Congreso de los Diputados
1998-12-10

La fórmula más fácil y sencilla habría sido indemnizar en su momento a los damnificados, no usarlos electoralmente, como posteriormente se hizo, y haberse subrogado el Estado el derecho, vía judicial, de reclamar las responsabilidades penales pertinentes. Así se habría evitado que condenar a un funcionario fuera condición sine qua non para que existiera responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Señorías, el Partido Popular ha dado muestras de cumplir, en la medida de lo posible, las promesas que se habían hecho, según se ha dicho aquí. Primero, con la voluntad de aplicación del segundo real decreto-ley se ha ofertado y pagado el cien por cien del importe máximo resarcible a todos los acogidos a las ofertas del segundo real decreto-ley, en contra de la aplicación del primero, cuando solamente se pagó un 20 por ciento de este importe máximo resarcible.