Congreso de los Diputados
2007-06-26

En cualquier caso, la política de seguridad vial del Gobierno socialista en lo que va de legislatura se limita a cambiar normas para modificar la conducta del ciudadano, no hace lo que tiene que hacer y olvida que la seguridad en el tráfico es un derecho de los ciudadanos que obliga a la Administración a hacer frente a sus responsabilidades promoviendo la educación vial, mejorando el estado de las carreteras, incentivando la incorporación de dispositivos de seguridad en los vehículos, asegurando la asistencia sanitaria a los accidentados en las mejores condiciones y que solo dentro de ese marco de una política general de prevención de riesgos en la circulación debe encuadrarse la actividad sancionadora para ser adecuada, evitando que recaiga sobre el ciudadano y solo en el ciudadano la responsabilidad de la siniestralidad vial. Desde estas premisas quiero hoy desde la tribuna mostrar nuestra disposición a trabajar en la tramitación de la proposición de ley que hoy vamos a tomar en consideración.