Congreso de los Diputados
2006-03-30

Como reiteradamente ha declarado nuestro Tribunal Constitucional, la igualdad de derechos no puede concebirse como una rigurosa y monolítica configuración del ordenamiento jurídico; antes bien, con la debida reserva respecto de las condiciones básicas a las que se refiere el artículo 141.1 de la Constitución, la potestad legislativa de las comunidades autónomas hace que nuestro ordenamiento tenga una estructura compuesta, por obra de la cual puede ser distinta la posición jurídica de los ciudadanos en las distintas partes del territorio nacional. En coherencia con todo ello, los ciudadanos de Cataluña, a través de sus representantes legítimos, han decidido democráticamente que su Estatuto incorpore nuevos derechos a la par que nuevas obligaciones para los poderes públicos que ellos eligen y cuya responsabilidad política también exigen. Una opción constitucionalmente impecable que, sin duda, mejora el Estatuto jurídico de los ciudadanos de aquella comunidad autónoma.