Congreso de los Diputados
2010-04-13

La Ley de Contratos del Sector Público prevé que en el caso de ofertas de la Administración a empresas -donde hay que ubicar también los centros especiales de empleo, que hacen referencia a personas afectas por discapacidad- se tienen que atender los requerimientos de la Constitución, del derecho comunitario, directivas que van a ser invocadas pretendidamente para argumentar en contra de las previsiones de esta proposición de ley, que son los principios de igualdad, de no discriminación en el acceso a los concursos presentados por la Administración pública del Estado que también afectan a los centros especiales de empleo previstos en la Ley de integración social de los minusválidos, la Lismi, del año 1982.