Congreso de los Diputados
2006-03-16

Una obsesión lógica de las democracias y de los países es regular los posibles conflictos de intereses entre lo privado y lo público en el ejercicio de la actividad política. También ha sido una constante de la democracia española, que se ha ido dotando de leyes importantes que regulan la incompatiblidad de los cargos políticos como las de 1983, 1991 y, sobre todo, la de 1995, aquella Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos que ha sido eficaz y que ha cumplido su función gracias a que en este país tenemos, con carácter general, una muy decente clase política, lo cual no significa que no existan, como en la viña del Señor, casos de irregularidades y actitudes en las que se mezcla lo privado y lo público. Tenemos el caso eólico en Canarias, el caso Fabra o el caso de Orihuela, en los que se ha utilizado el papel político sobre todo para enriquecerse políticamente. (Aplausos.) No es una cuestión de leyes ni de generalización de la dignidad de la clase política que defendí en Comisión y defiendo en el Pleno.