Congreso de los Diputados
1997-05-08

Lo que ocurre es que, ante las dificultades que usted antes comentaba en relación al desarrollo de estas competencias, vía 150.2, lo que hacen es inaugurar una vía de hecho, ciertamente expeditiva, que consiste en el nombramiento o la designación de los órganos de gestión y de gobierno de los puertos por parte de las comunidades autónomas. Así se rompe el vínculo con la administración competente, la Administración general del Estado; se rompe esa cadena jerárquica, y mediante ese mecanismo de nombramiento o cese se consigue transferir competencias exclusivas del Estado, las que son transferibles y las que no lo son, y además se ahorra uno un procedimiento realmente engorroso mediante ley orgánica. Entendemos que se trata de una gravísima dejación de responsabilidades políticas por parte del Gobierno que debe ser exigida en el ámbito político, pero además tampoco parece razonable que en una ley de la Administración general del Estado se sitúe a esta administración en una posición tan humillante.