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widget: source_sentence: ¿Cuál fue la decisión final de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional respecto a la acción extraordinaria de protección N°. 3349-18-EP y cuál es la implicación de dicha decisión según la ley?
sentences: La Sala de Admisión de la Corte Constitucional resolvió INADMITIR a trámite la acción extraordinaria de protección signada con el No. 3349-18-EP. Según lo dispuesto en el antepenúltimo inciso del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esta decisión de inadmisión no es susceptible de recurso alguno y, por lo tanto, causa ejecutoria. En consecuencia, se procedió a notificar el auto y a archivar la causa, sin que el fondo del asunto pueda ser revisado por la Corte Constitucional., La Corte Constitucional inadmitió a trámite la acción extraordinaria de protección N°. 0844-19-EP porque el fundamento de la demanda se sustentaba en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley, específicamente en la interpretación de los requisitos para la interposición del recurso de casación. El tribunal consideró que el accionante pretendía que la Corte Constitucional verificara la observancia de normativa infraconstitucional, lo cual corresponde a la justicia ordinaria y no es el objeto de la acción extraordinaria de protección. Según el artículo 62, numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), este tipo de fundamento desnaturaliza la acción. La Sala de Admisión, al advertir esta situación, resolvió inadmitir la causa, determinando que la decisión era definitiva e inapelable conforme al artículo 440 de la Constitución., La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, mediante auto de 20 de junio de 2019, resolvió negar el pedido de revocatoria presentado el 20 de mayo de 2019 por el señor Franklin Bayardo Guangaje Panches. Esta decisión confirmó lo previamente dispuesto en los autos de 3 de abril y 2 de mayo de 2019, los cuales habían inadmitido a trámite la acción extraordinaria de protección y negado la primera solicitud de revocatoria, respectivamente. Adicionalmente, la Sala conminó al accionante a litigar bajo los principios de buena fe y lealtad procesal, a acatar las disposiciones de las autoridades competentes y a cumplir con el ordenamiento jurídico, amparándose en lo establecido en los artículos 23 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y los artículos 26 y 130, numeral 9, del Código Orgánico de la Función Judicial. Finalmente, se dispuso notificar el auto, archivar la causa y devolver el proceso de origen., source_sentence: ¿Cuál fue la decisión final de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional respecto a la acción extraordinaria de protección No. 3263-18-EP, y qué implicaciones tiene dicha resolución en cuanto a la posibilidad de recurrirla?
sentences: La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, tras analizar la demanda y los requisitos de admisibilidad en el caso No. 3263-18-EP, resolvió INADMITIR a trámite la acción extraordinaria de protección interpuesta por Carmen María Garrido Salazar. Esta decisión se fundamentó en el incumplimiento de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), específicamente la falta de un argumento claro sobre el derecho violado y su relación directa con la acción judicial, así como el fundamento de la acción en la supuesta errónea aplicación de la ley. En consecuencia, la Sala dispuso notificar el auto, archivar la causa y devolver el proceso al juzgado de origen. La resolución emitida por la Sala de Admisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la LOGJCC y el artículo 23 de la Codificación del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, no es susceptible de recurso alguno y causa ejecutoria, lo que significa que la decisión es definitiva, vinculante y no puede ser impugnada posteriormente ante ninguna otra instancia, concluyendo así el conocimiento de la Corte sobre este asunto., La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección No. 0597-10-EP debido a que el accionante, Filemón Alberto Trujillo Macías, no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Específicamente, no demostró con argumentación clara el derecho violado ni justificó la relevancia constitucional del problema jurídico y de la pretensión. Además, la Corte determinó que la sentencia recurrida era anterior a la vigencia de la Constitución de la República, contraviniendo la disposición transitoria quinta de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Sala de Admisión concluyó que la pretensión jurídica no se ajustaba a los requisitos de esta acción excepcional, la cual no debe basarse únicamente en consideraciones de injusticia o error en la sentencia, ni en la falta de aplicación o errónea aplicación de la ley., La Corte Constitucional, en el caso 0200-11-EP, admite una acción extraordinaria de protección cuando se cumplen requisitos formales y sustantivos específicos. Según el artículo 437 de la Constitución, este recurso procede contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia, siempre que se trate de resoluciones firmes o ejecutoriadas. Crucialmente, el recurrente debe demostrar que durante el juzgamiento se violó, por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. El artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional detalla que la demanda debe fundamentarse en la violación de derechos constitucionales, y no meramente en la apreciación de la prueba por parte del juzgador. En este caso particular, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional determinó que el accionante no argumentó de manera clara los derechos vulnerados ni la relación directa e inmediata con la autoridad judicial, limitándose a narrar hechos y pretender una revisión de la jurisprudencia aplicada por la Sala de Casación, lo cual excede las atribuciones de la Corte Constitucional., source_sentence: ¿En qué circunstancias la Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección N°. 0706-19-EP interpuesta por Verónica Nataly Chicaiza Chicaiza contra los autos de archivo y negativa de revocatoria de una investigación penal?
sentences: La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección No. 0565-09-EP porque la accionante, Rosa Elena López Aguilar, no cumplió con los requisitos de procedibilidad establecidos en la normativa constitucional y en las Reglas de Procedimiento para el Ejercicio de las Competencias de la Corte Constitucional para el Período de Transición. Específicamente, la accionante no mencionó de manera concreta cuál era la actuación judicial con carácter de auto definitivo o sentencia que impugnaba, ni justificó la violación de derechos constitucionales. Además, la acción se presentó contra un particular (su hermano), cuando la acción extraordinaria de protección está destinada a vigilar el cumplimiento de derechos constitucionales en las actuaciones de quienes ejercen potestad jurisdiccional en la justicia ordinaria, no contra particulares. Por lo tanto, la Sala de Admisión determinó que la demanda no cumplía con los requisitos formales y de fondo para su trámite., Lino Zenen Barahona Barahona fue declarado penalmente responsable en calidad de autor directo del delito de violencia psicológica contra la mujer. La tipificación específica de este delito se encuentra en el numeral 3 del artículo 157 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En cuanto a la sanción, el tribunal de garantías penales con sede en el cantón Milagro le impuso una pena privativa de la libertad de un año. Esta sentencia de primera instancia fue emitida el 15 de julio de 2016., La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección N°. 0706-19-EP, presentada por Verónica Nataly Chicaiza Chicaiza, debido a que la acción se dirigía contra autos que no tenían el carácter de definitivos. Específicamente, se trataba del auto que ordenó el archivo de una investigación previa y de la resolución que negó la revocatoria de dicho auto. Según el artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción extraordinaria de protección procede contra sentencias o autos definitivos que violen derechos constitucionales. El auto de archivo de una investigación previa, conforme al artículo 586 del Código Orgánico Integral Penal, no es una decisión final, ya que el fiscal puede solicitar su reapertura si surgen nuevos elementos. Por lo tanto, al no cumplirse el requisito de que la acción se interponga contra una resolución definitiva, la Corte Constitucional determinó su incompetencia para tramitar el caso., source_sentence: ¿Cuál fue la razón principal por la que la Sala de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección N°. 2398-19-EP presentada por Juan Cornelio Valencia Pérez?
sentences: La Sala de Admisión de la Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección N°. 2398-19-EP, presentada por Juan Cornelio Valencia Pérez, debido a que la demanda incumplía el requisito de que el fundamento de la acción no se agotara solamente en lo injusto o equivocado de la sentencia, conforme lo estipula el numeral 3 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Específicamente, el accionante basaba su inconformidad en el razonamiento y la decisión de los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que declararon la caducidad del derecho para reclamar la responsabilidad objetiva del Estado. La Corte enfatizó que la acción extraordinaria de protección tiene como objeto garantizar la protección de los derechos constitucionales y el debido proceso en autos definitivos, pero no actúa como una instancia adicional para revisar la apreciación de hechos, pruebas o derecho ordinario por parte de los jueces., La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección N°. 2623-19-EP, presentada por Julián Andrés Neumann Viteri, debido a que el fundamento de la acción no se sustentaba en la vulneración de derechos constitucionales con una relación causal clara e inmediata con el accionar de la autoridad judicial. Específicamente, se determinó que los reparos del accionante se centraban en la supuesta errónea aplicación del artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal y en la inconformidad con la valoración de las pruebas por parte de la Sala Especializada de lo Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Según el numeral 1 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC), la acción debe contener un argumento claro sobre el derecho violado y su relación con la autoridad judicial, independientemente de los hechos del proceso penal. Asimismo, las causales 4 y 5 del mismo artículo establecen que no son admisibles las acciones cuyo fundamento se base en la falta o errónea aplicación de la ley, o en la apreciación de la prueba por parte del juzgador. Por estas razones, la acción fue inadmitida., La Corte Constitucional del Ecuador inadmitió a trámite la acción extraordinaria de protección N° 1897-19-EP, presentada por el señor Segundo Luis Aurelio Contreras Urgiles, debido a que el accionante incumplió una condición de admisibilidad fundamental. Específicamente, el numeral 1 del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional exige la existencia de un argumento claro que relacione la vulneración de un derecho con la actuación judicial impugnada. En este caso, si bien el señor Contreras Urgiles impugnó el auto de 5 de junio de 2019 emitido por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, no atribuyó a dicho auto la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, debido proceso (garantía de motivación) y seguridad jurídica que alegaba. La demanda se centraba reiteradamente en las actuaciones previas del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y en un acto administrativo de esta entidad, pero no estableció un nexo directo e inmediato entre el auto judicial y las supuestas violaciones constitucionales. Por esta razón, la Sala de Admisión, al no encontrar la debida fundamentación en la conexión entre la actuación judicial y los derechos vulnerados, procedió a la inadmisión de la causa., source_sentence: ¿En qué fecha y ante qué instancia judicial se presentó originalmente la demanda de acción de protección por parte de Martha Luzmila Mayta Zapata y Angelito González Medina contra el Ministerio de Inclusión Económica, y cuáles fueron los memorandos impugnados?
sentences: La demanda de acción de protección por parte de Martha Luzmila Mayta Zapata y Angelito González Medina contra el Ministerio de Inclusión Económica se presentó el 11 de marzo de 2019. La instancia judicial ante la cual se interpuso fue la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Zamora. En su demanda, los accionantes impugnaron específicamente los memorandos MIES-CZ-7-2019-1422-M y MIES-CZ-7-2019-1423-M. Estos memorandos fueron la base para que el Ministerio de Inclusión Económica diera por terminada unilateralmente la relación laboral que mantenían los señores Mayta Zapata y González Medina con dicha entidad., La pretensión específica de Isauro Apolo López Feijo al presentar la acción por incumplimiento No. 0060-09-AN ante la Corte Constitucional era obtener el cumplimiento efectivo de la Resolución No. 0263-07-RA, emitida por la Tercera Sala del ex Tribunal Constitucional. Concretamente, solicitaba que la Corte ordenara a la autoridad correspondiente su restitución al cargo de Inspector Agropecuario profesional 1 en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro "AGROCALIDAD", la emisión de la acción de personal y el respectivo nombramiento desde la fecha en que fue apartado de la institución, y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir., La Corte Constitucional inadmitió la acción extraordinaria de protección No. 1331-11-EP, presentada por César Regalado Iglesias, Gerente General de la CNT EP, debido a que la pretensión jurídica del accionante no se ajustaba a los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Específicamente, la Sala de Admisión determinó que no se cumplían los presupuestos del artículo 62, numerales 3 y 8 de dicha ley. El numeral 3 establece que el fundamento de la acción no debe agotarse únicamente en la consideración de lo injusto o equivocado de la sentencia. El numeral 8 indica que la admisión del recurso extraordinario de protección debe permitir solventar una violación grave de derechos, establecer precedentes judiciales, corregir la inobservancia de precedentes de la Corte Constitucional o sentenciar sobre asuntos de relevancia nacional. En este caso, la pretensión del accionante era dejar sin efecto la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal y Tránsito de la Corte Provincial del Guayas, lo cual implicaba someter a debate constitucional aspectos ya analizados en el proceso de acción de protección, sin demostrar una violación grave de derechos o la necesidad de establecer un precedente.
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Created: 2025-09-10 17:06:57