Congreso de los Diputados
2017-11-14

Pero vamos a ver si somos capaces de convencer al Partido Socialista, al Partido Popular y a aquellas fuerzas políticas que en el año 2007, durante meses -lástima que no estén los diputados socialistas que fueron ponentes de la ley-, estuvimos debatiendo sobre la necesidad de incorporar el término "ilegalidad". Entonces, la mayoría parlamentaria consideró que no se podía asumir algo que para ellos era catastrófico: aceptar que los tribunales eran ilegales. Según ellos, esto abría un boquete enorme a aquello que se ha convenido en llamar la seguridad jurídica. Yo sé que estamos ante un problema muy gordo, es cierto, tan gordo como que a un ciudadano al cual fusilaron a su padre o a su madre o a sus hermanos todavía hoy, en el año 2017, se le niegue poder tener un certificado de plena anulación de la sentencia.