Congreso de los Diputados
1997-12-18

En lo que a la coordinación entre administraciones públicas se refiere, cualquier planteamiento debe partir de un compromiso cierto y claro para culminar la descentralización del servicio estatal de salud. En este sentido, la transferencia del Insalud gestión directa a las comunidades autónomas constituye una prioridad objetiva. En esta perspectiva es donde la necesaria coordinación de las administraciones sanitarias adquiere singular trascendencia en orden a garantizar la equidad del sistema y la más adecuada utilización de los recursos. En este escenario, el papel del Ministerio de Sanidad debe ser el desarrollo normativo, en la medida que le corresponda, de las competencias exclusivas del Estado en los términos señalados en el artículo 149.1.16ª de la Constitución española. En todo caso, en su actividad normativa pensamos que el Ministerio deberá manifestarse plenamente respetuoso con la autonomía normativa de organización y gestión de las comunidades autónomas y viceversa, no cayendo en tentaciones uniformizadoras. Estos requisitos son consustanciales a la conformación del sistema estatal de salud y base necesaria para la consecución de acuerdos.