Congreso de los Diputados
2018-12-13

El proyecto de ley que el Gobierno somete a debate delega en las comunidades autónomas las condiciones laborales para el ejercicio de la docencia y lo hace a pesar de que este ejercicio corresponde a una profesión regulada como garante de un derecho fundamental, que es el derecho a la educación y, en cuanto garante de un derecho fundamental, el derecho a la educación, competencia del Estado. Además, lo hace en una clara contradicción con la propia exposición de motivos del proyecto de ley, que sí hace referencia a las sentencias del Tribunal Constitucional del año 2016, que han avalado la competencia del Estado para regular con carácter básico la jornada lectiva mínima de los docentes; una cuestión, por otra parte, demandada por la inmensa mayoría del sector educativo y, específicamente, por los docentes y plasmada en los propios acuerdos del Consejo Escolar del Estado. De ahí, señorías, el sentido de la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular presenta a la iniciativa del Gobierno.