Congreso de los Diputados
2008-05-28

Asimismo, en la sentencia penal los jueces consideran o pueden considerar que los condenados deben responder civilmente por los daños causados y, de esta forma, los tribunales fijan determinadas cuantías por responsabilidad civil y el Estado, mediante un mecanismo excepcional -creo que no lo hay en ningún país del mundo-, regulado en la Ley de solidaridad de las víctimas del terrorismo del año 1999, abona las cantidades fijadas, siempre y cuando se refieran a daños físicos y psíquicos, en el caso en que los condenados por terrorismo no puedan hacer frente a esta responsabilidad con su propio pecunio, que es el cien por cien de los supuestos, como usted bien conoce. Ahora bien, cabe la posibilidad de que haya un daño por terrorismo, pero que no exista autor conocido o, mejor dicho, autor juzgado y condenado y, por tanto, no cabe una responsabilidad civil fijada por los tribunales.