Congreso de los Diputados
2010-02-16

El problema principal que se presenta aquí con el artículo 35 de la Ley de Extranjería es que la llamada medida cautelar y provisionalísima que se encomienda al ministerio fiscal para resolver esta cuestión colisiona, a nuestro entender, y coincidimos en eso con el grupo proponente, no solo con algunos derechos fundamentales, sino también con algunos principios superiores del ordenamiento jurídico, puesto que, si no existe documentación o si esta es falsa o dudosa, no se pueden realizar pruebas que determinen su edad real de forma agresiva o que puedan poner en cuestión derechos como el de la intimidad, y es por lo que la propia fiscalía, en una circular interna, advertía de esas circunstancias. Con todo, como indicaba en aquella circular el propio ministerio público, la orientación y el criterio fundamental debe ser tratar de forma decorosa al menor y, por tanto, las pruebas radiológicas constituyen una intervención leve y que no menoscaba en ningún caso la integración física del menor.