Neunundfünfzigste Tagung Tagesordnungspunkt 65 l) Resolution der Generalversammlung [auf Grund des Berichts des Ersten Ausschusses (A/59/459)] Einzelstaatliche Rechtsvorschriften über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck Die Generalversammlung, in der Erkenntnis, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unabdingbar sind, daran erinnernd, dass eine wirksame einzelstaatliche Kontrolle des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck, einschließlich der Transfers, die zu Verbreitungsaktivitäten beitragen könnten, ein wirksames Instrument zur Erreichung dieser Ziele ist, sowie daran erinnernd, dass sich die Vertragsstaaten der internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge dazu verpflichtet haben, den größtmöglichen Austausch von Materialien, Gerät und technologischen Informationen zu friedlichen Zwecken im Einklang mit den Bestimmungen dieser Verträge zu erleichtern, in der Erwägung, dass der Austausch einzelstaatlicher Rechts- und sonstiger Vorschriften und Verfahren bezüglich des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zum gegenseitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt, überzeugt, dass ein derartiger Austausch für die Mitgliedstaaten, die derzeit solche Rechtsvorschriften ausarbeiten, vorteilhaft wäre, in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen, 1. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind, unbeschadet der Bestimmungen in Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrats vom 28. April 2004 innerstaatliche Rechts- und sonstige Vorschriften und Verfahren zu erlassen oder zu verbessern, um eine wirksame Kontrolle über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck auszuüben, und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren mit den Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus den internationalen Verträgen übereinstimmen; 2. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär auf freiwilliger Basis Informationen über ihre innerstaatlichen Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren bezüglich des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und über daran vorgenommene Änderungen zu übermitteln, und ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten diese Informationen zugänglich zu machen; 3. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 66. Plenarsitzung 3. Dezember 2004 Vereinte Nationen A/RES/59/66 Vorauskopie des Deutschen Übersetzungsdienstes, Vereinte Nationen, New York.
* A/59/50 y Corr.1. Carta de fecha 16 de marzo de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Azerbaiyán ante las Naciones Unidas Tengo el honor de transmitir adjunto para su consideración el memorando sobre los aspectos jurídicos del conflicto en la región de Nagorno-Karabaj de la República de Azerbaiyán y sus alrededores (véase el anexo). Mucho agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento de la Asamblea General, en relación con los temas 25, 58 n) y 107 de la lista preliminar de temas que se incluirán en el programa provisional de su quincuagésimo noveno período de sesiones, y del Consejo de Seguridad. (Firmado) Yashar Aliyev Embajador Representante Permanente Anexo de la carta de fecha 16 de marzo de 2004 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente de Azerbaiyán ante las Naciones Unidas Aspectos jurídicos del conflicto existente en la región de Nagorno-Karabaj de la República de Azerbaiyán y sus alrededores Puede afirmarse, sin temor a exagerar, que el conflicto en Nagorno-Karabaj, iniciado a fines del decenio de 1980, se ha convertido, por sus secuelas y duración, en uno de los conflictos más violentos de fines del siglo XX. Las consecuencias de esa guerra son bien conocidas: decenas de miles de muertos y heridos, más de 1 millón de refugiados y personas desplazadas y varios miles de desaparecidos. Sobre el telón de fondo de los intentos de mediación infructuosos de la comunidad internacional con miras a hallar una fórmula aceptable para ambas partes que permitiera poner fin al conflicto, su consecuencia militar fundamental ha sido la ocupación de parte del territorio de Azerbaiyán y la continuación, en un grado de intensidad diverso, del debate acerca del posible estatuto de Nagorno-Karabaj. Con todo, las causas del conflicto, que se remontan a un pasado distante, son mucho más profundas y complejas que lo que pudieran parecer a primera vista. Si se examinan atentamente los orígenes del enfrentamiento podrá observarse, ante todo, que las partes mantienen posiciones diametralmente opuestas respecto de prácticamente todos los problemas que los mantienen atascados. En particular, cada una de las partes, al considerar a la otra un forastero en Nagorno-Karabaj, estima que ese territorio le pertenece desde tiempos inmemoriales. Pese a ello, la investigación actual hace caso omiso intencionalmente de numerosos aspectos históricos del enfrentamiento, reservando esa posibilidad para los historiadores. Al darse preferencia al estudio de los aspectos jurídicos del problema, se tiene en cuenta asimismo el hecho indiscutible de que ni siquiera una respuesta totalmente definida a la pregunta de quién fue el primero en llegar al territorio en disputa podrá influir con seriedad en su estatuto jurídico. En caso contrario, habría que rehacer interminablemente las actuales fronteras en todo el mundo. Cabría subrayar asimismo que este enfoque no es en modo alguno indicativo de la debilidad de los argumentos de una de las partes ni se propone eludir el debate de ésta u otras cuestiones en el futuro. Con frecuencia se intenta presentar el conflicto de que se trata como manifestación de las contradicciones entre dos principios del derecho internacional, a saber, el de la integridad territorial de los Estados y el del derecho de los pueblos a la libre determinación. De hecho, como demuestra el resultado final de la investigación, en el presente caso la contraposición de esos principios es artificial. Esa conclusión se basa ante todo en las normas vigentes del derecho internacional y en las decisiones de las organizaciones internacionales relativas al conflicto. Los principales argumentos de carácter jurídico de la parte armenia, que disputa el estatuto de Nagorno-Karabaj como territorio perteneciente a Azerbaiyán, se basa en su afirmación de que su transferencia por Stalin a Azerbaiyán en 1921 fue ilegítima, que la población armenia de Nagorno-Karabaj fue presuntamente víctima de discriminación y, en consecuencia, que el ejercicio por esa población del derecho de libre determinación optando por la secesión tiene fundamento jurídico. Es evidente que ese enfoque persigue dos importantes objetivos: en primer lugar, al referirse a una “decisión arbitraria de un órgano anticonstitucional y no autorizado, el Buró Caucásico del Comité Central del Partido Comunista ruso (bolchevique)”1, trata de granjearse la simpatía de la comunidad internacional y, en segundo lugar, sobre la base de lo que se supone sería un amplio respaldo moral de la opinión pública, lograr en la etapa inicial, como mínimo, la comprensión y tolerancia necesarias respecto de la salida de facto de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán. Es bien sabido que la República Democrática de Azerbaiyán independiente dejó de existir el 28 de abril de 1920 cuando, tras la invasión del Undécimo Ejército Rojo de los Bolcheviques, se proclamó la República Socialista Soviética de Azerbaiyán que pasó a formar parte posteriormente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Con motivo de las reivindicaciones territoriales de la República Socialista Soviética de Armenia contra la RSS de Azerbaiyán, el citado Buró del Cáucaso examinó efectivamente el problema y en la sesión celebrada el 5 de julio de 1921 adoptó la decisión de que Nagorno-Karabaj seguiría formando parte del territorio de la RSS de Azerbaiyán. Al propio tiempo, a la RSS de Azerbaiyán se le propuso que otorgara una amplia autonomía a Nagorno-Karabaj. El hecho de que el Buró del Cáucaso dispusiera mantener a Nagorno-Karabaj como parte de Azerbaiyán y no transferirla, como sostiene insistentemente la parte armenia, se evidencia en la siguiente cita de la parte dispositiva de la resolución del Buró: “Partiendo de la necesidad de mantener la paz nacional entre musulmanes y armenios y el vínculo económico entre el Alto y el Bajo Karabaj y su vinculación permanente con Azerbaiyán, Nagorno-Karabaj seguirá formando parte de la RSS de Azerbaiyán, gozando de una amplia autonomía regional ”2. El 7 de junio de 1923 en la RSS de Azerbaiyán se publicó el Decreto sobre el establecimiento de la región autónoma de Nagorno-Karabaj. Cabe señalar que a la población azerbaiyana, no menos numerosa y concentrada en una zona geográfica del territorio de Armenia, no se le otorgaron derechos similares. Según datos estadísticos de que se dispone el número de azerbaiyanos que vivían en lo que es hoy Armenia ascendía a 575.000 en 1918. No obstante, en el período en que estuvo bajo el régimen soviético armenio, la proporción entre armenios y azerbaiyanos varió cada año en detrimento de estos últimos. Siguió aplicándose una política deliberada encaminada a ese fin hasta que el último azerbaiyano abandonó el territorio de Armenia. En su informe sobre las pautas de desplazamiento en Azerbaiyán, el Sr. Francis Deng, Representante del Secretario General encargado de la cuestión de los desplazados internos, evalúa de la siguiente forma la controversia entre las partes acerca de Nagorno-Karabaj: “Nagorno-Karabaj es una región con la que tanto Azerbaiyán como Armenia pretenden tener vínculos históricos que se remontan a varios siglos. Sin embargo, las raíces del conflicto actual sólo se remontan a principios del siglo XX. Tras la revolución rusa, Azerbaiyán y Armenia combatieron como Estados recién independizados por el territorio de Nagorno-Karabaj. La Conferencia de Paz de París de 1919 reconoció las pretensiones de Azerbaiyán al territorio. Tras la incorporación de Azerbaiyán y de Armenia a la Unión Soviética se mantuvo este arreglo territorial para Nagorno-Karabaj, en tanto que a Armenia se le atribuyó el distrito de Zangezur, que comunicaba Azerbaiyán con su región más occidental de Nakhichevan”3. Es importante señalar que las reivindicaciones territoriales de la parte armenia no se limitaban exclusivamente a Nagorno-Karabaj, así pues, a la par con Zangezur, como consecuencia de “maniobras políticas” en distintos momentos de la existencia de la RSS de Armenia se le entregaron “pacíficamente” Dilidzhan y Geicha, varias aldeas en Nakhichevan y tierras pertenecientes a los distritos de Kedabek y Kazakh en Azerbaiyán. La denuncia de que la población armenia de Nagorno-Karabaj era presuntamente víctima de discriminación no resiste el menor cuestionamiento. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución de la URSS una región autónoma formaba parte de una república federada o de una provincia. La Ley sobre la región autónoma la aprobaba el Soviet Supremo de la república federada a instancias del Soviet de diputados del pueblo de la región autónoma4. En total, en la URSS había ocho regiones autónomas, que se enumeran en el artículo 87 de la Constitución. Según lo dispuesto en ese artículo la región autónoma de Nagorno-Karabaj pertenecía a la RSS de Azerbaiyán5. El estatuto jurídico de la región autónoma de Nagorno-Karabaj, de conformidad con la Constitución de la RSS de Azerbaiyán, se había definido en la Ley de la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj, aprobada por el Soviet Supremo de Azerbaiyán a propuesta del Consejo de Diputados del Pueblo de la Región Autónoma. La región autónoma de Nagorno-Karabaj, como formación territorial nacional poseía una forma de autonomía administrativa y en consecuencia gozaba de un conjunto de derechos que en la práctica garantizaban la satisfacción de las necesidades específicas de su población. Con arreglo a la Constitución de la antigua URSS, cinco diputados representaban a la región autónoma de Nagorno-Karabaj en el Soviet de las Nacionalidades del Soviet Supremo de la URSS. Doce diputados la representaban en el Soviet Supremo de la RSS de Azerbaiyán6. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución de la RSS de Azerbaiyán y el artículo 6 de la Ley de la RSS de Azerbaiyán sobre la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj, uno de los Vicepresidentes electos del Presidium del Soviet Supremo de la RSS de Azerbaiyán procedía de la región autónoma de Nagorno-Karabaj. El Consejo de Diputados del Pueblo de la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj, órgano del poder estatal en la Región, gozaba de amplias facultades. Decidía sobre todas las cuestiones de importancia local teniendo en cuenta los intereses de los ciudadanos que residían en el territorio de la región, así como sus características específicas nacionales y de otra índole. El Consejo de Diputados del Pueblo de la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj participaba en el examen de las cuestiones de importancia para la República, presentaba sus propuestas, ponía en práctica las decisiones de los órganos estatales superiores y dirigía la labor de los consejos inferiores. En las actividades de todos los órganos de poder y gobierno del Estado, los órganos judiciales, la fiscalía y la educación se utilizaba el armenio de conformidad con la necesidad lingüística de la población7. Para el desarrollo de la región autónoma de Nagorno-Karabaj, entre 1971 y 1985 se destinaron 483 millones de rublos en inversiones de capital, suma que superaba en 2,8 veces el total de las inversiones de capital de los 15 años precedentes. En los últimos 20 años el monto medio de inversiones de capital por habitante en la región autónoma de Nagorno-Karabaj casi se cuadruplicó (226 rublos de 1981 a 1985, frente a 59 rublos de 1961 a 1965). En los últimos 15 años el aumento de la superficie habitable per cápita en Azerbaiyán en general ascendió a 3,64 m2 y en la región autónoma a 4,78 m2. El número de camas en los establecimientos hospitalarios de la región autónoma por cada 10.000 habitantes fue superior en un 15% al de la República8. A pesar de que el número de niños que asistían a establecimientos preescolares en la región autónoma de Nagorno-Karabaj presentaba un indicador relativamente elevado entre las regiones de la República, de 1971 a 1985 el número de nuevas plazas en las instituciones infantiles de la región por 10.000 habitantes superó en 1,4 veces el nivel medio de la República. Lo mismo puede decirse del número de nuevas plazas en las escuelas de enseñanza general por cada 10.000 habitantes: en la región autónoma el índice correspondiente fue 1,6 veces mayor que en la República9. Una característica del desarrollo sociocultural de la región era la mayor medida en que la población disponía de superficie habitable, bienes y servicios en comparación con la población del resto de la República. A cada habitante de la región correspondía una superficie habitable casi tres veces mayor que la superficie media en la República y los campesinos de la región disponían de una superficie 1,5 veces mayor que los del resto de la República. La población de la región contaba con mejores servicios de personal médico auxiliar (1,3 veces más que en la República) y un mayor número de camas en los hospitales (3%). La red de establecimientos culturales y docentes era más extensa (el triple de salas de cine y clubes, el doble de bibliotecas); había 1,6 veces más libros y periódicos por cada 100 lectores en la región, el 7,7% de los niños estudiaban en las escuelas de segundo y tercer turno, mientras que la cifra correspondiente en la República era del 25%; la matrícula en los establecimientos permanentes para preescolares era del 37% (en comparación con el 20% en la República)10. En efecto, la región autónoma de Nagorno-Karabaj se desarrollaba a un ritmo más elevado que Azerbaiyán en general. Así, si la producción industrial en la República en el período de 1970 a 1986 se multiplicó por 3, en la región autónoma lo hizo por 3,3 (las tasas de crecimiento en esta región fueron superiores en 8,3%). En 1986, en la región autónoma las nuevas aportaciones de fondos básicos se multiplicaron por 3,1 en comparación con 1970, mientras que en la República lo hicieron por 2,5. Los indicadores básicos del desarrollo social en la región autónoma fueron superiores a los indicadores medios del nivel de vida de la RSS de Azerbaiyán y la RSS de Armenia. En la región, así como en toda la República, la formación cultural se desarrolló consdierablemente11. En la región autónoma se editaban cinco publicaciones periódicas en armenio. A diferencia de otras entidades administrativo-territoriales de Azerbaiyán, alejadas de la capital de la República y ubicadas en zonas montañosas, la región disponía de la base técnica necesaria para recibir programas de la radio y teledifusión. Considerado cuanto antecede y como lo confirma la experiencia de la existencia y desarrollo de la región autónoma de Nagorno-Karabaj como parte integrante de Azerbaiyán, ésta, en la forma de autonomía en que se había constituido, correspondía plenamente a las particularidades económicas, socioculturales, nacionales y las costumbres de la población de la región autónoma12. La fecha en que inicia el actual conflicto entre Armenia y Azerbaiyán podría considerarse el 20 de febrero de 1988, cuando en una sesión del Soviet de la región autónoma de Nagorno-Karabaj se adoptó la decisión relativa a la solicitud a la vista de los Soviets Supremos de la RSS de Azerbaiyán y la RSS de Armenia sobre la transferencia de la región autónoma de Nagorno-Karabaj de Azerbaiyán a la RSS de Armenia. El procedimiento para modificar las fronteras de las repúblicas federadas se definía con precisión en las Constituciones de la URSS y de las repúblicas federadas. Así con arreglo a lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución de la URSS, ningún territorio de una república federada podía modificarse sin su consentimiento. Las fronteras entre las repúblicas federadas podían modificarse por acuerdo mutuo de las repúblicas interesadas, sujeto a la aprobación de la URSS13. Esa disposición de la Ley Fundamental del país figuraba asimismo en las Constituciones de la RSS de Azerbaiyán y la RSS de Armenia. En respuesta a la citada decisión del Soviet de la región autónoma de Nagorno-Karabaj, de 20 de febrero de 1988, el Soviet Supremo de la RSS de Armenia aprobó el 15 de julio de 1988 una resolución en que expresaba estar de acuerdo con que la región autónoma de Nagorno-Karabaj se incorporara a la RSS de Armenia, al tiempo que solicitaba al Soviet Supremo de la URSS que examinara y resolviera favorablemente la cuestión relativa a la transferencia de la región autónoma de Nagorno-Karabaj de la RSS de Azerbaiyán a la RSS de Armenia. A su vez, el Soviet Supremo de la RSS de Azerbaiyán y su Presidium, en resoluciones aprobadas el 13 y el 17 de junio de 1988, dispusieron que en virtud del artículo 78 de la Constitución de la URSS y el artículo 70 de la Constitución de la RSS de Azerbaiyán, la transferencia de la región autónoma de Nagorno-Karabaj de la RSS de Azerbaiyán a la RSS de Armenia era improcedente e inadmisible. Parecería que en vista de las disposiciones, vigentes a la sazón, de la Constitución de la URSS y de las Leyes Fundamentales de la RSS de Azerbaiyán y la RSS de Armenia, la cuestión pudo haberse considerado resuelta, máxime habida cuenta de que no existían argumentos de peso siquiera que aconsejaran estudiar la posibilidad de modificar las fronteras entre ambas repúblicas federadas. Sin embargo, el 12 de julio de 1988 en una sesión del Soviet de la región autónoma de Nagorno-Karabaj se adoptó la decisión ilegítima de declarar la secesión de la región autónoma de Nagorno-Karabaj de la RSS de Azerbaiyán. Además de violar las disposiciones pertinentes de la Constitución de la URSS y la Ley Fundamental de la RSS de Azerbaiyán, dicha decisión contravenía asimismo lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de la RSS de Azerbaiyán sobre la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj, con arreglo a la cual sólo competía al Soviet de diputados del pueblo de la región autónoma de Nagorno-Karabaj la adopción de decisiones dentro de los límites de las facultades que le confería la legislación de la URSS y de la RSS de Azerbaiyán. Además, en el mismo artículo de la mencionada Ley se preveía la posibilidad de que el Presidium del Soviet Supremo de la RSS de Azerbaiyán dejara sin efecto la decisión del Soviet regional si esta fuese incompatible con lo dispuesto en esa Ley14. Como respuesta, y rigiéndose por lo dispuesto en los artículos 87 de la Constitución de la URSS y 114 de la Constitución de la RSS de Azerbaiyán, así como en el párrafo 42 de la Ley de la RSS de Azerbaiyán sobre la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj, el Presidium del Soviet Supremo de la RSS de Azerbaiyán aprobó el 13 de julio de 1988 una resolución en la que declaró ilegítima, nula y sin valor la decisión adoptada en la sesión del Soviet de diputados del pueblo de la región autónoma de Nagorno-Karabaj, de 12 de julio de 1988, de declarar unilateralmente la secesión de la región autónoma de Nagorno-Karabaj de la RSS de Azerbaiyán. En el denominado “Congreso de Representantes Plenipotenciarios de la población de la región autónoma de Nagorno-Karabaj”, celebrado el 16 de agosto de 1989, se declaró sin ambages su rechazo a reconocer el estatuto de Nagorno-Karabaj como región autónoma de la RSS de Azerbaiyán. Al propio tiempo, en ese mismo “Congreso” se declaró la región “territorio federado independiente”, en el que quedaban sin efecto la Constitución de la RSS de Azerbaiyán y demás leyes de la República. En el “Congreso” se creó el “Soviet Nacional”, proclamado órgano único de poder del pueblo de la región autónoma de Nagorno-Karabaj. La reacción de la parte azerbaiyana no se hizo esperar. Así pues, el 27 de agosto de 1989 el Presidium del Soviet de la RSS de Azerbaiyán aprobó una resolución en que calificó de ilegales las decisiones del denominado “Congreso de Representantes Plenipotenciarios de la población de la región autónoma de Nagorno-Karabaj”. Se sobreentiende que la RSS de Armenia también se vio involucrada activamente en los intentos de formalizar legislativamente la secesión de la región autónoma de Nagorno-Karabaj de la RSS de Azerbaiyán. A la par con la citada resolución del Soviet Supremo de la RSS de Armenia, de 20 de febrero de 1988, el órgano legislativo supremo de esa república federada adoptó innumerables decisiones anticonstitucionales, la más conocida de las cuales fue la resolución aprobada el 1° de diciembre de 1989 sobre la reunificación de la RSS de Armenia y Nagorno-Karabaj. En virtud de esa resolución del Presidium del Soviet Supremo de la RSS de Armenia se encomendó al Consejo de Ministros de la RSS de Armenia y al Presidium del Soviet Nacional de la región autónoma de Nagorno-Karabaj que adoptaran todas las medidas que se derivaran de dicha resolución a fin de llevar a cabo la unión efectiva de las estructuras políticas, económicas y culturales de la RSS de Armenia y Nagorno-Karabaj en un sistema político y estatal único. Como ya se ha señalado, uno de los argumentos fundamentales de la parte Armenia en favor de la legitimidad de la declaración de secesión de Nagorno-Karabaj consiste en la transferencia presuntamente ilícita del territorio a Azerbaiyán por decisión del Buró del Cáucaso del Comité Central del Partido Comunista de Rusia (Bolchevique). Precisamente por ello el Soviet Supremo de la RSS de Armenia aprobó el 13 de febrero de 1990, una resolución en la que declaró ilegítima la decisión del Buró del Cáucaso del Comité Central del Partido Comunista de Rusia (Bolchevique), de 5 de julio de 1921. A la luz de esas y muchas otras decisiones del Parlamento de Armenia relativas a Nagorno-Karabaj, que representan un intento flagrante de legitimar la anexión unilateral de una parte del territorio de una república federada para beneficio de otra y que promueven la creación de entidades inconstitucionales en el territorio de otro Estado, no pueden sino causar asombro las recientes declaraciones de las autoridades de Erevan en el sentido de que Armenia nada tiene que ver con las acciones militares que se libran en el territorio de Azerbaiyán. Evidentemente, antes de que Azerbaiyán y Armenia hubiesen alcanzado su independencia y antes de que el conflicto de Nagorno-Karabaj fuera tema de debate en las organizaciones internacionales, los órganos centrales de gobierno de la Unión Soviética hacían las veces de árbitros en esta cuestión. El órgano legislativo supremo de la ex Unión Soviética —el Soviet Supremo— examinó en más de una ocasión la situación derivada de la crisis en Nagorno-Karabaj, y adoptó decisiones a ese respecto. En todas esas decisiones, incluso en las resoluciones de 10 de enero y 3 de marzo de 1990, el Soviet Supremo de la URSS ratificó en cada ocasión la soberanía e integridad territorial de la RSS de Azerbaiyán y declaró inconstitucionales las decisiones antes mencionadas del Soviet Supremo de la RSS de Armenia. Dichas decisiones del órgano legislativo supremo de la Unión Soviética pueden considerarse el origen del posterior aislamiento total de Armenia en el ámbito internacional en lo que respecta a la cuestión de Nagorno-Karabaj. Otro intento de legitimar la secesión de Nagorno-Karabaj fue la proclamación el 2 de septiembre de 1991 de la “República de Nagorno-Karabaj”. En opinión de la parte armenia, la legitimidad de ese paso dimanaba de la Ley de la ex Unión Soviética, de 3 de abril de 1990, sobre el procedimiento para resolver las cuestiones relacionadas con la secesión de una república federada de la Unión Soviética, que confería a toda entidad autónoma y a todo grupo nacional concentrado en una zona geográfica determinada el derecho a decidir libremente su estatuto jurídico como Estado. La parte armenia está convencida de que el establecimiento de la “República de Nagorno-Karabaj” es irreprochable desde el punto de vista de las normas del derecho internacional, ya que, en opinión suya, en el momento en que se reconoció la República de Azerbaiyán, la República de Nagorno-Karabaj ya no formaba parte de ella15. Sin embargo, como se desprende de un análisis somero de los argumentos antes mencionados, desde el punto de vista precisamente del derecho existen serias dudas en cuanto a su “carácter irreprochable”. Así, la Ley sobre el procedimiento para resolver los problemas relacionados con la secesión de una república federada de la Unión Soviética se apoyaba en el artículo 72 de la Constitución de la ex URSS, en virtud del cual toda república federada tenía el derecho a declarar su secesión de la URSS. Por consiguiente, esta Ley tenía por objeto reglamentar las relaciones recíprocas en el marco de la URSS mediante el establecimiento de determinado procedimiento que deberían seguir las repúblicas federadas en caso de que declararan su secesión de la URSS. En particular, la decisión de una república de declarar su secesión de la Unión se adoptaría por libre albedrío del pueblo de esa república mediante un referéndum, a los pormenores de cuya celebración se dedicaba una parte importante de la Ley. Claro está, merece especial atención el artículo 3 de la Ley, con arreglo al cual en toda república federada que contara con repúblicas autónomas, oblast autónomas y okrua autónomos habría de celebrar un referéndum por separado en cada entidad autónoma. En ese caso, los pueblos de las repúblicas y entidades autónomas conservaban el derecho a decidir por su cuenta permanecer en la Unión Soviética o en la república federada que ha declarado su secesión, y también a plantearse la cuestión relativa a su condición jurídica como Estado. Sin embargo, al disolverse la URSS a raíz de los conocidos acuerdos de Belovezh, la citada Ley dejó de tener efecto jurídico alguno, ya que ni una sola de las repúblicas federadas, incluidas Azerbaiyán y Armenia, había hecho uso del procedimiento de secesión previsto en ella. Sólo en el caso de que Azerbaiyán hubiese intentado desligarse de la URSS cuando ésta existía, y de conformidad con la Ley sobre el procedimiento para resolver los problemas relacionados con la secesión de una república federada de la URSS, se le habría concedido a la región autónoma de Nagorno-Karabaj el derecho a celebrar un referéndum independiente a fin de optar por una de tres posibilidades: permanecer en la URSS, salir junto a Azerbaiyán, o declarar su estatuto jurídico como Estado. Tampoco resiste el menor cuestionamiento la referencia a la Ley de que se trata en el contexto de la Declaración sobre la restauración de la independencia nacional de la República de Azerbaiyán, aprobada el 30 de agosto de 1991 por el Soviet Supremo de la RSS de Azerbaiyán. Es evidente que dicha Declaración, que no trata de la secesión de la URSS sino del restablecimiento de la independencia nacional vigente en el período 1918-1920, se aprobó sin que se tuviera en cuenta el procedimiento de secesión previsto en la Ley de la Federación. En consecuencia, si se aplica cabalmente la letra y el espíritu de la Ley de 3 de abril de 1990, la aprobación de dicha Declaración no podía servir de fundamento jurídico para que la región autónoma de Nagorno-Karabaj decidiera, de conformidad con la Ley, su estatuto jurídico como Estado. Además, con arreglo a la Ley, la citada Declaración tampoco tuvo consecuencias jurídicas para la URSS. Así pues, conforme a lo dispuesto en el párrafo 2 de la resolución del Soviet Supremo de la URSS, de 3 de abril de 1990, sobre la entrada en vigor de la Ley de la URSS sobre el procedimiento para resolver los problemas relacionados con la secesión de una república federada de la URSS “toda acción relacionada con la declaración la secesión de una república federada de la URSS que contravenga la Ley de la URSS sobre el procedimiento para resolver las cuestiones relacionadas con la secesión de toda una república federada de la URSS, que se emprendiera tanto antes como después de la entrada en vigor de dicha ley, no tendrá efecto jurídico alguno ni para la Unión Soviética ni para las repúblicas federadas”. No puede pasarse por alto otro detalle importante a la hora de examinar las cuestiones relacionadas con la Ley de la URSS de 3 de abril de 1990: precisamente las razones por las que fue aprobada. Es evidente que la necesidad de esa Ley obedecía a los llamamientos cada vez más frecuentes e insistentes en favor de la secesión de repúblicas federadas de la URSS. Un examen más atento del texto de esa Ley permite llegar a la conclusión completamente lógica de que el objetivo principal de su aprobación era no tanto el deseo de reglamentar el procedimiento de secesión de una república federada de la URSS, sino más bien un intento de obstaculizar el ejercicio por esa república del derecho de libre secesión refrendado en el artículo 72 de la Constitución de la URSS. A esa conclusión también apunta el hecho de que, paralelamente a las disposiciones sobre el referéndum por separado en las repúblicas y entidades autónomas, se conferían derechos similares asimismo a los grupos nacionales que vivieran concentrados en zonas geográficas en el territorio de una república federada y que constituyeran una mayoría en una localidad concreta. No es difícil llegar a la conclusión de cómo habría terminado el intento de una república federada de declarar su secesión de la URSS si hubiera seguido el procedimiento previsto en la Ley de 3 de abril de 1990. Es por ello que resulta extraño escuchar cómo citan esa Ley los defensores incondicionales del derecho ilimitado de los pueblos a la libre determinación, coartado precisamente en esta Ley. Además, según opina R. Mullerson, la táctica aplicada por los dirigentes soviéticos con la aprobación de la controvertida Ley no sólo no contribuyó a eliminar el problema de la disolución de la URSS, sino que agudizó aún más la situación. La mayoría de la población comenzó a considerar a las minorías (a veces con razón, a veces sin ella), una quinta columna del Kremlin16. Además, en virtud de la Ley aprobada por el Soviet Supremo de la República de Azerbaiyán el 26 de noviembre de 1991, la región autónoma de Nagorno-Karabaj quedó abolida como entidad territorial nacional. También se declararon nulos y sin valor el Decreto del Comité Ejecutivo Central de Azerbaiyán, de 7 de julio de 1923, por el que se había establecido la región autónoma de Nagorno-Karabaj y la Ley de la RSS de Azerbaiyán sobre la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj, de 16 de junio de 1981. Es curioso que esa decisión estuviera motivada, en particular, por el hecho de que el establecimiento de la región autónoma de Nagorno-Karabaj había contribuido a profundizar la discordia nacional entre los pueblos azerbaiyano y armenio. Por consiguiente, Nagorno-Karabaj fue y sigue siendo parte integrante de Azerbaiyán, tanto antes como después de haber alcanzado Azerbaiyán su independencia. El 8 de julio de 1992 el Soviet Supremo de la República de Armenia aprobó una resolución en que calificaba de inaceptable para la República de Armenia todo instrumento internacional o intraestatal en que la “República de Nagorno-Karabaj” figurara como parte de Azerbaiyán. No obstante, en los instrumentos internacionales Nagorno-Karabaj suele figurar como parte de Azerbaiyán más frecuentemente que lo esperado, al parecer, por las autoridades de Ereván que aprobaron la mencionada resolución. Este factor precisamente contribuye a disipar definitivamente toda ilusión de que será posible modificar de jure en algún momento el estatuto de Nagorno-Karabaj en detrimento de Azerbaiyán. La obtención por Azerbaiyán y Armenia de su independencia y la institucionalización simultánea el 30 de enero de 1992 de su participación en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa, así como su ingreso en las Naciones Unidas el 2 de marzo del mismo año, abren una nueva etapa en el debate teórico entre las partes, cuyos resultados, por cierto, al no satisfacer plenamente a una de ellas, frustran definitivamente las esperanzas de la otra de poder alcanzar un desenlace favorable. Al examinar las resoluciones del Consejo de Seguridad y los documentos de la OSCE relativos al conflicto de Nagorno-Karabaj desde la perspectiva de los principios y las normas del derecho internacional, puede afirmarse sin lugar a dudas de que no existe fundamento alguno para alegar sobre la base de este ejemplo que existe un supuesto conflicto entre el principio de integridad territorial y el derecho de los pueblos a la libre determinación. En todo caso, en el conflicto de que se trata da la impresión de que uno de ellos se sobrepone artificialmente al otro. En la Carta de las Naciones Unidas los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos se mencionan en dos ocasiones. Así, conforme al párrafo 2 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas uno de los propósitos de las Naciones Unidas consiste en fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos. En el Artículo 55 de la Carta esos principios se consideran bases de la cooperación económica y social en el ámbito internacional. Llama la atención que conforme a la Carta de las Naciones Unidas, desde un inicio por el principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos se entendía el derecho de libre determinación y no de secesión. El principio de libre determinación evolucionó y se interpretó de manera mucho más amplia tras la aprobación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales el 14 de diciembre de 1960 (resolución 1514 (XV) de la Asamblea General), que establece en su artículo 2 que “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”17. Al propio tiempo, en el artículo 6 de la Declaración figura una importante disposición restrictiva, con arreglo a la cual “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”18. En 1966 fueron aprobados dos pactos internacionales —el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyos artículos 1 figura la idéntica disposición sobre el derecho de libre determinación: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su derecho económico, social y cultural”19. La inclusión de esa disposición en importantes instrumentos internacionales de rango contractual ha estimulado un debate amplio, en el que este derecho colectivo se ha considerado poco menos que la base de todos los demás derechos humanos, lo que no ha podido sino reflejarse en los procesos políticos que tienen lugar en el mundo. La siguiente etapa importante en el camino de la elaboración e interpretación del principio del derecho de los pueblos a la libre determinación fue la aprobación por la Asamblea General en 1970 de la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General). En la sección dedicada a los principios de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos se señala que “todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta”20. Al propio tiempo, en esa sección figuran asimismo importantes disposiciones restrictivas. En primer lugar, se señala que “todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”21. En segundo lugar, se enumeraban de manera sucinta, y a la vez con bastante precisión, los medios de hacer efectivo el derecho de libre determinación, como “el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente, o la adquisición de cualquiera otra condición política libremente decidida por un pueblo”22. Y, en tercer lugar, en la Declaración no sólo se ratificaba el importante requisito de abstenerse de llevar a cabo toda acción que condujera a la desmembración o al menoscabo parcial o total de la integridad territorial o la unidad política de los Estados soberanos e independientes, sino también se indicaban los criterios para restringir, en esencia, el propio derecho de libre determinación, derecho que no puede entrañar la desmembración de un Estado ni el menoscabo de la integridad territorial o la unidad política de un Estado. Lo más importante de esos criterios es la existencia de un gobierno que represente sin distinción de raza, credo o color, a todo un pueblo que habite un territorio determinado23. En la Declaración y Programa de Acción aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993 se ratifica una vez más el derecho de todos los pueblos a la libre determinación, en virtud del cual pueden determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Si bien se repiten en esencia fuentes anteriores del derecho internacional relativas a esta cuestión, en el párrafo 2 de la parte segunda de la Declaración de Viena se hace una aportación bastante importante al debate de la compleja y controvertida cuestión sobre los sujetos del derecho de libre determinación: “Habida cuenta de la situación particular de los pueblos sometidos a dominación colonial o a otras formas de dominación u ocupación extranjeras, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce el derecho de los pueblos a adoptar cualquier medida legítima, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, encaminada a realizar su derecho inalienable a la libre determinación. La Conferencia considera que la denegación del derecho a la libre determinación constituye una violación de los derechos humanos y subraya la importancia de la realización efectiva de este derecho”24. En el artículo 2 de la parte tercera de la Declaración de Viena se repite la importante disposición restrictiva de la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional en virtud de la cual el derecho de libre determinación no debe interpretarse como autorización o promoción de cualquier acción que menoscabe o subvierta, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de los Estados soberanos e independientes que observen el principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos y, en virtud de ello, cuenten con gobiernos que representan los intereses del pueblo que habita su territorio sin distinción alguna. En opinión del Sr. A. Eide, miembro de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, por “pueblo” en la citada disposición se entiende toda la población que habita un territorio no autónomo o un territorio ocupado25. Como observó el Sr. A. Eide en su informe sobre los posibles medios para facilitar la solución pacífica y constructiva de los problemas relacionados con las minorías, la divergencia de opiniones sobre cómo debe interpretarse el vocablo “pueblo” como personas que gozan del “derecho de libre determinación”, fue sumamente marcada hasta que se aprobó la Declaración y Programa de Acción de Viena en 1993. Esta cuestión la complicaron aún más las numerosas interpretaciones del concepto de libre determinación. En la interpretación que figura en la citada disposición de la Declaración de Viena relativa a grupos que viven dentro de los límites del territorio de Estados soberanos puede observarse lo siguiente. Los Estados soberanos deben contar con gobiernos que representan los intereses de todo el pueblo que habita su territorio sin distinción alguna. El vocablo “pueblo” se refiere inequívocamente a todo el pueblo, “el demos”, y no a determinados “grupos étnicos o religiosos”26. En opinión del Sr. R. Mullerson, sería incorrecto afirmar, como sucede en ocasiones, que a las minorías no les asiste el derecho de libre determinación. Sería más correcto decir que ellas realizan el derecho de libre determinación a la par con el resto de la población de un Estado determinado, como parte de esa población27. El principio de libre determinación de los pueblos también se trata en los documentos de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE)/Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE). Así pues, en el Acta Final de Helsinki de 1975 se señala lo siguiente: “Los Estados participantes respetarán la igualdad de derechos de los pueblos, y su derecho a la libre determinación, obrando en todo momento de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con las normas pertinentes del derecho internacional, incluyendo las que se refieren a la integridad territorial de los Estados. En virtud del principio de la igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, todos los pueblos tienen siempre el derecho, con plena libertad, a determinar cuándo y cómo lo deseen, su condición política interna y externa, sin injerencia exterior, y a proseguir, como estimen oportuno, su desarrollo político, económico, social y cultural. Los Estados participantes reafirman la importancia universal del respeto y del ejercicio efectivo de la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos para el desarrollo de relaciones amistosas, tanto entre ellos como entre todos los Estados; asimismo recuerdan la importancia de eliminar cualquier forma de violación de este principio.” No obstante, en documentos posteriores, habida cuenta de la evolución de la situación internacional y la existencia de conflictos armados en determinados territorios, al exponer el principio de libre determinación dichos Estados participantes hacen mayor hincapié en el respeto de la integridad territorial de los Estados. Un enfoque similar se aplica claramente en la Carta de París para una Nueva Europa de 1990 y en el documento aprobado el siguiente año en la Conferencia sobre la Dimensión Humana celebrada en Moscú. En la Carta de París se afirma lo siguiente: “Reafirmamos la igualdad de derechos de los pueblos y su derecho a la libre determinación de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con las normas pertinentes del derecho internacional, incluidas las referentes a la integridad territorial de los Estados”. En el documento de la Conferencia de Moscú, “los Estados participantes destacaron que, de conformidad con el Acta Final de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa y la Carta de París para una Nueva Europa, la igualdad de derechos de los pueblos y su derecho a la libre determinación tienen que respetarse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con las normas pertinentes del derecho internacional, incluidas las relativas a la integridad territorial de los Estados”. Por consiguiente, con dos excepciones (los territorios no autónomos y los territorios que se hallan bajo ocupación ilícita), de acuerdo con la definición de las Naciones Unidas, el derecho de libre determinación no entraña el derecho unilateral a la independencia o la secesión. En esto cabe subrayar que el derecho de libre determinación compete a los pueblos que habitan territorios que fueron sometidos a la ocupación extranjera después de la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Al abordar el tema de los sujetos del derecho de libre determinación, cabe añadir asimismo las federaciones que se han formado por voluntad de las repúblicas que las integran, y en las que se ha declarado de forma explícita en sus respectivas constituciones que gozan del derecho de desligarse de dichas federaciones28. Esa conclusión reviste una enorme importancia para el análisis del conflicto de Nagorno-Karabaj, que, como es bien sabido, no está comprendido en ninguno de los criterios mencionados. No obstante, pese a la restricción al parecer bastante precisa en cuanto al derecho internacional a realizar el derecho de libre determinación, cabe señalar que pueden surgir problemas de consideración en los dos siguientes casos: cuando se renuncie al pluralismo como consecuencia de la aplicación por un Estado soberano de una política severa y discriminatoria en relación con una minoría nacional o étnica asentada en su territorio, o cuando una minoría, impulsada por fuerzas externas, fundamentalmente por la “madre patria”, se niega a permanecer dentro de los límites de una entidad más extensa, incluso cuando el Estado soberano está dispuesto a adoptar medidas de largo alcance encaminadas al logro del pluralismo29. Se presenta una situación típica en los casos en que tal o cual grupo que se concentra en una zona geográfica o enclave determinado en el marco de un Estado, cuya población en su mayoría pertenece a otro grupo étnico, proclama que no constituye una minoría, sino un pueblo y reclama la libre determinación mediante la secesión o la modificación de las fronteras. En estos casos, esos grupos nacionales o étnicos deben demostrar por su propia iniciativa que, de conformidad con el derecho internacional, a ellos les asiste el derecho de secesión. Si ello no pudiera demostrarse convincentemente ante la comunidad internacional, los Estados ajenos a la cuestión no tendrán base alguna para fomentar o prestar apoyo a los esfuerzos encaminados a alcanzar la libre determinación30. El ya citado Sr. A. Eide considera que “debe prestarse atención no solamente a las políticas de las mayorías dominantes o del Estado, sino también a las de los grupos minoritarios. Algunos de éstos son tan nacionalistas étnicos, o incluso más, que la mayoría del Estado en que viven. Si su ideología es nacionalista étnica, es probable que reclamen la libre determinación y que en el proceso, eliminen a miembros de otros grupos étnicos que vivan en su región a fin de mantener una étnica `pura' o que traten de modificar las fronteras para unirse a un Estado vecino cuya mayoría pertenece al mismo grupo étnico”31. Más adelante señala lo siguiente: “las soluciones constructivas dependen de todas las partes involucradas. Un error frecuente consiste en suponer que sólo el Gobierno o la mayoría tienen la culpa, y que ese es el único sector que debe hacer un esfuerzo de adaptación. Un rápido análisis del mundo actual demuestra la existencia de varias minorías que aplican políticas sumamente provocativas y violentas. Algunas veces especulan con la esperanza de que, si ocurre lo peor, una Potencia extranjera, la `madre patria' o algún otro agente externo vendrá en su ayuda si sus provocaciones dan lugar a que el sector mayoritario emprenda una acción militar en gran escala, que amenace la propia existencia de la minoría. Se trata de un juego peligroso”32. Resulta interesante que estas opiniones tengan mucho en común con la situación derivada del conflicto de Nagorno-Karabaj, con la única diferencia de que Armenia, como “madre patria”, desempeña un papel fundamental en el enfrentamiento armado con Azerbaiyán. Además, en el enfoque asumido por Armenia de hecho no hay cabida para el pluralismo. En el contexto de la reivindicación de la independencia para los armenios de Nagorno-Karabaj junto a la “depuración” de azerbaiyanos de territorios de su propio país, así como del propio Nagorno-Karabaj, se impone la conclusión natural de que para Armenia sólo existen dos posibilidades de resolver el problema de la libre determinación —mediante la secesión unilateral o mediante la “depuración étnica”. En el párrafo 4 del artículo 8 de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada por la Asamblea General en 1992, se subraya que “Ninguna disposición de la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que autoriza actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, incluidas la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia política de los Estados”33. Como plantea el Sr. A. Eide en sus observaciones sobre la Declaración, los derechos de las personas pertenecientes a minorías difieren del derecho de los pueblos a la libre determinación. Mientras que este último derecho está firmemente arraigado en el derecho internacional, muy en especial en el artículo 1 común a los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Derechos Civiles y Políticos, el ámbito de aplicación de ese derecho y el significado de los conceptos “pueblo” y “libre determinación” siguen siendo poco claros y altamente polémicos. Esta cuestión no guarda relación con la Declaración sobre los derechos de las minorías, ya que no existen discrepancias en cuanto a que los derechos de las personas pertenecientes a minorías son derechos individuales, incluso cuando en la mayoría de los casos esos derechos pueden disfrutarse conjuntamente con otras personas. Por otra parte, los derechos de los pueblos son derechos colectivos34. La cuestión de la diferenciación entre los derechos de las personas pertenecientes a minorías y el derecho de los pueblos a la libre determinación se trata más adelante en mayor detalle en las observaciones relativas al párrafo 4 del artículo 8 de la Declaración. En particular, el autor subraya que los derechos de las minorías no podrán invocarse para justificar declaraciones de secesión o la desmembración de un Estado35. Esta cuestión también se aborda en la observación general No. 23 (50) aprobada por el Comité de Derechos Humanos en 1994. En particular, el Comité observó que “en algunas de las comunicaciones sometidas a la consideración del Comité con arreglo al Protocolo Facultativo, se confunde el derecho amparado en virtud del artículo 27 con el derecho de los pueblos a la libre determinación proclamado en el artículo 1 del Pacto”. A ese respecto, el Comité subrayó que “el Pacto hace una diferenciación entre el derecho a la libre determinación y el derecho amparado en virtud del artículo 27. En el primer caso, se trata de un derecho perteneciente a los pueblos, que se rige por disposiciones separadas del Pacto (parte primera). La libre determinación no es un derecho reconocido con arreglo al Protocolo Facultativo. Por otra parte, el artículo 27 se relaciona con los derechos reconocidos a las personas en cuanto tales y, al igual que los artículos relacionados con los demás derechos personales reconocidos a todos, figura en la parte tercera del Pacto y está reconocido en virtud del Protocolo Facultativo”36. Como expresión de la creciente inquietud de la comunidad internacional con motivo de la tendencia infundada y generalizada a interpretar el derecho de libre determinación como el derecho de todo grupo nacional o étnico a la secesión, en su Programa de Paz el Secretario General de las Naciones Unidas recalcó que “si cada grupo étnico, religioso o lingüístico pretendiera formar un Estado, la fragmentación no tendría fin, con lo que serían aún más difíciles de alcanzar la paz, la seguridad y el bienestar económico para todos No puede permitirse que en el período que se avecina, dos elementos de gran valor e importancia, a saber, la soberanía y la integridad territorial de los Estados dentro del sistema internacional establecido, por una parte, y el principio de libre determinación de los pueblos, por la otra, actúen de manera antagónica”37. Las obligaciones de las minorías respecto del Estado y la sociedad se recogen asimismo en la Convención de la Comunidad de Estados Independientes sobre la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales y en la Convención Marco del Consejo de Europa para la protección de las minorías nacionales, aprobadas en 1994 y 1995, respectivamente. Así, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención de la Comunidad, “Ninguna de las obligaciones contraídas por las Partes Contratantes en virtud de la presente Convención se interpretará de modo que sirva de justificación para emprender cualquier actividad o acción que contravenga los principios y las normas universalmente reconocidos del derecho internacional, incluidos los principios del respeto de la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia política de los Estados. En el ejercicio de los derechos expuestos en esta Convención, las personas pertenecientes a minorías nacionales cumplirán las leyes del país de residencia y también respetarán los derechos y las libertades de las demás personas”. En el artículo 20 del Convenio Marco del Consejo de Europa se subraya que “en el ejercicio de los derechos y libertades que emanan de los principios consagrados en el Convenio Marco, toda persona perteneciente a una minoría nacional respetará la legislación nacional y los derechos de los demás, en particular los de las personas que pertenecen a la mayoría o a otras minorías nacionales”. Más adelante en el siguiente artículo se señala que “nada en el presente Convenio Marco podrá interpretarse en el sentido de que sobreentiende algún derecho a realizar alguna actividad o a cometer actos que contravengan los principios fundamentales del derecho internacional, en particular los principios de la igualdad soberana, la integridad territorial y la independencia política de los Estados”38. Es interesante que en las observaciones del Consejo de Europa relativas al artículo 20 del Convenio Marco se presta atención, ante todo, a la situación en que las personas pertenecientes a minorías nacionales constituyen una minoría en el marco de un Estado en su conjunto, y en cambio una mayoría dentro de los límites de una región determinada de ese Estado39. En lo que respecta a la relación entre los principios de integridad territorial de los Estados y el derecho de los pueblos a la libre determinación mediante la secesión, existe la opinión generalizada de que el derecho de libre determinación es de segundo orden siempre que el Estado observe el principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos y cuente con un gobierno en cuya composición figuren representantes de toda la población, sin distinción alguna de raza, credo o color. El derecho de libre determinación en el contexto de los derechos humanos se trata en la recomendación general XXI (48) aprobada en 1996 por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Al considerar el Comité, en particular, que “la aplicación del principio de la libre determinación exige que cada Estado promueva, mediante medidas conjuntas e independientes, el respeto universal de la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”, el Comité señala a la atención de los gobiernos la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas40. En opinión del Comité, “en lo que atañe a la libre determinación de los pueblos, es necesario distinguir entre dos aspectos. El derecho a la libre determinación de los pueblos tiene un aspecto interno, es decir, el derecho de todos los pueblos a llevar adelante su desarrollo económico, social y cultural sin injerencias del exterior. A ese respecto, existe un vínculo con el derecho de todo ciudadano a participar en la dirección de los asuntos públicos en todos los niveles, tal como se estipula en el apartado c) del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Por consiguiente, los gobiernos deben representar a toda la población sin distinción alguna por motivos de raza, color, ascendencia o nacionalidad u origen étnico. El aspecto externo de la libre determinación significa que todos los pueblos tienen derecho a determinar libremente su condición política y el lugar que deben ocupar en la comunidad internacional sobre la base del principio de igualdad de derechos y tomando como ejemplo la liberación de los pueblos del colonialismo y la prohibición de someter a los pueblos a toda sujeción, dominio y explotación del extranjero”41. Al propio tiempo, el Comité opinó que “el derecho internacional no ha reconocido el derecho general de los pueblos a declarar unilateralmente su secesión de un Estado”42. A la misma conclusión se llegó aproximadamente en la Conferencia de expertos jurídicos independientes de los países miembros de la Comunidad de Estados Independientes celebrada en Moscú para tratar el problema de la libre determinación y la secesión en el derecho internacional moderno, al observarse, en particular, que el derecho de secesión no constituye un elemento esencial del derecho de libre determinación. Existe fuera del marco del derecho de libre determinación. Además, la Conferencia se pronunció categóricamente en favor de que no se hiciera extensivo el derecho de secesión a las minorías nacionales, étnicas, lingüísticas y religiosas o a cualquier otro grupo de la población. El Sr. Yuri Reshetov, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, es de una opinión ligeramente distinta, al expresar en el proyecto de Convención sobre los derechos de los pueblos a la libre determinación elaborado por él que el establecimiento de un Estado soberano e independiente por un grupo nacional o étnico o su libre asociación o integración con un Estado independiente pueden ser el resultado de acuerdos de paz entre diversos grupos nacionales o étnicos en el marco de tal o cual Estado. Más adelante expresa que el derecho de secesión de un grupo nacional o étnico, y, en consecuencia, el establecimiento por ese grupo de un Estado soberano e independiente o la libre asociación o integración con un Estado independiente, podrá refrendarse en las constituciones de los Estados y realizarse siempre que se sigan los procedimientos pertinentes de esos Estados y se observen las normas del derecho internacional. En opinión del autor del proyecto de Convención, si un gobierno, sobre bases no discriminatorias y respetando los derechos humanos y libertades fundamentales, confiere a toda la población el derecho a participar en la vida política y social del país, en dicho caso todo intento encaminado a la desmembración del Estado y al socavamiento de su integridad territorial y unidad política, será ilegítimo. En esto cabe señalar que tanto la citada Conferencia de expertos jurídicos independiente como el Sr. Reshetov arriban a la misma conclusión de que a ningún Estado que haya sido establecido en violación del principio de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos se le reconocerá la condición de sujeto del derecho internacional. En el mismo sentido se pronuncia el Sr. M. Mahmud, quien considera que todo régimen que no respete el derecho de libre determinación es ilegítimo, al tiempo que la entidad que proclamara no sería un Estado según lo estipulado en el derecho internacional dadas la ausencia de elementos de legitimidad y la ausencia de un territorio reconocido jurídicamente en que pudiera ejercer su soberanía el Estado proclamado. El así llamado Estado proclamado de esa manera sería un “Estado inventado”43. Podría surgir la duda en cuanto a qué debe hacerse en caso de que tal o cual grupo afirme que un gobierno determinado no representa a toda la población y practica hacia ésta una política discriminatoria. El Sr. A. Eide opina que cuando los miembros de un grupo que vive o bien de forma geográficamente concentrada en una unidad administrativa de un Estado o dispersa en el territorio de un Estado soberano afirmasen que el Estado no cuenta con un gobierno que represente los intereses de todo el pueblo sin distinción alguna, esa aseveración podrá examinarse a nivel internacional o en el marco del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial cuando se examine el informe de ese Estado, por cuanto la discriminación en materia de derechos políticos por motivos étnicos queda comprendida en el ámbito del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, o en el marco de la Comisión de Derechos Humanos. Si ese Estado fuese miembro del Consejo de Europa, esa cuestión también podría examinarse en el marco del artículo 14 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales conjuntamente con el Protocolo No. En tales casos la solución consistiría en poner fin a la discriminación y velar por que el gobierno fuera en efecto representativo mediante la facilitación a todos los miembros de ese grupo de su participación en igualdad de derechos en la vida política. Según el Sr. A. Eide, los representantes del grupo de que se trate tienen derecho a exigir y a recibir apoyo en su aspiración de alcanzar la independencia siempre y cuando pudiesen demostrar suficientemente que en un futuro previsible no existe perspectiva alguna de que el gobierno represente a todo el pueblo. Si fuese evidente que la mayoría aplica una política de genocidio respecto de ese grupo, en dicho caso ello se consideraría un argumento de enorme peso en apoyo de la reivindicación de la independencia. Un solo caso de enfrentamiento por razones étnicas entre la mayoría y una minoría no significa aún que existe la intención de aniquilar total y parcialmente ese grupo como tal. Incluso aunque esa intención existiera, igualmente sería necesario demostrar que la mayor responsabilidad por los actos de violencia cometidos contra la minoría recae sobre la mayoría44. El autor del citado proyecto de Convención sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación comparte una posición análoga, al considerar que la renuencia de algunos gobiernos a seguir las recomendaciones de los órganos internacionales, en relación con las denuncias formuladas por grupos nacionales o étnicos de que esos gobiernos no representan los intereses de todos los pueblos que habitan sus territorios y no confieren a su población el derecho a participar en la vida política y social del país, puede ser prueba de su falta de voluntad de conferir a esos grupos nacionales o étnicos el derecho a participar en la vida política y social. Pese a ello, cabe reconocer que dada la ausencia hasta el día de hoy de un marco jurídico internacional definido que permita examinar las denuncias de los grupos nacionales o étnicos, las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos no pasan de ser un medio para influir en los gobiernos, y no un medio para resolver controversias territoriales. No cabe duda que, al examinarse el conflicto de Nagorno-Karabaj y adoptarse decisiones al respecto en las organizaciones internacionales, se han tenido en cuenta ante todo las mencionadas normas jurídicas internacionales sobre el derecho de los pueblos a la libre determinación y los derechos de las personas pertenecientes a minorías, así como la correlación de esos derechos con el principio de integridad territorial de los Estados. La intensificación del conflicto armado en 1993 motivó que el problema se examinara en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aprobó cuatro resoluciones: la 822 (1993), de 30 de abril de 1993; la 853 (1993), de 29 de julio de 1993; la 874 (1993), de 14 de octubre de 1993; y la 884 (1993), de 12 de noviembre de 1993, que pueden calificarse de históricas desde el punto de vista de sus efectos jurídicos. Habida cuenta de que en las resoluciones se ratifica el respeto a la soberanía e integridad territorial de la República de Azerbaiyán dada la aplicación de la fórmula “región de Nagorno-Karabaj de la República de Azerbaiyán”, que también se utiliza sistemáticamente en las resoluciones aprobadas cada año por la Asamblea General en relación con el tema titulado “Cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa”, carece totalmente de sentido toda controversia anterior o posterior sobre la pertenencia de Nagorno-Karabaj y las vanas ilusiones respecto del derecho de su población a la libre determinación mediante la secesión. Puede afirmarse con toda seguridad que teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad ha ratificado en sus resoluciones relativas al conflicto de Nagorno-Karabaj la inviolabilidad de las fronteras internacionales, la inadmisibilidad del uso de la fuerza para la anexión de territorio y la condena de la usurpación de territorios de la República de Azerbaiyán, las acciones de la parte opuesta no pueden sino considerarse una violación de las conocidas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Las resoluciones pertinentes aprobadas en el marco de la CSCE/OSCE constituyen la base jurídico-normativa y el mecanismo del proceso de negociaciones actual para alcanzar un arreglo del conflicto de Nagorno-Karabaj en el marco de las resoluciones mencionadas del Consejo de Seguridad. En la Reunión de Continuidad del Consejo de la CSCE celebrada en Helsinki en 1992, los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de la CSCE expresaron su profunda preocupación por la continua intensificación del conflicto armado en Nagorno-Karabaj y en sus alrededores y pidieron al Presidente en ejercicio del Consejo de Ministros de la CSCE que convocara cuanto antes en Minsk una conferencia sobre Nagorno-Karabaj bajo los auspicios de la CSCE. En la Cumbre celebrada en la capital de Hungría en 1994, la CSCE ratificó su adhesión a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y adoptó una decisión relativa a la intensificación de las medidas adoptadas por la CSCE en relación con el conflicto de Nagorno-Karabaj. Al propio tiempo, los Jefes de Estado y de Gobierno encomendaron al Presidente en ejercicio de la CSCE que nombrara a los copresidentes de la Conferencia de Minsk a fin de establecer un marco de negociación único y convenido, también para garantizar la plena coordinación de todas las actividades de mediación y negociación. Los Jefes de Estado y de Gobierno también declararon estar dispuestos a aportar fuerzas multinacionales a la CSCE para mantener la paz después de que las partes hayan concertado un acuerdo político sobre el cese del conflicto armado. No obstante, lo más significativo desde el punto de vista del debate teórico sobre la aplicabilidad al arreglo del conflicto Nagorno-Karabaj del principio del derecho de los pueblos a la libre determinación mediante la secesión fueron los resultados de la Cumbre de Lisboa de la CSCE celebrada en 1996. Merecen especial atención, como cabría suponer, los anexos 1 y 2 del Documento de Lisboa de 1996, en que figuran la declaración del Presidente en ejercicio de la OSCE y la Declaración de respuesta de la delegación de Armenia. En su declaración el Presidente en ejercicio de la OSCE señaló lo siguiente: “Como todos ustedes saben en los dos últimos años no se ha logrado ningún progreso en la resolución del conflicto de Nagorno-Karabaj ni en la cuestión relativa a la integridad territorial de la República de Azerbaiyán. Lamento que los esfuerzos realizados por los copresidentes de la Conferencia de Minsk para reconciliar las opiniones de las partes sobre los principios para llegar a una solución no se hayan visto coronados por el éxito. Los Copresidentes del Grupo de Minsk recomendaron tres principios que deberían formar parte de la solución del conflicto de Nagorno-Karabaj. Estos principios que contaron con el apoyo de todos los Estados miembros del Grupo de Minsk son los siguientes: • Integridad territorial de la República de Armenia y de la República de Azerbaiyán; • Estatuto jurídico de Nagorno-Karabaj, definido en un acuerdo basado en la libre determinación que confiera a Nagorno-Karabaj el más alto grado de autonomía dentro de Azerbaiyán; • Seguridad garantizada para Nagorno-Karabaj y toda su población, incluyendo obligaciones mutuas de velar por que todas las partes cumplan las disposiciones del Acuerdo. Lamento que un Estado participante no acepte estos principios, que cuentan con el apoyo de todos los Estados participantes. La presente Declaración se incluirá en los documentos de la Cumbre de Lisboa”45. En su declaración de respuesta, tras manifestar su desacuerdo con los principios de un arreglo ya mencionados, la delegación de Armenia expresó su convicción de que “puede hallarse una solución al problema sobre la base del derecho internacional y de los principios establecidos en el Acta Final de Helsinki y, encima de todo, sobre la base del principio de libre determinación de los pueblos”46. Por consiguiente, la parte armenia demostró una vez más que la opinión de la comunidad internacional no coincide con su visión e interpretación particulares de los principios y las normas del derecho internacional. La posición expresada por Armenia en la Cumbre de Lisboa, que impide poner fin a una guerra que dura ya muchos años, no es el único ejemplo de cómo hace caso omiso de la opinión de la mayoría. Así pues, a dos años de la Cumbre de Lisboa, Armenia es el único Estado que no ha firmado la Declaración sobre el respeto de la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras de los Estados miembros de la Comunidad de Estados Independientes. Durante la firma en 1995 por los Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes del Memorando sobre el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la Comunidad de Estados Independientes, Armenia declaró sin efecto en lo que le concernía los párrafos 7 y 8 del citado documento, cuyo texto es como sigue: “7. Los Estados miembros de la Comunidad, de conformidad con la legislación nacional y las normas internacionales, adoptarán medidas en sus territorios encaminadas a reprimir toda manifestación de separatismo, nacionalismo, chauvinismo y fascismo. Contribuirán asimismo a la información objetiva de los procesos sociopolíticos en otros Estados miembros de la Comunidad. Los Estados se comprometen a no prestar apoyo a los movimientos separatistas en el territorio de otros Estados miembros, así como a regímenes separatistas, y, cuando surgiesen, a no establecer con ellos relaciones políticas, económicas o de otro tipo; a no permitir el uso por ellos del territorio y las comunicaciones de los Estados miembros de la Comunidad; y a no prestarles asistencia económica, financiera, militar y de otro tipo.” Una consecuencia del planteamiento sucesivo por Armenia de su interpretación sui géneris del principio del derecho de los pueblos a la libre determinación fue la presentación en el marco de la Comunidad de Estados Independientes de un proyecto de declaración sobre la igualdad de derechos y el derecho de los pueblos a definir su propio destino, preparado, como se deduce de la lectura de su texto, con motivo de un problema concreto —el conflicto de Nagorno-Karabaj. Pese a reconocerse en el preámbulo del proyecto el hecho de que la aplicación consecuente del principio de igualdad de derechos y del derecho de los pueblos a decidir su propio destino permitiría que todos los miembros de la Comunidad ejercieran la libre determinación y establecieran “Estados soberanos independientes”, en la parte dispositiva los patrocinadores, desmintiéndose en esencia a sí mismos, incluyeron una disposición sobre el derecho de cada pueblo a ejercer su libre determinación, incluso mediante su secesión y constitución de un Estado independiente o su secesión a fin de anexarse a otro Estado, y la obligación de los Estados de adoptar medidas efectivas para eliminar y reprimir todo acto de violencia encaminado a retener a un pueblo dentro de las fronteras de dicho Estado. Según uno de los artículos del proyecto de declaración, que habla por sí solo, el mantenimiento de un pueblo por la fuerza como parte de un Estado, en contra de su voluntad expresa —ya sea en la prensa, en asambleas del pueblo o en referéndums—, constituye una flagrante violación de los propósitos y principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Pese a las enmiendas sustantivas del texto introducidas por los patrocinadores, el proyecto de declaración fue rechazado por unanimidad en las dos reuniones de expertos de los países de la Comunidad de Estados Independientes celebradas en Minsk para examinar las propuestas de Armenia. El tema del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán fue objeto de examen asimismo en el Consejo de Europa. En 1997 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó la resolución 1119 (1997) relativa a los conflictos en el Transcáucaso, en la que declaró que el arreglo político del conflicto de Nagorno-Karabaj debe ser objeto de negociaciones entre las partes, teniendo en cuenta, en particular, los principios de inviolabilidad de las fronteras y la concesión de una amplia autonomía. Por consiguiente, aun cuando se estuviera de acuerdo con la opinión antes mencionada de que los representantes de un grupo en particular tienen derecho a exigir y a recibir apoyo en su aspiración de lograr la independencia, siempre que puedan demostrar suficientemente que en un futuro previsible no hay perspectiva alguna de que el gobierno represente a todo el pueblo, en dicho caso, como demuestran los resultados del examen del conflicto de Nagorno-Karabaj en las organizaciones internacionales, la parte armenia no ha logrado convencer a la comunidad internacional de la justeza de sus reivindicaciones ni mostrar con hechos que la mayor responsabilidad por los actos de violencia recae sobre la parte opuesta. Claro está, es completamente natural que surja la interrogante de cómo en última instancia podrá resolverse el conflicto. Para responder a esa pregunta es necesario reconocer ante todo que “El Estado debe ser el hogar común en condiciones de igualdad de todos los grupos de la población que residen en un país, conservándose las identidades separadas de los grupos que lo deseen en condiciones que hagan posible desarrollar esas identidades. Ni las mayorías ni las minorías deben tener derecho a afirmar su identidad de modo que nieguen la posibilidad a otros de hacer lo mismo o que provoquen una discriminación contra otros en el hogar común”47. Por consiguiente, el arreglo del conflicto deberá basarse ante todo en el restablecimiento y el respeto estricto de la integridad territorial de Azerbaiyán y en la conservación y aliento de la identidad de la minoría armenia que habita su territorio. Actualmente existen diversas opiniones en cuanto a si los grupos tienen derecho a gozar de algún tipo de autonomía en el país sobre la base del derecho de libre determinación. En este caso, debe tenerse en cuenta que, como ya se ha señalado, los derechos de las personas pertenecientes a minorías son derechos individuales, mientras que el derecho de los pueblos a la libre determinación es un derecho colectivo. En vista de ello, en el derecho internacional no existen determinadas disposiciones vinculantes que confieran a las personas pertenecientes a minorías el derecho de libre determinación o la autonomía. A ese respecto, reviste interés el debate en curso en relación con el proyecto recomendado por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de Protocolo Adicional del Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales relativo a las personas pertenecientes a minorías (recomendación 1201 (1993)). En el artículo 11 del proyecto figura una disposición según la cual en las regiones donde las personas pertenecientes a una minoría nacional constituyan la mayoría, ellas tendrán derecho a contar con órganos de gobierno locales y autónomos propios o a gozar de un estatuto especial en vista de su situación histórica y territorial concreta y de conformidad con la legislación nacional del país. Habida cuenta de las considerables disparidades de criterio en relación con el contenido del artículo 11 del proyecto se simplificó la opinión de la Comisión europea para la democracia mediante el derecho (Comisión de Venecia), que en sus observaciones subrayó, en particular, que el derecho internacional no impondrá en principio a los Estados una solución territorial a un problema de minorías, mientras que a los Estados no se exigirá en principio que se confiera a las minorías alguna modalidad de descentralización48. Pese a ello, no cabe duda que algunas formas de división territorial podrían ser en algunos casos un medio práctico de garantizar la existencia e identidad de un grupo nacional o étnico. Partiendo de ese criterio, la parte azerbaiyana ha expresado en reiteradas ocasiones al más alto nivel su disposición a conceder a Nagorno-Karabaj el más alto grado de autonomía dentro de Azerbaiyán, lo que a su vez, como se indicó anteriormente, se señaló en la declaración del Presidente en ejercicio de la OSCE en la Cumbre de Lisboa de esa organización. En la práctica internacional existen suficientes ejemplos de acuerdos de división territorial que podrían utilizarse para formular la parte sustancial del estatuto autónomo de Nagorno-Karabaj. Naturalmente, difícilmente podrá copiarse literalmente alguno de los modelos existentes en el mundo aplicables al caso de que se trata. No obstante, como cabe suponer, en caso de que se logre un acuerdo respecto del problema principal —el estatuto del territorio en pugna—, en la búsqueda de vías mutuamente aceptables para volver a vivir en paz no se tropezará con graves obstáculos. Es evidente que todo intento por imponer algún tipo de solución incompatible con el principio de integridad territorial de Azerbaiyán sólo contribuirá a dilatar aún más el arreglo del conflicto y, en consecuencia, retrasará por un período de tiempo indefinido el logro del bienestar socioeconómico de los pueblos de la región. Al presentar el resultado general de la investigación de una de las situaciones de conflicto imperantes en el mundo, se llega a la conclusión plenamente natural de que la solución de los problemas de las minorías ni puede ni debe consistir en el establecimiento para cada grupo étnico de su propio Estado o semi Estado “depurado”. Un criterio importante para prevenir esa amenaza ha de ser la consolidación de los Estados, no su desmembración, a la par con la intensificación de la influencia de las instituciones internacionales en la protección y promoción de los derechos humanos en todo el mundo. Notas 1 Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/92/Add.2. Informe de Armenia presentado de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pág. 2 Historia del establecimiento de la región autónoma de Nagorno-Karabaj de la RSS de Azerbaiyán. Documentos y material. Tomado de las actas de la sesión del pleno del Buró del Cáucaso del Comité Central del Partido Comunista de Rusia (Bolchevique) (en ruso únicamente). Bakú, 1989, pág. 3 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/1999/79/Add.1. Informe del Sr. F. Deng, Representante del Secretario General de las Naciones Unidas para los Desplazados Internos, titulado “Pautas de los desplazamientos: Azerbaiyán”, pág. 4 Constitución de la URSS, capítulo 11, “Oblast autónoma y Okruq autónomo”, art. 86 (en ruso únicamente). Moscú, 1977, pág. 5 Ibíd., art. 87, pág. 6 Documento de las Naciones Unidas CERD/C/350/Add.1. Informe de Azerbaiyán presentado de conformidad con el artículo 9 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, pág. 7 Ibíd., pág. 8 Ibíd. 9 Ibíd. 10 Ibíd. 11 Ibíd. 12 Ibíd. 13 Constitución de la URSS, cap. 9, “República socialista Soviética Federada”, art. Edición indicada supra (en ruso únicamente), pág. 14 “Ley de la RSS de Azerbaiyán sobre la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj”, cap. 2, “Soviet de diputados del pueblo de la región autónoma de Nagorno-Karabaj”, (en ruso únicamente), art. 42, Bakú 1987, págs. 38 y 39. 15 Documento de las Naciones Unidas CCPR/92/Add.2. Informe de Armenia presentado de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pág. 16 Mullerson, R., Self-determination. Right to secession or entitlement to democracy? - Londres y Nueva York, 1994, pág. 17 Recopilación de instrumentos internacionales de derechos humanos. Tratados universales. Tomo I (primera parte). Naciones Unidas, 1994, pág. 18 Ibíd., pág. 19 Ibíd., págs. 8 y 19. 20 Resoluciones aprobadas por la Asamblea General en su vigésimo quinto período de sesiones, Suplemento No. 28 (A/8028), pág. 21 Reshetov, Yu. A., Derecho de libre determinación y secesión. Revista de derecho internacional de Moscú (en ruso únicamente), Moscú, 1994, No. 1, pág. 22 Ibíd., págs. 9 y 10. 23 Ibíd., pág. 24 Documento de las Naciones Unidas A/CONF.157/23. Declaración y Programa de Acción de Viena, pág. 25 Seminario de UniDem sobre gobierno autónomo local, integridad territorial y protección de las minorías (en inglés únicamente). Lausanne, 25 a 27 de abril de 1996. Consejo de Europa, 1996, pág. 26 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1993/34 (en árabe, chino, francés, inglés y ruso únicamente), págs. 17 y 18. 27 Mullerson, R. Op. cit., pág. 28 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1992/37, pág. 29 Ibíd., pág. 30 Ibíd., págs. 35 y 37. 31 Ibíd., pág. 32 Ibíd., pág. 33 Recopilación de instrumentos internacionales de derechos humanos. Tratados universales. Tomo I (primera parte). Naciones Unidas, 1994, pág. 34 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/C.5/2000/WP.1, pág.3. 35 Ibíd., pág. 36 Documento de las Naciones Unidas CCPR/C/21/Rev.1/Add.5, pág. 37 Programa de paz. En documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1993/34 (en árabe, chino, francés, inglés y ruso únicamente), pág. 38 Documento del Consejo de Europa No. H (95) 10, pág. 39 Ibíd., pág. 40 Documento de las Naciones Unidas A/51/18. Informe del Comité para la eliminación de la discriminación racial, pág. 41 Ibíd. 42 Ibíd., pág. 43 En: Nii Lante Wallace-Bruce. Claims to statehood in international law (en inglés únicamente). Y., 1992, pág. 44 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1993/34 (en árabe, chino, francés, inglés y ruso únicamente), pág. 45 Documento de la OSCE S/1/96, pág. 46 Ibíd. 47 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1993/34/Add.4, pág.