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widget: source_sentence: ¿Cuál fue la resolución emitida por el Subsecretario Zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas respecto a la Asociación de Conservación Vial “El Cabo” en marzo de 2018?
sentences: El accionante Fernando Francisco Sandoya Sánchez invocó en su demanda los principios constitucionales de tutela judicial efectiva, debido proceso y seguridad jurídica, fundamentándose en los artículos 75, 76 y 82 de la Constitución de la República del Ecuador. En cuanto a la seguridad jurídica, la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas la interpretó como una suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativas, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad. La Sala citó al Dr. Jorge Zavala Egas para destacar que la seguridad jurídica se manifiesta como una exigencia objetiva de regularidad estructural y funcional del sistema jurídico, y su faceta subjetiva como certeza del derecho, reflejada en la conducta de los sujetos. Se enfatizó que la seguridad jurídica implica la obligación de las autoridades de sujetarse a la Constitución y la ley, y que su vulneración ocurre cuando una resolución administrativa se emite fuera del término legal establecido, como ocurrió en el caso de la ESPOL al superar los 90 días para la sanción disciplinaria., La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el recurso de revisión interpuesto por María del Rocío Chávez Ávila en el amparo directo en revisión 8667/2019 porque el asunto no cumplía con el segundo requisito de procedencia, es decir, carecía de importancia y trascendencia. La Corte determinó que su resolución no permitiría fijar un criterio novedoso ni de relevancia para el ordenamiento jurídico nacional, y que la sentencia recurrida no desconocía ni omitía criterios emitidos por la propia Corte sobre cuestiones propiamente constitucionales. Específicamente, la Sala consideró que la interpretación del artículo 123, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la protección del salario mínimo, ya ha sido establecida por la Corte en diversos asuntos, concluyendo que dicha prerrogativa opera únicamente para los trabajadores que obtienen el salario mínimo, no para aquellos que perciben un monto superior. Por lo tanto, el planteamiento de constitucionalidad subsistente carecía de la trascendencia necesaria para la procedencia del recurso., Mediante la Resolución No. 001-MTOP-SUBZ6-DPJ-18, emitida el 26 de marzo de 2018, el Subsecretario Zonal 6 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aprobó la disolución y liquidación voluntaria de la personalidad jurídica de la Asociación de Conservación Vial “El Cabo”. Esta asociación tenía su domicilio en la Parroquia El Cabo, Cantón Paute, Provincia del Azuay. La resolución se basó en la solicitud presentada por el presidente de la asociación y en el informe favorable de la Unidad de Asesoría Jurídica Zonal del MTOP. La aprobación de la disolución y liquidación surte efectos jurídicos y se rige por las disposiciones del Código Civil, el Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales y demás normativa aplicable., source_sentence: ¿Es procedente la acción extraordinaria de protección contra un auto de nulidad dictado por una Sala de Corte Provincial, aun cuando este no ponga fin al proceso principal, si se alega grave vulneración al debido proceso y la prohibición de doble juzgamiento?
sentences: La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por las juezas Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce y Daniela Salazar Marín, decidió ADMITIR a trámite la acción extraordinaria de protección 963-23-EP. Como medida para garantizar el debido proceso y en aplicación de los principios de dirección del proceso, formalidad condicionada, celeridad y concentración, se dispuso que los jueces de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia presenten un informe de descargo ante la Corte Constitucional en el término de diez días, contados a partir de la notificación del auto. Esta decisión se fundamenta en la relevancia constitucional de la alegada violación grave de derechos, específicamente en la negativa de la suspensión condicional de la pena sobre una base no prevista por el COIP., Sí, es procedente la acción extraordinaria de protección contra un auto de nulidad dictado por una Sala de Corte Provincial, incluso si este no pone fin al proceso principal, siempre que se demuestre una grave y evitable vulneración de derechos fundamentales. El artículo 437, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) permite esta acción contra autos firmes o ejecutoriados que vulneren derechos, sin necesidad de agotar todos los recursos ordinarios si estos son ineficaces o inadecuados. En el caso expuesto, la declaratoria de nulidad del auto de sobreseimiento, que implicaría volver a juzgar al accionante, vulneraría la garantía del Non Bis In Ídem (Art. 76, numeral 7, literal 'i' de la CRE) y el principio de non reformatio in peius (Art. 77.14 de la CRE), configurando una grave afectación al debido proceso que justifica la intervención de la Corte Constitucional., El árbitro se declaró competente para resolver la controversia basándose en el principio de "Kompetenz-Kompetenz", analizando la cláusula décima segunda sobre controversias contenida en el contrato de arrendamiento de 15 de marzo de 2018. Este principio permite al propio tribunal arbitral determinar su competencia. La decisión se fundamentó en el acuerdo de las partes y el reglamento del centro de arbitraje, asegurando que todo lo actuado se ciñera a los preceptos constitucionales sobre el debido proceso. La cláusula arbitral fue considerada separable y autónoma, lo que permitió al árbitro desestimar las excepciones previas de la demandada relativas a la supuesta incompetencia del tribunal, el error en la forma de proposición de la demanda, y la falta de requisitos legales. La cuantía de la demanda se estableció en US$ 20.000,00., source_sentence: ¿De qué manera la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de El Oro, en la sentencia del 12 de marzo de 2021 dentro del proceso 07571-2020-01605, incurrió en falta de motivación al no notificar el informe final del sumario administrativo al accionante?
sentences: Los docentes Diego Vinicio Orellana Villavicencio y Julio César Cuenca Tinitana, tras ganar un concurso de méritos y oposición convocado por la CIFI-UNL y obtener sus acciones de personal y actas de posesión, tienen derecho a ser reintegrados a sus cargos de Docentes Titulares Auxiliares 1. La Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Loja confirmó la sentencia de primera instancia, ordenando a la UNL activar a los accionantes en el sistema SPRYN y reintegrarlos a sus puestos. Se establece que la UNL debe cancelarles todas las remuneraciones dejadas de percibir y los beneficios de ley desde la fecha de vulneración de sus derechos, especificando los puntos de inicio para el cálculo de estas remuneraciones. La sentencia se fundamenta en la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de motivación, al derecho a la igualdad material y no discriminación, al derecho al trabajo, y a la seguridad jurídica. Se cita la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la motivación de los actos públicos, el principio de igualdad formal y material, y la protección del derecho al trabajo y la estabilidad laboral. La Corte Provincial enfatiza que los conflictos internos entre la UNL y la CIFI-UNL no pueden trasladarse a los administrados, protegiendo la confianza legítima y la buena fe., La acción extraordinaria de protección argumenta que el laudo arbitral de mayoría incurrió en contradicciones y una motivación arbitraria al resolver sobre el pago del anticipo y la aplicación de tipos de cambio, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva de CELEC EP. Se señala que el tribunal equiparó "fecha de pago" con "fecha de plazo de pago" sin fundamento contractual ni lógico, a pesar de que el Contrato Complementario No. 2 modificó la cláusula de pago del anticipo. Esta interpretación, que contradice la asunción del riesgo cambiario pactada y genera un perjuicio a CELEC EP al obligar a un pago de diferencia en dólares, carece de una fundamentación fáctica y normativa suficiente. El tribunal no explicó coherentemente por qué aplicó una tasa de cambio diferente a la acordada, lo que contraviene el artículo 75 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva mediante decisiones fundadas en derecho y razonadas., La Sala de lo Civil de la Corte Provincial de El Oro, al dictar sentencia el 12 de marzo de 2021 en el proceso No. 07571-2020-01605, incurrió en una grave falta de motivación al basar su decisión en un informe final del sumario administrativo que no fue debidamente notificado al accionante para su contradicción. El accionante señala que dicho informe, que sugería su destitución, no le fue comunicado, impidiéndole ejercer su derecho a la defensa y a contradecir las conclusiones que fundamentaron la revocatoria de la sentencia de primera instancia. La Sala, al considerar intrascendente la notificación de este informe y confundir piezas procesales, contraviene lo establecido en la SENTENCIA CONSTITUCIONAL No. 234-18-SEP-CC, la cual establece que la falta de notificación de informes finales en sumarios administrativos acarrea la violación del derecho constitucional a la defensa y a la motivación de las resoluciones., source_sentence: ¿Cómo la Sala Multicompetente de la Corte Provincial del Cañar, al confirmar la acción de protección, vulneró el principio de igualdad y el derecho a la igualdad formal del GAD Municipal de Azogues, al apartarse de criterios jurisprudenciales previos en casos similares?
sentences: La Sala Multicompetente de la Corte Provincial del Cañar, al confirmar la acción de protección, vulneró el principio de igualdad y el derecho a la igualdad formal del GAD Municipal de Azogues al aplicar criterios jurisprudenciales de forma inconsistente. La Sala se apartó de pronunciamientos anteriores en casos análogos sobre el cobro de áreas de cesión, otorgando un beneficio al accionante que no correspondía, lo cual constituye una discriminación directa contra el GAD Municipal. El principio de igualdad exige que casos similares sean tratados de manera idéntica, y la Sala, al no observar el principio 'stare decisis' sin una justificación válida, generó un trato diferenciado e injustificado. Esta actuación arbitraria y sin motivación suficiente contraviene el derecho fundamental a ser tratado de manera idéntica ante la ley, afectando la predictibilidad y la confianza en el sistema de justicia., La Presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha desestimó la acción de nulidad propuesta contra el laudo arbitral. El principal argumento para desestimar la acción fue la acogida de la excepción de falta de legítimo contradictor respecto al Dr. Armando Bermeo Castillo. Se determinó que el árbitro único no era la parte procesal llamada por ley a contradecir la demanda de nulidad, ya que su calidad de árbitro cesó con la emisión del laudo, y la resolución sobre el fondo del asunto no le afectaría ni produciría cosa juzgada. La titularidad del derecho sustancial recaía únicamente en INFOCONTAB Cía. Ltda. Además, se analizó la causal de nulidad invocada por el actor, relacionada con el literal d) del artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación (LAM), que se refiere a la incongruencia 'extra' y 'ultra petita'. Se concluyó que el actor no especificó cómo el laudo incurrió en estos vicios, limitándose a alegar vulneraciones de derechos constitucionales y errores en la valoración de la prueba, cuestiones que escapan al ámbito de competencia de la Presidencia en una acción de nulidad. Se determinó que el laudo no incurrió en incongruencia 'extra petita' ni 'ultra petita', ya que la condena al pago de USD $12.000 más intereses se ajustaba a las pretensiones de la demanda arbitral y no superaba la cuantía fijada. Finalmente, se recordó que la acción de nulidad es un mecanismo de control judicial del procedimiento arbitral, no una revisión del fondo de la controversia, y que las causales son limitadas a las establecidas en el artículo 31 de la LAM, no siendo procedente invocar vulneraciones constitucionales genéricas o confundir la acción con un recurso de casación., El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) interpuso una Acción Extraordinaria de Protección basándose en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador, que establecen la procedencia de esta acción contra sentencias o autos definitivos que violenten derechos reconocidos en la Constitución. Específicamente, el MAG argumentó que la sentencia de segunda instancia emitida el 08 de julio de 2022, y el auto interlocutorio del 14 de diciembre de 2022, que resolvió el recurso de aclaración y ampliación, violaron el derecho al debido proceso (Art. 76, numeral 1), el derecho a la seguridad jurídica (Art. 82), y el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación (Art. 66, numeral 4) de la Constitución. Se citaron diversas sentencias de la Corte Constitucional, como la Nro. 0016-13-SEP-CC y la Nro. 061-13-SEP-CC, para sustentar que la acción de protección no es vía para resolver controversias de mera legalidad o para aplicar normas infraconstitucionales de forma general, y que la terminación de contratos ocasionales por causas legales no vulnera el derecho al trabajo ni la estabilidad laboral, especialmente cuando se trata de proyectos de inversión con financiamiento temporal. Asimismo, se hizo referencia a la sentencia Nro. 001-18-SEP-CC y la Nro. 169-16-SEP-CC para enfatizar la obligación de las autoridades de garantizar el cumplimiento de normas y derechos de las partes, y a la sentencia Nro. 048-17-SEP-CC, caso Nro. 0238-13-EP, que señala que la emisión sucesiva de contratos ocasionales no otorga derecho a estabilidad sin concurso previo. La argumentación del MAG se centró en que la vinculación de la accionante fue para un proyecto de inversión con financiamiento no permanente, el cual finalizó el 31 de diciembre de 2021, y que la desvinculación se ajustó a lo dispuesto en el artículo 146 literal f) del Reglamento a la LOSEP., source_sentence: ¿Bajo qué normativa y procedimiento el Ministerio de Cultura y Patrimonio aprobó los estatutos y otorgó personalidad jurídica a la Asociación Social y Cultural “6 de Mayo” con domicilio en Marcabelí, provincia de El Oro, según el Acuerdo DM-2019-009?
sentences: El Decreto N° 1387 de febrero de 2004 modificó el Decreto Ejecutivo N° 1148, que creaba la Secretaría General de la Presidencia de la República, basándose en la necesidad de dotar a esta Secretaría de atribuciones que le permitieran cumplir con el objeto de su creación. La modificación se fundamentó en el ejercicio de las atribuciones conferidas al Presidente de la República por el artículo 171, numeral 9 de la Constitución Política de la República y el artículo 11, letra g) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. El Art. 1 del Decreto N° 1387 sustituye el Art. 2 del Decreto N° 1148, detallando las atribuciones del Secretario General de la Presidencia de la República, que incluyen dirigir la administración de la Secretaría, actuar como consejero y vocero del Presidente, coordinar proyectos de interés nacional, atender asuntos administrativos, celebrar contratos, nombrar y remover personal, y conferir delegaciones. Adicionalmente, el Art. 2 del Decreto N° 1387 establece que la Dirección Administrativa Financiera, la Unidad de Tecnología y la Oficina de Coordinación Diplomática dependerán de la Secretaría General de la Presidencia de la República. El Art. 3 sustituye el Art. 15 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, detallando las atribuciones del Secretario General de la Administración Pública, quien coordinará con ministros y funcionarios, actuará como vocero oficial del Gobierno Nacional, dirigirá la administración general y financiera de su secretaría, y tendrá la facultad de nombrar y remover al subsecretario y personal de su dependencia., La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, en el caso 1654-23-EP, determinó la inadmisibilidad de la acción extraordinaria de protección contra un auto de apremio personal en materia de alimentos, basándose en la caracterización de auto definitivo establecida en la sentencia No. 1502-14-EP/19. Según esta caracterización, un auto es definitivo si pone fin al proceso o causa un gravamen irreparable. Para poner fin al proceso, debe resolver sobre el fondo de las pretensiones con autoridad de cosa juzgada material, o impedir la continuación del juicio o el inicio de uno nuevo. En el caso analizado, el auto de apremio personal del 5 de junio de 2023, dictado contra Eduardo Vicente Goyes Peña, no cumplió con estos supuestos. La Sala concluyó que, al ser una medida temporal y mutable en materia de alimentos, no resolvía el fondo ni impedía la continuación del proceso, descartando así los criterios 1.1 y 1.2 para considerar un auto como definitivo., El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, aprobó los estatutos y otorgó personalidad jurídica a la Asociación Social y Cultural “6 de Mayo” mediante el Acuerdo Ministerial DM-2019-009. Este acto se fundamenta en el artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República, que faculta a los ministros de Estado a ejercer la rectoría de las políticas públicas y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas necesarios. La base normativa específica para este procedimiento es el Decreto Ejecutivo Nro. 193, que expidió el “Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales”, el cual derogó decretos anteriores. Adicionalmente, se invocan disposiciones de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, particularmente los artículos 30, 31, 32 y 36, que reconocen el derecho a la libre asociación, la incidencia de las organizaciones en políticas públicas y los requisitos para tramitar la personalidad jurídica. El artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva también otorga facultades a los ministros para despachar asuntos ministeriales sin autorización presidencial previa, salvo excepciones. La Coordinación General Jurídica del Ministerio emitió el informe motivado Nro. MCYP-CGJ-19-0059-M, concluyendo que la asociación cumplió con todos los requisitos establecidos en el reglamento, y recomendando la aprobación del estatuto y el otorgamiento de la personalidad jurídica, decisión que fue formalizada por el Ministro de Cultura y Patrimonio.
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Created: 2025-08-29 17:03:17