Congreso de los Diputados
1998-10-08

Por otro lado, en el artículo 106 de la Constitución se garantiza el control por los tribunales de la legalidad de la actuación administrativa y, en su artículo 9, el principio de seguridad jurídica. En ese sentido, suprimimos la revisión de oficio de los actos anulables - con la oposición créanme que sorprendente del Grupo Socialista, que mantiene viva su enmienda 115-, posibilidad que introdujo la Ley del año 1958, mediante la cual la Administración podía dejar sin efecto, o puede dejar sin efecto, un acto favorable al interesado o acto declarativo de derechos. Se trataba sin duda de una excepción al principio de igualdad, una excepción al principio de que nadie puede ir contra sus propios actos y, en definitiva, un privilegio o prerrogativa de la Administración. Cuando llega la Ley del año 1992, no sólo se mantiene este privilegio, sino que incluso se disminuyen las garantías. Se disminuyen las garantías en cuanto al carácter del dictamen del Consejo de Estado, en cuanto al tipo de infracción, la forma de iniciación o el tiempo para ejercitarla.