FranklinWillemen/mapa_plus huggingface dataset:
There is no reason to believe that the EU legislature wished to allow an exporting producer which did not cooperate with the initial investigation to be subject to an individual anti-dumping duty rate at the end of a review procedure if it has excluded that possibility for new exporting producers . 47 In the third place , it is only in its reply that the applicant raised the argument that the Commission could , as a minimum , have treated it as a cooperating exporting producer from then on and , for that reason , grant it the benefit of the anti-dumping duty rate applicable to cooperating exporting producers pursuant to Article 9 ( 6 ) of the basic regulation .
When questioned on this point during the hearing , the applicant admitted that this was a new plea in law alleging breach of the latter provision , without putting forward any argument that that plea in law was based on matters of law and fact which had come to light in the course of the procedure or that it should be seen as a development of an argument raised in the application .
Consequently , it is inadmissible pursuant to Article 84 of the Rules of Procedure of the General Court . 48 In the fourth place , with regard to the claims based on the interpretation of Article 6.10.2 of the Anti-Dumping Agreement , in the report of the special group established in the context of the WTO headed ‘ United States — Anti-dumping Measures on Certain Shrimp from Viet Nam ’ and adopted on 11 July 2011 ( WT / DS404 / R , paragraph 7.181 ) , it need only be stated that it follows neither from the passage of that report cited by the applicant nor from any other passage of that report relating to the interpretation of that article that the authorities responsible for anti-dumping investigations , such as the Commission , are obliged to open an interim review procedure , such as the one provided for in the context of EU law in Article 11 ( 3 ) of the basic regulation , on the basis of information relating solely to the alleged change in circumstances affecting an exporting producer which did not participate in the initial investigation in which sampling was used .
It also does not follow from that report that , in a situation such as that in the present case , such an exporting producer can rely on Article 6.10.2 of the Anti-Dumping Agreement in the context of a request by it for the opening of an interim review that is justified on the basis of information relating only to itself . 49 In the fifth place , the applicant complains that the Commission failed to react in the contested decision to its arguments derived from Article 17 ( 3 ) of the basic regulation .
However , as has been held above , in the present case that provision has no bearing on the interpretation and application of Article 11 ( 3 ) of the basic regulation , as has been pointed out in paragraphs 22 to 32 above .
Refraining from responding expressly to arguments based on a provision that does not apply in the present case does not constitute an infringement by the Commission of the right to a fair hearing or of the rights of the defence . 50 The single plea in law must therefore be rejected .
Costs 51 Under Article 134 ( 1 ) of the Rules of Procedure , the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party ’ s pleadings . 52 As the applicant has been unsuccessful , it must be ordered to bear its own costs and to pay those incurred by the Commission .
On those grounds , THE GENERAL COURT ( Fourth Chamber ) hereby : 1 .
Dismisses the action ; 2 .
Orders Foshan Lihua Ceramic Co .
Ltd to pay the costs .
Kanninen Schwarcz Iliopoulos Delivered in open court in Luxembourg on 11 September 2018 .
Coulon H .
Kanninen Registrar President * Language of the case : English .
NILS WAHL presentadas el 11 de septiembre de 2018 ( 1 ) Asunto C ‑ 378 / 17 The Minister for Justice and Equality The Commissioner An Garda Síochána contra The Workplace Relations Commission con intervención de : Ronald Boyle , Brian Fitzpatrick , Gerard Cotter [ Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court ( Tribunal Supremo , Irlanda ) ] « Procedimiento prejudicial — Regla de reparto de competencia entre dos órganos en determinados asuntos en función de la naturaleza del recurso interpuesto — Recursos en materia de discriminación laboral — Competencia limitada de un organismo establecido por ley — Incompetencia para conocer de asuntos que exijan la inaplicación de disposiciones nacionales contrarias al Derecho de la Unión — Primacía del Derecho de la Unión — Plena eficacia — Autonomía procesal de los Estados miembros — Equivalencia y efectividad » 1 .
¿ Dónde se sitúan los límites de la autonomía procesal de los Estados miembros ?
O , más concretamente : ¿ en qué medida limita el principio de primacía del Derecho de la Unión la posibilidad de los Estados miembros de aplicar normas ( constitucionales ) sobre la distribución de competencias en un ámbito específico del Derecho ?
Esta es , en esencia , la cuestión planteada por la Supreme Court of Ireland ( Tribunal Supremo , Irlanda ) al Tribunal de Justicia en el presente asunto . 2 .
Lo que se dirime , más concretamente , es la compatibilidad con el principio de primacía del Derecho de la Unión de una regla de reparto de competencias , en lo que atañe a determinados asuntos , entre la High Court ( Tribunal Superior , Irlanda ) y un organismo establecido por ley , a saber , la Workplace Relations Commission ( Comisión de Relaciones Laborales ) ( en lo sucesivo , « WRC » ) . 3 .
El órgano competente para conocer de un asunto depende de la naturaleza del recurso interpuesto .
Si bien a la WRC se le ha atribuido competencia con carácter general para conocer de los recursos administrativos en materia de igualdad en el empleo basados en la Directiva 2000 / 78 / CE ( 2 ) y en la legislación nacional de transposición de dicha Directiva , este organismo carece de competencia para entender de los asuntos en los que , de prosperar el recurso , sería necesaria la inaplicación de una disposición nacional ( primaria o derivada ) .
En virtud de dicha regla , la WRC no es competente para examinar si una disposición de Derecho interno es contraria al Derecho de la Unión en materia de igualdad en el empleo , sino que el órgano competente para obtener reparación de la discriminación en los casos que requieran la inaplicación del Derecho nacional es la High Court ( Tribunal Superior ) . 4 .
La cuestión que se le plantea al Tribunal de Justicia en este caso requiere analizar el fundamento mismo en el que se basa la línea jurisprudencial derivada de la fundamental sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Simmenthal . ( 3 ) Invita al Tribunal de Justicia a examinar si el principio constitucional de primacía y , por extensión , la plena efectividad del Derecho de la Unión exigen que un organismo como la WRC deba ser competente para conocer de asuntos que puedan conllevar la inaplicación de la disposición nacional , aun cuando existan vías de actuación alternativas que , según las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente , cumplen los principios de equivalencia y de efectividad .
La Directiva 2000 / 78 establece las normas relativas a la igualdad de trato en el empleo y la ocupación .
Con arreglo a su artículo 1 , su objetivo es combatir la discriminación y que se aplique el principio de igualdad de trato en los Estados miembros . 6 .
En el artículo 3 se define el ámbito de aplicación de la Directiva .
Dispone : « 1 .
Dentro del límite de las competencias conferidas a la Comunidad , la presente Directiva se aplicará a todas las personas , por lo que respecta tanto al sector público como al privado , incluidos los organismos públicos , en relación con : a ) las condiciones de acceso al empleo , a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional , incluidos los criterios de selección y las condiciones de contratación y promoción , independientemente de la rama de actividad y en todos los niveles de la clasificación profesional , con inclusión de lo relativo a la promoción ; 7 .
En el capítulo II de la Directiva 2000 / 78 se regulan los recursos y el cumplimiento .
El artículo 9 , apartado 1 , de la Directiva se refiere a la defensa de derechos .
Dicho artículo dispone : « Los Estados miembros velarán por la existencia de procedimientos judiciales o administrativos , e incluso , cuando lo consideren oportuno , procedimientos de conciliación , para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas mediante la presente Directiva para todas las personas que se consideren perjudicadas por la no aplicación , en lo que a ellas se refiere , del principio de igualdad de trato , incluso tras la conclusión de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación . »
Constitución 8 .
El artículo 34 del Bunreacht na hÉireann ( Constitución irlandesa ; en lo sucesivo , « Constitución » ) dispone : « 1 .
La Justicia se administrará ante tribunales establecidos por ley , por jueces y magistrados nombrados de la forma prevista en esta Constitución , y , salvo en los casos especiales y taxativos que prescriba la ley , será pública . 2 .
Los tribunales incluirán : i ) Courts of First Instance [ ( tribunales de primera instancia ) ] ; ii ) una Court of Appeal [ ( tribunal de apelación ) ] , y iii ) una Court of Final Appeal [ ( tribunal de última instancia ) ] . 3 . 1 ) Entre los tribunales de primera instancia se incluye la High Court [ ( Tribunal Superior ) ] , dotada de la plena competencia original y potestad para resolver todos los asuntos y cuestiones , sean de hecho o de derecho , civiles o penales . 2 ) Salvo disposición en contrario en el presente artículo , la competencia de la High Court [ ( Tribunal Superior ) ] se extenderá a las cuestiones relativas a la validez de las normas jurídicas a la luz de las disposiciones de la presente Constitución , cuestiones que no se podrán suscitar ( ya sea por demanda , alegación o de otro modo ) ante ningún órgano jurisdiccional establecido en virtud de este o de cualquier otro artículo de la presente Constitución diferente de la High Court [ ( Tribunal Superior ) ] , la Court of Appeal [ ( Tribunal de Apelación ] o la Supreme Court [ ( Tribunal Supremo ) ] . » 9 .
El artículo 37 , apartado 1 , de la Constitución dispone : « Ninguna disposición de la presente Constitución tendrá por efecto invalidar el ejercicio de funciones y potestades limitadas de naturaleza judicial , excepto en el orden penal , por parte de personas u organismos válidamente autorizados por ley para ejercer tales funciones y potestades , aunque dichas personas u organismos no sean jueces ni magistrados ni órganos jurisdiccionales designados o establecidos al amparo de la presente Constitución . » 2 .
Legislación pertinente en materia de empleo 10 .
En Irlanda , la prohibición de discriminación por razón de edad se establece en las Employment Equality Acts ( Leyes de Igualdad en el Empleo ) . ( 4 ) 11 .
La WRC , que entonces se denominaba Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) , es un órgano cuasi-jurisdiccional establecido al objeto de instruir , conocer y resolver los recursos administrativos en materia de discriminación . ( 5 ) Con arreglo a las disposiciones pertinentes de las Leyes de igualdad en el empleo , la WRC goza de atribuciones para ordenar el abono de indemnizaciones en forma de retribuciones atrasadas , ordenar el abono de igual remuneración , ordenar el abono de indemnizaciones por haber sufrido una discriminación , dictar órdenes de igualdad de trato , ordenar medidas cautelares y ordenar que un empresario readmita a un denunciante , con o sin compensación . 12 .
Conforme al Garda Síochána regulations ( Reglamento sobre la Garda Síochána ) , ( 6 ) no se puede admitir a una persona como miembro en prácticas del cuerpo de policía nacional salvo en el caso de que dicha persona sea mayor de 18 y menor de 35 años en el primer día del mes en el que se publicó por primera vez la oferta de empleo en un periódico de difusión nacional .
Hechos , procedimiento y cuestiones prejudiciales planteadas 13 .
Entre 2005 y 2007 , Ronald Boyle , Brian Fitzpatrick y Gerard Cotter ( en lo sucesivo , « coadyuvantes » ) solicitaron ingresar como miembros en prácticas de An Garda Síochána ( cuerpo de la policía nacional de Irlanda ) .
Fueron excluidos del proceso de incorporación en aplicación de lo previsto en el Reglamento sobre la Garda Síochána , que establece el límite máximo de edad para la incorporación en prácticas en 35 años ( en lo sucesivo , « medida del límite de edad » ) . 14 .
Las coadyuvantes presentaron recursos administrativos contra esta decisión ante el ( entonces ) Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) amparándose en las leyes de igualdad .
Alegaron que la medida restrictiva en materia de edad constituye un trato discriminatorio en materia de empleo por razón de edad . 15 .
Aunque su nombre pueda sugerir otra cosa , el Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) no es un órgano jurisdiccional , sino un organismo creado por ley .
Era el organismo competente para resolver los recursos administrativos en materia de igualdad en el empleo hasta 2015 ; desde ese momento , se la WRC asumió la competencia . 16 .
Según el tribunal remitente , el artículo 34 , apartado 3 , punto 2 , de la Constitución reserva a los órganos jurisdiccionales la competencia para inaplicar la normativa nacional .
En consecuencia , el Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) y su sucesora , la WRC , en su calidad de organismos creados por ley , carecen de competencia para conocer de asuntos en los que la tutela judicial efectiva exija la inaplicación de las disposiciones legales nacionales con fundamento en el Derecho nacional o en el de la Unión . 17 .
En el procedimiento ante el Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) , el Minister for Justice and Equality ( Ministro de Justicia e Igualdad ; en lo sucesivo , « Ministro » ) planteó la cuestión de la competencia .
Dado que las coadyuvantes consideraban que el límite de edad era contrario a la Directiva 2000 / 78 y a las leyes de igualdad en el empleo , la normativa por la que se transpone dicha Directiva , los recursos interpuestos equivalían a solicitar la inaplicación del límite de edad , es decir , una norma nacional .
Basándose en que el Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) carecía competencia para inaplicar la norma nacional , el Ministro solicitó al Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) que abordase la cuestión de competencia con carácter incidental , antes de entrar a valorar el fondo del asunto . 18 .
El Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) no atendió esta solicitud .
En lugar de ello , señaló una vista para el 11 de junio de 2008 , en la que se abordarían tanto la cuestión de la competencia como las cuestiones de fondo relativas a la discriminación por motivo de edad . 19 .
A causa de la negativa del Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) a examinar la cuestión de la competencia con carácter incidental , el Ministro incoó un procedimiento de recurso judicial ante la High Court ( Tribunal Superior ) . 20 .
En primer lugar , el Ministro pedía a la High Court ( Tribunal Superior ) que prohibiese al Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) tramitar los recursos administrativos interpuestos por las partes interesadas .
En segundo lugar , le pedía que declarase que el Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) carecía de competencia para conocer de los recursos administrativos . 21 .
El 17 de febrero de 2009 , la High Court ( Tribunal Superior ) resolvió que el Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) no disponía de la facultad , con arreglo al Derecho nacional , de celebrar una vista , lo que supondría implícitamente asumir la competencia para anular o inaplicar una norma nacional como la medida del límite de edad . 22 .
El Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) recurrió esta decisión ante la Supreme Court ( Tribunal Supremo ) .
Cuando la Supreme Court ( Tribunal Supremo ) conoció del asunto , el Equality Tribunal ( Tribunal en materia de Igualdad ) se había convertido en la WRC . 23 .
La Supreme Court ( Tribunal Supremo ) dictó sentencia el 15 de junio de 2017 ( en lo sucesivo , « sentencia de 15 de junio de 2017 » ) . ( 7 ) En ella confirmó la resolución de la High Court ( Tribunal Superior ) en el sentido de que la WRC carece de competencia para inaplicar el Derecho nacional .
No obstante , la Supreme Court añadió que los asuntos que , en general , son competencia de la WRC pero en los que este órgano administrativo pueda verse obligado , en virtud del Derecho nacional o del de la Unión , a inaplicar una norma nacional deben dirimirse ante la High Court ( Tribunal Superior ) . 24 .
Al albergar dudas acerca de si tal reparto de competencias entre un organismo establecido por ley y un órgano jurisdiccional es compatible con el Derecho de la Unión , el tribunal remitente decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial : « Cuando : a ) un organismo nacional está establecido por ley y se le ha atribuido competencia general , entre otras cuestiones , para velar por el cumplimiento del Derecho de la Unión en un ámbito determinado ; b ) el Derecho nacional exige que dicho organismo no sea competente en una categoría limitada de asuntos en los que la tutela judicial efectiva requeriría la inaplicación de una disposición legal nacional en virtud del Derecho nacional o de la Unión , y c ) los órganos jurisdiccionales nacionales pertinentes son competentes para dictar la resolución pertinente de inaplicación de la disposición legal nacional , necesaria para garantizar el cumplimiento de la norma de Derecho de la Unión de que se trata , tienen competencia para conocer de los asuntos en los que es necesaria dicha medida de tutela y son competentes en tales asuntos para conceder cualquier medida de tutela establecida por el Derecho de la Unión , siendo así que se ha considerado , con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , que la medida de tutela concedida por los órganos jurisdiccionales cumple los principios de equivalencia y efectividad , ¿ Debe considerarse , no obstante , que dicho organismo establecido por ley es competente para conocer de un recurso administrativo basado en que una disposición legal nacional vulnera el Derecho de la Unión y , en caso de que se estime dicho recurso administrativo , para inaplicar tal disposición legal , aun cuando el Derecho nacional confiera la competencia en todos los asuntos en los que se cuestione la validez de una disposición legal por cualquier causa o que requieran la inaplicación de la disposición legal a un órgano jurisdiccional establecido en virtud de la Constitución , en lugar de al referido organismo ? »
Han presentado observaciones escritas el Ministro y el Commissioner of an Garda Síochána ( Comisario del Cuerpo de Policía Nacional , Irlanda ) , la WRC , la primera y tercera coadyuvantes , el Gobierno checo y la Comisión Europea .
Con la excepción del Gobierno checo , todos ellos presentaron también observaciones orales en la vista celebrada el 5 de junio de 2018 .
Análisis 26 .
Antes de proceder al examen de la cuestión prejudicial planteada , abordaré sucintamente la cuestión de la admisibilidad que plantea el Gobierno checo .
Admisibilidad 27 .
En sus observaciones escritas , el Gobierno checo sostiene que procede declarar la inadmisibilidad de la petición de decisión prejudicial .
En su opinión , el órgano jurisdiccional remitente no ha indicado en concreto cuál sería la disposición de la Directiva 2000 / 78 con la que sería incompatible la disposición legal nacional en cuestión ; por el contrario , el tenor de la cuestión prejudicial es tan vago que no guarda relación con la Directiva ni con otras disposiciones del Derecho de la Unión . 28 .
Sin duda , tiene razón .
Sin embargo , ello no supone que la cuestión prejudicial planteada sea inadmisible . 29 .
El Tribunal de Justicia declinará pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada únicamente cuando resulte evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no guarda relación alguna ni con la realidad ni con el objeto del litigio principal , cuando el problema sea de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no disponga de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones que se le hayan planteado . ( 8 ) 30 .
De la resolución de remisión se desprende de forma inequívoca que la cuestión prejudicial planteada no se refiere a la compatibilidad del límite de edad ( ni de la regla de competencia en cuestión ) con una disposición de la Directiva 2000 / 78 en particular , sino que se le pide al Tribunal de Justicia que aclare una cuestión de principio que va mucho más allá de las disposiciones individuales de la Directiva .
Como ya se ha señalado , la cuestión prejudicial planteada atañe a la compatibilidad con el Derecho de la Unión de una norma ( constitucional ) de reparto de competencia entre un organismo establecido por ley , la WRC , y la High Court ( Tribunal Superior ) en determinados asuntos en función de la naturaleza del recurso . 31 .
Es más , la resolución de remisión incluye tanto los elementos de hecho como de Derecho precisos para que el Tribunal de Justicia pueda dar una respuesta útil a la cuestión prejudicial planteada .
Presenta , además , de forma clara las razones por las que la cuestión prejudicial no es de carácter hipotético y guarda relación con los hechos subyacentes al asunto pendiente ante el tribunal remitente . 32 .
En consecuencia , procede declarar la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial .
Sobre el fondo 33 .
El tribunal remitente , a la hora de establecer si la WRC es competente en determinados asuntos en los que la tutela judicial efectiva exigiría la inaplicación de la legislación nacional en virtud del Derecho nacional o de Derecho la Unión , ha señalado que , conforme al Derecho constitucional irlandés , la facultad de no aplicar o anular una disposición de Derecho primario o derivado está , en principio , reservada a los tribunales ordinarios . 34 .
Ello se debe a que , salvo disposición en contrario del Derecho de la Unión , procede interpretar la regla de competencia teniendo en cuenta la exigencia básica del artículo 34 de la Constitución , según la cual la justicia debe ser administrada ante tribunales establecidos con arreglo a la Constitución . 35 .
A este respecto , el tribunal remitente ha observado asimismo que , de manera excepcional , el artículo 37 , apartado 1 , de la Constitución permite que una persona u organismo sea autorizado por ley para ejercer « funciones y potestades limitadas de carácter judicial » en asuntos no penales .
Por tanto , al amparo del Derecho nacional irlandés , pueden atribuirse por ley facultades de naturaleza judicial a un organismo establecido por ley ( la WRC ) , siempre y cuando tales facultades se hallen limitadas . 36 .
La WRC es un organismo establecido por ley que tiene precisamente esas funciones judiciales limitadas .
Con arreglo a las Leyes de igualdad en el empleo , los demandantes deben dirigirse a la WRC para la resolución en primera instancia de los recursos administrativos por discriminación laboral . ( 9 ) En particular , la WRC se ocupa de los recursos administrativos por infracciones ( por parte de los empleadores y de los proveedores de servicios ) de la normativa en materia de empleo , igualdad y lucha contra la discriminación y de los litigios relativos a los derechos que confiere esta normativa .
Una vez se ha interpuesto el recurso administrativo ante la WRC , su director general examina en primer lugar si el asunto puede remitirse a un funcionario para que medie entre las partes implicadas ; de no ser así , envía el recurso administrativo a un funcionario con poder decisorio para su resolución . ( 10 ) 37 .
En su sentencia de 15 de junio de 2017 , el tribunal remitente declaró , en el marco de la cuestión de competencia que se le planteaba , que la WRC carecía de la facultad , conforme al Derecho nacional , para inaplicar una disposición legal nacional , ya que dicha facultad no le ha había sido asignada por ley .