CELEX: 62016TJ0603
Función pública
Funcionarios en prácticas
Período de prácticas
Prórroga de la duración del período de prácticas
Despido al concluir el período de prácticas
Artículo 34 del Estatuto
Desviación de poder
Obligación de motivación
Artículo 25, apartado 2, del Estatuto
Derecho a ser oído
Artículo 90, apartado 2, del Estatuto
Responsabilidad
Requisitos de forma
Regla de la concordancia entre la demanda y la reclamación
Admisibilidad
Daño material
Daño moral
Relación de causalidad

)
[
omissis
]
III.

Fundamentos de Derecho
A.

Sobre el recurso de anulación
[
omissis
]
8.

Sobre el primer motivo, basado en la vulneración de la duración máxima del período de prácticas autorizada con arreglo al artículo 34 del Estatuto
El demandante alega que su período de prácticas superó la duración máxima de quince meses autorizada por el artículo 34 del Estatuto, lo que conlleva la anulación de la resolución de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo y su nombramiento definitivo. A juicio del demandante, los siete meses durante los cuales estuvo de baja por enfermedad no afectan al cálculo de la duración de su período de prácticas, de modo que el mismo duró dieciséis meses y medio en lugar de los quince meses que, como máximo, autoriza el artículo 34 del Estatuto.
Además, el demandante considera que tanto la resolución de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo como el primer informe sobre el período de prácticas fueron adoptados una vez concluido el período de prácticas, lo que infringe el artículo 34 del Estatuto. El demandante sostiene que, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no manifestó su propósito de despedirlo antes de concluir su período de prácticas, puede aspirar a ser nombrado funcionario con carácter definitivo. El demandante estima asimismo que, en realidad, su período de prácticas fue prorrogado hasta el 5 de mayo de 2015, fecha de redacción del segundo informe sobre el período de prácticas, de modo que su período de prácticas duró más de diecisiete meses. Así pues, por esas razones, también se cometió una infracción del artículo 34, apartado 4, del Estatuto que justifica la anulación de la resolución de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea niega haber infringido el artículo 34 del Estatuto. Estima que el artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, última frase, del Estatuto debe interpretarse teniendo en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. Ahora bien, del contexto de esta disposición se desprende que el período de prácticas debe ser de al menos nueve meses. Además, el objetivo de esta disposición es permitir apreciar la aptitud y el comportamiento del funcionario en prácticas para que la provisión de plazas pueda garantizar a la institución los servicios de funcionarios que posean las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad.
Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el presente caso es un supuesto específico no previsto por el legislador de la Unión cuando adoptó el artículo 34 del Estatuto. Sostiene que el larguísimo período de siete meses de enfermedad del demandante durante el período inicial de prácticas le habría impedido efectuar un período mínimo de prácticas de nueve meses si el período de prácticas hubiese sido prorrogado únicamente en seis meses de manera que totalizara quince meses. A juicio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si se hubiese prorrogado el período de prácticas hasta el 28 de febrero de 2015, es decir, quince meses desde la fecha de inicio del período de prácticas del demandante, este solo habría sido evaluado durante un período de ocho meses. Acoger la tesis que sostiene el demandante sería contrario al objetivo contemplado con el establecimiento de una duración mínima del período de prácticas, a saber, garantizar, conforme al artículo 27 del Estatuto, que únicamente los funcionarios en prácticas que hubiesen demostrado poseer las más altas cualidades pudieran ser nombrados con carácter definitivo. Además, la citada tesis podría llevar, en un caso como el de autos, a que la AFPN se vea obligada a despedir a un funcionario en prácticas por no haber podido este demostrar que posee dichas cualidades, aun cuando hubiese podido hacerlo, en su caso, de haber dispuesto efectivamente de un período de nueve meses de prácticas. Tal consecuencia es claramente contraria a los intereses de los funcionarios en prácticas que hayan sufrido una interrupción involuntaria de su período de prácticas por las causas establecidas en el artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto y los discrimina con respecto a los funcionarios en prácticas que pudieron efectuar un período de prácticas de nueve meses, incluso un período de prácticas de hasta quince meses. Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pone de relieve que el demandante reconoció, en las observaciones al primer informe sobre el período de prácticas, que tenía interés en que se prorrogara su período de prácticas más allá de los quince meses de duración máxima y que no impugnó la resolución de prórroga adoptada el 1 de octubre de 2014.
En cualquier caso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que, incluso suponiendo que la duración del período de prácticas del demandante no hubiese sido conforme al artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, tal irregularidad no puede conllevar
per se
el nombramiento definitivo del demandante ni anular la resolución de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo, sin que se tengan en cuenta sus cualidades profesionales.
Por lo que respecta a la alegación del demandante de que incluso el auténtico período de prácticas se prolongó hasta el 5 de mayo de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sostiene que el segundo informe sobre el período de prácticas evalúa el comportamiento del demandante hasta el 15 de abril de 2015, de conformidad con la decisión de prorrogar el período de prácticas hasta esa fecha. Por otra parte, considera que un retraso en la elaboración del informe final sobre el período de prácticas no priva de validez al informe o, en su caso, a la resolución de no nombrar al interesado funcionario con carácter definitivo.
Habida cuenta de las alegaciones de las partes, procede recordar que el demandante comenzó su período de prácticas el 1 de diciembre de 2013, que estuvo de baja por enfermedad desde el 13 de enero de 2014 hasta el 17 de agosto de 2014 y que, mediante resolución de 1 de octubre de 2014, su período de prácticas fue prorrogado hasta el 15 de abril de 2015 como consecuencia de su baja por enfermedad. El demandante deduce de ello que su período de prácticas abarcó desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 15 de abril de 2015 y, por consiguiente, que su período de prácticas duró 16,5 meses.
A tenor del artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, la duración total del período de prueba no podrá en ningún caso ser superior a quince meses. Según la interpretación literal de dicha disposición, el hecho de que el funcionario en prácticas se vea imposibilitado para ejercer sus funciones durante su período de prácticas no justifica que se prorrogue su duración más allá de quince meses desde la fecha de inicio de su período de prácticas.
Ni el contexto ni los objetivos perseguidos por el Estatuto, que deben tenerse también en cuenta en la interpretación de sus disposiciones (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de noviembre de 1999, Pharos/Comisión,
C‑151/98 P
,
EU:C:1999:563
, apartado
, y de 14 de julio de 2016, Letonia/Comisión,
T‑661/14
,
EU:T:2016:412
, apartado
y jurisprudencia citada), desvirtúan esta interpretación del artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto.
Por lo que respecta al objetivo perseguido por el artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, se ha declarado que la finalidad del establecimiento de una duración máxima del período de prácticas es, por un lado, limitar, tanto en interés de la administración como del funcionario en prácticas, el período durante el cual la relación de empleo adolece de cierta precariedad y, por otro lado, determinar el período en relación con el cual la AFPN debe valorar la manera en que el funcionario desempeña sus funciones (sentencia de 14 de febrero de 2007, Fernández Ortiz/Comisión,
F‑1/06
,
EU:F:2007:25
, apartado
).
Este objetivo confirma la interpretación antes expuesta del artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto. En efecto, al establecer, con independencia de que el funcionario en prácticas se vea imposibilitado, la duración máxima de su período de prácticas en quince meses —desde su inicio—, el Estatuto limita en el tiempo, con carácter absoluto, en aras de la seguridad jurídica, la relación de empleo precaria entre el funcionario en prácticas y la administración y determina el período máximo que puede tener en cuenta la AFPN para valorar la manera en que el funcionario desempeña sus funciones.
El doble objetivo del período de prácticas —permitir, por una parte, a las instituciones verificar durante dicho período si seleccionan funcionarios que posean las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad, de conformidad con lo exigido por el artículo 27 del Estatuto (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de noviembre de 2014, DH/Parlamento,
F‑4/14
,
EU:F:2014:241
, apartado
), y permitir, por otra parte, a los funcionarios en prácticas demostrar durante dicho período sus aptitudes para desempeñar los cometidos propios de su función, así como su rendimiento y conducta en el servicio (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de marzo de 1997, Rozand-Lambiotte/Comisión,
T‑96/95
,
EU:T:1997:25
, apartado
, y de 18 de octubre de 2007, Krcova/Tribunal de Justicia,
F‑112/06
,
EU:F:2007:178
, apartado
)— no se opone a la interpretación del artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, antes recogida. En efecto, estos objetivos de verificación y demostración de las aptitudes del funcionario en prácticas no excluyen que se limite en el tiempo el período de su realización. Incluso cuando, durante el período de prácticas, el funcionario en prácticas se encuentre imposibilitado para ejercer sus funciones como consecuencia de enfermedad, permiso de maternidad o accidente, los objetivos de demostración y verificación de las aptitudes del funcionario en prácticas no pueden justificar que el período de prácticas no tenga duración máxima, puesto que dichos objetivos deben cohonestarse con el interés legítimo de la seguridad jurídica. Este interés fundamenta la imposición expresa por parte del legislador de una duración máxima para el período de prácticas.
En cuanto al contexto, el artículo 34, apartado 1, párrafo primero, del Estatuto no se opone a la interpretación del párrafo segundo de esa disposición hecha en el anterior apartado 189.
El artículo 34, apartado 1, párrafo primero, del Estatuto dispone que todo funcionario deberá efectuar un período de prueba de nueve meses como funcionario en prácticas antes de poder ser nombrado con carácter definitivo.
Aunque es cierto que esta disposición establece que el período de prácticas tiene, en principio, una duración de nueve meses, no cabe deducir de ello —como hace no obstante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— que el período durante el cual el funcionario en prácticas debe poder demostrar sus aptitudes y la administración evaluarlas sea de al menos nueve meses.
En efecto, con arreglo al artículo 34, apartado 3, del Estatuto, el informe sobre la aptitud del funcionario en prácticas debe elaborarse, como mínimo, un mes antes de la terminación del período de prueba. Este informe, que sirve de fundamento para la decisión de nombramiento definitivo o de despido del funcionario en prácticas guarda, por tanto, necesariamente relación con la aptitud de dicho funcionario en prácticas durante un período inferior a nueve meses. No considerar las aptitudes del funcionario en prácticas durante ese período de prácticas posterior a la elaboración del informe sobre el período de prácticas no basta, en principio, para afectar a la validez de la resolución relativa al nombramiento definitivo o no del funcionario en prácticas.
Del mismo modo, en virtud del artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, la AFPN tendrá la facultad de poder prorrogar en nueve meses la duración del período de prueba a la que se refiere el párrafo primero de dicha disposición cuando, durante ese período, el funcionario en prácticas se viera imposibilitado para ejercer sus funciones durante un período continuo mínimo de un mes, como consecuencia de enfermedad, permiso de maternidad o accidente. De ello se deduce que cuando la AFPN deniegue, en ejercicio de su amplio margen de apreciación y por razones válidas relacionadas con la aptitud, el rendimiento y la conducta en el servicio del funcionario en prácticas, dicha prórroga, a pesar de que el funcionario en prácticas se hubiera visto imposibilitado para ejercer sus funciones en su período de prácticas durante un período continuo mínimo de un mes, las aptitudes de dicho funcionario en prácticas habrán de demostrarse y valorarse durante un período inferior a nueve meses.
Además, también con arreglo al artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, cuando la imposibilidad del funcionario en prácticas para ejercer sus funciones abarque un período inferior a un mes o no constituya un período continuo de un mes como mínimo, la AFPN no podrá prorrogar el período de prácticas en nueve meses, a pesar de dicha imposibilidad. En ese supuesto, las aptitudes de dicho funcionario en prácticas deberán demostrarse y valorarse también durante un período inferior a nueve meses.
Por último, el artículo 34, apartado 2, del Estatuto permite a la AFPN elaborar un informe sobre el período de prácticas en cualquier momento antes de la conclusión del período de prueba en caso de incompetencia manifiesta del funcionario en prácticas, de modo que, en tal supuesto, se habrá evaluado la aptitud del funcionario en prácticas durante un período de prácticas inferior a nueve meses.
Por consiguiente, aunque los funcionarios en prácticas deban efectuar un período de prácticas de nueve meses para poder ser nombrados con carácter definitivo, no es necesario que ejerzan efectivamente sus funciones durante nueve meses íntegros ni que la demostración y valoración de sus aptitudes guarde relación con el ejercicio efectivo de sus funciones durante un mínimo de nueve meses. Los funcionarios en prácticas no tienen derecho a estar a prueba nueve meses íntegros (conclusiones del Abogado General Warner presentadas en el asunto van de Roy/Comisión,
92/75
,
EU:C:1976:19
, p. 357). Únicamente tienen derecho a exigir que se les dé la posibilidad de demostrar sus aptitudes (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de abril de 1992, Kupka-Floridi/CES,
T‑26/91
,
EU:T:1992:53
, apartado
y jurisprudencia citada). Por tanto, el artículo 34, apartado 1, párrafo primero, del Estatuto no se opone a la interpretación recogida en el anterior apartado 189 del párrafo segundo de esta disposición.
En el caso de autos, hay que señalar que el período de prácticas del demandante se inició el 1 de diciembre de 2013, de modo que, con arreglo al artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, debía terminar a más tardar el 28 de febrero de 2015. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni ha alegado que no pudiera valorar las aptitudes del demandante durante ese período ni ha puesto en entredicho la legalidad del artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto. Por tanto, al prorrogar la duración del período de prácticas del demandante hasta el 15 de abril de 2015 como consecuencia de su ausencia por enfermedad durante siete meses en el período de prácticas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea infringió el artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto.
No desvirtúa esta apreciación el hecho indicado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que el demandante no impugnó la resolución de 1 de octubre de 2014 por la que se prorroga la duración de su período de prácticas hasta el 15 de abril de 2015 debido a su ausencia por enfermedad durante su período inicial de prácticas. En efecto, un acto de trámite no puede ser objeto de recurso cuando consta que la ilegalidad de que adolece dicho acto puede invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra la decisión final de la que dicho acto constituye un acto de elaboración [véase el auto de 14 de mayo de 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Comisión,
C‑477/11 P
, no publicado,
EU:C:2012:292
, apartado
y jurisprudencia citada]. Pues bien, la resolución de 1 de octubre de 2014 constituye un acto de elaboración de la resolución de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo y la infracción del artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto puede invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra dicha resolución firme, lesiva para el demandante, que este ha impugnado en el caso de autos.
Por otra parte, de la adopción del segundo informe sobre el período de prácticas y de la resolución de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo una vez transcurrido el plazo máximo de quince meses del período de prácticas el demandante deduce erróneamente la prórroga automática de su período de prácticas hasta la fecha de adopción de dichas resoluciones. En efecto, esa interpretación es contraria a la duración máxima del período de prácticas autorizada por el artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto. Aunque, en principio, el informe sobre el período de prácticas debe adoptarse un mes antes de que concluya el período de prácticas para que la resolución de nombramiento definitivo o de despido del funcionario en prácticas coincida, en la medida de lo posible, con la fecha de terminación del período de prácticas o de su prórroga, la adopción de esos actos una vez concluido el período de prácticas no afecta a su validez ni conlleva la prórroga tácita de la duración del período de prácticas hasta el día de su adopción. Así, se ha declarado que un retraso en la elaboración del informe final sobre el período de prácticas, si bien constituye una irregularidad a la vista de las exigencias de dicho Estatuto, por muy lamentable que sea, no priva de validez al informe ni, en su caso, a la decisión mediante la cual la institución despide al funcionario en prácticas o prorroga su período de prueba (sentencias de 12 de julio de 1973, di Pillo/Comisión,
10/72 y 47/72
,
EU:C:1973:84
, apartado
; de 8 de octubre de 1981, Tither/Comisión,
175/80
,
EU:C:1981:221
, apartado
, y de 11 de diciembre de 2014, CZ/AEVM,
F‑80/13
,
EU:F:2014:266
, apartado
). El plazo de un mes controvertido no constituye un plazo de preaviso, sino que su finalidad es garantizar que el funcionario en prácticas pueda presentar sus observaciones antes de que la institución adopte una decisión relativa a su mantenimiento en funciones o a su despido en una fecha que coincida, en la medida de lo posible, con la del término del período de prueba (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, CZ/AEVM,
F‑80/13
,
EU:F:2014:266
, apartado
).
Por las razones anteriores, procede estimar el primer motivo, basado en la infracción del artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto.
De ello se deduce que debe anularse la resolución de no nombrar al demandante funcionario con carácter definitivo. En efecto, esa resolución se basa en datos posteriores al 28 de febrero de 2015, fecha en la que, con arreglo al artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto, debería haber concluido el período de prácticas del demandante. Ahora bien, esta disposición establece un requisito de fondo para el nombramiento definitivo, puesto que determina el período en relación con el cual la administración debe valorar la manera en que el funcionario en prácticas desempeña sus funciones con vistas a su nombramiento o no con carácter definitivo. Por tanto, los datos posteriores al 28 de febrero de 2015 tenidos en cuenta por la AFPN son, necesariamente, el fundamento fáctico sobre el que ejerció su amplio margen de apreciación para decidir no nombrar al demandante funcionario con carácter definitivo.
Así, del segundo informe sobre el período de prácticas que fundamenta la resolución de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo se desprende que fue tenido en cuenta el comportamiento del demandante, con ocasión de la organización de la vista de 18 de marzo de 2015, para aclarar que carecía de juicio y de sentido común y sus dificultades para adaptarse a situaciones no habituales. Ese mismo comportamiento sirvió en el segundo informe sobre el período de prácticas para aclarar la repercusión negativa de su participación en las condiciones laborales en su servicio. La ausencia injustificada del demandante de la clase de inglés de 24 de marzo de 2015 y las numerosas regularizaciones realizadas en el sistema de gestión del tiempo de trabajo del demandante durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 17 de abril de 2015 fueron tenidas en cuenta en el segundo informe sobre el período de prácticas para demostrar las dificultades del demandante para organizarse y la repercusión que ello tuvo en la gestión. El ritmo al que el demandante transcribió las vistas entre el 27 de marzo y el 27 de abril de 2015, su ausencia del trabajo el 17 de abril de 2015 y las vistas del 10 y del 17 de marzo de 2015 a las que asistió fueron tenidos en cuenta en el segundo informe sobre el período de prácticas para valorar cuantitativamente sus prestaciones. Además, la apreciación de la conducta del demandante en el servicio y, en particular, la apreciación de que no se daban las condiciones que llevaran a sus superiores a confiar en él se realizó en el segundo informe sobre el período de prácticas sobre la base de las numerosas regularizaciones en el sistema de gestión del tiempo de trabajo entre el 1 de enero y el 17 de abril de 2015, sobre la base de los problemas de fichaje encontrados por el demandante el 24 de marzo y el 14 de abril de 2015 y sobre la base de las solicitudes de permiso que no fueron sometidas previamente a su superior correspondientes a la semana del 20 de abril de 2015. Por último, el segundo informe sobre el período de prácticas se fundamentó en la conducta del demandante con ocasión de la preparación de la vista de 18 de marzo de 2015 para aclarar sus dificultades para trabajar en equipo y su inadecuado comportamiento en las relaciones humanas.
De ello también se deduce que ha de anularse la resolución desestimatoria de la reclamación, puesto que el comité de reclamaciones consideró que no se había infringido el artículo 34, apartado 1, párrafo segundo, del Estatuto.
Dado que la AFPN y el comité de reclamaciones gozan de una amplia facultad de apreciación para valorar las aptitudes y prestaciones de un funcionario en período de prácticas según el interés del servicio, en lo referente al resultado de un período de prácticas y a las aptitudes de un candidato a un nombramiento definitivo en el servicio público de la Unión, no corresponde al Tribunal sustituir la apreciación de la administración por la suya, pues su control se limita a verificar la inexistencia de error manifiesto de apreciación o de desviación de poder (véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de marzo de 1982, Munk/Comisión,
98/81
,
EU:C:1982:111
, apartado
; de 5 de abril de 1984, Álvarez/Parlamento,
347/82
,
EU:C:1984:147
, apartado
, y de 5 de marzo de 1997, Rozand-Lambiotte/Comisión,
T‑96/95
,
EU:T:1997:25
, apartado
).
Por otra parte, de una jurisprudencia reiterada se desprende que no corresponde al Tribunal, en el marco del control de la legalidad a que se refiere el artículo 263 TFUE, sustituir la motivación del autor del acto impugnado por la suya (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de enero de 2013, Frucona Košice/Comisión,
C‑73/11 P
,
EU:C:2013:32
, apartado
y jurisprudencia citada). También ocurre así en el marco del control de legalidad realizado por el Tribunal en virtud del artículo 270 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de enero de 2014, Stols/Consejo,
T‑95/12 P
,
EU:T:2014:3
, apartado
y jurisprudencia citada). De ello se desprende que no corresponde al Tribunal determinar si las apreciaciones contenidas en la resolución de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo relativas al período de prueba efectuado entre el 1 de diciembre de 2013 y el 28 de febrero de 2015 bastan para justificar la resolución de no nombrar al demandante funcionario con carácter definitivo.
Por consiguiente, por las razones antes expuestas, deben anularse las resoluciones de no nombrarlo funcionario con carácter definitivo y de desestimar la reclamación.
Contrariamente a lo que alega el demandante, la anulación de estas resoluciones no puede, sin embargo, dar lugar a su nombramiento definitivo. En efecto, el nombramiento de un funcionario con carácter definitivo solo puede hacerse con las formalidades y requisitos establecidos en el Estatuto (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de mayo de 1970, Fournier/Comisión,
18/69
,
EU:C:1970:37
, apartado
). Pues bien, ninguna disposición del Estatuto sanciona la superación de dicho plazo con un nombramiento definitivo sin evaluación. Por consiguiente, un funcionario en prácticas no puede resultar nombrado con carácter definitivo por el mero hecho de que haya finalizado su período de prácticas (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2007, Fernández Ortiz/Comisión,
F‑1/06
,
EU:F:2007:25
, apartado
).
[
omissis
]

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),
decide:

1)
Anular la resolución del Secretario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de 17 de julio de 2015 por la que se despide al Sr. Zoher Brahma al concluir su período de prácticas, con efectos a 31 de julio de 2015.

2)
Anular la resolución del comité de reclamaciones de 16 de marzo de 2016 por la que se desestima la reclamación contra la resolución del Secretario del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su condición de autoridad facultada para proceder a los nombramientos, de 17 de julio de 2015 por la que se despide al Sr. Brahma al concluir su período de prácticas, con efectos a 31 de julio de 2015.

3)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

4)
Condenar en costas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Frimodt Nielsen
Kreuschitz
Półtorak
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de noviembre de 2018.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: francés.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.