Congreso de los Diputados
2001-09-27

El núcleo del razonamiento sobre el que se apoya el alto Tribunal en esta materia está condensado en el fundamento jurídico séptimo de la resolución, donde se afirma literalmente que la Ley de Defensa de la Competencia sólo es conforme a la Constitución en la medida -y sólo en la medida, esta última apostilla es mía- en que atribuye al Estado la ejecución respecto de prácticas restrictivas de la competencia que puedan afectar a la libre competencia en ámbitos supracomunitarios o en el conjunto del mercado nacional, siendo inconstitucional, en cambio, en la medida en que atribuye al Estado la totalidad de la competencia ejecutiva. Lo que la sentencia considera contrario, por tanto, al orden constitucional de reparto de competencias es -y cito de nuevo textualmente- la pretensión de universalidad en la atribución al Estado de las competencias ejecutivas.