Congreso de los Diputados
2003-11-20

Así, la reciente Ley 4/2003, de 11 de marzo, de cajas de ahorro de la Comunidad de Madrid, prevé la presencia del 10 por ciento de consejeros generales nombrados por la Asamblea de Madrid; asimismo, la Generalitat Valenciana nombra el 25 por ciento de los consejeros generales, el Parlamento de Cantabria nombra el 23 por ciento de los consejeros generales y lo mismo ocurre en otras comunidades autónomas. La pregunta es obvia: ¿Por qué no se permite la presencia de otros representantes autonómicos de las comunidades autónomas que tengan abiertas oficinas, por ejemplo, de Caja Madrid? ¿Estas tres comunidades gobernadas por el Partido Popular han sido excluyentes? ¿Lo que se pretende imponer para representantes de corporaciones municipales, impositores y empleados no se aplica a los representantes de las asambleas de las comunidades autónomas en los órganos de gobierno de las cajas? Evidentemente la hipocresía es clara. ¿Hay que cambiar otra vez todas las leyes recientemente aprobadas y adaptar la Ley 44/2002, del sistema financiero?