Congreso de los Diputados
2004-09-23

Conviene también aquí repartir las responsabilidades políticas en la generalidad del Estado, de la administración que hace el Gobierno de la nación, con las competencias de las comunidades autónomas, que tienen que correr con el riesgo político de la oportunidad o de la impopularidad o no popularidad que tienen las medidas sobre las actuaciones del gran comercio. Nosotros entendemos que, respetándose lo que ocurría con las tiendas especializadas de pastelerías, etcétera, que no tienen ninguna limitación, las posibilidades del modesto empresario familiar, con esta flexibilidad que le da el proyecto de ley, nos parece prudente, moderado y que llega a un grado mayor de respeto, insinuando y diseñando puertas de mayor amplitud para las competencias de las comunidades autónomas, que son las que tienen que responder constitucionalmente a los consumidores que están comprendidos en el Estado de las autonomías. Dejemos que estas autonomías funcionen en este tema.