Congreso de los Diputados
2001-09-18

Esto no es la expulsión de un miembro de un club de bridge, esto es la suspensión de los derechos laborales, por razón de su conducta de una persona que recibe sus ingresos de dinero público y que tiene, por tanto, un empleo público. Esta contradicción que existe, que mi grupo reconoce y que mi grupo desearía ver corregida, a la vez tiene un marco jurídico que no se puede modificar como se modifica una orden ministerial. Ese es un punto de partida distinto. No aceptamos que el Gobierno diga que aquí no hay un problema. Creemos que el Gobierno debe asumir que aquí hay un problema. Hay una contradicción y hay un ámbito donde los derechos constitucionales no están siendo protegidos.