CELEX: 62015CJ0169
Procedimiento prejudicial
Propiedad industrial y comercial
Derecho de autor y derechos afines
Directiva 93/98/CEE
Artículo 10, apartado 2
Plazo de protección
No restablecimiento de la protección en virtud del Convenio de Berna

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 10, apartado 2, y 13, apartado 1, de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (
DO 1993, L 290, p. 9
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Montis Design BV (en lo sucesivo, «Montis») y Goossens Meubelen BV (en lo sucesivo, «Goossens») en relación con una posible vulneración, por parte de Goossens, de los derechos de autor sobre los modelos de asiento «Charly» y «Chaplin» de los que Montis es titular.
Marco jurídico
Derecho internacional
Convenio de Berna
El artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Acta de París de 24 de julio de 1971), en su versión modificada del 28 de julio de 1979 (en lo sucesivo, «Convenio de Berna»), dispone:
«El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se reclama la protección.»
Acuerdos OMC y ADPIC
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC») fue firmado el 15 de abril de 1994 en Marrakech. Este Acuerdo, que figura en el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo OMC»), fue aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (
DO 1994, L 336, p. 1
).
Los Acuerdos OMC y ADPIC entraron en vigor el 1 de enero de 1995. Sin embargo, en virtud del artículo 65, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no estaban obligados a aplicar las disposiciones de dicho Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo OMC, esto es, antes del 1 de enero de 1996.
El artículo 9, apartado 1, del Acuerdo ADPIC establece:
«Los Miembros [de la OMC] observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo. [...]»
Derecho de la Unión
Directiva 93/98
El considerando 27 de la Directiva 93/98 tenía el siguiente tenor:
«Considerando que el respeto de los derechos adquiridos y de las expectativas legítimas forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, que los Estados miembros deben poder disponer, en particular, que en determinadas circunstancias los derechos de autor y derechos afines que se restablezcan en aplicación de la presente Directiva no podrán generar pagos por parte de las personas que hubiesen emprendido de buena fe la explotación de las obras correspondientes en el momento en que dichas obras eran de dominio público».
El artículo 1, apartado 1, de la mencionada Directiva disponía lo siguiente:
«Los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas a que se refiere el artículo 2 del Convenio de Berna se extenderán durante la vida del autor y setenta años después de su muerte, independientemente de la fecha en la que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público.»
El artículo 10, apartados 2 y 3, de la referida Directiva estaba redactado en los siguientes términos:
«2.   Los plazos de protección contemplados en la presente Directiva se aplicarán a todas las obras y temas que estén protegidos al menos en un Estado miembro en la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 en virtud de la aplicación de disposiciones nacionales en materia de derechos de autor o derechos afines o que cumplan los criterios para acogerse a la protección de acuerdo con la Directiva 92/100/CEE.
3.   La presente Directiva no afectará a ningún acto de explotación realizado antes de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo 13. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para proteger en particular los derechos adquiridos de terceros.»
El artículo 13, apartado 1, de la misma Directiva preveía:
«Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1 a 11 de la presente Directiva antes del 1 de julio de 1995.»
Directiva 92/100/CEE
El artículo 2, apartado 3, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual (
DO 1992, L 346, p. 61
), disponía:
«La presente Directiva no incluye los derechos de alquiler y préstamo respecto de edificios u obras de artes aplicadas.»
Derecho del Benelux
La Ley Uniforme del Benelux sobre Dibujos y Modelos, aprobada por la Convención de 25 de octubre de 1966 (
Tractatenblad
1966, n.
o
292, p. 3; en lo sucesivo, «Ley uniforme»), entró en vigor el 1 de enero de 1975. Según el artículo 12 de esta Ley, el registro de un dibujo o de un modelo tiene una vigencia de cinco años, a partir de la fecha de la solicitud.
El artículo 21 de la Ley uniforme establecía:
«1.   Un dibujo o un modelo con un carácter artístico destacado puede estar protegido a la vez por esta Ley y por las leyes relativas a los derechos de autor, si concurren las condiciones de aplicación de ambas.
[...]
3.   La anulación del registro de un dibujo o de un modelo con carácter artístico destacado o la extinción del derecho exclusivo resultante de dicho registro llevan consigo la extinción simultánea de los derechos de autor sobre ese dibujo o ese modelo, siempre que los dos derechos pertenezcan al mismo titular; la extinción no se producirá, sin embargo, si el titular del dibujo o del modelo presenta, conforme al artículo 24, una declaración especial para mantener sus derechos de autor.»
El artículo 24, apartados 1 y 2, de la mencionada Ley disponía:
«1.   La declaración prevista en el artículo 21, [apartado 3], deberá realizarse siguiendo las formalidades establecidas y mediante pago de la correspondiente tasa, que quedará fijada en un reglamento de ejecución, en el curso del año precedente a la extinción del derecho exclusivo sobre el dibujo o el modelo [...]
2.   La declaración quedará registrada y el registro será publicado.»
Según la Exposición de motivos de la Convención y de la Ley Uniforme del Benelux sobre Dibujos y Modelos:
«Artículo 21
[...] La finalidad del [apartado 3] consiste en conciliar las exigencias de la seguridad del público y la posibilidad de acumular las dos protecciones. En efecto, es deseable que el registro permita conocer de la mejor manera posible los modelos protegidos.
Por este motivo, [este apartado] establece la obligación, para el autor que hubiera considerado útil protegerse asimismo a través del registro del modelo, de efectuar una declaración especial, en principio, antes de que expire el derecho sobre el modelo. Con el fin de garantizar la seguridad del público, se ha considerado indispensable establecer una sanción bastante severa en caso de que no se efectúe tal declaración; el derecho de autor no declarado expirará al mismo tiempo que el derecho sobre el modelo al que fue acumulado [...]
Artículo 24
En principio, la declaración deberá realizarse antes de que expire el derecho sobre el modelo.
[...]»
El punto U del Protocolo de modificación de la Ley Uniforme del Benelux sobre Dibujos y Modelos, firmado en Bruselas el 20 de junio de 2002, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2003, establece:
«El capítulo II, titulado “Dibujos o modelos con carácter artístico destacado”, queda modificado como sigue:
[...]
2.
Se derogan los artículos 21 y 24.
[...]»
El Comentario común de los Gobiernos de los Estados del Benelux al Protocolo de modificación de la Ley Uniforme del Benelux sobre Dibujos y Modelos, de 20 de junio de 2002, dispone:
«El artículo 21, [apartado 3], y su corolario, el artículo 24, siempre han sido objeto de numerosas críticas. En virtud de estos artículos, quien posee a la vez un derecho sobre un dibujo o modelo y un derecho de autor sobre un producto debe, si desea mantener tal derecho de autor tras la anulación o expiración del derecho sobre el dibujo o modelo, realizar una declaración de conservación a tal fin, que se inscribe en el Registro Benelux. En su día, el artículo fue recogido en la [Ley uniforme] porque la publicación de los derechos cuya protección se reivindica constituía uno de los principios fundamentales de la [Ley uniforme]. Entretanto, el Hoge Raad [der Nederlanden] (Tribunal Supremo de los Países Bajos, Países Bajos) ha confirmado que esta disposición no es conforme al artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna, que establece que el goce y el ejercicio de los derechos de autor no estarán subordinados a ninguna formalidad en cuanto atañe a las obras respecto a las cuales los autores están protegidos en virtud del Convenio (HR, 26 de mayo de 2000, RvdW 2000, 141). Asimismo, el artículo 9 del Acuerdo ADPIC obliga a los Estados contratantes a observar el citado artículo del Convenio de Berna. Los elementos que se acaban de exponer justifican la supresión del artículo 21, [apartado 3], y del artículo 24.»
Derecho neerlandés
La Directiva 93/98 fue transpuesta al Derecho neerlandés en virtud de la Wet tot wijziging van de Auteurswet 1912 en de Wet op de naburige rechten (Ley por la que se modifica la Ley sobre los derechos de autor de 1912 y la Ley sobre los derechos afines), de 21 de diciembre de 1995 (Stb. 1995, n.
o
652). Esta Ley entró en vigor el 29 de diciembre de 1995.
Como consecuencia de las modificaciones introducidas por la mencionada Ley, el artículo 51, apartado 1, de la Auteurswet (Ley sobre los derechos de autor), de 23 de septiembre de 1912, tiene el siguiente tenor:
«Los plazos de protección establecidos en la presente Ley se aplicarán, a partir de la entrada en vigor del presente artículo, a las obras que, en fecha de 1 de julio de 1995, estén protegidas por la Ley nacional relativa a los derechos de autor en al menos un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
Montis diseña y fabrica muebles.
En 1983, el Sr. Gerard van den Berg, antiguo director y socio mayoritario de Montis, diseñó el sillón «Charly» y la silla «Chaplin». El sillón y la silla se diferencian por su tamaño, pero tienen una forma parecida. El 19 de abril de 1988, se solicitó el registro internacional de modelo para el sillón «Charly» y la silla «Chaplin», en el que Montis figuraba como titular de los derechos relativos a los modelos y el Sr. van den Berg como diseñador. Esta solicitud fue registrada el 12 de julio de 1988.
En 1990, el Sr. van den Berg cedió a Montis sus derechos de autor sobre estos asientos.
En el momento en que expiró el período de registro de estos modelos, Montis no había presentado la declaración de conservación establecida en el artículo 21, apartado 3, de la Ley uniforme. En consecuencia, tanto los derechos sobre los modelos como los derechos de autor sobre los asientos de los que dicha sociedad era titular se extinguieron el 18 de abril de 1993.
En 2008, Montis interpuso ante el rechtbank ’s‑Hertogenbosch (Tribunal de Primera Instancia de ’s‑Hertogenbosch, Países Bajos) un recurso en cuanto al fondo contra Goossens, al entender que el modelo de silla «Beat» que esta sociedad vendía en sus tiendas de muebles vulneraba sus derechos de autor sobre los asientos «Charly» y «Chaplin». En su defensa, Goossens alegó que, a falta de una declaración de conservación, esos derechos de autor se habían extinguido. Montis replicó a tal argumentación, con carácter principal, que sus derechos de autor debían considerarse restablecidos como consecuencia de la derogación, con efectos a 1 de diciembre de 2003, del artículo 21, apartado 3, de la Ley uniforme, derogación que, a su juicio, tenía efecto retroactivo. Con carácter subsidiario, Montis afirmó que sus derechos también debían considerarse restablecidos como consecuencia de la adopción de la Directiva 93/98.
Tras sucumbir parcialmente en primera instancia y en apelación, Montis interpuso recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos).
Durante el procedimiento, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) desestimó la alegación de Montis de que, a 1 de julio de 1995, uno de los modelos de asiento de que se trata todavía estaba protegido en un Estado miembro distinto del Reino de los Países Bajos, al entender que había sido presentada fuera de plazo.
Al albergar dudas sobre las consecuencias que la derogación del artículo 21, apartado 3, y del artículo 24 de la Ley uniforme tendría para los derechos de autor extinguidos anteriormente por no haberse presentado una declaración de conservación, el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) planteó dos cuestiones prejudiciales al Benelux Gerechtshof (Tribunal de Justicia del Benelux) mediante resolución de 13 de diciembre de 2013.
El Benelux Gerechtshof (Tribunal de Justicia del Benelux) considera que las dudas del Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos) sólo pueden existir si, en todo caso, la Directiva 93/98 no se opone a una normativa nacional según la cual un derecho de autor extinguido con anterioridad a la derogación del artículo 21, apartado 3, de la Ley uniforme, debe considerarse definitivamente extinguido.
En estas circunstancias, el Benelux Gerechtshof (Tribunal de Justicia del Benelux) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Es aplicable el plazo de protección establecido en el artículo 10, en relación con el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 93/98 a los derechos de autor inicialmente protegidos por la legislación nacional en materia de derechos de autor, pero que expiraron antes del 1 de julio de 1995 como consecuencia de la falta de cumplimiento (dentro de plazo) de un requisito formal, en concreto la falta de presentación (dentro de plazo) de una declaración de conservación en el sentido del artículo 21, [apartado 3], de la Ley uniforme [...]?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
¿Debe interpretarse la Directiva 93/98 en el sentido de que se opone a una norma legal nacional que implica que el derecho de autor relativo a una obra de artes aplicadas que ha expirado antes del 1 de julio de 1995 por el incumplimiento de un requisito formal se sigue considerando extinguido?
3)
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:
Si debe considerarse, conforme a la legislación nacional, que el derecho de autor en cuestión ha de restablecerse o se ha restablecido en algún momento, ¿en qué fecha se producirá tal situación?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta esencialmente, en primer lugar, si el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98, en relación con su artículo 13, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que los plazos de protección previstos en esa Directiva se aplican a los derechos de autor inicialmente protegidos por la legislación nacional pero que expiraron antes del 1 de julio de 1995. En segundo lugar, pregunta, en esencia, si la Directiva 93/98 se opone a una legislación nacional que, como en el litigio principal, había otorgado inicialmente a una obra la protección que confieren los derechos de autor, pero que posteriormente dispuso la extinción definitiva de tales derechos debido al incumplimiento de un requisito formal.
Con carácter preliminar procede recordar que el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98 dispone que los plazos de protección contemplados en esta Directiva se aplicarán a todas las obras y temas que, en la fecha a que se refiere el artículo 13, apartado 1, de la mencionada Directiva, esto es, el 1 de julio de 1995, o bien estén protegidos al menos en un Estado miembro en virtud de la aplicación de disposiciones nacionales en materia de derechos de autor o derechos afines, o bien cumplan los criterios para acogerse a la protección de acuerdo con la Directiva 92/100.
En cuanto a la primera de estas condiciones, de los autos en poder del Tribunal de Justicia y del punto 63 de las conclusiones del Abogado General se desprende que, por una parte, las obras controvertidas en el litigio principal estuvieron inicialmente protegidas en el Estado miembro donde se reclama la protección, pero que, a continuación, esta protección se extinguió antes del 1 de julio de 1995, y, por otra parte, que debe considerarse que, en esa fecha, tales obras no estaban protegidas en ningún otro Estado miembro.
Sin embargo, mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente insinúa que, en determinados supuestos, la aplicación de esta primera condición puede dar lugar al restablecimiento de derechos extinguidos por efecto de la legislación nacional en cuestión antes de la fecha prevista en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 93/98 y que no están protegidos en el territorio de otro Estado miembro, hipótesis que implicaría que los plazos de protección establecidos en dicha Directiva se aplicarían a las obras cuya protección a través de los derechos de autor se halle restablecida en el estado en el que se encontraba antes de extinguirse tales derechos.
A este respecto, debe señalarse, sin embargo, que el uso del presente de indicativo en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98 para enunciar las dos condiciones alternativas de aplicación de los plazos de protección previstos en dicha Directiva pone de manifiesto el deseo del legislador de que se extraigan consecuencias jurídicas de la situación que existía, precisamente, a 1 de julio de 1995, y no en una fecha anterior o posterior.
Por consiguiente, si debido a la extinción de los derechos de autor en virtud de una legislación nacional determinada antes de la fecha establecida en el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 93/98, tales derechos ya no gozaban de protección en dicha fecha, en virtud del artículo 10, apartado 2, de la referida Directiva, los plazos de protección establecidos en esta última no se aplican a la obra correspondiente.
Esta solución legislativa cumple el principio de los derechos adquiridos al que se refiere el considerando 27 de la Directiva 93/98. En efecto, este principio puede aplicarse precisamente a los actos de explotación de obras realizados de buena fe a partir del momento en que tales obras no gozan de protección alguna.
Por consiguiente, procede considerar que la primera condición establecida en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98 en relación con su artículo 13, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que los plazos de protección previstos en esta Directiva no se aplican a los derechos de autor inicialmente protegidos por la legislación nacional pero que expiraron antes del 1 de julio de 1995 y no están protegidos en el territorio de otro Estado miembro.
Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, aparentemente, la extinción de tales derechos de autor antes del 1 de julio de 1995 no fuera compatible con el artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna, según el cual el goce y el ejercicio de los derechos de autor no están subordinados a ninguna formalidad.
A este respecto es preciso destacar, en primer lugar, que, mediante la primera condición establecida en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98, el legislador de la Unión optó por referirse a las obras y temas protegidos «en virtud de la aplicación de disposiciones nacionales en materia de derechos de autor o derechos afines». Por lo tanto, esta disposición no tiene el objeto ni el efecto de fijar las condiciones en las cuales tal protección podía extinguirse antes del 1 julio de 1995, siendo ésta una cuestión que sigue siendo regulada por las legislaciones nacionales aplicables.
En segundo lugar, del artículo 9, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, que fue aprobado en nombre de la Unión, se desprende efectivamente que la Unión debe observar, en particular, el artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna. Sin embargo, del artículo 65, apartado 1, del mencionado Acuerdo resulta que éste entró en vigor el 1 de enero de 1995, esto es, tanto después de la fecha de adopción de la Directiva 93/98, a saber, el 29 de octubre de 1993, como después de la fecha de entrada en vigor de esta Directiva, esto es, el 19 de noviembre de 1993. Además, procede señalar que, con arreglo al artículo 65, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, la Unión no estaba obligada a aplicar las disposiciones de dicho Acuerdo antes del 1 de enero de 1996.
Por consiguiente, la obligación de interpretar la Directiva 93/98 de manera conforme con el Acuerdo ADPIC en ningún caso puede implicar que, en una situación como la que es objeto del contencioso principal, el artículo 10, apartado 2, de dicha Directiva deba interpretarse en el sentido de que los derechos de autor que, en virtud de una norma nacional aparentemente no conforme con el Convenio de Berna, expiraron antes del 1 de julio de 1995 deban beneficiarse, por motivo de esta extinción, de los plazos de protección establecidos en la mencionada Directiva.
Por lo que se refiere a la segunda condición establecida en la referida disposición, procede hacer constar que, tal y como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, los asientos respecto de los cuales Montis dispuso de derechos de autor hasta el 18 de abril de 1993 son obras de artes aplicadas, las cuales no entran dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 92/100 que, con arreglo a su artículo 2, apartado 3, no incluye los derechos de alquiler y préstamo con respecto de estas obras. En cualquier caso, de lo anterior se desprende que la Directiva 92/100 no puede haber fijado criterios de protección para tales obras.
Por consiguiente, no se cumple ninguna de las dos condiciones alternativas establecidas en el artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98.
De las consideraciones anteriores se desprende que procede considerar que la Directiva 93/98 no se opone a una legislación nacional derogatoria, como la controvertida en el litigio principal, que no tiene el efecto de restablecer derechos y, por lo tanto, considera determinados derechos como definitivamente extinguidos, a pesar de que la extinción de tales derechos, producida con anterioridad al 1 de julio de 1995, no es compatible con el artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna.
Dicho esto, es preciso observar que esta afirmación no se opone a que, en un asunto como el del litigio principal, el Estado miembro de que se trate se atenga a sus obligaciones derivadas del artículo 5, apartado 2, del Convenio de Berna y asuma las consecuencias de su responsabilidad por la posible violación de ese Convenio.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a la cuestiones prejudiciales primera y segunda como sigue:
—
El artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98, en relación con su artículo 13, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que los plazos de protección establecidos en esta Directiva no se aplican a los derechos de autor inicialmente protegidos por una legislación nacional pero que expiraron antes del 1 de julio de 1995.
—
La Directiva 93/98 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional que, como en el litigio principal, había otorgado inicialmente a una obra la protección que confieren los derechos de autor, pero que posteriormente dispuso la extinción definitiva de tales derechos antes del 1 de julio de 1995 debido al incumplimiento de un requisito formal.
Sobre la tercera cuestión prejudicial
Habida cuenta de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, no procede responder a la tercera cuestión prejudicial.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

El artículo 10, apartado 2, de la Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines, en relación con su artículo 13, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que los plazos de protección establecidos en esta Directiva no se aplican a los derechos de autor inicialmente protegidos por una legislación nacional pero que expiraron antes del 1 de julio de 1995.

La Directiva 93/98 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una legislación nacional que, como en el litigio principal, había otorgado inicialmente a una obra la protección que confieren los derechos de autor, pero que posteriormente dispuso la extinción definitiva de tales derechos antes del 1 de julio de 1995 debido al incumplimiento de un requisito formal.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.