Congreso de los Diputados
2011-03-10

Por cierto, prácticamente la mitad de ellas se trata de familias, de pequeñas y medianas empresas cuyo impacto en el ahorro que se pretende por parte del Gobierno va a ser puramente marginal o testimonial. Para más inri van a ser las que más dificultades tengan para renegociar en el futuro más inmediato su eventual refinanciación y salvarse o, en definitiva, buscar un amparo en la justicia. Más allá del perjuicio económico que se va a producir a estas empresas el Gobierno va a penalizar un sector que necesita para cumplir con sus compromisos internacionales. Debo recordar que el Gobierno se comprometió con Bruselas a apostar claramente por esta energía. Y lo peor no es solo esa pérdida de confianza dentro del Estado español sino también a nivel internacional, y la inseguridad jurídica que produce la irretroactividad de estas medidas, además del auténtico vía crucis judicial que puede suponer la cascada de demandas de muchos perjudicados por esta medida.