Congreso de los Diputados
2007-03-29

Izquierda Unida siempre ha defendido la necesidad de un estatuto de la Función pública, una norma básica que clarificara el marco jurídico aplicable al personal funcionario y que unificara al máximo el régimen entre laborales y funcionarios al servicio de la Administración pública. Esta parecía que era la apuesta de este estatuto al llamarse Estatuto del empleado público. Sin embargo, este relevante paso finalmente no se ha llegado a dar más allá de los acuerdos alcanzados en la previa reforma de la Ley 9/1987. Hubiera sido una apuesta valiente que hubiera finalizado con una dualidad de regímenes que en muchos casos carecen de justificación razonable y no atienden a la jurisprudencia, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional. En cualquier caso, queda pendiente para el futuro. Lo cierto es que la reforma en profundidad de la Función pública tiene una gran relevancia porque además de afectar a 2.500.000 de ciudadanos, afecta también al ejercicio de los derechos y a la satisfacción de los intereses de la ciudadanía.