Congreso de los Diputados
2015-07-22

En primer lugar, pleno respeto al marco competencial que establecen los estatutos de autonomía y la Constitución y, por tanto, pleno respeto a las sentencias del Tribunal Constitucional que establecen claramente que el poder de gasto del Estado no puede vaciar de contenido la competencia autonómica, y que la capacidad del Estado de crear partidas en aquellas materias que crea conveniente es factible, pero que eso no puede dejar sin contenido efectivo la competencia de ejecución o de legislación, en este caso, de las comunidades autónomas. En segundo lugar, un acuerdo político, porque la posición que han manifestado las entidades catalanas, la sociedad civil en Cataluña, el Parlament de Catalunya, el Gobierno de la Generalitat, gobernando Convergència i de Unió y gobernando el anterior Gobierno del tripartito, la posición catalana en la materia de gestión del 0,7 es acordar con la Administración General del Estado y con las entidades del tercer sector un sistema que permitiese que ese reparto de los fondos pudiese garantizar también la existencia de entidades de ámbito estatal.