Congreso de los Diputados
1997-06-03

Es importante señalar que esa sentencia y de hecho ya se ha resaltado en las anteriores intervenciones realiza una lectura autonomista de la Constitución en una materia tan importante como es la urbanística y, además, hace una clara delimitación entre el deslinde del contenido básico del derecho de propiedad que corresponde al legislador central y el ámbito urbanístico que corresponde a las comunidades autónomas. Quiero reiterar que precisamente la confusión entre el alcance de esos dos preceptos constitucionales fue lo que provocó el resultado de la Ley del año 1990, el Real Decreto legislativo de 1992 y la sentencia que deslegitima sus planteamientos. Asimismo hay que señalar como cuestión trascendental de esta sentencia también ha sido planteado a lo largo del debate que tenemos esta tarde el hecho de que viene a corroborar algo que no es nuevo de esa sentencia pero que se manifiesta con especial intensidad, como es la imposibilidad del legislador estatal de dictar normativa, incluso con carácter supletorio, en aquellas materias donde las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva.