Congreso de los Diputados
2017-09-28

Pero la equidad que debe acompañar la administración de justicia debe impregnar todas sus manifestaciones, debe aplicarse con equidad a los justiciables, pero también debe velarse para que, tal y como establece el artículo 125 de nuestra Constitución, todos los ciudadanos puedan participar de manera directa y activa en ella a través de la institución del jurado. Sin embargo, la redacción original de la Ley del Tribunal del Jurado establecía una serie de disposiciones que, en la práctica, suponían la exclusión por razón de discapacidad del derecho de muchos ciudadanos a participar en un jurado popular, provocando una discriminación injusta e intolerable. Eso es lo que hoy vamos a solventar aquí. Y con eso daremos también cumplimiento al mandato constitucional, pero también al Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, en este caso, en el ámbito de la administración de justicia. Señorías, se trata de una pequeña modificación legislativa, pero que supone una gran modificación y avance en materia de derechos civiles. Hoy no estamos hablando únicamente de la supresión de barreras arquitectónicas.