CELEX: 62017CJ0236
Recurso de casación
Dumping
Importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de China
Derecho antidumping definitivo
Reglamento (CE) n.o 1225/2009
Artículo 3, apartado 7
Artículo 9, apartado 4
Ámbito de aplicación temporal del Reglamento (UE) n.o 1168/2012

Mediante su recurso de casación, Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd y Csi Solar Power Group Co. Ltd, anteriormente Csi Solar Power (China) Inc. (en lo sucesivo, «Csi Solar Power»), solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 28 de febrero de 2017, Canadian Solar Emea y otros/Consejo (T‑162/14, no publicada; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2017:124
), por cuanto, mediante dicha resolución, el Tribunal General desestimó el recurso de anulación que habían interpuesto contra el Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
1238/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se impone un derecho antidumping definitivo y se cobra definitivamente el derecho provisional impuesto a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (
DO 2013, L 325, p. 1
; en lo sucesivo, «Reglamento controvertido»), en todo lo que afecta a las recurrentes.
Mediante su adhesión a la casación, la Comisión Europea solicita la anulación de la sentencia recurrida, por un lado, por cuanto la excepción de inadmisibilidad que había planteado fue desestimada por el Tribunal General y, por otro, por entender que este último incurrió en error de Derecho en la interpretación del Reglamento (CE) n.
o
1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (
DO 2009, L 343, p. 51
; en lo sucesivo, «Reglamento de base»).
Marco jurídico
El Reglamento de base
El artículo 1, apartados 2 y 3, del Reglamento de base establece:
«2.   Se considerará que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación a la Comunidad sea inferior, en el curso de operaciones comerciales normales, al precio comparable establecido para el producto similar en el país de exportación.
3.   El país de exportación será normalmente el de origen. No obstante, podrá ser un país intermediario excepto cuando, por ejemplo, los productos transiten simplemente por el país o no sean producidos en el mismo o bien cuando no exista un precio comparable para dichos productos en dicho país.»
El artículo 2, apartado 7, letra a), del citado Reglamento dispone lo siguiente:
«En el caso de importaciones procedentes de los países sin economía de mercado, el valor normal será determinado sobre la base del precio o del valor calculado en un país tercero de economía de mercado, o del precio que aplica dicho tercer país a otros países, incluida la Comunidad, o, si esto no fuera posible, sobre cualquier otra base razonable, incluido el precio realmente pagado o pagadero en la Comunidad por el producto similar, debidamente ajustado en caso de necesidad para incluir un margen de beneficio razonable.
Se seleccionará un país tercero de economía de mercado apropiado de manera no irrazonable, teniendo debidamente en cuenta cualquier información fiable de la que se disponga en el momento de la selección. También se tendrán en cuenta los plazos; en su caso, se utilizará un país tercero de economía de mercado que esté sujeto a la misma investigación.
Se informará a las partes implicadas en la investigación, poco después de la apertura del procedimiento, del país tercero de economía de mercado previsto y se les darán diez días para formular comentarios.»
Según el artículo 2, apartado 7, letra c), de dicho Reglamento, «las alegaciones a que se refiere la letra b) deben ser emitidas por escrito y demostrar adecuadamente que el productor opera en condiciones de economía de mercado» y cumple los criterios relacionados de manera concisa al respecto. Esta disposición añade:
«En los tres meses siguientes al inicio de la investigación se determinará si el productor es conforme a los [referidos criterios], tras consulta especial al Comité consultivo y tras haber dado oportunidad a la industria de la Comunidad de hacer sus comentarios. La calidad así determinada se mantendrá en vigor mientras dure la investigación.»
El artículo 3 de este mismo Reglamento, titulado «Determinación de la existencia del perjuicio», en sus apartados 6 y 7, tiene el siguiente tenor:
«6.   Será necesario demostrar que, por todos los criterios que se mencionan en el apartado 2, las importaciones objeto de dumping causan un perjuicio a efectos del presente Reglamento. En concreto, esto implicará la demostración de que el volumen y los niveles de precios mencionados en el apartado 3 son responsables de un efecto en la industria comunitaria, tal como se prevé en el apartado 5, y que este efecto se produce en un grado tal que permite calificarlo como «perjuicio importante.
7.   También deberán examinarse otros factores conocidos, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la producción de la industria de la Comunidad, para garantizar que el perjuicio no se atribuye a las importaciones objeto de dumping contempladas en el apartado 6. Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores de terceros países y de la Comunidad y la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología, y los resultados de la actividad exportadora y la productividad de la industria de la Comunidad.»
El artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, relativo al establecimiento de derechos definitivos, dispone que:
«Cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe dumping y perjuicio y que, con arreglo al artículo 21, los intereses de la Comunidad exigen una acción comunitaria, el Consejo [de la Unión Europea], a propuesta de la Comisión y previa consulta al Comité consultivo, establecerá un derecho antidumping definitivo. La propuesta será aprobada por el Consejo, a menos que este último decida por mayoría simple rechazarla en el plazo de un mes tras la presentación de la propuesta por la Comisión. […] El importe del derecho antidumping no deberá sobrepasar el margen de dumping establecido y deberá ser inferior a dicho margen si este derecho inferior es suficiente para eliminar el perjuicio a la industria de la Comunidad.»
El artículo 17 del Reglamento de base establece:
«1.   En los casos en que exista un número importante de denunciantes, exportadores, importadores, tipos de productos o transacciones, la investigación podrá limitarse a un número prudencial de partes interesadas, productos o transacciones, utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de la información de que se disponga en el momento de la selección, o del mayor porcentaje representativo del volumen de producción, ventas o exportación que pueda razonablemente investigarse en el tiempo disponible.
[…]»
El 12 de diciembre de 2012 se adoptó el Reglamento (UE) n.
o
1168/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el Reglamento n.
o
1225/2009 (
DO 2012, L 344, p. 1
). De conformidad con el artículo 1 del Reglamento n.
o
1168/2012:
«El [Reglamento de base] queda modificado como sigue:
1)
En el artículo 2, el apartado 7 se modifica como sigue:
a)
en la penúltima frase de la letra c): los términos “en los tres meses siguientes al inicio de la investigación” se sustituyen por los siguientes: “normalmente en un plazo de siete meses, pero en todo caso no más tarde de ocho meses a partir del inicio de la investigación”;
b)
se añade el párrafo siguiente:
“d)
Cuando la Comisión haya limitado su examen de conformidad con el artículo 17, la determinación con arreglo a las letras b) y c) del presente párrafo, se limitará a las partes incluidas en el examen y a cualquier productor que reciba trato individual conforme al artículo 17, apartado 3.”
2)
En el artículo 9, apartado 6, la primera frase se sustituye por el texto siguiente:
“Cuando la Comisión haya limitado su examen de conformidad con el artículo 17, los derechos antidumping que se apliquen a las importaciones procedentes de exportadores o productores que se hubiesen dado a conocer con arreglo al artículo 17, pero que no hubiesen sido incluidos en el examen, no deberá ser superior a la media ponderada del margen de dumping establecida para las partes incluidas en la muestra, independientemente de que el valor normal para estas partes se determine sobre la base del artículo 2, apartados 1 a 6, o del artículo 2, apartado 7, letra a).”»
A tenor de los artículos 2 y 3 del Reglamento n.
o
1168/2012, este último se aplicará a todas las investigaciones nuevas y pendientes a partir del 15 de diciembre de 2012, y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea
. Dicha publicación tuvo lugar el 14 de diciembre de 2012.
Reglamento controvertido
Según el artículo 1, apartado 1, del Reglamento controvertido, se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino y de células del tipo utilizado en módulos o paneles fotovoltaicos de silicio cristalino, originarios o procedentes de China y clasificados en determinados códigos de la nomenclatura combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) n.
o
2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (
DO 1987, L 256, p. 1
), en su versión aplicable cuando se adoptó el Reglamento controvertido. El apartado 2 de dicho artículo establece el tipo del derecho antidumping definitivo aplicable al precio neto franco en la frontera de la Unión Europea, derechos no pagados, del producto descrito en el apartado 1 del mismo artículo y fabricado por las empresas que enumera ese apartado 2.
A tenor del artículo 3, apartado 1, del Reglamento controvertido, que se aplica a determinados productos cuyas referencias se especifican conforme a la citada nomenclatura combinada y que son facturados por empresas cuyos compromisos haya aceptado la Comisión y cuyos nombres figuren en el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/707/UE de la Comisión, de 4 de diciembre de 2013, que confirma la aceptación de un compromiso propuesto en relación con los procedimientos antidumping y antisubvenciones relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células) originarios o procedentes de la República Popular China durante el período de aplicación de las medidas definitivas (
DO 2013, L 325, p. 214
), las importaciones declaradas para despacho a libre práctica quedarán exentas del derecho antidumping impuesto por el artículo 1 del Reglamento controvertido si se cumplen determinadas condiciones.
El artículo 3, apartado 2, del Reglamento controvertido dispone que se originará una deuda aduanera en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica cuando se establezca que no se cumple una o más de las condiciones recogidas en el apartado 1 de ese artículo, o cuando la Comisión retire su aceptación del compromiso.
Antecedentes del litigio
Las recurrentes pertenecen al grupo Canadian Solar. Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. y Csi Solar Power son productores exportadores de células y de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino. Canadian Solar Emea, se presenta como el importador asociado de las citadas mercantiles, con sede en la Unión.
El 6 de septiembre de 2012, la Comisión publicó en el
Diario oficial de la Unión Europea
el anuncio de inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios de la República Popular China (
DO 2012, C 269, p. 5
).
El grupo Canadian Solar cooperó a los efectos del expresado procedimiento.
El 21 de septiembre de 2012, las recurrentes presentaron una solicitud con objeto de que fueran seleccionadas para el muestreo al que se hace referencia en el artículo 17 del Reglamento de base, pero no se accedió a su petición.
Paralelamente, el 8 de noviembre de 2012, la Comisión publicó en el
Diario Oficial de la Unión Europea
el anuncio de inicio de un procedimiento antisubvención relativo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios de la República Popular China (
DO 2012, C 340, p. 13
).
El 13 de noviembre de 2012, las recurrentes, en condición de productores exportadores, solicitaron formalmente que se les concediera el trato de economía de mercado (en lo sucesivo, «TEM»), en virtud del artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base.
El 3 de enero de 2013, la Comisión informó a las recurrentes de que no se examinarían sus solicitudes.
El 1 de marzo de 2013, la Comisión adoptó el Reglamento (UE) n.
o
182/2013, por el que se someten a registro las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China (
DO 2013, L 61, p. 2
).
El 4 de junio de 2013, la Comisión adoptó el Reglamento (UE) n.
o
513/2013, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China y se modifica el Reglamento n.
o
182/2013 (
DO 2013, L 152, p. 5
; en lo sucesivo, «Reglamento provisional»).
El 2 de agosto de 2013, la Comisión adoptó la Decisión 2013/423/UE, por la que se acepta un compromiso propuesto, en relación con el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células y obleas) originarios o procedentes de la República Popular China (
DO 2013, L 209, p. 26
), por un grupo de productores exportadores chinos que cooperaron, enumerados en el anexo de esta Decisión, entre los que se hallaban Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. y Csi Solar Power, junto con la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos (en lo sucesivo, «CCCME»).
El mismo día, la Comisión adoptó el Reglamento (UE) n.
o
748/2013, que modifica el Reglamento n.
o
513/2013 (
DO 2013, L 209, p. 1
), tomando en consideración la Decisión 2013/423. En esencia, el artículo 6 del Reglamento n.
o
513/2013, en su versión modificada por el Reglamento n.
o
748/2013, establece, en particular, que, siempre que se cumplan ciertas condiciones, las importaciones de una serie de productos determinados en este Reglamento, declarados para su despacho a libre práctica y facturados por empresas cuyos compromisos hayan sido aceptados por la Comisión y cuyos nombres figuren en el anexo de la Decisión 2013/423, quedarán exentas del derecho antidumping provisional impuesto en el artículo 1 de dicho Reglamento.
El 27 de agosto de 2013, la Comisión dio a conocer los hechos y las consideraciones esenciales en que tenía previsto fundarse para proponer la imposición de derechos antidumping a las importaciones de módulos y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de China.
Tras la comunicación definitiva de las conclusiones antidumping y antisubvención, los productores exportadores, junto con la CCCME, presentaron una notificación para modificar su oferta inicial de compromiso.
El 2 de diciembre de 2013, el Consejo adoptó el Reglamento controvertido. Al haber cooperado en la investigación antidumping, pero no haber sido seleccionados para el muestreo previsto en el artículo 17 del Reglamento de base, los productores exportadores del grupo Canadian Solar fueron incluidos en el anexo I del Reglamento controvertido. A las sociedades que figuran en dicha lista se les impuso, en virtud del artículo 1 de este Reglamento, un derecho antidumping del 41,3 %. Con ciertas condiciones, el artículo 3 del citado Reglamento eximía del derecho establecido por su artículo 1 a las importaciones facturadas por las sociedades cuyos compromisos hubieran sido aceptados por la Comisión y cuyos nombres figuraran en el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/707, entre las que se hallaban los antedichos productores exportadores.
El 2 de diciembre de 2013, en el marco del procedimiento paralelo antisubvención, el Consejo adoptó asimismo el Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
1239/2013, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China (
DO 2013, L 325, p. 66
).
El 4 de diciembre de 2013, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución 2013/707, por la que aceptó el compromiso modificado propuesto por los productores exportadores que figuran en su anexo, junto con la CCCME, en relación con los procedimientos antidumping y antisubvención relativos a las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (como células) originarios o procedentes de China durante el período de aplicación de las medidas definitivas.
A raíz de la presentación del recurso de anulación en el asunto que dio lugar a la sentencia recurrida, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/866, de 4 de junio de 2015, por el que se denuncia la aceptación del compromiso de tres productores exportadores con arreglo a la Decisión de Ejecución 2013/707 (
DO 2015, L 139, p. 30
). De acuerdo con el artículo 1 del citado Reglamento de Ejecución, queda denunciada la aceptación del compromiso en relación con, en particular, Canadian solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), CSI Cells Co. y CSI Solar Power. Este Reglamento entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Unión Europea
, es decir, el 6 de junio de 2015.
La Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/367 de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y componentes clave (a saber, células) originarios o procedentes de la República Popular China tras una reconsideración por expiración con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se da por concluida la investigación de reconsideración provisional parcial con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento (UE) 2016/1036 (
DO 2017, L 56, p. 131
).
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
En apoyo de su recurso, las recurrentes invocaron seis motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 5, apartados 10 y 11, del Reglamento de base; el segundo, en la infracción de los artículos 1 y 17 de este Reglamento; el tercero, en la infracción del artículo 2 de dicho Reglamento; el cuarto, en la infracción del artículo 1, apartado 4, del mismo Reglamento; el quinto, en la infracción del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, y el sexto, en la infracción de los artículos 3 y 9, apartado 4, de este Reglamento.
El Tribunal General principió por desestimar la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Consejo y la Comisión, al concluir, en particular, que la aceptación de una oferta de compromiso no influye ni en la admisibilidad del recurso formulado contra un acto por el que se establece un derecho antidumping ni en la apreciación de los motivos invocados en apoyo de ese recurso, y que las recurrentes conservaban el interés en que se anulara el Reglamento controvertido.
A continuación, el Tribunal General examinó los motivos invocados por las recurrentes en apoyo de su recurso. Declaró inadmisibles los tres primeros, y desestimó por infundados los tres últimos. En consecuencia, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.
Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación, las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Estime la demanda formulada en primera instancia y anule el Reglamento controvertido en todo lo que afecte a las recurrentes.
–
Condene a la parte demandada en primera instancia a cargar con sus propias costas y con las de las recurrentes, tanto de la primera instancia como de la casación.
–
Condene a las demás partes del recurso de casación a cargar con sus propias costas.
Con carácter subsidiario, que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Devuelva el asunto al Tribunal General para que este resuelva de nuevo.
–
Reserve la decisión sobre las costas de la primera instancia y del recurso de casación hasta la sentencia firme del Tribunal General.
–
Condene a las demás partes del recurso de casación a cargar con sus propias costas.
El Consejo solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene a las recurrentes a cargar con las costas, tanto las relativas tanto al recurso de casación como las del procedimiento ante el Tribunal General.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a las recurrentes.
Mediante su adhesión a la casación, la Comisión, apoyada por el Consejo, solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Declare inadmisible el recurso interpuesto en primera instancia.
–
Con carácter subsidiario, declare carente de objeto el recurso interpuesto en primera instancia.
–
Con carácter subsidiario de segundo grado, declare infundado el recurso interpuesto en primera instancia e invalide la interpretación de la relación de causalidad, en el sentido del artículo 3 del Reglamento de base, aplicada por el Tribunal General en el examen del sexto motivo del recurso en primera instancia.
–
Condene en costas a las recurrentes.
Las recurrentes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime la adhesión a la casación en su totalidad.
–
Condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las de las recurrentes, tanto las causadas en el recurso en primera instancia como las de la adhesión a la casación.
–
Condene al Consejo a cargar con sus propias costas.
Sobre la adhesión a la casación
Mediante su adhesión a la casación, la Comisión impugna, con carácter principal, la admisibilidad del recurso interpuesto en primera instancia, la cual, por constituir una cuestión previa a las planteadas sobre el fondo en el recurso de casación principal, debe ser examinada en primer lugar.
Para fundar su adhesión a la casación, la Comisión, apoyada por el Consejo, invoca tres motivos. El primer motivo, invocado con carácter principal, se basa en un error de Derecho, por cuanto el Tribunal General consideró que el Reglamento controvertido podía por sí solo tener consecuencias jurídicas para las recurrentes. El segundo motivo, formulado con carácter subsidiario, se basa en la falta de motivación y en un error de Derecho, en la medida en que el Tribunal General declaró que el interés de las recurrentes en que se anulara el Reglamento controvertido seguía existiendo en el momento en que se pronunció la sentencia recurrida. El tercer motivo, formulado con carácter subsidiario de segundo grado, alega un error de Derecho, por cuanto el Tribunal General entendió que el artículo 3 y el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base imponen un análisis en dos fases, consistentes, la primera, en demostrar la falta de ruptura de la relación de causalidad entre el dumping y el perjuicio, y la segunda, en determinar el margen de dumping y, consecuentemente, el eventual tipo del derecho, sobre la base de una imputación de los diferentes factores de perjuicio.
Sobre el primer motivo de la adhesión a la casación
Alegaciones de las partes
El primer motivo de la adhesión a la casación, invocado con carácter principal, se divide en dos partes.
Mediante la primera parte de este motivo, que se refiere a los apartados 41 a 47 de la sentencia recurrida, la Comisión alega que el Tribunal General no motivó suficientemente su conclusión según la cual el Reglamento controvertido, y no la Decisión de Ejecución 2013/707, afecta a la situación jurídica de las recurrentes, y que, en cualquier caso, al formular dicha conclusión, el Tribunal General vulneró el principio general del Derecho de la Unión relativo al equilibrio institucional e infringió los artículos 8 y 9 del Reglamento de base.
La Comisión considera, en primer lugar, que la conclusión del Tribunal General según la cual cabe solicitar la anulación del Reglamento controvertido como vía adecuada para rebatir las conclusiones sobre la existencia del dumping, del perjuicio y de la relación de causalidad, no tiene en absoluto en cuenta el hecho de que, si las recurrentes pretendían refutar tales conclusiones, debían impugnar la Decisión de Ejecución 2013/707. Pues bien, las apreciaciones del Tribunal General sustentaban únicamente la conclusión de que podía interponerse recurso ya sea contra el Reglamento controvertido o contra la Decisión de Ejecución 2013/707, y ello conduce a una falta de motivación, ya que resulta imposible, según la Comisión, deducir de la sentencia recurrida la razón por la que el Reglamento controvertido es necesariamente, e incluso habitualmente, el acto que se debe impugnar y no la Decisión de Ejecución 2013/707, que es el acto del que nacen realmente los derechos u obligaciones para el importador de que se trate.
En segundo lugar, la Comisión alega que, al decidir que el recurso debe interponerse contra el Reglamento controvertido y no contra la Decisión de Ejecución 2013/707, el Tribunal General vulneró el principio general del equilibrio institucional, así como el reparto de competencias entre el Consejo y la Comisión establecido en los artículos 8 y 9 del Reglamento de base. En efecto, la conclusión del Tribunal General implica, según la Comisión, que la citada Decisión de Ejecución no basta por sí sola, sino que debe ser validada por los derechos y las obligaciones independientes establecidas por el Consejo con la adopción del Reglamento controvertido.
Por otra parte, la Comisión señala que estos errores de Derecho no pueden subsanarse mediante la conclusión formulada en el apartado 42 de la sentencia recurrida, según la cual el juez de la Unión ha confirmado «de forma implícita pero insoslayable» la admisibilidad de los recursos contra reglamentos que establezcan derechos definitivos interpuestos por partes interesadas cuyo compromiso haya sido aceptado. A juicio de la Comisión, de un lado, esta cuestión simplemente no fue abordada en la jurisprudencia citada en ese apartado, y de otro, esa jurisprudencia se halla en patente contradicción con la sentencia de 29 de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing y otros/Consejo (
113/77
,
EU:C:1979:91
).
Mediante la segunda parte del primer motivo de la adhesión a la casación, la Comisión aduce que la aceptación de un compromiso constituye un acto favorable cuya adopción fue instada por las recurrentes y que no afecta a la situación jurídica de estas. Añade que la conclusión contraria del Tribunal General, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, suponiendo que sea fundada, constata únicamente un interés en solicitar la anulación de la Decisión de Ejecución 2013/707, pero no la del Reglamento controvertido. La Comisión sostiene que dicho apartado 46 de la sentencia recurrida contiene dos errores de Derecho.
El primero, consistente en que el referido apartado 46 no presenta razonamiento alguno que permita deducir que la aceptación de un compromiso por la Comisión es diferente de una decisión de la Comisión por la que se declara compatible con el mercado interior una concentración que le ha sido notificada, de una declaración de la Comisión en la que se hace constar que un acuerdo no es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, o de una decisión por la que se declara compatible con el mercado interior una ayuda de Estado notificada.
El segundo deriva, según la Comisión, de que el artículo 8 del Reglamento de base no contempla la adopción de un acto distinto una vez que la Comisión haya terminado su investigación sobre el dumping y el perjuicio. Pues bien, para la Comisión, la conclusión del Tribunal General determina que la sociedad que ofrece un compromiso se vea obligada a impugnar anticipadamente la decisión por la que se acepte el compromiso antes incluso de que termine la investigación antidumping varios meses después.
La Comisión indica, en aras de la exhaustividad, que el apartado 47 de la sentencia recurrida contiene dos errores de Derecho. De un lado, la afirmación del Tribunal General según la cual el Reglamento controvertido modificó la situación jurídica de las recurrentes en lo que concierne a los «derechos antidumping sobre los productos no cubiertos por el compromiso» es consecuencia, para la Comisión, de un error de Derecho ligado a la interpretación de la propuesta de compromiso o a la desnaturalización de las pruebas por el Tribunal General, en caso de que esa propuesta se califique de «cuestión de hecho». En efecto, según la Comisión, las recurrentes no tenían derecho a vender el producto de que se trata en condiciones que no fueran las establecidas en las disposiciones del compromiso, como se desprende clara e inequívocamente del texto de la propuesta de compromiso. Por lo tanto, sólo podían establecerse derechos sobre los productos que rebasaran el volumen anual, y no sobre los «productos no cubiertos por el compromiso».
De otro lado, la Comisión entiende que, al haber sido ya incluidos en la propuesta de compromiso los derechos sobre los «productos […] que rebasaran el volumen anual», no se trata, en consecuencia, de un nuevo derecho o de una nueva obligación que resulte del Reglamento controvertido.
Las recurrentes consideran que el primer motivo de la adhesión a la casación debe ser desestimado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante el primer motivo de la adhesión a la casación, la Comisión alega, en esencia, que el Tribunal General, en los apartados 41 a 47 de la sentencia recurrida, incurrió en error de Derecho al considerar que el Reglamento controvertido podía tener por sí solo consecuencias jurídicas para las recurrentes.
En la primera parte de este motivo se arguye, en esencia, que el Tribunal General no motivó suficientemente su conclusión según la cual el Reglamento controvertido, y no la Decisión de Ejecución 2013/707, por la que la Comisión aceptó el compromiso propuesto por los productores exportadores relacionados en su anexo, entre los que figuran los integrantes del grupo Canadian Solar, afecta a la situación jurídica de las recurrentes, y que, en cualquier caso, el Tribunal General vulneró el principio de equilibrio institucional al formular dicha conclusión.
Ha de observarse, en primer lugar, que, en los apartados 41 a 47 de la sentencia recurrida, contrariamente a lo que argumenta la Comisión, el Tribunal General no afirma ni que el Reglamento controvertido deba ser necesariamente, o de forma habitual, el acto impugnado ni que el recurso de anulación deba interponerse contra ese Reglamento y no contra la Decisión de Ejecución 2013/707. De este modo, procede señalar que la argumentación de la Comisión parte de una lectura errónea de la sentencia recurrida. En tales circunstancias, no cabe reprochar al Tribunal General no haber motivado lo que no ha afirmado.
En segundo lugar, se ha de señalar, por un lado, que admitir la tesis de la Comisión valdría tanto como impedir a las empresas cuyo compromiso de precio mínimo a la importación (en lo sucesivo, «PMI») fue aceptado por la Comisión impugnar un reglamento que les impone un derecho antidumping definitivo. Pues bien, como indicó el Tribunal General en el apartado 42 de la sentencia recurrida, ni el Tribunal General ni el Tribunal de Justicia declararon, en las sentencias citadas en ese apartado, que fuera inadmisible un recurso de anulación interpuesto por una empresa contra un reglamento que le imponga derechos antidumping definitivos por el hecho de que la Comisión hubiera aceptado un compromiso de PMI ofrecido por esa empresa.
Por otro lado, debe advertirse que el Reglamento controvertido afecta necesariamente a la situación jurídica de las recurrentes en la medida en que, si tal Reglamento fuera anulado, la propuesta de compromiso devendría ineficaz. Pues bien, esto es precisamente lo que afirmó el Tribunal General en el apartado 45 de la sentencia recurrida.
Es pertinente recordar, además, que las recurrentes, como se deduce de los apartados 44 y 45 de la sentencia recurrida, están sujetos a los derechos antidumping establecidos por el Reglamento controvertido, de conformidad con sus artículos 1 y 3, para las importaciones que excedan del volumen anual fijado en el compromiso de PMI.
A la vista tales consideraciones, la Comisión no puede alegar válidamente que el Tribunal General vulneró el principio del equilibrio institucional. Al contrario, la tesis de la Comisión según la cual las recurrentes debían impugnar la Decisión de Ejecución 2013/707, si su propósito era rebatir las conclusiones sobre la existencia de un dumping, solo podría ser admitida si el Consejo estuviera obligado a adoptar un reglamento por el que se establezcan medidas antidumping definitivas una vez que la Comisión ha aceptado un compromiso de PMI propuesto por una empresa. Ahora bien, la competencia del Consejo en este ámbito no es una competencia reglada, como resulta del artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, según el cual la propuesta de la Comisión será adoptada por el Consejo a menos que este decida rechazarla.
No ha de olvidarse, a este respecto, que el papel de la Comisión se integra en el proceso decisional del Consejo. Como resulta de las disposiciones del Reglamento de base, la Comisión está encargada de realizar investigaciones y decidir, de acuerdo con ellas, poner fin al procedimiento o, por el contrario, proseguirlo, adoptando medidas provisionales y proponiendo al Consejo la adopción de medidas definitivas. Corresponde al Consejo, no obstante, pronunciarse definitivamente (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de marzo de 1990, Nashua Corporation y otros/Comisión y Consejo,
C‑133/87 y C‑150/87
,
EU:C:1990:115
, apartado
).
Por lo tanto, procede desestimar la primera parte del primer motivo de la adhesión a la casación.
En lo que concierne a la segunda parte de este primer motivo, según la cual la aceptación de un compromiso de PMI constituye un acto favorable a las recurrentes que no afecta a la situación jurídica de estas, contrariamente a lo que parece inferirse del apartado 46 de la sentencia recurrida, basta indicar que esta cuestión carece de pertinencia, toda vez que el acto objeto del recurso de anulación que el Tribunal General declaró admisible es el Reglamento controvertido, y no la Decisión de Ejecución 2013/707 por la que la Comisión aceptó ese compromiso.
Por lo que se refiere a los dos errores de Derecho que supuestamente vician el apartado 47 de la sentencia recurrida, que han sido alegados por la Comisión meramente en aras de la exhaustividad, según dicha institución, suponiendo que resultaran acreditados, no pueden incidir de ningún modo, a la luz de lo expuesto en los apartados 53 a 60 de la presente sentencia, en la validez de la conclusión del Tribunal General según la cual la excepción de inadmisibilidad planteada por el Consejo y la Comisión debía ser desestimada ya que el Reglamento controvertido afecta a la situación jurídica de las recurrentes.
Debe añadirse que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el legislador de la Unión, cuando adoptó este Reglamento, estableció medidas de defensa comercial que constituyen un bloque o «paquete» que persiguen alcanzar un resultado común: la eliminación del efecto perjudicial en la industria de la Unión del dumping chino relativo a los productos en cuestión, al tiempo que mantiene el interés de esa industria, y que el artículo 3 de dicho Reglamento no es separable del resto de las disposiciones del mismo Reglamento. (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de noviembre de 2017, SolarWorld/Consejo,
C‑204/16 P
,
EU:C:2017:838
, apartados
y
).
De lo expuesto se infiere que el primer motivo de la adhesión a la casación debe ser desestimado.
Sobre el segundo motivo de la adhesión a la casación
Alegaciones de las partes
Mediante el segundo motivo de la adhesión a la casación, planteado con carácter subsidiario, la Comisión, apoyada por el Consejo, aduce que, suponiendo que el Tribunal General hubiera considerado acertadamente, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, que el Reglamento controvertido modificó la situación jurídica de las recurrentes por cuanto que estas deben liquidar derechos sobre los paneles solares en cuestión por encima del volumen anual únicamente porque así lo establece dicho Reglamento, el recurso de anulación ante el Tribunal General resultó privado de objeto el día de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución 2015/866, por el que se denunció la aceptación del compromiso propuesto por las recurrentes.
La Comisión sostiene que el volumen anual de importación del producto de que se trata, fijado en la aceptación de la propuesta de compromiso de las recurrentes, no se alcanzó en ningún momento antes de la entrada en vigor del Reglamento de Ejecución. De ahí que, aunque la cláusula del compromiso que estipulaba el pago de derechos por los productos importados por encima del referido volumen anual determinara que las recurrentes tenían interés en ejercitar la acción, tal interés dejó de existir, en cualquier caso, en la fecha de entrada en vigor de dicho Reglamento de Ejecución, lo que conduce a la conclusión de que el recurso de anulación quedó privado de objeto en la expresada fecha. A este respecto, tal argumento, esgrimido en la vista por la Comisión, no fue respondido, según esta, por el Tribunal General.
La Comisión añade que, aun suponiendo que el Tribunal General haya respondido a ese argumento, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, su respuesta no guarda relación con la cuestión planteada por ella. En efecto, a su modo de ver, el hecho de que haya denunciado la aceptación del compromiso de las recurrentes por el incumplimiento de sus disposiciones es precisamente la causa de que tal aceptación no podía ya producir consecuencias jurídicas que se tradujeran en un interés legítimo de las recurrentes en ejercitar la acción.
Las recurrentes consideran que este motivo debe ser desestimado por incomprensible y, en todo caso, por inoperante.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede señalar que la desestimación del primer motivo de la adhesión a la casación conduce a la desestimación del segundo motivo. En efecto, de la apreciación que ha dado lugar a que se desestime ese primer motivo se infiere que el Reglamento controvertido produce consecuencias en la situación jurídica de las recurrentes con independencia de la existencia de la Decisión de Ejecución 2013/707.
De este modo, la circunstancia de que el Reglamento de Ejecución 2015/866 haya denunciado la aceptación del compromiso propuesto por las recurrentes confirmada mediante la Decisión de Ejecución 2013/707, siendo así que el volumen anual de importación del producto en cuestión fijado en dicho compromiso no se alcanzó nunca, no puede incidir de ninguna forma en la constatación de que el Reglamento controvertido afecta a la situación jurídica de las recurrentes y de que estas, en consecuencia, estaban legitimadas para interponer ante el Tribunal General un recurso de anulación contra este último Reglamento.
Debe, pues, desestimarse el segundo motivo de adhesión a la casación.
Sobre el tercer motivo de la adhesión a la casación
Mediante el tercer motivo de adhesión a la casación, planteado con carácter subsidiario de segundo grado, la Comisión alega que el Tribunal General incurrió en error de interpretación de los artículos 3 y 9, apartado 4, del Reglamento de base en el examen del sexto motivo invocado por las recurrentes en la instancia, al afirmar que dichas disposiciones exigían que se realizara el análisis de atribución para que «no se confiera a la industria de la Unión una protección que vaya más allá de lo necesario».
Basta señalar, sobre este punto, que, conforme a los artículos 169, apartado 1, y 178, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, todo recurso de casación, ya sea con carácter principal o mediante adhesión, ha de tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General.
En el presente asunto, al ser rechazado el motivo en cuestión, la Comisión obtuvo del Tribunal General la desestimación del recurso de anulación del Reglamento controvertido conforme a las pretensiones que formuló en el citado recurso. Por consiguiente, el tercer motivo de la adhesión a la casación, con el que, en rigor, solo se pretende una sustitución de fundamentos jurídicos en lo que atañe a la interpretación de los artículos 3 y 9, apartado 4, del referido Reglamento, no puede ser acogido (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de enero de 2015, Consejo y otros/Vereniging Milieudefensie y Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht,
C‑401/12 P a C‑403/12 P
,
EU:C:2015:4
, apartado
y jurisprudencia citada).
De ello se infiere que el tercer motivo de la adhesión a la casación debe ser declarado inadmisible.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar la adhesión a la casación en su totalidad.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, las recurrentes invocan cuatro motivos.
Sobre el primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
El primer motivo se basa en un error de Derecho, por cuanto el Tribunal General, en los apartados 64 a 74 de la sentencia recurrida, exigió a las recurrentes que aportaran la prueba de su interés en plantear los motivos primero y segundo de su recurso de anulación, y, en cualquier caso, en un error en la calificación jurídica de los hechos, pues las recurrentes consideran que ostentaban ciertamente tal interés.
Aducen estas, en primer lugar, que, al extrapolar a la posibilidad de invocar motivos aislados, por analogía, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual todo recurrente está obligado a acreditar que tiene interés en ejercitar la acción, a saber, interés en obtener la anulación del acto impugnado, el Tribunal General incurrió en error de Derecho, por cuatro razones.
Primero, porque la apreciación del Tribunal General es contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la cual exige a todo recurrente únicamente que demuestre el interés en la anulación del acto impugnado.
Las recurrentes añaden que el Tribunal General no distinguió los motivos primero y segundo del recurso de anulación de las situaciones en las que un motivo es inadmisible porque el demandante no está legitimado para invocarlo. Estas situaciones, definidas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, comprenden, por un lado, los casos en que el motivo no concierne al demandante sino que persigue el interés general o los intereses de la ley y, por otro, los casos en que el motivo se refiere a normas que, como las disposiciones del reglamento interior de una institución, no están destinadas a garantizar la protección de los particulares. Pues bien, para las recurrentes, los motivos primero y segundo del recurso de anulación no tienen relación con esa clase de situaciones, y el Tribunal General no afirmó lo contrario.
Como segunda razón, las recurrentes alegan una vulneración de su derecho de defensa, por entender que el Tribunal General les impidió invocar los motivos que consideraron oportunos, infringiendo el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).
Como tercera razón, las recurrentes sostienen que, aunque se admitiera que estaban obligadas a demostrar su interés en invocar los motivos primero y segundo del recurso de anulación, la conclusión del Tribunal general según la cual dichos motivos son inadmisibles vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 47 de la Carta. En efecto, las recurrentes tuvieron que interponer un recurso de anulación en el plazo establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, para evitar la caducidad de sus derechos, habida cuenta de que, en caso contrario, a la luz de la jurisprudencia derivada de la sentencia de 9 de marzo de 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (
C‑188/92
,
EU:C:1994:90
), podían haberse encontrado con que se les privaba de la posibilidad de cuestionar la validez del Reglamento controvertido ante los tribunales de un Estado miembro en el marco de una petición prejudicial.
A este respecto, las recurrentes destacan que, según el Tribunal General, su interés en invocar los dos primeros motivos del recurso de anulación es hipotético, y que tal afirmación implica que si su interés en invocar esos motivos naciera una vez expirado el plazo de dos meses establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, se les cerraría el paso a la tutela judicial. Tal situación, para las recurrentes, resulta especialmente problemática si se tiene en cuenta que una de ellas, Canadian Solar Emea, sociedad importadora, habría tenido la posibilidad de cuestionar la validez del Reglamento controvertido ante un tribunal nacional en cualquier momento si no hubiera estado vinculada a las otras recurrentes, que son sociedades exportadoras.
Como cuarta razón del error de Derecho alegado, las recurrentes arguyen que el Tribunal General vulneró su derecho a ser oídas, por cuanto que la cuestión de la admisibilidad de los dos primeros motivos del recurso de anulación no se debatió plenamente en la instancia. Según las recurrentes, dicha cuestión, en efecto, no fue invocada por el Consejo ni por la Comisión en la fase escrita del procedimiento, y tampoco fue abordada plenamente en la vista ante el Tribunal General, lo que les impidió demostrar que producían y exportaban a la Unión, e importaban en la Unión, módulos originarios de un tercer país pero procedentes de China, y que importaban en la Unión módulos originarios de China pero procedentes de un tercer país.
En segundo lugar, las recurrentes consideran que el Tribunal General incurrió en error en la calificación jurídica de los hechos, al concluir, en los apartados 69 a 73 de la sentencia recurrida, que no tenían interés en invocar los motivos primero y segundo del recurso de anulación.
Por una parte, sostienen que de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que las recurrentes tienen un interés en ejercitar la acción dirigida a evitar que las instituciones reproduzcan errores derivados de una interpretación equivocada de las disposiciones del Reglamento de base, que es lo que, a su juicio, dicho sea de paso, ha ocurrido en este caso, pues la Comisión adoptó un nuevo reglamento, a saber, el Reglamento de Ejecución 2017/367, que prolonga los efectos del Reglamento controvertido otros dieciocho meses reproduciendo los mismos errores.
Por otra parte, las recurrentes aducen que los motivos que invocaron se referían al alcance de la investigación antidumping, la cual concierne a su vez al dumping, al perjuicio, a la relación de causalidad y las apreciaciones sobre el interés de la Unión que condujeron al Consejo a adoptar el Reglamento controvertido.
El Consejo y la Comisión solicitan que se desestime el primer motivo de casación por ser en parte inadmisible y en parte infundado y, en cualquier caso, por ser, globalmente considerado, infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer término, el Tribunal General recordó acertadamente, en el apartado 64 de la sentencia recurrida, que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sólo cabe declarar la admisibilidad de un recurso de anulación interpuesto por una persona física o jurídica en la medida en que esa persona tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Tal interés presupone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencias jurídicas y que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto. La parte demandante debe acreditar el interés en ejercitar la acción, que se aprecia el día en que el recurso se entabla y constituye el primer y fundamental requisito para promover cualquier acción judicial (sentencia de 18 de octubre de 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consejo,
C‑100/17 P
,
EU:C:2018:842
, apartado
).
Como indicó asimismo el Tribunal General en los apartados 65 y 66 de la sentencia recurrida, el interés en ejercitar la acción de un demandante debe ser efectivo y actual. No puede hacer referencia a una situación futura e hipotética. Debe, a la vista del objeto del recurso, existir en el momento de su interposición, so pena de inadmisión del recurso, y perdurar hasta que se dicte la resolución judicial, so pena de sobreseimiento (sentencia de 17 de septiembre de 2015, Mory y otros/Comisión,
C‑33/14 P
,
EU:C:2015:609
, apartados
y
y jurisprudencia citada). El órgano jurisdiccional que conozca del asunto puede plantearse de oficio y en cualquier fase del procedimiento la falta de interés de una parte en mantener su pretensión, debido a un hecho posterior a la fecha de presentación de la demanda (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2018, Gul Ahmed Textile Mills/Consejo,
C‑100/17 P
,
EU:C:2018:842
, apartado
).
En lo tocante a la alegación según la cual el Tribunal General exigió indebidamente a las recurrentes que aportaran la prueba de su interés en invocar los motivos primero y segundo de su recurso de anulación, ha de recordarse, en primer lugar, que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que no procede admitir un motivo de anulación, por inexistencia de interés en ejercitar la acción, cuando, aun suponiendo que sea fundado, la anulación del acto impugnado sobre la base de tal motivo no podría satisfacer al demandante (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de junio de 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE,
C‑401/09 P
,
EU:C:2011:370
, apartado
y jurisprudencia citada).
En cuanto a la alegación de que el Tribunal General efectuó una calificación jurídica de los hechos errónea, procede observar que, ciertamente, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, en determinadas circunstancias, un demandante puede conservar un interés en solicitar la anulación de un acto derogado durante el procedimiento, con el fin de llevar al autor del acto impugnado a aportar, en el futuro, las modificaciones adecuadas y, de ese modo, evitar el riesgo de que se repita la ilegalidad de que supuestamente adolece ese acto (sentencia de 6 de septiembre de 2018, Bank Mellat/Consejo,
C‑430/16 P
,
EU:C:2018:668
, apartado
).
Sin embargo, la persistencia, en su caso, de tal interés, con el fin de evitar que las instituciones reproduzcan errores derivados de una interpretación equivocada de una norma jurídica de la Unión, no puede admitirse en una situación en la que nunca existió en el demandante un interés en ejercitar la acción.
De este modo, al no haber acreditado, en la fecha en que interpusieron su recurso de anulación, su interés en plantear los dos primeros motivos, las recurrentes no pueden justificar tal interés invocando la necesidad de evitar que las instituciones reproduzcan errores derivados de una interpretación equivocada de una norma jurídica de la Unión, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia citada en los apartados 91 y 92 de la presente sentencia, dicho interés debe apreciarse el día en que se interpone el recurso y no puede hacer referencia a una situación futura e hipotética.
Con respecto a la alegación según la cual los motivos primero y segundo del recurso de anulación deben declararse admisibles porque hacían referencia al alcance de la investigación antidumping, ha de señalarse que dicha alegación no puede prosperar. En efecto, el hecho de que tales motivos se refieran, en cuanto al fondo, a extremos que constituyen el objeto de la investigación, tales como el dumping, el perjuicio o la relación de causalidad, entre otros, no puede implicar, por sí solo, la admisibilidad de los motivos en cuestión en una situación en la que las recurrentes no han probado la existencia de un interés en invocarlos.
De ello se sigue que el Tribunal General, en el apartado 74 de la sentencia recurrida, concluyó acertadamente, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en los apartados 91 y 92 de la presente sentencia, que esos dos primeros motivos del recurso de anulación debían ser declarados inadmisibles.
En segundo término, en lo que concierne al argumento de que el Tribunal General conculcó el artículo 47 de la Carta, es oportuno recordar que, habida cuenta de la protección que confiere, este artículo no tiene por objeto modificar el sistema de control judicial establecido en los Tratados y, en particular, las normas relativas a la admisibilidad de los recursos presentados directamente ante el juez de la Unión, como se desprende también de las explicaciones relativas a este artículo 47, las cuales deben tenerse en cuenta, con arreglo al artículo 6 TUE, apartado 1, párrafo tercero, y al artículo 52, apartado 7, de la Carta, para la interpretación de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo,
C‑583/11 P
,
EU:C:2013:625
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, procede señalar que la protección que concede el artículo 47 de la Carta no exige que un justiciable pueda, de forma incondicional, presentar un recurso de anulación directamente ante los órganos jurisdiccionales de la Unión contra un acto legislativo de esta (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Inuit Tapiriit Kanatami y otros/Parlamento y Consejo,
C‑583/11 P
,
EU:C:2013:625
, apartado
).
En tales circunstancias, las recurrentes no pueden alegar válidamente que la exigencia de la prueba del interés en esgrimir un motivo de anulación vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 47 de la Carta.
Por otra parte, en lo atinente a la alegación según la cual el Tribunal General vulneró el derecho de las recurrentes a ser oídas que se deriva de este artículo de la Carta, se ha de observar que estas últimas no niegan que, en la vista ante el Tribunal General, las diferentes partes que comparecieron debatieron sobre el asunto de la inadmisibilidad excepcionada por el Consejo en relación con los dos primeros motivos del recurso de anulación. De este modo, las recurrentes no pueden aducir válidamente que el Tribunal General no les permitió debatir sobre todas las cuestiones de Derecho que resultaron decisivas para la solución del litigio ni aportar los elementos de prueba necesarios en apoyo de su argumentación.
Por último, en lo concerniente al argumento de que, a la vista de la jurisprudencia sentada en la sentencia de 9 de marzo de 1994, TWD Textilwerke Deggendorf (
C‑188/92
,
EU:C:1994:90
), la conclusión del Tribunal General impide a las recurrentes acceder a la tutela jurisdiccional si su interés en invocar los motivos primero y segundo ha nacido una vez expirado el plazo de dos meses del artículo 263 TFUE, párrafo sexto, basta señalar que, en tal hipótesis, la jurisprudencia en cuestión no constituiría un obstáculo, en principio, a la posibilidad de que las recurrentes plantearan tales motivos ante un tribunal nacional.
De las consideraciones anteriores se deduce que el primer motivo del recurso de casación debe ser desestimado.
Sobre el segundo motivo de casación
El segundo motivo se basa en un error de Derecho, en el sentido de que el Tribunal General, de un lado, exigió a las recurrentes que aportaran la prueba de su interés en plantear el tercer motivo del recurso de anulación, y de otro, interpretó erróneamente el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, en relación con el artículo 1, apartado 3, de este Reglamento.
En primer lugar, por las mismas razones indicadas en los apartados 91 a 98 de la presente sentencia, no puede acogerse la alegación según la cual el Tribunal General incurrió en error de Derecho al exigir a las recurrentes que demostraran su interés en invocar el tercer motivo del recurso de anulación.
En segundo lugar, por lo que se refiere a la alegación relativa al error eventualmente cometido por el Tribunal General en la interpretación del artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, en relación con el artículo 1, apartado 3, de este, basta constatar que los apartados 90 a 95 de la sentencia recurrida, a los que va dirigida dicha alegación, forman parte de una apreciación que el Tribunal general formuló a mayor abundamiento. De ello se infiere que la expresada alegación es inoperante.
Por lo tanto, debe desestimarse el segundo motivo de casación.
Sobre el tercer motivo de casación
El tercero motivo se basa en que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar, por una parte, que el Reglamento n.
o
1168/2012 es aplicable a la investigación antidumping que condujo a la adopción del Reglamento controvertido y, por otra, que este último no adolece de error de Derecho por más que la Comisión no haya respondido a la solicitud de las recurrentes de concesión del TEM.
Alegaciones de las partes
En primer lugar, con respecto a la aplicación del Reglamento n.
o
1168/2012, las recurrentes recuerdan que este Reglamento, que modificó el Reglamento de base, es consecuencia de la sentencia de 2 de febrero de 2012, Brosmann Footwear (HK) y otros/Consejo,
C‑249/10 P
,
EU:C:2012:53
), en la cual el Tribunal de Justicia consideró que el hecho de que la Comisión no hubiera respondido a una solicitud de TEM constituía una infracción del reglamento de base que forzosamente invalidaba el reglamento por el que se imponían derechos antidumping controvertido en el asunto que dio lugar a esa sentencia.
Consideran que la modificación introducida en el presente asunto por el Reglamento n.
o
1168/2012 reservó el derecho a solicitar el TEM exclusivamente a los productores exportadores incluidos en la muestra de la investigación antidumping en cuestión. No obstante, a su modo de ver, el Tribunal General declaró indebidamente que dicha modificación era aplicable a la investigación antidumping de autos y que no se trataba de una aplicación retroactiva de la ley por cuanto que, en lo que afectaba a las recurrentes, el agotamiento del plazo aplicable para responder a una solicitud de TEM no había generado una situación consolidada.
Según las recurrentes, tal conclusión del Tribunal General les priva de su derecho a que se examine su solicitud de TEM y autoriza indebidamente a la Comisión a eludir su obligación de responder a la referida solicitud. Para las recurrentes, dado que la concesión del TEM habría llevado consigo la utilización de sus propios precios y sus costes en lugar de los de un productor de un país análogo para determinar el valor normal aplicable, el hecho de que la Comisión se abstuviera de responder a esa solicitud significó un cambio definitivo que afectaba negativa e irrevocablemente a los derechos de las recurrentes.
Las recurrentes entienden que el tenor del artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base es inequívoco, tanto antes como después de la modificación introducida por el Reglamento n.
o
1168/2012. Antes de dicha modificación, porque la citada disposición precisaba que los productores exportadores no incluidos en la muestra tenían derecho a solicitar el TEM, al igual que las recurrentes, y que la Comisión tenía la obligación de pronunciarse, favorable o desfavorablemente, sobre lo solicitado.
Después de la referida modificación, porque el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base se aplica a todas las investigaciones nuevas y pendientes a partir del 15 de diciembre de 2012. Pues bien, en el presente asunto, el plazo señalado a la Comisión para pronunciarse sobre la solicitud de TEM de las recurrentes expiró el 6 de diciembre de 2012, es decir, antes de la entrada en vigor de la modificación introducida por el Reglamento n.
o
1168/2012. La falta del trámite consistente en responder a la solicitud del TEM no puede ser subsanada mediante una aplicación de este último Reglamento con efectos retroactivos.
Las recurrentes destacan que de los propios términos de la disposición transitoria de la modificación introducida por el Reglamento n.
o
1168/2012 se deduce que dicha modificación no se aplica al expresado trámite en la investigación antidumping de autos, en tanto en cuanto la obligación de la Comisión de pronunciarse sobre la concesión del TEM no es una norma de carácter formal sino una regla de Derecho material. De este modo, añaden, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la aplicación en el tiempo de las normas formales, en la que se apoya el Tribunal General en los apartados 157, 159 y 160 de la sentencia recurrida, resulta inadecuada.
Para las recurrentes, contrariamente a lo declarado por el Tribunal General, la expiración del plazo señalado para responder a la solicitud de TEM sí que creó, en lo que a ellas respecta, una situación adquirida definitivamente, en el sentido de que la Comisión, a pesar de la obligación a la que estaba sometida, incumplió el trámite consistente en pronunciarse sobre la concesión o no de un TEM.
Las recurrentes sostienen que si la Comisión hubiera respondido a dicha solicitud, su decisión no habría podido modificarse en una fase ulterior de la investigación antidumping en perjuicio de las recurrentes, a menos que surgieran nuevos datos de los que no se disponía en la fecha de la decisión sobre la concesión de un TEM. Según las recurrentes, en consecuencia, la aplicación del Reglamento n.
o
1168/2012 a la solicitud de TEM que presentaron les priva
ex post
de su derecho a que se examine la referida solicitud, siendo así que no ha resultado controvertido que les asistía este derecho en la fecha en que la Comisión debía responder a dicha solicitud.
A este respecto, para las recurrentes, su interpretación relativa a la aplicación del Reglamento n.
o
1168/2012 no es contraria al tenor de las disposiciones de este y, aunque lo fuera, la modificación introducida por el mismo Reglamento es ilegal en tanto en cuanto se aplica a las recurrentes, por ser incompatible con los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad.
En segundo lugar, las recurrentes reprochan al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho al considerar, en los apartados 162 a 165 de la sentencia recurrida, que el hecho de que la Comisión no haya respondido a su solicitud de concesión del TEM no llevaba consigo la anulación del Reglamento controvertido. Entienden que, puesto que la modificación introducida por el Reglamento n.
o
1168/2012 no era aplicable a la investigación antidumping de autos, la Comisión debería haber respondido a su solicitud de TEM.
El Consejo y la Comisión consideran que el tercer motivo es en parte inadmisible y en parte infundado.
En lo tocante a la admisibilidad de este motivo, sostienen, en esencia, que la alegación de las recurrentes según la cual el Tribunal General no tuvo en cuenta que el plazo señalado a la Comisión para pronunciarse sobre la solicitud de TEM de las recurrentes había expirado antes de la entrada en vigor de dicha modificación debe calificarse de inadmisible, pues las recurrentes no hacen sino repetir los mismos argumentos ya expuestos ante el Tribunal General. Añaden que el argumento de que la referida modificación podía ser ilegal, en la medida en que se aplique a las recurrentes, constituye un motivo nuevo y, por tanto, inadmisible, pues las recurrentes no opusieron ante el Tribunal General ninguna excepción de ilegalidad, con arreglo al artículo 277 TFUE, contra el artículo 2 del Reglamento de base en su versión resultante de la modificación introducida por el Reglamento n.
o
1168/2012.
Apreciación del Tribunal de Justicia
–
Sobre la admisibilidad
Las causas de inadmisión propuestas por el Consejo y la Comisión no pueden ser acogidas.
En primer lugar, la alegación de las recurrentes según la cual el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta que el plazo señalado a la Comisión para pronunciarse sobre la solicitud de TEM de las recurrentes había expirado antes de la entrada en vigor del Reglamento n.
o
1168/2012 persigue cuestionar, como indica el Abogado General en el punto 43 de sus conclusiones, la aplicación por el Tribunal General de la norma transitoria establecida en el artículo 2 de este Reglamento y, en particular, el apartado 152 de la sentencia recurrida.
Ha de recordarse, a este respecto, que, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión realizada por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar así su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal General, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido (sentencia de 9 de noviembre de 2017, SolarWorld/Consejo,
C‑204/16 P
,
EU:C:2017:838
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, no cabe sostener que las recurrentes pretendan obtener simplemente un nuevo examen del recurso presentado ante el Tribunal General.
En segundo lugar, sin que sea necesario pronunciarse sobre la excepción de inadmisibilidad planteada por el Consejo y la Comisión según la cual la alegación de las recurrentes relativa a la ilegalidad del Reglamento n.
o
1168/2012 constituye un motivo nuevo, procede observar que, en cualquier caso, esta alegación es inadmisible, ya que las recurrentes se limitan a afirmar que el citado Reglamento es ilegal por ser incompatible con los principios de seguridad jurídica y de irretroactividad, sin aportar la menor prueba que sustente tal afirmación.
En efecto, los elementos del recurso de casación que no contienen ninguna fundamentación dirigida específicamente a identificar el error de Derecho del que supuestamente adolece la sentencia recurrida deben rechazarse por inadmisibles (véase, en este sentido, el auto de 18 de octubre de 2018, Alex/Comisión,
C‑696/17 P
, no publicado,
EU:C:2018:848
, apartado
y jurisprudencia citada).
De ello se sigue que, a excepción de la alegación relativa a la ilegalidad del Reglamento n.
o
1168/2012, el tercer motivo de casación debe declararse admisible.
–
Sobre el fondo
Mediante el tercero motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir, por una parte, que el Reglamento n.
o
1168/2012 era aplicable a la investigación antidumping que condujo a la adopción del Reglamento controvertido y, por otra, que este último no adolecía de error de Derecho por más que la Comisión no hubiera respondido a la solicitud de las recurrentes de concesión del TEM.
Ha de señalarse, en primer lugar, que, como declaró acertadamente el Tribunal General en el apartado 153 de la sentencia recurrida, el tenor del artículo 2 del Reglamento n.
o
1168/2012 se opone a la interpretación del ámbito de aplicación de este Reglamento propugnada por las recurrentes. En efecto, dicho artículo precisa claramente que el Reglamento se aplicará a todas las investigaciones nuevas y pendientes a partir del 15 de diciembre de 2012. Pues bien, las recurrentes no niegan que, en dicha fecha, estaba en curso la investigación antidumping que condujo a la adopción del Reglamento controvertido. En efecto, en esa fecha, el Consejo no había adoptado ni medidas definitivas fundadas en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base ni una decisión con arreglo al artículo 9, apartado 2, de este Reglamento.
Además, habida cuenta de que el citado artículo 2 del Reglamento n.
o
1168/2012 hace referencia, sin más indicaciones, a «todas las investigaciones […] pendientes», las recurrentes no pueden alegar válidamente que ese artículo se refiere únicamente a las investigaciones pendientes en las que no haya vencido aún el plazo para responder a una solicitud de TEM.
En segundo lugar, cabe observar que, contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, el hecho de que expirara el plazo aplicable del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, en su versión anterior al Reglamento n.
o
1168/2012, para responder a una solicitud de TEM sin que la Comisión hubiera adoptado una decisión sobre dicha solicitud no generó, en lo que respecta a las recurrentes, una situación consolidada.
Por un lado, como indica el Abogado General en el apartado 74 de sus conclusiones, la Comisión podía responder válidamente a la solicitud de TEM tras la expiración del plazo de tres meses del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, en su versión anterior al Reglamento n.
o
1168/2012.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la Comisión tiene la posibilidad de modificar la decisión que haya podido adoptar sobre la solicitud de TEM con arreglo al citado artículo 2, apartado 7, letra c) (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de octubre de 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consejo,
C‑141/08 P
,
EU:C:2009:598
, apartados
a
).
Por otro lado, como indicó acertadamente el Tribunal General en el apartado 160 de la sentencia recurrida, la situación de las recurrentes solo quedó fijada definitivamente después de que entrara en vigor el Reglamento controvertido, y, hasta la adopción de este último, las recurrentes no habían adquirido ninguna certidumbre respecto de sus eventuales derechos y obligaciones derivados de la aplicación del Reglamento de base.
Procede recordar, en relación con este punto, que, como ha quedado dicho en el apartado 60 de la presente sentencia, el papel de la Comisión se integra en el proceso decisorio del Consejo, como institución encargada de realizar investigaciones y decidir, de acuerdo con ellas, poner fin al procedimiento o, por el contrario, proseguirlo, adoptando medidas provisionales y proponiendo al Consejo la adopción de medidas definitivas. No obstante, corresponde al Consejo pronunciarse definitivamente.
De este modo, procede advertir que, en la fecha de entrada en vigor del Reglamento n.
o
1168/2012, la situación de las recurrentes no había llegado a consolidarse.
De ello se sigue que el hecho de que expirara el plazo aplicable del artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, en su versión anterior al Reglamento n.
o
1168/2012, para responder a una solicitud de TEM sin que la Comisión hubiera adoptado una decisión sobre dicha solicitud no incidió en absoluto en la aplicabilidad de este último Reglamento a la investigación antidumping que condujo a la adopción del Reglamento controvertido.
De cuanto antecede se deduce que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar, en esencia, que el hecho de que la Comisión no respondiera a la solicitud de las recurrentes de concesión del TEM no podía llevar consigo la anulación del Reglamento controvertido.
Así pues, por las consideraciones expuestas, el tercer motivo de casación debe ser desestimado.
Sobre el cuarto motivo de casación
Mediante el cuarto motivo, las recurrentes alegan que el Tribunal General, en los apartados 202 y 205 a 216 de la sentencia recurrida, incurrió en error de Derecho al permitir al Consejo fijar el derecho antidumping en un nivel que compensara el perjuicio causado por factores distintos de las importaciones objeto de dumping y al invertir indebidamente la carga de la prueba.
Alegaciones de las partes
Para empezar, las recurrentes sostienen que el criterio aplicado por el Tribunal General, según el cual el efecto perjudicial de otros factores ha de tomarse en consideración solamente cuando sea de tal magnitud que dé lugar a que se rompa la relación de causalidad entre el perjuicio sufrido y las importaciones objeto de dumping, parte de una interpretación errónea del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, en relación con el artículo 9, apartado 4, de este Reglamento.
En efecto, las recurrentes afirman, en primer lugar, que, para calcular el margen del perjuicio y, consiguientemente, fijar el derecho antidumping fundándose en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, el Consejo está obligado a excluir cualquier perjuicio causado por factores distintos de las importaciones objeto de dumping. Esta obligación del Consejo, añaden, preside dos fases del procedimiento distintas, a saber, la determinación de la existencia de un perjuicio y la fijación del nivel del derecho antidumping conforme al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base. Tales obligaciones tienen por objeto ponderar los intereses de los importadores, de la industria y de los consumidores de la Unión, así como de los productores exportadores de la Unión, y constituyen una manifestación del principio general de proporcionalidad en el ámbito de las medidas de defensa comercial de la Unión.
Para las recurrentes, por un lado, el Consejo y la Comisión están obligados, para determinar la existencia de un perjuicio, en el sentido del artículo 3, apartado 7, a asegurarse de que el perjuicio causado por las importaciones objeto de dumping, una vez excluido el causado por otros factores, es «importante», y de que esos otros factores no han roto la relación de causalidad entre las referidas importaciones y el perjuicio.
Por otro lado, aun cuando no se rompa esta relación de causalidad, los derechos antidumping solo pueden reparar el perjuicio sufrido por la industria de la Unión hasta el importe del perjuicio causado por las importaciones objeto de dumping, y no por el importe del «perjuicio autónomo» causado por otros factores. De lo contrario, se conferiría una protección a la Unión que iría más allá de lo necesario. Por lo tanto, según las recurrentes, a la hora de fijar el derecho antidumping conforme al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, el Consejo debe efectuar ajustes en función del perjuicio causado por otros factores.
Por otra parte, las recurrentes añaden, en primer término, que, aunque el Tribunal General admitió que existían al menos otros tres factores que habían contribuido al perjuicio sufrido por la industria de la Unión, y que el Consejo reconoció que ni él ni la Comisión habían excluido el perjuicio causado por dichos factores, se abstuvo, en cambio, de exponer las razones por las que la incidencia de esos tres factores era irrelevante y, por tanto, incumplió su deber de motivación en el sentido del artículo 296 TFUE. A continuación, las recurrentes aducen que, a la vista de las conclusiones que formuló en relación con la contribución de esos tres factores al perjuicio sufrido por la industria de la Unión, el Tribunal General debería haber obligado al Consejo a reducir el derecho antidumping por el importe resultante del efecto acumulado de dichos tres factores. Finalmente, según las recurrentes, al admitir que tales factores habían incidido de alguna forma y al concluir seguidamente, sin apoyarse en ningún hecho probado, que esa incidencia no era significativa, el Tribunal General incurrió en error en la calificación de los hechos.
En segundo lugar, en lo atinente a la supuesta infracción de la carga de la prueba, las recurrentes reprochan al Tribunal General que les obligara a cuantificar la incidencia de los otros tres factores en el perjuicio causado a la industria de la Unión.
En primer término, las recurrentes entienden que el Consejo y la Comisión tienen la obligación de determinar el perjuicio basándose en elementos de prueba positivos y en un examen objetivo del conjunto de hechos pertinentes conocidos. En su opinión, incumbe a esas instituciones aportar la prueba de los ajustes que procede efectuar en función del perjuicio causado por otros factores, pues nada autoriza a trasladar dicha carga de la prueba a los productores exportadores, sobre todo si la justificación de esa inversión de la carga de la prueba estriba exclusivamente en la excesiva complejidad de la evaluación que deben efectuar las citadas instituciones.
A continuación, aducen que el Tribunal General les impuso la carga de una prueba imposible, ya que no tuvieron acceso a la información necesaria para calcular la incidencia de los otros factores.
Por último, las recurrentes señalan que, conforme al principio de buena administración, en el sentido del artículo 41 de la Carta, el Tribunal General no puede autorizar al Consejo y a la Comisión a pretextar la complejidad de una evaluación exigida por la ley para decidir no efectuarla, máxime cuando de esa omisión se derivan perjuicios para los agentes económicos.
El Consejo y la Comisión solicitan al Tribunal de Justicia que desestime este cuarto motivo y, paralelamente, que lleve a cabo una sustitución de fundamentos jurídicos.
Las referidas instituciones alegan, en esencia, que las conclusiones del Tribunal General que figuran en los apartados 185 y 191 a 193 de la sentencia recurrida sugieren, equivocadamente, que el nivel de los derechos antidumping debería reducirse por la existencia de factores, distintos de las importaciones objeto de dumping, que pueden afectar al perjuicio.
Indican que, por un lado, el cálculo del margen de perjuicio en el sentido del artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base y, por otro, la determinación de la existencia del perjuicio con arreglo al artículo 3 de este Reglamento constituyen dos fases diferentes. Añaden que para determinar el margen de perjuicio, el Consejo y la Comisión efectúan su cálculo sobre la base de los precios, los beneficios y los costes de producción de la industria de la Unión, sin considerar «otros factores conocidos, distintos de las importaciones objeto de dumping» que podrían haber contribuido al perjuicio sufrido por la industria de la Unión, factores que sólo son pertinentes para examinar la ruptura de la relación de causalidad a los efectos del artículo 3 del Reglamento de base.
El Consejo y la Comisión aducen que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no cabe un análisis de atribución en la determinación del margen de perjuicio con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base. El Tribunal de Justicia declaró en dicha jurisprudencia que, aun cuando el Consejo y la Comisión habían omitido un factor que podría haber contribuido al perjuicio, en su análisis de atribución del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, tal error no podía llevar consigo la anulación de los reglamentos impugnados en los procedimientos en cuestión, por cuanto esas instituciones habían demostrado que ese otro factor no podía romper la relación de causalidad. De ello se deduce, según el Consejo y la Comisión, que el Tribunal de Justicia admite un solo análisis de atribución, que tiene lugar en la fase de la determinación de la relación de causalidad.
De este modo, no cabe interpretar el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base en el sentido de que procede reducir el derecho antidumping tomando en consideración el efecto de otros factores. Para el Consejo y la Comisión, no existe ninguna obligación de este tipo en el sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o en la práctica de los principales socios comerciales de la Unión, práctica que es tenida en cuenta por esta, según el considerando 4 del Reglamento de base.
Con carácter subsidiario, el Consejo alega que este cuarto motivo es inadmisible y, en cualquier caso, infundado. La Comisión sostiene, con carácter subsidiario, que este motivo es inoperante y, en cualquier caso, infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Las recurrentes sostienen que el Tribunal General, en los apartados 205 a 216 de la sentencia recurrida, incurrió en error de Derecho al permitir al Consejo fijar el derecho antidumping en un nivel que compensara el perjuicio causado por factores distintos de las importaciones objeto de dumping, infringiendo el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base, en relación con el artículo 9, apartado 4, de este Reglamento. Sostienen igualmente que, en los apartados 202 y 205 de la sentencia recurrida, el Tribunal General invirtió indebidamente la carga de la prueba.
El Consejo y la Comisión solicitan la sustitución de fundamentos jurídicos, alegando que la apreciación del Tribunal General que figura en los apartados 185 y 191 a 193 de la sentencia recurrida contiene una interpretación errónea del artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, en tanto en cuanto implica que el nivel de los derechos antidumping debe reducirse por la existencia de factores distintos de las importaciones objeto de dumping que pueden afectar al perjuicio.
Con carácter preliminar, se ha de señalar que esta pretensión de sustitución de fundamentos jurídicos es admisible en la medida en que constituye una defensa contra el cuarto motivo aducido por las recurrentes (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2013, Ziegler/Comisión,
C‑439/11 P
,
EU:C:2013:513
, apartado
), y que dicha pretensión se refiere a los apartados 185 y 191 a 193 de la sentencia recurrida, que contienen, como se desprende del apartado 196 de esta, los principios en los que se basó el Tribunal General para examinar de la justificación en Derecho de las alegaciones de las recurrentes relativas a su sexto motivo de anulación y cuya apreciación se rebate mediante este cuarto motivo.
Por tanto, en el análisis de dicho cuarto motivo, procede examinar, en primer lugar, la justificación en Derecho de la referida pretensión de sustitución de fundamentos jurídicos.
En el apartado 191 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que, aunque el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base no imponía a las instituciones de la Unión ningún método concreto para lograr que el derecho antidumping no excediera lo necesario para precaverse de los efectos perjudiciales de las importaciones del producto objeto de dumping, dichas instituciones sí debían tener en cuenta, a estos efectos, las conclusiones a las que llegaron en los análisis efectuados con arreglo al artículo 3, apartados 6 y 7 de ese Reglamento.
El Tribunal General añade, en el apartado 192 de la sentencia recurrida, que, en caso contrario, existiría el riesgo de que las medidas de defensa comercial en cuestión fueran más allá de lo necesario en relación con el objetivo que perseguían, a saber, la eliminación de los efectos perjudiciales, de suerte que podrían conferir igualmente una protección contra los efectos negativos de factores distintos de las importaciones objeto de dumping.
Pues bien, este razonamiento no adolece de error de Derecho.
Ha de recordarse que el artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base establece que deberán examinarse otros factores conocidos, distintos de las importaciones objeto de dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la producción de la industria de la Unión, para garantizar que el perjuicio no se atribuye a las importaciones objeto de dumping contempladas en el apartado 6 de ese artículo 3. Este último apartado precisa que será necesario demostrar que, por todos los criterios que se mencionan, las importaciones objeto de dumping causan un perjuicio considerable a la industria de la Unión.
Al determinar el perjuicio, las instituciones de la Unión están obligados a examinar si el perjuicio que pretenden precisar se debe efectivamente a importaciones que han sido objeto de dumping y a excluir cualquier perjuicio que se deba a otros factores y, en particular, el causado por el propio comportamiento de los productores de la Unión (sentencia de 16 de abril de 2015, TMK Europe,
C‑143/14
,
EU:C:2015:236
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, corresponde al Consejo y a la Comisión verificar si los efectos de esos otros factores han podido romper la relación de causalidad entre, por un lado, las importaciones de que se trata y, por otro, el perjuicio sufrido por la industria de la Unión. Asimismo, han de verificar, como recordó el Tribunal General acertadamente en el apartado 185 de la sentencia recurrida, que el perjuicio imputable a esos otros factores no se tiene en cuenta en la determinación del perjuicio en el sentido del artículo 3, apartado 7, del Reglamento de base y que, por consiguiente, el derecho antidumping impuesto no sobrepasa lo necesario para eliminar el perjuicio causado por las importaciones objeto de dumping (sentencia de 16 de abril de 2015, TMK Europe,
C‑143/14
,
EU:C:2015:236
, apartado
y jurisprudencia citada).
Esta última exigencia dimana del objetivo de las normas del artículo 3, apartados 6 y 7, del Reglamento de base, según el cual la industria de la Unión no puede obtener una protección que vaya más allá de lo necesario para precaverse de los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping (véase, en este sentido, en materia de subvenciones, la sentencia de 3 de septiembre de 2009, Moser Baer India/Consejo,
C‑535/06 P
,
EU:C:2009:498
, apartado
, así como, en materia de medidas antidumping, la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Transnational Company Kazchrome y ENRC Marketing/Consejo,
C‑10/12 P
, no publicada,
EU:C:2013:865
, apartado
).
Pues bien, en este contexto, es necesario observar que el Tribunal General consideró acertadamente que el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base también persigue ese objetivo. En efecto, según dicha disposición, cuando de la comprobación definitiva de los hechos se desprenda que existe dumping y perjuicio y que los intereses de la Unión exigen una acción comunitaria, el Consejo establecerá un derecho antidumping definitivo, cuyo importe no deberá sobrepasar el margen de dumping establecido, es más, deberá ser inferior a dicho margen si este derecho inferior es suficiente para eliminar el perjuicio a la industria de la Unión.
Para que el importe del derecho antidumping impuesto con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base no exceda de lo necesario para compensar los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping, es preciso que dicho importe no tenga en cuenta los efectos perjudiciales causados por factores distintos de tales importaciones. Dicho de otro modo, el Consejo y la Comisión deben tener en cuenta, como se infiere, en esencia, de los apartados 191 y 192 de la sentencia recurrida, para determinar del referido importe, las conclusiones a las que llegaron tras el examen relativo a la determinación de la existencia del perjuicio en el sentido del artículo 3, apartados 6 y 7, de ese Reglamento.
Esta consideración resulta confirmada, además, por el tenor del artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, que, en su primera frase, hace referencia a la existencia de «dumping y perjuicio». Así, como señaló acertadamente el Tribunal General en el apartado 189 de la sentencia recurrida, el término «perjuicio», en la última frase del antedicho apartado 4, debe entenderse de la misma manera, en el sentido de que se refiere al perjuicio derivado del dumping, es decir, el perjuicio causado únicamente por las importaciones objeto de dumping.
La misma consideración resulta corroborada también por el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base, según el cual los derechos antidumping deben fijarse en la cuantía apropiada en cada caso y en forma no discriminatoria sobre las importaciones de un producto, cualquiera que sea su procedencia, respecto al cual se haya comprobado la existencia de dumping y de perjuicio.
Por lo tanto, la pretensión de sustitución de fundamentos jurídicos formulada por el Consejo y la Comisión debe ser desestimada.
Por lo que hace al motivo invocado por las recurrentes, procede recordar, en primer lugar, que, como se desprende de los apartados 164 a 172 de la presente sentencia, el Tribunal General no interpretó el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base en el sentido de que permite al Consejo fijar el derecho antidumping en un nivel que compense el perjuicio causado por factores distintos de las importaciones objeto de dumping.
De igual forma, debe destacarse que el Tribunal General, en el apartado 206 de la sentencia recurrida, afirmó que, en cualquier caso, el examen de los pasajes pertinentes de los Reglamentos provisional y controvertido no permite inferir que se hayan tenido en cuenta factores distintos de las importaciones objeto de dumping en la determinación del perjuicio. El Tribunal General añadió que el hecho de que las recurrentes no hubieran invocado ningún error manifiesto de apreciación en lo concerniente al análisis de dichos factores no hace sino corroborar la anterior conclusión.
Pues bien, en el ámbito de la política comercial de la Unión y, más en particular, en materia de medidas de defensa comercial, las instituciones de la Unión disponen de una amplia facultad de apreciación debido a la complejidad de las situaciones económicas, políticas y jurídicas que deben examinar (sentencia de 3 de septiembre de 2009, Moser Baer India/Consejo,
C‑535/06 P
,
EU:C:2009:498
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, cabe señalar que las recurrentes no han rebatido de forma pormenorizada y específica la afirmación del Tribunal General que figura en el apartado 206 de la sentencia recurrida, según la cual no invocaron en la instancia ningún error manifiesto de apreciación de las instituciones en lo que concierne al análisis, en la determinación del perjuicio, de los factores distintos de las importaciones objeto de dumping.
En tales circunstancias, la alegación de las recurrentes relativa al hecho de que el Tribunal General permitiera al Consejo y a la Comisión imponer un nivel de derecho antidumping que elimine tanto el perjuicio causado por las importaciones controvertidas como el causado por otros factores no puede ser acogida.
En segundo lugar, en lo tocante a la alegación relativa a la inversión de la carga de la prueba, si bien es cierto que el Consejo y la Comisión están obligados a examinar si el perjuicio que pretenden determinar para adoptar la medida antidumping se debe efectivamente a importaciones que han sido objeto de dumping y a excluir cualquier perjuicio que se deba a otros factores, no es menos cierto que, como recordó acertadamente el Tribunal General en el apartado 188 de la sentencia recurrida, corresponde a las partes que invocan la ilegalidad de un reglamento antidumping aportar los elementos de prueba que permitan demostrar que los otros factores no vinculados a las importaciones han podido tener suficiente relevancia para desvirtuar la existencia de una relación de causalidad entre el perjuicio sufrido por la industria de la Unión y las importaciones objeto de dumping (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de abril de 2015, TMK Europe,
C‑143/14
,
EU:C:2015:236
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
A este respecto, en el apartado 205 de la sentencia recurrida, el Tribunal General observó que las recurrentes no formularon en la instancia ninguna alegación ni, menos aún, aportaron prueba alguna que permitiera demostrar que los factores a los que hicieron referencia fueran de tal relevancia que privaran de toda verosimilitud a la existencia de un perjuicio causado a la industria de la Unión y de una relación de causalidad entre dicho perjuicio y las importaciones objeto de dumping al considerar la obligación del Consejo y la Comisión de excluir cualquier perjuicio derivado de otros factores. Pues bien, tal afirmación no ha sido refutada ante el Tribunal de Justicia.
Por otra parte, el Tribunal General afirmó, en el apartado 202 de la sentencia recurrida, que las recurrentes no rebatieron en la instancia la alegación del Consejo según la cual no era posible cuantificar los efectos imputables a otros factores, ni demostraron el carácter erróneo de tal alegación. Pues bien, en su recurso de casación, las recurrentes no cuestionan esta afirmación del Tribunal General relativa al hecho de que no impugnaron las alegaciones del Consejo en el procedimiento en primera instancia.
De este modo, contrariamente a lo que sostienen las recurrentes, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho en lo concerniente a la aplicación de los criterios sobre la práctica de la prueba.
De ello se sigue que el cuarto motivo debe ser desestimado.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede desestimar el recurso de casación.
Costas
A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.
El artículo 138, apartado 1, de este Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, establece que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber sido desestimado el recurso de casación principal interpuesto por Canadian Solar Emea, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. y Csi Solar Power, procede condenar a dichas sociedades a cargar con las costas de la referida casación, por haber solicitado el Consejo y la Comisión que se les condenara en costas.
Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, igualmente aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, la Comisión, que ha intervenido como coadyuvante en el procedimiento de casación principal, cargará con sus propias costas.
Al haber sido desestimada la adhesión a la casación formulada por la Comisión, procede condenar a esta a cargar con las costas relativas a dicha adhesión, por haberlo solicitado así Canadian Solar Emea, Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Csi Cells Co. y Csi Solar Power.
Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable también al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, el Consejo, que ha intervenido como coadyuvante en el procedimiento relativo a la adhesión a la casación, cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

1)
Desestimar los recursos de casación.

2)
Condenar a Canadian Solar Emea GmbH, Canadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc., Csi Cells Co. Ltd y Csi Solar Power Group Co. Ltd a cargar con las costas del recurso de casación principal.

3)
La Comisión Europea cargará con sus propias costas relativas al recurso de casación principal.

4)
Condenar a la Comisión Europea a cargar con las costas relativas a la adhesión a la casación.

5)
El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas relativas a la adhesión a la casación.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.