Congreso de los Diputados
2016-11-30

A pesar de la injusticia y el agravio, continuamos teniendo serias dudas de que el Gobierno español acepte que en Cataluña dejemos de pagar los sangrantes peajes de la P-7 y de la P-2, en primer lugar, porque tenemos dudas -usted también ha hablado de esto- sobre la libertad real que tendrá del Gobierno español -esto es muy importante- a la hora de tomar cualquier decisión de este tipo sin que antes se haya resuelto el conflicto con la concesionaria, que en estos momentos reclama 1.235 millones de euros, en virtud de un compromiso de demanda no lograda, aparte de otras problemáticas de las que no me da tiempo a hablar; problemáticas derivadas, evidentemente, de la ineficiencia española así como de una clara política de -¡atención!- socialización de pérdidas y privatización de beneficios. Así va: al amparo de una Ley de contratos del sector público hecha a medida, evidentemente, como tantas cosas, de las grandes empresas y del chanchullo. Acabo.