Congreso de los Diputados
2002-09-24

Las medidas previstas en la presente Ley 5/2000 son conducentes a garantizar los adecuados procesos socioeducativos y están orientadas hacia la reinserción social de estas personas. Esto ha supuesto el paso de una situación anterior, en la que a los menores se les aplicaba las penas establecidas en las disposiciones penales y su ejecución correspondía a las administraciones penitenciarias, a la situación actual, en la que ya contamos con una ley específica de responsabilidad penal del menor en la que la Administración autonómica es responsable de ejecutar las medidas que a este respecto dicten los jueces de Menores, aquellas comunidades autónomas que tienen responsabilidades y competencias en el ámbito de los servicios sociales. Hemos de recordar a SS.SS que en su momento esta ley no fue dotada adecuadamente en los Presupuestos Generales del Estado. Por poner un ejemplo del impacto que esto ha supuesto en las comunidades autónomas, cito los costes de ejecución de las medidas judiciales que ha implicado para Canarias.