Congreso de los Diputados
2017-06-20

La sentencia del alto tribunal implica también la anulación de diversas disposiciones adicionales y transitorias del real decreto que reconocen o facilitan actividades empresariales o deportivas en relación con especies catalogadas, lo que implica el desequilibrio medioambiental por el más que previsible aumento de población de estas especies a costa de las autóctonas, un quebranto para las miles de empresas que proporcionan productos y servicios en torno a la caza y pesca deportiva, la ruina para muchos pueblos y un perjuicio para los aficionados que, una vez más, se convierten en damnificados. Estamos ante una decisión que precisa una urgente modificación legislativa, porque de lo contrario iría -como tantas y tantas otras veces- en detrimento de cazadores y pescadores, que son los que permiten combatir y corregir la invasión de especies exóticas que con el tiempo -de no controlarlas e incluso protegiéndolas- acaban convirtiéndose en plagas de depredadores que están diezmando dramáticamente las poblaciones de nuestra fauna ibérica, incluso con grave afectación para la vida de agroganaderos y para el medio rural.