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widget: source_sentence: ¿Bajo qué normativa la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) puede expedir directrices para el control de exportación de minerales, y cuáles son las definiciones clave en su Resolución Nro. ARCOM-ARCOM-2024-0013-R?
sentences: La Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) está facultada para expedir directrices para el control de exportación de minerales, sin perjuicio de los requisitos establecidos en el "Reglamento para el Control de Exportaciones de Minerales", bajo el amparo de diversas normativas. Principalmente, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece la reserva estatal sobre recursos no renovables; los artículos 8 y 9 de la Ley de Minería, que otorgan a la ARCOM la facultad de dictar regulaciones y planes técnicos; el artículo 8 del Reglamento General a la Ley de Minería, que le permite expedir disposiciones administrativas y técnicas; y la Disposición General Cuarta del mismo reglamento, que faculta a su Director Ejecutivo para expedir resoluciones necesarias para la implementación del reglamento. El artículo 4 del Decreto Ejecutivo Nro. 256 también respalda esta facultad. La Resolución Nro. ARCOM-ARCOM-2024-0013-R define términos clave como "Certificado de Producción", que es la declaración del titular sobre la producción de un lote de mineral, firmado electrónicamente; "Certificado de Exportación", emitido por la ARCOM para certificar el cumplimiento de requisitos legales para la exportación; "Derechos Mineros", que abarcan concesiones, contratos, licencias y permisos; "Documento Aduanero de Exportación (DAE)", un documento electrónico para la declaración de exportación; "Factura electrónica", un documento fiscal emitido por el titular del derecho minero; "Guía de Remisión", habilitante para el transporte del mineral; "Mineral Principal" y "Mineral Secundario", clasificados por valor económico; "Peso Bruto", "Peso Húmedo" y "Peso Seco", unidades de medida del mineral; y "Titulares de Derechos Mineros", personas naturales o jurídicas con derechos mineros otorgados., La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de reclamación 259/2024 porque el acuerdo de trámite dictado por la Ministra Presidenta, que desechó el "amparo de tutela judicial efectiva", no causó un perjuicio o agravio material a los recurrentes. Si bien el acuerdo cumplió con los requisitos formales de ser un trámite y ser emitido por la presidencia, no definió, restringió ni anuló ningún derecho de los promoventes. El acuerdo se limitó a señalar que el medio de impugnación no encuadraba en la competencia del Alto Tribunal y ordenó la remisión a los Juzgados de Distrito correspondientes para que estos proveyeran lo conducente. Esta determinación, según la Sala, constituye un mero trámite que no afecta la esfera jurídica de las partes, sino que garantiza el correcto encauzamiento del asunto al órgano jurisdiccional competente para una resolución definitiva, asegurando así el derecho de acceso a la justicia., Francisco Luciano López Mayorga argumentó que la sentencia No. 3-19-CN/20 de la Corte Constitucional sí era aplicable a su caso. Sostuvo que el sumario administrativo, a pesar de haber sido notificado el 14 de agosto de 2020, no se encontraba ejecutoriado en esa fecha debido a la presentación del recurso de autotutela, el cual fue resuelto el 4 de febrero de 2021 y notificado el 23 de febrero de 2021. Fue en esta última fecha, según el accionante, cuando la resolución de destitución quedó ejecutoriada. Por lo tanto, consideraba que la sentencia constitucional ya era aplicable en el momento en que su proceso administrativo adquirió firmeza., source_sentence: ¿Cuál fue la decisión final de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia respecto al recurso de casación interpuesto por Oscar Miguel Chediak Curi y Ana Raquel Burbano Muriel en el caso n° 17404-2014-0282, y bajo qué argumentos se fundamentó dicha resolución?
sentences: El SENAE fundamentó su Acción Extraordinaria de Protección en la supuesta falta de aplicación de la Resolución 846 del Reglamento Comunitario de la Decisión 571, la aplicación indebida del Artículo 258 de la Codificación del Código Tributario, y la falta de aplicación de los Artículos 262 y 270 de la misma codificación. Además, argumentó una vulneración al derecho a la seguridad jurídica, consagrado en el Artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, por la supuesta falta de normas previas, claras y públicas aplicadas por las autoridades competentes. Se invocó también el derecho al debido proceso, específicamente las garantías previstas en las letras a, b, c, h, k y l del numeral 7 del Artículo 76 y el numeral 4 del Artículo 130 de la Constitución, relacionadas con la garantía de cumplimiento de normas y derechos, la proporcionalidad entre infracciones y sanciones, el derecho a ser escuchado, la motivación de las resoluciones y la sanción a servidores responsables por actos no motivados, considerándolos nulos. El SENAE señaló que la sentencia de la Corte Nacional de Justicia no motivó adecuadamente las razones por las cuales descartó el primer método de valoración aduanera, creando un "vacío jurídico" y que la Sala no aplicó la carga de la prueba conforme al Artículo 259 del Código Tributario, el cual establece que a la administración le corresponde probar los hechos que concluyan la existencia y cuantía de la obligación tributaria., La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, al resolver el recurso de casación n° 17404-2014-0282, decidió NO CASAR la sentencia dictada y notificada el 8 de febrero de 2018 por un tribunal de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. La decisión se basó en el análisis de la única causal de casación admitida, la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, referente a vicios procesales. La Sala determinó que los cargos formulados por los recurrentes, relacionados con la supuesta aplicación indebida de diversas normas procesales y sustantivas, no se configuraban. Específicamente, se concluyó que el artículo 42 de la Ley de Inquilinato y la sentencia de la Corte Constitucional invocada habían sido aplicados pertinentemente por el tribunal de apelación. Asimismo, se desestimó la alegación de indebida aplicación de los artículos del Código de Procedimiento Civil sobre términos, al considerar que la consignación se realizó dentro del plazo y las prórrogas concedidas buscaban corregir un error bancario, sin que ello constituyera una violación del procedimiento o generara nulidad insanable. Por lo tanto, al no encontrarse configurada la causal invocada y admitida, la Corte Nacional confirmó la sentencia de instancia., Según la demanda, el daño moral se habría originado cuando el Coronel Dionicio Geovanny Espinel Puga, comandante de la base militar Ala de Combate 23, cuestionó la condición de militar del Sargento Wilson Hernán Carabalí Maya, dudando de su profesionalismo y exigiendo una autorización para no afeitarse, a pesar de que el Sargento portaba su credencial de marino y tenía una prescripción médica para no hacerlo. El demandante alega que el Coronel le tomó fotografías sin su consentimiento, le manifestó que era el dueño de la base y podía hacer lo que quisiera, y lo retuvo contra su voluntad por aproximadamente una hora. Posteriormente, el Coronel habría insistido en su duda, solicitando la autorización para no afeitarse, lo que generó hostigamiento en el trabajo del Sargento, obligándolo a presentar dicha documentación en dos ocasiones. El demandante considera que esta actitud prepotente, discriminatoria, el trato inhumano y degradante, el sufrimiento moral, la angustia, la ansiedad y la humillación afectaron gravemente su honor, buen nombre, reputación e imagen profesional de 22 años de servicio, configurando así un daño moral., source_sentence: ¿Es procedente una acción de protección cuando existen mecanismos judiciales alternativos y específicos para impugnar un acto administrativo como la resolución de un visto bueno?
sentences: La parte actora, en su recurso de casación, alegó la inaplicación de varios artículos del Código del Trabajo, incluyendo el 42 numeral 1 (justificación de pagos de beneficios sociales como décimos, vacaciones y sueldos impagos), el 175 (prohibición de desahucio o despido durante enfermedad no profesional) y el 188 (indemnización por despido intempestivo), así como el artículo 185 (bonificaciones por desahucio). También invocó la inaplicación del artículo 51 inciso primero de la Ley Orgánica de Discapacidades, referente a la estabilidad laboral reforzada para personas con discapacidad y la indemnización por despido injustificado. Adicionalmente, mencionó la inaplicación de la Resolución No. 8-16 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia sobre el pago de intereses y el artículo 284 del COGEP respecto a los honorarios de la defensa técnica. La Corte Nacional de Justicia, al analizar estos alegatos, determinó que no existió la falta de aplicación de estas normas. Señaló que el artículo 42 numeral 1 no era aplicable porque no se configuró un incumplimiento patronal, dado que la liquidación de haberes fue consignada. Respecto al artículo 175 y 188 del Código del Trabajo, y el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades, la Corte consideró que la terminación del contrato fue legal, basada en la incapacidad permanente total del trabajador calificada por el IESS, lo cual se ajusta al artículo 169 numeral 5 del Código del Trabajo, y no constituyó despido intempestivo ni afectó la estabilidad laboral de forma indebida. Finalmente, sobre los intereses y costas, se indicó que solo proceden si la demanda es aceptada total o parcialmente, lo cual no ocurrió en la sentencia de instancia que se confirmó., La Corte Constitucional negó la acción extraordinaria de protección a Alfredo Rogelio García Zamora porque consideró que la sentencia de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato y Materias Residuales del Guayas, que inadmitió su acción de protección por improcedente, no vulneró garantías constitucionales ni el debido proceso. La Corte analizó que la relación laboral de García Zamora con el Ministerio del Litoral se basaba en contratos de servicios ocasionales que fenecieron al cumplirse el plazo estipulado, tal como se establecía en la cláusula décima primera del contrato. La Sala Provincial actuó correctamente al considerar que el despido se produjo al finalizar la relación contractual y no por una violación de derechos constitucionales. Además, la Corte señaló que la acción extraordinaria de protección no es una instancia para revisar cuestiones de mera legalidad o para reabrir debates sobre la validez de contratos, y que el accionante no demostró de manera clara y directa la vulneración de derechos constitucionales en el proceso judicial., No, no es procedente una acción de protección cuando existen mecanismos judiciales alternativos y específicos para impugnar un acto administrativo. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 40, establece que la acción de protección procede cuando hay violación de un derecho constitucional y no existe otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz. El artículo 42 de la misma ley indica que la acción de protección no procede cuando el acto administrativo puede ser impugnado en la vía judicial, a menos que se demuestre que dicha vía no es adecuada o eficaz. En el caso de la resolución de un visto bueno, el Código de Trabajo, en su artículo 183, inciso segundo, prevé un trámite específico de impugnación ante los jueces laborales, quienes apreciarán el acto administrativo con criterio judicial. Por lo tanto, al existir esta vía judicial especializada y eficaz, la acción de protección resulta improcedente., source_sentence: ¿Cuál fue el fundamento legal para la indemnización por daño personal y moral otorgada al menor y a sus padres en el amparo directo 10/2024, y cómo se determinaron los montos?
sentences: La Corte Constitucional puede revisar una sentencia de acción de protección cuando se presentan violaciones graves e irreparables a derechos constitucionales, ampliando su ámbito de acción para analizar todo el proceso constitucional si la garantía jurisdiccional no cumplió su objetivo de tutelar derechos. En el caso de Verónica Gardenia Limón Piedra, la acción extraordinaria de protección se fundamenta en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, la garantía de motivación (Art. 76 numeral 7 letra l de la Constitución), el derecho a ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente (Art. 76 numeral 7 letra k de la Constitución), y el derecho de seguridad jurídica (Art. 82 de la Constitución). Se argumenta que la sentencia de la Sala Única de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena carece de motivación al no aplicar la regla jurisprudencial vinculante de la Sentencia No. 030-18-SEP-CC, Caso No. 0290-10-EP, sobre la remoción de servidores públicos. Además, se alega que el tribunal provincial no analizó adecuadamente la vía para corregir vicios en nombramientos administrativos, optando por una declaratoria de nulidad en lugar de la declaratoria de lesividad, lo cual contraviene la seguridad jurídica. Finalmente, se señala la falta de imparcialidad y competencia del tribunal al no resolver las solicitudes de excusa y recusación presentadas, y al dictar sentencia sin atender estas peticiones, vulnerando el debido proceso., La Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el juicio No. 09332-2019-15750, resolvió aceptar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y confirmó la sentencia de primera instancia, pero la moduló en cuanto a la reparación integral. Se consideró que el accionante, Flavio Marcial Vilema Padilla, tuvo una conducta concluyente al presentar un escrito el 12 de noviembre de 2020, por lo que se tuvo por citado con el auto de pago según el Art. 107 número 9 del Código Orgánico Tributario. En consecuencia, se ordenó al juez de coactivas emitir la providencia respectiva para que el término previsto en el Art. 161 del Código Orgánico Tributario comience a correr desde el día siguiente a la notificación de dicha providencia. Las medidas cautelares dictadas en el auto de pago no procedieron a dejarse sin efecto, ya que tienen sustento en el Art. 164 del mismo cuerpo legal. El Tribunal concluyó que se vulneró el derecho constitucional al debido proceso en la garantía de defensa del accionante por no alcanzar certeza de que se haya citado legalmente con el auto de pago, pero esta vulneración no implicaba dejar sin efecto el auto de pago ni las medidas cautelares., La indemnización por daño personal al menor en el amparo directo 10/2024 se fundamentó en el artículo 14, fracción I, incisos a) y b), de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Para el inciso a), que trata sobre la indemnización por daño físico, se consideró la pérdida de visión permanente del menor. Para el inciso b), se cubrieron los gastos médicos erogados, acreditados con comprobantes fiscales. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, al ser el menor de edad y no un trabajador, la indemnización por daño personal debía calcularse considerando el daño físico, la pérdida de oportunidades (empleo, educación, prestaciones sociales), los daños materiales y pérdida de ingresos (lucro cesante), y los gastos de asistencia médica, psicológica y social. Se estableció que el parámetro adecuado para calcular los alimentos para la manutención y cuidado del menor, y así determinar la indemnización por daño personal, debía ser el salario mínimo vigente, no la UMA. Se calculó la indemnización por daño personal en $(*********) (**********) por concepto de indemnización por daño físico y $(*********) (**********) por gastos médicos erogados. En cuanto al daño moral, la indemnización se fundamentó en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el artículo 1916 del Código Civil Federal. Se consideraron derechos lesionados, grado de responsabilidad, situación económica del responsable y de la víctima, y otras circunstancias relevantes. La Sala determinó que el monto otorgado por la Sala responsable no reflejaba el daño moral, por lo que se concedió una indemnización al niño por $(*********) (*********), a la madre por $(*********) (*********), y al padre por $(*********) (*********). Adicionalmente, el IMSS deberá cubrir la atención médica y psicológica vitalicia requerida por los quejosos., source_sentence: ¿Cuál fue la base legal y fáctica para que la Corte Provincial de Pichincha revocara la sentencia de primera instancia y declarara la vulneración de derechos en el caso de Francisco Vivanco Riofrío contra el Banco Pichincha?
sentences: La Corte Constitucional resolvió negar la consulta de norma planteada por el juez de la Unidad Judicial Primera de Contravenciones de Quito. Sin embargo, definió que la aplicación de la Disposición General Octava del Reglamento Interno del Régimen de Transición del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte debe interpretarse de forma que se cumpla el requisito de "total y permanente dependencia económica" en casos donde la persona que reclama la pensión de orfandad padece una discapacidad que le impide trabajar, dependía económicamente solo del causante y de otra pensión por orfandad que ya percibía. Esta interpretación se aplica a casos análogos, garantizando así la protección de los derechos constitucionales de las personas en situaciones de vulnerabilidad., La base fáctica para la revocatoria de la sentencia de primera instancia radicó en la constatación de que el Banco Pichincha C.A. no cumplió de manera oportuna con una disposición administrativa emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que ordenaba el levantamiento de una medida cautelar de retención sobre los fondos depositados en la cuenta del accionante, los cuales provenían de su pensión jubilatoria. El tribunal apreció que esta demora y la falta de información adecuada y motivada sobre el retraso afectaron el derecho a recibir respuestas motivadas y la atención prioritaria debida al accionante. Legalmente, el tribunal se fundamentó en los artículos 66.23, 35 y 36 de la Constitución de la República, que garantizan el derecho a recibir respuestas motivadas y la atención prioritaria para grupos vulnerables, así como en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC) que regula la acción de protección., La Sala Especializada Penal de la Corte Provincial de Guayas, al aceptar el recurso de apelación en el caso No. 09802-2022-00522, revocó la sentencia de primera instancia y declaró la violación del derecho al debido proceso en la garantía básica del derecho a la defensa del Dr. Henry Wilmer Moran Moran. Específicamente, se identificaron como vulneradas las garantías contempladas en el Art. 76 Numeral 7 literales a), c), d) y h) de la Constitución de la República. Como reparación integral, se dispuso retrotraer el Sumario Administrativo N° 023-2013, seguido en su contra en calidad de Juez Provincial, al momento en que se produjo la vulneración del derecho a la defensa, es decir, la falta de notificación con el informe motivado del Director Provincial de Control Disciplinario del Guayas. Se determinó que todo lo actuado posteriormente a dicho informe carecía de valor jurídico, debiendo notificarse al accionante y continuar el trámite respetando el debido proceso.
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Created: 2026-01-01 05:13:09