Congreso de los Diputados
2007-10-16

Esta sentencia también se refiere a la plantilla mínima, que debe desaparecer como restricción para facilitar la constitución de filiales o sucursales de compañías supraestatales, con la única excepción reconocida de las empresas dedicadas al transporte y distribución de explosivos. En lo referente a la autorización administrativa específica, la sentencia prevé que sean válidas las acreditaciones emitidas por otro Estado miembro. Finalmente, esta sentencia se refiere al reconocimiento mutuo entre Estados miembros de la cualificación profesional de detective privado. Esta sentencia de enero de 2006, con esos contenidos, debería haber sido incorporada a nuestro ordenamiento interno con la máxima celeridad posible a través de una modificación en nuestra normativa, pues lógicamente el Tribunal comunitario no puede tramitar su ejecución directa. No entendemos, pues, el motivo por el cual el Gobierno ha dilatado tanto tiempo esa iniciativa legislativa y lo corrige precisamente ahora, a toda prisa, por medio de esa técnica del real decreto-ley, que debe ser convalidado por esta Cámara posteriormente.