Cultivos de uso ilícito en el municipio de San Miguel, Putumayo
Autor: Perico Ortiz, Diana Alexandra
Asesor: Beltrán Villegas, Miguel Ángel (Thesis advisor)
Fecha: 2008
Programa: Bogotá - Medicina - Especialidad en Anestesiología y Reanimación
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: El informe es el resultado de una pasantía desarrollada en el Centro de Investigación y Educación Popular Cinep, en el marco del proyecto “San Miguel mira hacia Colombia y el mundo” en el 2007. En las primeras páginas del trabajo, se hace una presentación general del proyecto, destacando sus objetivos, contenidos, desarrollos y resultados, para luego adelantar una reflexión en torno a su la experiencia de la autora en este proceso, cuidando de relievar sus vivencias y aportes como socióloga, tomando como herramienta de análisis el trabajo de campo adelantado en la región de estudio. En la segunda parte del informe se adelanta una caracterización de la zona del Bajo Putumayo, en el contexto de la política de lucha contra las drogas, impulsada por el “Plan Colombia”. En esta perspectiva se ilustra, con elementos históricos y sociológicos, los procesos asociados a la economía de la coca y se analizan las consecuencias del “Plan Colombia” para la región. El  trabajo concluye con un análisis de las percepciones que tienen los pobladores y pobladoras del municipio de san Miguel sobre el impacto de la política antidrogas. / Abstract. This report is result of the internship in the proyect “San Miguel mira hacia Colombia y el mundo”, wich was developed in the “Centro de Investigación y  Educación Popular” Cinep. The first pages portrays a general presentation of the proyect such as objectives, contents, improvements and results. Then the author makes a  reflection about her own experiences in this process based on the fieldwork in the area, including sociologic contributions. In the second part of this report, it is presented a characterization about the Bajo Putumayo area in the context of war against drugs (or antinarcotics  police), wich is stimulated by “Plan Colombia”. In this perspective, it shows the process related whit coca economy and analyzes the Plan Colombia consequences in the region. It concludes analyzing of San Miguel settler’s perception on antinarcotics politics and how it impacts in their lives and the area.

CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, PUTUMAYO
INFORME DE PASANTÍA
DIANA ALEXANDRA PERICO ORTIZ
Código 423028
Trabajo de grado presentado para optar al título de Socióloga.
Director
MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN VILLEGAS
Profesor Asociado Departamento de Sociología.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA
BOGOTÁ, D.C.
2008
1Canción campesina del Putumayo
Que tristeza que siento,
que preocupao me encuentro,
de mirar mi finquita,
hoy en lo que quedóoo.
Y aunque no tenía coca,
me acabaron la yota,
la piña, las papayas,
la yuca y el limón.
El máiz y el platanito,
también me lo acabaron,
la caña y el palmito,
el pasto y el frijóool.
Y mi huerta casera,
zapayo y tomatera,
también me la acabaron,
lo mismo quel arroz.
Y a lo del plan Colombia,
le buscaron la comba,
y en forma muy oronda,
más de uno se lucrooo.
Y sin mayor reparo,
y con el mayor descaro,
doble y requetecaro,
el ganao no llegó.
Y aunque a precio doblado,
dos chivas me habían dado,
y hasta me había soñado,
tomando leche yooo.
Pero al ver fumigado,
y el pastico acabado…
2CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN 7
I. Proyecto “San Miguel mira hacia Colombia y el mundo” 9
1. Desarrollo del proyecto 11
2. Resultados 13
II. Mi experiencia de la pasantía 17
III. Cultivos de uso ilícito en San Miguel, La Dorada 20
1. Región del bajo Putumayo 20
a. Contexto de frontera. 20
b. Municipio de San Miguel, La Dorada. 22
2. Cultivo de la coca en el bajo Putumayo y San Miguel, La Dorada. 24
a. Historia. 24
b. ¿Cómo funciona el negocio? 29
c. Procesamiento 31
3. Política de erradicación de cultivos de uso ilícito en Putumayo y San Miguel:
“Plan Colombia”. 35
a. ¿Cómo opera el “Plan Colombia” en San Miguel y Putumayo? 36
b. Lucha contra las drogas, lucha contrainsurgente. 44
c. Modelo asociado a la “Lucha contra las drogas”. 48
4. Percepción de los pobladores y pobladoras de San Miguel sobre la política
antidrogas en el bajo Putumayo 50
a. Se vivía de la caza, la pesca y la agricultura. 51
b. Los que no entrábamos nos tildaban como sapos 52
c. Los vecinos dejaron de ser vecinos 53
d. Parecía un lugar de paso, muy de paso y muchísima desconfianza,
no hablaba casi la gente. 54
e. Usted de dónde viene. De San Miguel. Ah ya no hay pa’que se
identifique más: coquero, matón y guerrillero. 56
f. …El saldo de la coca es la muerte, y el “Plan Colombia” no es
más que otra bonanza 58
3g. Si no es de nosotros no es de nadie. 61
h. Ya yo soy hija del Putumayo. 61
CONCLUSIONES 63
BIBLIOGRAFÍA 64
ANEXO 68
4CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL,
PUTUMAYO. INFORME DE PASANTÍA.
COCA CULTIVATION IN THE MUNICIPALITY OF SAN MIGUEL,
PUTUMAYO. INTERNSHIP REPORT.
RESUMEN
El informe es el resultado de una pasantía desarrollada en el Centro de
Investigación y Educación Popular Cinep, en el marco del proyecto “San
Miguel mira hacia Colombia y el mundo” en el 2007.
En las primeras páginas del trabajo, se hace una presentación general del
proyecto, destacando sus objetivos, contenidos, desarrollos y resultados,
para luego adelantar una reflexión en torno a su la experiencia de la autora
en este proceso, cuidando de relievar sus vivencias y aportes como
socióloga, tomando como herramienta de análisis el trabajo de campo
adelantado en la región de estudio.
En la segunda parte del informe se adelanta una caracterización de la zona
del Bajo Putumayo, en el contexto de la política de lucha contra las drogas,
impulsada por el “Plan Colombia”. En esta perspectiva se ilustra, con
elementos históricos y sociológicos, los procesos asociados a la economía de
la coca y se analizan las consecuencias del “Plan Colombia” para la región. El
trabajo concluye con un análisis de las percepciones que tienen los
pobladores y pobladoras del municipio de san Miguel sobre el impacto de la
política antidrogas.
Palabras clave:
Plan Colombia – San Miguel (Putumayo, Colombia)
Cultivos ilícitos – San Miguel (Putumayo, Colombia)
Erradicación de cultivos ilícitos - San Miguel (Putumayo, Colombia)
Política antidrogas – Putumayo (Colombia)
Política de fronteras – Situación social - Putumayo (Colombia)
5ABSTRACT
This report is result of the internship in the proyect “San Miguel mira hacia
Colombia y el mundo”, wich was developed in the “Centro de Investigación y
Educación Popular” Cinep.
The first pages portrays a general presentation of the proyect such as
objectives, contents, improvements and results. Then the author makes a
reflection about her own experiences in this process based on the fieldwork
in the area, including sociologic contributions.
In the second part of this report, it is presented a characterization about the
Bajo Putumayo area in the context of war against drugs (or antinarcotics
police), wich is stimulated by “Plan Colombia”. In this perspective, it shows
the process related whit coca economy and analyzes the Plan Colombia
consequences in the region. It concludes analyzing of San Miguel settler’s
perception on antinarcotics politics and how it impacts in their lives and the
area.
Key words:
Plan Colombia – San Miguel (Putumayo, Colombia)
Drug control – San Miguel (Putumayo, Colombia)
Antinarcotics Policy – San Miguel (Putumayo, Colombia)
Cocaine industry – San Miguel (Putumayo, Colombia)
Coca (plant) growing – San Miguel (Putumayo, Colombia)
6INTRODUCCIÓN
Este documento es el informe de la pasantía realizada en el Centro de Investigación y
Educación Popular Cinep, en el marco del proyecto “San Miguel mira hacia Colombia y el
mundo”. La pasantía tuvo una duración de cuatro meses entre agosto y noviembre de 2007. La
mayor parte del tiempo se trabajó en la oficina del proyecto en Bogotá y se realizó una visita al
municipio de San Miguel en Putumayo entre el 17 de octubre y el 19 de noviembre de ése año.
El tiempo dedicado fue de seis horas diarias entre semana en Bogotá y tiempo completo en
campo.
La decisión de investigar el tema de política antidrogas obedece a la circunstancia de
vincularme al proyecto, pero también coincide con una necesidad fundamental de indagar por la
situación estructural de violencia en el país. La guerra, es un tema que me ha motivado a
investigar y leer textos informativos como literatura y otras artes.
Comprendo el conflicto armado como la expresión de otros conflictos, como el económico,
político, ambiental y social. En este sentido, cuestiono una política de paz que orienta sus
acciones a acabar unilateralmente el conflicto armado, atacando estratégicamente a los grupos
insurgentes, sin conciencia de las raíces de la violencia y la responsabilidad histórica del Estado
en esta situación.
La política antidrogas enmarcada en su programa bandera, el “Plan Colombia”, considera que el
narcotráfico es el factor principal en las generación de las violencias, motivo por el cual
concentra la gran mayoría de recursos hacia el fortalecimiento militar del Estado, dejando una
parte insignificante para la inversión social, que se materializa en programas inapropiados, sin
continuidad y que no se constituyen como verdaderas alternativas para el mejoramiento de las
condiciones de la población. Ahora la aplicación del “Plan Colombia” en el Putumayo, exacerba
la violencia y agravan situaciones como el desplazamiento, la violación de derechos humanos y
deslegitima la acción del Estado ya bastante menoscabada.
7Para abordar el tema, en primer lugar se realiza una contextualización de la región; en segundo
lugar se describe el funcionamiento del cultivo de la coca y su historia; en tercer lugar, se
analiza cómo interviene el “Plan Colombia” en el bajo Putumayo, qué significa que la lucha
contra las drogas sea al mismo tiempo una lucha contrainsurgente, adicionalmente, qué tipo de
modelo económico y social está asociado; finalmente, un análisis de la percepción de los
habitantes sobre el cultivo de la coca en la región.
8I. PROYECTO “SAN MIGUEL MIRA HACIA COLOMBIA Y EL MUNDO”
El proyecto “San Miguel mira hacia Colombia y el mundo” fue coordinado por el CINEP en
alianza con la administración municipal de San Miguel (Putumayo-frontera con Ecuador), los
pobladores y las pobladoras de la región, la Fundación Social e instituciones y entidades de
sector minero energético (ISA, ISAGEN, UPME, IPSE, ECOPETROL y el Ministerio de Minas y
Energía). El objetivo general del proyecto fue contribuir al desarrollo humano integral y
sostenible a partir de la creación de condiciones básicas para adelantar un proceso de
planeación y gestión del desarrollo. Este proyecto se realizó entre el 2005 y el 2007, se focalizó
en el municipio de San Miguel, subregión conocida como el bajo Putumayo, de la que hacen
parte los municipios del Valle de Guamuéz y Orito.
Este proyecto tiene sus antecedentes en la formación en el 2001 de la “Alianza Sur”, un
esfuerzo colectivo de seis gobernaciones del sur del país (Putumayo, Nariño, Cauca, Tolima,
Huila y Caquetá) para crear unas condiciones básicas de bienestar y desarrollo integral y
sostenible en toda la región; la Alianza también es una respuesta a los impactos negativos del
“Plan Colombia” que comienza a implementarse en el 2000.
El Cinep y la Fundación Social se vinculan a la Alianza Sur desde mediados del año 2001. Su
intención fue la de concertar y gestionar propuestas participativas de desarrollo en la región
frente a la “grave situación de conflicto armado y social, el desplazamiento forzado, la aplicación
de políticas antidrogas (Plan Colombia), la ingobernabilidad, la corrupción y la pobreza que vive
la región” (Cinep y Fundación Social, 2003: 2). Específicamente el Cinep comenzó a trabajar en los
departamentos de Putumayo, Nariño y Cauca. Este convenio tomó el nombre de “Mirada al
Sur”.
La presencia del Cinep en el Putumayo data de 1987 centrándose en un comienzo en la
defensa, promoción y formación en derechos humanos. En 1996 se fortalece este trabajo
debido a la emergencia de fuertes movilizaciones sociales en respuesta a las políticas
antidrogas que implementó en la región el gobierno de Samper (1994-1998), y los movimientos
sociales de los cocaleros. Solo hasta el 2001 se comienza a realizar acciones sistémicas en el
marco de proyectos y convenios en el campo de la investigación, interlocución y
acompañamiento con diversas organizaciones sociales, entidades gubernamentales e iglesia
católica.
9Desde entonces la acción del Cinep en el Putumayo se concentró en la evaluación de
condiciones necesarias para la implementación de programas y procesos que condujeran al
desarrollo y la paz en la región. Entre ellos encontramos principalmente:
“Los ejercicios de sistematización de propuestas e iniciativas de desarrollo y paz en las
subregiones de departamento (Alto, Medio, Bajo Putumayo, y Leguízamo). La
evaluación del Impacto urbano del fenómeno del desplazamiento (y refugio) en Mocoa y
la zona de frontera con Ecuador y la definición de criterios para la implementación de
políticas públicas. El apoyo a iniciativas sociales de visibilización de propuestas de
desarrollo y paz y la generación de procesos de formación e investigación en el Bajo
Putumayo y en la franja binacional colombo – ecuatoriana. La organización de eventos y
jornadas de discusión sobre el impacto de la política antidroga y el despliegue de los
cultivos de uso ilícito en el departamento”. (Cinep, 2004?: 3).
Estas acciones permitieron “abrir trocha” en el departamento. En este escenario se plantea en
el 2003 el proyecto de Desarrollo local alternativo en San Miguel (Putumayo). En un principio, el
proyecto propuso realizar una primera experiencia de desarrollo integral con alcance binacional
al integrar no solo al municipio de San Miguel sino también a la ciudad de Nueva Loja, provincia
de Sucumbíos, Ecuador. Concretamente el proyecto plantea la gestión participativa del
desarrollo desde la entidad local amazónica y fronteriza de los pobladores y pobladoras.
El proyecto se basa en el modelo de planeación y gestión participativa del desarrollo integral
local (DIL), elaborado por la Fundación Social. Este modelo se caracteriza por desarrollar
procesos de amplia participación social, involucra a todos los sectores sociales y supera la
lógica de desarrollo fragmentado por sectores (político, económico, social, ambiental y cultural)
o poblaciones. (Fundación Social, 2004: 32).
Concretamente el objetivo general del proyecto es el desarrollo humano integral y sostenible de
la región con base a cuatro dinámicas básicas del desarrollo, transversales y que orientan ética
y operativamente todos los niveles de actividad: gobernabilidad democrática y en paz;
solidaridad con identidad y pertenencia; sostenibilidad de la vida y competitividad sistémica
territorial. (Cinep, 2004?: 13)
10Las acciones se enfocaron hacia la creación de unas condiciones básicas de desarrollo:
a. Articulación del tejido social, esto es, el fortalecimiento del capital social;
b. Colectivización (sentido de lo público), se refiere a la creación de confianza, comunicación
pública y a la promoción de ritos, mitos y valores culturales;
c. Empoderamiento de los actores, se refiere al fortalecimiento del capital humano y a la
pedagogía en valores de gestión pública transparente y construcción de lo público;
d. Autonomía de los procesos, orientada a la dinamización de iniciativas y proyectos
económicos locales y regionales e institucionalización de los procesos.
Dentro de cada uno de estos factores se configuran proyectos y subproyectos concertados con
las comunidades beneficiarias, mediante líneas estratégicas que son: a) formación y
capacitación, b) gestión y productividad, c) organización y movilización, d) comunicación e
información y e) investigación y sistematización.
Desde el 2003 se comienza a gestionar los recursos para este proyecto que comenzaría hasta
el 2005 con el apoyo de entidades del sector minero energético del país.
1. Desarrollo del proyecto
Para echar a andar el proyecto fue necesario repensarlo a la luz de sus posibles financiadores,
replantear el tiempo y los alcances reales en la región. El principal cambio tuvo que ver con la
cobertura del proyecto. Indudablemente la zona planteada implicaba un trabajo a más largo
plazo y de mayores costos. Se delimitó la región al municipio de San Miguel, una zona
estratégica por su ubicación en la frontera con Ecuador, por sus riquezas energéticas y por su
singular proceso de colonización y desarrollo en el país.
También se redefinieron las actividades durante los tres años de duración del proyecto.
Metodológicamente se conservó el enfoque del DIL.
11Para la financiación del proyecto se logró establecer un convenio con las empresas y entidades
del sector minero energético: ISA, ISAGEN, ECOPETROL, IPSE, UPME, ECOGAS y el
Ministerio de Minas y Energía. La Fundación Social estuvo presente en la formulación de las
condiciones para el desarrollo del proyecto. Ecogas fue la única entidad que iniciado el proyecto
salió del escenario.
A medida que se conocía más profundamente las condiciones de vida en toda la región y se
construían relaciones de confianza con la comunidad, el proyecto se fue transformando y
acoplando a los procesos sociales adelantados desde lo local. Esto implicó la revisión continua
de actividades y tiempos de ejecución. Durante los tres años del proyecto, fue necesario tener
un margen de improvisación y creatividad para mantenerlo a flote, no obstante, esto también
atiende a la dinámica de cualquier proyecto que combina la investigación y la intervención social
en lugares tan complejos y donde confluyen tantos conflictos.
Se pueden citar tres momentos del proyecto. En el 2005, en sus inicios, se realiza un proceso
de reconstrucción y legitimación del proyecto; en el 2006, se ponen en marcha las actividades
planeadas, y en el 2007 se profundiza y sistematiza el proceso. (Cinep, 2007: 2).
Las líneas estratégicas planteadas según la metodología del DIL se convirtieron en cinco
componentes que constituyeron la estructura del proyecto:
a. Comunicación para el desarrollo
b. Escuela de desarrollo amazónico sostenible
c. Gestión y productividad
d. Organización y movilización
e. Investigación y sistematización
El proyecto se vio alterado por la inestabilidad que genera el conflicto armado, los paros
decretados por grupos armados, las crisis humanitarias derivadas de las acciones de acoso y
amedrantamiento y situaciones de abusos por parte de los actores armados (guerrilla,
paramilitares y ejército) a pobladores de la región, a lo que se sumó las coyunturas políticas de
las complejas relaciones internacionales entre Colombia y Ecuador.
122. Resultados
Las acciones planteadas en los distintos componentes se diseñaron en función de los procesos
adelantados desde lo local a través de talleres y encuentros con diferentes actores regionales,
fue un proceso de construcción colectiva donde se articularon componentes y programas. Este
enfoque obedece a una postura política e ideológica del equipo de trabajo, quienes privilegiaron
el trabajo de campo, la interacción con la comunidad por encima de la investigación teórica o la
planeación centralizada en Bogotá.
En “Comunicación para el desarrollo” se adelantó un proceso de formación en medios de
comunicación para el cambio social. Su principal resultado fue la conformación de un colectivo
de comunicación llamado “Jóvenes reporteros de San Miguel”. Una de las principales
dificultades del proceso fue la de mantener integrados y comprometidos a los y las jóvenes
participantes. Sus intereses estuvieron mediados indudablemente por la personalidad de cada
uno, pero también, por sus aspiraciones de vida, sus sueños confrontados continuamente con
las posibilidades reales de desarrollo humano en una región marcada por los vaivenes del
conflicto y la contundente pobreza. No obstante, los y las jóvenes desarrollaron algunas piezas
comunicativas audiovisuales. Se destaca principalmente un documental sobre la coca realizado
durante el segundo semestre del 2007.
El componente de “Escuela de desarrollo amazónico sostenible” fue uno de los que presentó
mayor desarrollo y cualificación. Se construyó paralelo a la Finca demostrativa amazónica que
fue el principal escenario de la escuela. Fue un proceso de formación de dos años en torno a la
generación de las condiciones básicas que sustentan el Desarrollo Humano Integral Sostenible
en el municipio de San Miguel y su área de influencia. Se trataron temas como el
reconocimiento humano, la planeación participativa de desarrollo, la construcción de
ciudadanía, manejo ecológico de cultivos, saneamiento básico, energía para el desarrollo y
desarrollo amazónico sostenible. Este último tema se convirtió en el eje transversal de todo el
proyecto porque sintetizó dimensiones: desarrollo - humano –integral - sostenible para la
Amazonía del bajo Putumayo. Al final se formaron 134 personas y se produjeron materiales
pedagógicos que ilustran el proceso y pueden orientar experiencias similares en la región
amazónica.
13La “Finca demostrativa amazónica” fue la cristalización de la formación agropecuaria articulada
al proceso de desarrollo humano adelantado desde la escuela. Surge como respuesta y
alternativa frente a serios problemas que padece la región, tales como el monocultivo de la
coca, las fumigaciones con glifosato (que han desestimulado la agricultura), y las prácticas
agropecuarias convencionales que no tienen en cuenta los condicionantes y las potencialidades
de la flora en el piedemonte amazónico. La Finca hace parte del programa de Iniciativas
productivas del componente “Gestión y productividad”, que buscaba generar proyectos
productivos viables para los estudiantes.
La finca está localizada en la vereda el Maizal, a tres kilómetros de la cabecera de San Miguel.
Es propiedad de la Asociación Agroindustrial Integral de Campesinos de San Miguel AAINCOS.
Se propuso la recuperación de especies y variedades amazónicas para ilustrar sobre su cultivo
a través de prácticas agroecológicas amables con el medio ambiente.
Del componente de “Gestión y productividad” hicieron parte tres programas: la Agenda de
desarrollo local, Iniciativas productivas y Energía para el desarrollo.
La “Agenda de desarrollo local” buscaba generar procesos participativos de planeación y
gestión del desarrollo regional. El resultado fue la Agenda pública subregional del bajo
Putumayo. Este documento presenta las propuestas de los pobladores y pobladoras en los
temas educativos y agropecuarios, como insumo fundamental para la construcción de planes y
proyectos de desarrollo en la amazonía putumayense. La construcción de la agenda fue
paralela a un proceso de participación en la vida política de la región. Principalmente se trabajó
en actividades de organizaciones sociales y se acompañaron movimientos sociales en defensa
de los derechos humanos, en contra de las fumigaciones y la violencia ejercida por las Farc,
grupos paramilitares y ejército.
En este programa se realizó una campaña de formación política en la coyuntura electoral de
alcaldes y concejales en el 2007, que buscaba visibilizar la agenda de desarrollo en los planes
propuestos por los candidatos. La estrategia fue la de utilizar los mismos instrumentos de la
campaña política tradicional para visibilizar a Ama Zonia, la candidata que representaba a la
región y cuyo plan de gobierno eran los principales puntos de la agenda de desarrollo. Ama
Zonia fue convertida en el dibujo de una mujer campesina; se imprimieron pancartas y volantes
14con su imagen, además se hizo una grabación musicalizada para transmitir en la radio local y
en perifoneo.
“Energía para el desarrollo” se concentró en conocer las carencias y opciones que existen en
relación con el suministro de energía para el municipio de San Miguel, teniendo en cuenta la
baja cobertura que presenta el bajo Putumayo. El resultado del componente fue un diagnóstico
sobre la situación energética del municipio de San Miguel y propuestas alternativas de
suministro para las zonas que no cuentan con el servicio.
El componente de “Organización y movilización” generó espacios para el diálogo, la formación y
la concertación entre los sectores sociales, políticos y económicos, a través de foros y
encuentros sobre el desarrollo más adecuado para el bajo Putumayo. Los encuentros fueron
Seminario Departamental de Experiencias de Desarrollo y Paz, 2 de julio de 2005 en
Villagarzón; Primer encuentro de organizaciones sociales del bajo Putumayo, “San Miguel mira
hacia Colombia y el mundo”, mayo de 2005; Foro desarrollo y ciudadanía en Putumayo y
América Latina: diálogo de experiencias, noviembre 24, 25 y 26 de 2006; Foro para la
construcción de la agenda pública, sector agropecuario y educativo, 19 y 20 de mayo de 2007 y
finalmente la Celebración por la vida y la Amazonía, 10 y 11 de noviembre de 2007 en La
Dorada, San Miguel. Este último fue el evento de cierre de todo el proyecto. En estos foros se
invitaron como ponentes a expertos y académicos, pero también a actores estratégicos de la
región.
Componente de “Investigación y sistematización”. Aunque a lo largo del proyecto se plantearon
varios temas y preguntas de investigación, el proceso se limitó a dos investigaciones concretas:
Caracterización socio cultural del ejercicio de la política en San Miguel por Camilo Hernández
Hernández y Caracterización de organizaciones sociales de San Miguel por Milena Peña
Moreno. Las investigaciones se desarrollaron la mayor parte del tiempo en la región. Tuvieron
como insumo los testimonios y relatos de los pobladores, pobladoras y estudiantes vinculados a
los diferentes componentes del proyecto, además de la observación directa de las condiciones
particulares de la región y de la dinámica del conflicto armado.
En el proyecto se privilegió el proceso de intervención centrado en el trabajo comunitario y
pedagógico por encima del proceso de investigación. La principal dificultad fue la de integrar
estos dos procesos por varias razones. Una de ellas y creo que la más importante fue que para
15la mitad y final del proyecto no se contó con suficientes personas, es decir, con un equipo
mayor para atender todas las acciones que deparaba cada uno de los componentes. Los
investigadores desarrollaban al mismo tiempo actividades de formación y planeación del
proyecto. Lo investigativo debía ceder su tiempo a actividades más urgentes relacionadas con
la organización de sesiones de la escuela, gestión de recursos para la finca, seguimiento al
colectivo de jóvenes, etc.
En los últimos meses del proyecto se realizó su sistematización, que pretendió recoger el
proceso permanente y acumulado del proyecto a través de elementos concretos, como de las
percepciones de todos los y las involucradas en él (estudiantes, los jóvenes reporteros, el
equipo de trabajo, la mesa de organizaciones sociales, entre otros.)
16II. MI EXPERIENCIA EN LA PASANTÍA
Me vinculo al proyecto “San Miguel mira hacia Colombia y el mundo” en el segundo
semestre del 2007, cuando éste se encuentra en su etapa final. El proyecto había
comenzado en el primer semestre de 2005 y ya se tenía todo un recorrido de actividades,
resultados y muchos documentos de todo el proceso. Cuando hablé con el director del
proyecto se plantearon dos actividades en las que podría participar: una, la organización
de información del proyecto, especialmente orientada a alimentar la página multimedia del
proyecto, y la otra, el apoyo desde estas mismas fuentes documentales a la
sistematización del proyecto.
Cuando inicié la pasantía me di cuenta de lo que significaría organizar la gran cantidad de
información electrónica generada en el proyecto. En la oficina contábamos con un equipo
de escritorio bastante viejo y un portátil que había estado en varias ocasiones en campo.
Debía empezar por unificar estos dos discos duros con la idea de centralizar la
información. Los archivos electrónicos estaban totalmente desorganizados, existían
muchas carpetas acerca del mismo asunto pero con diferente nombre, archivos con
diferentes nombres que resultaban siendo los mismos, versiones distintas de un mismo
documento que había sido guardado bajo el mismo nombre en distintas carpetas, archivos
incompletos, mutilados, duplicados y dañados.
La otra parte de la información electrónica que debía unificarse se encontraba en tres
portátiles, el de la oficina y el de dos investigadores en el bajo Putumayo. Cada equipo
guardaba una buena proporción de archivos del proyecto mezclados con archivos
personales; cada persona organizó la información de acuerdo a su propio criterio,
presentándose el mismo problema de duplicidad y pérdida de archivos que mencioné
antes. Adicionalmente, existían en Bogotá y San Miguel, cd’s y dvd’s con información del
proyecto, back up que se hicieron en diferentes momentos.
El tema de información se había convertido en un cuello de botella en ese nivel de avance
del proyecto. La organización de información implicaba conocer todos los componentes y
actividades para saber a que procesos correspondía cada archivo. La organización de
esta información se comenzó a hacer con el acompañamiento del director del proyecto.
Esto requirió mucho más tiempo y dedicación del que había estimado para la pasantía, al
17punto que tenía medio abandonado el trabajo con el que me sustentaba en ése momento.
La organización de la información se planteó como el requisito previo para la
conformación de una multimedia, donde se presenten los principales documentos en texto
completo y audiovisuales. El objetivo de la multimedia es el de socializar la experiencia de
trabajo que constituyó el proyecto “San Miguel mira hacia Colombia y el mundo”.
En la mitad de la pasantía vimos la necesidad de enfocarnos en la construcción del
documento multimedia, pasando la organización total de información a un segundo plano;
debido principalmente a que se acercaba el fin del proyecto y la multimedia era uno de los
principales resultados, además, siendo lúcidos la organización de información era un
trabajo bastante duro que requeriría mucho más que dos meses para completarse.
Mi trabajo para la multimedia consistió en la formulación de su estructura, la organización
de los archivos y redacción de los textos introductorios para cada segmento y enlace. Una
parte de este trabajo se realizó en Bogotá y la parte final en San Miguel, contando así con
la orientación y apoyo de los investigadores que se encontraban en campo.
Mi visita a campo se planteó como la continuación de un trabajo de oficina que venía
haciendo en Bogotá, pero significó mucho más a nivel personal y profesional.
La estadía fue de un mes. El equipo lo conformaban Camilo Hernández, antropólogo;
Milena Peña, trabajadora social y Orlando Villacorte, poblador de San Miguel con
experiencia en gestión cultural, asistente del proyecto. También se encontraba en campo
Andrés De La Cuadra, estudiante de comunicación social que fue a realizar un trabajo de
formación en medios con jóvenes de la región en el marco del componente de
comunicación para el desarrollo. Adicionalmente miembros de los Jóvenes Reporteros de
San Miguel JRS, cinco hombres y tres mujeres de la región que desde hace un año
venían participando en las capacitaciones con la idea de conformar un colectivo de
comunicación cuya sede de trabajo era la oficina del proyecto en San Miguel.
Una de las principales ganancias de mi corta estadía fue la de conocer de primera mano
el territorio y su gente. La realidad de la economía de la coca, sus cultivos; ver las
condiciones de pobreza y abandono de la región por parte del estado; ver la realidad de
las fumigaciones de glifosato que acaban con todo, no solo con los cultivos de coca sino
18también con los cultivos de pancoger, con el medio ambiente, las fuentes hídricas tan
abundantes y bellas de la región, con la salud de los y las habitantes, y principalmente
con el tejido social porque genera desconfianza, desesperanza y desplazamiento; el
silencio y temor en la mirada que dejan años de conflicto armado y de violencia.
Conocer la riqueza y belleza de esa tierra, el dolor tan profundo que llevan sus habitantes
por tantas muertes injustas y discriminación; pero al mismo tiempo conocer la fortaleza y
el tesón de una gente que no se amedrenta, que se resiste al exterminio y el
desplazamiento, que continua luchando por su tierra, por hacer del bajo Putumayo un
lugar más digno para sí mismos y sus familias.
Tuve la oportunidad de llegar en un momento en que se habían fortalecido muchísimo los
lazos de confianza con los pobladores y pobladoras gracias a un trabajo continuo de tres
años con campesinos, colonos e indígenas, algunos de ellos líderes de movimientos
sociales en contra de las fumigaciones y defensa de los derechos humanos. También
hablé con los Jóvenes Reporteros de San Miguel, quienes nos contaron su realidad, sus
problemas cotidianos y proyectos de vida. Conocer de primera mano testimonios de
diferentes segmentos de la población sobre la situación del municipio desde las
entrevistas y grabaciones que hicieron los JRS para la producción de un video sobre la
coca.
La pasantía también me permitió conocer cómo se realiza un proyecto de investigación e
intervención social, como interactúa un equipo de trabajo y cómo se dividen funciones de
acuerdo a componentes y metas del proyecto.
Sentir un calor tan agobiante, ser picada por infinidad de mosquitos amazónicos, pasar
por el puente internacional, observar los oleoductos a lo largo de la vía, conocer el
proceso de producción de la coca, asistir a una noche de gallos, tomar yagé, hacer
amigos, etc. fueron solo algunos de los momentos más vibrantes que hicieron parte de
esta experiencia vital.
Mi estadía en San Miguel significó replantear mi postura como socióloga, preguntarme en
qué campo quiero desempeñarme dentro de este radio tan extenso que es el oficio del
sociólogo/a.
19III. CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN SAN MIGUEL, LA DORADA.
En esta sección se hace una caracterización de la situación del bajo Putumayo en el
marco de la política antidroga del “Plan Colombia”. En primer lugar, se presenta una
contextualización de la región del bajo Putumayo, centrada en el municipio de San Miguel;
en segundo lugar, se describe el funcionamiento del negocio de la coca junto a una
reseña histórica; en tercer lugar, las implicaciones concretas del “Plan Colombia” en la
subregión, y finalmente, la percepción de los pobladores y pobladoras del municipio de
San Miguel sobre el impacto de la política antidrogas.
1. REGIÓN DEL BAJO PUTUMAYO
a. Contexto de frontera
El problema se concentra en la zona fronteriza binacional del Putumayo en Colombia con
Ecuador. Esta zona se ha configurado geopolíticamente como una región de frontera
afectada por el abandono del Estado, la pobreza, el manejo patrimonial de las estructuras
de poder, la extracción de recursos naturales, la violencia y como sitio de colonización de
población desarraigada del interior del país.
Desde la década de los ochenta, su economía gira en torno al cultivo de la hoja de coca
porque los pobladores y pobladoras encontraron en esta actividad una alternativa
económica viable frente al desempleo y falta de mercados donde comercializar sus
productos del campo. La economía del Putumayo se ha orientado históricamente hacia la
extracción de recursos naturales como petróleo, caucho, madera, quina y cultivos de uso
ilícito; esta economía extractiva ha producido la afluencia de población motivada por los
ingresos que se derivan de estas actividades, lo cual durante mucho tiempo ha sido un
obstáculo para la formación de una economía estable y sostenible. Desde entonces hay
presencia de grupos guerrilleros, especialmente de las FARC, que han consolidado su
poder en esta zona del país, y de organismos paramilitares que se han disputado el
control del negocio de la coca.
La frontera Colombo-Ecuatoriana presenta un fuerte movimiento migratorio. Ha sido una
región expulsora de personas y comunidades, que huyen tanto de la disputa que
20sostienen los actores armados, incluyendo las Fuerzas Armadas por territorio, recursos y
población, como de las intensas fumigaciones aéreas que se han implementando en el
marco de la denominada “guerra contra las drogas” y que ha afectado el medio ambiente,
la salud y la seguridad alimentaria de las poblaciones que habitan en esa zona. La
población desplazada en busca de seguridad y ayuda, se dirige hacia centros urbanos de
mayor tamaño, los cuales han comenzado a afrontar significativas problemáticas sociales
y territoriales.
Esta región cuenta con diversidad étnica y cultural, una inmensa reserva de recursos
naturales, una localización estratégica y grandes posibilidades de proyección hacia
Latinoamérica y el mundo a través de los Andes, la Amazonía y el Pacífico.
Este territorio se encuentra en una zona estratégica por las siguientes razones (Cinep,
2004: 1-2):
 En el municipio de San Miguel, está el Puente Internacional que permite el flujo de
personas, comercio e información entre los dos países.
 El Putumayo es paso terrestre obligado de los ocho países del cono sur hacia
Colombia y Venezuela.
 En el mediano plazo, será paso principal del corredor intermodal Tumaco–Puerto
Asís–Belem do Pará, el cual busca unir el Océano Pacífico con el Atlántico,
atravesando el Continente, y en el largo plazo, de la Carretera Panamericana, que
pretende atravesar el país de sur a norte hasta llegar a Venezuela.
 San Miguel tiene el río que lleva su nombre, el cual es un potencial de transporte
fluvial entre los Departamentos del Amazonas y del Putumayo y de ambos con Perú y
Ecuador. El río San Miguel desemboca en el río Putumayo y éste a su vez, en el río
Amazonas, Es por esto que se ha venido planteando la construcción de un muelle
portuario en Puerto Colón, San Miguel.
 Finalmente, es zona de inversiones petroleras y del sector eléctrico dada su ubicación
y sus recursos.
21b. Municipio de La Dorada, San Miguel
El municipio de San Miguel está ubicado en el sur del Departamento del Putumayo1, a
seis kilómetros del Puente Internacional que separa a Colombia de Ecuador, con
incidencia directa de su casco urbano en el río San Miguel, que sirve de límite
internacional. Fue creado en abril de 1.994, segregado de La Hormiga (Valle del
Guamués). Tiene una extensión de 37.550 hectáreas. Cuenta con dos centros poblados,
la inspección La Dorada y el corregimiento de Puerto Colón que suman 58.9 hectáreas
frente a una extensa área rural de 37.432 h. Tiene 50 veredas, cinco cabildos indígenas2
de los pueblos Awá y Cofán y dos resguardos ubicados en zonas de reserva indígena.
San Miguel se encuentra a una altitud de 380 m.s.n.m, un clima húmedo tropical,
amazónico y de vegas, cuenta con una temperatura promedio de 28° centígrados.
(Alcaldía municipal de San Miguel, 2004).
Las estadísticas sobre el municipio son irregulares y provienen de distintas fuentes.
Según el censo realizado en el 2005 por el Dane, San Miguel tenía 22.203 habitantes, con
una proporción de hombres levemente mayor que mujeres. El 77.7% es población rural.
(Dane, 2007). Tiene un índice de necesidades básicas insatisfechas compuesto de 93.1%
en el 2003 según la Oficina de Planeación Municipal. Para el mismo año la Cámara de
comercio contabilizaba 58 asociaciones, 5 empresas, 4 cooperativas, 1 club y 1 grupo
juvenil. En el 2007 tenía 5 instituciones y 6 centros educativos, para un total de 61 sedes
según la alcaldía municipal.
San Miguel tiene alta biodiversidad amazónica, campos petrolíferos, aire puro, alta
precipitación lluviosa y está en una zona de integración fronteriza. Aparte del cultivo de
coca, existe una vocación productiva hacia el uso de los recursos de selva y el comercio
fronterizo informal.
1
El Departamento de Putumayo, al suroccidente de Colombia, limita al norte con el Departamento del Cauca
y el rió Caquetá, que lo separa del departamento de Caquetá; por el sur con la República de Ecuador y de
Perú; por el oriente con el Departamento de Amazonas; y por el occidente con el Departamento de Nariño.
Putumayo tiene 24,885 Km2, 310,132 habitantes, de los cuales el 20.9% es población indígena y el 5.8% son
negros (DANE, 2005). Tiene 13 municipios (todos ellos pertenecen a la Zona de Integración Fronteriza
Colombo-Ecuatoriana (a excepción de la zona oriental del municipio de Puerto Leguízamo, la cual limita con la
República del Perú).
2 Yarinal, San Marcelino, Campoalegre, Monterrey, y La Cristalina.
22En la base del conflicto de la región del Bajo Putumayo subyace un problema de pobreza
estructural, abandono del gobierno, concentración de tierras y del poder local en pocas
manos. Desde el 2002 opera en la región una serie de políticas antidrogas y
contrainsurgentes que se han unificado con el nombre del “Plan Colombia”. El plan se
materializa en este departamento a través de tres vías: a) en el fortalecimiento de las
Fuerzas Armadas y de Policía que tienen asiento en la región, b) en una intensificación de
la aspersión aérea de glifosato a los cultivos de uso ilícito, de la quema de laboratorios y
del control a las redes de narcotráfico y c) en propuestas de desarrollo alternativo. (The
Plan Colombia, 1999) 3
Respecto a las propuestas de desarrollo alternativo que se han materializado a través de
distintos proyectos y programas sociales, es necesario mencionar, que han tenido fallas
estructurales en términos de integración a los planes departamentales y municipales de
desarrollo, no han incluido las propuestas de organizaciones especializadas en el estudio
de las características ambientales de la región; no han sido sostenibles debido a que no
presentan estrategias productivas rentables que remuevan la economía y la articulen a la
economía nacional; son estrategias para mantener iguales los niveles de pobreza y
miseria de los pobladores y pobladoras, no son propuestas que incluyen las
características ecosistémicas de la región y han sido diseñadas con muy poca o ninguna
participación real de los y las habitantes.
En este contexto, el problema de la política antidroga y la erradicación de cultivos de uso
ilícito es central en la comprensión actual del territorio, en la definición de posibles salidas
al problema del narcotráfico y en la construcción de un modelo de desarrollo regional.
3 Ver punto tres para más información.
232. CULTIVO DE COCA EN EL BAJO PUTUMAYO Y SAN MIGUEL, LA DORADA.
El surgimiento y mantenimiento de cultivos de coca en el municipio de San Miguel está
relacionado con varios factores que no son ajenos entre sí, sino que hacen parte de un
proceso histórico propio de toda la región conocida como bajo Putumayo. La región del
bajo Putumayo está conformada por los municipios de Orito, San Miguel, Valle del
Guamués (La Hormiga) y Leguízamo. Este proceso ha respondido a diferentes coyunturas
económicas, políticas y socioculturales durante todo el siglo XX que se continúan en la
actualidad.
Un factor clave es el proceso de colonización del bajo Putumayo. La Amazonía
colombiana ha sido colonizada desde finales del siglo diecinueve y a lo largo del veinte,
principalmente por parte de población proveniente de la región andina, como respuesta a
los problemas sociales, económicos y políticos sucedidos en el interior. Esta región ha
sido construida históricamente como un espacio de recepción de población desplazada
del interior del país, proceso que ha sido guiado con el ánimo de incorporar zonas de
frontera dentro de la esfera económica del estado central, para resolver los problemas
estructurales de tenencia de la tierra y de violencia que suceden en el centro del país.
(Ramírez, 2001: 31).
a. Historia4
El Putumayo es uno de los departamentos que hace parte de la Amazonía occidental, que
junto con Caquetá, Guaviare y el suroccidente del Meta ha recibido la mayoría de esta
población. Como resultado, en la actualidad el Putumayo tienen una gran población de
colonos, siendo culturalmente dominante. En el Putumayo se pueden distinguir cinco
periodos de colonización, que obedecen principalmente a fiebres y ciclos extractivos y a
las acciones del estado para integrar está región al país a través de agentes
institucionales o de la iglesia.
4
Esta reseña ha sido extraída principalmente del libro Entre el estado y la guerrilla: identidad y
ciudadanía en el movimiento de los campesinos cocaleros del Putumayo, escrito por María
Clemencia Ramírez (2001), y alimentada de otras fuentes documentales.
24El primer periodo fue entre 1900 y 1946. Se caracterizó por dos olas extractivas que
trajeron colonizadores al Amazonas: la primera, la extracción de quina (1890), y la
segunda, para extraer caucho (1903-1930). Esta última inició la ampliación de la frontera
agropecuaria.
Desde mediados del siglo XVIII hasta las primeras dos décadas del veinte, los misioneros
fueron quienes iniciaron el proceso de colonización en la región amazónica. No obstante,
no pudieron asentarse permanentemente en la región debido a la resistencia indígena
hasta 1887, año en el cual se firmó el Concordato que estableció un acuerdo entre el
gobierno colombiano y el Vaticano para permitir el establecimiento de misiones en los
territorios de frontera de la región amazónica. Las implicaciones fueron la creación de la
prefectura apostólica del Caquetá y Putumayo. Una misión capuchina se asentó en el
Valle de Sibundoy en el alto Putumayo y desde allí inició la evangelización de los grupos
indígenas y la vigilancia del territorio.
A raíz del conflicto bélico colombo-peruano de 1930 se reforzaron y aceleraron la
construcción de carreteras estratégicas para el transporte del equipo de guerra y para la
defensa del territorio. La apertura de estas vías generó frentes de colonización localizados
en los alrededores de Mocoa y en la zona de Villa Garzón-Puerto Umbría, ruta por donde
se trazó la carretera.
A comienzos del siglo XX se generaron pequeñas migraciones de nariñenses al bajo
Putumayo, fundando algunos municipios de los que se destacan San Antonio del
Guamués y Orito.
El segundo periodo, entre 1946 y 1962 se caracteriza fundamentalmente por la
colonización producto de la violencia política, resultado de la confrontación entre el partido
liberal y conservador, especialmente en las zonas de los departamentos de Tolima, Huila,
Valle del Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Viejo Caldas, los Santanderes y los
Llanos Orientales provocando una migración masiva fuera de estas regiones,
repercutiendo también en las tierras bajas de la Amazonía.
En este periodo también se presenta, la explotación maderera a comienzos de 1950, la
cual tuvo un auge significativo a finales de la década de 1960. En esta década también se
25presenta la bonanza del comercio de pieles, que impulsó a indígenas y colonos a la
cacería indiscriminada de animales.
En el tercer periodo, comprendido entre 1963 y 1976 tuvo lugar la llamada fiebre
petrolera. A partir de 1963, la Texas Petroleum Company descubrió zonas petroleras en
Orito, La Hormiga, Acaé y San Miguel en el Valle del Guamués. La Texas abrió trochas,
en un periodo de tres años perforó 15 pozos y construyó un oleoducto de 310 kilómetros
hasta Tumaco. Aunque las actividades extractivas de la compañía fueron una fuente de
empleo, en realidad no se contrataron a muchas personas, y la inmigración se debió mas
a factores de atracción indirecta que contribuyeron a fortalecer los asentamientos de
Puerto Asís y Valle del Guamúes. Alrededor de los campamentos de la compañía se
instalaron cantinas, prostíbulos, graneros y pequeñas viviendas para subcontratistas de
obras, que permanecían luego de que la empresa se fuera y quedara el pozo abierto.
Poco a poco estos asentamientos se convirtieron en los centros urbanos La Hormiga del
municipio Valle del Guamués y La Dorada del municipio de San Miguel. Puerto Asís,
llamada la capital del bajo Putumayo, se convirtió en el polo de atracción más importante
desplazando a Mocoa, la capital administrativa del departamento. En 1964 se destaca un
proyecto de colonización dirigida, Putumayo I, impulsado por el gobierno a través del
entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora.
En el cuarto periodo, comprendido entre 1977 y 1987, se inició el cultivo de la coca, que
se expandió rápidamente, presentándose el primer boom en 1981, el cual se mantuvo
hasta 1987. Como resultado de la represión en el Magdalena Medio, en 1987, llegó a la
región Gonzalo Rodríguez Gacha para continuar con el negocio de la coca. Estableció
una zona conocida como El Azul, localizada cerca de la frontera con Ecuador; allí se
construyeron laboratorios que producían una tonelada de cocaína por semana y dos
pistas de aterrizaje para recibir coca del Perú. Los traficantes colombianos se encargaban
de transformar la pasta de coca en cocaína. El epicentro de contratación de trabajadores
para El azul fue La Hormiga, La Dorada y todo el municipio de San Miguel. En
consecuencia, esta zona se convirtió en la zona de mayor producción de coca en el
Putumayo durante la década de 1980. Este lugar pronto llegó a ser el epicentro de
actividades paramilitares que generaron una situación de violencia sin antecedentes en la
región. En la década de 1980, también se presenta la primera represión gubernamental,
especialmente con la persecución contra los narcotraficantes desatada por el ministro de
26justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quién es asesinado el 30 de abril de 1984, hecho que
produjo la estabilización del precio de la coca.
Desde que comenzó la colonización de la región amazónica, las relaciones entre los
colonos y los latifundistas y comerciantes eran arbitrarias y ventajosas, situación que
continuaron los narcotraficantes. En el cultivo y procesamiento de base participaron
indígenas y campesinos residentes en la región, así como los miles de colonos que
llegaron en busca de dinero y supervivencia. Los narcotraficantes les suministraban
semillas para sembrar y los químicos para transformar las hojas en pasta de coca,
también les compraban el producto final, usualmente a cambio de comida y ropa. Mientras
tanto los colonos se endeudaban con los narcotraficantes por el costo de los insumos
para la producción. Los comerciantes obtenían muchas ganancias de la población
trabajadora: productos básicos como el azúcar, el café y la sal eran dados como avance;
a cambio, los comerciantes recibían a bajo precio los productos cultivados por los
colonos. Además, en sus tiendas los productos eran exageradamente caros.
Una vez en la plantación de coca, los trabajadores y trabajadoras eran obligados a
trabajar, puesto que como resultado de la ilegalidad de la coca y de la percepción de la
región amazónica como un área fuera del poder estatal, dónde los narcotraficantes podían
imponer sus leyes, si un trabajador quería renunciar y pedía su pago corría el riesgo de
ser asesinado.
En ocasiones los pagos se realizaban con droga, basuco, como una manera de enviciar al
trabajador y obligarlo a permanecer en el oficio, se tenía la percepción de que eran
personas marginales de las que podía abusarse.
En 1984 el frente 32 de las Farc llegó al Putumayo. Al comienzo la relación con los
narcotraficantes era de colaboración. Debido al poder militar que tenían las Farc, los
narcotraficantes se vieron obligados a pedir permiso para continuar con sus actividades,
las Farc establecieron condiciones como mantener el monopolio de las armas, el pago de
impuestos y la prohibición del pago en basuco a los raspachines. (Molano, 1988: 35). Por
esta última condición las Farc se ganaron el apoyo de los y las habitantes de la región.
Pero este convenio no duró mucho. En 1987 se declaró la guerra tras la muerte de
algunos hombres de las Farc a manos de narcotraficantes. Como retaliación en 1988 las
27Farc en alianza con el Ejército Popular de Liberación, que tenía presencia en el bajo
Putumayo antes de su desmovilización durante el gobierno de Gaviria, atacaron la base
paramilitar de El Azul.
Los narcotraficantes fortalecieron su seguridad con paramilitares armados provenientes
del Magdalena medio. Rodríguez Gacha conformó un grupo paramilitar conocido como
“Los masetos” quienes impusieron el terror en toda la región atacando a líderes
comunitarios del Putumayo, que eran considerados extensiones cívicas y políticas de las
Farc, líderes de distintos partidos políticos considerados de izquierda, así como todos los
señalados como colaboradores de la guerrilla. Posteriormente en investigaciones hechas
por la Comisión Andina de Juristas, se confirmó que “Los masetos” estaban vinculados
con la policía nacional y que en ese momento eran considerados como la ley (Ramírez,
2001: 77). En 1990 las Farc atacaron y se tomaron El Azul; impulsados por este hecho la
población civil expulsó temporalmente a “Los masetos” de la región del bajo Putumayo: en
enero de 1991del Valle del Guamués, en febrero de Orito y en marzo de Puerto Asís. Las
Farc apoyaron el deseo que tenían las comunidades de expulsar a los paramilitares de su
territorio; en contraprestación la población aceptó su autoridad, ya que los grupos
guerrilleros garantizaban tierra, préstamos, mercados y servicios sociales con los que el
estado nunca había cumplido; además de protección frente a los paramilitares y fuerzas
militares.
El quinto periodo se extiende desde 1988 hasta el presente. Entre 1988 y 1990 el precio
de la coca bajó, se intensificó la lucha contra el narcotráfico y en agosto de 1989 fue
asesinado el candidato presidencial Luis Carlos Galán, cuya campaña política enfatizaba
en la lucha contra el narcotráfico. Su muerte produjo una gran depresión económica en el
Putumayo.
En 1990 debido a las plagas desapareció la variedad de coca inicial y se inicio el cultivo
de otras especies más fructíferas, aumentando y estabilizando la producción de coca.
Otros factores ayudaron la estabilización de los precios: la ubicación de frontera del bajo
Putumayo facilitó el procesamiento de la coca en cocaína y su exportación fuera del país;
con la expulsión de grupos paramilitares, las Farc tomaron dominio del cultivo, el
procesamiento y la comercialización de la droga por medio del impuesto de gramaje,
además se convirtieron en una autoridad reconocida que impone normas y leyes y ejerce
28justicia, lo que resulta de la legitimación de esta actividad económica; en tercer lugar, el
cultivo de la coca se convirtió en una actividad económica rentable para la gente, fácil de
comercializar, y sobre todo muy bien adaptado a la selva tropical con el uso de
agroquímicos poderosos.
El cultivo de la coca era el más rentable de los cultivos, la coca se pagaba en efectivo y
de inmediato, los comerciantes la compraban en los lugares de producción, con lo cual los
campesinos no tenían que transportar el producto a mercados distantes. Ahora bien, si
era necesario transportarla, la pasta de coca es más fácil de transportar que otros
cultivos. Los cultivos de pancoger como la yuca, el maíz y los plátanos no son rentables
para los campesinos porque deben transportarse a mercados donde los comerciantes no
pagan el precio justo de los alimentos, comparado con el tiempo, esfuerzo, riesgo y costos
de los campesinos para cultivar estos alimentos.
Hasta 1994 llegó a la región un considerable número de personas provenientes de Huila,
Cauca, Valle del Cauca y Nariño, así como de la zona cafetera y del Ecuador. Desde
entonces, la migración de población atraída por las oportunidades de la economía de la
coca continúa, pero de manera menos intensa; también se incrementó la explotación
petrolera, lo cual contribuyó a que el número de migrantes al Putumayo aumentara.
La colonización del bajo Putumayo ha estado ligada a una economía extractivista, a
través del despojo sostenido de recursos naturales, transitando por distintos ciclos
extractivos que van desde la quina para finales del siglo diecinueve; caucho, oro, pieles,
maderas, enclave de petróleo y coca durante el siglo veinte, y proyectada en el siglo
veintiuno como un lugar estratégico para obtención de agua y recursos genéticos a nivel
mundial. (Guerrero Albán, 2005: 10).
b. ¿Cómo funciona el negocio?
La coca es una planta originaria de los Andes en América del Sur, conocida con el
nombre científico de Erithroxylum coca. Sus hojas poseen varias sustancias conocidas
como alcaloides, la cocaína es solo una de ellas. Tiene propiedades estimulantes,
anestésicas, terapéuticas y mitigadoras del apetito, la sed y el cansancio. Su consumo
tiene muchos usos medicinales y es un buen alimento. Cumple un rol simbólico
29importante en la vida cotidiana y religiosa de indígenas andinos y amazónicos. Su
consumo se remonta, cuando menos, al siglo II a.C, fue utilizada como planta ritual en el
imperio Inca y su consumo difundido por los conquistadores españoles para extender las
horas de trabajo de la mano de obra aborigen. (Proyecto “San Miguel mira hacia Colombia y el
mundo”, 2007: 102)
El uso de la hoja de coca ha sido tradicional entre algunos grupos indígenas de Colombia.
Para algunos grupos andinos la coca es un regalo que significa amistad y generosidad. El
acto de compartir la coca y consumirla conjuntamente es un hecho muy importante que
sella relaciones de confraternidad y confianza entre ellos. En la montaña los grupos
indígenas prefieren mascar la hoja tostada, e irle mezclando cal, algunos elaborándola de
conchas marinas, y otros con cal de piedra. En la Amazonia algunas culturas indígenas
prefieren tostar y pulverizar la hoja de coca, que luego mezclan con ceniza de plantas
amazónicas; el resultado es un polvo verde que se llama “mambe”. (Wikipedia, 2008)
Ahora bien, acerca de cómo el cultivo de la coca se convirtió en un negocio en el
Putumayo, se cuenta con la versión de que algunos comerciantes que navegaban desde
Leticia hasta Puerto Asís hacia 1968 se dieron cuenta del buen negocio que era el
comercio de la base de hoja de coca que llegaba a Leticia desde Perú y Bolivia, la cual
transportaban a Bogotá donde la refinaban. Parece que debido a esto, la variedad de
coca peruana apareció hacia 1970 en La Chorrera, departamento del Amazonas,
cultivada por los y las indígenas de esa región, a quienes los comerciantes comenzaron a
comprar y producir pasta base. Desde allí se comenzaron a extender los cultivos de coca
a otros departamentos, a Puerto Asís en Putumayo y el alto Guaviare. (Guerrero Albán,
2005: 78)
A mediados de los sesenta, luego de varios ensayos de cultivo en Puerto Asís, los cultivos
de coca se concentran en el valle del río Guamués y en las zonas fronterizas, donde
encontramos el municipio de San Miguel. El cultivo de la coca en el Putumayo comenzó
en 1987. La primera especie sembrada cerca de los ríos Caquetá, San Miguel, Guamués
y Putumayo fue la caucana. (Ramírez, 2001: 72). Durante los cinco años siguientes la
producción se incrementó; durante ese tiempo, los cultivos se encontraban en zonas de
selva profunda bien protegidas, en territorios de reserva forestal de la Amazonía que no
30podían pertenecer a los colonos, quienes como resultado no podían ser beneficiarios de
préstamos bancarios. (Ramírez Montenegro, 1998: 98).
En el bajo Putumayo se pueden distinguir dos tipos de plantaciones de cultivos de uso
ilícito (Guerrero, 2005: 78). Los cultivos de subsistencia, realizados directamente por
campesinos, indígenas y colonos en la frontera agrícola, que cultivan coca en sus
parcelas como parte de sus sistemas de producción y como medio de subsistencia,
buscando completar sus ingresos a través de esa actividad. Son cultivos en pequeña
escala, con extensiones menores a tres hectáreas y cuya producción es vendida a
intermediarios. Este tipo de cultivo es el preponderante en San Miguel.
Los cultivos comerciales son financiados directamente por el narcotráfico, están
organizados empresarialmente y articulados a las redes de comercialización y distribución
de narcóticos. En el Putumayo se encuentran principalmente en la subregión de
Leguízamo, a la que solo puede llegarse por lancha o avión, es fuertemente controlada
por la guerrilla de las Farc, pero también hay presencia paramilitar y de fuerzas armadas.
Los cultivos iniciales de coca se fueron extendiendo durante los años setenta y ochenta
hacia el Caquetá, Guaviare y Meta, y a cerca de 19 departamentos más. Actualmente, los
cultivos aunque se centran en Putumayo, han alcanzado casi todos los demás
departamentos y su auge tiene otras connotaciones diferentes a las que se presentaron
inicialmente en los primeros departamentos. (Guerrero, 2005: 78)
c. Procesamiento
Hasta 1990 los monocultivos de la variedad caucana de coca necesitaban de pocos
agroquímicos, pero debido a la infestación de los cultivos esta variedad desapareció,
dando lugar a la introducción de otras variedades más fructíferas y resistentes. Entre 1992
y 1993 fueron introducidas las variedades boliviana y peruana Tingo María. La peruana
produce seis cosechas anuales y es un cultivo permanente; por su parte, la boliviana
puede alcanzar ocho cosechas anuales, pero es más susceptible a las pestes. De la
variedad peruana, más común, se plantan de 20 a 30 matorrales por hectárea, se aplican
insecticidas, herbicidas y fungicidas, junto con fertilizantes dos veces a cada cosecha.
Durante los periodos de fuertes lluvias debe aplicarse tres veces esta inmensa cantidad
31de químicos. La fumigación, la fertilización y la cosecha deben realizarse a tiempo o la
coca puede perderse. El cultivo de la coca es muy esclavizante para los campesinos.
Para 1999 en San Miguel se cultivaban 9.203 hectáreas de coca según el Plante.
Dependiendo de su variedad, la coca se cosecha cada 45 ó 60 días. Las hojas son
recolectadas por Raspachines, así se les llama a hombres y mujeres, generalmente
jóvenes, ya que es un trabajo muy pesado, quienes se emplean temporalmente en los
cultivos de coca durante los periodos de cosecha. Un raspachín principiante puede
recoger de 25 a 50 libras, o de una a dos arrobas lo que no es suficiente para el diario
vivir. Un raspachín experimentado puede recoger hasta diez arrobas diarias. En 1998, su
pago representaba el 10% del precio de la arroba del día de recolección; para la época
una arroba de hojas de coca valía $12.000, al raspachín le correspondía $2.500, es decir,
que un buen trabajador podía ganar $25.000 diarios. (Ramírez, 2001: 84).
La hoja puede venderse sin procesamiento o puede ser transformada en pasta en
pequeños laboratorios construidos cerca de los cultivos. La hoja de coca se procesa de la
siguiente manera: primero se muele la hoja con guadaña mecánica, luego se mezcla con
un kilo de cemento gris y agua hasta que humedezca. Esta mezcla se echa a un tanque
con cinco galones de gasolina y se deja reposar de dos a tres horas. Las hojas de coca se
cuelan en una tela y la gasolina que queda se mezcla con agua y ácido sulfúrico, dos
cucharadas de ácido por cada litro de agua, hasta que la gasolina y el agua se separan.
Se sigue trabajando con el agua que queda, que se puede tratar de dos formas: se
revuelve con permanganato de potasio durante dos o tres minutos y luego se cuela en
otro pedazo de tela; o se le hecha hidróxido de sodio sin colarlos. Para cortar la mezcla se
agrega soda o amoniaco y se cocina hasta que el agua se evapora, quedando solo un
líquido aceitoso. Mientras se está cocinando se le quita el mugre que tenga. Luego se
seca al sol.
Una arroba de hoja de coca produce entre quince y veinte gramos de pasta de coca.
Cada hectárea recogida producía aproximadamente cinco kilos de pasta. En 1998, un kilo
de pasta de coca valía $1’200.000. Si a este valor se le resta el costo de los fertilizantes,
herbicidas, insecticidas, fungicidas, mano de obra y químicos para el procesamiento, la
ganancia que obtenía el campesino, por hectárea recogida era de $317.115. (Sabogal,
1998). En promedio los cultivos eran de tres hectáreas, esto significa que una familia en
321998 recibía cada dos meses $950 mil, esto es $475 mil mensuales, casi el doble del
salario mínimo mensual en Colombia para la fecha. A finales del 2007 un kilo de pasta de
coca valía $800.000, dejaba una ganancia de 200 a 250 mil pesos; en este sentido, las
familias estarían recibiendo entre menos de la mitad y la mitad de un salario mínimo por
hectárea. La cantidad de hectáreas cultivadas en el Putumayo se han disminuido
significativamente a partir de las fumigaciones y la erradicación manual lo que repercute
en la baja de los ingresos de las familias, de 47.120 en el 2000 pasó a 12.254 en el 2006.
(Naciones Unidas, 2007: 13).
Un segundo eslabón del negocio de la coca es la comercialización. El traqueto es el
representante del narcotraficante en las localidades donde se cultiva y produce la coca.
Generalmente son personas de la región, su actividad de intermediarios no es condenada
por la comunidad. Muchos traquetos velan por sus comunidades, apoyan campañas
políticas y aseguran que los elegidos lleven a buen término lo que prometieron. Llegan a
la región con una gran cantidad de efectivo de los narcotraficantes y compran la pasta de
coca de productores campesinos en las localidades que las Farc han situado como
centros comerciales. El comprador paga un impuesto a las Farc. En 1998, por cada kilo
de pasta de coca se cobraba un impuesto de $20 mil al comprador y de $50 mil al
vendedor. (Ramírez, 2001: 86).
Ahora bien, luego de obtener la pasta de coca se inicia un refinamiento del producto para
obtener la cocaína y luego un proceso de comercialización a nivel supranacional. Los
laboratorios están ubicados en el Putumayo como en otras regiones del país. En el
Putumayo son dirigidos por habitantes locales, pagados por narcotraficantes. Para
establecer las cocinas también se deben pagar impuestos a las Farc. Las Farc no cuidan
el establecimiento, solo controlan el mercado.
Los laboratorios son construcciones mucho más complejas que las necesarias para la
producción de pasta de coca. Un laboratorio tiene cinco partes: un bailadero, un
recicladero, una sala de hornos microondas, una cocina para comer y cambuches para
dormir. En cada lugar se hacen procesos diferentes y dependiendo de la cantidad de
cocaína que se vaya a procesar se necesita más o menos personas. Para procesar entre
20 y 50 kilos de cocaína en quince días de trabajo, se necesitan de veinte a treinta
personas. Normalmente en un laboratorio se procesan hasta ochocientos kilos de
33cocaína. Debido a que los laboratorios están selva adentro, sus empleados trabajan sin
parar y casi sin dormir durante quince a veinte días, volviendo a casa solo cuando se
termina el trabajo. Los laboratorios deben trasladarse continuamente para que la policía
antinarcóticos no los descubra. Es un trabajo muy peligroso donde se arriesga la vida,
pero bien pago comparado con la oferta de trabajo que se puede encontrar en la región.
En 1998 un trabajador raso de laboratorio podía ganar en quince días, por lo menos
quinientos mil pesos, mientras que un administrador como mínimo un millón y medio hacia
arriba.
En el negocio de la coca, los productores rurales suramericanos obtienen menos del 1%
del valor final de la producción, ingresos que sin embargo sobrepasan cualquier
alternativa lícita de producción. La mayor parte del dinero queda en la red de
comerciantes de droga de los principales países consumidores. (Franco, 2004).
343. POLÍTICA DE ERRADICACIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO EN SAN MIGUEL,
LA DORADA Y PUTUMAYO: “PLAN COLOMBIA”.
Para hablar del “Plan Colombia”, en primer lugar, es necesario tener en cuenta que es un
plan que se ha transformado en el transcurso de los hechos y de las discusiones en torno
a su formulación y desarrollo. Así, la primera formulación producida bajo el rótulo de “Plan
Colombia” aparece en Puerto Wilches, en diciembre de 1998, muy ligada al Plan de
Desarrollo 1998-2002 del gobierno de Andrés Pastrana, centrada en la idea de crear
condiciones económicas, sociales y ambientales para una política de paz concebida de
manera integral. El “Plan Colombia” buscaba responder a las causas de los esfuerzos
fracasados en la búsqueda negociada del conflicto armado colombiano, que se centraban
en la real falta de concertación entre estado, actores armados y sociedad.
El primer “Plan Colombia” planteaba que las raíces de la violencia eran la exclusión
política y económica, la contradicción de formas democráticas de gobierno con la pobreza
y la desigualdad. El diagnóstico interrelacionaba los llamados factores objetivos de la
violencia con los factores subjetivos, y señalaba el impacto del narcotráfico en el
problema. En este sentido, las soluciones propuestas se centraban en un proceso de
inversiones que acompañara el proceso de paz, financiadas por el Fondo de Inversiones
para la Paz (FIP), para mejorar la situación económica, social y ambiental de las zonas en
conflicto. No obstante, este primer “Plan Colombia” se iría modificando según las
circunstancias internacionales y los diferentes enfoques de Estados Unidos y Europa.
(Presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 1999)
En octubre de 1999, se presenta una segunda versión al gobierno estadounidense,
centrada mucho más en la lucha contra el narcotráfico como condición para la paz, el
desarrollo y el fortalecimiento del estado. Plantea cinco estrategias que se suponen
complementarias: la recuperación de la economía, la lucha contra el narcotráfico, la
reforma de la justicia y la protección de los Derechos Humanos, la democratización, el
desarrollo social y el proceso de paz. (Presidencia de la República, 1999).
35En un tercer momento, el gobierno presenta una tercera versión, entre mayo y julio del
2000, dirigida a los posibles donantes de Europa, Canadá y Japón, con un mayor énfasis
en el desarrollo alternativo, la participación comunitaria y la defensa de los Derechos
Humanos. Sus estrategias son similares a la segunda versión del plan, pero con diferente
orden y prioridad: la recuperación económica y política, la negociación del conflicto, la
lucha antinarcóticos, el fortalecimiento institucional y desarrollo local, el desarrollo
alternativo, defensa de los derechos humanos y atención humanitaria, donde se enfatiza
la importancia de los mecanismos de participación comunitaria en el desarrollo.
Las versiones dos y tres parten de considerar que el narcotráfico es el factor central en la
generación de las violencias, ya que proporcionan ingentes recursos para los grupos
armados fuera de la ley (González, 2000: 11). Este giro del “Plan Colombia” va a tener
consecuencias graves en el Putumayo, que se convierte en epicentro del “Plan Colombia”
por contener el 54% del área cultivada en coca de Colombia (60.000 hectáreas), 30.000
pequeños productores de una a cinco hectáreas y una población flotante de 50.000
personas relacionadas con el cultivo y comercialización de la coca en el 2000. (ANUC
Putumayo, 2001)
En esta sección veremos cómo interviene el “Plan Colombia” en el bajo Putumayo, qué
significa que la lucha contra las drogas sea al mismo tiempo una lucha contrainsurgente
en la subregión, y finalmente, qué tipo de modelo económico y social está asociado.
a. ¿Cómo opera el “Plan Colombia” en San Miguel y Putumayo?
En la segunda versión del “Plan Colombia”, presentada al gobierno estadounidense, el
primero de los objetivos estratégicos es el fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico
y desmantelamiento de las organizaciones de traficantes a través de la vía armada; para
lograrlo define tres puntos que tienen incidencia directa en la región del bajo Putumayo:
“(1) combatir el cultivo ilícito mediante la acción continua y sistemática del Ejército y de la
Policía, especialmente en la región del Putumayo y en el sur del país y fortalecer la
capacidad de la Policía en la erradicación de dichos cultivos. El gobierno no tolerará
ningún vínculo entre los miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional con
36ningún grupo armado o fuerza al margen de la ley; (2) establecer control militar sobre el
sur del país con propósitos de erradicación. Destruir las instalaciones de procesamiento, y
mejorar la intersección de drogas y de precursores en los medios terrestres, aéreos,
marítimos y fluviales; (3) restablecer el control gubernamental sobre las áreas clave de
producción de drogas.”
El “Plan Colombia” se focaliza en el departamento del Putumayo por dos razones. En
primer lugar, desde 1997 Colombia es el principal productor de coca ilícita del mundo por
delante de Perú y Bolivia (Gobierno de Colombia y ONUDD, 2003), el Putumayo fue el primer
productor de coca entre 1998 al 2001 (Dirección Nacional de Estupefacientes, 2001), año en
que se decretó el “Plan Colombia”; en segundo lugar, la presencia de grupos guerrilleros
desde 19845 y de paramilitares a partir de 1998 (Ramírez, 2001), y con ellos, la
competencia por el territorio y regulación del mercado de la coca.
5 Hasta 1999 había presencia de los frentes 32 y 48 en el bajo Putumayo. El frente 32 cubre el área del río
Caquetá, Puerto Guzmán, Santa Lucía, Puerto Limón, el alto río Putumayo, el río Vides, La Hormiga, La
Dorada, El Tigre (Valle del Guamúes); el 48 cubre el área del río Guamués, el río Teteyé, La Hormiga, La
Dorada, San Miguel, Orito, Churyaco y El Placer. (Ramírez, 2001: 75). El frente 13 tenía presencia en el
medio Putumayo, concretamente Mocoa y Villagarzón, también en Caquetá. Los frentes del Putumayo y los
que están situados en los departamentos de Huila, Caquetá, Guaviare, Meta y Nariño constituyen el bloque
sur, uno de los brazos armados más fuertes de las Farc, como resultado de las ganancias que recibe de los
impuestos a la coca.
37La estrategia de lucha contra los cultivos de uso ilícito se implementa a través del
Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), este programa plantea dos formas de
erradicación de cultivos de uso ilícito: por aspersión y manual.
La erradicación por aspersión consiste en glifosato mezclado con otros herbicidas que se
esparce a través de avionetas en las zonas donde se han identificados cultivos de coca,
ahora bien, la fórmula de la mezcla que se emplea actualmente no es de conocimiento
público y sus efectos no son reconocidos ni estudiados desde la institucionalidad oficial.
Las fumigaciones se llevan a cabo de forma indiscriminada a pesar de que los gobiernos
de Colombia y Estados Unidos argumentaron precisión satelital para aplicar y rociar el
líquido sobre cultivos de uso ilícito identificados por coordenadas geográficas. Las
fumigaciones generan una situación de inseguridad alimentaria en la frontera colombo-
ecuatoriana.
38Fuente: Personería municipal La Hormiga, Valle del Guamués, Putumayo
De acuerdo con un estudio desarrollado por el Departamento Administrativo de Salud del
Putumayo en los municipios del Valle del Guamuéz, Orito y San Miguel, de este
departamento, las poblaciones que habitan la zona, han manifestado un incremento
preocupante de “reacciones alérgicas de piel como: dermatitis, impétigo, abscesos, dolor
abdominal, diarreas, infección respiratoria aguda, presentados a partir de la realización de
fumigaciones en la zona (…) de las 100 veredas que existen en el Valle del Guamuéz,
municipio con el mayor número de habitantes en el departamento, después de Puerto
Asís y Orito, con 35.288 habitantes; residentes de 67 de ellas, se consideraron afectados
por la fumigación en su estado de salud, cultivos y medio ambiente” (Revelo, 2001).
39Fuente: Personería municipal La Dorada, San Miguel, Putumayo.
Para la erradicación manual, el PCI contempla dos componentes: erradicación voluntaria
y erradicación forzosa. La erradicación voluntaria tiene a su vez dos programas en
marcha en el Putumayo: familias guardabosques y proyectos productivos.
La erradicación manual forzosa se realiza a través de grupos móviles de erradicación
(GME), que son cuadrillas campesinos de otras regiones, se incluyen paramilitares
desmovilizados, quienes realizan la erradicación manual y mecánica forzosa, con el apoyo
del ejército y la policía nacional, organizados en anillos de seguridad. Los grupos móviles
de erradicación se aplican en “zonas en las cuales el desarrollo alternativo no es viable,
debido a factores como las condiciones de acceso, el orden público o la voluntad de la
comunidad”. Esta estrategia es actualmente implementada en al bajo Putumayo, como
complemento a la aspersión aérea. A las familias campesinas en la región no se les da
opción distinta a la erradicación de su cultivo sin ninguna compensación. Normalmente los
GME causan desplazamiento forzado de población, puede significar el señalamiento de
pertenecer a un grupo armado ilegal o de ser colaborador de estos grupos y ocurrir
violaciones de derechos humanos, asesinatos y desapariciones. Aunque las familias
desplazadas por este motivo pueden recibir ayudas humanitarias para sobrellevar los
primeros meses de su desplazamiento, no son registrados oficialmente como
40desplazados, ya que se asume que las fuerzas armadas no generan desplazamiento de
población6. En Colombia dos de cada cinco desplazados cuyas declaraciones son
rechazadas y no ingresan al sistema de registro único del gobierno, mencionan
fumigaciones como causal de desplazamiento. (CODHES, 2004: 12).
Ahora bien, la erradicación manual voluntaria se realiza a través de la implementación de
los proyectos productivos y de familias guardabosques, principalmente en Mocoa (medio
Putumayo), y en los municipios del Valle del Sibundoy, Colón, Santiago, Sibundoy y San
Francisco. En estas subregiones, la presencia de cultivos de uso ilícito es baja, de
pequeña escala y atomizada. Como la coca no constituye el principal ingreso de sus
habitantes, el programa ha sido bien recibido por los campesinos, ya que encuentran una
posibilidad de ingreso, frente a la escasas opciones de empleo y de desarrollo económico.
Los proyectos productivos oficiales, se plantean como la solución para crear una base
económica regional y local a través de la cofinaciación de proyectos agroforestales y
agrícolas de mediano y largo plazo. Estos últimos, se definen por “su carácter
permanente, alto nivel de competitividad y valor agregado, así como por el nivel de
ingreso y empleo que están en capacidad de generar”, en está lógica, el programa
identifica productos como cacao, caucho, palma de aceite, forestales productivos
(maderables y no maderables), café y otros arreglos agroforestales. El estado plantea la
creación de “condiciones” para su articulación con todas las fases de la cadena, desde la
producción, hasta la comercialización y la agroindustria, para insertarlos en los mercados
internos e internacionales. (Departamento Nacional de Planeación, 2003: 8). Este programa es
complementario a Familias guardabosques.
El programa Familias Guardabosques implementado en el Putumayo desde el 2003,
consiste en el pago de dinero bimensual a las familias que se comprometen a no sembrar,
ni resembrar cultivos de uso ilícito, y que ayuden en la conservación de ecosistemas
naturales estratégicos. Se dirigen a familias que han erradicado los cultivos de uso ilícito,
6 Tampoco se acepta que las estrategias enmarcadas en la guerra contra las drogas como erradicación y
fumigación genera desplazamiento. No obstante, el auto 018 emitido por la sala tercera corte constitucional
para “Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la
sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento interno”, afirma en el punto 10 que existe una
obligación por parte del Estado de prevenir el desplazamiento, aún en medio de confrontaciones armadas o
de fumigaciones:”Ausencia de un enfoque de prevención dentro de la política pública de atención a la
población desplazada, y en particular dentro de las operaciones adelantadas por la Fuerza Pública que
pueden generar desplazamiento poblacional.”
41como a las que no los han tenido nunca. En el 2007 el incentivo era de $600.000
bimensuales, distribuidos así: $400.000 en efectivo con libertad de gasto por parte de las
familias beneficiarias y $200.000 que se les retiene para un fondo de inversión
relacionado. El propósito de este fondo es que las familias vayan acumulando recursos
para establecer un proyecto productivo futuro que les genere ingresos y empleo estables.
Aquí aparece la complementariedad con el otro componente del programa que es el de
proyectos productivos, que busca apoyar directamente el proyecto productivo mediante
capacitación y asistencia técnica, no ofrece dinero. Estos recursos se suministran por año
y medio o más dependiendo de la zona. Esta cifra es la misma para todas las familias, sin
tener en cuenta el número personas.
El programa incluye acompañamiento de las familias, a través de la programación de
talleres y actividades pedagógicas, sociales y de aprendizaje de artes y oficios. Las
familias beneficiarias se comprometen a mantener las condiciones por las que fueron
seleccionadas (no propietarios, madres cabezas de familia, no tener ingresos alternativos
ni estables sino los de la producción agropecuaria, donde haya presencia de cultivos de
uso ilícito y donde sea potencial su desarrollo, no estar matriculados como beneficiarios
de otras empresas, bien sea cooperativas o particulares), y tienen la obligación de asistir
a reuniones y convocatorias realizadas por el programa.
Por las condiciones del programa familias guardabosques no es un programa viable en el
bajo Putumayo, ya que el pago no es competitivo con lo que las familias obtienen con el
cultivo de la coca. Además, las líneas productivas propuestas por el programa no
consultan las condiciones del medio amazónico, ni plantean el cultivo de diversas
especies, sino el monocultivo.
Antes de realizar mi pasantía en el bajo Putumayo, tuve la oportunidad de realizar unos
talleres de promoción de lectura para familias guardabosques en Mocoa y los cuatro
municipios del alto Putumayo a mediados del 2007. Entonces, me entrevisté con algunos
de los beneficiarios del programa. Estas familias afirmaron que las principales fallas del
programa están relacionadas con el tiempo y los costos de movilización y alimentación
exigidos para atender las reuniones y capacitaciones del programa. Ellos no justifican el
beneficio económico que reciben frente al tiempo y el esfuerzo que requiere el programa.
42Las familias beneficiarias del programa en el alto y medio Putumayo, han sido marginadas
históricamente de la acción del Estado. Cuando llega el programa ofreciendo un beneficio
directo en plata, los pobladores y pobladoras sienten desconfianza sobre el éxito de la
meta a la que apunta el programa, esto es, a concretar un proyecto productivo exitoso,
que ofrezca una alternativa real de ingresos y empleo. Mucha gente prefiere que se les
entregue todo el dinero, pero se conforman con los $400.000 que reciben. No han tenido
antes un ingreso mensual constante, sino esporádico, y el poder acceder a esa opción es
el mayor atractivo, inclusive sobre el aliciente del proyecto productivo. Indudablemente,
hay una visión de corto plazo, inmediatista, del día a día por parte de los campesinos, y
esto tiene que ver con que utilizan el dinero para atender sus necesidades básicas u otro
tipo de consumos. Alternativamente, el funcionario que promueve y ejecuta la política
tiene la visión de formar empresarios del campo. Pero, ¿cuáles empresarios?, cuando en
la lógica del productor campesino prima la subsistencia y el consumo presente, frente a la
acumulación para el futuro.
Este discurso de empresarización del campo no necesariamente coincide con la situación
de estos productores en términos de sus antecedentes productivos, de sus condiciones
sociales y culturales e históricas. Es muy difícil que con una duración de un año y medio
un programa logre modificar las bases en las que se sustenta la supervivencia de los
pequeños productores campesinos.
La economía campesina en el medio y alto Putumayo tiene la característica de pertenecer
a los grupos Kamentsá e Inga, y ello tiene que ver en la forma de ver la tierra y su
entorno. Convertir la tierra en un recurso para la explotación, contradice la cosmovisión
del indígena, para ellos la relación con la naturaleza tiene unas características no
directamente ligadas a la producción económica.
Adicionalmente, las instituciones locales están afectadas por la politiquería y las redes de
clientelas políticas. Los funcionarios ven al estado como una bolsa de recursos para su
beneficio y para acentuar elementos de poder y de prestigio. La hipótesis, es que el
funcionamiento del programa de familias guardabosques depende críticamente del
funcionario de turno, del grupo político que represente y del tipo de relaciones con los
líderes políticos de los grupos de familias involucrados en la vida política de la región y del
municipio.
43Durante el tiempo del programa se concentran muchas actividades y objetivos que se
superponen unos a otros, frente a los cuales no hay tiempo por parte de las familias
campesinas e indígenas para su asimilación y para la apropiación de esos saberes, con la
armonía y al ritmo de su vida. Se busca por parte del programa dejar una capacidad
instalada para que los productores por su cuenta desarrollen una serie de acciones y
apliquen los saberes. Esto no funciona en la práctica, por cuanto no hay una focalización
en algo concreto, no hay un seguimiento de ese aspecto en particular, ni una sincronía
con la cultura local. Sería preferible hacer o focalizar las acciones en pocas cosas y darle
un mayor acompañamiento y seguimiento acorde al contexto de la cultura, de las
aspiraciones y de las condiciones de vida de los pobladores y pobladoras.
b. Lucha contra las drogas, lucha contrainsurgente.
El “Plan Colombia” es el eje de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados
Unidos. En la perspectiva norteamericana, el plan ha tenido proyecciones
supranacionales como instrumento político y militar para la consolidación de las
estrategias de seguridad nacional y de control político y económico sobre América. El
ataque a las torres gemelas del 11 de septiembre de 2001, la cruzada mundial contra el
terrorismo que se desató a partir de estos sucesos, la crisis económica de los países
latinoamericanos, los estados recesivos de las economías de los países más
desarrollados y la expansión de organizaciones y movimientos mundiales de protesta
contra la globalización y los organismos multilaterales como el FMI, la OMC, el Banco
Mundial y el BID, exacerbaron en cierta medida la influencia y poder de Estados Unidos.
Estados Unidos ha desempeñado un papel central en determinar la ilegalidad del cultivo
de la coca (Uprimny, 1995). Además, los países donde se cultiva y produce la coca están
interrelacionados con los países donde la droga es distribuida y consumida. De esta
suerte, las políticas represivas que se adoptan en un país para erradicar los cultivos de
coca, generalmente afectan su producción y distribución en otro.
A los objetivos iniciales de lucha contra la producción ilegal de cultivos de coca y amapola
y su tráfico internacional se sumó la lucha contra el terrorismo; para ello las guerrillas
colombianas, luego del fracaso de los diálogos del Caguán; y posteriormente, los grupos
de autodefensa, fueron declarados terroristas por los gobiernos de Colombia y Estados
44Unidos, y así lo entendieron luego la mayoría de los países de la Unión Europea. La
mayor proporción de las inversiones entregadas por Estados Unidos se han utilizado para
la modernización y expansión del aparato de guerra estatal, transporte e inteligencia de
las fuerzas armadas y fortalecimiento de los programas antinarcóticos y de erradicación
forzosa de cultivos ilegales en Colombia. En este marco, el conflicto armado de Colombia
rebasó las fronteras nacionales y el “Plan Colombia” alcanzó dimensiones continentales.
(Franco, 2004). María Clemencia Ramírez (2001: 64), investigadora de los movimientos
cocaleros en el Putumayo, afirma que en la práctica opera una política contrainsurgente
legitimada por la asimilación que se hace de los grupos revolucionarios guerrilleros con el
narcotráfico, a pesar de que la lucha en contra del cultivo de coca y el tráfico de cocaína
continúe siendo la principal política antinarcóticos del gobierno.
“La guerrilla y los grupos de autodefensa al margen de la ley amenazan al Estado con
intentos de controlar el territorio soberano mediante la interrupción del orden público en
asaltos, secuestros, retenes viales y ataques terroristas. Los traficantes dependen de
cultivos de coca y amapola en áreas remotas fuera del control del gobierno, tanto el tráfico
como el procesamiento se realizan en el sur del país donde existe una presencia fuerte de
la guerrilla. Mientras esta fuente independiente de drogas y de ingresos permanece fuera
del control de las Fuerzas Armadas y la Policía, la guerrilla, los grupos de autodefensa al
margen de la ley y los narcotraficantes se fortalecerán y representarán una amenaza
mayor al Estado.” (Plan Colombia, 1999)
En este sentido, la presencia de grupos guerrilleros que regulan la producción y
comercialización de la coca ha llevado a la estigmatización y criminalización
indiscriminadas de cualquier aspecto de su cultivo y procesamiento. La política de
erradicación se ha centrado en los campesinos cultivadores de coca, asumiendo que al
terminar con la producción se termina con todo el negocio, pero esto no es cierto, lo que
ocurre es la disminución temporal de la oferta, debido a la destrucción de algunas redes
comerciales o al control de ciertas áreas de producción de la coca, como lo señala
Uprimmy (1995: 83); también genera el traslado de cultivos de uso ilícito hacia áreas
selváticas, con el costo añadido de deforestación y degradación ambiental y como efecto
social, el aumento territorial de la guerrilla y su nivel de legitimidad frente a la población
que se sustenta con el cultivo de la coca. (Vargas,1999).
45Es así como las fumigaciones iniciales en los departamentos de Guaviare y Caquetá,
desplazaron las plantaciones hacia el Putumayo, las fumigaciones en el Putumayo
generaron un traslado de cultivos hacia el departamento de Nariño. En este departamento
los cultivos crecieron en 101.9% después de iniciarse la aspersión aérea en el Putumayo
(de 3.959 hectáreas en 1999 a 15.131 hectáreas en el 2002) (Contraloría General de la
República).
Ahora bien, en la lógica de la guerra contra las drogas concebida como una guerra contra
los grupos considerados “narcoguerrilleros”, todo aquel “colaborador” con estos grupos es
considerado objetivo militar del gobierno. En este sentido, la política de “seguridad
democrática” del presidente Álvaro Uribe Vélez se inscribe en la política de lucha
antinarcóticos y contrainsurgente promovida por los Estados Unidos.
Es crucial determinar los criterios oficiales bajo los cuales una persona es colaboradora o
no de los grupos guerrilleros. Los campesinos cultivadores están sometidos al pago de un
porcentaje de su producción a la guerrilla, en este sentido, son calificados por el gobierno
como colaboradores, sin tener en cuenta que: primero, los campesinos cocaleros se
abocan al cultivo de uso ilícito debido a la pobreza y ausencia de otras alternativas
económicas viables; segundo, esto no los convierte en colaboradores de la guerrilla, sino
víctimas del dominio territorial de grupos armados; territorio que igualmente es dominado
por paramilitares, en medio de una guerra de posiciones por el territorio y las ganancias
de la producción campesina de coca. La consecuencia más grave de esta concepción, es
la estigmatización de los pequeños cultivadores, y la violación de derechos de las y los
campesinos, indígenas, afrodescendientes y colonos, quienes son tratados como
delincuentes, desaparecidos y asesinados. En la misma lógica actúa la guerrilla con las y
los campesinos, afrodescendientes, colonos e indígenas que son calificados como
colaboradores de las fuerzas militares y paramilitares.
El estado actual del bajo Putumayo es resultado de decisiones militares e institucionales
de un estado ajeno a las problemáticas sociales, económicas, políticas y ambientales de
la región; y centrado en la lucha contra el terrorismo, y de los diferentes actores en
conflicto que mantienen sus operaciones en una extraña “guerra de posiciones” que
intenta el control del departamento. La debilidad del estado en la región y en otras zonas
de frontera se constata con las intervenciones por parte de la fuerza pública, de los
46paramilitares y de las Farc en la desestabilización y control del Putumayo. En el marco del
“Plan Colombia”, el estado se ha orientado por la misma lógica de la confrontación y de
disputa con otros actores políticos y militares sobre el territorio, es decir, el territorio es
visto como un centro de operaciones para la demostración de fuerza y no un escenario
para la construcción de un proyecto de estado nacional. (Piña, 2007)
Aunque el “Plan Colombia” incluye acciones complementarias a la erradicación de cultivos
de uso ilícito, en la línea de políticas de desarrollo alternativo, como son los llamados
proyectos productivos y el de familias guardabosques, estos proyectos no han logrado
alcanzar el desarrollo local y regional, por el contrario, han sido la oportunidad para
propiciar nuevas formas de abuso y desastres sociales, culturales, ambientales y
económicos en la región del bajo Putumayo.
La mayor parte de los $4.800 millones de dólares asignados se canalizó hacia la lucha
contrainsurgente y antinarcóticos, en especial al Plan Patriota y a la erradicación aérea de
coca entre 2000 y 2006. De ese total, 155.534 hectáreas correspondieron al
departamento del Putumayo. Ahora bien, los programas de desarrollo alternativos como
Familias guardabosques y Proyectos productivos, reciben un porcentaje mucho menor de
los recursos, tienen un diseño centralizado y están focalizados en regiones con menor
densidad de cultivos y fumigaciones. De la región suroccidental y amazónica, Putumayo
obtuvo la mayor inversión (23%), pero con resultados negativos según las organizaciones
campesinas e indígenas.
Luego de cinco años de implantación de la política antidrogas en el bajo Putumayo, hay
suficiente ilustración sobre el llamado fracaso de las estrategias de erradicación de los
cultivos de coca, vía aspersión o erradicación manual. La situación de los campesinos es
preocupante, han visto sus cosechas de pancoger, sus cosechas alternativas, reducidas a
desechos, tras el paso de avionetas y erradicadores desmovilizados; ellos también son
erradicados del territorio, sin alimentos y seguridad alguna han tenido que desplazarse de
forma masiva, y lo peor, es que ni siquiera son reconocidos como desplazados por el
conflicto, por ende, no pueden ser beneficiarios de los magros programas asistenciales
oficiales.
47Como respuesta a esta situación, algunos sectores de la población del bajo Putumayo se
han organizado y movilizado. Es de resaltar la Mesa de Organizaciones Sociales de San
Miguel, producto del trabajo de base realizado por las y los mismos líderes campesinos
es el Plan de Desarrollo Rural Integral. Esta mesa surge de la iniciativa de la Mesa
Departamental de Organizaciones de Putumayo, MEDOSP, en agosto 2006 y retoma el
trabajo que resulta de la presión social ejercida por las comunidades campesinas de los
departamentos del sur de Colombia en 1996.
c. Modelo asociado a la “Lucha contra las drogas”
La política antidrogas actual, con todos sus componentes, resulta ser una política exitosa
para la instauración y posterior consolidación de un modelo social y económico de
acumulación de capital y extracción de recursos, un modelo totalmente opuesto al
desarrollo humano, económico, social y ambiental para la población que habita en esta
región y para el país. Veamos por qué.
En primer lugar, es un modelo orientado a preparar el terreno para la apropiación de los
medios de producción, particularmente la tierra, que era de campesinos, por parte de
sectores económicos particulares, una vez ampliada la frontera agrícola. Segundo, el
fracaso de los programas oficiales de desarrollo alternativo, por su falta de coherencia con
las oportunidades y condicionantes locales y regionales, deja como resultado una
“capacidad instalada”, esto es, una mediana infraestructura agroindustrial, que será
aprovechada por parte de inversores extranjeros, para instalar economías de enclave y
usufructo, sin asumir compromisos con los y las habitantes del territorio, que habrán
mermado en cantidad víctimas del desplazamiento militar legal.
Tercero, el fracaso de tantas asociaciones y cooperativas inducidas y sin opción de éxito
en la lógica del mercado, deja como resultado una población rural fracturada en su base,
“domesticada”, altamente diezmada y dependiente económica y políticamente, que
termina siendo mano de obra barata para las agroindustrias extranjeras instaladas en la
región. Finalmente, es un modelo que refuerza eficazmente la maquinaria clientelista al
servicio de la política oficial actual, porque las demandas de los campesinos afectados por
las fumigaciones y delitos cometidos por militares y erradicadores, son canalizadas a
48través de esta maquinaria, cuyos políticos están a favor del lucro económico y político
personal, más que en garantizar la justa indemnización de las víctimas y su reparación.
El campesino cultivador sabe que hace parte de la cadena ilegal de producción de coca.
Los discursos sobre lo ilícito se incorporan en su cotidianidad, por el hecho de realizar una
acción ilegal, punible y con la idea de que el estado lo persigue y recrimina por su trabajo.
En su autopercepción de ilegalidad, se afirma una cosmovisión y formas de acción desde
lo marginal, esto es, que no es recogido en ningún proyecto de sociedad. Considero que
la principal consecuencia de esta visión es la dificultad para construir propuestas y
sostener procesos de desarrollo comunitario e independiente, además de ser un elemento
paralizador frente a las posibilidades de resistencia organizada directa. Además los
campesinos cultivadores de coca son manipulados convenientemente por los promotores
de un modelo de desarrollo no incluyente y sus marcos legales.
494. PERCEPCIÓN DE LOS POBLADORES Y POBLADORAS DE SAN MIGUEL SOBRE
LA POLÍTICA ANTIDROGAS EN EL BAJO PUTUMAYO.
¿Cómo hemos llegado a hacer de la Amazonía el principal productor de coca, y el
escenario principal de la guerra o de las guerras que hoy vive Colombia? El problema no
es la geografía amazónica: el problema fundamental es el tipo de sociedad que hemos
venido construyendo en esa región, a la cual secularmente hemos convertido en tierra de
los desterrados. (Gómez, 1999).
Efectivamente, de los cultivos de uso ilícito se ha hablado mucho en la actualidad y de los
campesinos poco se dice. El tema de la droga es el texto central de muchos debates
académicos y políticos. No obstante, para algunos analistas los problemas de la droga no
son más que un contexto que afecta de manera preocupante a los habitantes del área:
pueblos indígenas y campesinos que llegaron hace más de cuatro décadas a la región.
Por este motivo, esta parte está dedicada a escuchar las voces de la población, colonos y
colonas que llegaron desde 1956 al municipio de San Miguel en busca de trabajo y tierras
cultivables; la mayoría de ellos han sido cultivadores de coca que vivenciaron la época de
la bonanza cocalera, otros solo replican el relato construido a lo largo del tiempo acerca
de esos tiempos. Ahora, luego de la disminución de los cultivos de coca por la
erradicación manual forzada y la fumigación indiscriminada, plantean alternativas distintas
de subsistencia en medio de las nefastas consecuencias de la política antidrogas.
El material de análisis son 14 entrevistas en video realizadas por los Jóvenes Reporteros
de San Miguel, entre agosto y octubre del 2007 a representantes de distintos sectores de
la población para la elaboración de un documental sobre el cultivo de uso ilícito de la coca
en el municipio. (Anexo 1)
El relato se construye sobre una línea de tiempo que comienza antes de la existencia de
los cultivos de uso ilícito, continúa con el comienzo del negocio y la bonanza cocalera y
finaliza con la aplicación de la política antidrogas desde el 2001 hasta la actualidad.
También se identifican elementos como la identidad, la legitimidad de los cultivos de uso
ilícito y la percepción sobre la política antidrogas y el papel del Estado en los discursos de
50los entrevistados. Los nombres de los entrevistados han sido cambiados para proteger su
identidad.
a. “Se vivía de la caza, la pesca y la agricultura.”
Los discursos sobre la vida anterior a la siembra de coca giran en torno al elemento
nostálgico de un tiempo pasado mejor, sin violencia, donde la economía campesina era la
principal actividad productiva. En este discurso se omite las duras condiciones de vida de
la época que llevaron a los y las campesinas a decidirse a sembrar coca.
“Es que a causa de la coca y de los jóvenes (consumidores) que usted dice, la gente mato
estas tierras. […] Por lo menos, como dicen que esto sembraban arroz, había harto
ganado, sembraban maíz, yuca, plátano, chiro, criaban gallinas, marranos y todo se lo
compraban, había comercio, a causa de la coca se acabo todo.” (Entrevista Juan Carlos,
campesino cocalero, San Miguel, 2007).
Efectivamente se olvida que antes del inicio de los cultivos de la coca en el Putumayo, el
comercio giraba en torno a los negocios indirectos de la extracción petrolera en el
municipio de San Miguel, entre 1963 y 1976, como cantinas, prostíbulos, graneros,
construcción de viviendas para subcontratistas, población que terminó quedándose en el
territorio al final de las obras. La economía campesina estaba en el segundo renglón,
abasteciendo a nivel local, a la población migrante atraída por la fiebre petrolera. Es
entonces, cuando comienzan a abrirse las primeras trochas para la comercialización de
los productos del municipio, que indudablemente, no tenían un alcance mayor a los
incipientes municipios vecinos en proceso de formación en el bajo Putumayo.
Es importante tener en cuenta que antes de la fiebre petrolera, la colonización del bajo
Putumayo fue producto de la violencia política de mitad de siglo. La población desterrada
de sus lugares de origen bajaba al sur, a pesar de sabían que se dirigían a una región con
problemas de violencia, insalubres, sin vías y donde aplicaba la ley del más fuerte; es
decir, una región de frontera abandonada por el Estado, sin infraestructura ni seguridad
social y alimentaria para sus habitantes.
En este primer momento, el papel del estado en la garantía de derechos es nulo y esta
condición se mantiene y profundiza a lo largo de la historia relatada por los entrevistados.
51b. “Los que no entrábamos nos tildaban como sapos”
(Sofía,
campesina y líder comunitaria, 2007)
Comienza para entonces, la decisión si entrar o no en el negocio de la coca. Alrededor de
la incipiente actividad se murmura que es muy rentable y se confirma porque aquellos
pioneros tenían asegurada la venta del producto obteniendo altas utilidades, lo que no
pasaba con otros productos agrarios; rápidamente estas murmuraciones, se extendieron
por el bajo Putumayo, Nariño y otras regiones vecinas, desde donde provienen los
colonos y colonas atraídos por el negocio de la coca.
Rápidamente los habitantes comienzan a sembrar coca, reemplazando los cultivos de
pancoger casi en su totalidad. Fueron muy pocos los que dejaron algunas hectáreas de
sus fincas para la producción campesina tradicional; pero, no solo el incentivo del dinero
hizo que la población entrara al negocio de la coca, también hubo presión por parte de los
primeros pistoleros contratados por los narcotraficantes, y luego la guerrilla de las FARC.
Efectivamente, desde el comienzo de los cultivos de coca, la presencia de
narcotraficantes en la región fue una concomitante, produciendo un profundo desequilibrio
en la estructura social y económica regional, por la elevación de los precios de la tierra, la
concentración de la propiedad y los cambios en los usos del suelo. Los narcotraficantes
se encargaron de comprar las tierras de hacendados ricos y campesinos pobres,
especialmente en Leguízamo, bajo Putumayo donde establecieron las primeras grandes
extensiones de cultivos de uso ilícito. Dependiendo de quién se trataba estaban
sometidos a dos clases de situaciones.
Los hacendados que no quisieron vender sus tierras tuvieron que afrontar un alza
acelerada de los costos de producción ocasionada por los más altos jornales que
pagaban los narcotraficantes y por el monopolio que empezaron a ejercer en la
comercialización de insumos agropecuarios y el transporte. La elevación artificial y
repentina de los insumos no se compensaba con los precios que se obtenían por la venta
de la producción. Esto significó que los productores que no estaban en la actividad del
cultivo de uso ilícito tenían que pagar en este contexto, mano de obra cara, insumos
costosos, junto a la falta de asesoría técnica, por tanto, difícilmente podían de competir
con la rentabilidad del sector de la coca.
52Ahora bien, los campesinos pobres que tenían cultivos de subsistencia, no pudieron
negociar la tenencia de sus tierras con los narcotraficantes, de forma que se vieron
obligados a vender su tierra barata o simplemente fueron amenazados, teniendo que
dejar las tierras abandonadas. Campesinos, indígenas y jornaleros se convirtieron en
trabajadores en cultivos comerciales de coca financiados por el narcotráfico.
En San Miguel no se conformaron grandes extensiones de cultivo de coca, fue común el
minifundismo y que los campesinos decidieran voluntariamente pasarse al cultivo de la
coca por las utilidades del negocio.
c. “Los vecinos dejaron de ser vecinos”
El cambio hacia el cultivo de coca transformó las prácticas socioculturales de los
habitantes del municipio. Todos los habitantes de San Miguel, de una u otra manera
tenían vínculos con la economía cocalera que se convirtió en el principal renglón de la
economía. Los proyectos de vida se redujeron al cultivo de la coca, los valores vinculados
a la vida campesina como la austeridad, identidad con la tierra, autoconsumo, se
transforman hacia el consumo suntuoso, el despilfarro, la cultura del “dinero fácil”.
“Había mucho movimiento, la gente manejaba mucha plata, unos compraban otros
vendía, otros tomaban, bailaban, se consumía mucho el basuco que se le llamaba, o la
droga, y el campesino no se preocupaba en esa época por sembrar cultivos de pancoger,
plátano, yuca, maíz lo llevaban del pueblo y no se producía por aquí cerca, la producción
era exportada del Ecuador”. (Santiago, campesino y líder comunitario).
A nivel social, se puede identificar la desarticulación de los procesos comunitarios que se
dan en el proceso de poblamiento del territorio, pues el papel de las juntas de acción
comunal se pierde en medio de la posibilidad que tienen pobladores y pobladoras de
resolver individualmente problemas que antes eran considerados de carácter comunitario.
La extensión del cultivo de coca es un elemento que dota de autoridad a la familia
cultivadora, entre más grande el cultivo mayor importancia.
“… nuestros usos y costumbres se han ido desapareciendo, porque la gente se ha
mantenido más en los cultivos de la coca, si ha habido más trabajo se puede decir, ya la
53gente no asistía a los trabajos comunitarios como se hacía más antes, no asistían a las
reuniones, porque ya tenían trabajo, porque si está lloviendo pues hay trabajo para
resembrar o sembrar coca, y si está haciendo sol hay trabajo para fumigar, mas antes de
eso pues no hacíamos nada, porque pues vivíamos de la caza y la pesca, siembra,
cultivamos arroz, el plátano, la yuca… no más”. (Jorge, líder indígena, 2007)
Algunos de los entrevistados coinciden que durante la bonanza cocalera se
desperdiciaron muchos recursos que pudieron aportar al desarrollo de la región, la gente
se dedicó a vivir cómodamente y gastar, pero fue una visión inmediatista porque no
hicieron planes de inversión hacia el futuro, no pensaron en una forma de subsistencia
cuando los cultivos fueran eliminados. “Al comienzo la gente no creía que iban a fumigar”.
(Santiago, líder comunitario, 2007)
d. “Parecía un lugar de paso, muy de paso y muchísima
desconfianza, no hablaba casi la gente”.
(Milena Peña, investigadora Cinep)
La primera bonanza cocalera se produce en entre 1981 y 1987. Los habitantes de San
Miguel crecen a un nivel exponencial debido a la llegada de muchos colonos en busca de
trabajo y riqueza, el negocio de la coca es cada vez más aceptado y apropiado por la
población. La mayoría de población viene desde Nariño, con ellos se comparten prácticas
culturales comunes a la población que arribó en las anteriores oleadas de colonización,
aún así se generan conflictos de convivencia en un ambiente muy hostil y competitivo, el
denominador común es la desconfianza entre familias y grupos, así mismo, con los
grupos armados; no obstante, la población aislada de lo que sucede en el resto del país
está conforme con las ganancias de la coca.
Se reconoce la relación de la violencia con los cultivos de uso ilícito, se impone la cultura
del “más fuerte”. Aparecen en el escenario grupos armados que administran el negocio
de la coca a través de la violencia y la intimidación. Al comienzo, son diferentes grupos de
“pistoleros” que luchan por el control del negocio, luego son eliminados y reemplazados
por la guerrilla de las FARC, y posteriormente con la llegada de los masetos de Gacha, se
abre el paso para el control territorial de los paramilitares en toda la zona, hasta la
54actualidad. Los ingresos de la coca fortalecen los grupos armados, tanto en pie de fuerza
como en armamento.
Este momento está caracterizado por las masacres, desapariciones y demás abusos
cometidos por los grupos armados que compiten por el dominio del negocio.
“Uno aquí no puede ni comer ni beber tranquilo, porque uno está a veces tranquilo y ya
pasa una persona armada, ya pasa otra, mantiene [uno] como nervioso.”
“La gente no se une para nada, y si se une aquí usted ya sabe cuál es la ley… ábrase
porque… aquí la ley es se calla o lo calló, entonces mejor se calla uno, que lo manden a
callar no aguanta”. (Juan Carlos, campesino cocalero, 2007)
Se generaliza la “cultura del miedo” y la intimidación, los habitantes no se atreven a
denunciar, comienza entonces una larga cadena de impunidad. “Aquí mejor dicho si uno
habla demasiado tiene la cabeza mocha, y si se calla también de todas maneras” (Jesús,
campesino y embolador, 2007)
Se relataron varias formas de violencia. Una de ellas tiene que ver con el sicariato, en el
contexto de la cultura del “dinero fácil”, hombres jóvenes se unían a grupos armados por
dinero e influencia. Aquellos que cultivaban más coca tenían el riesgo de ser atracados o
asesinados. Las desapariciones también fueron muy comunes y se confirma con la gran
cantidad de fosas comunes encontradas por la Fiscalía desde el 2006, en diferentes
veredas de San Miguel, inclusive en los bordes del casco urbano.
“El conflicto armado nos ha afectado bastante, ha habido compañeros desaparecidos, en
el año 2001 desaparecieron cinco miembros de la comunidad y en el 2003 mataron otro
en La Dorada, otro compañero que salió a hacer pues las compritas pero ya no regresó, lo
mataron; y en ahora en el 2005 desaparecieron cinco compañeros, llevaron seis pero uno
no lo retornaron y si de ellos no sabemos nada, no sabemos si es que viven o ya no
existen; han causado desplazamiento, la comunidad se desplazó al Ecuador por un
tiempo, después retornamos nuevamente” (Jorge, líder indígena, 2007).
55e. “Usted de a dónde viene. De San Miguel. Ah ya no hay pa´que
se identifique más: coquero y matón, guerrillero”
(Juan Carlos,
campesino cocalero, 2007).
La identidad del campesino cocalero está relacionada con la valoración que se tiene de la
coca. Por una parte, se comprende como un producto agrícola que ha dado el sustento
para sobrevivir durante varios años, el único producto agrario que les ha dado ingresos de
forma continuada; por otra, es considerada, luego de su procesamiento como una droga
destructora que les ha traído violencia y señalamiento. En este sentido, su actividad
productiva, también es valorado como buena y mala, buena porque con las ganancias se
genera la reproducción familiar, los recursos no son utilizados para hacer mal a los
demás; pero también es mala, porque su actividad hace parte del primer eslabón de
producción que finaliza en el consumo, con el costo social que esto les acarrea y las
consecuencias nefastas para los drogadictos.
“Si es malo lo que uno ha cultivado y lo que uno está haciendo. Pero tampoco uno pues
tiene que desconfiar de Dios, que uno si lo hace es para el beneficio de uno, de malas el
que la consuma, porque uno no hace con la plata que uno consigue, uno no hace
maldades, no va matar gente, no va a hacer matar gente, de pronto emborracharse y
andar por ahí peleando, nada, lo que uno consigue es para el sustento de la familia,
perderá el que está de malas.” (Juan Carlos, campesino cocalero, 2007)
De acuerdo a este testimonio, en la mentalidad de los y las productoras, hay culpabilidad,
pero es menor a la culpabilidad del propio consumidor. Si no hubiera consumo, no habría
producción y se pudiera vivir de algo distinto a los cultivos de uso ilícito. El tema de la
drogadicción no es algo que compete directamente a los productores, pasa a ser
responsabilidad personal de cada consumidor.
Otro elemento relacionado con la identidad, tiene que ver con la estigmatización del
campesino productor de coca. La creencia generalizada de que el campesino es un
narcotraficante, que es vago y tremendamente culpable de su propia situación, porque
quien le manda ser tan perverso de sembrar una hoja tan mala como la coca.
56Esta construcción simbólica está relacionada con los imaginarios sobre el Putumayo y el
tipo de población que allí habita, que hace parte de un contexto mayor, y es la idea que
desde el centro se construye sobre la Amazonía como región fronteriza del sur.
El mito del vacío amazónico puede explicarse en la complementariedad de varios
significados relacionados con la Amazonía: la última frontera de la humanidad, la región
virgen, lo exótico, el dominio de la naturaleza sobre la razón, lugar de aventura y
descubrimiento, lugar de destierro de delincuentes y prostitutas (y pobres), aquella gente
indeseable para el correcto funcionamiento de la sociedad. En resumen, el mito del vacío
amazónico, junto con lo que se transmite en los medios hegemónicos de comunicación,
esto es, el conflicto a todo nivel relacionado con los cultivos de uso ilícitos, configura una
imagen del bajo Putumayo como un sitio periférico, salvaje, peligroso, foco de violencia e
ilegalidad.
Existen otros mitos como el de la riqueza, que sitúa a la Amazonía como sitio de
explotación y extracción de recursos; en contraposición, está el mito de la pobreza, que
afirma que la región debe apartarse de cualquier proyecto de desarrollo y debe
convertirse en un parque natural del mundo, salvar el “pulmón del mundo”, el indígena
como obstáculo para el desarrollo “occidental”. Estos mitos que se instalan en la
mentalidades reforzando la idea de lugar y no lugar, de centro y periferia, de civilización y
frontera, resultan siendo perjudiciales cuando se enfoca la mirada hacia el bajo Putumayo,
son muchos los discursos que hay sobre la subregión del bajo Putumayo y muchos los
intereses que hay detrás. Discursos fragmentados y construidos desde el centro que han
hecho cometer colosales errores en la región y plantear visiones sesgadas de desarrollo
sin comprender la particularidad de esta región, la complejidad de su proceso histórico y
social y el potencial humano de sus habitantes.
A pesar de la estigmatización del campesino cocalero, su identidad también se construye
fuertemente con relación a la tierra, a la naturaleza y la biodiversidad amazónica, hay una
fuerte pertenencia a la región. Paradójicamente, se le pregunta a un entrevistado cuanto
tiempo pensaba quedarse en San Miguel cuando llegó y contestan que dos o tres meses,
cuando llevan 20 años y más viviendo en la región y ya no piensan devolverse a sus
57lugares de origen. Trece de catorce entrevistados afirmaron que no quieren irse nunca de
San Miguel.
“…aquí tenemos que estar, porque cuando uno se siente con sentido de pertenencia, aquí
tenemos que pasar las verdes y las maduras, no nos fuimos cuando en realidad las balas
cruzaban […] y no nos fuimos, aquí hemos nosotros sufrido todas las problemáticas que
han venido, aquí la hemos pasado, y yo pienso solo que nos amenazarían ahí si tal vez
saldríamos”. (Sofía, campesina y líder comunitaria, 2007)
f. “(…) el saldo de la coca es la muerte, y el “Plan Colombia” no es
más que otra bonanza”
(campesino cocalero, 2003)
El bajo Putumayo se constituyó en uno de los puntos clave de aplicación de la política
antidrogas a través de la erradicación manual forzada y la fumigación indiscriminada. Los
objetivos son combatir los cultivos de uso ilícito mediante la acción continúa y sistemática
del ejército y la policía, establecer control militar sobre el sur del país y restablecer el
control gubernamental sobre esta zona. Los campesinos y campesinas afectados por la
política tienen distintas valoraciones.
La principal crítica que se hace sobre la estrategia de aspersión que comenzó en el 2000,
es que está destruyendo no solo los cultivos de coca, sino también otros cultivos
comerciales y de pancoger, sin ningún tipo de reconocimiento económico por los daños
que está causando. De esta forma el gobierno agudiza el problema de la seguridad
alimentaria de la región, causando que el cultivo de uso ilícito siga siendo la opción
económica principal.
“El gobierno nos condena y dice que nosotros estamos en el pecado más grande por
cultivar la coca que es ilícito” (Sofía, campesina y líder comunitaria, 2007).
La erradicación manual forzada en San Miguel, la realizan cuadrillas de campesinos de
otras regiones y paramilitares desmovilizados, con el apoyo del ejército y la policía
nacional, organizados en anillos de seguridad. Su paso está acompañado de
intimidaciones, abusos, señalamientos y violaciones a los derechos humanos y al derecho
58internacional humanitario, que no se reconocen porque la población no denuncia y porque
efectivamente no hay ningún respaldo para hacer ése tipo de denuncias
“… ahorita se está educando a la gente para que aprenda hacer el trámite en la alcaldía
cuando son fumigados o cuando son erradicados, pero generalmente no hay pruebas, los
erradicadores siempre van de paso, entonces ya después cuando uno pasa la denuncia,
le preguntan siempre qué brigada eran, qué erradicadores eran, cómo se llamaban, la
gente no sabe y si saben no hablan porque se mueren del susto, la gente está muy, muy
asustada, dicen que si hablan los van a matar, y yo pienso que tienen por qué estar
asustados después de todas las masacres y muertes que ha habido en este
departamento”. (Marta, Defensoría del Pueblo Putumayo, 2007)
Si los y las pobladoras denuncian las violaciones a sus derechos fundamentales, pueden
ser señalados de milicianos por el ejército. Ahora, si se van a denunciar los efectos de las
fumigaciones sobre cultivos lícitos, las autoridades les advierten que si les descubren
matas de coca en sus predios, se les quita la finca, según la Ley 30 de extinción de
dominio. Por eso se tiende a no denunciar.
La extinción de dominio se vive como una amenaza constante, cuya aplicación es
arbitraria, es “cuestión de suerte”. Los erradicadores amenazan con que la segunda vez
que vengan a arrancar les quitan la finca, no obstante, en ocasiones pasan hasta cuatro
veces por los mismos lugares sin que pase nada.
La explicación está relacionada con que campesinos y campesinas cocaleras y Estado no
están en igualdad de condiciones. Ellos no llegaron a la coca por capricho, pero si se les
culpa de su decisión y se les trata como delincuentes, que pueden silenciar.
Un segundo tema relacionado con la política antidroga son los programas de inversión
social que acompaña las estrategias de erradicación de cultivos de uso ilícito.
“No estamos de acuerdo y lo hemos pronunciado, es que no se justifica de que al
campesino con muchos años de venir trabajando con la coca, sin presentarle ninguna
alternativa, se pretenda acabar la coca de la noche a la mañana, y ni tampoco hemos
manifestado que no estamos de acuerdo que se haga la extinción de dominio o
59judicialización a nuestros campesinos sin antes haberle presentado alternativas serias y
contundente”. (Santiago, campesino y líder comunitario, 2007).
Estos programas se caracterizan porque no son sostenibles e integrales apropiados al
medio ambiente amazónico, son planeados desde el centro e impuestos en la región sin
ninguna concertación con la comunidad. Al no contemplar las condiciones del suelo, ni las
condiciones culturales de la gente, están agudizando el problema de la seguridad
alimentaria, porque desarticulan otras propuestas productivas de base y son medio de
chantaje para evitar denuncias.
“Lanzamos propuestas que el gobierno no aceptaba, porque ya había programas
diseñados desde Bogotá, en donde la comunidad tenía que acogerse a los diferentes
programas, guste o no le guste”. (Santiago, campesino y líder comunitario, 2007).
La gente comenzó a trabajar en estos programas sin mucha voluntad, los cuales fueron
un fracaso. Este es un testimonio acerca del programa Familias Guardabosques.
“…imagínese con miserables doscientos mil pesos, para mantenerse, vestirse y droga,
cada dos meses, que hace uno…entonces, eso es un engaño que hace el gobierno, el
Plan Colombia les resulta únicamente para fumigar y arrancar, eso es el único provecho
que ha hecho Plan Colombia pero para el bolsillo de ellos, no para el campesino, los
afectados”. (Juan Carlos, campesino cocalero, 2007.)
En medio de las críticas hechas por los entrevistados a las estrategias de erradicación y
programas de inversión social del “Plan Colombia”, se vislumbra un problema mayor: los
intereses de fondo de la política antidrogas en el contexto de la guerra contra las drogas
impulsada por Estados Unidos.
“… porque de alguna manera la coca tiene un pequeño, no sé si será protección por el
mismo estado, porque en muchas ocasiones miramos que los cultivos de coca, mas bien,
esos no son fumigados, pero si los cultivos lícitos, muchas veces van las avionetas y
descargan su veneno en la parte de producción lícita y los cultivos de coca los dejan
quietos.” (Fernando, excandidato a la alcaldía, agricultor y líder comunitario, 2007).
60“Son estrategias del gobierno […] no decir que nosotros seamos los culpables por lo que
haya sucedido, sino que detrás de eso hay intereses del gobierno […] el Putumayo tiene
muchas riquezas, como por ejemplo petróleo, nosotros hemos analizado que al gobierno
le interesan estos territorios […] las fumigaciones son con el fin de sacarnos de estos
territorios.” (Jorge, líder indígena, 2007).
“..pero no tanto por la coca, sino también porque les interesa el territorio […] a los gringos
[…] primero por el petróleo, segundo, el agua; tercero, el oxígeno, todo eso les interesa a
ellos, ellos quieren aburrirnos y sacarnos” (Sofía, campesina y líder comunitaria, 2007)
g. “SI NO ES DE NOSOTROS NO ES DE NADIE”7
“San Miguel es una de las zonas más conflictivas que hay en Colombia, La Dorada, las
masacres, Puerto Colón, les tenemos ahí el río, está la naval, está la policía, está el
ejército, el resguardo de San Marcelino, pasa el ejército, están los pozos de petróleo, está
el puente internacional con la SIJIN, antinarcóticos, ENAF, el ejército, claro es una zona
de conflicto total, total” (Marta, Defensoría del Pueblo Putumayo, 2007)
En la actualidad, se observa un posicionamiento de los paramilitares en todas las
dimensiones de la subregión, política (alianzas, financiamiento de campañas, expresiones
en últimas de la parapolítica a nivel local) y social (redes de relaciones). Desde su llegada
en el 2001, cuando se vivenciaron los más duros enfrentamientos con la guerrilla por el
dominio del territorio y del negocio de la coca, se presenta una transformación de su
presencia y de sus estrategias: las masacres son modificadas por asesinatos selectivos,
su influencia se extiende a las redes de comercio formal e informal, juegos de azar y los
negocios asociados a las zonas de tolerancia.
h. “Ya soy hija del Putumayo”
(Sofía, campesina y líder comunitaria)
7 La Dorada, bajo el control de los “paras”. En: El Tiempo, pag. 1-8, 8 de octubre de 2000.
61Actualmente la gente sigue migrando al bajo Putumayo en menos proporción que antes,
pero siguen llegando, ya no buscando la riqueza que inicialmente fue la que jalonó la
inversión en la selva, sino una forma de sobrevivir, porque en sus regiones del origen, por
varios motivos, no la encuentran. Ahora, los que trabajan en cultivos de uso ilícito
obtienen bajas utilidades, sus ingresos apenas les alcanzan para pagar los altos precios
de todo cuanto tienen que adquirir para la producción.
La solución de la problemática de seguridad alimentaria y humana de la población apunta
en distintas direcciones. Primero, sembrar productos amazónicos apropiados a las
condiciones medioambientales de la región y generar canales de comercialización con el
resto del país, y con otros países, principalmente Ecuador por la cercanía.
“Si hay comida puede haber progreso. Con diversidad alimentaria tendremos no solo
dinero sino también salud completa, pero esto exige organización comunitaria, asumir al
hombre en su totalidad de cuerpo y alma, entonces, como resultado se espera la paz, la
sana convivencia, la tolerancia y de un modo muy particular, la solidaridad” (palabras
textuales del Padre Alcides Jiménez, líder comunitario asesinado el 11 de septiembre de
1998).
Pasar de la erradicación de cultivos a la sustitución de cultivos, en propuestas unificadas y
concertadas, con conciencia de que el mejoramiento de las condiciones de vida son
procesos a largo plazo, que implica esfuerzos cotidianos de toda la comunidad. También
es necesario acabar con la espera porque el gobierno solucioné las problemáticas de la
región que se vienen agudizando con la política antidrogas, no es posible quedarse
esperando las ayudas del gobierno. Plantear, la sustitución de cultivos como una actividad
progresiva, y construir proyectos productivos viables que a medida que dan rentabilidad,
pues se vayan reemplazando los cultivos de coca.
Es muy importante reconocer en el bajo Putumayo, que a pesar de la proliferación de
organizaciones sin base social que le apuntaban a los recursos de la inversión social del
“Plan Colombia”, también había propuestas importantes y viables, algunas que se han
cristalizado con mucha dificultad pero constituyen una punta de lanza hacia un cambio
real de vida de la región.
62“Aquí en nuestro territorio no podemos decir, me estoy muriendo de hambre, porque si
uno siembra la tierra no se le va a quedar con nada, ella va a seguir dando su fruto”.
(Sofía, campesina y líder comunitaria, 2007)
CONCLUSIÓN
La política antidrogas es una política absolutamente errada, sobre un fundamento policivo
y bélico muy fuerte, que no consulta las dimensiones culturales ni sociales de la
comunidad, tiene una visión del territorio como si no estuviera poblada por personas con
iniciativa, ciudadanos y ciudadanas, está completamente por fuera de una visión de
desarrollo amazónico, genera desplazamiento y agudiza las problemáticas regionales.
En este marco la política antidrogas viola el derecho a la salud por las enfermedades que
están generando las aspersiones aéreas; al trabajo, cuando fumigan y erradican los
cultivos de pancoger, porque atenta contra la seguridad alimentaria; el derecho a la vida y
el derecho internacional humanitario. La población sigue estando en medio de la guerra.
Esta política se funda en la idea de la heterogeneidad del territorio amazónico, “nacido de
la visión de verdes y densos bosques iguales en los que, invariablemente, se tenía que
luchar contra el calor, la lluvia, los indígenas, los mosquitos y otras alimañas, el “inmenso
infierno verde”” (Carrera de la Torre, 1993). Bajo esta idea de homogeneidad, se puede
caer en el error de creer que lo que es bueno para un lugar lo es para el otro,
especialmente, cuando se habla de programas de desarrollo, que son extrapolaciones del
desarrollo que se quiere lograr en los Andes o en la Costa, sin identificación de las
particularidades de esta subregión con relaciones a las otras situadas en la Amazonía.
La plataforma de gobierno fundamentada en la seguridad democrática no contempla
nunca las concepciones de seguridad humana que se manejan desde organismos
internacionales, no está contribuyendo a sacar adelante las regiones más apartadas de
este país, y a consolidar los procesos de desarrollo que en algún momento se pudieron
haber gestado. Indudablemente se está desperdiciando un recurso muy importante para
el desarrollo de la región.
63La esperanza se funda en los movimientos sociales que existen en la región. Debe
hacerse una lectura crítica del “Plan Colombia” por parte de los habitantes de la región,
los colombianos y la comunidad internacional para frenar este flagelo y contribuir de
verdad a ofrecer unas condiciones de vida digna a su población.
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67ANEXO: DVD DOCUMENTAL DE LA COCA REALIZADO POR LOS JÓVENES
REPORTEROS DE SAN MIGUEL.
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