Congreso de los Diputados
2003-12-16

Por tanto, si aplicásemos la Convención de Ginebra a los sucesos acaecidos en la guerra de Irak, en la que han muerto periodistas y personal humanitario, los responsables de otorgar en primera instancia protección económica a sus familias deberían ser los Estados ocupantes y el Estado español exigir esa responsabilidad. Es evidente que de forma conjunta a la necesaria reivindicación de la compensación y protección económica por parte de los responsables, sea por acción u omisión, es decir por incumplimiento del deber de protección por parte de las potencias ocupantes a las víctimas en conflictos armados, compartimos la necesaria regulación en el ordenamiento jurídico interno de un apoyo a esas víctimas y sus familias, a través de la compensación económica, que contribuya a paliar la situación de desequilibrio patrimonial que toda pérdida o mutilación derivada de actos de guerra ocasiona a la víctima y su familia.