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widget: source_sentence: ¿Cuáles son los requisitos formales que debe cumplir un escrito de interposición de recurso de casación según la Ley de Casación ecuatoriana, y cómo se aplicaron en el caso de Carlos Vinicio Velasco Ochoa?
sentences: El recurso de casación debe interponerse cumpliendo requisitos formales estrictos para su admisibilidad, como lo estipula el artículo 6 de la Ley de Casación. Este artículo exige la indicación de la sentencia o auto recurridos, la individualización del proceso y las partes, la enunciación de las normas de derecho infringidas o solemnidades omitidas, la determinación de las causales en que se funda el recurso, y los fundamentos que lo apoyan. En el caso de Carlos Vinicio Velasco Ochoa, se determinó que si bien individualizó el proceso (No. 2015-0876) y las partes (actor Carlos Vinicio Velasco Ochoa vs. demandado Ronald Owen Wright Duran Ballen), y enunció normas de derecho supuestamente infringidas (artículos 113 y 115 del Código de Procedimiento Civil; 185, 188, 353 y 593 del Código del Trabajo; 369 de la Constitución; 155 y 370 de la Ley de Seguridad Social), fundamentando su recurso en la causal Primera del artículo 3 de la Ley de Casación, no cumplió adecuadamente con la formalización. Específicamente, al basarse en la causal primera, el actor debió señalar normas de derecho sustantivo que conformaran proposiciones jurídicas completas, es decir, con supuesto de hecho y consecuencia jurídica. Sin embargo, no todas las normas señaladas como infringidas reunían ambos elementos, siendo meramente enunciativas, y además se alegaron normas de derecho adjetivo (artículos 113 y 115 del Código de Procedimiento Civil). Esta deficiencia en la formalización del recurso, al no cumplir con la exigencia de la proposición jurídica completa y mezclar normas sustantivas y adjetivas en la fundamentación de la causal primera, llevó al rechazo del recurso por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 6, numeral 4 de la Ley de Casación., La pretensión principal del Banco Bolivariano C.A. en su demanda fue la declaración de nulidad del acto administrativo impugnado y de todo el procedimiento sancionador iniciado mediante la Resolución No. SB-IRG-DRCP1-2018-428 del 5 de noviembre de 2018. Esta pretensión se fundamentó en la vulneración del derecho a la defensa, específicamente por no haber sido notificado, conforme al artículo 252 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), con el contenido del informe que supuestamente emitió la Directora Nacional de Atención y Educación al Ciudadano, el cual habría sido la base para iniciar el procedimiento. La falta de notificación de este informe impidió al banco contradecir su contenido y presentar pruebas de descargo. Subsidiariamente, el banco solicitó la nulidad del acto y del procedimiento por tres motivos: primero, por habérsele negado indebidamente la práctica de pruebas esenciales, violando el artículo 76, numeral 7, literal h) de la Constitución; segundo, por no haberse pronunciado la Superintendencia sobre el recurso de apelación interpuesto el 6 de diciembre de 2018, lo que violó el derecho a la defensa en triple vertiente (procedimiento aplicable, respuestas oportunas y motivadas); y tercero, por vulnerar el derecho a recibir resoluciones motivadas y a contradecir pruebas contrarias, ya que el acto impugnado no precisó los audios ni los clientes específicos que fundamentaban la sanción., La presentación extemporánea de un recurso de impugnación contra un fallo de tutela tiene como consecuencia directa que la decisión de tutela se considere no impugnada, adquiriendo firmeza y ejecutoria. Esto implica que la autoridad judicial de segunda instancia carece de competencia para conocer el fondo del asunto. En consecuencia, cualquier actuación realizada por el juez de segunda instancia, incluyendo la declaración de nulidad o la decisión sobre el fondo, se considera afectada por una nulidad insaneable, debiendo dejarse sin efecto. Según el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional citada, el juez de primera instancia, ante la extemporaneidad de la impugnación, debió remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en lugar de conceder el recurso., source_sentence: ¿Cuál fue la base legal y fáctica que utilizó la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia para casar la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha en el juicio laboral No. 17731-2015-2481, a favor de José Luis Zambrano Luna?
sentences: El Acuerdo Interministerial No. 14-01, firmado el 11 de septiembre de 2014 por los Ministros de Defensa Nacional y del Interior, establece una clara delimitación de responsabilidades entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según el Artículo 1, el objeto es definir las áreas de responsabilidad en búsqueda y salvamento aeronáutico, interdicción aérea, desastres naturales y antrópicos, y uso de transporte aéreo militar y policial. En cuanto a búsqueda y salvamento aeronáutico, el Artículo 2, numeral 1.1, asigna esta función exclusivamente a la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), como ente autorizado. Para interdicción aérea en delitos de narcotráfico, las Fuerzas Armadas son responsables, coordinando con la Policía Nacional a través del Comando Estratégico Conjunto de Seguridad Ciudadana (Artículo 2, numeral 1.2). El transporte del Presidente y Vicepresidente es competencia exclusiva del Grupo de Transporte Aéreo Especial de la FAE, con coordinación adicional de la Secretaría Nacional de la Administración Pública para otras autoridades (Artículo 2, numeral 1.3). La Policía Nacional, por su parte, es responsable del patrullaje aéreo para seguridad ciudadana y orden público (Artículo 2, numeral 2.1). En caso de desastres, ambas instituciones deben actuar de manera coordinada bajo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (Artículo 3, numeral 3.2)., La Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia casó la sentencia de la Corte Provincial de Pichincha basándose en la falta de aplicación de precedentes jurisprudenciales vinculantes. Consideró que el actor, José Luis Zambrano Luna, había laborado bajo la dependencia del Ex INECEL desde el 5 de junio de 1978 hasta el 31 de marzo de 1999, periodo que supera los 20 años estipulados en la Cláusula 97 del Cuarto Contrato Colectivo celebrado entre INECEL y el Comité de Empresa Nacional Único de los Trabajadores (CETIC). La Sala determinó que la sentencia recurrida incurrió en una infracción al no aplicar correctamente la normativa y la jurisprudencia aplicable a la jubilación patronal, ordenando al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable el pago de USD $9.021,37 al actor, reconociendo así su derecho al pago por concepto de jubilación patronal., La intervención de una cooperativa de transporte, como la Cooperativa de Transportes Livianos de Camionetas “Ciudad de Sucúa” o la Cooperativa de Transportes de Carga en Volquetes “Central Shushufindi”, se inicia cuando se constata la infracción reiterada a la Ley de Cooperativas y su reglamento general. Tras la identificación de estas infracciones, usualmente a través de memorandos de la Coordinación Jurídica al Director Nacional de Cooperativas, se elabora un proyecto de acuerdo ministerial. Este proyecto es presentado al Subsecretario de Desarrollo Social, Rural y Urbano Marginal para su suscripción. La facultad de declarar la intervención y autorizar el nombramiento de un interventor recae en el Ministerio de Bienestar Social, quien delega esta atribución a su Subsecretario. El Acuerdo Ministerial respectivo, como el No. 0475 para la Cooperativa “Ciudad de Sucúa” y el No. 0476 para la Cooperativa “Central Shushufindi”, declara la intervención y autoriza a la Dirección Nacional de Cooperativas a designar un interventor. Este interventor tendrá las atribuciones necesarias para dirigir la cooperativa hasta que su funcionamiento se regularice, conforme lo establece la Ley de Cooperativas y su reglamento general, en ejercicio de las facultades delegadas por el Ministro de Bienestar Social., source_sentence: ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad para una acción extraordinaria de protección según la LOGJCC y por qué la causa 1215-23-EP fue inadmitida por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional?
sentences: La Sala Única del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Tributario vulneró los derechos constitucionales de Julio César Galarza Galarza al aceptar parcialmente su demanda de impugnación contra actos administrativos de la SENAE, pero negando su derecho al acceso de exoneraciones tributarias para importar un vehículo desde EE.UU. bajo el "Plan Retorno" (Decreto Ejecutivo 888). La vulneración se concretó al exigirle, de manera discriminatoria, acogerse a una valoración basada en el "Black Book", una revista privada sin valor legal ni constitucional, en lugar de la factura de compra-venta y los índices de depreciación aprobados por ley y la OMC. Esta decisión ratificó y legalizó las vulneraciones cometidas por la SENAE, afectando la seguridad jurídica, el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la igualdad, la información y la debida motivación. Específicamente, la Sala confirmó resoluciones que derogaban exoneraciones tributarias, creaban tributos inexistentes y exigían el pago de sumas no previstas, contraviniendo la jerarquía normativa y la reserva de ley para la creación de tributos, como lo establece la Constitución en sus artículos 132, 138, 226 y 425. La falta de motivación en el fallo, al no explicar la aplicación de normas y principios a los hechos, y la inaplicación de la debida ponderación y el principio de supremacía constitucional, agravaron la inconstitucionalidad., La Sala de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección Nro. 687-23-EP, presentada por Olga Elizabeth Parra Vázquez contra las sentencias de la Unidad Judicial Civil y la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, debido al incumplimiento del requisito fundamental establecido en el numeral 1 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Este requisito es crucial, pues exige la formulación de un argumento claro y preciso que identifique el derecho constitucional presuntamente violado y establezca la relación directa e inmediata, ya sea por acción u omisión, de la autoridad judicial con dicha vulneración. En el análisis del caso particular, la Corte Constitucional determinó que la accionante no logró configurar una justificación jurídica que demostrara de manera fehaciente cómo las autoridades judiciales, al emitir las sentencias impugnadas, habrían vulnerado de forma directa e inmediata los derechos que ella alegaba. De manera específica, la demanda no contenía argumento alguno que sustentara la alegada vulneración del derecho a la seguridad jurídica. La ausencia de una tesis jurídica clara, una base fáctica debidamente expuesta y una justificación jurídica que vincule la acción u omisión judicial con la vulneración directa e inmediata de los derechos constitucionales, tal como lo ha definido la propia Corte en la sentencia 1967-14-EP/20, impidió que la acción fuera admitida a trámite., La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, en la causa 1215-23-EP, inadmitió la acción extraordinaria de protección basándose en el artículo 62, numeral 1, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Este requisito fundamental exige que exista un argumento claro sobre el derecho violado y la relación directa e inmediata, por acción u omisión de la autoridad judicial, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso. El accionante, Orlando Felipe Cadme Solano, identificó como derecho presuntamente vulnerado a la tutela judicial efectiva, argumentando que los jueces de la Sala Especializada de la Corte Provincial de Justicia de Loja no tutelaron que el acto de la administración pública fuera debidamente motivado. Sin embargo, el Tribunal de la Sala de Admisión, en el párrafo 21 de su decisión, determinó que el accionante no proporcionó la justificación jurídica necesaria que demuestre por qué esta omisión judicial vulnera el derecho constitucional alegado de forma directa e inmediata. La falta de esta conexión clara y justificada entre la omisión judicial y la vulneración del derecho fundamental, tal como lo exige el artículo 62, numeral 1, de la LOGJCC, impidió cumplir con este primer criterio de admisibilidad, llevando a la inadmisión de la acción., source_sentence: ¿Cuáles son los criterios que debe considerar el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al comparar la marca denominativa CAL-C-VITA con la marca mixta CALCIO-VITAM para productos de la clase 5?
sentences: La suspensión temporal de un servidor público se considera un acto de molestia y no un acto privativo cuando su finalidad es meramente provisional y cautelar, es decir, busca asegurar la conducción o continuación de las investigaciones administrativas sin afectar de manera definitiva los derechos laborales del servidor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que estas medidas, al ser accesorias y primarias, no despojan al particular de un derecho de forma definitiva. Por ello, su imposición no requiere la observancia de la garantía de previa audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que se rige por el artículo 16, relativo a los actos de molestia. La naturaleza provisional de la suspensión implica que, de no encontrarse responsabilidad, el servidor público debe ser reintegrado en su cargo y recibir las remuneraciones omitidas. Este criterio se fundamenta en jurisprudencia que distingue entre actos privativos, que afectan de manera definitiva un derecho, y medidas cautelares, que son provisionales y buscan garantizar la efectividad de un eventual fallo., El Tribunal Contencioso Electoral, en la causa No. 150-2020-TCE, resolvió negar el recurso horizontal de ampliación y aclaración interpuesto por el coronel Carlos Arboleda Heredia y el doctor Wilson Edmundo Freire Castro contra la sentencia emitida el 25 de diciembre de 2020. La decisión se fundamentó en que las solicitudes de aclaración sobre la aplicación de ciertos artículos constitucionales y la legalidad de una declaración del Presidente del TCE fueron consideradas improcedentes, ya sea porque la sentencia ya se encontraba enmarcada en principios constitucionales y la competencia del Tribunal otorgada por la Carta Magna, o porque el punto específico ya había sido solventado en la sentencia original. Específicamente, se indicó que la sentencia se encontraba enmarcada en los principios constitucionales y que la competencia para resolver recursos electorales la otorga el artículo 221 de la Constitución, haciendo improcedente la consulta sobre los artículos 424, 425, 426 y 427. Respecto a la inadmisión de un recurso por parte del CNE, se señaló que la sentencia de fecha 25 de diciembre de 2020 ya explicaba claramente este punto, por lo que no cabía aclaración o ampliación. Finalmente, la consulta sobre la declaración del Dr. Arturo Cabrera fue declarada improcedente por no ser parte de la sentencia original., El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina debe considerar que al comparar una marca denominativa con una marca mixta, se debe determinar cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. Si en la marca mixta predomina el elemento verbal, se procede al cotejo de los signos aplicando las reglas doctrinales. Si, por el contrario, predomina el elemento gráfico, en principio, no habría lugar a la confusión. En caso de que en la marca mixta no tenga prevalencia el elemento gráfico y se deban cotejar los elementos denominativos, especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos, se analizará si los vocablos que conforman el signo confieren la fuerza distintiva suficiente en relación con una marca ya registrada o solicitada con anterioridad. La comparación debe basarse en la impresión de conjunto, examinando las marcas sucesivamente y teniendo en cuenta las semejanzas, no las diferencias, colocándose en el lugar del comprador presunto y considerando la naturaleza de los productos farmacéuticos, lo que exige un examen más riguroso para evitar riesgos de confusión graves para la salud., source_sentence: ¿Por qué la Corte Constitucional desestimó la acción extraordinaria de protección N° 2345-16-EP, presentada por ASIAUTO S.A. contra un auto que inadmitió un recurso de nulidad, y cuáles garantías del debido proceso fueron supuestamente vulneradas según la compañía accionante?
sentences: El Juzgado 52 Civil del Circuito de Bogotá rechazó la demanda y propuso un conflicto negativo de competencia al interpretar que la jurisdicción contencioso administrativa sí era competente para conocer del caso. El juzgado sostuvo que la interpretación del Juzgado 62 Administrativo de Bogotá, al exigir cláusulas exorbitantes, desconocía lo previsto en la norma, la cual, en su primera parte, asigna a la jurisdicción contenciosa administrativa los conflictos originados en contratos en los que estén involucradas entidades públicas. Consideró que el artículo 104 y su parágrafo de la Ley 1437 de 2011 abarcan cualquier conflicto relacionado con contratos en los que participen entidades públicas o particulares que ejerzan funciones administrativas, sin que la ausencia de cláusulas exorbitantes sea un impedimento, ya que esto es un aspecto relativo sujeto a análisis sustancial del contrato., La Corte Constitucional desestimó la acción extraordinaria de protección N° 2345-16-EP porque el auto impugnado, que inadmitió un recurso de nulidad, no constituía una decisión definitiva ni causaba un gravamen irreparable. La compañía accionante alegó vulneración al debido proceso en las garantías de defensa, motivación y a recurrir, argumentando una supuesta falta de notificación del auto de 9 de junio de 2016. La Corte verificó que la notificación se realizó correctamente al correo electrónico designado por la compañía, garantizando así su derecho a la defensa. Asimismo, se determinó que la compañía tuvo la oportunidad de interponer los recursos pertinentes y que estos fueron resueltos motivadamente. Por lo tanto, la Corte concluyó que no hubo vulneración a las garantías del debido proceso ni al derecho a la seguridad jurídica., The plaintiff, Edison Geovanny Vargas Borja, alleged that his constitutional rights to security and work were violated by the Police National. Specifically, he argued that the disciplinary tribunal that processed his case was not constituted within the legal timeframe stipulated by the internal regulations. The text indicates that the notification of the disciplinary offense occurred on September 23, 2006, but the tribunal was formed on October 23, 2006, more than 30 days later, violating the 5-day period established in Article 76 of the Police Disciplinary Regulations. This procedural irregularity led to an extemporaneous and, therefore, incompetent tribunal, rendering its resolution illegitimate and arbitrary. The Corte Provincial of Santo Domingo de los Tsáchilas, in its analysis, found that this violation of procedural norms constituted a breach of the right to security, as it implied an arbitrary action by the authority. Furthermore, it determined that this violation of security directly impacted the right to work, as the illegitimate sanction led to his dismissal from the police force. The court emphasized that while the dismissal resolution cited applicable norms, it stemmed from a prior unconstitutional act.
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