Congreso de los Diputados
2015-01-20

Además, en los últimos años se había extendido una dinámica muy perversa para la economía que consistía en retener durante meses el abono de la factura de los proveedores, lo que tenía el doble efecto de perjudicar seriamente los intereses de las empresas, en su gran mayoría pequeñas y medianas o profesionales autónomos pero también de grandes empresas españolas y grandes empresas multinacionales que son proveedores de las administraciones públicas de España. De esta forma, con esa práctica, se ahondaba en la falta de credibilidad y en la mala imagen de nuestras administraciones públicas, se hacía extensivo el problema de la morosidad. Muchos de estos perjudicados eran proveedores de productos y servicios relacionados con las políticas sociales, me refiero a la sanidad, la educación y los servicios sociales, y desde luego muchos de ellos eran de las ONG, lo que multiplicaba los efectos negativos de la morosidad de nuestras administraciones. Todo ello suponía una rémora importante para la política de control del déficit en la que estaba embarcado el Estado y estaba perjudicando las posibilidades de recuperación económica del país.