Congreso de los Diputados
2001-04-24

La sentencia 173/1998 del Tribunal Constitucional ha declarado que corresponde a la ley orgánica la determinación de los elementos esenciales relativos a la titularidad del derecho de asociación. En efecto, la proposición objeto del presente debate cumple con este cometido, estableciendo -y esto es lo que ahora quisiera subrayar- que el derecho de asociación corresponde a todas las personas, sin que su ejercicio se vea sometido a limitación alguna, si bien el artículo 5, en su párrafo segundo, específica que solamente podrán ser promotores los extranjeros residentes en España. La proposición pretende así corregir el régimen subjetivo establecido en la Ley Orgánica 8/2000 y regresar al previsto en el texto original de la Ley de extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, un régimen este último a nuestro juicio mucho más acorde con la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional, cuya sentencia 115/1987, de 7 de julio, postulaba ya que de acuerdo a sus propios términos el artículo 22 de la Constitución, en contraste con otras constituciones comparadas, reconoce también directamente a los extranjeros el derecho de asociación.