Congreso de los Diputados
1998-04-15

Todos conocemos que en esta tarea también es básica la aplicación conjunta e inseparable de los principios de legalidad y de solidaridad social: de legalidad porque para que la percepción de las prestaciones corresponda a quienes reúnan los requisitos establecidos para ello hay que acogerse a lo establecido en una ley; y de solidaridad porque para permitir el acceso a la protección social a quienes la tienen verdaderamente reconocida y la sienten como una necesidad, también esa necesidad tiene que estar reconocida como derecho a percibir esa cobertura. Estos dos principios se aúnan cuando, para evitar situaciones irregulares en el cobro de pensiones, se verifica, por quien corresponde, que se cumple la normativa que regula el cobro de los complementos por mínimos. Estas cantidades, señorías, tienen una fundamentación meridianamente clara, y ésta desaparece cuando los pensionistas perciben otros rendimientos que exceden de las cuantías establecidas cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para tener derecho a este complemento adicional, que para 1998 es de 822.824 pesetas.