Congreso de los Diputados
2000-11-16

Por ello, las reformas legales que se acometan no pueden obedecer a razones ajenas a la política criminal, sean éstas electorales o de cualquier otro tipo, deben inspirarse en los principios propios de un ordenamiento penal y penitenciario democráticos -proporcionalidad que ustedes no respetan-, presunción de inocencia, eficacia y reinserción social como orientación principal de las penas y, sobre todo -no lo decimos nosotros lo dice el Consejo General del Poder Judicial-, deben hacerse con una serenidad congruente con el carácter de la última ratio que caracteriza el derecho penal en un sistema democrático. El proyecto presentado por el Gobierno no respeta ninguna de estas condiciones.