Congreso de los Diputados
2002-02-07

Esto supone que el Estado, en el ejercicio de esta competencia, no debe agotar la competencia de las comunidades autónomas de legislar en desarrollo de las bases estatales, tal y como se reconoce en la sentencia del Tribunal Constitucional 102 de 1995. Por ello, nosotros entendemos que la ley debería atribuir a las comunidades autónomas el dictado de las declaraciones de impacto ambiental de aquellas instalaciones sometidas a tal procedimiento, aun cuando la competencia para el otorgamiento de la autorización sustantiva correspondiera a la Administración central, sin perjuicio de que se articulen cauces de participación de la Administración del Estado, como es lógico. En el Grupo Vasco hemos observado que existen algunas otras lagunas como la anterior que pueden salvarse en la tramitación del proyecto. Nosotros no pretendemos apoyar en este caso la iniciativa de devolución del Grupo de Izquierda Unida, sino que nuestra idea está en mejorar este texto en el trámite de Comisión porque entendemos que así puede hacerse.