Congreso de los Diputados
2003-03-11

No sé en qué medida un ayuntamiento que vende patrimonio para que los promotores inmobiliarios construyan viviendas, sean de protección oficial o no, puede entrar en esta figura. Esta figura es muy delicada y tenemos que estudiarla aquí con respeto a los propios sentidos de los artículos constitucionales que hablan sobre la propiedad privada, incluso de aquella propiedad de los ayuntamientos, porque dejarlo como una especie de derecho residual de replanteamiento es un asunto que merecería dedicarle todo el pensamiento de un modelo económico y político que se está cuestionando en esta situación. Cuando se dice, por ejemplo, en diversos artículos del título II de la proposición del Grupo Socialista, junto a otros verdaderamente enriquecedores y positivos de un futuro proyecto de ley, que se procede a valorar la propiedad urbana sobre la base de la asunción de los explícitos criterios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, hay que pararse a decir qué se debe entender desde cada intencionalidad político-administrativa con criterios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad, que la razón *Página 11893* se puede argumentar en muy distintos campos y facetas.