Políticas estatales y comunidades indígenas
Autor: Ospina Gallego, Jorge León
Asesor: Mendivelso Duarte, Fredy Orlando (Thesis advisor)
Fecha: 1991
Programa: Bogotá - Medicina - Especialidad en Anestesiología y Reanimación
Facultad: Facultad de Medicina

Resumen: El tema de esta monografía pretende, partiendo de ciertas  fenómenos y matices históricos confrontar el verdadero papeljurídico del Estado, el desconocimiento de la estructura  social y los valores propios de? las poblaciones indígenas.

POLITICAS ESTATALES Y COMUNIDADES INDIGENAS
JORGE LEON OSPINA GALLEGO
SANTAFE DE BOGOTA D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
1991POLITICAS ESTATALES Y COMUNIDADES INDIGENAS
JORGE LEON OSPINA GALLEGO
MONOGRAFIA PRESENTADA C :;omü
REQUISITO PARCIAL PARA OPTAR AL
TITULO DE ABOGADO
DIRECTOR
SANTAFE DE BOGOTA D.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE DERECHO CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
1991NOTA DE ACEPTACION
PRESIDENTE DEL JURADO
JURADO
JURADO
SANTAFE DE BOGOTA, OCTUBRE 27 DE 1991.A TI QUE ILUMINAS MI CAMINO, QUE
ERES MI ETERNA COMPAÑIA.AGRADECIMIENTOS
EN EL ESFUERZO POR CULMINAR ESTA LABOR SE DIERON CIERTAS
EXIGENCIAS QUE FUE POSIBLE SUPERAR GRACIAS AL APOYO
INCONDICIONAL DEL PROFESOR ADOLFO TRIANA, IGUALMENTE AL
ALIENTO PRODUCIDO POR LAS NUEVAS CONDICIONES EN LAS QUE SE HAN
VISTO ENVUELTAS LAS ETNIAS EN EL PROCESO DE CAMBIO
INSTITUCIONAL.TABLA DE CONTENIDO
PAG. #
INTRODUCCION ................................................. .1
1. RESGUARDOS INDIGENAS................................. .12
1.1. Manejo legal y Político del Resguardo .12
1.2. Algunos Antecedentes Sociecómicos del Resguardo.... 17
1.3. Tenencia de la Tierra Y Relaciones de Producción
en las comunidades indígenas..........................2.1
1.4. Cambios en la Economía Indígena..................... .25
2. EL DERECHO, PROPIEDAD Y SU DESARROLLO HISTORICO.... 28
2.1. Propiedad Individual, Naturaleza y Caracteres .... 28
2.1.1. Incorporación del Concepto de Dominio................32
2.1.2. Antecedentes Jurisprudenciales sobre la Propiedad
Indígena . .............................................. .34
2.1.3. Jurisdicción Agraria Indígena...... ....... ........ .38
3. POLITICAS AGRARIAS.....................................40
3.1. Estructura del Sector Agrario....................... ..40
3.1.1. Producción Agrícola Parcelaria, Frente a la Reforma
Agraria................................................ ..47
3.1.2. Ley 81 de 1958 "FOMENTO AGROPECUARIO EN LAS PARCIA­
LIDADES INDIGENAS"......................................51
3.1.3. Ley de Reforma Agraria "135 de 1961".................59
3.1.4. Proyecto del Incora para la Población Indígena.... ..69
3.1.5. Desarrollo y Alcances de la Reforma Agraria.........734. CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE PROTECCION E INTE­
GRACION DE LA POBLACION INDIGENA.................... 83
4.1. Ley 31 de 1967........................................ 83
4.2. Ley 21 de 1991........................................ 89
5. LA FUENTE DEL DERECHO INDIGENA..................... . 95
6. ESTADO MODERNO Y DERECHO............................. .100
6.1 POLITICAS DE INTEGRACION INDIGENA EN LOS OCHENTA.. 103
6.1.1 El Compes y su Diagnóstico........................... 104
6.1.2. Prodein "Programa de Desarrollo Indígena"......... 105
6.1.3. P.N.R.................................................. 105
6.1.4. Elección Popular de Alcaldes......................... 106
6.1.5. Adjudicación de Tierras "INCORA".................... 107
6.1.6. La Revolución Institucional "GAVIRIA".............. .1.08
7. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE..................... 111
7.1. Situación Actual Puntos de Reforma.................. 1.1.1
7.1.1. Propuestas Indígenas a la A.N.C............ . 1.1.6
8. DERECHO Y CONSTITUCION............................... 120
8.1. Caracteres Constitucionales........................ . 120
8.1.1. Derecho de Propiedado,antecedente constitucional... 121
8.1.2. Conquista Indígena en la Nueva Constitución........ 124
9. CONCLUSIONES.......................................... 128
10. BIBLIOGRAFIA......................................... . 136INTRODUCCION
Mi interés por los grupos indígenas surgió inicialmente por mi
profundo aprecio por los mitos y los símbolos, por los ritos y
todo el contenido cultural que éstos encierran; fue el primer
paso, de mis inquietudes intelectuales que luego se
acrecentaría con el contacto realizado en algunos grupos
indígenas, lo cual marcó una huella en mi interioridad.
Indagando hallé el punto de encuentro donde los ámbitos
jurídico y político se interconectaban con el desarrollo y el
proceso cultural de las comunidades indígenas: La piedra de
tropiezo era lo más preciado por el indígena, aquello que
representa no sólo la posibilidad de permanencia física sino
la razón de ser de su vida espiritual "la tierra".
Mi interés se acentuó más pero con una visión de conjunto
frente a la estructura indígena, la descomposición social y
económica, los procesos de cambio en relación a la sociedad
dominante.
Los Indígenas, desde el instante en que se inició la conquista
empezaron a sufrir un proceso de disolución continúa no sólo
desde el punto de vista físico sino también cultural con base
a su explotación laboral y la usurpación violenta de sus
tierras.
1
-Ante estas circunstancias era necesario preguntarnos acerca
del papel jugado por el Estado, en estos procesas, qué
acciones legales, leyes o decretos, qué planes ha diseñado y
ejecutado y qué efectos sociales, económicos y de todo orden
tuvieran estos procesos jurídicas al interior de la
multiplicidad étnica colombiana y cómo reaccionaron éstas
frente a tales prácticas.
A partir de la década del 60 por intermedio del Estado
pondrán condiciones político-económicas, como ' factores de
apertura y adecuación de las comunidades a la economía
capitalista en expansión, generando circunstancias de lucha
por la tierra, por su defensa y su conservación.
Es preciso observar cómo los cambios políticos, legales y de
retórica oficial son incomprensibles si no se examina la
historia real de los conflictos agrarios, que necesariamente
va ligado a la expansión del capital y la integración de las
economías 1atinoamericanas al mercada mundial.
Los indígenas, al igual que los campesinos, por su parte,
saben que la realización de sus aspiraciones y la defensa de
sus derechos pasa necesariamente por la confrontación con los
dueños de la tierra y por lo general eluden plantear el
conflicto a no ser que la sobrevivencia misma esté
radicalmente amenazada.
El tema de esta monografía pretende, partiendo de ciertas
fenómenos y matices históricos confrontar el verdadero papel
"7
- -jurídico del Estado, el desconocimiento de la estructura
social y los valores propios de? las poblaciones indígenas.
La necesidad de un nuevo enfoque en el entendimiento y
aplicación del derecho indígena, no debe estar restringido al
conjunto de normas dictadas por el Estado para el manejo de
las relaciones entre la Nación y las ótnias.
Esta debe englobar todo el acervo de 'costumbres, usos y
sistemas de control social de que tales pueblos disponen para
resolver las situaciones de conflicto.
Las políticas de Reforma Agraria buscan un beneficio social o
pretenden otros procesos sociales que se esconden debajo de la
terminología y los debates de prensa?
Con la Reforma Social Agraria de 1961, institucionalizada
mediante la ley 135, el Estado Colombiano pretendió incorporar
al sistema económico de producción, numerosos núcleos humanas
y regiones que permanecían marginadas del desarrolla nacional.
Pero este ambiciosa plan orientado fundamentalmente al
transformar la estructura agraria, indujo a cambiar en las
diferentes aspectos socio-culturales a las comunidades.
Para enmarcar en el contexto de la cuestión agraria nacional a
los indígenas, es necesario hacer un breve recuento histórico
del problema colombiano, que, como sabemos, se remonta al
período de la conquista cuando las tierras habitadas por losindios, fue adjudicada entre soldados y capitanes como botin
de guerra y se fueron transmitiendo de padres a hijos hasta
configurar una estructura agraria caracterizada por la
inequitativa distribución de la propiedad rural, problema que
a lo largo del siglo ha desencadenado conflictos de
considerable magnitud como son las lucháis agrarias.
Si bien, durante períodos ¿interiores al predominio de la
producción capitalista en la formación social colombiana, ya
las formas de pensamiento y de organización social en algunas
comunidades habían entrado en profundo deterioro; sin embargo
aún se conservan algunos valores socio-culturales que el
proceso colonizador no ha podida desarraigar en su totalidad,
Pero una vez consolidado el desarrolla capitalista en el país
y con él la expansión de todos los sectores de la producción
se aceleró el deteriora de las culturas indígenas que
forzosamente han tenida que integrarse a las relaciones
económicas dominante, ya que con la industrialización del país
que ocasionó el desplazamiento de la agricultura de consumo
por la agricultura industrial, el indio al igual que el
campesino tuvo que desplazarse de sus parcelas ya que las
nuevas condiciones de producción no le permitían vivir
exclusivamente del auto-consumo.
Durante los diferentes períodos se han mantenido políticas
estatales intentando a través de sus instituciones (Ministerio
de Agricultura, llinsalud, Mingobierno) , dar garantías de
protección y participación a las comunidades y en general a la
4
- -población de áreas rurales y buscando el desarrollo y
convivencia entre las comunidades y la sociedad dominante.
No hay duda; alguna que la 81 de 1958 (sobre? fomento
Agropecuario de las parcialidades Indígenas) marco un nuevo
estilo de relación entre el estado y las comunidades
indígenas, que incluía propuestas de desarrollo y no de
asimilación forzada ni de reducción, se darían facilidades
crediticias, acceso a los elementos de la técnica, .la
racionalización de la distribución de las tierras y otros
recursos, luego se pretendería impulsar el desarrolla de las
comunidades indígenas con una nueva política la ley 135 de
1961 o ley de Reforma Agraria que entregó al Incora, la
facultad de dividir o crear resguardos, buscando integrar a
los indígenas al sistema de vida y de valores del resto de la
nacionalidad, de alguna manera buscaba la liquidación de
territorios y problemas indígenas.
»
Debemos recordar igualmente la ley 31, de 1967, la cual
ratificaba el convenio .107 de 1957 de la 0.1. T. sobre
‘ l
\
"Protección e Integración de las poblaci■ ones tribuales e
indígenas en los países .independientes", el cual sugiere al
gobierno establecer mecanismos, que permitan una articulación
justa entre la población blanca y la indígena.
X
En los años ochenta después de un largo período de
concientización política y ante todo por las experiencias de
comunidades más organizadas y con elementos más centrales de
política indigenista producto del Primer Congreso Nacional
5Indígena, fueron señalados y reconocidas las comunidades como
interlocutores plenamente válidos ante el Estado para la
definición conjunta de las políticas, en todas las materias,
que pudieran afectar su desarrollo.
El Estado a su ves desarrollaba otros programas como el
diagnóstico sobre la población indígenas aprobado por el
Compes (Consejo Nacional de Política Económica y Social), este
programa daría impulso a un nuevo compromiso del Estado frente
a las comunidades. El Prodein (Programa Nacional de
desarrollo de las poblaciones Indígenas) busco fortalecer lo
étnico, la adopción libre de modernas alternativas > reconoce
las insuficiencia y errores de la política integracionista y
el abandono en que el Estado les ha mantenido.
En 1986 llegaría el P.N.R (Plan Nacional de Rehabilitación)
con su plan de desarrollo "autoconcer.trado" dirigido a las
regiones más olvidadas por el poder público y afectadas por la
pobreza y la inseguridad.
En 1988 la le/ 30 sobre reforma social agraria aclararía e.l.
fenómeno entre reservas o resguardo, definiendo en parte cual
situación era más benéfica para la población indígena.
En 1990 el INCORA agilizó los trámites de adquisición de
tierras orientando las acciones en forma ordenada por zonas y
tendientes a solucionar los problemas de tenencia de tierra de
la población indígena, según lo establecido por el decreto 282
del 30 de enero de 1990.
6
-Durante el período del Presidente Gaviria, las expectativas
generadas por la apertura económica y el gran revolcón
institucional del cual se propiciaría en compañía de los
partidos políticas el fenómeno político-jurídico más relevante
de los últimos 100 años, la creación de la Asamblea Nacional
Constituyente, que daría paso a una nueva Constitución
Política; todo ello crea una nueva visión política, económica
y social de los indígenas frente al aparato estatal.
Muchos teóricos, sobre todo en el campo antropológico explican
que las modificaciones generadas por el cambio tecnológico,
conducen al cambio cultural, revisando factores de estímulo u
obstáculos para el cambio. Al iniciarse un proceso de
desarrollo "tecnológico-social" todos los aspectos de la
cultura se ven afectados aunque no en el mismo momento ni en
la misma medida y que por lo tanto, todo cambia material trae
implícitas ciertas alteraciones en la ideología, las
actitudes, las valores y las creencias de las personas
afectadas.El avance material o la introducción de? elementos
sociales diferentes trae modificaciones que? solo V, pueden
identificarse plenamente e?n el transcurso del tiempo. (1).
(1). --George Foster. Culturas Tradicionales y Cambios
T écn icos.
7
- -Los individuos, por lo tanto, y las culturas presentan
inclinaciones o resistencia a los cambios, resultado de
factores culturales, sociales o psicológicos emanados del
propio sistema de valores, del carácter de las relaciones
sociales e incluso de una deficiente comunicación interna o
externa.
Cuando ocurren contactos entre culturas diferentes, la
sociedad que tiene mayor desarrolla tecnológico y social
generalmente subordina a la otra dando lugar a' un proceso
denominado "aculturación", concepta que a la larga de la
historia de la antropología ha sido utilizado para analizar
diferentes situaciones de conflicto cultural.
Desde .1.936 Red fie Id Robert, Linton Ralph y Herkovits Mal vi lie,
"Memorándum for the study of accu1turation American
AntUropologist", señalaban que la aculturación comprendía
aquellos fenómenos que resultan cuando grupos que tienen
diferentes culturas entran en contacto.directo y continúo con
los subsiguientes cambios en la cultura original de una o de
ambos grupos.
Los procesos de "determinación, selección e interpretación",
se identificaron como aquellos cuyos resultados eran
respectivamente, la manifestación de ciertos rasgos por parte
de un "grupo donante" en situaciones de contacto, su
aceptación y la modificación de las características aceptadas
por el grupo receptar.
8
- -La aculturación debe ser distinguida del cambio cultural del
que sólo es un aspecto y de la asimilación la que en ocasiones
es una fase de la aculturación, también debe ser diferenciada
de difusión, la cual mientras ocurre en todos los casos de
aculturación, es no sólo un fenómeno que frecuentemente tiene
lugar sin que ocurra el tipo de contacto entre pueblos
especificados, concepto* que ha sido cuestionado no sólo en su
interior (autores) sino por otros.
Otros investigadores en sus estudios del fenómenos contacto
cultural entre comunidad indígena y sociedad dominante
anuncian:
"Aculturación es el proceso de cambio que emerge del contacto
de grupos que participan de culturas distintas. Se
caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de
fuerzas contra formas de vida de sentido opuesto que tienden a
su total identificación y se manifiestan objetivéimente en su
existencia a niveles variados de contradicción. " (2).
EEn las comunidades indígenas colombianas este concepto no
puede aplicarse con suficiente rigor, pues la realidad nos
demuestra que el contacto con la sociedad dominante sólo ha
implicado cambios unilaterales.
(2). - Gonzalo Aguirre. El proceso de Acu1turación. Pag. 49.
9Y conviene utilizar el término deculturación, el cual consiste
en la pérdida parcial de una cultura determinada (Darcy
Riberro en "Configuraciones Histórico- Culturales de los
Pueblos Americanos, página 20, estudios de procesos
civi1izatorios :
"Empleamos el término deculturación para designar el proceso
implicado en situaciones especiales en que contingentes
humanos separados de sus sociedades y por consiguiente de sus
ambientes culturales por sometimiento o traslado, .son
reclutados como mano de obra de empresas ajenas, lo que los
coloca en la contingencia de abandonar su patrimonio cultural
y adoptar nuevos modos de hablar, hacer y pensar".
Este proceso se ha soslazado a lo largo de nuestra historia
desde el período colonial a través de la mita, la encomienda y
el resguarda, hasta la condición de proletario actual.
La incorporación de valores les lleva a la pérdida de su
identidad, al exigirse su integración a otro modus vivendi,
los programas de asimilación e interpretación llevan implícita
la destrucción étnica.
Casos recientes demuestran que el proceso de deculturación
continúa no sólo como la concebían las conquistas españolas,
sino por persecución y muerte de los indígenas por parte de
colonos, la guerrilla, autodefensas y organismos del Estado.
Situciones como estas así lo demuestran :
10
-Los Cuivas de los LLanos Orientales (3), por la expoliación,
torturas, asesinatos practicados por latifundistas y el
ejército colombiano. Los guahibos de Planas en el Meta (4),
por la construcción de obras de infraestructura como la
carretera Panamericana en el Chocó (5).
Por la expropiación de sus tierras, los Ika de la Sierra
Nevada (6), por la destrucción ecológica de su habitat;
comunidades del Puracé (7), genocidios aduciendo razones
políticas, Paeces en época de violencia en Río Chiquito-Inza y
Belarcaza, por militarización de zonas indígenas del Cauca
(8 ) .
(3). -Alvaro Román. Los Cuibas, Un Caso entre muchos más. El
Periódico, Junio/72.
(4). -Gustavo Pérez. "Planas". Las contradicciones del
Capitalismo. El Tercer Mundo.
(5). -Alvaro Román. Los Indios del Chocó y la Carretera
Panamericana. El Periódico/72.
(ó). -Mensaje de las Comunidades Indígenas de la Sierra
Nevada. Tercer Congreso de Usuarios Campesinos. Bogotá
1971.
(7). -Aníbal Patino. Impacto Ecológico y Socio-Económico de
Industrias Puracé S.A. Universidad del Valle.
(8). -Edgar Angel Arango y Otros. Los Chamíes: Una Comunidad
que Muere. Lecturas Dominicales del Tiempo.
11
-1. RESGUARDOS INDIGENAS
"Todas las tesis sobre el
problema indígena, que ignoren
o eludan a éste como • problema
socio-económico, son otros
tantos estériles ■ ejercicios
teoréticos y a veces solo
verbales, condenados a un
absoluto descrédito".
"Juan Carlos Mari.at.egui '
El Problema del Indio".
1.1 MANEJO LEGAL Y POLITICO DE LOS RESGUARDOS
Entiéndase? por Parcialidad o Comunidad Indígena al Conjunto de
familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos
de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y
valores propios de su cultura tradicional, así como formas de
gobierno y control social internos que los distinguen de otras
12
- -comunidades rurales. (Artículo 2 del decreto 2001/88). (1).
"Con la expresión" terrenos de resguardo" se hace referencia a
las tierras atribuidas a una parcialidad de indígenas,
divisibles, para su goce únicamente, entre los indios del
respectivo Resguardo, e inenajenables, además según las leyes
de la Corana. Según las de la República, igualmente
divisibles, en goce o usufructo, en una primera etapa, y en
otra adjudicables en propiedad, con carácter de enajenables,
pero con los requisitos de las ventas de inmuebles menores en
los primeros quince años, a partir de la división definitiva.
(Arts. 40, Ley 89 de 1890; 34, Ley 19 de 1927, y 7, Ley 81 de
1958)." "Corte Suprema de Justicia-Sentencia del 24 de
septiembre de 1962, sobre propiedad de los indios en tierras
de los resguardos".
(1). -Esta definición de parcialidad o comunidad indígena vino
a rectificar una lamentable confusión introducida por el
artículo 14 del Decreta 74 de 1898, emanado de la
Gobernación del Cauca, cuando, al definir el concepto de
parcialidad, lo identificó con el resguardo, confusión
seguida y mantenida después en otros textos legales y en
algunos fallos judiciales. No incurren en el equivocado
manejo de estos términos, leyes más actuales que hacen
clara distinción del significado de ambos, como puede
ejemplificarse con el numeral 6o. del artículo 54 de la
Ley 135 del 61, con las modificaciones que le introdujo
la Ley 30 de 1988.
13
- -Los problemas generales en torno a los resguardos indígenas
(Art. 94 Ley 135/61), están inscritos, como es natural, dentro
de la evolución económica de Colombia.
Siendo apenas lógico que ésta se ha cumplido a través de
varias etapas, posiblemente la más importante, la consolida­
ción del sector agrario. Es precisamente en dicho sector
donde hay que buscar las características de la problemática
indígena. Es tal la relación en este sentido, que cada
transformación del sector agrario no tarda en expresarse en e.l
ámbito de las comunidades indígenas.
No debemos olvidar que el desarrollo agrario contiene en sí el
desarrollo de un modo de producción estrechamente vinculado a
la creación de una verdadera división del trabajo de la
separación de la ciudad y del campo, consolidando una forma de
producción y de cambio.
Naturalmente los caxmbios en materia de política agraria,
apenas significan las contradicciones entre las fuerzas
productivas frente a unas exigentes relaciones sociales de
producción. Lo que provoca los más variados conflictos
sociales y las alteraciones de la producción, de allí que el
Estado a través de sus estamentos busque afanosamente las más
disímiles soluciones legislativas, con el fin de armonizar el
equilibrio necesario, para un adecuado desarrollo.
Se puede afirmar que en estos momentos es cuando los niveles
14
- -superestructurales buscan adaptarse a la evidencia económica o
viceversa.
i
Encontramos, así, pues, que en las políticas agrarias, sosteni­
das en Colombia, hay oscilaciones permanentes, producto de
coyunturas históricas por las que ha atravesado nuestro país.
Es entonces que al intentar adentrarse en las causas que les
dieron vida, se comprendan con facilidad los diversos intere­
ses que las motivan y que pretenden representar en su debido
momento.
Su5tancialmente, lo que se puede observar en la investigación
de estos aspectos, es, sin lugar o dudas, el proceso de la
propiedad territorial, bajo la fanfarria de la integración de
las comunidades con el resto de la nacionalidad.
No es más que el proceso de legalización de derecho de
propiedad, siendo este el motor de los problemas originados en
lo atinente a la tierra.
Es conveniente reconocer que los conflictos agrarios, van
necesariamente ligados a la expansión del capital y igualmente
se vinculan a las políticas macroeconómicas que buscan
integrar las economías latinoamericanas al mercado mundial,
por lo tanto las tierras comunales o de resguardo indígena, se
hacen atractivas y objeto para darle cumplimiento a tal plan,
las medidas legislativas nos dan lugar, entonces, a varios
enfoques y teorías que reflejan las pretensiones legales.
15
- -De allí que los indígenas colombianos han tenido que salir en
reiteradas oportunidades a través de la historia, en defensa
del derecho a su propiedad colectiva frente a gentes invasoras
y legisladores que desde su individualismo o del desarrollo
capitalista, han impuesto sus criterios a como de lugar.
Se dan apreciaciones normativas específicas acerca de la nueva
identidad de la tierra indígena y de las forma como se
vincularía toda la comunidad, los resguardos ampliados o
divididos al desarrollo de su propia comunidad y por ende al
desarrollo nacional.
Hasta el año 1958 existió una posición reduccionista por parte
del Estado, donde todas sus acciones de trato están cifradas
sobre la necesidad y conveniencia de combinar la labor
"paternal" de la iglesia con las medidas legales de
quebrantamiento de los sistemas y las instituciones de las
comunidades a cargo directo del Estado.
Con la idea de la propiedad individual delimitada y legalizada
a través de un título, se inicia el conflicto para la
propiedad indígena con una concepción ilimitada de la misma y
con una visión de explotación comunitaria, parcelaria;
condición que les impuso un nuevo estilo de trabajo y una
nueva forma de producción y todo tipo de atropellos a sus
derechos que serían sometidos a nuevas leyes lo cual tuvo sus
respuesta de inconformidad, a muchos les hizo abandonar sus
tierras y extinguirse como comunidad.
16
- -La parcialidad tal como se fuc=> estructurando a través de las
leyes dictadas por los monarcas españoles en beneficia de los
indios, llegó a ser una especie de cuasicontrato que se
formaba por el solo hecho de que varias familias indígenas se
agruparan para vivir en común y laborar sobre un terreno
determinado que constituía su resguardo. Ni la ley colombiana
ni las leyes de Indias definieron lo que debe entenderse por
parcialidad.
La Real Academia Española de la Lengua la define domo: "La
unión de algunos que se confederan para un fin, separándose
del común y formando cuerpo aparte" y también como "el
conjunta de muchos que componen una familia o fracción
separada del común".
Así entendida la parcialidad es una verdadera comunidad, según
el concepto que sobre el particular consagra el artículo 2322
del Código Civil y ello no sólo por la naturaleza propia de la
parcialidad sino también porque la ley colombiana la asimila
con frecuencia a la comunidad.
1.2 ALGUNOS ANTECEDENTES SOCIOECONOMICOS DEL RESGUARDO
"La historia del latifundio en Colombia, tomando este concepto
en un sentido suficientemente amplio como para abarcar
17
-diversas figuras jurídicas de la acaparación de tierra, como
base de la dominación económica y política; esta historia
comienza por el asentamiento señorial de los españoles y
evoluciona durante todo el período colonial en estrecha
relación de dependencia con los avatares de la civilización
que reproduce a su manera.
Con el doble fin de preservar a la población nativa de una
segura devastación y de mantener un firme dominio estatal
sobre los súbditos del Nuevo Mundo, la corona emprendió desde
el comienzo una política proteccionista.Circunstancia que
sostenia de por medio un interés económico vital, como era la
explotación minera y el transporte por el Magdalena.
Las tierras de los indígenas por ser improductivas exigió, por
parte de la Corona, dotar de tierras a título de indemnización
para los indigenas,asumiendo evitar, en lo posible, que el
hambre y la miseria les obligara a vender su fuerza de trabajo
en forma inequitativa.
Las dos formas económicas coloniales, encomienda y mita,
tienen sus fuentes en el remoto pasado gentilicio. La una se
asienta sobre el tributo que los indios solían pagar a sus
caciques o al Jefe Tribal o comenderal.
Aunque este sistema de explotación de mano de obra indígena,
difiere de la simple esclavitud, porque sólo afecta una sola
parte de la población y no de por vida, porque no implica
18
- -propiedad y porque el mitayo recibe salario, la realidad es
que la situación del mitayo en la mina no es muy diferente a
la del esclavo.
La mita corresponde a la necesidad de mano de obra en el
proceso colonizador y su carácter obligatorio indica
claramente que la oferta de trabajo se había hecho
prácticamente nulo como consecuencia de la legislación
proteccionista.
Las consecuencias económicas de esta institución en la
sociedad colonial, sobre las relaciones laborales y la
distribución de la propiedad son difíciles de apreciar, son
muy pertinentes los comentarios de Hernández:
“En el indio mitayo, se encierra el germen del proletariado
industrial y agrícola. El indio de por voluntad se queda en
las minas bajo el amparo de las ordenanzas reales, sufre un
proceso de transfiguración social como quiera que de
trabajador forzado pasa a ser libre, un proletario, grupos
sociales nuevos cuya importancia se ve crecer.
La mita agraria enseña al indio a alquilarse mediante salario
y con los desplazamientos de una región a otra va viendo
cortados sus vínculos con su asiento territorial. El indio
percibe del terrateniente parcelas cuyo canon de arrendamiento
debe pagar aveces en dinero y con mayor frecuencia en trabajo.
Con este procedimiento el hacendado tendrá mano de obra
19
- -asentada sobre la tierra y de fácil reclutamiento. La
desestabilización de los indios forma, así, a través de
procesos contradictorios el proletariado agrícola o peón y el
arrendatario o terrasquero que subsiste hasta nuestros días."
Tales desplazamientos generaban la tendencia a destruir las
sociedades indígenas, que sólo podían perdurar aislándose y
encerrándose sobre sí misma, como ocurrió aveces en los
resguardos, aquí se permitían la forma comunitaria de
propiedad sobre la tierra y dejaban sobrevivir costumbres
ancestrales. Pero la forma característica de explotación de
la tierra durante el período colonial y que define el tipo de
relaciones de trabajo predominante, es la Encomienda, el tipo
de dominio sobre los indios que iba implícito en la
obligación, por parte de estos, de prestar servicios
personales y gratuitamente a sus encomenderos, no difería
mucho en la realidad de las prerrogativas feudales, aunque
existieran desde el principio notables diferencias jurídicas,
es una forma de explotación absolutamente parasitaria.
La encomienda de tributos estaba destinada a proteger a los
indígenas y a preservarlos de la estructura de explotación
directa, fue necesario aplicar un tipo de dominación más
antiguo y menos civilizado: el tributo.
El resguardo será la base de esta forma de explotación, ya que
constituye la única barrera efectiva para la conversión total
de los indios en esclavos y siervos.1.3 TENENCIA DE LA TIERRA Y RELACIONES DE PRODUCCION
El resguardo como institución jurídica, es ante todo una
especie de consagración y protección de algo previamente
existente: La tribu y su propiedad colectiva sobre la tierra.
Uno de los problemas más complejos de nuestra historia
política, es sin lugar a dudas, el de los resguardos, el
debate se inicia en la colonia y se prolonga hasta nuestros
días, donde reformas del sector agrario, han querido en forma
decidida dar soluciones (a través de diferentes leyes y
decretos como ley 81/58).
La extraordinaria supervivencia de la agricultura precolombina
de Hispanoamericana, con los mismos productos y
procedimientos, no es principalmente un hecho geográfico, sino
el resultado de la incapacidad de los españoles y europeos
para transmitir una técnica superior. Y esto se podrá
explicar sólo en el significado profundo de la "tierra para el
indio, donde la tierra se convierte en el gran laboratorio, el
arsenal que suministra tanto el medio de trabajo, como el
material de trabajo y la residencia, la base de la comunidad"
(Carlos Marx. Formas de Propiedad Precapita1ista. P. 4).
La tierra constituye el elemento fundamental para los grupos
indígenas en general. Ella es la base de su existencia
económica, social, política e ideológica, por lo tanto, la
21
- -relación aborigen-tierra ha sido y es t.án inmediata, arraigada
y vital que ha posibilitado la subsistencia de estos hasta la
época actual, a pesar de la hostilidad y el asedio externo.
Entablan una relación con la tierra para satisfacer sus
necesidades, presentándose una apropiación familiar e
individual del producto y una propiedad colectiva de la
tierra, podemos entender este sentido de propiedad como nos la
señala Marx: "Originalmente, propiedad sólo significa el
comportamiento del hombre hacia sus condiciones naturales de
producción como pertenecientes a él, como las suyas, como
premisas de su propia existencia; el comportamiento hacia
ellas como premisas naturales de sí mismo, que forman, por
así decirlo, solamente la» prolongación de su cuerpo. En
rigor, no se comporta hacía sus condiciones de producción,
sino que existe de un doble modo, subjetivamente como el mismo
y, objetivamente, en estas condiciones naturales inorgánicas
de su existencia. (C. Marx. F"'. 16)
Entre las relaciones de producción lo que encontramos es una
forma simple de mercancías, cuando venden arroz o maíz en el
comercio, artesanías en ferias o a través de in termed .iar ios e
igualmente con el dinero obtenido compran elementos vitales
para satisfacer sus necesidades.
"Las organizaciones indígenas, producen poco o nada de
excedente, su trabajo se funda en los ritos y sus costumbre
que sirven para regularizar las actividades económicas
esenciales. La ausencia de un criterio objetivo de
__ •"}t2
—equivalencia impedirá toda regulación de las relaciones de
cambio. La producción de mercancías efectuada por artesanos,
propietarios de sus propios medios de producción (instrumentas
de trabajo), se denomina producción simple de mercancías o
pequeña producción mercantil". ( Mandel ^1972 p. 61.)
V continúa Mandel, en su Tratado de Economía Marxista
definiendo la mercancía simple como:: “En la producción
simple de mercancías el tr¿ibajo no procura ya directamente la
satisfacción de las necesidades del productor; trabajo y
producto de trabajo no se identifican y¿\ para él. Pero este
productor continua dueño del producto de su trabajo, sólo se
separa para adquirir los víveres que aseguren su subsistencia.
La división del trabajo separa al productor, todavía no se ve
oprimido por su producto. La sociedad va desarrollándose
lentamente, en su interior la producción de mercancías, ve
disminuir, paulatinamente, la producción de puros y simples
valores de uso". (Mandel. 1972 p. 62).
Estas comunidades se mantienen y dedican a la producción de
alimentos, es imposible establecer una división social del
trabajo y una especialización en diferentes oficios. La mayor
parte de sus oficios son domésticos, rituales funerarios,
artesanales, cultivar la tierra, abonarla y protegerla para la
siguiente cosecha, pesca y cacería; podríamos pensar que todo
gira alrededor del sostenimiento de la familia y en el fondo,
el de la continuidad de la comunidad.
23
- -Es la permanente compañía y la colaboración lo que los
mantiene en el lugar que les cobija y les da la vida: La
Tierra. En estos hombres la idea de la propiedad privada no
existe, subsiste la propiedad colectiva, el bien comunitaria
que a todos beneficia y gracias a ello, nos expresa Juan
Friede que: "Generalmente, ni el español de la colonia, ni el
colombiano de hoy, ambos educados y acostumbrados a un mundo
de orden individualista, entendieron que a este derecha
colectivo sobre la tierra, se debe el milagro de la
supervivencia, aunque mutilada, del pueblo indio como raza".
(Friede 1976 P. 26)
La forma tradicional de tenencia de la tierra practicada por
la mayoría de las comunidades indígenas en Colombia se vio
perturbada con la aparición y asentamiento de colonos e
invasores que desconocieron adrede los derechos de los
indígenas en tierras de resguardo. A estas colonos se les
brindó confianza y hasta beneficios, como el de adquirir sus
tierras para sembrar, pero estos nuevos "compañeros1’ empezaron
a usurparles las tierras, las cosechas y animales por la
violencia o el engaño, conduciendo a estos colombianos
olvidados a pedir ayuda a los estamentos gubernamentales que
se mostraron sordos e indiferentes hasta que la situación fue
realmente grave y generalizada como comentaremos más
adelante". (Ver antecedentes históricas, Ley 81 de 1.958).
Entendemos, así, pues, que ha pesar de los cambios sufridos
por los indígenas estos se mantienen, se conservan, sostienen
principios de reciprocidad que si bien no representa la forma
24
- -obligatoria de la sociedad trobiandesa, admirablemente
descrita por el etnógrafo Bronislow Malinowaki, (1) se
evidencia en el sentido de colaboración mutua que caracteriza
a la mayor parte de las comunidades nuestras. Un hombre puede
prestar los instrumentos para pescar o cazar a otro sin hacer
reparo alguno, aunque se espera que ante una situación similar
la compensación, igualmente sucede en el trabajo de la tierra,
lo he visto en comunidades como los Buambianos, se trabaja por
parcelas, juntos laboran en la de alguno de ellos, horas más
se trasladan a la del otro y asi se colaboran permanentemente,
nunca dejan de corresponderse, actitud que ha ido
desapareciendo gracias a las influencia de los blancos.
1.4 CAMBIOS EN LA ECONOMIA INDIGENA
Los factores externos que comienzan a influenciar a la
comunidades, afectan no sólo culturalmente, su cosmovisión y
forma de adaptarse al medio, también social y económicamente
son desarticulados, podemos aquí enunciar con Mar;:, "El modo
de producción de la vida material condiciona en general al
desarrollo de la vida social, política e intelectual. No es
(1). -B. Malinowaki "Crimen y Costumbre en la Sociedad
Sa1vaj e"
Reciprocidad y Organización actual Pag. 38.
El Principio de Reciprocidad Permea Pag. 53
Reciprocidad como base de la estructura Social P. 61
25
- -la conciencia de los hombres la que determina su existencia,
es por el contrario, la existencia social la que determina su
conciencia". (Marx. 1.973 p.9.).
Nuevas condiciones de vida se señalan en medio de las
comunidades con la invasión de los colonos que sin un sentido
claro del orden necesario en el medio ambiente hace imposible
la convivencia, ya no por los conflictos sociales, sino por la
alteración del ciclo natural, del equilibrio de la naturaleza.
Los colonos no solo se aprovechan del espacio indígena ¡, sino
que irrumpe su hábitat haciendo la vida imposible, se
extinguen las especies, destruyen la flora, desaparecen las
plantas medicinales y el alimento se escasea.
"El hombre como agente consciente o inconsciente que altera las
relaciones del número entre los organismos, al destruir una
clase de vida elimina el enemigo de alguna especie o a la
fuente alimentaria de otra y al introducir una nueva forma de
vida en un área, incrementa los enemigos o el alimento de
diferentes especies y de ese modo transforma el equilibrio que
pudo haberse alcanzado. "(Aguilera J. A. p. 32).
El mismo Estado como impulsor de formas económicas,buscando el
aprovechamiento del territorio y la expansión del desarrollo
nacional, es acelerador de relaciones histórico-sociales.
Cuando se implementan nuevas formas de desarrollo de las
fuerzas productivas, preferencialmente el uso de la mano de
26
- -obra y otras formas de apropiació/i de los medios de producción
particularmente la tierra. Se cristalizan cambios en la
organización social, el hecho de no comprender históricamente
una unidad política o cultural homogénea, son frutos de un
proceso que los afecta en forma desigual, hay modificaciones
no sólo internas, sino en su relación con la sociedad no
indígena, la comunidad se desarticula totalmente.
El florecimiento de la sociedad de producción mercantil es
simultánea al florecimiento de un sistema político encarnado
en el EEstado. De ahí la unidad entre funciones del Eistado y
la dinámica de la reproducción capitalista.
Cuando el Estado entra a dar y garantizar las condiciones
generales #de producción en su dinámica administrativa,
eminentemente económico, entra entonces en conflicto con las
comunidades.
27
- -2. DERECHO. PROPIEDAD Y DE DESARROLLO HISTORICO
Es necesario hacer un recorrido histórico que nos defina el
concepto de propiedad el cual mostrará los rasgos distintivos
de la propiedad de la tierra, diferenciando del dominio de
otros bienes.
Surgida del tronco común del derecho civil, la propiedad
adquiere a través de la historia una particular contextura,
señalada más que por la distinta naturaleza que pudiese
atribuirse al vínculo jurídico que une al propietario con la
tierra, a las modalidades propias de contenido económico y
social que les son connaturales y que se revelan en forma
inconfundible cuando se observan las consecuencias que
ocasiona en las sociedades humanas.
2.1 PROPIEDAD INDIVIDUAL, NATURALEZA Y CARACTERES
El siglo XIX sostiene un tipo de propiedad cuyos fundamentos
como institución jurídica, en definitiva, se remontan al
derecho clásico de los romanos. E<ien es cierto que es la
Revolución Francesa de 1.789, a través de sus leyes básicas,
la que impone en el mundo el concepto individualista del
28
- -derecho de propiedad, al que califican de sagrado e
inviolable. (1)
Pero más que un criterio nuevo de apreciación jurídico -
política, la Revolución en Francia importa, respecto al
dominio, un retorno al jus utendi, fruendi et abutendi,
imperante en Roma, la cual defendía tal principio de carácter
merecidamente individualista definido como la plena potestad
sobre una cosa.
De tal forma, antes que la garantía a un derecho que es
consubstancial a la calidad humana, el individualismo jurídico
de la Revolución Francesa contempló la propiedad como un arma
política que puso en manos de todos para subsistir el poder.
"Este derecho del "Dominio" no es universal. Sólo acceden a
él los sectores ubicados en la cúspide del poder, el cual se
(.1).-La Declaración del 15-16 de febrero de 1.793, establecida
en su artículo lo, "los derechos naturales, civiles y
políticos de los hombres son: La libertad, igualdad,
seguridad, la PROPIEDAD, la garantía social, la resistencia a
la opresión". Enunciaciones similares contienen la
declaración del 24 de junio de 1.793 y la Constitución del año
III (22 de agosto de 1.795) y la Constitución de 1.799 que
dice: se fundamentan sobre los verdaderas principias del
gobierno representativo, sobre los SAGRADOS DERECHOS DE LA
PROPIEDAD, la igualdad y de la libertad.
29
- -halla debidamente jerarquizado. La connotación romana sobre
la propiedad es asumida integralmente y por consiguiente esta
tiene una dimensión absoluta. El señorío, la nobleza de
sangre, el mayorazgo, predisponen a esta propiedad, la cual
dispensa relaciones señoriales o patriarcales con la
servidumbre del campesinado, sobre el cual se ejerce una
"protección" a cambio de tributo en trabajo, en especie e
incluso en dinero. El derecho a la propiedad adquiere la
categoría de "natural". Tanto la religión como el derecho y
fundamentalmente la .ideología de la relación
señorío-servidumbre juegan un papel esencial en la
reproducción de este tipo de estructura. A mayor dominio y
"almas muertas" pertenecientes a esta unidad social, mayor-
poder, distinción y jerarquía". (Triana 1.984 p.22ó).
La relación hombre-naturaleza pierde la mayor parte de su
contenido para dar paso a la relación dinero-mercancía-dinero,
con respecto a este bien fundamental de producción y de vida.
La teoría del "Contrato Social", parte de la igualdad de los
hombres entre sí y la plena libertad de la individualidad.
Vale decir que los derechos que la Revolución denomina
"naturales", deben necesariamente ejercerse en un ámbito de
superficie? ilimitada. La propiedad en consecuencia, importa
la facultad del titular del derecho de usar, gozar y disponer
de las cosas "de la manera más absoluta", como lo consagro en
Francia el Código de Napoleón.
La perpetuidad es la medida del dominio referida a su tiempo
30de duración, la exclusividad, la garantía legal en relación a
terceras; la facultad "reliberi disponendi" todos ellos
unidos, dan personalidad a lo que se denomina "propiedad
individualista". Y su importancia verdadera se revela cuando
se trata de la propiedad del suelo, por las características
que este presenta, desde un punto de vista físico y a la ve;:
económica de su indestructibilidad e inagotabi1idad. No
concurren esas condiciones generalmente en otros bienes
susceptibles de propiedad privada.
" . . . Es necesario recordar que en .los distintos sistemas de
propiedad inmobiliaria que presidieron al que nos ocupa, la
facultad de disponer libremente de la cosa o bien no existía
o, al menos, era condicionada por la ley. De la propiedad de
los comunidades indígenas, se pasa al reparto periódica de? las
tierra, mas sin convertir al ocupante en propietario sino en
mera usufructuario; la propiedad familiar, que le sucede,
excluye el derecho de disposición entre los acordados al
titular de ella; mucho menos lo encontramos en "el
desdoblamiento que se produce en la propiedad de la tierra
conforme al sistema instaurado en la Edad Media. De modo que
es recién con la propiedad individualista que se reconoce al
propietario la liberta^ de disponer en absoluto y conforme a
sus intereses hasta a su arbitrio de la tierra que le
pertenece, sin más restricciones que las impuestas por el
orden administrativo o en salvaguarda del derecho de terceros.
Es por ello que este "derecho de usar y disponer de las cosas
de la manera más absoluta" (Código Napoleón, artículo 544),configura uno de los pilares del ordenamiento jurídico
individualista, cambio la fas política, económica y social de
la humanidad, preparando el camino a nuevos principios y
nuevas teorías aveces contradictorias. (Occa. 1972. p. 72).
Paralelamente con el individualismo jurídico, adviene el
liberalismo económico, los verdaderos creadores de la ciencia
económica, partiendo de los principios filosóficos que sostuvo
la Enciclopedia, fundamentan la propiedad en el contrato
tácito en el que reposa 1 a sociedad. Se incurre, pues, en el
error de atribuir a la sociedad el derecho de dominio en su
origen exclusivo, argumentándose en consecuencia con la teoría
política de la revolución.
2.1.1 INCORPORACION DE CONCEPTO DE DOMINIO
La expansión territorial española sobre América traía todo un
desarrollo jurídico, social y económico definidos en el
dominio de las tierras conquistadas y con ellos la exigencia
de gozar y usar lo obtenido, las relaciones económicas y
sociales impuestas al Nuevo Mundo, generaron rebeldía o
sumisión por sometimiento militar.
"...La necesidad de controlar a la población de asegurar la
inmovilidad de la mano de obra y definir sistemas de
tributaciones en las comunidades y la Corona española condujo
al otorgamiento de títulos de propiedad en favor de losindígenas durante el proceso de pacificación". (Triana 1985,
p. 229).
11. . . Estos títulos sobre tierras de resguardo permitirían la
supervivencia económica siendo este el reconocimiento sobre el
derecho de propiedad, pero igualmente legitimaría por parte de
los indios los concedidos a los españoles radicados en tales
territorios, igualmente a partir de ese momento se reconocía y
fortalecía el Estado Central, único dispensador de las tierras
en favor de quien éste señalará". (Triana 1985 p. 229)
"...El derecho de propiedad en el régimen hispano-colonial,
fue ligado a una estructura montada sobre los principios y
prerrogativas de la conquista lo cual tuvo su expresión en el
monopolio de la tierra, del comercio internacional, de los
cargos públicos y de un sistemas regaliano reglamentado
alrededor de las minas, las salinas, los estancos, el comercio
de esclavos y la explotación de negros, indígenas, mestizas
como base de toda la estructura social". (Triana. 1985. p.v229)
Con la independencia no hubo cambios significativos en la
estructura de la hacienda iniciada en la colonia y generadora
de conflictos con los resguardos indígenas.
"...La república no sólo heredó los límites del Nuevo Reino de
Branada sino las concepciones (de origen romano) establecidos
en la legislación española sobre la propiedad inmueble,
entendida coma la de gozar, disfrutar y abusar de ella en
forma absoluta. En la Constitución de 1.886 se reiteró elprincipio de que no habría inmuebles por fuera del comercio,
igualmente se ratifico el derecho de dominio eminente del
Estado sobre los terrenos baldíos ubicados dentro de los
límites del territorio nacional, en aras de un manejo
coherente de tales tierras.
2.1.2 ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES SOBRE PROPIEDAD INDIGENA
A comienzos de este siglo, el enfrentamiento entre el colonato
y los poseedores de títulos inscritos, muchos de ellos
adquiridos en el siglo pesado, durante las penurias fiscales,
a cambio de bonos de la deuda pública, obligó al Estado a
redefinir y a precisar los alcances y límites de las
propiedad". (Triana. 1985. p.231).
Los pleitos por tierras e invasiones se multiplicaron; en
1.926 la Corte Suprema de Justicia falló en favor de los
poseedores inscritos, los únicos títulos válidos serían los
emanados de la Corona Española o los otorgados por la
República.
En relación a las comunidades indígenas la Sala de Casación
Civil en fallo del 24 de septiembre de 1.962 dijo; "Ha sido de
la doctrina nacional el que el dominio de las tierras de
resguardo pertenecen a las respectivas parcia1idades indígenas
que se manifiestan primeramente; la distribución de las
tierras, en usufructo, y después en propiedad, tal como lo
34
- -preceptúan las leyes 89 de 1.890, 104 de 1.919, 38 de 1.921 19
de 1.927 y 81 de 1.958.
El Consejo de Estado en fallo del 6 de junio de 1.972, “Estos
resguardos, o sea las tierras de un pueblo o reducción que
pertenecían a su propia comunidad, eran, en principio,
inalienables. Sólo por excepción y mediante expediente, podía
el superior gobierno permitir la enajenación de una parte de
las tierras del Resguardo, cuando los propios indios así lo
solicitasen".
Estas disposiciones permitan a las comunidades indígenas
conservar su propia dinámica cultural, aunque la realidad a
nivel nacional se reduce más a la teoría que a la práctica.
Con la competencia concedida al INCORA, en el artículo 94
inciso 3 de la ley 135 de 1.961, esta institución decide sobre
el problema de las tierras en las comunidades indígenas,
establece el concepto de reservas y de constituir resguardos
de tierras en beneficios de grupos o tribus en el territorio
nacional.
El INCORA manifiesta la intención de "defender" las tierras de
los invasores colonos, parcelaba. entonces las tierras y las
adjudicaba individualmente, bajo el sistema de unidad agrícola
familiar entrando en contradicción con la ley 31 de 1967 en el
artículo 11 ,sobre integración y protección de las comunidades
indígenas .
35La aplicación indebida de estas políticas han generado
consecuencias negativas para la organización social de algunas
comunidades debido al nuevo sistema de tenencia de la tierra,
que generan las implantatión de formas de producción
diferentes antagónicas, de lo cual nos describe Engels, "La
primitiva propiedad comunal de la tierra correspondía por un
lado, a un estado de desarrollo de los hombres en el que los
horizontes de estos quedaba limitado, por lo general, a las
cosas más inmediatas, y presuponía, por otro lado, cierto
excedente de tierras libres que ofrecía margen para
neutralizar los posibles resultados adversos de esta economía
primitiva, al agotarse el excedente de las tierras libres,
comenzó la decadencia de la producción comunal. Todas las
formas más elevad¿*s de producción que vinieron después
condujeron a la división de la población en clases y, por
tanto, al antagonismo entre las clases dominantes y las clases
oprimidas". (Marx, Engels. Obras Completas. p. 85).
Las misma leyes de Reforma Agraria no demuestran sino un sutil
proteccionismo hacia los sectores aborígenes y sus tierras.
La contradicción es patente, en cuanto el reformismo agrario
busca la modernización de los sectores rurales para adaptarlos
a los niveles de desarrollo industrial.
Sobre tales consideraciones Antonio García comenta los
criterios de la legislación indigenista y sus posibles
obj etivos.
36
-a. Una legislación que aceptando en forma radical al respecto
por los derechos individuales o por una apariencia de
democracia, reconoce sin distingos de situación social, la
igualdad de los hombres ante la ley, pero persigue la
división de los resguardos y fomenta la propiedad
individual.
b. Una legislación que comprende la situación real del
indígena y por su sentido social de la política, opta por
un régimen "proteccionista", aceptando una incapacidad
indígena para transmitir el dominio de la tierra comunal.
c. Una legislación que por una concepción de la nacionalidad,
respeta las instituciones comunales pero proclama la
reducción del indio a la vida civilizada, utilizando para
ello las misiones religiosas, concibiéndose la integración
del indígena como una mera cuestión religiosa e ignorando
una conducta económica y social.
En la dotación de tierras a las comunidades indígenas, el
Estado en su confianza en lograr una integración progresiva de
los indígenas a la vida política, social y económica de la
nación dispuso:
A través de la Ley 30 de i.988 derogar tácitamente por el
artículo 32 lo que regulaba la creación de las reservas de las
tierras baldías para indígenas y, en general sobre la
adjudicación de tierras; reformaban el artículo 94 de la ley
135 de 1.961 y según disposiciones del decreto 2001 de 1.988,reglamentario de las normas sobre constitución de resguardos
y adjudicación de tierras a las comunidades, instituyeron
procedimientos precisos para tales efectos y aún en el
artículo 60 del decreto 2274 de 1.988, se establecen
imposibilidades para el INCORA de adjudicar baldíos ocup^idos
por indígenas para otra finalidad que no sea la constitución
de resguardos en favor de sus ocupantes. Deben tomarse además
en consideración las disposiciones de la ley 89 de 1.890
artículos 30 y siguientes, el decreta 74 de 1.898 art. 115, la
ley 104 de 1.919, la ley 19 de 1.927 y la ley 81 de 1.958 art.
7 y 8.
2.1.3 JURISDICCION AGRARIA INDIGENA
Es bien sabido que el reconocimiento de la propiedad de la
tierra, en favor de las comunidades que las han ocupado, no es
una facultad discrecional sino una obligación del Estado, por
ello resulta muy afortunada la creación de la jurisdicción
agraria a la cual pueden acogerse las comunidades indígenas;
como parte en el proceso cuando se violan sus derechos o se
les niega lo propio por supuestos de ilegalidad, o negligencia
de funcionarios, etc., permitiéndose resolver adecuadamente
los conflictos agrarios, exigencia esta a 1^ que se aspiraba
ya desde la ley 200 de 1.9-36. Es la jurisdicción agraria
donde se pueden manifestar )os derechos innegables sobre la
propiedad que pertenecen a los indígenas.
38
- -Por el decreto 2303 de 1.989 art. 29 se definió expresamente
que los resguardos indígenas tienen capacidad para ser parte
en el proceso agrario, pueden ser actores, demandantes o
intervinientes, la intención, buscar una plena justicia en el
campo. Aunque queda por saber quien tiene la representación
de los mencionados resguardos, por cuanto, como toda persona
jurídica, por su intermedio comparecerían al proceso con
fundamento en lo previsto en el art. 3 de la ley 81 de 1.958
la sección jurídica de la "Dirección General de Asuntos
Indígenas" hoy dependiente de Mingobierno, en lo relacionado a
restitución de tierras que hubieran sido privadas mediante
actos de violencia . En los demás asuntos el Cabildo,
representante de la comunidad propietaria de un resguardo,
será también el representante de esta según el art. 3, 7 y 23
de la ley 89 de 1.890.3. POLITICAS AGRARIAS
El Estado es el más frió de los monstruos,
miente también friamente, y de aquí la
mentira rastrera que sale de su boca. "Yo el
Estado, soy el pueblo".
"Federico Nietzsche. Así hablaba Zaratustra"
3.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR AGRARIO
Sería pretencioso tratar de agotar un tema tan amplio y
complejo'como de .las manifestaciones de las luchas de clases
en el agro y sus interrelaciones en la política, la economía y
la cuestión social.
El estado ha desarrollado diferentes mecanismos para orientar
determinados esquemas de desarrollo en el agro atendiendo a la
Dinámica de una economía dependiente que transita con
dificultades hacia nuevos estudios y un nuevo orden más
organizado.
La agricultura sigue desempeñando un papel vital en el
desarrollo económico y social colombiana, por ello el
conocimiento de la experiencia en materia de políticas, es
40
- -útil para evitar errores que significa retrasos en el progreso
agrícola nacional.
Intentamos precisar las características principales del
llamado problema agrario que a lo largo de este siglo ha
generado serias dificultades en el campo.
La caracterización del problema agrario se hará fundamental a
partir de 1.930, considerando que el notable proceso de
industrialización que vivió el país desde esta fecha efectuó
profundamente a este sector.
Investigadores del problema agrario nacional como Salomón
Kalmanovitz y Antonio García, señalan como principal
característica del problema agrario la retención de las
tierras laborales por parte de un sector terrateniente que
ensanchando sus dominios a costa de la tierra de los
resguardos, ha determinado, en algunas zonas, una elevada
concentración territorial y un creciente minifundio incapaz de
absorber toda la fuerza de trabajo familiar, ocasionando que
ya desde la década del 20, "el campesinado empezara a
presionar sobre el latifundio, unas veces medios pacíficos y
otras por medios violentos" (CIE-DANE, P. 482).
Organización de la clase obrera, con posiciones políticas,
debates amparados en paro de labores y huelgas, posición
también asimilada por los campesinos, que acudieron a la
invasión como medio de lucha, buscando una equitativa
distribución de la propiedad rural.
41
- -En la década de los 30, el café en su auge dio gran estabili­
dad a la economía exportadora, dando de hecho iniciación y
evolución a los conflictos agrarios que fueron relegados y
dejados en el más completo olvido, los arrendatarios y parce­
larias demandaron un alza en los salarios o libertad para
cultivar su producto.
Con el auge del sector manufacturero se consolidaron las bases
del modo de producción capitalista que encontró serios obstácu­
los a su desarrollo en la economía de hacienda y en la econo­
mía campesina que requerían la sujeción del campesino, bien a
su parcela dentro de la gran hacienda o a su pequeña
propiedad.
A partir-de 1.930, como consecuencia de la crisis mundial de
los países capitalistas, la estructura agraria del país
experimentó importantes modificaciones, puesto que al dismi­
nuir las importaciones de café por parte de los países indus­
trializados, la baja de los precios repercutió en el ingreso
de los campesinos, generando una agudización de luchas
agrarias.
La situación del país se torno más compleja con la restricción
de los empréstitos extranjeros que produjeran un receso en el
mercado y las obras públicas. (Tirado p.226)
El desplazamiento del sector urbano al rural de trabajadores
generó una lucha por lograr una propiedad jurídica de la
42
- -tierra. Se general izaron huelgas, las invasiones y la presión
sobre el latifundio.
Aparceros y arrendatarios se rebelaron contra las diferentes
formas de explotación, consiguiendo que en i.936 el gobierno
"...diera los primeros pasos para tratar de resolver graves
conflictos originados en la lucha por la tierra durante los
años anteriores" (CIE = DAÑE p. 483).
Para amortiguar las luchas agrarias se decretó en i.936 la ley
200 o ley de tierras, cuyos efectos en la estructura agraria
no fueron significativos puesto que su principal objetivo fue
distorsionar las relaciones entre campesinos (arrendatarios,
aparceros, peones) y terratenientes. Muchos vendieron sus
tierras ó las dedicaron a la ganadería, incidiendo en la
escasa producción agrícola y la limitada capacidad importadora
del país que no alcanzaba a satisfacer la demanda del
desarrollo industrial, obligó a que en i.944 el Estado diera
facilidades y garantías a los dueños de las tierras para
retornar a los viejos sistemas de aparcería y arriendo, con
tal fin se aprobó la ley 100 de 1.944 que volvió a reglamentar
los contratos de aparcería y prorrogó en cinco años más de
plazo para revertir al Estado los predios incultos y limitó a
arrendatarios y aparceros a cultivar productos pancoger.
Al seguir latente en el campo el problema de la inadecuada
distribución territorial y las diferentes formas de
explotación del campesinado, en 1.947 se desató la violencia
- 43 -política que generó condiciones de creciente inseguridad
rural, especialmente en las zonas cafeteras.
Se implementó después del enfrentamiento una pujante
agricultura capitalista, más tecnología, mayor producción y
comercialización. La maquinaria en el campo abasteció la
industria con materia prima pero redujo el cultivo de
productos alimenticios. (CIE - DAÑE p.485).
Progresivamente el desarrollo del capitalismo en la agricul­
tura colombiana fue dejando como resultado una elevado concen­
tración de propiedad rural y un alto nivel de pro1etarización
de pequeños propietarios.
Por otra parte la inmensa desproporción entre la tierra
dedicada a la agricultura y a la ganadería fue ocasionando una
enorme subuti1ización del suelo que originó en el país dos
tipos de economía:
.1. El Latifundio, en las llanuras cálidas y en los altiplanos
dedicados a la ganadería y al cultivo (valle).
2. El minifundio, localizado de manera especial en tierras de
vertientes y con producción de autoabastecimiento. (CIE -
DAÑE P.499).
Estas dos formas de tenencia y explotación de la tierra han
determinado la existencia en el país de dos tipos de
agricultura: una de productos alimenticios cultivados en
44
- -pequeñas parcelas y otra de cultivos agroindustriales,
básicamente para exportación y que exige grandes inversiones
de capital y por tanto la concentración y privatización de los
medios de producción.
La existencia de estos dos tipos de agricultura nos demuestra
que aunque predomine en la estructura agraria el modo de
producción capitalista, aún quedan formas productivas
precapitalistas que han determinado una estructura agraria
caracterizada por modalidades de producción que van desde el
complejo agroindustrial hasta el improductivo minifundio.
Tal situación crea desequilibrio socio-económico, pues
encierra vías de acceso al pequeño productor ausente de
beneficios, créditos, tecnologías y sólo fomenta la
desocupación, la migración y la marginalidad social. (Antonio
Sarcia p.231).
Históricamente estas características han establecido un
conjunto de elementos que se proyectan como obstáculo para el
libre desarrollo del sector agrario, debido a la presencia de
elementos generadores de atraso económico y social que
provienen especialmente de la polarizada concentración y
privatización de los medios de producción.
Según el escritor Antonio Barcia estos desajustes
estructurales se expresan por lo siguientes hechos:
45
- -1. Más de un millón de familias campesinos requieren tierras
y el incremento anual es de 40.000 familias campesinas.
2. Pese a los torrenciales migratorios, que en el decenio de
1.950 - 1.960 han comprendido la quinta parte de la
población campesina, el crecimiento neto del sector rural
es del 1,4“/..
3. La baja capacidad ocupacional de los latifundios ~ con el
457. de las tierras agrícolas apenas emplean el 47. de la
mano de obra rural - origina indirectamente la
desproporcionada congestión de la fuerza de trabajo en los
minifundios y los consiguientes fenómenos de subocupación
de la capacidad productiva del campesinado y de
insignificante participación en el ingreso agrícola.
García 1976 p.232, 233).
Como vemos se refleja la existencia de un problema agrario y
los consecuentes conflictos sociales que genera una estructura
deficiente al frenar los rendimientos y no permitir una
distribución racional del ingreso agrario, ni un equitativo
uso de los recursos naturales, humanos y tecnológicos, ni la
integración del campesino y el indígena a la vida nacional.
Esta estructura deficiente, sostiene el panorama desolador de
las comunidades indígenas a las que se les niegan derechos
para mejorar su condición de vida y de producción; que si se
obtienen de la agricultura moderna gracias a los créditos,
tecnología o excelente maquinaria.
46
- -3.1.1. PRODUCCION AGRICOLA PARCELARIA, FRENTE A LA REFORMA
AGRARIA
La cuestión agraria hace relación a la especificidad que asuma
en una formación social concreta, la producción realizada a
partir de ese elemento natural esencial: La Tierra.
Nuestro interés al analizar las políticas agrarias propuestas
por el gobierno colombiano, tienen la ambición de intentar
aclarar las manifestaciones y las intenciones de tales normas
en relación a la comunidad indígena nacional, sin olvidar que
ésta busca ante todo el supuesto de reactivar nuestra economía
para colocarla a la altura de las exigencias internacionales y
copar las necesidades generadas por las crisis económicas.
Múltiples son las manifestaciones de la crisis agraria:
disminución de la oferta de alimentos y materias primas, mayor
concentración de la propiedad territorial a través de la
quiebra de pequeños y medianos productores y de la violencia,
elevación de los costos de producción y deterioro de las
condiciones de vida de la población rural, para no señalar sino
algunas de tales manifestaciones.
todas ellas afectan a su vez. el desarrollo del mercado
nacional y retrasan la esperada reactivación de nuestra
economía. Esta es la base del debate que nos conduce a
observar como se afectan o desconocen los derechos de sectores
que viven necesariamente del íutoconsumo indígenas o
47
- -campesinos insertados en este modo de producción en bajas
condiciones sociales, arrinconados en tierras de mala calidad o
marginados con respecto a los mercados, en tanto que se
incrementa la concentración de la propiedad territorial
agraria.
Debe darse pues un marco interpretativo correcto, un
indispensable registra de los hechos que permita comprender la
naturaleza del problema agrario. Debe propenderse por una
política agraria que aumenta la paz y promueva una integración
socio-política de las comunidades tanto indígenas como a
campesinas en las zonas de frontera agrícola, que sea
realmente distributiva de la tierra, regresando a estos sus
tierras, hoy sujetos a relaciones de servidumbre personal.
Que solo llegaran a superar cuando se pueda negociar en forma
autónoma su fuerza de trabajo y sean reconocidos dentro de los
parámetros jurídicos de equidad e igualdad.
Es necesario examinar la condición que une al indígena y al
campesino con la tierra, es un procesa antagónico al modo de
producción capitalista, fenómeno olvidado por los
investigadores de la realidad agraria que en sus análisis
proponen la necesidad de incorporarlos a las formas modernas
de agricultura.
Observar el significado histórico de las políticas estatales
dirigidas a la pequeña producción y especialmente el cómo de
48
- -la articulación de la forma parcelaria a la agricultura
capitalista. Los campesinos e indígenas demandan una reforma
agraria radical, drástica y rápida que haga desaparecer toda
la estructura latifundista y abra paso a una verdadera
revolución agraria como parte de un proceso más amplio de
grandes transformaciones.
La producción parcelaria esta dedicada, en su gran mayoría,
los bienes alimenticios, no hay ninguna explicación para
aportar al abandono de la agricultura parcelaria, sino el de
la mayor rentabilidad que produce la agricultura moderna cuyos
ingresos son muy superiores por beneficios en maquinaria y
tecnología.
Estós sorí pequeños productores cada vez más integrados al
mercado, al cual contribuyen en proporción altamente
significativa.
"la consigna del derecho a la tierra se muestran por tanto,
con toda crudeza, como una solución acorde a los intereses de
los sectores latifundistas, así apareciera como benéfica para
los campesinos que la enarbolaban.
La explicación de la subsistencia y la creciente integración
de la producción parcelaria, debe hallar respuesta en factores
que necesariamente hagan relación con el conjunto de la
formación y especialmente al proceso de valorización de la
49
- -producción capitalista dominante... Si la forma parcelaria
tiene tal elevada significación, es porque contribuye en forma
positiva al mantenimiento de la tasa de ganancia exigida
históricamente por el proceso de acumulación". (Moncayo,,,
1979. p.171).
Basta al sistema garantizar su producción y productividad en
niveles adecuados, pero sin que la magnitud de su ingreso se
transforme realmente.
Los campesinos abandonan así su autonomía de otras épocas para
ser sirvientes de las necesidades del capitalismo, para ser
explotados sin salarios;, ya que no son los agentes
capitalistas quienes suministran la remuneración sino ellos
mismos quienes se atribuyen lo que estiman indispensable para
su subsistencia.
En lo relacionado con los indígenas se hizo una revisión de la
política tradicional.
Alrededor del año 58, a raíz de los planteamientos de algunos
entendidos en las disciplinas sociales, se empezó a revisar
los viejos conceptos y políticas en materia de trato a las
comunidades indígenas, tales lineamientos se hallan contenidos
en la ley 81/58, la ley 135/6.1. y la ley 31 de 1967, leyes que
asignan al Ministerio de Gobierno las atribuciones de proceder
a la defensa y promoción de las poblaciones indígenas, y le
asignan al Incora la función de realizar programas orientados
a resolver las necesidades de tierras de los indígenas.
50
- -3.1.2. LEY 81 DE 1.958 FOMENTO AGROPECUARIO DE PARCIALIDADES
INDIGENAS
Durante el gobierno de Rojas Pinilla, el Ministerio de
Agricultura fomentó la propiedad privada entre los indígenas,
a todos los sectores que convivían en regiones del país. Este
plan legitimó la ocupación de tierras indígenas por parte de
los colonos, estableciendo áreas limítrofes para el hombre
blanco.
La política de estabilización que tambaleaba por el
afianzamiento de los grupos guerrilleros que funcionaban como
repúblicas independientes amenazando el control estatal y
político, que al incursionar sobre campesinos e indígenas se
movilizaban como autodefensas de masas y promovían la
protección a los indígenas y el otorgamiento de tierras
suficientes para su desarrollo, devolviéndoles las usurpadas
por los latifundistas y modernizando el sistema de cultivo.
El Estado a su vez promovía un Proyecto ley propuesto por
Víctor Mosquera Cháux para impedir el avance de tales
políticas guerrilleras. De aquí surgiría la Ley 81 de 1.958
"Fomento agropecuario de parcialidades indígenas", hacía un
reconocimiento expreso de la resistencia de los resguardos a
su disolución forzada e inspiraba su incorporación gradual y
no traumática.
Frente a la tesis de destrucción física de los resguardos,
optaba por una más sutil a través de la incorporación de sus
habitantes a la economía monetaria, al consumo de productos
51
- -industriales y a la transformación de sus sistemas de trabajo
y producción, proyecto aprobado en su totalidad.
Era la política de pacificación del campo, de atracción de los
campesinas mediante políticas reformistas y la neutralización
de los grupos insurgentes.
El Proyecto que dio origen a la expedición de esta ley, fue
presentado por primera vez al Congreso por los representantes
caucanos Víctor Mosquera Cháu>: y Mario Aurelio Hormiga, en las
sesiones de 1.947, en aquella oportunidad no alcanzó a ser
aprobado y fue llevado sin modificaciones de consideración
nuevamente a conocimiento del legislativo. En el año de 1.958
hay coincidencia entre muchos estudiosos al considerar esta
ley como -una ruptura en el viejo modelo de relación del Estado
con las comunidades indígenas.
En 1.947 se exponía por los proponentes en sus motivos para
sustentar el proyecto:
Comunidad o división? Sobre este punto de la división de los
resguardos se ha levantado una larga polémica de carácter
ideológico, económico, social y por ende político.
"Era la Política de pacificación del campo, de atracción de
los campesinos, mediante políticas reformistas y la
neutralización de los grupos insurgentes. "A los campesinos
hay que darles algo para que tengan que perder". Uno de los
52
-raciocinios que sirvió de formulación de estrategia a nivel
rural". (Triana 1980, p.65).
"...Por eso Mosquera Cháux en su ponencia hacia la crítica de
las dos tesis contrapuestas en materia de resguardos
indígenas, la primera según él, acogida por socialistas y
partidarios de corrientes afines, que veían en la explotación
comunal indígena y en el régimen del resguardo, la aptitud
para su tránsito directo, mediante formas modernas de
colectivismo, entendido éste como la mejor forma de
explotación agropecuaria. La segunda tesis se levantaba en
la enseñanza de quienes predicaban a ultranza la partición de
los resguardos fundamentados en que las parcialidades
indígenas no daban su mayor rendimiento a la economía nacional
y están ocupando una extensa zona del territorio patrio que
trabajadas individualmente podrían ser una inagotable venero
de producción agrícola y de desarrollo pecuario. Consideran
además que el indígena elemento humano que habita y posee los
resguardos, esta en franca decadencia física e intelectual y
se halla en un retraso muíticentenario de civilización y de
cultura, factores que hacen inaprovechable su actividad
económica rudimentaria y primitiva.“(Anales de la Camara 1947)
Ideológicamente estos planteamientos están enmarcados dentro
de los más rígidos postulados de la escuela liberal y del
individualismo político que no reconoce límites al derecho de
propiedad privada.
"...En la oposición antagónica de estas tendencias puede
encontrarse una figura intermedia representada por quienes.como nosotros, piensan que el problema debe resolverse en
forma real y práctica considerando las situaciones económicas
y jurídicas concretas.
En verdad, hay resguardos indígenas cuyo aporte económico es
poco menos que ínfimo, al paso que el espeso núcleo humana, de
aparentes aptitudes para el agro, esperaban ansiosos la
oportunidad de cultivar la tierra que otros detentan o
mantienen inactivas. Pero si esto es cierto, no lo es menos
que el Estado ha sido indiferente ante las necesidades de los
indígenas y los ha abandonado a su propia suerte, sin estímulo
ni apoyo, sin recursos para mejorar sus medios y recursos
técnicos, sin herramientas, sin facilidades de crédito, sin
vías de comunicación, sin escuelas, sin habitaciones
higiénicas, sin instrucción, han comprometido históricamente
su esfuerzo conjunto y solidario en la noble? tarea del
incrementa de la riqueza pública.
Ciertamente no sería lógico pregonar la inconveniencia de las
parcialidades indígenas sin darles una oportunidad a sus
componentes, de poner a prueba la bondad de esas organizaciones
bajo la acción tutelar del Estado. A remediar el
incalificable y prolongado descuido oficial que han venido
soportando". (Anales Cámara 24 de Octubre de i.947)
Presidencia de la República, 1991, pag. 104.
Completaba su racionamiento Mosquera Cháux proponiendo:
54
- -1. Solución a la situación política del oriente cancano.
2. Frente a la solución política de Tierradentro "lugar de
ubicación y donde el Estado se ha mantenido en un
injustificable abandono, se aplicaran políticas
reformistas mediante el fomento agropecuario que contenga
a los grupos armados.
3. Dar oportunidad a los componentes del resguardos para
determinar por sí mismo sobre la convivencia o
inconvivencia de disolver y repartirse la tierra entre sí,
aunque se deben vincular al resto de la economía,
facilitándoles medios para el ejercicio de sus aptitudes
industriales y agrícolas.
4. Superar el minifundio evidente.
5. Solucionar los litigios existentes entre comunas indígenas
y extraños de pareia1idades, degenerados en problemas de
orden público.
é>. Mejorar condiciones de higiene y sanidad»
7. Aumentar el índice de productividad de? las comunidades con
apoyo del Estado.
Este proyecto fue aceptado en su totalidad convirtiéndose en
1 e y .
- 55 -Se creó la Sección de Asuntos Indígenas. Por la misma ley
con carácter"administrativo para ejecutar lo dispuesto por la
ley. Artículo lo. En los departamentos en donde existen dies
o más parcialidades indígenas (resguardos) funcionará una
oficina llamada Sección de Negocios Indígenas, dependiente del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Esta sección tuvo funciones de policía a su cargo, además
intervención en elección de cabildos, elaboración de censos,
estudios de títulos de resguardos, representación de
parcialidades, asistencia técnica, desarraigo de la coca,
formación de cooperativas y facultad de dictar resolución
sobre división de resguardos.
En la prárctica la ley se orientaba hacia el control absoluta
de los resguardos a través de estas secciones y para el
adelanto de programas se creó el Fondo del Fomenta
Agropecuario mediante aportes de la nación, se intentaba poner
a disposición de.l Estado un instrumento eficaz para llevar a
cabo la nueva política indigenista fundada en el desarrollo
económico de las comunidades.
No disponen ni de herramientas, semillas, abanos, ni
utensilios de labranza, ni maquinaria agrícola, se les
concederían además créditos de responsabi1idad de las
parcialidades.
El Eístado debe resignarse a correr el riesgo de invertir
56
- -gratuitamente unos cuantos pesos para aligerar las necesidades
de un grupo de compatriotas que permanece en el olvido, por
ser psicológicamente inferior a las agitaciones sociales
remiso a premializarse para la defensa de sus intereses
económicos. (Anales de la Cámara, Octubre 24 de 1.947).
En esta ley se insiste en la segregación de los lotes de
resguardo en favor de las poblaciones, siempre que de aquella
separación no resulte grave e irreparable pérdida de la misma
parcialidad a los indígenas usufructuarios de las porciones
afee tadas.
Esta ley art 7 incorpora también el procedimiento para la
división del resguardo aunque solo podia ser decretaba a
solicitud- de la totalidad del cabildo respaldado por las dos
tercias partes de los indígenas, sin distinción de sexo,
inscritos en el censo correspondiente, lo cual significo un
viraje en la política anterior, de la división forzada
señalada en el decreto 1421 de 1.940, en donde se habilitaba
al gobierna, por vía administrativa, si un resguardo existía o
había dejado de existir, siguiendo este procedimiento se
declaró la inexistencia y la adjudicación como terrenos
baldíos.
De un buen número de resguardos cuyos cabildos no dispusieron
de medios para obtener oportunamente la documentación que les
acreditaba como titulares del dominio de las tierras
comunales, creando conflictos con otras comunidades al
interior de la misma por razón de la tierra.
57
- -Con el artículo 8 de la ley 81 de 1.958 se intentó un
correctivo a estos conflictos.
La ley facultó al gobierno para hacer extensivas las
disposiciones comentadas a otras zonas del país y creó el
Instituto Indigenista Colombiano cuya interpretación y
funciones se fijo mediante el decreto 1634 de 1.960.
El primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en
Patzcuaro, México, en abril de 1.940, elaboró el texto de la
convención que instituía el Instituto Indigenista
Interamericano. El gobierno de Colombia autorizado por la ley
123 de 1.943, adhirió a dicha convención, al depositar el
instrumento de ratificación que fue registrado el lo. de abril
de 1.944 -al tomar del art. 10 de la convención de Patzcuaro.
El gobierno nacional adquirió el compromiso de crear el
Instituto Nacional Indigenista, con las funciones previstas en
la norma referida.
A su compromiso vino a responder el art. 11 de la ley 81/58 y
a la ley y funciones definidas por los art. 36 y 37 de la .ley
1634 de 1.960 y por el mismo decreto fue creada la División de
Asuntos Indígenas, inspiraba entre otras razones, en la
necesidad de dar un carácter administrativo capaz de poner en
ejecución la política definida en la ley 81 de 1.958 y
responder a los compromisos adquiridos por Colombia en la
convención de Patzcuaro.
58
- -Otra medida de la ley 81 de 1.9S8 contempla que los resguardos
que no teniendo títulos escriturarios no comprueban su
carácter de tales con la prueba supletoria prevista por la ley
89 de 1.890, en un plazo de cinco años, contando a partir de
la vigencia de las secciones de negocios indigenistas se
consideran como baldíos y se sujetaran a las disposiciones
sobre esta materia.
En este caso los indígenas serían considerados como poseedores
con derecho preferente a la adjudicación. En el primer caso
se deja a merced de los tribunales y juzgados del país, la
solución de los conflictos de tenencia y la segunda facilita a
los particulares la ocupación de terrenos de resguardos,
convertidos, por parte de esta ley, en baldíos, por ausencia
o pérdida de los títulos respectivos.
3.1.3. LEY DE REFORMA SOCIAL AGRARIA "LEY 135 DE 1.961"
El Estado revisa sus políticas de producción agropecuaria
formulando objetivos y disposición de medios, nos remitíamos
aquí a los años 60, donde las transformaciones económicas y
sociales sufridas por el país, implicaron cambios en las
formas y las funciones del Estado, como exigencias de la
realidad histórica.
El desarrollo del capital financiero e industrial, donde el
mercado urbano crece y el círculo de exportaciones impone un
estímulo para la expansión de la agricultura comercial.
59
- -Las relaciones atrasadas y la pequeña propiedad rural entraron
en crisis. La estructura de la tenencia de la tierra, con su
alto grado de concentración, la escasa tecnificación de la
producción rural y la- permanencia de relaciones atrasadas se
evidenciaron como frenos a la elevación de la producción y
productividad rurales y a la ampliación del mercado interno.
Durante el Frente Nacional y su primer gobierno, Lleras
Camargo, y sus programas de reforma agraria, pretendían dar
soluciones a una sociedad señalada como "dual, donde un sector
atrasado, pobre estático y subdesarrollado, debía ir de la
mano con uno moderno, industrial y desarrollado, implicando un
acercamiento entre los sectores campesinos e industriales.
Buscaba igualmente estabilizar la vida rural transformada y
sacudida por la violencia política, los guerrilleros como los
militares, en todos los rincones del. país y en aquellos
especialmente desprotegidos, desestabi1 izaban a toda la
comunidad.
Los estudios antropológicos sobre algunas comunidades
indígenas pusieron de manifiesto aspectos de su cultura y
economía negados por la historiografía oficial. Un nuevo
lenguaje, una nueva concepción, se empezó a esbozar en el
campo indigenista; se identifico al indio como "marginado"
pero con miras a beneficiarse de programas oficiales de
mejoramiento económico y social.
60
- -Fueron considerados rezagos del pasado, exponentes de formas
culturales arcaizantes, que podrían eventualmente conservarse
dentro de un proceso paulatino de interpretación al resto de
la "cultura nacional".
Se trataba de hacerlos beneficiarios de las ventajas de la
civilización, mejorando sus condiciones de vida, trabajo y sus
posibilidades de consumo, facilitando así, su forma de
integración y superando los esquemas de segregación
tradicional. Mejorar las oportunidades del indio para ser
"aceptado" por la sociedad nacional. La metodología:
transformación de su economía o "civilización vegetal",
mediante técnicas que mejoraran sus índices de producción, de
productividad y de consumo.
En esta óptica los indígenas se consideran clientes
potenciales de productos diversos y no como simples trabas,
por ejercer el monopolio de la tierra, como lo veía la
concepción hacendil o el colonato tradicional.
Los indígenas podrían en este esquema suministrar alimentos y
materias primas a bajos costos.
La cuestión indígena aparece en esta coyuntura "marginal",
aunque enmarcada en una concepción novedosa, en la que
desaparece el "indio" y se mira con interés la "comunidad"
indígena susceptible de transformarse en cooperativo y de
consumo. (Adolfo Triana. Legislación Indígena, p. 59. 1980).
61
- -La situación del país en estos momentos de crisis general,
tanto a nivel del Estado, como de su base económica, la baja
de precios del café, dieron lugar a la recesión económica,
paralizando los esfuerzos industriales, resentidos por la
escasez de divisas y la estrechez del mercado interno, unida a
esta circunstancia la migración del campesinado a las grandes
ciudades generando lumpenización.
Los violentos procesos de expropiación en las mejores tierras
del país y el surgimiento de un sector agroindustrial,
contrastaba con la persistencia de grupos armados, que
amenazaban la estabilidad institucional, razón por la cual el
gobierno se vio en la necesidad de reorientar la política
económica y especialmente la del sector agrario.
Con la Reforma Social Agraria de i.96.1, institucionalizada
mediante la ley 135, el Estado colombiano pretendió incorporar
al sistema económico de producción, numerosos núcleos humanos
y regiones que permanecían marginados del desarrollo nacional,
al igual que reformar la estructura agraria caracterizadas por
la inequitativa distribución de la propiedad rural.
La agricultura comercial acuso un notable desarrollo durante
la época de los cincuenta, vinculando las áreas planas al
cultivo en forma mecanizada y desplazando de ellas la
ganadería extensiva, lo que si bien reducía las necesidades de
importación de bienes agrícolas, planteaba nuevos problemas de
una parte, el avance de las explotaciones capitalistas en el
62
- -campo precipitaba la formación de vastos contingentes de mano
de obra que fuera absorbida por la industria al mismo ritmo de
su expulsión del campo, y de otra se empezaba a presenciar un
creciente distanciamiento entre la agricultura comercial y la
agricultura tradicional, distanciamiento que al tiempo se
convertía en anacrónica la antigua relación latifundio -
minifundio, respectiva bajo la cual se miro el problema
agrario en las tres décadas anteriores, se reflejaba no solo
en el desarrollo técnico de la agricultura productora de
materias primas sino en un reforzamiento de las
características de la agricultura tradicional, tras la cual se
empezaba a ocultar la descomposición campesina en la forma de
sub-empleos.
Desde luego el problema agrario asumía muchas características,
pero al buscar las causas del crecimiento del desempleo, la
burguesía descubría de golpe la relación entre éste y el
desarrollo agrícola.
De hecho, la incapacidad de la industria para absorber
productivamente la fuerza de trabaja del campo se escondía,
tras la visión del problema agrario, el cual, al menos desde
el punto de vista de la burguesía, no era definido ya por la
presencia del latifundio o por los efectos económicos de la
concentración de la propiedad territorial, sino más bien por
la presencia de una agricultura que por su rápido desarrollo
conlleva a la posibilidad de retener la fuerza de trabajo en
el campo, acelerando con ello el desempleo urbano. Así, enlugar de ver el desempleo como la incapacidad del capitalismo
para absorber la descomposición campesina, se prefirió ver en
ésta, y en la agricultura que la provocaba, la causa del
desempleo y por supuesto hacia ella debia apuntar la solución.
(Bejarano. 1978, p. 229).
El hecho de que el 3.47. de las tierras se encontraron
irracionalmente explotadas y la existencia de un latifundio
improductivo, plantea como solución la que después de muchos
debates, sería la ley 135 de 1.961.
Sin embargo la Fileforma Agraria de 1.961 no fue solo producto
de factores internos, en ella, incidieron también factores
como la revolución cubana y las precisiones de organismos
internacionales, que condicionaron sus empréstitos, en América
Latina, a la ejecución de reformas agrarias.
Algunos de estos factores internos al igual que externos,
hicieron posible esta reforma:
1. La expansión del capitalismo en la agricultura y el auge
de la industria.
2. La necesidad de los partidos políticos tradicionales de
seguir conservando el poder.
3. Necesidad de neutralizar movimientos campesinos de
oposición formados como secuela de la violencia.
64
- -4. La presión de organismos internacionales que condicionaron
los empréstitos a la ejecución de reformas agrarias.
Una vez sancionada la ley 135, para lograr los objetivos
propuestos se considero necesario:
1. Expropiar con indemnización las tierras inadecuadamente
explotadas, para luego entregarlas con títulos de
propiedad individual.
2. Con proyectos de colonización, incorporar tierras a la
producción.
3. Establecer programas de apoyo con crédito, cooperativas y
asistencia técnica. (F'eláez 1.973 p.10.1, 102).
La ley 135, cuyo principal objetivo fue "...Reformar la
estructura social agraria por medio de procedimientos encami­
nados a eliminar y prevenir la inequitativa propiedad rústica
y su fraccionamiento antieconómico", tuvo fuerte oposición por
parte del sector terrateniente y latifundista que veía amenaza­
do sus intereses, hecho que desde un principio le resto
fuerza, incluso al intento desarro 11ista de la reforma. Esta
se fue limitando a la recuperación de las tierras inexplotadas
y de baldíos. La afectación de tierras estimadas adecuadamen­
te explotadas o situadas en los valles de mayor vocación
agrícola y en que se disponía de mayor infraestructura fue
prácticamente nula.
Solamente para los efectos de construir distritos de riego
65
- -pudieron ser afectadas algunas tierras de esos valles. El
organismo encargado de la ejecución de la Reforma Agraria es
el Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCÜRA-. De aquí
surge el término "incorar", para significar que una tierra o
un propietario habían sido afectados por la ley de Reforma
Agraria.
Obviamente, al ser "incorada" una tierra, ésta quedaba
prácticamente fuera del comercio, perdía valor comercial y
sujeta al proceso de adquisición o expropiación. La forma de
pago dependía del grado de explotación. Ante el peligra de
"incorización" muchos propietarios resolvieran explotar mejor
sus tierras, especialmente en los valles y en las zonas donde
se proyectaban sistemas de riego artificial, orientado sus
explotaciones, a la producción más o menos modernizada de
artículos de consumo industrial como algodón, soya, arroz y en
general, a un relativo mejoramiento de las técnicas agrícolas
y ganaderas.
Dicha entidad estaba facultada para utilizar en la política de
reforma agraria, tierras públicas o privadas (por compra o por
expropiación). Con una norma posterior (Ley 4 de 1.973)
introduce aclaraciones sobre las tierras que pueden ser
materia de expropiación de términos vagos y ambiguos que se
traducen, en la práctica, en la reducción a un mínimo, casi
simbólico, de las tierras privadas expropiadas.
El INCORA debía ejecutar los programas que en su mayaría
serían financiados por organismos norteamericanos.
66
"1. Crédito supervisado: programa creado con el fin de
otorgar préstamos y asistencia técnica a minifundistas y a
beneficiados del INCDRA. Fue financiado por el AID y el
BIRF.
2. Programas de distritos de riego y drenaje para adecuación
de tierras y los programas de colonización. Fueran
financiados por el BID.
El programa jurídico, a excepción de la compra de tierras, fue
financiado por el AID. (Peláez p.101, 102).
En 1.967, por decreto 755 se creo la ANUC, Asociación Nacional
de Usuarios Campesinos, como organismo de presión para agilizar
los proyectos de Reforma Agraria, la ANUC rechazo los
parámetros gubernamentales y asumió una posición radical en la
lucha por la tierra, exigiendo la entrega de la tierra a
quienes no la posean y quieran trabajarla, pidiendo la
eliminación del monopolio y la liquidación del minifundio,
cooperativas para pequeños y medianos propietarios.
(Kalmanovitz.1978, p.311).
Los indígenas del Cauca, en 1.971, ante la inoperancia de la
Reforma Agraria, organizó el Consejo Indígena del Cauca
(CRIC), quien retomando las propuestas del Quintín Lame
Planteaba:
1. Recuperar las tierras de los resguardos y ampliar los
existentes.
67
- -2. Fortalecer los cabildos y no pagar terrajes.
3. Defender el patrimonio cultural indígena (Friede 1976
p.34, 36) motivo que generó la creación de otras
organizaciones similares, aspiraciones que fueron
reprimidas en la reunión del INCQRA.
En el gobierno de López (1.974-1.978), se trazó un nuevo
programa de Reforma Agraria, que dejo de lado los objetivos
principales de la ley 135 y, por medio del Plan de Desarrollo
Rural Integrado (DRI), impulsó un programa de crédito para
campesinos medios, que fue completado con la ley de aparcería
que concedió plenas garantías a los terratenientes para
continuar explotando a arrendatarios y aparceros, puesto que,
al asegurarse la posesión de sus latifundios, los dotó de
instrumentos legales para seguir marginando a la población
indígena y campesina del país. (Kalmanovitz, 1975, p.316).
Como resulta obvio, la Reforma Agraria Colombiana tiene muy
escasa significación en lo que se refiere a afectación -
adjudicación de tierras de propiedad privada. Su política
distributiva parece haber estado centrada en la adjudicación
de tierras públicas, como consecuencia de la reversión del
Estado de tierras abandonadas o de zonas periféricas y
endeudadas.
Mediante este proceso se deja, prácticamente intacta, la
concentración en manos privadas de la propiedad territorial en
- 6 8 -Colombia, y se adjudican áreas que en la mayor parte suponen
altos costos en la habilitación de las tierras para una puesta
en producción, de las mismas, medianamente eficiente.
De esta manera, la concentración en la tenencia y propiedad de
la tierra parece haberse acentuado durante el proceso de la
Reforma Agraria.
Este proceso de mantenimiento y asentamiento de la
concentración de la propiedad de la tierra se da entre otras
formas secundarias, mediante la .introducción de formas
empresariales capitalistas en el agro colombianos. De esta
es notable la creciente tendencia a producir café con trabajo
asalariado. Es manifiesto, pues, el sentido de una política de
reforma agraria que ' no afecta esta concentración de la
propiedad territorial. Parece haberse presentado el intento de
sustituir una política redistributiva de la tierra y demás
recursos productivos por una política de apoyo crediticio
mediante programas de desarrollo rural integrado, impulsados
gubernamentalmente desde 1.972.
3.1.4 PROYECTO DEL INCORA PARA LA POBLACION INDIGENA
Por intervención del jefe de la División de Asuntos Indígenas
del Ministerio de Gobierno, Gregorio Hernández de Alba, y
teniendo en cuenta la nueva concepción indígena, se incluyó en
la legislación agraria dos artículos sobre el problema
indígena: el 29 y el 94.
69
- -El art. 29 se referia a la población indígena afectada por
programas de colonización y titulación jurídica de tierras,
adelantada por el Estado, reformada el art. 3 de la ley 60 de
1.916, determinó que no podían hacer adjudicaciones de baldíos
en zonas ocupadas por indígenas sin el previa concepta
favorable del gobierno.
Según Morales Benítez, Ministerio de Agricultura en ese
momento, "La economía de las comunidades indígenas agrícola y
ganadera, se caracterizaba por su nivel primitivo, decadente,
de técnicas rudimentarias y la utilización de energía vegetal
o animal, el Estado aprovechando las formas comunales de
trabajo mediante la concentraciones parcelarias, debía abocar
el problema de superar el minifundio de algunas paireia 1 idades
indígenas, bien mediante su reagrupamiento o a través de las
superficies adicionales". (Triana 1978. p. 62.).
El art. 94, facultó adicionalmente al INCORA para prestar
cooperación a la sección de negocios indígenas en la
redistribución de la tierra a cargo de los cabildos, hacer los
reajustes correspondiente, prestar asistencia técnica para
incrementar la producción agrícola.
En consecuencia, el programa agrario para la población
indígena, se orientó, básicamente, en dos sentidos:
70
-1. Para los .indígenas de resguardos, prográmeos que
transforinaran su situación interna, convirtiendo a sus
miembros en campesinos eficientes.
2. Para los indígenas de selva o de sabana, programas que
permitieran sus asentamientos en resguardos o reservas.
(Triana 1978 p.63).
Con la ley primera de i.968, se facultó al INCORA para dividir­
los resguardos en unidades agrícolas familiares y crear
reservas en áreas de misiones. Un año más tarde, el decreto
2117 reglamento el art. 94 de la ley, estableció el
procedimiento para la constitución de reservas indígenas,
aunque en el lenguaje del INCORA, estas no tienen categoría de
resguardo, (Triana 1978. p. 65).
En relación a las reservas, cabe aclarar que en el país
existen dos clases: de carácter general y de carácter
específico. Las reservas generales se refieren a baldíos cuyo
aprovechamiento somete el Estado a condiciones limitativas y
hasta prohibitivas, con el objetivo de proteger los recursos
naturales renovables y salvaguardiar la economía nacional.
Este tipo de reserva no tiene linderos fijos, y el INDERENA es
el organismo encargado de controlar su explotación forestal;
con el fin de evitar la erosión de? los suelos y el agotamiento
de la fuente de agua.
Las reservas de carácter específico tienen carácter jurídico
de dominio privado o fiscal del Estado y exigen el
71
- -levantamiento de un plano. El INCORA es quien crea y
administra este tipo de reservas, cuyo objetiva es el de
garantizar a los indígena la posesión pacífica de las tierra y
una efectiva asistencia técnica que beneficia a la comunidad
para que sus miembros obtengan los mejores resultados y se
incorporen de manera consiente al proceso nacional de
desarrollo.
De ahí, que las reservas específicas pueden entenderse como
una medida de protección para las comunidades indígenas,
ubicadas ,generalmente, en las zonas de colonización.
Algunos proyectos del INCORA incluyó programas para la
población indígena, fue el proyecto Cauca Nr 2, aprobado
mediante la resolución .140 del 6 de julio de 1964, cuyo
objetivo fue desarrollar en unas 10.000 hectáreas programas de
titulación de tierras, construcción de vías, crédito
supervisado y servicio social campesino. El proyecto
comprendió los municipios de Belarcazar, Inza,Torib.io en
Tierra dentro y los municipios de Silvia y Totoró. Con el
programa de titulación de tierras, el INCORA pretendió
beneficiar 1.100 familias de Resguardo,cuyas tierras eran
insuficientes para el abastecimiento de toda la comunidad.
"....Entre 1.973 y 1.980 el INCGRA sólo creó 4 Reservas un
Resguardo , donde se ubicaron 336 familias y un total de 1700
personas que representaban el 1.42% de la población indígena
del Cauca.
72
- -El proyecto Arauca fase 2, creado en 1974 cobijó una zona de
asentamiento de numerosos grupos indígenas que dependían
básicamente de la recolección, la caza, la pesca,y que no
habían desarrollado técnicas agrícolas ,los colonos les habían
arrebatado casi todas sus tierras y era vigente la creación de
reservas.
En otros departamentos, Meta, Putumayo, Vichada, Putumayo,
Casanare intentó crear reservas para las comunidades que allí
habitaban. " (Pireneque,1981 U.N)
3.1.5. DESARROLLO Y ALCANCES DE LA REFORMA AGRARIA
Para hacer la evaluación de la Reforma Agraria de 1.96.1, es
necesario atener en cuenta que fue producto no solo de la
presión del campesinado, sino de los intereses internos y
externos relacionados con las circunstancias socio-económicas
que vivía el país y que tendían a promover el desarrollo
capitalista del, agro.
Su desarrollo tuvo, como era esperarse, momentos claramente
diferentes hasta su ocaso, esto se reflejo en los recursos
asignados por la misma, en los ritmos de ejecución de éstos y
el tipo de acciones y en el propio manejo político del Estado
para el manejo de la Reforma Agraria.
El instituto designado para la ejecución del programa, creado
por la misma ley, tuvo sus antecedentes en otras entidadesdispuestas básicamente para la colonización de baldíos; de ahí
que la reforma haya enfatizado tanto en los Distritos de riego
y la colonización, dejando al margen los objetivos sociales de
la ley 135, como la necesidad de promover la redistribución
del ingreso y un adecuado desarrollo social que beneficiaría
ala población rural, a pesar de habérsele dado al INCORA
capacidad para la ejecución de obras de infraestructura y
mejoramiento social.
La Reforma Agraria se orientó inicialmente con el ■ criterio
principal de fomentar la producción y la productividad, antes
que la redistribución del ingreso y el desarrollo social en
beneficio del campesino, etapa llamada desarrol 1 .ista, cuyo
empeño corresponde al énfasis exagerado en los distritos de
riego y otras obras de desarrollo tecnológico.
A pesar de las ¿amenazas expropiativas, la estructura de la
propiedad se encontró muy lejos de ser transformada; los
patrones de concentración se fortalecían haciendo más fuerte
la incidencia de ésta concentración sobre la ocupación de ,1.a
mano de obra rural, incrementándola la crisis ocupación ,y
tierras monopolizadas.
A pesar de las amenazas expropiativas fueron bastante tenues
si se produjeron algunos cambios en el aprovechamiento del
suelo y en la incorporación del capital; las incertidumbres
despertadas en los primeros años de la Reforma Agraria
condujeron de una u otra manera a un propósito de mayor
74
- -racionalidad en el aprovechamiento del suelo, mediante la
utilización de instrumentos de fomento proporcionados por el
Estado.
Las tendencias hacía la "modernización" de la gran propiedad
ya eran perceptibles y no se alteraron en esta época. El
profesor Antonio García cataloga la Reforma Agraria de 1961
como de tipo Marginal, considerando que dicha reforma "...no
apuntó hacia la ruptura del monopolio sobre la tierra o hacia
la transformación fundamental de la estructura latifundista,
sino a la reparación superficial y hacia la preservación
histórica de esas estructuras, desviando la presión campesina
o presión nacional sobre la tierra hacia la colonización de
tierras baldías de propiedad fiscal y localizadas en zonas
peri féricas".( García,1976,p.237).
Encauzada la Reforma Agraria, hacia la ¿ampliación de la estruc­
tura física y la colonización en los primeros 10 años de
actividades del INCORA en el país, los resultados fueron .los
siguientes:
1. Casi el total de las actividades realizadas por el INCORA
entre 1961 y 1972 fueron adjudicaciones de tierras baldías
de propiedad fiscal localizadas en zonas marginadas ,por
lo cual no hubo redistribución sino incorporación al
proceso de producción.
75
- -2. Durante 1961-72 se expropiaran únicamente 33 predios que
apenas representan el 0.47. de las tierras adquiridas por
el INCORA por un procedimiento legal que condicionó la
expropiación a negociaciones previas con el propietario.
3. Las tierras expropiadas por el INCORA se asignaron a
13.800 familias que representan menos del 17. del érea
agrícola aprovechable.
4. La mayoría de las compras y apropiaciones se efectuaron en
zonas de adecuación de tierras, donde el instituto concen­
tró el 307. de sus inversiones. (Barc í a , 1973, p. 52".)
Durante la primera década de actividades del INCORA el crite­
rio para las adjudicaciones fue el de la "Unidad Agrícola
Familiar", consistente en un predio que explotado racionalmen­
te estaría en condiciones de suministrar a la familia los
ingresos suficientes para subsistir. Sin embargo, este
sistema de dotación de tierras incrementó el minifundio;,
obligando en 1.971 a adoptar una nueva modalidad de adjudica­
ción que propendía a la formación de explotación comunitarias
campesinas con propiedad, trabaja, gestión y usufructos
colectivos y constitución de cooperativas de comercialización
en el área de cada proyecto de reforma integradas nacionalmen­
te? en una estructura secundaria -CEC0RA- conformada según el
modelo de cooperativa de participación estatal. (García, 1973.
p.52 ) .
76
- -La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC- presiono
al gobierno para que adoptara como modalidad de adjudicación
la Empresa Comunitaria, que junto con las cooperativas de
servicio se asociarían a la Central de Cooperativas de Reforma
Agraria (CECORA).
En 1.970, la ANUC pidió al gobierno la revisión total de los
avalúos catastrales y rechazó la política de colonización de
baldíos y parcelaciones accidentales y un año más tarde,
durante la Asamblea de Fúquene, al proclamar su primer mandato
campesino definió claramente las líneas ideológicas del
campesinado, como clase social independiente, planteando la
necesidad de una Reforma Agraria que .transforme
radicalmente la estructura agraria del país y sustituya por un
sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de tierra
que al mismo tiempo garantice la justicia social y el
desarrollo económico" (García, 1.976. p. 248-249).
En relación con los efectos económicos de la Reforma, cabe
resaltar la consolidación del derecho de propiedad de los
colonos y la agilización del mercado de tierras, producto de
haberse constituido la reforma en un sistema legal de
expropiación. Pero en lo relativo a la tenencia y distribución
de la tierra,la Reforma no produjo cambios significativos
aunque sí contribuyó al deteriora de las formas de producción
precapitalisttas como el arrendamiento y la aparcería al
tiempo que impulsó el desarrollo capitalista de la
agricultura. (Kalmanovitz, 1.976, p.178).Comparando la distribución de la propiedad rural entre 1.960 y
i.971, salta a la vista el incremento en el grado de concentra­
ción de la propiedad, hecho que nos confirma la poca eficacia
de la Reforma en cuanto el plan de redistribución de la
propiedad rural.
Después de una década de actividades del INCORA, que mostraba
en conclusión un balance negativo, especialmente en relación
con los objetivos sociales de la ley 135, se desecharon
definitivamente los objetivos planteados inicialmente y con el
"Acuerdo de Chicoral" expresados en las leyes 4a. y 5a. de
1.973, surgió una nueva modificación a la política agraria.
Con la ley 4a. se modificaron los criterios para expropiación
y mecanismos de indemnización, haciéndose prácticamente
imposible la expropiación de latifundios. La ley 5a.
estableció los mecanismos de capitalización del sector agrario
y reestructuro los sistemas de créditos para abrir vías a la
transferencia masiva del capital al campo, buscando una
modernización de producción:tierra, trabajo y capital.
(Bejarano, 1,978, p.258-259).
La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -AIMUC- presiono
al gobierno para que adoptara como modalidad de adjudicación
la Empresa Comunitaria, que junto con las cooperativas' de
servicio se asociarían a la Central de Cooperativas de Reforma
Agraria (CECORA).
78
- -En 1.970, la ANUC pidió al gobierno la revisión total de los
avalúos catastrales y rechazó la política de colonización de
baldíos y parcelaciones accidentales y un año más tarde,
durante la Asamblea de Fúquene, al proclamar su primer mandato
campesino definió claramente las líneas ideológicas del
campesinado, como clase social independiente, planteando la
necesidad de una Reforma Agraria que "...transforme
radicalmente la estructura agraria del país y sustituya por un
sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de tierra
que al mismo tiempo garantice la justicia social y el
desarrollo económico". (García, 1976. p.248-249).
En relación con los efectos económicos de la Reforma, cabe
resaltar la consolidación del derecho de propiedad de los
colonos y la agilización del mercado de tierras, producto de
haberse constituida la reforma en un sistema legal de
expropiación. Pero en lo relativo a la tenencia y
distribución de la tierra, la reforma no produjo cambios
significativos aunque sí contribuyó al deterioro de las formas
de producción precapita 1 .istas como el arrendamiento y la
aparcería al tiempo que impulsó el desarrollo capitalista de
la agricultura. (Kalmanovitz, 1976, p.178).
Comparando la distribución de la propiedad rural entre 1.960 y
1.971, salta a la vista el incremento en el grado de
concentración de la propiedad, hecho que nos confirma la poca
eficacia de la Reforma en cuanto al plan de redistribución de
la propiedad rural.Después de una década de actividades del INCORA, que mostraba
en conclusión un balance negativo, especialmente en relación
con los objetivos sociales de la ley, se desecharon
definitivamente los objetivos planteados inicialmente y con el
"Acuerda de Chicoral" expresados en las leyes 4a. y 5a. de
1.973, surgió una nueva modificación a la política agraxria.
Con la ley 4a. se modificaron los criterios para expropiación
y mecanismos de indemnización, haciéndose prácticamente
imposible la expropiación de latifundios. La ley 5a.
estableció los mecanismos de capita1 ización del sector agrario
y reestructuro los sistemas de créditos para abrir vías a la
transferencia masiva del capital al campo, buscando una
modernización de producción: tierra, trabajo y capital.
(Bejarano, 1979, p. 258 - 259).
Para facilitar el desarrollo capitalista en el campo, dos años
más tarde, se aprobó la ley 6a. cuyo principal objetivo fue
acelerar la transición de las formas de producción
precap.it.al istas.
Así, en el decenio 70-80 la política agraria estuvo encaminada
principalmente a fortalecer el desarrollo capitalista de la
agricultura como respuesta ala necesidad de producir bienes
agrícolas de exportación y abastecimiento de materias primas
para la industria.
En materia agraria, la política que se activo se encuentra
consignada en el Plan de Desarrollo Integrado DRI que
80
- -desarrolló programas de protección al mediano productor
mediante el aporte de recursos económicos y tecnología.
"...El programa DRI no sustituiría a la Reforma Agraria pero
sí transformaría la estructura social del campo colombiano;
estas expectativas se fundaban tanto en los recursos del
mismo, los cuales comprendían inicialmente 70 millones de
dólares del BIRF y 50 del BID, como en la estrategia de
coordinación de las agencias de los diferentes sectores,
comprometidos en el programa". (Fajardo D. pág. 131. 1.985)
El DRI tenía varios objetivos:
- Incrementar el ingreso real y el empleo de las familias
campesinas mediante el aumento de la producción y la
productividad.
- Racionalizar la vinculación de la economía campesina al
mercado.
- Disminuir el déficit de infraestructura básica y de otros
servicios sociales.
Durante los años 80 la estructura de la propiedad agraria se
manifiesta un elevado índice de concentración de la propiedad
y del capital representado en las plantaciones cafeteras, en
desmedro de la pequeña agricultura.
Otros factores que generan crisis serán el monopolio de la
tierra y la dependencia tecnológica con respecto a las
multinacionales, factores que muestran como desestimu.1 adores
de inversión en el campo.
81
- -"...Se haría pues necesario una perspectiva política que
trascienda y defina cambios sustanciales en cuanto a la
estructura de la tenencia y utilización de la tierra, en
primer lugar, a las reacciones del país con el capital
mu.1 tinacional , en segundo lugar y finalmente a las relaciones
entre el capital y el trabajo". (Fajardo D. pág.161. 1.985)
82
-4. CONVENIOS INTERNACIONALES SOBRE PROTECCION E INTEGRACION
DE LAS POBLACIONES INDIGENAS
4.1 LEY 31 DE 1.967.
Por la cual se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo,
relativo a la protección e integración de las poblaciones
indígenas y tribales en los países independientes, adoptado
por la cuadragésima reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo. (Ginegra 1.975)
CONVENIO 107
La Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración
de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha
ciudad el 5 de junio de 1.957, en su cuadragésima reunión.
Después de haber decidido adoptar diversas posiciones
relativas a la protección e integración de las poblaciones
indígenas y de otras poblaciones tribuales y semitribúa1es en
los países independientes. Después de haber decidido que
dichas proposiciones revistan la forma de un convenio
.
internacional
Considerando que la Declaración de Filadelfia afirma que todos
los seres del mundo tienen derecho a perseguir su bienestar
83
-material v su desarrollo espiritual en condiciones de libertad
y dignidad, en seguridad económica y en igualdad de
oportunidad; considerando que en diversos países
independientes existen poblaciones indígenas y otras
poblaciones tribuales y semitribuales que no se hallan
integradas todavía en la colectividad nacional y cuya
situación social, económica y culturales impide beneficiarse
plenamente de las derechos y oportunidades de que disfruten
los otros elementos de la población.
Considerando que es deseable, tanto desde el punto de vista
humanitario como por el propio interés de los países
involucrados, perseguir el mejoramiento de las condiciones de
vida y de trabajo de esas poblaciones, ejerciendo una acción
simultánea sobre todos los factores que le han impedido hasta
el presente participar plenamente en el progreso de la
colectividad nacional de que forman parte.
Considerando que la adopción de normas internacionales de
carácter general en la materia facilitará la acción
indispensable para garantizar la producción de las poblaciones
de que se trata, su integración progresiva en sus respectivas
colectividades nacionales y el mejoramiento de sus condiciones
de vida y de trabajo.
Observando que estas normas han sido establecidas con la
colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, de la
84
~ -Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud, en
niveles apropiados y en sus respectivos campos y que se
propone obtener de dichas organizaciones que presten de manera
continua, su colaboración a las medidas destinadas a fomentar
y asegurar la aplicación de dichas normas.
Se adopta con fecha del 26 de junio de 1.957, el siguiente
convenio que podrá ser citado como el Convenio sobre
Poblaciones Indígenas y Tribuales.
Este Convenio recoge las siguientes normas:
- Parte 1', sobre principios generales y a quienes se les
apiica.
- . Parte II, sobre las tierras. Sobre el derecho de
propiedad, sobre los modos de transmisión de la propiedad
y de goce de la tierra. Sobre los programas agrarios, la
asignación de tierras y el otorgamiento de medios
necesarios para el fomento de la tierra.
Parte III., Contratación y condiciones de empleo.
Garantizar protección eficaz en materia de contratación y
condiciones de empleo. Asistencia médica y social. Derecho
de asociación.
- Parte IV, formación profesional, artesanías e industrias
rurales. Sobre el gozo de la formación profesional. La
artesanía y la industria desarrol1ándose como factores de
desarrollo económico.
85
- -Parte V, sobre sanidad y seguridad social.
Parte VI, educación y medios de información, donde se
exige el conocimiento de la lengua vernácula o materna a
cada indígena, buscando preservar el idioma materno.
- Parte VII, administración. Sobre los miembros de la
Organización Internacional del Trabajo obligados a
coordinar y ejecutar las medidas tendentes al desarrollo
social, económico y cultural de las poblaciones indígenas,
teniendo en cuenta las características particulares, sus
prácticas consuetudinarias y sus sistemas de manejo.
Por reconocer la gran importancia de este convenio y en
especial lo relacionado con el Título II, ya que atañe al
empeño en este trabajo, transcribiremos los artículos que lo
componen.
Artículo 11. Se deberá reconocer el derecho de propiedad,
colectivo o individual a favor de los miembros de las
poblaciones en cuestión, sobre las tierras tradicionalmente
ocupadas por ellas.
Artículo 12. No deberá trasladarse a las poblaciones en
cuestión de sus territorios habituales, sin su libre
consentimiento, salvo por razones previstas por la legislación
nacional, relativas a la seguridad nacional, al desarrollo
económico del país o a la salud de dichas poblaciones.
Cuando en esos casos fuese necesario tal traslado a título
excepcional, los interesados deberán recibir tierras de
- 8 6 -calidad por lo menos igual a las que ocupaban anteriormente y
que le permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su
desarrollo futuro. Cuando. existan posibilidades de que
obtengan otra ocupación, y los interesados prefieran recibir
una compensación en dinero o en especie, se les deberá
conceder dicha compensación, observándose las garantías
apropiadas.
Se deberá indemnizar totalmente a las personas así trasladadas
por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido' como
consecuencia de su desplazamiento.
Articulo 13. Los modos de transmisión de los derechos de
propiedad y de goce de la tierra, establecidas por las
costumbres de las poblaciones en cuestión, deberán respetarse
en el marco de la legislación nacional, en la medida en que
satisfagan las necesidades de dichas poblaciones, y no
obstruyan su desarrollo económico y social.
Se deberán tomar medidas para impedir que personas extrañas a
dichas poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de
la ignorancia de las leyes por parte de sus miembros para
obtener la propiedad o el uso de las tierras que le
pertenezcan.
Artículo 14. Los programas agrarios nacional deberán
garantizar a las poblaciones en cuestión, condiciones
equivalentes a las que disfruten otros sectores de la
colectividad nacional.
87
- -Muchos son los comentarios que ha suscitado este convenio,
algunos salen a su defensa, otros más lo señalan como
importante por las disposiciones y declaraciones de buena
voluntad, pero no tomado en cuenta por los gobiernos que lo
acogieron.
Algunos señalan que este programa ha sido aprovechado, en
especial, en la dotación de tierras a las comunidades, siendo
el soporte legal para tales eventos, los indígenas se han
apoyado en el mismo para reforzar sus tareas de organización y
reivindicación de sus derechos.
"...Este texto (Ley 31 de 1.967) respira la filosofía de
"atraso" al referirse a las poblaciones indígenas y sugiere a
los gobierno establecer los mecanismos de interacción con
"exclusión de cualquier medida tendiente a su asimilación
artificial" a fin de que sus integrantes puedan beneficiarse
con igualdad de derechos y oportunidades que la legislación
nacional otorga a los demás elementos de la población.
Como muchos de los convenios internacionales, éste quedó
flotando en el reino de las buenas intenciones, sin embargo,
muchos de sus enunciados fueron esgrimidos por las
organizaciones en su enfrentamiento con las autoridades."
(Triana,1985, pág. 262, 263.)
- 8 8 -4.2 LEY 21 DE 1.991 (Convenio 169 de la OIT)
La Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo, en su septuagésima reunión, cumplida en Ginebra, en
junio de 1.989, ha realizado una revisión del Convenio 107 y
ha elaborado un nuevo texto, ratificado por el Congreso
mediante la Ley 21 de 1.991 (marzo 4), en la cual se aprueba
el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado
por la septuagésima reunión de la OIT.
CONVENIO 169
Observando las normas internacionales enunciadas en el
Convenio y en la Recomendación sobre poblaciones indígenas y
tribales, 1.957. Recordando los términos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los
numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de
la discriminación. Considerando que la evolución del derecho
internacional desde 1.957 y los cambios sobrevenidos en la
situación de los pueblos indígenas y tribales en todas las
regiones del mundo hacen aconsejable adoptar nuevas normas
internacionales en la materia a fin de eliminar la orientación
hacia la simulación de las normas anteriores.
Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el
control de sus propias instituciones y formas de vida y de su
desarrolla económico, y a mantener y fortalecer sus
89
- -identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los
estados en que viven.
Observando que en muchas partes del mundo no pueden gozar de
los derechos humanos fundamentales, en el mismo grado de la
población de los estados en que viven y que sus leyes,
costumbres, valores y perspectivas han sufrido a menudo una
erosión.
Recordando la particular contribución de los pueblos .indígenas
y tribales a la diversidad cultural, a la armonía social y
ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión
internacionales.
Observando que las disposiciones que siguen han sido
establecidas-con la colaboración de la Organización de la
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, para la
Educación la Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de
la Salud, así como el Instituto Indigenista Interamericano, a
los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se
tiene el propósito de continuar e?sa colaboración a fin de
promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones.
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre
la revisión parcial del convenio sobre poblaciones indígenas y
tribales 1.957, (Convenio 107). Y decidido de dichas
proposiciones revisan la forma de un convenio sobre
poblaciones indígenas adopta el Convenio 169 de junio de
1.989, el cual señala:
90
- -Título I. Políticas generales adaptadas a los pueblos
indígenas, el gobierno debe responsabilizarse del desarrollo
indígena en condiciones de igualdad al resto de población
nacional, protegiendo sus valores y prácticas
socio-cu1 turales.
Título II. Tierras. Artículo 13. El gobierno debe respetar la
importancia que para las culturas y valores espirituales
indígenas reviste su relación con la tierra y en particular
los aspectos colectivos de esa relación.
Artículo 14. Deberá reconocerse a los indígenas el derecho de
propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente
ocupan.
El gobierno deberá tomar medidas necesarias para garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión,
además deberán instituirse procedimientos adecuados en el
marco del sistema jurídico nacional para solucionar las
reivindicaciones de tierras.
Artículo 15. Los recursos naturales existentes en las tierras
indígenas deberán protegerse y deberán ser consultados cuando
exista algún programa de explotación o protección sobre los
recursos existentes en tales tierras; estos participaran en
los beneficios que reporten tales actividades o serán
indemnizadas por cualquier daño que puedan sufrir.
91
- -Articulo 16. Los pueblos indígenas no deberán ser trasladados
de las tierras que ocupan, sólo bajo su consentimiento, dado
libremente y con pleno conocimiento de causa. Deberán
indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y
reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como
consecuencia del desplazamiento.
Artículo 17. Deberán respetarse las modalidades de transmisión
de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los
pueblos interesados; deberá igualmente impedirse que personas
ajenas quieran arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de
las tierras pertenecientes a ellos.
Artículo 18. La ley aplicará sanciones contra todo uso no
autorizado de las tierras indígenas por personas ajenas a
el las.
Artículo 19. Los programas agrarios nacionales deberán
garantizar a los pueblos interesados condiciones equivalentes
a las que disfrutan otros sectores de la población
asignación de tierras, garantizando una existencia normal ante
un posible crecimiento numérico.
Título III. El gobierno garantizará una protección eficaz en
materia de contratación y condiciones de empleo.
Título IV. Se les facilitará en lo posible asistencia técnica
y financiera apropiada teniendo en cuenta las técnicas
tradicionales y características culturales; fomentará
actividades que generen una economía de subsistencia.
92
- -Título V. El gobierno velara porque hayan servicios que
garanticen asistencia médica y social buscando una completa
salud física y mental.
Título VI. Manifiesta la necesidad de garantizar la educación
en todos los niveles, formación profesional, recomienda la
adopción de programas bilingües.
Título VII. Se garantizaran los contactos internacionales para
facilitar la cooperación entre los pueblos indígenas.
Título VIII. El gobierno impulsará el presente programa y
reconocerá demás instituciones que lo aseguren.
Título IX. Las presentes disposiciones no deben menoscabar las
ventajas garantizadas a los pueblos en virtud de otros
convenios o leyes.
Título X. Este convenio obligará solo a los miembros de la
Organización Internacional del Trabajo y que lo hayan
ratificado ante el director general.
En general esta nueva ley busca el desarrollo y la integridad
de las comunidades indígenas, siendo un punto de apoyo moral
ideológico y jurídico a través del cual avanzan hacia un mejor
desenvolvimiento de sus relaciones internas como con el resto
de la ciudadanía. Vale la pena resaltar que las normas porsí solas no eliminan conflictos sociales cuyas raíces son bien
profundas. Estamos frente a una nueva alternativa, el que se
logre el respeto por l^is leyes y la dignidad indígena por
parte de los detentadores del poder y de otra parte que ante
las nuevas garantías no surjan nuevas formas de destrucción
entre las comunidades producto de su relación ambiciosa por el
poder concedido por el derecho internacinal como interno y a
atraves de las instituciones.
El gobierno debe promover en todos los estamentos
institucionales como educativos el respeto y la tolerancia por
la diferencia, impulsando así la defensa de este sector
social.
94
- --5. LA FUENTE DEL DERECHO INDIGENA
Examinar la normatividad primitiva exiges conducirse a la
realidad propia de la comunidad tribal y sin recurrir a la
antropología no podemos apreciar el más antiguo derecho,
podemos así completar el conocimiento a través del estudio de
uno de los medios para la organización política: la regulación
o derecho tribal.
Es necesario conocer la identidad, las formas sociales de
tales grupos, en la cual las categorías jurídicas de nuestra
sociedad no tienen correspondencia (contrato, propiedad,
delito, familia, etc.).
Se impone estudiar el orden regulador dentro de lo que es el
complejo de las formas sociales de la tribu.
Partimos del Totemismo que se ha considerado como el
antecedente sustitutivo de la religión y la base de los
principios de la organización social más remota.
"...E;i aspecto social del totemismo se manifiesta sobre todo
el rigor con el que se observa la prohibición y en la amplitud
y profundidad de las restricciones. Los miembros del clan
totémico, se consideran como hermanos y hermanas obligados a
ayudarse y protegerse recíprocamente. Cuando un miembro del
clan resulta muerto por un extraño, toda la tribu a la cual
pertenece el reo es responsable de su acto criminal, y el clan
al cual pertenecía la víctima exige solidariamente la
95
- -expiación de la sangre vertida. Los vínculos totémicos son más
fuertes que los vínculos familiares, en el sentido que
nosotros les atribuidos. Uno y otros no coinciden porque el
tótem se transmite generalmente por línea materna, y es
probable que la descendencia paterna para nada se reconozca en
un comienzo. De ello resulta una restricción tabú, en virtud
de la cual los miembros de la misma tribu o clan totémico no
deben contraer matrimonio entre ellos." (Freud, 1.934,p 124)
Tótem, clan y tabú pueden ser consideradas las formas sociales
básicas y más generalizadas en las comunidades tribales. Su
descripción permite entonces, en cada caso concreto establecer
el núcleo del sistema regulativo. Tampoco hay que ser-
rigurosos en ello, pues existen clanes sin tótem y existen
tabúes que desbordan el círculo clásico. Se pudiera con lógica
civilista decir que el totemismo explica la regulación de los
bienes mientras que el tabú es atinente a las relaciones
humanas. Sin embargo, principios tabúes son el fundamento de
apropiación de las cosas.
La magia, el mito y la iniciación también pertenecen a este
bloque de marcada incidencia reguladora de la comunidad.
La iniciación no sólo es un acontecimiento religioso sino
jurídico en cuanto se habilita al varón para tener acceso a
los bienes, lugares prohibidos y a las mujeres» Esta presente
el ritualismo que es intrínseco a ciertos actos jurídicos.
"...La magia como fuerza legal auténtica contribuye a la
vigencia de? la ley tribal en cuanto restablece el equilibrio e
96
- -impide la violencia- Cuando un acto ilícito es cometido la
presión social hace actuar al brujo. El infractor conocedor de
qué fuerzas naturales obran contra él, busca un reflejo o
acepta la retribución" (lialinowski E-i, i.969).
El mito cumple una función reguladora en cuanto condensa
pautas de comportamiento "...El expresa, realza y codifica las
creencias, salvaguarda los principios morales, y los impone,
garantiza la eficacia de las ceremonias rituales y ofrece
reglas prácticas al ser humano. Todos esos relatos constituyen
para los indígenas la expresión de una realidad original, más
grande y más rica que la actual, y que determina la vida
inmediata, las actividades y los destinos de la humanidad"(1).
Además los mitos tienen el alcance de "explicar" las reglas de-?
conducta y la virtud de que su formulación ritual restablece
el orden.
La ley no constituye un sistema de normas específicas e
independientes. Ni siquiera se asemeja a lo que actualmente
llamamos sistema jurídico, el cual es creado para protegerse
de algo, el temor hacia algo, el defenderse contra una
sociedad o de otros individuos, donde se ve amenazada su
identidad o su existencia, propendiendo igualmente a la
necesidad de ejercer un poder influyendo en el comportamiento
de otros o sencillamente tender a regular o institucionalizar
l."tvlircea El iade, Aspee tos de los Mitos 1976,pág.32 ED.Eudeba
97
- -la desigualdad entre los hambres en lo que a poderío y
propiedad se refiere.
La regulación Tribal: Es un complejo de órdenes antes que un
sistema compacto, donde reglas y formas sociales presentan
dependencia, donde unas no puedan subsistir sin las otras,
ante la no observancia de una, entra en rigor la otra, que
forja el cumplimiento de la primera. La legislación indígena
no representa un cuerpo homogéneo de normas, perfectamente
unificados.
Se asigna un amplio campo a la responsabi .1 idad colectiva. Si
un individuo comete algo .ilícito todo su grupo, clan o familia
se hace responsable.
De acuerdo con Hircea Eliade, las sociedades "primitivas" se
diferencias de las sociedades modernas por el hecho de que las
primeras rechazaban insistentemente el sentido de la historia
entendida como acontecimiento sin modelo transhistórico, por
oposición al "hombre histórico" el cual es en la medida en que?
se hace a sí mismo en el seno de la historia.
Balandier opina que lo político no debe divorciarse de lo
cultural considerado en su totalidad: "Se ha puesto en
evidencia una correlación global entre los dos sistemas
cuanto menos se haya adelantada la integración cultural suele
ser más eficaz la integración política. Se ha demostrado el
mito y el ritual como un lenguaje que facilita los argumentos
98
- -justificadores de las reivindicaciones en materia de derecho,
de estatuto y de poder. El mito comporta efectivamente una
parte ideológica, no deja, de ser una carta social, que
garantiza la forma existente en la sociedad con un sistema de
distribución de poder, del privilegio y de la propiedad, tiene
una función justificadora de la cual suelen valerse los
guardianes de la tradición y los administradores palíticos".1.
En este sentido se enfatiza que la relación entre poder y
sociedad es una relación cargada de sacralidad, pues toda
sociedad asocia el orden que le es propio a un orden que
rebase ampliándose hasta el cosmos, para las sociedades
tradicionales, el poder se halla sacralizado, porque toda
sociedad subraya su voluntad de eternidad y teme el retorno
del caos como realización de su muerte.
1. Balandier George, Antropología Política, Ed. Peninsula
1976, Barcelona.
99
- -6. EL ESTADO MODERNO Y EL DERECHO.
"Y en la creencia de su grandeza lo que
hacían era privarnos de todos nuestros
derechos, la razón el orden, la
tranqui1idad, la paz y la justicia".
"Vicencio Torres Márquez
Indígena Arnaco".
"...En los estados modernos el derecho aparece externamente
como la codificación formalizada del poder, pero también como
el sustento de la legitimidad del Estado frente a la sociedad
civil y la propiedad. Es tal el poder del Estado, que lo que
este no reconozca dentro de su control es ilegal y
antijurídico." (Triana 1985, p. 2.15).
Siendo la propiedad y ias relaciones sociales correspondientes
el centro de atención del Derecho, este a su vez vela por su
conservación, expansión, defensa y legalidad. Esta dinámica
está insertada históricamente en las luchas políticas por el
mantenimiento de ciertos modelas económicos. (Triana, .1985).
En el siglo Xl'X, en plena era industrial, la próspera
burguesía culmina la revolución política (demoliberal) y
realiza la revolución económica. El Estado es organizado para
realizar los intereses sectorizados de la burguesía pero no se
ve forzado a dar cabida a otros sectores más populares. La
- 100 -confrontación política se desarrollo dentro de pautas
constitucionales.
En la filosofía marxista existe una estrecha solidaridad entre
Estado y Derecho. El derecho no es como se concibe en el
Estado Natural, una ética trascendente, ni tiene su fuente en
la inteligencia y la conciencia de los hombres, sino que es el
resultado de las relaciones económicas en la sociedad dada,
sostiene las relaciones sociales capitalistas y las
condiciones generales de la producción.
"No es en general el Estado el que condiciona a la sociedad
civil, sino a la inversa, y que, por tanto, la política y su
historia deben explicarse partiendo de las relaciones
económicas y del desarrollo de éstas y no al contrario".(1)
La superioridad de una clase económica sobre otra le sirve
para utilizar el derecho como instrumento de opresión, que el
Estado no deja de ser el pilote sobre el cual monta sus
+privi!egios de clase explotadora.
El Estado y el Derecho aparecen solidarios en beneficio de
ciertos sectores y protección disfrazada para otros, bajo el
supuesto de igualdad ante la ley se legitima esta
contradicción, o sea la ley expresa las relaciones sobre las
Karl Marx, Engels Federic, Origen del Estado y la Propiedad
Privada , 1962.
101cuales descansa el poder del Estado, tales relaciones son
básicamente las consignadas respecto de la propiedad y sus
relaciones de cambio el cual alcanza su desarrollo y cúspide
en el Estado capitalista.
El Derecho como soporte del Estado fija los límites y legitima
un orden social y los alcances del poder.
"A nivel de los grupos campesinos y particularmente en las
comunidades indígenas sobreviven penosamente las estructuras
internas del poder y toda la gama de codificaciones internas
que constituyen la vida cultural y material de cada grupo.
Estos grupos pugnan por su autonomía y conservación de su
territorio, frente a las expropiaciones generadas desde el
Estado central a través del colonato y la la actividad
normativa jurídica sobre la propiedad". (Triana, 1.935).
La función económica principal del Estado es garantizar las
condiciones generales de la producción, ésta entra e?n
conflicto con la existencia de etnias y comunidades.
Esta función tiene como implicaciones principales garantizar
la propiedad privada, las reglas de cambio, de competencia y
el trabajo asalariado libre, crear la infraestructura para
asegurar la producción en especial calificar la fuerza de
trabaj o.
"...Las mencionadas funciones chocan con la existencia de
sociedades indígenas o etnias en las cuales la tierra y la
- 102 -fuerza de trabajo están reguladas por la comunidad y no por el
mercado, ésta obstaculiza el libre acceso a la tierra, la
fuerza de trabajo, a los recursos naturales y frena la
generalización de la propiedad privada. Si bien en las
actuales etnias indígenas, la comunidad cerrada quedó atrás y
existen múltiples vínculos mercantiles sobre la tierra, los
productos y la fuerza de trabajo, la persistencia de terrenas
indígenas, bajo la forma social ejerce un cierto predominio
propio ajeno al poder central, continúa siendo un obstáculo
para adelantar las funciones económicas estatales". (Triana,
1985).
6.1 POLITICAS DE INTEGRACION INDIGENA EN LOS AÑOS SO
El vacío aparente de políticas estatales» hacia los indígenas
en Colombia, en buena parte indica la posición de éstos
dentro de la nación colombiana, simultáneamente deja traslucir
como el Estado deja el manejo directo de estas poblaciones al
arbitrio del poder económico y político no estatal,
hacendados, comerciantes, gamonales, colonos, misioneros, etc.
El Estado colombiano, poco intervencionista, de por sí, ha
descargado tradicionalmente sobre la iglesia católica una
parte de sus responsabilidades, en materia indígena. El
Concordato firmado en 1886 con la Santa Sede, confía a la
iglesia la tarea de "reducir los indígenas a la vida
civilizada" y le otorga para ello competencias administrativas
- 103 -en 1os territorios de misión, que corresponden más de la mitad
del país.
En particular, le confiere la tutela sobre el sistema
educativo. En otros ámbitos, y principalmente en lo que tiene
que ver con el desarrollo de la actividad económica en las
llamadas regiones de frontera, el Estado ha permitido y
facilitado el libre juego de los intereses privados. De
hecho, desde el comienzo de la República, el único verdadero
interés de su política indigenista ha sido la institución del
resguardo, que abarca únicamente a la población indígena que
vivía en las tierras altas.
Hay que esperar hasta los años ochenta e .inclusive los
noventa, para que progresivamente se ponga en marcha una nueva
política que no va a carecer tampoco de ambigüedades y
di laciones.
6.1.1. EL COMPES Y SU DIAGNOSTICO
Se redacta en 1.980 un diagnóstico sobre la población indígena
en Colombia, aprobado por el COMPES, la más alta instancia de
administración pública a este respecto.
A pesar del reconocimiento de la importancia de las formas
tradicionales de autoridad indígena, el Estado no prevée los
mecanismos que deben acompañar a los programas oficiales y no
104organiza tampoco una concertación entre las diferentes
agencias del Estado implicadas en la política indigenista.
El diagnóstico se constituyó en el primer paso hacia la
adopción por el COMPES, en 1.980 de un nuevo compromiso.
6.1.2. PRODEIN "PROGRAMA DE DESARROLLO INDIGENA
Igualmente durante los años ochenta surgió un nuevo programa
de apoyo a las comunidades con interesantes ambiciones;
EL PRODEIN, Programa Nacional de Desarrollo de Población
Indigena,que en 1984 intentaba una consolidación de nexos
territoriales, el fortalecimiento de los grupos étnicos,
participación en modernas alternativas de subsistencia que
permitiera a las comunidades mejorar su sistema productivo,
organización y calidad de vida y apoyo a los cabildos
indígenas, entidades públicas de carácter especial encargadas
de proteger los resguardos (Consejo de Estado, 16 de noviembre
de 1.983), intenta conjugar el desarrollo y el respecto de la
identidad étnica con la propuesta de un "desarrollo
concertado", la creación de resguardos en vez de reservas, se
convierte en doctrina nacional.
6.1.3. P.N.R. "PLAN NACIONAL DE REHABILITACION".
En 1.986 el P.N.R, Plan Nacional de Rehabilitación, es el gran
105programa del momento. El Estado se propone garantizar las
condiciones de un desarrollo "autocentrado" dirigido a las
zonas del país tradicionalmente abandonadas por el poder
público y afectadas por la pobreza, la lucha armada y la
inseguridad, para tal fin se diseñan políticas varias como
inversión en infraestructura, intervención en dominio de
tierras, dotación de servicios. Este plan sin embargo, se
convirtió en un motivo de confrontación entre comunidad y
Estado estos exigían control directa del programa y respaldo a
sectores no considerados por el PRN.
La lenta ejecución de los recursos y la gradual paralización
de los proyectos afectó la credibilidad del gobierno en las
regiones, a ello se agregan los procesos políticos complejos
que tienden a desmantelar los propósitos ce-éntrales del plan en
términos de reconciliación del estado en las comunidades.
Las acciones de la guerra sucia marcadamente aguda en las
áreas de conflictos agrarios, produjeron en solo 12 meses 14
masacres entre enero y abril de 1989, la ausencia de flujos de
recursos y los cambios en la concepción política del plan como
factores que frenaron el desarrollo participativo del P.R.N.
6.1.4. "ELECCION POPULAR DE ALCALDES"
La política de elección popular de alcaldes, se manifestaba
igualmente como alternativa conmovedora para los indígenas, ya
106que éstos en nuestro medio no hablan tenido representación
política alguna, significaba ya un valor simbólico de por sí
muy válido. Sin embargo,la mayoría de los alcances o benefi­
cios de las comunidades se encuentran en situación de nulidad
o impotencia para hacer respetar una autonomía ampliamente
reconocida y reivindicada. El Estado, igualmente, se halla
desprovisto de medios efectivos para ser el protector de los
indios ante los guerrilleros, parami1 itares, el ejército o
mafia organizada. Colombia es un país de agudo distanciamiento
entre el derecho y los hechos entre el país formal y el país
real .
6.1.5. ADJUDICACION DE TIERRAS ."INCORA".
En 1.990 el Estado, por intermedio del Ministerio de
Agricultura, promovió lineamientos en política agropecuaria,
sobre la redistribución de tierras. "Se dirigían acciones para
la adquisición, de 140.000 hectáreas y adjudicación,
clarificación, extinción y titulación de tierras, donde el
INCORA tendría en cuenta la concentración de la propiedad ,
disponibilidad de tierras, la demanda manifiesta de las
familias por tierra y la calidad de vida de la población.(1).
(1).Rolíticas de Colombia Ministerio de Agricultura. Linea-
mientos de la Política Agropecuaria, Balance y Perspectivas.
Febrero de 1.990.
107
- -El INCORA agilizará los tramites ordenados por las zonas
tendientes a solucionar problemas de tierra de la población
indígena. De otra parte, intenta la titulación de tierras
baldías en municipios donde exista la mayor presión sobre la
propiedad territorial, definiendo unidades máximas de
titulación con el fin de evitar la concentración de la
propiedad.
El INCORA coordinará y propiciará la acción de otras entidades
en materia de crédito, transferencias, de tecnología,
comercialización y servicios complementarios para el
desarrollo de los asentamientos campesinos, de acuerdo con lo
establecido en el decreto 282 del 30 de enero de 1.990.
6.1.6. LA REVOLUCION INSTITUCIONAL ."GOBIERNO, GAVIRIA"
Durante el gobierno de César Gaviria se da el gran revolcón en
materia política, social y económica, la agudización de? la
crisis social llevó a buscar soluciones urgentes, intentando
un nuevo orden jurídico y político que acogiera a todos los
sectores.
La política de Gaviria propende apasionadamente colocar la
sociedad colombiana en altos niveles de vida, ello genera
igualmente un elevado costo, medidas en el sector económico
representado por un proceso dinámico de modernización y libre
cambio, acompañado de una presencia más decidida en los
mercados internacionales, medidas en el sector financiero y
- IOS -régimen cambiario en las tasas de impuestos, privatización de
las empresas públicas en busca de eficiencia y calidad de
servicias y un elevado nivel de producción y desarrollo del
mercado, contemplándose la liberación de las exportaciones e
importaciones, fortalecidos con estímulos a través de créditos
e incentivos tributarios.
Tal proceso de apertura económica se acometerá de manera
gradual a la vez que representa una estrategia de desarrollo
cuya prueba de consistencia necesariamente tiene que medirse
en términos de su contribución efectiva a la disminución de la
tasa de desempleo, el crecimiento competitivo de la economía,
vía la modernización de su aparato productivo y a la conquista
de nuevos espacios en los mercados internacionales.
“...En desarrollo de estos propósitos es claro que se requiera
- mayor intercambio de bienes, servicios,capital, tecnología y
para ello nuestras fronteras deben abrirse a fin de someter
ala prueba de la competencia internacional y a la vez atraer
nuevos recursos y experiencias a aquellos sectores aquejados
por estructuras monopólicas, notoria inef iciencia y
absolescencia tecnológica, efecto de su prolongada atadura al
modelo de sustitución de importaciones y causa de múltiples
imperfecciones del mercado a través de los eslabonamientos
insumo-producto, afectan severamente otras actividades como es
el caso del sector primario de la economía", (i)
(1). -Carlos Gustavo Cano. La SAC ante la Apertura Económica.
Revista SAC. Septiembre 1990.
109
- -No es suficiente aplicar unas políticas macroecónomicas
coherentes para garantizar la prosperidad y el bienestar de la
sociedad y el crecimiento de' los diversos sectores económicos,
la experiencia nos muestra muy a las claras que, en el caso
particular de las actividades agropecuarias, es preciso
complementar tal estrategia con una vigorosa y sostenida
política sectorial que haga del campo un destino más
promisorio para los flujos de ahorro e inversión para los
colombianos. Es esta la vía más eficaz para aclimatar la paz,
alcanzar la reconciliación, afianzar la seguridad
alimentaria, generar empleo productivo y mejorar las
condiciones de vida de quienes habitan áreas rurales.
Debe pues, además, contemplarse la debilidad institucional que
por lo largo'tiempo ha afectando el sector rural, es esta la
-posibilidad de vernos abocados a un pacto de convivencia
social. La modernización del Estado debe asegurar la
participación comunitaria, representadas en sus organizaciones
socio-económicas y gremiales en la función de planificación
económica, social y territorial y en la programación del gasto
público, a través de la concertación a escala nacional,
regional y local, lo cual supone una presencia en los
organismos encargados de orientar tales procesos, sería esta
una prenda de garantía de un verdadero cambio institucional
tan necesario a las comunidades indígenas y campesinas.
1107 . ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE
"Todos entendemos que el indígena ha estado
en voz silencio. No se ha oído el clamor del
indígena. Pero la conciencia del indio no se
ha acabado sino que todavía existe.
Y ahora vemos que se ha llegado el momento de
proclamar nuestro derecho y nuestro ejemplo.
Porque en cuanto a la propiedad, en cuanto a
la tierra, en cuanto a la cultura, en cuanto
a la religión y cuanto al gobierno interno,
hemos tenido todo esto completo y nuestro.
A todo esto nosotros estamos mirando. Y como
hay muchos que buscan ayudarnos, que buscan
recuperarnos, nosotros les decimos: Esta
tradición sirve y nosotros los indígenas no
creemos que sea un mal paira nosotros...
Nosotros sabemos que nos podemos desarrollar
con nuestra propia cultura, con nuestro
propio gobierno, no admitiendo que todavía
busquen meternos cosas que no son nuestras".
"Declaración de un delegado
Arhuaco. Nuestra Lucha es tu
Lucha. ANLJC. "
7.1 SITUACION ACTUAL PUNTOS DE REFORMA
El revolcón institucional promovido por el gobierno Gaviria
para dar una amplia cobertura e impulso al proyecto de
- lli -apertura económica, agilizó y contribuyó hacia la organización
y reforma del Estado, considerado como una urgencia política,
asegurar la convivencia nacional, con los partidos políticos ,
se propuso crear una Asamblea Constituyente para reformar la
Constitución Política Colombiana.
El desarrollo político que se presenta es de contenido y
significado bien distinto al que se ha señalado en arios
anteriores, se consagro mediante el decreto Legislativo de
Estado de Sito 927 de mayo 3 de 1990, el cual ordenó la
organización electoral, escrutar votos tendientes a la convo­
catoria e integración de una Asamblea Nacional Constituyente:),
que reformaría o crearía una nueva Constitución Política.
El acto constituyente primario (plebiscito) es en tan sentido,
la expresión ' máxima de voluntad política, cuyo ámbito de
acción por su misma naturaleza, escapa a cualquier
delimitación establecida por el orden jurídico anterior, es
soberano y autónomo en sus decisiones y sus determinaciones no
son jurídicas, sino politicéis, responden a la coyuntura
histórica en que se producen y el grado de consenso que logra
conquistar del cual depende su efectividad y realización.
Es un acto latente de voluntad en actitud de acecha frente a
los peligros de distorsión del Estado, o su aberrante
ejercicio por parte de quienes ejercen el poder, obedecen
igualmente a la consciencia colectiva de la Nación es anterior
y superior al Régimen Constitucional.
- .112 -Aunque es clara la participación popular, bien podríamos decir
que hay circunstancias que vician su voluntad, algunos parti­
cipan fundamentados en la creencia de que no hay otro camino
para el cambio de la sociedad colombiana, o de que será la
forma efectiva, sustancial y radical de una nueva existencia
social, muchos participan positivamente aún desconociendo
total o parcialmente la significación del evento, otros por
cumplir un deber electoral o por el cumplimiento político
partidista, muy pocos conociendo el sentido real de la
convocatoria.
Bien vale la pena reconocer la limitación señalada a la
soberanía popular, al trazarle cauces predeterminados a e
inmodificables en el temario, extendiendo una barrera la
querer popular, sin importar si existen condiciones concretas
de existencia que no encuentra en tal currículum.
El Presidente electo y los representantes los partidos unidos
definieron las reformas jurídicos - constitucionales siendo
trasladada la voluntad soberana de la nación a un recinto
cerrado , decidieron las fórmulas que serían de agrado de
todos.
Diez puntos señaló el ejecutivo como temas de estudio en la
reforma constitucional; Reforma del Congreso, del Ministerio
Público y la Administración Pública de Justicia, los Derechos
Humanos, los Partidos políticos y la oposición, los regímenes
departamentales y municipales, los mecanismos de participación
113
- -ciudadana, el Estado de Sitio, los Temas económicos y el
control fiscal.
Así se nos presenta como una cuestión jurídico - constitu­
cional, que esta íntimamente relacionada y ligada con las
exigencias al Estado en la nueva época del desarrollo capi­
talista que se nos impone .
No se trata, de una adecuación de las ramas del poder público,
sino de transformaciones que permitan una adecuación más
flexible del aparato estatal a las exigencias del mercado, y
que hagan posible que sus funciones se cumplan bajo las mismas
reglas de eficacia propias de las unidades privadas.
Eliminanse pues, los escollos que faciliten o contribuyan a
profundizar el proceso en curso.
-La modernización de la administración de justicia, especial­
mente en lo relativo al manejo presupuestal, la determinación
variable de su estructura, la atribución de competencias
reglamentarias y hasta el ejercicio de atribuciones que
pertenecen al ejecutivo o al legislativo con base en "leyes
marco".
La redefinición de entidades territoriales para completar y
perfeccionar las tareas de la particular forma de descentra­
lización que viene impulsando desde los últimos años, así como
la redefinición de sus fuentes, para poder impulsar la aboli­
ción de la dependencia presupuestal de la Administración
114
- -central que aún subsiste, la consagración en la Constitución
de la participación comunitaria fórmula que permite convertir
antiguas responsabi1idades estatales en responsabilidades
comunitarias y ciudadanas acompañadas de administradores
locales, del régimen de consulta popular.
La reordenación de las formas institucionales de administra­
ción territorial, la modernización del régimen de Hacienda
pública y la instauración del régimen fiscal de gestión y
resultados.
Todas al servicio de la redefinición de su papel (del Estado)
frente a las condiciones materiales de producción, cuyo
análisis de fondo esta aún por efectuarse.
En cuanto al funcionamiento político, la reforma
constitucional apunta ala superación de la crisis de
legitimidad que desde hace un tiempo viene padeciendo, crisis
directamente asociada con las dificultades crecientes del
Estado para integra controlar y cooptar a los sectores
populares y sus luchas; con las deformadoras practicas
clientelistas y el bipartidismo e;:cluyente, con la injerencia
decisoria de las fuerzas armadas y de la permanente
utilización del Estado de Sitio, con las formas pasivas de
resistencia que representan la abstención electoral y la
indiferencia e incredulidad frente a la democracia y la acción
estatal.
- JL15 -La Constitución es pilar inherente a la legitimación y al
funcionamiento de las relaciones sociales imperantes.
Nada más oportuno, entonces,si se trata de crear la imagen de
reforma o sustitución del orden vigente,de reajustarla al
nuevo balance de fuerzas políticas del país, que llenar a una
reforma constitucional con participación amplia, o como se
dice comúnmente "democrática".
7.1.1. PROPUESTAS INDIGENAS A LA A. N. C.
Aprovechando la coyuntura algunas comunidades indígenas, sobre
todo las del área andina, que durante un largo proceso han
logrado organizarse, a través de Congresos indígenas, luchando
por su autonomía, autodeterminación y ante todo por un respaldo
estatal. F'.or' primera vez a lo largo de nuestra historia
obtienen un espacio político,respaldando la necesidad de un
pacto nacional y nuevas relaciones sociales.
Dos han sido los candidatos s la Asamblea Nacional
Constituyente por las comunidades Lorenzo Muelas y Francisco
Rojas Birry, quienes llegaron por un consenso electoral
indígena, como por un respaldo de otros sectores sociales.
A los grupos indígenas cuya posición'frente al Estado siempre
ha significado la negación de sus derechos bajo el presupuesto
de ser "bárbaros", "salvajes" reclaman se consagren la defensa
de los "Derechos Humanos", el reconocimiento de .las
116
- -diferencias étnicas, culturales, políticas y el reordenamiento
territorial.
Resulta grato saber que los representantes de los indígenas
manifiestan un plan completo sobre sus necesidades, un
proyecto que contribuye a un mejor orden institucional, en la
exigencia que se designa al nuevo Estado colombiano.
Varias fueron sus propuestas de carácter político, económico y
social manifiestas por estos delegados.
Dentro de las políticas encontramos, el reconocimiento del
carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana,
la autonomía de sus autoridades tradicionales y el derecho a
sus propias formas de organización. Respeto sobre la propiedad
y los territorios ocupados desde tiempos inmemoriales.
Defensa de los recursos naturales. Circunscripción especial
que garantice la participación de los grupos étnicos en los
cuerpos colegiados. En una palabra la autonomía necesaria y un
necesario reconocimiento, considerando que el Estado ha
probado desde el exterminio descarado hasta el integracionismo
con apariencia humanitaria, pasando por la encomienda el
reduccionismo la evangelización y el desarro11ismo, se busca
acceder a formas modernas de unidad nacional basada en el
ejercicio de la democracia entre pueblos distintos .
A nivel económico proponen un impulso a su forma comunitaria
de producción y distribución de bienes . Derecho a un
117
- -presupuesto propio, pues no es posible pensar en formas del
auténtico desarrollo que estén ligadas a cualquier forma de
dependencia , más aún cuando los recursos naturales y los
medios de producción están enajenados, la posibilidad de
evolución tecnológica interferida o imposibilitado el ahorro
interno. Por lo tanto los territorios étnicos se ven
condenados a seguir siendo objeto de saqueos de sus recursos
por entes y personas foráneas, muítinacionales o nacionales
corruptos, sin que ello redunde en el surgimiento de fuerzas
económicas que contribuyan esencialmente al desarrollo de los
indias o contribuyan al desarrollo nacional.
El Estado busca contribuir a corregir los desequilibrios que
han llevado a estas poblaciones y sus regiones al actual
estado de marginamiento y empobrecimiento, conduciéndolo ala
libre producción, contribuyendo a la economía nacional, para
lo cual concederá un sistema político administrativo de
autonomía relativa vinculado al Estado Central, la cual se
impulsara por la concepción como entidad territorial.
Dentro de las propuestas sociales solicitan se les permita una
educación propia, elaborando su propio plan educativo,
preservación del medio ambiente, la defensa de los Derechos
Humanos, la eliminación de la discriminación racial y cultural.
Hay que tener en cuenta que en lo social las áreas étnicas se
encuentran las mayores deficiencias en este orden, hay que dar
por sentado el fracaso del sistema por subvenir a .las
118
- -necesidades mínimas de su población, por falta de voluntad del
poder central. Ni la salud, ni la producción, ni los niveles
de vida de esta población podrán superarse mientras la acción
sobre ellas esté determinada por la imposición de políticas de
concepciones y métodos que les son completamente ajenos.
En lo cultural, un reconocimiento y protección de su cultura,
su medicina tradicional, su lenguas y sus creencias
reíigiosas.
En lo jurídico, que se consideren los numerosos tratados
internacionales refrendados como ley, en los cuales se afirma
la determinación de respetar cada uno de los derechos de las
minorías étnicas, al mismo tiempo que rechaza toda la forma de
discriminación y racismo, garantías que permiten afirmar su
autonomía y' su derecho colectivo al territorio, lengua,
justicia, economía y administración.
Es benéfico para la paz nacional y la reconciliación ciudadana
que se logre el desarrollo y se busquen las medidas
reformistas que cobijen a todos los sectores sociales, este es
un reto para nuestro destino social más que un simple
coyuntura político-jurídica.
119
- -8. DERECHO Y CONSTITUCION
8.1 CARACTERES CONSTITUCIONALES:
La igualdad ante la ley aparece como el interés general, de
todo enunciado constitucional, todos los ciudadanos pueden
participan en el Estado ya que la soberanía está en cada uno
de ellos.
Sin embargo, existe un dilema entre las relaciones de las
comunidades indígenas y el Estado o se afirman a través de un
carácter contestatorio o mantienen una actitud de reserva en
sus desacuerdos con el poder. Se exige pues, el
reconocimiento del Estado para legitimarlo como grupo u
organización, la legitimidad proviene de lo alto, sin ello no
habrá acceso ni intervención en la vida económica o política
nacional.
La Constitución según Burdeau es la organización del ejercicio
del poder del Estado e igualmente define el marco político que
sustenta la organización de la sociedad civil, los sistemas de
propiedad o no propiedad, los derechos y garantías civiles
reconocidas a los individuos en • forma genérica y los
mecanismos de fuerza que sustentan el andamiaje de la
sociedad.
120Los individuos entran a operar en sus relaciones sociales o
económicas en condiciones de igualdad, contribuyendo al
beneficio común y al crecimiento del Estado por todos
aceptado.
"En las comunidades indígenas, cuya integración no depende del
previo consentimiento de sus integrantes, o de un acuerdo
deliberado de voluntades, sino que responden a estructuras
sociales históricas no insertadas dentro de los modelos de
desarrollo capitalista, son considerados salvajes, arcaicos o
en le mejor de los casos precapital .istas. V como el Estado
tiene como proyecto político dinamizar y generalizar-
relaciones económicas basadas en el contrato y en el
consentimiento de individuos aislados, productores o
poseedores de mercancías, entre las cuales se cuenta la fuerza
de trabajo, debe establecer los mecanismos jurídicos,
económicos y sociales para su asimilación, integración e
individualización. En una palabra para su incorporación a la
sociedad civil, como ciudadanos "libres" o "independientes" de
ataduras culturales o económicas "atrasadas". (Triana, 1.985.
p . ¿.¿.o; -
8.1.1. DERECHO DE PROPIEDAD ,MANEJO JURIDICO-ECONOMICO
El Estado tiene la pretensión de servir al interés general
por encima del bien individual, y la propiedad es el sostén de
tal consideración, "el Estado protegerá y promoverá las formas
asociativas y solidarias de la propiedad”.C.P.N.
- 121 -" Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles", anuncia el
articulo 58 de la actual Constitución política.
"El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la
propiedad" Artículo 60 de la Constitución Nacional.
El concepto de propiedad fue consignado también en la antigua
constitución en sus artículos 30, 31, 32, aquí como en toda
Latinoamérica nos permite reconocer la ubicación doctrinaria
constitucional a la cual deben acogerse todos los nacionales.
Tal ubicación podemos señalarla dentro del liberalismo
económico y el individualismo político-jurídico.
Bien podríamos reconocer que uno de los problemas básicos y
motivo de inspiración en la anterior como en la actual
Constitución, es el problema económico e igualmente como
generador de conflictos sociales, este es causa central del
resto de los problemas que esperan pronta solución.
Por ello al preguntarnos por qué la Nación "duerme en un
letárgico sueño" con tierras tan pródigas y tan enorme caudal
de riquezas naturales, se apresura a destacar las diversas
razones económicas que originan el letargo, por falta de
capitales, de brazos, de población dé riquezas acumuladas. la
mala utilización y aprovechamiento de las tierras, la mala
distribución, exigiéndose a las naciones acoger normas,
impuestos, condiciones que restablezcan la economía y nos
- 122 -permita salir de pobres y encontrar así la dignidad,
civilización y libertad tan ajenas a nuestra realidad
histórica.
El derecho de propiedad considerado en su alcance originario
como el mas antiguo medio de permitir que el hombre pueda
gozar y disponer de los bienes materiales que necesita para su
vida, nada tendría de objetarle, pero cuando dentro de los
códigos se le consagra en el carácter de absoluto, perpetuo y
trasmisible, cuando se oculta u opaca su vinculación con el
trabajo personal productivo y cuando se deja que "hombres
libres" decidan su voluntad e interés sobre él, en virtud de
preceptos individualistas que se limitan a obrar como meros
espectadores del acontecer económico-social, se olvida que a
impulsos de la codicia y ambición humana ese esquema ideal
puede convertirse pronto en fecunda fuente de abusos
individuales y de clase y no prevee lo que en realidad se
produj o.
Que la propiedad privada se concentra en pocos excediendo en
mucho lo que podría necesitar para sí, en detrimento para los
demás, alimentados por obra del individua 1ismo y del
capitalismo transformado en fuente, de poder , de ganancias,
rentas e intereses características ajenas a su finalidad
original.
La concepción de que todos los ciudadanos son iguales ante la
ley y de que la misma reciben igual tratamiento debe ser
- 123 -exigida ante la vida, de otra manera esto seria más que una
burla; el Estado es pocas veces consecuente con el discurso
que propaga a los cuatro vientos.
8.1.2 CONQUISTA INDIGENA EN LA NUEVA CARTA FUNDAMENTAL
Hallar soluciones a los niveles más elementales de la vida
cotidiana exige una verdadera expresión democrática, fórmula
en la cual encontraría mayor credibilidad y aseguraría su
permanencia el Estado capitalista, en apariencia o en realidad
mostrar interés por resolver las necesidades de todos le
garantiza el control social.
Así surgen en la. "Democracia" colombiana figuras jurídicas
señaladas en la actual Constitución política que con la
motivación de la integración nacional se proclama pluralista
democrática y participativa, acogiendo por primera vez en la
historia sectores políticamente marginados, como a los
indígenas a quienes concedió derechos específicos tales:
Título I, artículo 7, 8 y 10.
Título II, capítulo 2, artículo 63 y 68 inciso 6.
Título VIII, capítulo 5, art. 246.
Título XI, capítulo 1, art. 286, 287 y 288.
Algunos de los derechos consignados habían sido reconocidos en
distintos convenios internacionales ratificados por Colombia,
pero en la práctica no cumplidos ahora se decide una conducta
124
- -obligatoria y coactivamente exigible encaminada a que sea
alcanzada.
Es bien claro que los preceptos jurídicos no eliminan por sí
los conflictos sociales con larga historia y por el contrario
algunas conquistan deben manejarse con gran serenidad e
inteligencia de lo contrario, conducirían a malograr o
incrementar desigualdades en las relaciones internas de las
comunidades; fenómeno que ya visualizamos, en el momento de
elegir candidatos al Senado por las comunidades, donde la
ambición y la lucha por el poder, el individualismo hacen su
expresión con prontitud. Al aventurarse las comunidades en un
espacio socieconómico admiten o de alguna manera se les impone
la necesidad de producción y del desarrollo que pueden ofrecer
a la ampliación del mercado nacional.
Asumirán una vida de contravenciones sostenidas por el cambio,
por la lucha que representa la competencia, el buscar
utilidades y producir rentabilidad, fenómenos particulares de
la llamada apertura económica a la cual debemos adaptarnos
todos lentamente.
De todas maneras Colombia sigue siendo un país agrícola, es
precisamente allí donde las comunidades tienen al servicio y
eficacia su fuerza de trabajo y la posibilidad de producción,
se hacen urgente pues las ayudas tecnológicas, herramientas,
materiales, créditos y todo tipo de auxilios que permitan un
avance en el sector agropecuario; cada día el Fondo Nacional.
125
- -del grano se agota o resulta insuficiente, este es un espectro
que toma realidad, la tierra y su producción se convierten en
lo esencial, y no da ninguna espera.
Ante las tendencias contemporáneas del Estado, se hace
necesario un reordenamiento territorial consignado en el Titulo
XI de la Constitución Nacional en sus artículos 285 al 331,
designa a los territorios indígenas como entidad territorial
con competencias y funciones especificas (arts. 286 y 287).
Con lo cual el Estado busca una subdivisión político-
administrativa , la cual deja la eficiencia de los servicios a
cada entidad, la organización depende de la iniciativa y
voluntad de cada región, cada una de ellas debe buscar
satisfacer las necesidades que conoce, con cuerpos propios de
inversión, con un control comunitario y ciudadano de la
gestión pública, es la política de la descentralización, este
ordenamiento territorial no corresponde a una técnica
organizativa del Estado sino al desmonte de las
responsabi1idades del Estado central y las instituciones
públicas.
Se conceden muchos derechos en el campo social, pero el
reconocimiento no va acompañado de la responsabilidad estatal
y si a la comunidad, ya no pueden apelar al Estado corno
benefactor o interventor, a cada comunidad le toca decidir
como satisfacer sus necesidades y el Estado sólo será un
arbitro que ayudará a decidir.
126
- -Es pues el desmonte intervencionista del Estado, aunque como
benefactor poco conocimos de sus favores.
Entramos pues en la fase neoliberal más agresiva donde la
competencia y la productividad son la vanguardia, se olvida el
discurso de la construcción al interior del país y se busca
una economía hacia afuera.
127
- -9. CONCLUSIONES
Hay un factor cultural relevante que nos señala una distinción
profunda entre las sociedades occidentales y las comunidades
indígenas; y es el factor tiempo.
\
Para los indígenas el tiempo es natural como nos señala
Shakespeare en casi todo su recorrido literario, este se mide
por su el canto del ruiseñor o de la alondra, un nacimiento o
la muerte se define por la tormenta, la tempestad o el
terremoto, la luz del día o el croar de las ranas en el
crepúsculo del día, el tiempo se toma no como un fin.
Para nuestra sociedad el tiempo es el tiempo mecánico, el
reloj de bolsillo, se expresa con la producción y se consolida
tan solo hace 150 años a finales del siglo XIX con el mito del
progreso, e igualmente en el mundo literario esta expresado de
forma clara, Julio Verne es un ejemplo de ello.
El sentido del atraso entre los indígenas no existe?, se
consideran o se saben distintos, el tiempo no les define nada.
La tierra siempre ha sido toda la alegría del indio, el indio
ha desposado la tierra, siente que la vida viene de la tierra
y vuelve a ella, este puede ser diferente a todo menos a la
posesión de la tierra que sus manos y su aliento labran y
fecundan reíigiosamente, es pues la base de su existencia
12q -
_inmediata y total y ante esta existe un modo de producción
cuya esencia es la propiedad colectiva o familiar que le
permite el desarrollo parcelario y autoconsumo y en ello son
antagónicos a la sociedad blanca cuyo modo de producción es el
capitalista que tiene como base la propiedad privada, de
profundas exigencias, por ser la competencia uno de sus
pi1ares.
El modo de producción capitalista ha llegado ha ser dominante
en la estructura' del sector agrario y su penetración cobró
particular fuerza a partir de la segunda posguerra, ha
disuelto gran parte de las relaciones precapita1istas, y ha
generado una creciente proleterización de la población rural.
Uno de los rasgos característicos de la estructura agraria es
la creciente ampliación de la órbita de influencia, fenómeno
que ha sido generando un constante aumento de masa proletaria,
a consecuencia de la privatización y concentración de
capitales y medios de producción.
El objetivo principal de la Reforma Agraria de 1961 no fue
modificar la estructura de tenencia y explotación de la
tierra, sino producir en el campo las relaciones capitalistas
de producción de ahí el énfasis en los programas de
colonización, buscando en el fondo desviar la presión
campesina hacia zonas marginadas.
Las perspectivas del desarrollo capitalista en el campo,
129
-impulsado por la Reforma Agraria y las condiciones
estructurales en las cuales se producen este desarrollo han
acentuado las relaciones de dependencia con el imperialismo,
lo cual expresa al origen y destino de las inversiones y en la
forma como tales reformas han ido condicionando la estructura
agraria.
En consecuencia, las políticas del Estado en materia agraria
no han sido el resultado de medidas de orden económico, sino
en general obedecen a necesidades de carácter político y
privado.
El problema agrario tiene que ver con las posibilidades de
industrialización, con la expansión y profundización de los
mercados internos, con la redistribución del ingreso entre
diversas capas sociales, con la modernización de la
desequi1ibrada estructura de clases, con la ruptura del
marginalismo o segregación cultural y política de la población
campesina e indígena.
Una solución adecuada al problema agrario lo anotaba Antonio
García, no es posible encontrarlo dentro de los marcos de las
reformas agrarias convencionales, marginales, o de simples
políticas de mejoramiento agrícola, la solución es un
verdadero cambio estructutural, entendida como un vasto y
articulado proceso de transformación en la apropiación y
distribución de la tierra, en la gestión económica, en las
relaciones sociales y en el sistema de poder.
130
- -La mayoría de las comunidades han sido despojadas
paulatinamente de sus tierras por misioneros o colonos, se
caracterizan hoy por extremas condiciones de pobreza en la
mayoría de sus miembros y por un enorme deterioro de sus
valores culturales; producto del choque con la sociedad mayor.
Los programas propuestos por el Estado cuyo principal objetivo
fue dotar de tierras a las familias indígenas desposeídas, no
logró mejorar la situación de estas comunidades que hoy no
logran generar un ingreso necesario para su subsistencia,
debido a la baja producción de sus parcelas, condicionadas a
ejercer actividades de otro tipo impuestas por la sociedad
mayor, formando parte del grueso proletariado.
El cambio de proceso cultural debilita la organización social
comunitaria, en parte por el predominio de las relaciones
capitalistas de producción que han conducido a reafirmar
intereses individuales de los colectivos.
Los miembros de las generaciones jóvenes de las comunidades
son conscientes del proceso del cambio que esta viviendo el
mundo que los rodea se incorporan a nuevos sistemas y
herramientas de trabajo que les permitan reducir la enorme
desventaja de sus economías frente a la producción
capi talista.
El hecho de que la realidad de los grupos indígenas sea
hetereogenea por sus peculiariedades y grados de asmilación
131
- -dificultan la lucha frontal contra un modelo económico
impuesto, sin embargo durante los últimos 20 años lograron
altos niveles de organización que permiten exigir
reivindicaciones de autodeterminación, respeto y
reconocimiento social, la búsqueda de reconciliación
ciudadana debido a las situaciones de violencia generalizada
les concedió un gran espacio en la nueva Constitución
política.
Muchos de tales derechos habían sido concedidos por convenios
internaciones como el 107 de 1957, ratificados por el Gobierno
Colombiano, los cuales se quedaron en retórica oficial, ya que
pocas veces fueron garantizados y por el contrario
constantemente desconocidos.
Todo nuestro derecho esta impregnado de relaciones sociales
capitalistas, nuevos valores y nuevas necesidades azotan
interrumpidamente, ese derecho petrificado e insuficiente,
inepto para adecuarse a la necesidades emergentes.
No negamos que se han dado progresos dentro de la ciencia
jurídica y de la legislación, pero todo ello se queda corto
frente a los requerimientos sociales, tal desajuste mucha
veces lo hace aparecer como rezagado.
En las sociedades latinoamericanas se comprueba de un modo
particularmente agudo la subsistencia de enormes diferencias
en la distribución de la riqueza y la existencia de una enorme
132
- -masa, ampliamente mayoritaria colocada en posición de
menoscabo victima de la desnutrición, carente de vivienda,
falta de educación y atención médica, además acosados por una
deuda externa impagable, ya que el solo pago de intereses y
amortizaciones a la banca internacional genera grandes
sacrificios sociales.
Al igual que el resto de las nacionales de la región, Colombia
ha sido sometida ha estrictos programas de ajustes de
impuestos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, se encuentra a la zaga de la transformación del
sistema financiero internacional y explora alternativas para
reducir la deuda.
A nuestra manera de entender las conquistas logradas por las
etnias o grupos indígenas son muy sospechosas en la Carta
Fundamental se señala al respeto por la prioridad, la
diferencia el modo de ser de esa cultura, sin embargo si nos
detenemos y observamos pacientemente nos encontramos que
todos permitían cumplen un objetivo bien discutible.
Es claro que ya se manifiesta al interior de muchos grupos
incorformidad respecto quien será quien mejor los representa,
generando conflictos ante el Senado o el Congreso al interior
de ellos al igual den separaciones, luchan por el poder.
Al señalando como entidades territoriales cumpliendo las
exigencias que para tal institución se requieren como buscar
133
- -cumplir por esta las necesidades básicas (Salud y Educación)
de cada ente territorial con inversión propia y proyectos
presentados al Estado control para su aprobación y un poco de
beneficio.
Es bien claro que los indígenas no pueden satisfacer tales
márgenes de necesidades en forma eficiente pues sus recursos
además de los naturales son mínimos ya que su modo de
producción el precapital ista solo les permite producir-
elementos de autoconsumo y en ningún momento excedentes de
valor.
Se me hace que lo que se logro fue la legitimación de
programas estatales como F'RN, COMPES, REFORMA AGRARIA creados
en años anteriores con el interés de salvar la necesidad del
desarrollo de las comunidades sirviendo al elevado crecimiento
del mercado nacional y vincularlos debidamente al proceso de
apertura económica de cuyo interés bien sabemos que conduce a
la competencia y eficacia en la producción. Y esto en la
etnias no conduce más que implementar con la aceptación
inocente de estas el acelaramiento de fenómeno llamado
Aculturación.
Al terminar esta investigación conocimos los resultados
electorales, para las curules en el Congreso de la República
en la cual fueron electos por circunscripción especial dos
representantes de las comunidades,para el Senado por ausencia
de una reglamentación y por un elevado porcentaje electoral en
134
- -favor de los indígenas se apelo al Consejo Electoral siendo
electo un tercer miembro indigena al Senado circunstancia que
desborda todas las premoniciones políticas tradicionales, y
nos señala nuevas expectativas en la relación Políticas
Estatales y las Comunidades Indígenas una alta y apremiante
labor se despeja en el destino de la comunidades.
135
- -10. BIBLIOGRAFIA
1. ANGEL B. MARGARITA. Estudio Socio-Económico en la
Comunidad Indígena. Tesis de Grado 1.982. IJ. N.
2. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Dilema Político o
Jurídico. Universidad Nacional. lisa. 1991.
3. BEJARANO JESUS ANTONIO. Industrialización y Política
Económica. Colombia Hoy. Santafé de Efogotá. Ed.
Guadalupe. 1978.
4. COLOMBIA CIE-DANE. La Agricultura Colombiana en el siglo
XX. Santafé de Bogotá, Ed. Antes., 1976.
5. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 1991
6. DIAZ ARENAS PEDRO AGUSTIN. Estado y Tercer Mundo.,
Constitucionalismo. Ed. Temis. Santafé de Bogotá, 1991.
7. EASTMAN JORGE MARIO. Política Indigenista. Colección
Legislación Doctrina y Jurisprudencia. Mingobierno.
Memoria 81-82.
8. FAJARDO DARIO. Hacienda - Campesinos y Reforma Agraria.
1985. Univerdad Nacional.
136
- -FAJARDO DARIO, BLANQUER MICHEL. Deseentralilación en
Colombia. Universidad Nacional, 1991.
10. FRIEDE JAUN. El Indio en la lucha por la tierra. Santafé
de Bogotá. Ed. Punta de Lanza. 1.976.
11. GARCIA ANTONIO. Sociología de la Reforma Agraria en
América Latina. Buenos Aires. Ed. Cruz del Sur. 1973.
12. GARCIA ANTONIO. Reforma Agraria y Economía Empresarial en
América Latina. Ed. Universitaria. Santiago Chile. 1976.
13. GODOLIER MAURICE. Economía, Fetichismo, Religión en las
Sociedades Primitivas. Siglo XXI. Ed. México. 1.980.
14. GONZALES DAVID. La Revolución Social y el Problema
Agrario. Revista Ideología y Sociedad. 1.975.
15. GROS CHRISTIAM. Colombia Indígena. Ed. Presencia.
Bogotá. 1.991.
16. INCORA. Reservas Indígenas. Subgerencia Jurídica.
División de titulación de Tierras. Sección de Resguardos
y Reservas Indígenas. Bogotá. 1982.
17 JIMENO MYRIAM Y TRIANA ADOLFO. Estada y Minorías Etnicas
.
en Colombia. Fundein. Cuadernos de Jaguar. 1.985.
137
- -18. KALMANOVITZ SALOMON. El Desarrollo de la Agricultura.
Ed. La Carreta. Medellín. 1975.
19. KALMANOVITZ SALOMON. Desarrollo Capitalista en el Campo.
Colombia Hoy. Bogotá, Ed, Guadalupe. 1978.
20. MALINOWSKI BRONISLAW. Crimen y Costumbre en la Sociedad
Salvaje. Ed. Ariel. Buenos Aires, 1969.
21. MANDEL ERNESTO. Tratado de Economía Mar::ista. Editorial.
Ariel, 1972.
22. MARX KARL. Introducción a la Crítica de la Economía
Política. Ed. Pasado y Presente. Buenos Aires. 197:3.
23. MONCAYO VICTOR MANUEL. Derechos Humanos y Zonas Rurales,,
Bogotá,. Ciencia y Cultura. 1979.
24. OCCA OSCAR E. La propiedad de la Tierra. Universidad
de Córdoba. Argentina. 1972.
25. PIRENEGUE FABIO ORLANDO. Resguardo Indígenas. Tesis de
Grado. U.N. 1.981
26. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Fuero Indígena Colombiano.
Normas Nacionales. 1.991.
27. ROJAS BIRRY FRANCISCO Y LORENZO. Ponencia a la Asamblea
Nacciol Constituyente.28. TIRADO MEJIA A. Introducción a la Historia Económica de
Colombia. Medellín. Ed. La Carreta. 1.972
29. TRIANA ADOLFO. Legislación Indígena Nacional. Ed. América
Latina. Bogotá, 1980.
30. TRIANA ADOLFO. La Autodeterminación de los países y la
Autonomía de los Grupos Etnicos. Cuadernos del Jaguar
#1. Bogotá. 1970.
31. ZULETA E. La Tierra en Colombia. liedellín Ed. Oveja
Negra. 1973.
32. ZULETA E. Democracia y Participació. Revista Universidad
Valle. Cali. 1990.
33. ARCHIVOS CAMARA DE REPRESENTANTES Y SENADO DE LA
REPUBLICA, Agrupados bajo el título Archivos del Congreso.
139
- -