Congreso de los Diputados
2003-02-06

Puede decirse que en aquellas causas que afecten a miembros del Gobierno hay una intervención del fiscal general del Estado, pero que tiene que venir apoyado por la Junta de fiscales, que cuando se separa de la Junta de fiscales debe motivar y en cualquier caso debe remitir a las Cortes Generales y al Gobierno ese acuerdo, pero decir que, cuando hay una causa que afecta a un miembro del Gobierno del Estado o de las comunidades autónomas, el fiscal general del Estado no interviene y sus funciones las realiza el Consejo Fiscal es otra cosa. Si pretendían que fuera un texto alternativo, hubieran debido decirlo. Vuelvo aquí a reiterar mi posición anterior. El Consejo Fiscal es un órgano de extracción absolutamente corporativa que podrá tener legitimación democrática, pero la legitimación democrática corporativa no puede sustituir en sus funciones al fiscal general del Estado. Apreciamos también una contradicción entre establecer un mandato del fiscal general del Estado de cinco años y prever su remoción por la disolución de las Cortes. En principio las legislaturas son de cuatro años.