Congreso de los Diputados
2015-04-16

La aparición de este órgano en la legislación analizada nos plantea serias dudas de la subrogación de las funciones de anteriores órganos en funcionamiento para las adopciones, acogimientos, etcétera, pudiendo dar lugar a nuevos casos de privatización del tratamiento del derecho de la persona y sus graves consecuencias, lo cual nos llevaría a una mercantilización en detrimento de la seguridad jurídica en el ámbito de la infancia y la adolescencia en nuestro país. ¿Estamos ante una nueva figura de corte norteamericano para la gestión de esos procesos con niños y adolescentes de carácter privado y fines de lucro? ¿Cómo se va a regular esa nueva figura y su relación con las comunidades autónomas y las legislaciones de estas? En relación con la cuestión competencial, la reacción de la ley supone una invasión muy clara en aquellas comunidades que tienen reconocida en sus estatutos de autonomía la competencia exclusiva en materia de protección de menores, y ya se ha hecho referencia a este tema por intervinientes anteriores.