Al pronunciarse sobre la exclusión o la imposición de una sanción pecuniaria y su publicación o el rechazo de un operador económico, el órgano de contratación debe garantizar el cumplimiento del principio de proporcionalidad tomando en consideración en particular la gravedad de la situación, su impacto presupuestario, el tiempo transcurrido desde la conducta de que se trate, su duración y reiteración, la intención o el grado de negligencia y el grado de colaboración del operador económico con la autoridad competente correspondiente y su contribución a la misma.
Ba cheart é a eisiamh freisin sa chás ina mbeidh sárú tromchúiseach ar chonradh nó i gcásanna féimheachta.