CELEX: 62021CJ0613
Recurso de casación
Función pública
Funcionarios
Procedimiento para el nombramiento de un puesto de director
Convocatoria para proveer plaza vacante y anuncio de contratación
Desestimación de la candidatura para un puesto y nombramiento de otro candidato
Irregularidad del procedimiento de selección
Error manifiesto de apreciación
Transparencia
Igualdad de trato

Mediante su recurso de casación, el Parlamento Europeo solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 14 de julio de 2021, Carbajo Ferrero/Parlamento (T‑670/19, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2021:435), mediante la que dicho Tribunal, por una parte, anuló la decisión del Parlamento, de 10 de diciembre de 2018, de desestimar la candidatura del Sr. Fernando Carbajo Ferrero y de nombrar a A, otro candidato, para el puesto de director de Medios de Comunicación de la Dirección General de Comunicación del Parlamento (en lo sucesivo, «decisión controvertida»), y, por otra parte, condenó al Parlamento a abonar al Sr. Carbajo Ferrero, en concepto de resarcimiento de los daños materiales, un importe de 40 000 euros.

Antecedentes del litigio
Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 1 a 18 de la sentencia recurrida y pueden resumirse, a efectos del presente procedimiento, del siguiente modo.
El Sr. Carbajo Ferrero entró al servicio del Parlamento el 21 de abril de 1986 en calidad de funcionario. En esta institución, desempeñó diversas funciones en los ámbitos de prensa, información, cultura y medios de comunicación.
Con el fin de cubrir el puesto de director de Medios de Comunicación (en lo sucesivo, «director de Medios de Comunicación»), el 27 de febrero de 2018 el Parlamento publicó una convocatoria para proveer plaza vacante sobre la base del artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «convocatoria para proveer plaza vacante»). El plazo para la presentación de candidaturas vencía el 23 de marzo de 2018. El Sr. Carbajo Ferrero respondió a esta convocatoria el 22 de marzo de 2018.
El Parlamento recibió tres candidaturas en respuesta a la convocatoria para proveer plaza vacante. Sin embargo, a fin de ampliar sus posibilidades de elección en la provisión del puesto de director de Medios de Comunicación, el 27 de marzo de 2018 el Parlamento publicó un anuncio de traslado sobre la base del artículo 29, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «anuncio de traslado»). Además, el 13 de abril de 2018, el Parlamento publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea
un anuncio de contratación, sobre la base del artículo 29, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (DO 2018, C 132 A, p. 1; en lo sucesivo, «anuncio de contratación»).
El anuncio de contratación establecía que el plazo para la presentación de candidaturas vencía el 27 de abril de 2018. En total se presentaron dieciséis candidatos, tres de ellos en respuesta a la convocatoria para proveer plaza vacante, uno en respuesta al anuncio de traslado y doce más en respuesta al anuncio de contratación. Entre esos candidatos se encontraba A, que presentó su candidatura el 26 de abril de 2018 en respuesta al anuncio de contratación.
A partir del 1 de junio de 2018, en espera de que se nombrara a un director de Medios de Comunicación, el Sr. Carbajo Ferrero asumió con carácter temporal las responsabilidades inherentes a ese puesto, con el fin de garantizar la continuidad del servicio de la Dirección de Medios de Comunicación.
En el marco del procedimiento de nombramiento del director de Medios de Comunicación, se constituyó un Comité Consultivo para el Nombramiento de Altos Funcionarios (en lo sucesivo, «Comité Consultivo») con arreglo a la Decisión de la Mesa del Parlamento (en lo sucesivo, «Mesa»), de 16 de mayo de 2000, por la que se establecen las distintas etapas del procedimiento de nombramiento de altos funcionarios, modificada por la Decisión de la Mesa de 18 de febrero de 2008 (en lo sucesivo, «Decisión por la que se establecen las etapas del procedimiento»).
En su reunión de 4 de octubre de 2018, el Comité Consultivo adoptó criterios de análisis comparativo de los méritos de los candidatos (en lo sucesivo, «criterios de análisis comparativo»). Basándose en dichos criterios, el Comité Consultivo estableció una lista de candidatos y formuló una recomendación a la Mesa sobre cuáles de ellos debían ser invitados a una entrevista. La Mesa aprobó esta recomendación por unanimidad. El Sr. Carbajo Ferrero, que había respondido a la convocatoria para proveer plaza vacante, A, que lo había hecho al anuncio de contratación, y B, la única candidatura para el anuncio de traslado, figuraban entre los candidatos invitados a una entrevista. Antes de oír a esos candidatos, el Comité Consultivo estableció siete temas que le permitieran analizar las candidaturas durante las entrevistas y clasificar a los candidatos tras la realización de estas.
Las entrevistas tuvieron lugar el 19 de noviembre de 2018. Basándose en esas entrevistas, el Comité Consultivo presentó a la Mesa un informe motivado para que esta se pronunciara sobre las candidaturas. El informe clasificaba a los candidatos por orden de méritos para determinar los más cualificados para el puesto de director de Medios de Comunicación e iba acompañado de una recomendación adjunta. En su reunión de 10 de diciembre de 2018, el Comité Consultivo propuso, por orden de preferencia, a tres candidatos para proveer la plaza vacante, de los que A ocupaba el primer lugar, el Sr. Carbajo Ferrero el segundo y B el tercero. La Mesa, en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, «AFPN»), decidió seguir la recomendación del Comité Consultivo y nombró a A para el puesto de que se trataba.
El 11 de diciembre de 2018, el Director General de la Dirección General de Comunicación del Parlamento informó a todo el personal de esa Dirección General del resultado del procedimiento de selección y agradeció al Sr. Carbajo Ferrero las responsabilidades que había asumido con carácter temporal, desde el 1 de junio de 2018, en la Dirección de Medios de Comunicación de dicha Dirección General.
Mediante correo electrónico de 12 de diciembre de 2018, el Secretario General del Parlamento notificó al Sr. Carbajo Ferrero la decisión controvertida.
El 8 de marzo de 2019, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto»), el Sr. Carbajo Ferrero presentó una reclamación contra la decisión controvertida, que fue desestimada el 21 de junio de 2019.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 1 de octubre de 2019, el Sr. Carbajo Ferrero interpuso un recurso basado en el artículo 270 TFUE por el que solicitaba, por una parte, la anulación de la decisión controvertida y, por otra parte, el resarcimiento de los daños supuestamente sufridos a causa de esa decisión.
En apoyo de su recurso, el Sr. Carbajo Ferrero invocó cinco motivos.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó la segunda parte del segundo motivo de recurso, basada en que el procedimiento de selección seguido había infringido el artículo 27 del Estatuto y los principios de seguridad jurídica, de transparencia, de buena administración y de igualdad de trato.
A este respecto, el Tribunal General consideró, en los apartados 111 a 123 de la sentencia recurrida, en esencia, que la amplia facultad de que dispone la Administración para organizar el procedimiento de selección está limitada por el respeto del principio de igualdad de trato de los candidatos y de la objetividad de la elección entre estos, que exigen, por una parte, que los criterios de análisis comparativo se establezcan antes de la selección de que se trate y, por otra parte, que esos criterios de análisis comparativo no se modifiquen durante el procedimiento de selección para prevenir el riesgo de que puedan adaptarse en función de las candidaturas recibidas. El Tribunal General señaló, en el apartado 119 de la sentencia recurrida, que la Decisión por la que se establecen las etapas del procedimiento dispone que los criterios de análisis comparativo de los méritos se establezcan al inicio del procedimiento, a saber, antes de la recepción de las candidaturas, y no prevé la posibilidad de que tales criterios se modifiquen en la fase de entrevistas.
Pues bien, el Tribunal General constató que, en el presente asunto, si bien tales criterios habían permitido clasificar las candidaturas con el fin de admitir solo algunas de ellas, no se habían aplicado durante las entrevistas con los candidatos ni durante el análisis de las respuestas a las preguntas formuladas en las entrevistas, que condujeron a la clasificación de los candidatos por orden de méritos. En efecto, en la segunda etapa del procedimiento de selección, el Comité Consultivo estableció siete temas de debate al objeto de utilizarlos para evaluar a los candidatos, cuya clasificación por orden de méritos se efectuó únicamente sobre la base de las respuestas de estos a las preguntas relativas a esos temas tratados en esas entrevistas.
El Tribunal General observó, en los apartados 124 y 125 de la sentencia recurrida, que el Parlamento no había demostrado que se hubieran utilizado los mismos criterios de análisis comparativo de los méritos durante las distintas etapas del procedimiento de selección ni que se hubiera informado a la Mesa, en su condición de AFPN, de que los criterios fijados por el Comité Consultivo antes de la recepción de las candidaturas no habían sido utilizados para comparar los méritos de los candidatos en las entrevistas. Por consiguiente, el Tribunal General estimó la segunda parte del segundo motivo del recurso del Sr. Carbajo Ferrero, en la medida en que en dicha parte se criticaba la falta de transparencia de las distintas etapas del procedimiento de selección y la consiguiente vulneración del principio de buena administración y del principio de igualdad de trato, y consideró que la decisión controvertida se había adoptado tras un procedimiento irregular.
El Tribunal General también estimó la segunda parte del tercer motivo de recurso y, por tanto, ese motivo en su totalidad, en la medida en que el ahora recurrente en casación alegaba, mediante esa parte, que la decisión controvertida adolecía de un error manifiesto de apreciación, resultante del hecho de que se había elegido la candidatura de A sin que se hubiera informado correctamente a la AFPN de la experiencia profesional del Sr. Carbajo Ferrero. El Tribunal General llegó a esta conclusión tras declarar, en el apartado 139 de la sentencia recurrida, que del extracto del informe sobre las entrevistas con los candidatos, en el que se basó la AFPN para alcanzar la decisión controvertida, no se desprendía que el Comité Consultivo hubiera tenido debidamente en cuenta la experiencia profesional del Sr. Carbajo Ferrero en la Dirección General de Comunicación del Parlamento, ya que dicho extracto solo indicaba que era jefe de unidad en dicha Dirección General desde 2009, pero el Parlamento no ha rebatido que aquel fuera, en realidad, jefe de unidad en dicha Dirección General desde 1999. Además, en el referido extracto, no se mencionaba que el Sr. Carbajo Ferrero había asumido con carácter temporal, desde el 1 de junio de 2018, las responsabilidades inherentes al puesto que proveer.
Por consiguiente, considerando que la decisión controvertida se había adoptado tras un procedimiento irregular y adolecía de un error manifiesto de apreciación resultante de la inexactitud de la información transmitida a la AFPN, el Tribunal General anuló dicha decisión sin examinar las demás alegaciones formuladas por el Sr. Carbajo Ferrero en apoyo del tercer motivo de recurso ni los motivos de recurso cuarto y quinto.
Además, el Tribunal General estimó parcialmente la pretensión de indemnización formulada por el Sr. Carbajo Ferrero en lo que se refería al resarcimiento de los daños materiales y condenó al Parlamento a abonar a este, en concepto de resarcimiento de esos daños, un importe de 40 000 euros.

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
Mediante su recurso de casación, el Parlamento solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Con carácter principal, anule la sentencia recurrida, devuelva el asunto al Tribunal General y reserve la decisión sobre las costas.
–        Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida, desestime el recurso y condene en la totalidad de las costas al Sr. Carbajo Ferrero.
El Sr. Carbajo Ferrero solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas al Parlamento.

Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, el Parlamento invoca dos motivos. Mediante el primer motivo, alega que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho y desnaturalizó los hechos al declarar que el procedimiento de selección adolecía de irregularidades. Mediante el segundo motivo, sostiene que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho y desnaturalizó los hechos y las pruebas al considerar que la decisión controvertida adolecía de un error manifiesto de apreciación. Además, con carácter subsidiario, el Parlamento invoca un motivo de casación basado en la falta de motivación de la sentencia recurrida y en la vulneración del principio de proporcionalidad al no haberse examinado las consecuencias de la anulación de la decisión controvertida.

Sobre el primer motivo de casación
El primer motivo de casación se compone de cuatro partes, que procede examinar conjuntamente.

Alegaciones de las partes
Mediante la primera parte de su primer motivo de casación, el Parlamento alega que el Tribunal General, al interpretar la Decisión por la que se establecen las etapas del procedimiento, incurrió en errores de Derecho y ofreció una motivación contradictoria.
En primer lugar, el Parlamento aduce que del punto 4 de la Decisión por la que se establecen las etapas del procedimiento de nombramiento de altos funcionarios se desprende que ese procedimiento consta de dos etapas, la primera de las cuales, facultativa, consiste en el análisis comparativo de los méritos de los candidatos sobre la base de la documentación de candidatura y en la elaboración de una lista de candidatos, y la segunda consiste en entrevistas con los candidatos que se incluyan en dicha lista. El Parlamento precisa que los criterios de análisis comparativo solo se utilizan en la primera etapa de dicho procedimiento, ya que la referida Decisión no obliga de ninguna manera a utilizar esos mismos criterios de análisis comparativo en el marco de la segunda etapa ni prohíbe establecer, en su caso, nuevos criterios. Para el procedimiento de selección controvertido, el Comité Consultivo estableció tres criterios de análisis comparativo y, posteriormente, siete temas de debate que tratar durante las entrevistas con los candidatos. El Parlamento sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar, en los apartados 117 a 119 de la sentencia recurrida, que, en la segunda etapa del procedimiento de selección y de clasificación por orden de méritos de los candidatos, el Parlamento no podía modificar los criterios de análisis comparativo de las candidaturas que se habían utilizado en la primera etapa de selección. De este modo, el Tribunal General privó a la Administración de su muy amplia facultad de apreciación para determinar la organización del procedimiento de selección.
En segundo lugar, el Parlamento alega que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar, en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida, que el Comité Consultivo se equivocó al no informar a la Mesa de la falta de utilización de los criterios de análisis comparativo en la fase de las entrevistas con los candidatos.
En tercer lugar, el Parlamento invoca una contradicción en la motivación de la sentencia recurrida. Recuerda que, en el apartado 65 de esta, el Tribunal General menciona una imputación formulada por el Sr. Carbajo Ferrero en apoyo de su excepción de ilegalidad dirigida contra la Decisión por la que se establecen las etapas del procedimiento, según la cual «dicha Decisión no prevé que el Comité Consultivo se dote de criterios para la comparación de los méritos de los candidatos en sus entrevistas con vistas a clasificarlos por orden de méritos ni que dichos criterios se comuniquen a la AFPN». Pues bien, a su juicio, es contradictorio que el Tribunal General, sin pronunciarse expresamente sobre esta imputación, haya desestimado en su totalidad esta excepción de ilegalidad, pero, en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida, haya considerado que la falta de comunicación de los criterios de análisis comparativo de los méritos a la Mesa constituye un error de Derecho.
Mediante la segunda parte de su primer motivo de casación, el Parlamento sostiene que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al interpretar, en los apartados 111 y 112 de la sentencia recurrida, que del principio de igualdad de trato se derivaba una obligación general de adoptar dichos criterios antes de la recepción de las candidaturas, junto con la prohibición de modificarlos durante el procedimiento de selección.
A este respecto, el Parlamento cuestiona la pertinencia de la sentencia de 3 de marzo de 1993, Booss y Fischer/Comisión (T‑58/91, EU:T:1993:15), en la que se basó el Tribunal General para declarar, en los apartados 111 y 112 de la sentencia recurrida, que los criterios de análisis comparativo no deben modificarse durante el procedimiento de selección. El Parlamento subraya que el asunto que dio lugar a esa sentencia versaba sobre una convocatoria para proveer plaza vacante publicada sobre la base del artículo 29, apartado 1, letra a), del Estatuto, mientras que, en el presente asunto, la Mesa decidió ampliar sus posibilidades de elección y publicó para ello un anuncio de contratación sobre la base del artículo 29, apartado 2, del Estatuto. Ahora bien, el Parlamento opina que esta última norma establece un procedimiento especial, durante el cual la AFPN puede aplicar criterios que no aparecían en la convocatoria para proveer plaza vacante. El Parlamento considera que su argumentación se ve corroborada por las sentencias de 19 de mayo de 1983, Mavridis/Parlamento (289/81, EU:C:1983:142), apartado 16, y de 19 de mayo de 1983, Verros/Parlamento (306/81, EU:C:1983:143), apartado 16.
El Parlamento añade que una prohibición general de modificar los criterios de análisis comparativo en el transcurso del procedimiento de selección no es compatible con el artículo 5, párrafos primero y tercero, del anexo III del Estatuto.
El Parlamento reprocha también al Tribunal General haber aplicado erróneamente el principio de igualdad de trato en el presente asunto. A este respecto, señala, por una parte, que el Tribunal General no ha considerado en ningún momento que el Parlamento haya vulnerado el marco legal establecido en la convocatoria para proveer plaza vacante y en los anuncios de traslado y de contratación. Por otra parte, el Parlamento alega que el Tribunal General no comprobó si los temas tratados en las entrevistas con los candidatos guardaban relación o no con los requisitos establecidos en el anuncio de contratación ni si se había otorgado a algunos candidatos ventaja sobre los demás.
Mediante la tercera parte de su primer motivo de casación, el Parlamento aduce que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al declarar, en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida, que el Parlamento había vulnerado el principio de transparencia en la medida en que la Mesa, en su calidad de AFPN, no había sido informada de la supuesta sustitución de los criterios de análisis comparativo de los méritos por los siete temas establecidos para las entrevistas con los candidatos. A mayor abundamiento, el Parlamento sostiene que el Tribunal General se pronunció
ultra petita
, puesto que, en primera instancia, el Sr. Carbajo Ferrero invocaba la vulneración del principio de transparencia con respecto a los candidatos, no con respecto a la Mesa.
Mediante la cuarta parte de su primer motivo de casación, el Parlamento sostiene que el Tribunal General desnaturalizó los hechos al considerar, en el apartado 119 de la sentencia recurrida, que la clasificación por orden de méritos no podía basarse «únicamente» en las respuestas dadas por los candidatos sobre los siete temas de debate tratados durante las entrevistas. A este respecto, el Parlamento subraya que ningún elemento del expediente indica que, a efectos de la clasificación, la Mesa no haya tomado en consideración la experiencia profesional y la capacidad de los candidatos. Según el Parlamento, incluso el Tribunal General reconoce esta circunstancia en el apartado 12 de la sentencia recurrida.
El Sr. Carbajo Ferrero objeta que procede desestimar este motivo de casación.

Apreciación del Tribunal de Justicia
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, si bien la AFPN dispone de un amplio margen de apreciación para comparar los méritos de los candidatos y puede ejercerla fundamentalmente en el examen de las candidaturas al puesto que haya de proveerse, está obligada a hacerlo en el marco que ella misma se haya impuesto mediante la convocatoria para proveer plaza vacante (véase, en este sentido, la sentencia de 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión, C‑343/87, EU:C:1990:49, apartado 19 y jurisprudencia citada).
Sobre esta base, el Tribunal General señaló acertadamente, en el apartado 139 de la sentencia de 28 de septiembre de 2017, Hristov/Comisión y EMA (T‑495/16 RENV I y T‑495/16 RENV II, no publicada, EU:T:2017:676), que la AFPN dispone, en particular cuando el puesto que deba proveerse sea muy alto, de una amplia facultad de apreciación para comparar los méritos de los candidatos a tal puesto. El ejercicio de esa amplia facultad de apreciación supone el más absoluto respeto de toda la normativa aplicable, es decir, no solo de la convocatoria para proveer plaza vacante, sino también de las eventuales normas de procedimiento de que haya podido dotarse la autoridad para el ejercicio de esa facultad de apreciación. En este sentido, las normas aplicables al procedimiento de nombramiento constituyen también una parte del marco legal que la AFPN debe respetar rigurosamente en el ejercicio de su amplia facultad de apreciación.
Como subrayó, en esencia, la Abogada General en los puntos 48 a 52 de sus conclusiones, la Decisión por la que se establecen las etapas del procedimiento forma parte de esa normativa aplicable y dichas etapas, vinculadas entre sí, forman un único procedimiento de selección. De conformidad con la naturaleza única de este procedimiento, la adopción de los criterios de análisis comparativo por parte del Comité Consultivo, establecida en el punto 4, letra a), de esa Decisión, constituye la base de todo el procedimiento y cualquier tema tratado con los candidatos durante las entrevistas, a las que se refiere el punto 4, letra e), de esa misma Decisión, deberá derivarse de esos criterios, de modo que el Comité Consultivo pueda evaluar la aptitud de los candidatos que hayan sido invitados a las entrevistas con respecto a cada criterio.
Por lo tanto, procede señalar que el Tribunal General no interpretó erróneamente el punto 4 de la Decisión por la que se establecen las etapas del procedimiento al considerar, en los apartados 111, 112, 114 y 119 de la sentencia recurrida, que la amplia facultad de que dispone la Administración para organizar el procedimiento de selección está limitada porque, por una parte, en la primera etapa del procedimiento de selección, antes de la selección de que se trate, es decir, antes de la recepción de las candidaturas, deben establecerse criterios de análisis comparativo sobre la base de la convocatoria para proveer plaza vacante y de los anuncios de traslado y de contratación, y, por otra parte, esos criterios no deben modificarse durante el procedimiento de selección.
Asimismo, el Tribunal General consideró acertadamente, en el apartado 118 de la sentencia recurrida, que las preguntas formuladas en las entrevistas con los candidatos no debían convertirse en nuevos criterios de análisis comparativo de los méritos, adoptados tras preseleccionar a los candidatos a los que se convocaría a dichas entrevistas.
Por otro lado, el Tribunal General se basó acertadamente, en los apartados 111 y 112 de la sentencia recurrida, en el apartado 67 de la sentencia de 3 de marzo de 1993, Booss y Fischer/Comisión (T‑58/91, EU:T:1993:15), que remite a los apartados 38 a 40 de la sentencia de 30 de octubre de 1974, Grassi/Consejo (188/73, EU:C:1974:112), y a los apartados 20 a 22 de la sentencia de 7 de febrero de 1990, Culin/Comisión (C‑343/87, EU:C:1990:49), según los cuales el principio de igualdad de trato durante el desarrollo de un procedimiento de selección exige que los criterios de análisis comparativo se establezcan con carácter previo a la selección de que se trate y no se modifiquen durante el desarrollo del procedimiento.
El Parlamento invoca las sentencias de 19 de mayo de 1983, Mavridis/Parlamento (289/81, EU:C:1983:142), apartado 16, y de 19 de mayo de 1983, Verros/Parlamento (306/81, EU:C:1983:143), apartado 16, según las cuales, en el marco del procedimiento especial previsto en el artículo 29, apartado 2, del Estatuto o cuando se haya designado un comité de selección al que la AFPN haya delegado su facultad de selección, esta no está obligada a aplicar las disposiciones del anexo III del Estatuto relativas a las convocatorias de concurso y puede aplicar también, durante el procedimiento, criterios no establecidos en la convocatoria para proveer plaza vacante. Sin embargo, estas sentencias no se dictaron en el contexto de un procedimiento de selección para el que una Decisión, aprobada especialmente para establecer las etapas de ese procedimiento, ha dispuesto que los criterios de análisis comparativo deben ser fijados por el Comité Consultivo sobre la base del texto del anuncio de contratación. Por consiguiente, dichas sentencias no permiten apoyar la argumentación del Parlamento según la cual era posible modificar los criterios de análisis comparativo durante el procedimiento de selección de que se trata.
En consecuencia, el Parlamento no puede sostener que, en los apartados 117 a 119 de la sentencia recurrida, el Tribunal General, al considerar que el Comité Consultivo no había informado a la Mesa, en su calidad de AFPN, de que los criterios de análisis comparativo de los méritos establecidos para la primera etapa del procedimiento de selección no habían sido utilizados para comparar los méritos de los candidatos en las entrevistas, privó a la Mesa de una forma propia de organización del procedimiento de selección, comprendida en su muy amplia facultad de apreciación. En efecto, en esos apartados, el Tribunal General se limitó a precisar que la forma de organización de que se trata no cumplía el requisito de que el análisis comparativo de las cualificaciones y competencias de los candidatos se efectúe basándose en criterios de análisis comparativo de los méritos establecidos antes de la recepción de las candidaturas sobre la base de la convocatoria para proveer plaza vacante y de los anuncios de traslado y de contratación, y no susceptibles de ser modificados durante el procedimiento de selección.
Igualmente, procede desestimar las alegaciones del Parlamento según las cuales el Tribunal General cometió errores de Derecho en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida.
En primer término, el Parlamento carece de fundamento para sostener que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que el Comité Consultivo se abstuvo equivocadamente de comunicar a la Mesa, en su calidad de AFPN, el hecho de que, en las entrevistas, no se utilizaron los criterios de análisis comparativo de los méritos inicialmente establecidos.
A este respecto, del apartado 123 de la sentencia recurrida, cuyo contenido no se discute en el marco del procedimiento de casación, se desprende que, si bien el Parlamento sostuvo, en primera instancia, que la lista de los temas tratados en las entrevistas con los candidatos había sido comunicada a la Mesa en su condición de AFPN, los criterios de análisis comparativo de los méritos de los candidatos inicialmente establecidos no se aplicaron en las entrevistas o durante el análisis de las respuestas a las preguntas formuladas durante las entrevistas que dieron lugar a la clasificación de los candidatos por orden de méritos, y el Comité Consultivo no informó a la Mesa de la falta de aplicación de esos criterios. Ahora bien, el Tribunal General señaló, en el apartado 113 de la sentencia recurrida, que los criterios de análisis comparativo de los méritos debían comunicarse a la AFPN para que esta pudiera conocer y comprender cómo se habían valorado los méritos de los candidatos tanto en la selección de los candidatos que debían ser invitados a una entrevista como en las entrevistas a los candidatos para su clasificación por orden de preferencia. Por consiguiente, al no haber demostrado ante el Tribunal General que los temas establecidos para ser tratados en las entrevistas guardaban relación con los criterios de análisis comparativo de los méritos de los candidatos inicialmente establecidos y se derivaban de estos, el Parlamento no puede criticar al Tribunal General por haber comprobado, en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida, si la Mesa, en su condición de AFPN, había sido informada de que los criterios de análisis comparativo de los méritos no se habían aplicado en las entrevistas con los candidatos.
En segundo término, el Parlamento aduce erróneamente que el Tribunal General resolvió
ultra petita
, en los apartados 120 a 124 de la sentencia recurrida, por lo que respecta a la inobservancia del principio de transparencia. El Tribunal General puso de manifiesto esa inobservancia en el contexto de una vulneración del principio de buena administración consistente en el incumplimiento de la obligación de informar a la Mesa, por una parte, de los vínculos entre los temas que debían tratarse en las entrevistas con los candidatos y los criterios de análisis comparativo establecidos antes de la recepción de las candidaturas y, por otra parte, de la falta de utilización de esos criterios en las entrevistas.
En tercer término, contrariamente a lo que sostiene el Parlamento, no existe una contradicción de motivación entre los apartados 66 a 73, por una parte, y los apartados 120 a 124, por otra, de la sentencia recurrida. En efecto, en los apartados 66 a 73 de la sentencia recurrida, el Tribunal General se limita a declarar que la Decisión por la que se establecen las etapas del procedimiento regula el marco general del procedimiento de selección y que el hecho de que esa Decisión no establezca en detalle la forma en que se redacta la recomendación ni especifique tampoco que los expedientes de los candidatos se pondrán a disposición de la Mesa junto con el informe sobre las entrevistas y la recomendación no es suficiente para considerar que dicha Decisión vulnera los principios de buena administración, igualdad de trato y no discriminación. Como señaló la Abogada General en el punto 61 de sus conclusiones, en esa fase de su razonamiento, el Tribunal General no ha examinado aún la cuestión de la coherencia de los criterios aplicados durante el procedimiento de selección ni la obligación de informar a la Mesa, de modo que la constatación que figura en el apartado 74 de la sentencia recurrida no pone en entredicho la comprobación efectuada en los apartados 120 a 124 de esta.
En cuanto a la alegación, esgrimida por el Parlamento para demostrar una interpretación errónea del principio de igualdad de trato, según la cual la prohibición de modificar criterios de análisis comparativo durante el procedimiento de selección no es compatible con el artículo 5, párrafos primero y tercero, del anexo III del Estatuto, procede señalar, al igual que el Sr. Carbajo Ferrero, que ese anexo III no se aplica a los procedimientos basados en el artículo 29, apartado 2, del Estatuto.
Por lo que respecta a la imputación relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato al presente asunto, debe comenzarse por indicar que tal imputación es inoperante en la medida en que se considera que el Tribunal General no examinó ni declaró que el Parlamento hubiera vulnerado el marco legal fijado en la convocatoria para proveer plaza vacante y en los anuncios de traslado y de contratación. En efecto, como se desprende del apartado 112 de la sentencia recurrida, la modificación de los criterios de análisis comparativo de los méritos entraña el riesgo de que tales criterios puedan adaptarse en función de los candidatos que hayan presentado su candidatura al puesto que haya de proveerse. Ahora bien, a este respecto, es irrelevante el examen de la cuestión de si una modificación de ese tipo es contraria a dicho marco.
A continuación, esta misma apreciación se impone en el examen destinado a determinar si los siete temas establecidos para las entrevistas con los candidatos, y seguidos exclusivamente en ellas, se basaron en el anuncio de contratación. Además, dado que el Parlamento no ha invocado expresamente ni,
a fortiori
, ha demostrado en primera instancia esa congruencia, no puede sostener que el Tribunal General haya cometido un error de Derecho al no haber efectuado dicho examen.
Por último, por lo que respecta al riesgo de que los criterios de análisis comparativo de los méritos puedan adaptarse en función de los candidatos que hayan presentado su candidatura al puesto que haya de proveerse, el Parlamento arguye, en esencia, que un riesgo de ese carácter hipotético no es suficiente en sí mismo y que, por tanto, el Tribunal General debería haber comprobado si los temas tratados en las entrevistas favorecieron efectivamente a determinados candidatos. En apoyo de su alegación, el Parlamento se basa en las sentencias de 6 de febrero de 1986, Vlachou/Tribunal de Cuentas (143/84, EU:C:1986:55), y de 13 de julio de 1989, Caturla-Poch y de la Fuente Pascual/Parlamento (361/87 y 362/87, EU:C:1989:317), de las que, a su entender, se desprende que, cuando un tribunal calificador establece criterios de apreciación tras haber recibido la lista de los candidatos admitidos a las pruebas, solo puede apreciarse una vulneración del principio de igualdad de trato tras haber examinado si, objetivamente, dichos criterios pueden favorecer a determinados candidatos y perjudicar a otros.
Pues bien, como subrayó la Abogada General en el punto 63 de sus conclusiones, por una parte, de esta jurisprudencia no se desprende que para declarar la existencia de una vulneración del principio de igualdad de trato en un proceso de selección sea necesario, en cada caso concreto, examinar si algunos candidatos han resultado favorecidos y otros desfavorecidos. Por otra parte, los asuntos que dieron lugar a esas dos sentencias suscitaban una cuestión diferente de la que constituye el núcleo del presente asunto, a saber, la relación existente entre los criterios de análisis comparativo de los méritos y los temas que debían tratarse en las entrevistas, elaborados para seleccionar al candidato más apto.
En relación con la imputación formulada por el Parlamento contra el fundamento que figura en el apartado 119 de la sentencia recurrida, según la cual ningún documento del expediente indica que la clasificación por orden de méritos de los candidatos se haya basado «únicamente» en las respuestas dadas durante las entrevistas, basta con señalar que la utilización de este término forma parte de la apreciación efectuada por el Tribunal General. En efecto, el Tribunal General empleó el término «únicamente» debido, por una parte, al hecho de que, en el apartado 118 de dicha sentencia, consideró que las preguntas formuladas a los candidatos en una entrevista no debían convertirse en nuevos criterios de análisis comparativo de los méritos, establecidos durante el procedimiento de selección, después de que las candidaturas ya se hubieran recibido y ordenado, y, por otra parte, al hecho de que, en el apartado 123 de la sentencia recurrida, comprobó que los criterios de análisis comparativo de los méritos de los candidatos no se habían aplicado durante las entrevistas ni durante la evaluación de las respuestas a las preguntas formuladas en las entrevistas que condujeron a la clasificación de los candidatos por orden de méritos.
Habida cuenta de estas consideraciones, procede desestimar el primer motivo de casación.

Sobre el segundo motivo de casación
El segundo motivo de casación se compone de dos partes. Mediante la primera parte de este motivo, el Parlamento sostiene que el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al considerar que la decisión controvertida adolecía de un error manifiesto de apreciación resultante de la inexactitud de la información facilitada a la Mesa sobre la trayectoria profesional del Sr. Carbajo Ferrero. Mediante la segunda parte de dicho motivo, aduce que este supuesto error manifiesto de apreciación se debe a una desnaturalización de los hechos y las pruebas.
Es preciso examinar en primer lugar la segunda parte del primer motivo.

Sobre la segunda parte del segundo motivo de casación
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Alegaciones de las partes
Mediante la segunda parte del segundo motivo, el Parlamento considera que el Tribunal General desnaturalizó hechos y pruebas en los apartados 132, 139 y 176 de la sentencia recurrida.
En primer lugar, el Parlamento sostiene, por una parte, que el fundamento que figura en el apartado 139 de la sentencia recurrida, según el cual no se tuvo debidamente en cuenta la experiencia profesional del Sr. Carbajo Ferrero en la Dirección General de Comunicación, no reproduce fielmente la frase introductoria de la parte del informe del Comité Consultivo dedicada a las entrevistas al Sr. Carbajo Ferrero y, por otra parte, que la formulación «es actualmente jefe de unidad en la [Dirección General de Comunicación] desde 2009», en esta parte del informe, se limita únicamente a recoger el puesto del Sr. Carbajo Ferrero en la fecha de presentación de su candidatura.
En segundo lugar, según el Parlamento, el Tribunal General incurrió en una desnaturalización manifiesta de las pruebas al declarar, en el apartado 132 de la sentencia recurrida, que: «En la vista, el Parlamento reconoció que el extracto del informe sobre las entrevistas contenía una inexactitud en cuanto a la fecha en que el Sr. Carbajo Ferrero fue nombrado jefe de unidad en la [Dirección General de Comunicación]». Sostiene, basándose en la grabación de la vista, que no confirmó la existencia de tal inexactitud.
En tercer lugar, con el fin de rebatir el fundamento que figura en el apartado 176 de la sentencia recurrida, según el cual el Parlamento se opuso a una diligencia de ordenación del procedimiento relativa a la presentación de la versión completa del informe sobre las entrevistas y de la recomendación elaborados por el Comité Consultivo, el Parlamento aduce que, en la vista, indicó expresamente estar dispuesto a proporcionar una versión anonimizada del informe sobre las entrevistas, pero su voluntad se topó con la respuesta del Tribunal General, que consideró que esa transmisión era extemporánea. El Parlamento subraya que, en virtud del artículo 88, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la utilidad de las diligencias de ordenación del procedimiento y la decisión al respecto pertenecen a la facultad discrecional del Tribunal General.
El Sr. Carbajo Ferrero objeta que procede desestimar la segunda parte del segundo motivo de casación.
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Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede comenzar señalando que el Tribunal General indicó, en el apartado 139 de la sentencia recurrida, que el Sr. Carbajo Ferrero «era jefe de unidad de la DG “Comunicación” desde 2009», mientras que del extracto del informe sobre las entrevistas adjunto a la decisión desestimatoria de la reclamación del Sr. Carbajo Ferrero se desprende que este «es actualmente» jefe de unidad de dicha Dirección General desde 2009. Sin embargo, este error no afecta a la constatación, realizada en el mismo apartado 139, según la cual «el demandante [ha precisado], sin que el Parlamento lo rebata, haber sido jefe de unidad de dicha Dirección General desde 1999».
A continuación, el Parlamento invoca en vano la grabación sonora de la vista celebrada ante el Tribunal General para demostrar que no confirmó, en dicha vista, que el extracto del informe sobre las entrevistas contenía una inexactitud relativa a la fecha en la que el Sr. Carbajo Ferrero fue nombrado jefe de unidad en la Dirección General de Comunicación.
En efecto, aun suponiendo que el Parlamento no hubiera reconocido en la vista que el extracto del informe sobre las entrevistas contenía esa inexactitud, no cuestiona la afirmación realizada por el Tribunal General en el apartado 139 de la sentencia recurrida en cuanto a la fecha en la que el Sr. Carbajo Ferrero fue nombrado jefe de unidad en dicha Dirección General. Habida cuenta de que el Sr. Carbajo Ferrero ya aportó dicha prueba en la propia demanda, en particular en los apartados 7, 94 y 99, en la nota n.º 21 y en el anexo A.5 de esta, y de que el Parlamento no demuestra haberlo refutado expresamente en primera instancia, este no puede sostener que el Tribunal General se basó erróneamente en la existencia de dicha inexactitud desnaturalizando así una prueba.
Finalmente, la última imputación de la segunda parte del segundo motivo tampoco puede prosperar. En efecto, del apartado 177 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General fundamentó la negativa a acordar la diligencia de ordenación del procedimiento, solicitada por el Sr. Carbajo Ferrero, en que los elementos puestos a su disposición eran suficientes para apreciar la legalidad de la decisión controvertida, y no en oposición alguna del Parlamento.
En estas circunstancias, debe rechazarse esa parte del segundo motivo de casación.

Sobre la primera parte del segundo motivo de casación
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Alegaciones de las partes
Mediante la primera parte del segundo motivo, el Parlamento sostiene que, en los apartados 139, 143 y 146 de la sentencia recurrida, el Tribunal General incurrió en errores de Derecho al considerar que la decisión controvertida adolecía de un error manifiesto de apreciación resultante de la inexactitud de la información facilitada a los miembros de la Mesa sobre la trayectoria profesional del Sr. Carbajo Ferrero.
Primero, según el Parlamento, el Tribunal General no tuvo en cuenta objetivo del informe sobre las entrevistas, que consiste en informar a la Mesa de la actuación de los candidatos en las entrevistas y no en proporcionarle información relativa a la experiencia profesional de los candidatos. El Parlamento recuerda que la información relativa a las competencias y a la experiencia profesional de los candidatos ya había sido comunicada a la Mesa en el marco de la primera etapa del procedimiento de selección y permaneció a disposición de aquella a lo largo de todo el procedimiento. Esta es la razón, según el Parlamento, por la que el informe sobre las entrevistas solo reproduce con carácter introductorio la función ejercida e indicada por los candidatos en el momento de presentar sus candidaturas.
A continuación, el Parlamento considera que el Tribunal General ha ignorado su propia jurisprudencia según la cual la posesión por parte de la AFPN de la totalidad de los expedientes de los candidatos a un puesto que debe proveerse basta para descartar un motivo basado en la existencia de eventuales errores en las cualificaciones de un candidato que se incluyen en una recomendación remitida por un comité de selección a la AFPN.
Por último, según el Parlamento, el Tribunal General incurrió en error al declarar, en el apartado 139 de la sentencia recurrida, que el Comité Consultivo no tuvo debidamente en cuenta la experiencia del Sr. Carbajo Ferrero para valorar la candidatura de este al puesto que proveer, ya que no tomó en consideración su experiencia como responsable con carácter temporal, desde el 1 de junio de 2018, de la Dirección de Medios de Comunicación de la Dirección General de Comunicación. Ahora bien, el Parlamento indica que el Sr. Carbajo Ferrero no indicó en su documentación de candidatura esta experiencia, que comenzó con posterioridad al vencimiento del plazo de presentación de candidaturas.
El Sr. Carbajo Ferrero objeta que procede desestimar esta parte del segundo motivo de casación.
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Apreciación del Tribunal de Justicia
Respecto a la primera imputación del Parlamento, procede señalar, por una parte, que, como se desprende del apartado 137 de la sentencia recurrida, correspondía al Tribunal General examinar si la Administración había ejercido de manera manifiestamente errónea su facultad de apreciación en cuanto a los méritos del Sr. Carbajo Ferrero. Por otra parte, como se desprende del apartado 90 de la sentencia recurrida, que describe el contenido de la decisión de desestimación de la reclamación presentada por este último, la Mesa adoptó su decisión disponiendo, en la sala, de todos los documentos pertinentes, a saber, los expedientes personales de todos los candidatos (
curriculum vitae
y cartas de motivación), un cuadro que resumía sus candidaturas y el informe sobre las entrevistas elaborado por el Comité Consultivo, de modo que los miembros de la Mesa que lo hubieran deseado hubieran podido consultar esos documentos antes de la reunión de esta.
No obstante, habida cuenta de que los miembros de la Mesa solo tenían la posibilidad de consultar dichos documentos, en caso de que lo hubieran deseado, pero, como se desprende del apartado 143 de la sentencia recurrida, el Parlamento no ha demostrado que hicieran uso de esta posibilidad en relación con el expediente del Sr. Carbajo Ferrero, el Tribunal General consideró fundadamente que procedía determinar, a la luz del informe sobre las entrevistas, si la AFPN había sido debidamente informada por el Comité Consultivo de la experiencia profesional del Sr. Carbajo Ferrero. Por ello, tal imputación es infundada.
Por lo que respecta a la segunda imputación, el Parlamento no puede invocar la sentencia de 13 de diciembre de 1990, Kalavros/Tribunal de Justicia (T‑160/89 y T‑161/89, EU:T:1990:86). En efecto, en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, contrariamente al presente asunto, por una parte, el documento que contenía supuestos errores se había sometido a la AFPN en el marco de un primer examen de las candidaturas y el demandante en dicho asunto estaba incluido entre los candidatos seleccionados al término de esta primera selección, de modo que dichos errores, suponiendo que se hubieran demostrado, no pudieron serle lesivos. Por otra parte, en dicho asunto, como se desprende del apartado 53 de dicha sentencia, en el momento de la selección final, los miembros del Comité Administrativo y, posteriormente, del Tribunal de Justicia, disponían del expediente completo de cada uno de los candidatos, lo que no se asemeja a una situación en la que solo existe una posibilidad de consulta previa a la reunión de la AFPN, contrariamente a lo constatado en el caso que nos ocupa en el apartado 90 de la sentencia recurrida. Por consiguiente, esta imputación carece de fundamento.
Por lo que respecta a la tercera imputación, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, en principio, corresponde a los candidatos facilitar al tribunal calificador toda la información que estimen útil para el examen de su candidatura (sentencia de 12 de julio de 1989, Belardinelli y otros/Tribunal de Justicia, 225/87, EU:C:1989:309, apartado 24). Así pues, correspondía al Sr. Carbajo Ferrero hacer constar expresamente su experiencia como responsable con carácter temporal de la Dirección de Medios de Comunicación de la Dirección General de Comunicación, máxime cuando dicha experiencia se inició con posterioridad al vencimiento del plazo de presentación de candidaturas. Además, es preciso señalar que el Sr. Carbajo Ferrero podía haber hecho referencia a dicha experiencia en su entrevista con el Comité Consultivo.
No obstante, si bien el Parlamento puede sostener fundadamente que el Tribunal General consideró erróneamente que el Comité Consultivo no había tenido debidamente en cuenta la experiencia del Sr. Carbajo Ferrero en el puesto que debía proveerse como responsable con carácter temporal de dicho puesto desde el 1 de junio de 2018, esta falta de consideración no puede poner en entredicho el fundamento expuesto en el apartado 145 de la sentencia recurrida, según el cual la decisión controvertida adolece de un error manifiesto de apreciación derivado del hecho de que la candidatura de A fue elegida sin que la AFPN hubiera sido debidamente informada de la experiencia profesional del Sr. Carbajo Ferrero. En consecuencia, esta imputación es inoperante.
En efecto, como se desprende de los apartados 132 y 139 de la sentencia recurrida, el extracto del informe sobre las entrevistas indicaba que el Sr. Carbajo Ferrero era jefe de unidad en la Dirección General de Comunicación desde 2009, cuando fue nombrado jefe de unidad en dicha Dirección General en 1999.
En estas circunstancias, deben rechazarse esta parte del segundo motivo de casación y, por tanto, ese motivo en su totalidad.

Sobre el motivo de casación formulado con carácter subsidiario

Alegaciones de las partes
Mediante este motivo, el Parlamento aduce que, en la medida en que la decisión controvertida beneficia a un tercero, el juez de la Unión tiene la obligación de comprobar, con carácter previo, sobre la base de un examen caso por caso, si la sanción de anulación es excesiva. Este examen debe tener en cuenta la naturaleza de la ilegalidad cometida y los intereses del demandante, de terceros y del servicio, y el juez debe, además, ponderar los intereses en juego. A este respecto, el Parlamento se basa, en particular, en la sentencia de 5 de diciembre de 2017, Spadafora/Comisión (T‑250/16 P, no publicada, EU:T:2017:866), apartado 110, y subraya que la falta de ese examen en la sentencia recurrida constituye falta de motivación y una vulneración del principio de proporcionalidad.
El Sr. Carbajo Ferrero objeta que procede desestimar este motivo de casación.

Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede señalar que el apartado 110 de la sentencia de 5 de diciembre de 2017, Spadafora/Comisión (T‑250/16 P, no publicada, EU:T:2017:866), invocada por el Parlamento, enuncia, por una parte, el principio del restablecimiento de la situación jurídica en la que se encontraba el demandante antes de la irregularidad cometida por el comité de selección y una excepción a este principio cuando la anulación de actos destinados a terceros y que son favorables a estos que implica dicho restablecimiento constituya una sanción excesiva de la irregularidad cometida. Por otra parte, este apartado hace referencia a la sentencia de 31 de marzo de 2004, Girardot/Comisión (T‑10/02, EU:T:2004:94) e, indirectamente, a la sentencia de 5 de junio de 1980, Oberthür/Comisión (24/79, EU:C:1980:145).
Por lo que respecta a esta excepción, procede recordar que, en esa última sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que el procedimiento de promoción de cuarenta funcionarios adolecía de una irregularidad en lo que respectaba a la demandante en el asunto que dio lugar a dicha sentencia, debido a que el informe de calificación de esta aún no había sido elaborado en el momento en que se sometieron al Comité de Promoción las propuestas de promoción, mientras que los informes de calificación correspondientes al mismo período relativos a otros funcionarios candidatos a promoción habían sido presentados a dicho comité y a la AFPN, lo que colocaba a la demandante en una situación menos favorable que la del resto de esos funcionarios candidatos a la promoción. No obstante, el Tribunal de Justicia declaró que la anulación de las promociones de los cuarenta funcionarios efectivamente promovidos constituiría una sanción excesiva de la irregularidad cometida y que la concesión de una indemnización por el daño moral sufrido por la demandante en ese asunto constituía la forma de resarcimiento que mejor correspondía a los intereses de la demandante y a las exigencias del servicio (sentencia de 5 de junio de 1980, Oberthür/Comisión, 24/79, EU:C:1980:145, apartados 13 y 14).
De conformidad con esta jurisprudencia, el Tribunal General, en la sentencia de 31 de marzo de 2004, Girardot/Comisión (T‑10/02, EU:T:2004:94), apartado 87, consideró, aun admitiendo el motivo de que la Comisión no había demostrado haber examinado debidamente los méritos de la demandante antes de desestimar las candidaturas de esta a ocho puestos permanentes y seleccionar a otros ocho candidatos, que la anulación de las decisiones por las que se nombraba a estos a los puestos de trabajo de que se trata constituiría una sanción excesiva de la ilegalidad cometida por la Comisión, dado que hubiera sido contrario a los principios de proporcionalidad y de protección de la confianza legítima, así como al interés del servicio, privar a los candidatos seleccionados y nombrados funcionarios de los beneficios de su nombramiento por ese único motivo.
Sin que sea necesario precisar los límites del alcance de esta excepción, que puede variar en función de las particularidades de cada asunto, procede señalar que dicha excepción no era aplicable en el presente caso y que, habida cuenta de las particularidades del litigio del que conocía, el Tribunal General no estaba obligado a examinar el carácter eventualmente excesivo de la anulación de la decisión de nombrar a A para el puesto de director de Medios de Comunicación.
En efecto, es importante señalar que, como se desprende de los apartados 123, 124, 144 y 145 de la sentencia recurrida, la irregularidad del procedimiento de selección, derivada de la falta de aplicación de los criterios de análisis comparativo de los méritos de los candidatos durante las entrevistas con estos, por una parte, y el error manifiesto de apreciación y la comparación errónea de los méritos de los candidatos, resultantes de la inexactitud de la información remitida a la AFPN, por otra, afectaron no solo a la evaluación de la candidatura del Sr. Carbajo Ferrero, sino también a la de A.
Además, procede señalar que el interés del Sr. Carbajo Ferrero en beneficiarse de la anulación de la decisión controvertida es evidente y que esa anulación solo afecta al interés de A y este no puede invocar la confianza legítima en el mantenimiento de su nombramiento, ya que dicha decisión fue impugnada dentro de los plazos de recurso por el Sr. Carbajo Ferrero.
Por lo que respecta al interés del servicio, procede señalar que el Parlamento no sostiene haber formulado alegaciones al objeto de demostrar que la anulación de la decisión controvertida conllevaría particulares dificultades. En cualquier caso, es pacífico que, a partir del 1 de junio de 2018, en espera de que se nombrara a un director de Medios de Comunicación, se asignaron al Sr. Carbajo Ferrero con carácter temporal las responsabilidades de dicho puesto con el fin de garantizar la continuidad del servicio en la Dirección de Medios de Comunicación. No hay nada en el expediente que sugiera que el ejercicio con carácter temporal de las funciones de director de Medios de Comunicación supusiera la existencia de problema alguno en dicha Dirección.
Dado que, en las circunstancias del presente asunto, no era necesario que el Tribunal General examinara si la anulación de la decisión controvertida era desproporcionada, habida cuenta de la naturaleza de las irregularidades comprobadas, del interés de A y del interés del servicio, y que, por tanto, la sentencia recurrida no adolece de falta de motivación a este respecto, procede descartar el motivo de casación formulado con carácter subsidiario.
Al no haber prosperado ninguno de los motivos del presente recurso de casación, este debe desestimarse en su totalidad.

Costas
En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. De conformidad con el artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento en casación en virtud de su artículo 184, apartado 1, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber solicitado el Sr. Carbajo Ferrero la condena en costas del Parlamento y haber sido desestimados los motivos formulados por este, procede condenar a este último a cargar, además de con sus propias costas, con las del Sr. Carbajo Ferrero.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
El Parlamento Europeo cargará, además de con sus propias costas, con las del Sr. Fernando Carbajo Ferrero.
Firmas
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Lengua de procedimiento: francés.