CELEX: 62017CJ0345
Procedimiento prejudicial
Tratamiento de datos personales
Directiva 95/46/CE
Artículo 3
Ámbito de aplicación
Grabación en vídeo de policías en una comisaría realizando trámites procedimentales
Publicación en un sitio de Internet de vídeos
Artículo 9
Tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos
Concepto
Libertad de expresión
Protección de la intimidad

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (
DO 1995, L 281, p. 31
), y en particular de su artículo 9.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Sergejs Buivids y la Datu valsts inspekcija (Agencia Estatal de Protección de Datos, Letonia), en relación con un recurso destinado a que se declare la ilegalidad de una resolución de esa agencia según la cual el Sr. Buivids había infringido la legislación nacional al publicar en el sitio web www.youtube.com un vídeo, grabado por él mismo, de su declaración en las dependencias de una comisaría de la Policía Nacional en el marco de un expediente administrativo sancionador.
Marco jurídico
Derecho de la Unión Europea
Antes de ser derogada por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (
DO 2016, L 119, p. 1
), la Directiva 95/46, que, según su artículo 1, tenía por objeto la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, así como la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de estos datos, enunciaba lo siguiente en sus considerandos 2, 14, 15, 17, 27 y 37:
«(2)
Considerando que los sistemas de tratamiento de datos están al servicio del hombre; que deben, cualquiera que sea la nacionalidad o la residencia de las personas físicas, respetar las libertades y derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, la intimidad, y contribuir al progreso económico y social, al desarrollo de los intercambios, así como al bienestar de los individuos;
[…]
(14)
Considerando que, habida cuenta de la importancia que, en el marco de la sociedad de la información, reviste el actual desarrollo de las técnicas para captar, transmitir, manejar, registrar, conservar o comunicar los datos relativos a las personas físicas constituidos por sonido e imagen, la presente Directiva habrá de aplicarse a los tratamientos que afectan a dichos datos;
(15)
Considerando que los tratamientos que afectan a dichos datos solo quedan amparados por la presente Directiva cuando están automatizados o cuando los datos a que se refieren se encuentran contenidos o se destinan a encontrarse contenidos en un archivo estructurado según criterios específicos relativos a las personas, a fin de que se pueda acceder fácilmente a los datos de carácter personal de que se trata;
[…]
(17)
Considerando que en lo que respecta al tratamiento del sonido y de la imagen aplicados con fines periodísticos o de expresión literaria o artística, en particular en el sector audiovisual, los principios de la Directiva se aplican de forma restringida según lo dispuesto en el artículo 9;
[…]
(27)
Considerando que la protección de las personas debe aplicarse tanto al tratamiento automático de datos como a su tratamiento manual; que el alcance de esta protección no debe depender, en efecto, de las técnicas utilizadas, pues lo contrario daría lugar a riesgos graves de elusión; que, no obstante, por lo que respecta al tratamiento manual, la presente Directiva solo abarca los ficheros, y no se aplica a las carpetas que no están estructuradas; […]
[…]
(37)
Considerando que para el tratamiento de datos personales con fines periodísticos o de expresión artística o literaria, en particular en el sector audiovisual, deben preverse excepciones o restricciones de determinadas disposiciones de la presente Directiva siempre que resulten necesarias para conciliar los derechos fundamentales de la persona con la libertad de expresión y, en particular, la libertad de recibir o comunicar informaciones, tal y como se garantiza en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales[, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950]; que por lo tanto, para ponderar estos derechos fundamentales, corresponde a los Estados miembros prever las excepciones y las restricciones necesarias en lo relativo a las medidas generales sobre la legalidad del tratamiento de datos […]».
El artículo 2 de la Directiva 95/46 disponía:
«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
a)
“datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable (el “interesado”); se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;
b)
“tratamiento de datos personales” (“tratamiento”), cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción;
[…]
d)
“responsable del tratamiento”: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que solo o conjuntamente con otros determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales; en caso de que los fines y los medios del tratamiento estén determinados por disposiciones legislativas o reglamentarias nacionales o [de la Unión], el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrán ser fijados por el derecho nacional o [de la Unión];
[…]».
El artículo 3 de dicha Directiva, titulado «Ámbito de aplicación», establecía:
«1.   Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
2.   Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al tratamiento de datos personales:
–
efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho [de la Unión], como las previstas por las disposiciones de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea [en su versión anterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa] y, en cualquier caso, al tratamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dicho tratamiento esté relacionado con la seguridad del Estado) y las actividades del Estado en materia penal;
–
efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.»
El artículo 7 de la mencionada Directiva era del siguiente tenor:
«Los Estados miembros dispondrán que el tratamiento de datos personales solo pueda efectuarse si:
[…]
f)
es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección con arreglo al apartado 1 del artículo 1 de la presente Directiva.»
El artículo 9 de la misma Directiva disponía:
«En lo referente al tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos o de expresión artística o literaria, los Estados miembros establecerán, respecto de las disposiciones del presente capítulo, del capítulo IV y del capítulo VI, exenciones y excepciones solo en la medida en que resulten necesarias para conciliar el derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de expresión.»
Derecho letón
Conforme al artículo 1 de la Fizisko personu datu aizsardzības likums (Ley de Protección de Datos Personales), de 23 de marzo de 2000 (
Latvijas Vēstnesis
, 2000, n.
o
123/124; en lo sucesivo, «Ley de protección de datos»), dicha Ley tiene por finalidad proteger las libertades y los derechos fundamentales de las personas físicas y, en particular, el derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de los datos personales de las personas físicas.
En virtud del artículo 2, punto 3, de la Ley de protección de datos, se entiende por «datos personales» toda información relativa a una persona física identificada o identificable.
Con arreglo al artículo 2, punto 4, de la referida Ley, por «tratamiento de datos personales» se entiende cualquier operación aplicada a datos personales, incluyendo su recogida, registro, introducción, conservación, organización, modificación, utilización, comunicación, transmisión y difusión, bloqueo o supresión.
El artículo 3, apartado 1, de la Ley de protección de datos establece que, sin perjuicio de las excepciones previstas en esa disposición, dicha Ley se aplica al tratamiento de todos los tipos de datos personales y a cualquier persona física o jurídica si:
–
el responsable del tratamiento está registrado en Letonia;
–
el tratamiento de datos se realiza fuera de las fronteras de la República de Letonia, en territorios que pertenecen a esta conforme a los acuerdos internacionales;
–
en la República de Letonia se hallan instalaciones utilizadas para el tratamiento de los datos personales, salvo en los casos en que las instalaciones se utilizan únicamente para la transmisión de datos personales a través del territorio de la República de Letonia.
El artículo 3, apartado 3, de la Ley prevé que esta no se aplica al tratamiento de datos personales efectuado por personas físicas para fines personales o domésticos.
Según el artículo 5 de la Ley de datos personales, salvo disposición legal en contrario, los artículos 7 a 9, 11 y 21 de la referida Ley no serán de aplicación cuando los datos personales sean objeto de tratamiento con fines periodísticos conforme al Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem likums (Ley de Prensa y otros Medios de Información de Masas), o con fines de expresión artística o literaria.
El artículo 8, apartado 1, de la Ley de datos personales dispone que, al recoger datos personales, el responsable del tratamiento está obligado a facilitar al interesado la siguiente información, a menos que este disponga ya de ella:
–
La denominación, o nombre y apellido, así como la dirección, del responsable del tratamiento;
–
la finalidad prevista del tratamiento de los datos personales.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El Sr. Buivids grabó en vídeo, en los locales de una comisaría de la Policía Nacional, su propia declaración durante la tramitación de un expediente administrativo sancionador.
El Sr. Buivids publicó el vídeo grabado (en lo sucesivo, «vídeo controvertido»), en el que aparecían varios policías y la actividad que realizaban en la comisaría, en el sitio de Internet www.youtube.com, que permite a los usuarios publicar, ver y compartir vídeos.
Tras esta publicación, la Agencia Estatal de Protección de Datos resolvió, mediante una resolución de 30 de agosto de 2013, que el Sr. Buivids había infringido el artículo 8, apartado 1, de la Ley de protección de datos, pues no había proporcionado a los policías, en su condición de interesados, la información prevista en dicha disposición relativa a la finalidad del tratamiento de sus datos personales. El Sr Buivids tampoco había proporcionado a la Agencia Estatal de Protección de Datos información sobre la finalidad de la grabación del vídeo controvertido y su publicación en un sitio de Internet que acreditase que el objetivo previsto era acorde con lo dispuesto en la Ley de protección de datos. Por consiguiente, la Agencia Estatal de Protección de Datos requirió al Sr. Buivids para que hiciera lo necesario con el fin de que este vídeo se suprimiera del sitio de Internet www.youtube.com y de otros sitios.
El Sr. Buivids interpuso ante la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo, Letonia) una demanda dirigida a que se declarara ilegal esta resolución de la Agencia Estatal de Protección de Datos y se reparara el perjuicio que estimaba haber sufrido. El Sr. Buivids alegó que, mediante la publicación del vídeo controvertido, intentaba llamar la atención de la sociedad respecto a lo que, a su juicio, constituía una actuación ilegal de la policía. El citado tribunal desestimó esta demanda.
Mediante sentencia de 11 de noviembre de 2015, la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo, Letonia) desestimó el recurso interpuesto por el Sr. Buivids contra la sentencia de la Administratīvā rajona tiesa (Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo).
La Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso‑Administrativo) basó su resolución en que, en el vídeo controvertido, se podía ver la comisaría de policía y a varios policías ejerciendo sus funciones, así como escuchar la conversación grabada con los policías durante los trámites administrativos y las voces de policías, del Sr. Buivids y de su acompañante.
Además, dicho tribunal consideró que no era posible determinar si debía primar el derecho del Sr. Buivids a la libertad de expresión o el derecho a la intimidad de otras personas, pues el Sr. Buivids no había indicado la finalidad de la publicación del vídeo controvertido. Asimismo, en el vídeo no se mostraban noticias de actualidad que presentasen interés para la sociedad ni una actuación deshonesta de los policías. El referido tribunal estimó que, puesto que el Sr. Buivids no había realizado su grabación con fines periodísticos con arreglo a la Ley de Prensa y otros Medios de Información de Masas, ni con fines de expresión artística o literaria, el artículo 5 de la Ley de protección de datos no era aplicable.
La Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo) concluyó que, al grabar a los policías mientras desempeñaban sus funciones sin informarlos de la finalidad que tenía el tratamiento de sus datos personales, el Sr. Buivids había infringido el artículo 8, apartado 1, de la Ley de protección de datos.
El Sr. Buivids presentó un recurso de casación contra la sentencia de la Administratīvā apgabaltiesa (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo) ante el órgano jurisdiccional remitente, la Augstākā tiesa (Tribunal Supremo, Letonia), invocando su derecho a la libertad de expresión.
El Sr. Buivids alegó, en particular, que el vídeo controvertido mostraba a funcionarios de la Policía Nacional, es decir, personas públicas en un lugar accesible al público, que no están comprendidas, como tales, en el ámbito de aplicación personal de la Ley de protección de datos.
El tribunal remitente alberga dudas, por un lado, en cuanto a si la grabación, en una comisaría, de policías ejerciendo sus funciones y la publicación del vídeo grabado en Internet están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 95/46. A este respecto, si bien considera que el comportamiento del Sr. Buivids no está incluido en las excepciones al ámbito de aplicación de la Directiva, tal como se recogen en el artículo 3, apartado 2, de esta, puntualiza que en el caso de autos se trata de una única grabación y que el Sr. Buivids grabó a los policías en el ejercicio de sus funciones, es decir, mientras actuaban como representantes del poder público. Pues bien, remitiéndose al punto 95 de las conclusiones del Abogado General Bobek presentadas en el asunto Rīgas satiksme (
C‑13/16
,
EU:C:2017:43
), el tribunal remitente señala que la principal preocupación que justifica que los datos personales estén protegidos es el riesgo relacionado con su tratamiento a gran escala.
Por otro lado, el tribunal remitente alberga dudas sobre la interpretación del concepto de «con fines exclusivamente periodísticos» que figura en el artículo 9 de la Directiva 95/46, y sobre si este concepto puede abarcar unos hechos como los imputados al Sr. Buivids.
En estas circunstancias, la Augstākā tiesa (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 95/46 unas actividades como las controvertidas en el caso de autos, es decir, la grabación, en una comisaría de policía, de funcionarios policiales realizando trámites procedimentales y la publicación del vídeo en el sitio de Internet www.youtube.com?
2)
¿Debe interpretarse la Directiva 95/46 en el sentido de que las mencionadas actividades pueden considerarse como un tratamiento de datos personales con fines periodísticos, a afectos del artículo 9 de [la] Directiva [95/46]?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 3 de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que la grabación en vídeo de policías en una comisaría, durante una toma de declaración, y la publicación del vídeo grabado en un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y compartirlos están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Directiva.
Cabe recordar que, a tenor del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, esta se aplicará «al tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero».
El concepto de «datos personales» que figura en el citado precepto engloba, en virtud de la definición recogida en el artículo 2, letra a), de la misma Directiva, «toda información sobre una persona física identificada o identificable». Se considera identificable «toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante […] uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física».
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las imágenes de una persona grabadas por una cámara constituyen «datos personales», en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46, en la medida en que permiten identificar a la persona afectada (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Ryneš,
C‑212/13
,
EU:C:2014:2428
, apartado
).
En el caso de autos, se desprende de la resolución de remisión que es posible ver y oír a los policías en el vídeo controvertido, de modo que debe considerarse que las imágenes de las personas grabadas son datos personales, en el sentido del artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46.
En relación con el concepto de «tratamiento de datos personales», el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46 lo define como «cualquier operación o conjunto de operaciones […] aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción».
En el marco de un sistema de videovigilancia, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que una grabación de vídeo de personas almacenada en un dispositivo de grabación continua, a saber, el disco duro de dicho sistema, constituye, con arreglo a los artículos 2, letra b), y 3, apartado 1, de la Directiva 95/46, un tratamiento de datos personales automatizado (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Ryneš,
C‑212/13
,
EU:C:2014:2428
, apartados
y
).
En la vista ante el Tribunal de Justicia, el Sr. Buivids adujo que había utilizado una cámara fotográfica digital para grabar el vídeo controvertido. Se trata de una grabación de vídeo en la que aparecen personas almacenada en un dispositivo de grabación continuada, a saber, la memoria de dicha cámara. De este modo, una grabación de esta índole constituye un tratamiento de datos personales automatizado, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de esta Directiva.
Sobre este particular, el hecho de que se trate de una única grabación carece de incidencia sobre si dicha operación está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 95/46. En efecto, como resulta del tenor del artículo 2, letra b), de esa Directiva, en relación con su artículo 3, apartado 1, esta se aplica a «cualquier operación» que constituya un tratamiento de datos de carácter personal en el sentido de dichas disposiciones.
Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que la conducta que consiste en hacer referencia en una página web a datos personales también debe considerarse un tratamiento de esta índole (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist,
C‑101/01
,
EU:C:2003:596
, apartado
, y de 13 de mayo de 2014, Google Spain y Google,
C‑131/12
,
EU:C:2014:317
, apartado
).
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado, por otro lado, que difundir información en una página web implica publicar dicha página en un servidor, así como realizar las operaciones necesarias para que resulte accesible a las personas que están conectadas a Internet. Estas operaciones se efectúan, al menos en parte, de manera automatizada (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist,
C‑101/01
,
EU:C:2003:596
, apartado
).
De este modo, cabe considerar que publicar, en un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y compartirlos, una grabación de vídeo, como el vídeo controvertido, que contiene datos personales, constituye un tratamiento total o parcialmente automatizado de esos datos, en el sentido de los artículos 2, letra b), y 3, apartado 1, de la Directiva 95/46.
Por otro lado, con arreglo al artículo 3, apartado 2, de la Directiva 95/46, esta no se aplica a dos tipos de tratamiento de datos personales. Se trata, por una parte, del efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, como las previstas en los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea en su versión anterior a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y, en cualquier caso, del tratamiento que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y las actividades del Estado en materia penal. Por otra parte, dicha disposición excluye el tratamiento de datos personales efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas.
Dado que hacen que el régimen de protección de los datos personales establecido por la Directiva 95/46 sea inaplicable y, así pues, se separan del objetivo que subyace a esta, que es garantizar la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales, como el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos personales, garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), las excepciones que se establecen en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva han de interpretarse de forma restrictiva (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de septiembre de 2017, Puškár,
C‑73/16
,
EU:C:2017:725
, apartado
, y de 10 de julio de 2018, Jehovan todistajat,
C‑25/17
,
EU:C:2018:551
, apartado
).
En lo que atañe al litigio principal, se desprende de la información aportada al Tribunal de Justicia que, por una parte, la grabación y la publicación del vídeo controvertido no pueden considerarse un tratamiento de datos personales efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, ni un tratamiento que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado y las actividades del Estado en materia penal, en el sentido del artículo 3, apartado 2, primer guion, de la Directiva 95/46. A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que las actividades enumeradas a título de ejemplo en la disposición mencionada son, en todos los casos, actividades propias del Estado o de las autoridades estatales y ajenas a la esfera de actividades de los particulares (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de septiembre de 2017, Puškár,
C‑73/16
,
EU:C:2017:725
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por otro lado, en la medida en que el Sr. Buivids publicó sin restricciones de acceso el vídeo controvertido en un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y compartirlos, haciendo así accesibles datos personales a un número indeterminado de personas, el tratamiento de datos personales objeto del litigio principal no se inscribe en el marco del ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas (véanse, por analogía, las sentencias de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist,
C‑101/01
,
EU:C:2003:596
, apartado
; de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia,
C‑73/07
,
EU:C:2008:727
, apartado
; de 11 de diciembre de 2014, Ryneš,
C‑212/13
,
EU:C:2014:2428
, apartados
y
, y de 10 de julio de 2018, Jehovan todistajat,
C‑25/17
,
EU:C:2018:551
, apartado
).
Además, el hecho de realizar una grabación en vídeo de policías en el ejercicio de sus funciones no permite excluir a ese tipo de tratamiento de datos personales del ámbito de aplicación de la Directiva 95/46.
En efecto, como señaló la Abogado General en el punto 29 de sus conclusiones, esta Directiva no establece ninguna excepción que excluya de su ámbito de aplicación los tratamientos de datos personales que afecten a funcionarios.
Por otra parte, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la circunstancia de que una información se inscriba en el contexto de una actividad profesional no puede privarla de su calificación de «datos personales» (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 2015, ClientEarth y PAN Europe/EFSA,
C‑615/13 P
,
EU:C:2015:489
, apartado
y jurisprudencia citada).
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 3 de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que la grabación en vídeo de policías en una comisaría, durante una toma de declaración, y la publicación del vídeo grabado en un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y compartirlos están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Directiva.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si el artículo 9 de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que hechos como los del litigio principal, a saber, la grabación en vídeo de policías en una comisaría durante una toma de declaración y la publicación del vídeo grabado en un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y compartirlos, constituyen un tratamiento de datos personales con fines periodísticos, en el sentido de esta disposición.
Con carácter previo, ha de señalarse que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la interpretación de las disposiciones de una directiva debe realizarse a la luz del objetivo perseguido por esta y del sistema que establece (sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia,
C‑73/07
,
EU:C:2008:727
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, se desprende del artículo 1 de la Directiva 95/46 que el objetivo de esta es que los Estados miembros, al tiempo que permiten la libre circulación de datos personales, garanticen la protección de las libertades y de los derechos fundamentales de las personas físicas, y, en particular, del derecho a la intimidad, en lo que respecta al tratamiento de dichos datos. Sin embargo, dicho objetivo no puede alcanzarse sin tener en cuenta que los referidos derechos fundamentales han de conciliarse, en una cierta medida, con el derecho fundamental a la libertad de expresión. El considerando 37 de la Directiva precisa que el artículo 9 de esta tiene por objeto conciliar dos derechos fundamentales: por una parte, la protección de la intimidad y, por otra, la libertad de expresión. Dicha función incumbe a los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia,
C‑73/07
,
EU:C:2008:727
, apartados
a
).
El Tribunal de Justicia ya ha declarado que, para tener en cuenta la importancia que tiene la libertad de expresión en toda sociedad democrática, es necesario interpretar ampliamente los conceptos relacionados con ella, entre ellos el de periodismo (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia,
C‑73/07
,
EU:C:2008:727
, apartado
).
Así, se desprende de los trabajos preparatorios de la Directiva 95/46 que las exenciones y excepciones previstas en el artículo 9 de la Directiva se aplican no solo a las empresas de medios de comunicación, sino también a toda persona que ejerza una actividad periodística (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia,
C‑73/07
,
EU:C:2008:727
, apartado
).
Se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que las «actividades periodísticas» son las que tienen por finalidad divulgar al público información, opiniones o ideas, por cualquier medio de transmisión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia,
C‑73/07
,
EU:C:2008:727
, apartado
).
Aunque incumbe al tribunal remitente comprobar si, en el caso de autos, el tratamiento de datos personales que realizó el Sr. Buivids responde a esta finalidad, no es menos cierto que el Tribunal de Justicia puede proporcionar a ese tribunal los elementos interpretativos necesarios para que lleve a cabo el examen que le corresponde.
De este modo, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en los apartados 52 y 53 de la presente sentencia, que el Sr. Buivids no sea periodista profesional no permite excluir que la grabación del vídeo controvertido, así como su publicación en un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y compartirlos, pueda acogerse a lo establecido en esa disposición.
En particular, el hecho de que el Sr. Buivids haya publicado esa grabación en un sitio Internet de este tipo, en el caso de autos el sitio www.youtube.com, no puede, en sí mismo, privar a dicho tratamiento de datos personales de la condición de haberse efectuado «exclusivamente con fines periodísticos», en el sentido del artículo 9 de la Directiva 95/46.
En efecto, ha de tenerse en cuenta la evolución y la multiplicación de los medios de comunicación y de difusión de información. Así, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el soporte en el que se transmiten los datos, clásico como el papel o las ondas de radio, o electrónico como Internet, no es determinante para apreciar si se trata de una actividad «con fines exclusivamente periodísticos» (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia,
C‑73/07
,
EU:C:2008:727
, apartado
).
Dicho esto, como señaló en esencia la Abogado General en el punto 55 de sus conclusiones, no puede considerarse que cualquier información publicada en Internet, relativa a datos personales, esté comprendida en el concepto de «actividades periodísticas» y disfrute por ello de las exenciones y excepciones previstas en el artículo 9 de la Directiva 95/46.
En el caso de autos, el tribunal remitente debe comprobar si se desprende del vídeo controvertido que su grabación y su publicación tenían como única finalidad la divulgación al público de información, opiniones o ideas (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia,
C‑73/07
,
EU:C:2008:727
, apartado
).
Para ello, el tribunal remitente podrá tomar en consideración, en particular, el hecho de que, según el Sr. Buivids, el vídeo se publicara en un sitio de Internet para llamar la atención de la sociedad sobre las prácticas supuestamente irregulares de la Policía que se desarrollaron en su toma de declaración.
Sin embargo, debe precisarse que la comprobación de tales prácticas irregulares no es un requisito para la aplicabilidad del artículo 9 de la Directiva 95/46.
En cambio, si resulta que la grabación y la publicación de este vídeo no tenían como única finalidad la divulgación al público de información, opiniones o ideas, no podrá considerarse que el tratamiento de datos personales controvertido en el litigio principal se haya realizado «con fines exclusivamente periodísticos».
Además, procede recordar que las exenciones y excepciones previstas en el artículo 9 de la Directiva 95/46 solo deben aplicarse en la medida en que resulten necesarias para conciliar dos derechos fundamentales, a saber, el derecho a intimidad y el derecho a la libertad de expresión (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia,
C‑73/07
,
EU:C:2008:727
, apartado
).
Así, para obtener una ponderación equilibrada de estos dos derechos fundamentales, la protección del derecho fundamental a la intimidad exige que las excepciones y restricciones a la protección de los datos previstas en los capítulos II, IV y VI de la Directiva 95/46 se establezcan dentro de los límites de lo que resulte estrictamente necesario (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de diciembre de 2008, Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia,
C‑73/07
,
EU:C:2008:727
, apartado
).
Ha de recordarse que el artículo 7 de la Carta, referido al derecho al respeto de la vida privada y familiar, contiene derechos equivalentes a los garantizados por el artículo 8, apartado 1, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), y que, por consiguiente, conforme al artículo 52, apartado 3, de la Carta, debe darse a dicho artículo 7 el mismo sentido y el mismo alcance que los conferidos al artículo 8, apartado 1, del CEDH, tal como lo interpreta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencia de 17 de diciembre de 2015, WebMindLicenses,
C‑419/14
,
EU:C:2015:832
, apartado
). Lo mismo ocurre en relación con el artículo 11 de la Carta y el artículo 10 del CEDH (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de mayo de 2016, Philip Morris Brands y otros,
C‑547/14
,
EU:C:2016:325
, apartado
).
A este respecto, se desprende de dicha jurisprudencia que, para efectuar la ponderación entre el derecho al respeto de la intimidad y el derecho a la libertad de expresión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado una serie de criterios pertinentes que deben tenerse en cuenta, concretamente la contribución a un debate de interés general, la notoriedad de la persona afectada, el objeto del reportaje, el comportamiento anterior del interesado, el contenido, la forma y las repercusiones de la publicación, la forma y las circunstancias en las que se obtuvo información y su veracidad (véase, en este sentido, la sentencia del TEDH de 27 de junio de 2017, Satakunnan Markkinapörssi Oy y Satamedia Oy c. Finlandia, CE:ECHR:2017:0627JUD000093113, apartado 165). Asimismo, deberá tomarse en consideración la posibilidad de que el responsable del tratamiento adopte medidas que permitan mitigar el alcance de la injerencia en el derecho a la intimidad.
En el presente asunto, se desprende de los autos en poder del Tribunal de Justicia que no se puede excluir que la grabación y la publicación del vídeo controvertido, que se efectuaron sin informar a los interesados de la realización de esa grabación y de su finalidad, constituya una injerencia en el derecho fundamental al respeto de la intimidad de estas personas, es decir, los policías que figuran en dicho vídeo.
Si resulta que la grabación y la publicación del vídeo controvertido tenían por única finalidad la divulgación al público de información, opiniones o ideas, corresponde al tribunal remitente apreciar si las exenciones y excepciones previstas en el artículo 9 de la Directiva 95/46 resultan necesarias para conciliar el derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de expresión, y si tales exenciones y excepciones no exceden de lo estrictamente necesario.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 9 de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que hechos como los del litigio principal, a saber, la grabación en vídeo de policías en una comisaría durante una toma de declaración y la publicación del vídeo grabado en un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y compartirlos, pueden constituir un tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos, en el sentido de dicha disposición, siempre que se deduzca de dicho vídeo que las citadas grabación y publicación tienen como única finalidad la divulgación al público de información, opiniones o ideas, lo que debe comprobar el tribunal remitente.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

1)
El artículo 3 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, debe interpretarse en el sentido de que la grabación en vídeo de policías en una comisaría, durante una toma de declaración, y la publicación del vídeo grabado en un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y compartirlos están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Directiva.

2)
El artículo 9 de la Directiva 95/46 debe interpretarse en el sentido de que hechos como los del litigio principal, a saber, la grabación en vídeo de policías en una comisaría durante una toma de declaración y la publicación del vídeo grabado en un sitio de Internet de vídeos en el que los usuarios pueden enviarlos, verlos y compartirlos, pueden constituir un tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos, en el sentido de dicha disposición, siempre que se deduzca de dicho vídeo que las citadas grabación y publicación tienen como única finalidad la divulgación al público de información, opiniones o ideas, lo que debe comprobar el tribunal remitente.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: letón.