Las autoridades competentes deben tener acceso a cualesquiera documento, datos e información pertinentes relacionados con el objeto de una investigación o de investigaciones concertadas de un mercado de consumo (en lo sucesivo, «barridos») con el fin de determinar si se ha cometido, o se está cometiendo una infracción de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores, y en particular para identificar al comerciante responsable, con independencia de quién esté en posesión de los documentos, datos o información y con independencia de su forma o formato, su medio de almacenamiento o el lugar donde estén almacenados.
Ba cheart do gach Ballstát a áirithiú go mbeidh ag na húdaráis inniúla ar fad atá laistigh dá dhlínse na híoschumhachtaí uile atá riachtanach chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm mar is ceart.