Congreso de los Diputados
2002-02-12

No sé si el texto en sí mismo es discriminatorio, sí está claro que a partir de entonces se han empezado a producir todas las situaciones que hoy todos o prácticamente todos coincidimos en denunciar. Por tanto es un convenio que en la medida en que es más restrictivo que el acuerdo de 1979 del cual trae causa, tiene en primer lugar una legalidad dudosa, porque restringe aquello que era el marco jurídico principal. Además un convenio, también el acuerdo de 1979 pero sobre todo este otro, debe ser leído e interpretado en el marco de la propia Constitución. Por ello, nosotros creemos que en este momento hay que ser pragmáticos pero hacer algo, no limitarse o pedir algo que a lo mejor habrá que pedir algún día -y no lo descartamos-, como es modificar el acuerdo con la Santa Sede de 1979. Es posible que haya que ir a esa modificación y es posible -posible es todo- que el propio Tribunal Constitucional un día nos lo imponga, tiempo al tiempo, señorías.