Congreso de los Diputados
1999-09-21

Repito, coincidimos con ese diagnóstico y con esos objetivos del texto de la proposición, porque es absolutamente cierto que, de todas las administraciones públicas, posiblemente, la Administración de justicia es aquella que hasta ahora ha demostrado mayores carencias en el uso de las lenguas cooficiales diferentes del castellano, es la que ha resultado más impermeable al uso de lenguas propias de las comunidades autónomas, en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Valencia, en Baleares y, por lo tanto, es seguramente aquella en la que los justiciables tienen mayores problemas -no son problemas directos, pero sí mayores dificultades- para ser atendidos en la lengua de su elección, y ello a pesar de los múltiples y loables esfuerzos realizados por las diferentes administraciones implicadas. En particular -refiriéndome a mi tierra-, quiero recordar la actuación, muy clara, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y de su sala de gobierno, que ha hecho esfuerzos para conseguir que esta situación no se agrave, tal y como aquí se ha dicho.