Der Beschwerdeführer betrachtet die Äußerungen der Anwohner als Rassendiskriminierung nach Artikel 1 Absatz 1 des Übereinkommens und nach Artikel 135 Buchstaben c, d und e des niederländischen Strafgesetzbuches.
El Estado Parte rechaza asimismo la afirmación de que el fiscal no motivó debidamente la decisión de no iniciar actuaciones penales y que la entrevista concedida por la funcionaria de prensa de la oficina del fiscal a un periódico de Utrecht el 6 de diciembre de 1989 fue incompleta y equívoca.