Congreso de los Diputados
2000-11-21

Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de noviembre de 1999 se declararon determinados preceptos como no acordes con el texto constitucional, pero la eficacia de la expulsión de tales preceptos de nuestro ordenamiento jurídico quedó demorada hasta que una ley estatal estableciera los criterios de conexión hábiles que permitieran articular la distribución de competencias administrativas entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta ley, según el Tribunal Constitucional y por exigencias lógicas de respeto al ordenamiento jurídico y a la Carta Magna, debía ser presentada ante este Gobierno lo más rápido posible y, finalmente, en virtud de la disposición final segunda de la Ley 52/1999, de reforma parcial de la Ley de Defensa de la Competencia, quedó fijado el plazo del 1 de octubre del año 2000 para la presentación de este proyecto de ley.