Congreso de los Diputados
1997-02-26

El actual Gobierno se encontró, por tanto, con una legislación en materia de suelo extraordinariamente compleja, pendiente de varios recursos ante el Tribunal Constitucional, mayoritariamente rechazada y ampliamente incumplida. Esta legislación ocasionaba efectos muy negativos para el desarrollo de nuestras ciudades, entre los que cabe citar: primero, fuerte restricción de la oferta de suelo urbanizable en condiciones de inmediato desarrollo, que ha conducido en la mayoría de los casos a situaciones monopolísticas con la consiguiente elevación de los precios del suelo antes de su transformación, en los últimos años hasta el 43 por ciento del precio total de la vivienda. Segundo, tiempos reales de tramitación de planes y proyectos notoriamente largos debido a la multiplicación de trámites intermedios, innecesarios en la mayoría de los casos, pero que encarecen también el producto final, que es la vivienda. Tercero, una fuerte discrecionalidad de la Administración municipal frente a las propuestas e iniciativas de los particulares, con la consiguiente incertidumbre que se refleja siempre en mayores costes.