Congreso de los Diputados
2010-09-21

Tampoco es razonable que esta misma mañana haya tenido lugar una misa de apertura de tribunales -oficiada, por cierto, por el cardenal Roucocomo un acto más del inicio del año judicial en un Estado, al menos tal como proclama la Constitución, plenamente aconfesional. Digo todo esto entre otras cosas porque el meollo de este debate, además de otras cuestiones, está sobre todo en la financiación de la actividad de la Iglesia católica. No hay nada más contradictorio en un Estado laico que el hecho de que la hacienda pública ejerza de recaudador de impuestos para sostener las cargas de una determinada religión, sea la que sea y con el debido respeto, lo cual además creemos que es claramente inconstitucional y más cuando, como recordarán SS.SS., el propio Vaticano se comprometió en los acuerdos de 1979 a autofinanciarse con un denominado impuesto religioso. Es sabido también que en 2007 el presidente Zapatero renunció a exigir ese compromiso e incluso elevó la asignación a la Iglesia católica en el IRPF un 54 por ciento; pasó del 0,52 al 0,7 por ciento.