Congreso de los Diputados
1997-06-26

A ello hay que añadir las sentencias en contra dictadas por la Audiencia Nacional en 1994 y en 1996 y, fundamentalmente, la decisiva sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1996, en contra del criterio mantenido por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que es el único pronunciamiento existente del alto Tribunal. Otro aspecto analizado por la Comisión ha sido el origen y fundamento del contencioso relacionado con la redacción del artículo 31, apartados 3 y 4, del reglamento general de la Inspección de los tributos, que se publicó en el año 1986. No era labor de esta Comisión pronunciarse sobre la controversia jurídica entre la interpretación de este artículo y el artículo 66 de la Ley General Tributaria, que regula los supuestos en los que los plazos de prescripción se interrumpen. Sin embargo, la Comisión estimó que, al ser esta cuestión el elemento clave del objeto de la misma, era necesario, al menos, establecer los criterios y pronunciamientos, tanto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria como de los tribunales.