseguido por el legislador de la Unión al establecer este último límite máximo es, a su entender, distinto y autónomo con respecto al de los criterios de gravedad y duración de la infracción. En opinión de las recurrentes, el objetivo de ese límite máximo es precisamente proporcionar una protección absoluta contra las consecuencias perjudiciales de las fluctuaciones monetarias que podrían producirse hasta la fecha de la adopción de la Decisión de la Comisión, tal como, a su juicio, se desprende de jurisprudencia del Tribunal de Justicia y, en particular, del apartado 59 de la sentencia de 16 de noviembre de 2000, Enso Española/Comisión (
C‑282/98 P
,
EU:C:2000:628
), del apartado 89 de la sentencia de 16 de noviembre de 2000, Sarrió/Comisión (
C‑291/98 P
,
EU:C:2000:631
), del apartado 606 de la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P
,
EU:C:2002:582
), y del apartado 63 de la sentencia de 4 de septiembre de 2014, YKK y otros/Comisión (
C‑408/12 P
,
EU:C:2014:2153
).
En segundo lugar, las recurrentes cuestionan la consideración del Tribunal General que figura en el apartado 418 de la sentencia recurrida, según la cual las empresas deben soportar el riesgo de las fluctuaciones monetarias entre el ejercicio social precedente y la fecha de adopción de la Decisión de la Comisión, lo cual, a juicio de las recurrentes, implica costes importantes para esas empresas. A su entender, esa consideración no es conforme con el objetivo del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n.
o
1/2003 y no encuentra fundamento alguno en jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
En tercer lugar, según las recurrentes, el enfoque del Tribunal General no permite garantizar la igualdad de trato entre las empresas cuya contabilidad se lleva a cabo en divisas distintas del euro y aquellas cuya contabilidad se lleva a cabo en euros, dado que, a su juicio, las primeras están expuestas al riesgo de que el nivel del límite máximo legal de la multa varíe sensiblemente en función de las fluctuaciones monetarias, mientras que las segundas no están expuestas a ese riesgo.
En cuarto lugar, las recurrentes afirman que el enfoque seguido por el Tribunal General no permite garantizar la seguridad jurídica, ya que ese enfoque crea una incertidumbre por lo que atañe al riesgo financiero máximo que las empresas cuya moneda de cuenta no es el euro han de soportar.
La Comisión sostiene que procede desestimar este motivo por infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su segundo motivo, las recurrentes reprochan, en esencia, al Tribunal General que haya declarado que la Comisión podía válidamente calcular el límite máximo legal de la multa refiriéndose a la media de los tipos de cambio aplicable en el transcurso del ejercicio social anterior a la adopción de la Decisión controvertida, en vez del al tipo de cambio aplicable en la fecha de la adopción de dicha Decisión. Las recurrentes alegan que, al proceder de este modo, el Tribunal General ignoró el objetivo del referido límite máximo legal, jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los principios de igualdad de trato y de seguridad jurídica.
El artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1/2003 establece que por cada empresa y asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior.
Las recurrentes, cuyo volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior está denominado en libras esterlinas, no cuestionan el derecho de la Comisión a fijar en euros las multas que impone de conformidad con el artículo 23 del Reglamento n.
o
1/2003. Sin embargo, dicha disposición no contiene ninguna indicación relativa al tipo de cambio que debe utilizarse para determinar el límite máximo legal de la multa, cuando el volumen de negocios total, contemplado en el párrafo segundo del apartado 2 de la referida disposición, está denominado en una divisa distinta del euro.
A este respecto, para apreciar el fundamento del método de conversión utilizado por la Comisión, debe señalarse que el Tribunal General se refirió, sin ser criticado en relación con este aspecto por las recurrentes, al objetivo perseguido por el límite máximo legal de la multa, tal como fue precisado por el Tribunal de Justicia, en los apartados 281 a 282 de la sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión (
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
), y recordado por el Tribunal General en el apartado 414 de la sentencia recurrida. Dicho objetivo es evitar que se impongan multas que seguramente no podrán pagar las empresas, dadas sus dimensiones, dimensiones que se determinan, aunque sea de un modo aproximado e imperfecto, por su volumen de negocios global.
Tal como se desprende de jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el importe de la multa que puede imponerse a una empresa está, en efecto, sujeto a un límite cuantificable y absoluto, de modo que es posible determinar de antemano el importe máximo de la multa con que puede sancionarse a una empresa concreta (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 2015, InnoLux/Comisión,
C‑231/14 P
,
EU:C:2015:451
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por tanto, a la luz del antedicho objetivo, no puede criticarse al Tribunal General por haber declarado, en el apartado 415 de la sentencia recurrida, que, en principio, el límite máximo resultante del artículo 23, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento n.
o
1/2003 debe fijarse tomando como referencia la realidad económica existente durante el ejercicio social anterior a la adopción de la Decisión que sanciona la infracción del artículo 81 CE.
En efecto, tal como ha subrayado la Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, esta constatación se corresponde con la opción del legislador de la Unión de considerar, en principio, el volumen de negocios realizado en el último ejercicio social cerrado anterior a la adopción de la Decisión que fija el importe de la multa como el valor de referencia, determinable con antelación, más apto para reflejar la capacidad financiera de la empresa en la fecha en la que se le declara responsable de la infracción y la Comisión le impone una sanción pecuniaria.
Pues bien, contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, procede observar que esa opción justifica también que se elija el tipo de cambio aplicable durante dicho período para efectuar la conversión de ese valor de referencia, cuando éste está expresado en una divisa que no es el euro.
En efecto, procede señalar que, en primer lugar, por lo que respecta a la apreciación de la capacidad financiera de una empresa, es conforme con la opción del legislador de la Unión referirse, a este efecto, no al tipo de cambio aplicable en la fecha de la Decisión que impone la multa, sino al tipo de cambio medio durante el ejercicio social anterior a la adopción de dicha Decisión, ya que este último permite reflejar mejor la realidad económica existente durante ese ejercicio.
A este respecto, contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, no es posible inferir de jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, por lo que atañe a la conversión del importe máximo de la multa, éste haya declarado que necesariamente deba referirse al tipo de cambio aplicable en el momento de la adopción de la Decisión que impone la multa. Al contrario, procede observar que esta jurisprudencia confirma lo que el Tribunal General declaró, en esencia, en el apartado 415 de la sentencia recurrida, a saber, que para apreciar la realidad económica de una época determinada, es coherente referirse a los tipos de cambio aplicables durante dicho período. En efecto, en caso contrario, la apreciación de esa realidad económica se vería necesariamente distorsionada por factores extrínsecos y aleatorios, como la evolución de los tipos de cambio durante un período posterior a ese ejercicio (véase, por analogía, la sentencia de 16 de noviembre de 2000, Sarrió/Comisión,
C‑291/98 P
,
EU:C:2000:631
, apartados
y
).
En segundo lugar, el método de conversión aprobado por el Tribunal General en el apartado 416 de la sentencia recurrida responde a la exigencia de previsibilidad del límite máximo legal de la multa, recordada en el apartado 37 de la presente sentencia, en la medida en que dicho método se basa en un tipo de cambio que es posible conocer con anterioridad a la adopción de la Decisión de la Comisión que impone la multa, y en función del cual es posible determinar de antemano el límite máximo de ésta.
En tercer lugar, por lo que atañe a la alegación de las demandantes según la cual el Tribunal General ignoró el objetivo del límite máximo legal, en el sentido de que dicho límite máximo tiene, a su juicio, como objetivo garantizar una protección absoluta contra las fluctuaciones monetarias hasta la fecha de la adopción de la Decisión que impone la multa, debe señalarse que no puede prosperar.
En efecto, como ha subrayado la Abogado General en el apartado 55 de sus conclusiones, tal protección no constituye un objetivo autónomo del límite máximo legal de la multa, sino tan sólo un aspecto de la protección que ese límite máximo confiere frente a las multas excesivas y desproporcionadas (véase, por analogía, la sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
). Así pues, por lo que respecta al objetivo del límite máximo legal de la multa, las recurrentes no pueden invocar jurisprudencia citada en el apartado 28 de la presente sentencia. Si bien esa jurisprudencia, relativa a la conversión del valor de las ventas en el marco de la determinación del importe de base de la multa, admite que el límite máximo legal constituye un límite a las eventuales consecuencias perjudiciales de las fluctuaciones monetarias, de ella no se desprende que ese límite máximo constituya una protección absoluta contra esas fluctuaciones ni que el tipo de cambio pertinente para la determinación del referido límite máximo sea el aplicable en la fecha de la adopción de la Decisión que impone la multa.
Por lo que atañe a los supuestos efectos de las fluctuaciones monetarias en el nivel del límite máximo legal de la multa convertido en euros, debe observarse que las recurrentes no aportan ningún elemento que demuestre que la constatación realizada por el Tribunal General en el apartado 415 de la sentencia recurrida, según la cual el método de cálculo del límite máximo legal de la multa elegido por la Comisión constituye un límite a las eventuales consecuencias perjudiciales de tales fluctuaciones, es errónea. En efecto, del apartado 42 de la presente sentencia se desprende que ese método, basado en la media de los tipos históricos aplicables durante el ejercicio social anterior a la adopción de la Decisión que impone la multa en vez de en el tipo de cambio aplicable en la fecha de esa Decisión, tiende, por su naturaleza, a neutralizar el efecto de tales fluctuaciones sobre el nivel del límite máximo legal de la multa hasta la fecha de la adopción de la antedicha Decisión. A este respecto, la argumentación de las recurrentes no puede acogerse, en la medida en que un método de conversión basado en un tipo de cambio diario, al contrario que el método considerado por el Tribunal General, tiene un carácter necesariamente aleatorio e incierto.
Por consiguiente, debe señalarse que el Tribunal no incurrió en ningún error de Derecho cuando, en el apartado 416 de la sentencia recurrida, declaró que el método de conversión utilizado por la Comisión para determinar el límite máximo legal de la multa era conforme con el objetivo de dicho límite máximo.
Asimismo, las recurrentes no pueden invocar el hecho de que las empresas cuya contabilidad se haya realizado en una divisa distinta del euro sufran una desigualdad de trato con respecto a aquellas cuya contabilidad está denominada en euros como consecuencia de la exposición de las primeras al riesgo monetario. En efecto, en la medida en que las recurrentes no cuestionan que la multa que se les impuso pueda fijarse en euros, es inevitable que se vean expuestas a las fluctuaciones monetarias. Pues bien, en relación con este aspecto, el Tribunal General declaró acertadamente en el apartado 418 de la sentencia recurrida que las fluctuaciones monetarias constituyen un riesgo que puede crear tanto ventajas como desventajas, al que se enfrentan habitualmente en el marco de sus actividades comerciales las empresas que realizan una parte de sus ventas en los mercados de exportación y cuya existencia no puede, como tal, hacer que sea inadecuada la cuantía de una multa legalmente fijada en función de la gravedad y de la duración de la infracción.
Además, la alegación de las recurrentes, basada en una supuesta vulneración por parte del Tribunal General del principio de seguridad jurídica, se apoya, tal como se ha declarado en el apartado 46 de la presente sentencia, en la premisa errónea de que el método de cálculo validado por el Tribunal General les expuso al riesgo de que el nivel del límite máximo legal de la multa variase en función de las fluctuaciones monetarias que tuvieron lugar entre el final del ejercicio social anterior y la fecha de la Decisión controvertida.
Por consiguiente, procede desestimar estas alegaciones por infundadas.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, debe señalarse que el Tribunal General no incurrió en ningún error de Derecho al declarar, en el apartado 421 de la sentencia recurrida, que la Comisión podía fundadamente calcular el límite máximo legal de la multa tomando como referencia el volumen de negocios total realizado por las recurrentes durante el ejercicio social precedente, convertido en euros mediante la aplicación del tipo de cambio medio aplicable a lo largo de dicho ejercicio.
En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo de las recurrentes por infundado.
Sobre el tercer motivo, basado en una vulneración de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad y en la falta de ejercicio por el Tribunal General de su competencia jurisdiccional plena
Alegaciones de las partes
El tercer motivo de las recurrentes, dirigido contra los apartados 396 a 402, 434, 438 y 440 a 444 de la sentencia recurrida, se divide en dos partes.
En la primera parte, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho al aplicar incorrectamente los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, cuando éste desestimo el motivo en el que éstas alegaban que la multa que la Comisión les había impuesto había sido proporcionalmente más gravosa que la impuesta a otros participantes del cártel, debido al carácter menos diversificado de la actividad de las recurrentes.
A su entender, el Tribunal General ignoró, de este modo, la alegación de las recurrentes según la cual, cuando las consecuencias perjudiciales de una multa para una empresa son desproporcionadas con respecto a la multa impuesta a otros destinatarios de la Decisión, como, a su juicio, pone de manifiesto el porcentaje del importe de la multa con respecto al volumen de negocios anual total de esas empresas, la Comisión debe asegurarse de que se respetan los principios de proporcionalidad e igualdad de trato. Pues bien, según las recurrentes, en el caso de autos, esa situación era previsible en el momento en que la Decisión controvertida fue adoptada, como muestra el informe de la sociedad de asesoría presentado al Tribunal General. A este respecto, las recurrentes afirman que el Tribunal General interpretó incorrectamente el objetivo de ese informe, que fue aportado no como elemento de prueba de hechos posteriores a la adopción de la Decisión controvertida, sino como prueba del hecho de que la imposición de una multa importante a las recurrentes tendría un impacto desproporcionado y provocaría un grave deterioro de la situación financiera de estas últimas con respecto a los otros participantes en el cártel.
Además, según las recurrentes, el Tribunal General interpretó incorrectamente el argumento de las recurrentes consistente en alegar que la Comisión no debía tener en cuenta una eventual situación deficitaria de las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado, sino el impacto que una multa importante podría tener sobre la situación financiera de las empresas y, en particular, sobre aquellas cuya actividad estaba menos diversificada.
Finalmente, a juicio de las recurrentes, el Tribunal General ignoró que argumentos análogos a los formulados por las recurrentes fueron tenidos en cuenta por la Comisión en decisiones precedentes y por el Tribunal General, en particular, en la sentencia de 12 de diciembre de 2012, Novácke chemické závody/Comisión (
T‑352/09
,
EU:T:2012:673
).
Por lo que atañe a la segunda parte de su tercer motivo, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho al haberse abstenido de usar su competencia jurisdiccional plena, con la intensidad requerida, para remediar la desigualdad de trato de la que, supuestamente, fueron objeto con respecto a los otros participantes en la infracción que dio lugar a la Decisión controvertida. Las recurrentes sostienen que el Tribunal General debería haber tenido en cuenta, en el ejercicio de esa competencia, las dificultades financieras a las que se vieron confrontadas como consecuencia del pago de la multa, sin que sea necesario, como declaró el Tribunal General en el apartado 443 de la sentencia recurrida, que tales dificultades constituyan circunstancias excepcionales. A su entender, basta que esas dificultades tengan un impacto significativo sobre las recurrentes, que les haga sufrir una desigualdad de trato con respecto a los otros participantes en esa infracción, para que den lugar a una corrección del importe de la multa.
La Comisión estima que este motivo debe desestimarse por infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En la primera parte de este motivo, las recurrentes reprochan, en esencia, al Tribunal General haber realizado, en el marco del control de legalidad de la Decisión controvertida en virtud del artículo 263 TFUE, una aplicación errónea de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad. Las recurrentes estiman que esos principios exigían que el Tribunal declarase que la Comisión, a la hora de determinar el importe de las multas, debía tener en cuenta el impacto manifiestamente más perjudicial de la multa impuesta a las recurrentes con respecto a los otros participantes en el cártel, como consecuencia del carácter menos diversificado de su actividad, lo cual, a su juicio, se refleja en la diferencia de porcentaje que representa la multa en el volumen de negocios total de las empresas afectadas.
Por lo que respecta a los elementos contenidos en el informe de la sociedad de asesoría al que se hace referencia en el apartado 400 de la sentencia recurrida, del apartado 401 de dicha sentencia se desprende que esencialmente por las razones expuestas en los apartados 274 y 275 de la mencionada sentencia, a saber, que ese informe tenía por objeto la evolución de la situación financiera de las recurrentes después de la adopción de la Decisión controvertida y que, por consiguiente, el referido informe no podía en ningún caso tener incidencia alguna sobre la legalidad de esa Decisión en el marco del control efectuado en virtud del artículo 263 TFUE, el Tribunal General consideró que no procedía tenerlos en cuenta a la hora de apreciar la legalidad de la multa.
Si bien es cierto que las recurrentes han hecho implícitamente alusión a una desnaturalización de esos elementos de prueba, en particular, al invocar, el supuesto desconocimiento por parte del Tribunal General del objeto del antedicho informe, la mera alusión a tal desnaturalización no cumple los requisitos establecidos por jurisprudencia del Tribunal de Justicia según los cuales el recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos que supuestamente han sido desnaturalizados y demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, llevaron al Tribunal General a cometer dicha desnaturalización (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión,
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P
,
EU:C:2004:6
, apartado
).
A continuación, por lo que atañe a la alegación basada en que no se tomó en consideración el porcentaje del importe de la multa impuesta a las recurrentes con respecto a su volumen de negocios global en comparación con los otros destinatarios de la Decisión controvertida y en la supuesta desigualdad de trato resultante de ello, debe observarse que, contrariamente a lo que alegan las recurrentes, el Tribunal General dio respuesta a esta cuestión en los apartados 397 a 399 de la sentencia recurrida.
En particular, el Tribunal General declaró acertadamente en el apartado 398 de esa sentencia que no es contrario a los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato que, en aplicación del método del cálculo del importe de base de las multas, previsto en el punto 13 de las Directrices de 2006, a una empresa cuyas actividades se concentran más que las de otras empresas en la venta de bienes o servicios vinculados directa o indirectamente con la infracción se le imponga una multa que represente una proporción de su volumen de negocios global más elevada que la que representan las multas impuestas respectivamente a cada una de las otras empresas. En efecto, el Tribunal General observó que era inherente a ese método de cálculo, que no se basa en el volumen de negocios global de las empresas afectadas, que surjan disparidades entre dichas empresas por lo que respecta a la relación entre ese volumen de negocios y el importe de las multas que se les imponen.
Pues bien, tal como el Tribunal General señaló en el apartado 397 de la sentencia recurrida, de jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, al determinar el importe de las multas, la Comisión no está obligada a garantizar que, en el caso de que tales multas se impongan a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas reflejen una diferencia entre las empresas afectadas en cuanto a su volumen de negocios global (sentencia de 28 de junio de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P
,
EU:C:2005:408
, apartado
).
Por lo que atañe a la supuesta vulneración del principio de igualdad de trato invocada por las recurrentes, suponiendo que la presente imputación tenga por objeto alegar que la Comisión debería haber descartado ese método decidiendo, por lo que respecta a las recurrentes, reducir el importe de la multa en razón del carácter menos diversificado de su actividad, procede señalar, al igual que hace la Abogado General en el punto 100 de sus conclusiones, que la diferencia de porcentaje que representaría la multa en el volumen de negocios total de las empresas afectadas no constituiría, en sí misma, un motivo suficiente para justificar que la Comisión descarte el método de cálculo que ella misma se ha dado. En efecto, ello equivaldría a favorecer a las empresas menos diversificadas, basándose en criterios que no son relevantes con respecto a la gravedad y la duración de la infracción. Pues bien, al determinar la cuantía de la multa, la aplicación de métodos de cálculo diferentes no debe dar lugar a una discriminación entre las empresas que han participado en un acuerdo o en una práctica concertada contrarios al artículo 101 TFUE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de julio de 2012, Alliance One International y Standard Commercial Tobacco/Comisión y Comisión/Alliance One International y otros,
C‑628/10 P y C‑14/11 P
,
EU:C:2012:479
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por lo que respecta a la alegación de las recurrentes, basada en el impacto que tendría una multa importante en su situación financiera, procede observar que el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que la Comisión no está obligada a tener en cuenta la situación económica de la empresa en cuestión, y, en particular, su capacidad financiera, al determinar el importe de la multa, ya que el reconocimiento de tal obligación equivaldría a procurar ventajas competitivas injustificadas a las empresas menos adaptadas a las condiciones del mercado (sentencia de 10 de mayo de 2007, SGL Carbon/Comisión,
C‑328/05 P
,
EU:C:2007:277
, apartado
y jurisprudencia citada).
Finalmente, las recurrentes no pueden alegar válidamente que tales consideraciones fueron tenidas en cuenta en otras decisiones de la Comisión, dado que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la práctica seguida anteriormente por la Comisión en sus decisiones no sirve de marco jurídico aplicable a las multas en materia de Derecho de la competencia (sentencia de 23 de abril de 2015, LG Display Taiwan/Comisión,
C‑227/14 P
,
EU:C:2015:258
, apartado
y jurisprudencia citada).
En estas circunstancias, la primera parte del tercer motivo no puede acogerse.
En la segunda parte de su tercer motivo, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber hecho un uso inadecuado de la competencia jurisdiccional plena que le confiere el artículo 261 TFUE, en relación con el artículo 31 del Reglamento n.
o
1/2003, por no reducir el importe de la multa para garantizar la igualdad de trato entre los participantes en el cártel.
Procede recordar que, con arreglo a las disposiciones a las que se hace referencia en el apartado precedente, el Tribunal General está facultado, más allá del mero control de la legalidad de las multas fijadas por la Comisión, para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, por consiguiente, para suprimir, reducir o aumentar la multa o la multa coercitiva impuesta (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión,
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, apartado
y jurisprudencia citada).
En cambio, no corresponde al Tribunal de Justicia, cuando se pronuncia sobre cuestiones de Derecho en un recurso de casación, sustituir, por razones de equidad, la apreciación del Tribunal General por la suya propia, cuando éste resuelve, en el ejercicio de su plena jurisdicción, sobre el importe de las multas impuestas a unas empresas por haber infringido éstas el Derecho de la Unión (sentencia de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión,
C‑501/11 P
,
EU:C:2013:522
, apartado
y jurisprudencia citada).
Sólo puede constatarse que el Tribunal General ha cometido un error de Derecho debido al carácter inapropiado del importe de la multa cuando el Tribunal de Justicia estima que el nivel de la sanción no sólo es inapropiado, sino también excesivo, hasta el punto de ser desproporcionado (sentencia de 18 de julio de 2013, Schindler Holding y otros/Comisión,
C‑501/11 P
,
EU:C:2013:522
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, de los apartados 433, 438 y 441 de la sentencia recurrida se desprende que, por lo que atañe al carácter supuestamente desproporcionado de la multa impuesta a las recurrentes, el Tribunal General procedió, en el marco de su competencia jurisdiccional plena, a un examen de las alegaciones de estas últimas, basadas, en primer lugar, en el hecho de que, debido al carácter menos diversificado de su actividad, el importe de dicha multa tuvo un efecto más gravoso para su situación financiera que la impuesta a las otras empresas afectadas y, en segundo lugar, en el hecho de que la referida multa tuvo como consecuencia un deterioro de su situación financiera. En este marco, el Tribunal General tuvo en cuenta los elementos contenidos en el informe de la sociedad de asesoría, al que se hace referencia en el apartado 55 de la presente sentencia.
Por lo que respecta a la primera alegación, tal como se desprende del apartado 64 de la presente sentencia, el Tribunal General declaró acertadamente en el apartado 438 de la sentencia recurrida que, las circunstancias invocadas por las recurrentes, suponiendo que estuviesen probadas, no eran relevantes a la hora de examinar el carácter proporcionado de la multa.
Por lo que atañe a la segunda alegación, de los apartados 441 y 442 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General consideró, acertadamente, que la existencia de eventuales dificultades financieras únicamente podía, por sí misma, justificar una reducción de la multa si se daban circunstancias excepcionales en las que un interés superior justificase dicha reducción. En efecto, como el Tribunal General ha observado, en esencia, en el apartado 441 de la sentencia recurrida, la toma en consideración automática de tales dificultades equivaldría a privar a las multas que la Comisión impone a las empresas en aplicación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento n
o
1/2003 de su efecto disuasorio.
Así pues, contrariamente a lo que alegan las recurrentes, el Tribunal General no declaró que el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena sólo podía efectuarse si se daban circunstancias excepcionales, sino que una reducción de la multa basada en la existencia de supuestas dificultades financieras sólo podía llevarse a cabo si esas dificultades tienen un carácter excepcional. En los apartados 434 y 443 de la sentencia recurrida, el Tribunal General consideró que, sobre la base de los elementos de que disponía, eso no era lo que ocurría en el caso de autos.
Por tanto, es preciso declarar que la segunda parte del tercer motivo, en la medida en que éste, por una parte, procede de una interpretación errónea de la sentencia y, por otra parte, pretende obtener un reexamen de las apreciaciones de los hechos del Tribunal General, que no corresponde al Tribunal de Justicia efectuar en el marco de un recurso de casación, debe desestimarse.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores se ha de inadmitir en parte el tercer motivo y desestimarlo por lo demás en cuanto infundado.
Al no poder acogerse ninguno de los tres motivos invocados por las recurrentes en apoyo de su recurso de casación, procede desestimar éste en su totalidad.
Costas
En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del referido Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Toda vez que se han desestimado los motivos de las recurrentes y que la Comisión ha solicitado su condena en costas, procede condenarlas al pago de las costas del presente procedimiento de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar en costas a Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive Deutschland GmbH, Pilkington Holding GmbH y Pilkington Italia SpA.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.