Congreso de los Diputados
2014-04-10

Tanto el uno como el otro son susceptibles de crear, por un lado, un incremento de los costes de transacción que dificultan además el desarrollo y la mejor gestión de estos derechos y, por otro, también el perjuicio obviamente a creadores y otros titulares de derechos de propiedad intelectual por la falta de control de esas entidades. Sobre este tema, como saben sus señorías, especialmente aquellos que han pertenecido en la legislatura anterior a la Comisión de Cultura, trabajó una subcomisión que emitió un informe el 24 de febrero de 2010, buena parte de cuyas recomendaciones se han recogido en esta modificación y también existe un informe de la Comisión Nacional de la Competencia del año 2009. En definitiva, se trata de que las entidades de gestión colectiva de derechos tengan un régimen que en la medida de lo posible prevenga o evite fraudes o abusos y, además, tanto las administraciones como los usuarios, como sobre todo los propios titulares de los derechos tengan una información transparente acerca de su funcionamiento.