Los Estados miembros velarán, según corresponda, por que las autoridades competentes, en coordinación, cuando proceda, con las autoridades nacionales de reglamentación tengan en cuenta en la mayor medida posible las opiniones de los usuarios finales, en particular los consumidores, y de los usuarios finales con discapacidades, los fabricantes y las empresas proveedoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas sobre las cuestiones relacionadas con todos los derechos de los usuarios finales y los consumidores, incluidos el acceso equivalente y la posibilidad de elección para los usuarios finales con discapacidades, en materia de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, especialmente cuando tengan un impacto significativo en el mercado.
Réiteach díospóide idir gnóthais