Congreso de los Diputados
2007-09-12

La forma de oponerse a las actuaciones de las distintas administraciones públicas o de exigir el cumplimiento de sus obligaciones es la interposición, por quienes se encuentran en cada caso legitimados para ello, de los recursos administrativos y jurisdiccionales que se regulan en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, ante cualquier denuncia las autoridades podrán requerir para que se cumpla con la legalidad y, en caso de no ser atendido el requerimiento, podrán acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Hay, por tanto, una legalidad que ha de ser respetada y cumplida. Todas las instituciones deben ser garantes del cumplimiento y hay unos procedimientos para ello. Esto es lo que el Gobierno viene haciendo, cumplir fielmente el sentido de la Ley 39/1981, sobre el uso de las banderas, emprendiendo para ello las actuaciones precisas para la consecución de tal fin, como por cierto han hecho todos los gobiernos. Quiero decirle que desde el inicio de la legislatura la actitud del Gobierno ha sido la de promover y favorecer el debido respeto institucional a la bandera de España y a las banderas autonómicas.