CELEX: 62017TJ0492
Función pública
Agentes contractuales
Contrato por tiempo indefinido
Artículo 47, letra c), inciso i), del ROA
Resolución del contrato con preaviso
Causas de resolución del contrato
Ruptura del vínculo de confianza
Interés del servicio
Error manifiesto de apreciación
Deber de asistencia y protección
Principio de buena administración
Artículos 30 y 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales
Incidente procesal
Publicación en Internet de documentos aportados a los autos del procedimiento ante el Tribunal General
Artículo 17 del Estatuto

)
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omissis
]
Fundamentos de Derecho
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omissis
]
Sobre la publicación en Internet de determinados documentos ya aportados a los autos del procedimiento ante el Tribunal
Mediante escrito de 30 de octubre de 2017, el demandante informó a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de su intención de divulgar, mediante su publicación en Internet, una serie de documentos relativos a su persona, a saber, todos los anexos que acompañaban a la reclamación y a las solicitudes indicadas en el anterior apartado 87, así como al recurso interpuesto ante el Tribunal de la Función Pública, mencionado en el anterior apartado 24. Se señalaba que dicha información tenía lugar en el marco del artículo 17
bis
, apartado 2, párrafo primero, del Estatuto.
A raíz de un correo electrónico enviado por el SEAE al abogado del demandante en respuesta a ese primer escrito, el 13 de noviembre de 2017, el demandante envió un segundo escrito a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en el que afirmaba que los documentos de que se trataba ya habían sido divulgados en 2013, en la medida en que habían sido remitidos a una organización no precisada, así como a «ocho personas diferentes», entre ellas su madre. Alega que esa divulgación no era irregular, puesto que había sido objeto de una solicitud de autorización de 27 de marzo de 2013, y el SEAE no se había opuesto a ella. Señala que los referidos documentos fueron publicados en el sitio de Internet del demandante por medio de personas relacionadas con su madre.
Mediante dos escritos de 17 y de 24 de noviembre de 2017, el SEAE señaló al demandante, en particular, que la publicación de determinados documentos que había presentado como anexos a su recurso en el presente procedimiento constituía una violación del principio de confidencialidad del procedimiento judicial en curso.
A raíz de la comunicación al demandante del escrito del SEAE de 4 de diciembre de 2017, en el que se informaba al Tribunal General de los hechos mencionados en los anteriores apartados 138 y 139 (véase el apartado 34
supra
) y de la publicación de varios documentos producida entretanto, el demandante presentó observaciones al respecto en el marco de la réplica.
El demandante considera que la publicación controvertida no es irregular. En efecto, reitera que los documentos de que se trata se habían divulgado lícitamente con anterioridad, puesto que la solicitud presentada con tal fin el 27 de marzo de 2013 había sido objeto de autorización implícita por parte del SEAE, al no haberse opuesto este dentro del plazo de treinta días hábiles previsto en el artículo 17
bis
, apartado 2, párrafo segundo, del Estatuto. Por lo tanto, el hecho de que los referidos documentos se presentaran en el marco de un procedimiento judicial posterior no puede atribuirles un carácter confidencial que ya habían perdido.
El SEAE rebate el fundamento de las alegaciones del demandante.
El demandante admite que se publicaron en Internet documentos presentados en el marco del presente procedimiento, en concreto, determinados documentos que se habían adjuntado en anexo a las peticiones presentadas con arreglo al artículo 90, apartado 1, del Estatuto, el 20 y el 24 de marzo de 2013, registradas, respectivamente, con los números D/227/13 y D/233/13, la última de las cuales se refería a hechos vinculados al seguimiento de su historial clínico. Aunque ha afirmado que, pese a que la publicación se produjo en su propio sitio de Internet, no había sido él mismo quien la había llevado a cabo, sino personas no identificadas a las que su madre había transmitido los documentos de que se trata, reconoce que sí puede atribuírsele que dichos documentos salieran de la esfera de estricta confidencialidad en la que inicialmente estaban confinados. No obstante, alega que esta circunstancia no fue irregular y que constituyó una publicación de los referidos documentos.
Procede señalar que los artículos 17 y 17
bis
del Estatuto tienen objetos diferentes, que el demandante confunde. En efecto, el citado artículo 17 se refiere a la prohibición de que un funcionario o agente divulgue cualquier información que no sea pública, ya esté grabada en un soporte o no, que haya recibido con ocasión del ejercicio de sus funciones, salvo que haya obtenido autorización previa para ello. El funcionario o agente seguirá estando sujeto a esta obligación tras el cese de sus funciones. El mencionado artículo 17
bis
, por su parte, se refiere a la publicación de cualesquiera escritos referentes, en particular, a trabajos, estudios u opiniones que se refieran a la actividad de la Unión. Tal publicación es objeto de una protección particular en virtud de la libertad de expresión, con las salvedades previstas en dicho artículo, que se refieren a la observancia de los principios de lealtad y de imparcialidad, de la dignidad de la función y de la prohibición de divulgar información que se ha recibido con ocasión del ejercicio de las funciones, y está sujeta a un procedimiento de autorización específico en cuyo marco la falta de respuesta dentro de un plazo de treinta días hábiles equivale a una autorización implícita.
En el presente asunto, la solicitud de autorización que menciona el demandante, a saber, el escrito de 27 de marzo de 2013 que envió al SEAE, aunque hacía referencia al artículo 17
bis
del Estatuto, se refería en realidad, según sus términos expresos, pero también habida cuenta de su contenido, a la divulgación de información que se rige por el artículo 17 del Estatuto. Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene, la falta de notificación de una decisión en un plazo de treinta días hábiles no equivale a la inexistencia de objeción implícita. En efecto, esa solicitud de autorización se regía por el artículo 90, apartado 1, del Estatuto, de manera que la autoridad disponía de un plazo de cuatro meses para adoptar una decisión y la no adopción de una decisión dentro de dicho plazo equivalía a una decisión denegatoria implícita.
De los autos se desprende que el SEAE respondió a la solicitud de autorización del demandante mediante escrito de 5 de mayo de 2013, es decir, dentro del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 90, apartado 1, del Estatuto. En dicho escrito, que comenzaba por una breve exposición sobre el alcance del artículo 17
bis
del Estatuto, el SEAE se limitaba a autorizar la divulgación de los documentos de que se trata a fin de permitir al demandante obtener asistencia en el marco de su historial clínico. Habida cuenta del principio de confidencialidad establecido en el artículo 17 del Estatuto, dicha autorización debe interpretarse de manera estricta. En consecuencia, en el contexto de la solicitud del demandante y de la respuesta que se le dio, quedaba excluida toda divulgación de los documentos de que se trata que no estuviera estrictamente vinculada a la asistencia personal del demandante en el marco de su historial clínico en el plano social, médico, psicológico o jurídico. En caso de duda, correspondía al demandante consultar con el SEAE si la pretendida divulgación estaba cubierta efectivamente por la autorización limitada que había obtenido, máxime cuando en esta autorización se incluía una nota en la que se le recordaban sus obligaciones estatutarias, en particular, la obligación de abstenerse de toda divulgación no autorizada de información recibida con ocasión del ejercicio de sus funciones y de respetar los principios de lealtad y de imparcialidad.
De las consideraciones anteriores se desprende que de ningún modo puede justificar el demandante la divulgación en Internet de todos o parte de los documentos a los que se refiere su solicitud de 27 de marzo de 2013 invocando dicha solicitud y el curso que se le dio.
El demandante tampoco puede alegar la divulgación autorizada de dichos documentos a personas cualificadas a fin de proporcionarle asistencia personal como se describe en el anterior apartado 147 para sostener que los referidos documentos se divulgaron antes de la incoación del presente procedimiento y que, por ello, su presentación en el mismo queda excluida de la obligación de no divulgación de los documentos y escritos que forman parte de un procedimiento judicial.
Por último, el demandante no puede alegar que fueran su madre o personas vinculadas a ellas quienes publicaron los documentos controvertidos. En efecto, además de que es poco creíble que estos documentos fueran publicados en su propio sitio de Internet por terceros, al menos sin su consentimiento, la transmisión de dichos documentos a su madre constituye un incumplimiento de las condiciones de la autorización que se le había concedido. Por otra parte, aun en el caso de que un funcionario o agente transmita de manera regular un documento confidencial a un tercero al amparo de una autorización de divulgación, le corresponde asegurarse de que dicha persona también respetará las condiciones de la referida autorización. Por consiguiente, aun suponiendo que la divulgación propiamente dicha se produjera sin la intervención del demandante, debe considerarse que, al no respetar los límites de la autorización de divulgación que se le había concedido, este creó objetivamente el riesgo de dicha divulgación y está implicado en ella (véase, en este sentido, el auto de 16 de marzo de 2016, One of Us y otros/Comisión,
T‑561/14
, no publicado,
EU:T:2015:917
, apartados
y
).
Ahora bien, procede recordar que la comunicación de documentos procesales por una parte a terceros en circunstancias en las que dichos documentos no se han transmitido con el fin de defender las pretensiones de dicha parte constituye una utilización abusiva del procedimiento (véase la sentencia de 14 de noviembre de 2012, Nexans France y Nexans/Comisión,
T‑135/09
,
EU:T:2012:596
, apartado
y jurisprudencia citada). Con mayor razón es así cuando tales documentos se publican, tal como ha ocurrido en el presente asunto.
Procede tener en cuenta esta utilización abusiva del procedimiento en el reparto de las costas, habida cuenta de que este incidente ha hecho necesarias una comunicación específica y observaciones adicionales (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de junio de 1998, Svenska Journalistförbundet/Consejo,
T‑174/95
,
EU:T:1998:127
, apartado
).
En consecuencia, procede condenar al demandante a cargar con las costas relacionadas con la referida utilización abusiva del procedimiento.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones del demandante, procede condenarlo en costas, de conformidad con lo solicitado por el SEAE, incluidas las costas relacionadas con el incidente procesal mencionado en los anteriores apartados 138 a 153.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas al Sr. Stephan Fleig.

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de abril de 2019.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.