Congreso de los Diputados
2012-05-17

Por otra parte, puesto que son las comunidades autónomas las encargadas de llevar a cabo las medidas contenidas en el real decreto-ley, se ha dotado al contenido de esta norma de una amplia flexibilidad para que cada comunidad pueda decidir, dentro del marco de la norma, la intensidad y el rango con el que aplica estas medidas; es decir, la decisión última recae en los Gobiernos de las comunidades autónomas y dependerá, lógicamente, de la percepción de cada una de ellas sobre su contribución a reducir el objetivo de déficit y, como es natural, de lo lejos que esté de ese objetivo del 1,5 %. Entenderán perfectamente sus señorías que no es igual la situación de una comunidad autónoma que haya registrado el 1,6 % de déficit el pasado ejercicio que la de otra que registre el 7 %. Evidentemente, en un caso se podrá hacer un uso muy limitado de las posibilidades que ofrece este real decreto-ley y en el otro habrá que hacer un uso más completo.