CELEX: 62016CJ0290
Procedimiento prejudicial
Transporte
Normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Unión
Reglamento (CE) n.º 1008/2008
Disposiciones sobre precios
Artículo 22, apartado 1
Artículo 23, apartado 1
Información exigida al presentar las tarifas disponibles para el público en general
Obligación de indicar el importe real de los impuestos, tasas, cánones, recargos o derechos
Libertad de fijación de precios
Facturación de gastos de tramitación en caso de que el pasajero anule la reserva de un vuelo o no se presente al embarque
Protección de los consumidores

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 22, apartado 1, y del artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) n.
o
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad (
DO 2008, L 293, p. 3
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG (en lo sucesivo, «Air Berlin») y el Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband eV (Unión federal de centrales y asociaciones de consumidores; en lo sucesivo, «Bundesverband»), en relación con una acción de cesación ejercitada por el Bundesverband contra determinadas prácticas de Air Berlin relativas a la presentación de los precios y a las condiciones generales de contratación que figuran en su sitio de Internet.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 93/13/CEE
El artículo 3, apartados 1 y 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (
DO 1993, L 95, p. 29
; corrección de errores en
DO 2015, L 137, p. 13
), dispone:
«1.   Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas cuando, contrariamente a las exigencias de la buena fe, causen en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato.
2.   Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión.»
De conformidad con el artículo 6, apartado 1 de dicha Directiva, «los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas».
Reglamento n.
o
1008/2008
A tenor del considerando 16 del Reglamento n.
o
1008/2008:
«Los clientes deben poder comparar realmente entre compañías aéreas los precios por servicios aéreos. Por consiguiente, se debe indicar el precio definitivo que debe pagar el cliente por viajes que tengan su origen en la Comunidad, con inclusión de todos los impuestos, tasas y cánones. […]»
El artículo 2 de dicho Reglamento establece:
«A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
[…]
18)
“tarifas aéreas”: los precios expresados en euros o en moneda local que se deban pagar a las compañías aéreas o a sus agentes u otros vendedores de billetes por el transporte de pasajeros en los servicios aéreos y las condiciones de aplicación de dichos precios, incluidas la remuneración y las condiciones ofrecidas a la agencia y otros servicios auxiliares;
[…]».
El artículo 22 de dicho Reglamento, que lleva por título «Libertad de fijación de precios», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, las compañías aéreas de la Comunidad y, sobre la base del principio de reciprocidad, las de terceros países, fijarán libremente las tarifas y fletes de los servicios aéreos intracomunitarios.»
El artículo 23 de este mismo Reglamento, titulado «Información y no discriminación», establece en su apartado 1 lo siguiente:
«Las tarifas y fletes aéreos ofrecidos o publicados bajo cualquier forma, incluso en Internet, para servicios aéreos con origen en un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro al que se aplique el Tratado disponibles para el público en general incluirán las condiciones aplicables. Se indicará en todo momento el precio final que deba pagarse, que incluirá la tarifa o flete aplicable así como todos los impuestos aplicables y los cánones, recargos y derechos que sean obligatorios y previsibles en el momento de su publicación. Además de la indicación del precio final, se precisará al menos lo siguiente:
a)
la tarifa o flete;
b)
los impuestos;
c)
las tasas de aeropuerto, y
d)
otros cánones, recargos o derechos, tales como los relacionados con la seguridad extrínseca o el combustible,
cuando se hayan añadido a la tarifa o flete los conceptos contemplados en [el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letras b), c) y d)]. Los suplementos opcionales de precio se comunicarán de una manera clara, transparente y sin ambigüedades al comienzo de cualquier proceso de reserva, y su aceptación por el pasajero se realizará sobre una base de opción de inclusión.»
Derecho alemán
El artículo 307, apartados 1 y 2, del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil), en su versión aplicable a los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «BGB»), dispone:
«1)   Las disposiciones contenidas en las condiciones generales de contratación serán ineficaces cuando perjudiquen a la otra parte contratante de forma desproporcionada, en contra del principio de buena fe. […]
2)   En caso de duda, se considerará que existe un perjuicio desproporcionado cuando una disposición:
1.
sea incompatible con las líneas fundamentales de la normativa legal de la que se aparta, o
2.
limite los derechos o las obligaciones esenciales que se derivan de la naturaleza del contrato de tal forma que ponga en peligro la consecución del fin contractual.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El 26 de abril de 2010, el Bundesverband simuló una reserva en el sitio de Internet de Air Berlin para un vuelo sencillo con origen en el aeropuerto de Berlín-Tegel (Alemania) y con destino a Colonia (Alemania). En la primera fase de la reserva se mostró una lista que presentaba, en forma de cuadro, posibles conexiones aéreas a distintos precios. Una vez seleccionada una de las conexiones aéreas, un cuadro que contenía distintos conceptos y sus precios presentaba un importe de 3 euros por «Impuestos y tasas». En otra simulación de reserva realizada por el Bundesverband en ese mismo sitio de Internet, el 20 de junio de 2010, para un vuelo de ida y vuelta con origen en Berlín-Tegel y con destino a Fráncfort del Meno (Alemania), resultaba un importe de 1 euro por «Impuestos y tasas».
El Bundesverband considera que los importes de los impuestos y tasas en los términos indicados en el sitio de Internet de Air Berlin eran muy inferiores a los que efectivamente adeudaba la compañía aérea con arreglo a los baremos de las tasas aeroportuarias de los aeropuertos en cuestión y, en consecuencia, podían inducir a error al consumidor. Al estimar que esa presentación de la información vulneraba el artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008, el Bundesverband ejercitó ante el Landgericht Berlin (Tribunal Regional Civil y Penal de Berlín, Alemania) una acción de cesación de esa práctica.
En esa misma acción, el Bundesverband también impugnó la legalidad de la cláusula que figura en el apartado 5.2 de las condiciones generales de contratación de Air Berlin, consultables en su sitio de Internet (en lo sucesivo, «condiciones generales de contratación»), que establece que Air Berlin deducirá, como gastos de tramitación, un importe de 25 euros por reserva y pasajero sobre la cuantía que se le habrá de devolver cuando éste no se haya presentado a un vuelo o cuando haya anulado su reserva. El Bundesverband explicó que dicha cláusula infringía el artículo 307 del BGB puesto que perjudicaba de forma desproporcionada a las partes contratantes de la compañía aérea. Añadió que Air Berlin no puede exigir el pago de gastos específicos por cumplir una obligación legal.
El Landgericht Berlin (Tribunal Regional Civil y Penal de Berlín) estimó la demanda del Bundesverband y ordenó a Air Berlin, bajo pena de sanciones, por una parte, que dejara de mostrar, en concepto de «Impuestos y tasas», en la presentación de los precios correspondientes a vuelos en su sitio de Internet, importes que no se corresponden con los que dicha compañía aérea ha de abonar efectivamente y, por otra parte, que suprimiera el apartado 5.2 de sus condiciones generales de contratación.
Al haberse desestimado la apelación que Air Berlin interpuso ante el Kammergericht Berlin (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Berlín, Alemania), esta compañía área recurrió en casación ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania).
El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal) se pregunta, en primer lugar, acerca de la interpretación que ha de darse al artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008. Habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ese tribunal alberga dudas en cuanto a si la presentación de los precios en el sitio de Internet de Air Berlin se adecua a los requisitos que impone esa disposición.
En segundo lugar, dicho tribunal desea que se le aclare la interpretación del artículo 22, apartado 1, del citado Reglamento para determinar si la norma establecida en esa disposición —según la cual, las compañías aéreas fijarán libremente las tarifas y fletes de los servicios aéreos en el interior de la Unión— puede justificar que se impongan, mediante las condiciones generales de contratación de Air Berlin, gastos específicos a los pasajeros que no se hayan presentado a un vuelo o que hayan anulado su reserva.
En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Debe interpretarse el artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 en el sentido de que, al publicar sus tarifas, las compañías aéreas deben precisar el importe efectivo de los impuestos, las tasas de aeropuerto y otros cánones, recargos y derechos, mencionados en las letras b) a d), y, por tanto, no pueden incluirlos parcialmente en las tarifas mencionadas en la letra a) de dicha disposición?
2)
¿Debe interpretarse el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.
o
1008/2008 en el sentido de que se opone a la aplicación de una norma nacional relativa a las condiciones generales de contratación, adoptada sobre la base del Derecho de la Unión, con arreglo a la cual no cabe imponer una comisión de gestión específica a los clientes por el hecho de que no se hayan presentado a un vuelo o lo hayan cancelado?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la primera cuestión prejudicial
Mediante su primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente pregunta si el artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 debe interpretarse en el sentido de que, al publicar sus tarifas, las compañías aéreas deben precisar el importe efectivo de los impuestos, tasas de aeropuerto y demás cánones, recargos y derechos, mencionados en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letras b) a d), de dicho Reglamento, y no pueden, por tanto, incluir parcialmente dichos conceptos en la tarifa mencionada en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letra a), del citado Reglamento.
El artículo 23, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 establece que, al publicar, incluso en Internet, tarifas y fletes aéreos disponibles para el público en general, «se indicará en todo momento el precio final que deba pagarse, que incluirá la tarifa o flete aplicable así como todos los impuestos aplicables y los cánones, recargos y derechos que sean obligatorios y previsibles en el momento de su publicación». El artículo 23, apartado 1, tercera frase, de dicho Reglamento dispone que, además de la indicación del precio final, deberán precisarse la tarifa o flete, al igual que los impuestos, las tasas de aeropuerto y otros cánones, recargos o derechos, tales como los relacionados con la seguridad extrínseca o el combustible, cuando se hayan añadido a la tarifa o flete esos conceptos.
Según Air Berlin, las compañías aéreas no están obligadas a publicar por separado el importe de los impuestos, de las tasas de aeropuerto y de los demás cánones, recargos o derechos, contemplados en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letras b) a d), del Reglamento n.
o
1008/2008, si esos conceptos se incluyen en la tarifa mencionada en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letra a), de dicho Reglamento. Air Berlin considera que, para permitir al cliente comparar los distintos precios propuestos por las compañías aéreas, sólo es determinante el precio final.
El Bundesverband, el Gobierno alemán y la Comisión Europea sostienen, por su parte, que el artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 obliga a las compañías aéreas a precisar el importe de los distintos componentes del precio final.
Procede recordar que, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión, debe tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte (sentencia de 19 de julio de 2012, ebookers.com Deutschland,
C‑112/11
,
EU:C:2012:487
, apartado
y jurisprudencia citada).
Del tenor del artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 resulta que la obligación de precisar por lo menos la tarifa, los impuestos, las tasas de aeropuerto y los demás cánones, recargos o derechos cuando esos componentes se hayan sumado a la tarifa, completa la obligación de indicar el precio final que resulta del artículo 23, apartado 1, segunda frase (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de enero de 2015, Air Berlin,
C‑573/13
,
EU:C:2015:11
, apartado
).
Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene Air Berlin, en particular invocando el considerando 16 del Reglamento n.
o
1008/2008, la compañía aérea que se limite a mencionar el precio final no cumple las disposiciones del artículo 23, apartado 1, tercera frase, de dicho Reglamento, pues dichas disposiciones obligan a indicar los importes de los distintos conceptos que componen ese precio.
No desvirtúa esta conclusión la alegación formulada por Air Berlin de que el propio tenor del artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 sólo obliga a las compañías aéreas a precisar los conceptos contemplados en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letras b) a d), de dicho Reglamento «cuando [dichos conceptos] se hayan añadido a la tarifa», y no cuando se hayan incluido en dicha tarifa.
En efecto, el artículo 2, punto 18, del Reglamento n.
o
1008/2008, que define el concepto de «tarifas aéreas», no menciona como elementos incluidos en dicha tarifa los impuestos, las tasas de aeropuerto y los demás cánones, recargos y derechos. De ello resulta que las compañías aéreas no están autorizadas a incluir estos elementos en la tarifa que deben precisar con arreglo al artículo 23, apartado 1, tercera frase, letra a), de dicho Reglamento.
También contrariamente a lo que sostiene Air Berlin, tal interpretación del artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 no vacía de contenido a esta disposición. En efecto, los términos «cuando se hayan añadido a la tarifa […] los conceptos contemplados en [el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letras b), c) y d)]» tienen por objeto manifiesto distinguir el supuesto en que las compañías aéreas optan por repercutir estos conceptos a sus clientes del supuesto en que optan por asumirlos ellas mismas, y sólo existe la obligación de precisar dichos conceptos en el primer supuesto.
De lo anterior resulta que los distintos conceptos que componen el precio final que debe pagarse, mencionados en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008, deben comunicarse siempre al cliente con los importes que representan en ese precio final.
Esta interpretación se ve corroborada por el análisis tanto de los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte la disposición controvertida en el asunto principal como de su contexto.
El artículo 23, apartado 1, del Reglamento n.
o
1008/2008 tiene como finalidad, en especial, garantizar la información y transparencia de los precios de los servicios aéreos con origen en un aeropuerto situado en el territorio de un Estado miembro y contribuye, por tanto, a la protección del cliente que recurre a dichos servicios. A este respecto, establece obligaciones de información y de transparencia, en particular, sobre las condiciones aplicables a las tarifas aéreas, el precio final que deba pagarse, la tarifa aérea y los elementos del precio obligatorios y previsibles que se le añadan, así como los suplementos opcionales de precio correspondientes a servicios que completan el propio servicio aéreo (sentencia de 18 de septiembre de 2014, Vueling Airlines,
C‑487/12
,
EU:C:2014:2232
, apartado
).
Pues bien, el objetivo de información y transparencia de los precios no se alcanzaría si hubiese que interpretar el artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 en el sentido de que permite a las compañías aéreas optar entre incluir los impuestos, las tasas de aeropuerto y los demás cánones, recargos y derechos en la tarifa o indicar esos distintos conceptos por separado.
Por lo demás, una interpretación distinta del artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 podría privar a esta disposición de toda eficacia. En efecto, por una parte, la inclusión parcial en la tarifa de los conceptos mencionados en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letras b) a d), del Reglamento n.
o
1008/2008 llevaría únicamente a precisar importes ajenos a la realidad. Por otra parte, la inclusión íntegra de esos conceptos en la tarifa implicaría que el importe indicado como tarifa podría ser igual al precio final que se ha de pagar. Pues bien, la obligación de precisar el precio final que ha de pagarse ya se establece en el artículo 23, apartado 1, segunda frase, de dicho Reglamento.
Por último, procede analizar la alegación de Air Berlin de que es imposible indicar los importes reales de los conceptos mencionados en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letras c) y d), del Reglamento n.
o
1008/2008, pues esos importes se desconocen cuando se reserva el vuelo.
Procede señalar al respecto que, al comprar un billete, el cliente debe pagar un precio final y no provisional. En consecuencia, si, como sostiene Air Berlin, sólo puede conocerse con exactitud el importe de determinados cánones o de determinados recargos o derechos, tales como los relacionados con el combustible, una vez que se ha realizado el vuelo, y a veces incluso varios meses después, los importes de los impuestos, las tasas de aeropuerto y los demás cánones, recargos y derechos mencionados en las letras b) a d), del artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008, que debe abonar el cliente se corresponden con la estimación que hace la compañía aérea cuando se reserva el vuelo.
En este sentido, el artículo 23, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 dispone también que los componentes del precio final que deba pagar el cliente son, además de la tarifa o flete, todos los impuestos aplicables y los cánones, recargos y derechos que sean «previsibles en el momento de su publicación».
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento n.
o
1008/2008 debe interpretarse en el sentido de que, al publicar sus tarifas, las compañías aéreas deben precisar por separado los importes que adeudan los clientes por los impuestos, tasas de aeropuerto y demás cánones, recargos y derechos, mencionados en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letras b) a d), de dicho Reglamento, y, por tanto, no pueden incluir, ni siquiera parcialmente, esos conceptos en la tarifa mencionada en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letra a), del citado Reglamento.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el tribunal remitente pide que se dilucide, en esencia, si el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.
o
1008/2008 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que la aplicación de una normativa nacional que transpone la Directiva 93/13 pueda llevar a anular una cláusula que figura en las condiciones generales de contratación y que permite facturar gastos de tramitación a tanto alzado específicos a los clientes que no se hayan presentado a un vuelo o que hayan anulado su reserva.
El tribunal remitente considera que el apartado 5.2 de las condiciones generales de contratación, que establece la deducción de 25 euros por pasajero y reserva como gastos de tramitación en caso de anulación de una reserva de un vuelo de tarifa económica o de no presentación a embarque, perjudica de forma desproporcionada a los clientes de Air Berlin y es ineficaz, de conformidad con el artículo 307, apartado 1, del BGB.
El tribunal remitente también precisa que el artículo 307, apartado 1, primera frase, y el artículo 307, apartado 2, punto 1, del BGB transpone en Derecho alemán el artículo 3, apartado 1, y el artículo 6, apartado 1, primera mitad de la primera frase, de la Directiva 93/13.
Air Berlin alega al respecto en sus observaciones escritas que, para considerar abusiva la cláusula que figura en el apartado 5.2 de las condiciones generales de contratación, los órganos jurisdiccionales alemanes de primera y segunda instancia se basaron exclusivamente en el Derecho nacional y no en el Derecho de la Unión.
Procede recordar que, en un procedimiento prejudicial, el Tribunal de Justicia sólo es competente para pronunciarse sobre la interpretación o la validez del Derecho de la Unión en relación con la situación fáctica y jurídica descrita por el órgano jurisdiccional remitente, con el fin de proporcionar a éste los elementos útiles para la solución del litigio que se le ha sometido (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de abril de 2017, A‑Rosa Flussschiff,
C‑620/15
,
EU:C:2017:309
, apartado
).
En estas circunstancias, procede responder a la segunda cuestión prejudicial partiendo de la premisa, que es la del tribunal remitente, de que la normativa nacional que tiene por objeto proteger a los consumidores contra las prácticas abusivas, concretamente el artículo 307 del BGB, en virtud de la cual dicho tribunal considera abusiva la cláusula que figura en el apartado 5.2 de las condiciones generales de contratación, se fundamenta en el Derecho de la Unión en la medida en que dicha normativa transpone la Directiva 93/13.
El tribunal remitente se pregunta si, conforme a la sentencia de 18 de septiembre de 2014, Vueling Airlines (
C‑487/12
,
EU:C:2014:2232
), hay que considerar que la libertad reconocida a las compañías aéreas de fijar las tarifas con arreglo al artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.
o
1008/2008 se opone a que una normativa nacional que transpone el Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores se aplique a tal cláusula.
Sin que sea necesario pronunciarse sobre si los gastos de tramitación a tanto alzado establecidos por la cláusula que figura en el apartado 5.2 de las condiciones generales de contratación están incluidos en el concepto de «tarifas aéreas» en el sentido del Reglamento n.
o
1008/2008 y, como consecuencia, si esa cláusula es conforme con la libertad de fijación de precios establecida en el artículo 22, apartado 1, de dicho Reglamento, hay que señalar que el propósito de la Directiva 93/13, de conformidad con su artículo 1, apartado 1, es aproximar las disposiciones de los Estados miembros sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Por tanto, se trata de una directiva general de protección de los consumidores que se aplica en todos los sectores de actividad económica. El objetivo de esta Directiva no es restringir la libertad de fijación de precios de las compañías aéreas, sino que persigue obligar a los Estados miembros a establecer un mecanismo que asegure que toda cláusula contractual no negociada individualmente pueda ser controlada para apreciar su eventual carácter abusivo, en aras de la protección que debe concederse al consumidor por hallarse en situación de inferioridad respecto del profesional, tanto en lo que atañe a la capacidad de negociación como al nivel de información (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2015, Matei,
C‑143/13
,
EU:C:2015:127
, apartado
y jurisprudencia citada).
En este contexto, sólo cabría admitir que dicha Directiva no es aplicable en el ámbito de los servicios aéreos regulado por el Reglamento n.
o
1008/2008 si así lo establecieran con claridad las disposiciones de dicho Reglamento. Pues bien, ni el tenor del artículo 22 del Reglamento n.
o
1008/2008, relativo a la libertad de fijación de precios, ni el tenor de las demás disposiciones de dicho Reglamento permiten sacar tal conclusión, aunque la Directiva 93/13 ya estaba vigente en la fecha en que se adoptó ese mismo Reglamento.
Tampoco cabe deducir del objetivo perseguido por el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.
o
1008/2008 que los contratos de transporte aéreo no estén sometidos al cumplimiento de las normas generales que protegen a los consumidores frente a las cláusulas abusivas.
A este respecto, la Comisión señala acertadamente que la libertad de fijación de precios establecida en el artículo 22 del Reglamento n.
o
1008/2008 es la culminación de una progresiva eliminación del control de precios ejercido por los Estados miembros para abrir el sector a la competencia. Como indicó el Abogado General Bot en el punto 27 de sus conclusiones presentadas en el asunto Vueling Airlines (
C‑487/12
,
EU:C:2014:27
), la liberalización del mercado aéreo tenía por objetivo conseguir una mayor diversificación de la oferta y una fijación de precios más bajos, en beneficio de los consumidores. Así, el Reglamento (CEE) n.
o
2409/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, sobre tarifas y fletes de los servicios aéreos (
DO 1992, L 240, p. 15
), derogado por el Reglamento n.
o
1008/2008, indicaba en su quinto considerando que convenía «complementar la libertad de precios con medidas de salvaguardia suficientes, que protejan los intereses de los consumidores y de la industria».
La sentencia de 18 de septiembre de 2014, Vueling Airlines (
C‑487/12
,
EU:C:2014:2232
), no puede conducir a una conclusión distinta. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.
o
1008/2008 se opone a una normativa, como la controvertida en aquel asunto, que tiene por finalidad obligar, en cualquier circunstancia, a las compañías aéreas a transportar el equipaje facturado de sus pasajeros sin poder exigir ningún suplemento de precio por ello. En cambio, el Tribunal de Justicia en modo alguno estableció que la libertad de fijación de precios se opone, con carácter general, a la aplicación de cualquier norma de protección de los consumidores. Por el contrario, el Tribunal de Justicia indicó que, sin perjuicio de la aplicación, en particular, de las normas en materia de protección de los consumidores, el Derecho de la Unión no se opone a que los Estados miembros regulen aspectos relativos al contrato de transporte aéreo, especialmente a efectos de proteger a los consumidores contra las prácticas abusivas, siempre que no se cuestionen las disposiciones sobre precios del Reglamento n.
o
1008/2008 (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de septiembre de 2014, Vueling Airlines,
C‑487/12
,
EU:C:2014:2232
, apartado
).
Así pues, no es posible deducir de dicha sentencia que el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.
o
1008/2008 se oponga a la aplicación de una normativa nacional que transpone disposiciones del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores como las de la Directiva 93/13.
De las consideraciones anteriores resulta que la libertad de fijación de los precios de los servicios aéreos en el interior de la Unión, establecida en el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.
o
1008/2008, no puede impedir la aplicación de tal normativa nacional a las cláusulas de los contratos de transporte aéreo.
La respuesta contraria conllevaría privar a los consumidores de los derechos que les otorga la Directiva 93/13 en el ámbito de la fijación de los precios de los servicios aéreos y permitir que las compañías aéreas pudieran incluir en los contratos celebrados con los pasajeros —al no existir control alguno— cláusulas abusivas en la fijación de precios.
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.
o
1008/2008 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la aplicación de una normativa nacional que transpone la Directiva 93/13 pueda llevar a anular una cláusula que figura en las condiciones generales de contratación y que permite facturar gastos de tramitación a tanto alzado específicos a los clientes que no se hayan presentado a un vuelo o que hayan anulado su reserva.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1)
El artículo 23, apartado 1, tercera frase, del Reglamento (CE) n.
o
1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que, al publicar sus tarifas, las compañías aéreas deben precisar por separado los importes que adeudan los clientes por los impuestos, tasas de aeropuerto y demás cánones, recargos y derechos, mencionados en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letras b) a d) de dicho Reglamento, y, por tanto, no pueden incluir, ni siquiera parcialmente, esos conceptos en la tarifa mencionada en el artículo 23, apartado 1, tercera frase, letra a), del citado Reglamento.

2)
El artículo 22, apartado 1, del Reglamento n.
o
1008/2008 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la aplicación de una normativa nacional que transpone la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, pueda llevar a anular una cláusula que figura en las condiciones generales de contratación y que permite facturar gastos de tramitación a tanto alzado específicos a los clientes que no se hayan presentado a un vuelo o que hayan anulado su reserva.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.