Antofagasta, a veinte de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que, en la causa Rol R-95-2023 del Ilustre Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, caratulados “Andes Iron SpA con Servicio de Evaluación Ambiental”, sobre reclamación del artículo 17 $\mathrm { ~ N ~ } ^ { \circ } \thinspace 5$ de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , por sentencia definitiva de diecisiete de febrero de dos mil veinticinco, se resolvió: 1. Acoger parcialmente la excepción de pago opuesta por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, teniendo por cumplida la sentencia en la parte en que la Res. Ex. N°20259910145/2025 rechaza las reclamaciones PAC e incorpora los dos compromisos ambientales voluntarios vinculados con las iniciativas del “Centro de Investigación y Estudios Socioambientales Aplicados en La Higuera” y del “Valor Compartido”; 2. Modificar la Res. Ex. N°20259910145/2025, solo en cuanto a anular y dejar sin efecto sus considerandos 12, 13 y 15, así como los puntos 2, 6, 16, 17, 18 y 19 de su parte resolutiva, atendido a que incumplen la sentencia dictada en autos como se estableció en esta resolución, cuyos efectos quedan suspendidos hasta la dictación del acto complementario que se ordena a continuación; 3. Ordenar al Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, la dictación de un acto complementario que se pronuncie respecto de los puntos 2, 6, 16, 17, 18 y 19 de su parte resolutiva de la Res. Ex. N°20259910145/2025, ajustándose a lo establecido en esta resolución, dentro del plazo de décimo día, contando desde que esta resolución quede firme y ejecutoriada, bajo apercibimiento de proceder conforme con lo previsto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

En contra de la sentencia relacionada, el abogado señor Benjamín Muhr Altamirano, en representación de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, quien a su vez actúa en representación del Comité de Ministros, dedujo recurso de apelación para que se enmiende conforme a derecho la resolución impugnada, revocándola y declarando en su lugar que se acoge la excepción de pago formulada por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

De igual modo, la abogada señora Alejandra Donoso Cáceres, por los recurrentes Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, Comité de Agua Potable Rural Los Choros y Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, terceros independientes, dedujo recurso de apelación, en contra de la interlocutoria en referencia, que resuelve el cumplimiento incidental de la sentencia definitiva dictada por ese mismo Tribunal con fecha 09 de diciembre de 2024, acogiendo parcialmente la excepción de pago opuesta por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, poniendo término al proceso referido, a fin de que se acoja este, invalidando la sentencia impugnada y dictando una sentencia de reemplazo que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, se ajuste a las competencias propias de los Tribunales Ambientales, en los términos de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ .

La vista de la causa se verificó en la audiencia del día veintiocho de agosto del año en curso, compareciendo por sus recursos, el abogado señor Juan de Dios Montero Fernandois, en representación de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, quien a su vez actúa en representación del Comité de Ministros; la abogada señora Alejandra Donoso Cáceres en representación del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, del Comité de Agua Potable Rural Los Choros y de la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros; el abogado señor Marcos Emilfork Orthusteguy, tercerista coadyuvante, en representación de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, don Cristóbal Díaz de Valdés, don José Aliro

Zarricueta Campusano, don Ernesto Alfonso Fredes Aguirre, y doña Javiera Espinoza Jara; la abogada señora Dominga Planella Durruty, tercerista coadyuvante, en representación de la Agrupación Cultural y Social del Pueblo de Los Changos, de la Comunidad Indígena Pueblo Chango del Archipiélago de Humboldt, de la Comunidad Indígena Changos-Álvarez-Hidalgo y Descendencia de Caleta Chañaral de Aceituno, y de doña Nancy Duman Brito; y el abogado señor Ezio Cortez Cordella, tercerista coadyuvante, en representación de Oceana INC.

En tanto, comparecieron contra el recurso, el abogado señor Patricio Leyton Flores, en representación de Andes Iron SpA.; el abogado señor Osvaldo Andrade Lara, tercerista coadyuvante, en representación de Sindicato Nacional Interempresas de Faeneros de Chile; el abogado señor Carlos Claussen Calvo, tercerista coadyuvante, en representación de Asociación Gremial Minera de La Higuera; el abogado señor Raúl Pelen Baldi, tercerista coadyuvante, en representación de Asociación Gremial de Trabajadores del Mar Panamericana Norte Caleta Los Hornos, del Sindicato de Trabajadores Independientes $\mathrm { ~ N ~ } ^ { \circ } \mathrm { ~ 1 ~ }$ de Buzos y Pescadores Artesanales Caleta Los Hornos, de la Organización de Buzos Mariscadores Los Castillos de la Caleta Chungungo, y del Sindicato de Trabajadores Independientes de buzos, ayudantes, pescadores y recolectores de la Caleta de Chungungo; y el abogado señor Fernando Roco Pinto, tercerista coadyuvante, en representación de la Asociación Comunal de La Higuera.

SEGUNDO: Que, la parte recurrente, directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), quien a su vez actúa en representación del Comité de Ministros, indica en su presentación y alegaciones en estrados, que el tribunal a quo, con su sentencia, contraviene directamente los artículos 20 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ y $6 ^ { \circ }$ y $7 ^ { \circ }$ de la Constitución Política de la República ( $\ " { \mathrm { C P R } } ^ { \prime \prime } )$ ), al ordenar a la Dirección Ejecutiva del SEA enmendar la resolución del Comité de Ministros y pronunciarse sobre la calificación del proyecto

Dominga (“el Proyecto”), sin tener competencias para ello, y además, que los juzgadores rechazaron ilegalmente la excepción de pago deducida por la Dirección Ejecutiva del SEA, pues el Comité de Ministros cumplió de manera oportuna lo ordenado por la sentencia definitiva, realizando una serie de actos necesarios y consecutivos hasta la dictación del acto final, la resolución que se pronuncia sobre las reclamaciones.

Agrega que el acto de remplazo ordenado por la sentencia definitiva fue dictado mediante la resolución del Comité de Ministros del año 2025, de fecha 14 de enero de 2025, en la cual se resolvieron los recursos de Reclamación de Observantes Ciudadanos (“recursos PAC”), ajustándose a lo resuelto por la sentencia de fecha de 16 de abril de 2021 y la sentencia definitiva.

Detalla que los fundamentos para dar lugar a los dos recursos PAC que fueron acogidos no se relacionan con materias que hayan sido resueltas por las sentencias del año 2021 y 2024 y, por lo tanto, no pueden justificar su incumplimiento, por lo que sostener lo contrario, implica una interpretación ilegal del efecto de las sentencias de los Tribunales Ambientales conforme al artículo 30 de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , pues el tribunal no deja margen de ponderación a la Administración, sustituyendo directamente el acto administrativo de reemplazo. Además, señala que esta decisión contraviene los artículos 158, 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil que regulan el efecto de cosa juzgada y el concepto de sentencia definitiva al extender ilegalmente el alcance de la sentencia definitiva.

Pormenoriza el recurrente, en relación a los antecedentes de hecho sobre el procedimiento de cumplimiento incidental de la sentencia del Ilustre Primer Tribunal Ambiental de fecha 9 de diciembre de 2024, que con fecha 10 de agosto de 2023, Andes Iron SpA (“el Titular”) interpuso ante ese tribunal la reclamación del artículo 17 $\mathrm { ~ N ~ } ^ { \circ } \thinspace 5$ de la Ley $ { \mathbb { N } } ^ { \circ } 2 0$ .600 en contra de la Resolución Exenta $\mathtt { N } ^ { \circ } 2 0 2 3 9 9 1 0 1 5 1 7 / 2 0 2 3$ del Comité de Ministros (“Resolución del Comité de Ministros $2 0 2 3 ^ { \prime \prime }$ ), que resolvió dejar sin efecto la Resolución Exenta N°161/2021 (“RCA N°161/2021” o “RCA del Proyecto”) y calificar ambientalmente desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental (“EIA”) del Proyecto, dando origen a la causa R-95-2023.

Con fecha 9 de diciembre de 2024, el tribunal a quo dictó sentencia definitiva en la causa, pronunciándose sobre el recurso de reclamación interpuesto por el titular, acogiéndolo, anulando la resolución del Comité de Ministros y ordenando a este, dictar una nueva resolución en su reemplazo (“Sentencia Definitiva”). La sentencia definitiva a que se alude resolvió: “Acoger la reclamación deducida por el señor Pedro Ducci Cornu, en representación convencional de Andes Iron SpA, en contra de la Resolución Exenta N°202399101517, de 29 de junio de 2023, dictada por el Comité de Ministros. En consecuencia, no se retrotrae el procedimiento administrativo, sino que declara nula solo la resolución indicada, así como el Acuerdo N°1/2023, debiendo el Comité de Ministros dictar una nueva resolución que se pronuncie respecto de las reclamaciones deducidas en contra de la RCA N°161/2021, en conformidad con lo establecido en la parte considerativa de este fallo.”.

Según expresa, la nueva resolución tiene que cumplir íntegramente lo determinado en la sentencia firme y ejecutoriada dictada en la causa Rol R $\mathbb { N } ^ { \circ } \mathbb { 1 } - 2 0 \mathbb { 1 } \mathbb { 7 }$ de 16 de abril de 2021, como con lo establecido en todo ese fallo, de acuerdo al detalle que expresa en su presentación.

En este orden de ideas sostiene que el Comité de Ministros dio inicio a la ejecución y cumplimiento de la sentencia sesionando en audiencia extraordinaria con fecha 23 de diciembre de 2024, resolviendo sobre los aspectos que estableció la sentencia, esto es, con una integración y presidencia hábil conforme a los principios de imparcialidad y confianza legítima. En dicha sesión todos los miembros del Comité dieron cuenta de encontrarse inhabilitados por haberse pronunciado en la sesión $\mathrm { ~ N ~ } ^ { \circ } \beth$ del Comité de Ministros del año 2023, y en el caso de la Ministra de Minería, doña Aurora Williams, en la sesión $\mathrm { ~ N ~ } ^ { \circ } \thinspace 5$ del Comité de Ministros del año 2017.

Añade que, para efectos de determinar la presidencia y la conformación del Comité de Ministros, de acuerdo al estándar que impuso la misma sentencia, se decidió oficiar a la Contraloría General de la República (“CGR”), mediante el oficio ingresado con fecha 26 de diciembre de 2024, Of. Ord. N°2024991021214, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. La CGR respondió a la solicitud de pronunciamiento efectuada, mediante el Oficio NºE1138/2025, de fecha 3 de enero de 2025. El Comité de Ministros sesionó de manera extraordinaria el 8 de enero de 2025, con una integración basada en el pronunciamiento de la CGR. Con misma fecha se dictó el acta y el acuerdo respectivo, que dio pie a la respectiva resolución de fecha 14 de enero de 2025.

Explica que, en un plazo acotado, para efectos de finalizar la etapa de cumplimiento iniciada el día 23 de diciembre de 2024, con fecha 14 de enero de 2025 se dictó la Resolución del Comité de Ministros mediante la cual se resolvieron los recursos PAC, (Programa de Asistencia al Cumplimiento) ajustándose a lo resuelto por la sentencia de fecha de 16 de abril de 2021 y la sentencia definitiva del 9 de diciembre de 2024.

Precisa que Andes Iron SpA solicitó el cumplimiento incidental de lo ordenado en la sentencia definitiva, conforme con lo previsto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 45 y 47 de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ . Dicha solicitud se fundó en la circunstancia que a la fecha de la referida solicitud el Comité de Ministros no se había pronunciado sobre las reclamaciones de los observantes PAC deducidas en contra de la RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ , dentro del plazo de 15 días dispuesto en la mencionada sentencia.

Ante dicha solicitud, el tribunal a quo accedió al cumplimiento incidental de la sentencia definitiva, con citación, tal como consta de resolución judicial de 7 de enero de 2025. Con fecha 14 de enero de 2025, en cumplimiento de lo ordenado por la sentencia definitiva, el Comité de Ministros dictó la Resolución Exenta N°20259910145 (“Resolución del Comité de Ministros $2 0 2 5 ^ { \prime \prime }$ ), resolviendo los recursos administrativos interpuestos en contra de la RCA del Proyecto, siguiendo los lineamientos entregados por el Ilustre Primer Tribunal Ambiental.

El día 14 de enero de 2025, el Servicio de Evaluación Ambiental, en representación del Comité de Ministros, formuló oposición al cumplimiento incidental de la sentencia mediante la excepción de pago consagrada en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior toda vez que, el Comité de Ministros sesionó y resolvió los recursos PAC interpuestos en contra de la RCA N°161/2021 dentro de plazo y, además, porque en su nueva decisión se ajustó a las sentencias de 16 de abril de 2021 y del 9 de diciembre de 2024, ambas del Ilustre Primer Tribunal Ambiental.

Con fecha 23 de enero de 2025, y en el marco del procedimiento de cumplimiento incidental de la Sentencia Definitiva, Andes Iron SpA solicitó al Ilustre Primer Tribunal la dictación de la medida cautelar consistente en la suspensión de los efectos de la Resolución del Comité de Ministros 2025, mientras dure el procedimiento especial de cumplimiento de la sentencia definitiva.

TERCERO: Que, respecto a la resolución que se impugna por esta vía, la recurrente desarrolla su pretensión modificatoria y correctiva, sobre dos tópicos o capítulos de ilegalidades principales, que luego pormenoriza latamente. El primero de ellos objeta la legalidad de la orden de enmendar la resolución del Comité de Ministros y pronunciarse sobre la calificación del proyecto dada a la Dirección Ejecutiva del SEA, sin tener competencias para ello. Mientras que el segundo capítulo lo dedica a examinar la legalidad de las razones que se tuvo en consideración para rechazar la excepción de pago deducida, y solo acogerla parcialmente.

En relación al primer capítulo, sostiene que el tribunal a quo en su resuelvo $3 ^ { \circ }$ , contraviene directamente los artículos 20 de la ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ como los artículos $6 ^ { \circ }$ y 7° de la carta política, al ordenarle a la dirección ejecutiva del SEA enmendar la resolución del Comité de Ministros y pronunciarse sobre la calificación del proyecto, sin tener competencias para ello.

La ilegalidad que se denuncia deviene como consecuencia de la conclusión del Tribunal Ambiental de estimar que el Comité de Ministros incumplió la sentencia definitiva, por lo que acogió solo parcialmente la excepción de pago y ordenó modificar la resolución del Comité en aquella parte en que no cumplió lo ordenado por el tribunal, disponiendo que la Dirección Ejecutiva del SEA dicte una resolución que materialice esa modificación.

Precisa que esta primera ilegalidad, posee una doble dimensión, a priori, porque el tribunal ordena a un órgano unipersonal, modificar una resolución de un órgano colegiado, sin tener las competencias para ello; y la segunda dimensión que integra esta primera ilegalidad, es que la sentencia interlocutoria, crea una competencia y un procedimiento ad hoc mediante una resolución judicial.

En este sentido afirma que la potestad para la adopción de decisiones en torno a acoger o rechazar un recurso de reclamación tratándose de un EIA corresponde exclusivamente al Comité de Ministros, y no a la Dirección Ejecutiva. En efecto, no existe norma alguna, ni siquiera de naturaleza reglamentaria, que delegue competencia a la Dirección Ejecutiva para reemplazar al Comité en la decisión en torno a acoger o rechazar los recursos de reclamación, o bien, modificar una decisión adoptada previamente por el Comité, correspondiéndole un rol de mero ejecutor de las decisiones del órgano colegiado. En esta línea, la potestad no se puede delegar porque no hay relación de jerarquía, la ley tampoco ha entregado al SEA la potestad de revisar o reemplazar la decisión del Comité de Ministros.

La segunda dimensión que integra esta primera ilegalidad, como ya se dijo, es que la sentencia interlocutoria crea una competencia y un procedimiento ad hoc mediante una resolución judicial, infringiendo los principios de juridicidad y legalidad que rigen a los órganos de la Administración.

En esta línea, la actuación del tribunal a quo infringe abiertamente el artículo 20 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } \mathbb { 1 } \thinspace 9 \thinspace . 3 0 0$ y la Constitución, al ordenarle a la Dirección Ejecutiva del SEA la dictación de un acto administrativo “complementario” a la Resolución del Comité de Ministros 2025, con lo que se modifica el contenido de una decisión adoptada por un órgano colegiado, al eliminar disposiciones de una resolución cuyo origen está en otro acto administrativo originado de forma pluripersonal, y finalmente ordena la dictación de una nueva resolución mediante un órgano resolutor unipersonal.

En rigor, según expresa, la competencia decisoria para la resolución de recursos de reclamación interpuestos contra RCA de proyectos ingresados mediante EIA ha sido radicada de manera exclusiva en el Comité de Ministros, tal como queda claro del tenor del artículo 20 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } \mathbb { 1 9 } . 3 0 0$ . Así, no estaríamos ante un caso de competencia compartida entre el comité y la dirección ejecutiva, ni tampoco existiría norma alguna que habilite a delegar la facultad para modificar y/o complementar la decisión del Comité de Ministros en la directora ejecutiva del SEA. Por el contrario, la competencia es exclusiva del Comité de Ministros, y le corresponde a aquel modificar sus decisiones y resoluciones, en caso de estimarse que aquello es procedente.

CUARTO: Que, el segundo capítulo de su pretensión recursiva, lo dedica la recurrente a examinar la legalidad de las razones que se tuvo en consideración por el Tribunal Ambiental para rechazar la excepción de pago deducida, y solo acogerla parcialmente.

En este sentido, señala a priori que el tribunal a quo rechazó ilegalmente la excepción de pago deducida por la dirección ejecutiva del SEA, desde que el Comité de Ministros cumplió cabalmente lo ordenado por la sentencia definitiva. Afirma que en virtud del artículo 30 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , la sentencia definitiva resolvió anular la resolución del Comité de Ministros del año 2023 y ordenó al Comité de Ministros dictar una nueva resolución como acto administrativo de reemplazo.

En ese sentido, la orden del tribunal a quo constituía una obligación de “hacer” para el Comité de Ministros, por lo que, una vez iniciado el procedimiento de cumplimiento incidental de la sentencia definitiva, y justamente habiéndose dictado la resolución del Comité de Ministros 2025, cumpliéndose así cabalmente con la obligación de “hacer” contenida en la parte resolutiva de la sentencia definitiva, la Dirección Ejecutiva del SEA interpuso la excepción de pago del artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, la cual se configura cuando se ha cumplido con las obligaciones de dar, hacer o no hacer contenidas en la sentencia.

Categoriza que esa excepción de pago debió ser acogida totalmente, por cuanto, (i) El acto de remplazo ordenado por la sentencia definitiva fue dictado mediante la resolución del Comité de Ministros del año 2025, de fecha 14 de enero de 2025, en la cual se resolvieron los recursos PAC ajustándose a lo resuelto por la sentencia de fecha de 16 de abril de 2021 y la sentencia definitiva; (ii) Cada una de las materias que en esas sentencias fueron abordadas fueron incorporadas en la resolución, en exactamente los mismos términos en que se resolvieron judicialmente, lo que llevó a rechazar todas las alegaciones de los recursos de reclamación

PAC que se relacionaban con ellas y (iii) Los fundamentos para acoger los dos recursos de reclamación PAC que fueron acogidos no se relacionan con materias que hayan sido resueltas por las sentencias del año 2021 y 2024 y, por lo tanto, no pueden justificar su incumplimiento.

A continuación, la recurrente, da cuenta pormenorizada de los hechos que permiten acreditar el cumplimiento de lo resuelto por el Ilustre Primer Tribunal Ambiental. Afirma que lo que sostiene se puede confirmar de la lectura del acuerdo del Comité de Ministros $\mathbb { N } ^ { \circ } 1 / 2 0 2 5$ y de la Resolución del Comité de Ministros 2025 (ya acompañadas a estos autos), el Comité de Ministros resolvió cada una de las materias que habían sido resueltas por la sentencia definitiva en estricto acuerdo a lo fallado por el tribunal a quo. En el análisis y resolución de cada una de estas materias, salvo las que correspondían a aquellas acogidas por el Comité de Ministros, se rechazaron las alegaciones, señalando expresamente que ello se hace con el objeto de adecuarse a lo resuelto por el Ilustre Primer Tribunal Ambiental en la sentencia definitiva.

Refiere que todas las alegaciones que se referían a otras materias, y que no tenían relación con la exclusión del ICASARA (Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones) 4 de las observaciones de la Corporación Nacional Forestal (“CONAF”) y la suficiencia del Plan de Contingencia y Emergencias, fueron también rechazadas. En definitiva, tanto el acuerdo como la posterior resolución terminal del procedimiento de reclamación se ajustaron plenamente a la sentencia definitiva y la sentencia del año 2021, ya que se rechazaron todas las alegaciones sobre las materias que fueron abordadas por ellas.

Acota que esta conclusión del tribunal a quo es ilegal porque (i) contraviene directamente aquello que fue ordenado por la sentencia definitiva, en su resuelvo 1° letra $\ominus$ ), que mandataba a resolver los recursos de reclamación; (ii)

implica una interpretación ilegal del efecto de las sentencias de los Tribunales Ambientales conforme al artículo 30 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , pues el tribunal no deja un margen de ponderación a la administración, sustituyendo directamente el acto administrativo de reemplazo y la discrecionalidad de la Administración; y (iii) contraviene los artículos 158, 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil que regulan el efecto de cosa juzgada y el concepto de sentencia definitiva al extender ilegalmente el alcance de la sentencia definitiva. Es decir, fue el propio tribunal el que mandató a resolver los recursos de reclamación, reconociendo la discrecionalidad del Comité en esta tarea.

Agrega la recurrente que el Tribunal Ambiental, en la sentencia definitiva, no resolvió, ni podría haber resuelto: (i) La sentencia definitiva no dictó el acto de remplazo del acto recurrido; (ii) La sentencia definitiva no ordenó rechazar los recursos de los observantes de participación ciudadana contra la RCA del Proyecto; (iii) La sentencia definitiva no se pronunció sobre materias que no habían sido reclamadas en sede judicial.

Afirma que al entender la resolución impugnada que el Comité de Ministros no tenía espacio alguno de discrecionalidad, el tribunal a quo le está dando un efecto a la sentencia definitiva que el artículo 30 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ prohíbe, pues, en la práctica, le está ordenando al Comité de Ministros resolver en un sentido determinado, sustituyendo a la Administración.

Aclara que la sentencia definitiva no se pronunció respecto de materias que no fueron reclamadas judicialmente, pues como se sabe, la competencia del tribunal se encuentra delimitada por el alcance de la litis, la cual queda definida por el recurso judicial. No es posible que el pronunciamiento judicial se extienda a materias que no son objeto de la controversia. En el procedimiento contencioso administrativo de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ no existe una tutela revisora amplia, ni se goza de potestades de corrección de oficio como aquellas que detenta la Excma. Corte Suprema, sino que se mandata a los Tribunales Ambientales a resolver las peticiones o acciones deducidas por el demandante.

Concluye que, así las cosas, el Comité de Ministros en la sesión respectiva, ajustándose a lo resuelto por el Ilustre Tribunal Ambiental en su sentencia de 16 de abril de 2021 y la sentencia definitiva, resolvió los recursos PAC interpuestos en contra de la RCA N°161/2021 que calificó favorablemente el Proyecto Dominga, rechazando todas aquellas materias que fueron abordadas por las mencionadas sentencias. Además, resolvió aquellas alegaciones que no fueron cubiertas por el pronunciamiento del Comité de Ministros el año 2023 ni tampoco por las sentencias. Algunas de ellas no fueron acogidas, mientras que dos, por tener mérito suficiente, implicaron acoger los recursos y revertir la calificación.

Refiere de igual modo que, el proyecto demostró tener deficiencias graves en su Plan de Contingencias y Emergencias, suponiendo un riesgo para el medio ambiente marino. Añade que en virtud del artículo 102 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), todo EIA debe contener un Plan de Contingencia y Emergencias si de la descripción del proyecto o actividad o de las características de su lugar de emplazamiento se deducen eventuales situaciones de riesgo al medio ambiente. El riesgo ambiental, definido como la probabilidad de que el proyecto o actividad pueda generar un daño al medio ambiente, es imprevisible; por lo anterior, se le asignan medidas de control y prevención de riesgos frente al funcionamiento incorrecto del proyecto o por eventos de la naturaleza que pueden repercutir en el proyecto. Pues bien, el Plan de Contingencias y Emergencias presentado por el titular en su EIA no identificó situaciones de contingencia coincidentes con derrames de concentrado de hierro durante el transporte a través de embarcaciones, pese a que se trataba de un riesgo evidente de la operación del Proyecto, el cual podría producirse a partir del choque de una nave con el fondo marino. Luego, el plan de contingencias y emergencias actualizado que presentó el Proponente en la Adenda 3 fue objeto de observaciones de parte de CONAF a lo largo del proceso de evaluación y también en la etapa recursiva. En concreto, la Dirección Regional de CONAF señaló que la medida establecida para hacerse cargo de la contingencia asociada al derrame de hidrocarburos carece de efectividad. En efecto, el titular solo abordó la contingencia asociada al derrame de hierro en el área de estructuras marítimas, esto es, en la operación de transporte a la nave o en el movimiento de carga. Es decir, se omitió información para abordar adecuadamente el riesgo de choque de la nave con el fondo marino.

Finaliza indicando que, al haberse dictado una nueva resolución por parte del Comité de Ministros, resolviendo los recursos PAC en plena conformidad con lo resuelto y ordenado por la sentencia definitiva, correspondía acoger la excepción de pago deducida por dicha parte.

De acuerdo a todo lo relacionado en forma previa, solicita se acoja el recurso de apelación en contra de la resolución de fecha 17 de febrero de 2025, dictada por el Ilustre Primer Tribunal Ambiental en los autos R-95-2023, por medio de la cual rechazó parcialmente la excepción de pago formulada por esa parte frente al cumplimiento incidental iniciado, de lo ordenado en la sentencia definitiva dictada el 9 de diciembre de 2024, y se enmiende conforme a derecho la resolución impugnada, revocándola y declarando en su lugar que se acoge totalmente la excepción de pago formulada por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

QUINTO: Que, la abogada señora Alejandra Donoso Cáceres, por los recurrentes Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, Comité de Agua Potable Rural Los Choros y Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, terceros independientes, dedujo recurso de apelación, en contra de la interlocutoria en referencia, que resuelve el cumplimiento incidental de la sentencia definitiva dictada por ese mismo Tribunal con fecha 09 de diciembre de 2024, acogiendo parcialmente la excepción de pago opuesta por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros.

En su presentación, verifica un desarrollo sobre la tramitación ambiental del proyecto Dominga, y luego sobre el cumplimiento incidental de la sentencia definitiva, en similares términos a los relacionados en forma previa por la recurrente directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

Acota que la sentencia impugnada incurre en sendos vicios de ilegalidad que, junto con infringir gravemente el ordenamiento jurídico y poner en riesgo el Estado de Derecho al descansar en interpretaciones alejadas de la voluntad del legislador en materia ambiental, generan agravio para esa parte. En particular, al ordenar al SEA la dictación de un acto para el cual no tiene competencias legales y, más aún, delimitando ilegalmente el espacio de discrecionalidad técnica que tiene la Administración del Estado, al infringir abiertamente lo dispuesto en el artículo 30 de la LTA, excluye ilegal y arbitrariamente las observaciones incorporadas por esta parte durante la participación ciudadana en el marco del SEIA, ordenando desde ya que no sean consideradas por el Comité de Ministros, forzándolo a infringir lo dispuesto en los artículos 4 y 29 de la Ley Sobre Bases Generales Del Medio Ambiente (LBGMA) y a desconocer el principio participativo consagrado en el numeral 15 de la Declaración de Río de 1992, de la cual Chile es parte.

Detalla que la sentencia impugnada ordena al SEA la dictación de un acto para lo cual no tiene competencias legales, limita ilegal y arbitrariamente el ámbito de discrecionalidad propio de la Administración, e infringe el principio participativo al forzar la desconsideración de las observaciones ciudadanas incorporadas por esa parte a la evaluación del proyecto, argumentando en similares presupuestos fácticos y jurídicos en relación a dichos tópicos, que aquellos que se han relacionado con precedencia en este fallo.

Suma a lo anterior, que la sentencia impugnada fuerza al Comité de Ministros a infringir el principio participativo en los términos que dispone el artículo 4 de la LBGMA y del Principio 15 de la Declaración de Río, de la cual Chile forma parte. A mayor abundamiento, se trata de un comportamiento abiertamente contrario al cumplimiento de las obligaciones que el Estado de Chile debe cumplir desde la suscripción al Acuerdo de Escazú, específicamente, en cuanto a los derechos de acceso a la participación y a la justicia en asuntos ambientales. Por su parte, la noción de tratarse de cuestiones ya discutidas supone una limitación arbitraria y un entendimiento completamente errado de la función jurisdiccional, que no justifica, bajo ningún punto de vista, la limitación de los derechos de acceso a la participación y a la justicia de los intervinientes en el proceso, como es el caso de sus representados.

De acuerdo a lo anterior, requiere se acoja el recurso, en contra de la sentencia interlocutoria dictada en estos autos con fecha 17 de febrero de 2025, que resuelve el cumplimiento incidental de la sentencia definitiva dictada por el Ilustre Tribunal Ambiental con fecha 09 de diciembre de 2024, acogiendo parcialmente la excepción de pago opuesta por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, poniendo término al proceso referido; a fin de que se enmiende dicha resolución conforme a Derecho con el objeto de que se invalide la sentencia impugnada y se dicte una sentencia de reemplazo que, cumpliendo las disposiciones legales pertinentes, se ajuste a las competencias propias de los Tribunales Ambientales, en los términos de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , que crea los Tribunales Ambientales.

SEXTO: Que, en sus alegaciones en la vista de los recursos, la reclamante Andes Iron SPA, instó por el rechazo de los mismos, indicando que la resolución dictada por el Comité de Ministros el 14 de enero de 2025 (Res. Ex. N°20259910145), junto a su acuerdo fundante, no constituye cumplimiento de la sentencia definitiva de 9 de diciembre de 2024, pues fue dictada fuera del plazo judicial de 15 días (vencido el 31 de diciembre de 2024) y con integración de autoridades inhabilitadas.

Agrega que el Comité de Ministros reabrió materias no reclamadas o ya resueltas por el propio tribunal, como las observaciones de CONAF sobre especies de Algarrobilla y Pacul, y la supuesta insuficiencia del plan de contingencias, utilizándolas como fundamentos para rechazar nuevamente el proyecto.

Sostiene que el comité incurrió en un incumplimiento material al desconocer los literales d), e), f) y g) de la parte resolutiva de la sentencia, transformando un mandato judicial acotado en una revisión “desde cero”, lo que perpetúa un bucle de rechazos sucesivos y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y denuncia que el comité fue integrado por funcionarios que ya habían manifestado previamente una opinión contraria al proyecto, en especial el subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien en 2022 recomendó expresamente una calificación desfavorable, lo que configura una causal de inhabilidad contraria al principio de probidad.

En similares términos se verificaron las alegaciones de los terceros coadyuvantes de la reclamante que comparecieron a la vista de los recursos, requiriendo de igual modo, el rechazo de los recursos interpuestos.

SÉPTIMO: Que, los terceros coadyuvantes de las partes recurrentes instaron por la revocación del fallo en alzada, y la modificación del mismo en los términos solicitados en los recursos.

Argumentaron a favor de sus pretensiones, que las sentencias dictadas en procedimientos contenciosoadministrativos ambientales son de carácter anulatorio y declarativo, no de condena. Por ello, no procede discutir su “pago” ni exigir ejecución forzada, pues la nulidad de un acto administrativo opera erga omnes con la sola dictación del fallo. De acuerdo a ello, estas sentencias no pueden imponer obligaciones de hacer o no hacer más allá de la anulación del acto, dado su carácter declarativo y general.

Agregaron que aún si se entendiera que el fallo podía contener directrices adicionales, éstas fueron cumplidas en la sesión $\mathbb { N } ^ { \circ } 1 / 2 0 2 5$ , conforme quedó expuesto en presentaciones previas de la parte reclamada. Advierten que el desacuerdo de algunas partes con el contenido del nuevo acto administrativo no constituye incumplimiento, pues el fallo fue cumplido formalmente.

Sostienen que considerar incumplida la sentencia por no haberse dictado un acto con un contenido específico equivaldría a transformar la acción anulatoria en una acción de condena, lo que vulnera la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ y el principio de separación de poderes, además de implicar una indebida intromisión judicial en la discrecionalidad administrativa, motivos todos que deben llevar a acoger las presentaciones que impugnan el fallo en alzada.

OCTAVO: Que, en relación al acto jurisdiccional impugnado, se debe consignar que, desde su inicio hasta su motivo 30º reflexiona sobre la procedencia de la aplicación del procedimiento de cumplimiento incidental respecto de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Ambientales; así como también, sobre la legalidad y tutela judicial efectiva en el cumplimiento de dichas sentencias. Concluyendo que este procedimiento, es plenamente procedente en atención a las disposiciones de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ y a las normas supletorias contenidas en el Código de Procedimiento Civil, decisión que no forma parte de las materias recurridas en la especie.

Luego, desde el motivo 31º los juzgadores se hacen cargo de la excepción de pago opuesta por la directora ejecutiva del SEA, quien a su vez actúa en representación del Comité de Ministros.

En este orden de ideas, en el motivo $3 7 ^ { \circ }$ , señala que lo dispuesto por el tribunal en sentencia definitiva del 09 de diciembre de 2024, en virtud de la cual acogió la reclamación deducida por Andes Iron SpA., ordenó al comité de ministros dictar una nueva resolución que se pronunciara respecto de las reclamaciones deducidas en contra de la RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ , en conformidad con lo establecido en la parte considerativa de dicho fallo, dentro del plazo de 15 días, considerando que el plazo previsto en el inciso primero del artículo 20 de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 1 9 . 3 0 0$ , se venció en su oportunidad.

En tanto, en el motivo $3 8 ^ { \circ }$ , se expone un orden cronológico de las gestiones realizadas por la reclamada para dar cumplimiento a la sentencia definitiva de 09 de diciembre de 2024, en base a los documentos acompañados en el expediente de primera instancia que comprende el espacio de tiempo desde el 23 de diciembre de ese año al 14 de enero de 2025, día último que concluye con la dictación de la Resolución Exenta $\mathrm { N } ^ { \circ } 2 0 2 5 9 9 1 0 1 4 5$ , en virtud de la cual la directora ejecutiva del SEA – secretaria ejecutiva del Comité de Ministros, puso en ejecución el acuerdo $\mathbb { N } ^ { \circ } 1 / 2 0 2 5$ de dicho comité que (i) acogió dos recursos de reclamación deducidos por observantes PAC en contra de la RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ ; (ii) calificó ambientalmente de manera desfavorable el EIA del proyecto Dominga. Se concluye también por los sentenciadores, que el plazo conferido por el tribunal para la resolución y dictación del nuevo acto administrativo de reemplazó venció el 31 de diciembre de 2024, por lo que la resolución del Comité de Ministros se dictó 14 días después de expirado el plazo.

En relación al vencimiento del plazo a que se alude, los jueces del fondo, en el motivo 41º del fallo, en razón a la etapa y tipo de procedimiento, sostienen que ello no constituye una razón que invalide el acto de reemplazo dictado por la reclamada; sin perjuicio de lo que resolvería a contar de los considerandos siguientes en orden al contenido o cumplimiento material de la resolución del comité de ministros. Esta decisión tampoco fue materia de impugnación.

Desde el motivo $4 2 ^ { \circ }$ al $4 7 ^ { \circ }$ , los juzgadores reflexionan sobre el cumplimiento del estándar de imparcialidad para la integración del Comité de Ministros, resolviendo desestimar las alegaciones deducidas por la parte reclamante y sus terceros coadyuvantes, al supuesto incumplimiento de la sentencia definitiva por infracción al principio de imparcialidad respecto de los señores Ariel Espinosa Gutiérrez y Julio Salas Gutiérrez. Decisión que tampoco fue objeto de impugnación.

En los motivos que transitan desde el 58 y siguientes, la sentencia razona sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la sentencia para la dictación del acto de reemplazo, para luego en el motivo $6 2 ^ { \circ }$ hacer presente que fue sometida a su control judicial la Resolución Exenta $\mathtt { N } ^ { \circ } 2 0 2 3 9 9 1 0 1 5 1 7 / 2 0 2 3$ , impugnada conforme al artículo 17 $\mathrm { ~ N ~ } ^ { \circ } \thinspace 5$ de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ . Dicha resolución del Comité de Ministros había precisado que los recursos de reclamación interpuestos por observantes PAC tenían como pretensión la revocación de la RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ y el rechazo del EIA del proyecto, por estimar que no se habían considerado debidamente sus observaciones ciudadanas, delimitando así el debate conforme al principio de congruencia. En ese contexto, se desprende del considerando 4 de la resolución, que el Comité de Ministros sistematizó los fundamentos de las reclamaciones, agrupándolos en torno al artículo 11 letras b), c), d) y e) de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 1 9 . 3 0 0$ .

Siempre en este orden de ideas, en el motivo $6 3 ^ { \circ }$ , el tribunal fijó lo debatido en autos, pormenorizando: (1) El alegado incumplimiento de la sentencia dictada en 2021 por el Primer Tribunal Ambiental; (2) La eventual transgresión de los principios de imparcialidad y probidad administrativa; (3) El supuesto incumplimiento del plazo fatal para resolver las reclamaciones administrativas; (4) La variación de criterios en los pronunciamientos de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECA) y la posible infracción al principio de confianza legítima; (5) La falta de fundamentación de la resolución reclamada respecto de aspectos técnicos que motivaron la calificación negativa del proyecto, específicamente en relación con (5.1) el carácter preventivo del SEIA y el estándar de revisión aplicable; (5.2) La evaluación de emisiones de Material Particulado Sedimentable (MPS);(5.3) La predicción de impactos sobre recursos hídricos; (6) Cuestiones vinculadas al medio marino, incluyendo: (6.1)La determinación del área de influencia;(6.2) La suficiencia de la línea de base;(6.3)La afectación de áreas de manejo de recursos bentónicos (AMERB); (6.4) La predicción de impactos sobre especies y factores específicos, como el pingüino de Humboldt, el ruido submarino y la contaminación lumínica; (7) La evaluación de efectos sinérgicos entre los proyectos Dominga y Cruz Grande; (8) La valoración del componente turístico; y (9) La consideración de medidas adicionales propuestas por el titular.

En los motivos 64º y 65º los jueces del fondo destacan que, la sentencia dictada en autos en el punto 1 de su parte resolutiva determinó acoger la reclamación deducida en contra de la REX CM 2023, declarándola nula junto con el acuerdo 1/2023, ordenando al Comité de Ministros dictar una nueva resolución que se pronuncie respecto de las reclamaciones deducidas en contra de la RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ , en conformidad con lo establecido en la parte considerativa del fallo. Estableciéndose que el acto de reemplazo debía cumplir íntegramente tanto con lo determinado en la sentencia firme y ejecutoriada en causa R-1-2021 del 16 de abril de 2021, como con lo determinado en la sentencia dictada en la presente causa con fecha 09 de diciembre de 2024, transcribiendo los literales que componen el punto 1 de lo resolutivo.

En el motivo 66º, consta en acuerdo $\mathbb { N } ^ { \circ } 1 / 2 0 2 5$ , y en la Resolución Exenta dictada por el Comité de Ministros, que éste resolvió rechazar 10 y acoger 2 de los 12 recursos de reclamación deducidos por observantes del proceso de participación ciudadana contra la RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ , calificando desfavorablemente el proyecto Dominga.

Luego en los motivos $6 8 ^ { \circ }$ y $6 9 ^ { \circ }$ el tribunal a quo advirtió que el Comité de Ministros, al dictar la Resolución Exenta $\mathrm { N } ^ { \circ } 2 0 2 5 9 9 1 0 1 4 5 / 2 0 2 5$ , incorporó dos nuevas materias —la supuesta exclusión de pronunciamientos de CONAF y la pretendida insuficiencia del Plan de Contingencias y Emergencias— que no formaron parte de la Resolución Exenta N°202399101517/2023 previamente sometida a control judicial. Además, se hace presente, que tales aspectos ya habían sido tratados en la etapa de evaluación ambiental y no correspondía reabrirlos en sede de cumplimiento de un fallo judicial, pues escapaban al objeto de revisión definido en la sentencia.

En este contexto, declaró que, al añadir cuestiones ajenas al marco fijado por la judicatura, el Comité de Ministros excedió lo dispuesto en la sentencia de 9 de diciembre de 2024, configurando un incumplimiento de ésta, toda vez que el nuevo acto debía limitarse a dar estricto cumplimiento a la decisión jurisdiccional y no a ejercer nuevamente sus potestades discrecionales.

Finalmente, en el motivo $7 2 ^ { \circ }$ los juzgadores concluyen que derechamente el Comité de Ministros dio cumplimiento parcial a lo ordenado en la sentencia de 9 de diciembre de 2024. Se reconoce que la autoridad acató el fallo en cuanto rechazó las reclamaciones PAC conforme a lo resuelto, y en lo relativo a la incorporación de los compromisos ambientales voluntarios vinculados al Centro de Investigación y Estudios Socioambientales Aplicados en La Higuera y al Valor Compartido.

No obstante, declaró el incumplimiento en la parte en que el comité acogió las reclamaciones de Oceana Inc., de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros y de particulares, fundando su decisión en dos nuevas causales de rechazo —exclusión de pronunciamiento de CONAF e insuficiencia del Plan de Contingencias y Emergencias—, que excedieron el marco de control judicial y vulneraron el principio de congruencia y la tutela judicial efectiva.

Así las cosas, resolvió la excepción de pago deducida, acogiéndola parcialmente, teniendo por cumplida la sentencia en la parte en que la Resolución Exenta N°0259910145/2025 rechaza las reclamaciones PAC e incorpora los dos compromisos ambientales voluntarios vinculados con las iniciativas del “Centro de Investigación y Estudios Socioambientales Aplicados en La Higuera”, anula y deja sin efecto los considerandos y puntos de la parte resolutiva que especifica, y ordena dictar a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, un acto complementario que se pronuncie respecto de los puntos anulados.

NOVENO: Que, en relación a la resolución del Primer Tribunal Ambiental de fecha 17 de febrero de 2025, que resuelve la solicitud de cumplimiento incidental de la sentencia de 9 de diciembre de 2024 en la causa R-95-2023, luego de indicar en lo que interesa en el motivo $7 3 ^ { \circ }$ , que: “...se concluye que el Comité de Ministros cumplió parcialmente lo ordenado por esta judicatura en la sentencia dictada en autos, ajustándose a derecho en la parte en que rechaza las reclamaciones PAC e incorpora los dos compromisos ambientales voluntarios, sin embargo, incurre en incumplimiento al abordar dos nuevas cuestiones que no fueron parte de la Res. Ex. N°202399101517, de 29 de junio de 2023, infringiendo la sentencia referida, el principio de congruencia y vulnerando la tutela judicial efectiva. Además, de acuerdo con lo razonado en esta resolución, si bien la Res. Ex N°20259910145/2025 se dictó fuera del plazo establecido en la sentencia definitiva, de 9 de diciembre de 2025, aquello solo implica, en esta sede, la posibilidad del cumplimiento forzado de la obligación, como se requirió en este caso. Finalmente, sobre la base de lo expuesto en esta resolución, se descartó la existencia de un incumplimiento al estándar de imparcialidad y probidad administrativa en la integración del Comité de Ministros que adoptó el Acuerdo N°1/2025 y que dio origen a la Res. Ex. N°20259910145/2025.”, resuelve lo que se reproducirá en lo sucesivo de este fallo, sin perjuicio de ajustarse al contenido de los recursos que por esta vía se resuelve.

DÉCIMO: Que, conforme a los presupuestos fácticos y normativos que se han relacionado en los motivos que preceden, el asunto a determinar es si corresponde revocar o confirmar la sentencia de 17 de febrero de 2025 dictada por el Primer Tribunal Ambiental, acogiendo los recursos de apelación interpuestos en contra de la referida sentencia, tanto el deducido por el abogado señor Benjamín Muhr Altamirano, en representación de la Directora Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, quien a su vez actúa en representación del Comité de Ministros, como el deducido por la abogada señora Alejandra Donoso Cáceres, por los recurrentes Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, Comité de Agua Potable Rural Los Choros y Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, terceros independientes. Este contradictorio es el que a priori, centra lo debatido en los antecedentes, sin perjuicio de las facultades oficiosas de esta Corte conforme a lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

A fin de resolver el contradictorio plasmado en la especie, como las facultades oficiosas de esta Corte, se ha de tener en consideración, la naturaleza, características y competencias de los órganos cuyas resoluciones inciden en el procedimiento ejecutivo que nos ocupa.

En este sentido, corresponde revisar en principio, de “Los Tribunales Ambientales.” En este orden de ideas, se debe consignar que la Ley 20.600 de 28 de junio de 2012, que crea los Tribunales Ambientales, conforme al artículo 1º de la ley, los reconoce como órganos jurisdiccionales especiales, y según la misma regla y el artículo 82 de la carta política, no forman parte de la estructura orgánica del Poder Judicial, no obstante estar sujetos a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema.

Añade la norma en mención, que dichos órganos resuelven de manera exclusiva y excluyente cuestiones de carácter contencioso administrativos como son las controversias medioambientales y demás asuntos de esa índole que la ley somete a su conocimiento. En particular, resuelven acciones de reclamación contra actos de la administración de contenido ambiental, demandas de reparación de daño ambiental y solicitudes de autorización de medidas previsionales de la Superintendencia del Medio Ambiente.

Se debe consignar también como otra de sus características, que se trata de tribunales colegiados, integrados por tres jueces especializados en materia ambiental denominados “Ministros”, con una conformación mixta por cuanto uno de ellos debe pertenecer al ámbito científico y dos deben tener el título de abogado con destacada actividad profesional o académica en materias de derecho administrativo o ambiental.

Otra particularidad a su respecto, lo constituye la exigencia para su intervención, esto es, que en forma previa a la reclamación judicial ante dichos tribunales se encuentre agotada la vía administrativa. Esto se advierte, en lo que nos interesa acá, en que su competencia surge para revisar judicialmente resoluciones del Comité de Ministros o del director ejecutivo del SEA que se pronuncien sobre los respectivos recursos de reclamación administrativa en contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) concedida tanto al titular del respectivo proyecto, conforme al artículo 20 de la Ley 19.300, como a los observadores PAC, según el artículo 29 del mismo cuerpo normativo.

Un aspecto relevante en relación al contenido y límites de sus decisiones es que sus sentencias se encuentran acotadas a resolver sobre los eventuales vicios de legalidad y, en tal caso, puede anular o modificar el acto recurrido, pero sin “determinar el contenido discrecional de los actos anulados”, ello conforme lo dispone el artículo 30 de la Ley 20.600. En palabras de Méndez, (Pablo Méndez (2018), “La precariedad de los tribunales ambientales”, Ius et Praxis, 24 $\mathrm { ~ N ~ } ^ { \circ } \ O$ , p.545) solo pueden disponer que se altere, cuando corresponda, la actuación impugnada, “ya que los Tribunales Ambientales revisan los actos de la administración, pero no administran por lo que no pueden dictar actos de reemplazo”.

En este mismo sentido, como lo sostiene Plumer, (Plumer Bodin, Marie Claude: “Los tribunales ambientales: se completa la reforma a la institucionalidad ambiental”, Anuario de Derecho Público, UDP, 2013, p.300), el legislador decidió “limitar el estándar de revisión, acotándolo a los ámbitos de la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad, excluyendo la revisión plena de sustitución o reemplazo”.

Respecto al régimen de recursos en torno a sus decisiones, el inciso $3 ^ { \circ }$ del artículo 26 de la Ley 20.600, indica que sus sentencias definitivas no son revisables por las Cortes de Apelaciones a través de la doble instancia, sino que sólo pueden ser impugnadas por la vía extraordinaria de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema. Por lo tanto, los tribunales ordinarios, sin conocimiento especializado en la materia, sólo pueden conocer de estas materias por la vía impugnatoria, “la que se restringe a aspectos estrictamente jurídicos, no pudiendo entrar así a conocer el tribunal revisor los hechos y los aspectos técnicos de la decisión” (Sentencia Tribunal Constitucional Rol $\mathbb { N } ^ { \circ } 1 4 . 8 4 2 $ ). Lo anterior sin perjuicio de que, conforme al inciso $1 ^ { \circ }$ de la misma regla, son apelables las resoluciones que declaren la inadmisibilidad de la demanda, las que reciban la causa a prueba y las que pongan término al proceso o hagan imposible su continuación.

Una particularidad adicional, es que al conocer de las resoluciones que resuelven reclamaciones administrativas formuladas ante el Comité de Ministros, actúan como órganos de revisión judicial de actos administrativos relacionados con los instrumentos de gestión ambiental respecto de la errónea aplicación del derecho, y por ello están facultados para declarar la nulidad de dichos actos o para modificarlos con las limitaciones a que alude el artículo 30 de la Ley 20.600. Tal revisión judicial, por su parte, se inserta dentro del principio de impugnabilidad de los actos administrativos, contenido en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución, que señala que “cualquier persona lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley.”.

En relación al Comité de Ministros, se debe indicar que éste, estructuralmente es un cuerpo colegiado integrado por Ministros de Estado, sin personalidad jurídica ni patrimonio propio y que opera dentro del marco funcional del Servicio de Evaluación Ambiental. Se encuentra establecido en el artículo 20 de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 1 9 . 3 0 0$ y fue incorporado a dicha disposición por la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 4 1 7$ de 26 de enero de 2010.

Desde el punto de vista de su integración como por la forma en que ejerce sus atribuciones, reúne las calidades de “autoridad administrativa” como de “autoridad política”. Reviste esta última calidad, en atención a la conformación de sus integrantes, desde que se encuentra compuesto por los Ministros de Medio Ambiente, quien lo preside, y los Ministros de Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, todos los cuales de acuerdo al inciso primero del artículo 33 de la carta fundamental “son colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado”. Este carácter, si se considera que los Ministros siguen la orientación política del Jefe de Estado y la concepción del bien común que como tal este mantiene, hace que la adopción de sus decisiones siga esa línea.

No es algo distinto lo que reconoce el artículo 30 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , cuando a diferencia de los Tribunales Ambientales, al momento de conocer y resolver las reclamaciones formuladas por el titular del proyecto o los observadores PAC, los dota de discrecionalidad para valorar los aspectos de mérito, oportunidad y conveniencia de los mismos.

Ahora bien, el Comité de Ministros constituye un órgano administrativo, en tanto forma parte de la institucionalidad ambiental cuyo fin es satisfacer necesidades colectivas derivadas del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, proteger el medio ambiente, preservar la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental.

Lo anterior se ve corroborado normativamente, conforme a lo consagrado en el artículo 20 de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 1 9 . 3 0 0$ en relación al artículo 86 del mismo texto, desde que el comité evalúa la actuación de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA), ejerciendo así, como lo señala Hunter, “una relación de tutela o supervigilancia, relación que comprendería los aspectos de legalidad y oportunidad o conveniencia de los actos administrativos” (Hunter, Iván: Manual de Derecho Ambiental chileno, 2023, Tomo I, Ediciones DER, p. 507).

En otros términos, y según lo dispuesto en los artículos 29 y 30 bis de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } \mathbb { 1 9 } . 3 0 0$ , importa un control interno de la Administración a través de la resolución de las reclamaciones interpuestas por el responsable del respectivo proyecto en contra de la resolución emanada del Servicio de Evaluación Ambiental que rechace o establezca condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, como también por cualquier persona cuyas observaciones no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la Resolución de Calificación Ambiental.

UNDÉCIMO: Que, en segundo lugar, la decisión del asunto requiere tener en consideración, en lo que aquí interesa, la secuencia procesal del proyecto Dominga, tanto en las instancias administrativas como aquellas de orden jurisdiccional, estas últimas porque inciden directamente en la decisión que adoptará esta Corte.

En el sentido que se viene indicando, digamos que la Presentación del proyecto, esto es, la construcción y operación del proyecto minero y portuario, de extracción y procesamiento de hierro con cobre como subproducto, denominado “Dominga” que se pretende localizar en el borde costero y cordillera de la costa de la comuna de La Higuera, provincia de Elqui, Región de Coquimbo y cuyo titular es Andes Iron SpA, fue iniciado por éste mediante el ingreso al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con fecha 13 de septiembre de 2013.

Luego de dicha presentación se inició un primer período de participación ciudadana que se extendió desde el 2 de octubre hasta el 30 de diciembre de 2013, a la que siguió otra etapa de participación ciudadana que se verificó entre el 26 de noviembre de 2014 hasta el 9 de enero de 2015, para finalmente abrirse un nuevo proceso de participación ciudadana desarrollado entre el 16 de noviembre y el 29 de diciembre de 2016.

Con posterioridad, con fecha 24 de febrero de 2017 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Coquimbo dicta el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) recomendando la aprobación del proyecto, el que evaluado por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo por Resolución de Calificación Ambiental (RCA) $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 5 / 2 0 1 7$ , de fecha 14 de marzo de 2017 se califica en forma desfavorable.

La decisión en referencia es impugnada por cinco reclamaciones, una de ellas por parte del titular del proyecto y cuatro por observantes de Participación Ciudadana (PAC).

Con fecha 13 de octubre de 2017, mediante Resolución Exenta $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 1 4 6 / 2 0 1 7$ del director ejecutivo (S) del Servicio de

Evaluación Ambiental y secretario del Comité de Ministros, se ejecutó el Acuerdo $\mathrm { N } ^ { \circ } 0 8 / 2 0 1 7$ de dicho Comité, rechazando el recurso de reclamación deducido por el titular del proyecto y acogiendo, parcialmente, las alegaciones de los observadores PAC, manteniendo la calificación desfavorable del proyecto.

Siempre en este orden de ideas, se debe consignar lo resuelto en la causa rol R-1-2017 del Primer Tribunal Ambiental, sentencia de 27 de abril de 2018. Al respecto, se debe decir que en contra de la resolución $\mathbb { N } ^ { \circ } \bot \bot \ 4 6$ el titular presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental, que dio origen a la causa rol R-1-2017. Dicho tribunal, mediante sentencia de 27 de abril de 2018, acogió el reclamo y anuló la resolución $\mathbb { N } ^ { \circ } \bot \bot \ 4 6$ retrotrayendo el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental a una etapa posterior al Informe Consolidado de Evaluación, para que se procediera a una nueva votación por parte del COEVA de Coquimbo.

La decisión del Primer Tribunal Ambiental, recaída en los antecedentes rol R-1-2017, fue recurrida ante la Excma. Corte Suprema, la que por sentencia de fecha 26 de septiembre de 2019, en los autos rol Nº12.907-2018, se pronunció sobre cinco recursos de casación en la forma y en el fondo de terceros coadyuvantes $\ominus$ independientes interpuestos en contra del fallo en referencia, acogiendo tres de los recursos de casación interpuestos y en sentencia de reemplazo, ordenó al Primer Tribunal Ambiental a que mediante Ministros no inhabilitados, conociera y decidiera el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento, esto es, el carácter completo de los antecedentes del proyecto, la estricta evaluación ambiental del mismo y la refutación de los antecedentes técnicos esgrimidos por el Comité de Ministros para rechazar el proyecto “Dominga”.

En la reconstrucción del iter procesal que nos hemos propuesto en esta parte, de igual modo, se debe considerar, la sentencia de la Excma. Corte Suprema en causa rol Nº36.972-

2021 de 18 de mayo de 2022. Al respecto se ha de consignar que la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de fecha 16 de abril de 2021, dictada en los autos rol $\mathrm { N } ^ { \circ } \mathrm { R } \mathrm { - } 1 \mathrm { - } 2 0 1 7$ , en referencia, (segundo fallo) fue materia de impugnación mediante tres recursos de casación en la forma y en el fondo y catorce de fondo ante la Excma. Corte Suprema por observadores PAC. Nuestro Máximo Tribunal, por sentencia de fecha 18 de mayo de 2022, recaída en los autos Rol Nº36.972-2021, a la que se alude en esta parte, resolviendo las impugnaciones en referencia, rechazó los recursos de casación en el fondo y en la forma en contra de sentencia de 16 de abril de 2021, porque según se expresa en el motivo $\boldsymbol { \mathrm { ~ 1 ~ 7 ~ } ^ { \circ } }$ de dicha sentencia, “Que, en consecuencia, esta Corte debe desechar los arbitrios deducidos, toda vez que el devenir de estos autos ha determinado que no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte, pues la recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre que recae sino, al contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa, razón por la cual —además— no se divisa agravio para los recurrentes reparable por la vía de la casación.”.

Lo anterior se debe complementar en lo pertinente por lo que indica el mismo fallo en su motivo $\exists 4 ^ { \circ }$ , al consignar: “Que este resolutivo, en cuanto acoge las pretensiones del reclamante Titular del proyecto, no anula únicamente la resolución del Consejo de Ministros, disponiendo una nueva votación de éste sin nuevos antecedentes, sino que dispone que todo el procedimiento se retrotraiga a la etapa previa de evaluación que indica, esto es, la votación por parte de la COEVA, de la Región de Coquimbo. Al así hacerlo, ha dejado a salvo tanto las pretensiones del Titular reclamante como las de los recurrentes de casación, para que, respecto de la decisión de la COEVA respectiva, interpongan las reclamaciones administrativas que estimen en derecho correspondan para ante el Consejo de Ministros, aportando los antecedentes que consideren relevantes para sustentarlas.”.

DUODÉCIMO: Que, en el tránsito procesal, administrativo y jurisdiccional que se desarrolla en este capítulo debemos considerar de igual manera el Acuerdo Nº1- 2023 del Comité de Ministros y Resolución Exenta N°202399101517 de 29 de junio de 2023. Al efecto se ha de tener presente, que en contra de RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ de la COEVA de Coquimbo ante el Comité de Ministros, se interpusieron 26 reclamaciones administrativas de observantes PAC de las cuales 12 fueron admitidas a trámite. Y mediante Resolución Exenta N°202399101517 de 29 de junio de 2023, de la directora ejecutiva del SEA actuando como secretaria del Comité de Ministros, recogiendo el acuerdo $\mathbb { N } ^ { \circ } 1 / 2 0 2 3$ de dicho Comité, acogió los recursos de reclamación de los observantes PAC, revirtió la decisión de la COEVA y calificó ambientalmente desfavorable el EIA.

Siempre en la ponderación de los hitos procesales que nos interesan, se debe tener en cuenta la sentencia dictada por el Primer Tribunal Ambiental con fecha 09 de diciembre de 2024, en la causa rol R-95-2023. La decisión relacionada en el párrafo precedente, esto es, la resolución Exenta N°203399101517, fue impugnada, y el Primer Tribunal Ambiental, en causa Rol R-95-2023, mediante sentencia de $9$ de diciembre de 2024, acogió la reclamación del artículo 17 $\mathrm { ~ N ~ } ^ { \circ } 5$ de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ deducida por el Titular Andes Iron SpA, en contra de la decisión administrativa mencionada, resolviendo dejarla sin efecto sin retrotraer el procedimiento administrativo, sosteniendo que ella es ilegal porque el Comité de Ministros omitió e incumplió lo establecido en su sentencia de 16 de abril de 2021, firme y ejecutoriada, al haber sido rechazados los recursos de casación interpuestos en su contra; ilegalidad que funda en la infracción, por parte de la autoridad administrativa, de los principios de imparcialidad y confianza legítima porque sesionó con Ministros que ya habían dado su parecer; resolviendo fuera del plazo fatal establecido en el artículo 20 de la Ley N°19.300; y, por haberse fundado en vicios descartados por la sentencia de 16 de abril de 2021. Finalmente, ordenó que se dictara una nueva resolución en su reemplazo por el Comité de Ministros pronunciándose respecto de las reclamaciones deducidas en contra de la RCA 161/2021, pero cumpliendo lo dispuesto tanto en la sentencia de 16 de abril de 2021 como en la propia sentencia de 9 de diciembre de 2024, para lo cual tal resolución debía dictarse por Ministros no inhabilitados y dentro del plazo de 15 días, y ajustándose a una serie de consideraciones contenidas en su parte resolutiva.

Por medio de resolución de 24 de diciembre de 2024, el Primer tribunal Ambiental tuvo por interpuesto los recursos de casación deducidos y rechazó suspender los efectos de la sentencia recurrida mientras no se resolviera la casación, desestimando, asimismo, el 30 de diciembre de ese año, la reposición en contra de la resolución que rechazó la suspensión de los efectos del fallo impugnado.

Al no darse cumplimiento a la sentencia de 9 de diciembre de 2024 por el Comité de Ministros dentro del plazo de 15 días, ya indicado, con fecha 6 de enero de 2025 el Titular Andes Iron SpA, solicitó al Primer Tribunal Ambiental su cumplimiento incidental. Mediante resolución de 7 de enero, el tribunal ambiental resolvió “conforme con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, como se pide al cumplimiento incidental de la sentencia, con citación”.

Consecuencialmente se debe atender también, al Acuerdo Nº1-2025 de 08 de enero de 2025 del Comité de Ministros y Resolución Exenta N°20259910145 de 14 de enero de 2025. En efecto, con fecha 8 de enero de 2025, mediante acuerdo $\mathbb { N } ^ { \circ } 1 / 2 0 2 5$ , el Comité de Ministros se pronunció sobre las materias de las reclamaciones de observadores PAC no abordadas por el fallo de 9 de diciembre de 2024; cumplió parte de la sentencia; acogió las siguientes dos reclamaciones en contra de la RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ : a) exclusión injustificada de observaciones de CONAF sobre las especies Algarrobilla y Pacul, y b) insuficiencia del plan de contingencias en relación con posibles derrames de hidrocarburos, temas que no habrían sido abordados en la res. 2023399101517; rechazó las 10 reclamaciones restantes; y, en fin, calificó desfavorablemente el EIA por no cumplir con la normativa ambiental aplicable.

Mediante resolución exenta N°20259910145, de 14 de enero de 2025, del director ejecutivo del SEA en su calidad de secretario del Comité de Ministros, que llevó a efecto el acuerdo $\mathbb { N } ^ { \circ } 1 / 2 0 2 5$ del citado Comité, se pone fin al procedimiento de reclamación contra el proyecto Dominga. Con esa misma fecha, el SEA se opuso al cumplimiento incidental de la sentencia mediante la excepción de pago consagrada en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, sosteniendo que la nueva decisión del Comité de Ministros se habría ajustado a lo dispuesto en las sentencias de 9 de diciembre de 2024 y de 16 de abril de 2021.

Finalmente, en esta parte debemos añadir la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de 17 de febrero de 2025 que acoge parcialmente excepción de pago. En este iter, el Primer Tribunal Ambiental, mediante resolución de fecha 17 de febrero de 2025, resolvió acoger parcialmente la excepción de pago. En tanto el Comité de Ministros, a través de la directora ejecutiva del SEA y terceros coadyuvantes interpusieron dos recursos de apelación en contra de la resolución de 17 de febrero de 2025 ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, los cuales fueron concedidos en el solo efecto devolutivo, en esta causa.

Luego ante la presentación de nuevos recursos judiciales, al carecer de la totalidad de sus Ministros integrantes y suplentes para formar quórum, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , el Primer Tribunal Ambiental fue subrogado por el Segundo con fecha 19 de febrero de 2025, siguiendo dichos recursos su tramitación en causa Rol N°510-2025 del Segundo Tribunal Ambiental, impugnaciones que aún se encuentran pendientes de resolución definitiva.

DÉCIMO TERCERO: Que, de igual modo, la decisión del asunto en términos generales requiere tener en consideración, el contenido de la sentencia recaída en la causa R-95-2023 de fecha 09 de diciembre de 2024 del Primer Tribunal Ambiental; de la Resolución Exenta Nº20259910145/2025, de 14 de enero de 2025, dictada por la Directora Ejecutiva del SEA en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Comité de Ministros de 8 de enero de 2025 en sesión extraordinaria; de la resolución del Primer Tribunal Ambiental de fecha 17 de febrero de 2025, que resuelve la solicitud de cumplimiento incidental de la sentencia de 9 de diciembre de 2024 en la causa R-95-2023 y de la sentencia de la Excma. Corte Suprema de fecha 16 de septiembre de 2025, recaída en estos antecedentes rol R-95-2023, rol Corte Suprema $\mathbb { N } ^ { \circ } 6 1 . 4 6 1$ , al resolver los recursos de casación deducidos respecto del fallo de 09 de diciembre de 2024.

En relación al contenido de la sentencia R-95-2023, en el sentido que se viene exponiendo, la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de fecha 09 de diciembre de 2024, recaída en los autos R-95-2023, decidió en su parte resolutiva lo siguiente:

“Acoger la reclamación deducida por el señor Pedro Ducci Cornu, en representación convencional de Andes Iron SpA, en contra de la Resolución Exenta N°202399101517, de 29 de junio de 2023, dictada por el Comité de Ministros. En consecuencia, no se retrotrae el procedimiento administrativo, sino que declara nula solo la resolución indicada, así como el Acuerdo $N ^ { \circ } \mathcal { I } / 2 0 2 3$ , debiendo el Comité de Ministros dictar una nueva resolución que se pronuncie respecto de las reclamaciones deducidas en contra de la RCA N°161/2021, en conformidad con lo establecido en la parte considerativa de este $\pm a \perp 1$ .

De esta forma, la nueva resolución tiene que cumplir íntegramente tanto con lo determinado en la sentencia firme y ejecutoriada dictada en la causa Rol R $N ^ { \circ } \mathcal { I } - 2 0 \mathcal { I } ^ { \textrm { \scriptsize 7 } }$ , de $\mathit { 1 6 }$ de abril de 2021, como con lo establecido en todo este $\pm a \perp 1$ , de manera que el nuevo acto debe:

a) Ajustarse a todo lo determinado en esta instancia de control judicial, así como en la sentencia firme y ejecutoriada de 16 de abril de 2021; b) Dictarse con una integración de Ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa; c) Dictarse dentro del plazo de 15 días, considerando que el plazo previsto en el inciso primero del artículo 20 de la Ley $N ^ { \circ } \underline { { \mathcal { I } } } \ : 9 . 3 0 0$ , se venció en su oportunidad; d) Dictarse conforme con los pronunciamientos de los OAECA que sean coherentes con lo establecido en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento con el deber de fundamentación y con el principio de protección de la confianza legítima;

e) Dictarse considerando que la evaluación de impacto ambiental, en la forma prevista en la Ley $N ^ { \circ } \underline { { \mathcal { I } } } \ : 9 . 3 0 0$ , implica la conformidad de los proyectos o actividades que son sometidos a este procedimiento con la normativa aplicable, así como la determinación de la correcta evaluación y predicción de sus impactos ambientales, incluyendo la ponderación de la idoneidad y suficiencia de las medidas de mitigación, reparación y/o compensación, según corresponda. Además, se debe considerar que este examen exige la comprobación de diversos elementos para el ejercicio de potestades regladas y discrecionales, cuestión que, en definitiva, depende de la materia y requisito en particular.

f) Dictarse considerando que se presentaron antecedentes suficientes y se evaluaron correctamente los impactos asociados a las emisiones de MPS, a los recursos hídricos, a las AMERB, al medio marino, al valor turístico y al efecto sinérgico entre los proyectos Dominga y Puerto Cruz Grande; y,

g) Dictarse considerando que no corresponde establecer un concepto restringido de compromisos ambientales voluntarios a las iniciativas del “Centro de Investigación y Estudios Socioambientales Aplicados en La Higuera” y del “Valor Compartido”, las que se ajustan a este y que incluso podrían establecerse como condiciones o exigencias adicionales.”.

Respecto al contenido del Acuerdo $\yen 12025$ del Comité de Ministros, que dio origen a la Resolución Exenta Nº20259910145/2025.

Respecto al Acuerdo $\mathbb { N } ^ { \circ } 1 / 2 0 2 5$ del Comité de Ministros, que dio origen a la Resolución Exenta Nº20259910145/2025, de 14 de enero de 2025, dictada por la directora ejecutiva del SEA en cumplimiento del acuerdo adoptado por el Comité de Ministros de 8 de enero de 2025 en sesión extraordinaria, su contenido se ajusta a la literalidad sucesiva.

“El Comité de Ministros, en cumplimiento de lo ́ ordenado por el Primer Tribunal Ambiental, en su sentencia del 09 de diciembre de 2024, acordó rechazar 10 y acoger 2 de los ́ 12 recursos de reclamación deducidos y admitidos a trámite por observantes del proceso de participación ambiental ciudadana en contra de la Resolución de Calificación Ambiental N°161/2021, de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, calificando desfavorablemente el Proyecto ‘Dominga’.

En relación con el artículo 11 letra b) y c) de la ley N°19.300, en particular las alegaciones asociadas a medio marino, recursos bentónicos y sistemas de vida y costumbres (AMERB), recursos hídricos, y material particulado sedimentables, este Comité de Ministros estima, en ́ cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, que los antecedentes presentados durante la evaluación ambiental del Proyecto -área de influencia, línea de base, evaluación de impactos y medidas- resultan suficientes y adecuados.

En relación con el artículo 11 letra d) de la ley N°19.300, en particular las alegaciones asociadas a medio marino, recursos y área protegidas y valor ambiental del territorio, este Comité de Ministros estima, en cumplimiento ́ de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, que durante la evaluación ambiental del Proyecto se presentó información ́ suficiente y adecuada.

En relación con el artículo 11 letra e) de la ley N°19.300, en particular las alegaciones asociadas a la falta de evaluación de impacto a especies protegidas, principal interés turístico del área de influencia, este Comité de ́ Ministros estima que, en cumplimiento de la sentencia del Primer Tribunal Ambiental, durante la evaluación ambiental del Proyecto se presentó información suficiente y adecuada. ́

En relación indebida exclusión de las observaciones realizadas por CONAF, en su pronunciamiento respecto de la Adenda $N ^ { \circ } 3$ , este Comité de Ministros estima que no es posible ́ descartar la generación de impactos derivados de la afectación a flora y vegetación, ya que las observaciones realizadas por CONAF al respecto fueron excluidas sin fundamento del ICSARA 4. Por lo anterior, se acoge esta alegación.

En relación con la insuficiencia del Plan de Contingencias y Emergencias, este Comité de Ministros estima ́ que no se cumple con la normativa ambiental aplicable, ni es posible descartar la generación de impactos derivados del riesgo de derrame de hidrocarburo y otras contingencias ocasionadas por la colisión de naves con el fondo marino, por lo que se acoge esta alegación.

Por último, este Comité de Ministros rechaza las ́ alegaciones asociadas a eventual falta de información relevante y esencial, fraccionamiento del Proyecto, e infracción sobre participación ciudadana; e incorpora dos CAV en cumplimiento de lo señalado por el Primer Tribunal Ambiental.”.

Se debe consignar de igual manera, en este capítulo los considerandos 12, 13 y 15 de este acto administrativo, que corresponde a aquellos que la sentencia interlocutoria recurrida anula y deja sin efecto.

En este contexto, el considerando 12 de dicho acto, según consta en página 163 del mismo, se refiere al “Análisis de fundamento de las reclamaciones sobre la exclusión de observaciones de CONAF,”; mientras el considerando 13, aborda el “Análisis del fundamento de las reclamaciones sobre plan de contingencia y emergencias”. En tanto el considerando 15, según página 230, señala en lo pertinente: “Que, dando cumplimiento a la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de 09 de diciembre de 2024, en virtud de las amplias facultades que invisten a este Comité de Ministros para la resolución de recursos de reclamación, y atendido los fines de protección ambiental que orientan el ejercicio de la potestad de revisión que ejerce este Comité, es que se hace necesario pronunciarse sobre las materias que habiendo sido objeto de reclamación por los observantes ciudadanos, no fueron abordadas por el fallo del Primer Tribunal Ambiental de fecha 9 de diciembre de 2024 y la sentencia de causa Rol R $N ^ { \circ } \mathcal { I } - 2 O \mathcal { I } ^ { \textrm { \scriptsize 7 } }$ , de fecha 16 de abril de 2021... De ahí que, este Comité no pueda obviar pronunciarse sobre materias que, habiendo sido reclamadas, no han obtenido un pronunciamiento adecuado en las diversas instancias que se han generado a partir de la revisión de este Proyecto.”.

En este mismo orden de ideas, se debe plasmar los puntos 2, 6, 16, 17, 18 y 19 de la parte resolutiva de esta resolución exenta, que aparecen desde la página 233 y siguientes, en tanto corresponden a puntos que el fallo impugnado decide anular y dejar sin efecto.

Así el punto 2 de la parte resolutiva dispone: “Acoger el recurso de reclamación interpuesto por Ezio Costa

Cordella, en representación de OCEANA INC., a su vez representada por don Felipe Andrés Fonseca Parada, en contra de la resolución exenta $N ^ { \circ } \mathcal { I } \in \mathcal { I }$ , de 24 de agosto de 2021, de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Dominga”, cuyo proponente es Andes Iron SpA, de conformidad con los fundamentos expresados en los Considerandos de esta resolución.”.

El punto 6, resuelve: “Acoger el recurso de reclamación interpuesto por Antonia Berríos Bloomfield, en representación de la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los Choros; Cristóbal Díaz de Valdés; José Aliro Zarricueta Campusano; y, Ernesto Alfonso Fredes Aguirre, en contra de la resolución exenta $N ^ { \circ } \mathcal { I } \in \mathcal { I }$ , de 24 de agosto de 2021, de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Dominga”, cuyo proponente es Andes Iron SpA, de conformidad con los fundamentos expresados en los Considerandos de esta resolución.”.

El punto 16 dispone: “Dejar sin efecto la resolución exenta $N ^ { \circ } \mathcal { I } \in \mathcal { I }$ , de 24 de agosto de 2021, de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, que calificó favorablemente el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Dominga”, cuyo proponente es Andes Iron SpA.”.

El punto 17, resuelve: “Calificar ambientalmente desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Dominga”, cuyo proponente es Andes Iron SpA, en virtud de lo expuesto en los considerandos de esta resolución y lo resuelto anteriormente, también contenido en el Acuerdo $N ^ { \circ } \mathcal { I } / 2 0 2 3$ , del Comité de Ministros, adoptado en sesión ordinaria $N ^ { \circ } \mathcal { I }$ , de fecha 18 de enero de 2023. En consecuencia, el proyecto “Dominga”, cuyo proponente es Andes Iron SpA, no podrá ejecutarse.”.

El punto 18, decide: “Declarar que los órganos del Estado quedarán obligados a denegar las autorizaciones o los permisos ambientales sectoriales, aunque se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto no se les notifique de pronunciamiento en contrario.”.

El punto 19, dispone: “Comunicar que, en contra de la presente resolución, se podrá reclamar dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación, ante el Tribunal Ambiental competente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 $N ^ { \circ } { } _ { 5 }$ de la ley Nº20.600, sin perjuicio de ejercer cualquier otro recurso que los Reclamantes estimen oportuno.”.

En lo referente al contenido de la resolución del Primer Tribunal Ambiental de fecha 17 de febrero de 2025. En relación a la referida resolución que resuelve la solicitud de cumplimiento incidental de la sentencia de 9 de diciembre de 2024 en la causa R-95-2023, en lo que interesa en el motivo $7 3 ^ { \circ }$ , se indica que: “...se concluye que el Comité de Ministros cumplió parcialmente lo ordenado por esta judicatura en la sentencia dictada en autos, ajustándose a derecho en la parte en que rechaza las reclamaciones PAC e incorpora los dos compromisos ambientales voluntarios, sin embargo, incurre en incumplimiento al abordar dos nuevas cuestiones que no fueron parte de la Res. Ex. N°202399101517, de 29 de junio de 2023, infringiendo la sentencia referida, el principio de congruencia y vulnerando la tutela judicial efectiva. Además, de acuerdo con lo razonado en esta resolución, si bien la Res. Ex N°20259910145/2025 se dictó fuera del plazo establecido en la sentencia definitiva, de 9 de diciembre de 2025, aquello solo implica, en esta sede, la posibilidad del cumplimiento forzado de la obligación, como se requirió en este caso. Finalmente, sobre la base de lo expuesto en esta resolución, se descartó la existencia de un incumplimiento al estándar de imparcialidad y probidad administrativa en la integración del Comité de Ministros que adoptó el Acuerdo N°1/2025 y que dio origen a la Res. Ex. N°20259910145/2025.”, resuelve:

“1. Acoger parcialmente la excepción de pago opuesta por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación

Ambiental, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, teniendo por cumplida la sentencia en la parte en que la Res. Ex. N°20259910145/2025 rechaza las reclamaciones PAC e incorpora los dos compromisos ambientales voluntarios vinculados con las iniciativas del “Centro de Investigación y Estudios Socioambientales Aplicados en La Higuera” y del “Valor Compartido”;

2. Modificar la Res. Ex. N°20259910145/2025, solo en cuanto a anular y dejar sin efecto sus considerandos 12, 13 y 15, así como los puntos 2, 6, 16, 17, 18 y 19 de su parte resolutiva, atendido a que incumplen la sentencia dictada en autos como se estableció en esta resolución, cuyos efectos quedan suspendidos hasta la dictación del acto complementario que se ordena a continuación;

3. Ordenar al Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, la dictación de un acto complementario que se pronuncie respecto de los puntos 2, 6, 16, 17, 18 y 19 de su parte resolutiva de la Res. Ex. N°20259910145/ 2025, ajustándose a lo establecido en esta resolución, dentro del plazo de décimo día, contando desde que esta resolución quede firme y ejecutoriada, bajo apercibimiento de proceder conforme con lo previsto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.”.

DÉCIMO CUARTO: Que, resuelta relevante a este tiempo, tener especialmente presente, lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en sentencia dictada con fecha 16 de septiembre de 2025, recaída en estos antecedentes rol R-95- 2023, rol Corte Suprema $\mathbb { N } ^ { \circ } 6 1 . 4 6 1$ , al resolver los recursos de casación en la forma y en el fondo, deducidos por el Servicio de Evaluación Ambiental, en representación del Comité de Ministros, Oceana INC., el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable Rural Los Choros, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros, la Asociación de Mariscadores y Pescadores de Los

Choros y personas particulares interpuesto en contra del fallo de 09 de diciembre de 2024.

Al respecto nuestro máximo tribunal declaró inadmisibles los referidos recursos sobre la base de que el artículo 26 de la Ley N° 20.600 que establece el sistema recursivo en contra de las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Ambientales, no altera la exigencia establecida en los artículos 766 y 767 del Código de Procedimiento Civil, en orden a que los recursos de casación han de interponerse, en las materias en que los concede, contra sentencias definitivas.

Se recordó en dicho laudo que conforme al artículo 158 inciso 2° del Código de Procedimiento Civil “Es sentencia definitiva la que pone fin a la instancia, resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio” y señaló que la sentencia impugnada no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros sino anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, por lo que no resolvió la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia. (motivo $6 ^ { \circ }$ )

Por lo anterior afirmó que la resolución objetada, desde el punto de vista procesal, no reviste la naturaleza jurídica de ninguna de aquellas a cuyo respecto la ley concede el recurso de casación, puesto que, desde luego, no es una sentencia definitiva; así como tampoco una interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, tanto así que, en su propio contenido ordena seguir con ella, ordenando a la autoridad recurrida emitir un nuevo pronunciamiento respecto del cual podrán interponerse los recursos que en derecho correspondan. (motivo $7 ^ { \circ }$ )

DÉCIMO QUINTO: Que, con anterioridad al pronunciamiento de la Excelentísima Corte Suprema, el titular en estos autos -Andes Iron SpA-, sobre la base que la resolución dictada por el Tribunal Ambiental con fecha 9 de diciembre de 2024 reunía el carácter de sentencia definitiva, solicitó el cumplimiento incidental de lo ordenado conforme con lo previsto en el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil, con relación con los artículos 45 y 47 de la Ley N° 20.600.

Su solicitud se fundó en la circunstancia que a la fecha de la referida solicitud el Comité de Ministros no se había pronunciado sobre las reclamaciones de los observantes PAC deducidas en contra de la RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ , dentro del plazo de 15 días dispuesto en la mencionada sentencia y ante la falta de pronunciamiento del Comité de Ministros el tribunal accedió al cumplimiento incidental de la sentencia, con citación, tal como consta de resolución judicial de 7 de enero de 2025.

Seguidamente el Servicio de Evaluación Ambiental, en representación del Comité de Ministros, formuló oposición al cumplimiento incidental de la sentencia mediante la excepción de pago consagrada en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, sostenida en que el Comité de Ministros sesionó y resolvió los recursos PAC interpuestos en contra de la RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ dentro de plazo y, además, porque en su nueva decisión se habría ajustado a las materias resueltas por las sentencias de 16 de abril de 2021 y del 9 de diciembre de 2024, ambas del Primer Tribunal Ambiental.

Conferido y evacuado el traslado respectivo respecto de la excepción de pago opuesta, el Tribunal Ambiental decidió, según ya se relacionara en forma previa, mediante la resolución impugnada de fecha 17 de febrero de 2025, acoger parcialmente la excepción de pago opuesta por la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, teniendo por cumplida la sentencia en la parte en que la Resolución Exenta N°20259910145/2025 rechaza las reclamaciones PAC e incorpora los dos compromisos ambientales voluntarios vinculados con las iniciativas del “Centro de Investigación y Estudios Socioambientales Aplicados en La Higuera” y del “Valor

Compartido” y, por otro lado, modificar la Resolución Exenta N°20259910145/2025, solo en cuanto a anular y dejar sin efecto sus considerandos 12, 13 y 15, así como los puntos 2, 6, 16, 17, 18 y 19 de su parte resolutiva, ya transcritos, atendido a que incumplen la sentencia dictada en autos como se estableció en esta resolución, cuyos efectos quedan suspendidos hasta la dictación del acto complementario ordenado por ese tribunal y, en tercer lugar ordenar a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, en su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Ministros, la dictación de un acto complementario que se pronuncie respecto de los puntos 2, 6, 16, 17, 18 y 19 de la parte resolutiva de la Resolución Exenta N°20259910145/2025, ajustándose a lo establecido en la misma, dentro del plazo de décimo día, contando desde que esta resolución quede firme y ejecutoriada, bajo apercibimiento de proceder conforme con lo previsto en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMO SEXTO: Que, tal como ya se detallara en los motivos previos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , los Tribunales Ambientales tienen la competencia que en dicha disposición se indica, incluyendo, en su numeral cinco:” Conocer de la reclamación que se interponga en contra de la resolución del Comité de Ministros o del Director Ejecutivo, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 quinquies de la ley $N ^ { o } 1 9 . 3 0 0$ . Será competente para conocer de esta reclamación el Tribunal Ambiental del lugar en que haya sido evaluado el proyecto por la correspondiente Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, en su caso.”.

Respecto de las sentencias definitivas que dicten los Tribunales Ambientales el artículo 26 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ establece lo siguiente:

“En contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos relativos a las materias que son de la competencia de los Tribunales Ambientales, establecidas en los numerales 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) y 10) del artículo 17, procederá sólo el recurso de casación en el fondo, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil.”.

“Además, en contra de la sentencia definitiva dictada en los procedimientos señalados en el inciso anterior, procederá el recurso de casación en la forma, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, sólo por las causales de los números 1, 4, 6 y 7 de dicho artículo. Asimismo, procederá este recurso cuando en la sentencia definitiva se hubiere omitido alguno de los requisitos establecidos en el artículo 25 de esta ley; o cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.”.

“El recurso de casación deberá interponerse ante el Tribunal Ambiental que dictó la resolución recurrida para ante la Corte Suprema y tendrá preferencia para su vista y fallo. Para tales efectos, los plazos y procedimientos para el conocimiento del recurso de casación se ajustarán a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil.”.

En esta parte se hace necesario consignar que, en materia medioambiental, la competencia que la ley atribuye a las Cortes de Apelaciones es manifiestamente acotada, lo que deviene categórico de lo dispuesto en el artículo 26, inciso primero de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , en cuanto otorga competencia solo para conocer los recursos de apelación que se interpongan en contra de las resoluciones que dicten los tribunales ambientales, “(…) que declaren la inadmisibilidad de la demanda, las que reciban la causa a prueba y las que pongan término al proceso o hagan imposible su continuación.”.

La parte que requirió el cumplimiento con citación, en el entendido que conforme lo dispone el artículo 47 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ a los procedimientos establecidos en esta ley se le aplican supletoriamente las disposiciones contenidas en los

Libros I y II del Código de Procedimiento Civil, pidió el cumplimiento con citación de la sentencia, sin que nadie discutiera que la resolución dictada por el Tribunal Ambiental era apelable ante esta Corte, precisamente por la aplicación supletoria de las normas señaladas.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, habiéndose recurrido al procedimiento de cumplimiento incidental de la sentencia establecida en ellos, artículos 233 y siguiente del Código de Procedimiento Civil, debe recordarse que sólo producen cosa juzgada las sentencias definitivas y las interlocutorias que resuelven incidentes estableciendo derechos permanentes en favor de las partes y siempre que puedan ser calificadas de condena.

En efecto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil: “Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o excepción de cosa juzgada.”. A su turno, el artículo 176 del mismo cuerpo legal prescribe que: “Corresponde la acción de cosa juzgada a aquel en cuyo favor se ha declarado un derecho en el juicio, para el cumplimiento de lo resuelto o para la ejecución del fallo en la forma prevenida por el Titulo XIX de este Libro.”.

Sobre el conjunto de reglas en referencia, se debe indicar que, con independencia de la opinión que puedan sostener estos juzgadores, la Excelentísima Corte Suprema en esta causa ha decidido que la resolución que se trata de cumplir, y que los solicitantes calificaron como sentencia definitiva, no tiene ese carácter, derivando como consecuencia necesaria entonces, que la premisa básica en rigor el título ejecutivo sobre el cual se estructuró este proceso de cumplimiento ha sido desestimado por nuestro máximo tribunal, al no atribuirle al mismo las características inherentes a dicho instrumento, lo que resulta de una incidencia relevante en este procedimiento.

En este mismo orden de ideas, no se puede soslayar tampoco, que el Excelentísimo Tribunal concluyó que tampoco estamos ante una sentencia interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, precisamente porque en su propio contenido dispone seguir con el procedimiento ordenando a la autoridad recurrida a emitir un nuevo pronunciamiento respecto del cual podrán interponerse los recursos que en derecho correspondan.

Consecuentemente, de acuerdo a este razonamiento, tampoco puede sostenerse que la resolución cuyo cumplimiento se pide pueda ser calificada como una sentencia interlocutoria de condena susceptible de ejecución a través del procedimiento de cumplimiento que nos ocupa, desde que, como sostuvo el máximo tribunal, la resolución ordena continuar con el procedimiento al disponer un nuevo pronunciamiento de la autoridad administrativa correspondiente, que, a su turno, podrá ser impugnado a través de los recursos pertinentes.

En este sentido guarda razón Cerda (Cerda San Martín Rodrigo: en “Procedimientos civiles especiales”, Besser, Cortez e Hidalgo – Coordinadores- Thomson Reuters, Universidad de Concepción, Colección Tratados y Manuales, 2020, pp. 219 y ss) cuando indica, al referirse a las sentencias ejecutables que la acción de cosa juzgada consiste en la obligatoriedad de lo resuelto y su consiguiente ejecutabilidad, incidiendo en la relación de derecho sustancial (Artículo 176 del CPC). De acuerdo con lo establecido en los artículos 174 y 175 del CPC, son ejecutables las sentencias definitivas e interlocutorias firmes que declaren un derecho a favor de quien lo invoca, requisito del que adolece la sentencia que se pretende ejecutar en la especie, ello según lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en estos antecedentes.

De lo dicho, deviene categórico que se aplicó el procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley, lo que origina un vicio procesal que debe ser subsanado empleando las facultades de corrección oficiosas de que dispone este tribunal conforme lo previenen los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

DÉCIMO OCTAVO: Que, lo que se viene determinando, además de cumplir con aquello que ha previsto la Excelentísima Corte Suprema en este juicio, no se reduce a una mera cuestión de orden formal.

En efecto, basta apreciar la extensión de la discusión que, a propósito del cumplimiento incidental se ha producido en esta causa, para concluir que esta escapa, y con mucho, a la simple determinación de si la supuesta obligación que establece la sentencia, que debiera tener el carácter de líquida y actualmente exigible, ha sido pagada o solucionada por la parte vencida o bien concurren alguno de los otros modos de extinción de las obligaciones, o la posibilidad de ejecución actual de la resolución que sirve de título ejecutivo, en los términos previstos en el artículo 234 del Código de Procedimiento Civil, para entrar derechamente a determinar el rol y los límites de las competencias y funciones que las autoridades públicas que deben intervenir en el proceso de evaluación medio ambiental e incluso en el poder de representación que podrían tener alguna de ellas por otras.

En este sentido, vale reiterar que conforme a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en fallo al que se alude, la sentencia que sirve de título ejecutivo en estos antecedentes, no estableció ningún derecho a favor de alguno de los intervinientes, ni plasmó tampoco una decisión en relación a la calificación del proyecto, en sus propios términos, dicho acto jurisdiccional no resolvió confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino que decidió anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia, pues en su propio contenido ordenó seguir con la tramitación.

DÉCIMO NOVENO: Que, lo anterior, resulta relevante, pues el sistema, como se vio, reconoce una competencia acotada a las Cortes de Apelaciones regulándola solo para conocer recursos de apelación en contra de las resoluciones que declaren la inadmisibilidad de la demanda, las que reciban la causa a prueba y las que pongan término al proceso o hagan imposible su continuación, debiendo entenderse por estas últimas aquellas resoluciones que, produciendo el efecto señalado, no se pronuncian sobre el fondo del asunto, resolviendo la cuestión que ha sido materia del juicio pues la ley, tratándose de una reclamación conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , reserva para la sentencia definitiva exclusivamente el recurso de casación en el fondo.

En esta materia las acciones de reclamación previstas en el ya citado artículo 17 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , establece un contencioso acotado, que permite reclamar de determinadas resoluciones, en lo que interesa para efecto de este recurso, del Comité de Ministros o Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, pronunciadas en el marco de los procesos de evaluación ambiental y en que, por su importancia, el legislador previó, para lograr una adecuada y uniforme aplicación del derecho a nivel nacional, como remedio procesal único de impugnación, el recurso de casación en el fondo para ante la Excelentísima Corte Suprema.

Consecuente con ello, pretender que una Corte de Apelaciones, en el marco de un recurso de apelación respecto del cumplimiento de lo resuelto, se pronuncie sobre cuestiones esenciales del proceso de evaluación ambiental, precisamente, los límites y competencia de las autoridades llamadas a intervenir en este, entre las demás que inciden en este proceso, resulta manifiestamente impertinente y contrario a la ley y, con ello, demostrativo de la improcedencia de aplicar este procedimiento de ejecución de resoluciones judiciales a la resolución dictada por el tribunal ambiental.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, de oficio, SE ANULA todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental en causa rol R-95- 2023 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y, en su lugar, se declara que atendida la naturaleza jurídica de la resolución en alzada su aplicación resulta improcedente.

Acordada con la prevención del ministro titular señor Jaime Rojas Mundaca, quien compartiendo la decisión de esta Corte de anular todo lo obrado en los términos que se expresan en la integridad del fallo, como los fundamentos que la justifican, fue del parecer de incorporar además los razonamientos sucesivos.

1º Que, en efecto tal como se adelanta, sin perjuicio de compartir la decisión de anular todo lo obrado, en parecer de quien previene, existen objeciones formuladas por los recurrentes que teniendo en consideración la solución que por este ministro se propone como correcta a dichos alegaciones, añadirían razones en corroboración de la decisión de anular lo obrado en esta sede, según se indica a continuación.

En este contexto, uno de estas problemáticas incide en si el Primer Tribunal Ambiental, puede ordenar a la Directora Ejecutiva del SEA la rectificación o modificación de una decisión cuyo contenido y determinación es del Comité de Ministros; el segundo problema dice relación con la determinación en orden a establecer si el Tribunal puede anular una resolución del Comité de Ministros en la etapa de cumplimiento, y el tercero es establecer si la resolución del Tribunal invade las atribuciones del Consejo de Ministros al determinar el contenido discrecional del acto anulado.

$\ b { 2 ^ { \circ } }$ Que el primer problema es en términos sencillos, un asunto vinculado a la validez de la resolución que se impugna, en relación a si la modificación que se pretende mediante la orden dada en la parte resolutiva del fallo puede ser ordenado específicamente a la directora ejecutiva del SEA, por la falta de atribuciones que esta tiene al respecto.

En este contexto, el alcance del control judicial que promueve el asunto está estrictamente relacionado con la naturaleza del acto administrativo impugnado, desde el momento que, aquello conducirá, y habilitará, un examen de mérito (aspectos político-técnicos) o un examen de legalidad (comprensivo de motivación del acto), todo ello, según la fuente del acto obedezca a una potestad reglada, o a una potestad discrecional, respectivamente.

Ahora bien, habrá discrecionalidad en el obrar de la Administración, cuando la ley le confiera al órgano, posibilidad de elegir entre varias opciones, todas legítimas y válidas, sin que la norma predetermine completamente el resultado, otorgándole un margen de apreciación, siempre de forma fundada y motivada; a diferencia de las potestades regladas, cuyo resultado o consecuencia, está previsto en la ley. Sobra decir que, ambas potestades, están supeditadas al respeto irrestricto del principio de legalidad y del principio de primacía constitucional.

De lo expuesto, las esferas de discrecionalidad, no se condicen, -en un Estado de Derecho- con decisiones arbitrarias ni antojadizas, porque el ordenamiento jurídico instaura límites formales y materiales que, condicionan su ejercicio.

Así, el sometimiento a la legalidad y al deber de fundamentación y motivación, al apego a la proporcionalidad, al respeto a las garantías fundamentales de las personas y a la revisión judicial, se enderezan, como garantías frente a las decisiones de la Administración y límites de la discrecionalidad, cuyo respeto, otorgará legitimidad al acto administrativo.

En este contexto, valga consignar que el artículo 30 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ , entendida dicha norma, en lo que nos interesa, como un límite a la facultad de control judicial, es una regla que razona $\bigcirc$ se impone como una correcta impugnación a las sentencias declarativas de este tipo de procedimientos, y en la especie correspondería a la de fecha 09 de diciembre de 2024, en tanto dicha norma corresponde a un remedio y límite a las decisiones del Tribunal Ambiental que acogen una acción de reclamo en virtud de la atribución que en concreto le entrega el artículo 17 $\tt N ^ { \circ } 5$ de la ley 20.600, y que por lo mismo no puede ser aplicada a una sentencia de ejecución como es el caso.

3º Que en otras palabras, es la sentencia declarativa, la que se encuentra sujeta a esta restricción, en orden a no poder determinar el contenido discrecional del acto administrativo reemplazante. Si bien, no son muy nítidos los contornos de esta limitación, lo cierto es que un parámetro mínimo y pacífico si se quiere en doctrina y jurisprudencia, es que bajo este resguardo el Tribunal no puede dictar por sí la resolución administrativa, esto es, una sentencia de reemplazo, pero, nada impide al juzgador ambiental, establecer parámetros de mérito y orientaciones sobre las cuales deba dictarse por la Administración el acto modificatorio posterior que cumpla lo ordenado al amparo de lo resuelto en la sentencia. Afirmar lo contrario importa desconocer la naturaleza misma del procedimiento de reclamación ante los tribunales ambientales, o lo que es similar, vaciar de sentido y efectos concretos a las decisiones adoptadas por los juzgadores ambientales.

Ahora bien, si la limitación del artículo 30 de la ley 20.600, constituye una herramienta que solo permite impugnar las modificaciones que se establezcan en la sentencia declarativa, por medio de los recursos de casación en la forma y el fondo, igual de categórica es la conclusión en orden a que por similar razón, la sentencia ejecutiva no puede modificar aquello que ha sido resuelto en forma previa en la sentencia declarativa, y solo resulta posible que en ella se ordene el cumplimiento de la decisión que constituye su precedente necesario.

En este mismo orden de ideas, si en la etapa de ejecución el tribunal excede el contenido de lo resuelto en forma previa, complementando con nuevas exigencias, no incluidas en el mismo, la ejecución que se dispone, desde ya se puede adelantar su invalidez, por modificar o complementar un acto jurídico procesal respecto del cual ya ha operado a su respecto el desasimiento.

4º Que, en efecto, tal como se viene diciendo, el contencioso administrativo ambiental, reconoce como característica el dotar al órgano jurisdiccional pertinente, en este caso, el Tribunal Ambiental, de un control judicial intenso en relación a los actos de la administración, este control comprende los aspectos reglados como discrecionales, pero de igual modo, y como ya se adelantara, posee límites rigurosamente determinados, no solo en su contenido, sino también en el momento procesal para verificarlos, como en la determinación de los titulares de dichas actuaciones fiscalizadoras.

En rigor, el control a que hacemos referencia se ejecuta a petición de parte, en la sentencia que resuelve la reclamación y al amparo de la técnica del reenvío, desde que es la administración la que debe adoptar la nueva decisión y dictar el acto administrativo de reemplazo, siguiendo lo resuelto en la sentencia respectiva.

De este modo, resulta categórico, que en un procedimiento de ejecución de un fallo de la materia que nos ocupa, no es posible verificar por el tribunal ambiental pertinente, un juicio de legalidad absoluta respecto de un acto administrativo sobre nuevas materias, en primer lugar, por vulnerar dicha decisión la cosa juzgada y en segundo lugar por dejar en la indefensión a terceros perjudicados por lo decidido. Antes bien, la manera correcta de realizar dicho control se debe ajustar a los mecanismos consagrados en la ley 20.600, ejerciendo un nuevo reclamo contencioso administrativo respecto de los aspectos o materias nuevas incluidas en el acto que las contiene.

5º Que lo que se viene indicando, se corrobora del simple examen de la ley ambiental, que guarda silencio en relación a las facultades anulatorias de los Tribunales ambientales en los procedimientos de ejecución, en términos simples, no existe norma alguna que autorice, consagre o entregue facultades anulatorias en esta sede a dichos tribunales.

Los poderes anulatorios con que el legislador dota a dichos órganos jurisdiccionales, solo se establecen en la oportunidad en que se dicta una sentencia que acoja la acción deducida, - reclamación- no pudiendo derivarse tácitamente dichas facultades, incluso considerando el poder de imperio, desde que éste se refiere a una actividad material, concreta, no jurídica, vinculada a la posibilidad de impartir órdenes directas a la fuerza pública para la ejecución de lo resuelto.

Constituye un error de hermeneútica entonces, asimilar que las facultades, que por cierto poseen los tribunales ambientales, de verificar un control judicial intenso respecto de los actos administrativos ambientales, que dichas facultades se incluyen y pueden ser verificadas en sede de ejecución.

Valga indicar en esta parte que la resolución que se impugna nada indica respecto de cuáles serían las órdenes contenidas en la parte resolutiva de la sentencia que se pronuncia sobre las acciones de reclamación deducidas que no se han cumplido por el acto administrativo del Comité de Ministros. Sin perjuicio de que existe consenso, y no es un punto discutido, que aquello que se reclama en esta sede de ejecución es la incorporación de materias que no formaron parte de aquello conocido y resuelto en la sentencia declarativa de 09 de diciembre de 2024.

$6 ^ { \circ }$ Que en este sentido, vale adelantar que dicho acto jurisdiccional, no estableció ningún derecho a favor de alguno de los intervinientes, ni plasmó tampoco una decisión en relación a la calificación del proyecto, en rigor la sentencia no resolvió confirmar ni revocar lo decidido por el

Comité de Ministros, sino que decidió anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia, pues en su propio contenido ordenó seguir con la tramitación.

Se puede derivar de las premisas previas entonces, como una conclusión necesaria, que tampoco prohibió incorporar nuevas materias en la nueva resolución que debía dictarse en la etapa de ejecución de dicho laudo. Si se examina dicho capítulo de la sentencia, se advertirá la omisión decisoria que se quiere destacar, a propósito de lo que se dirá en lo sucesivo, ya que lo que aparece impugnado por el recurrente en esta sede, es el control de la legalidad del acto de reemplazo efectuado por el tribunal, como las facultades anulatorias respecto de dicho acto.

$\beth ^ { \circ }$ Que la resolución que se impugna por esta vía, en tanto dispone “modificar” y “anular” determinadas partes de un acto administrativo dictado por el Comité de Ministros, ordenando su complementación por un órgano distinto a éste, como lo es, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, bajo la justificación que la resolución de las reclamaciones no constituía una nueva instancia de revisión en que el Comité de Ministros pudiere ejercer todas sus potestades, y que dicho mandato deviene de las facultades que posee para hacer ejecutar lo juzgado, excede el contenido de la sentencia declarativa que le sirve de antecedente, y desde esa perspectiva vulnera el artículo 20 de la ley 19.300, ya que una vez anulada la Resolución Exenta N°202399101517/2023 junto al acuerdo 1/2023, el Comité de Ministros, haciendo uso de sus potestades para resolver las reclamaciones pendientes de resolución podía y debía dictar el correspondiente acto administrativo de reemplazo.

Con todo el Tribunal ambiental en la resolución impugnada, sostiene que el Comité, conforme a lo resuelto en la sentencia declarativa, no posee estas facultades, por lo que decide modificar lo resuelto en la fase ejecutiva, y anula parte de la resolución que corresponde al acto administrativo de reemplazo pronunciado por el Comité de Ministros, disponiendo, como ya tantas veces se ha dicho, a la Dirección Ejecutiva que dicte un acto complementario en reemplazo del que ha procedido a anular en esta fase de ejecución.

${ \mathfrak { s } } ^ { \circ }$ Que, resulta relevante de igual modo, establecer cuáles son los márgenes de actuación de la administración ante una sentencia de un tribunal ambiental que, anulando un acto administrativo, le ordena dictar otro con características determinadas.

Como ya señaláramos en los motivos previos, siguiendo a Yáñez, (Yáñez Fuenzalida, Nancy, disidencia en los autos rol $\mathtt { N } ^ { \circ } 1 6 . 3 2 8 \mathrm { - } 2 5$ del Tribunal Constitucional, a quienes seguimos libremente en lo sucesivo) el control de los actos de la administración tiene un procedimiento especialmente reglado en la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ que culmina con la dictación de una sentencia que, de ser estimatoria, mandata al Tribunal Ambiental a “declarar que el acto no es conforme a la normativa vigente y, en su caso, anulará total o parcialmente la disposición o el acto recurrido y dispondrá que se modifique, cuando corresponda, la actuación impugnada”. Es muy importante destacar que esto sólo está contemplado para el caso de “La sentencia que acoja la acción”.

El inciso segundo establece como limitaciones: “En el ejercicio de esta atribución el Tribunal no podrá determinar el contenido específico de un precepto de alcance general en sustitución de los que anulare en el caso de los actos de los números 1) y 7) del artículo 17, así como tampoco podrá determinar el contenido discrecional de los actos anulados”.

La doctrina ha destacado que “Esta prohibición se sustenta en la división de competencias y en la deferencia que deberían tener los tribunales de justicia respecto de aquellas materias que el legislador ha colocado en la esfera de las potestades administrativas. Lo anterior no resta la posibilidad de que un tribunal ambiental fije estándares de cumplimiento de la legislación ambiental en los aspectos discrecionales, especialmente en materia de motivación y proporcionalidad. Pero otra cuestión diferente es que los tribunales ambientales puedan establecer el contenido de un acto cuya regulación el ordenamiento le ha conferido expresamente a la Administración. Es esta la que detenta un poder regulatorio, que podrá articular de acuerdo con los intereses que estime prevalentes en el caso concreto” (Iván Hunter Ampuero, 2024, Derecho Ambiental Chileno, Tomo III, Santiago, Der Ediciones, p. 384).

9º Que, de acuerdo hasta lo aquí expuesto, que la regla general implicada en la decisión legislativa del contencioso administrativo ambiental, esto es, como ya se adelantara, la técnica del reenvío implica que la administración, en el ejercicio de sus propias potestades, adopte una nueva decisión conforme a lo resuelto en sede judicial, verificándose entonces el contraste o la congruencia entre lo resuelto y el acto administrativo de reemplazo que cumple lo específicamente ordenado. Deviene entonces, que sobre todo aquello que no se extiende el mandato judicial, la administración puede resolver conforme a la legalidad vigente y si esta nueva decisión es otra vez desfavorable para el administrado, puede éste volver a recurrir en contra de dicho acto que le perjudica y que asume como ilegal.

No se propone en esta parte, en el orden de cosas que se resuelve, una interpretación restrictiva del artículo 30 de la ley 20.600, desde que se reconocen las potestades del tribunal ambiental para ejercer un control intenso respecto de los aspectos discrecionales como reglados de los actos de la administración, pudiendo incluso aceptarse la teoría no dominante de “reducción a cero” de la discrecionalidad, pero todas estas potestades de los juzgadores tienen cabida únicamente en sede declarativa y nunca en la ejecutiva.

Lo que intentamos sostener es que la oportunidad para verificar una reducción a cero si se quiere de la discrecionalidad, esto se debe resolver y disponer en la sentencia que resuelve la reclamación, y no en la etapa de ejecución ya que esta solo se limita a verificar el cumplimiento de lo que en forma previa se ha declarado.

Si el Tribunal Ambiental decidió no disponer ni dar órdenes especificas y/o concretas, dicha decisión no puede ser alterada en la etapa de ejecución, pues como ya se dijo, ello vulnera el desasimiento del tribunal y la cosa juzgada.

${ \tt 1 0 ^ { \circ } }$ Que en esta línea de argumentaciones, si se tiene en cuenta, la sentencia definitiva del 09 de diciembre de 2024, que resuelve la reclamación de Andes Iron SpA respecto de la Resolución Exenta N°202399101517 de 29 de junio de 2023, ordenando al Comité de Ministros: “dictar una nueva resolución que se pronuncie respecto de las reclamaciones deducidas en contra de la RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ , en conformidad con lo establecido en la parte considerativa de dicho fallo, con los detalles y directrices de dicho laudo, que ya se han expuesto en los motivos previos, se debe aceptar que fue en esa oportunidad, donde dicho órgano jurisdiccional, tuvo la posibilidad de ordenar que el Comité de Ministros resolviera las reclamaciones en algún sentido determinado, pudo haber ordenado también, mantener la calificación favorable del Proyecto o prohibir que se incorporaran nuevas materias en el nuevo acto que se dictara e a consecuencia de la declaración de nulidad, pero ninguna de estas decisiones integran o forman parte de lo resuelto en dicha sede declarativa, amén que por cierto, tampoco se declaró algún derecho en favor de la reclamante.

Se debe añadir entonces, que ha operado en consecuencia, una especie de preclusión respecto a dichos límites, que no fueron ejercidos en la oportunidad procesal que el procedimiento le otorgaba, esto es, al acoger la reclamación deducida, en los términos del artículo 30 de la ley 20.600, revocando lo decidido por el Comité de Ministros. Por cierto, dichas potestades no se renuevan al resolver una excepción de pago en la etapa de ejecución de la sentencia declarativa.

11º Que, respecto a la disputa en torno a las potestades del Comité de Ministros, en relación a la nulidad determinada en la sentencia declarativa, se debe adelantar desde ya que la declaración de nulidad afecta solo al acto invalidado, pero no a la potestad, que por cierto emana de la ley. En la especie se está en presencia de una sentencia definitiva que impone la nulidad de un acto de la administración y se ordena por el Tribunal Ambiental dictar una nueva resolución en que se limitan los márgenes de actuación.

En los casos como el que nos ocupa, esto es, en la dictación de un acto de reemplazo respecto del anulado, existe consenso en doctrina y jurisprudencia, que se ejerce una potestad propia de la administración. En rigor, cuando la orden del tribunal consiste en dictar un acto de reemplazo sujeto a los límites que se imponen en la sentencia, la administración puede ejercer nuevamente su potestad, dentro de los límites y directrices dispuestas en la sentencia, debiendo entonces, excluirse todas las hipótesis incompatibles con lo específicamente resuelto.

De este modo solo es posible concluir, que no existe una extinción de la potestad administrativa como consecuencia de haberse hecho un control jurisdiccional previo.

$\$ 20$ Que en este mismo sentido, se pronuncia nuestro máximo tribunal (SCS rol Nº36.972-2021 de 18 de mayo de 2022) “…Décimo cuarto: Que este resolutivo, en cuanto acoge las pretensiones del reclamante Titular del proyecto, no anula únicamente la resolución del Consejo de Ministros, disponiendo una nueva votación de éste sin nuevos antecedentes, sino que dispone que todo el procedimiento se retrotraiga a la etapa previa de evaluación que indica, esto es, la votación por parte de la COEVA, de la Región de Coquimbo.”

“Al así hacerlo, ha dejado a salvo tanto las pretensiones del Titular reclamante como las de los recurrentes de casación, para que, respecto de la decisión de la COEVA respectiva, interpongan las reclamaciones administrativas que estimen en derecho correspondan para ante el Consejo de Ministros, aportando los antecedentes que consideren relevantes para sustentarlas.”

“Décimo quinto: Que, de este modo, queda a salvo

# para

todos los intervinientes en el proceso de evaluación ambiental su derecho a presentar ante las autoridades administrativas correspondientes sus pretensiones y observaciones, así como los antecedentes en que las fundamentan, incluyendo no solo a los recurrentes sino también a los observantes PAC que no habían presentado en la oportunidad anterior la reclamación ante el Consejo de Ministros que la ley les franquea y al propio Titular del proyecto.”

“En efecto, lo relevante es que sea que se obtenga una RCA favorable o desfavorable en la votación de la COEVA, surge el procedimiento de revisión por parte de la misma Administración, que puede ser activado tanto por el titular como por los observantes PAC que denuncian que sus observaciones no han sido debidamente atendidas, que se materializa a través del ejercicio de la reclamación administrativa prevista en el artículo 20 y 29 de la Ley N°19.300.”

“Esta sede de revisión administrativa está a cargo del Comité de Ministros, órgano que tiene amplias facultades para evaluar los antecedentes contenidos en el proceso de evaluación ambiental. En efecto, la reclamación ante el referido órgano administrativo “ha sido consagrada por el legislador con un amplio alcance y con una extensa competencia, que permite al Comité de Ministros (en lo que interesa al presente caso) revisar

no sólo la legalidad de la decisión impugnada por su intermedio, sino que, además, examinar aspectos de mérito de la misma, pues de su redacción aparece que, a la vez que puede solicitar informes a terceros para ‘ilustrar adecuadamente la decisión’, también cuenta con atribuciones suficientes para negar lugar, rechazar o establecer condiciones o exigencias a un Estudio de

Impacto Ambiental” (...) ‘la competencia del Comité de Ministros establecido en el artículo 20 de la Ley N°19.300 es amplia y le permite, basado en los elementos de juicio que apareje el reclamante y en los que el mismo recabe, revisar no sólo formalmente la decisión reclamada sino que, además, puede hacerlo desde el punto de vista del mérito de los antecedentes, circunstancia que le habilita, a su vez, para aprobar un proyecto inicialmente rechazado, aplicándole, si lo estima necesario, condiciones o exigencias que, a su juicio, resulten idóneas o adecuadas para lograr los objetivos propios de la normativa de protección medioambiental, incluyendo entre ellas medidas de mitigación o compensación que tiendan a la consecución de ese fin y, especialmente, a la salvaguardia del medio ambiente y de la salud de la población que podrían ser afectadas por el respectivo proyecto’(CS Rol N°6563-2013).”.

“Además, una vez concluida la etapa de revisión administrativa surge la posibilidad de revisión judicial a través del ejercicio de la acción de reclamación prevista en el artículo 20 de la Ley $N ^ { \circ } \underline { { \mathcal { I } } } \ : 9 . 3 0 0$ en relación al artículo 17 N°5 de la Ley N°20.600, acción que se ejerce ante un tribunal especial, con composición de expertos técnicos y jurídicos, que deben realizar un examen de legalidad respecto del acto administrativo que contiene la decisión del Comité de Ministros. Y, contra lo que allí se resuelva, subsiste la posibilidad de

impetrar para ante esta Corte los recursos de casación correspondientes.”.

13º Que emerge de este modo, en forma categórica, conforme a la jurisprudencia relacionada, un fortalecimiento en línea con la conclusión que en esta parte se viene sosteniendo, esto es, que las facultades del Comité de Ministros no se extinguen ni agotan con el control judicial previo, particularmente cuando la sentencia declarativa ha resuelto la nulidad del acto e impone retrotraer el procedimiento y/o dictar el acto administrativo de reemplazo.

Deriva palmario también, de la misma jurisprudencia, que se debe desestimar las alegaciones del reclamante en orden a que lo decidido por el Primer Tribunal Ambiental en la causa R-1-2017 pueda fijar el margen de actuación sucesivo y futuro del Comité de Ministros, como erróneamente ha pretendido dicho tribunal también en la resolución que se impugna, toda vez que la sentencia relacionada en forma inmediatamente previa, sostiene que la decisión del Primer Tribunal Ambiental en causa rol R-1-2017 deja a salvo la revisión del Comité de Ministros, con un amplio alcance y competencia, en sus palabras: “...ha dejado a salvo tanto las pretensiones del Titular reclamante como las de los recurrentes de casación, para que, respecto de la decisión de la COEVA respectiva, interpongan las reclamaciones administrativas que estimen en derecho...”.

En definitiva, es efectivo que la decisión plasmada en una sentencia definitiva del contencioso administrativo ambiental, al conocer de una reclamación, puede entregar directrices restrictivas o limitar la actuación posterior de la administración en la dictación del acto de reemplazo, pero aún en esta hipótesis la administración conserva sus potestades, por lo que su decisión se verifica considerando los aspectos reglados y discrecionales que resulten pertinentes con el contenido de la sentencia que mandata dicha actuación y los límites que específicamente se impuso en la misma.

14º Que, más allá de las justificaciones que integran la sentencia que se impugna, en orden a controlar en sede de ejecución el acto administrativo de reemplazo, al amparo de la consigna de “hacer ejecutar lo juzgado” y las “facultades de imperio”, dichas justificaciones deben ser desoídas, según se dirá.

En efecto, la justificación que se entrega no puede aceptarse, desde que en la legislación nacional existe una omisión regulatoria en esta materia, en rigor, no se contemplan normas que faculten expresamente el control del acto de reemplazo que no dé cumplimiento a la sentencia declarativa en el proceso de ejecución, no teniendo en esa consecuencia, el juzgador ambiental poderes anulatorios respecto de dicho acto. Recordemos que como ya hemos dicho, si el acto de reemplazo incorpora cuestiones nuevas, no conocidas previamente por los juzgadores ambientales, debe iniciarse un proceso contencioso administrativo diverso.

La omisión regulatoria que se constata, suplida por las reglas generales del Código de Procedimiento Civil, es el modo en que se han resuelto los conflictos suscitados en este orden de materias e hipótesis. Aun así, son escasas las decisiones que se han pronunciado respecto a lo que debemos aceptar como propio de una etapa de ejecución y cuáles son los casos que derechamente deben ser resueltos en sede ordinaria.

15º Que en este sentido debe considerarse lo decidido en la causa rol R-44-2020 del Tercer Tribunal Ambiental, respecto de una solicitud del reclamante a propósito del cumplimiento incidental de la sentencia definitiva de fecha 08 de octubre de 2021 que había acogido una reclamación judicial. La decisión del tribunal fue no dar lugar a dicha solicitud, pues “corresponde a la SMA materializar el procedimiento administrativo correspondiente y resolver, conforme resulte de los antecedentes, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, el requerimiento de ingreso al SEIA del proyecto objeto del procedimiento de autos. Corresponde a la SMA materializar el procedimiento administrativo correspondiente y resolver, conforme resulte de los antecedentes, mediante resolución fundada y bajo apercibimiento de sanción, el requerimiento de ingreso al SEIA del proyecto objeto del procedimiento de autos” y que “si la parte reclamante se estima directamente afectada, corresponde que impugne judicialmente el acto que resuelva dicho procedimiento, resultando improcedente la solicitud de cumplimiento incidental de la sentencia de autos para controvertir lo obrado hasta ahora por la SMA.”.

Similar criterio se advierte en los autos rol R-35- 2023 del mismo Tribunal Ambiental, antecedentes en que, por sentencia de 24 de febrero de 2025, se accedió al cumplimiento incidental de la sentencia declaratoria que acogió una reclamación, justificando esa decisión en que dicho acto jurisdiccional tenía un contenido modificatorio, y el ámbito que se ordenó corregir resultaba posible de exigir su cumplimiento por esta vía. En el desarrollo de este procedimiento ejecutivo, el tribunal ambiental por sentencia de 04 de marzo de 2025, acogió la excepción de pago de la reclamada indicando: “...como se puede ver la Resolución Exenta Nº7, que es el acto por medio del cual la SMA asegura que habría cumplido lo ordenado por el Tribunal, se puede observar que efectivamente se eliminó toda referencia a la obligación de someterse al SEIA, y que el PdC fue rechazado de plano, de forma motivada, invocando consideraciones diferentes a las que fueron reprobadas por el Tribunal, basándose, esta vez, en el incumplimiento de los requisitos contenidos en el art. 9° del D.S. N°30/2012 del MMA […] en consecuencia, la obligación contenida en el fallo, se encuentra cumplida, pues se realizó un nuevo pronunciamiento considerando las motivaciones señaladas.”. Finalmente por sentencia de 23 de abril de 2025, el tribunal rechazó el recurso de reposición de la reclamante respecto de la resolución recién aludida, indicando los juzgadores que: “...En ningún caso se ordenó resolver en algún sentido u otro, sólo tener presente lo anterior […] por eso, la recurrente yerra cuando afirma que, si el Tribunal sostuvo que la SMA no podía basar su rechazo al PdC argumentando que éste siempre debía contener como medida el ingreso al SEIA, es porque se está invitando a la SMA a que considere otras acciones. El Tribunal simplemente resolvió que ese argumento no es válido en el caso concreto, sin condicionar de otra forma la nueva decisión que debía adoptar la SMA […] tampoco se configura la reformatio in peius alegada por el recurrente, porque este, originalmente, recurrió contra una decisión que rechazó su PdC, y esta situación persiste con el nuevo acto administrativo dictado por la SMA. Entender lo contrario implicaría que la SMA debió aprobar su PdC o haber optado por una causal de rechazo del PdC distinta a la invocada, lo que no forma parte del contenido de lo dispositivo de la sentencia de autos.”.

16º Que, no es algo distinto lo que se resuelve en los autos rol R-17-2019 del Primer Tribunal Ambiental, R-19- 2023 del Tercer Tribunal Ambiental y en los antecedentes rol Nº141.301-2022 de la Excma. Corte Suprema, decisiones jurisdiccionales todas que reconocen como denominador común, el respeto al desasimiento del tribunal al dictar la sentencia declarativa pertinente, la cosa juzgada, y las características propias de un juicio ejecutivo, principalmente la consideración de que dicha vía, tiene por finalidad verificar el cumplimiento de lo dispuesto en forma específica en la sentencia declarativa que se ejecuta, restando indisponibles entonces, las potestades de la judicatura ambiental que se ocupa de un proceso contencioso administrativo ordinario, lo que no quiere significar otra cosa, que en la etapa de ejecución no pueden los juzgadores evaluar la legalidad completa de un acto administrativo en virtud de materias o cuestiones que no fueron resueltas en la sentencia declarativa cuya ejecución se verifica.

17º Que, sin perjuicio de constituir un asunto latamente asentado en el desarrollo de esta resolución que la sentencia que se impugna, no señala cuales son los mandatos específicos que ha dejado de cumplir el acto administrativo del Comité de Ministros, y que se pretende ejecutar por esta vía, y que en esa medida justifican el rechazo a la excepción de pago deducida, antes bien, lo que se afirma por el mismo tribunal en su resolución, es que el Comité de Ministros resolvió las reclamaciones considerando fundamentos que no habían sido sometidos a control judicial y que, por lo tanto, no fueron objeto de pronunciamiento ni se contienen en la sentencia declarativa que se pretende ejecutar, admitiendo en concreto que las dos reclamaciones que fundamentan la decisión desfavorable al proyecto por el Comité de Ministros, nunca fueron objeto de juzgamiento.

Resulta claro entonces que sobre dichas materias no existe pronunciamiento del tribunal, y que no formaron parte del contradictorio pertinente, desde esta perspectiva entonces, solo es posible concluir, que cuando el Tribunal Ambiental en la sentencia impugnada bajo el pretexto de hacer ejecutar lo juzgado, argumenta que al Comité de Ministros les estaba prohibido agregar en la dictación del acto de reemplazo nuevas reclamaciones, lo que hace es exceder el contenido de la sentencia declarativa cuya ejecución se pretende, desde que dicha prohibición no forma parte de las decisiones que integran el fallo de 09 de diciembre de 2024, sino que son agregadas en esta sede, vulnerando con ello el desasimiento del tribunal, y la cosa juzgada, pues lo que se está efectuando en realidad es una revisión sustantiva o de fondo en relación al acto de reemplazo dictado por el Comité de Ministros.

18º Que, en estos términos la sentencia impugnada altera o modifica el contenido de la sentencia que pretende ejecutar, subsanando sus defectos, lo que los juzgadores no pueden realizar, ni aun a pretexto de interpretar el fallo en que incide la ejecutoria, bajo amenaza de vulnerar con ello el desasimiento del tribunal, como la misma naturaleza del procedimiento ejecutivo, lo que por cierto corrobora los defectos de la sentencia declarativa de diciembre de 2024, en orden a que esta no tiene las características de una sentencia definitiva por no resolver el fondo del asunto como lo ha señalado la Excma. Corte Suprema en fallo de septiembre de 2025.

En este sentido, el artículo 182 del Código de Procedimiento Civil, señala: “Notificada una sentencia definitiva o interlocutoria a alguna de las partes, no podrá el tribunal que la dictó alterarla o modificarla en manera alguna”. Seguidamente, el legislador, limita la hermeneútica que puede verificarse respecto de las sentencias, añadiendo en la misma regla que “Podrá, sin embargo, a solicitud de parte, aclarar los puntos obscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la misma sentencia.”.

En este contexto, no dispuesta la prohibición de agregar o pronunciarse sobre reclamaciones que no hubiesen sido materia del juzgamiento, resulta evidente que al incorporarlo en la resolución que resuelve la excepción de pago deducida, se altera el contenido de lo resuelto en el fallo que se pretende ejecutar.

En este orden de ideas, como en todo procedimiento ejecutivo, el título debe ser suficiente y bastante, autosatisfaciéndose asimismo, en este caso, la sentencia declarativa es la que debe tener la suficiente claridad en torno a las obligaciones concretas que impone a la reclamada, y que se pretende hacer cumplir en esta sede.

Cuando se añade por vía interpretativa algo no dispuesto en la sentencia declarativa, como ocurre con la prohibición de incorporar nuevas materias, dicho mandato añadido, no forma parte del título que determina la ejecución, y en tal sentido, no puede predicarse a su respecto, un incumplimiento, pues solo es posible exigir por esta vía aquello que aparece expresamente dispuesto en la sentencia respectiva, lo que no ocurre en la especie. De este modo, si el tribunal se pronuncia sobre cuestiones que son ajenas a lo debatido y resuelto en la sentencia declarativa que se pretende ejecutar, actúa fuera de la esfera de sus atribuciones mutando un procedimiento ejecutivo en un contencioso administrativo ordinario.

19º Que, aun si se aceptara que la sentencia declarativa contiene una prohibición tácita de incorporar nuevas materias, en la especie la resolución de las dos reclamaciones que fundamentan el supuesto incumplimiento se debería aceptar de igual manera que existe también una orden tácita para que el Comité de Ministros al resolver estas nuevas materias solo pueda rechazarlas.

Como señaláramos previamente, el problema de este capítulo no radica en la posibilidad que tiene el tribunal ambiental de reducir la discrecionalidad de la administración a cero, -de aceptarse dicha tesis- sino que tal limitación debe establecerse en la sentencia declarativa, y no al resolver una excepción de pago que se formula en sede de ejecución.

20º Que, en relación a los fundamentos del fallo impugnado en orden a que las nuevas materias incorporadas por el Comité de Ministros, resultan contrarias a lo establecido en la sentencia declarativa R-1-2017 de fecha 16 de abril de 2021 del Primer Tribunal Ambiental, dicha justificación, importa afirmar o reconocer que la sentencia declarativa dictada en los autos rol R-95-2023 del mismo tribunal, constituye un título imperfecto, que no se basta a sí mismo, pues debe ser complementado por otro fallo, que por lo demás no contiene mandatos específicos sino que genéricos de acuerdo a lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencia dictada con fecha 18 de mayo de 2022, en los antecedentes rol Nº36.972-2021, de lo que deviene que la discusión en torno a las 26 reclamaciones administrativas de observantes PAC en contra de RCA $\mathrm { N } ^ { \circ } 1 6 1 / 2 0 2 1$ de la COEVA de Coquimbo ante el Comité de Ministros, aun cuando solo 12 de ellas fueron admitidos a trámite, no se encuentra cerrado. En rigor el mismo fallo de la Corte Suprema lo indica al señalar que: “... no se está ante una sentencia definitiva que pueda ser revisable por esta Corte, pues la recurrida no establece una decisión final en el proceso de evaluación ambiental sobre que recae sino, al contrario, deja pendiente su resolución a la autoridad administrativa...” y que la citada sentencia (R-1-2017) “...ha dejado a salvo tanto las pretensiones del titular reclamante como las de los recurrentes de casación para que, respecto de la decisión de la COEVA respectiva, interpongan las reclamaciones administrativas que estimen en derecho correspondan para ante el Comité de Ministros, aportando los antecedentes que consideren relevantes para sustentarlas".

Lo que se viene diciendo no debe entenderse en el sentido que las dos nuevas materias incorporadas por el comité de Ministros en el acto de reemplazo no sean controlables por la vía jurisdiccional de la judicatura Ambiental, sino que dicha impugnación debe realizarse por las vías que el legislador establece para ello, en la especie, las acciones que contempla el artículo 17 de la ley 20.600.

21º Que, un aspecto que también debe establecerse con claridad en esta parte, o más bien remarcarse, es que el Tribunal Ambiental en sede ejecución, como ya se ha dicho, carece de facultades anulatorias, dichas potestades solo están reguladas a propósito de la sentencia declarativa que acoge una reclamación.

Lo anterior deriva necesario de lo establecido en el artículo 30 de la ley 20.600, norma que es la única que concede al tribunal la titularidad para ejercer potestades declarativas, anulatorias y modificatorias de los actos administrativos.

La regla en mención a la par que consagra las potestades referidas, al mismo tiempo determina las condiciones de su ejercicio, estableciendo entre otras limitaciones que estas solo pueden ejercerse al acoger una acción de reclamación. No existe en el compendio normativo en referencia, norma alguna que autorice el ejercicio de dichas potestades en una oportunidad procesal distinta a la que se menciona, debiendo entenderse excluida en esta consecuencia la sede de ejecución.

Así, al ejercer el Tribunal Ambiental dichas potestades anulatorias y modificatorias, cuando resuelve la excepción de pago que nos ocupa, ha excedido el mandato legal y constitucional en los términos que sostienen los recurrentes, restando irrelevante establecer si el acto de reemplazo o parte de este posee un contenido discrecional, pues lo tenga o no, los juzgadores no podían determinar la nulidad del mismo.

22º Que, el Primer Tribunal Ambiental en la sentencia de fecha 17 de febrero de 2025, que resolvió la excepción de pago deducida por la reclamada, estimó que el Comité de Ministros solo habría cumplido parcialmente lo ordenado, pues no podía incorporar nuevas materias que no hubiesen sido objeto del procedimiento que culminó con la sentencia declarativa de 09 de diciembre de 2024, en concreto, las observaciones de CONAF respecto a las especies Pacul y Algarrobillo, y la supuesta insuficiencia del Plan de Contingencias y Emergencias.

En lo que interesa en esta prevención, los juzgadores indicaron: “...Del contraste entre lo establecido en la sentencia dictada en autos y en la Res. Ex. N°20259910145/2025, se advierte que el Comité de Ministros efectivamente añadió dos nuevas cuestiones, a saber: 1) supuesta exclusión del pronunciamiento de la CONAF y 2) la pretendida insuficiencia del Plan de Contingencias y Emergencias del proyecto— las cuales no formaron parte de la Res. Ex. N°202399101517/2023, respecto de la cual esta judicatura ejerció el control judicial y determinó su ilegalidad. Como se desprende de los considerandos anteriores, estas dos nuevas cuestiones no formaron parte de lo abordado en la Res. Ex. N°202399101517/2023, la cual determinó de manera expresa el objeto de lo revisado en dicha instancia, escapando a la revisión judicial que a su respecto ejerció este Tribunal, lo anterior en tanto, ambas cuestiones ya fueron consideradas en el proceso de evaluación ambiental”, con el añadido que las materias agregadas no fueron objeto de control.

Resulta fácil advertir, de acuerdo al claro tenor de la sentencia recurrida que la fundamentación sobre la que se estructura el fallo que resuelve la excepción de pago, descansa sobre aspectos jurídicos de orden sustantivo, reflexionando sobre el modo en que el Comité de Ministros debe ejercer su función a fin de no vulnerar el principio de congruencia, aspectos todos que en síntesis importan efectuar un control de legalidad impropio de este tipo de procedimiento.

Con todo, hemos de recordar en esta parte que la sentencia declarativa, no prohibió al Comité de Ministros incorporar en el acto administrativo de reemplazo, materias que no hubiesen sido objeto de juzgamiento previo, por lo que como bien lo sostienen los juzgadores ambientales, estas materias no se encuentran dentro de las directrices ordenadas en la sentencia declarativa.

Esta prohibición se incorpora por los jueces del caso, recién en la oportunidad en que resuelven la excepción de pago, por lo que si sobre la administración pesa alguna obligación que ampare la prohibición mencionada, ella debería derivar solo del ordenamiento jurídico, requiriendo entonces un control de legalidad específico por medio del correspondiente contencioso administrativo.

En esta misma línea, no es complejo concluir también, que las razones que entregan los juzgadores para justificar su decisión de acoger parcialmente la excepción de pago, es propia, como ya se adelantara de un control de legalidad al amparo de las acciones del artículo 17 de la ley 20.600, pero no de un examen que busque determinar el cumplimiento, cumplimiento parcial, o incumplimiento de lo resuelto en sede declarativa, por medio de un contraste entre la sentencia declarativa – que sirve de título ejecutivo- y el acto de reemplazo de la administración. Por cierto, esto también escapa a las reglas que regulan el procedimiento ejecutivo en materia civil.

De este modo el actuar del Tribunal ambiental transforma el procedimiento de ejecución de la sentencia declarativa de fecha 09 de diciembre de 2024, en un contencioso administrativo ordinario, enfrentado a la administración a la encrucijada de cumplir una sentencia modificatoria dictando el consecuente acto de reemplazo siguiendo los criterios determinados por el tribunal o resolver las reclamaciones administrativas conforme a derecho.

Con todo, en lo referente a las reclamaciones administrativas deducidas y que no integraron el juzgamiento que culminó con la sentencia declarativa de 09 de diciembre de 2024, reclamaciones sobre las cuales el tribunal no adoptó ninguna resolución, ni estableció límite, directriz o criterio de decisión alguno, la administración debe resolverlas conforme a derecho. Ahora bien, los errores en que pueda incurrir la administración al decidir estas reclamaciones deberán ser impugnados por los afectados con la misma, por vía de ilegalidad con los instrumentos recursivos que la legislación provee, pero dichos yerros no tienen vinculación alguna con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia declarativa previa.

23º Que, es indispensable también, tener presente en esta parte, que la sentencia declarativa de 09 de diciembre de 2024 expresamente declaró la nulidad total de la Resolución exenta Nº202399101517/2023 como del Acuerdo $\mathbb { N } ^ { \circ } 1 / 2 0 2 3$ , ambos del Comité de Ministros, por lo que dichos actos administrativos deben reputarse jurídicamente inexistentes.

La consideración previa, resta valor y sustento a la fundamentación entregada por los juzgadores en la resolución impugnada en aquella parte en que afirman que el Comité de Ministros no podía pronunciarse sobre materias que no fueron abordadas por el antiguo y “parcial” Comité de Ministros, pues de aceptarse dicho razonamiento, se estaría dando validez y eficacia a una actuación que fue declarada nula por el mismo Tribunal.

Las consecuencias obligadas de lo que se viene razonando es que, habiéndose declarado la nulidad total del Acuerdo y de la Resolución aludida, se hizo revivir las 26 reclamaciones que formaron parte de las objeciones que se hicieron al proyecto en su oportunidad, y así, el Comité de Ministros –debidamente constituido- siguiendo los lineamientos de la sentencia declarativa de 09 de diciembre de 2024, se encontraba obligado a dictar el acto administrativo de reemplazo, como si el anterior nunca hubiere existido.

En tanto, respecto de las reclamaciones que no formaron parte del juzgamiento previo, y que corresponden en esa virtud a materias sobre las cuales no existió pronunciamiento del Tribunal, el Comité debía resolverlas conforme a derecho, sin más límites que aquellos que le impone el ordenamiento jurídico en un procedimiento de esta naturaleza.

La obligatoriedad de las actuaciones que se consignan se ajusta a los deberes de inexcusabilidad y exhaustividad en la decisión final consagrada en el artículo 41 inciso penúltimo de la Ley 19.880, que expresa: “En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso...”.

Aceptar por parte de la administración una actuación distinta a la que se ha relacionado, o lo que es lo mismo, acatar lo resuelto en este capítulo en el fallo que se impugna –17 de febrero de 2025-, importaría obligar al nuevo Comité, a hacer suyos las razones y fundamentos plasmados por el antiguo en un acto administrativo declarado nulo absolutamente por el mismo tribunal, renovando la eficacia y validez de actuaciones que se reputan inexistentes, lo que también importaría no dar cumplimiento al contenido dispositivo de una sentencia anulatoria.

24º Que, reflexionando ahora desde un punto de vista sustantivo, y aceptando como una premisa verdadera, la corrección técnica de lo decidido por el Comité en relación a estas dos nuevas materias, nos encontraríamos en la paradoja que la administración cumpliría el ordenamiento jurídico ambiental, pero incumpliría la sentencia declarativa de 09 de diciembre de 2024.

La contradicción que se advierte, no se produce en la medida que exista claridad en que no constituyen hipótesis equivalentes incumplir la ley –impugnación por ilegalidad del acto, reclamación ordinaria– que no dar cumplimiento a una sentencia declarativa.

Controlar la legalidad de un acto administrativo de reemplazo en la etapa de cumplimiento incidental de una sentencia declarativa, constituye en términos simples, ante la omisión regulatoria del legislador, crear un procedimiento adhoc de control de legalidad de dicho acto, fuera de las hipótesis reguladas en el título III de la ley 20.600, que gobiernan el contencioso administrativo ambiental.

$2 5 ^ { \circ }$ Que, volviendo ahora sobre las objeciones de las recurrentes, respecto a la vulneración de los artículos 20 de la ley 19.300, como los artículos 6° y 7° de la carta política, vinculadas a la decisión del tribunal de ordenarle a la dirección ejecutiva del SEA enmendar la resolución del comité de Ministros y pronunciarse sobre la calificación del proyecto, se deberá estar con dichos reclamos, de acuerdo a los fundamentos ya expresados y a los que se añaden en lo sucesivo.

Independiente a los razonamientos que integran los motivos previos de esta prevención, resulta indubitado que una de las razones que alega la administración para sostener que es al Comité de Ministros y no la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, a quien le corresponde dictar el acto de reemplazo, y resolver las reclamaciones deducidas por los observantes PAC en contra de la Resolución de Calificación Ambiental -RCA- es que la dictación de dicho acto se verifica en el marco de un sistema de doble naturaleza, como lo es, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en tanto constituye un instrumento de gestión ambiental, y de igual modo un procedimiento administrativo.

Aceptemos a priori que lo que desde el mandato del legislador se debe entender por Evaluación de Impacto Ambiental, de acuerdo a lo previsto en el literal j) del artículo 2 del Título I “disposiciones generales” de la ley 19.300, “Sobre Bases Generales del Medio Ambiente” corresponde a: “Evaluación de Impacto Ambiental: El procedimiento, a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigente.”

Es este procedimiento el que, conforme al artículo 10 de la ley 19.300, culmina con la dictación de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que, de ser favorable, importa un acto de autorización de un Proyecto o Actividad que, de no mediar evaluación ambiental, se encuentra prohibido de ejecutar.

Las razones que suelen entregarse para caracterizar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental –SEIA- como un procedimiento administrativo complejo y particular, deriva de varias características especiales que le distinguen. A priori, el SEIA es administrado por el Servicio de Evaluación Ambiental, sin perjuicio de ello, el Acto Administrativo terminal lo dicta una Comisión –Comisión de Evaluación Ambiental- compuesta por otras autoridades según lo establece el artículo 86 de la ley 19.300 y en la que se integran aspectos reglados y discrecionales como se consagra en el artículo 9 bis del mismo cuerpo normativo.

En segundo lugar, la evaluación ambiental importa un contraste entre los antecedentes presentados por el titular con las observaciones y pronunciamientos de distintos órganos de la administración ambiental y, eventualmente, con las observaciones PAC.

En rigor, lo que se viene indicando, permite sostener que el SEIA no es un procedimiento tramitado a instancias solo del titular, sino que convergen en él una multiplicidad de intereses, como los de la comunidad en marco del ejercicio del derecho de participación e información que estructuran el Sistema de Evaluación Ambiental, lo que se encuentra en línea con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe o “ Acuerdo de Escazú” promulgado el 06 de julio de 2022 y publicado el 25 de octubre de 2022.

$2 6 ^ { \circ }$ Que ahora bien, siempre a propósito de resolver la legalidad de la orden dada a la Dirección Ejecutiva del Comité de Ministros, resulta necesario dar cuenta que el inciso primero del artículo 20 de la ley 19.300, regula la impugnación administrativa respecto a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) dictada por la Comisión de Evaluación Ambiental, es un recurso que corresponde al titular del Proyecto para el evento de que la RCA tenga un contenido desfavorable, o que establezca condiciones o exigencias al Estudio de Impacto Ambiental, y cuyo órgano competente para resolverlo es el Comité de Ministros.

De otra suerte, pero ahora desde la perspectiva de la participación ciudadana en el Procedimiento de Evaluación Ambiental y su régimen de impugnación, se sostiene al amparo del artículo 29 del mismo compendio, “Cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular observaciones al Estudio de

Impacto Ambiental, ante el organismo competente, para lo cual dispondrán de un plazo de sesenta días, contado desde la respectiva publicación del extracto… Cualquier persona, natural o jurídica,

cuyas observaciones señaladas en los incisos anteriores no hubieren sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental establecida en el artículo 24, podrá presentar recurso de reclamación de conformidad a lo señalado en el artículo 20, el que no suspenderá los efectos de la resolución”.

Lo anterior se complementa con lo dispuesto en el Decreto 40 del Ministerio del Medio Ambiente, “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, promulgado el 30 de octubre de 2012, que en su Título IV “Del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, párrafo 8º “De las Reclamaciones”, y artículos 77 y siguientes regula la reclamación del proponente y la de la comunidad, y en lo pertinente, en el artículo 81 que se refiere a la “resolución de las reclamaciones”, se dispone en su inciso segundo que: “La resolución que resuelva la reclamación se fundará en el mérito de los antecedentes que consten en el respectivo expediente de

evaluación del Estudio o Declaración, los antecedentes presentados por el reclamante y, si correspondiere, los informes evacuados por los órganos y por el o los terceros requeridos”.

En este mismo orden de ideas, deben ser considerados los artículos 10 y 12 de la Resolución Exenta $\mathrm { ~ N ~ } ^ { \circ } \in { \otimes } 9$ de 26 de mayo de 2016, de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental –Estatuto del Comité de Ministros – y que corresponde al Estatuto Interno de Organización y Funcionamiento del Comité de Ministros establecido en el artículo 20 de la ley 19.300, que en su Título I “De las Funciones, Composición y Sede del Comité de Ministros”.

En su artículo 1º se refiere a la integración, donde, por cierto, no se encuentra incluida la Dirección Ejecutiva, y que se redacta al siguiente tenor: “Artículo 1: El Comité a que se refiere el artículo 20 de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 1 9 . 3 0 0$ , en adelante el Comité de Ministros o el Comité, está integrado por el Ministro del Medio Ambiente, que lo preside, y los Ministros de Salud; de Economía, Fomento y Turismo; de Agricultura; de Energía y de Minería.

Luego se refiere a las funciones del comité indicando que: “El Comité de Ministros tendrá por función conocer y resolver los recursos de reclamación que se presenten en contra de las resoluciones que rechacen $O$ establezcan condiciones o exigencias a un Estudio de Impacto Ambiental, en conformidad al artículo 20 de la Ley $\boldsymbol { N } ^ { \circ } \boldsymbol { \mathcal { I } } \boldsymbol { \mathcal { I } } . 3 \boldsymbol { { O } } \boldsymbol { O } .$ ; las reclamaciones en contra de las resoluciones que realicen la revisión de una resolución de calificación ambiental, de acuerdo al artículo 25 quinquies de la Ley $N ^ { \circ } \underline { { \mathcal { I } } } \ : 9 . 3 0 0$ ; así como los recursos de reclamación presentados por las personas que hubieren formulado observaciones al Estudio de Impacto Ambiental y que estimaren que sus observaciones no han sido debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental, en conformidad al artículo 29 de la Ley $\boldsymbol { N } ^ { \circ } \boldsymbol { \mathcal { I } } \boldsymbol { \mathcal { I } } . 3 0 0 ^ { \prime \prime }$ .

El artículo 4º se refiere al secretario del Comité, indicando: “Artículo 4: El Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental será el Secretario del Comité de Ministros. En tal cargo, actuará como ministro de fe de todas las actuaciones que realice el Comité de Ministros y de los acuerdos que adopte, correspondiéndole además las siguientes funciones:”, pero en ninguna de ellas, aparece consignada la posibilidad de resolver una reclamación.

En el artículo $5 ^ { \circ }$ se da cuenta de las delegaciones en la directora ejecutiva, “Artículo 5: Por medio del presente Estatuto Interno se delega de manera expresa en el Secretario del Comité, las siguientes actuaciones de mero trámite, que se extienden desde la a) hasta la l)” y en ninguna de ellas aparece que pueda resolver sobre una reclamación.

En su artículo 10, que “los Acuerdos del Comité de Ministros (…) se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes en la sesión”, dejando a la Dirección Ejecutiva del SEA un rol de mero ejecutor de los acuerdos que aquel órgano adopte. Al respecto, el artículo 12 del mismo Estatuto señala que “Los acuerdos que adopte el Comité de Ministros se llevarán a efecto por medio de resoluciones del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental.”.

27º Que del conjunto de disposiciones procesales y sustantivas, como de los razonamientos previos, se puede derivar en forma categórica que no existe ninguna circunstancia, contexto ni norma legal, administrativa o reglamentaria, que permita sostener que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, es el órgano de la administración al que corresponda resolver las reclamaciones deducidas al amparo del artículo 20 de la ley 19.300, ni tampoco que la misma forma parte de Comité de Ministros.

En efecto, siendo el Comité de Ministros un órgano colegiado o en sentido estricto un “órgano administrativo pluripersonal”, sus decisiones –acuerdos- se materializan en un acto administrativo de ejecución que debe ser dictado por la autoridad ejecutiva pertinente, así lo dispone el artículo 3 de la Ley $\mathtt { N } ^ { \circ } 1 9 . 8 8 0$ al señalar “Las decisiones de los órganos administrativos pluripersonales se denominan acuerdos y se llevan a efecto por medio de resoluciones de la autoridad ejecutiva de la entidad correspondiente”. En el caso que nos ocupa, esa autoridad es la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental.

28º Que con todo, de acuerdo a la regla en referencia, esta autoridad ejecutiva, solo dicta el acto administrativo de ejecución que materializa el acuerdo previamente adoptado por el Comité de Ministros, que es el órgano administrativo pluripersonal que de acuerdo a la ley le corresponde adoptar la decisión o acuerdo que materialmente se ejecutara con el acto administrativo pertinente dictado por la directora ejecutiva, pero ella no forma parte del comité, ni puede resolver las materias de competencia del comité, tampoco puede modificarlas sin que dicha modificación conste en un acuerdo del comité, pues son ellos quienes deben acordar dicha rectificación no la dirección ejecutiva que no integra dicho órgano ni tiene competencia para ello.

Así las cosas, la única conclusión que se puede derivar de los razonamientos previos, es que la resolución impugnada, en cuanto ordena directamente a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, sin previo acuerdo del Comité de Ministros, dictar un acto complementario que modifique una resolución del mismo, lo que hace es sustituir las facultades propias de la administración por parte de un Tribunal Ambiental, que toma la posición del Comité de Ministros, remplazándolo o sustituyéndolo en la resolución de las dos nuevas materias incorporadas, ordenando a la dirección ejecutiva que dicte el acto administrativo de reemplazo sin el acuerdo del comité, pero considerando la decisión del Tribunal Ambiental en los términos que expone la orden respectiva.

29º Que, a modo de síntesis es dable destacar finalmente, por resultar relevante a estos efectos, que existe consenso en orden a que la ejecución de una sentencia contencioso-administrativa está limitada por los contenidos de la resolución a ejecutar, y tan claro aparece que la resolución a ejecutar no se basta a sí misma, que ella debió ser complementada por la sentencia del 17 de febrero de 2025, en los términos que aparece impugnada.

Lo anterior es compartido, como ya se dijo, por nuestro máximo tribunal, cuando en la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2025, recaída en estos antecedentes rol R-95- 2023, rol Corte Suprema $\mathbb { N } ^ { \circ } 6 1 . 4 6 1$ , al resolver los recursos de casación deducidos respecto del fallo de 09 de diciembre de 2024, concluye que éste, no establece derecho alguno a favor de ninguno de los intervinientes.

Lo dicho deviene categórico de la simple lectura del motivo 6º del fallo en mención cuando sostiene: “Que, como se aprecia, la sentencia impugnada no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino anular dicha decisión ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia”.

Como si la conclusión anterior no bastara, el contenido del motivo 7º de la misma sentencia, resulta ser más elocuente en lo que se viene concluyendo, desde que en este se afirma: “Séptimo: Que de lo señalado en el fundamento que antecede, resulta que la resolución objetada, desde el punto de vista procesal, no reviste la naturaleza jurídica de ninguna de aquellas a cuyo respecto la ley concede el recurso de casación, puesto que, desde luego, no es una sentencia definitiva; así como tampoco una interlocutoria de aquellas que ponen término al juicio o hacen imposible su continuación, tanto así que, en su propio contenido ordena seguir con ella, ordenando a la autoridad recurrida a emitir un nuevo pronunciamiento respecto del cual podrán interponerse los recursos que en derecho correspondan.”

La pregunta que subyace a esta conclusión es si resulta posible demandar la ejecución de una sentencia que no ha resuelto confirmar ni revocar lo decidido por el comité de Ministros, que no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia definitiva ni de una interlocutoria que ponga término al juicio o haga imposible su continuación, y en la que además se ordena seguir con la tramitación y se obliga a la autoridad administrativa emitir un nuevo pronunciamiento, decisión respecto de la cual según se anuncia procederán los recursos que el legislador establece.

Entonces, reflexionando ahora en sede cumplimiento incidental, resulta válido preguntarse si la sentencia del caso, esto es, la de 09 de diciembre de 2024 constituye de verdad un título ejecutivo que contenga una obligación de hacer, y en este sentido, se pueda demandar su cumplimiento en los términos que se pretende en la resolución del 17 de febrero de 2025, la única respuesta posible es que ello no resulta posible, y por lo mismo debe anularse todo lo obrado en esta sede.

Con todo, sin perjuicio de la sanción de nulidad que se indica, Este error principal, amén de los que se han relacionado en forma previa, es el que permite aseverar que los juzgadores al hacer uso de las competencias previstas en el artículo 30 de la Ley $\mathbb { N } ^ { \circ } 2 0 . 6 0 0$ en una etapa procesal en la que dichas facultades ya no resultan aplicables, toda vez que, la regla en mención se refiere exclusivamente a las sentencias declarativas y no a la etapa de cumplimiento, importa en la especie una flagrante vulneración al principio de legalidad, consagrado en los artículos $6 ^ { \circ }$ y 7° de la Carta Política.

30º Que, como corolario, debemos sostener que no se justifica decidir el asunto de una manera distinta a la que se viene haciendo – anulando todo lo obrado- , al amparo de los reclamos que se han formulado en estrados y en las presentaciones que integran el juzgamiento, bajo la premisa de evitar un “bucle infinito” en el contencioso administrativo ambiental.

Si bien, se puede tener razón en dichas alegaciones, ello no es responsabilidad atribuible a los presupuestos fácticos que nos convocan, antes bien, se debe al diseño legislativo que optó por la técnica del reenvío cuando se declara la nulidad por un órgano distinto.

Lo anterior, podría ser resuelto de lege ferenda, con la inclusión en el procedimiento de reglas de cierre o clausura, como se ha decidido en materia laboral o penal, pero ello responde a una decisión legislativa que no procede sea enderezada en sede jurisdiccional, más todavía si la solución que se propone por quienes la plantean en sus alegatos, importa potencialmente dejar en la indefensión a un segmento de los intervinientes del proceso.

Así las cosas, solo se puede concluir, que el conjunto de disputas y objeciones que se han relacionado, no hacen sino corroborar la decisión que se viene adoptando en orden a anular todo lo obrado en sede de ejecución, pues deviene palmario que en la especie nos encontramos en un procedimiento ejecutivo en materia ambiental, fuera de las hipótesis previstas por el legislador, afectando el debido proceso legal, defecto que solo puede ser solucionado de la forma que se ha resuelto en estos antecedentes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

# Rol Corte 2-2025 (Ambiental)

Redacción y prevención por el ministro titular señor Jaime Rojas Mundaca.

No firma el ministro titular señor Dinko Franulic Cetinic, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse haciendo uso de permiso.

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Eric Dario Sepulveda C., Jaime Anibal Rojas M. Antofagasta, veinte de febrero de dos mil veintiseis.

En Antofagasta, a veinte de febrero de dos mil veintiseis, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.