Congreso de los Diputados
2018-11-14

Se trata del escrito de conclusiones provisionales, donde se hace una valoración de la investigación, se determinan los posibles hechos que se imputan a los acusados, se establece la calificación jurídica de los mismos, la pena que se solicita y el conjunto del material probatorio del que se va a valer la acusación. Por mucho que insistan en usar la mentira para desacreditar la actuación del Gobierno, la decisión de la Abogacía General del Estado se ha tomado en base a criterios estrictamente jurídicos y estrictamente técnicos, con absoluto respeto a la legalidad. No hay detrás ningún guiño. No hay detrás ningún planteamiento político de la cuestión. Simplemente se han basado en criterios jurídico-penales. Sé que a ustedes les cuesta entender esto, que se pueda actuar solo por criterios jurídico-penales, pero es así. Aquí no hay ninguna claudicación ni ante independentistas ni ante presiones; solamente hay una valoración jurídico-penal.