Congreso de los Diputados
2002-03-20

Ahora bien, dicho esto, el Grupo Parlamentario Vasco insistió también en la idea de que si el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia de instancia, el Gobierno habría de proceder a su ejecución sin ofrecer resistencia de ningún tipo. La ejecución de sentencia, en sus propios términos, forma parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y esta máxima no conoce excepción ni tan siquiera en el supuesto de que el contendiente judicial fuese una Administración pública. Finalmente, el Gobierno acordó interponer el oportuno recurso de casación y parece ser que ha prosperado, digo que parece, porque los medios de comunicación nos han dado cuenta de que existe el fallo que accede a la casación, aunque no han dicho nada en torno a sus fundamentos jurídicos. Esperamos y además confiamos en que esta dinámica tan singular de fijar primero el sentido del fallo para buscar después los razonamientos jurídicos que han de sustentarlo -que no parece muy acorde con la metodología del trabajo jurídico- no sea una consecuencia del pacto por la justicia, recientemente suscrito por algunos grupos parlamentarios.