Congreso de los Diputados
2003-09-10

La tesis que se examina sólo sería correcta si resultara que la Administración central del Estado no arbitrase los medios necesarios para que el parecer de las comunidades autónomas contribuya a la formación de la posición del Estado en aquellos temas en los que las comunidades autónomas son competentes en el ámbito nacional, lo cual es una realidad y está sucediendo en la actualidad a través de las distintas conferencias sectoriales y de la Comisión para asuntos relacionados con la Unión Europea. Dicen que esta situación justifica la necesidad de participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones de ámbito europeo y el razonamiento es correcto. Corresponde luego a cada Estado miembro determinar el procedimiento que considere más oportuno para dar participación a las comunidades autónomas. En realidad, el objetivo principal de la proposición de ley es sentar las bases, tal como lo entendemos nosotros, para una mayor presencia de las comunidades autónomas en las delegaciones españolas en las instituciones comunitarias.