Congreso de los Diputados
2010-10-28

El proyecto de ley establece una responsabilidad civil limitada, tanto en cuantía como en tiempo, a los explotadores de las instalaciones, que además podrá verse reducida hasta una cantidad de 70 millones de euros, y fija la disponibilidad de fondos públicos para que el Estado complete la cantidad a abonar en concepto de reparaciones hasta un total de 1.500 millones de euros. Resulta incongruente que mientras la Ley de Responsabilidad Ambiental, aprobada en la pasada legislatura, tiene en cuenta una responsabilidad ilimitada de las empresas por los daños medioambientales, se haga una excepción para el régimen nuclear y acabemos pagando los daños entre todos. ¿No resulta esto un agravio comparativo para el resto de empresas?