CELEX: 62017CJ0585
Procedimiento prejudicial
Ayudas de Estado
Modificación de un régimen de ayudas autorizado
Artículo 108 TFUE, apartado 3
Obligación de notificación
Prohibición de ejecución sin la autorización de la Comisión Europea
Reglamento (UE) n.o 651/2014
Exención
Artículo 58, apartado 1
Ámbito de aplicación temporal del Reglamento
Artículo 44, apartado 3
Alcance
Normativa nacional que establece una fórmula de cálculo para la devolución parcial de los impuestos sobre la energía

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 108 TFUE, apartado 3, del Reglamento (CE) n.
o
800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda[s] compatibles con el mercado [interior] en aplicación de los artículos [107 TFUE y 108 TFUE] (Reglamento general de exención por categorías) (
DO 2008, L 214, p. 3
), y del Reglamento (UE) n.
o
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] (
DO 2014, L 187, p. 1
; corrección de errores en
DO 2015, L 128, p. 29
), en particular del artículo 58, apartado 1, de este último Reglamento.
Esta petición se ha presentado en el contexto de los procedimientos incoados por el Finanzamt Linz (Administración tributaria de Linz, Austria) y el Finanzamt Kirchdorf Perg Steyr (Administración tributaria de Kirchdorf Perg Steyr, Austria) en relación con la devolución a Dilly’s Wellnesshotel GmbH de impuestos sobre la energía.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Reglamento n.
o
994/98
Los considerandos 4 y 5 del Reglamento (CE) n.
o
994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE] a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales (
DO 1998, L 142, p. 1
), en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.
o
733/2013 del Consejo, de 22 de julio de 2013 (
DO 2013, L 204, p. 11
) (en lo sucesivo, «Reglamento n.
o
994/98»), tenían la siguiente redacción:
«(4)
Considerando que […] resulta conveniente que se autorice a [la Comisión Europea] a declarar, mediante reglamentos, en aquellos ámbitos en los que cuente con una experiencia suficiente para definir criterios generales de compatibilidad, que determinadas categorías de ayudas son compatibles con el mercado [interior] en virtud de una o más de las disposiciones de los apartados 2 y 3 del artículo [107 TFUE, apartados 2 y 3] y quedan exentas del procedimiento previsto en el [artículo 108 TFUE, apartado 3];
(5)
Considerando que los reglamentos de exención por categorías propiciarán una mayor transparencia y seguridad jurídica; […]».
A tenor del artículo 1 de dicho Reglamento, titulado «Exenciones por categorías»:
«1.   La Comisión podrá, mediante reglamentos adoptados con arreglo a los procedimientos definidos en el artículo 8 del presente Reglamento y de conformidad con lo previsto en el artículo [107 TFUE], declarar compatibles con el mercado [interior] y no sujetas a la obligación de notificación [establecida] en el apartado 3 del artículo [108 TFUE], las siguientes categorías de ayudas[:]
a)
las ayudas en favor de:
[…]
iii)
la protección del medio ambiente,
[…]».
Reglamento (CE) n.
o
659/1999
El Reglamento (CE) n
o
659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 108 [TFUE] (
DO 1999, L 83, p. 1
), establecía en su artículo 1, titulado «Definiciones»:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
b)
“ayuda existente”:
[…]
ii)
la ayuda autorizada, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales autorizados por la Comisión o por el Consejo [de la Unión Europea];
[…]
c)
“nueva ayuda”: toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes;
[…]».
El artículo 2 de dicho Reglamento, titulado «Notificación de las nuevas ayudas», establece lo siguiente:
«1.   Salvo disposición en contrario de cualesquiera Reglamentos adoptados de conformidad con el artículo [109 TFUE] o cualquier otra disposición pertinente del Tratado, el Estado miembro interesado deberá notificar a la Comisión con la suficiente antelación cualquier proyecto de concesión de nueva ayuda. […]
[…]»
Reglamento (CE) n.
o
794/2004
El artículo 4 del Reglamento (CE) n.
o
794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento n.
o
659/1999 (
DO 2004, L 140, p. 1
; corrección de errores en
DO 2005, L 25, p. 74
, y en
DO 2005, L 131, p. 45
), titulado «Procedimiento de notificación simplificada de determinadas modificaciones de ayudas existentes», dispone lo siguiente:
«1.   A efectos [del artículo 1, letra c),] del Reglamento [n.
o
659/1999], se entenderá por modificación de una ayuda existente cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado [interior]. No obstante, un aumento con respecto al presupuesto inicial de un régimen de ayudas de hasta el 20 % no se considerará modificación de ayudas existentes.
2.   Las modificaciones de ayudas existentes que se enumeran a continuación se notificarán en el impreso de notificación simplificada establecido en el Anexo II:
[…]
c)
La imposición de criterios más estrictos para la aplicación de un régimen de ayudas autorizado y la reducción de la intensidad de la ayuda o de los gastos subvencionables.
[…]»
Reglamento n.
o
800/2008,
El artículo 3 del Reglamento n.
o
800/2008, titulado «Condiciones para la exención», que figuraba en el capítulo I de ese Reglamento, bajo la rúbrica «Disposiciones comunes», disponía en su apartado 1:
«Los regímenes de ayudas que cumplan todas las condiciones del Capítulo I del presente Reglamento, así como las disposiciones pertinentes del Capítulo II del presente Reglamento, serán compatibles con el mercado [interior] a tenor del artículo [107 TFUE, apartado 3,] y quedarán exentos de la obligación de notificación contemplada en el artículo [108 TFUE, apartado 3], siempre que incluyan una referencia expresa al presente Reglamento, citando su título y su referencia de publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea
.»
El Reglamento n.
o
800/2008 fue derogado por el Reglamento n.
o
651/2014.
Reglamento n.
o
651/2014
Los considerandos 2 a 5 y 64 del Reglamento n
o
651/2014 tienen la siguiente redacción:
«(2)
Con su Comunicación sobre la modernización de las ayudas estatales en la UE [COM(2012) 209 final, de 8 de mayo de 2012], la Comisión puso en marcha una revisión más amplia de las normas relativas a las ayudas estatales. Los principales objetivos de este proceso de modernización son los siguientes: […] ii) concentrar el examen
ex ante
de la Comisión de las medidas de ayuda en los asuntos que tengan mayor incidencia sobre el mercado interior, reforzando al mismo tiempo la cooperación de los Estados miembros en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales […]. La revisión del Reglamento [n.
o
800/2008] es un elemento clave de la modernización de las ayudas estatales.
(3)
El presente Reglamento debe prever una mejor priorización de las actividades de ejecución de las ayudas estatales y una mayor simplificación, y debe mejorar la transparencia, la evaluación efectiva y el control del cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales a nivel nacional y de la Unión […].
(4)
La experiencia adquirida por la Comisión en la aplicación del Reglamento [n.
o
800/2008] le ha permitido definir mejor las condiciones en las que determinadas categorías de ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado interior y ampliar el ámbito de aplicación de las exenciones por categorías. Además, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la transparencia y el control y de prever una adecuada evaluación de los regímenes muy grandes, teniendo en cuenta sus efectos sobre la competencia en el mercado interior.
(5)
Las condiciones generales de aplicación del presente Reglamento deben definirse sobre la base de un conjunto de principios comunes que garanticen que las ayudas […] se conceden con plena transparencia y están sujetas a un mecanismo de control y a una evaluación periódica […].
[…]
(64)
Las ayudas en forma de reducciones fiscales con arreglo a la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad [(
DO 2003, L 283, p. 51
)], que favorezcan la protección del medio ambiente cubierta por el presente Reglamento pueden beneficiar indirectamente al medio ambiente. […] A fin de minimizar el falseamiento de la competencia, las ayudas deben concederse de la misma manera a todos los competidores que se hallen en la misma situación de hecho. Para salvaguardar mejor la señal de precios que el impuesto medioambiental pretende transmitir a las empresas, los Estados miembros deben tener la opción de diseñar el régimen de reducción fiscal sobre la base de un mecanismo de pago de un importe fijo de compensación anual (devolución del impuesto).»
El artículo 2 de este Reglamento, con el título «Definiciones», dispone:
«A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
14)
“ayuda individual”:
[…]
ii)
ayudas concedidas a beneficiarios individuales sobre la base de un régimen de ayudas;
[…]».
El artículo 3 de dicho Reglamento, titulado «Condiciones para la exención», establece lo siguiente:
«Los regímenes de ayudas, las ayudas individuales concedidas con arreglo a regímenes de ayudas y las ayudas
ad hoc
serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107 [TFUE], apartados 2 o 3, […] y quedarán exentos de la obligación de notificación establecida en el artículo 108 [TFUE], apartado 3, […] siempre que dichas ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en el capítulo I del presente Reglamento, así como las condiciones específicas aplicables a la categoría pertinente establecidas en el capítulo III del presente Reglamento.»
El artículo 44 del citado Reglamento, titulado «Ayudas en forma de reducciones de impuestos medioambientales con arreglo a la Directiva [2003/96]», dispone:
«1.   Los regímenes de ayudas en forma de reducciones de impuestos medioambientales que cumplan las condiciones de la Directiva [2003/96] serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107 [TFUE], apartado 3 […], y quedarán exentos de la obligación de notificación establecida en el artículo 108 [TFUE], apartado 3 […], siempre que se cumplan las condiciones previstas en el presente artículo y en el capítulo I.
[…]
3.   Los regímenes de ayudas en forma de reducciones fiscales se basarán en una reducción del tipo del impuesto medioambiental aplicable o en el pago del importe de una compensación fija o en una combinación de ambos mecanismos.
[…]»
El artículo 58 del Reglamento n.
o
651/2014, titulado «Disposiciones transitorias», establece:
«1.   El presente Reglamento será aplicable a las ayudas individuales concedidas antes de su entrada en vigor, si cumplen todas las condiciones en él establecidas, a excepción del artículo 9.
2.   Toda ayuda que no esté exenta de la obligación de notificación prevista en el artículo 108 [TFUE], apartado 3, […] en virtud del presente Reglamento o de otros reglamentos adoptados con arreglo al artículo 1 del Reglamento [n.
o
994/98] anteriormente vigentes, será evaluada por la Comisión de conformidad con los marcos, directrices y comunicaciones pertinentes.
3.   Toda ayuda individual concedida antes del 1 de enero de 2015 en virtud de reglamentos adoptados con arreglo al artículo 1 del Reglamento [n.
o
994/98], vigentes en el momento de la concesión de la ayuda, será compatible con el mercado interior y quedará exenta de la obligación de notificación prevista en el artículo 108 [TFUE], apartado 3, […] [con excepción de las ayudas de finalidad regional]. Los regímenes de ayudas en forma de capital riesgo en favor de las [pequeñas y medianas empresas (PYME)] establecidos antes del 1 de julio de 2014 y exentos de la obligación de notificación prevista en el artículo 108 [TFUE], apartado 3, […] en virtud del Reglamento [n.
o
800/2008] seguirán quedando exentos de dicha obligación y seguirán siendo compatibles con el mercado interior hasta la expiración del acuerdo de financiación, a condición de que el compromiso de financiación pública en favor del fondo de inversión en capital privado beneficiario, sobre la base de dicho acuerdo, se hubiera adquirido antes del 1 de enero de 2015 y se sigan cumpliendo las demás condiciones para la exención.
4.   Al término del período de vigencia del presente Reglamento, los regímenes de ayudas exentos en virtud del mismo seguirán estándolo durante un período de adaptación de seis meses, con la excepción de los regímenes de ayudas regionales. La exención de estos regímenes finalizará en la fecha de expiración de los mapas de ayudas regionales aprobados. La exención de las ayudas a la financiación de riesgo con arreglo al artículo 21, apartado 2, letra a), expirará al término del período previsto en el acuerdo de financiación, a condición de que el compromiso de financiación pública en favor del fondo de inversión en capital privado beneficiario, sobre la base de dicho acuerdo, se hubiera adquirido en un plazo de seis meses desde la finalización del período de vigencia del presente Reglamento y se sigan cumpliendo las demás condiciones para la exención.»
A tenor del artículo 59 del citado Reglamento:
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 2014.
[…]»
Derecho austriaco
El artículo 1, apartado 1, de la Energieabgabenvergütungsgesetz (Ley relativa a la devolución de los impuestos sobre la energía; en lo sucesivo, «EAVG») dispone lo siguiente:
«Los impuestos sobre la energía abonados por los recursos energéticos mencionados en el apartado 3 se devolverán, previa solicitud por año civil (ejercicio económico), en la medida en que excedan (en total) del 0,5 % de la diferencia entre:
1.   el volumen de ventas en el sentido del artículo 1, apartado 1, puntos 1 y 2, de la Umsatzsteuergesetz 1994 (Ley del impuesto sobre el volumen de negocios austriaca de 1994) y
2.   el volumen de las adquisiciones de la empresa en el sentido del artículo 1, apartado 1, puntos 1 y 2, de la Ley del impuesto sobre el volumen de negocios de 1994 (valor de producción neto).»
El artículo 1, apartado 1, de la EAVG se completa con el artículo 2, apartado 2, de esta Ley, que establece:
«1.   A instancias del beneficiario de la devolución, se devolverá por cada año civil (ejercicio económico) el importe que exceda de la parte del valor de producción neto mencionada en el apartado 1. En la solicitud deberán constar la cantidad consumida en la empresa de las fuentes de energía mencionadas en el artículo 1, apartado 3, y los importes mencionados en el artículo 1. La solicitud deberá presentarse, como máximo, en el plazo de cinco años a contar desde la fecha en que se cumplan los requisitos para la devolución. La solicitud tendrá la consideración de declaración fiscal. La solicitud deberá ser resuelta mediante decisión y contener el importe de la devolución en forma de suma.
2.   Para el cálculo del importe de la devolución se aplicará el límite del 0,5 % del valor de producción neto o las siguientes franquicias y se abonará el menor de los importes:
El importe de la devolución se abonará deducida una franquicia general de 400 [euros]. […]»
El artículo 2, apartado 1, de la EAVG, en su versión modificada por la Budgetbegleitgesetz (Ley de acompañamiento a los presupuestos), de 30 de julio de 2004 (BGBl. I, 92/2004; en lo sucesivo, «BBG»), disponía:
«Tendrán derecho a la devolución todas las empresas, siempre que no suministren los recursos energéticos enumerados en el artículo 1, apartado 3, o calor (vapor o agua caliente) producido con los recursos energéticos mencionados en dicho artículo 1, apartado 3.»
La Budgetbegleitgesetz (Ley de acompañamiento a los presupuestos), de 30 de diciembre de 2010 (BGBl. I, 111/2010; en lo sucesivo, «BBG 2011»), modificó el artículo 2, apartado 1, de la EAVG del siguiente modo:
«Únicamente tendrán derecho a la devolución las empresas respecto de las cuales conste que se dedican con carácter principal a la producción de bienes materiales, siempre que no suministren los recursos energéticos enumerados en el artículo 1, apartado 3, o calor (vapor o agua caliente) producido con los recursos energéticos mencionados en dicho artículo 1, apartado 3.»
La BBG 2011 añadió un apartado 7 al artículo 4 de la EAVG, que dispone lo siguiente:
«Los artículos 2 y 3, [en su versión resultante de la BBG 2011], serán aplicables, previa aprobación de la [Comisión], a las solicitudes de devolución referidas a un período posterior al 31 de diciembre de 2010.»
Según la resolución de remisión, en las directrices relativas a los impuestos sobre la energía de 2011, de 15 de abril de 2011, elaboradas por el Bundesministerium für Finanzen (Ministerio Federal de Hacienda, Austria), que constituyen una ayuda a la interpretación relativa, en particular, a la devolución de los impuestos sobre la energía, dicho Ministerio indicó que, a partir del 1 de enero de 2011, únicamente tenían derecho a la devolución de los impuestos sobre la energía las empresas de fabricación de productos.
El 29 de agosto de 2013, el Ministerio modificó esas directrices fijando dicha fecha en el 1 de febrero de 2011.
Litigios principales y cuestiones prejudiciales
Mediante solicitud de 29 de diciembre de 2011, Dilly’s Wellnesshotel, que explota un hotel, pidió la devolución de los impuestos sobre la energía correspondientes al ejercicio 2011.
Mediante resolución de 21 de febrero de 2012, la Administración tributaria de Linz denegó dicha solicitud con el argumento de que la BBG 2011 había establecido, en los artículos 2 y 3 de la EAVG, que, a partir del 31 de diciembre de 2010, solo se admitiría la devolución de los impuestos sobre la energía para las empresas dedicadas principalmente, de forma demostrable, a la producción de bienes materiales. En consecuencia, después de esta fecha quedaban excluidas de la devolución del impuesto sobre la energía las «empresas de servicios».
Dilly’s Wellnesshotel recurrió dicha resolución.
Mediante sentencia de 23 de marzo de 2012, el Unabhängiger Finanzsenat (Tribunal Tributario de Apelación, Austria) desestimó el recurso por infundado.
Dilly’s Wellnesshotel interpuso recurso contra esa sentencia.
Mediante sentencia de 19 de marzo de 2013, el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria) anuló dicha sentencia. En particular, ese tribunal dictaminó que el Unabhängiger Finanzsenat (Tribunal Tributario de Apelación) había denegado erróneamente el derecho a devolución de los impuestos sobre la energía correspondientes al mes de enero de 2011.
Mediante resolución de 31 de octubre de 2014, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario, Austria), que había sustituido al Unabhängiger Finanzsenat (Tribunal Tributario de Apelación), remitió una petición de decisión prejudicial al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 267 TFUE.
Mediante sentencia de 21 de julio de 2016, Dilly’s Wellnesshotel (
C‑493/14
,
EU:C:2016:577
), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.
o
800/2008 debía interpretarse en el sentido de que la omisión, en un régimen de ayudas como el controvertido en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, de una referencia expresa a ese Reglamento, mediante la cita de su título y la indicación de su referencia de publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea
, impide considerar que ese régimen cumple los requisitos para quedar eximido, con arreglo a dicho Reglamento, de la obligación de notificación establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 3.
Mediante sentencia de 3 de agosto de 2016, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) estimó el recurso interpuesto por Dilly’s Wellnesshotel y declaró que procedía devolverle los impuestos sobre la energía correspondientes a 2011 y no solo a enero de ese año, debido, en particular, a que, a falta de una exención de la obligación de notificación, no había entrado en vigor la exclusión de las empresas de servicios del derecho a la devolución de los impuestos sobre la energía.
El recurso de casación interpuesto por la Administración tributaria de Linz contra esa sentencia se encuentra actualmente ante el órgano jurisdiccional remitente.
Mediante una nueva solicitud de 25 de julio de 2014, Dilly’s Wellnesshotel pidió la devolución de los impuestos sobre la energía correspondientes al período comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2014.
Mediante resolución de 9 de enero de 2015, la Administración tributaria de Kirchdorf Perg Steyr denegó esta solicitud por considerar que un establecimiento hotelero es una empresa de servicios y no una empresa dedicada principalmente a la producción de bienes materiales. En su opinión, desde el 1 de febrero de 2011 la devolución del impuesto energético quedaba reservada a las empresas dedicadas principalmente a la producción de bienes materiales.
Mediante sentencia de 13 de febrero de 2017, el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal de lo Tributario) estimó el recurso de Dilly’s Wellnesshotel contra dicha resolución y declaró que procedía devolver los impuestos sobre la energía con arreglo a lo solicitado por Dilly’s Wellnesshotel, remitiéndose básicamente a su sentencia de 3 de agosto de 2016, citada en el apartado 31 de la presente sentencia.
El órgano jurisdiccional remitente conoce actualmente del recurso de casación interpuesto por la Administración tributaria de Kirchdorf Perg Steyr contra la sentencia de 13 de febrero de 2017.
El órgano jurisdiccional remitente considera que la devolución de los impuestos sobre la energía constituye, con arreglo a la EAVG, en su versión resultante de la BBG, una ayuda que fue autorizada por la Comisión de forma implícita y por tiempo indefinido en virtud del artículo 3 y del considerando 72 de la Decisión 2005/565/CE de la Comisión, de 9 de marzo de 2004, relativa a un régimen de ayudas aplicado por Austria de [devolución] del impuesto energético sobre la electricidad y el gas natural en los años 2002 y 2003 (
DO 2005, L 190, p. 13
).
Asimismo, indica que, en el supuesto de que el Derecho de la Unión se opusiera a una restricción del grupo de beneficiarios de la ayuda, como la introducida por la BBG 2011, en virtud de la cual el derecho a la devolución de los impuestos sobre la energía solo debe concederse a las empresas respecto a las cuales conste que se dedican con carácter principal a la producción de bienes materiales, la normativa nacional anterior debería seguir en vigor.
El órgano jurisdiccional remitente señala que se plantean varias cuestiones de Derecho de la Unión en los litigios principales, para cuya resolución debe interpretar el artículo 4, apartado 7, de la EAVG, que establece que la modificación legislativa resultante de la BBG 2011 es aplicable «sin perjuicio de la aprobación de la [Comisión]».
El órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en primer lugar, sobre si la limitación introducida por la BBG 2011 en el régimen de ayudas tenía que haberse notificado a la Comisión.
En el supuesto de que existiera una obligación de notificación del régimen de ayudas modificado de que se trata en los litigios principales, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta, en segundo lugar, si el hecho de que la comunicación a la Comisión no cumpliera todos los requisitos formales previstos por el Reglamento n.
o
800/2008 da lugar a que las ayudas en cuestión deban seguir concediéndose a todos los beneficiarios a los que se refiere la EAVG, en su versión modificada por la BBG, de modo que existe una obligación de aplicar el régimen de ayudas anterior a la modificación legislativa resultante de la BBG 2011.
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si la determinación de la reducción fiscal mediante una fórmula aritmética concreta establecida por la legislación nacional satisface la exigencia establecida en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.
o
651/2014, de que el cálculo de la reducción del impuesto se base en una reducción del tipo del impuesto medioambiental aplicable o en el pago del importe de una compensación fija o en una combinación de ambos mecanismos. Por otra parte, dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre el ámbito de aplicación temporal de dicho Reglamento.
En este contexto, el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
En un caso como el presente, ¿debe ser notificada (en principio) con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, la modificación de un régimen de ayudas autorizado con la cual el Estado miembro renuncia a seguir utilizando la autorización de las ayudas para un grupo de beneficiarios determinado (separable), reduciendo así simplemente el volumen de una determinada ayuda existente?
2)
En caso de defecto de forma en la aplicación del Reglamento [n.
o
800/2008], ¿puede la prohibición de ejecución que contiene el artículo 108 TFUE, apartado 3, dar lugar a la inaplicabilidad de una restricción de un régimen de ayudas autorizado, de manera que el Estado miembro, en virtud de dicha prohibición, quede obligado, en definitiva, a pagar una ayuda a determinados beneficiarios (“obligación de ejecución”)?
3)
a)
¿Cumple los requisitos del Reglamento [n.
o
651/2014] un régimen de devolución de los impuestos sobre la energía como el aquí controvertido, en el que el importe de la devolución está claramente establecido por ley mediante una fórmula aritmética?
b)
¿Implica el artículo 58, apartado 1, del Reglamento [n.
o
651/2014] la exención de dicho régimen de devolución de los impuestos sobre la energía a partir [del mes] de enero de 2011?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Observaciones preliminares
Debe señalarse que el Gobierno austriaco alega que la República de Austria comunicó a la Comisión un resumen de la información relativa al régimen de ayudas controvertido en los litigios principales, en virtud del cual la devolución parcial de los impuestos sobre la energía que gravan el gas natural y la energía eléctrica se establece únicamente en favor de las empresas respecto de las que conste que se dedican con carácter principal a la producción de bienes materiales, y que dicha comunicación debe considerarse una notificación efectuada conforme al procedimiento de notificación simplificada, previsto en el artículo 4 del Reglamento n.
o
794/2004.
A este respecto, ha de recordarse que, como el Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente, en el marco del procedimiento prejudicial establecido en el artículo 267 TFUE, basado en una clara separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, solo el juez nacional es competente para constatar y apreciar los hechos del litigio principal. En este contexto, el Tribunal de Justicia solo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión en relación con la situación fáctica y jurídica descrita por el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de proporcionarle los elementos útiles para la solución del litigio que se le ha sometido (sentencia de 27 de abril de 2017, A-Rosa Flussschiff,
C‑620/15
,
EU:C:2017:309
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia se basan en la premisa de que la República de Austria no notificó a la Comisión el régimen de ayudas controvertido en los litigios principales con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3. En particular, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pretende determinar si dicho régimen está sujeto a la obligación de notificación establecida en esa disposición o si está exento de tal obligación en virtud del Reglamento n.
o
651/2014, mientras que, mediante su segunda cuestión prejudicial, dicho órgano jurisdiccional solicita que se diluciden las posibles consecuencias que debería extraer del incumplimiento de dicha obligación.
Las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia por la Comisión y Dilly’s Wellnesshotel se basan también en esta misma premisa. La Comisión señala que la comunicación, en virtud del Reglamento n.
o
800/2008, de información sucinta sobre la normativa nacional controvertida en los litigios principales no puede sustituir a una notificación apropiada, con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, y que, por otra parte, la República de Austria no utilizó el formulario de notificación simplificada previsto en el anexo II del Reglamento n.
o
794/2004, conforme al artículo 4, apartado 2, letra c), de dicho Reglamento.
Por consiguiente, y sin perjuicio de las condiciones en las que pueda considerarse que se ha realizado una notificación de un régimen de ayudas como el controvertido en los litigios principales con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, dado que este extremo no ha sido objeto de la presente petición de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia ha de responder a las cuestiones planteadas en el presente asunto basándose en la premisa de que el régimen de ayudas controvertido en los litigios principales no fue notificado a la Comisión.
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 108 TFUE, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional que modifica un régimen de ayudas al reducir el grupo de beneficiarios de dichas ayudas está sujeta, en principio, a la obligación de notificación establecida en la referida disposición.
Para empezar, ha de precisarse que la cuestión relativa a tal obligación de notificación se examina sin perjuicio de la posibilidad de que el régimen de ayudas en cuestión esté exento de esta obligación como consecuencia de la aplicación a dicho régimen de un reglamento de exención por categorías, posibilidad que se examina en relación con la respuesta a la tercera cuestión prejudicial.
En el presente asunto, como se desprende del apartado 44 de la presente sentencia, resulta que la normativa nacional controvertida en los litigios principales prevé la devolución parcial de los impuestos sobre la energía que gravan el gas natural y la energía eléctrica únicamente en favor de las empresas respecto a las cuales conste que se dedican con carácter principal a la fabricación de bienes materiales. Por lo tanto, con arreglo a esa normativa, los proveedores de servicios, como Dilly’s Wellnesshotel, quedan excluidos de la devolución de los impuestos sobre la energía.
Procede señalar que, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente parte de la premisa, no cuestionada en el marco del presente asunto, de que el régimen de ayudas anterior al controvertido en los litigios principales, que reconocía un derecho a la devolución parcial de los impuestos sobre la energía tanto a las empresas de producción como a las empresas de servicios, fue implícitamente aprobado por la Comisión en virtud de la Decisión 2005/565.
Por consiguiente, en el presente asunto es preciso tener en cuenta esa premisa, sin perjuicio de su fundamento, a efectos de la respuesta que deba darse a esta cuestión, de modo que el régimen de ayudas anterior al controvertido en los litigios principales debe considerarse como una ayuda existente, en virtud del artículo 1, letra b), inciso ii), del Reglamento n.
o
659/1999.
Por lo que respecta al fondo de la primera cuestión prejudicial, debe recordarse que la obligación de notificación establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 3, constituye uno de los elementos fundamentales del sistema de control establecido por el Tratado FUE en materia de ayudas estatales. En ese sistema, los Estados miembros están obligados, por una parte, a notificar a la Comisión toda medida que pretenda establecer o modificar una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y, por otra parte, a no aplicar dicha medida mientras esa institución no haya adoptado una decisión definitiva sobre la misma (sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar,
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, apartado
, y jurisprudencia citada).
La obligación que recae sobre el Estado miembro correspondiente de notificar toda nueva ayuda a la Comisión se precisó en el artículo 2 del Reglamento n.
o
659/1999 (sentencia de 21 de julio de 2016, Dilly’s Wellnesshotel,
C‑493/14
,
EU:C:2016:577
, apartado
).
Como el Tribunal de Justicia ya ha declarado, deben considerarse ayudas nuevas sometidas a la obligación de notificación prevista en el artículo 108 TFUE, apartado 3, las medidas adoptadas después de la entrada en vigor del Tratado FUE tendentes a la concesión o a la modificación de ayudas, debiendo precisarse que las modificaciones pueden referirse bien a ayudas existentes, bien a proyectos iniciales notificados a la Comisión (véanse, en particular, las sentencias de 9 de agosto de 1994, Namur-Les assurances du crédit,
C‑44/93
,
EU:C:1994:311
, apartado
, y de 20 de mayo de 2010, Todaro Nunziatina & C.,
C‑138/09
,
EU:C:2010:291
, apartado
).
En efecto, con arreglo al artículo 1, letra c), del Reglamento n.
o
659/1999, constituye una nueva ayuda toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes.
A este último respecto, el artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.
o
794/2004 califica de modificación de una ayuda existente cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado interior.
En particular, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra c), del Reglamento n.
o
794/2004, la imposición de criterios más estrictos para la aplicación de un régimen de ayudas autorizado es una de las modificaciones de las ayudas existentes que, en principio, deben notificarse.
Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el examen de la cuestión de si una medida constituye una ayuda, en el sentido del artículo 107 TFUE, tiene en cuenta, en particular, el grupo de beneficiarios para los que se prevé la concesión de dicha ayuda con el fin de comprobar, en particular, el carácter selectivo de esta medida (véase, a este respecto, la sentencia de 8 de noviembre de 2001, Adria-Wien Pipeline y Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke,
C‑143/99
,
EU:C:2001:598
, apartados
a
,
y
).
De ello se deduce que una modificación de los criterios con arreglo a los cuales se determinan los beneficiarios de una ayuda no se limita a una modificación de carácter puramente formal o administrativo, sino que constituye un aspecto que puede influir en la cuestión de si una medida debe calificarse de ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, y, por consiguiente, en la necesidad de notificar dicha ayuda conforme a la obligación prevista en el artículo 108 TFUE, apartado 3.
En efecto, como sostiene fundadamente la Comisión, el control que dicha institución debe ejercer a raíz de la notificación, efectuada con arreglo a esta última disposición, de un proyecto dirigido a modificar el grupo de beneficiarios de un régimen de ayudas no se limita a comprobar si la modificación de que se trata ha supuesto una reducción del número de beneficiarios, sino que implica, en particular, apreciar si el cambio de los criterios de aplicación resultante de dicha modificación falsea o amenaza con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Pues bien, la notificación previa de tal modificación permite precisamente comprobar si este es el caso.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 108 TFUE, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional que modifica un régimen de ayudas al reducir el grupo de beneficiarios de dichas ayudas está sujeta, en principio, a la obligación de notificación establecida en esa disposición.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
Sobre la segunda parte de la tercera cuestión prejudicial
Mediante la segunda parte de su tercera cuestión, que procede examinar en primer lugar ya que se refiere al ámbito de aplicación temporal del Reglamento n.
o
651/2014, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 58, apartado 1, del citado Reglamento debe interpretarse en el sentido de que las ayudas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento sobre la base de un régimen de ayudas como el controvertido en los litigios principales pueden quedar exentas, en virtud de ese mismo Reglamento, de la obligación de notificación establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 3.
Con carácter preliminar, procede recordar que, de conformidad con el artículo 109 TFUE, el Consejo puede adoptar los reglamentos apropiados para la aplicación de los artículos 107 TFUE y 108 TFUE y determinar, en particular, las condiciones para la aplicación del apartado 3 del artículo 108 TFUE y las categorías de ayudas que quedan excluidas del procedimiento previsto en esta última disposición. Asimismo, en virtud del artículo 108 TFUE, apartado 4, la Comisión puede adoptar reglamentos relativos a las categorías de ayudas públicas sobre las que el Consejo haya determinado, con arreglo al artículo 109 TFUE, que pueden quedar exentas del procedimiento establecido en el artículo 108 TFUE, apartado 3 (sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar,
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, apartado
y jurisprudencia citada).
De este modo, el Reglamento n.
o
994/98, con base en el cual se aprobó posteriormente el Reglamento n.
o
800/2008, fue adoptado en aplicación del artículo 94 del Tratado CE (convertido en el artículo 89 CE y posteriormente en el artículo 109 TFUE) (sentencia de 5 de marzo de 2019, Eesti Pagar,
C‑349/17
,
EU:C:2019:172
, apartado
y jurisprudencia citada). Este último Reglamento fue derogado a su vez y sustituido por el Reglamento n.
o
651/2014, que fue adoptado también en virtud del Reglamento n.
o
994/98.
De ello resulta que, con independencia de la obligación de notificación previa de toda medida dirigida a establecer o modificar una ayuda, impuesta a los Estados miembros en virtud de los Tratados y que, como resulta del apartado 54 de la presente sentencia, constituye uno de los elementos fundamentales del sistema de control de las ayudas de Estado, si una medida de ayuda adoptada por un Estado miembro cumple los correspondientes requisitos establecidos en el Reglamento n.
o
651/2014, ese Estado miembro puede acogerse a la posibilidad de quedar dispensado de su obligación de notificación (véase, en relación con el Reglamento n.
o
800/2008, la sentencia de 21 de julio de 2016, Dilly’s Wellnesshotel,
C‑493/14
,
EU:C:2016:577
, apartado
).
A la inversa, del artículo 58, apartado 2, del Reglamento n.
o
651/2014 se desprende que toda ayuda que no esté exenta de la obligación de notificación prevista en el artículo 108 TFUE, apartado 3, en virtud de este Reglamento o de otros reglamentos vigentes adoptados con arreglo al artículo 1 del Reglamento n.
o
994/98, será evaluada por la Comisión de acuerdo con los marcos, directrices y comunicaciones pertinentes.
A este respecto, como se ha recordado en el apartado 30 de la presente sentencia, en su sentencia de 21 de julio de 2016, Dilly’s Wellnesshotel (
C‑493/14
,
EU:C:2016:577
), el Tribunal de Justicia declaró que un régimen de ayudas como el controvertido en el litigio que dio lugar a esa sentencia no estaba exento de la obligación de notificación en virtud del Reglamento n.
o
800/2008, puesto que dicho régimen no contenía ninguna referencia expresa a ese Reglamento de conformidad con el artículo 3, apartado 1, de este. De la petición de decisión prejudicial formulada en el presente asunto se desprende que el régimen de ayudas controvertido en el litigio que dio lugar a dicha sentencia es también el controvertido en los litigios principales. En efecto, de los antecedentes de esos litigios presentados en dicha petición, expuestos en los apartados 30 a 32 y en los apartados 35 y 36 de la presente sentencia, se desprende que los recursos de casación de los que conoce el órgano jurisdiccional remitente se interpusieron contra las sentencias por las que el Bundesfinanzgericht (Tribunal Federal Tributario), ateniéndose a la sentencia de 21 de julio de 2016, Dilly’s Wellnesshotel (
C‑493/14
,
EU:C:2016:577
), concedió la devolución de los impuestos sobre la energía solicitada por Dilly’s Wellnesshotel.
Pues bien, la circunstancia de que, debido a la falta de referencia expresa al Reglamento n.
o
800/2008 en el régimen de ayudas controvertido en los litigios principales, dicho régimen no pueda beneficiarse de una exención en virtud del citado Reglamento, no puede, por sí misma, impedir que ese régimen cumpla los requisitos pertinentes establecidos por el Reglamento n.
o
651/2014, el cual, como se desprende de los apartados 9 y 66 de la presente sentencia, ha derogado y sustituido al Reglamento n.
o
800/2008. En efecto, como se desprende de los considerandos 2 a 4 del Reglamento n.
o
651/2014, mediante la revisión del Reglamento n.
o
800/2008, el Reglamento n.
o
651/2014 pretendía, en particular, definir mejor las condiciones en las que determinadas categorías de ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado interior y ampliar el ámbito de aplicación de las exenciones por categoría. Así pues, tal como se desprende tanto del artículo 3 como del considerando 6 del Reglamento n.
o
651/2014, para apreciar si una ayuda puede acogerse a una exención en virtud de este último Reglamento, deben tenerse en cuenta todas las condiciones establecidas en el Reglamento n.
o
651/2014, tanto generales como específicas para la categoría de ayudas de que se trate.
Por lo que respecta, pues, a la cuestión de si las ayudas concedidas sobre la base de un régimen de ayudas como el controvertido en los litigios principales pueden quedar exentas de la obligación de notificación en virtud del Reglamento n.
o
651/2014, procede señalar que, al igual que el Reglamento n.
o
800/2008, como atenuación de la regla general que constituye la obligación de notificación, el Reglamento n.
o
651/2014 y las condiciones previstas en él deben interpretarse en sentido estricto (véase, por analogía, la sentencia de 21 de julio de 2016, Dilly’s Wellnesshotel,
C‑493/14
,
EU:C:2016:577
, apartado
).
Este planteamiento resulta corroborado por los objetivos que persiguen los reglamentos generales de exención por categorías de ayuda, tal como se exponen en los considerandos 4 y 5 del Reglamento n.
o
994/98. En efecto, si bien la Comisión está autorizada a adoptar tales reglamentos para garantizar una vigilancia eficaz de las normas de la competencia en materia de ayudas de Estado y simplificar la gestión administrativa, sin debilitar el control de la Comisión en ese ámbito, tales reglamentos tienen también por objeto aumentar la transparencia y la seguridad jurídica. El cumplimiento de los requisitos establecidos por esos reglamentos, incluido por lo tanto el Reglamento n.
o
651/2014, permite asegurar la plena consecución de esos objetivos (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2016, Dilly’s Wellnesshotel,
C‑493/14
,
EU:C:2016:577
, apartado
).
En el caso de autos, las ayudas controvertidas en los litigios principales versan sobre la devolución de los impuestos sobre la energía correspondientes al año 2011 y al período comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2014, mientras que el Reglamento n.
o
651/2014 entró en vigor el 1 de julio de 2014, de conformidad con su artículo 59.
A este respecto, procede señalar que, como se desprende del propio título del artículo 58 del Reglamento n.
o
651/2014, dicho artículo establece disposiciones transitorias aplicables a las ayudas de Estado a las que se refieren sus disposiciones. En particular, el apartado 1 del citado artículo dispone que el Reglamento n.
o
651/2014 se aplicará a las ayudas individuales concedidas antes de su entrada en vigor, siempre que cumplan todas las condiciones establecidas en dicho Reglamento, a excepción de su artículo 9, que establece obligaciones en materia de publicación y de información relativas a las medidas de ayuda.
Según el artículo 2, punto 14, del Reglamento n.
o
651/2014, el concepto de «ayuda individual», en el sentido de dicho Reglamento, incluye, en particular, las ayudas concedidas a beneficiarios individuales sobre la base de un régimen de ayudas. Se incluyen en este concepto las ventajas fiscales que la demandante reivindica en los litigios principales.
De ello se deduce que, según el propio tenor del artículo 58, apartado 1, del Reglamento n.
o
651/2014, las ayudas de que se trata en los litigios principales, aunque se concedieran antes de la entrada en vigor de dicho Reglamento, pueden quedar exentas de la obligación de notificación prevista en él.
Además, esta interpretación concuerda con el objetivo que persigue el Reglamento n.
o
651/2014, que consiste, como se indica en su considerando 3, en prever una mejor priorización de las actividades de ejecución de las ayudas estatales. En efecto, como se desprende del considerando 2 de dicho Reglamento, la revisión del Reglamento n.
o
800/2008 constituía un elemento clave de la modernización de la política de la Unión en materia de ayudas de Estado, habida cuenta de que dicha modernización implicaba una amplia reconsideración de las normas aplicables a las ayudas de Estado y al haber contado entre sus objetivos principales el objetivo de concentrar el examen
ex ante
de las medidas de ayuda por parte de la Comisión en los casos que tienen mayor incidencia en el mercado interior.
La interpretación del artículo 58, apartado 1, del Reglamento n.
o
651/2014 expuesta en el apartado 76 de la presente sentencia no resulta desvirtuada por la alegación de Dilly’s Welnesshotel de que ese apartado debe interpretarse conjuntamente con los apartados 2 y 3 de dicho artículo. En efecto, como el Abogado General señala en el punto 53 de sus conclusiones, el artículo 58, apartado 1, del Reglamento n.
o
651/2014 no exige en modo alguno que se cumplan los requisitos establecidos en los demás apartados del artículo para que sea aplicable el apartado 1, ya que los apartados 1 a 4 del artículo 58 se refieren cada uno a normas transitorias para situaciones diferentes.
Habida cuenta de lo anterior, ha de considerarse que, como alegan el Gobierno austriaco y la Comisión, el artículo 58, apartado 1, del Reglamento n.
o
651/2014 exime de la obligación de notificación a las ayudas individuales concedidas antes del 1 de julio de 2014, como las abonadas en virtud del régimen de que se trata en los litigios principales, siempre que dichas ayudas cumplan todos los requisitos establecidos en dicho Reglamento, a excepción de su artículo 9.
Por consiguiente, procede responder a la segunda parte de la tercera cuestión prejudicial que el artículo 58, apartado 1, del Reglamento n.
o
651/2014 debe interpretarse en el sentido de que las ayudas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento, sobre la base de un régimen de ayudas como el controvertido en los litigios principales, pueden quedar exentas, en virtud de ese mismo Reglamento, de la obligación de notificación establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 3.
Sobre la primera parte de la tercera cuestión prejudicial
En la primera parte de su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente se refiere de manera general a los requisitos previstos por el Reglamento n.
o
651/2014, sin citar ninguna disposición específica de este. No obstante, del propio tenor de esta cuestión, así como de otras constataciones expuestas en la petición de decisión prejudicial, como las recogidas en el apartado 42 de la presente sentencia, se desprende que, mediante esa cuestión, dicho órgano jurisdiccional desea determinar si en los litigios principales se cumple el requisito previsto en el artículo 44, apartado 3, de dicho Reglamento.
En particular, el tenor de la primera parte de la tercera cuestión prejudicial hace referencia al hecho de que la normativa nacional controvertida en los litigios principales establece expresamente en una fórmula de cálculo el importe de la devolución de los impuestos sobre la energía, mientras que el artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.
o
651/2014 dispone que los regímenes de ayudas en forma de reducciones fiscales se basarán en una reducción del tipo del impuesto medioambiental aplicable o en el pago del importe de una compensación fija o en una combinación de ambos mecanismos. Por otra parte, si bien el órgano jurisdiccional remitente expone detalladamente en su petición de decisión prejudicial las razones por las que alberga dudas sobre si puede considerarse que el régimen de ayudas controvertido en los litigios principales cumple el requisito establecido en dicha disposición, señala expresamente que considera que en los litigios principales se cumplen tanto los requisitos previstos en el artículo 44, apartados 1, 2 y 4, del Reglamento n.
o
651/2014 como los que se derivan de otras disposiciones que figuran en el capítulo I de dicho Reglamento.
Por consiguiente, procede considerar que, mediante la primera parte de su tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.
o
651/2014 debe interpretarse en el sentido de que se ajusta a esta disposición un régimen de ayudas como el controvertido en los litigios principales, para el que el importe de la devolución de los impuestos sobre la energía se fija expresamente en una fórmula de cálculo prevista por la normativa nacional que establece dicho régimen.
A este respecto, ha de recordarse que el artículo 3 del Reglamento n.
o
651/2014 establece que serán compatibles con el mercado interior, a tenor del artículo 107 TFUE, apartados 2 o 3, y quedarán exentos de la obligación de notificación establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 3, en particular, los regímenes de ayudas y las ayudas individuales concedidas con arreglo a regímenes de ayuda, siempre que dichos regímenes y ayudas cumplan todas las condiciones establecidas en el capítulo I de ese Reglamento, así como las condiciones específicas aplicables a la categoría pertinente establecidas en el capítulo III del mismo Reglamento.
Las disposiciones del artículo 44 del Reglamento n.
o
651/2014, que figura en el capítulo III de dicho Reglamento, se aplican, como se desprende del propio título de dicho artículo y de su apartado 1, a las ayudas en forma de reducciones de impuestos medioambientales con arreglo a la Directiva 2003/96. Por consiguiente, procede considerar que estas disposiciones son aplicables en los litigios principales, sin perjuicio de si las condiciones previstas por esta Directiva se cumplen efectivamente en el caso del régimen de ayudas controvertido en los litigios principales, extremo que debe comprobar el órgano jurisdiccional remitente.
Por lo que respecta, pues, a la cuestión de si tal régimen de ayudas cumple los requisitos previstos en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.
o
651/2014, de la elección que el legislador de la Unión concedió a los Estados miembros en virtud de esta disposición se desprende —en la medida en que les permite establecer bien una reducción del tipo impositivo aplicable, bien el pago del importe de una compensación fija o bien una combinación de ambos mecanismos— que, como sostiene la Comisión, esta disposición tiene por objeto garantizar que el mecanismo de reducción impositiva elegido permita determinar de manera transparente qué reducción del impuesto resulta efectivamente aplicable, dejando un cierto margen de maniobra a los Estados miembros en lo que respecta a sus modalidades.
A este último respecto, el considerando 64 del Reglamento n.
o
651/2014 precisa, en particular, que, para salvaguardar mejor la señal de precios que el impuesto medioambiental pretende transmitir a las empresas, los Estados miembros deben tener la opción de diseñar el régimen de reducción fiscal sobre la base de un mecanismo de pago de un importe fijo de compensación anual (devolución del impuesto).
Asimismo, debe observarse que el objetivo consistente en garantizar la transparencia del mecanismo de cálculo de la reducción impositiva se inscribe en el objetivo perseguido por el Reglamento n.
o
651/2014 y puesto de relieve en sus considerandos 3 a 5 de dar mayor importancia a la transparencia y al control del cumplimiento de las normas relativas a las ayudas de Estado a nivel nacional y de la Unión. En efecto, como se desprende del apartado 72 de la presente sentencia, este objetivo figura entre los que persiguen, con carácter general, los reglamentos generales de exención por categorías de ayudas.
En el caso de autos, de los datos sometidos al Tribunal de Justicia se desprende que las reducciones fiscales que constituyen las ayudas concedidas en virtud del régimen de ayudas controvertido en los litigios principales se basan en una fórmula de cálculo definida concretamente en la normativa nacional que establece dicho régimen. En particular, conforme a dicha normativa, los impuestos sobre la energía deben devolverse por año civil siempre que excedan, en total, del 0,5 % del valor de la producción neta de la empresa. Además, dicha normativa limita el importe de la devolución mediante referencia a los niveles mínimos de imposición previstos en la Directiva 2003/96. Por otra parte, la Administración nacional no dispone de ningún margen de apreciación en lo que respecta al importe de la reducción fiscal resultante de esta fórmula de cálculo.
Así pues, en virtud de dicho régimen, el importe de los impuestos sobre la energía que debe devolverse corresponde bien a la diferencia entre el importe íntegro de dichos impuestos y el 0,5 % del valor de la producción neta de la empresa beneficiaria, bien a la diferencia entre el importe íntegro de dichos impuestos y los niveles mínimos de imposición aplicables a las fuentes de energía mencionadas. De estos dos métodos de cálculo, se aplica el que determina el menor importe de impuestos sobre la energía que debe devolverse.
De ello se deduce que, en virtud de la fórmula de cálculo que establece, la normativa nacional controvertida en los litigios principales determina dos potenciales tipos reducidos del impuesto medioambiental, así como cuál de esos dos tipos debe aplicarse a cada empresa beneficiaria. Esta fórmula de cálculo no permite a las autoridades nacionales fijar libremente el importe del impuesto que la empresa debe abonar realmente, que corresponde al importe que las autoridades tributarias conservan tras el pago de la devolución así calculada.
En estas circunstancias, procede señalar que, como alega la Comisión, cada uno de los métodos de cálculo que integran la fórmula de cálculo prevista por la normativa nacional controvertida en los litigios principales, tal como se exponen en los apartados 89 y 90 de la presente sentencia, implica una reducción del tipo aplicable del impuesto medioambiental en el sentido del artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.
o
651/2014. En efecto, en el primero de estos métodos de cálculo, el tipo impositivo aplicable se reduce efectivamente al 0,5 % del valor de la producción neta de la empresa beneficiaria, mientras que en el segundo método de cálculo el tipo impositivo aplicable se reduce efectivamente al nivel mínimo de imposición aplicable a la fuente de energía de que se trate.
Por lo tanto, ha de considerarse que un régimen de ayudas como el controvertido en los litigios principales se basa en uno de los mecanismos específicos de reducción de impuestos medioambientales previstos en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.
o
651/2014, por lo que debe considerarse cumplido el requisito previsto en dicha disposición.
No invalida esta consideración la circunstancia de que la normativa nacional controvertida en los litigios principales establezca una fórmula de cálculo de la que se derivan dos tipos impositivos reducidos diferentes, dado que, como se desprende de los apartados 89 a 91 de la presente sentencia, esta normativa también permite determinar cuál de esos dos tipos debe aplicarse efectivamente en un caso concreto, de manera que la existencia de dos tipos alternativos de gravamen no desvirtúa el objetivo perseguido por el artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.
o
651/2014, tal como se ha expuesto en los apartados 86 y 87 de la presente sentencia.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la primera parte de la tercera cuestión prejudicial que el artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.
o
651/2014 debe interpretarse en el sentido de que se ajusta a esta disposición un régimen de ayudas, como el controvertido en los litigios principales, para el que el importe de la devolución de los impuestos sobre la energía se fija expresamente en una fórmula de cálculo prevista por la normativa nacional que establece dicho régimen.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita, en esencia, que se diluciden las consecuencias que debería extraer para los litigios principales en caso de que el Tribunal de Justicia declare que un régimen de ayudas como el controvertido en dichos litigios debería haber sido notificado con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, de modo que las ayudas concedidas en virtud de dicho régimen deban considerarse ilegales.
Pues bien, de las respuestas dadas a las cuestiones prejudiciales primera y tercera se desprende que, a pesar de la obligación de notificación de principio que se impone con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 3, respecto a un régimen de ayudas como el controvertido en los litigios principales, las ayudas concedidas en virtud de dicho régimen durante los períodos de que se trata en esos litigios están exentas de esta obligación conforme al artículo 3 del Reglamento n.
o
651/2014, en la medida en que concurran todos los requisitos previstos en el capítulo I y en el artículo 44 de dicho Reglamento, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
En consecuencia, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes de los litigios principales, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara:

1)
El artículo 108 TFUE, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional que modifica un régimen de ayudas al reducir el grupo de beneficiarios de dichas ayudas está sujeta, en principio, a la obligación de notificación establecida en dicha disposición.

2)
El artículo 58, apartado 1, del Reglamento (UE) n.
o
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 [TFUE] y 108 [TFUE], debe interpretarse en el sentido de que las ayudas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Reglamento, sobre la base de un régimen de ayudas como el controvertido en los litigios principales, pueden quedar exentas, en virtud de ese mismo Reglamento, de la obligación de notificación establecida en el artículo 108 TFUE, apartado 3.

3)
El artículo 44, apartado 3, del Reglamento n.
o
651/2014 debe interpretarse en el sentido de que se ajusta a esta disposición un régimen de ayudas, como el controvertido en los litigios principales, para el que el importe de la devolución de los impuestos sobre la energía se fija expresamente en una fórmula de cálculo prevista por la normativa nacional que establece dicho régimen

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.