Congreso de los Diputados
2017-09-28

La protección social descansa fundamentalmente en dos mandatos constitucionales, dos principios rectores de la actuación de los poderes públicos. En primer lugar, el artículo 41 de la Constitución, que nos remite a la existencia de un sistema público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que dice que habrá de garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente el desempleo. Estoy citando aquellos aspectos relevantes. En segundo lugar, el artículo 50 también de la Constitución, que ordena a los mismos poderes públicos la garantía de la suficiencia económica de los ciudadanos en la tercera edad, para lo que señala la necesidad de poner un sistema de pensiones adecuado, por una parte, y un sistema de servicios sociales, por otra. Lo cierto es que la materialización de estos principios nos ha llevado a lo largo del tiempo a la proliferación de, primero, diferentes prestaciones, pretendiendo cubrir diferentes situaciones materiales; segundo, a la participación de diferentes administraciones y, por último, a la utilización de diferentes títulos competenciales.