Congreso de los Diputados
2014-02-18

En tercer lugar, los contratos reservados, también vinculado al Real Decreto Legislativo que regula la contratación pública: los órganos de contratación reservarán en conjunto la adjudicación de un porcentaje del 7 % -no son desmesuradas las peticiones de esta proposición, son más bien tibias, son moderadas, llámelas pragmáticas si quiere, señor Campuzano-, un importe total anual de un 7 % de subcontratación a centros especiales de empleo cuando al menos el 70 % de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad o con especiales dificultades de inserción laboral. En el ámbito de las prohibiciones, las obvias. En una empresa que contradiga lo previsto en los artículos 150-152 del Código Penal, que son los delitos vinculados a la discriminación por razones de sexo, ideología, raza, orientación sexual, etcétera, qué menos que prohibir la adhesión o la participación en contratos públicos en el ámbito de la contratación pública o la percepción de subvenciones.