Congreso de los Diputados
2017-11-14

No podemos olvidar que la condena en costas va dirigida a resarcir al vencedor del pleito, a aquel justiciable que se ha visto impelido, obligado a recurrir a la justicia, ya sea en una posición activa de demandante o pasiva de demandado, y que se ha visto imperiosamente obligado a pagar unos honorarios -abogado, procurador, perito- y a asumir unos costes sencillamente para conseguir su legítimo derecho. Como dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la del Tribunal Constitucional y la de las audiencias provinciales -sentencia, por ejemplo, del año 1988 del Tribunal de Cuentas-, la imposición de costas a quien pierde no es una sanción, sino una contraprestación de los gastos ocasionados. El propio principio de tutela judicial efectiva -artículo 24, como bien saben, de la Constitución- exige que los derechos no se vean lesionados por la necesidad de acudir a los tribunales. El pago de los gastos judiciales no debe ser soportado por quien se ve obligado a presentar una demanda, sino que debería ser asumido por el causante de esos daños.