Congreso de los Diputados
2014-02-18

Más allá del cambio en Europa y centrándonos en nuestra propia legislación, parece importante que tomemos en consideración todas las políticas sectoriales aprobadas en este Parlamento y que han supuesto avances sociales significativos, bien como obligaciones, bien como recomendaciones. Teniendo en cuenta que en los países europeos la contratación, compras, concesiones o adjudicaciones de la Administración pueden representar alrededor del 20 % del PIB -el señor Campuzano lo situaba en España en el 18 % del PIB-, que esa actuación estuviese inspirada en las cláusulas sociales significaría sin duda uno de los estímulos más importantes para la RSE. Así, como ya he dicho, la Administración debe estar al frente de la promoción y aplicación de todos y cada uno de estos avances. Ni es ni puede ser mero regulador ni mero observador en aquello referido al empleo de las personas con discapacidad o al empleo de las personas en riesgo de exclusión social en el sentido ya apuntado por el señor Campuzano.