Congreso de los Diputados
2005-03-08

Esto tiene un coste económico pequeño e irrelevante -se trataría de un buen proceso informático-, pero estamos hablando sobre todo de la consolidación de un derecho, de la consolidación del principio democrático, de la no preterición de un colectivo, integrado por más de 50.000 personas en el Estado español, que no pueden ejercer la quintaesencia de la democracia, cual es el ejercicio del derecho de sufragio, la capacidad de votar, y esto no merita la más mínima reflexión desde una perspectiva del análisis del coste económico de las medidas a adoptar. Por tanto, pido la solidaridad de todos los grupos de esta Cámara. Se trata de una cuestión que hace referencia a la remoción de obstáculos para un segmento de las personas con una incapacidad, que es otro requerimiento previsto en el artículo 19 de la Constitución. Se trata de cumplir con otro requerimiento constitucional consagrado por el artículo 14, el principio de igualdad ante la ley. También las personas invidentes tienen que ser iguales a efectos de poder votar.