Congreso de los Diputados
2011-07-12

En esas normativas se establecía a favor de los exministros y altas autoridades del Estado el derecho a una pensión vitalicia del 80 por ciento del salario del cargo desde el día siguiente de su cese, simplemente por haber jurado; pensión que además era compatible con todo tipo de remuneraciones públicas o privadas. ¿Les suena? Al inicio de la democracia se consideró razonablemente que estos beneficios eran excesivos y en las dos leyes de presupuestos de los años 1979 y 1980 se procedió a recortarlos.