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widget: source_sentence: ¿Qué argumentos presentó la defensa de Rubén Haro Oñate al interponer el recurso de casación contra la sentencia condenatoria por el delito de lesiones, y cuál fue la respuesta de la Fiscalía General del Estado?
sentences: La EERSSA, a través de su Procurador Judicial, cuestiona la idoneidad de los testigos presentados por la parte demandante, argumentando que no son imparciales y, por lo tanto, sus testimonios carecen de mérito probatorio válido. Se señala que estos testigos tienen juicios similares contra la EERSSA, lo que genera un interés directo en el resultado del proceso y contraviene el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que exige la idoneidad de los testigos. Respecto a la motivación de la sentencia, la EERSSA alega que la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia incurrió en error al aceptar estos testimonios y ordenar el pago de indemnizaciones, indicando que la decisión carece de una debida fundamentación jurídica y fáctica, lo que constituye una violación al debido proceso y a la seguridad jurídica., La Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia dirimió la competencia a favor del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en Guayaquil. La fundamentación se basa en que la acción de lesividad es propia de la materia contencioso-administrativa y está regulada por normativas específicas como la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Se argumenta que, si bien las multas aduaneras tienen un trasfondo tributario, la figura jurídica de la lesividad, que permite a la administración anular sus propios actos declaratorios de derechos cuando no puede hacerlo por sí misma, está expresamente contemplada en la normativa administrativa y no en la tributaria. Por lo tanto, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo es el competente para conocer y resolver este tipo de controversias, tal como lo dispone el artículo 10 y 23 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el artículo 97 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, normativas vigentes a la fecha de presentación de la demanda., La defensa de Rubén Haro Oñate fundamentó el recurso de casación alegando la violación de los artículos 76.7, literales l) y m) de la Constitución de la República, argumentando que la sentencia carecía de motivación al no valorar adecuadamente las pruebas de cargo y descargo, y que la decisión no respondía a los elementos presentados. Se sostuvo que el procesado no estuvo en el lugar de los hechos el día de la agresión, aportando pruebas de su ubicación laboral. Por su parte, la Fiscalía General del Estado respondió que el recurso carecía de los requisitos formales, específicamente en la identificación de la causal de casación y la pertinencia de las normas violadas, y que la solicitud de revaloración probatoria estaba prohibida por el Código de Procedimiento Penal, solicitando su desestimación por falta de fundamentación., source_sentence: ¿Qué tipo de contravención se imputó al señor Néstor Fabián Quilo Campués en el proceso penal que dio origen a la acción extraordinaria de protección N°. 1129-21-EP y cuál fue la pena impuesta inicialmente?
sentences: La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, en el caso N° 799-21-EP, decidió inadmitir a trámite las demandas de acción extraordinaria de protección presentadas por Ana Yessenia Contreras Santos, Josué Gabriel Grijalva Sandoval, Pablo César Angulo Chichande, Walter Saúd Ortíz Ramírez, Gissela Elizabeth Campoverde Loaiza, Julio César Niño Tenorio, Gonzalo Roberto Galiano Hernandez, Rafael Gonzáles Gonzáles, Laura Mercedes Quintero Orrego, Johanxi Yadira Tigua Oquendo, Luis Ernesto González Mina, Eduardo Luis Macías Solís, Carlos Antonio Jiménez Jiménez, Oscar Aníbal Ramírez Valencia y Walter Enrique Nazareno Méndez. Sin embargo, admitió a trámite las acciones extraordinarias de protección presentadas por Franklin Hernán Bermeo López, Letty Leonor Quintero Orrego y Amanda Magaly Olives Garcés, sin que esto implique un prejuzgamiento sobre el fondo de sus pretensiones. Se dispuso notificar a la Sala Única Multicompetente de la Corte Provincial de Esmeraldas para que remita un informe de descargo., La contravención imputada al señor Néstor Fabián Quilo Campués en el proceso penal N°. 17574-2020-00228 fue la de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, tipificada en el inciso cuarto del artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según esta disposición, la persona que profiera improperios, expresiones en descrédito o deshonra contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en casos que no constituyan un delito autónomo, será sancionada con cincuenta a cien horas de trabajo comunitario y se dispondrá tratamiento psicológico para agresores y víctimas, además de medidas de reparación integral. La sentencia condenatoria dictada el 13 de noviembre de 2020 por la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia de Tumbaco impuso al procesado, en calidad de autor, la pena principal de setenta horas de trabajo comunitario a servicio del Municipio de Tumbaco, y el pago de una multa de USD 100 a favor de la víctima., La secuencia procesal iniciada por Pablo Enrique Arteaga Solórzano comenzó con una acción verbal sumaria por cobro de obligaciones de tarjeta de crédito. El 12 de abril de 2014, la Unidad Judicial Civil de Portoviejo dictó sentencia declarando con lugar la demanda. Arteaga Solórzano interpuso recurso de apelación, el cual fue negado por la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Manabí el 29 de octubre de 2019, confirmando la sentencia de primera instancia. Posteriormente, el 27 de noviembre de 2019, se dictó un auto negando el recurso de aclaración interpuesto por el accionante. Finalmente, el 20 de diciembre de 2019, Arteaga Solórzano presentó la acción extraordinaria de protección. Según la Corte Constitucional, el recurso ordinario que debió haber agotado antes de la acción extraordinaria de protección fue el recurso de casación, tal como se desprende del análisis del artículo 2 de la Ley de Casación., source_sentence: ¿Cuál fue la decisión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional respecto a la acción extraordinaria de protección N°. 2191-21-EP y qué implicaciones tiene esta resolución según la LOGJCC?
sentences: Juan Fernando Cabrera Herrera, en su acción por incumplimiento No. 46-20-AN contra BanEcuador, invocó como fundamento jurídico el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que consagra la estabilidad de los servidores públicos. Adicionalmente, citó la disposición transitoria décimo primera del Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público (RGLOSEP), relativa a los servidores de carrera, el numeral 8, inciso segundo, del Mandato Constituyente No. 2 sobre remuneración máxima en el sector público y las indemnizaciones, y el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE), que reconoce los derechos de los servidores públicos. Su pretensión principal se centró en que la entidad accionada, BanEcuador, al no haberle cancelado valor alguno por la estabilidad adquirida tras 20 años de servicio, y al emitir acciones de personal sin la debida motivación y vulnerando el debido proceso, incumplió estas disposiciones, afectando sus derechos irrenunciables como servidor público de carrera., La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, en el caso N° 0012-18-IN, avoca conocimiento de la acción de inconstitucionalidad presentada por Carlos Eloy Mosquera contra la Disposición General Segunda de la Constitución de la República del Ecuador. La demanda se fundamenta en dos cargos: inconstitucionalidad por la forma, debido a la supuesta inexistencia de un dictamen previo de constitucionalidad, y por el fondo, argumentando que la reforma sobre reelección de autoridades restringe derechos constitucionales de participación política. El tribunal analizó la competencia de la Corte para ejercer control constitucional de reformas y enmiendas, conforme a los artículos 75, literal b), y 443 de la Constitución. Respecto al primer cargo, se determinó que, si bien el dictamen sobre la convocatoria a referéndum del 4 de febrero de 2018 fue presunto debido a la omisión de la anterior Corte Constitucional dentro del término de veinte días establecido en el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este surte efectos jurídicos como un pronunciamiento favorable. Por lo tanto, el primer cargo fue rechazado según el artículo 84, numeral 1, de dicha ley. En cuanto al segundo cargo, la Corte se declaró competente para realizar un control expost y de fondo sobre la posible regresión de derechos fundamentales, como la restricción a la reelección, que implicaría la vigencia de la Disposición General Segunda, ya que un dictamen ficto no puede dejar sin control violaciones a los límites materiales de las vías de modificación constitucional., La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los jueces Karla Andrade Quevedo, Carmen Corral Ponce y Agustín Grijalva Jiménez, resolvió inadmitir a trámite la acción extraordinaria de protección N°. 2191-21-EP. Esta decisión se basó principalmente en la extemporaneidad de la presentación de la acción, ya que superó el plazo de veinte días establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) desde la emisión del auto de sobreseimiento. Según el antepenúltimo inciso del artículo 62 de la LOGJCC, esta resolución de inadmisión no es susceptible de recurso alguno y causa ejecutoria, lo que significa que la decisión es final y no puede ser apelada, procediendo al archivo de la causa y devolución al juzgado de origen., source_sentence: ¿Qué tipo de actos y contratos, según la Ordenanza reformatoria del Cantón 24 de Mayo, tienen un valor fijo de treinta dólares para su registro en el Registro de la Propiedad, y cuáles son gratuitos?
sentences: Según la Ordenanza reformatoria del Cantón 24 de Mayo, los actos y contratos que tienen un valor fijo de treinta dólares para su registro en el Registro de la Propiedad incluyen la domiciliación, disolución y liquidación de compañías, reforma y codificación de estatutos, cambio de domicilio, capitulaciones matrimoniales, poderes otorgados en el Ecuador o en el extranjero, y cancelación de permisos de operación. Adicionalmente, los actos y contratos de cuota indeterminada, como hipotecas abiertas, fideicomisos, fusiones y rectificaciones, también tienen una tarifa de treinta dólares. Por otro lado, las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados en procesos penales y la inscripción de demandas ordenadas judicialmente son gratuitas, al igual que la inscripción de prohibiciones de enajenar y embargos ordenados en procesos penales de acción pública y en causas de alimentos., La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección No. 0869-09-EP, presentada por Guillermo Antonio Quezada Terán en representación de la Compañía de Economía Mixta de Agua Potable, Alcantarillado y Aseo de Machala TRIPLEORO CEM, contra la sentencia emitida por la Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de Justicia el 7 de octubre de 2009. La inadmisibilidad se fundamentó en que la demanda carecía de una debida argumentación sobre los derechos constitucionales supuestamente vulnerados y no justificaba la relevancia constitucional del conflicto planteado. El accionante centraba su argumento en evidenciar la improcedencia y el error de la sentencia, al considerar que se atentaba contra los intereses económicos de su representada y del pueblo de Machala al imponerles el pago de valores que, según él, no les correspondían. Este planteamiento, que se enfoca en la legalidad de la sentencia y no en una vulneración constitucional clara, no es materia de dilucidación para la Corte Constitucional. Adicionalmente, se observó una falta de precisión en la identificación del acto impugnado, ya que la demanda inicialmente se dirigía contra la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, pero en la pretensión se solicitaba la nulidad de todo lo actuado en el juicio laboral No. 15-2006, a partir de la sentencia del Juez Primero Ocasional del Trabajo de El Oro. Esta inconsistencia contraviene los numerales 2 y 3 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establecen requisitos de admisibilidad para este tipo de acciones., La inadmisibilidad de la acción extraordinaria de protección en la causa Nº. 854-21-EP se sustentó en el incumplimiento de varios artículos de la LOGJCC. Específicamente, el párrafo 15 de la decisión indica que la demanda incumplió los requisitos de los numerales 1, 2 y 8 del artículo 62, además de incurrir en la causal 4 del mismo artículo. El numeral 1 exige un argumento claro sobre el derecho violado y su relación directa con la acción u omisión de la autoridad judicial, independientemente de los hechos del proceso. Los numerales 2 y 8 se refieren a la relevancia constitucional de la demanda. La causal 4 prohíbe que el fundamento de la acción se base en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley, criterio que la Sala aplicó a los argumentos de la accionante sobre los artículos 258 y 260 del COGEP, señalando que la Corte no revisa errores en la interpretación de normas infraconstitucionales., source_sentence: ¿Qué normativa constitucional y legal fundamentó la decisión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional para admitir la acción extraordinaria de protección N° 1259-11-EP?
sentences: La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, en el caso N°. 2544-17-EP, inadmitió la acción extraordinaria de protección interpuesta por Mariana Lucia Paredes Serrano debido al incumplimiento de requisitos de admisibilidad esenciales establecidos en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Específicamente, la Sala determinó que la accionante no aportó argumento alguno que justificara la relevancia constitucional del problema jurídico planteado ni de su pretensión, tal como lo exige el numeral 2 de dicho artículo. Adicionalmente, se concluyó que el fundamento de la acción se limitaba a la consideración de que la sentencia impugnada era injusta o equivocada y a la alegación de una errónea aplicación de la ley, extremos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo 62. La Corte enfatizó que su revisión se circunscribe a la posible vulneración de derechos constitucionales, y no a la apreciación sobre la corrección de la aplicación del derecho ordinario o la valoración de hechos, lo cual impidió la admisión de la acción por no cumplir con los criterios de excepcionalidad y estricta interpretación requeridos., La Corte Constitucional podría admitir una Acción Extraordinaria de Protección si la resolución de segunda instancia, como la emitida por la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en el caso de José Oswaldo Quimi Bohórquez, incurre en una violación flagrante de derechos constitucionales y el debido proceso. Esto incluye la falta de motivación, la incongruencia, la arbitrariedad o la irrazonabilidad del fallo, que vulneren derechos como la tutela judicial efectiva (Art. 75 CRE), la seguridad jurídica (Art. 82 CRE) o la estabilidad laboral. La Corte examinaría si la vía judicial ordinaria fue inadecuada o ineficaz para proteger los derechos del accionante, tal como lo establece el artículo 42 de la LOGJCC, y si la resolución judicial de instancia inferior contraviene la supremacía de la Constitución (Art. 424 CRE) o restringe el contenido de los derechos garantizados (Art. 11 CRE)., La decisión de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional para admitir la acción extraordinaria de protección N° 1259-11-EP se fundamentó en diversas disposiciones constitucionales y legales. En primer lugar, se invocó el artículo 17 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que establece la competencia de la Sala para avocar conocimiento de las causas. Además, se hizo referencia al artículo 10 de la Constitución, que reconoce a las personas y colectivos como titulares de derechos, y al numeral 1 del artículo 86 ibídem, que permite a cualquier persona proponer acciones jurisdiccionales. Un punto crucial fue el artículo 437 de la Constitución, el cual determina que la acción extraordinaria de protección procede contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, siempre que el recurrente demuestre la violación del debido proceso u otros derechos constitucionales. En concordancia con esto, se citó el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), que define el objeto de la acción extraordinaria de protección como la salvaguarda de derechos constitucionales y del debido proceso en resoluciones judiciales firmes. Finalmente, se aplicaron los artículos 61 y 62 de la LOGJCC, que prevén los requisitos para la admisibilidad de dicha acción, y el artículo 12 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que regula el procedimiento de admisión.
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Created: 2025-08-28 18:52:20