Congreso de los Diputados
2012-10-30

Se impone una penalidad similar a esos delitos vinculada a la pérdida de beneficios de Seguridad Social de entre tres y seis años, que tiene impacto desproporcionado ante comportamientos que no requieren repercusión económica alguna, máxime en un contexto en el que el nivel asistencial de protección social no asegura niveles mínimos de subsistencia. La desproporción plantea dudas de constitucionalidad, ya que hay conductas de mayor gravedad que no tienen penalidad alguna. El proyecto de ley pretende introducir un tratamiento notablemente diferenciado respecto de las conductas empresariales, a las que solo se considera delictivas cuando la cantidad defraudada supere los 120.000 euros, mientras que para los trabajadores, desempleados y pensionistas es suficiente con recibir un solo euro para la comisión de un delito. ¡Qué vergüenza, señores del Gobierno, para la comisión de un delito! (Aplausos).