Congreso de los Diputados
2002-10-17

Hay perjuicios también para los ayuntamientos afectados, que tuvieron que afrontar en un primer momento una situación de emergencia con muy pocos recursos, con pocos medios, pero -tengo que resaltarlo- con una gran eficacia, como por otra parte es habitual en los ayuntamientos, y una difícil tarea de coordinación, pero muy eficaz, tanto con el Gobierno como con la Xunta de Galicia. Hasta aquí, un breve relato de los hechos y de las consecuencias de aquel dramático 3 de diciembre del año 1992. Hoy en esta Cámara, diez años después y seis después de la sentencia, este real decreto-ley pretende poner punto final a los daños evaluables, aunque -lo sabemosno todos los afectados están en la lista ni todas las indemnizaciones son las que debieran ser. Este real decreto, señorías, no nos satisface porque llega tarde -es bien evidente, diez años- y mal; llega mal porque ni siquiera los acuerdos transaccionales que se mencionan satisfacen a todos.