Congreso de los Diputados
2005-02-22

En marzo de 2004 el Gobierno de la Generalitat de Cataluña acuerda requerir de incompetencia al Gobierno del Estado con relación a dos órdenes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales solicitando su derogación porque las materias subvencionadas eran competencia exclusiva de la Generalitat de Cataluña. El Consejo de Ministros acepta en respuesta al citado requerimiento que el Estado solo tiene competencias cuando los programas a los que se destinen las ayudas sean de dimensión estatal. En los otros casos son las comunidades autónomas quienes tienen transferidas las competencias exclusivas. Últimamente se ha tenido que proceder a superar un nuevo escollo, la voluntad del Gobierno de limitar la percepción de estas subvenciones a las entidades que tengan ámbito estatal. En el año 2003 correspondieron a 199 ONG catalanas 11 millones de euros, el 10 por ciento del total, repartidos en 264 programas. Como es habitual siempre que de cifras hablamos, no se ha querido facilitar a la Generalitat de Cataluña la cifra de declarantes que marcan el 0,52 para fines sociales.