Congreso de los Diputados
2007-09-13

Nos merece especial atención destacar que la regulación prevista llega a admitir la adopción de medidas cautelares de clausura de locales o establecimientos, la suspensión de la actividad y la intervención judicial. Esta posibilidad, que no estamos en condiciones de descartar totalmente, nos trae a la memoria casos conocidos de medios de comunicación en el País Vasco que han supuesto una quiebra de facto de aquellas entidades, sin que aún el Poder Judicial haya declarado la responsabilidad penal de los hechos que se les imputan y sobre los que existen ya para el futuro claras dudas de viabilidad jurídica. Quizás debería meditarse sobre la necesidad de establecer mecanismos jurídicos que impidan el ejercicio abusivo de estas facultades por parte del propio Poder Judicial, como pudiera ser una presunción legal de responsabilidad directa de las administraciones públicas por mal funcionamiento de los servicios públicos, en el supuesto de sobreseimiento de las actuaciones en las que se adoptó la medida cautelar o en caso de que, finalmente, haya sentencias absolutorias.