CELEX: 62017CJ0104
Procedimiento prejudicial
Directiva 94/62/CE
Envases y residuos de envases
Valorización y reciclado de los residuos
Contribución a un fondo medioambiental nacional
Puesta en el mercado nacional de los productos envasados y de los envases, sin intervención en estos últimos
Principio “quien contamina paga”
Causante de la contaminación

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 15 de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases (
DO 1994, L 365, p. 10
).
Esta petición ha sido presentada en el marco de un litigio entre SC Cali Esprou SRL y la Administraţia Fondului pentru Mediu (Administración del Fondo Medioambiental, Rumanía; en lo sucesivo, «AFE»), a propósito de la legalidad de una contribución exigida por la AFE a Cali Esprou y calculada en función de los envases que puso en el mercado rumano durante los años 2013 y 2014.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Los considerandos primero y segundo de la Directiva 94/62 están redactados en los siguientes términos:
«[…] es necesario armonizar las diversas medidas nacionales sobre gestión de envases y residuos de envases, con el fin de evitar o reducir su impacto ambiental, por una parte, proporcionando así un elevado nivel de protección del medio ambiente, y por otra, de garantizar el funcionamiento del mercado interior y evitar obstáculos al comercio y distorsiones y restricciones de la competencia dentro de la Comunidad;
[…] el modo mejor de prevenir la creación de residuos de envases es reducir la cantidad global de envases».
Según el considerando vigésimo noveno de dicha Directiva:
«[…] la necesidad de que todos aquellos que intervienen en la producción, el uso, la importación y la distribución de envases y productos envasados adquieran mayor conciencia del grado en que dichos envases se transforman en residuos, y de que acepten, de conformidad con el principio de que “quien contamina paga”, la responsabilidad de dichos residuos; que el desarrollo y la aplicación de las medidas a que se refiere la presente Directiva supondrá y exigirá, en los casos en que proceda, una estrecha cooperación de todas las partes implicadas, con un espíritu de responsabilidad compartida».
El artículo 1 de la referida Directiva, bajo la rúbrica «Objetivos», dispone lo siguiente:
«1.   La presente Directiva tiene por objeto armonizar las medidas nacionales sobre gestión de envases y residuos de envases para prevenir o reducir su impacto sobre el medio ambiente de todos los Estados miembros así como de países terceros, y asegurar de esta forma un alto nivel de protección del medio ambiente, por una parte, y por otra, garantizar el funcionamiento del mercado interior y evitar los obstáculos comerciales, así como falseamientos y restricciones de la competencia dentro de la Comunidad.
2.   A tal fin se establecen en la presente Directiva medidas destinadas, como primera prioridad, a la prevención de la producción de residuos de envases y, atendiendo a otros principios fundamentales, a la reutilización de envases, al reciclado y demás formas de valorización de residuos de envases y, por tanto, a la reducción de la eliminación final de dichos residuos.»
El artículo 2, apartado 1, de la misma Directiva establece lo siguiente:
«La presente Directiva se aplicará a todos los envases puestos en el mercado en la Comunidad y a todos los residuos de envases, independientemente de que se usen o produzcan en la industria, comercio, oficinas, establecimientos comerciales, servicios, hogares, o en cualquier otro sitio, sean cuales fueren los materiales utilizados.»
El artículo 3, punto 11, de la Directiva 94/62 dispone lo siguiente:
«A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
[…]
11)
“agentes económicos”: en relación con los envases, los proveedores de materiales de envase, los fabricantes de envases, las empresas transformadoras y envasadoras, los usuarios, los importadores, los comerciantes y los distribuidores, las administraciones públicas y los organismos públicos».
En virtud del artículo 15 de la citada Directiva:
«El Consejo, actuando sobre las bases de las disposiciones pertinentes del Tratado, aprobará instrumentos económicos a fin de fomentar la realización de los objetivos definidos en la presente Directiva. A falta de tales medidas, los Estados miembros podrán adoptar, con arreglo a los principios que rigen la política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, entre otros el principio de que quien contamina paga, y respetando las obligaciones derivadas del Tratado, medidas encaminadas a la realización de los mismos objetivos.»
Derecho rumano
El artículo 16, apartados 1 y 4, de la Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje (Decreto del Gobierno n.
o
621/2005 sobre la gestión de envases y de residuos de envases) (
Monitorul Oficial al României
, parte I, n.
o
639, de 20 de julio de 2005; en lo sucesivo, «Decreto del Gobierno n.
o
621/2005»), en su versión aplicable al litigio principal, establece lo siguiente:
«(1)   Los agentes económicos, personas jurídicas rumanas, asumirán la responsabilidad por la totalidad de los residuos generados por los envases que ponen en el mercado nacional, como sigue:
a)
los agentes económicos que pongan en el mercado productos envasados responderán de los residuos generados por los envases primarios, secundarios y terciarios empleados para envasar sus productos, salvo por los envases de minorista que se utilicen para envasar, en el punto de venta, los productos que tales agentes pongan en el mercado nacional;
b)
los agentes económicos que sobreenvasen, con fines de reventa o de redistribución, productos ya envasados individualmente serán responsables de los residuos generados por los envases secundarios y terciarios que pongan en el mercado;
c)
los agentes económicos que pongan en el mercado envases de minorista serán responsables de los residuos generados por tales envases.
[…]
(4)   Los agentes económicos contemplados en el apartado 2 estarán obligados a alcanzar, al menos, los objetivos establecidos en el anexo 3 de la [Ordonanța de urgență a guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu (Decreto-ley con carácter de urgencia n.
o
196/2005 sobre el Fondo Medioambiental) (
Monitorul Oficial al României
, parte I, n.
o
1193, de 30 de diciembre de 2005)], convalidada con sus modificaciones y complementos por la [Legea nr. 105/2006 (Ley n.
o
105/2006)], posteriormente modificada y completada, aplicados a los residuos de envases generados por envases puestos en el mercado nacional/adquiridos contractualmente con garantía de la trazabilidad de los mismos.»
El artículo 9, apartado 1, letra d), del Decreto-ley con carácter de urgencia n.
o
196/2005 sobre el Fondo Medioambiental (en lo sucesivo, «Decreto-ley n.
o
196/2005»), en su versión aplicable al litigio principal, establece lo siguiente:
«Constituirán ingresos para el Fondo Medioambiental:
[…]
d)
una contribución de 2 [leus rumanos (RON)/kg], debida por los agentes económicos que ponen en el mercado nacional bienes envasados o que distribuyen por vez primera en el mercado nacional envases de minorista, así como por los agentes que alquilan bajo cualquier forma, con carácter profesional, envases, por la diferencia entre, por una parte, las cantidades de residuos de envases correspondientes a los objetivos mínimos de valorización o de incineración en incineradoras con recuperación de energía y de valorización mediante reciclado, establecidos en el anexo n.
o
3, y, por otra parte, las cantidades de residuos de envases efectivamente valorizadas o incineradas en incineradoras con recuperación de energía y valorizadas mediante reciclado».
El Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu (Orden n.
o
578/2006, por la que se aprueba el método de cálculo de las contribuciones y tributos debidos al Fondo Medioambiental) (
Monitorul Oficial al României
, parte I, n.
o
516 de 14 de junio de 2006), en su versión modificada, en particular, por el Ordinul nr. 1032 (Orden n.
o
1032), de 10 de marzo de 2011 (
Monitorul Oficial al României
, parte I, n.
o
196 de 22 de marzo de 2011), establece, en el punto 11 de su anexo:
«La puesta de un producto en el mercado nacional es la acción de poner a disposición tal producto por primera vez en el mercado nacional, a título oneroso o gratuitamente, para su distribución o utilización, inclusive para la utilización o el consumo propios. […]»
Litigio principal y cuestión prejudicial
Cali Esprou adquiere en el extranjero diversas mercancías ya envasadas, que vende y entrega, sin intervención alguna por su parte, a minoristas en el mercado rumano.
Cali Esprou puso en el mercado rumano mercancías que fueron comercializadas entre el 19 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2014. Entre el 30 de marzo y el 2 de abril de 2015 tuvo lugar, en la sede de Cali Esprou, un control fiscal relativo al cumplimiento de las obligaciones de pago de una contribución debida a la AFE, con arreglo al artículo 9, apartado 1, letra d), del Decreto-ley n.
o
196/2005, por los envases de productos envasados puestos en el mercado rumano entre los años 2011 y 2014.
A raíz de ese control, no se impuso a Cali Esprou, por los años 2011 y 2012, ninguna obligación de pago adicional en virtud del artículo 9, apartado 1, letra d), del Decreto-ley n.
o
196/2005. En cambio, las autoridades tributarias le impusieron, sobre la base de esa disposición, una obligación de pago adicional de 4242 RON (alrededor de 909 euros) por los años 2013 y 2014.
Cali Esprou impugnó ante la AFE, por la vía administrativa, dicha obligación de pago adicional, sosteniendo que no estaba sujeta a las obligaciones de pago previstas en el artículo 9, apartado 1, letra d), del Decreto-ley n.
o
196/2005, pues no podía considerarse que fuera la causante de la contaminación. El 3 de julio de 2015, la AFE desestimó su recurso. El 21 de diciembre de 2015, Cali Esprou interpuso un recurso ante el Tribunalul Vâlcea (Tribunal de Distrito de Vâlcea, Rumanía), solicitando, en particular, la anulación de la decisión de la AFE. Dicho recurso fue desestimado mediante sentencia de 6 de mayo de 2016.
Cali Esprou recurrió la citada sentencia ante el tribunal remitente, la Curtea de Apel Piteşti (Tribunal Superior de Piteşti, Rumanía), alegando que, debido a que gestiona envases y no residuos de envases, no se la podía considerar causante de la contaminación. Cali Esprou añadió que el artículo 9, apartado 1, letra d), de Decreto-ley n.
o
196/2005 es contrario al principio «quien contamina paga», consagrado en el artículo 15 de la Directiva 94/62, que establece la adopción de medidas nacionales con el fin de alcanzar los objetivos de tal Directiva con arreglo a los principios que rigen la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente, entre otros, el principio de que quien contamina paga.
A este respecto, el tribunal remitente señala que la contribución establecida en el artículo 9, apartado 1, letra d), del Decreto-ley n.
o
196/2005 es una «medida» que entra en el ámbito de aplicación del artículo 15 de la Directiva 94/62. Sin embargo, se pregunta si tal contribución es compatible con el principio de que quien contamina paga, consagrado por dicho artículo. En particular, habida cuenta de la definición de agente económico que figura en el artículo 3, punto 11, de tal Directiva, considera que quien contamina, en el sentido del artículo 15 de la misma, debe guardar una relación con la transformación del envase en residuo. Ahora bien, Cali Esprou es un intermediario que no interviene en los envases, lo que ha llevado al tribunal remitente a dudar de si la obligación de pago de una contribución a la AFE impuesta a Cali Esprou con arreglo al artículo 9, aparado 1, letra d), del Decreto-ley n.
o
196/2005 es conforme con el artículo 15 de esa Directiva.
En estas circunstancias, la Curtea de Apel Piteşti (Tribunal Superior de Piteşti) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Puede interpretarse el artículo 15 de la Directiva 94/62 en el sentido de que se opone a que un Estado miembro de la Unión Europea adopte una normativa que grava con una contribución al agente económico que pone en el mercado interno mercancías envasadas y envases, pero que no interviene en modo alguno en las mercancías ni en los envases, sino que los enajena en su misma forma a un agente económico que, a su vez, los vende al consumidor final, contribución cuyo importe se determina por cada kilogramo de diferencia entre, por una parte, las cantidades de residuos de envases correspondientes a los objetivos mínimos de valorización o de incineración en incineradoras con recuperación de energía y de valorización mediante reciclado y, por otra parte, las cantidades de residuos de envases efectivamente valorizadas o incineradas en incineradoras con recuperación de energía y valorizadas mediante reciclado?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15 de la Directiva 94/62 y el principio de que quien contamina paga que dicho artículo ejecuta se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que exige a un agente económico que no interviene en los envases que pone en el mercado una contribución calculada en función de la diferencia de peso entre, por un lado, la cantidad de residuos de envases correspondiente a los objetivos mínimos de recuperación de energía y de valorización mediante reciclado y, por otro lado, la cantidad de residuos de envases efectivamente recuperada o reciclada.
El artículo 15 de la Directiva 94/62 establece que el Consejo aprobará instrumentos económicos a fin de fomentar la realización de los objetivos definidos en dicha Directiva y que, a falta de tales medidas, los Estados miembros podrán adoptar, con arreglo a los principios que rigen la política de la Unión en el ámbito del medio ambiente, entre otros el principio de que quien contamina paga, y respetando las obligaciones derivadas del Tratado FUE, medidas encaminadas a la realización de los mismos objetivos.
Al no haber adoptado el Consejo tales instrumentos económicos, que exigirían el pago de una contribución por los residuos de envases puestos en el mercado en los Estados miembros, estos últimos pueden adoptar medidas respetando los requisitos impuestos en la segunda frase de dicho artículo 15.
A este respecto, procede señalar, por una parte, que el principio de que quien contamina paga, al que se refieren el artículo 15 y el considerando vigésimo noveno de la Directiva 94/62, exige, a tenor de dicho considerando, que «todos aquellos que intervienen en la producción, el uso, la importación y la distribución de envases y productos envasados adquieran mayor conciencia del grado en que dichos envases se transforman en residuos» y «acepten […] la responsabilidad de dichos residuos». En consecuencia, tal principio no solo concierne a quienes son directamente responsables de la producción de residuos, sino que tiene un alcance más amplio. Concierne igualmente a quienes contribuyen a esa producción de residuos, lo que incluye a los importadores y distribuidores de los productos envasados (véase, por analogía, la sentencia de 30 de marzo de 2017, VG Čistoća,
C‑335/16
,
EU:C:2017:242
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por otra parte, en lo que atañe a los objetivos definidos por la Directiva 94/62, su artículo 1, bajo la rúbrica «Objetivos», precisa, en su apartado 1, que dicha Directiva tiene por objeto «asegurar […] un alto nivel de protección del medio ambiente». Además, con arreglo a su artículo 1, apartado 2, la referida Directiva establece «como primera prioridad, […] la prevención de la producción de residuos de envases y, atendiendo a otros principios fundamentales, […] la reutilización de envases, [e]l reciclado y demás formas de valorización de residuos de envases y, por tanto, […] la reducción de la eliminación final de dichos residuos». Con esa finalidad, el artículo 2 de la Directiva 94/62 confirma el amplio alcance del ámbito de aplicación de la misma, estableciendo que se aplica a todos los envases puestos en el mercado en la Unión y a todos los residuos de envases.
Tales objetivos quedan confirmados por el tenor de los considerandos primero y segundo de la Directiva 94/62, según los cuales, respectivamente, dicha Directiva pretende, por una parte, «evitar o reducir» el impacto ambiental de los residuos de envases «proporcionando así un elevado nivel de protección del medio ambiente» y, por otra parte, «reducir la cantidad global de envases».
Procede apreciar la conformidad con el Derecho de la Unión de la contribución controvertida en el litigio principal, a la luz, en particular, de los objetivos de la Directiva 94/62 y del principio de que quien contamina paga.
Pues bien, del artículo 9, apartado 1, letra d), del Decreto-ley n.
o
196/2005 se desprende que la contribución controvertida en el litigio principal, debida por los agentes económicos que ponen productos envasados por primera vez en el mercado nacional, se calcula en función de la diferencia de peso entre, por una parte, las cantidades de residuos de envases correspondientes a los objetivos mínimos de valorización o de incineración y, por otra parte, las cantidades de residuos de envases efectivamente valorizadas o incineradas en incineradoras con recuperación de energía y valorizadas mediante reciclado.
Según el Gobierno rumano, tal contribución tiene por objeto, de manera general, responsabilizar a quienes ponen envases en el mercado rumano. En efecto, sin perjuicio de que así lo verifique el tribunal remitente, al imponer una contribución calculada sobre la base del peso de los residuos de envases que exceda de los objetivos mínimos de valorización o de incineración en incineradoras con recuperación de energía y de valorización mediante reciclado, dicha contribución incita, por una parte, a reducir los envases puestos en el mercado nacional y, por otra parte, a favorecer la valorización o el reciclado de tales residuos.
De este modo, la contribución controvertida en el litigio principal responde a los objetivos perseguidos por la Directiva 94/62, en particular en la medida en que tiene por objeto la reducción de la eliminación final de los residuos a la que se refieren el artículo 1, apartado 2, y el considerando segundo de la citada Directiva, por una parte, favoreciendo la valorización o la incineración de residuos de envases en incineradoras con recuperación de energía y de valorización mediante reciclado y, por otra parte, disuadiendo, mediante un gravamen pecuniario, el incumplimiento de los objetivos mínimos de valorización o de incineración en incineradoras con recuperación de energía y de valorización mediante reciclado.
Asimismo, una contribución como la controvertida en el litigio principal se ajusta claramente al principio de que quien contamina paga, consagrado en el artículo 15 de la Directiva 94/62. En efecto, la contribución controvertida en el litigio principal, según está descrita en el apartado 26 de la presente sentencia, hace recaer un gravamen pecuniario sobre quienes ponen en el mercado nacional envases que exceden de determinados objetivos mínimos de recuperación de energía y de valorización mediante el reciclado de los residuos. Según la resolución de remisión, del artículo 9, apartado 1, letra d), del Decreto-ley n.
o
196/2005 y del punto 11 del anexo de la Orden n.
o
578/2006, por la que se aprueba el método de cálculo de las contribuciones y tributos debidos al Fondo Medioambiental, en su versión modificada, se desprende que tal gravamen solo se aplica a quienes ponen dichos envases por primera vez en el mercado, y no a quienes intervienen posteriormente. Además, el referido gravamen únicamente se impone en la medida en que no se respeten los objetivos mínimos de recuperación de energía y de valorización mediante el reciclado de los residuos.
De ello se deduce que una contribución como la controvertida en el litigio principal es conforme tanto con los objetivos de la Directiva 94/62 como con el principio de que quien contamina paga, en el sentido del artículo 15 de la citada Directiva.
No puede invalidar esta conclusión la alegación formulada por Cali Esprou ante el tribunal remitente, basada en que un agente económico que no interviene en los envases de los productos importados y puestos en el mercado rumano no es «quien contamina», en el sentido del principio de que quien contamina paga.
En efecto, tal como se desprende del apartado 22 de la presente sentencia, el principio de que quien contamina paga tiene un alcance que se extiende a los importadores y a los distribuidores de los productos envasados, y no está limitado a quienes intervienen en los envases de los productos de que se trata. Los importadores y distribuidores, al margen de si intervienen o no sobre los envases, han contribuido a la puesta de residuos, en forma de envases, en el mercado nacional.
Confirma esta conclusión una interpretación sistemática de la Directiva 94/62. Un agente económico como el del litigio principal, que no interviene en los envases de los productos importados y puestos en el mercado rumano, está contemplado por dicha Directiva, que, en su artículo 3, punto 11, define los «agentes económicos» de modo amplio, incluyendo, en particular, «los importadores, los comerciantes y los distribuidores».
Por tanto, un Estado miembro puede, sin violar el principio de que quien contamina paga consagrado en el artículo 15 de la Directiva 94/62, exigir el pago de una contribución como la descrita en el apartado 26 de la presente sentencia, a los agentes económicos que no intervienen en los envases que ponen en el mercado nacional.
Procede añadir que el Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 15 de la Directiva 94/62 no realiza una armonización exhaustiva de las medidas nacionales en los ámbitos regulados por ella, sino que, tal como se ha recordado en el apartado 20 de la presente sentencia, habilita al Consejo para aprobar instrumentos económicos con el fin de fomentar la realización de los objetivos definidos en dicha Directiva o, a falta de tales medidas, a los Estados miembros, «respetando las obligaciones derivadas del Tratado». Así pues, esa disposición también requiere la aplicación de las disposiciones pertinentes del Tratado FUE (sentencia de 12 de noviembre de 2015, Visnapuu,
C‑198/14
,
EU:C:2015:751
, apartado
).
A este respecto, del artículo 110 TFUE se desprende, por un lado, que ningún Estado miembro gravará los productos de los demás Estados miembros con tributos internos superiores a los que graven los productos nacionales similares y, por otro lado, que ningún Estado miembro gravará los productos de los demás Estados miembros con tributos internos que puedan proteger indirectamente otras producciones.
El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que una carga pecuniaria constituye un tributo interno en el sentido del artículo 110 TFUE si forma parte de un sistema general de tributos internos que gravan sistemáticamente ciertas categorías de productos, según criterios objetivos aplicados con independencia del origen o del destino de los productos (véanse, en particular, las sentencias de 8 de junio de 2006, Koornstra,
C‑517/04
,
EU:C:2006:375
, apartado
, así como de 8 de noviembre de 2007, Stadtgemeinde Frohnleiten y Gemeindebetriebe Frohnleiten,
C‑221/06
,
EU:C:2007:657
, apartado
).
Por otra parte, los residuos deben considerarse como productos en el sentido del artículo 110 TFUE (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de julio de 1992, Comisión/Bélgica,
C‑2/90
,
EU:C:1992:310
, apartados
a
).
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y la descripción de la contribución controvertida en el litigio principal, expuesta en el apartado 26 de la presente sentencia, procede considerar que dicha contribución es una carga pecuniaria que forma parte de un sistema general de tributos internos que gravan sistemáticamente una categoría de productos, a saber, las cantidades de residuos de envases que exceden de los objetivos mínimos de valorización o de incineración y que no fueron efectivamente valorizadas o incineradas en incineradoras con recuperación de energía ni valorizadas mediante el reciclado.
De ello se deduce que la contribución controvertida en el litigio principal constituye un tributo interno en el sentido del artículo 110 TFUE.
Según jurisprudencia consolidada, se infringe el artículo 110 TFUE cuando el tributo que grava el producto importado y el que grava el producto nacional similar se calculan de un modo diferente y con arreglo a mecanismos distintos que den lugar, aunque sólo sea en ciertos casos, a una tributación más elevada del producto importado (sentencias de 12 de noviembre de 2015, Visnapuu,
C‑198/14
,
EU:C:2015:751
, apartado
, y de 16 de junio de 2016, Comisión/Portugal,
C‑200/15
, no publicada,
EU:C:2016:453
, apartado
).
Ahora bien, de la resolución de remisión se deduce que la contribución controvertida en el litigio principal grava los residuos de envases según criterios objetivos, aplicados con independencia de su origen o su destino. En efecto, están sujetos a tal contribución los agentes económicos que ponen en el mercado nacional productos envasados, sin tomar en consideración el origen de los mismos. Además, la resolución de remisión no proporciona prueba alguna de que tal contribución pueda gravar los residuos de envases de productos importados en mayor medida que los residuos de envases de productos nacionales.
Del conjunto de consideraciones anteriores se deduce que el artículo 15 de la Directiva 94/62 y el principio de que quien contamina paga que ese artículo ejecuta no se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que impone a un agente económico que no interviene en los envases que pone en el mercado una contribución calculada en función de la diferencia de peso entre, por una parte, la cantidad de residuos de envases correspondiente a los objetivos mínimos de recuperación de energía y de valorización mediante reciclado y, por otra parte, la cantidad de residuos de envases efectivamente recuperada o reciclada.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) declara:

El artículo 15 de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases, y el principio «quien contamina paga» que ese artículo ejecuta no se oponen a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que impone a un agente económico que no interviene en los envases que pone en el mercado una contribución calculada en función de la diferencia de peso entre, por una parte, la cantidad de residuos de envases correspondiente a los objetivos mínimos de recuperación de energía y de valorización mediante reciclado y, por otra parte, la cantidad de residuos de envases efectivamente recuperada o reciclada.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: rumano.