Congreso de los Diputados
2004-12-14

Esta protección penal y la ampliación de la jurisdicción penal de los juzgados y tribunales del Estado español debe estar acompañada de otros mecanismos de prevención y asistencia, siempre por parte de las administraciones competentes, como desarrollo de programas de educación y protección a las menores, a las mujeres y en general a la población inmigrante. Además de la persecución extraterritorial a la que se insta en esta proposición de ley y las medidas enriquecedoras que hemos apuntado, como la inclusión de la legitimación pasiva en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la tipificación expresa en el Código Penal, estimaríamos una buena aportación que el Gobierno español considerase la mutilación genital femenina como un motivo para acceder y obtener asilo en razón de persecución basada en el género, que entra en el ámbito de la aplicación de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados. El hecho de emprender acciones no es una elección sino una obligación contraída en virtud del derecho internacional sobre los derechos humanos.