CELEX: 62022CJ0052
Procedimiento prejudicial
Política social
Igualdad de trato en el empleo y la ocupación
Directiva 2000/78/CE
Prohibición de discriminación por razón de la edad
Artículo 2, apartados 1 y 2, letra a)
Artículo 6, apartado 1
Pensión de jubilación
Normativa nacional que prevé una equiparación progresiva del régimen de pensiones de los funcionarios con el régimen general de pensiones
Primera actualización del importe de la pensión realizada más rápidamente para una categoría de funcionarios que para otra
Justificaciones

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 2, apartados 1 y 2, letra a), y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16), y de los principios de seguridad jurídica, de respeto de los derechos adquiridos y de efectividad del Derecho de la Unión.
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre BF y la Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (Organismo Asegurador de la Función Pública, los Ferrocarriles y la Minería, Austria), en relación con el importe de la pensión de jubilación de BF.

Marco jurídico

Derecho de la Unió
n
El artículo 1 de la Directiva 2000/78, titulado «Objeto», establece:
«La presente Directiva tiene por objeto establecer un marco general para luchar contra la discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato.»
El artículo 2 de esa Directiva, titulado «Concepto de discriminación», dispone:
«1.      A efectos de la presente Directiva, se entenderá por principio de igualdad de trato la ausencia de toda discriminación directa o indirecta basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1.
2.      A efectos de lo dispuesto en el apartado 1:
a)      existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1.
b)      existirá discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción, con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual determinadas, respecto de otras personas, salvo que:
i)      dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios; […]
[…]».
El artículo 3 de dicha Directiva, que lleva como epígrafe «Ámbito de aplicación», establece lo siguiente en su apartado 1, letra c):
«Dentro del límite de las competencias conferidas a la Comunidad [Europea], la presente Directiva se aplicará a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos, en relación con:
[…]
c)      las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración;
[…]».
A tenor del artículo 6 de la misma Directiva, titulado «Justificación de diferencias de trato por motivos de edad»:
«1.      No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que las diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios.
[…]
2.      No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2, los Estados miembros podrán disponer que no constituirán discriminación por motivos de edad, la determinación, para los regímenes profesionales de seguridad social, de edades para poder beneficiarse de prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, incluidos el establecimiento para dichos regímenes de distintas edades para trabajadores o grupos o categorías de trabajadores y la utilización, en el marco de dichos regímenes, de criterios de edad en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminaciones por razón de sexo.»
El artículo 9 de la Directiva 2000/78, que lleva por título «Defensa de derechos», prevé en su apartado 1:
«Los Estados miembros velarán por la existencia de procedimientos judiciales o administrativos, e incluso, cuando lo consideren oportuno, procedimientos de conciliación, para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas mediante la presente Directiva para todas las personas que se consideren perjudicadas por la no aplicación, en lo que a ellas se refiere, del principio de igualdad de trato, incluso tras la conclusión de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.»

Derecho austriac
o
La Pensionsharmonisierungsgesetz (Ley de Armonización de las Pensiones), de 15 de diciembre de 2004 (BGBl. I, 142/2004), introdujo la Allgemeines Pensionsgesetz (Ley General de Pensiones), que entró en vigor el 1 de enero de 2005, estableciendo para todas las personas nacidas después del 1 de enero de 1955, incluidos, en principio, los funcionarios federales, un nuevo régimen de pensiones uniforme.
Antes de la entrada en vigor de la Ley General de Pensiones, los funcionarios federales estaban sujetos exclusivamente a los regímenes de pensiones de la Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen (Pensionsgesetz 1965) [Ley federal sobre los derechos de pensión de los funcionarios federales, de sus supervivientes y de los miembros de sus familias (Ley de Pensiones de 1965)], de 18 de noviembre de 1965 (BGBl. 340/1965; en lo sucesivo, «Ley de Pensiones de 1965»).
El artículo 41 de la Ley de Pensiones de 1965, en su versión modificada por la Ley de 15 de diciembre de 2020 (BGBl. I, 135/2020) (en lo sucesivo, «Ley de Pensiones de 2020»), tenía el siguiente tenor:
«1.      Las modificaciones de la presente Ley federal que no modifiquen la cuantía de las prestaciones en virtud de esta misma Ley ni los requisitos que dan derecho a tales prestaciones se aplicarán también a las personas que, en la fecha de su entrada en vigor, tengan derecho a prestaciones mensuales dinerarias en virtud de esta misma Ley. Las modificaciones de las normas de cálculo o de los requisitos que dan derecho a las prestaciones solo se aplicarán a las personas que, en la fecha de su entrada en vigor, tengan derecho a prestaciones en virtud de la presente Ley federal en caso de disposición expresa en este sentido.
2.      Las pensiones de jubilación y las pensiones de supervivencia adeudadas con arreglo a la presente Ley federal, excepto el complemento de nivel de vida previsto en el artículo 26, se actualizarán en el mismo momento y en la misma medida que las pensiones del sistema legal público de pensiones,
(1)      cuando el derecho de pensión se hubiera constituido antes del 1 de enero del año de que se trate;
(2)      cuando se deriven de pensiones de jubilación a las que se haya constituido un derecho antes del 1 de enero del año de que se trate.
No obstante lo dispuesto en la primera frase, la primera actualización de la pensión de jubilación solo se llevará a cabo con efectos a partir del 1 de enero del segundo año natural siguiente a la constitución del derecho a la pensión de jubilación.
[…]
7.      El procedimiento de actualización de las pensiones previsto en el artículo 744, apartados 1 y 2, de la [Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (Ley General de Seguridad Social), de 9 de septiembre de 1955 (BGBl. 189/1955)] para el año natural 2021 debe aplicarse por analogía, entendiéndose que los ingresos globales de pensión de una persona incluyen la suma de todas las pensiones de jubilación y de supervivencia debidas en diciembre de 2020
–        en virtud de la presente Ley federal por razón de una relación de servicio de Derecho público con el Estado federal,
–        […]
y sujetas a la actualización de las pensiones a 1 de enero de 2021. Cuando se proceda a la actualización de las pensiones de los funcionarios de los estados federados a los que se aplica la presente Ley federal, no habrá lugar a constituir un ingreso global de pensión. En caso de incremento en virtud del artículo 744, apartado 1, punto 4, de la Ley General de Seguridad Social, el importe global del incremento deberá añadirse íntegramente a la pensión de jubilación o de supervivencia. Cuando una persona perciba dos o más pensiones de jubilación o de supervivencia, se aplicará
mutatis mutandis
el artículo 744, apartado 3, de la Ley General de Seguridad Social.»
El artículo 41 de la Ley de Pensiones de 1965, en su versión modificada por la Pensionsanpassungsgesetz 2022 (Ley de Actualización de Pensiones de 2022), de 13 de diciembre de 2021 (BGBl. I, 210/2021) (en lo sucesivo, «Ley de Pensiones de 2022»), establece:
«1.      Las modificaciones de la presente Ley federal que no modifiquen la cuantía de las prestaciones en virtud de esta misma Ley ni los requisitos que dan derecho a tales prestaciones se aplicarán también a las personas que, en la fecha de su entrada en vigor, tengan derecho a prestaciones mensuales dinerarias en virtud de esta misma Ley. Las modificaciones de las normas de cálculo o de los requisitos que dan derecho a las prestaciones solo se aplicarán a las personas que, en la fecha de su entrada en vigor, tengan derecho a prestaciones en virtud de la presente Ley federal en caso de disposición expresa en este sentido.
2.      Las pensiones de jubilación y las pensiones de supervivencia adeudadas con arreglo a la presente Ley federal, excepto el complemento de nivel de vida previsto en el artículo 26, se actualizarán en el mismo momento y en la misma medida que las pensiones del sistema legal público de pensiones,
(1)      cuando el derecho de pensión se hubiera constituido antes del 1 de enero del año de que se trate;
(2)      cuando se deriven de pensiones de jubilación a las que se haya constituido un derecho antes del 1 de enero del año de que se trate.
No obstante lo dispuesto en la primera frase, la primera actualización de la pensión de jubilación se efectuará como sigue:
Las pensiones de jubilación devengadas a partir del primer día del mes del año natural anterior indicado en la columna de la izquierda se multiplicarán a partir del 1 de enero por el porcentaje del coeficiente de actualización indicado en la columna de la derecha
1 de enero
100 %
[…]
[…]
Para las pensiones de jubilación devengadas a partir del 1 de noviembre o del 1 de diciembre del año natural anterior, la primera actualización tendrá lugar a partir del 1 de enero del segundo año natural siguiente a la constitución del derecho a una pensión de jubilación. Estos porcentajes se aplicarán también en la primera actualización de las pensiones de supervivencia derivadas de pensiones de jubilación que aún no se hayan actualizado por primera vez. En el momento de la primera actualización de las pensiones de supervivencia derivadas de funcionarios fallecidos cuando estaban en activo, el porcentaje aplicable será el que habría sido aplicable si el funcionario se hubiera jubilado el primer día del mes siguiente a la fecha de su fallecimiento.
[…]
7.      El procedimiento de actualización de las pensiones previsto en el artículo 744, apartados 1 y 2, de la Ley General de Seguridad Social para el año natural 2021 debe aplicarse por analogía, entendiéndose que los ingresos globales de pensión de una persona incluyen la suma de todas las pensiones de jubilación y de supervivencia debidas en diciembre de 2020
–        en virtud de la presente Ley federal por razón de una relación de servicio de Derecho público con el Estado federal,
–        […]
y sujetas a la actualización de las pensiones a 1 de enero de 2021. Cuando se proceda a la actualización de las pensiones de los funcionarios de los estados federados a los que se aplica la presente Ley federal, no habrá lugar a constituir un ingreso global de pensión. En caso de incremento en virtud del artículo 744, apartado 1, punto 4, de la Ley General de Seguridad Social, el importe global del incremento deberá añadirse íntegramente a la pensión de jubilación o de supervivencia. Cuando una persona perciba dos o más pensiones de jubilación o de supervivencia, se aplicará
mutatis mutandis
el artículo 744, apartado 3, de la Ley General de Seguridad Social.»
El artículo 99 de la Ley de Pensiones de 1965, en su versión modificada por la Ley de 17 de junio de 2015 (BGBl. I, 65/2015) (en lo sucesivo, «Ley de Pensiones de 2015»), establecía:
«1.      La sección XIII solo se aplicará a los funcionarios nacidos después del 31 de diciembre de 1954 y antes del 1 de enero de 1976, que hayan accedido a la función pública federal antes del 1 de enero de 2005 y que se hallaran en servicio el 31 de diciembre de 2004.
2.      El funcionario solo disfrutará de la pensión de jubilación o de la pensión de profesor de enseñanza superior calculada conforme a lo dispuesto en la presente Ley federal en la medida en que corresponda al porcentaje, previsto en los artículos 7 o 90, apartado 1, que se determina en función del tiempo total de servicio computable completado por el funcionario hasta el 31 de diciembre de 2004.
3.      Además de la pensión de jubilación o de la pensión de profesor de enseñanza superior, se calculará una pensión para el funcionario con arreglo a lo dispuesto en la Ley General de Pensiones y en los artículos 6, apartado 3, y 15, apartado 2, de dicha Ley, en su versión vigente a 31 de diciembre de 2013. Los artículos 15 y 16, apartado 5, de la Ley General de Pensiones no serán aplicables. La pensión en virtud de la Ley General de Pensiones estará constituida por la diferencia entre el porcentaje a que se refiere el apartado 2 y el 100 %.
4.      Los períodos validados de conformidad con el artículo 9 no se computan para la aplicación de los apartados 2, 3 y 6. En lo que atañe a los períodos computados, lo determinante es el momento real en el que se ha completado el período computado.
5.      La pensión global del funcionario se compondrá de la pensión de jubilación o de la pensión de profesor de enseñanza superior proporcional contemplada en el apartado 2 y de la pensión proporcional contemplada en el apartado 3.»
Conforme al artículo 109, apartado 90, de la Ley de Pensiones de 2022, los artículos 41, apartados 2 y 3, y 99, apartados 3, 5 y 6, de la misma Ley entrarán en vigor el 1 de enero de 2022.
El artículo 108h de la Ley General de Seguridad Social, en su versión modificada por la Ley de 22 de octubre de 2019 (BGBl. I, 98/2019), disponía, en su apartado 1:
«Con efectos a partir del 1 de enero de cada año, procederá multiplicar por el factor de actualización:
a)      todas las pensiones abonadas por el seguro de pensiones cuya fecha de referencia (artículo 223, apartado 2) sea anterior al 1 de enero de ese año,
[…]».
El artículo 108h de la Ley General de Seguridad Social, en su versión modificada por la Ley de 28 de enero de 2021 (BGBl. I, 28/2021), establece:
1.      «Con efectos a partir del 1 de enero de cada año, procederá multiplicar por el factor de actualización:
a)      todas las pensiones abonadas por el seguro de pensiones cuya fecha de referencia (artículo 223, apartado 2) sea anterior al 1 de enero de ese año,
[…]
1a.      No obstante lo dispuesto en el apartado 1, la primera actualización se efectuará de tal manera que las pensiones cuya fecha de referencia (artículo 223, apartado 2) se sitúe durante el mes natural indicado en la columna de la izquierda del año natural anterior a la actualización se incrementarán, a partir del 1 de enero, en el porcentaje especificado en la columna de la derecha del importe del incremento que resultaría de la aplicación del coeficiente de actualización:
febrero
90 %
[…]
[…]
Si la fecha de referencia se sitúa en noviembre o diciembre del año natural anterior a la actualización, la primera actualización tendrá lugar a partir del 1 de enero del segundo año natural siguiente a la fecha de referencia. […]»

Litigio principal y cuestión prejudicial
BF, nacido en el año 1958, se jubiló de la función pública austriaca el 1 de julio de 2020.
Mediante resolución de 2 de diciembre de 2020, la BVAEB fijó la pensión de jubilación de BF en un importe mensual bruto de 4 455,43 euros. Dicho importe se determinó sobre la base de un cálculo denominado «paralelo», establecido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Pensiones de 2015, según el cual una parte de la pensión de jubilación —ponderada mediante el reparto de los períodos de servicio realizados antes o a partir del año 2005— se abona en virtud de la Ley de Pensiones de 1965, mientras que la otra parte se abona en virtud de la Ley General de Pensiones (en lo sucesivo, «cálculo paralelo»).
Mediante correo de 26 de febrero de 2021, BF solicitó a la BVAEB que recalculara el importe mensual bruto de su pensión de jubilación a partir del 1 de enero de 2021, debido a que se consideraba perjudicado en relación con los antiguos funcionarios federales que percibían una pensión fijada con fundamento exclusivo en la Ley General de Pensiones, cuyo importe se actualizó sin demora desde el primer nuevo año de percepción, mientras que su propia pensión, fijada sobre la base del cálculo paralelo, no se adaptaría hasta el 1 de enero del segundo año siguiente a la constitución del derecho a la pensión de jubilación, en este caso, el 1 de enero de 2022.
Mediante resolución de 19 de marzo de 2021, la BVAEB confirmó que la pensión de jubilación de BF debía fijarse en un importe mensual bruto de 4 455,43 euros y que la primera actualización de dicha pensión no se efectuaría hasta el 1 de enero de 2022, de conformidad con el artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2020.
Mediante correo de 6 de abril de 2021, BF interpuso recurso ante el órgano jurisdiccional remitente, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo, Austria), contra la resolución de la BVAEB, solicitando que se procediera a la primera actualización del importe de su pensión de jubilación con efectos a partir del 1 de enero de 2021.
Ante dicho órgano jurisdiccional, BF alega, por una parte, que el artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2020, que establece que la primera actualización del importe de la pensión solo se llevará a cabo a partir del segundo año natural siguiente a la constitución del derecho a pensión, es inconstitucional, en la medida en que las pensiones de jubilación fijadas en virtud del artículo 108h, apartado 1a, de la Ley General de Seguridad Social, en su versión modificada por la Ley de 28 de enero de 2021, son objeto de una actualización sin demora desde el primer nuevo año de percepción. Por otra parte, entiende que el artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2020 crea una discriminación por razón de la edad, contraria al Derecho de la Unión, dado que la actualización del importe de las pensiones de jubilación sobre la base del cálculo paralelo afecta mayoritariamente a los funcionarios federales nacidos entre los años 1955 y 1975.
BF sostiene asimismo que el artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2022 suprimió dicha discriminación para el futuro. Pues bien, en la medida en que el citado artículo no establece ningún efecto retroactivo, la discriminación supuestamente sufrida por los antiguos funcionarios federales, como BF, cuyo importe de pensión de jubilación está sujeto al cálculo paralelo, con respecto a los antiguos funcionarios federales que perciben una pensión de jubilación fijada únicamente sobre la base de la Ley General de Pensiones, se mantiene con respecto al pasado.
Según el órgano jurisdiccional remitente, por lo que se refiere, en primer lugar, a la situación que presuntamente perjudica a los antiguos funcionarios federales cuyo importe de la pensión de jubilación está sujeto al cálculo paralelo con respecto a aquellos que perciben una pensión exclusivamente en virtud de la Ley General de Pensiones, procede tener en cuenta la jurisprudencia del Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria) relativa a la comparabilidad de los regímenes de jubilación en virtud, respectivamente, de la Ley de Pensiones de 1965 y de la Ley General de Pensiones. Por otra parte, considera, en este contexto, que la pensión de jubilación determinada en virtud del artículo 99, apartado 5, de la Ley de Pensiones de 2015 debe asimilarse a una «remuneración», en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 2000/78.
En lo que atañe, en segundo lugar, a la alegación de BF de que, conforme al cálculo paralelo, una parte proporcional del importe de su pensión de jubilación se abona con arreglo a la Ley General de Pensiones, el órgano jurisdiccional remitente indica que dicha parte proporcional es mínima, ya que solo representa alrededor del 9,2 % de ese importe.
En tercer lugar, dicho órgano jurisdiccional recuerda que el margen de maniobra del legislador nacional es relativamente amplio en lo que respecta a la regulación del estatuto, de las retribuciones y de las pensiones de los empleados públicos.
En cuarto lugar, en cuanto a la modificación legislativa que constituye la adopción del artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2022, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si dicha modificación no es contraria a la obligación que incumbe a los Estados miembros de eliminar de manera inmediata y completa una discriminación comprobada, como se desprende del apartado 24 de la sentencia de 7 de octubre de 2019, Safeway (C‑171/18, en lo sucesivo, «sentencia Safeway», EU:C:2019:839).
En quinto y último lugar, el órgano jurisdiccional remitente considera que una modificación legislativa que tenga efecto retroactivo en el ámbito de las pensiones podría dar lugar a actualizaciones del importe de la pensión de jubilación de los funcionarios federales anteriormente discriminados y, por ello, a importantes desembolsos a cargo del presupuesto del Estado federal. Por lo tanto, tal efecto retroactivo podría poner en peligro el equilibrio financiero del régimen de pensiones de que se trata y constituir, así, una razón imperiosa de interés general que permita al legislador austriaco justificar que no se lleve a cabo tal retroactividad, del mismo modo que el Tribunal de Justicia lo consideró en el apartado 43 de la sentencia Safeway.
Pues bien, dicho órgano jurisdiccional señala que el Derecho de la Unión no impide a los Estados miembros tener en cuenta consideraciones presupuestarias junto a consideraciones de carácter político, social o demográfico, siempre y cuando, al hacerlo, respeten en particular el principio general de prohibición de la discriminación por razón de la edad. En ese sentido, si bien las consideraciones de carácter presupuestario pueden sustentar elecciones de política social de un Estado miembro e influir en la naturaleza o el alcance de las medidas que se propone adoptar, tales consideraciones no pueden constituir por sí solas un objetivo legítimo a los efectos del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78. El órgano jurisdiccional remitente señala, no obstante, que, en el presente caso, no se evidencian justificaciones de importancia comparable al riesgo de perjuicio grave para un régimen de jubilación que puedan constituir tal imperativo de interés general.
En estas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Federal de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Deben interpretarse los artículos 2, apartados 1 y 2, letra a), y 6, apartado 1, de la Directiva [2000/78], así como los principios de seguridad jurídica, respeto de los derechos adquiridos y efectividad del Derecho de la Unión, en el sentido de que se oponen a una normativa nacional (como la controvertida en el procedimiento principal) con arreglo a la cual la primera actualización de la pensión de jubilación correspondiente al grupo de funcionarios jubilados, a más tardar, el 1 de diciembre de 2021 [pensión combinada con arreglo a la Ley de Pensiones de 2020] se lleva a cabo solamente con efectos a partir del 1 de enero del segundo año natural siguiente a la constitución del derecho de pensión, mientras que la primera actualización de la pensión de jubilación correspondiente al grupo de funcionarios jubilados o que se jubilarán a partir del 1 de enero de 2022 [pensión combinada con arreglo a la Ley de Pensiones de 2022] se lleva a cabo con efectos a partir del 1 de enero del primer año natural siguiente a la constitución del derecho de pensión?»

Sobre la cuestión prejudicial

Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicia
l
El Gobierno austriaco cuestiona la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial, alegando que no cumple los requisitos que se derivan del artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, ya que el órgano jurisdiccional remitente no ha expuesto de qué manera la legislación austriaca controvertida en el litigio principal da lugar a una discriminación directa por razón de la edad, en violación de lo dispuesto en los artículos 2, apartados 1 y 2, letra a), y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78.
Según el Gobierno austriaco, dicho órgano jurisdiccional se limita, por un lado, a hacer constar la situación desfavorable de los funcionarios federales en relación con la de los beneficiarios del régimen general de seguro de jubilación y a la cuestión de si la normativa nacional controvertida en el litigio principal es contraria a la obligación, que incumbe a los Estados miembros, de poner fin a una discriminación. Pues bien, la petición de decisión prejudicial solo contiene una referencia a una desigualdad de trato de los «funcionarios de edad avanzada», en la parte de esta petición en la que reproduce las alegaciones de BF a este respecto.
Por otro lado, según el referido Gobierno, el órgano jurisdiccional remitente no expone en modo alguno los motivos que le llevan a preguntar al Tribunal de Justicia si la legislación nacional controvertida en el litigio principal es compatible o no con los principios de seguridad jurídica, de respeto de los derechos adquiridos y de efectividad del Derecho de la Unión.
A este respecto procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, si bien las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia, no es menos cierto que el procedimiento establecido en el artículo 267 TFUE constituye un instrumento de cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales, por medio del cual el primero proporciona a los segundos los elementos de interpretación del Derecho de la Unión que precisan para resolver los litigios que deban dirimir. La justificación de la remisión prejudicial no es formular opiniones consultivas sobre cuestiones generales o hipotéticas, sino la necesidad inherente a la solución efectiva de un litigio. Como se desprende de los propios términos del artículo 267 TFUE, la decisión prejudicial solicitada debe ser «necesaria» para que el tribunal remitente pueda «emitir su fallo» en el asunto de que conoce. Asimismo, en virtud del artículo 94, letra c), del Reglamento de Procedimiento, el órgano jurisdiccional remitente debe exponer de manera precisa las razones que le han llevado a preguntarse sobre la interpretación del Derecho de la Unión, así como la relación que a su juicio existe entre dichas disposiciones y la normativa nacional aplicable en el litigio principal (sentencia de 24 de marzo de 2021, NAMA y otros, C‑771/19, EU:C:2021:232, apartado 23 y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, al exponer las dudas que alberga en cuanto a la conformidad del artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2022 con los artículos 2, apartados 1 y 2, letra a), y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, o con los principios de seguridad jurídica, de respeto de los derechos adquiridos y de efectividad del Derecho de la Unión, el órgano jurisdiccional remitente indica las razones que le han llevado a preguntar al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de estas disposiciones y principios del Derecho de la Unión.
Es cierto que, como señala fundadamente el Gobierno austriaco, dicho órgano jurisdiccional no precisa expresamente la relación que establece entre las disposiciones nacionales controvertidas en el litigio principal y los principios de seguridad jurídica, de respeto de los derechos adquiridos y de efectividad del Derecho de la Unión cuya interpretación solicita.
No obstante, de la resolución de remisión se desprende que el órgano jurisdiccional remitente pregunta al Tribunal de Justicia sobre la interpretación de los referidos principios a la luz de la sentencia Safeway y de las enseñanzas que se derivan de ella en lo que respecta a la obligación que incumbe a los Estados miembros de eliminar una discriminación de manera inmediata y completa.
Habida cuenta del conjunto de estos elementos, procede declarar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial.

Sobre el fond
o
Según reiterada jurisprudencia, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido por el artículo 267 TFUE, corresponde a este último proporcionar al juez nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio del que conoce. Desde este punto de vista, el Tribunal de Justicia puede verse obligado a tomar en consideración normas de Derecho de la Unión a las que el juez nacional no se haya referido en el enunciado de su cuestión prejudicial (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de julio de 2021, Ministrstvo za obrambo, C‑742/19, EU:C:2021:597, apartado 31 y jurisprudencia citada). En efecto, el hecho de que un órgano jurisdiccional nacional, en el plano formal, haya formulado una cuestión prejudicial refiriéndose a determinadas disposiciones del Derecho de la Unión no impide que el Tribunal de Justicia proporcione a ese órgano jurisdiccional todos los elementos de interpretación que puedan permitirle resolver el asunto del que conoce, aun cuando no haya hecho referencia a ellos al formular sus cuestiones. A este respecto, corresponde al Tribunal de Justicia deducir del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión los elementos del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio [sentencia de 22 de diciembre de 2022, Ministre de la Transition écologique et Premier ministre (Responsabilidad del Estado por la contaminación del aire), C‑61/21, EU:C:2022:1015, apartado 34 y jurisprudencia citada].
Dado que de la petición de decisión prejudicial no se desprende que el órgano jurisdiccional remitente considere que solo una eventual discriminación directa, en el sentido de la letra a) del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2000/78, puede ser pertinente en el litigio principal, y no ya una discriminación indirecta, en el sentido de la letra b) de dicha disposición, procede declarar que, mediante su cuestión prejudicial, dicho órgano jurisdiccional desea saber, en esencia, si los artículos 2, apartados 1 y 2, letras a) y b), y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional que establece que, a efectos de la equiparación progresiva del régimen de pensiones de los funcionarios con el régimen general de pensiones, la primera actualización del importe de la pensión de jubilación de una categoría de funcionarios se produce a partir del segundo año natural siguiente a la constitución del derecho a pensión, mientras que, para otra categoría de funcionarios, dicha actualización tiene lugar desde el primer año natural siguiente a la constitución del citado derecho.
Para responder a esta cuestión, es preciso comprobar si la normativa controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78 y, en caso afirmativo, si establece una diferencia de trato por razón de la edad, así como, en tal supuesto, si esta puede justificarse a la luz del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78.
Por lo que atañe, en primer lugar, a si la normativa controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78, tanto del título y de la exposición de motivos como del contenido y de la finalidad de dicha Directiva se desprende que esta tiene por objeto establecer un marco general para garantizar a todas las personas la igualdad de trato «en el empleo y la ocupación», ofreciéndoles una protección eficaz contra las discriminaciones basadas en alguno de los motivos mencionados en su artículo 1, entre los que figura la edad (sentencia de 15 de abril de 2021, Olympiako Athlitiko Kentro Athinon, C‑511/19, EU:C:2021:274, apartado 22 y jurisprudencia citada).
Además, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra c), de dicha Directiva, esta se aplica, dentro del límite de las competencias conferidas a la Unión Europea, «a todas las personas, por lo que respecta tanto al sector público como al privado, incluidos los organismos públicos», en relación con «las condiciones de empleo y trabajo, incluidas las de despido y remuneración».
Pues bien, el Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de recordar, en el marco de una remisión prejudicial que también se refería a la pensión de jubilación de los funcionarios federales austriacos abonada en virtud de la Ley de Pensiones de 1965, que tal pensión de jubilación está comprendida en el concepto de «retribución», en el sentido del artículo 157 TFUE, en la medida en que, por una parte, su importe depende de los períodos de servicio y de los períodos asimilables, así como del sueldo que percibía el funcionario federal en cuestión, y, por otra parte, dicha pensión constituye un futuro pago dinerario, del empleador a sus empleados, como consecuencia directa de la relación de empleo de estos. En efecto, dicha pensión se considera, en Derecho nacional, una retribución que continúa pagándose en el marco de una relación de servicio que prosigue tras el reconocimiento al funcionario del derecho a las prestaciones de jubilación (sentencia de 5 de mayo de 2022, BVAEB, C‑405/20, EU:C:2022:347, apartado 30 y jurisprudencia citada).
Esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que, en aplicación del cálculo paralelo, se abone en virtud de la Ley General de Pensiones una parte proporcional del importe de la pensión de jubilación de BF, parte proporcional que es mínima, como resulta del apartado 24 de la presente sentencia.
En consecuencia, la normativa nacional controvertida en el litigio principal está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/78.
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la cuestión de si esta normativa implica una diferencia de trato por razón de la edad en el ámbito del empleo y la ocupación, cabe recordar que del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2000/78, en relación con su artículo 1, se desprende que, a efectos de dicha Directiva, el principio de igualdad de trato prohíbe toda discriminación directa o indirecta por razón de la edad. El apartado 2, letra a), del artículo 2 de la referida Directiva precisa que, a efectos de lo dispuesto en su apartado 1, existe discriminación directa, entre otras situaciones, cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por alguno de los motivos mencionados en el artículo 1 de la misma Directiva. En virtud del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78, existe discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas de una edad determinada, respecto de otras personas.
En el caso de autos, es preciso señalar, en un primer momento, que la normativa nacional controvertida en el litigio principal, a saber, el artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2022, no parece dar lugar a una discriminación directa, puesto que se aplica con independencia de la edad de los funcionarios federales de que se trata y solo se refiere a la fecha a partir de la cual tal funcionario puede invocar su derecho a la pensión de jubilación.
No obstante, es preciso señalar, en un segundo momento, que de la resolución de remisión se desprende que, en virtud del artículo 41, apartado 2, última frase, de la Ley de Pensiones de 2020, la primera actualización de una pensión de jubilación solo debe efectuarse con efectos a partir del 1 de enero del segundo año natural siguiente a la constitución del derecho a la pensión, mientras que, a tenor del artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2022, las pensiones de jubilación de funcionarios federales que no tengan o no tendrán derecho a una pensión hasta el 1 de enero de 2022 serán objeto de una primera actualización, sobre la base de un cálculo proporcional, con efectos a partir del 1 de enero del año natural siguiente a la constitución del derecho a pensión. Por lo tanto, al hacer referencia a la fecha a partir de la cual un funcionario federal puede invocar su derecho a la pensión de jubilación, dicha normativa nacional puede interpretarse en el sentido de que se basa indirectamente en un criterio vinculado a la edad, dado que, por lo general, el derecho a una pensión de jubilación está supeditado al cumplimiento de un determinado número de años de trabajo y al requisito de haber alcanzado una determinada edad.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado, por un lado, que solo puede apreciarse una discriminación indirecta por razón de la edad si se demuestra que, entre todas las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la normativa nacional que la origina, dicha normativa afecta negativamente, sin justificación, a una proporción significativamente mayor de personas de una edad determinada que a otras personas [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de septiembre de 2020, YS (Pensiones de empleo del personal directivo) C‑223/19, EU:C:2020:753, apartado 71].
Por otro lado, el mero hecho de que a las personas que no hayan cumplido una cierta edad se les haya aplicado un marco jurídico nuevo no puede dar lugar a una discriminación indirecta por razón de la edad en perjuicio de las demás personas, a las que se aplica el antiguo marco jurídico [sentencia de 24 de septiembre de 2020, YS (Pensiones de empleo del personal directivo), C‑223/19, EU:C:2020:753, apartado 73 y jurisprudencia citada].
Del mismo modo, una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, en cuanto trata de manera diferente la situación de un funcionario federal según adquiera el derecho a una pensión de jubilación antes o después del 1 de enero de 2022, tampoco parece basarse indirectamente en la edad de los funcionarios de que se trata, en la medida en que se basa únicamente en el momento objetivo de la constitución de ese derecho, extremo que, no obstante, corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.
Por otra parte, como se desprende de las observaciones escritas del Gobierno austriaco, si bien es cierto que los funcionarios federales se jubilan, en principio, a la edad de sesenta y cinco años, pueden, no obstante, como en el caso de BF, en cuanto excepción y con determinadas condiciones, jubilarse antes o después de esa edad, lo que parece indicar que la distinción establecida por la normativa nacional controvertida en el litigio principal no puede suponer una desventaja particular para personas de una determinada edad, en relación con otras personas, en el sentido del artículo 2, apartado 2, letra b), de la Directiva 2000/78.
En el supuesto de que el órgano jurisdiccional remitente, que es el único competente para interpretar la legislación nacional aplicable, concluya, no obstante, que la distinción efectuada por dicha normativa establece, de manera indirecta, una diferencia de trato entre los funcionarios federales de que se trata, sobre la base de un criterio aparentemente neutro, a saber, la fecha de constitución del derecho a la pensión de jubilación, procedería examinar, en tercer lugar, si tal diferencia de trato por razón de la edad estaría justificada a la luz del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78.
En virtud de esta disposición, las diferencias de trato por razón de la edad no constituirán discriminación si están justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios para lograr este objetivo son adecuados y necesarios.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación no solo para elegir un objetivo específico entre varios posibles en materia de política social y de empleo, sino también para definir las medidas que permitan lograrlo (sentencia de 15 de abril de 2021, Olympiako Athlitiko Kentro Athinon, C‑511/19, EU:C:2021:274, apartado 30 y jurisprudencia citada).
Por una parte, de la resolución de remisión se desprende que el artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2022 tiene por objeto establecer, al igual que la Ley General de Seguridad Social, un cálculo a prorrata mensual de la primera actualización de la pensión a partir del año 2022, teniendo en cuenta equitativamente el tiempo transcurrido entre la jubilación y la primera actualización, para equiparar los diferentes regímenes de actualización de las pensiones de jubilación, con el fin de evitar que se cree una diferencia demasiado importante entre los distintos regímenes de pensiones que se abonan, respectivamente, en virtud de la Ley de Pensiones de 1965 y de la Ley General de Pensiones.
Por otra parte, de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2022 tiene como objetivo aumentar, frente a la actual depreciación creciente de la moneda y el aumento del coste de la vida, el poder adquisitivo de los antiguos funcionarios federales desde el inicio del primer año natural siguiente a la constitución de su derecho a pensión, teniendo en cuenta equitativamente el período transcurrido entre dicha constitución y el 1 de enero del año siguiente. En cambio, según esos autos, el mantenimiento de un «año de carencia» para los funcionarios federales comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2020 garantiza la financiación sostenible del sistema nacional de pensiones.
Si bien las consideraciones de índole presupuestaria no pueden justificar una discriminación por razón de la edad, los objetivos consistentes en asegurar la financiación sostenible de las pensiones de jubilación y en reducir las diferencias entre los niveles de pensiones financiadas por el Estado pueden considerarse objetivos legítimos de política social ajenos a toda discriminación por razón de la edad (véase, por analogía, la sentencia de 5 de mayo de 2022, BVAEB C‑405/20, EU:C:2022:347, apartado 57 y jurisprudencia citada).
De ello se deduce que la normativa nacional controvertida en el litigio principal persigue objetivos legítimos de política social ajenos a toda discriminación por razón de la edad.
En cuanto a la cuestión de si esta normativa responde a las exigencias recordadas en el apartado 54 de la presente sentencia, en particular en lo que respecta a su carácter adecuado y necesario, de la información de que dispone el Tribunal de Justicia resulta que el artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2022 tiene como efecto compensar los inconvenientes que los funcionarios federales que se hayan jubilado después del 1 de enero de 2022 deben soportar debido a las reformas del régimen de pensiones y a los niveles de pensiones menos elevados en relación con los funcionarios federales que se han jubilado antes, reduciendo así las diferencias entre dichos niveles de pensiones.
Así pues, procede concluir que la equiparación de los regímenes de actualización de las pensiones de jubilación, tal como se contempla en el artículo 41, apartado 2, de la Ley de Pensiones de 2022, constituye un objetivo legítimo de la política de empleo y del mercado de trabajo que puede justificar, en el sentido del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78, durante un período transitorio, la diferencia de trato por razón de la edad entre los funcionarios federales que se hayan jubilado antes o después del 1 de enero de 2022, por lo que respecta a la actualización anual del importe de su pensión de jubilación.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada que los artículos 2, apartado 1 y 2, letras a) y b), y 6, apartado 1, de la Directiva 2000/78 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que establece que, a efectos de la equiparación progresiva del régimen de pensiones de los funcionarios con el régimen general de pensiones, la primera actualización del importe de la pensión de jubilación de una categoría de funcionarios tiene lugar a partir del segundo año natural siguiente a la constitución del derecho a pensión, mientras que, para otra categoría de funcionarios, la citada actualización se produce desde el primer año natural siguiente a la constitución de ese derecho.

Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
Los artículos  2, apartados  1 y 2, letras a) y b), y 6, apartado  1, de la Directiva 2000/78/CE  del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,
deben interpretarse en el sentido de que
no se oponen a una normativa nacional que establece que, a efectos de la equiparación progresiva del régimen de pensiones de los funcionarios con el  régimen general de pensiones, la primera actualización del importe de la pensión de jubilación de una categoría de funcionarios tiene lugar a partir del segundo año natural siguiente a la constitución del derecho a pensión, mientras que, para otra  categoría de funcionarios, la citada actualización se produce desde el primer año natural siguiente a la constitución de ese derecho.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: alemán.