Congreso de los Diputados
2018-02-14

Nosotros cuando llegamos hicimos una pregunta acerca de esta infracción en curso, y curiosamente se nos respondió que estaba todo bien y que iba a buen ritmo. Cuarenta días después, la Audiencia Nacional saca el procedimiento ordinario de 2012 -cinco años antes-, en el que tira por el suelo la declaración de impacto ambiental, el anteproyecto, diciendo que la declaración de interés general y la evaluación de coste ambiental no se fundamentan. Ese es el cumplimiento que está haciendo este Gobierno, y al final el Estado, en cuanto a la Directiva Marco del Agua. No hablemos del derecho humano al agua que, desde luego, está reconocido por Naciones Unidas pero no está todavía entendido en las planificaciones hidráulicas. No se entiende como bien común, como un elemento esencial de los ecosistemas y como derecho humano, sino como una mercancía, como un input productivo y un bien de especulación.