Congreso de los Diputados
2003-11-04

Este no es un problema de regulación, en el sentido de que en determinados ámbitos geográficos se haya sido más estricto con las condiciones que deben cumplir las antenas de telefonía móvil para garantizar la preservación de la salud de los ciudadanos o del medio ambiente. Por ejemplo, en las inspecciones realizadas por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que dispone de una norma exigente en materia de protección de los derechos de los ciudadanos y de los intereses del medio ambiente, ninguna de las antenas existentes ha sobrepasado los límites establecidos, todas ellas estaban emitiendo con frecuencias por debajo de los mismos, por lo que no ha habido que desmontar ni una sola antena de telefonía móvil. Por tanto, sería una argumentación raquítica pretender que sobre la base de esa legislación se están produciendo determinados niveles de pérdida de calidad. Es más, señorías, el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado al respecto, porque el Gobierno de España recurrió esa ley ante él por entender que se estaban invadiendo competencias del Estado que no eran propias de las comunidades autónomas.