Congreso de los Diputados
1996-11-14

No es legítimo pretender que quienes acceden a un cargo o función pública perfectamente honorable en cuanto manifestación del derecho a participar en asuntos públicos salen de tal modo contaminados que son incapaces de desempeñar objetivamente la función jurisdiccional o se han perdido la capacidad de ser imparciales, ya que, no olvidemos, también en el Ejecutivo y en Legislativo se actúa de acuerdo con la legalidad y al servicio de intereses generales, como ha señalado el representante de Izquierda Unida. Sin embargo, sí debe procurarse el no reingreso a su anterior destino, tanto para posibilitar una mayor libertad de actuación durante el desempeño de las responsabilidades políticas como para asegurar una mayor garantía de imparcialidad a su regreso sin riesgo de que su actuación o sus públicas manifestaciones puedan condicionar su ulterior actividad jurisdiccional, teniendo además en cuenta que aquella actividad judicial pudo haber sido determinante en la designación o en la elección para el cargo público.