Congreso de los Diputados
2002-03-07

Si en lugar de haber sido incluida en el Senado, como decía, a través de una enmienda unilateral del Grupo Popular, sin el consenso de los restantes grupos parlamentarios, ni tan siquiera de aquellos que veníamos prestando un apoyo más o menos explícito e implícito al proyecto de ley a lo largo de su tramitación en el Congreso, esta disposición hubiese figurado en el proyecto original que fue remitido por el Gobierno a la Cámara, el panorama hubiese sido otro: primero, porque la disposición hubiese tenido que superar los preceptivos controles del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, que sin duda hubiesen resultado de sumo interés en relación con un tema de esta envergadura, pero por razones que se nos ocultan el Partido Popular ha preferido soslayar este trámite; y segundo, porque el Grupo Vasco hubiese tenido la oportunidad de enmendar y, en su caso, debatir para depurar algunos aspectos de la redacción que nos plantean ciertos interrogantes, tales como si su contenido reviste o no carácter orgánico a la luz de la jurisprudencia constitucional dictada en relación con el perímetro que lo orgánico tiene en el desarrollo de los derechos fundamentales o si tiene sentido o no sancionar con la imposibilidad de recibir ayuda económica o de otro tipo a asociaciones como las que se citan en el texto, a las cuales se les impone ya la máxima sanción que a una entidad asociativa le puede imponer el ordenamiento jurídico, puesto que muchas de las que se citan son o bien ilegales, utilizando la expresión del párrafo 2 del artículo 22 de la Constitución, o bien ilícitas y punibles, recurriendo al artículo 515 del Código Penal.