Congreso de los Diputados
2003-09-16

El Consejo de Estado le dijo lo que es lógico y de sentido común, que este real decreto no respeta la distribución de competencias y constituye una conculcación de aquello que a finales del año pasado declaró el Tribunal Constitucional: que la formación continua es competencia autonómica y que los fondos destinados a la misma, sea cual sea su origen -incluso los que proceden *Página 14540* del Fondo Social Europeo-, deben ser gestionados por las comunidades autónomas. Pues bien, este real decreto hace justamente lo contrario: centraliza y privatiza. Centraliza en manos de la Administración central, pero también en manos de los sindicatos de ámbito estatal -justamente, y hay que decirlo, aquellos en los que el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en la gestión de los fondos de formación continua- la gestión del sistema.