Congreso de los Diputados
2011-03-08

Finalmente, en lo que respecta a este recordatorio normativo que estoy haciendo -y ese es el motivo principal de la modificación que hoy nos aborda- el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad establece que los Estados miembros de Naciones Unidas debemos disponer de los medios legales económicos necesarios para que los ciudadanos con discapacidades puedan desarrollar sus derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía, en este caso en el ámbito de la Administración de Justicia. En ese sentido, no deja de resultar paradójico que, precisamente, una institución como el tribunal del jurado, que de algún modo es la representación democrática de la ciudadanía ante la Administración de Justicia, por un texto legal actual quizá excesivamente ambiguo se pueda permitir el lujo de discriminar ni más ni menos que a un porcentaje cercano al 9 por ciento de nuestra población. Esto es algo que en una democracia no entra dentro del terreno ni de lo admisible ni de lo tolerable.