CELEX: 62019CJ0699
Recurso de casación
Competencia
Prácticas colusorias
Lectores de discos ópticos
Decisión por la que se declara la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992
Infracción única y continua
Concepto
Acuerdos colusorios sobre licitaciones relativas a lectores de discos ópticos para ordenadores portátiles y ordenadores de sobremesa organizadas por dos fabricantes de ordenadores

Mediante su recurso de casación, Quanta Storage Inc. (en lo sucesivo, «recurrente») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de julio de 2019, Quanta Storage/Comisión (T‑772/15, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2019:519
), por la que este desestimó su recurso dirigido, con carácter principal, a la anulación parcial de la Decisión C(2015) 7135 final de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto AT.39639 — Lectores de discos ópticos) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»), por cuanto le afecta, y, con carácter subsidiario, a la reducción del importe de la multa que se le impuso.
Marco jurídico
A tenor del artículo 23, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos [101 TFUE] y [102 TFUE] (
DO 2003, L 1, p. 1
):
«2.   Mediante decisión, la Comisión [Europea] podrá imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia:
a)
infrinjan las disposiciones del artículo [101 TFUE] o del artículo [102 TFUE];
b)
contravengan una decisión que ordene la adopción de medidas cautelares adoptada en virtud del artículo 8 del presente Reglamento;
c)
no respeten un compromiso dotado de fuerza vinculante por decisión, con arreglo al artículo 9 del presente Reglamento.
[…]
Cuando la infracción de una asociación esté relacionada con las actividades de sus miembros, la multa no podrá ser superior al 10 % del importe global del volumen de negocios total de cada uno de los miembros que opere en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción de la asociación.
3.   A fin de determinar el importe de la multa, procederá tener en cuenta, además de la gravedad de la infracción, su duración.»
El artículo 27, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento dispone lo siguiente:
«1.   Antes de adoptar las decisiones previstas en los artículos 7, 8, 23 y en el apartado 2 del artículo 24, la Comisión ofrecerá a las empresas o asociaciones de empresas sometidas al procedimiento instruido por la Comisión la oportunidad de manifestar su opinión con respecto a los cargos que les sean imputados por la Comisión. La Comisión únicamente basará sus decisiones en los cargos en relación con los cuales las partes interesadas hayan podido presentar sus observaciones. Los denunciantes participarán estrechamente en el procedimiento.
2.   Los derechos de la defensa de las partes estarán garantizados plenamente en el curso del procedimiento. Tendrán derecho a acceder al expediente de la Comisión, sin perjuicio del interés legítimo de las empresas en la protección de sus secretos comerciales. No se podrá acceder a información de carácter confidencial ni a los documentos internos de la Comisión o de las autoridades de competencia de los Estados miembros. En particular, el derecho de acceso al expediente no se extiende a los intercambios de correspondencia entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros o entre estas últimas, incluidos los documentos elaborados en virtud de los artículos 11 y 14. Lo dispuesto en este párrafo no impedirá que la Comisión utilice o difunda la información necesaria para demostrar una infracción.»
El artículo 31 de ese mismo Reglamento es del siguiente tenor:
«El Tribunal de Justicia gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver los recursos interpuestos contra las Decisiones por las cuales la Comisión haya fijado una multa sancionadora o una multa coercitiva. Podrá suprimir, reducir o aumentar la multa sancionadora o la multa coercitiva impuesta.»
En cuanto al cálculo de las multas, los puntos 6 y 13 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.
o
1/2003 (
DO 2006, C 210, p. 2
) indican lo siguiente:
«6.   […] la combinación del valor de las ventas en relación con la infracción y de la duración se considera un valor sustitutivo adecuado para reflejar la importancia económica de la infracción y el peso relativo de cada empresa que participa en la misma. La referencia a estos indicadores proporciona una buena indicación del orden de magnitud de la multa y no debería entenderse como base de un método de cálculo automático y aritmético.
[…]
13.   Con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo (“EEE”). […]»
Antecedentes del litigio y Decisión controvertida
Los antecedentes del litigio figuran en los apartados 1 a 32 de la sentencia recurrida y pueden resumirse de la siguiente manera a efectos del presente asunto.
Quanta Storage es un actor del sector de los dispositivos informáticos de almacenamiento y lleva a cabo actividades de investigación y desarrollo, de diseño, de fabricación y de suministro de lectores de discos ópticos (en lo sucesivo, «LDO»). Fue constituida en febrero de 1999. Se trata de una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Taipéi en Taiwán (República de China).
La infracción en cuestión se refiere a los LDO utilizados concretamente en ordenadores personales (ordenadores de sobremesa y ordenadores portátiles) fabricados por Dell Inc. y Hewlett Packard (en lo sucesivo, «HP»).
Dell y HP son los dos principales fabricantes de productos originales en el mercado mundial de ordenadores personales. Estas dos sociedades utilizan procedimientos de licitación clásicos desarrollados a escala mundial que implican, en particular, negociaciones trimestrales sobre un precio a nivel mundial y sobre volúmenes de compras globales con un pequeño número de proveedores preseleccionados de LDO.
Los procedimientos de licitación comprenden solicitudes de presupuesto, solicitudes de presupuesto por vía electrónica, negociaciones en línea, subastas electrónicas y negociaciones bilaterales (fuera de línea). Al término de una licitación, los clientes atribuyen volúmenes a los proveedores de LDO participantes según los precios que ofrecen.
El 14 de enero de 2009, la Comisión recibió de Koninklijke Philips NV (en lo sucesivo, «Philips») una solicitud de dispensa con arreglo a su Comunicación relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (
DO 2006, C 298, p. 17
). Los días 29 de enero y 2 de marzo de 2009, se completó esa solicitud para incluir en la misma, junto a dicha sociedad, a Lite-On IT Corporation y su empresa común Philips & Lite-On Digital Solutions Corporation (en lo sucesivo, «PLDS»).
El 30 de junio de 2009, la Comisión concedió una dispensa condicional a Philips, a Lite-On IT y a PLDS.
El 18 de julio de 2012, la Comisión remitió un pliego de cargos a trece proveedores de LDO, entre ellos la recurrente (en lo sucesivo, «pliego de cargos»), en el que indicaba que estos habían infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992 (
DO 1994, L 1, p. 3
; en lo sucesivo, «Acuerdo EEE»), al participar en un cártel relativo a los LDO desde el 5 de febrero de 2004 hasta el 29 de junio de 2009, consistente en coordinar su comportamiento en relación con las licitaciones organizadas por dos fabricantes de ordenadores, a saber, Dell y HP.
El 26 de octubre de 2012, en respuesta al pliego de cargos, la recurrente presentó sus observaciones escritas. Los días 29 y 30 de noviembre de 2012 se celebró una audiencia en la que participaron todos los destinatarios del pliego de cargos.
El 21 de octubre de 2015, la Comisión adoptó la Decisión controvertida.
En esta última, la Comisión consideró que los participantes en el cártel habían coordinado su comportamiento contrario a la competencia, al menos del 23 de junio de 2004 al 25 de noviembre de 2008. Precisó que tal coordinación se había realizado mediante una red de contactos bilaterales paralelos. Indicó que los participantes en el cártel pretendían ajustar sus volúmenes en el mercado y actuar de manera que los precios se mantuvieran en niveles más elevados de lo que habrían sido de no existir esos contactos bilaterales.
La Comisión precisó, en la Decisión controvertida, que la coordinación entre los participantes en el cártel se refería a las cuentas de clientes de Dell y de HP. Según la Comisión, además de las negociaciones bilaterales con sus proveedores de LDO, Dell y HP aplicaron procedimientos de licitación normalizados, que tenían lugar al menos cada trimestre. Dicha institución señaló que los miembros del cártel utilizaban su red de contactos bilaterales para manipular estos procedimientos de licitación, contrarrestando así las tentativas de sus clientes de estimular la competencia mediante los precios.
Según la Comisión, los intercambios regulares de información permitieron en particular a los miembros del cártel tener un conocimiento muy detallado de las intenciones de sus competidores antes incluso de iniciarse el procedimiento de licitación y, por consiguiente, prever su estrategia competitiva.
La Comisión añadió que, a intervalos regulares, los miembros del cártel intercambiaban información sobre los precios respecto a las cuentas de clientes particulares, así como información no relacionada con los precios, como la producción existente, la capacidad de suministro, el estado de las existencias, la situación a la luz de la cualificación y el momento de la introducción de nuevos productos o mejoras. Aquella señaló que, además, los proveedores de LDO vigilaban los resultados finales de procedimientos de licitación concluidos, es decir, la clasificación, el precio y el volumen obtenidos.
La Comisión indicó asimismo que, sabiendo que debían mantener sus contactos secretos con respecto a los clientes, los proveedores de LDO utilizaban, para contactar entre ellos, los medios que consideraban suficientemente idóneos para alcanzar el resultado deseado. Precisó que, además, el intento de convocar un encuentro para organizar reuniones multilaterales periódicas entre esos proveedores había fracasado en 2003, tras su revelación a un cliente. Según la Comisión, en lugar de estas reuniones, hubo contactos bilaterales, esencialmente en forma de llamadas telefónicas y, a veces, también mediante mensajes electrónicos, incluso en direcciones de correo electrónico privadas y servicios de mensajería instantánea, o en reuniones, principalmente a nivel de los gestores de cuentas mundiales.
La Comisión constató que los participantes en el cártel contactaban entre ellos con regularidad y que los contactos, principalmente por teléfono, se volvían más frecuentes en el momento de los procedimientos de licitación, durante los cuales se realizaban varias llamadas por día entre ciertas parejas de participantes en el cártel. La referida institución precisó que, por lo general, los contactos entre ciertas parejas de participantes en el cártel eran significativamente más numerosos que entre algunas otras.
Por lo que atañe al cálculo del importe de la multa impuesta a la recurrente, la Comisión se basó en las Directrices para el cálculo de las multas, en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
1/2003.
Antes de nada, para determinar el importe de base de la multa, la Comisión consideró que, habida cuenta de las notables diferencias en la duración de la participación de los proveedores de LDO en el cártel y a fin de reflejar mejor la incidencia real de este último, era apropiado recurrir a una media anual calculada sobre la base del valor real de las ventas realizadas por las empresas de que se trata durante los meses naturales completos de su respectiva participación en la infracción.
Así, la Comisión explicó que el valor de las ventas se calculó sobre la base de las ventas de LDO destinados a los ordenadores personales, facturadas a las entidades de HP y de Dell situadas en el EEE.
La Comisión precisó que, en lo concerniente a la recurrente, las ventas anuales tomadas en consideración incluían también las ventas de LDO a Sony Optiarc Inc., con destino a los ordenadores portátiles y de sobremesa de HP y de Dell.
Por otro lado, la Comisión consideró que, dado que el comportamiento contrario a la competencia relativo a HP había comenzado más tarde y a fin de tener en cuenta la evolución del cártel, procedía calcular por separado el valor de las ventas pertinente respecto a HP y a Dell, y aplicar dos coeficientes multiplicadores en función de la duración.
A continuación, la Comisión decidió que, como los acuerdos de coordinación de precios se encuentran, por su propia naturaleza, entre las infracciones más graves del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE y el cártel se extendía cuando menos al EEE, el porcentaje aplicado por la gravedad en este caso debía ser del 16 % respecto a todos los destinatarios de la Decisión controvertida.
Por último, la Comisión indicó que, habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el asunto, había decidido aplicar un 16 % adicional con fines disuasorios.
La parte dispositiva de la Decisión controvertida, por cuanto afecta a la recurrente, está así redactada:
«Artículo 1
Las siguientes empresas han infringido el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar, durante los períodos indicados, en una infracción única y continua, compuesta de varias infracciones distintas, en el sector de los lectores de discos ópticos en todo el EEE, consistente en acuerdos de coordinación de precios:
[…]
h)
[la recurrente,] del 14 de febrero de 2008 al 28 de octubre de 2008, por su coordinación respecto a Dell y HP;
Artículo 2
Se imponen las siguientes multas por la infracción a que se hace referencia en el artículo 1:
[…]
h)
[la recurrente]: 7146000 euros».
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 29 de diciembre de 2015, la recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba, con carácter principal, la anulación de la Decisión controvertida por cuanto le afecta y, con carácter subsidiario, la reducción del importe de la multa que se le había impuesto.
En apoyo de su recurso, la recurrente invocaba cinco motivos. El primero se basaba en la violación del derecho de defensa, en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la vulneración del derecho a una buena administración, el segundo en un error de Derecho manifiesto y en el incumplimiento de la obligación de motivación debido a una divergencia entre la parte dispositiva de la Decisión controvertida y el razonamiento de la Comisión en cuanto a la duración de la infracción en lo que atañe a HP, el tercero en la falta de pruebas y en una motivación insuficiente en cuanto a la participación de la recurrente en una infracción única y continua, el cuarto en la incompetencia de la Comisión para aplicar el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE y el quinto en errores de hecho y de Derecho en el cálculo del importe de la multa y en el incumplimiento de la obligación de motivación.
Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó estos motivos y, en consecuencia, desestimó el recurso en su totalidad.
Pretensiones de las partes
Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Anule la Decisión controvertida por cuanto le afecta.
–
Con carácter subsidiario, reduzca la multa que se le impuso.
–
Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General.
–
Condene a la Comisión a cargar con todas las costas.
La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene a la recurrente a cargar con todas las costas del presente procedimiento.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca cinco motivos, relativos, en esencia, a la apreciación por el Tribunal General, en primer lugar, de la constatación de la Comisión según la cual la infracción única y continua que esta le reprochó se componía de varias infracciones distintas, en segundo lugar, de determinadas pruebas que fueron desnaturalizadas, en tercer lugar, de la duración de su participación en esa infracción única y continua, en cuarto lugar, del supuesto conocimiento de dicha infracción y, en quinto lugar, del importe de la multa que se le impuso.
Sobre el primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber aplicado, en los apartados 58 a 72 de la sentencia recurrida, el criterio jurídico pertinente y haber desnaturalizado las pruebas cuando desestimó su motivo de anulación basado en la vulneración de su derecho de defensa, que la Comisión vulneró al declarar, en la Decisión controvertida, además de una infracción única y continua, varias infracciones distintas que no había calificado como tales en el pliego de cargos.
La recurrente recuerda el carácter fundamental del principio de respeto del derecho de defensa, que se aplica en todo procedimiento que pueda dar lugar a sanciones, en particular a multas sancionadoras o multas coercitivas. Arguye que, en materia de competencia, este principio exige, en particular, que el pliego de cargos, dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción, contenga una serie de elementos esenciales, como los hechos imputados, su calificación jurídica y los elementos de prueba en los que se basa la Comisión, para que dicha empresa pueda formular eficazmente sus alegaciones en el marco del procedimiento administrativo incoado contra ella.
Pues bien, la jurisprudencia citada por el Tribunal General en los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida no puede conciliarse, según la recurrente, ni con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, ni con el artículo 41, apartados 1 y 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ni con el artículo 48, apartados 1 y 2, de esta. Así, aquella afirma que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que se había respetado su derecho de defensa, siendo así que, en el pliego de cargos, la Comisión no calificó como infracciones distintos elementos que sí calificó como tales en la parte dispositiva de la Decisión controvertida. En efecto, las diferentes combinaciones de contactos contrarios a la competencia alegadas en el pliego de cargos podrían haber dado lugar a numerosas infracciones.
Lo mismo ocurriría aun en el supuesto de que la Comisión hubiera basado la Decisión controvertida en solo cinco contactos. Por lo que respecta, a modo de ejemplo, al contacto n.
o
5, la recurrente sostiene que no puede constituir por sí solo una infracción del artículo 101 TFUE. En cambio, podría ser calificado como tal junto con otros contactos. Y lo mismo sucede a su juicio con todas las combinaciones de contactos contrarios a la competencia que incluyen ese contacto.
Así, en opinión de la recurrente, aunque los hechos y las pruebas se expusieron en el pliego de cargos, la calificación de esas pruebas no lo fue. Pues bien, la recurrente afirma que la falta de tal calificación en el pliego de cargos condujo a una vulneración de su derecho de defensa, lo que el Tribunal General no reconoció.
La recurrente sostiene que el Tribunal General también incurrió en error de Derecho al limitar su control únicamente a los contactos que se mencionaban en la Decisión controvertida. Según aquella, incluso en el supuesto de que el pliego de cargos hubiera indicado que cada combinación de contactos constituía una infracción, le habría sido imposible tratar cada una de esas combinaciones sin conocer la calificación precisa efectuada por la Comisión. Añade que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el pliego de cargos le había indicado a ella que la Comisión había considerado toda combinación de contactos bilaterales como infracciones distintas.
Por lo que respecta a la desnaturalización de los hechos, la recurrente señala que el Tribunal General estimó que los considerandos 301, 308, 353 y 354 del pliego de cargos hacían referencia a un conjunto de acuerdos y de prácticas concertadas y que, por tanto, ella había sido informada de la intención de la Comisión de constatar infracciones distintas. Sin embargo, objeta la recurrente, el Tribunal General no tuvo en cuenta la primera frase del considerando 353 del pliego de cargos, el cual precisa claramente que la Comisión consideraba que solo existía una infracción única y continua.
La Comisión considera, con carácter preliminar, que este motivo de casación es inoperante. Subraya que el Tribunal General confirmó su constatación de que la recurrente había participado en una infracción única y continua entre el 14 de febrero de 2008 y el 28 de octubre de 2008. Así pues, las alegaciones de la recurrente relativas a la declaración incidental de la Comisión, según la cual esta infracción única y continua está constituida por varias infracciones distintas, son inoperantes, dado que no pueden influir en el fallo de la sentencia recurrida.
En cualquier caso, la Comisión sostiene que estas alegaciones carecen de fundamento.
Arguye, en primer lugar, que la recurrente desnaturaliza la sentencia recurrida al sostener que el Tribunal General consideró en ella que de la jurisprudencia se desprende que los derechos procesales de una parte no se aplican si esta ha formulado observaciones sobre lo que se le ha presentado. Por el contrario, el Tribunal General resumió correctamente, en los apartados 60 a 63 de dicha sentencia, los principios aplicables en lo referente al derecho a ser oído.
Sostiene, en segundo lugar, que la alegación de la recurrente basada en una desnaturalización manifiesta del pliego de cargos, en el apartado 65 de la sentencia recurrida, debe desestimarse. En efecto, esta fue oída, durante el procedimiento administrativo, sobre la alegación de que su comportamiento constituía no solo una infracción única y continua, sino también una serie de infracciones distintas. Por una parte, el Tribunal General consideró acertadamente, en los apartados 66 y 67 de la citada sentencia, que los contactos contrarios a la competencia pueden, a la vez, constituir infracciones distintas y, considerados conjuntamente, ser calificados como infracción única y continua. Esta conclusión es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por otra parte, en contra de lo que afirma la recurrente, el pliego de cargos sí mencionó un conjunto de infracciones en varias ocasiones.
Aduce, en tercer lugar, que, contrariamente a lo alegado por la recurrente, el Tribunal General respondió, en los apartados 68 a 70 de la sentencia recurrida, a su alegación de que las diferentes combinaciones de los contactos indicados en el pliego de cargos dieron lugar a un elevado número de infracciones posibles. Por una parte, este constató que el número de contactos en los que estaba implicada la recurrente era limitado. Esta constatación, de carácter fáctico, no puede ser impugnada en casación. Por otra parte, el Tribunal General también constató que, en cualquier caso, la recurrente estaba en condiciones de defenderse en lo que respecta al conjunto de los contactos bilaterales alegados y que esta hizo uso de tal posibilidad, de modo que no puede mantener que se haya vulnerado su derecho de defensa.
Asevera, en cuarto lugar, que la recurrente desnaturaliza la Decisión controvertida al sostener que el carácter contrario a la competencia del contacto n.
o
5 solo depende del contacto n.
o
1. Además de que esta interpretación hace abstracción de la sustancia de los considerandos 257 a 259 de dicha Decisión, el Tribunal General concluyó fundadamente, en los apartados 68 a 70 de la sentencia recurrida, que la recurrente había tenido la ocasión de cuestionar el carácter contrario a la competencia tanto del contacto n.
o
1 como del contacto n.
o
5.
Alega, en quinto lugar, que la recurrente interpreta erróneamente los apartados 70 y 71 de la sentencia recurrida. El Tribunal General no afirmó ahí que el derecho de defensa se aplica únicamente cuando una empresa ha participado en un número limitado de contactos bilaterales. Se limitó simplemente a señalar, a mayor abundamiento, en el apartado 71 de esa sentencia, que la Comisión no podía ser considerada responsable del número eventualmente elevado de contactos bilaterales de los que fuera autora la recurrente.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su primer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber cometido, en los apartados 58 a 72 de la sentencia recurrida, un error de Derecho y haber desnaturalizado las pruebas al considerar que la Comisión no había vulnerado su derecho de defensa al declarar, en la Decisión controvertida, además de una infracción única y continua, varias infracciones distintas que no había calificado como tales en el pliego de cargos.
A este respecto, procede señalar que, en el artículo 1, letra h), de la Decisión controvertida, la Comisión declaró esencialmente, por una parte, la existencia de una infracción única y continua y, por otra, la existencia de «varias infracciones distintas» que componían dicha infracción.
En este contexto, debe señalarse asimismo que el primer motivo de casación tiene por objeto impugnar únicamente la apreciación realizada por el Tribunal General de esta segunda declaración, relativa a la existencia de varias infracciones distintas. En cambio, este motivo no se refiere a su apreciación de la conclusión que figura en la citada disposición según la cual la recurrente participó en una infracción única y continua.
De lo anterior se infiere que, en contra de lo alegado por la Comisión, en la medida en que, en el caso de autos, esta basó la Decisión controvertida en dos declaraciones de infracción distintas, dicho motivo de casación no puede, de entrada, desestimarse por inoperante.
A fin de examinar este motivo, procede recordar, con carácter preliminar, que de reiterada jurisprudencia se desprende que una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, puede resultar no solo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado, aun cuando uno o varios elementos de dicha serie de actos o del comportamiento continuado puedan también constituir, por sí mismos y aisladamente considerados, una infracción de la citada disposición. Así, cuando los diversos comportamientos se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto idéntico que falsea el juego de la competencia en el mercado interior, la Comisión puede imputar la responsabilidad por esos comportamientos en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens,
C‑441/11 P
,
EU:C:2012:778
, apartado
y jurisprudencia citada).
Una empresa que haya participado en tal infracción única y continua mediante comportamientos propios, subsumibles en los conceptos de «acuerdo» o de «práctica concertada» con un objeto contrario a la competencia en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1, y que pretendían contribuir a la ejecución de la infracción en su conjunto, puede así ser también responsable de los comportamientos adoptados por otras empresas en el marco de esa infracción durante todo el período de su participación en dicha infracción (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens,
C‑441/11 P
,
EU:C:2012:778
, apartado
y jurisprudencia citada).
Como señaló el Abogado General en el punto 59 de sus conclusiones, la participación de una empresa en una infracción única y continua no exige su participación directa en todos los comportamientos contrarios a la competencia que compongan tal infracción (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de octubre de 2020, Silver Plastics y Johannes Reifenhäuser/Comisión,
C‑702/19 P
,
EU:C:2020:857
, apartado
y jurisprudencia citada).
El primer motivo de casación debe examinarse a la luz de estas consideraciones.
La recurrente reprocha al Tribunal General haber cometido un error de Derecho, en los apartados 58 a 72 de la sentencia recurrida, al desestimar su alegación de que la Comisión vulneró su derecho de defensa al reprocharle, por primera vez en la Decisión controvertida, además de su participación en una infracción única y continua, una participación en varias infracciones distintas que componían esa infracción única y continua.
Procede recordar que el concepto de «infracción única y continua» supone un conjunto de comportamientos que pueden constituir también, en sí mismos, una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1. Si bien un conjunto de comportamientos puede calificarse, con arreglo a los requisitos enunciados en los apartados 54 y 55 de la presente sentencia, de infracción única y continua, de ello no puede deducirse que cada uno de esos comportamientos deba calificarse necesariamente, en sí mismo y aisladamente considerado, de infracción distinta de dicha disposición. En efecto, para ello, la Comisión debe también identificar y calificar como tal cada uno de esos comportamientos y aportar a continuación la prueba de la implicación de la empresa a la que se imputan.
A este respecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que únicamente puede dividirse una decisión de la Comisión que califica un cártel global de infracción única y continua si, por una parte, a la citada empresa se le dio la oportunidad, durante el procedimiento administrativo, de comprender que también se le reprochaba cada uno de los comportamientos que lo componen, y, por tanto, de defenderse sobre este punto, y si, por otra, la citada decisión es suficientemente clara a este respecto (véase, por analogía, la sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens,
C‑441/11 P
,
EU:C:2012:778
, apartado
).
Según reiterada jurisprudencia, el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de sanciones, especialmente de multas sancionadoras o de multas coercitivas, constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión que debe ser plenamente observado por la Comisión (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de marzo de 2015, Comisión y otros/Versalis y otros,
C‑93/13 P y C‑123/13 P
,
EU:C:2015:150
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, tal como recordó acertadamente el Tribunal General en el apartado 60 de la sentencia recurrida, el Reglamento n.
o
1/2003 prevé la comunicación a las partes de un pliego de cargos en el que deben constar, de manera clara, todos los elementos esenciales en los que se basa la Comisión en esa fase del procedimiento. Este pliego de cargos constituye la garantía procedimental por la que se aplica el principio fundamental del Derecho de la Unión que exige el respeto del derecho de defensa en todo procedimiento que pueda llevar a la imposición de una sanción. Este principio exige, en particular, que el pliego de cargos dirigido por la Comisión a una empresa a la que pretende imponer una sanción por infracción de las normas sobre la competencia contenga los elementos esenciales de las imputaciones formuladas contra esa empresa, como los hechos que se le reprochan, la calificación que se da a tales hechos y los elementos de prueba en los que se basa la Comisión, a fin de que la empresa pueda invocar eficazmente sus alegaciones en el procedimiento administrativo incoado contra ella (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de septiembre de 2009, Papierfabrik August Koehler y otros/Comisión,
C‑322/07 P, C‑327/07 P y C‑338/07 P
,
EU:C:2009:500
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
Es cierto que, como recordó el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, la Comisión puede precisar, en su decisión final, una calificación jurídica de los hechos que efectuó, con carácter provisional, en el pliego de cargos, teniendo en cuenta los elementos resultantes del procedimiento administrativo, ya sea para desistir de los cargos que hayan resultado ser infundados, ya para adaptar y completar, tanto fáctica como jurídicamente, su argumentación en apoyo de los cargos que formule (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de diciembre de 2013, SNIA/Comisión,
C‑448/11 P
, no publicada,
EU:C:2013:801
, apartados
a
). No obstante, ello implica que la Comisión debe enunciar en el pliego de cargos cualquier calificación jurídica de los hechos que vaya a tomar en consideración en su decisión final.
De lo anterior resulta que el derecho de defensa de la empresa afectada solo será vulnerado debido a una discordancia entre el pliego de cargos y la decisión final si una imputación recogida en esta última no se expuso en el pliego de cargos o no se expuso de manera suficiente para que los destinatarios del pliego de cargos pudieran formular eficazmente sus alegaciones en el marco del procedimiento incoado contra ellos.
Cabe colegir de lo anterior que, cuando la Comisión tiene la intención de reprochar a los destinatarios de un pliego de cargos no solo una infracción única y continua, sino también cada uno de los comportamientos que constituyen esta infracción considerados separadamente como infracciones distintas, el respeto del derecho de defensa de esos destinatarios exige que la Comisión exponga, en el pliego de cargos, los elementos necesarios para que puedan comprender que la Comisión actúa contra ellos en virtud tanto de dicha infracción única y continua como de cada una de tales infracciones distintas.
En los apartados 60 a 63 de la sentencia recurrida, el Tribunal General recordó acertadamente los principios relativos al respeto del derecho de defensa en el marco de un procedimiento dirigido a declarar la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1. También precisó acertadamente, en el apartado 62 de dicha sentencia, que solo si la decisión final imputa a las empresas afectadas infracciones diferentes de las mencionadas en el pliego de cargos o tiene en cuenta hechos diferentes deberá constatarse una vulneración del derecho de defensa.
En cambio, la recurrente no puede argüir basándose en el hecho de que el Tribunal General considerara, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, haciendo referencia a la sentencia de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (
C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P
,
EU:C:2002:582
), que no procede declarar la existencia de una vulneración del derecho de defensa cuando las diferencias alegadas entre el pliego de cargos y la decisión final no se refieren a comportamientos distintos de aquellos sobre los que las empresas afectadas ya se habían explicado y que, por tanto, nada tienen que ver con cualquier nueva imputación.
En efecto, tal consideración se fundamenta en la premisa de que la Comisión indicó claramente, por una parte, su intención de calificar de infracción distinta cada uno de los comportamientos o combinación de comportamientos de que se trata, considerado aisladamente, y, por otra parte, a qué empresa los imputaba.
Pues bien, es cierto que, en el apartado 65 de la sentencia recurrida, el Tribunal General constató que numerosos elementos expuestos en el pliego de cargos indicaban que la Comisión consideraba que la práctica colusoria se componía de diferentes acuerdos. Sin embargo, el Tribunal General no podía deducir de estas consideraciones generales, ni siquiera de los contactos bilaterales identificados en dicho pliego de cargos y mencionados en el apartado 69 de la citada sentencia, que la Comisión hubiera expuesto claramente en él los elementos necesarios para permitir a la recurrente comprender que la Comisión tenía también, además de una infracción única y continua, la intención de reprocharle como infracciones distintas cada uno de los comportamientos o combinaciones de comportamientos en los que había participado directamente la recurrente, considerado aisladamente.
De este modo, el Tribunal General incurrió en error de Derecho. En efecto, al confundir implícitamente el concepto de «comportamiento» y el de «infracción», la recurrente no podía comprender, a falta de una indicación clara en el pliego de cargos, que la Comisión pretendía actuar contra ella no solo en virtud de la infracción única y continua alegada en el pliego de cargos, sino también de varias infracciones distintas constituidas por los diferentes contactos bilaterales mencionados en este último.
De ello se deduce que el Tribunal General no podía declarar, sin incurrir en error de Derecho, que la Comisión no había vulnerado el derecho de defensa de la recurrente, siendo así que el pliego de cargos no contenía los elementos esenciales considerados en contra de esta en relación con dichas infracciones distintas, en particular la calificación prevista de los comportamientos o combinaciones de comportamientos que se le imputaban.
Por consiguiente, procede estimar el primer motivo de casación.
Sobre el segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su segundo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado, en los apartados 104 a 107 y 113 a 115 de la sentencia recurrida, las pruebas que presentó en el marco de la segunda parte del primer motivo de su recurso de anulación, relativas al respeto del derecho de defensa y del derecho a una buena administración. Más concretamente, la recurrente reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado el sentido claro del punto 13 de su respuesta al pliego de cargos, que solo mencionaba contactos entre esta y Philips y Sony Optiarc, de las que la recurrente era proveedora, al concluir que tales contactos demostraban que esta última estaba en contacto directo con sus competidores.
La recurrente aduce, en primer lugar, que, al declarar en los apartados 104 a 107 de la sentencia recurrida que la Comisión no había vulnerado su derecho de defensa, el Tribunal General invirtió la carga de la prueba.
En segundo lugar, por lo que respecta a la vulneración del derecho a una buena administración, asevera que el Tribunal General consideró indebidamente que, al negarse a solicitar a HP y a Dell que aportaran información sobre la transparencia del mercado, la Comisión no había vulnerado ese derecho.
A este respecto, de los apartados 113 y 114 de la sentencia recurrida se desprende, a juicio de la recurrente, que el Tribunal General interpretó erróneamente declaraciones de esta en el sentido de que se admitían contactos ilícitos con competidores, siendo así que se trataba únicamente de contactos entre un proveedor y sus clientes. Según la recurrente, la desnaturalización del sentido claro de estas declaraciones llevó al Tribunal General a concluir erróneamente que no era necesario que la Comisión solicitara a HP y a Dell que aportaran determinados documentos.
La Comisión considera que el segundo motivo de casación es inoperante e infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el Tribunal de Justicia rechaza desde un principio las alegaciones dirigidas contra fundamentos jurídicos reiterativos de una sentencia del Tribunal General, puesto que estos no pueden dar lugar a su anulación (sentencia de 25 de enero de 2007, Sumitomo Metal Industries y Nippon Steel/Comisión,
C‑403/04 P y C‑405/04 P
,
EU:C:2007:52
, apartado
y jurisprudencia citada).
Pues bien, ha de señalarse que las desnaturalizaciones de elementos de prueba alegadas por la recurrente solo se refieren a extremos que no fundamentan directamente las conclusiones enunciadas en los apartados 107 y 115 de la sentencia recurrida.
En efecto, por una parte, los elementos de prueba contemplados en los apartados 104 a 106 de la citada sentencia se añaden a otros tres elementos de prueba, expuestos en los apartados 96, 100 y 103 de dicha sentencia, que bastan para fundamentar la constatación que figura en el apartado 107 de la misma sentencia. Por otro lado, la parte cuestionada del apartado 113 de la sentencia recurrida tampoco es necesaria para respaldar las conclusiones enunciadas en los apartados 114 y 115 de esa sentencia. Este apartado 113 comienza con una constatación fáctica, no cuestionada, que basta, por sí sola, para fundamentar estas conclusiones. Esa constatación se refiere al hecho de que la recurrente participó en contactos directos durante los cuales los participantes en el cártel habían intercambiado información sobre los precios. Ello basta para justificar que el Tribunal General concluyera que la Comisión no tenía necesidad de pedir a Dell y a HP que aportaran determinados documentos mediante los que habrían mantenido informados a los proveedores de LDO de los precios de sus competidores. La eventual desnaturalización de un elemento de prueba en la segunda parte del citado apartado 113 carece de incidencia en las mencionadas conclusiones enunciadas en los apartados 114 y 115 de esa sentencia.
Así pues, debe desestimarse el segundo motivo de casación de la recurrente por inoperante.
Sobre el tercer motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incumplido su obligación de motivación o no haber aplicado el criterio jurídico correcto al desestimar el segundo motivo de su recurso de anulación, basado en una contradicción entre la motivación de la Decisión controvertida y la parte dispositiva de esta.
Según la recurrente, el razonamiento del Tribunal General que figura en los apartados 118 a 121 de la sentencia recurrida no constituye una respuesta suficiente a este segundo motivo. Aquella arguye que existe una contradicción entre el considerando 553 de la Decisión controvertida, del que se desprende que ella solo participó, por lo que respecta a HP, en la infracción única y continua en cuestión del 10 de abril al 28 de octubre de 2008, y la parte dispositiva de dicha Decisión, que considera una participación de la recurrente en esa infracción, tanto en lo que respecta a Dell como a HP, del 14 de febrero de 2008 al 28 de octubre de 2008.
Pues bien, tal contradicción debería haber llevado al Tribunal General a estimar el segundo motivo del recurso de anulación de la recurrente.
La Comisión sostiene que el tercer motivo de casación debe desestimarse por infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incumplido su obligación de motivación o haber incurrido en error de Derecho al desestimar el segundo motivo de su recurso de anulación, basado en una contradicción entre los fundamentos de Derecho y la parte dispositiva de la Decisión controvertida.
A este respecto, en el apartado 118 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que el artículo 1 de la Decisión controvertida indica que la Comisión había constatado la existencia de una infracción única y continua y que ello no significaba, sin embargo, que todos los destinatarios de dicha Decisión tuvieran que ser sancionados por la totalidad de esa infracción. En efecto, en el apartado 119 de la citada sentencia, el Tribunal General subrayó que el mencionado artículo 1 precisa que esa infracción está constituida por «varias infracciones separadas».
En el apartado 120 de la sentencia recurrida, el Tribunal General dedujo de ello que la Comisión, sin contradecirse, había indicado, a la vez, en el artículo 1 de la Decisión controvertida que la recurrente había participado en una infracción única y continua respecto a Dell y a HP del 14 de febrero de 2008 al 28 de octubre de 2008, y tenido en cuenta, en el considerando 553 de dicha Decisión, relativo al cálculo del importe de la multa, la fecha más tardía de los primeros contactos de la recurrente en relación con HP.
Este razonamiento no adolece ni de insuficiencia de motivación ni de error de Derecho en cuanto al criterio jurídico aplicable.
En efecto, según reiterada jurisprudencia, el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado no es relevante para imputarle una infracción, dado que únicamente procede tomar en consideración dichos elementos cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, se determine el importe de la multa (sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión,
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, la Comisión siguió un razonamiento conforme con las exigencias derivadas de esta jurisprudencia. Tras haber constatado, en el considerando 517 de la Decisión controvertida, que la recurrente había participado en una infracción única y continua del 14 de febrero al 28 de octubre de 2008, examinó, en la octava parte de dicha Decisión, cuáles eran las medidas correctoras que debían adoptarse contra las empresas que habían participado en la infracción. En el marco de esta apreciación, la Comisión detalló, a efectos del cálculo de la multa, la duración de la participación de las empresas afectadas en cada uno de los elementos constitutivos de la referida infracción, a saber, la parte de esta relativa a las ventas realizadas a Dell (en lo sucesivo, «parte Dell de la infracción») y la parte de la misma infracción relativa a las ventas efectuadas a HP (en lo sucesivo, «parte HP de la infracción»). Así pues, el cuadro que figura en el considerando 553 de la citada Decisión no hace sino proporcionar indicaciones a efectos no de la constatación de la infracción única y continua en cuestión, sino del cálculo de la multa. Por lo tanto, no existe ninguna contradicción entre el mencionado considerando 553 y el artículo 1, letra h), de la Decisión controvertida, que, por su parte, no se refiere al cálculo de la multa, sino a la constatación de esa infracción.
En consecuencia, a la vista de los elementos expuestos en los apartados 87 y 88 de la presente sentencia, no puede reprocharse al Tribunal General que motivara incorrectamente la sentencia recurrida o que incurriera en error de Derecho al desestimar el segundo motivo del recurso de anulación interpuesto por la recurrente.
Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo de casación por infundado.
Sobre el cuarto motivo de casación
Mediante su cuarto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en varios errores de Derecho por lo que respecta a la apreciación por este de su responsabilidad en relación con la parte Dell de la infracción. Este motivo de casación se divide en dos partes.
Sobre la primera parte del cuarto motivo de casación
–
Alegaciones de las partes
La primera parte del cuarto motivo de casación se refiere, en esencia, al supuesto conocimiento por parte de la recurrente de la infracción única y continua en cuestión. La recurrente sostiene que la conclusión del Tribunal General según la cual la Comisión había considerado acertadamente que la recurrente conocía o debería haber conocido la parte Dell de la infracción se basa en una desnaturalización de los elementos de prueba.
La recurrente sostiene, a este respecto, que la Comisión basó su demostración en dos correos electrónicos internos a Sony Optiarc de 14 de febrero y de 28 de octubre de 2008, de los que la recurrente había recibido una copia. La Comisión dedujo de ello que la recurrente había comprendido o debería haber comprendido que la información contenida en esos correos electrónicos procedía de un competidor y acreditaba intercambios ilícitos entre competidores.
Ante el Tribunal General, la recurrente alegó que esos correos electrónicos no constituían pruebas suficientes para demostrar su conocimiento de la infracción única y continua en cuestión, puesto que había entendido que la información contenida en ellos procedía de Dell.
En la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó erróneamente esta alegación, según la recurrente.
Esta aduce, por lo que respecta al correo electrónico de 14 de febrero de 2008, que el Tribunal General analizó, en los apartados 157 a 160 de la sentencia recurrida, cuatro indicios distintos que constituyen, a su juicio, un conjunto de indicios suficiente para demostrar que la recurrente debería haber comprendido que la información contenida en dicho correo electrónico no procedía de Dell, sino de un competidor. Ello significa por tanto que, si el razonamiento del Tribunal General estuviera viciado por alguno de estos indicios, su conclusión estaría viciada en su totalidad.
Pues bien, según la recurrente, el Tribunal General desnaturalizó uno de los elementos de prueba invocados a modo de cuarto indicio, que recoge el apartado 160 de la sentencia recurrida. Estos elementos de prueba son dos correos electrónicos de Sony Optiarc, uno de 30 de octubre de 2007 y el otro de 13 de diciembre de 2007. Pues bien, en opinión de la recurrente, se desprende claramente que, en contra de lo que afirma el Tribunal General, el correo electrónico de 30 de octubre de 2007 fue intercambiado entre dos empleados de Sony Optiarc y no entre Sony Optiarc y ella. Por lo tanto, concluye la recurrente, el Tribunal General desnaturalizó este elemento de prueba, lo que cuestiona su demostración relativa al correo electrónico de 14 de febrero de 2008.
En cuanto al correo electrónico de 28 de octubre de 2008, la recurrente alega que el Tribunal General declaró erróneamente, en los apartados 202 a 205 de la sentencia recurrida, que podía considerarse que dicho correo electrónico constituía una prueba de un contacto contrario a la competencia relativo a los precios. El Tribunal General basó esta conclusión en varios indicios.
Pues bien, según la recurrente, el Tribunal General desnaturalizó los elementos de prueba tenidos en cuenta como indicios. No solo no puede inferirse nada del correo electrónico de 14 de febrero de 2008 para demostrar la naturaleza del contacto contrario a la competencia del 28 de octubre de 2008, sino que además es imposible deducir de los elementos de prueba relativos a la parte HP de la infracción cualquier conclusión en cuanto a la parte Dell de la infracción. Por consiguiente, a juicio de la recurrente, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir que los elementos de prueba eran suficientes para demostrar el carácter contrario a la competencia de dicho contacto.
La Comisión sostiene que la primera parte del cuarto motivo de casación debe desestimarse por inoperante e infundada.
–
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante la primera parte de su cuarto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber desnaturalizado elementos de prueba relativos al conocimiento de la parte Dell de la infracción y una falta de motivación.
A este respecto, procede recordar que existe desnaturalización cuando, sin la práctica de nuevas pruebas, la apreciación de los elementos de prueba que constan en autos es manifiestamente errónea. Corresponde a la recurrente indicar de manera precisa las pruebas que han sido desnaturalizadas y exponer los errores de apreciación que a su juicio han sido cometidos (sentencia de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión,
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, por lo que se refiere, en primer lugar, al correo electrónico interno de Sony Optiarc de 14 de febrero de 2008, en el que la recurrente estaba en copia, esta sostiene que el Tribunal General basó su conclusión de que dicho correo electrónico bastaba para demostrar que la recurrente debería haber comprendido que existía una infracción en los cuatro indicios enunciados en los apartados 157 a 160 de la sentencia recurrida. La recurrente sostiene que estos indicios tienen carácter acumulativo, de modo que, si no concurre alguno de ellos, no puede mantenerse esta conclusión.
Pues bien, con independencia de la cuestión de si el Tribunal General desnaturalizó efectivamente uno de esos elementos, procede constatar que, en contra de lo que sostiene la recurrente, de la sentencia recurrida se desprende claramente que dichos indicios no deben entenderse como requisitos acumulativos a cuya concurrencia se supedita la referida conclusión del Tribunal General, sino como otros tantos elementos de prueba autónomos pero concordantes, tendentes a demostrar que la recurrente debería haber comprendido que el correo electrónico de 14 de febrero de 2008 mencionaba intercambios de información entre competidores.
En efecto, el Tribunal General analizó en primer lugar, en los apartados 157 y 158 de la sentencia recurrida, el contenido de dicho correo electrónico. De ello dedujo, por una parte, que los propios términos empleados en el mismo hacían suponer que Sony Optiarc había mantenido conversaciones directas con Toshiba Samsung Storage Technology (TSST) y PLDS y, por otra parte, que el contenido de la información atribuida a estas últimas sociedades en ese correo electrónico era tal que la recurrente debería haber comprendido que solo podía haber sido facilitada por esas sociedades a otro competidor y no a Dell.
A continuación, en el apartado 159 de la sentencia recurrida, el Tribunal General concluyó, de la constatación de que, en general, cuando la información procedía de Dell, Sony Optiarc procuraba precisarlo, que la falta de tal precisión era significativa en este caso.
Por último, en el apartado 160 de la sentencia recurrida, el Tribunal General mencionó otros dos correos electrónicos de Sony Optiarc, uno de 30 de octubre de 2007 y otro de 13 de diciembre de 2007, para deducir también de ello que la recurrente debía poder comprender que el correo electrónico interno de Sony Optiarc de 14 de febrero de 2008 hacía referencia a contactos con la competencia.
De este análisis del Tribunal General se desprende que este presentó claramente esos cuatro indicios, no como cuatro elementos acumulativos necesarios para poder concluir que la recurrente debería haber comprendido que existía una infracción, sino simplemente como indicios independientes que contribuían todos ellos a la misma conclusión.
De lo anterior se infiere que la alegación de desnaturalización relativa a los correos electrónicos de 30 de octubre de 2007 y de 13 de diciembre de 2007 no puede, por sí sola, poner en entredicho la conclusión del Tribunal General enunciada en el apartado 161 de la sentencia recurrida, de modo que esta alegación debe desestimarse por inoperante.
En segundo lugar, por lo que respecta al correo electrónico interno de 28 de octubre de 2008, la recurrente sostuvo ante el Tribunal General que dicho correo electrónico podía entenderse en el sentido de que mostraba información procedente de Dell y no de competidores. El Tribunal General desestimó esta alegación.
Oponiéndose a esta desestimación, la recurrente cuestiona, antes de nada, la naturaleza probatoria del correo electrónico de 28 de octubre de 2008 con los mismos argumentos invocados respecto al correo electrónico de 14 de febrero de 2008.
Sin embargo, por los mismos motivos expuestos en los apartados 106 a 111 de la presente sentencia, esta alegación no puede prosperar.
A continuación, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber explicado, en el apartado 204 de la sentencia recurrida, la razón por la que el conocimiento o la participación en la parte HP de la infracción única y continua era un elemento pertinente para demostrar que la recurrente debería haber comprendido que el correo electrónico de 28 de octubre de 2008 revelaba información facilitada por la competencia.
No obstante, procede señalar que, mediante esta alegación, la recurrente pretende en realidad obtener una nueva apreciación del valor probatorio de esos elementos de prueba, que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, escapa a la competencia del Tribunal de Justicia, salvo en caso de desnaturalización del elemento de prueba (sentencia de 12 de enero de 2017, Timab Industries y CFPR/Comisión,
C‑411/15 P
,
EU:C:2017:11
, apartado
y jurisprudencia citada), lo que la recurrente no demuestra. En estas circunstancias, procede considerar que dicha alegación es inadmisible.
Por lo tanto, procede desestimar la primera parte del cuarto motivo de casación por ser, en parte, inoperante y, en parte, inadmisible.
Sobre la segunda parte del cuarto motivo de casación
–
Alegaciones de las partes
Mediante la segunda parte de su cuarto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado, en los apartados 148 a 207 de la sentencia recurrida, que la Comisión había demostrado que la recurrente había querido contribuir, con su propio comportamiento, a los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de participantes en la infracción en cuestión. Esta aduce que el Tribunal General no respondió a las alegaciones que formuló ante él al respecto.
La recurrente estima que de la jurisprudencia se desprende que la Comisión debía probar su participación en la infracción única y continua en cuestión demostrando que pretendía contribuir con su propio comportamiento a los objetivos perseguidos por el conjunto de participantes en dicha infracción. La Comisión habría podido demostrar una participación pasiva si la recurrente hubiera participado en conversaciones contrarias a la competencia y no se hubiera distanciado públicamente de esas conversaciones.
Se arguye que, en el considerando 219 de la Decisión controvertida, la Comisión indicó que la contribución de la recurrente, mediante su propio comportamiento, a tales objetivos quedaba demostrada por el hecho de que no se había opuesto a figurar en copia en los correos electrónicos de Sony Optiarc. De este modo, la Comisión se limitó a constatar que la recurrente no se había distanciado públicamente al recibir determinados correos electrónicos internos de Sony Optiarc para concluir que la recurrente había participado en la infracción alegada. Pues bien, respecto a la parte Dell de la infracción, la recurrente sostiene que no participó en ninguna conversación directa y únicamente recibió información indirecta de su cliente, Sony Optiarc, que le comunicaba sus intercambios con sus competidores. Por lo tanto, la recurrente no pudo formular objeciones a esos intercambios. Ni pudo impedir estos ni dar a los competidores la impresión de que suscribía su acuerdo o su práctica concertada. De ello se deduce que la Comisión no ha demostrado que la recurrente comenzara a participar en la supuesta infracción, tácitamente o no, el 14 de febrero de 2008 o el 28 de octubre de 2008.
La Comisión considera que la segunda parte del cuarto motivo de casación carece de fundamento.
–
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante la segunda parte de su cuarto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber declarado que la Comisión había considerado acertadamente, en la Decisión controvertida, que la contribución de la recurrente, mediante su propio comportamiento, a la infracción de que se trata quedaba demostrada por el hecho de que no se había distanciado públicamente de los comportamientos ilícitos, siendo así que su participación consistió únicamente en figurar en copia de correos electrónicos internos de Sony Optiarc en los que se mencionaban intercambios de información ilícita entre competidores.
A este respecto, procede recordar que de reiterada jurisprudencia resulta que, para demostrar que una empresa ha participado en una infracción única y continua, la Comisión debe acreditar que la citada empresa pretendía contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes, y que tuvo conocimiento de los comportamientos materiales previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos objetivos, o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de septiembre de 2020, Prysmian y Prysmian Cavi e Sistemi/Comisión,
C‑601/18 P
,
EU:C:2020:751
, apartado
y jurisprudencia citada).
Desde esta perspectiva, la aprobación tácita de una iniciativa ilícita sin distanciarse públicamente de su contenido o sin denunciarla a las autoridades administrativas produce el efecto de incitar a que se continúe con la infracción y pone en riesgo que se descubra. Esta complicidad constituye un modo pasivo de participar en la infracción que puede conllevar la responsabilidad de la empresa afectada (sentencia de 6 de diciembre de 2012, Comisión/Verhuizingen Coppens,
C‑441/11 P
,
EU:C:2012:778
, apartado
).
Además, procede recordar que el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado no es relevante para imputarle una infracción, dado que únicamente procede tomar en consideración dichos elementos cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, se determine el importe de la multa (sentencias de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión,
C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P y C‑219/00 P
,
EU:C:2004:6
, apartado
, y de 26 de septiembre de 2018, Infineon Technologies/Comisión,
C‑99/17 P
,
EU:C:2018:773
, apartado
).
En el caso de autos, el Tribunal General constató, en el apartado 217 de la sentencia recurrida, que la recurrente había recibido deliberadamente información relativa a los participantes en el cártel, a saber, TSST, PLDS, Hitachi-LG Data Storage Inc. e Hitachi-LG Data Storage Korea Inc., y que había mantenido contactos bilaterales con un competidor respecto a una licitación organizada por HP. A continuación consideró, en los apartados 218 y 219 de dicha sentencia, que, sobre la base en particular de estos elementos de prueba, apreciados globalmente, la Comisión había podido, por una parte, constatar fundadamente que la recurrente había compartido información con los demás proveedores de LDO atinente a la estrategia en materia de precios o de clasificación en vista de licitaciones futuras para coordinar sus comportamientos y, por otra parte, concluir de ello acertadamente que la recurrente había contribuido intencionadamente al objetivo económico y contrario a la competencia único de la infracción en cuestión.
Por consiguiente, a la luz de la jurisprudencia recordada en los apartados 124 y 125 de la presente sentencia, el Tribunal General declaró correctamente que la Comisión podía basarse en correos electrónicos recibidos en copia por la recurrente para caracterizar su contribución a esa infracción, ya que la caracterización de una participación pasiva de la recurrente en dicha infracción no está supeditada a la condición de que haya participado en conversaciones directas con sus competidores.
En cualquier caso, procede señalar que la alegación de la recurrente se basa en una distinción artificial entre la parte Dell de la infracción y la parte HP de la infracción.
Pues bien, a la luz de la jurisprudencia recordada en los apartados anteriores, el Tribunal General no tenía que verificar si la Comisión había demostrado que la recurrente tenía conocimiento o debería haber tenido conocimiento de la existencia de una infracción y que había contribuido o tenía intención de contribuir a ella tanto respecto a la parte Dell de la infracción como a la parte HP de la infracción. Así pues, el Tribunal General declaró acertadamente, en el apartado 219 de la sentencia recurrida, por un lado, que la recurrente había contribuido intencionadamente al objetivo económico y contrario a la competencia único consistente en falsear el juego normal de la competencia en los procedimientos de licitación relativos a los LDO organizados por Dell y por HP y, por otro lado, que la recurrente estaba al corriente de la implicación de las otras partes en el cártel relativo a los LDO a lo largo de todo el período de su participación.
De lo anterior se infiere que la segunda parte del cuarto motivo de casación carece de fundamento. Por tanto, este motivo de casación debe desestimarse en su totalidad por ser, en parte, inadmisible, en parte, inoperante y, en parte, infundado.
Sobre el quinto motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su quinto motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General desestimó erróneamente su alegación de que el importe de la multa que se le impuso era manifiestamente desproporcionado.
Según la recurrente, el Tribunal General, infringiendo las normas relativas al ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, incurrió en error de Derecho o motivó insuficientemente su decisión al declarar que la Comisión no había cometido ningún error de Derecho en el cálculo de dicho importe.
Así, la recurrente reprocha al Tribunal General haber considerado erróneamente, en el apartado 236 de la sentencia recurrida, que sus contactos contrarios a la competencia podían influir en su política tarifaria. A este respecto, según la recurrente, el Tribunal General apreció erróneamente, por una parte, que había participado activamente en conversaciones con otros proveedores competidores y, por otra, que los intercambios de información sobre los precios y los volúmenes, sobre las clasificaciones de los proveedores o sobre las restricciones de suministro habían influido en su política tarifaria.
La recurrente considera erróneas estas apreciaciones del Tribunal General.
En efecto, en primer lugar, el Tribunal General, al controlar el cálculo del importe de la multa, debería haber tenido en cuenta la circunstancia de que, como se desprende de los elementos aportados al Tribunal de Justicia en el marco del cuarto motivo de casación, no podía concluirse que la recurrente hubiera participado en la parte Dell de la infracción.
En segundo lugar, el Tribunal General no demostró que los intercambios de información mencionados en el apartado 134 de la presente sentencia hubieran tenido alguna incidencia en los precios de la recurrente. A este respecto, se limitó, en el apartado 236 de la sentencia recurrida, a una mera afirmación carente de fundamento.
La Comisión considera que el quinto motivo de casación es, en parte, inadmisible y, en parte, inoperante o infundado.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su quinto motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General haber incurrido en error de Derecho y no haber motivado suficientemente su decisión al desestimar el quinto motivo del recurso de anulación que interpuso.
Por lo que respecta a la alegación de la recurrente basada en la infracción, por el Tribunal General, de las normas relativas al ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, que procede examinar en primer lugar, basta con señalar que dicho Tribunal desestimó este quinto motivo en su totalidad, sin que fuera necesario pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria de la recurrente de que ejerciera esa competencia. Por lo demás, al no estar motivada esta alegación, no satisface las exigencias resultantes del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, por lo que procede declarar su inadmisibilidad.
En segundo lugar, por lo que respecta a la supuesta falta de motivación de la que adolece el apartado 236 de la sentencia recurrida, ha de señalarse, por una parte, que el mero hecho de que la recurrente reconociera haber participado, en relación con HP, en intercambios directos con competidores valida la afirmación del Tribunal General de que participó activamente en conversaciones con otros proveedores competidores, sin que sea necesario demostrar que participó en todos los intercambios en cuestión.
Por otro lado, no cabe reprochar al Tribunal General falta de motivación alguna por haber estimado que la información sobre los precios y los volúmenes, las clasificaciones de los proveedores o las restricciones de suministro influyó en la política tarifaria de la recurrente. En efecto, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que hay una presunción de que existe una relación de causalidad entre una concertación y el comportamiento en el mercado de las empresas que participan en ella, según la cual las referidas empresas, si permanecen activas en el mercado, tienen en cuenta la información intercambiada con sus competidores para determinar su comportamiento en dicho mercado (sentencia de 21 de enero de 2016, Eturas y otros,
C‑74/14
,
EU:C:2016:42
, apartado
y jurisprudencia citada). Por lo tanto, la motivación del Tribunal General es conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.
De ello se deduce que el quinto motivo de casación es, en parte, inadmisible y, en parte, infundado.
Sobre la anulación de la sentencia recurrida
Tal como se desprende del análisis del primer motivo de casación de la recurrente, llevado a cabo en los apartados 50 a 72 de la presente sentencia, el Tribunal General incurrió en error de Derecho.
En estas circunstancias, procede anular la sentencia recurrida.
Sobre el recurso ante el Tribunal General
De conformidad con el artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
En el caso de autos, procede resolver definitivamente el litigio, cuyo estado así lo permite.
Como se ha indicado en el apartado 31 de la presente sentencia, la recurrente invocó cinco motivos en apoyo de su recurso ante el Tribunal General.
Mediante la primera parte del primer motivo de ese recurso, la recurrente alega en particular que la Comisión vulneró su derecho de defensa al afirmar, por primera vez en la Decisión controvertida, que había participado en varias infracciones distintas que componen la infracción única y continua que se le imputó, sin haberlo alegado durante el procedimiento administrativo.
A la luz de los apartados 54 a 72 de la presente sentencia, debe considerarse que la Comisión vulneró el derecho de defensa de la recurrente al reprocharle, en la Decisión controvertida, haber participado en varias infracciones distintas que componen la infracción única y continua que se le imputó, sin haberlo indicado claramente en el pliego de cargos.
Sentado lo anterior, debe precisarse que una irregularidad de procedimiento solo implica la anulación total o parcial de una decisión en la medida en que se pruebe que, de no haber existido tal irregularidad, la decisión habría podido tener un contenido diferente (sentencia de 11 de marzo de 2020, Comisión/Gmina Miasto Gdynia y Port Lotniczy Gdynia Kosakowo,
C‑56/18 P
,
EU:C:2020:192
, apartado
).
En el caso de autos, la vulneración del derecho de defensa de la recurrente llevó a la Comisión a imputar a esta infracciones de las que no pudo defenderse. En efecto, si la Comisión hubiera precisado explícitamente, durante el procedimiento administrativo, respecto a cada uno de los comportamientos que pretendía reprochar a la recurrente, cuál era la calificación que pensaba realizar, la recurrente habría podido aportar eventualmente elementos que pudieran cuestionar tales calificaciones. De ello se deduce que, de no haberse producido esa vulneración, la Decisión controvertida habría podido tener un contenido diferente.
Por lo tanto, debe estimarse el primer motivo invocado por la recurrente en apoyo de su recurso en la medida en que reprocha a la Comisión el haber vulnerado su derecho de defensa en lo relativo a la participación de la recurrente en las infracciones distintas.
Habida cuenta de lo anterior, y a la luz de lo precisado en los apartados 51 a 53 de la presente sentencia, procede anular el artículo 1, letra h), de la Decisión controvertida en la medida en que declara que la recurrente infringió el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar en varias infracciones distintas.
Mediante el segundo motivo de su recurso ante el Tribunal General, la recurrente alega que la Comisión incurrió en un error de Derecho manifiesto e incumplió su obligación de motivación debido a una divergencia entre los fundamentos de Derecho y la parte dispositiva de la Decisión controvertida.
En el caso de autos, procede considerar que, por las razones expuestas en los apartados 86 a 93 de la presente sentencia, no existe contradicción alguna entre el cuadro que figura en el considerando 553 de la Decisión controvertida y el artículo 1, letra h), de dicha Decisión. Así pues, no puede reprocharse a la Comisión haber cometido un error de Derecho o haber incumplido su obligación de motivación a este respecto.
Por consiguiente, debe desestimarse el segundo motivo del recurso interpuesto por la recurrente ante el Tribunal General.
Mediante el tercer motivo de su recurso ante el Tribunal General, la recurrente sostiene que la Comisión no aportó la prueba de su participación en una infracción única y continua.
En este caso, el Tribunal de Justicia hace suya la motivación expuesta por el Tribunal General en los apartados 128 a 147, 150 a 162, 166 a 174, 177 a 187, 190 a 199, 202 a 207 y 210 a 222 de la sentencia recurrida. Así, por las razones expuestas en esos apartados, debe desestimarse este tercer motivo.
Mediante el cuarto motivo de su recurso ante el Tribunal General, la recurrente sostiene que la Comisión es incompetente para aplicar el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE.
En el caso de autos, el Tribunal de Justicia hace suya la motivación expuesta por el Tribunal General en los apartados 43 a 56 de la sentencia recurrida. Así, por las razones expuestas en dichos apartados, debe desestimarse este cuarto motivo.
Mediante el quinto motivo de su recurso ante el Tribunal General, la recurrente sostiene, por una parte, que la Comisión incurrió en errores de hecho y de Derecho en el cálculo del importe de la multa y, por otra, que dicha institución incumplió su obligación de motivación.
En el caso de autos, a la luz de los apartados 139 a 143 de la presente sentencia, el Tribunal de Justicia hace suya la motivación desarrollada por el Tribunal General en los apartados 226 a 239, 243 a 251, 255 a 258 y 262 a 267 de la sentencia recurrida. Así, por las razones expuestas en estos apartados de la sentencia recurrida, debe desestimarse el quinto motivo de la recurrente ante el Tribunal General.
Procede asimismo resolver, en ejercicio de la competencia jurisdiccional plena reconocida al Tribunal de Justicia por el artículo 261 TFUE y el artículo 31 del Reglamento n.
o
1/2003, sobre el importe de la multa que debe imponerse a la recurrente (sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión,
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, debe recordarse que cuando el Tribunal de Justicia resuelve definitivamente el litigio en virtud del artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, está facultado, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, para sustituir la apreciación de la Comisión por la suya propia y, en consecuencia, para suprimir, reducir o aumentar la multa sancionadora o la multa coercitiva impuesta (sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión,
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, apartado
y jurisprudencia citada).
Para fijar el importe de la multa impuesta, corresponde al Tribunal de Justicia apreciar por sí mismo las circunstancias del caso y el tipo de infracción de que se trata (sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión,
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, apartado
y jurisprudencia citada).
En virtud del artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.
o
1/2003, esta actuación implica tomar en consideración, respecto de cada empresa sancionada, la gravedad de la infracción de que se trate y su duración, respetando, en particular, los principios de motivación, de proporcionalidad, de individualización de las sanciones y de igualdad de trato, sin que el Tribunal de Justicia esté vinculado por las normas de carácter indicativo definidas por la Comisión en sus directrices, si bien estas pueden orientar a los órganos jurisdiccionales de la Unión cuando ejercen su competencia jurisdiccional plena (sentencia de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión,
C‑603/13 P
,
EU:C:2016:38
, apartado
y jurisprudencia citada).
En este caso, el Tribunal de Justicia considera que ninguno de los elementos invocados por la recurrente en el presente asunto, ni ningún motivo de orden público, justifica que haga uso de esa competencia para reducir el importe de la multa contemplada en el artículo 2, letra h), de la Decisión controvertida.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede anular el artículo 1, letra h), de la Decisión controvertida, por cuanto declara que la recurrente infringió el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE al participar en varias infracciones distintas, y desestimar el recurso en todo lo demás.
Costas
Conforme al artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, este decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y él mismo resuelva definitivamente el litigio.
A tenor del artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. El artículo 138, apartado 3, del mismo Reglamento precisa que, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. Sin embargo, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, el Tribunal de Justicia podrá decidir que una de las partes cargue, además de con sus propias costas, con una porción de las costas de la otra parte.
En el caso de autos, la recurrente ha solicitado que se condene a la Comisión a cargar con todas las costas y se han desestimado las pretensiones de dicha institución en el marco del presente recurso de casación y, parcialmente, en primera instancia. Se han desestimado parcialmente las pretensiones de la recurrente en primera instancia. Sentado lo anterior, el Tribunal de Justicia considera, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, que procede condenar a la Comisión a cargar, además de con sus propias costas relativas tanto al procedimiento de primera instancia como al procedimiento de casación, con la totalidad de las costas en que haya incurrido la recurrente en el marco del presente recurso de casación y con la mitad de las costas en que haya incurrido en primera instancia. La recurrente cargará con la mitad de sus propias costas correspondientes al procedimiento de primera instancia.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

1)
Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de julio de 2019, Quanta Storage/Comisión (
T‑772/15
,
EU:T:2019:519
).

2)
Anular el artículo 1, letra h), de la Decisión C(2015) 7135 final de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE (asunto AT.39639 — Lectores de discos ópticos), por cuanto declara que Quanta Storage Inc. infringió el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992, al participar del 14 de febrero al 28 de octubre de 2008 en varias infracciones distintas.

3)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

4)
La Comisión Europea cargará, además de con sus propias costas relativas tanto al procedimiento de primera instancia como al procedimiento de casación, con todas las costas en que haya incurrido Quanta Storage Inc. en el marco del presente recurso de casación y con la mitad de las costas en que haya incurrido en primera instancia.

5)
Quanta Storage Inc. cargará con la mitad de sus propias costas correspondientes al procedimiento de primera instancia.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.