Congreso de los Diputados
2005-02-22

Por lo tanto, queremos llamar la atención, en primer lugar, de que a la hora del desarrollo normativo de la Ley 40/1999, en concreto con el Real Decreto 193/2003, de 11 de enero, y también de su aplicación posterior por los encargados del Registro Civil y la propia Dirección General de Registros, no se ha respetado la voluntad inequívoca del legislador al imponer condiciones adicionales para acreditar el acuerdo del padre y de la madre para decidir libremente el orden de los apellidos de los hijos e hijas, que en realidad desnaturalizan ligeramente la finalidad que se perseguía con la promulgación de dicha ley.