Si la autoridad nacional de reglamentación llega a la conclusión de que se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1 del presente artículo, solo podrá imponer a la empresa alguna de las obligaciones establecidas en los artículos 70 y 73 o en relación con la fijación de precios justos y razonables si así lo justifica un análisis del mercado que incluya una evaluación prospectiva del comportamiento probable de la empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado.
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