Congreso de los Diputados
2015-02-19

Señorías, la legislación penal está sometida a los principios de seguridad jurídica estricta para evitar incertidumbre e inconcreción a la hora de aplicar castigos públicos. La jurisprudencia, tanto constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo ha recordado reiteradamente: las normas punitivas deben predecir con un alto grado de certeza las conductas que serán consideradas infractoras, así como el tipo y grado de sanción que se impondrán. La interpretación que se proporciona en los párrafos segundo y tercero del apartado 2, más que dar claridad a la tipificación de nuevos delitos, incumple los principios de legalidad y de seguridad de las penas al quedar difusamente reflejado el contenido esencial de las conductas que se pretenden castigar. Del mismo modo que se hace en el apartado 3 del artículo 575, al incorporar una conducta que por sí misma no puede ser considerada delito si no existen otras circunstancias o elementos en presencia que indiquen con certeza que la pretensión es la participación o colaboración con organizaciones terroristas.