Congreso de los Diputados
2012-12-13

Dice que las concesiones no deben tener duración excesiva, que no deben renovarse automáticamente ni representar ventaja alguna para el prestador cesante. En especial, la duración de la autorización concedida debe fijarse de forma que no se restrinja ni se limite la libre competencia más allá de lo necesario para garantizar la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos. La propia Comisión Nacional de la Competencia ha dicho que el plazo de las concesiones tiene que estar modulado en función de la amortización de las inversiones necesarias y el sector de puertos establece a través de la ley, también en dominio público marítimo-terrestre, 35 años. Digo yo que no hay que saber mucho para entender que una inversión en el aspecto portuario requiere quizá más inversión que una en el dominio público marítimo-terrestre ordinario. Por tanto, no es que privaticen -que privatizan-, no es que desprotejan la costa -que la desprotegen-, no es que mercantilicen títulos y derechos públicos -que los mercantilizan-; el problema es que lo exclusivizan.