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El tribunal remitente declaró asimismo que tampoco cabía la posibilidad de inferir tal facultad de manera implícita . 38 .
Por consiguiente , el tribunal remitente estimó que , a la luz de las normas constitucionales del ordenamiento jurídico irlandés , todo asunto que pueda exigir la inaplicación de la legislación nacional , por lo general , está excluido del ámbito de competencias de la WRC .
En tal caso , el demandante debe interponer su recurso ante la High Court ( Tribunal Superior ) , que es el órgano competente , y no ante la WRC . 39 .
El reparto de competencias entre la WRC y la High Court ( Tribunal Superior ) se fundamenta en la posible medida de tutela judicial efectiva que se requeriría para poner fin a la discriminación que se denuncia .
Concretamente , la WRC carece de competencia para conocer de los recursos en los que el asunto implique ( en caso de prosperar ) la necesidad de inaplicar una disposición del Derecho nacional primario o derivado . 40 .
La competencia exclusiva para conocer de dichos asuntos corresponde a la High Court ( Tribunal Superior ) .
Por consiguiente , aquellos demandantes , como las coadyuvantes , que se consideren perjudicados por un instrumento legislativo ( o cuyo recurso exija la inaplicación del Derecho nacional ) deben iniciar un « procedimiento de recurso contencioso » ante la High Court ( Tribunal Superior ) al objeto de obtener reparación mediante la inaplicación de una disposición de Derecho nacional que se considere contraria a una norma de rango superior ( en este caso , la Directiva 2000 / 78 ) . 41 .
Pero ¿ es compatible con el Derecho de la Unión el reparto de competencias entre la WRC y la High Court ( Tribunal Superior ) ?
Esta cuestión , sometida al Tribunal de Justicia en un procedimiento prejudicial , atañe sin duda a la cuestión de los límites de la autonomía procesal de los Estados miembros .
Requiere antes de nada examinar el principio constitucional de la primacía del Derecho de la Unión y , como parte esencial de este , de la obligación de todos los órganos del Estado miembro de garantizar , en el marco de sus respectivas competencias , la plena efectividad del Derecho de la Unión . 43 .
Antes de abordar estas cuestiones es preciso señalar , con carácter preliminar , que la cuestión prejudicial planteada no solicita de manera explícita al Tribunal de Justicia que interprete el principio de autonomía procesal y sus corolarios , los principios de equivalencia y de efectividad .
Por el contrario , el tribunal remitente señala que ya ha determinado , a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , que la regla de competencia es conforme con dichos principios .
Por lo tanto , lo que la Supreme Court ( Tribunal Supremo ) irlandesa solicita al Tribunal de Justicia es , esencialmente , que aclare si , pese a cumplirse dichos principios , la regla de competencia es contraria al Derecho de la Unión . 44 .
Teniendo en cuenta el reparto de funciones entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales , previsto en el procedimiento de decisión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE , es desde esta perspectiva desde la que , en mi opinión , debe examinarse ( primordialmente ) la cuestión prejudicial planteada . 1 .
La interacción entre el principio de primacía y la autonomía procesal de los Estados miembros 45 .
Sin duda , se ha de admitir que la distinción entre el acto de descartar la aplicación de una norma y el de dejarla sin efecto es , en ocasiones , puramente teórica .
Es asimismo cierto que , desde la perspectiva de un determinado ordenamiento jurídico nacional , no existe una distinción real entre una y otra opción . ( 11 ) No obstante , conforme al Derecho de la Unión , sí es importante la distinción entre la obligación de dejar sin aplicar una norma de Derecho nacional ( por ser contraria al Derecho de la Unión ) en un asunto específico y la de anularla , de manera que dicha norma deje de tener validez a todos los efectos ( ex tunc o ex nunc ) . 46 .
La línea jurisprudencial derivada de la sentencia Simmenthal , por la que se establece el principio constitucional de primacía y se subraya el papel de los órganos jurisdiccionales y las autoridades administrativas en la garantía de la plena eficacia del Derecho de la Unión , se sustenta en esta distinción . ( 12 ) Es una distinción fundamentada en la estructura descentralizada del sistema jurídico de la Unión , que deja a cada Estado miembro la labor de definir posibles vías para obtener reparación ante la vulneración de los derechos que se dimanan del Derecho de la Unión y , lo que es más importante , la decisión de a qué instituciones se confiere la facultad de anular la legislación ( o privarla de eficacia ) . a ) La necesidad de garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión : la obligación de todos a órganos del Estado de inaplicar las disposiciones legislativas nacionales contrarias al Derecho de la Unión 47 .
La línea jurisprudencial derivada de la sentencia dictada por el Tribunal en el asunto Simmenthal ( 13 ) se refiere a la inaplicación de legislación o , más concretamente , a la obligación de todos los órganos del Estado de no aplicar las disposiciones legislativas nacionales contrarias al Derecho de la Unión , consecuencia lógica de la doctrina constitucional del efecto directo que consagra la sentencia van Gend en Loos . ( 14 ) Además de sentar las bases de una red de tribunales de la Unión Europea , el Tribunal de Justicia , como es sabido , declaró lo siguiente en la sentencia Simmenthal : « 21 . [ … ] los Jueces nacionales que conocen de un asunto en el marco de su competencia están obligados a aplicar íntegramente el Derecho comunitario y a proteger los derechos que éste confiere a los particulares dejando sin aplicación toda disposición de la ley nacional eventualmente contraria a aquél , ya sea anterior o posterior a la norma comunitaria ; 22 . [ … ] por consiguiente , serían incompatibles con las exigencias inherentes a la propia naturaleza del derecho comunitario toda disposición de un ordenamiento jurídico nacional o cualesquiera prácticas , legislativas , administrativas o judiciales , que tuviesen por efecto disminuir la eficacia del Derecho comunitario por el hecho de negar al Juez competente para aplicar éste la facultad de hacer , en el mismo momento de esa aplicación , cuanto sea necesario para descartar las disposiciones legislativas nacionales que , en su caso , constituyan un obstáculo a la plena eficacia de las normas comunitarias ; 23 . [ … ] así sucedería , en la hipótesis de un conflicto entre una disposición del Derecho comunitario y una ley nacional , si la solución de dicho conflicto quedase reservada a una autoridad distinta del Juez encargado de la aplicación del Derecho comunitario , investida de una facultad de apreciación propia , aun cuando el obstáculo así resultante para la plena eficacia de dicho derecho no fuese más que temporal ; 24 . [ … ] el Juez nacional encargado de aplicar , en el marco de su competencia , las disposiciones del Derecho comunitario , está obligado a garantizar la plena eficacia de dichas normas dejando , si procede , inaplicadas , por su propia iniciativa , cualesquiera disposiciones contrarias de la legislación nacional , aunque sean posteriores , sin que esté obligado a solicitar o a esperar la derogación previa de éstas por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional » . ( 15 ) 48 .
En otras palabras , en la sentencia Simmenthal se abordaba ( entre otras cuestiones de esencial importancia constitucional ) la cuestión relativa a la facultad de un tribunal inferior de inaplicar una disposición de Derecho nacional contraria al Derecho de la Unión sin tener que aguardar a que el tribunal superior anule dicha disposición . ( 16 ) 49 .
La posterior jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha precisado , sin embargo , que esta obligación también afecta a otros órganos del Estado , incluidas las autoridades administrativas .
En la sentencia dictada en el asunto Costanzo , ( 17 ) el Tribunal de Justicia declaró que a las autoridades administrativas les incumbe la misma obligación que a los tribunales nacionales de aplicar las disposiciones de una directiva que tengan efecto directo .
El Tribunal consideró que , cuando se den los requisitos exigidos para que los particulares puedan invocar las disposiciones de una directiva ante los tribunales nacionales , todos los órganos de la Administración Pública ( incluso los municipios ) están obligados a aplicar dichas disposiciones y a inaplicar aquellas disposiciones de Derecho nacional que las infrinjan . ( 18 ) 50 .
El asunto CIF ( 19 ) versaba , en particular , sobre la cuestión de la ( controvertida ) competencia de la autoridad encargada de la defensa de la competencia en Italia para excluir la aplicación de una normativa nacional que imponía o favorecía comportamientos de empresas contrarios al artículo 81 CE , apartado 1 ( actual artículo 101 TFUE , apartado 1 ) .
Las empresas investigadas adujeron que esta autoridad estaba obligada a aplicar dicha normativa nacional , con lo que no podía inaplicarla .
La propia autoridad de defensa de la competencia argumentó que la facultad de excluir la aplicación de la normativa nacional en cuestión dimanaba de los principios de la eficacia directa y de primacía del Derecho de la Unión . 51 .
En ese contexto , el Tribunal de Justicia reiteró que la obligación de inaplicar la normativa nacional contraria al Derecho de la Unión incumbe a todos los órganos del Estado , incluidas las autoridades administrativas , y que este deber conlleva , en su caso , la obligación de tomar todas las medidas para facilitar la realización del pleno efecto del Derecho de la Unión . ( 20 ) 52 .
A continuación , el Tribunal de Justicia señaló que las autoridades nacionales de defensa de la competencia tienen encomendada la tarea de velar por el respeto del artículo 81 CE .
Dicha norma , en relación con el artículo 10 CE ( actualmente , artículo 4 TFUE , apartado 3 ) , imponía a los Estados miembros el deber de abstenerse de adoptar medidas contrarias a las normas de competencia de la Unión .
El efecto útil de estas normas de disminuiría si la autoridad de defensa de la competencia no pudiera declarar que una medida nacional es contraria a lo dispuesto en el artículo 81 CE en relación con el artículo 10 CE y si , en consecuencia , no excluyera su aplicación . ( 21 ) 53 .
Por lo tanto , la citada jurisprudencia deja claro que es irrelevante que el ordenamiento jurídico nacional confiera al órgano del Estado de que se trate la facultad de abstenerse de aplicar una disposición de Derecho interno contraria al Derecho de la Unión : en cualquier caso , dicho órgano debe abstenerse siempre que sea necesario a fin de velar por que las normas del Derecho de la Unión surtan pleno efecto . 54 .
Debe señalarse sin embargo que , de conformidad con lo declarado por el Tribunal de Justicia en el fallo de la sentencia Simmenthal , dicha obligación existe únicamente cuando el órgano de que se trate actúe en el marco de las competencias que se le atribuyan ( con arreglo al Derecho nacional ) . ( 22 ) 55 .
En relación , en particular , con los órganos jurisdiccionales nacionales , el Tribunal de Justicia ha declarado expresamente que la obligación de excluir la aplicación del Derecho interno está limitada por la competencia atribuida al juez nacional de aplicar las disposiciones del Derecho de la Unión .
Esta declaración indica , por una parte , que el Tribunal de Justicia es consciente de que los Estados miembros deben conservar la libertad de definir , de conformidad con sus tradiciones constitucionales , su infraestructura judicial y administrativa , y por otra , es una señal de deferencia a sistemas constitucionales divergentes que , en conjunto , constituyen la base del sistema jurídico de la Unión . 56 .
En última instancia , la jurisprudencia busca por tanto garantizar que un órgano del Estado que actúe dentro de la estructura judicial o administrativa del Estado miembro de que se trate tiene la capacidad de proteger adecuadamente los derechos que se derivan del Derecho de la Unión y de este modo garantizar la plena efectividad de dicho Derecho . b ) La obligación de garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión dentro de los límites de la competencia conferida al órgano en cuestión 57 .
La Comisión es el organismo designado específicamente por el legislador irlandés para garantizar , de conformidad con el artículo 9 , apartado 1 , de la Directiva 2000 / 78 , que se dé cumplimiento efectivo a las obligaciones derivadas de la Directiva .
Es competente en general para conocer de los recursos administrativos en materia de discriminación en el empleo . 58 .
Se podría alegar , por tanto , que el principio de primacía , que introdujo el Tribunal de Justicia en la sentencia Simmenthal de forma en aquel momento innovadora exige que la WRC tenga la facultad de inaplicar las disposiciones del Derecho nacional que considere contrarias a la Directiva 2000 / 78 ( en este caso , la medida del límite de edad ) .
En esencia , esto es lo que alegan la WRC , la primera y tercera coadyuvantes y la Comisión Europea . 59 .
Es un planteamiento que puede ser convincente .
Sin embargo , no tengo claro que sea el correcto . 60 .
En estas circunstancias , es indispensable subrayar que no puede subestimarse la importancia constitucional de la primacía del Derecho de la Unión como principio fundamental del ordenamiento jurídico sui generis de la Unión .
Por su crucial importancia , la primacía del Derecho de la Unión no permite excepciones .
De hecho , permitir excepciones al principio de primacía haría tambalear las bases mismas sobre las que se construye el sistema jurídico de la Unión . 61 .
Por lo tanto , a mi juicio , es evidente que cualquier norma nacional ( constitucional o de otro tipo ) que reserve de manera general la facultad de inaplicar la legislación nacional a los órganos jurisdiccionales resulta manifiestamente contraria al principio de primacía del Derecho de la Unión , como ha establecido el Tribunal de Justicia , en particular , en las sentencias Simmenthal y Costanzo .
Efectivamente , no cabe duda de que una norma de este tipo se situaría en contraposición con la regla establecida por el Tribunal de Justicia según la cual todos los órganos de la Administración Pública están obligados a aplicar las disposiciones del Derecho de la Unión que tengan efecto directo y a abstenerse de aplicar las disposiciones nacionales contrarias a este . ( 23 ) 62 .
Sin embargo , si se examina más detenidamente , el presente asunto se diferencia de la jurisprudencia derivada de la sentencia Simmenthal .
De manera significativa , la regla de competencia controvertida en el litigio principal no pone en entredicho la primacía del Derecho de la UE , ni , por extensión , la plena eficacia del Derecho de la Unión . 63 .
El presente asunto versa sobre si el Derecho de la Unión exige facultar a un órgano judicial en concreto a disponer de la competencia para encargarse de una categoría particular de asuntos . 64 .
Se diferencia de aquellas otras situaciones en las que un órgano jurisdiccional que disponga de competencia sobre el fondo para conocer de un litigio , como era el caso en la sentencia Simmenthal , o en que una autoridad disponga sin lugar a duda alguna de la competencia exclusiva para adoptar una resolución administrativa , como lo era en el de la sentencia Costanzo , tengan limitadas sus competencias respectivas para dar pleno efecto al Derecho de la Unión y , por tanto , en caso necesario , para ofrecer una tutela judicial efectiva en caso de infracción de este . 65 .
El presente asunto se diferencia también de la situación del asunto CIF ( una variante de la situación antes descrita ) , esto es , una situación en la que una autoridad nacional carece de competencia explícita para inaplicar una normativa nacional contraria a las normas de competencia de la Unión cuyo cumplimiento debía estar garantizado por esa misma autoridad . 66 .
Debe subrayarse que , en la situación correspondiente al presente asunto , el Derecho nacional , según lo interpreta el órgano jurisdiccional remitente , reparte la competencia sobre el fondo en determinados asuntos entre la WRC y la High Court ( Tribunal Superior ) , reservando a esta última la competencia exclusiva para conocer de asuntos que acarreen la impugnación de la validez de la legislación o que exijan la inaplicación de la legislación . 67 .
Ante este contexto procesal tan concreto , en mi opinión , debe actuarse con prudencia a la hora de establecer paralelismos con la línea jurisprudencial derivada de la sentencia Simmenthal . 68 .
Como ya se ha mencionado , el propósito de esta jurisprudencia reside en garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión y , en particular , en permitir que una persona pueda obtener la protección efectiva de sus derechos derivados de este ante el órgano administrativo o judicial competentes para conocer del asunto .
Al objeto de garantizar dicha protección , todos los órganos del Estado deberán tener también la facultad de abstenerse de aplicar una disposición de Derecho nacional , aun cuando el ordenamiento jurídico nacional no confiera a dicho órgano la facultad de hacerlo .
Resultaría problemático , desde el punto de vista de la plena eficacia del Derecho de la Unión , que fuese necesario obtener previamente una declaración de incompatibilidad con el Derecho de la Unión , o incluso la anulación de la disposición pertinente ante un órgano jurisdiccional ( superior ) . 69 .
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia garantiza de este modo que los órganos jurisdiccionales y las administraciones encargadas de aplicar el Derecho de la Unión puedan hacerlo en la mayor medida posible dentro de sus ámbitos de competencia respectivos . 70 .
En cambio , la jurisprudencia no pretende , a mi juicio , interferir en el reparto de competencias entre órganos jurisdiccionales ( o entre organismos administrativos ) : no permite que un órgano jurisdiccional ( y , con mayor motivo , un órgano administrativo ) no observe las reglas de competencia en nombre de la plena eficacia del Derecho de la Unión .
Ello obedece , en esencia , a que los Estados miembros gozan , por principio , de una importante autonomía en cuanto al diseño de las normas de procedimiento , como las relativas a la designación de la Administración o del tribunal competentes en una determinada categoría de asuntos , siempre que se observen los principios de equivalencia y efectividad . ( 24 ) 71 .
A mi modo de ver , un órgano jurisdiccional o administrativo solo podrá estar obligado a abstenerse de aplicar una disposición de Derecho nacional al objeto de dar pleno efecto al Derecho de la Unión si se ha establecido previamente que dicho órgano es competente sobre el fondo para examinar el asunto ( o incluso , en lo que se refiere a la Administración en sentido más amplio , para adoptar una decisión sobre un asunto en concreto ) . 72 .
Todas las partes aceptan que , con arreglo al Derecho constitucional nacional , la WRC carece de esta competencia .
Si la WRC conociese de un recurso que exigiese la inaplicación de una norma de Derecho nacional , ya no estaría actuando dentro de los límites de su competencia . 73 .
Cabe subrayar que , según el tribunal remitente , la regla controvertida en el litigio principal se refiere a la competencia sobre el fondo : reparte la competencia en relación con los litigios en primera instancia en determinados asuntos entre la WRC y la High Court ( Tribunal Superior ) , lo que supone que , en el caso de una categoría particular de recursos relativos a la discriminación en el empleo cuya estimación exige la inaplicación de una disposición de Derecho nacional , el órgano judicial competente para examinar dicho asunto será la High Court ( Tribunal Superior ) . 74 .
Cierto es que , dentro de su ámbito de competencias , la WRC tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre igualdad de empleo , incluida la Directiva 2000 / 78 .
No obstante , dicha competencia se halla limitada por la regla de reparto de competencia controvertida en el presente asunto . 75 .
No se ha presentado ninguna alegación en este procedimiento en cuanto a que la WRC no sea capaz de ofrecer una tutela judicial efectiva o de garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión en los asuntos en los que es competente ( es decir , aquellos en los que los recursos administrativos se refieren , fundamentalmente , a la discriminación llevada a cabo por un empleador , y no por un instrumento legislativo ) ; simplemente carece por completo de competencia en los casos en que , si prospera el recurso , sea necesaria la inaplicación de la legislación . 76 .
Tal circunstancia , a mi juicio , diferencia el presente asunto de la jurisprudencia antes mencionada : en ella ni siquiera se planteó si el órgano en cuestión era competente para conocer del asunto ( o para adoptar una decisión sobre una cuestión en concreto ) .
Por el contrario , el denominador común en todos estos aquellos casos es que el tribunal o la Administración competentes estaban limitados , no en términos de competencia , sino en términos de las herramientas de las que disponía para dar pleno efecto al Derecho de la UE . 77 .
Sin duda es tentador establecer paralelismos con la sentencia CIF .
Como señaló la Comisión Europea en la vista , en dicha sentencia existía una vía alternativa para que los particulares obtuviesen reparación por la infracción de las normas de competencia de la UE : los tribunales ordinarios , que , según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , estaban obligados a abstenerse de aplicar la normativa nacional contraria a las normas de competencia de la Unión Europea .
Aunque esta alternativa existiera , el Tribunal de Justicia declaró que la autoridad italiana de defensa de la competencia estaba obligada a abstenerse de aplicar la legislación nacional a fin de garantizar la plena eficacia de las normas de competencia de la Unión Europea . 78 .
Sin embargo , en este caso tiene particular importancia que la autoridad encargada de la defensa de la competencia en Italia competente para garantizar el cumplimiento de las normas de la Unión Europea en ese ámbito no estaba limitada por la legislación nacional ; al contrario , se trataba del único órgano facultado para garantizar el cumplimiento de dichas normas .
A diferencia de lo que sucede en el presente asunto , la competencia material de la autoridad no se limitaba a una determinada categoría de asuntos .
Teniendo esto en cuenta , en el asunto CIF la necesidad de garantizar la plena eficacia del Derecho de la Unión sí exigía efectivamente que una autoridad encargada de la defensa de la competencia tuviese la capacidad de inaplicar la normativa nacional : en aquel asunto habría sido difícil , si no imposible , que dicha autoridad garantizase la observancia de las normas de defensa de la competencia de la Unión si carecía de esta facultad . 79 .
Me cuesta identificar una necesidad similar en el presente asunto . 80 .
Una vez interpuesto ante el órgano competente [ la High Court ( Tribunal Superior ) ] el recurso que puede exigir la inaplicación del Derecho nacional , dicho Tribunal podrá abstenerse de aplicar la normativa nacional cuando la considere contraria al Derecho de la Unión o a otra norma superior , y ofrecer la tutela judicial efectiva necesaria para subsanar la discriminación denunciada .
Y también es crucial señalar que no existe una vía alternativa para los demandantes , ya que la competencia para conocer de aquellos recursos que implican cuestionar la validez de la legislación o que exijan la inaplicación de la legislación le corresponde de manera exclusiva a la High Court ( Tribunal Superior ) . 81 .
Por este mismo motivo tampoco puedo compartir la tesis según la cual la regla de competencia impide a un organismo como la WRC , que tiene el carácter de « órgano jurisdiccional » en el sentido del artículo 267 TFUE , ( 25 ) garantizar que se ofrezca la protección efectiva de los derechos que se derivan del Derecho de la Unión . 82 .