Congreso de los Diputados
2017-09-12

En primer lugar, porque quienes impulsamos e hicimos posible esa ley, la Ley 52/2007, la conocida como Ley de memoria histórica, tenemos la obligación de reconocer diez años después de su aprobación que el avance que supuso la declaración de ilegitimidad de los tribunales franquistas, de sus condenas y sanciones no ha sido suficiente para cerrar una herida humana y social en nuestro país. En segundo lugar, porque cerrar esta herida de nuestro pasado es para los socialistas una obligación, una obligación que tenemos todos los españoles que aspiramos a un futuro más próspero en paz y en convivencia, sin rencor, pero sin olvido. Aquí no caben o no deberían caber diferencias ideológicas o partidarias, porque la figura del molt honorable president de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, y su ejecución en el castillo de Montjuic es un símbolo en el que podemos sentirnos representados todos, igual que lo son tantos otros que sufrieron su misma suerte.