Congreso de los Diputados
2007-09-12

sabe que los ayuntamientos y las comunidades autónomas no son jerárquicamente dependientes de las autoridades gubernativas del Estado; ni lo eran cuando ustedes gobernaban ni lo son ahora, y hay doctrina legal al respecto que seguro que usted conoce, como la sentencia de la Sala segunda del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 1994, dictando -y leo textualmente-: Ni el Poder Ejecutivo central ni el asumido al efecto por las comunidades autónomas pueden dar órdenes de inexcusable cumplimiento a los alcaldes. Queda, por tanto, descartada la vía de imponer por ordeno y mando la colocación o retirada de banderas. Es más, en esa filosofía los procesos penales instados a los alcaldes después de la Constitución por desobediencia a la autoridad gubernativa en la colocación de banderas han resultado absolutorios para los mismos. La única vía -salvo que se produzca un tipo penal de ofensas o ultraje, para corregir los incumplimientos de la ley- es la vía contencioso-administrativa contra acuerdos, omisiones o actuaciones de hecho.