Esto puede incluir sentencias de órganos jurisdiccionales o decisiones de autoridades administrativas de terceros países que obliguen a un responsable o un encargado del tratamiento a transferir o comunicar datos personales, y que no se basen en un acuerdo internacional, como un tratado de asistencia judicial mutua, en vigor entre el tercer país requirente y la Unión o un Estado miembro.
Ba cheart don rialaitheoir an t-údarás maoirseachta agus an t-ábhar sonraí a chur ar an eolas maidir leis an aistriú.