Congreso de los Diputados
2013-04-11

Tampoco puede funcionar un sistema cuando el número de jubilaciones anticipadas se ha incrementado un 33 % desde el inicio de la crisis, generando un coste adicional de unos 7.000 millones de euros anuales. Esta es una situación además que nos otorgaba una extraña y disfuncional singularidad en el conjunto de los países de la Unión Europea. Un país -con el escenario demográfico que tiene España ante síque respondía a este reto con el sistema de expulsión anticipada de trabajadores mayores más abierto de nuestro entorno. Es más, al final del período transitorio establecido con la reforma de 2011 -estamos hablando de 2027- el número de años para acogerse a la jubilación anticipada sería mayor que en la situación actual; todo un contrasentido que nos condicionaba a ir en la dirección contraria que exige la perspectiva demográfica. Esa es la realidad, señorías. Y ante esa realidad el Gobierno se ha visto en la obligación de actuar, y también a hacerlo que el momento oportuno.