Congreso de los Diputados
2009-12-03

Evidentemente, los precios mínimos para la licitación a fin de poder acogerse a lo establecido deberían ser los precios actuales con un incremento aproximadamente del 5 por ciento, y naturalmente el ayuntamiento se tendría que obligar a convocar otra licitación antes de los veinticuatro meses después de la última. En definitiva, como le decía al principio de mi intervención, el Gobierno tiene a su alcance mecanismos, si tiene el propósito, para corregir la situación, para beneficiar a los entes locales, y sin que ello signifique merma en absoluto del proceso de liberalización del mercado eléctrico. Muchas gracias.