Congreso de los Diputados
2017-05-11

No obstante, desde 2002 en el sistema español, junto a las figuras del defensor del cliente bancario y del asegurado, se han comenzado a crear servicios de defensa del cliente en grandes empresas. Estas figuras que han surgido de manera voluntaria en el marco de los programas de responsabilidad social corporativa han mostrado deficiencias para satisfacer las reclamaciones de los consumidores. Consideramos que no debemos apartarnos del criterio seguido por la práctica totalidad de los Estados miembros a este respecto. Por otro lado, mantener este criterio daría lugar a una situación de confianza para los consumidores que viajan, compran online o incluso realizan diferentes transacciones en distintos mercados de la Unión Europea, resultando muy beneficioso para la economía de todos los Estados miembros. Señorías, en el trámite de enmiendas también vamos a proponer mantener el principio de gratuidad en las reclamaciones de los consumidores.