Der Minister forderte jedoch den Generalstaatsanwalt in Utrecht auf, die Probleme, mit denen der Beschwerdeführer sich auseinanderzusetzen hatte, in dreiseitigen Konsultationen zwischen dem Generalstaatsanwalt, dem Bürgermeister und dem Polizeichef von Utrecht zur Sprache zu bringen.
El autor dice que las observaciones y declaraciones de los residentes de la calle constituyen actos de discriminación racial en el sentido del párrafo 1 del artículo 1 de la Convención, así como de los apartados c), d) y e) del artículo 137 del Código Penal de los Países Bajos; estas últimas disposiciones prohíben los insultos públicos contra un grupo de personas únicamente por su raza, la incitación pública al odio contra personas por su raza y la publicación de documentos que contengan insultos raciales contra un grupo de personas.