Congreso de los Diputados
2017-03-14

También quiero recordar que en el Reglamento 2201/2003, la resolución denegatoria de instancia del Estado miembro al que el menor haya sido trasladado o en el que esté siendo retenido ilegalmente será revisada por el Estado miembro de residencia. Por último, como ya se ha señalado al principio, no solo es precisa una guía práctica o protocolo de actuación, también son necesarias una serie de reformas para paliar algunas carencias que se han puesto de manifiesto por los operadores jurídicos, tales como -ya se han señalado anteriormente- la falta de competencias de la autoridad central española para la averiguación de la localización del menor trasladado o retenido ilícitamente y también la falta de facultades en la fase de ejecución de la orden de retorno. Y muy importante respecto al juzgado competente, España no concentra la competencia en esta materia en un número limitado de juzgados, como lo hacen Francia, Reino Unido, Austria o Finlandia.