Congreso de los Diputados
2013-09-24

Si analizamos la normativa actual sobre los derechos lingüísticos en la Administración de Justicia, tendremos que acudir a la Constitución española en el artículo 149.1.5ª y 6ª, pero también hay previsiones en los correspondientes estatutos de autonomía. Así ya he mencionado antes el artículo 33 del Estatut d'Autonomia de Catalunya y el 102, que se refiere al perfil lingüístico del personal al servicio de la Administración de Justicia, y a partir de las competencias atribuidas por la Constitución española y los estatutos de autonomía se ha aprobado legislación diversa que incide en esta materia. Por una parte disponemos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece los criterios generales sobre el uso de la lengua en las actuaciones judiciales, y que resumidamente podemos concretar en una posición preferente del castellano, un uso potestativo de la lengua oficial propia de las comunidades autónomas y obligación de traducir al castellano si algún interviniente no entiende la lengua propia o tiene que hacer efectiva esa lengua fuera de la comunidad.