Congreso de los Diputados
2000-06-13

También se prevé que, si se produjeran los hechos quebrantando una resolución judicial, se incurre además en la pena prevista en el artículo 556 del Código Penal, que contempla la desobediencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, en este caso a la autoridad judicial. El tipo se completa con un agravamiento de la pena, que se deberá imponer en su mitad inferior para el supuesto de que se exigiese condición para la restitución o se trasladase al menor a un país extranjero para dificultar su localización. Son precisamente los casos que más dificultades plantean con la normativa actual y a los que es preciso dar una respuesta eficaz. Por último, también consideramos en nuestra propuesta el supuesto de restitución del menor dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción.