Congreso de los Diputados
2012-10-30

La consecuencia directa es que pueden existir discordancias de difícil resolución entre el proceso penal y el administrativo. En realidad, se hace desaparecer ese mínimo control judicial efectivo sobre la legalidad y oportunidad de la respuesta penal, que la reforma quiera reservar, generando una esfera de secretismo y monopolio a la propia Hacienda pública. Otro aspecto, señor Gallardón, la seguridad jurídica. Queda gravemente afectada en el tema de la prescripción. La necesidad de un elemento cierto, como el inicio del plazo de prescripción, desaparece con este proyecto, ya que el momento a partir del cual debe computarse no queda determinado. En relación con los tipos agravados del artículo 305 bis, es de lo poco que hacen bien porque recogen nuestra propuesta de 2010, a la que se opusieron ustedes y Convergència i Unió: el proyecto que dio lugar a esta reforma para ampliar el plazo de prescripción y atribuir en efecto el conocimiento del delito fiscal a las audiencias provinciales, lo que posibilita el posterior recurso de casación ante el Tribunal Supremo.