Congreso de los Diputados
2007-12-18

Siempre hemos manifestado -y lo hacemos también hoy- que no creemos conveniente abordar la posibilidad de modificaciones legales a remolque de hechos que causan impacto e incluso alarma social; no hay que olvidarlos en la agenda política, pero, desde nuestro punto de vista, es mejor abordarlos con una serenidad que no propicia ni el impacto mediático ni la finalización de la legislatura, más en una cuestión como la que estamos debatiendo, un tema siempre discutido y difícil, cuya polémica estructural y consideración jerárquica de los bienes en conflicto -dignidad de la mujer y protección de la vida del nasciturus- quedaron articulados con un gran consenso social en las leyes despenalizadoras de 1983 y 1985 y en las sentencias del Tribunal Constitucional de 1985, 1996 y 1999, que, en términos generales, hay que decir que han tenido una pacífica aplicación.