CELEX: 62015CJ0548
Procedimiento prejudicial
Política social
Principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de la edad
Directiva 2000/78/CE
Igualdad de trato en el empleo y la ocupación
Artículos 2, 3 y 6
Ámbito de aplicación
Diferencia de trato por motivos de edad
Legislación nacional que limita la deducción de los gastos de formación en que se haya incurrido una vez alcanzada determinada edad
Acceso a la formación profesional

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del principio de no discriminación por razón de la edad, así como del artículo 3, apartado 1, letra c), y del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (
DO 2000, L 303, p. 16
).
Esta petición se ha presentado en el marco de un litigio entre el Sr. J.J. de Lange y el Staatssecretaris van Financiën (Secretario de Estado de Hacienda, Países Bajos), relativo a la negativa de éste a concederle el derecho a la deducción íntegra de sus gastos de formación.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
A tenor del artículo 1 de la Directiva 2000/78, ésta «tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato».
El artículo 2 de dicha Directiva establece cuanto sigue:
«1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.
2.   A efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a)
existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1;
b)
existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que:
i)
dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios; […]
[…]»
El artículo 3 de esta misma Directiva, que lleva por título «Ámbito de aplicación», dispone lo siguiente:
«1.   Dentro del límite de las competencias conferidas a la [Unión Europea], la presente Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:
[…]
b)
el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación profesional, formación profesional superior y reciclaje, incluida la experiencia laboral práctica;
c)
las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración;
[…]»
El artículo 6 de la Directiva 2000/78 está redactado como sigue:
«1.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios.
Dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular:
a)
el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y [remuneración], para los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los que tengan personas a su cargo, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar la protección de dichas personas;
[…]»
El artículo 16 [segundo artículo 15 en la versión española] de la Directiva 2000/78, que lleva por título «Cumplimiento», dispone lo siguiente:
«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para velar por que:
a)
se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato;
[…]»
Derecho neerlandés
El artículo 6.30 de la wet inkomstenbelasting 2001 (Ley del impuesto sobre la renta de 2001), en su versión aplicable al litigio principal (en lo sucesivo, «Ley del impuesto sobre la renta»), establece lo siguiente:
«1.   Los gastos de formación serán deducibles siempre que el importe global sea superior a 500 euros y, [para las formaciones seguidas] fuera del período de estudios estándar, no asciendan a un importe total superior a 15000 euros.
2.   […]
3.   El período de estudios estándar es el período que deberá declarar el sujeto pasivo no superior a dieciséis trimestres naturales, en el que, tras haber alcanzado los 18 años de edad pero antes de llegar a los 30 años, dedique la mayor parte del tiempo disponible para trabajar a una formación que suponga una carga de estudio total de una dimensión tal que haga imposible la realización simultánea de una actividad laboral completa.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
En el año 2008, cuando tenía 32 años, el Sr. de Lange comenzó a cursar una formación de piloto comercial. En su declaración del impuesto sobre la renta y de las cotizaciones a la seguridad social correspondiente a 2009, consignó como deducción personal un importe de 44057 euros en concepto de gastos resultantes de dicha formación.
De la resolución de remisión se desprende que la normativa controvertida en el litigio principal permite, bajo determinadas condiciones, a quienes no hayan cumplido 30 años de edad, deducir íntegramente los gastos de formación profesional de su renta sujeta a imposición. En cambio, este derecho a la deducción está limitado a un importe de 15000 euros para quienes hayan alcanzado dicha edad.
Por lo tanto, la Administración tributaria neerlandesa reconoció al interesado, sobre la base del artículo 6.30 de la Ley del impuesto sobre la renta, un derecho a deducción a tanto alzado por importe únicamente de 15000 euros.
Toda vez que el recurso interpuesto por el Sr. de Lange contra dicha resolución fue desestimado en primera instancia y en apelación, el interesado interpuso un recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente.
Dicho órgano jurisdiccional se pregunta sobre la posibilidad de aplicar la Directiva 2000/78 y el principio de no discriminación por razón de la edad a un régimen tributario relativo a la deducción de los gastos de formación. En su caso, se pregunta si puede estar justificada la diferencia de trato a la que da lugar tal régimen y que consiste en la concesión o denegación del derecho a la deducción íntegra sobre la base, en concreto, del criterio de la edad.
En estas circunstancias, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 3 de la Directiva [2000/78] en el sentido de que esta disposición es aplicable a una ventaja establecida en la normativa fiscal, en virtud de la cual los gastos de formación pueden deducirse, en determinadas condiciones, de la renta sujeta a imposición?
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial:
2)
¿Debe aplicarse el principio de no discriminación por razón de edad, en cuanto principio general del Derecho de la Unión, a una ventaja fiscal en virtud de la cual los gastos de formación se deducen únicamente en determinadas condiciones, incluso cuando dicha ventaja no quede comprendida en el ámbito de aplicación material de la Directiva [2000/78] y tal norma no aplique el Derecho de la Unión?
En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones prejudiciales primera o segunda:
3)
a)
¿Pueden estar justificadas del modo previsto en el artículo 6 de la Directiva [2000/78] diferencias de trato contrarias al principio de no discriminación por razón de edad, en cuanto principio general del Derecho de la Unión?
b)
En caso de respuesta negativa, ¿qué criterios se observan en la aplicación de dicho principio o para la justificación de una distinción por razón de edad?
4)
a)
¿Deben interpretarse el artículo 6 de la Directiva [2000/78] y/o el principio de no discriminación por razón de edad en el sentido de que una diferencia de trato por razón de edad puede estar justificada si el motivo de tal diferencia de trato alcanza únicamente a una parte de los casos a los que afecta tal distinción?
b)
¿Puede estar justificada una distinción por razón de edad por la opinión del legislador según la cual sobrepasada una determinada edad no es necesario disponer de una ventaja fiscal debido a la “propia responsabilidad” de quien la reclama para alcanzar el objetivo perseguido mediante dicha ventaja?»
Apreciación del Tribunal de Justicia
Primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que un régimen impositivo, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el tratamiento fiscal de los gastos de formación profesional en que ha incurrido una persona es distinto en función de su edad, está comprendido en el ámbito de aplicación material de dicha Directiva.
Procede comenzar recordando que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, se desprende tanto del título y de la exposición de motivos como del contenido y de la finalidad de la Directiva 2000/78 que ésta tiene por objeto establecer un marco general para garantizar a todas las personas la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, ofreciéndoles una protección eficaz contra las discriminaciones basadas en alguno de los motivos mencionados en su artículo 1, entre los que figura la edad (sentencias de 26 de septiembre de 2013, Dansk Jurist- og Økonomforbund,
C‑546/11
,
EU:C:2013:603
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 2 de junio de 2016, C,
C‑122/15
,
EU:C:2016:391
, apartado
).
En particular, el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/78 establece que ésta se aplica, dentro del límite de las competencias conferidas a la Unión, a todas las personas en relación con el acceso a todos los tipos y niveles de orientación profesional, formación profesional, formación profesional superior y reciclaje, incluida la experiencia laboral práctica.
A este respecto, es preciso manifestar, como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, que si bien la existencia y el alcance de un derecho a deducir, como el previsto en el artículo 6.30 de la Ley del impuesto sobre la renta, no condicionan, como tal, el acceso a la formación profesional, no es menos cierto que las consecuencias económicas que se derivan pueden tener repercusiones en la accesibilidad efectiva a tal formación.
El Gobierno neerlandés alega que la ventaja fiscal de que se trata en el litigio principal tiene por objeto favorecer el acceso de los jóvenes a la formación y su situación en el mercado de trabajo. En su opinión, el objetivo del derecho a deducir previsto en el artículo 6.30 de la Ley del impuesto sobre la renta es ayudar a los jóvenes ofreciéndoles, durante un período de estudios estándar determinado, ventajas fiscales que les permitan seguir más fácilmente unos estudios durante dicho período y, de este modo, adquirir una sólida situación en el mercado de trabajo.
En estas circunstancias, cabe considerar que un régimen tributario, como el controvertido en el litigio principal, concierne al acceso a la formación profesional, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/78.
Por lo tanto, e interpretado a la luz del artículo 16, letra a), de la Directiva 2000/78, en virtud del cual los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias para velar por que se supriman las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias al principio de igualdad de trato, el artículo 3, apartado 1, letra b), de dicha Directiva debe entenderse en el sentido de que se refiere asimismo a una disposición tributaria como la del litigio principal, adoptada con el fin de favorecer el acceso de los jóvenes a la formación y, por lo tanto, su situación en el mercado de trabajo (véase, por analogía, la sentencia de 21 de julio de 2005, Vergani,
C‑207/04
,
ECLI:EU:C:2005:495
, apartado
).
De lo anterior se desprende que el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que un régimen impositivo, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el tratamiento fiscal de los gastos de formación profesional en que ha incurrido una persona es distinto en función de su edad, está comprendido en el ámbito de aplicación material de dicha Directiva en la medida en que tiene por objeto favorecer el acceso de los jóvenes a la formación.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
Habida cuenta de la respuesta dada a la primera cuestión prejudicial, no procede responder a la segunda cuestión prejudicial, puesto que únicamente se plantea para el supuesto de que el Tribunal de Justicia declarase que la Directiva 2000/78 no resulta aplicable al litigio principal.
Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta
Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que se opone a un régimen impositivo, como el controvertido en el litigio principal, que permite, bajo determinadas condiciones, a quienes no hayan cumplido 30 años de edad, deducir íntegramente los gastos de formación profesional de su renta sujeta a imposición, mientras que ese derecho a la deducción está limitado para quienes hayan alcanzado dicha edad.
Conforme a la citada disposición, es preciso examinar si la diferencia de trato por motivos de edad de quienes siguen tal formación está justificada objetiva y razonablemente por una finalidad legítima, si los medios aplicados para su consecución son adecuados y si no exceden de lo necesario para alcanzar la finalidad perseguida por el legislador nacional.
El artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 2000/78 establece, además, que dichas diferencias de trato podrán incluir, en particular, el establecimiento de condiciones especiales de acceso al empleo y a la formación profesional, de empleo y de trabajo, incluidas las condiciones de despido y retribución, para los jóvenes, con vistas a favorecer su inserción profesional o garantizar su protección.
Por lo tanto, procede considerar que el objetivo de favorecer la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo con vistas a promover su inserción profesional o garantizar su protección puede considerarse legítimo, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78.
En consecuencia, procede examinar si los medios utilizados para lograr tal objetivo son adecuados y necesarios.
Por lo que se refiere, en primer lugar, al carácter adecuado de un régimen impositivo como el controvertido en el litigio principal, no se discute que tal régimen puede favorecer la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo por cuanto constituye para ellos una medida estimulante por lo que respecta a la formación profesional. No obstante, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si éste es efectivamente el caso.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta sobre el carácter estrictamente necesario del régimen impositivo controvertido.
Sobre este particular, el Gobierno neerlandés manifiesta que si bien el referido régimen reserva únicamente a las personas menores de 30 años el derecho a deducir íntegramente sus gastos de formación de su renta sujeta a imposición, los mayores de 30 años no resultan sin embargo excesivamente perjudicados por dicho régimen. En su opinión, éstos gozan, cada año, del derecho a la deducción de los gastos de formación por importe de 15000 euros, con independencia de si los gastos en que han incurrido corresponden a un primer ciclo de estudios o a un ciclo posterior.
El Gobierno neerlandés añade que tal derecho a deducir se puede ejercer sin límite en el tiempo, mientas que la posibilidad, para los menores de 30 años, de deducir íntegramente sus gastos de formación está limitada a un período de estudios estándar de dieciséis trimestres naturales. Por último, este mismo Gobierno subraya que los gastos de formación ascienden como media a 15000 euros al año.
Por último, por lo que respecta a si está justificado excluir a las personas mayores de 30 años del derecho a deducir íntegramente los gastos de formación, el Gobierno neerlandés alega que dichas personas han tenido generalmente ocasión de seguir una formación anterior y de ejercer una actividad profesional, de modo que, al encontrarse en una situación económica mejor que la de los jóvenes recién salidos del sistema escolar, pueden asumir al menos parcialmente la carga económica de una nueva formación.
Dado el amplio margen de apreciación reconocido a los Estados miembros y a los interlocutores sociales en materia de política social y empleo, no parece que un Estado miembro que adopte un régimen impositivo como el controvertido en el litigio principal vaya más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo de favorecer la situación de los jóvenes en el mercado de trabajo.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un régimen impositivo, como el controvertido en el litigio principal, que permite, bajo determinadas condiciones, a quienes no hayan cumplido 30 años de edad, deducir íntegramente los gastos de formación profesional de su renta sujeta a imposición, mientras que ese derecho a la deducción está limitado para quienes hayan alcanzado dicha edad, en la medida en que, por un lado, dicho régimen está objetiva y razonablemente justificado por un objetivo legítimo relativo a las políticas de empleo y del mercado de trabajo y, por otro, los medios para lograr tal objetivo son adecuados y necesarios. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si así sucede en el asunto principal.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:

1)
El artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que un régimen impositivo, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el tratamiento fiscal de los gasto de formación profesional en que ha incurrido una persona es distinto en función de su edad, está comprendido en el ámbito de aplicación material de dicha Directiva en la medida en que tiene por objeto favorecer el acceso de los jóvenes a la formación.

2)
El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a un régimen impositivo, como el controvertido en el litigio principal, que permite, bajo determinadas condiciones, a quienes no hayan cumplido 30 años de edad, deducir íntegramente los gastos de formación profesional de su renta sujeta a imposición, mientras que ese derecho a la deducción está limitado para quienes hayan alcanzado dicha edad, en la medida en que, por un lado, dicho régimen está objetiva y razonablemente justificado por un objetivo legítimo relativo a las políticas de empleo y del mercado de trabajo y, por otro, los medios para lograr tal objetivo son adecuados y necesarios. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar si así sucede en el asunto principal.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.