Congreso de los Diputados
2000-10-05

Quiero recordar que los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión acordaron en octubre de 1999 que se debía garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residieran legalmente en el territorio de sus Estados. Dentro de lo que debe ser una auténtica política de integración, pretendemos conceder a estos residentes derechos y obligaciones comparables a los ciudadanos de la Unión, fomentando conductas que hagan posible esta integración social, cultural y socioeconómica, desarrollando siempre las medidas necesarias contra el racismo y la xenofobia que, sin duda, constituyen los elementos más perturbadores, en las próximas décadas, de la convivencia no sólo en España sino en el conjunto de la Unión Europea. En definitiva, señorías, lo que el Gobierno trata de hacer con este proyecto es aunar dos principios esenciales y básicos.