Congreso de los Diputados
2005-12-13

Ya en aquella ocasión, en abril del año 2002, al debatir la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), mi grupo quiso señalar una cuestión primordial: cuál era el bien jurídico a defender en este cambio que se propone en la Ley del Tribunal Constitucional para permitir una legitimación activa de una de las administraciones en litigio. En este caso quien demandaba esta legitimación activa era una comunidad autónoma a través de un Parlamento autonómico como órgano legislativo de esa comunidad. Nosotros -y lo vuelvo a repetir ahora aquí, quiero que sea el motivo fundamental de la justificación de nuestro voto- no entramos en el fondo de la cuestión, lo respetamos y lo suscribiríamos, pero dentro de otro escenario, dentro de otro procedimiento formal. Nuestras objeciones son puramente de procedimiento y de formalidad en cuanto a algo que afecta a todo el conjunto del Estado.