Congreso de los Diputados
2000-09-26

Las rentas mínimas garantizadas ya fueron implantadas en la mayoría del Estado español por las comunidades autónomas, y en su inicio respondió a la demostrada incapacidad del sistema central de protección social para atender a las situaciones de necesidad extrema padecidas por un importante sector de la población, amparándose en la ordenación constitucional del reparto de competencias en la materia, en concreto en la competencia exclusiva en asistencia social que se les atribuye a las comunidades autónomas por parte de la Constitución española. Entendemos que la implantación de la renta mínima de inserción es una decisión que se debe adoptar, y así se vino haciendo por las comunidades autónomas en el ejercicio legítimo de sus competencias, por lo que superponer una red estatal a las ya existentes ocasionará problemas en su aplicación ante una eventual extensión de la nueva renta mínima estatal a las personas que ya la perciben precisamente a través de sus respectivas comunidades autónomas.