Congreso de los Diputados
2013-09-24

Es necesario y lógico exigir como requisito el conocimiento de las lenguas cooficiales por parte de los jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia porque, según el artículo 3 apartado 2 de la Constitución, tienen carácter de oficial los idiomas propios de determinadas comunidades autónomas. Solo de esta manera se respetaría adecuada, real y efectivamente el derecho de los ciudadanos de las comunidades autónomas con lengua propia a utilizar su idioma, tanto en forma oral como escrita, ante la Administración de Justicia, cosa que es prácticamente imposible conseguir si jueces, fiscales, secretarios judiciales y demás personal al servicio de la justicia no entienden esa lengua. También es necesario por razones de eficacia y efectiva tutela judicial, como decíamos al inicio de esta intervención, para evitar dilaciones innecesarias en el procedimiento por cuanto los principios de inmediación y oralidad que rigen en el proceso difícilmente podrán cumplirse de forma adecuada si, por ejemplo, los jueces no entienden las manifestaciones de las partes y otros intervinientes en el proceso.