Congreso de los Diputados
1998-06-18

La reciente Ley sobre el régimen de suelo y valoraciones puede paliar en algo esta situación, pero, dada la limitada capacidad estatal para legislar en este campo, serán las comunidades autónomas las que tengan que asumir un mayor esfuerzo legislativo, para hacer posible una normativa urbanística que pueda responder verdaderamente a los problemas que plantea el sector. El estudio de las quejas sobre viviendas protegidas ha puesto de manifiesto la obsolescencia en que ha caído la legislación en la materia, problema que es especialmente significativo en el terreno fiscal. En este sentido se impone un acuerdo previo de las tres administraciones concernidas -la central, la autonómica y la local- para la renovación de las normas aplicables. Por otro lado, no puedo dejar de reseñar que la oferta de viviendas protegidas resulta insuficiente para dar respuesta a la demanda de personas con dificultades y que los recursos y programas de vivienda específicos para grupos en situación de marginalidad resultan absolutamente escasos.