Congreso de los Diputados
1998-10-06

que la RU-486 se utilizaría aquí como en Francia, donde este medicamento está sometido a la misma reglamentación que los considerados tóxicos. Su uso está restringido al ámbito hospitalario, el médico tiene que certificar por escrito el uso que hace de él y la mujer lo toma en su presencia, por lo que no se puede vender ni comprar en farmacias. Al no hacer falta ni quirófano ni anestesista y al exigir una cobertura sanitaria mínima -solamente un médico que vigile todo el proceso- disminuyen significativamente los costes sanitarios y, al ser la mujer la protagonista del proceso, se simplificaría bastante el problema de objeción de conciencia. Además, muchas mujeres que hoy día no pueden ejercer el derecho al aborto por no tener recursos y no poder acceder a servicios sanitarios privados podrían ejercerlo en la sanidad pública.