Congreso de los Diputados
1999-09-30

No concreta de manera suficiente las obras que son competencia de la Administración General del Estado y quién debe o puede gestionar las que son competencia de los organismos de cuenca y las que corresponden a las comunidades autónomas y entes locales. También en este capítulo tenemos que mencionar, de forma especial, la falta de interés y sensibilidad en materia medioambiental por parte del Gobierno. La aplicación de la legislación de impacto ambiental a las obras hidráulicas se hace de forma discriminatoria. El Gobierno del Partido Popular pretende esquivar los compromisos y obligaciones en esta materia, como ocurre en otras normativas medioambientales. El respeto por el territorio y por las personas puede y se debe llevar a cabo al programar y materializar una obra pública, especialmente si es una obra pública hidráulica, por las consecuencias que frecuentemente conlleva. Y, ante eso, el Gobierno soslaya la conveniencia de considerar la afección socioeconómica y la ambiental, por lo que el proyecto de restitución territorial debería contemplar la reordenación de las actividades afectadas y la restauración del medio natural. Señor presidente, voy terminando.