Congreso de los Diputados
2005-12-13

Evidentemente, la propuesta que hace el Parlamento de Cataluña tiene dos ámbitos: por una parte, la desigualdad o asimetría que se produce en cuanto a la regulación del conflicto negativo de competencias, puesto que parece que se parte de una presunción de que el Estado siempre responde a todas las competencias y las únicas que se pueden inhibir son las comunidades autónomas. Sí es verdad que hay un canal para que los ciudadanos pongan en marcha este mecanismo, pero parece lógico, sobre todo con el desarrollo del Estado de las autonomías, que también a las comunidades autónomas se les pueda habilitar la iniciativa en el conflicto negativo y así puedan ser sujetos activos. El incumplimiento del contenido de los estatutos de autonomía es otro asunto diferente. Se le ha querido dar una solución a través del conflicto negativo. Desde luego, ya el Tribunal Constitucional señaló en una sentencia, la 155 del año 1990, que el conflicto positivo no era el conducto adecuado para resolver estas discusiones competenciales. Pero se ha intentado buscar el otro lado del procedimiento, el conflicto negativo.