Congreso de los Diputados
2013-06-12

El caso más llamativo en España de lo que venimos denunciando corresponde a la institución del aforamiento que, lejos de restringirse, ha sufrido una extraordinaria expansión sin precedentes, al calor del desarrollo del Estado de las autonomías, de la colonización de los partidos políticos de todas las instituciones del Estado, comenzando por la justicia pero continuando por otros ámbitos como los organismos supuestamente independientes -que tienen la obligación de serlo-, como los entes reguladores y todos sus homólogos de otros ámbitos inferiores. Para entender lo dañino de tal proliferación hay que recordar que el aforamiento, explicado en palabras llanas, consiste en que determinados procedimientos judiciales deban ser conocidos cuando afecten a ciertas personas por un órgano judicial diferente al habitual, al previsto por la ley. Por ejemplo, según el artículo 71.3 de la Constitución, en las causas contra diputados y senadores serán competentes la Sala de lo Penal y del Tribunal Supremo, y el artículo 101, como sabe muy bien el ministro, en su apartado primero extiende la prerrogativa al presidente del Gobierno y a sus ministros.