Congreso de los Diputados
2015-06-18

La memoria del análisis de impacto normativo desde la perspectiva de la distribución competencial señala literalmente que las transferencias se hicieron en los primeros años noventa, y en la actualidad el fraude alimentario no se circunscribe al territorio nacional, sino que trasciende nuestras fronteras y se desarrolla en todo el territorio de la Unión Europea. Nadie puede negar que la normativa comunitaria es la que impera en muchas materias; ahora bien, el Estado español tiene una organización territorial y una distribución competencial recogida en la Constitución y en los diferentes estatutos de autonomía que debería ser respetada. Dicho lo anterior, la igualdad de trato en todo el territorio del Estado y la traslación de los principios de la unidad de mercado constituyen una grave alteración del orden competencial y vacían de contenido en esta materia la competencia estatutariamente atribuida a la Generalitat de Catalunya y demás comunidades autónomas.