CELEX: 62016CJ0122
Recurso de casación
Competencia
Prácticas colusorias
Mercado europeo del transporte aéreo de mercancías
Decisión de la Comisión relativa a acuerdos y prácticas concertadas sobre diversos elementos de los precios de los servicios de transporte aéreo de mercancías
Defecto de motivación
Motivo de orden público examinado de oficio por el juez de la Unión Europea
Prohibición de pronunciarse ultra petita
Pretensiones del recurso planteado en primera instancia, por las que se solicita la anulación parcial de la Decisión controvertida
Prohibición de que el Tribunal General de la Unión Europea declare la anulación total de la Decisión controvertida
Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
Derecho a la tutela judicial efectiva

Mediante su recurso de casación, British Airways plc solicita la anulación parcial de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2015, British Airways/Comisión (T‑48/11, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2015:988
), mediante la que dicho Tribunal anuló parcialmente la Decisión C(2010) 7694 final de la Comisión, de 9 de noviembre de 2010, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto COMP/39258 — Transporte aéreo de mercancías) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), en la medida en que se refiere a British Airways.
Marco jurídico
Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
El artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dispone:
«El procedimiento ante el Tribunal de Justicia se iniciará mediante una demanda dirigida al Secretario. La demanda habrá de contener el nombre y el domicilio del demandante y la calidad del firmante, el nombre de la parte o partes contra las que se interponga la demanda, el objeto del litigio, las pretensiones y una exposición sumaria de los motivos invocados.
La demanda deberá ir acompañada, si ha lugar, del acto cuya anulación se solicita o, en la hipótesis contemplada en el artículo 265 [TFUE], de un documento que certifique la fecha del requerimiento previsto en dicho artículo. Si no se hubiesen adjuntado dichos documentos a la demanda, el Secretario invitará al interesado a presentarlos en un plazo razonable, sin que quepa oponer preclusión en caso de que se regularice la situación procesal transcurrido el plazo para recurrir.»
El artículo 56, párrafo segundo, de este Estatuto establece lo siguiente:
«[El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia] podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas. […]»
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1991
El artículo 112, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1991 (en lo sucesivo, «Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 1991») preveía:
«Al recurso de casación deberá adjuntarse la resolución del Tribunal General que fuere objeto del mismo. […]»
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 25 de septiembre de 2012
El Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de 25 de septiembre de 2012, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de noviembre de 2012 (en lo sucesivo, «Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia»), establece en su artículo 120, con la rúbrica «Contenido de la demanda»:
«La demanda a que se refiere el artículo 21 del Estatuto [del Tribunal de Justicia de la Unión Europea] contendrá:
[…]
c)
la cuestión objeto del litigio, los motivos y alegaciones invocados y una exposición concisa de dichos motivos;
d)
las pretensiones del demandante;
[…]»
El artículo 122 de este Reglamento, bajo el título «Anexos de la demanda», dispone:
«1.   La demanda irá acompañada, si ha lugar, de los documentos indicados en el artículo 21, párrafo segundo, del Estatuto.
[…]
3.   Si la demanda no reuniera los requisitos enumerados en el apartado 1 o en el apartado 2 del presente artículo, el Secretario fijará al demandante un plazo razonable para presentar los documentos antes mencionados. En caso de que no se efectuara la subsanación, el Tribunal decidirá, tras oír al Juez Ponente y al Abogado General, si la inobservancia de estos requisitos comporta la inadmisibilidad formal de la demanda.»
El artículo 127 de dicho Reglamento, con la rúbrica «Motivos nuevos», prevé en su apartado 1:
«En el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.»
Con arreglo al artículo 168 de ese mismo Reglamento, titulado «Contenido del recurso de casación»:
«1.   El recurso de casación contendrá:
[…]
b)
la indicación de la resolución del Tribunal General impugnada;
[…]
2.   Será aplicable al recurso de casación lo dispuesto en los artículos 119, 121 y 122, apartado 1, del presente Reglamento.
[…]»
El artículo 169 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, titulado «Pretensiones, motivos y alegaciones del recurso de casación», dispone en su apartado 1:
«Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General tal y como figura en el fallo de dicha resolución.»
El artículo 170 de este Reglamento, con la rúbrica «Pretensiones en caso de estimación del recurso de casación», prevé en su apartado 1:
«Las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto que, en el caso de que se declare fundado, se estimen, total o parcialmente, las pretensiones aducidas en primera instancia, sin incluir ninguna pretensión nueva. El recurso de casación no podrá modificar el objeto del litigio planteado ante el Tribunal General.»
El artículo 190 de dicho Reglamento, titulado «Otras disposiciones aplicables en casación», dispone en su apartado 1 lo siguiente:
«Serán aplicables al procedimiento en casación ante el Tribunal de Justicia contra una resolución del Tribunal General los artículos 127 […] del presente Reglamento.»
Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991
Conforme al artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991:
«La demanda a que se refiere el artículo 21 del Estatuto contendrá:
[…]
c)
La cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados.
d)
Las pretensiones del demandante.
[…]»
El artículo 48, apartado 2, del mismo Reglamento es del siguiente tenor:
«En el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
[…]»
Antecedentes del litigio
La recurrente, British Airways, es una compañía de transporte aéreo que opera en el mercado del transporte aéreo de mercancías.
El 7 de diciembre de 2005, la Comisión Europea recibió una solicitud de dispensa de pago en virtud de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (
DO 2002, C 45, p. 3
; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la clemencia de 2002»), presentada por Deutsche Lufthansa AG y sus filiales, Lufthansa Cargo AG y Swiss International Air Lines AG. Según esta solicitud, existían contactos contrarios a la competencia entre diferentes empresas que operaban en el mercado del transporte aéreo de mercancías (en lo sucesivo, «transportistas»), referidos a diversos elementos integrantes del precio de los servicios prestados en el marco de ese mercado, concretamente el establecimiento de recargos por «combustible» y de «seguridad» y la negativa de esos transportistas a pagar una comisión sobre los recargos.
Los días 14 y 15 de febrero de 2006, la Comisión llevó a cabo inspecciones sin previo aviso.
Tras esas inspecciones, diversos transportistas, entre ellos la recurrente, presentaron una solicitud en virtud de la Comunicación sobre la clemencia de 2002.
El 19 de diciembre de 2007, la Comisión remitió un pliego de cargos a veintisiete transportistas, entre los que se encontraba la recurrente. En respuesta al pliego de cargos, sus destinatarios presentaron observaciones escritas. Se celebró una audiencia del 30 de junio al 4 de julio de 2008.
El 9 de noviembre de 2010, la Comisión adoptó la Decisión controvertida, dirigida a veintiún transportistas (en lo sucesivo, «transportistas implicados»), de los que formaba parte la recurrente.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 24 de enero de 2011, la recurrente interpuso un recurso de anulación contra determinados elementos de la Decisión controvertida en la medida en que éstos la afectaban.
Como se desprende del apartado 25 de la sentencia recurrida, en las pretensiones formuladas en ese recurso, la recurrente solicitó al Tribunal General que:
–
Anulara la Decisión controvertida en la medida en que en ésta se le imputaba haber participado en la negativa a pagar comisiones, en la medida en que se consideraba en la misma que su infracción había comenzado el 22 de enero de 2001 y en la medida en que en esa Decisión se apreciaba que los «elementos» relativos a Hong Kong, Japón, India, Tailandia, Singapur, Corea y Brasil constituían infracciones al artículo 101 TFUE, al artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (
DO 1994, L. 1, p. 3
; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), y al artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, firmado el 21 de junio de 1999 en Luxemburgo, aprobado en nombre de la Comunidad mediante la Decisión 2002/309/CE, Euratom del Consejo y de la Comisión respecto al Acuerdo de cooperación científica y tecnológica, de 4 de abril de 2002, sobre la celebración de siete Acuerdos con la Confederación Suiza (
DO 2002, L 114, p. 1
; en lo sucesivo, «Acuerdo CE‑Suiza»).
–
Anulara o redujera significativamente la multa que le había sido impuesta en la Decisión controvertida.
–
Condenara en costas a la Comisión.
Para fundamentar su recurso, la recurrente invocó siete motivos, basados, el primero, en un error de apreciación, en cuanto la Comisión consideraba que la recurrente había participado en la negativa a pagar comisiones; el segundo, en una falta de pruebas en lo referente a la fecha de inicio de la infracción; el tercero, en errores de hecho y de Derecho o en una desviación de poder en relación con el examen de la implicación de determinadas autoridades reguladoras; el cuarto, en el carácter desproporcionado y discriminatorio del porcentaje básico de la multa; el quinto, en un incumplimiento del deber de motivación y en una vulneración del principio de proporcionalidad, en la medida en que la Comisión incrementó el importe de la multa al proceder al cálculo de ésta; el sexto, en una infracción de la Comunicación sobre la clemencia de 2002, ya que no se le reconoció a la recurrente el grado máximo de reducción de la multa, y, el séptimo, en una vulneración de los principios de igualdad de trato y de proporcionalidad, por no haber reducido la Comisión el importe de la multa en atención a la existencia de circunstancias atenuantes.
De los apartados 27 a 29 y 45 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal General examinó de oficio un motivo de orden público basado en un defecto de motivación de que adolecía la Decisión controvertida. En particular, tal como resulta de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento practicadas conforme al artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991, éste planteó a las partes del litigio preguntas escritas, instándolas, entre otros extremos, a formular sus observaciones acerca del hecho de que la motivación de la Decisión controvertida describe una infracción única y continuada en la que habrían participado todos los destinatarios de esa Decisión, mientras que los cuatro primeros artículos de la parte dispositiva de la misma Decisión no mencionan a todos esos destinatarios.
A este respecto, en la vista celebrada ante el Tribunal General, la recurrente sostuvo que, en la motivación de la Decisión controvertida, la Comisión hacía referencia a una sola infracción única y continuada del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo CE-Suiza. En cambio, en la parte dispositiva de esta Decisión se declaró la existencia de una infracción única y continuada distinta respecto de cada uno de esos artículos. La recurrente alegó que, debido a esta incoherencia entre la motivación y la parte dispositiva de dicha Decisión, ésta adolecía de un defecto de motivación que podía ser examinado de oficio por el Tribunal General.
En la sentencia recurrida, el Tribunal General apreció que la Decisión controvertida incurría en contradicciones, por un lado, entre la motivación y la parte dispositiva de la misma y, por otro, dentro de la propia motivación.
El Tribunal General consideró, fundamentalmente, que le incumbía examinar si esas contradicciones podían vulnerar el derecho de defensa de la recurrente e impedir que el Tribunal General ejerciera su control.
A raíz de este examen, el Tribunal General estimó que tal era el caso y, por lo tanto, constató que la Decisión controvertida adolecía de un defecto de motivación.
El Tribunal General observó que esta apreciación no podía, sin embargo, en ese asunto, llevar a la anulación total de la Decisión controvertida en cuanto se refiere a la recurrente, ya que la anulación de esta Decisión no podía ir más allá de las pretensiones que figuraban en el escrito de interposición del recurso.
En consecuencia, y sin haber examinado los motivos invocados por la recurrente para fundamentar su recurso, el Tribunal General decidió anular la Decisión controvertida en atención al defecto de motivación apreciado en el marco del examen del motivo que había planteado de oficio, en la medida en que, en esa Decisión, «la Comisión Europea, por un lado, consideró que British Airways plc, en primer lugar, había participado en la negativa al pago de comisiones; en segundo lugar, había cometido una infracción del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del [Acuerdo EEE] y del artículo 8 del [Acuerdo CE-Suiza] entre el 22 de enero de 2001 y el 1 de octubre de 2001, y, en tercer lugar, había participado en infracciones de esas disposiciones en relación con los servicios de transporte aéreo de mercancías prestados a partir de Hong Kong (China), de Japón, de la India, de Tailandia, de Singapur, de Corea y de Brasil, y, por otro lado, le impuso una multa».
Por otra parte, en sus sentencias de 16 de diciembre de 2015, Air Canada/Comisión (
T‑9/11
, no publicada,
EU:T:2015:994
), Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Comisión (
T‑28/11
, no publicada,
EU:T:2015:995
), Japan Airlines/Comisión (
T‑36/11
, no publicada,
EU:T:2015:992
), Cathay Pacific Airways/Comisión (
T‑38/11
, no publicada,
EU:T:2015:985
), Cargolux Airlines/Comisión (
T‑39/11
, no publicada,
EU:T:2015:991
), Latam Airlines Group y Lan Cargo/Comisión (
T‑40/11
, no publicada,
EU:T:2015:986
), Singapore Airlines y Singapore Airlines Cargo Pte/Comisión (
T‑43/11
, no publicada,
EU:T:2015:989
), Deutsche Lufthansa y otros/Comisión (
T‑46/11
, no publicada,
EU:T:2015:987
), SAS Cargo Group y otros/Comisión (
T‑56/11
, no publicada,
EU:T:2015:990
), Air France–KLM/Comisión (
T‑62/11
, no publicada,
EU:T:2015:996
), Air France/Comisión (
T‑63/11
, no publicada,
EU:T:2015:993
) y Martinair Holland/Comisión (
T‑67/11
,
EU:T:2015:984
), el Tribunal General se pronunció sobre los recursos interpuestos por otros transportistas implicados, que tenían también por objeto impugnar la Decisión controvertida.
Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida en la medida en que limita el alcance de la anulación de la Decisión controvertida a las pretensiones que figuraban en su recurso en primera instancia.
–
Anule el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.
–
Anule en su integridad la Decisión controvertida.
–
Condene a la Comisión al pago de las costas del presente recurso de casación.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a la recurrente.
Sobre el recurso de casación
Sobre la admisibilidad
Alegaciones de las partes
–
Sobre la admisibilidad del recurso de casación
La Comisión alega que el recurso de casación es manifiestamente inadmisible por dos razones.
En primer lugar, sostiene que la recurrente no ha observado la obligación establecida en el artículo 168, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, ya que no ha adjuntado la sentencia recurrida al recurso de casación.
En segundo lugar, afirma que el recurso de casación no cumple ni con el artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni con los artículos 169 y 170 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, que, según el artículo 63 de ese Estatuto, desarrollan el citado artículo 56.
Por lo que respecta al artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la Comisión alega que el presente recurso de casación no tiene por objeto la anulación del fallo de la sentencia recurrida, sino más bien que se complete ese fallo, convirtiendo la anulación parcial decidida por el Tribunal General en una anulación total. Sostiene que, en consecuencia, el recurso de casación no es conforme con esa disposición.
Por lo que se refiere al artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la Comisión afirma que esta disposición fue interpretada restrictivamente por el Tribunal de Justicia. Pues bien, a juicio de la Comisión, en el presente caso, dado que la pretensión de la recurrente es más amplia que la formulada en primera instancia, no se respeta dicha disposición.
Alega, asimismo, que el razonamiento de la recurrente es de tipo circular, ya que consiste en sostener que, habida cuenta de que el Tribunal General —contrariamente a lo decidido por el propio Tribunal— no se encontraba limitado por las pretensiones formuladas en primera instancia por la recurrente, ésta debe poder interponer un recurso de casación contra la resolución de dicho Tribunal.
Según la Comisión, por otra parte, la justificación según la cual la admisibilidad del presente recurso de casación se deriva de la aplicación del principio de tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo; «Carta»), parte igualmente de la premisa de que el Tribunal General no estaba limitado por las pretensiones del recurso presentado en primera instancia. La Comisión considera manifiestamente infundada la alegación de que esta disposición confiere a una parte del litigio el derecho absoluto de invocar cualquier argumento nuevo o de modificar la causa de su demanda en cualquier fase del procedimiento.
La recurrente alega que el recurso de casación es admisible.
Sostiene que, por lo que se refiere al artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, la primera frase de esta disposición debe interpretarse conjuntamente con la segunda, de modo que sólo se aplica cuando la parte recurrente no solicita que se estimen pretensiones idénticas a las formuladas en primera instancia, modificándose de este modo el objeto del litigio.
En relación con el artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la recurrente afirma que alegó en particular ante el Tribunal General que la Decisión controvertida adolecía de contradicciones internas y de defectos de motivación. Tal apreciación debería haber conllevado la anulación total de esta Decisión frente a la recurrente. De este modo, la recurrente sostiene que pretende impugnar un elemento de la sentencia recurrida que formaba parte indiscutiblemente del objeto del litigio tramitado ante el Tribunal General y que no cabe duda de que fueron desestimadas las pretensiones que formuló ante el Tribunal General, en el sentido del artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
–
Sobre la admisibilidad del escrito de réplica
La Comisión sostiene, con carácter principal, que, según el artículo 127, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 190, apartado 1, de ese Reglamento, el escrito de réplica presentado por la recurrente es manifiestamente inadmisible dado que en el mismo se presentan motivos nuevos.
Observa que la recurrente afirma, en el recurso de casación, que el Tribunal General incurrió en un error al aplicar la prohibición de pronunciarse
ultra petita
, lo cual implica que admite que la medida que había solicitado es la formulada en las pretensiones de su recurso presentado en primera instancia. En cambio, en su escrito de réplica, en lugar de responder a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión contra el recurso de casación, la recurrente sostiene, según la Comisión, que el Tribunal General incurrió en un error al no permitirle modificar dichas pretensiones. La Comisión afirma, asimismo, que la recurrente tampoco explica las razones por las que ha formulado ese motivo tardíamente, en el marco de su escrito de réplica, siendo así que los argumentos expuestos en dicho escrito no se basan en elementos de hecho y de Derecho que se hayan puesto de manifiesto durante la fase escrita del procedimiento.
La recurrente refuta la argumentación de la Comisión basada en la inadmisibilidad del escrito de réplica.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que se refiere a la admisibilidad del recurso de casación y, en primer lugar, a la excepción planteada a este respecto por la Comisión por el hecho de que la recurrente no ha adjuntado a su recurso de casación la sentencia recurrida, debe recordarse que, según el artículo 122, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 168, apartado 2, de ese Reglamento, la demanda deberá ir acompañada, si ha lugar, de los documentos indicados en el artículo 21, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual dispone a su vez que «la demanda deberá ir acompañada, si ha lugar, del acto cuya anulación se solicita […]».
Ciertamente, cuando un recurso se dirige contra un acto de una institución de la Unión Europea, es necesario que este acto se adjunte a la demanda. No obstante, por lo que respecta al recurso de casación, el artículo 168, apartado 1, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia prevé que el recurso de casación deberá contener la indicación de la resolución del Tribunal General impugnada, sin que se exija que esta resolución se adjunte al escrito de interposición del recurso de casación.
De este modo, debe considerarse que, a partir de la entrada en vigor, el 1 de noviembre de 2012, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de casación no se exige ya que se adjunte como anexo al escrito de interposición la resolución del Tribunal General impugnada, ya que sólo es necesaria la indicación de esa resolución.
En el presente asunto, no cabe considerar que el hecho de que la sentencia recurrida no se haya adjuntado como anexo al recurso de casación implique la inadmisibilidad de éste. En consecuencia, debe rechazarse la excepción propuesta por la Comisión a estos efectos.
Por lo que respecta, en segundo lugar, al argumento según el cual el recurso de casación no se ajusta a lo establecido en el artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, debe recordarse que, según esta disposición, «las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General tal y como figura en el fallo de dicha resolución».
Debe observarse, en línea con lo expuesto por el Abogado General en el punto 54 de sus conclusiones, que esta disposición se refiere al principio fundamental en materia de recurso de casación según el cual éste debe dirigirse contra el fallo de la resolución del Tribunal General y no puede limitarse a pretender la modificación de algunos de los fundamentos de Derecho de esta resolución (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de noviembre de 2012, Al‑Aqsa/Consejo y Países Bajos/Al‑Aqsa,
C‑539/10 P y C‑550/10 P
,
EU:C:2012:711
, apartados
a
).
En el presente asunto, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia la anulación de la sentencia recurrida y, en particular, del punto 1 de su fallo, dado que el Tribunal General rechazó anular la Decisión controvertida en su integridad por lo que a ella se refiere. De este modo, la recurrente se opone al alcance de la anulación declarada por el Tribunal General o, en otros términos, a las consecuencias legales que el Tribunal General extrajo del incumplimiento comprobado del deber de motivación.
En estas circunstancias, debe señalarse que, mediante su recurso de casación, la recurrente pretende efectivamente la anulación parcial del fallo de la sentencia recurrida y que las pretensiones del recurso de casación son, por lo tanto, conformes con lo dispuesto en el artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
En tercer lugar y por lo que se refiere a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la Comisión debido a que el recurso de casación no es conforme con el artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni con el artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, debe señalarse que el análisis de esta excepción requiere que el Tribunal de Justicia realice una apreciación acerca del alcance de los conceptos de «pretensiones» formuladas en primera instancia y de «objeto del litigio» ante el Tribunal General, en el sentido de dichas disposiciones.
Pues bien, habida cuenta de los estrechos vínculos que existen entre estas excepciones de inadmisibilidad y los motivos invocados por la recurrente en cuanto al fondo, procede comenzar analizando estos últimos.
En estas circunstancias, y puesto que el escrito de réplica se refiere exclusivamente a la admisibilidad del recurso de casación, procederá igualmente, en su caso, examinar la excepción relativa a la inadmisibilidad de ese escrito una vez realizado el citado examen en cuanto al fondo.
Sobre el fondo
Para fundamentar su recurso de casación, la recurrente invoca dos motivos basados en un error de Derecho en relación, el primero, con la aplicación de la prohibición de pronunciarse
ultra petita
y, el segundo, con la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 47 de la Carta.
Procede analizar conjuntamente ambos motivos.
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal General ha incurrido en un error de Derecho al ampararse en la prohibición de pronunciarse
ultra petita
para limitar el alcance de la anulación que decretó, y ello a pesar de que apreció de oficio la existencia de vicios esenciales de orden público de los que adolecía la Decisión controvertida en su integridad.
La recurrente admite que el juez de la Unión que conoce de un recurso de anulación no puede pronunciarse
ultra petita
, lo cual significa que sólo puede pronunciarse sobre aquello que las partes le han solicitado concretamente.
No obstante, sostiene que existen diferentes supuestos en los que el juez de la Unión, para cumplir su misión de guardián de la legalidad que le ha conferido el Tratado FUE, ha de examinar de oficio un motivo de Derecho y, de este modo, debe pronunciarse sobre un extremo no solicitado concretamente por las partes. En estos supuestos, el vicio de que adolece el acto impugnado reviste un carácter lo suficientemente grave para justificar su sanción por parte del juez de la Unión, incluso aunque no haya sido alegado por la parte demandante.
Según la recurrente, no puede considerarse que el juez de la Unión que conoce de un recurso de anulación trascienda el marco del litigio, se exceda en su competencia, resuelva
ultra petita
o infrinja su Reglamento de Procedimiento cuando examina de oficio un motivo de esa índole, referido precisamente a la legalidad del acto cuya anulación se le solicita.
La recurrente sostiene que, al examinar de oficio un motivo de orden público, el Tribunal General no pretende subsanar un defecto de la demanda o completar la argumentación de las partes, sino garantizar el respeto de una norma que, en atención a su importancia, es indisponible para las partes.
En su opinión, el examen de oficio por el juez de la Unión de un motivo de orden público basado en un defecto de motivación constituye una excepción de la prohibición de pronunciarse
ultra petita
. La recurrente sostiene que ello puede inferirse,
a contrario
, del apartado 12 de la sentencia de 28 de junio de 1972, Jamet/Comisión (
37/71
,
EU:C:1972:57
), en la que el Tribunal de Justicia declaró que, si anulase en su totalidad el acto sobre el que versaba aquel asunto, se pronunciaría
ultra petita
, ya que el motivo dirigido contra ese acto no guardaba relación con el orden público.
Según la recurrente, el Tribunal General también ha incurrido en un error al confundir los objetivos de la prohibición de pronunciarse
ultra petita
y el respeto de las normas y de los principios de orden público que le llevó a examinar de oficio el defecto de motivación de que adolece la Decisión controvertida.
Sostiene que, en el marco del procedimiento contradictorio, es fundamental que la parte actora indique el objeto del litigio y una exposición sumaria de sus motivos, y que esta indicación sea lo suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Justicia ejercer su control. Afirma que de los apartados 122 y 123 de la sentencia de 19 de diciembre de 2013, Comisión/Polonia (
C‑281/11
,
EU:C:2013:855
), se desprende que estos requisitos tienen por objeto evitar que el Tribunal de Justicia resuelva
ultra petita
o bien omita resolver sobre una imputación o deje sin resolver el recurso de otro modo. Por las mismas razones, opina que el Tribunal General consideró erróneamente, en el apartado 91 de la sentencia recurrida, que el artículo 44, apartado 1, y el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991 le imponen límites, ya que estos límites se refieren a la parte demandante y no al propio Tribunal General.
Bien al contrario, continúa afirmando la recurrente, cuando examina de oficio un motivo de orden público, el juez de la Unión está obligado a salirse del marco de los motivos invocados por las partes para fundamentar sus pretensiones y, por consiguiente, ya no le vinculan los límites que le impone el respeto de la prohibición de pronunciarse
ultra petita
.
La recurrente considera ilógico que el Tribunal General se haya remitido a las pretensiones formuladas por la propia recurrente en primera instancia para fundamentar su decisión de declarar únicamente, obedeciendo a la prohibición de pronunciarse
ultra petita
, una anulación parcial de la Decisión controvertida.
En primer término, observa que el Tribunal General ha resuelto el recurso únicamente sobre la base del motivo de orden público que examinó de oficio. La recurrente estima que resulta difícilmente comprensible que, seguidamente, el Tribunal General decidiera tomar en consideración las pretensiones formuladas en el recurso en primera instancia, siendo así que no se pronunció en absoluto acerca de los motivos presentados para fundamentar esas pretensiones.
En segundo término, afirma que el razonamiento del Tribunal General referido a los defectos de motivación de que adolece la Decisión controvertida se basó en parte, tal como resulta de los apartados 42 y 43 de la sentencia recurrida, en la necesidad de tomar en consideración los subsiguientes procedimientos nacionales indemnizatorios. No obstante, considera que las sentencias del Tribunal General dictadas a raíz de los recursos de anulación presentados contra la mencionada Decisión por la recurrente y otros transportistas implicados han producido el resultado global de crear una distinción ilógica entre la situación de la recurrente, que sólo ha obtenido una anulación parcial de la Decisión controvertida, y la situación de los otros transportistas, que han obtenido la anulación total de esta Decisión, a pesar de que la recurrente y los otros transportistas se encontraban exactamente en la misma situación a efectos del razonamiento esencial seguido por el Tribunal General. La recurrente califica de arbitraria esta distinción, ya que no todos los otros transportistas formularon, en sus recursos de anulación presentados contra la Decisión controvertida, un motivo basado en la existencia de defectos de motivación.
La recurrente añade que el defecto de motivación de que adolece la Decisión controvertida y que ha sido puesto de manifiesto por el Tribunal General en la sentencia recurrida genera importantes dificultades en los procedimientos nacionales indemnizatorios. Así, como consecuencia de la limitación del alcance de la anulación de la Decisión controvertida en el fallo de la sentencia recurrida, esta Decisión subsiste todavía parcialmente contra la recurrente. Ahora bien, debido a los numerosos vicios de que adolece esa Decisión —y que, según el Tribunal General, eran lo suficientemente graves como para constituir violaciones de normas o de principios de orden público—, los tribunales nacionales podrían encontrar grandes dificultades para definir claramente el reparto de responsabilidades entre la recurrente y las otras partes respecto de cualquier daño que, a juicio de esos tribunales, se haya ocasionado por el comportamiento descrito en dicha Decisión. La recurrente sostiene que ello podría perjudicar tanto a la propia recurrente como posiblemente también a otras partes, incluidas las que solicitan una indemnización por daños y perjuicios.
La recurrente sostiene, asimismo, que el enfoque del Tribunal General puede suscitar inquietudes en lo referente a la organización de la administración de justicia, a la economía procesal en los órganos jurisdiccionales de la Unión y al principio de proporcionalidad. Si este enfoque se confirmara, incitaría a las partes demandantes a formular sistemáticamente, sin más justificación, sus pretensiones en sentido amplio con el fin de optimizar sus posibilidades de obtener una anulación de mayor alcance en caso de que el juez de la Unión examine de oficio un motivo de orden público. Ello exigiría que el juez de la Unión asumiera él solo la carga de determinar el alcance exacto de la anulación. Según la recurrente, cuando el juez de la Unión examina de oficio un motivo de orden público no analiza generalmente los motivos formulados por las partes demandantes. En consecuencia, la recurrente considera que es posible que incluso un recurso temerario o manifiestamente poco riguroso pueda resultar —según el enfoque seguido en el presente caso por el Tribunal General— en una anulación total por el mero hecho de que la parte demandante lo solicitara inicialmente.
La recurrente alega que si, en un asunto en el que se suscita la aplicación de normas o principios de orden público, el juez de la Unión es libre para apartarse de los motivos invocados por las partes, debe ser, por extensión, igualmente libre para apartarse de sus pretensiones. La recurrente considera que esto es necesario para que el fallo del juez de la Unión corrija las infracciones de tales reglas o principios de orden público y afirma que la interpretación opuesta sería en sí misma contraria al orden público.
Según la recurrente, el Tribunal General erró al declarar, en el apartado 90 de la sentencia recurrida, que incumbe a las partes solicitar la modificación de sus motivos o de sus pretensiones durante el procedimiento una vez que el Tribunal General haya planteado de oficio un motivo de orden público. La recurrente considera que esta solución lleva nuevamente a dejar a la exclusiva iniciativa de una parte cuestiones de orden público. Ahora bien, el respeto de los motivos de orden público examinados de oficio por el Tribunal General no puede quedar supeditado a los intereses individuales de las partes en el litigio. Por otro lado, la recurrente observa que el Tribunal General también indicó, en el mismo apartado 90, que en cualquier caso habría denegado a la recurrente el derecho a realizar tal modificación, incluso si lo hubiera solicitado formalmente. En estas circunstancias, la recurrente considera que habría sido imposible que las cuestiones de orden público identificadas por el Tribunal General se reflejaran en el alcance de la anulación declarada en el fallo de la sentencia recurrida.
Mediante su segundo motivo, la recurrente sostiene que, incluso si resultara aplicable la prohibición de pronunciarse
ultra petita
, el principio superior de tutela judicial efectiva, tal como se sanciona en el artículo 47 de la Carta, exige la anulación total de la Decisión controvertida.
La recurrente señala a este respecto que, en el apartado 59 de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de septiembre de 2011, A. Menarini Diagnostics S.r.l. c. Italia (CE:ECHR:2011:0927JUD004350908), la facultad de reformar en cualquier punto, tanto de hecho como de Derecho, la resolución dictada por el órgano inferior figura entre las características de un órgano judicial dotado de competencia jurisdiccional plena. Tal órgano judicial debe tener competencia, en particular, para pronunciarse sobre todas las cuestiones de hecho y de Derecho pertinentes en el litigio de que conoce.
Por otra parte, la recurrente afirma que, en el apartado 136 de la sentencia de 8 de diciembre de 2011, KME Germany y otros/Comisión (
C‑389/10 P
,
EU:C:2011:816
), el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 47 de la Carta exige
de facto
un control pleno y completo, de hecho y de Derecho. Sostiene que del apartado 67 de la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión (
C‑386/10 P
,
EU:C:2011:815
), resulta que tal control implica la facultad de anular el acto impugnado.
Según la recurrente, el enfoque del Tribunal General es especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que él mismo constató, en particular en los apartados 76 y 79 a 81 de la sentencia recurrida, diversas vulneraciones a su derecho de defensa. Además, la recurrente considera que la Decisión controvertida se aprobó incurriendo en otras vulneraciones de ese derecho, no mencionadas específicamente en la sentencia recurrida.
La Comisión alega que, aun suponiendo que se declarase admisible el recurso de casación, los dos motivos del mismo son, en cualquier caso, infundados.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante los dos motivos del recurso de casación, la recurrente censura fundamentalmente al Tribunal General haber considerado que, en atención a la prohibición de pronunciarse
ultra petita
, no podía declarar una anulación que fuera más allá de lo solicitado por la recurrente en las pretensiones de su escrito de interposición del recurso en primera instancia, a pesar de que tal anulación era necesaria para remediar la ilegalidad apreciada por el Tribunal General en el marco de su análisis del motivo de orden público examinado de oficio.
Procede comenzar recordando que, tal como ha declarado el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones, dado que el juez de la legalidad no puede pronunciarse
ultra petita
, la anulación que declare no puede ir más allá de la solicitada por el demandante (véanse las sentencias de 19 de enero de 2006, Comunità montana della Valnerina/Comisión,
C‑240/03 P
,
EU:C:2006:44
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros,
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:407
, apartado
).
Por otra parte, si bien la autoridad absoluta de cosa juzgada que caracteriza a las sentencias de anulación de un órgano jurisdiccional de la Unión se extiende tanto al fallo de la sentencia como a los fundamentos que constituyen su sustento necesario, una sentencia anulatoria no puede implicar la anulación de un acto que, pudiendo adolecer de la misma ilegalidad, no ha sido sometido al control del juez de la Unión (sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros,
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:407
, apartado
).
Asimismo, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una decisión que no haya sido impugnada por su destinatario dentro de los plazos establecidos por el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, adquiere firmeza frente a aquél (sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros,
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:407
, apartado
y jurisprudencia citada).
Esta jurisprudencia se basa especialmente en la consideración de que el objetivo de los plazos de recurso es garantizar la seguridad jurídica, evitando que puedan ponerse indefinidamente en cuestión actos de la Unión que surtan efectos jurídicos, así como en los imperativos de buena administración de la justicia y de economía procesal (sentencia de 14 de septiembre de 1999, Comisión/AssiDomän Kraft Products y otros,
C‑310/97 P
,
EU:C:1999:407
, apartado
).
De lo anterior resulta, tal como señaló el Abogado General fundamentalmente en los puntos 94 y 97 de sus conclusiones, que un acto o las partes de un acto referido a una persona que no se sometan al escrutinio del juez de la Unión no podrán ser objeto de anulación por este último y adquieren, en consecuencia, firmeza respecto de esa persona.
Debe igualmente recordarse que, con arreglo al artículo 21, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al artículo 120, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y al artículo 44, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991, en el marco de un recurso directo ante los órganos jurisdiccionales de la Unión, el escrito por el que se interpone el recurso debe contener, en particular, el objeto del litigio, una exposición concisa de los motivos invocados y las pretensiones del demandante.
De ello se sigue que, tal como destacó el Abogado General en el punto 84 de sus conclusiones, en el sistema de control judicial de la legalidad ante el juez de la Unión, son las partes quienes tienen la iniciativa del proceso y quienes delimitan el objeto del litigio, en particular definiendo en sus pretensiones el acto, o la parte del acto, que desean someter a control jurisdiccional.
Ciertamente, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el juez de la Unión debe examinar de oficio los motivos de orden público (véase en este sentido, en particular, la sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros,
C‑89/08 P
,
EU:C:2009:742
, apartado
y jurisprudencia citada).
No obstante, en contra de lo que sugiere la recurrente, la competencia del juez de la legalidad para examinar de oficio un motivo de orden público no implica en absoluto la competencia para modificar de oficio las pretensiones formuladas por el demandante. En efecto, tal como resulta, en particular, de las disposiciones citadas en el apartado 86 de la presente sentencia, aunque los motivos constituyen el soporte necesario de las pretensiones formuladas en una demanda, se distinguen necesariamente de éstas, las cuales definen los límites del litigio planteado ante el juez de la Unión.
Por consiguiente, si bien, como ya ha resuelto el Tribunal de Justicia, al examinar de oficio un motivo de orden público que, por principio, no ha sido invocado por las partes, el juez de la Unión no rebasa el marco del litigio del que conoce y no infringe de ninguna manera las normas de procedimiento relativas a la presentación del objeto del litigio y de los motivos en la demanda (sentencia de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros,
C‑89/08 P
,
EU:C:2009:742
, apartado
), la situación sería diferente si, a raíz del examen en cuanto al fondo del acto sometido a su escrutinio, el juez de la Unión declarase, sobre la base de un motivo examinado de oficio, una anulación que fuera más allá de lo solicitado en las pretensiones que se le han formulado en debida forma, por considerar que tal anulación es necesaria para corregir la ilegalidad apreciada de oficio en el marco de ese análisis.
Pues bien, en el presente asunto, tal como se ha recordado en los apartados 20 y 21 de la presente sentencia, la recurrente sólo solicitó, en las pretensiones formuladas en su escrito de interposición del recurso presentado ante el Tribunal General, una anulación parcial de la Decisión controvertida.
En estas circunstancias, debe señalarse que, habida cuenta de las consideraciones expuestas en los apartados 81 a 90 de la presente sentencia, el Tribunal General no incurrió en ningún error de Derecho al resolver, en el apartado 92 de la sentencia recurrida, que sólo podía declarar la anulación de la Decisión controvertida dentro de los límites definidos por las pretensiones del escrito de interposición del recurso y al proceder, en consecuencia, en el apartado 93 de esa sentencia, a la anulación parcial de dicha Decisión, ateniéndose a dichos límites.
No obstan a esta conclusión los demás argumentos expuestos por la recurrente para fundamentar sus dos motivos de casación.
En particular, procede rechazar, en primer lugar, el argumento recordado en esencia en el apartado 66 de la presente sentencia, según el cual el Tribunal General, en el apartado 91 de la sentencia recurrida, se basó equivocadamente en el artículo 44, apartado 1, y en el artículo 48, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991. A este respecto, basta observar que el Tribunal General se basó en estas disposiciones en el marco de su apreciación, expuesta en los apartados 90 y 91 de la sentencia recurrida, de la cuestión de si, aun suponiendo que la recurrente hubiera expresado implícitamente la voluntad de modificar sus pretensiones iniciales, tal modificación hubiera podido admitirse. De este modo, en contra de lo que sugiere la recurrente, el Tribunal General no obvió el hecho de que dichas disposiciones no se refieren a la determinación de las condiciones en las que el Tribunal General puede proceder de oficio al examen de motivos o incluso a la modificación de pretensiones, sino que se refieren a los requisitos procesales impuestos a las partes demandantes, en el contexto de los recursos interpuestos ante el Tribunal General, en lo referente al contenido del escrito de interposición del recurso.
Debe rechazarse este argumento por basarse en una interpretación errónea de la sentencia recurrida.
En segundo lugar, ha de rechazarse el argumento, recordado en esencia en el apartado 70 de la presente sentencia, según el cual el enfoque seguido por el Tribunal General en la sentencia recurrida ha dado lugar a una distinción ilógica entre la situación de la recurrente y la de los transportistas implicados que han obtenido la anulación total de la Decisión controvertida en la medida en que ésta los afectaba, sin haber invocado, en sus respectivos escritos de interposición del recurso, un motivo basado en un defecto de motivación como el examinado de oficio por el Tribunal General, que ocasionó que éste anulara en esta medida la Decisión controvertida.
En efecto, consta que, a diferencia de dichos otros transportistas, la recurrente sólo solicitó, en su escrito de interposición del recurso, la anulación parcial de la Decisión controvertida en la medida en que ésta la afectaba.
Por consiguiente, dado que, tal como resulta del apartado 85 de la presente sentencia, las partes de un acto referido a una persona que no se someten al escrutinio del juez de la Unión no pueden ser objeto de anulación por este último y adquieren, por lo tanto, firmeza respecto de esa persona, el Tribunal General actuó acertadamente al no tratar del mismo modo a la recurrente y a los transportistas implicados que presentaron los recursos citados en el apartado 30 de la presente sentencia, habida cuenta de las diferencias en cuanto al alcance de las pretensiones que formularon en primera instancia.
Por otra parte, tomando en consideración que, al igual que esos otros transportistas implicados, la recurrente se ha beneficiado del motivo examinado de oficio por el Tribunal General en la medida en que sometió la Decisión controvertida al control de éste, resulta infundada la alegación de la recurrente de que el enfoque seguido por el Tribunal General en la sentencia recurrida priva de efecto útil a la competencia del juez de la Unión de examinar de oficio motivos de orden público en circunstancias como las que concurren en este caso. En efecto, tal y como resulta de una lectura conjunta de los apartados 27 a 94 de la sentencia recurrida, sin que se haya planteado controversia al respecto en el presente procedimiento de casación, la anulación declarada por el Tribunal General en la sentencia recurrida se basa exclusivamente en la estimación del motivo examinado de oficio, ya que los motivos formulados por la recurrente en el escrito de interposición del recurso no fueron examinados por el Tribunal General.
En tercer lugar y por lo que se refiere a la argumentación, expuesta en el apartado 72 de la presente sentencia, según la cual el enfoque del Tribunal General es contrario a una buena administración de la justicia, baste señalar que consideraciones de economía procesal no pueden, en ningún caso, justificar que el juez de la Unión no aplique la prohibición de pronunciarse
ultra petita
por la única razón de que su resolución se basa en un motivo que examinó de oficio.
En cuarto lugar, no puede prosperar la argumentación, recordada en esencia en los apartados 75 a 78 de la presente sentencia, según la cual el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva, al amparo del artículo 47 de la Carta, quedaría vulnerado si debiera confirmarse el razonamiento seguido por el Tribunal General.
Ciertamente, resulta de los apartados 76 a 86 de la sentencia recurrida, sin que se haya planteado controversia al respecto en el presente procedimiento de casación, que el defecto de motivación apreciado por el Tribunal General en esa sentencia vulneró el derecho de defensa de la recurrente, en la medida en que no le permitió, a pesar de haber decidido interponer un recurso ante el Tribunal General contra la Decisión controvertida, comprender la naturaleza y el alcance de la infracción o de las infracciones constatadas en dicha Decisión, y que ese vicio impidió que el Tribunal General ejerciera su control sobre la misma.
No obstante, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, la falta de control de oficio de la decisión controvertida en su conjunto no viola el principio de tutela judicial efectiva (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión,
C‑386/10 P
,
EU:C:2011:815
, apartado
).
De este modo, resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que el control de legalidad establecido en el artículo 263 TFUE, completado por la competencia jurisdiccional plena en lo que respecta al importe de la multa, prevista en el artículo 31 del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE y 102 TFUE] (
DO 2003, L 1, p. 1
), implica que el juez de la Unión ejerza un control tanto de hecho como de Derecho y que tenga la facultad de valorar las pruebas, anular la decisión impugnada y modificar el importe de la multa (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de diciembre de 2011, Chalkor/Comisión,
C‑386/10 P
,
EU:C:2011:815
, apartado
).
De ello se sigue, como señaló el Abogado General en el punto 142 de sus conclusiones, que no es contrario al principio de tutela judicial efectiva que el control de legalidad ejercido por el juez de la Unión se vea limitado por las solicitudes de las partes tal como las formularon en las pretensiones de sus escritos procesales, ya que este principio no exige en modo alguno que el juez de la Unión deba extender su control a los elementos de una decisión que no forman parte del litigio del que conoce.
Más concretamente, en relación con las circunstancias del presente asunto, si bien —tal como se desprende del apartado 102 de la presente sentencia— el defecto de motivación apreciado por el Tribunal General en la sentencia recurrida impidió que la recurrente identificara otros posibles vicios en la Decisión controvertida, no se discute que tal defecto de motivación hubiera podido ser identificado por la recurrente y que ésta hubiera podido, en consecuencia, invocarlo en su recurso ante el Tribunal General para solicitar la anulación total de esa Decisión en cuanto se refería a ella, a semejanza de lo que hicieron algunos de los demás transportistas implicados, como Air Canada en el asunto que dio lugar a la sentencia de 16 de diciembre de 2015, Air Canada/Comisión (
T‑9/11
, no publicada,
EU:T:2015:994
).
Por último, debe también rechazarse el argumento, mencionado en el apartado 71 de la presente sentencia, según el cual se han ejercitado en ámbito nacional acciones de reclamación de daños y perjuicios contra la recurrente que se basan en la Decisión controvertida, la cual, dado que adolece de un defecto en su conjunto, genera problemas a los órganos jurisdiccionales nacionales en relación con el reparto de responsabilidades entre la recurrente y las otras partes respecto de cualquier daño que, según esos órganos jurisdiccionales, haya sido causado por el comportamiento analizado en esta Decisión.
A este respecto, basta constatar que, tal como señaló el Abogado General en el punto 129 de sus conclusiones, la responsabilidad en que pueda incurrir un demandante con arreglo al Derecho nacional por los daños causados por su comportamiento contrario a la competencia no puede, por sí sola, dar lugar a la modificación de las competencias del juez de la Unión derivadas del artículo 263 TFUE.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, los dos motivos del recurso de casación carecen de fundamento y, por lo tanto, deben desestimarse.
En estas circunstancias, no procede analizar las alegaciones formuladas por la Comisión que se exponen en los apartados 37 a 39 de la presente sentencia, basadas en la inadmisibilidad del recurso de casación por no acomodarse al artículo 56, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al artículo 170, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Lo mismo cabe decir respecto de las objeciones relativas a la admisibilidad del escrito de réplica.
A la vista del conjunto de las anteriores consideraciones, el recurso de casación debe desestimarse en su conjunto.
Costas
Conforme al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de éste, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber solicitado la Comisión la condena en costas de la recurrente y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla a cargar con las costas correspondientes al recurso de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar en costas a British Airways plc.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.