Congreso de los Diputados
2015-02-10

Además, en las políticas que el Gobierno español ha ido construyendo en esta materia se empuja, de manera quizá no muy sutil, a que si las entidades de ámbito autonómico se quieren beneficiar de los recursos del 0,7 %, deben ir por el camino de articularse a nivel estatal. Lógicamente, eso encuentra el rechazo de un importante sector de la sociedad civil catalana que aspira a construir una sociedad civil autónoma e independiente, no necesariamente vinculada a organizaciones de ámbito estatal. Todas estas son las cuestiones que a lo largo de estos último años han llevado a Convergència i Unió y a otros grupos de la Cámara a plantear la necesidad de que el 0,7 % sea gestionado por las comunidades autónomas, en nuestro caso por el Gobierno de Cataluña, por el Gobierno de la Generalitat.