Congreso de los Diputados
2004-09-21

Desde esta perspectiva, la mejor forma para integrar a estas personas que tienen un grado de discapacidad superior al 65 por ciento es precisamente compatibilizar esta pensión con una actividad remunerada, que no será una actividad altamente remunerada, hasta el punto de que la cautela del Grupo de Convergència i Unió de establecer como tope el salario mínimo interprofesional en cómputo anual para, a su vez, reducir estas deducciones en un grado del 50 por ciento ya acredita que esas actividades remuneradas tendrán una dimensión, señora presidenta, discreta en todo caso. Pero no hay que renunciar a un requerimiento constitucional que es de justicia social, un requerimiento de solidaridad elemental que es buscar la incorporación de las personas con discapacidad, sobre todo con discapacidad tan amplia, y que están cobrando pensiones no contributivas cuya dimensión es tan pequeña proporcionalmente al mercado de trabajo.