CELEX: 62015TJ0559
Responsabilidad extracontractual
Política exterior y de seguridad común
Medidas restrictivas adoptadas contra Irán
Congelación de fondos
Inclusión y mantenimiento del nombre de la parte demandante en las listas de personas y entidades a las que se aplican medidas restrictivas
Daño moral

Antecedentes del litigio
El presente asunto se inscribe en el marco de las medidas restrictivas instauradas con el fin de presionar a la República Islámica de Irán para que ponga fin a las actividades nucleares que presentan un riesgo de proliferación y al desarrollo de sistemas de vectores de armas nucleares (en lo sucesivo, «proliferación nuclear»).
La demandante, Post Bank Iran, es una sociedad constituida con arreglo al Derecho iraní que ejerce actividades de banco postal.
El 9 de junio de 2010, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1929 (2010), que ampliaba el alcance de las medidas restrictivas instituidas en las precedentes Resoluciones 1737 (2006), de 27 de diciembre de 2006, 1747 (2007), de 24 de marzo de 2007, y 1803 (2008), de 3 de marzo de 2008, e instauraba medidas restrictivas adicionales contra la República Islámica de Irán.
Por la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC (
DO 2010, L 195, p. 39
), el nombre de la demandante se incluyó en la lista que figura en el anexo II de dicha Decisión.
Como consecuencia de ello, el nombre de la demandante se incluyó en la lista que figura en el anexo V del Reglamento (CE) n.
o
423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán (
DO 2007, L 103, p. 1
).
La inscripción del nombre de la demandante en la lista mencionada en el apartado 5 anterior surtió efecto en la fecha de publicación del Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
423/2007 (
DO 2010, L 195, p. 25
), en el
Diario Oficial de la Unión Europea
, es decir, el 27 de julio de 2010, y tuvo como consecuencia la congelación de los fondos y de los recursos económicos de la demandante (en lo sucesivo, «medidas restrictivas»).
La inclusión del nombre de la demandante en las listas citadas en los apartados 4 y 5 anteriores se basó en los siguientes motivos:
«[La demandante] ha evolucionado de ser un banco nacional a ser un banco que facilita el comercio internacional de Irán. Actúa en nombre del Bank Sepah (señalado por [la Resolución 1747 del Consejo de Seguridad]), efectúa las transacciones del Bank Sepah y esconde la conexión de este con transacciones para eludir las sanciones. En 2009 [la demandante] facilitó las actividades por cuenta del Bank Sepah entre las industrias de la defensa iraníes y los beneficiarios del extranjero. Ha facilitado el comercio con sociedades ficticias para el Tranchon Commercial Bank de Corea del Norte, conocido por facilitar las actividades comerciales relacionadas con la proliferación entre Irán y Corea del Norte.»
Mediante escrito de 29 de julio de 2010, el Consejo de la Unión Europea informó a la demandante de que su nombre había sido incluido en las listas mencionadas en los apartados 4 y 5 anteriores, de las que se adjuntó una copia como anexo de dicho escrito.
Mediante escrito de 12 de septiembre de 2010, la demandante pidió al Consejo que revisara la inclusión de su nombre en las listas referidas atendiendo a la información que le remitía.
Mediante la Decisión 2010/644/PESC, de 25 de octubre de 2010, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (
DO 2010, L 281, p. 81
), el Consejo, tras revisar la situación de la demandante, mantuvo su nombre en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413, con efecto en esa misma fecha, por los siguientes motivos:
«[La demandante] ha evolucionado de ser un banco nacional a ser un banco que facilita el comercio internacional de Irán. Actúa en nombre del Bank Sepah (señalado por [la Resolución 1474 del Consejo de Seguridad]), efectúa las transacciones del Bank Sepah y esconde la conexión de este con transacciones para eludir las sanciones. En 2009 [la demandante] facilitó las actividades por cuenta del Bank Sepah entre las industrias de la defensa iraníes y los beneficiarios del extranjero. Ha facilitado el comercio con sociedades ficticias para el Tranchon Commercial Bank de Corea del Norte, conocido por facilitar las actividades comerciales relacionadas con la proliferación entre Irán y Corea del Norte.»
Con la adopción del Reglamento (UE) n.
o
961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento n.
o
423/2007 (
DO 2010, L 281, p. 1
), el nombre de la demandante se incluyó en la lista que figura en el anexo VIII de dicho Reglamento, con efecto a partir del 27 de octubre de 2010.
Mediante escrito de 28 de octubre de 2010, recibido por la demandante el 29 de octubre de 2010, el Consejo informó a esta última de que, tras haber revisado su situación atendiendo a las observaciones contenidas en el escrito de 12 de septiembre de 2010, se le debían seguir aplicando las medidas restrictivas.
Mediante escrito de 28 de diciembre de 2010, la demandante se opuso a los hechos que le imputaba el Consejo. Con el fin de ejercer su derecho de defensa, solicitó tener acceso al expediente.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de enero de 2011, la demandante interpuso un recurso dirigido sustancialmente a la anulación de las listas mencionadas en los apartados 4 y 5 anteriores, en la medida en que le concernían. Este recurso se registró con la referencia T‑13/11.
Mediante escrito de 22 de febrero de 2011, el Consejo puso en conocimiento de la demandante los extractos referidos a ella de las propuestas de inclusión en las listas transmitidas por los Estados miembros, tal como figuraban en sus notas de transmisión designadas con las referencias 13413/10 EXT 5, 13414/10 EXT 5 y 6723/11.
Mediante escrito de 29 de julio de 2011, la demandante negó nuevamente la realidad de los hechos que le imputaba el Consejo.
Con su Decisión 2011/783/PESC, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (
DO 2011, L 319, p. 71
), y su Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
1245/2011, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento n.
o
961/2010 (
DO 2011, L 319, p. 11
), el Consejo, tras haber examinado de nuevo la situación de la demandante, mantuvo su nombre en las listas que figuran en el anexo II de la Decisión 2010/413, en su versión modificada por la Decisión 2010/644, y en el anexo VIII del Reglamento n.
o
961/2010, con efecto, respectivamente, a partir del 1 y del 2 de diciembre de 2011.
Mediante escrito de 5 de diciembre de 2011, el Consejo informó a la demandante de que se le debían seguir aplicando las medidas restrictivas.
Mediante escrito de 13 de enero de 2012, la demandante volvió a solicitar el acceso al expediente.
La Decisión 2012/35/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (
DO 2012, L 19, p. 22
), entró en vigor el día de su adopción. Su artículo 1, apartado 7, modificó, a partir de esta última fecha, el artículo 20 de la Decisión 2010/413, al introducir, en particular, un nuevo criterio basado en el apoyo esencialmente financiero, ofrecido al Gobierno de Irán.
Mediante escrito de 21 de febrero de 2012, el Consejo trasmitió a la demandante documentos relativos a la «Decisión […] de 1 de diciembre de 2011 de mantener en vigor las medidas restrictivas adoptadas [contra ella]».
Con la adopción del Reglamento (UE) n.
o
267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento n.
o
961/2010 (
DO 2012, L 88, p. 1
), el nuevo criterio basado en el apoyo, en particular, financiero, ofrecido al Gobierno de Irán se introdujo en el artículo 23, apartado 2, letra d), de dicho Reglamento. Asimismo, el nombre de la demandante se incluyó, por los motivos mencionados en el apartado 10 anterior, en la lista que figura en el anexo IX del Reglamento n.
o
267/2012 (en lo sucesivo, conjuntamente con las listas que figuran en el anexo II de la Decisión 2010/413, en su versión modificada por la Decisión 2010/644, y en el anexo VIII del Reglamento n.
o
961/2010, «listas controvertidas»), con efecto a partir del 24 de marzo de 2012.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de junio de 2012, la demandante adaptó las pretensiones formuladas en el asunto T‑13/11 a fin de que estuvieran dirigidas sustancialmente a la anulación de todas las listas controvertidas, en la medida en que la concernían.
Mediante sentencia de 6 de septiembre de 2013, Post Bank Iran/Consejo (
T‑13/11
, no publicada,
EU:T:2013:402
), el Tribunal anuló, en particular, las listas controvertidas en la medida en que se referían a la demandante, por considerar que no estaban sustentadas por pruebas. Dicha sentencia no fue recurrida, por lo que devino firme y adquirió fuerza de cosa juzgada.
Mediante la Decisión 2013/661/PESC, de 15 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2010/413 (
DO 2013, L 306, p. 18
), y su Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
1154/2013, de 15 de noviembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento n.
o
267/2012 (
DO 2013, L 306, p. 3
), el Consejo mantuvo las medidas restrictivas adoptadas respecto a la demandante basándose en el nuevo criterio del apoyo, concretamente financiero, ofrecido al Gobierno de Irán. Estos actos entraron en vigor el 16 de noviembre de 2013, día de su publicación en el Diario Oficial.
Mediante sentencia presentada en la Secretaría del Tribunal el 29 de enero de 2014, la demandante interpuso un recurso de anulación de los actos de 15 de noviembre de 2013 que mantenían las medidas restrictivas adoptadas respecto a ella. Este recurso se registró con la referencia T‑68/14.
Mediante sentencia de 3 de mayo de 2016, Post Bank Iran/Consejo (
T‑68/14
, no publicada,
EU:T:2016:263
), el Tribunal desestimó el recurso y condenó en costas a la demandante.
Mediante escrito de 25 de julio de 2015, la demandante presentó al Consejo una reclamación previa de indemnización de los daños supuestamente sufridos como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas respecto a ella, en aplicación del Reglamento de Ejecución n.
o
668/2010 y de la Decisión 2010/413. El Consejo no respondió a este escrito.
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 25 de septiembre de 2015, la demandante interpuso el presente recurso. El asunto se atribuyó a la Sala Primera del Tribunal por razón de conexidad.
El 2 de febrero de 2016, el Consejo presentó el escrito de contestación.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de marzo de 2016, la Comisión Europea solicitó intervenir en el presente procedimiento, en apoyo de las pretensiones del Consejo.
El 12 de abril y el 4 de mayo de 2016, el Consejo y la demandante presentaron, respectivamente, sus observaciones sobre la demanda de intervención.
Mediante auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de 18 de mayo de 2016, adoptado de conformidad con el artículo 144, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, se admitió la intervención de la Comisión en el presente litigio.
El 27 de mayo de 2016, la demandante presentó el escrito de réplica.
El 22 de julio de 2016, el Consejo presentó el escrito de dúplica.
El 19 de julio de 2016, la Comisión presentó el escrito de formalización de la intervención. El 7 de septiembre y el 13 de octubre de 2016, el Consejo y la demandante presentaron, respectivamente, sus observaciones sobre este escrito.
A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Primera) acordó una diligencia de ordenación del procedimiento consistente en oír a las partes sobre la eventual suspensión del procedimiento a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia que pusiese fin a la instancia en el asunto C‑45/15 P, Safa Nicu Sepahan/Consejo. Las partes principales presentaron sus observaciones a este respecto dentro del plazo fijado.
Al haberse modificado la composición de las Salas del Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 27, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, el Juez Ponente fue adscrito a la Sala Primera, a la que, en consecuencia, se atribuyó el presente asunto.
A la vista de las observaciones presentadas por las partes principales, el Presidente de la Sala Primera del Tribunal decidió, mediante auto de 10 de octubre de 2016, suspender el procedimiento en el presente asunto.
Tras el pronunciamiento de la sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo (
C‑45/15 P
,
EU:C:2017:402
), el Tribunal (Sala Primera) acordó, a propuesta del Juez Ponente, una diligencia de ordenación del procedimiento consistente en oír a las partes sobre las consecuencias que extraían de dicha sentencia para el presente asunto. Las partes principales formularon sus observaciones a este respecto en el plazo fijado. En sus observaciones, la demandante indicó, en particular, que desistía de sus pretensiones indemnizatorias, en la medida en que tenían por objeto la indemnización de un daño material.
Ninguna de las partes principales solicitó que se celebrara una vista oral, de conformidad con el artículo 106, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, en el plazo fijado a tales efectos.
El 15 de diciembre de 2017, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Procedimiento y a propuesta de la Sala Primera, el Tribunal decidió remitir el presente asunto a la Sala ampliada.
A propuesta del Juez Ponente, el Tribunal decidió abrir la fase oral del procedimiento, recabar las observaciones de las partes principales acerca de la eventual acumulación del presente asunto con el asunto T‑558/15, Iran Insurance/Consejo, a efectos de la fase oral del procedimiento y formular algunas preguntas a las partes. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado en los plazos establecidos.
Mediante auto de 9 de febrero de 2018, el Presidente de la Sala Primera del Tribunal decidió acumular el presente asunto con el asunto T‑558/15 a efectos de la fase oral del procedimiento.
En la vista celebrada el 20 de marzo de 2018 se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal. En sus respuestas, la demandante precisó en particular la ilegalidad, constatada en la sentencia de 6 de septiembre de 2013, Post Bank Iran/Consejo (
T‑13/11
, no publicada,
EU:T:2013:402
), que invocaba en apoyo de su pretensión indemnizatoria, de lo que se dejó constancia en el acta de la vista.
Tras haber modificado sus pretensiones (véase el apartado 40 anterior), la demandante solicita al Tribunal, es esencia, que:
–
Condene al Consejo a abonarle una indemnización de un importe de 1000000 de euros, en concepto de reparación del daño moral sufrido a causa de la inclusión ilegal de su nombre en las listas controvertidas, entre los meses de julio de 2010 y de noviembre de 2013, en aplicación de lo dispuesto en la Decisión 2010/644, el Reglamento n.
o
961/2010, la Decisión 2011/783, el Reglamento de Ejecución n.
o
1245/2011 y el Reglamento n.
o
267/2012;
–
Condene en costas al Consejo.
El Consejo solicita al Tribunal, en esencia, que:
–
Desestime parcialmente el recurso por falta de competencia para conocer de él y, en todo lo demás, por ser manifiestamente infundado.
–
Condene en costas a la demandante.
La Comisión solicita que se desestime el recurso en su totalidad.
Fundamentos de Derecho
Sobre la competencia del Tribunal para conocer del recurso
[En su versión rectificada mediante auto de 21 de marzo de 2019] En la dúplica, el Consejo sostiene que, habida cuenta de que la demandante ha basado su pretensión indemnizatoria en la ilegalidad de la inclusión de su nombre en la lista que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413, en su versión modificada por la Decisión 2010/644, el Tribunal no es competente para conocer del presente recurso, debido a que el artículo 275 TFUE, párrafo segundo, no confiere al Tribunal competencia para pronunciarse sobre una pretensión de indemnización fundada en la ilegalidad de un acto perteneciente al ámbito de la política exterior y de seguridad común (PESC).
En sus respuestas escritas a las preguntas formuladas por el Tribunal (apartado 43 anterior), la demandante sostiene que la causa de inadmisión planteada por el Consejo es inadmisible, por ser tardía, y que es infundada, puesto que en el presente asunto los actos de política exterior y seguridad común se aplicaron mediante reglamentos adoptados en virtud del artículo 215 TFUE.
A este respecto, es preciso recordar que una causa de inadmisión que se ha invocado en la fase de dúplica, cuando podría haberse invocado ya en la fase de contestación a la demanda, debe considerarse tardía (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de febrero de 2016, Jannatian/Consejo,
T‑328/14
, no publicada,
EU:T:2016:86
, apartado
). Por consiguiente, la presente causa de inadmisión, que podría haber sido planteada por el Consejo ya en el escrito de contestación, es extemporánea y, por tanto, inadmisible.
No obstante, a tenor del artículo 129 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, de oficio y tras oír a las partes, resolver sobre las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público, entre las que figura, según la jurisprudencia, la competencia del juez de la Unión para conocer del recurso (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de marzo de 1980, Ferriera Valsabbia y otros/Comisión,
154/78, 205/78, 206/78, 226/78 a 228/78, 263/78, 264/78, 31/79, 39/79, 83/79 y 85/79
,
EU:C:1980:81
, apartado
, y de 17 de junio de 1998, Svenska Journalistförbundet/Consejo,
T‑174/95
,
EU:T:1998:127
, apartado
).
Pues bien, del artículo 24 TUE, apartado 1, párrafo segundo, sexta frase, y del artículo 275 TFUE, párrafo primero, resulta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es competente, en principio, para pronunciarse sobre las disposiciones de Derecho primario relativas a la PESC ni sobre los actos jurídicos adoptados sobre la base de estas. Solo con carácter excepcional, con arreglo al artículo 275 TFUE, párrafo segundo, los órganos jurisdiccionales de la Unión son competentes en el ámbito de la PESC. Esta competencia comprende, por una parte, el control del respeto del artículo 40 TUE y, por otra parte, los recursos de anulación interpuestos por particulares, en las condiciones contempladas en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, contra medidas restrictivas adoptadas por el Consejo en el ámbito de la PESC. En cambio, el artículo 275 TFUE, párrafo segundo, no confiere al Tribunal de Justicia competencia alguna para conocer de ningún tipo de recurso de indemnización (sentencia de 18 de febrero de 2016, Jannatian/Consejo,
T‑328/14
, no publicada,
EU:T:2016:86
, apartado
).
De lo anterior resulta que un recurso de indemnización que tenga por objeto la indemnización del daño supuestamente sufrido como consecuencia de la adopción de un acto en materia de política exterior y de seguridad común excede de la competencia del Tribunal (sentencia de 18 de febrero de 2016, Jannatian/Consejo,
T‑328/14
, no publicada,
EU:T:2016:86
, apartado
).
Por el contrario, el Tribunal siempre ha reconocido su competencia para conocer de una pretensión de indemnización del daño supuestamente sufrido por una persona o una entidad como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas respecto a ella, de conformidad con el artículo 215 TFUE (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de julio de 2007, Sison/Consejo,
T‑47/03
, no publicada,
EU:T:2007:207
, apartados
a
, y de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartados
a
).
En el presente asunto, las medidas restrictivas adoptadas frente a la demandante, respectivamente, por la Decisión 2010/644 y la Decisión 2011/783, fueron aplicadas por el Reglamento n.
o
961/2010, el Reglamento de Ejecución n.
o
1245/2011 y el Reglamento n.
o
267/2012, adoptados de conformidad con el artículo 215 TFUE.
De lo anterior resulta que, si bien el Tribunal no es competente para conocer de la pretensión de indemnización de la demandante por cuanto está dirigida a obtener la reparación del daño que alega haber sufrido como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas respecto a ella en la Decisión 2010/644 y en la Decisión 2011/783, por el contrario, sí lo es para conocer de esa misma pretensión por cuanto se dirige a la reparación del daño que alega haber sufrido como consecuencia de la aplicación de dichas medidas por el Reglamento n.
o
961/2010, el Reglamento de Ejecución n.
o
1245/2011 y el Reglamento n.
o
267/2012 (en lo sucesivo, «actos controvertidos»).
En consecuencia, procede examinar el presente recurso únicamente en la medida en que tiene por objeto la indemnización del daño que la demandante alega haber sufrido por el hecho de que las medidas restrictivas adoptadas respecto a ella en la Decisión 2010/644 y en la Decisión 2011/783 fueron aplicadas por los actos controvertidos.
Sobre la admisibilidad del recurso
Sin formular una excepción mediante acto separado, la Comisión sostiene que en la fecha de interposición del presente recurso, el 25 de septiembre de 2015, ya había transcurrido el plazo de cinco años establecido por el artículo 46 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, habida cuenta de que tiene por objeto la indemnización de un daño que supuestamente se materializó antes del 25 de octubre de 2010. La Comisión alega que, por tanto, conforme a lo establecido por la jurisprudencia, el presente recurso debe ser declarado parcialmente inadmisible. A su juicio, la prescripción parcial del recurso puede ser examinada de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público.
El Consejo aduce que en el presente asunto no parece plantearse la cuestión de la prescripción, en la medida en que la demandante solo solicita una indemnización por la inclusión de su nombre en las listas controvertidas con posterioridad al 25 de septiembre de 2010. Indica, no obstante, que si se diera una situación de prescripción, esta podría ser apreciada de oficio, puesto que se trata de una cuestión de orden público.
La demandante solicita que se desestime la presente causa de inadmisión por ser inadmisible y no poder ser examinada de oficio por el Tribunal, puesto que no se trata de una causa de inadmisión de orden público. Alega que, en cualquier caso, dicha causa de inadmisión es infundada. Añade que la cuestión de la prescripción dejó de tener interés a raíz de que ella retirara su pretensión de indemnización del perjuicio material.
En relación con la presente causa de inadmisión alegada por la Comisión, procede señalar que las pretensiones del Consejo dirigidas a la desestimación del presente recurso no descansan en modo alguno en la prescripción parcial de la acción en la que se basa el presente recurso. Pues bien, a tenor de los artículos 40, párrafo cuarto, y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como del artículo 142, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, las pretensiones de la demanda de intervención no podrán tener otro fin que apoyar las pretensiones de una de las partes. Asimismo, de conformidad con el artículo 142, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el coadyuvante aceptará el litigio en el estado en que se encuentre en el momento de su intervención.
De lo expuesto anteriormente resulta que la coadyuvante carece de legitimación para proponer de forma autónoma una causa de inadmisión, por lo que el Tribunal no está obligado a examinar de oficio los motivos invocados exclusivamente por esta que no sean de orden público (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión,
C‑313/90
,
EU:C:1993:111
, apartado
, y de 3 de julio de 2007, Au Lys de France/Comisión,
T‑458/04
, no publicada,
EU:T:2007:195
, apartado
).
Por otra parte, ya se ha declarado que en la medida en que la acción por responsabilidad extracontractual de la Unión se rige, en virtud del artículo 340 TFUE, por los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros y en que del examen comparado de los sistemas jurídicos de los Estados miembros se deduce que, por regla general y con pocas excepciones, el Juez no puede plantear de oficio el motivo basado en la prescripción de la acción, no procedía examinar de oficio el problema de la posible prescripción de la acción de que se trata (sentencias de 30 de mayo de 1989, Roquette frères/Comisión,
20/88
,
EU:C:1989:221
, apartados
y
, y de 8 de noviembre de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión,
C‑469/11 P
,
EU:C:2012:705
, apartado
).
Por consiguiente, procede desestimar por inadmisible la causa de inadmisión propuesta por la Comisión.
Sobre la admisibilidad de los elementos de prueba presentados como anexo a la réplica
En la dúplica, el Consejo, apoyado por la Comisión, solicita que se declare la inadmisibilidad, por ser tardíos, de los elementos de prueba presentados en los anexos R.1 a R.15 de la réplica. En su opinión, dichos elementos de prueba podrían, y deberían, haberse presentado en la fase de demanda, de conformidad con lo establecido por la jurisprudencia.
En sus respuestas escritas a las preguntas del Tribunal (véase el apartado 43 anterior), el Consejo y la Comisión reconocían que, al haberse modificado las pretensiones formuladas en el recurso (véase el apartado 40 anterior), ya no es necesario un pronunciamiento sobre la admisibilidad de los elementos de prueba presentados en los anexos R.2 a R.15 de la réplica, que únicamente concernían al daño material supuestamente sufrido por la demandante.
La demandante también admite que debido a la modificación de sus pretensiones (véase el apartado 40 anterior), la causa de inadmisión tan solo es pertinente respecto el anexo R.1 de la réplica. Solicita que se desestime la causa de inadmisión, por considerar que el anexo R.1 de la réplica incluye elementos de prueba adicionales de hechos suficientemente acreditados en la demanda y que son necesarios para rebatir las alegaciones que el Consejo formula en el escrito de defensa. Alega que el Consejo podría haber ejercido plenamente su derecho de defensa atendiendo a esos elementos de prueba en la dúplica. Añade que la Comisión también tuvo la posibilidad de verificar y apreciar dichos elementos.
En el presente asunto, de las pretensiones modificadas de la demandante resulta que su recurso está dirigido a obtener una indemnización en concepto de reparación del daño moral que alega haber sufrido a raíz de que el Consejo adoptara los actos controvertidos. Así pues, se trata de un recurso mediante el que la demandante persigue que se cuestione la responsabilidad extracontractual de la Unión.
Pues bien, según reiterada jurisprudencia, en el marco de un recurso de responsabilidad extracontractual incumbe a la parte demandante aportar elementos de prueba al juez de la Unión a fin de demostrar la realidad y el alcance del daño que alega haber sufrido [véase la sentencia de 28 de enero de 2016, Zafeiropoulos/Cedefop,
T‑537/12
, no publicada,
EU:T:2016:36
, apartado
y jurisprudencia citada; sentencia de 26 de abril de 2016, Strack/Comisión,
T‑221/08
,
EU:T:2016:242
, apartado
(no publicado)].
Ciertamente, el juez de la Unión ha reconocido que en algunos casos particulares, concretamente cuando resulta difícil cuantificar el perjuicio alegado, no es indispensable precisar en la demanda su alcance exacto ni cuantificar el importe de la reparación reclamada (véase la sentencia de 28 de febrero de 2013, Inalca y Cremonini/Comisión,
C‑460/09 P
,
EU:C:2013:111
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, el recurso fue interpuesto el 25 de septiembre de 2015 y en él la demandante cuantificó el daño moral que estimaba haber sufrido sobre la base de las pruebas que aportó como anexo.
Con carácter previo, procede recordar que, conforme al artículo 76, letra f), del Reglamento de Procedimiento, que entró en vigor el 1 de julio de 2015 y, por tanto, es aplicable a este asunto, toda demanda debe contener las pruebas y la proposición de prueba, si ha lugar.
Por otro lado, el artículo 85, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento dispone que las pruebas y la proposición de prueba se presentarán en el primer turno de escritos de alegaciones. El apartado 2 del mismo artículo añade que en la réplica y en la dúplica las partes principales podrán aún aportar pruebas o proponer pruebas en apoyo de sus alegaciones, a condición de que justifiquen el retraso con que lo hacen. En este último caso, conforme al artículo 85, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal se pronunciará acerca de la admisibilidad de las pruebas aportadas o de las proposiciones de prueba formuladas después de haber ofrecido a las demás partes la posibilidad de pronunciarse sobre ellas.
La norma de caducidad prevista en el artículo 85, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento no afecta a la prueba en contrario ni a la ampliación de la proposición de prueba formuladas a raíz de la prueba en contrario aportada por la parte adversa [véase la sentencia de 22 de junio de 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl),
T‑236/16
,
EU:T:2017:416
, apartado
y jurisprudencia citada].
De la jurisprudencia relativa a la aplicación de la norma de caducidad establecida en el artículo 85, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento resulta que las partes deben motivar el retraso en la presentación de las pruebas o proposiciones de prueba nuevas (sentencia de 18 de septiembre de 2008, Angé Serrano y otros/Parlamento,
T‑47/05
,
EU:T:2008:384
, apartado
) y que el juez de la Unión tiene la facultad de controlar la fundamentación del motivo del retraso en la presentación de dichas pruebas o propuestas de prueba y, si procede, el contenido de estas últimas, así como, en el caso de que la presentación tardía no se haya justificado de forma suficiente en Derecho o no esté fundada, la facultad de rechazarlas (sentencias de 14 de abril de 2005, Gaki-Kakouri/Tribunal de Justicia,
C‑243/04 P
, no publicada,
EU:C:2005:238
, apartado
, y de 18 de septiembre de 2008, Angé Serrano y otros/Parlamento,
T‑47/05
,
EU:T:2008:384
, apartado
).
Ya se ha declarado que la presentación tardía, por una parte, de pruebas o de proposiciones de prueba podía estar justificada por el hecho de que esa parte no pudiera disponer con anterioridad de las pruebas en cuestión o porque la presentación tardía de la parte contraria justifique que se completen los autos para garantizar el respeto del principio de contradicción (sentencias de 14 de abril de 2005, Gaki-Kakouri/Tribunal de Justicia,
C‑243/04 P
, no publicada,
EU:C:2005:238
, apartado
, y de 18 de septiembre de 2008, Angé Serrano y otros/Parlamento,
T‑47/05
,
EU:T:2008:384
, apartado
).
En el presente asunto, la demandante presentó tardíamente, en el anexo R.1 de la réplica, un determinado número de pruebas en apoyo de la pretensión de indemnización por el daño moral supuestamente sufrido, sin precisar el motivo de tal retraso.
Habida cuenta de que en las respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal (véase el apartado 43 anterior) la demandante alegó que el anexo R.1 de la réplica contenía elementos de prueba adicionales de hechos suficientemente acreditados en la demanda, esta justificación debe rechazarse por ser inoperante, puesto que la mera circunstancia de que los hechos ya se hubieran demostrado no puede justificar la presentación tardía de nuevos elementos de prueba.
Dado que en esas mismas respuestas la demandante manifestó que el anexo R.1 de la réplica incluía elementos de prueba necesarios para rebatir las alegaciones formuladas por el Consejo en el escrito de contestación, es preciso señalar que los elementos de prueba que figuran en dicho anexo fueron presentados por la demandante con el único fin de demostrar, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 70 anterior, la realidad y el alcance del daño moral alegado, según se había cuantificado en la demanda, y no para desvirtuar elementos de prueba presentados por el Consejo como anexo al escrito de contestación. El hecho de que, en dicho escrito, el Consejo alegara que la demandante no había acreditado de forma suficiente en Derecho la realidad y el alcance del daño supuestamente sufrido no puede analizarse como una prueba en contrario, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 75 anterior, y no permite considerar los elementos que figuran en el anexo R.1 de la réplica como una ampliación de propuestas de prueba presentadas a raíz de una prueba en contrario, ni considerar que, en consecuencia, la presentación tardía de tales elementos de prueba estaba justificada por la necesidad de responder a las alegaciones del Consejo y de garantizar el respeto del principio de contradicción.
De lo anterior resulta que los elementos de prueba presentados en el anexo R.1 de la réplica se deben rechazar por ser inadmisibles y, por consiguiente, no se tendrán en cuenta en el examen del fondo del recurso.
Sobre el fondo
En virtud del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, «en materia de responsabilidad extracontractual, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros». Según reiterada jurisprudencia, para que nazca la responsabilidad extracontractual de la Unión, con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo, por comportamiento ilícito de sus órganos, es necesario que concurran una serie de requisitos: ilegalidad del comportamiento imputado a la institución, realidad del perjuicio y existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado (véanse las sentencias de 9 de septiembre de 2008, FIAMM y otros/Consejo y Comisión
C‑120/06 P y C‑121/06 P
,
EU:C:2008:476
, apartado
y jurisprudencia citada; de 11 de julio de 2007, Schneider Electric/Comisión,
T‑351/03
,
EU:T:2007:212
, apartado
, y de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartado
).
En apoyo del presente recurso, la demandante alega que en este asunto concurren los tres requisitos mencionados.
El Consejo, apoyado por la Comisión, solicita la desestimación del presente recurso por ser infundado, habida cuenta de que la demandante, aun cuando le incumbe hacerlo, no aporta la prueba de que concurran todos los requisitos necesarios para el nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Unión.
Según reiterada jurisprudencia, los requisitos para el nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Unión, conforme al artículo 340 TFUE, párrafo segundo, enumerados en el apartado 82 anterior, son acumulativos (sentencia de 7 de diciembre de 2010, Fahas/Consejo,
T‑49/07
,
EU:T:2010:499
, apartados
y
, y auto de 17 de febrero de 2012, Dagher/Consejo,
T‑218/11
, no publicado,
EU:T:2012:82
, apartado
). De ello resulta que, en el supuesto de que no se cumpla uno de esos requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad (sentencia de 26 de octubre de 2011, Dufour/BCE,
T‑436/09
,
EU:T:2011:634
, apartado
).
Así pues, procede verificar si en el presente asunto la demandante cumple con la obligación que le incumbe de aportar la prueba de la ilicitud del comportamiento que reprocha al Consejo, consistente en la adopción de los actos controvertidos, de la realidad del perjuicio moral que alega haber sufrido y de la existencia de una relación de causalidad entre la adopción de tales actos y el perjuicio que invoca.
Sobre la ilegalidad alegada
La demandante sostiene que se cumple el requisito relativo a la ilegalidad del comportamiento de una institución, puesto que la adopción de los actos controvertidos constituye una infracción suficientemente caracterizada, por parte del Consejo, de una norma jurídica que tiene por objeto conferir derechos a los particulares, que, conforme a lo establecido por la jurisprudencia, puede dar nacimiento a la responsabilidad extracontractual de la Unión.
A este respecto, la demandante sostiene que la inclusión y el mantenimiento de su nombre en las listas controvertidas, en aplicación de los actos controvertidos, son manifiestamente ilegales, como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 6 de septiembre de 2013, Post Bank Iran/Consejo (
T‑13/11
, no publicada,
EU:T:2013:402
). Añade que las disposiciones legales que se han infringido en el presente asunto están destinadas sustancialmente a proteger los intereses individuales de las personas y de las entidades afectadas, a las que confieren derechos (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartados
y
).
Según la demandante, constituye una infracción suficientemente caracterizada de dichas disposiciones el hecho de que el Consejo incluya o mantenga el nombre de una persona en las listas pese a no disponer de datos o elementos de prueba que acrediten, de manera suficiente en Derecho, la fundamentación de las medidas restrictivas adoptadas (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartados
,
y
). La demandante alega que, en el presente asunto, el Consejo adoptó los actos controvertidos en virtud de los cuales, entre julio de 2010 y noviembre de 2013, le fueron aplicadas medidas restrictivas sin disponer del más mínimo elemento de prueba del comportamiento que se le imputaba.
Por último, la demandante sostiene que el Consejo no puede pretender que las disposiciones que infringió fueran vagas, ambiguas o poco claras, puesto que en el momento de la adopción de los actos controvertidos estaba claro que el Consejo debía aportar elementos de prueba en apoyo de las medidas restrictivas que instituía.
El Consejo, apoyado por la Comisión, no rebate la ilegalidad de los actos controvertidos, pero considera que no puede dar lugar al nacimiento de la responsabilidad extracontractual de la Unión, puesto que no constituye una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica que tenga por objeto conferir derechos a los particulares. Sostiene que solo se podría haber constatado la existencia de tal infracción si se hubiera demostrado, conforme a lo establecido en la jurisprudencia, que el Consejo vulneró de manera grave y manifiesta los límites impuestos a su facultad de apreciación, lo que a su juicio no ocurre en el presente asunto.
En la sentencia de 6 de septiembre de 2013, Post Bank Iran/Consejo (
T‑13/11
, no publicada,
EU:T:2013:402
), el Tribunal declaró la ilegalidad de los actos controvertidos.
No obstante, cabe recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal, la declaración de la ilegalidad de un acto jurídico no basta, por lamentable que sea, para considerar que concurra el requisito para generar la responsabilidad de la Unión relativo a la ilegalidad de la actuación imputada a las instituciones (sentencia de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartado
; véanse también, en este sentido, las sentencias de 6 de marzo de 2003, Dole Fresh Fruit International/Consejo y Comisión,
T‑56/00
,
EU:T:2003:58
, apartados
a
, y de 23 de noviembre de 2011, Sison/Consejo,
T‑341/07
,
EU:T:2011:687
, apartado
). La posible anulación de actos del Consejo que hayan dado lugar a los daños y perjuicios invocados por la demandante, aun cuando tal anulación la decida una sentencia del Tribunal dictada antes de la interposición del recurso indemnizatorio, no es la prueba
iuris et de iure
de una violación suficientemente caracterizada por parte de esa institución que permita declarar
ipso iure
la responsabilidad extracontractual de la Unión (sentencia de 13 de diciembre de 2017, HTTS/Consejo,
T‑692/15
, recurrida en casación,
EU:T:2017:890
, apartado
).
El requisito del comportamiento ilegal de las instituciones de la Unión exige que se produzca una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica cuyo objeto sea conferir derechos a los particulares (véase la sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
C‑45/15 P
,
EU:C:2017:402
, apartado
y jurisprudencia citada).
La exigencia de una infracción suficientemente caracterizada de una norma jurídica cuyo objeto sea conferir derechos a los particulares pretende, cualquiera que sea la naturaleza del acto ilícito de que se trate, evitar que el riesgo de tener que cargar con las indemnizaciones de los daños alegados por las personas interesadas menoscabe la capacidad de la institución de que se trate de ejercer plenamente sus competencias en vista del interés general, tanto en el marco de su actividad normativa o que implique decisiones de política económica como en la esfera de su competencia administrativa, sin que recaigan sobre terceros, no obstante, las consecuencias de incumplimientos flagrantes e inexcusables (véanse las sentencias de 23 de noviembre de 2011, Sison/Consejo,
T‑341/07
,
EU:T:2011:687
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartado
).
Después de identificar las normas jurídicas cuya infracción es invocada en el presente asunto por la demandante, procederá examinar, en primer lugar, si esas normas tienen por objeto conferir derechos a los particulares y, en segundo lugar, si el Consejo incurrió en una infracción suficientemente caracterizada de dichas normas.
–
Sobre las normas jurídicas cuya infracción se invoca
En la vista, en respuesta a las preguntas orales formuladas por el Tribunal, la demandante precisó, acerca de las normas jurídicas cuya infracción había sido declarada en la sentencia de 6 de septiembre de 2013, Post Bank Iran/Consejo (
T‑13/11
, no publicada,
EU:T:2013:402
), que remitía únicamente a la constatación que se hacía en los apartados 133 y 134 de dicha sentencia, de que en la medida en que aplicaban el criterio de la «ayuda» ofrecida a una persona o a una entidad cuyo nombre estuviera incluido en las listas para infringir o evadir medidas restrictivas, los actos controvertidos carecían de fundamentación, dado que no se sustentaban en pruebas, e infringían, en esencia, el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413, el artículo 16, apartado 2, letra b), del Reglamento n.
o
961/2010 y el artículo 23, apartado 2, letra b), del Reglamento n.
o
267/2012.
–
Sobre la cuestión de si los normas jurídicas cuya infracción se invoca tienen por objeto conferir derechos a los particulares
Según la jurisprudencia, las disposiciones que enuncian, con carácter limitativo, los requisitos con arreglo a los cuales pueden adoptarse medidas restrictivas tienen esencialmente por objeto proteger los intereses individuales de las personas y de las entidades que pueden verse afectados por tales medidas, limitando los supuestos en que la ley permite la aplicación de tales medidas (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartado
; véase también, en este sentido y por analogía, la sentencia de 23 de noviembre de 2011, Sison/Consejo,
T‑341/07
,
EU:T:2011:687
, apartado
).
Dichas disposiciones garantizan, por lo tanto, la protección de los intereses individuales de las personas y de las entidades que pueden verse afectadas y, en consecuencia, debe considerarse que son normas jurídicas que tienen por objeto conferir derechos a los particulares. Si no concurren los requisitos de fondo en cuestión, la persona o la entidad afectadas tienen derecho, en efecto, a que no se les impongan las medidas restrictivas. Ese derecho implica necesariamente que el particular o la entidad a los que se imponen las medidas restrictivas en circunstancias no previstas por las disposiciones de que se trata puedan reclamar una indemnización por las consecuencias perjudiciales de tales medidas, si se evidencia que su imposición se funda en una vulneración suficientemente caracterizada de las normas de fondo aplicadas por el Consejo (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartado
; véase también, en este sentido y por analogía, la sentencia de 23 de noviembre de 2011, Sison/Consejo,
T‑341/07
,
EU:T:2011:687
, apartado
y jurisprudencia citada).
De lo anterior resulta que las normas cuya infracción invoca la demandante en el presente asunto son normas jurídicas que confieren derechos a los particulares, entre los que figura ella, como persona afectada por los actos controvertidos.
–
Sobre la cuestión de si el Consejo cometió una infracción suficientemente caracterizada de las normas jurídicas cuya infracción se invoca
El Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de precisar que la vulneración de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares se puede considerar suficientemente caracterizada cuando implica una inobservancia manifiesta y grave, por parte de la institución de que se trata, de los límites impuestos a su facultad de apreciación, siendo los elementos que procede considerar a este respecto, entre otros, el grado de claridad y de precisión de la norma vulnerada y la amplitud del margen de apreciación que la norma infringida dejaba a las autoridades de la Unión (véase la sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
C‑45/15 P
,
EU:C:2017:402
, apartado
y jurisprudencia citada).
Según la jurisprudencia, cuando dichas autoridades solo dispongan de un margen de apreciación considerablemente reducido, o incluso inexistente, la mera infracción del Derecho de la Unión puede bastar para demostrar la existencia de una infracción suficientemente caracterizada (véase la sentencia de 11 de julio de 2007, Sison/Consejo,
T‑47/03
, no publicada,
EU:T:2007:207
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por último, de la jurisprudencia se desprende que, en cualquier caso, una violación del Derecho de la Unión es manifiestamente caracterizada cuando ha perdurado a pesar de haberse dictado una sentencia en la que se declara la existencia del incumplimiento reprochado, de una sentencia prejudicial o de una jurisprudencia reiterada del juez de la Unión en la materia, de las que resulte el carácter de infracción del comportamiento controvertido (véase la sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
C‑45/15 P
,
EU:C:2017:402
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el momento en que el Consejo adoptó los actos controvertidos, a saber, entre el 25 de octubre de 2010 y el 23 de marzo de 2012, de la jurisprudencia ya se desprendía de forma clara y precisa que, en caso de impugnación, el Consejo debía aportar datos y elementos de prueba que acreditaran que se cumplían los requisitos de aplicación del criterio de la «ayuda» para infringir o evadir medidas restrictivas, enunciado en el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413, en el artículo 16, apartado 2, letra b), del Reglamento n.
o
961/2010 y en el artículo 23, apartado 2, letra b), del Reglamento n.
o
267/2012. Asimismo, el Tribunal de Justicia se vio llamado a constatar, sobre la base de una jurisprudencia anterior a la adopción de los actos controvertidos, que la obligación que incumbía al Consejo de aportar, en caso de impugnación, los datos o los elementos de prueba que sustentaran las medidas restrictivas adoptadas frente a una persona o a una entidad resultaba de una jurisprudencia consolidada (véase la sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
C‑45/15 P
,
EU:C:2017:402
, apartados
a
y jurisprudencia citada).
Por otro lado, en la medida en que la obligación del Consejo de verificar y acreditar la fundamentación de las medidas restrictivas adoptadas frente a una persona o una entidad con anterioridad a su adopción está dictada por el respeto de los derechos fundamentales de la persona o de la entidad de que se trate y, en particular, de su derecho a la tutela judicial efectiva, este no dispone de margen de apreciación a tal respecto (sentencia de 18 de febrero de 2016, Jannatian/Consejo,
T‑328/14
, no publicada,
EU:T:2016:86
, apartado
; véase también, en este sentido, la sentencia de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartados
a
). Así pues, en el presente asunto, el Consejo no disponía de ningún margen de apreciación en orden al cumplimiento de dicha obligación.
Por tanto, en el presente asunto, al no respetar su obligación de acreditar los actos controvertidos, el Consejo incurrió en una vulneración suficientemente caracterizada de una norma jurídica que confiere derechos a los particulares, a saber, la demandante.
En consecuencia, el requisito relativo a la ilegalidad del comportamiento imputado al Consejo, consistente en la adopción de los actos controvertidos, se cumple en relación con las normas jurídicas invocadas por la demandante, cuya infracción se constata en los apartados 133 y 134 de la sentencia de 6 de septiembre de 2013, Post Bank Iran/Consejo (
T‑13/11
, no publicada,
EU:T:2013:402
).
Sobre el daño alegado y la existencia de una relación de causalidad entre la ilegalidad del comportamiento imputado y ese daño
La demandante aduce que demostró el carácter real y cierto del daño moral que sufrió como consecuencia de los actos controvertidos. Alega que dichos actos, en la medida en que afectaron a su reputación, le han causado un daño moral importante, que evalúa
ex aequo et bono
en 1 millón de euros, como ya había indicado en el escrito que remitió al Consejo el 25 de julio de 2015. Sostiene, a este respecto, que en una situación comparable, el juez de la Unión ya declaró e indemnizó el daño moral sufrido por una sociedad por haberse atentado contra su reputación (sentencia de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartados
y
).
Contrariamente a lo alegado por el Consejo, sobre la base de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en lo sucesivo, «TEDH»), a saber, la sentencia del TEDH de 19 de julio de 2011, Uj c. Hungría (CE:ECHR:2011:0719JUD002395410), la demandante considera que las sociedades tienen una dimensión moral y pueden sufrir un daño moral, por ejemplo en el caso de que se atente contra su reputación y su capacidad de desarrollar sus actividades comerciales. La demandante sostiene que la referencia que hace el Consejo a dicha sentencia del TEDH es inadecuada, puesto que solo examina la protección de la reputación en relación con eventuales restricciones a la libertad de expresión. A su juicio, el mantenimiento de una buena reputación es un factor de especial importancia en el mercado bancario, que señala como su ámbito de actividad, en la medida en que este mercado se basa en relaciones de confianza entre los operadores. La demandante alega que antes de que se adoptaran los actos controvertidos gozaba de buena reputación a nivel internacional, de lo que da testimonio el hecho de que ejerciera actividades bancarias a ese nivel. Añade que realizó inversiones considerables en la publicidad de sus servicios internacionales en Irán a fin de transmitir una imagen de operador financiero internacional. En su opinión, los actos controvertidos, que asociaron su nombre a una amenaza grave para la paz y la seguridad internacionales y la abocaron al cese involuntario de sus actividades en la Unión, afectaron de manera negativa a su reputación. La demandante pone de manifiesto que la reanudación de las relaciones con sus socios profesionales del sector, como Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), y con sus antiguos clientes en el mercado financiero internacional será costosa. Afirma que, en cualquier caso, cuando en el ámbito comercial un operador cesa involuntariamente su actividad, el perjuicio a su reputación y a su credibilidad es evidente e inevitable. Sostiene que para restablecer su reputación sería necesario realizar una campaña publicitaria mundial, cuyo coste estima en 45 millones de dólares estadounidenses (USD) (aproximadamente 38,7 millones de euros). Añade que no ha evaluado con precisión los costes vinculados al restablecimiento de su reputación, por lo que el Tribunal podría designar, en el marco de una diligencia de prueba, a un perito independiente para que efectuara dicha evaluación. En último lugar, la demandante aduce que no es necesario demostrar que haya soportado gastos, en especial de publicidad, para restablecer su reputación. Considera que basta con demostrar la existencia de un atentado contra su reputación, cuyo restablecimiento exige necesariamente gastos considerables.
El Consejo, apoyado por la Comisión, sostiene que el requisito de la existencia de un perjuicio no concurre en el presente asunto. Afirma que los actos controvertidos no eran sanciones de naturaleza penal impuestas a la demandante y no tenían por objeto causarle un perjuicio, sino que estaban destinados únicamente a disuadir de la proliferación nuclear. Alega que, por tanto, la demandante no fue estigmatizada como una organización que constituyera, en cuanto tal, una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y que, por lo demás, esta no aportó ninguna prueba en tal sentido. El Consejo precisa que la demandante únicamente fue identificada como una persona que facilitó operaciones comerciales vinculadas a la proliferación nuclear, lo que en su opinión era suficiente para justificar la inclusión de su nombre en las listas controvertidas. Sostiene que la demandante no ha aportado ninguna prueba de que hubiera sufrido un daño moral a raíz de la adopción de tales actos, como exige la jurisprudencia. Añade que nada demuestra que gozara de buena reputación a nivel internacional, que hubiera sufrido un lucro cesante como consecuencia de que se hubiera atentado contra su reputación, ni que hubiese debido hacer frente a gastos generados en campañas publicitarias o de otro tipo para restablecer su reputación. En opinión del Consejo, el artículo de prensa aportado como anexo a la demanda, que versa sobre el coste estimado de una campaña publicitaria mundial, carece de pertinencia porque se refiere a una sociedad sin conexión con la demandante, dado que opera en un sector de actividad y en un continente distintos de los suyos y carece de relación con las medidas restrictivas adoptadas por la Unión. A su juicio, las alegaciones de la demandante que figuran en la réplica no demuestran la existencia de un atentado contra su reputación, en particular fuera de Irán, y, en consecuencia, de un daño moral vinculado a él. Asimismo, el Consejo considera que la demandante no aporta ninguna explicación ni ningún elemento de prueba en apoyo de sus alegaciones de que será costos reanudar las relaciones con SWIFT. Añade que, en cualquier caso, como declaró el TEDH en el apartado 22 de la sentencia de 19 de julio de 2011, Uj c. Hungría (CE:ECHR:2011:0719JUD002395410), existe una diferencia entre el atentado contra la reputación comercial de una sociedad y el atentado contra la reputación de una persona que afecte a su posición social, el primero de los cuales carece de dimensión moral. Señala que el propio Tribunal se refirió a esta jurisprudencia en un asunto relativo a medidas restrictivas (sentencia de 12 de febrero de 2015, Akhras/Consejo,
T‑579/11
, no publicada,
EU:T:2015:97
, apartado
). A juicio del Consejo, al pedir al Tribunal que designe a un perito en el marco de una diligencia de prueba, la demandante intenta eludir la obligación que le incumbe de acreditar la existencia del daño que alega haber sufrido y de cuantificarlo. Sostiene que en el supuesto de que el Tribunal estimara que se ha generado la responsabilidad extracontractual de la Unión, debería considerar, de conformidad con la jurisprudencia, que la anulación de los actos controvertidos ha constituido una reparación adecuada del perjuicio moral sufrido por la demandante. Indica que, en cualquier caso, el importe de 1 millón de euros reclamado por la demandante en concepto de reparación del perjuicio moral sufrido es excesivo, atendiendo a la jurisprudencia, y no se ha acreditado.
La Comisión añade que el tipo de daño moral invocado por la demandante, a saber, el coste de una campaña publicitaria dirigida a restablecer su imagen, se confunde con un perjuicio material, del que le incumbe probar el carácter real y concreto.
En cuanto concierne al requisito de la realidad del daño, según la jurisprudencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de enero de 1982, De Franceschi/Consejo y Comisión,
51/81
,
EU:C:1982:20
, apartado
; de 13 de noviembre de 1984, Birra Wührer y otros/Consejo y Comisión,
256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 y 282/82
,
EU:C:1984:341
, apartado
, y de 16 de enero de 1996, Candiotte/Consejo,
T‑108/94
,
EU:T:1996:5
, apartado
), la responsabilidad extracontractual de la Unión solo se genera si el demandante efectivamente ha sufrido un daño real y cierto. Incumbe al demandante probar que dicho requisito se ha cumplido (véase la sentencia de 9 de noviembre de 2006, Agraz y otros/Comisión,
C‑243/05 P
,
EU:C:2006:708
, apartado
y jurisprudencia citada) y, más concretamente, aportar pruebas concluyentes tanto de la existencia como del alcance del daño (véase la sentencia de 16 de septiembre de 1997, Blackspur DIY y otros/Consejo y Comisión,
C‑362/95 P
,
EU:C:1997:401
, apartado
y jurisprudencia citada).
De modo más específico, toda pretensión de reparación de un daño, se trate de un daño material o moral, a título simbólico o para la obtención de una verdadera indemnización, debe precisar la naturaleza del daño alegado en relación con el comportamiento que se imputa y, aunque sea aproximativamente, evaluar el total de ese daño (véase la sentencia de 26 de febrero de 2015, Sabbagh/Consejo,
T‑652/11
, no publicada,
EU:T:2015:112
, apartado
y jurisprudencia citada).
A efectos de la indemnización del perjuicio que ella califica de «moral», la demandante remite a un atentado contra su reputación como consecuencia de que se asociara su nombre a una amenaza grave para la paz y la seguridad internacionales, cuya realidad es puesta de manifiesto por el hecho de que la adopción de los actos controvertidos afectó al comportamiento de terceros respecto a ella y cuyo alcance se puede medir en relación con el coste de la inversión publicitaria que deberá realizar para restablecer dicha imagen.
El daño que la demandante pide que se repare, en concepto de perjuicio moral, es de naturaleza inmaterial y corresponde a un atentado contra su imagen y su reputación.
Pues bien, de la jurisprudencia dictada sobre la base del artículo 268 TFUE, en relación con el artículo 340 TFUE, párrafo segundo, resulta que, en principio, puede concederse a una persona jurídica una indemnización en concepto de perjuicio moral (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de enero de 1999, BAI/Comisión,
T‑230/95
,
EU:T:1999:11
, apartado
, y de 15 de octubre de 2008, Camar/Comisión,
T‑457/04 y T‑223/05
, no publicada,
EU:T:2008:439
, apartado
y jurisprudencia citada) y que tal perjuicio puede adoptar la forma de un atentado contra la imagen o la reputación de dicha persona (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de julio de 1999, New Europe Consulting y Brown/Comisión,
T‑231/97
,
EU:T:1999:146
, apartados
y
; de 8 de noviembre de 2011, Idromacchine y otros/Comisión,
T‑88/09
,
EU:T:2011:641
, apartados
a
, y de 25 de noviembre de 2014, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
T‑384/11
,
EU:T:2014:986
, apartados
a
).
Teniendo en cuenta que el Consejo pretende hacer valer la jurisprudencia del TEDH, ha de recordarse que este no excluye, a la vista de su propia jurisprudencia y a la luz de tal práctica, que se pueda producir, también en el caso de una sociedad mercantil, un daño no material que pueda dar lugar a una reparación pecuniaria, que dependerá de las circunstancias de cada caso (TEDH, sentencia de 6 de abril de 2000, Comingersoll S.A. c. Portugal, CE:ECHR:2000:0406JUD003538297, §§ 32 y 35). Ese daño puede comportar para dicha sociedad elementos más o menos «objetivos» y «subjetivos», entre los que figura la reputación de la empresa, cuyas consecuencias no se prestan a un cálculo exacto (TEDH, sentencia de 6 de abril de 2000, Comingersoll S.A. c. Portugal, CE:ECHR:2000:0406JUD003538297, § 35). Como resulta de la sentencia del TEDH de 2 de febrero de 2016, Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e index.hu Zrt c. Hungría (CE:ECHR:2016:0202JUD002294713), § 84, esta jurisprudencia del TEDH no fue cuestionada por la sentencia del TEDH de 19 de julio de 2011, Uj c. Hungría (CE:ECHR:2011:0719JUD002395410), citada por el Consejo, que únicamente precisó que el daño inmaterial sufrido por una sociedad era de naturaleza comercial más que moral.
Así pues, procede rechazar tanto las alegaciones de la Comisión de que el perjuicio moral que la demandante alega haber sufrido es un perjuicio material como las alegaciones del Consejo de que la demandante, por su condición de sociedad mercantil, no puede ser indemnizada por un perjuicio moral sufrido a causa de un atentado contra su reputación.
En lo atinente a la realidad del perjuicio moral supuestamente sufrido, cabe recordar que, en cuanto concierne más en particular a ese perjuicio, si la presentación de pruebas o de proposiciones de prueba no se considera necesariamente un requisito del reconocimiento de tal perjuicio, cuando menos incumbe a la parte demandante probar que el comportamiento que imputa a la institución de que se trata podía causarle tal daño (véase la sentencia de 16 de octubre de 2014, Evropaïki Dynamiki/Comisión,
T‑297/12
, no publicada,
EU:T:2014:888
, apartado
y jurisprudencia citada; véase también, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 1999, BAI/Comisión,
T‑230/95
,
EU:T:1999:11
, apartado
).
Por otro lado, si bien en la sentencia de 28 de mayo de 2013, Abdulrahim/Consejo y Comisión (
C‑239/12 P
,
EU:C:2013:331
), el Tribunal de Justicia declaró que la anulación de medidas restrictivas ilegales podía constituir una forma de reparación del perjuicio moral sufrido, de ello no se deduce que tal forma de reparación sea necesariamente suficiente, en todos los casos, para garantizar la reparación íntegra de dicho perjuicio, puesto que toda decisión a este respecto debe adoptarse sobre la base de una apreciación de las circunstancias del caso concreto (véase, en este sentido, la sentencia de 30 de mayo de 2017, Safa Nicu Sepahan/Consejo,
C‑45/15 P
,
EU:C:2017:402
, apartado
).
En el presente asunto, los únicos elementos de prueba admisibles presentados por la demandante no permiten, no obstante, constatar que el reconocimiento de la ilegalidad del comportamiento imputado al Consejo y la anulación de los actos controvertidos no fueran suficientes, en cuanto tales, para reparar el perjuicio moral que la demandante alega haber sufrido como consecuencia de que los actos controvertidos atentaran contra su reputación.
Por consiguiente, y sin que sea necesario examinar el requisito de la existencia de una relación de causalidad, procede desestimar la pretensión de indemnización del perjuicio moral formulada por la demandante y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por el Consejo.
A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. Por consiguiente, la Comisión cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera ampliada)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Post Bank Iran cargará con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

3)
La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

Pelikánová
Valančius
Nihoul
Svenningsen
Öberg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de diciembre de 2018.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.