CELEX: 62015CJ0657
Recurso de casación
Ayudas de Estado
Artículo 107 TFUE, apartado 1
Servicio público de radiodifusión
Medidas adoptadas por las autoridades danesas en relación con la entidad danesa de radiodifusión TV2/Danmark
Concepto de “ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales”
Sentencia Altmark

En su recurso de casación, Viasat Broadcasting UK Ltd (en lo sucesivo, «Viasat») solicita la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de septiembre de 2015, TV2/Danmark/Comisión (T‑674/11; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»;
EU:T:2015:684
), mediante la que ese Tribunal, por una parte, anuló la Decisión 2011/839/UE de la Comisión, de 20 de abril de 2011, sobre las medidas ejecutadas por Dinamarca C 2/03 a favor de TV2/Danmark (
DO 2011, L 340, p. 1
; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), por cuanto la Comisión había considerado que los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996 transferidos a TV2/Danmark a través del Fondo de TV2 constituían ayudas de Estado, y, por otra parte, desestimó en todo lo demás el recurso de TV2/Danmark A/S tendente a la anulación parcial de dicha Decisión.
Antecedentes de hecho del litigio
TV2/Danmark es una sociedad danesa de radiodifusión creada en 1986. Constituida en un primer momento con la forma de empresa estatal autónoma, se transformó posteriormente en sociedad anónima, con efectos contables y fiscales a partir del 1 de enero de 2003. TV2/Danmark es la segunda emisora pública de televisión en Dinamarca, siendo la primera Danmarks Radio.
La misión de TV2/Danmark consiste en producir y difundir programas de televisión de cobertura regional y nacional. Tal difusión puede realizarse en particular mediante equipos de radio, por satélite o por cable. El ministro de Cultura establece las obligaciones de servicio público que incumben a TV2/Danmark.
Además de los entes públicos de radiodifusión, existen en el mercado danés de televisión empresas de radiodifusión. Se trata, en particular, por una parte, de Viasat Broadcasting UK Ltd (en lo sucesivo, «Viasat»), y, por otra, del grupo formado por SBS TV A/S y SBS Danish Television Ltd (en lo sucesivo, «SBS»).
TV2/Danmark fue constituida con ayuda de un préstamo del Estado con intereses y su actividad debía financiarse, al igual que la de Danmarks Radio, mediante el producto del canon pagado por todos los telespectadores daneses. No obstante, el legislador decidió que TV2/Danmark, contrariamente a Danmarks Radio, podría también percibir ingresos generados concretamente por la publicidad.
A raíz de una denuncia presentada el 5 de abril de 2000 por SBS Broadcasting SA/Tv Danmark, el sistema de financiación de TV2/Danmark fue objeto de examen por parte de la Comisión en su Decisión 2006/217/CE, de 19 de mayo de 2004, sobre las medidas de Dinamarca a favor de TV2/Danmark (
DO 2006, L 85, p. 1
, con corrección de errores en
DO 2006, L 368, p. 112
; en lo sucesivo, «Decisión TV2 I»). Esta Decisión cubría el período comprendido entre 1995 y 2002, y se refería a las siguientes medidas: ingresos derivados del canon; transferencias de fondos destinados a la financiación de TV2/Danmark (Fondo de TV2 y Radiofonden); cantidades concedidas
ad hoc
; exención del impuesto de sociedades; exención de abono de intereses y de reembolso del principal de los préstamos otorgados a TV2/Danmark en el momento de su constitución; garantía estatal para los préstamos de explotación y, por último, las condiciones favorables para el pago del canon adeudado por TV2/Danmark por la utilización de la frecuencia de emisión de cobertura nacional (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «medidas en cuestión»). Finalmente, la Comisión investigó también la autorización concedida a TV2/Danmark para emitir en red por las frecuencias de cobertura local, así como la obligación de difundir los programas de servicio público de TV2 que se impuso a todos los propietarios de una instalación de antena colectiva.
Acabado el examen de las medidas en cuestión, la Comisión estimó que constituían ayudas de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, debido a que el régimen de financiación de TV2/Danmark, cuya finalidad era compensar el coste de las prestaciones de servicio público de dicha empresa, no cumplía ni el segundo ni el cuarto de los cuatro requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg (
C‑280/00
; en lo sucesivo, respecto a estos requisitos, requisitos Altmark;
EU:C:2003:415
).
La Comisión decidió además que las citadas ayudas, concedidas entre el año 1995 y el año 2002 por el Reino de Dinamarca a TV2/Danmark, eran compatibles con el mercado interior conforme al artículo 106 TFUE, apartado 2, con excepción de un importe de 628,2 millones de coronas danesas (DKK) (85 millones de euros, aproximadamente), que calificó de «compensación excesiva». Así pues, ordenó al Reino de Dinamarca que recuperara de TV2/Danmark ese importe junto con los correspondientes intereses.
La Decisión TV2 I fue objeto de cuatro recursos de anulación interpuestos, por una parte, por TV2/Danmark (asunto T‑309/04) y por el Reino de Dinamarca (asunto T‑317/04), y, por otra, por los competidores de TV2/Danmark, Viasat (asunto T‑329/04) y SBS (asunto T‑336/04).
Mediante sentencia de 22 de octubre de 2008, TV2/Danmark y otros/Comisión (
T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 y T‑336/04
,
EU:T:2008:457
), el Tribunal General anuló la citada Decisión. En su sentencia, ese Tribunal consideró que la Comisión había concluido acertadamente que la misión de servicio público confiada a TV2/Danmark correspondía a la definición de servicio de interés económico general de radiodifusión. No obstante, constató asimismo la existencia de varias ilegalidades que viciaban la Decisión TV2 I.
Así, en primer lugar, al examinar la cuestión de si las medidas contempladas por la Decisión TV2 I comprometían fondos estatales, el Tribunal General constató que la Comisión, a efectos de la calificación o no como fondos estatales, no había motivado su apreciación en cuanto a la toma en consideración,
de facto
, de los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996. En segundo lugar, el Tribunal General constató que el examen, por parte de la Comisión, de la cuestión de si se cumplían los requisitos Altmark segundo y cuarto no se basaba en un análisis riguroso de las condiciones jurídicas y económicas específicas a la luz de las cuales se había determinado el producto del canon que correspondía a TV2/Danmark. Por consiguiente, la Decisión TV2 I adolecía de falta de motivación a este respecto. En tercer lugar, el citado Tribunal constató que las apreciaciones de la Comisión relativas a la compatibilidad de la ayuda a la luz del artículo 106 TFUE, apartado 2, y en especial en lo relativo a la existencia de una compensación excesiva, también adolecían de falta de motivación. Según el Tribunal General, esta falta de motivación resultaba de la inexistencia de un examen riguroso de las condiciones jurídicas y económicas específicas bajo las que se determinó el producto del canon que correspondía a TV2/Danmark durante el período de investigación.
Tras la anulación de la Decisión TV2 I, la Comisión volvió a examinar las medidas en cuestión. Con tal ocasión, dicha institución consultó al Reino de Dinamarca y a TV2/Danmark y recibió, además, observaciones de terceros.
Al término de dicho examen, la Comisión adoptó la Decisión controvertida.
Esta Decisión se refiere a las medidas adoptadas en relación con TV2/Danmark entre el año 1995 y el año 2002. No obstante, en su examen, la Comisión tuvo en cuenta igualmente las medidas de recapitalización adoptadas en el curso de 2004 a raíz de la Decisión TV2 I.
En la Decisión controvertida, la Comisión mantuvo su posición en cuanto a la calificación de las medidas en cuestión de «ayudas de Estado», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En un primer momento, consideró que los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996 constituían fondos estatales y, en un momento posterior, al verificar la existencia de una ventaja selectiva, concluyó que las medidas en cuestión no cumplían los requisitos Altmark segundo y cuarto. En cambio, mientras que en la Decisión TV2 I la Comisión había considerado que la cantidad de 628,2 millones de DKK (85 millones de euros, aproximadamente) constituía una compensación excesiva incompatible con el artículo 106 TFUE, apartado 2, en la Decisión controvertida estimó que esta suma era una reserva de fondos propios adecuada para TV2/Danmark. En la parte dispositiva de esta Decisión, dicha institución declaró lo siguiente:
«Artículo 1
Las medidas ejecutadas por Dinamarca a favor de TV2/Danmark entre 1995 y 2002 consistentes en un canon y otras medidas abordadas en la presente Decisión son compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 106 [TFUE], apartado 2 […]».
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 30 de diciembre de 2011, TV2/Danmark interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación parcial de la Decisión controvertida.
Con carácter principal, TV2/Danmark solicitó al Tribunal General que anulara la Decisión controvertida por cuanto la Comisión había considerado que las medidas en cuestión constituían ayudas de Estado, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
Con carácter subsidiario, TV2/Danmark solicitó al Tribunal General que anulara la Decisión controvertida en la medida en que la Comisión había concluido en la misma que:
–
todas las medidas en cuestión constituían ayudas nuevas;
–
los fondos procedentes del canon que de 1997 a 2002 se transfirieron a TV2/Danmark y posteriormente a las emisoras regionales de TV2/Danmark constituían ayudas de Estado concedidas a TV2/Danmark;
–
los ingresos publicitarios que, en 1995 y en 1996, así como al proceder a la liquidación del Fondo de TV2 en 1997, fueron transferidos de dicho fondo a TV2/Danmark constituían ayudas de Estado concedidas a TV2/Danmark.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General anuló la Decisión controvertida, por cuanto la Comisión había considerado que los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996 transferidos a TV2/Danmark a través del Fondo de TV2 constituían ayudas de Estado, y desestimó el recurso en todo lo demás.
Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación, Viasat solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.
–
Anule los fundamentos de la sentencia recurrida por los que el Tribunal General consideró que la tercera parte del primer motivo invocado por TV2/Danmark era fundado.
–
Desestime el recurso de anulación interpuesto por TV2/Danmark, apoyado por el Reino de Dinamarca.
–
Condene en costas a TV2/Danmark y al Reino de Dinamarca.
TV2/Danmark solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a Viasat.
El Reino de Dinamarca solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, Viasat invoca dos motivos.
Sobre el primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo de casación, Viasat sostiene que, al considerar que los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996, transferidos a TV2/Danmark a través de TV2 Reklame y del Fondo de TV2, no constituían fondos estatales, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y que, por consiguiente, la Comisión no los debería haber calificado, en la Decisión controvertida, de ayuda de Estado, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
Viasat alega que tales ingresos estaban bajo el control y a disposición del Estado danés, debido a que, antes de ser transferidos a TV2/Danmark, se encontraban en poder de dos empresas públicas controladas por dicho Estado, a saber, TV2 Reklame y el Fondo de TV2. En consecuencia, aquélla estima que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se cumplía el requisito necesario, y suficiente, para que esos ingresos constituyan fondos estatales, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, con independencia de su origen.
Pues bien, Viasat señala que, en este caso, TV2 Reklame pertenece por completo al Estado danés y es controlada por éste y que las decisiones de esta empresa son imputables a dicho Estado, puesto que es el ministro de Cultura el que, con el acuerdo de la Comisión de Finanzas del Parlamento danés, decidía la afectación de los beneficios de TV2 Reklame.
Según Viasat, la transferencia de los fondos de que se trata a través del Fondo de TV2 no afecta en modo alguno a su condición de fondos estatales, dado que el Fondo de TV2 también es una empresa pública controlada por el Estado danés.
Viasat considera que, debido a estas circunstancias, el presente asunto se distingue muy claramente de los que dieron lugar a las sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra (
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
), y de 5 de marzo de 2009, UTECA (
C‑222/07
,
EU:C:2009:124
), que trataban de situaciones en las que los fondos en cuestión no habían abandonado en ningún momento el ámbito privado.
Al igual que Viasat, la Comisión considera que, al declarar que los ingresos transferidos por TV2 Reklame a TV2/Danmark a través del Fondo de TV2 no constituían fondos estatales, en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y que la Comisión había efectuado, en la Decisión controvertida, una apreciación y una aplicación erróneas del segundo requisito Altmark, el Tribunal General cometió errores de Derecho.
TV2/Danmark y el Reino de Dinamarca refutan esta alegación.
Sostienen éstos, en lo esencial, que los ingresos publicitarios de que se trata no constituían fondos estatales, ni por tanto ayudas de Estado, debido a que no procedían del Estado danés, sino de la actividad de TV2/Danmark, y que la circunstancia de que TV2 Reklame y el Fondo de TV2 fueran entidades públicas pertenecientes al Estado danés y controladas por éste era irrelevante al respecto.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la calificación de «ayuda» en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, exige que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposición (véase la sentencia de 17 de julio de 2008, Essent Netwerk Noord y otros,
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, apartado
y jurisprudencia citada).
La mencionada disposición establece cuatro requisitos. En primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. En segundo lugar, la intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En tercer lugar, debe conferir una ventaja a su beneficiario. En cuarto lugar, debe falsear o amenazar con falsear la competencia (véanse las sentencias de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg,
C‑280/00
,
EU:C:2003:415
, apartado
; de 17 de julio de 2008, Essent Netwerk Noord y otros,
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, apartado
, y de 19 de diciembre de 2013, Association Vent De Colère! y otros,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, apartado
).
En el caso presente, sólo el primero de estos requisitos es controvertido.
Por lo que se refiere a este requisito, relativo a que la ventaja sea otorgada directa o indirectamente mediante fondos estatales, debe recordarse que pueden estar comprendidas dentro del concepto de «ayuda», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, medidas que no impliquen una transferencia de fondos estatales (véanse, en particular, las sentencias de 16 de mayo de 2002, Francia/Comisión,
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, apartado
; de 30 de mayo de 2013, Doux Élevage y Coopérative agricole UKL-ARREE,
C‑677/11
,
EU:C:2013:348
, apartado
, y de 19 de diciembre de 2013, Association Vent De Colère! y otros,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, apartado
).
Así, el concepto de intervención «mediante fondos estatales», en el sentido de la citada disposición, está destinado a incluir, además de las ventajas concedidas directamente por el Estado, las otorgadas por medio de organismos públicos o privados, designados o instituidos por el Estado para gestionar la ayuda (véanse las sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra,
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
, apartado
; de 30 de mayo de 2013, Doux Élevage y Coopérative agricole UKL-ARREE,
C‑677/11
,
EU:C:2013:348
, apartado
, y de 19 de diciembre de 2013, Association Vent De Colère! y otros,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, apartado
).
En efecto, el Derecho de la Unión no puede admitir que el mero hecho de crear instituciones autónomas encargadas de la distribución de ayudas permita eludir las normas relativas a las ayudas de Estado (véase la sentencia de 16 de mayo de 2002, Francia/Comisión,
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, apartado
).
De otro lado, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 107 TFUE, apartado 1, comprende todos los medios económicos que las autoridades públicas pueden efectivamente utilizar para apoyar a las empresas, independientemente de que dichos medios pertenezcan o no de modo permanente al patrimonio del Estado. Por consiguiente, aun cuando las sumas correspondientes a la medida que se discute no estén de manera permanente en poder de la Hacienda Pública, el hecho de que permanezcan constantemente bajo control público y, por tanto, a disposición de las autoridades nacionales competentes, basta para que se las califique como «fondos estatales» (véanse las sentencias de 16 de mayo de 2002, Francia/Comisión,
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, apartado
; de 17 de julio de 2008, Essent Netwerk Noord y otros,
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, apartado
; de 30 de mayo de 2013, Doux Élevage y Coopérative agricole UKL-ARREE,
C‑677/11
,
EU:C:2013:348
, apartado
, y de 19 de diciembre de 2013, Association Vent De Colère! y otros,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, apartado
).
De lo anterior se desprende que, desde el momento en que los recursos de empresas públicas están sometidos al control del Estado y se encuentran por tanto a disposición del mismo, tales recursos están comprendidos en el concepto de «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. En efecto, mediante el ejercicio de su influencia dominante sobre dichas empresas, el Estado puede perfectamente orientar la utilización de los recursos de éstas para financiar, en su caso, la concesión de ventajas específicas a otras empresas (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de mayo de 2002, Francia/Comisión,
C‑482/99
,
EU:C:2002:294
, apartado
).
La circunstancia de que los fondos de que se trate estén gestionados por entidades distintas de la autoridad pública o que sean de origen privado es irrelevante a este respecto (véanse, en este sentido, las sentencias de 2 de julio de 1974, Italia/Comisión,
173/73
,
EU:C:1974:71
, apartado
, y de 8 de mayo de 2003, Italia y SIM 2 Multimedia/Comisión,
C‑328/99 y C‑399/00
,
EU:C:2003:252
, apartado
).
Tal como indica el Tribunal General en el apartado 176 de la sentencia recurrida, en el curso de 1995 y de 1996 los espacios publicitarios de TV2/Danmark no se comercializaban por la propia TV2/Danmark, sino por una sociedad tercera, TV2 Reklame, y el producto de esta comercialización era transferido a TV2/Danmark a través del Fondo de TV2.
A este respecto, no se cuestiona que, lo mismo que TV2/Danmark, TV2 Reklame y el Fondo de TV2 eran empresas públicas pertenecientes al Estado danés, a las que se encomendó la gestión de la transferencia, a TV2/Danmark, de los ingresos procedentes de la comercialización de dichos espacios publicitarios.
Así, la vía seguida por estos ingresos hasta su transferencia a TV2/Danmark se regía íntegramente por la legislación danesa, en virtud de la cual empresas públicas específicamente encargadas por el Estado tenían la misión de gestionar dichos ingresos.
Los ingresos de que se trata se encontraban, por ello, bajo control público y a disposición del Estado, que podía decidir su afectación.
En consecuencia, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia recordada en los apartados 35 a 40 de la presente sentencia, los ingresos de que se trata constituyen «fondos estatales», en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.
De lo anterior resulta que, al declarar, en el apartado 220 de la sentencia recurrida, que los ingresos de los años 1995 y 1996, procedentes de la comercialización, por TV2 Reklame, de los espacios publicitarios de TV2/Danmark, y transferidos a esta última a través del Fondo de TV2, no constituían fondos estatales y que, por consiguiente, la Comisión los había calificado erróneamente de «ayuda de Estado», el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
Tal como ya se ha recordado en el apartado 40 de la presente sentencia y contrariamente a lo que se desprende del apartado 211 de la sentencia recurrida, el hecho de que los referidos ingresos, que procedían de los anunciantes, fueran de origen privado es irrelevante a este respecto y carece de pertinencia en lo atinente a la cuestión de si estaban controlados por las autoridades danesas.
Por otra parte, el Tribunal General consideró erróneamente, en los apartados 208 y 212 de la sentencia recurrida, que fondos gestionados por empresas públicas sólo podían, cuando procedían de terceros, constituir fondos estatales cuando se ponían voluntariamente a disposición del Estado por sus propietarios o eran abandonados por éstos y el Estado asumía su gestión.
En efecto, en contra de lo afirmado por el Tribunal General, semejante consideración no encuentra ningún fundamento en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
Lo mismo sucede con las consideraciones que figuran en los apartados 214, 215 y 217 de la sentencia recurrida, según las cuales sólo la parte de estos ingresos que, por decisión del ministro de Cultura, no era transferida a TV2/Danmark podía constituir fondos estatales y que la inexistencia de obligación de transferir cada año dichos ingresos del Fondo de TV2 a TV2/Danmark no podía llevar a una apreciación diferente.
En efecto, tal como se ha declarado en los apartados 41 a 44 de la presente sentencia, la existencia de un control público sobre los ingresos publicitarios de que se trata resultaba del hecho de que éstos eran gestionados por empresas públicas pertenecientes al Estado danés. Por otro lado, consta que, en virtud de la legislación danesa, el ministro de Cultura tenía la posibilidad de decidir que tales ingresos fueran afectados a un fin distinto de una transferencia al Fondo de TV2.
Por último, la situación concurrente en el presente asunto no es comparable a aquella de que se trataba en el asunto que dio lugar a la sentencia de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra (
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
), mediante la que el Tribunal de Justicia declaró que la obligación, impuesta a las empresas privadas suministradoras de electricidad, de adquirir a precios mínimos establecidos la electricidad procedente de fuentes de energía renovables no suponía ninguna transferencia directa o indirecta de recursos estatales a las empresas que producen este tipo de electricidad (véanse las sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra,
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
, apartado
; de 17 de julio de 2008, Essent Netwerk Noord y otros,
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, apartado
, y de 19 de diciembre de 2013, Association Vent De Colère! y otros,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, apartado
).
En efecto, en este último asunto se trataba de empresas privadas que no estaban encargadas por el Estado miembro en cuestión de gestionar un recurso estatal, sino que tenían una obligación de compra utilizando sus propios recursos financieros (véanse las sentencias de 17 de julio de 2008, Essent Netwerk Noord y otros,
C‑206/06
,
EU:C:2008:413
, apartado
, y de 19 de diciembre de 2013, Association Vent De Colère! y otros,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, apartado
, así como el auto de 22 de octubre de 2014, Elcogás,
C‑275/13
, no publicado,
EU:C:2014:2314
, apartado
).
Por otro lado, en dicho asunto, los fondos de que se trataba no podían considerarse fondos estatales, ya que en ningún momento estaban bajo control público (véase la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Association Vent De Colère! y otros,
C‑262/12
,
EU:C:2013:851
, apartado
, y el auto de 22 de octubre de 2014, Elcogás,
C‑275/13
, no publicado,
EU:C:2014:2314
, apartado
).
Ahora bien, tal como ya se ha señalado, en el presente asunto se trata de empresas públicas, en este caso TV2 Reklame y el Fondo de TV2, creadas por el Estado danés, pertenecientes a éste y a las que encargó la gestión de los ingresos procedentes de la comercialización de los espacios publicitarios de otra empresa pública, a saber, TV2/Danmark, de tal manera que esos ingresos se encontraban bajo control y a disposición del Estado danés.
Por consiguiente, al declarar, en el apartado 213 de la sentencia recurrida, que la situación controvertida en el presente asunto era análoga a aquella de que se trataba en el asunto que dio lugar a la sentencia de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra (
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
), el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
En estas circunstancias, procede estimar el primer motivo invocado por Viasat en apoyo de su recurso de casación y anular la sentencia recurrida, en la medida en que mediante ésta se anuló la Decisión controvertida por cuanto la Comisión había considerado que los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996 transferidos a TV2/Danmark a través del Fondo de TV2 constituían ayudas de Estado.
Sobre el segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su segundo motivo de casación, Viasat reprocha al Tribunal General el haber declarado, en el apartado 106 de la sentencia recurrida, que la Decisión controvertida adolecía de un error de Derecho en lo referente al alcance del segundo requisito Altmark.
Por otro lado, según Viasat, el Tribunal General no basó su apreciación a este respecto en los fundamentos de la propia Decisión controvertida, sino en la interpretación de ésta dada, en el curso del proceso, por la Comisión. Afirma aquélla que, de este modo, dicho Tribunal excedió los límites de su control.
A este respecto, Viasat alega que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en los apartados 97, 99 y 104 a 106 de la sentencia recurrida, los considerandos pertinentes de la mencionada Decisión no indican en modo alguno que el segundo requisito Altmark «incluye el concepto de eficiencia del beneficiario de la compensación».
Viasat considera que este requisito obliga a que los parámetros en virtud de los cuales se calcula la compensación se establezcan previamente de manera objetiva y transparente y que el mismo trata de evitar todo recurso abusivo al concepto de «servicio público».
La Comisión comparte la argumentación de Viasat. Dicha institución recuerda que, en el marco del asunto C‑649/15 P, que ha dado lugar a la sentencia TV2/Danmark/Comisión, dictada este día, en relación con el recurso de casación interpuesto por TV2/Danmark contra la sentencia recurrida, solicitó al Tribunal de Justicia que procediera a una sustitución de fundamentos jurídicos, en la medida en que el Tribunal General constató que se cumplía el segundo requisito Altmark en lo referente a la ayuda de Estado en favor de TV2/Danmark.
TV2/Danmark y el Reino de Dinamarca cuestionan la admisibilidad del segundo motivo de casación, debido a que Viasat no ostenta un interés que permita al Tribunal de Justicia ejercer un control sobre los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida relativos a este segundo requisito, dado que el fallo de esa sentencia es favorable a Viasat y no contiene ningún elemento relativo a dicho requisito.
En cuanto al fondo, TV2/Danmark sostiene que el Tribunal General basó su apreciación relativa al alcance del segundo requisito Altmark tanto en la motivación de la Decisión controvertida como en la interpretación de ésta aportada por la Comisión en la fase escrita del procedimiento contencioso.
En cualquier caso, TV2/Danmark estima que, en el presente asunto, los parámetros para el cálculo de la compensación estaban previamente establecidos, de manera objetiva y transparente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Ha de recordarse que, con arreglo al artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, «las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General tal y como figura en el fallo de dicha resolución».
En el presente asunto, sin embargo, las pretensiones del recurso de casación relativas al segundo motivo invocado por Viasat no tienen por objeto ni cuestionar la anulación, en el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida, de la Decisión 2011/839 ni cuestionar la desestimación, en el punto 2 de ese fallo, del recurso en todo lo demás, sino que se refieren a los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida relativos a la aplicación por la Comisión del segundo requisito Altmark, que no constituyen un elemento del fallo de la sentencia recurrida.
Por lo demás, procede recordar que la propia Viasat reconoce que su segundo motivo de casación se refiere a una parte de la sentencia recurrida que, considerada aisladamente, no incide en el fallo de ésta.
De lo anterior resulta que el segundo motivo invocado por Viasat en apoyo de su recurso de casación es inadmisible.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que procede resolver definitivamente el recurso dirigido a la anulación de la Decisión controvertida interpuesto por TV2/Danmark.
A este respecto, baste señalar que, por las razones expuestas en los apartados 35 a 56 de la presente sentencia, el cuarto motivo invocado por TV2/Danmark en apoyo de la tercera pretensión formulada con carácter subsidiario debe desestimarse.
Así pues, procede desestimar el recurso de TV2/Danmark.
Costas
A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente el litigio.
Según el artículo 138, apartado 3, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. Sin embargo, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, el Tribunal de Justicia podrá decidir que una de las partes cargue, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte.
En este caso, si bien se ha estimado uno de los dos motivos formulados por Viasat en apoyo de su recurso de casación y se ha anulado la sentencia recurrida, no sucede lo mismo con el otro motivo, que ha sido desestimado por el Tribunal de Justicia.
Por consiguiente, procede condenar, por una parte, a TV2/Danmark a cargar, además de con sus propias costas, con la mitad de aquellas en que haya incurrido Viasat en el marco del presente procedimiento de casación y con la totalidad de las costas en que ésta haya incurrido en primera instancia, y, por otra parte, a Viasat a cargar con la mitad de sus propias costas relativas al presente procedimiento de casación.
Dado que la Comisión no ha solicitado formalmente que se condene en costas a TV2/Danmark, procede decidir que aquélla cargue con sus propias costas.
El artículo 140, apartado 1, del mencionado Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento en casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del propio Reglamento, dispone que los Estados miembros y las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas.
Por consiguiente, como parte coadyuvante en primera instancia, el Reino de Dinamarca cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1)
Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de septiembre de 2015, TV2/Danmark/Comisión (
T‑674/11
,
EU:T:2015:684
), en la medida en que mediante ésta se anuló la Decisión 2011/839/UE de la Comisión, de 20 de abril de 2011, sobre las medidas ejecutadas por Dinamarca C 2/03 a favor de TV2/Danmark, por cuanto la Comisión Europea había considerado que los ingresos publicitarios de los años 1995 y 1996 transferidos a TV2/Danmark a través del Fondo de TV2 constituían ayudas de Estado.

2)
Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

3)
Desestimar el recurso de anulación interpuesto por TV2/Danmark A/S contra la Decisión 2011/839.

4)
TV2/Danmark A/S cargará, además de con sus propias costas, con la mitad de aquellas en que haya incurrido Viasat Broadcasting UK Ltd en el marco del presente procedimiento de casación y con la totalidad de las costas en que ésta haya incurrido en primera instancia.

5)
Viasat Broadcasting UK Ltd cargará con la mitad de sus propias costas relativas al presente procedimiento de casación.

6)
La Comisión Europea y el Reino de Dinamarca cargarán con sus propias costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: danés.