Congreso de los Diputados
2017-03-07

La resolución de 2012 fijó una subida de la participación de los beneficiarios en el coste de la atención por los servicios y prestaciones de hasta un máximo del 90 % del coste del servicio. Anteriormente, este límite solo estaba previsto para las personas que estaban en una institución -solamente para ellas- residencial y siempre con una previsión de liquidez, porque el resto de todos los servicios copagados estaban entre un 40 y un 65 %, lo que significa que la aportación máxima del beneficiario -que es lo que nos trae hoy aquí esta iniciativa- se incrementó entre un 25 y un 50 %. Pero esto, siendo grave, no fue lo peor. La citada resolución establece que las comunidades autónomas o Administración competente podrían, a su vez, establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas. Y, por si esto fuera poco, fijaron una reserva del 19 % del Iprem para gastos personales añadiendo, sin embargo, la coletilla de que las comunidades autónomas podrían establecer cuantías aún inferiores.