CELEX: 62017CJ0643
Procedimiento prejudicial
Unión aduanera
Reglamento (CEE) n.o 2913/92
Artículo 37
Código aduanero comunitario
Reglamento (CEE) n.o 2454/93
Artículo 313
Estatuto aduanero de las mercancías
Presunción del carácter comunitario de las mercancías

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 37 del Reglamento (CEE) n.
o
2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (
DO 1992, L 302, p. 1
), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.
o
82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996 (
DO 1997, L 17, p. 1
) (en lo sucesivo, «código aduanero»), y del artículo 313, apartados 1 y 2, letra a), del Reglamento (CEE) n.
o
2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.
o
2913/92 (
DO 1993, L 253, p. 1
), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.
o
75/98 de la Comisión, de 12 de enero de 1998 (
DO 1998, L 7, p. 3
; corrección de errores en
DO 1999, L 111, p. 88
) (en lo sucesivo, «Reglamento de aplicación»).
Dicha petición se ha planteado en el marco de un litigio entre Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda, anteriormente GE Power Controls Portugal, Material Eléctrico Lda, posteriormente GE Power Controls Portugal Unipessoal Lda (en lo sucesivo, «Suez II»), y la Fazenda Pública (Hacienda Pública, Portugal) acerca del estatuto aduanero de determinadas mercancías adquiridas por Suez II.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Código aduanero
El artículo 4 del código aduanero en su redacción en vigor en el período de que se trata en el litigio principal, a saber, el período comprendido entre el 16 de junio de 2000 y el 24 de agosto de 2000, establecía lo siguiente:
«A efectos del presente Código, se entenderá por:
[…]
6)
“estatuto aduanero”: el estatuto de una mercancía como mercancía comunitaria o no comunitaria;
7)
“mercancías comunitarias”: las mercancías:
–
que se obtengan totalmente en el territorio aduanero de la Comunidad, en las condiciones contempladas en el artículo 23, sin agregación de mercancías importadas de países o territorios que no formen parte del territorio aduanero de la Comunidad. […]
–
importadas de países o territorios que no formen parte del territorio aduanero de la Comunidad y despachadas a libre práctica,
–
que se obtengan en el territorio aduanero de la Comunidad a partir de las mercancías a que se hace referencia en el segundo guion exclusivamente, o bien a partir de las mercancías a que se hace referencia en los guiones primero y segundo;
8)
“mercancías no comunitarias”: las mercancías no contempladas en el punto 7.
[…]
13)
“vigilancia por las autoridades aduaneras”: las medidas que, de una manera general, lleva a cabo dicha autoridad para garantizar el respeto de la normativa aduanera y, en su caso, de las demás disposiciones aplicables a las mercancías bajo vigilancia aduanera;
14)
“control de las autoridades aduaneras”: la ejecución de medidas específicas tales como la comprobación de las mercancías, el control de la existencia y autenticidad de los documentos, el examen de la contabilidad de las empresas y demás documentos contables, […] con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa aduanera y, en su caso, de las demás disposiciones aplicables a las mercancías bajo vigilancia aduanera;
[…]
19)
“presentación en aduana”: la comunicación a las autoridades aduaneras, en la forma requerida, de que las mercancías están presentes en la oficina de aduanas o en cualquier otro lugar designado o autorizado por las autoridades aduaneras;
[…]».
El artículo 13 del código aduanero establecía:
«Las autoridades aduaneras podrán adoptar, en las condiciones establecidas por las disposiciones vigentes, cualquier medida de control que juzguen necesaria para la correcta aplicación de la normativa aduanera».
El artículo 14 del citado código establecía:
«A efectos de aplicación de la normativa aduanera, cualquier persona directa o indirectamente interesada en las operaciones de que se trate efectuadas en el marco de los intercambios de mercancías suministrará a las autoridades aduaneras, en los plazos que, en su caso, se fijen y previa petición por su parte, todos los documentos y datos, independientemente de su soporte material, [y] toda la colaboración que sean necesarios.»
Con arreglo al artículo 16 del código aduanero, las personas interesadas deberán conservar durante el plazo fijado por las disposiciones vigentes y durante tres años civiles como mínimo los documentos contemplados en el artículo 14, independientemente de su soporte material para el control aduanero.
Incluido en el título III del código aduanero, con el epígrafe «Disposiciones aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad en tanto no se les haya atribuido un destino aduanero», capítulo 1, titulado «Introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad», el artículo 37 disponía:
«1.   Las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad estarán bajo vigilancia aduanera desde su introducción. Podrán ser sometidas a controles por parte de las autoridades aduaneras, de conformidad con las disposiciones vigentes.
2.   Permanecerán bajo vigilancia aduanera todo el tiempo que sea necesario para determinar su estatuto aduanero y en lo que se refiere a mercancías no comunitarias y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 82, hasta que o bien cambien de estatuto aduanero, o bien pasen a una zona franca o depósito franco o bien se reexporten o destruyan, de conformidad con el artículo 182.»
El artículo 38, apartados 1 y 5, del código aduanero es del siguiente tenor:
«1.   «Las mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero de la Comunidad deberán ser trasladadas sin demora por la persona que haya efectuado dicha introducción, utilizando, en su caso, la vía determinada por las autoridades aduaneras y según las modalidades establecidas por dichas autoridades:
a)
bien a la aduana designada por las autoridades aduaneras o a cualquier otro lugar designado o autorizado por dichas autoridades;
b)
bien a una zona franca, cuando la introducción de las mercancías en dicha zona franca deba efectuarse directamente:
–
bien por vía marítima o aérea;
–
bien por vía terrestre sin pasar por otra parte del territorio aduanero de la Comunidad, cuando se trate de una zona franca contigua a la frontera terrestre entre un Estado miembro y un país tercero.
[…]
5.   Los apartados 1 a 4 del presente artículo y los artículos 39 a 53 no se aplicarán a las mercancías que hayan abandonado temporalmente el territorio aduanero de la Comunidad circulando entre dos puntos de la Comunidad por vía marítima o aérea siempre y cuando el transporte se haya efectuado en línea directa por un avión o un barco de línea regular sin escala fuera del territorio aduanero de la Comunidad.
Dicha disposición no será aplicable a las mercancías cargadas en puertos o aeropuertos de países terceros o en puertos francos.»
El artículo 40 del código aduanero, relativo a la presentación en aduana de las mercancías, establecía lo siguiente:
«Las mercancías que, en aplicación de la letra a) del apartado 1 del artículo 38, lleguen a la aduana o a cualquier otro lugar designado o autorizado por las autoridades aduaneras, deberán ser presentadas en aduana por la persona que las haya introducido en el territorio aduanero de la Comunidad o, en su caso, por la persona que se haga cargo del transporte de las mercancías tras su introducción.»
El artículo 43 del código aduanero disponía:
«Salvo lo dispuesto en el artículo 45, las mercancías presentadas en aduana […] deberán ser objeto de una declaración sumaria.
La declaración sumaria deberá depositarse en cuanto se presenten en aduana las mercancías. […]»
A tenor del artículo 44 del código aduanero:
«1.   La declaración sumaria deberá redactarse en un impreso conforme al modelo establecido por las autoridades aduaneras. En cualquier caso, la autoridad podrá aceptar que se utilice como declaración sumaria cualquier documento comercial o administrativo que contenga la información necesaria para la identificación de la mercancía.
2.   La presentación de la declaración sumaria se efectuará:
a)
bien por la persona que haya introducido las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad o, en su caso, por la persona que se haya hecho cargo del transporte de las mercancías tras su introducción y antes de la presentación de las mercancías;
b)
bien por la persona en cuyo nombre actúen las personas contempladas en la letra a).»
El capítulo 4 del título III del código aduanero, titulado «Obligación de dar destino aduanero a las mercancías presentadas en aduana», incluía los artículos 48 y 49.
El artículo 48 del código aduanero disponía:
«Las mercancías no comunitarias presentadas en aduana deberán recibir uno de los destinos aduaneros admitidos para tales mercancías.»
El artículo 49, apartado 1, del código aduanero es del siguiente tenor:
«Cuando se realice la declaración sumaria de las mercancías, estas deberán ser declaradas para un régimen aduanero o ser objeto de una solicitud para recibir un destino mencionado dentro de los plazos siguientes:
a)
cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la declaración sumaria, respecto de las mercancías transportadas por vía marítima;
b)
veinte días a partir de la fecha de presentación de la declaración sumaria, respecto de las mercancías transportadas por una vía distinta de la marítima.»
En el título IV del código aduanero, titulado «Destinos aduaneros», el artículo 59 enunciaba, en su apartado 1:
«Toda mercancía destinada a ser incluida en un régimen aduanero deberá ser objeto de una declaración para dicho régimen aduanero.»
El artículo 79 del citado código establecía:
«El despacho a libre práctica confiere el estatuto aduanero de mercancía comunitaria a una mercancía no comunitaria.
El despacho a libre práctica implica la aplicación de las medidas de política comercial, el cumplimiento de los demás trámites previstos para la importación de unas mercancías y la aplicación de los derechos legalmente devengados.»
A tenor del artículo 180 del código aduanero:
«1.   La certificación contemplada en el apartado 4 del artículo 170 podrá ser utilizada, en caso de introducción o de reintroducción de las mercancías en las demás partes del territorio aduanero de la Comunidad, o de su inclusión en un régimen aduanero, para demostrar el estatuto comunitario o no comunitario de estas mercancías.
2.   Cuando no conste, por la certificación o de otro modo, que las mercancías tengan el estatuto de mercancías comunitarias o no comunitarias, estas mercancías serán consideradas:
–
mercancías comunitarias a efectos de la aplicación de los derechos de exportación y de los certificados de exportación, así como de las medidas previstas para la exportación en el marco de la política comercial,
–
mercancías no comunitarias a todos los demás efectos.»
Incluido en el título VII del citado código, con el epígrafe «Deuda aduanera», el artículo 202 disponía:
«1.   Dará origen a una deuda aduanera de importación:
a)
la introducción irregular en el territorio aduanero de la Comunidad de una mercancía sujeta a derechos de importación, o
[…]
2.   La deuda aduanera se originará en el momento de la introducción irregular.
[…]»
Reglamento de aplicación
El artículo 313 del Reglamento de aplicación, en su versión en vigor durante el período controvertido en el asunto principal, disponía:
«1.   Sin perjuicio del artículo 180 del Código y de las excepciones mencionadas en el apartado 2, del presente artículo se considerarán mercancías comunitarias todas las mercancías que se encuentren en el territorio aduanero de la Comunidad, a menos que conste que no poseen estatuto comunitario.
2.   No se considerarán mercancías comunitarias, a menos que su estatuto comunitario conste debidamente con arreglo a los artículos 314 a 323:
a)
las mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero de la Comunidad, de conformidad con el artículo 37 del Código;
b)
las mercancías que se encuentren en depósito temporal, en una zona franca o en un depósito franco;
c)
las mercancías incluidas en un régimen de suspensión.
No obstante lo dispuesto en la letra a) del párrafo primero, y de conformidad con el apartado 5 del artículo 38 del Código, se considerarán mercancías comunitarias las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad, a menos que conste que no poseen estatuto comunitario, cuando:
–
por vía aérea, hayan sido embarcadas o transbordadas en un aeropuerto de la Comunidad con destino a otro aeropuerto situado en el territorio aduanero de la Comunidad, siempre que el transporte se efectúe al amparo de un título de transporte único establecido en un Estado miembro;
o
–
por vía marítima, hayan sido transportadas entre puertos situados en el territorio aduanero de la Comunidad a través de servicios regulares autorizados de conformidad con los artículos 313
bis
y 313
ter
.».
Los artículos 314 a 323 del Reglamento de aplicación se referían a la prueba del estatuto comunitario de las mercancías y las formas en que podía aportarse dicha prueba.
El artículo 314 del Reglamento de aplicación disponía:
«1.   Cuando las mercancías no se consideren comunitarias de conformidad con el artículo 313, su estatuto comunitario solamente podrá establecerse de conformidad con el apartado 2 cuando:
a)
procedan de otro Estado miembro y se transporten sin atravesar el territorio de un tercer país;
o
b)
procedan de otro Estado miembro y se transporten a través del territorio de un tercer país, siempre que dicho transporte se efectúe al amparo de un título de transporte único extendido en un Estado miembro;
[…]
2.   La prueba del estatuto comunitario de las mercancías solamente podrá acreditarse:
a)
mediante alguno de los documentos previstos en los artículos 315 a 318;
o
b)
con arreglo a las modalidades previstas en los artículo 319 a 323;
[…]».
El artículo 317 del Reglamento de aplicación disponía:
«1.   Se acreditará el estatuto comunitario de las mercancías, según las condiciones expuestas en el presente artículo, mediante la presentación de la factura o del documento de transporte relativo a dichas mercancías.
[…]
5.   Lo dispuesto en el presente artículo sólo será de aplicación si la factura o el documento de transporte se refieren exclusivamente a mercancías comunitarias.»
Litigio principal y cuestión prejudicial
Suez II opera en Portugal y tiene por objeto la industria y el comercio de aparatos eléctricos. Dicha empresa recibió en sus locales bienes destinados a ser utilizados en el marco de su actividad industrial. Esas mercancías fueron entregadas y facturadas durante los años 2000 a 2002 por empresas establecidas en Hungría y en Polonia, que en la época de los hechos eran terceros países, al igual que Suiza.
Las autoridades aduaneras portuguesas efectuaron una inspección en los locales de Suez II. Dicha inspección se inició el 18 de noviembre de 2002.
Una vez identificadas todas las facturas relativas a los suministros de las mercancías, las autoridades aduaneras pidieron a Suez II que presentara los documentos que acreditaban que dichas mercancías habían entrado en el territorio de la Unión Europea, que habían sido presentadas a las autoridades aduaneras y que había sido objeto de una declaración sumaria de conformidad con los artículos 38 y 43 del código aduanero.
Suez II presentó las declaraciones de importación ante las oficinas aduaneras de varios Estados miembros en relación con la mayor parte de las mercancías a las que se referían tales facturas, pero no para todas ellas.
El órgano jurisdiccional remitente indica, en efecto, que, por lo que se refiere a las mercancías procedentes de GE Hungary, establecida en Hungría y a Polska y Elester, establecidas en Polonia, Suez II no presentó documentos que acreditaran el despacho a libre práctica de las mercancías, con la atribución del estatuto de mercancías comunitarias que resulta de ello, o la declaración sumaria ante las autoridades aduaneras, y se limitó a presentar facturas emitidas durante el año 2000 por los proveedores con domicilio social en un tercer país, es decir, fuera del territorio aduanero de la Unión.
Las autoridades aduaneras estimaron que las mercancías en relación con las cuales no se había demostrado que hubieran sido sometidas a los procedimientos de despacho a libre práctica ante las autoridades aduaneras de los Estados miembros debían considerarse mercancías no comunitarias. Dichas mercancías fueron introducidas en el territorio aduanero de la Unión de conformidad con el artículo 37 del código aduanero y, en virtud del artículo 313, apartado 2, letra a), del Reglamento de aplicación, el principio de presunción de estatuto comunitario de las mercancías que se hallan en el territorio aduanero de la Unión, reconocido en el apartado 1 de dicho artículo, no les es aplicable.
Las autoridades aduaneras concluyeron que las mercancías en cuestión habían sido introducidas de forma irregular en el territorio aduanero de la Unión y que dicha irregularidad llevaba consigo el nacimiento de una deuda aduanera de importación conforme al artículo 202, apartado 1, letra a), del código aduanero, y, al mismo tiempo, de una deuda del impuesto sobre el valor añadido (IVA) a la importación.
Mediante decisión del Director Regional de lo Contencioso-Administrativo y de Control Aduanero de Oporto (Portugal), de 21 de agosto de 2003, se requirió a Suez II el pago de una cantidad de 353903,04 euros en concepto de deuda aduanera. El requerimiento de pago se refiere a las deudas contraídas durante el período comprendido entre el 16 de junio de 2000 y el 24 de agosto de 2000.
Suez II procedió al pago de dicha suma, el 8 de septiembre de 2003. Habida cuenta de que, aunque Suez II no había podido aportar la correspondiente prueba, las mercancías de que se trata ya habían sido despachadas a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión por diferentes operadores, en las oficinas aduaneras de varios Estados miembros, y de que, en ese caso, la carga de la prueba del carácter no comunitario de tales mercancías incumbía a las autoridades aduaneras, Suez II interpuso ante el Tribunal Tributário do Porto (Tribunal Tributario de Oporto, Portugal) un recurso de anulación de la decisión del Director Regional de lo Contencioso-Administrativo y de Control Aduanero de Oporto, de 21 de agosto de 2003.
Tras desestimar este recurso el Tribunal Tributário do Porto (Tribunal Tributario de Oporto) mediante sentencia de 28 de febrero de 2013, Suez II interpuso recurso contra dicha sentencia ante el Supremo Tribunal Administrativo (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Portugal).
En tales circunstancias, el Supremo Tribunal Administrativo (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«A la luz del artículo 313, apartado 1, del Reglamento de aplicación, ¿debe presumirse que tienen carácter comunitario las mercancías a las que se refieren los presentes autos, si no consta que no tienen tal carácter, o […] deben considerarse mercancías introducidas en el territorio aduanero en el sentido del artículo [37] del código aduanero, incluidas en la excepción prevista en la primera parte de la letra a) del apartado 2 del mismo artículo 313, de modo que solo se acepte que tienen carácter comunitario las mercancías para las que se aporte la prueba de que han estado sujetas a los procedimientos de despacho a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en esencia, si el artículo 313 del Reglamento de aplicación debe interpretarse en el sentido de que se ha de considerar que mercancías como las controvertidas en el litigio principal, entregadas y facturadas por empresas establecidas en terceros países a una sociedad establecida en el territorio aduanero de la Unión a fin de ser utilizadas en dicho territorio, conforme al apartado 1 de ese artículo, tienen el estatuto de mercancías comunitarias si no consta que no tienen tal carácter o que han sido introducidas en el territorio aduanero de la Unión, en el sentido del artículo 37 del código aduanero y están comprendidas en la excepción prevista en el artículo 313, apartado 2, letra a), del Reglamento de aplicación, toda vez que el estatuto de mercancías comunitarias solo se reconoce a las mercancías para las que se aporte la prueba de que han sido sometidas a los procedimientos de despacho a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión.
Suez II sostiene que unas mercancías como las controvertidas en el litigio principal, que se hallan en el territorio aduanero de la Unión en la fecha en que se plantea la cuestión de la determinación de su estatuto aduanero, deben beneficiarse de la presunción general establecida en el artículo 313, apartado 1, del Reglamento de aplicación y ser consideradas mercancías comunitarias, salvo prueba en contrario aportada por la Administración aduanera. Según Suez II el hecho de que tales mercancías no vayan acompañadas de documentos que acrediten su despacho a libre práctica no puede implicar que fueron introducidas irregularmente en el territorio aduanero de la Unión.
Los gobiernos que han presentado observaciones y la Comisión Europea alegan, en cambio, que las mercancías de que se trata en el litigio principal están comprendidas en la excepción prevista en el artículo 313, apartado 2, letra a), del Reglamento de aplicación, puesto que, al considerarse que han sido introducidas en el territorio aduanero de la Unión, en el sentido del artículo 37 del código aduanero, están sujetas, desde el momento de su introducción en dicho territorio, a vigilancia aduanera y seguirán así durante el tiempo que sea necesario para determinar su estatuto aduanero. Al no haber sido declaradas y sometidas a un régimen aduanero en el momento de su introducción en el territorio aduanero de la Unión, debe considerarse que fueron introducidas irregularmente en dicho territorio y que, con arreglo al artículo 202 del código aduanero, se originó una deuda aduanera en el momento de esa introducción irregular.
A este respecto, es preciso recordar, con carácter preliminar, que, a la vista del tenor del artículo 313, apartado 1, del Reglamento de aplicación, se considerará que las mercancías que se encuentren en el territorio aduanero de la Unión tienen el estatuto de mercancías comunitarias, por una parte, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 180 del código aduanero y de las excepciones mencionadas en el artículo 313, apartado 2, del Reglamento de aplicación y, por otra parte, salvo en aquellas situaciones en las que quede probado que tales mercancías no poseen el estatuto comunitario. Con arreglo al artículo 313, apartado 2, del Reglamento de aplicación, las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión, en el sentido del artículo 37 del código aduanero, no se considerarán mercancías comunitarias, a menos que su estatuto comunitario conste debidamente con arreglo a los artículos 314 a 323 del Reglamento de aplicación.
Es preciso señalar, de entrada, que la reserva enunciada en el artículo 180 del código aduanero, relativa a la salida de las mercancías de las zonas francas y depósitos francos, es, en el caso de autos, irrelevante, habida cuenta de los hechos del litigio principal.
Para dar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, procede determinar el alcance de la presunción establecida en el artículo 313, apartado 1, del Reglamento de aplicación y de las excepciones que figuran en el apartado 2 de dicho artículo, desde una perspectiva sistémica más amplia, poniendo estas disposiciones en relación con las disposiciones pertinentes del código aduanero, en particular, con las aplicables a las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión, al estatuto de mercancías comunitarias y al procedimiento de despacho a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión de mercancías importadas de terceros países.
A este respecto, en primer lugar, en la medida en que el artículo 313, apartado 2, del Reglamento de aplicación se refiere al concepto de «mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión», en el sentido del artículo 37 del código aduanero, debe interpretarse a la luz del artículo 4, puntos 13 y 19, y de los artículos 37, 38, 40, 43 y 45 del código aduanero, que figuran en el título III de este, que recoge las obligaciones relacionadas con la introducción de mercancías en el territorio aduanero de la Unión, con su sujeción a una vigilancia aduanera hasta que se determine su estatuto aduanero y con las reglas relativas a la presentación y la declaración en aduana.
La vigilancia de las autoridades aduaneras se define en el artículo 4, punto 13, del código aduanero como las medidas que, de una manera general, llevan a cabo dichas autoridades para garantizar el respeto de la normativa aduanera.
A tenor del artículo 37 del mismo código, las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Comunidad deben estar bajo vigilancia aduanera desde su introducción. A efectos de esta vigilancia, podrán ser objeto de controles por parte de dichas autoridades, de conformidad con las disposiciones vigentes, y permanecerán bajo vigilancia todo el tiempo que sea necesario para determinar su estatuto aduanero y, en lo que se refiere a mercancías no comunitarias, hasta que cambien de estatuto aduanero o pasen a una zona franca o a un depósito franco, o bien se reexporten o destruyan (sentencia de 3 de marzo de 2005, Papismedov y otros,
C‑195/03
,
EU:C:2005:131
, apartado
).
En el apartado 22 de la sentencia de 3 de marzo de 2005, Papismedov y otros (
C‑195/03
,
EU:C:2005:131
), el Tribunal de Justicia declaró que las mercancías que llegan al territorio de la Unión están sujetas a la vigilancia aduanera desde su introducción en dicho territorio, tanto si esta tiene lugar regularmente como si se lleva a cabo con infracción de los artículos 38 a 41 y 177, párrafo primero, segundo guion, del código aduanero, extremos estos que las autoridades de vigilancia deberán comprobar mediante su actividad de inspección. De ello se deduce que la circunstancia de que las mercancías se sometan a vigilancia aduanera no está relacionada con la regularidad de la introducción de esas mercancías en dicho territorio.
Varias disposiciones del código aduanero permiten delimitar el concepto de «introducción irregular». En este sentido, el artículo 202 del código aduanero define la introducción irregular como cualquier introducción que infrinja lo dispuesto en los artículos 38 a 41 y 177, párrafo primero, segundo guion, del mismo código, de una mercancía sujeta a derechos de importación, ya sea en el territorio aduanero de la Unión, o bien en otra parte de este territorio, cuando se encuentre en una zona franca o en un depósito franco (sentencia de 3 de marzo de 2005, Papismedov y otros,
C‑195/03
,
EU:C:2005:131
, apartado
).
En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que constituye una introducción irregular la importación de mercancías que no observe las posteriores etapas previstas en el código aduanero. En primer lugar, según el artículo 38, apartado 1, de este código, las mercancías que se introduzcan en el territorio aduanero de la Unión deben ser trasladadas sin demora, bien a la aduana designada, bien a una zona franca. En segundo lugar, con arreglo al artículo 40 del código, cuando las mercancías lleguen a la aduana, deben ser presentadas en esa oficina. La presentación en aduana de la mercancía se define en el artículo 4, punto 19, del mismo código como la comunicación a las autoridades aduaneras, en la forma requerida, de que las mercancías están presentes en esa oficina o en cualquier otro lugar designado o autorizado (sentencias de 3 de marzo de 2005, Papismedov y otros,
C‑195/03
,
EU:C:2005:131
, apartado
, y de 2 de abril de 2009, Elshani,
C‑459/07
,
EU:C:2009:224
, apartado
).
Del propio texto de las citadas disposiciones se desprende que, para que pueda considerarse que una mercancía ha sido introducida de manera regular en el territorio aduanero de la Unión, debe, desde su llegada, ser trasladada a una oficina de aduana o a una zona franca y ser presentada en aduana. La finalidad de esta última obligación, que incumbe al responsable de la introducción o a quien se hace cargo del transporte, es garantizar que se informe a las autoridades aduaneras no solo de la llegada de las mercancías, sino también de todos los datos pertinentes relativos al tipo de artículo o de producto de que se trate, así como a la cantidad de tales mercancías. En efecto, esta información permitirá la identificación correcta de aquellas, con vistas a su clasificación arancelaria y, en su caso, al cálculo de los derechos de importación (sentencia de 2 de abril de 2009, Elshani,
C‑459/07
,
EU:C:2009:224
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, el Tribunal de Justicia ha considerado que del tenor y de la sistemática de los artículos 4, punto 19, 38, apartado 1, y 40 del código aduanero se desprende claramente que todas las mercancías introducidas en el territorio aduanero de la Unión deben presentarse en aduana (sentencias de 4 de marzo de 2004, Viluckas y Jonusas,
C‑238/02 y C‑246/02
,
EU:C:2004:126
, apartado
, y de 2 de abril de 2009, Elshani,
C‑459/07
,
EU:C:2009:224
, apartado
). La introducción irregular de mercancías se consuma desde que pasan la primera oficina aduanera situada en el interior del territorio aduanero de la Unión sin que hayan sido presentadas en ella (sentencia de 2 de abril de 2009, Elshani,
C‑459/07
,
EU:C:2009:224
, apartado
).
Por consiguiente, debe considerarse que han sido objeto de introducción irregular en ese territorio, en el sentido del artículo 202 del código aduanero, las mercancías que, habiendo cruzado la frontera terrestre exterior de la Unión, se encuentran en dicho territorio más allá de la primera oficina aduanera, sin haber sido llevadas hasta allí y sin que hayan sido presentadas en aduana, con el resultado de que las autoridades aduaneras no han recibido comunicación del hecho de la introducción de esas mercancías por parte de las personas responsables de la ejecución de esa obligación (sentencia de 2 de abril de 2009, Elshani,
C‑459/07
,
EU:C:2009:224
, apartado
).
Además, habida cuenta de los artículos 43 y 45 del código aduanero, la presentación de las mercancías en aduana, prevista en el artículo 40 de dicho código, implica la correlativa obligación de presentar sin demora una declaración sumaria o de cumplimentar, dentro del mismo breve plazo, las formalidades adecuadas para dar a las mercancías de que se trate un destino aduanero, es decir, si se solicita que se sometan a un régimen aduanero, la obligación de efectuar una declaración en aduana. El Tribunal de Justicia ha declarado que ambas operaciones se efectúan, por regla general, simultáneamente (sentencia de 3 de marzo de 2005, Papismedov y otros,
C‑195/03
,
EU:C:2005:131
, apartado
).
De ello resulta que una sociedad que, como Suez II, tiene en sus locales, situados en el territorio aduanero de la Unión, mercancías compradas a sociedades establecidas en terceros países, debe poder, en su condición de persona interesada en las operaciones de que se trate efectuadas en el marco de los intercambios de mercancías, en el sentido del artículo 14 del código aduanero, probar que dichas mercancías han sido presentadas en una aduana de la Unión y que se presentó una declaración sumaria en dicha aduana o que las formalidades necesarias para dar un destino aduanero a las mercancías de que se trate se han cumplido. Si estas obligaciones no se han cumplido, debe considerarse que ha habido «introducción irregular en el territorio aduanero de la Comunidad de una mercancía sujeta a derechos de importación», en el sentido del artículo 202, apartado 1, letra a), del código aduanero.
En segundo lugar, procede interpretar el artículo 313 del Reglamento de aplicación en relación con las disposiciones del código aduanero relativas al estatuto de mercancía comunitaria y al procedimiento de despacho a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión de mercancías importadas de terceros países.
A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que el órgano jurisdiccional remitente señala que no se discute la entrega de los bienes en los locales de Suez II y la recepción de las facturas correspondientes, registradas en la contabilidad de la empresa y emitidas por un proveedor de un tercer país. Tampoco se discute que el cumplimiento de las formalidades de despacho a libre práctica en una aduana de la Unión no ha sido probado en relación con dichas mercancías.
No obstante, Suez II alega que el artículo 313 del Reglamento de aplicación se basa en el principio establecido en su primer apartado según el cual las mercancías que se hallan en el territorio aduanero de la Unión se considerarán mercancías de la Unión, por lo que procede admitir, salvo prueba en contrario, que dichas mercancías han sido presentadas en dicho territorio, según lo previsto en el artículo 4, apartado 7, guiones primero y tercero, del código aduanero, o bien que han sido despachadas a libre práctica con arreglo al segundo guion de la misma disposición y al artículo 79 del código aduanero. Se aplica esta presunción del estatuto aduanero comunitario de mercancías como las controvertidas en el litigio principal, salvo si las autoridades aduaneras demuestran que tienen el estatuto de mercancías no comunitarias.
Como señala la Comisión, esta alegación no puede acogerse.
Por una parte, mercancías como las controvertidas en el litigio principal, facturadas por proveedores establecidos en terceros países a una sociedad que opera en el territorio aduanero de la Unión, no pueden beneficiarse del estatuto de mercancías comunitarias si no se ha aportado la prueba de que se han sujetado a los procedimientos de despacho a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión.
En efecto, con arreglo al artículo 4, punto 15, letra a), y punto 16, letra a), del código aduanero, uno de los destinos aduaneros de una mercancía es la inclusión de las mercancías en un régimen aduanero y uno de los regímenes aduaneros en los que puede colocarse es el despacho a libre práctica. Además, la definición de mercancía de la Unión contenida en el artículo 4, punto 7, del código aduanero atribuye tal estatuto, entre otras, a las mercancías importadas de países o territorios que no formen parte del territorio aduanero de la Unión y que hayan sido despachadas a libre práctica.
El artículo 24 CE, aplicable en la época en que se produjeron los hechos del litigio principal, establecía que se considerarían en libre práctica en un Estado miembro los productos procedentes de terceros países en relación con los cuales se han cumplido las formalidades de importación y se han percibido los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente en ese Estado miembro.
El artículo 79 del código aduanero prevé que el despacho a libre práctica confiere el estatuto aduanero de mercancía comunitaria a una mercancía no comunitaria. El despacho a libre práctica implica la aplicación de las medidas de política comercial, el cumplimiento de los demás trámites previstos para la importación de unas mercancías y la aplicación de los derechos legalmente devengados.
Por otra parte, en lo que atañe a la carga de la prueba del estatuto aduanero de mercancías en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, procede considerar que la presunción establecida en el artículo 313, apartado 1, del Reglamento de aplicación se invierte cuando la autoridad aduanera, en ejercicio de su facultad de control, determina que se cumplen las condiciones de determinadas excepciones o reservas previstas en esta disposición, en particular, en el litigio principal, la condición contemplada en el artículo 313, apartado 2, letra a), del Reglamento de aplicación. En una situación de este tipo, como se desprende del apartado 50 de la presente sentencia, corresponde a la sociedad importadora probar el estatuto comunitario de la mercancía en cuestión. En defecto de dicha prueba, le es aplicable el artículo 202, apartado 1, letra a), del código aduanero.
Como se desprende del apartado 50 de la presente sentencia y de la lectura combinada de los artículos 13 y 16 del código aduanero, debe considerarse que una sociedad importadora como Suez II es una persona interesada, en la medida en que poseía en sus locales las mercancías en cuestión acompañadas de las correspondientes facturas emitidas por sus proveedores de terceros países, y debe facilitar a las autoridades aduaneras toda la asistencia necesaria, así como todos los documentos y datos independientemente del soporte en que figuren.
Como se ha señalado en los apartados 41 a 43 de la presente sentencia, en aplicación del artículo 4, punto 13, y del artículo 37 del código aduanero, además de la facultad general de control que les confiere el artículo 13 de dicho código, las autoridades aduaneras tienen también la facultad de controlar mercancías como las controvertidas en el litigio principal en virtud del artículo 37 del código aduanero, para determinar si la introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Unión se ha llevado de manera regular o ha infringido los artículos 38 a 41 y el artículo 177, apartado 1, segundo guion, de dicho código.
De ello resulta que, en circunstancias como las del litigio principal, incumbe a la empresa importadora, como Suez II, aportar la prueba del estatuto aduanero de las mercancías de que se trate, que en su opinión son mercancías comunitarias. Si no aporta ninguna prueba del estatuto comunitario de las mercancías, las autoridades aduaneras podrán concluir que dichas mercancías tienen el estatuto de mercancías no comunitarias.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 313 del Reglamento de aplicación debe interpretarse en el sentido de que se ha de considerar que mercancías como las controvertidas en el litigio principal, que han sido entregadas y facturadas por empresas establecidas en terceros países a una sociedad establecida en el territorio aduanero de la Unión a fin de ser utilizadas en él, han sido introducidas en dicho territorio conforme al artículo 37 del código aduanero, y que están comprendidas en la excepción prevista en el artículo 313, apartado 2, letra a), del Reglamento de aplicación, puesto que el estatuto de mercancías comunitarias solo se reconoce a las mercancías en relación con las cuales se ha presentado la prueba de que han sido sometidas a los procedimientos de despacho a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:

El artículo 313 del Reglamento (CEE) n.
o
2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n.
o
2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.
o
75/98 de la Comisión, de 12 de enero de 1998, debe interpretarse en el sentido de que se ha de considerar que mercancías como las controvertidas en el litigio principal, que han sido entregadas y facturadas por empresas establecidas en terceros países a una sociedad establecida en el territorio aduanero de la Unión a fin de ser utilizadas en él, han sido introducidas en dicho territorio conforme al artículo 37 del Reglamento (CEE) n.
o
2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.
o
82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, y que están comprendidas en la excepción prevista en el artículo 313, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.
o
75/98, puesto que el estatuto de mercancías comunitarias solo se reconoce a las mercancías en relación con las cuales se ha presentado la prueba de que han sido sometidas a los procedimientos de despacho a libre práctica en el territorio aduanero de la Unión.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: portugués.