Congreso de los Diputados
2017-03-21

De una parte, empezó a perseguirse con el Código Penal a los sindicalistas mediante la aplicación de sanciones penales basadas en un elemento que el Tribunal Constitucional había proscrito y que es la configuración de la huelga como un factor que incrementa la penalidad, incluyendo en los atestados la existencia de concertación previa para que con ello la fiscalía pudiera acusar por el 315.3 del Código Penal. Prácticamente nunca en democracia se había hecho antes. Es nuestro deseo que no se haga nunca más. Por otra parte, se exacerbaban las sanciones por manifestaciones, en cualquier modalidad que se llevaran a cabo, incluso de manera pacífica, y se incluyeron en las leyes nuevas conductas sancionables. Esto es una forma de actuar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos definió como provocar el efecto desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales. Nunca antes en la democracia española se aplicó con mano tan dura la legislación al discrepante, especialmente si además era sindicalista.