Congreso de los Diputados
1997-12-11

Desde esa insistencia, el real decreto de cabotaje marítimo incorporó varias sugerencias de la Administración canaria y el proyecto de ley de modificación de la Ley de Puertos, que hoy aprobaremos definitivamente, incorpora una enmienda de este grupo parlamentario estableciendo la navegación interinsular y de las islas con la península, además de Ceuta y Melilla, como navegación de interés público. Con esos antecedentes no nos explicamos cómo es posible que se esté planteando que las comunidades autónomas de Canarias y Baleares asuman el coste financiero de los contratos y obligaciones de servicio público en los tráficos interinsulares. Sabe usted que en 1995 se produce el traspaso a esas dos comunidades de las funciones y servicios en materia de transporte marítimo interinsular y que el importe de los créditos transferidos concretamente a Canarias fue de nueve millones de pesetas. Las transferencias son a foto fija, y la foto fija en ese año fue de ese importe, pero estaba vigente un contrato del Estado con la naviera pública Trasmediterránea.