Congreso de los Diputados
2003-12-16

No puede seguir manteniéndose que las familias de quienes fallecen, por ejemplo, en una emboscada de grupos terroristas en Irak o por un atentado contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad tengan mayor protección económica del Estado que quienes pierden la vida como consecuencia de un accidente aéreo (recordemos el trágico accidente del Yakolev-42) cuando vuelven de servir al Estado en esos mismos conflictos, o quienes caen abatidos por una andanada de las tropas de la coalición o simplemente por el disparo accidental de un compañero, o por cualquier otro acto de violencia desarrollado en una zona de conflicto donde prestan servicio humanitario, profesional, en las Fuerzas Armadas o al servicio de la Administración española. Se precisa, por tanto, señorías, un estatuto de protección integral de los españoles en este tipo de situaciones que sin duda debe ir más allá de la simple protección económica ante determinadas contingencias de riesgo.