Der Rechtsbeistand vertrat die Auffassung, dass Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d sowie Artikel 4 und 6 verletzt worden seien, wobei die Verpflichtungen der Vertragsstaaten des Übereinkommens nicht erfüllt sind, wenn die Rassendiskriminierung lediglich zum Straftatbestand gemacht wird.
En lo que respecta a la alegación de que las actuaciones ante el Tribunal de Apelación se demoraron indebidamente, el Estado Parte considera que si bien la finalización del informe del fiscal general llevó más tiempo de lo previsto y de lo conveniente, una demora de 15 meses entre la presentación de la denuncia y la audiencia ante el Tribunal de Apelación no reducía la eficacia del recurso; en consecuencia, no puede considerarse que esa demora constituye una violación de la Convención.