Congreso de los Diputados
2005-11-23

Ahora bien, dicho esto, añadamos de inmediato que la Constitución también señala que el Estado mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia católica y con las demás confesiones. Lo dice expresamente y esto no puede ser obviado porque explica todo lo demás: explica la situación en la que estamos; explica no solamente los acuerdos suscritos en 1979 con la Santa Sede, sino también los acuerdos que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980, se negociaron y se concluyeron en su momento, en 1992, y fueron validados por ley de este Parlamento; por ley del Parlamento que representa la soberanía popular; las leyes 24, 25 y 26, de 1992, que establecieron acuerdos del Estado con las confesiones judía, musulmana y protestante. Por tanto, articulan un mandato constitucional, el de que el Estado tenga en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española -como sociedad abierta y plural- y mantenga relaciones de cooperación con la Iglesia católica, a la que llama por su nombre, y las demás confesiones.