Los Estados miembros pueden encomendar a las autoridades competentes, tal como se definen en la Directiva (UE) 2016/680, funciones que no se lleven a cabo necesariamente con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a las amenazas a la seguridad pública y su prevención, de tal forma que el tratamiento de datos personales para estos otros fines, en la medida en que esté incluido en el ámbito del Derecho de la Unión, entra en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.
Mar sin féin, aon sonraí pearsanta a phróiseálann údaráis phoiblí faoin Rialachán seo, nuair a úsáidtear iad chun na gcríoch sin, ba cheart iad a rialú le gníomh dlí is sonraí de chuid an Aontais, eadhon Treoir (AE) 2016/680 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [7].