Congreso de los Diputados
1997-12-10

Cuando hablamos de pluralismo lingüístico hay que contemplarlo desde una triple perspectiva: evitar que las lenguas fueran, sean o puedan ser fuente de conflicto, salvaguardar un patrimonio cultural básico y único y asegurar los derechos de los ciudadanos. Conseguir todo ello no puede dejarse en manos de un pensamiento liberal lingüístico. No es tan sencillo como afirmar que cada cual hable la lengua que quiera, con lo que el Gobierno quedaría justificado con no impedir que los ciudadanos pudieran expresarse en su propia lengua. La realidad sociolingüística habla de procesos de desigualdad, de diglosia, de opresión sobre los hablantes de lenguas minorizadas. Además, hay que recordar que ese sistema de equilibrio que establece el artículo 3 de la Constitución es muy frágil porque, como he dicho hace un momento, existe una asimetría favorable al castellano si no es compensada con políticas activas. Por eso, todos los poderes, comenzando por el Gobierno, están convocados a cooperar en la defensa del pluralismo lingüístico.