Congreso de los Diputados
1996-12-12

No creo que sea difícil estar de acuerdo con una premisa básica: si las instituciones no dan la respuesta debida al Defensor, si sus reclamaciones no son atendidas o si se utilizan subterfugios dilatorios, como suele ocurrir, es evidente que la labor supervisora será todo lo voluntarista y meritoria que se quiera, pero no será eficaz ni adecuada al marco legal ni a los fines que debe desarrollar. Por eso, resulta poco alentador que el informe tenga que dedicar un apartado a las administraciones que han incumplido el deber de contestar al Defensor del Pueblo o, al menos, que lo haga en los términos en que lo hace, y me van a permitir que lea literalmente: Se relacionan, a continuación, las administraciones que han incumplido el deber de contestar al Defensor y nunca han remitido el informe que desde esta institución se les había solicitado, a pesar de haberse requerido la remisión de dicho informe en tres ocasiones, si bien hay que destacar que, de las veinte administraciones que no contestan, diecinueve son ayuntamientos, la mayoría pequeños municipios.