Congreso de los Diputados
2005-04-27

Entendemos que el Estado español debe intervenir como parte en presencia de indicios de malos tratos y torturas en centros de internamiento, mediante la investigación y persecución de oficio por parte de las fiscalías y juzgados de cada denuncia, noticia o indicio de casos de tortura y velar para que, ante estas denuncias, se inicien inmediatamente, sin perjuicio de su suspensión a la espera del resultado de la acción penal, procedimientos disciplinarios contra los presuntos o presuntas responsables. El Estado español debe reconocer oficialmente la existencia de torturas en las prisiones y otros centros de detención, la práctica de torturas y otros malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como establecer medidas reparadoras a emplear con las víctimas de torturas en los centros de detención. Entendemos necesario el establecimiento de medidas cautelares y preventivas en los casos de detención incomunicada.