Congreso de los Diputados
2017-05-18

Primero, la declaración conjunta del tratado Unión Europea-Canadá dice que ninguna Administración se verá forzada a privatizar un servicio público, lo dice específicamente. Además, en el CETA están protegidos expresamente, se han excluido de privatización, algunos sectores: suministro de agua, servicios sociales, sanidad, educación. Están excluidos expresamente de la privatización, por tanto, no sé por qué salen críticas en este sentido. Otro dato, la cuestión de los organismos genéticamente modificados. No permite la exportación de productos canadienses genéticamente modificados a Europa, tal y como se ha establecido en el acuerdo. En estos momentos las empresas canadienses pueden optar a contratos públicos europeos -no tienen problema-, pero no a la recíproca, es decir, las empresas europeas no pueden optar a contratos públicos canadienses. ¿No sería necesaria una cierta igualdad? ¿No es eso ventajoso, no ya para las empresas y la economía, sino también para los trabajadores y para conseguir una mayor generación de empleo para Europa? Otro de los temas que se plantean como problemáticos es el arbitraje.