Congreso de los Diputados
2002-06-27

En segundo lugar, de lo que se trata es de evitar -es pintoresco, pero así es- que haya normas procedimentales que obliguen a dilatar la justicia cuando el imputado considera satisfechas sus garantías y quien ejerce el principio acusatorio está en condiciones de hacerlo. Que en esa situación haya una norma procesal que dilate, no se sabe en beneficio de quién, la justicia es lo que intentamos evitar. Hasta ahora había establecido un plazo mínimo de diez días, estuviera o no al servicio de alguno de esos valores dignos de protección, y por eso se pasa a fijar un plazo máximo de 15 días, lo cual permite acortar todo lo que resulte procedente. Dejando siempre a salvo las garantías y la posibilidad de ejercer el principio acusatorio de una manera adecuada y razonable, ¿qué necesidad hay de que exista un fetichismo procesal que nos lleve a entorpecer la justicia? Con esto tiene que ver también, como ya se ha señalado, el distinguir según el tipo de guardias que hay en cada órgano judicial.