Congreso de los Diputados
2006-11-23

La ley actual fija esta horquilla entre el cero y el 10 por ciento y el proyecto propone dos caminos: situarla entre el 5 y el 15 por ciento, y permitir al legislador autonómico fijarla excepcionalmente por encima del 15 por ciento, hasta el 20 por ciento, o por debajo de ese 5 por ciento cuando se trate de actuaciones excepcionalmente lucrativas o poco lucrativas respectivamente. Se aumenta de esta forma el margen de decisión a la legislación autonómica permitiéndole adaptarla a la rentabilidad real de las actuaciones, es decir a la plusvalía real, que es justamente en lo que la Constitución manda que participe la comunidad. Más importante que el grado o nivel de suelos destinados a vivienda protegida, ya sean privados o públicos, es que dicho destino de interés social se cumpla efectivamente, acabando con la tolerancia hacia las malas prácticas.