Congreso de los Diputados
2006-03-21

Ante la magnitud de lo propuesto y a fin y efecto de que todo ello pueda ejecutarse, entendemos que la misma ley debe contemplar la existencia de un comisionado cuya misión sea garantizar el cumplimiento de la ley propuesta. De igual manera, la proposición de ley contempla aquellos apartados que deberían ser legislados a fin y efecto de reconocer los derechos lingüísticos de los ciudadanos para con su relación con la Administración de Justicia. Como no podía ser de otra manera, la proposición de ley contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas y el Gobierno central determinen la aplicación de esos mismos derechos previstos en la ley para con las lenguas catalana, vasca y gallega pero también para aquellas que no tienen el reconocimiento de oficiales. Es evidente que existen realidades lingüísticas, hoy por hoy no reconocidas ni con el estatus de cooficiales, que deben gozar de protección y ser susceptibles de fomento en el tránsito hacia su posible oficialidad.