Congreso de los Diputados
1999-12-01

Consideramos que la Ley de la jurisdicción contencioso- administrativa es una de las normas más importantes que puede haber en todo Estado de derecho en la medida que regula cuestiones fundamentales: quién controla al Gobierno y a la Administración, cómo se le controla, qué garantías se establecen y en qué forma se concreta el ideal de justicia. De nada serviría hacer proclamaciones al Estado de derecho y al principio de legalidad si este principio no se concretara en normas jurídicas que amparen a los ciudadanos de forma real y efectiva en sus recursos jurisdiccionales frente a las administraciones públicas. La Ley contiene importantes novedades a propósito de la ampliación de la legitimación, a propósito de los procedimientos, a fin de agilizarlos, y sobre las medidas cautelares. En todo caso, en el libro blanco se destacaba la jurisdicción contencioso-administrativa como la más atascada. Su solución depende -decía- de diversos factores. Ahí está la respuesta del Gobierno y del Parlamento.