CELEX: 62015CJ0006
Procedimiento prejudicial
Contratos públicos de servicios
Directiva 2004/18/CE
Artículo 53, apartado 2
Criterios de adjudicación
Oferta económicamente más ventajosa
Método de valoración
Reglas de ponderación
Obligación de que el poder adjudicador precise en la licitación la ponderación de los criterios de adjudicación
Alcance de la obligación

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (
DO 2004, L 134, p. 114
), a la luz del principio de igualdad de trato de los licitadores y de la obligación de transparencia que se deriva de dicho principio.
Esta petición se ha planteado en el contexto de un litigio entre TNS Dimarso NV (en lo sucesivo, «Dimarso») y la Vlaams Gewest (Región Flamenca), en relación con la legalidad del método de valoración de las ofertas de los licitadores en una contratación pública de servicios organizada por esta última entidad.
Marco jurídico
Derecho de la Unión Europea
El considerando 46 de la Directiva 2004/18 está redactado así:
«La adjudicación del contrato debe efectuarse basándose en criterios objetivos que garanticen el respeto de los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato, así como la evaluación de las ofertas en condiciones de competencia efectiva. Por consiguiente, conviene admitir únicamente la aplicación de dos criterios de adjudicación, a saber, el del “precio más bajo” y el de la “oferta económicamente más ventajosa”.
A fin de garantizar la observancia del principio de igualdad de trato en la adjudicación de los contratos, conviene establecer la obligación —consagrada por la jurisprudencia— de asegurar la transparencia necesaria para que cualquier licitador pueda informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Corresponde pues a los poderes adjudicadores indicar los criterios de adjudicación, así como la ponderación relativa atribuida a cada uno de dichos criterios, e indicarlo con antelación suficiente a fin de que los licitadores tengan conocimiento de ello para realizar sus ofertas. Los poderes adjudicadores podrán prescindir de indicar la ponderación de los criterios de adjudicación en casos debidamente justificados, que deben poder motivar, cuando esa ponderación no pueda establecerse previamente, debido, en particular, a la complejidad del contrato. En esos casos deben indicar los criterios por orden de importancia decreciente.
Cuando los poderes adjudicadores opten por adjudicar el contrato a la oferta económicamente más ventajosa, deben evaluar las ofertas con vistas a determinar cuál de ellas presenta la mejor relación calidad/precio. Para ello definirán criterios económicos y cualitativos que en su conjunto deben permitir determinar la oferta económicamente más ventajosa para el poder adjudicador. La determinación de esos criterios dependerá del objeto del contrato, de modo que los mismos permitan evaluar el nivel de rendimiento de cada oferta respecto del objeto del contrato tal como se define en las especificaciones técnicas, así como evaluar la relación calidad/precio de cada oferta.
[...]»
El artículo 2 de la Directiva 2004/18 establece:
«Los poderes adjudicadores darán a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y obrarán con transparencia.»
El artículo 53 de esta Directiva, titulado «Criterios de adjudicación del contrato», dispone lo siguiente:
«1.   Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, los criterios en que se basarán los poderes adjudicadores para adjudicar los contratos públicos serán:
a)
bien, cuando el contrato se adjudique a la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador, distintos criterios vinculados al objeto del contrato público de que se trate: por ejemplo, la calidad, el precio, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, las características medioambientales, el coste de funcionamiento, la rentabilidad, el servicio posventa y la asistencia técnica, la fecha de entrega y el plazo de entrega o de ejecución;
b)
o bien solamente el precio más bajo.
2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero, en el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1, el poder adjudicador precisará en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones o, en el caso del diálogo competitivo, en el documento descriptivo, la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa.
Esta ponderación podrá expresarse fijando una banda de valores que deberá tener una amplitud máxima adecuada.
Cuando, en opinión del poder adjudicador, la ponderación no sea posible por razones demostrables, éste indicará en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones o, en el caso del diálogo competitivo, en el documento descriptivo, el orden decreciente de importancia de los criterios.»
Derecho belga
El artículo 16 de la Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (Ley de 24 de diciembre de 1993 relativa a los contratos públicos y a determinados contratos de obras, de suministros y de servicios), en su versión aplicable al litigio principal, dispone:
«En licitaciones abiertas o restringidas, el contrato deberá adjudicarse al licitador que presente la oferta regular más interesante, habida cuenta de los criterios de adjudicación, que deberán constar en el pliego de condiciones o, en su caso, en el anuncio de licitación. El contrato deberá adjudicarse al licitador que presente la oferta regular más ventajosa, habida cuenta de los criterios de adjudicación que figuren en el pliego de condiciones o, en su caso, en el anuncio de licitación. Los criterios de adjudicación deberán estar vinculados al objeto del contrato, por ejemplo, la calidad de los productos o prestaciones, el precio, el valor técnico, las características estéticas y funcionales, las características medioambientales, consideraciones de orden social y ético, el coste de funcionamiento, la rentabilidad, el servicio posventa y la asistencia técnica, la fecha de entrega y el plazo de entrega o de ejecución [...]»
A tenor del artículo 115 del Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (Real Decreto de 8 de enero de 1996 relativo a los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios y a las concesiones de obras públicas), en su versión aplicable al litigio principal:
«El poder adjudicador elegirá la oferta regular que considere más interesante en función de criterios variables según el contrato. [...]
Sin perjuicio de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas nacionales relativas a la remuneración de determinados servicios, el poder adjudicador deberá hacer constar en el pliego de condiciones y, en su caso, en el anuncio de licitación todos los criterios de adjudicación, en la medida de lo posible por orden de importancia decreciente, lo cual deberá mencionarse en el pliego de condiciones. A falta de ello, todos los criterios de adjudicación tendrán el mismo valor.
[...]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Mediante un anuncio publicado en el
Diario Oficial de la Unión Europea
de 31 de enero de 2012, la Región Flamenca convocó un procedimiento de licitación con el fin de adjudicar un contrato de servicios, titulado «Woonsurvey 2012: survey naar de woning en de woonconsument in Vlaanderen», que tenía por objeto la realización de una encuesta a gran escala sobre la vivienda y los consumidores de viviendas en Flandes (Bélgica). El importe estimado de dicho contrato ascendía a 1400000 euros, incluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA).
En la licitación, se mencionaban los dos criterios de adjudicación siguientes:
«1 Calidad de la oferta (50/100)
Calidad de la preparación, de la organización y de la ejecución del trabajo de campo, de la codificación y del primer tratamiento de los datos. Las prestaciones propuestas deberán describirse del modo más detallado posible. De la oferta deberá deducirse con claridad que el licitador puede asumir la totalidad del contrato (como mínimo 7000 muestras y como máximo 10000 muestras) en el plazo de ejecución previsto de 12 meses.
2 Precio (50/100)
Coste de ejecución del contrato para el muestreo de base (7000 muestras) y coste por cada tramo de 500 direcciones adicionales facilitadas (importes IVA incluido).»
Presentaron ofertas cuatro licitadores que, según el informe relativo a la selección cualitativa, cumplían los requisitos mínimos en materia de competencia técnica. El modo de valoración de las ofertas se exponía como sigue en el informe de adjudicación de 23 de marzo de 2012:
«El comité procedió a continuación a valorar las ofertas.
Las cuatro ofertas fueron examinadas y cotejadas entre sí sobre la base de los criterios anteriormente referidos. En primer lugar, las ofertas fueron examinadas y valoradas en función del criterio “calidad”. A este respecto, se atribuyó por unanimidad a cada una de las ofertas una determinada calificación (muy bien — suficiente — bajo). En segundo lugar, se aplicó el criterio del precio.
Por último, sobre la base de esas calificaciones, se elaboró una clasificación final.»
Del informe de adjudicación se desprende que, en lo que respecta al primer criterio, esto es, la calidad de las ofertas, Dimarso y otros dos licitadores obtuvieron la calificación «muy bien» y el cuarto licitador obtuvo la apreciación «bajo». En cuanto al segundo criterio, a saber, el precio, el informe de adjudicación incluía las siguientes indicaciones:
«Sinopsis:
La siguiente sinopsis retoma el precio para, por un lado, la ejecución del contrato de base (7000 muestras) y, por otro lado, la ejecución de las encuestas realizadas por tramo de 500 muestras (precio con IVA incluido):
OfertaCriterio 2 a) — Precio (IVA incluido) del muestreo de base (N = 7000)Criterio 2 b) — Precio (IVA incluido) por cada tramo de 500 muestras adicionales[Dimarso]987360,00 [euros]69575,00 [euros]Ipsos Belgium NV913570,00 [euros]55457,00 [euros]New Information & Data NV842607,70 [euros]53240,00 [euros]Significant GfK NV975520,15 [euros]57765,40 [euros]
Tras aplicar esos dos criterios, la clasificación final de los licitadores en el informe de adjudicación era la siguiente:
«Clasificación
Oferta
Criterio 1
Criterio 2 a)
Criterio 2 b)
Ipsos Belgium
Muy bien
913 570,00 [euros]
55 457,00 [euros]
Significant GfK
Muy bien
975 520,15 [euros]
57 765,40 [euros]
[Dimarso]
Muy bien
987 360,00 [euros]
69 575,00 [euros]
New Information & Data
Bajo
842 607,70 [euros]
53 240,00 [euros]»
Mediante decisión de la Región Flamenca de 11 de abril de 2012, el contrato se adjudicó, a través del Ministerio Flamenco de Energía, Vivienda, Ciudades y Economía Social, a Ipsos Belgium. El 14 de junio de 2012, Dimarso interpuso recurso con objeto de anular esa decisión. Según la demandante, en la decisión impugnada parecen haberse examinado las ofertas en función de la escala «muy bien — suficiente — bajo», no mencionada en la licitación en relación con el criterio de la calidad de las ofertas, y sobre la base de los componentes del «precio» indicados en relación con el criterio del precio, sin realizar un análisis, una comparación y una valoración final adecuados de las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación en los términos en que figuraban en el pliego de condiciones, incluida la ponderación de «50/100» de cada uno de los criterios de adjudicación, tal como se precisaba en el pliego de condiciones.
El Raad van State (Consejo de Estado, Bélgica) observa que, tanto en el considerando 46 como en el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18, sólo se hace referencia a «criterios» y a «ponderación relativa» y que en ningún sitio se mencionan expresamente el método de valoración ni las reglas de ponderación. El órgano jurisdiccional remitente pone de relieve que la elección del método de valoración no es neutra, sino que, por el contrario, puede ser determinante para el resultado de la evaluación de las ofertas en virtud de los criterios de adjudicación. A este respecto, cita el criterio de adjudicación del precio, en cuyo marco el poder adjudicador puede optar, por ejemplo, por aplicar la regla de la proporcionalidad, por atribuir la puntuación máxima a la oferta más baja o no puntuar la oferta más elevada o por aplicar una interpolación lineal para las ofertas intermedias o primar al máximo la oferta de precio medio.
Según el órgano jurisdiccional remitente, en la sentencia de 24 de enero de 2008, Lianakis y otros (
C‑532/06
,
EU:C:2008:40
), apartados
,
y
, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 36, apartado 2, de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (
DO 1992, L 209, p. 1
), disposición sustancialmente análoga al artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18, se opone a que el poder adjudicador fije, después de la publicación del pliego de condiciones o del anuncio de licitación, coeficientes y reglas de ponderación y subcriterios relativos a los criterios de adjudicación establecidos en uno de esos documentos cuando esos coeficientes y reglas de ponderación y esos subcriterios no se hayan puesto previamente en conocimiento de los licitadores. El órgano jurisdiccional remitente entiende que el Tribunal de Justicia consideró por lo tanto que no sólo es incompatible con las disposiciones del Derecho de la Unión la fijación
ex post
de «coeficientes de ponderación», sino también la de «subcriterios».
El órgano jurisdiccional remitente apunta que la cuestión que se plantea en el caso de autos es saber si el Tribunal de Justicia, con esa alusión adicional a los «subcriterios», se refería igualmente a la forma de puntuar los criterios de adjudicación, lo que se asemejaría a reglas de ponderación. Por consiguiente, no puede descartarse la argumentación según la cual, con el empleo del concepto de «subcriterios», el Tribunal de Justicia se refiriera igualmente al método de valoración. Sin embargo, tampoco es evidente que de la sentencia de 24 de enero de 2008, Lianakis y otros (
C‑532/06
,
EU:C:2008:40
), resulte que también deba comunicarse a los licitadores el propio método de valoración y aún menos que dicho método deba establecerse de antemano. En cualquier caso, puede decirse que la cuestión que se planteó en el asunto que dio lugar a esa sentencia no atañía expresamente a la fijación
a posteriori
de un método de valoración y, por lo tanto, no tenía el mismo alcance que la cuestión suscitada en el presente asunto.
Según el órgano jurisdiccional remitente, el Tribunal de Justicia tampoco abordó explícitamente ese aspecto en su sentencia de 21 de julio de 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA (
C‑252/10 P
, no publicada,
EU:C:2011:512
), en la cual, refiriéndose a la sentencia de 24 de enero de 2008, Lianakis y otros (
C‑532/06
,
EU:C:2008:40
), insistió en que la legalidad de la utilización de subcriterios y su correspondiente ponderación deben examinarse siempre a la luz del principio de igualdad de trato y de la obligación de transparencia que se deriva de dicho principio. Por consiguiente, en opinión del órgano jurisdiccional remitente, esas sentencias no aportan respuesta o, cuando menos, no una respuesta concluyente, a la cuestión que se plantea en el litigio principal, a saber, si el método de valoración de las ofertas, esto es, el método concreto que el poder adjudicador utilizará para calificar esas ofertas, debe comunicarse igualmente de antemano a los licitadores.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el Raad van State (Consejo de Estado) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE, considerado tanto individualmente como teniendo en cuenta el alcance de los principios del Derecho de la Unión de igualdad y transparencia en relación con la contratación pública, en el sentido de que, en caso de adjudicación al licitador con la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista de la administración contratante, ésta está siempre obligada a fijar previamente y a recoger en el anuncio [de licitación] o en el pliego de condiciones el método de valoración o las reglas de ponderación, con independencia de su previsibilidad, carácter usual o alcance, en función de las cuales se valorarán las ofertas con arreglo a los criterios o los subcriterios de adjudicación,
o bien,
en caso de que no exista semejante obligación general, hay circunstancias, como, entre otras, el alcance, la falta de previsibilidad o la falta de carácter usual de dichas reglas de ponderación, en las que sí exista esa obligación?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide, en esencia, que se dilucide si el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18, en relación con el principio de igualdad de trato y con la obligación de transparencia que se deriva de dicho principio, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que un contrato público de servicios haya de adjudicarse según el criterio de la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador, este último deberá comunicar siempre a los posibles licitadores, en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones relativos al contrato de que se trate, el método de valoración o las reglas de ponderación sobre cuya base se apreciarán las ofertas según los criterios de adjudicación publicados en esos documentos o, a falta de tal obligación general, si las circunstancias propias del contrato de que se trate pueden imponer tal obligación.
Con el fin de responder a esta cuestión prejudicial, procede indicar que, cuando el poder adjudicador opte por atribuir un contrato a la oferta económicamente más ventajosa, con arreglo al artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18, deberá precisar, en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios de adjudicación elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Esta ponderación podrá expresarse fijando una banda de valores que deberá tener una amplitud máxima adecuada. Cuando, en opinión del poder adjudicador, la ponderación no sea posible por razones demostrables, éste indicará en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones o, en el caso del diálogo competitivo, en el documento descriptivo, el orden decreciente de importancia de los criterios.
Estas exigencias tienen por objeto, como precisa el considerando 46 de la Directiva 2004/18, permitir que cualquier licitador pueda informarse razonablemente de los criterios y modalidades que se aplicarán para determinar la oferta económicamente más ventajosa. Además, reflejan el deber que tienen los poderes adjudicadores, en virtud del artículo 2 de la Directiva, de dar a los operadores económicos un tratamiento igualitario y no discriminatorio y de obrar con transparencia.
Según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato y la obligación de transparencia implican, en particular, que los licitadores se encuentren en igualdad de condiciones tanto en el momento en que preparan sus ofertas como en el momento en que éstas se someten a la evaluación de la entidad adjudicadora (véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de noviembre de 2005, ATI EAC e Viaggi di Maio y otros,
C‑331/04
,
EU:C:2005:718
, apartado
, y de 24 de mayo de 2016, MT Højgaard y Züblin,
C‑396/14
,
EU:C:2016:347
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por ello, el Tribunal de Justicia ha declarado que el objeto y los criterios de adjudicación de los contratos públicos deben estar claramente definidos desde el inicio del procedimiento de adjudicación de éstos (sentencia de 10 de mayo de 2012, Comisión/Países Bajos,
C‑368/10
,
EU:C:2012:284
, apartado
) y que una entidad adjudicadora no puede aplicar, para los criterios de adjudicación, subcriterios que no haya comunicado previamente a los licitadores (sentencia de 21 de julio de 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA,
C‑252/10 P
, no publicada,
EU:C:2011:512
, apartado
). Asimismo, la entidad adjudicadora debe atenerse a la misma interpretación de los criterios de adjudicación a lo largo de todo el procedimiento (sentencia de 18 de octubre de 2001, SIAC Construction,
C‑19/00
,
EU:C:2001:553
, apartado
y jurisprudencia citada).
Estas exigencias se aplican en principio
mutatis mutandis
a la obligación de los poderes adjudicadores de indicar, en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, la «ponderación relativa» de cada uno de los criterios de adjudicación. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha declarado que una entidad adjudicadora no puede, en principio, aplicar reglas de ponderación que no haya puesto previamente en conocimiento de los licitadores (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de enero de 2008, Lianakis y otros,
C‑532/06
,
EU:C:2008:40
, apartados
y
).
En particular, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 53, apartado 2, párrafo tercero, de la Directiva 2004/18, la ponderación relativa de cada uno de los criterios de adjudicación deberá fijarse claramente desde el inicio del procedimiento de adjudicación para permitir a los licitadores determinar objetivamente la importancia efectiva que tiene un criterio de adjudicación con relación a otro en el momento de la valoración posterior de dichos criterios por parte de la entidad adjudicadora. Además, la ponderación relativa de cada uno de los criterios de adjudicación no puede modificarse en el transcurso del procedimiento.
No obstante, el Tribunal de Justicia ha admitido que, tras la expiración del plazo de presentación de las ofertas, un poder adjudicador pueda determinar coeficientes de ponderación para los subcriterios que correspondan sustancialmente a los criterios previamente dados a conocer a los licitadores, bajo tres condiciones, a saber, que esa determinación
ex post
, primero, no modifique los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación; segundo, no contenga elementos que, de haberse conocido en el momento de la preparación de las ofertas, hubiesen podido influir en esa preparación y, tercero, no se haya adoptado teniendo en cuenta elementos que puedan tener un efecto discriminatorio en relación con uno de los licitadores (véase la sentencia de 21 de julio de 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA,
C‑252/10 P
, no publicada,
EU:C:2011:512
, apartado
y jurisprudencia citada).
Sin embargo, ni el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18 ni ninguna otra disposición de ésta establecen la obligación de que el poder adjudicador comunique a los posibles licitadores, mediante publicación en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, el método de valoración aplicado por el poder adjudicador con el fin de evaluar y clasificar concretamente las ofertas según los criterios de adjudicación del contrato y su ponderación relativa establecidos previamente en la documentación relativa al contrato de que se trate.
Tampoco se desprende de la jurisprudencia de Tribunal de Justicia una obligación general de esa índole.
En efecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que un comité de evaluación debe disponer de cierta libertad para llevar a cabo su misión y, por ello, puede, sin modificar los criterios de adjudicación del contrato establecidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación, estructurar su propio trabajo de examen y análisis de las ofertas presentadas (véase la sentencia de 21 de julio de 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA,
C‑252/10 P
, no publicada,
EU:C:2011:512
, apartado
).
Esa libertad se justifica también por consideraciones de orden práctico. El poder adjudicador debe poder adaptar el método de valoración que aplicará para evaluar y clasificar las ofertas en función de las circunstancias de cada caso.
De conformidad con los principios que rigen la adjudicación de contratos a los que alude el artículo 2 de la Directiva 2004/18 y para evitar cualquier riesgo de favoritismo, el método de valoración aplicado por el poder adjudicador para evaluar y clasificar concretamente las ofertas no puede, en principio, determinarse una vez abiertas las plicas por el poder adjudicador. Sin embargo, en el supuesto de que la determinación de este método no sea posible por razones demostrables antes de dicha apertura, como señala el Gobierno belga, no puede reprocharse al poder adjudicador haberla realizado únicamente después de que él mismo o su comité de evaluación hayan conocido el contenido de las ofertas.
En cualquier caso, de acuerdo con los referidos principios que rigen la adjudicación de contratos y con lo señalado en los apartados 24 y 25 de la presente sentencia, la adopción del método de valoración por parte del poder adjudicador tras la publicación del anuncio de licitación o del pliego de condiciones no puede tener como efecto alterar los criterios de adjudicación ni su ponderación relativa.
En el presente asunto, se plantea la cuestión de si el procedimiento de adjudicación controvertido en el litigio principal ha respetado las obligaciones que se derivan del artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18, habida cuenta de que, por un lado, el poder adjudicador únicamente indicó en la licitación dos criterios de adjudicación, a saber, la calidad y el precio, con sendas indicaciones «(50/100)», y de que, por otro lado, el comité de evaluación empleó una escala que iba de «muy bien» a «bajo» pasando por «suficiente» para evaluar el criterio de la calidad de las ofertas sin recurrir a una escala para el criterio de adjudicación relativo al precio.
A este respecto, procede indicar que las dos indicaciones «(50/100)» significan, según lo expuesto por el órgano jurisdiccional remitente en la petición de decisión prejudicial, que los dos criterios de adjudicación tienen la misma importancia.
Pues bien, resulta que ese procedimiento no permitía reflejar, en la clasificación de los licitadores destinada a identificar la oferta económicamente más ventajosa, las diferencias de calidad entre las ofertas de éstos en relación con el precio de cada una de ellas y respetar al mismo tiempo la ponderación relativa de los criterios de adjudicación establecida con la indicación «(50/100)». En concreto, queda de manifiesto que ese procedimiento podía afectar al criterio del precio otorgándole un peso determinante en relación con las ofertas clasificadas en la escala de calidad que se ha recogido en el apartado 33 de la presente sentencia. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la ponderación relativa de cada uno de los criterios de adjudicación publicada en el anuncio de licitación fue respetada efectivamente por el poder adjudicador a la hora de evaluar las ofertas.
Si bien el poder adjudicador puede emplear una escala para evaluar uno de los criterios de adjudicación sin publicarla en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, dicha escala no puede, como se ha indicado en el apartado 32 de la presente sentencia, tener como efecto alterar la ponderación relativa de los criterios de adjudicación publicada en esos documentos.
Por consiguiente, de las anteriores consideraciones se desprende que procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18, en relación con el principio de igualdad de trato y con la obligación de transparencia que se deriva de dicho principio, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que un contrato de servicios haya de adjudicarse según el criterio de la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador, este último no estará obligado a comunicar a los posibles licitadores, en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones relativos al contrato de que se trate, el método de valoración aplicado por el poder adjudicador para evaluar y clasificar concretamente las ofertas. En cambio, dicho método no podrá tener como efecto alterar los criterios de adjudicación y su ponderación relativa.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

El artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en relación con el principio de igualdad de trato y con la obligación de transparencia que se deriva de dicho principio, debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que un contrato de servicios haya de adjudicarse según el criterio de la oferta económicamente más ventajosa desde el punto de vista del poder adjudicador, este último no estará obligado a comunicar a los posibles licitadores, en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones relativos al contrato de que se trate, el método de valoración aplicado por el poder adjudicador para evaluar y clasificar concretamente las ofertas. En cambio, dicho método no podrá tener como efecto alterar los criterios de adjudicación y su ponderación relativa.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.