Congreso de los Diputados
2004-06-01

En segundo lugar, la proposición apunta una serie de propuestas referidas a la capacidad de las comunidades autónomas para gestionar de forma más eficiente el personal no judicial de la Administración de justicia. Este personal es una pieza clave en el funcionamiento de servicio, pero la actual situación estatutaria que se encuentra en los cuerpos estatales dificulta frecuentemente una gestión adecuada de sus capacidades y disponibilidad. Estamos dispuestos también a promover una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que suprima el carácter estatal de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de justicia, atribuyendo de esta forma la posibilidad a las comunidades autónomas que hayan adoptado las denominadas cláusulas subrogatorias en materia de gestión y administración de la justicia, las facultades que se atribuyan al Gobierno.