Congreso de los Diputados
1998-02-25

Además, lo que pretende es que la Administración de justicia se adapte a la realidad social, que un ciudadano pueda acudir a la oficina judicial y pueda hablar en la lengua que le es propia porque hay una cooficialidad; que se pueda exigir como instrumento de trabajo una cierta gestión y conocimiento informático y que se pueda exigir una gestión administrativa. Si pretendemos modernizar la justicia, flaco favor le están haciendo cuando esos criterios, que son absolutamente claves y necesarios para que podamos tener un derecho a la tutela judicial efectiva, no son admitidos. Al día de hoy el Consejo General está admitiendo en su reglamento que el perfil lingüístico sea tenido en cuenta en los traslados, por lo que me parece un poco arcaico que el Poder Judicial o el Ministerio de Justicia no tengan en cuenta esos datos que son claves. Flaco favor nos está haciendo a los ciudadanos del País Vasco.