Congreso de los Diputados
1998-04-30

La existencia de esas plazas de prestación social en pueblos del Segriá o de la Segarra, han permitido que jóvenes del ámbito rural, con menos capacidad de acceder a información, optasen por el ejercicio de ese derecho constitucional. A mí me parece que este es un elemento positivo inevitable. También hemos querido justificar la presentación de esta iniciativa en función del momento, no tan sólo del fin del servicio militar sino del desastre de la administración de la prestación social que hemos padecido durante todos estos años. Los gobiernos anteriores dedicaron escasos recursos para hacer frente a la avalancha de objetores de conciencia. Pensemos que la primera adscripción de la materia de la prestación social fue en la Dirección General de Asuntos Religiosos, porque hasta 1994 la media de espera de los objetores para incorporarse a realizar la prestación social era superior a tres años. Hoy, eso ha cambiado porque entendemos que el Ministerio de Justicia ha mejorado sustancialmente el panorama del ejercicio de este derecho.