Congreso de los Diputados
2003-06-19

Recientemente la prensa daba cuenta de un informe que se atribuía al Consejo General del Poder Judicial en el que se ponían de manifiesto las insuficiencias que se habían producido por parte del Gobierno y de algunas comunidades autónomas en la aplicación de las previsiones de la ley. Ayer mismo se produjo en el Congreso, en esta misma Cámara, un debate en relación con esta cuestión, y el ministro competente del ramo negaba absolutamente que existiera este informe. Nosotros no vamos a aferrarnos, por tanto, a un informe que en puridad parece que no existe, pero sí quisiéramos recordar una vez más que los objetivos reeducadores de la Ley penal del menor -y ya lo anunciamos durante la tramitación parlamentaria de la ley- exigen medios e infraestructuras, algunos judiciales y otros vinculados con los centros o establecimientos de menores, que todavía no están disponibles, lo que redunda en una insuficiente aplicación de las previsiones legales. Es una situación gravísima que se ha de denunciar y que probablemente el Defensor del Pueblo conocerá.