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Un análisis más detenido pone en evidencia la debilidad de esta argumentación : la WRC no tenía la capacidad de plantear una petición de decisión prejudicial sobre la cuestión de fondo relativa a si un instrumento legislativo infringe la Directiva 2000 / 78 , en primer lugar , porque no es competente para entender de esa categoría de asuntos .
En cambio , la High Court ( Tribunal Superior ) , el tribunal competente para conocer del asunto , sí podría haber planteado el procedimiento prejudicial en relación con la compatibilidad del límite de edad . 83 .
En la vista fue objeto de un intenso debate una alegación derivada de lo que se acaba de exponer .
Según sostuvo , en concreto , la WRC , en caso de que el Tribunal de Justicia estimase que la regla de competencia no es contraria al Derecho de la Unión , se pondría en peligro la eficacia del procedimiento prejudicial del artículo 267 TFUE .
La regla controvertida podría impedir que la WRC garantizase la plena eficacia de una sentencia dictada por el órgano judicial que hubiese declarado una disposición del Derecho nacional irlandés contraria a la Directiva 2000 / 78 . 84 .
Debo señalar , en ese sentido , que dicha alegación presupone que el asunto se incluye en el ámbito de la competencia de la WRC .
Sin embargo , ninguna de las partes ha conseguido ofrecer un ejemplo concreto de una situación en la que concurran ambos elementos : por una parte , que el asunto estuviese incluido en el ámbito de la competencia de la WRC por no versar sobre un recurso que entrañase la inaplicación del Derecho nacional y , por otra , una resolución del Tribunal de Justicia , a raíz de una petición de decisión prejudicial de la WRC , que declare que una disposición del Derecho nacional es incompatible con la Directiva 2000 / 78 . 85 .
Las dificultades afrontadas por las partes a la hora de dar con un ejemplo concreto de situación en la que la regla de competencia pondría en riesgo la eficacia del procedimiento prejudicial del artículo 267 TFUE podría tener una sencilla explicación : tal situación solo se puede dar si bien se considera que la WRC goza de dicha competencia , o bien esta se extralimita en sus competencias y entra a conocer del recurso . c ) Conclusión provisional 86 .
Es posible que concurran buenas razones que justifiquen el reparto de competencias en un ámbito específico del Derecho entre distintos órganos ( jurisdiccionales ) . 87 .
Cada vez es más frecuente que la resolución de los conflictos de la vida cotidiana , como los litigios en materia de consumo o los conflictos laborales , se « externalicen » desde los tribunales a órganos especializados a los que se confieren facultades ( limitadas ) de mediación o de resolución rápida . ( 26 ) También es habitual que , como es el caso de los funcionarios con facultades jurisdiccionales de la WRC , las personas a las que se encomienda la resolución de los litigios en estos organismos carezcan de formación jurídica .
Probablemente estos organismos estén en una mejor posición que los tribunales para ofrecer soluciones con menor coste y de forma más rápida y eficaz a los conflictos de esta naturaleza . 88 .
Sin embargo , los citados organismos no pueden resolver mejor todos los litigios , en particular aquellos que planteen importantes cuestiones de principio que impliquen consecuencias jurídicas más amplias . 89 .
Es jurisprudencia reiterada que , ante la inexistencia de normativa de la Unión en una materia , corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los tribunales competentes ( o , en su caso , los organismos administrativos ) y configurar la regulación procesal de los recursos destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables . ( 27 ) No obstante , los Estados miembros deberán garantizar , en cada caso , una protección efectiva de estos derechos . ( 28 ) Dicho de otro modo , podrán establecerse reglas de reparto de la competencia entre distintos organismos a condición de que se protegiesen de forma adecuada los derechos afectados . 90 .
Es dentro de los límites de sus competencias respectivas donde tales organismos han de dar pleno efecto al Derecho de la Unión al abstenerse , en su caso , de aplicar el Derecho nacional contrario al Derecho de la Unión .
En otras palabras , no cabe la posibilidad que , en virtud del principio de primacía del Derecho de la UE , un organismo haga caso omiso de unas reglas de reparto que delimitan su competencia de fondo en un ámbito concreto tal como lo defina la legislación nacional . 91 .
Por tanto , llego a la conclusión de que una regla como la controvertida en el litigio principal , que reparte la competencia en determinados asuntos entre un organismo establecido por ley y un tribunal , basado en el recurso planteado , no vulnera el principio de primacía del Derecho de la UE y se incluyen en el ámbito de la autonomía procesal de los Estados miembros . 92 .
La cuestión estaría resuelta si el Tribunal de Justicia observase estrictamente el tenor de la cuestión prejudicial .
Esto se debe a que , tal como deja claro esta cuestión , el tribunal remitente ya ha hecho sus apreciaciones respecto a la compatibilidad de la regla de reparto de competencia con los requisitos de los principios de equivalencia y efectividad ; de hecho , el fundamento de la cuestión prejudicial planteada es la constatación de que la regla de competencia de que se trata no vulnera dichos principios . ( 29 ) 93 .
Bien es cierto que , en última instancia , corresponde al tribunal nacional determinar si la norma procesal nacional impugnada se adecua a los principios de equivalencia y de efectividad .
No obstante , dada la importancia que han dado a estos principios las partes , tanto en sus observaciones escritas como en las orales , considero necesario abordar las principales alegaciones formuladas por las partes en relación con las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente , en concreto , en lo que atañe al principio de efectividad . 2 .
Reparto de competencias entre la WRC y la High Court ( Tribunal Superior ) : respeto de los principios de equivalencia y efectividad 94 .
Según resulta de la abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este ámbito , la regulación procesal de las acciones destinadas a garantizar la tutela de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables no debe ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de Derecho interno ( principio de equivalencia ) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión ( principio de efectividad ) . ( 30 ) a ) Equivalencia : búsqueda del elemento de comparación adecuado 95 .
En su sentencia de 15 de junio de 2017 , el tribunal remitente consideró que la regla de reparto de competencias satisfacía las exigencias del principio de equivalencia , ya que se aplicaría un mismo régimen con independencia de si la norma legal sobre cuya base se presenta recurso se deriva del Derecho nacional o del Derecho de la Unión .
Dicho de otro modo , la regla sobre competencia controvertida se aplicaría también , y atribuiría la competencia a la High Court ( Tribunal Superior ) , en el marco de un recurso que se fundamentase únicamente en el Derecho nacional . ( 31 ) 96 .
Me parece un análisis irrefutable . 97 .
En concreto , la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que la norma nacional de que se trate se aplique indistintamente a los recursos basados en derechos que el Derecho de la Unión confiere al justiciable y a los que se fundamentan en el incumplimiento del Derecho interno y que tengan un objeto y una causa similares . ( 32 ) En otras palabras , la evaluación de los requisitos de equivalencia es un proceso que comprende dos fases .
En primer lugar , es preciso identificar el elemento de comparación adecuado .
En segundo lugar , debe examinarse si la acción basada en el Derecho de la Unión recibe un tratamiento menos favorable que las medidas comparables basadas en el Derecho nacional . 98 .
La primera y tercera coadyuvantes han aducido a este respecto que el tribunal remitente no ha elegido el elemento de comparación más apropiado .
Alegan que existe un elemento más adecuado , los recursos en materia de discriminación que se fundamenten en motivos no incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2000 / 78 o que no entrañen la inaplicación del Derecho nacional . 99 .
A este respecto cabe recordar , en primer lugar , que corresponde únicamente al tribunal remitente , que conoce de primera mano las normas procesales pertinentes , apreciar la similitud de estos recursos desde el punto de vista de su objeto , su causa y sus elementos esenciales . ( 33 ) Por consiguiente , a mi juicio , el Tribunal de Justicia podrá cuestionar las conclusiones del órgano jurisdiccional remitente en relación con el principio de equivalencia únicamente con carácter excepcional , en el caso de que dicha evaluación resulte ser manifiestamente errónea . 100 .
En el presente asunto no se precisaría una medida tan drástica .
Por el contrario , en mi opinión , el tribunal remitente ha elegido el único elemento de comparación razonable . 101 .
Como ya ha reiterado el Tribunal de Justicia , este principio no puede interpretarse en el sentido de obligar a un Estado miembro a extender su régimen interno más favorable a todos los recursos interpuestos en un ámbito determinado del Derecho . ( 34 ) 102 .
De las observaciones escritas de la primera y la tercera coadyuvantes cabe entender que todos los recursos relativos a igualdad en el empleo deben considerarse comparables entre sí , básicamente porque el procedimiento ante la WRC resulta menos costoso y no acarrea riesgos económicos . 103 .
De seguirse este planteamiento , en la práctica se privaría de toda finalidad al examen de equivalencia .
Supondría comparar lo incomparable .
Como pone de manifiesto el presente asunto , no todos los asuntos que atañen a un área particular del Derecho son comparables : los recursos en materia de discriminación en el empleo pueden diferir en cuanto a objeto , causa y elementos esenciales en función del origen de la discriminación : procederá exigir reparación ante la WRC cuando la discriminación tenga su causa en una práctica laboral ( normalmente , una decisión adoptada por el empleador ) . ( 35 ) Por el contrario , una acción en la que se impugna la validez de la legislación o que exija la inaplicación de la legislación versará fundamentalmente sobre la legalidad de un instrumento legislativo con fuerza de ley .
A mi juicio , no debe soslayarse esta crucial diferencia .
Las diferencias entre las normas procesales que resultan de aplicación a las acciones que se plantean a la Comisión , por una parte , y a la High Court ( Tribunal Superior ) , por otra , se deben , precisamente , a la diferencia intrínseca entre el tipo de acción sobre los que son competentes uno y otro órgano . ( 36 ) 104 .
Dicho de otro modo , el elemento de comparación que resulta más apropiado en este caso es , tal y como ha establecido el órgano jurisdiccional remitente , el recurso interpuesto ante la High Court ( Tribunal Superior ) con fundamento exclusivamente en el Derecho nacional . b ) Efectividad : la necesidad de interponer varios recursos para hacer valer los derechos derivados de la legislación de la UE 105 .
Según reiterada jurisprudencia , el examen de la eficacia deberá tener en cuenta la función de la disposición en el procedimiento , su desarrollo y sus peculiaridades , considerados en su conjunto , ante las diversas instancias nacionales . ( 37 ) 106 .
En su sentencia de 15 de junio de 2017 , el tribunal remitente analizó , en particular , la facultad de la High Court ( Tribunal Superior ) de recabar pruebas , el régimen de costas , el carácter contradictorio del procedimiento ante dicho tribunal y la facultad de este de conceder la medida de tutela solicitada para proteger los derechos garantizados por el Derecho de la Unión .
Una vez examinadas dichas características del procedimiento ante la High Court , el tribunal remitente llegó a la conclusión de que la regla de competencia cumplía los principios de equivalencia y efectividad . ( 38 ) 107 .
Sin embargo , el tribunal remitente no examinó expresamente los inconvenientes procesales que podría acarrear la necesidad de dividir un recurso entre dos órganos , cuestión que abordó el Tribunal de Justicia en la sentencia Impact . ( 39 ) Dicha sentencia fue objeto de un extenso debate durante la vista , de modo que estimo conveniente exponer ciertas observaciones en relación con esta cuestión . 108 .
En la sentencia Impact se examinaba una norma procesal que obligaba a las partes demandantes a interponer múltiples acciones a fin de hacer valer los derechos previstos en la Directiva 1999 / 70 / CE . ( 40 ) Concretamente , el Derecho irlandés disponía que las demandas relativas a contratos de duración determinada basadas en la Ley mediante la que se adaptaba el Derecho interno a esta Directiva podían someterse los Rights Commissioners ( un tribunal especializado ) , en tanto que las demandas que se fundamentaban directamente en la Directiva ( es decir , las suscitadas después de expirar el plazo de transposición pero antes de que Irlanda hubiese cumplido sus obligaciones ) se interponían ante la High Court ( Tribunal Superior ) . 109 .
En su sentencia , el Tribunal de Justicia declaró , con carácter preliminar , que una demanda basada en la infracción de la norma de transposición de la Directiva y una demanda basada directamente en la Directiva deben ser consideradas un único recurso . ( 41 ) Con independencia de estas diferencias formales , relativas a la base legal , ambos demandantes reclamaban , en otras palabras , la protección de los mismos derechos dimanados del Derecho de la Unión . ( 42 ) 110 .
A continuación , el Tribunal de Justicia estimó que , en circunstancias en las que el legislador nacional ha decidido conferir a tribunales especializados la competencia ( aunque opcional ) para conocer de las demandas basadas en la Ley mediante la que se adapta el Derecho interno a la Directiva 1999 / 70 , sería contrario al principio de efectividad imponer a los demandantes la obligación de someter paralelamente ante un tribunal ordinario una demanda distinta para hacer valer los derechos que podrían deducir directamente de la propia Directiva ; más aún , si de dicha obligación , según el órgano jurisdiccional , se derivaran para los particulares inconvenientes procesales por lo que se refiere , en particular , a los costes , duración y normas de representación , que hagan excesivamente difícil el ejercicio de los derechos derivados de dicha Directiva . ( 43 ) 111 .
Esa sentencia del Tribunal de Justicia confirma en lo esencial y desarrolla una asentada jurisprudencia en materia de la aplicación del principio de efectividad .
El Tribunal de Justicia cuestionó que supusiera un inconveniente procesal tener que someter paralelamente ante distintos órganos demandas distintas en una situación en la que el legislador había conferido a un tribunal especializado la competencia para examinar demandas basadas en la legislación nacional por la que se transponía la Directiva , pero en la que dicho órgano no podía al mismo tiempo conocer de una demanda basada en la Directiva . 112 .
Es muy conveniente examinar la declaración del Tribunal de Justicia en su contexto adecuado .
La declaración sobre los inconvenientes procesales se hizo en el contexto específico de la obligación de interponer varias acciones para hacer valer , básicamente , los derechos que se derivaban del Derecho de la Unión ( aunque en relación con períodos diferentes ) .
Teniendo presente ese aspecto particular de la sentencia Impact , a mi juicio resultaría incorrecto considerar lo declarado por el Tribunal de Justicia respecto al principio de efectividad en el sentido de que se opone , en general , a toda regla de competencia que , en un determinado ámbito del Derecho , reparta las competencias entre diferentes instancias donde las normas procesales no resulten igualmente favorables para los demandantes . 113 .
En efecto , no hay olvidar que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que las normas procesales nacionales no hagan el ejercicio de los derechos derivados del Derecho de la Unión excesivamente complicado .
No exige que todos los asuntos comprendidos en un ámbito concreto del Derecho se traten igual , por parte de un órgano judicial u organismo administrativo , conforme a las normas procesales que resulten más favorables para el demandante . ( 44 ) 114 .
A diferencia de las circunstancias que concurrían en el fondo del asunto Impact , en el presente caso el legislador irlandés no ha conferido a la WRC la competencia ( opcional ) para conocer de los asuntos incluidos en el ámbito de la competencia de la High Court , sino que el reparto de competencias entre la Comisión y la High Court está nítidamente diferenciado . 115 .
Cabe observar de la resolución de remisión que el litigio pendiente ante el tribunal remitente se refiere a un recurso interpuesto en relación con la discriminación inherente al límite de edad , que es un acto de legislación derivada .
No se ha interpuesto ningún recurso que se incluya en el ámbito de la competencia de la WRC ante el tribunal remitente .
Siendo así , entiendo que el reparto de competencias entre la WRC y la High Court no debe ser objeto de crítica : no existe otra vía procesal a disposición de los demandantes más que la High Court .
A mi juicio , en todo caso , el reparto de competencias garantiza la eficaz resolución de aquellos asuntos que requieran la inaplicación del Derecho nacional , teniendo en cuenta que , en tal caso , los denunciantes no están obligados a acudir previamente a la WRC . 116 .
No cabe duda de que la inexistencia de una vía alternativa a disposición de los demandantes que se consideren perjudicados por un instrumento legislativo explica el motivo por el que el órgano jurisdiccional remitente no ha examinado la regla de competencia a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Impact . 117 .
No obstante , me resulta verosímil una situación en la que un denunciante inicie un procedimiento alegando haber sido objeto de discriminación ( contraria a la Directiva 2000 / 78 ) no solo en virtud de un acto legislativo , sino también a raíz de las prácticas de un empleador .
Si , ante una situación de esta naturaleza , la WRC sigue siendo competente para conocer de determinada parte de un recurso administrativo de este tipo , en mi opinión procede aplicar íntegramente la declaración del Tribunal de Justicia en la sentencia Impact .
Si , por el contrario , es la competencia de la High Court la que prevalece sobre la de la WRC , y ello conlleva que esta última carezca de competencia ( y que sea la High Court la que goza de la competencia exclusiva para conocer de la totalidad del recurso administrativo ) , la declaración del Tribunal de Justicia no sería pertinente en este caso . 118 .
No obstante , esta apreciación no le corresponde al Tribunal de Justicia : determinar la interpretación correcta de las disposiciones nacionales pertinentes en lo que atañe al reparto de competencias entre la WRC y la High Court en ese contexto corresponde al órgano jurisdiccional remitente . 119 .
En consecuencia , llego a la conclusión de que el Derecho de la Unión no se opone a una regla como la controvertida en el litigio principal , de reparto de competencia en determinados asuntos entre un organismo establecido por ley y un tribunal ( establecido en virtud de la Constitución ) , basado en la naturaleza del recurso planteado , siempre y cuando no se derive una competencia alternativa dentro del mismo recurso .
Conclusión 120 .
Por todas las anteriores consideraciones propongo al Tribunal de Justicia responder de la siguiente forma a la cuestión planteada por la Supreme Court ( Tribunal Supremo , Irlanda ) : « El Derecho de la Unión no se opone a una regla como la controvertida en el litigio principal , de reparto de competencia determinados asuntos en materia de igualdad en el empleo entre un organismo establecido por ley y un tribunal basado en la naturaleza del recurso planteado , siempre y cuando no se derive una competencia alternativa dentro del mismo recurso . » 1 Lengua original : inglés . 2 Directiva del Consejo , de 27 de noviembre de 2000 , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación ( DO 2000 , L 303 , p . 16 ) . 3 Sentencia de 9 de marzo de 1978 , Simmenthal ( 106 / 77 , EU : 4 En el asunto pendiente ante el tribunal remitente , la legislación pertinente la constituyen las Employment Equality Acts ( Leyes de igualdad en el empleo ) dictadas entre 1998 y 2004 y , en la medida en que resulten relevantes , sus posteriores modificaciones . 5 A consecuencia de la modificación legislativa de la Workplace Relations Act , 2015 ( Ley de 2015 de Relaciones Laborales ) , las funciones del Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) pertinentes en el caso de autos se han transferido actualmente a la WRC . 6 Garda Síochána ( Admissions and Appointments ) ( Amendment ) Regulations , 2014 [ Reglamento sobre la Garda Síochána de 1998 ( Admisiones y Nombramientos ) ( versión modificada ) ] ( S.I . n.o 749 de 2004 ) . 7 De hecho , además de la resolución de remisión de 15 de junio de 2017 , el tribunal remitente dictó también otra sentencia distinta en esa misma fecha [ Minister for Justice , Equality and Law Reform and Others / The Workplace Relations Commission ( 2017 ) IESC 43 ] , en la que abordó la cuestión de la competencia de la WRC desde la perspectiva del Derecho nacional .
En dicha sentencia , el tribunal remitente se ocupó también de ciertas cuestiones relativas al Derecho de la Unión .
Examinó , en concreto , si el reparto de competencias entre la WRC y la High Court respetaba los principios de equivalencia y de efectividad . 8 Véase , en particular , la sentencia de 6 de septiembre de 2016 , Petruhhin ( C ‑ 182 / 15 , EU : C : 2016 : 630 ) , apartado 20 y jurisprudencia citada . 9 La discriminación por razón de sexo es la excepción a esta norma : en los casos relativos a este tipo de discriminación , la parte demandante puede optar por acudir directamente al Circuit Court ( Tribunal Regional ) . 10 Véase https : / / www.workplacerelations.ie / en / Complaints_Disputes / Adjudication / ( visitado el 5 de julio de 2018 ) . 11 Sentencia de 15 de junio de 2017 , apartados 5.3 . y 5.6 . 12 Véase , en particular , la sentencia de 22 de octubre de 1998 , IN .
GE . ’ 90 y otros ( C ‑ 10 / 97 a C ‑ 22 / 97 , EU : C : 1998 : 498 ) , apartado 21 .
Véanse también las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en ese mismo asunto ( EU : C : 1998 : 228 ) , puntos 16 a 44 . 13 Sentencia de 9 de marzo de 1978 , Simmenthal ( 106 / 77 , EU : 14 Sentencia de 5 de febrero de 1963 , van Gend & Loos ( 26 / 62 , EU : 15 Sentencia de 9 de marzo de 1978 , Simmenthal ( 106 / 77 , EU : C : 1978 : 49 ) , apartados 21 a 24 . 16 El Tribunal de Justicia ha reafirmado esta jurisprudencia en multitud de sentencias posteriores .
Véanse , entre otras muchas , las sentencias de 19 de junio de 1990 , Factortame y otros ( C ‑ 213 / 89 , EU : C : 1990 : 257 ) , apartados 20 y 21 ; de 4 de junio de 1992 , Debus ( C ‑ 13 / 91 y C ‑ 113 / 91 , EU : C : 1992 : 247 ) , apartado 32 ; de 2 de agosto de 1993 , Levy ( C ‑ 158 / 91 , EU : C : 1993 : 332 ) , apartado 9 ; y de 5 de marzo de 1998 , Solred ( C ‑ 347 / 96 , EU : C : 1998 : 87 ) , apartado 30 . 17 Sentencia de 22 de junio de 1989 , Costanzo ( 103 / 88 , EU : 18 Ibid . , apartados 31 a 33 . 19 Sentencia de 9 de septiembre de 2003 , CIF ( C ‑ 198 / 01 , EU : 20 Ibid . , apartado 49 . 21 Ibid . , apartado 50 . 22 Sentencias de 9 de marzo de 1978 , Simmenthal ( 106 / 77 , EU : C : 1978 : 49 ) , apartado 21 , y de 19 de junio de 1990 , Factortame y otros ( C ‑ 213 / 89 , EU : C : 1990 : 257 ) , apartado 20 .