Congreso de los Diputados
2017-11-14

La Ley de memoria histórica lleva diez años vigente, fue promovida por el Gobierno en la VIII Legislatura, aprobada por aquellas Cortes Generales y tenía como finalidad, según su propio preámbulo, cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura. Esa finalidad de reparación que persigue la ley puede entenderse cumplida diez años después, y por eso su propuesta aporta confusión e inseguridad jurídica. Las leyes no son para provocar debates, sino para regular la convivencia con vocación de permanencia y generalidad. Sin embargo, lo que me causa tristeza es constatar que el grupo que propone hoy esta iniciativa se ha negado a conmemorar hace tan solo unas semanas la vigencia de la Constitución de 1978. Le recuerdo sus propias palabras, señor Xuclà: Lo vamos a decir claro y rápido; nada que celebrar; vamos a votar que no.