Es besteht heute kein Zweifel daran, dass die Stützung einer im Zusammenbruch befindlichen Rechtsstaatlichkeit innerhalb von Staaten eine wichtige Funktion des Sicherheitsrats darstellt.
En los casos en que las autoridades locales no deseen o no puedan enjuiciar a las personas responsables por la comisión de crímenes internacionales por intermedio de sus instituciones, el Consejo debería considerar la posibilidad de adoptar medidas apropiadas para alentar o forzar la instauración de un proceso penal, por ejemplo, remitiendo el asunto a la Corte Penal Internacional, como se establece en el Estatuto de Roma, y asegurar la cooperación para hacer comparecer a los autores ante la justicia.