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En ambos casos , la cuestión de principio consiste en determinar cuáles habrían sido los efectos de la resolución disciplinaria de haberse adoptado esta de un modo que fuera compatible con la Directiva 2000 / 78 . 131 .
De hecho , si se siguiese la distinción hecha por la Comisión entre estos diferentes efectos , el recurrente efectivamente podría haber sido separado del servicio sin que se le hubieran reconocido posibilidades de recurso .
A diferencia de la jubilación , la separación del servicio « a secas » del recurrente habría puesto fin , en principio , a la relación jurídica , y no habría tenido efectos posteriores en el pago de su pensión . 132 .
Habida cuenta de estas circunstancias , si el Tribunal de Justicia concluyera que los efectos de la resolución disciplinaria discriminatoria no pueden mantenerse y que debe adoptarse la teoría de la hipótesis , dicha teoría debería , quizás , contemplar un supuesto alternativo , en el que el recurrente no hubiera sido jubilado y otro supuesto en el que la reducción del 25 % de su pensión no se hubiera aplicado ( íntegramente ) . 133 .
Ha de observarse que , obviamente , esta conclusión genera varias cuestiones más , no exentas de dificultad .
Para neutralizar los « efectos futuros » de la jubilación forzosa que se produjo en 1976 , ¿ debería presuponerse que el recurrente trabajó durante todo el período de transición a partir de 1976 o durante todos los años desde la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2000 / 78 ?
¿ Debería compensarse el consiguiente incremento de la pensión con la renta procedente de pensiones percibidas por el recurrente durante ese tiempo de otras fuentes de trabajo ?
( 57 ) ¿ Debería compensarse el consiguiente incremento de la pensión con la renta procedente de pensiones satisfechas por las fuerzas policiales que el recurrente ya había recibido a partir de la fecha de su jubilación forzosa ( que , obviamente , no habría recibido si hubiera seguido trabajando ) ?
Por último , en lo que respecta , en concreto , a la reducción del 25 % , la segunda cuestión prejudicial del órgano jurisdiccional remitente parte implícitamente de la premisa de que la reducción solo es consecuencia del carácter discriminatorio de la resolución . 135 .
Ahora bien , la teoría de la hipótesis debería aplicarse también a este respecto .
Por tanto , debería preverse la posibilidad de que , aun de no haberse impuesto una condena penal , el recurrente habría sido objeto de una sanción disciplinaria por los mismos hechos ( 59 ) y también se habría aplicado una reducción a su pensión , aunque inferior al 25 % .
Este es , en efecto , el enfoque adoptado por la Comisión en sus alegaciones escritas .
De este modo , si , en caso de no haberse producido discriminación alguna , la pensión del recurrente se hubiese reducido , por ejemplo , en un 5 % o un 10 % , los efectos de esta reducción deberían persistir . 136 .
Por tanto , en caso de adoptarse la teoría de la hipótesis en relación con la reducción del 25 % , estoy de acuerdo con la Comisión en que el argumento debería desarrollarse hasta alcanzar una conclusión lógica .
De nuevo , establecer en concreto en qué medida la resolución disciplinaria habría sido diferente si no hubiera contenido ningún elemento discriminatorio es una cuestión ( de hecho , bastante compleja ) cuyo examen incumbiría al órgano jurisdiccional remitente . 2 .
Tercera cuestión prejudicial 137 .
Mediante su tercera cuestión prejudicial , el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la respuesta a la segunda cuestión prejudicial depende de si la persona intentó activamente emprender una actividad en la función pública antes de alcanzar la edad de jubilación . 138 .
He de admitir que albergo ciertas dudas sobre la pertinencia de esta cuestión , habida cuenta de los hechos objeto del litigio principal .
No obstante , dado que se están analizando distintas posibilidades , es bastante difícil argüir que se trata de una cuestión hipotética . 139 .
Los hechos del asunto no aclaran si el recurrente buscó en algún momento ( re ) emprender una actividad en la función pública federal .
Quizás sea razonable presuponer que , si una persona ha sido expulsada de la función pública en circunstancias como las que son objeto del litigio principal , tratar de volver a ingresar en ella sería bastante fútil ( si fuese posible desde un punto de vista legal ) .
Si este fuera el caso y el recurrente no hubiera tratado de reemprender una actividad en la función pública , ¿ qué conclusiones podrían extraerse de ello ?
¿ Podría reprocharse al recurrente no haberlo hecho ?
¿ Podría perjudicarle ?
Sin embargo , a todos los efectos , como se ha señalado en el anterior punto 133 , en la medida en que las repercusiones de la jubilación forzosa anticipada tienen que neutralizarse , ello plantea una serie de dudas sobre cómo abordar el período de transición .
Al construir esta hipótesis alternativa , en mi opinión , debería ser el órgano jurisdiccional nacional quien determine qué información específica ha de tenerse en cuenta para establecer un equilibrio entre no tomar en consideración en absoluto esos años de transición o bien considerarlos todos , como si el recurrente hubiese trabajado en el sector público durante todo ese tiempo .
Cuestiones prejudiciales cuarta y quinta 141 .
A la luz de la respuesta que propongo dar a la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente , tampoco es necesario responder a las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta .
Sin embargo , para el caso de que el Tribunal de Justicia alcanzase una conclusión diferente , expongo algunas sugerencias . 142 .
Mediante sus cuestiones prejudiciales cuarta y quinta , el órgano jurisdiccional remitente pregunta a partir de qué momento debería producir efectos una posible anulación ( parcial ) de la reducción del 25 % .
Estas cuestiones prejudiciales se limitan al momento a partir del cual deben neutralizarse los efectos de la reducción del 25 % .
No hacen alusión a los efectos de la jubilación forzosa anticipada .
Sin embargo , como se ha señalado en el anterior punto 133 , considero que aplicar un enfoque distinto a los efectos futuros de la reducción del 25 % y a los efectos futuros de la jubilación forzosa plantea problemas de incoherencia . 143 .
En mi opinión , la respuesta a esta cuestión se deduce de la jurisprudencia expuesta en los anteriores puntos 44 y siguientes .
Se espera que — pese al alcance potencialmente amplio de la eliminación de los efectos futuros que se ha examinado en las presentes conclusiones — la aplicación de la Directiva 2000 / 78 siga estando sujeta al principio de irretroactividad .
Por tanto , con independencia de la respuesta a la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente , este principio sirve en cualquier caso como base para alegar que los efectos de la reducción del 25 % deben neutralizarse a partir de la expiración del plazo de transposición de la Directiva , pero no antes .
Discriminación por razón de sexo 1 .
Alcance de las cuestiones prejudiciales planteadas por el órgano jurisdiccional remitente 144 .
Por último , en sus observaciones escritas , el recurrente alega que la sanción impuesta por la resolución disciplinaria conlleva ( asimismo ) una discriminación por razón de sexo , contraria al artículo 157 TFUE ( antiguos artículos 119 CEE y 141 CE ) .
Según el recurrente , esta disposición , que entró en vigor por primera vez en 1979 , puede invocarse , en consecuencia , para suprimir los efectos futuros de la resolución disciplinaria de una forma similar a la prevista en la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente en relación con la Directiva 2000 / 78 .
Ahora bien , los suprimiría a partir de una fecha muy anterior . 145 .
A este respecto , realizaré las observaciones siguientes . 146 .
El órgano jurisdiccional nacional no hace referencia al artículo 157 TFUE ( ni a sus predecesores ) .
De hecho , el recurrente es la única parte que ha señalado esta cuestión en sus observaciones escritas .
Podría alegarse que abordar la posibilidad de aplicar el artículo 157 TFUE podría ser útil para el órgano jurisdiccional nacional .
Sin embargo , en mi opinión , el Tribunal de Justicia no debería hacerlo , en particular , por los siguientes motivos . 147 .
En primer lugar , no se hace referencia alguna a dicha disposición ni en las cuestiones prejudiciales del órgano jurisdiccional remitente ni , con carácter general , en la resolución de remisión .
Considero que , en caso de que el órgano jurisdiccional nacional hubiese considerado que es pertinente , la habría , al menos , mencionado .
Puede haber muchas razones por las que haberla omitido y sería erróneo presuponer que la ausencia de referencias es un « descuido » .
No se trata de determinar si el Tribunal de Justicia debería señalar los detalles y la pertinencia de una parte oscura de una legislación técnica que podría haberse pasado por alto .
El artículo 157 TFUE es una disposición importante del Tratado .
En cambio , dado que las alegaciones sobre el artículo 157 TFUE son , de hecho , el elemento central de las observaciones escritas del recurrente , es asimismo plausible que el recurrente haya propuesto al órgano jurisdiccional nacional qué cuestiones prejudiciales debía plantear al Tribunal de Justicia respecto de dicha disposición y que su propuesta haya sido desestimada . 148 .
En segundo lugar , el artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establece que la petición de decisión prejudicial deberá indicar , en particular , los hechos pertinentes , la normativa nacional aplicable y las razones que han llevado al órgano jurisdiccional nacional a plantear las cuestiones de que se trate al Tribunal de Justicia .
En el presente asunto , el órgano jurisdiccional nacional no ha incluido ninguna mención al artículo 157 TFUE ( o sus predecesores ) en la resolución de remisión ni ha indicado los hechos potencialmente pertinentes o la normativa nacional relativa a dicha disposición .
En estas circunstancias , sería , en mi opinión , contrario a la jurisprudencia ( 60 ) relativa al artículo 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia obviar tales omisiones y , a petición de una de las partes , pronunciarse proactivamente sobre una cuestión que no ha sido planteada . 149 .
Ahora bien , para el caso de que el Tribunal de Justicia optase por abordar las alegaciones formuladas por el recurrente en relación con el artículo 157 TFUE , en la sección siguiente se exponen sucintamente algunas observaciones . 2 .
Artículo 157 TFUE 150 .
Al proponer mi respuesta a la primera cuestión prejudicial , he explicado por qué la Directiva 2000 / 78 no se opone al mantenimiento de los efectos de la resolución disciplinaria .
Tal resolución no estaba comprendida en el ámbito de aplicación temporal de la Directiva .
La Directiva no puede utilizarse para volver a considerar una resolución con el pretexto de neutralizar algunos de sus efectos .
Estos argumentos se aplican mutatis mutandis al artículo 157 TFUE . 151 .
En la medida en que el Tribunal de Justicia alcance una solución diferente , incumbiría al órgano jurisdiccional nacional determinar la posible existencia de tal discriminación .
No obstante , entiendo que el argumento de base es que los hombres homosexuales recibían un trato menos favorable que las mujeres homosexuales . ( 61 ) El recurrente ha sugerido que una agente de policía que hubiera practicado actos homosexuales con una joven de 14 años no habría sido objeto de una sanción disciplinaria ( o , en cualquier caso , lo habría sido de una menos severa ) , a diferencia de un agente de policía homosexual que hubiese practicado actos similares . 152 .
En la medida en que dicha alegación resulte cierta a juzgar por los hechos ( la práctica disciplinaria de las fuerzas policiales austriacas en la década de los 70 ) , cuestión esta que incumbe determinar al órgano jurisdiccional nacional , el artículo 157 TFUE prohíbe la discriminación de sexo en lo que respecta a la « retribución » .
Según jurisprudencia consolidada , el término « retribución » a estos efectos no incluye los pagos realizados en el marco de un régimen de pensiones fijado por la Ley , considerados más bien prestaciones de seguridad social . ( 62 ) En la vista , el Gobierno austriaco señaló que , en este caso , el régimen de pensiones está fijado por la Ley .
Determinar si esto es así o no ( en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ) ( 63 ) es una cuestión que , también en este caso , compete al órgano jurisdiccional nacional .
Ahora bien , según las declaraciones del Gobierno austriaco al respecto , este tipo de pagos , en principio , no estaría comprendido en el artículo 157 TFUE , de modo que esta disposición no resultaría aplicable al presente asunto . 153 .
Ahora bien , si esto no fuera así , debería examinarse cuál es el ámbito de aplicación temporal del artículo 157 TFUE ( y sus predecesores ) .
A este respecto , me remito a las observaciones realizadas respecto de las cuestiones prejudiciales cuarta y quinta , aplicables a este punto mutatis mutandis .
Además , con arreglo a las sentencias Barber ( 64 ) y Ten Oever ( 65 ) « solo puede invocarse el efecto directo del artículo 119 del Tratado para exigir la igualdad de trato en materia de pensiones de empresa respecto de las prestaciones devengadas en virtud de períodos de empleo posteriores al 17 de mayo de 1990 [ fecha de la sentencia Barber ] , sin perjuicio de la excepción prevista a favor de los trabajadores o de sus causahabientes que , antes de dicha fecha , hayan iniciado una acción judicial o hayan formulado una reclamación equivalente según el Derecho nacional aplicable » . ( 66 ) 154 .
Ahora bien , de los hechos que se señalan en la resolución de remisión se deduce que ninguno de los períodos de empleo es posterior al 17 de mayo de 1990 .
Conclusión 155 .
Propongo al Tribunal de Justicia que responda a la primera cuestión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof ( Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo , Austria ) como sigue : « El artículo 2 de la Directiva 2000 / 78 / CE del Consejo , de 27 de noviembre de 2000 , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación , no se opone a que se mantenga el efecto normativo de una resolución administrativa en materia de sanciones a los funcionarios ( resolución disciplinaria ) que ha adquirido firmeza con arreglo a la legislación nacional , por la cual se dispuso la jubilación de un funcionario con reducción del importe de la pensión , cuando : – en el momento de su adopción la citada resolución administrativa aún no estaba sujeta al Derecho de la Unión , en particular a la Directiva 2000 / 78 , si bien – una ( hipotética ) resolución similar sería contraria a la Directiva 2000 / 78 si hubiese sido adoptada durante la vigencia de dicha Directiva . » 1 Lengua original : inglés . 2 Directiva del Consejo , de 27 de noviembre de 2000 , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación ( DO 2000 , L 303 , p . 16 ) . 3 Sentencia del Verfassungsgerichtshof ( Tribunal Constitucional ) de 21 de junio de 2002 , G 6 / 02 ECLI : AT : VFGH : 2002 : G6.2002 . 4 TEDH , sentencia de 9 de enero de 2003 , L . y V . c .
Austria ( CE : ECHR : 2003 : 0109JUD003939298 ) ; véanse asimismo las sentencias del TEDH de 9 de enero de 2003 , S .
L . c .
Austria ( CE : ECHR : 2003 : 0109JUD004533099 ) , y de 21 de octubre de 2004 , Woditschka y Wilfling c .
Austria ( CE : ECHR : 2004 : 1021JUD006975601 ) . 5 Véase el artículo 24 del DP , citado en el punto 16 de las presentes conclusiones . 6 A esto hay que añadir que , con arreglo a la legislación nacional actual , la imposición de una condena penal firme contra un funcionario tiene como consecuencia automática la terminación de la relación laboral ex lege , sin necesidad de que se adopte ninguna resolución disciplinaria al respecto . 7 Como se deduce del tenor del artículo 87 del DP ( véase el anterior punto 16 ) , entonces vigente . 8 Véanse , por ejemplo , las sentencias de 16 de mayo de 1979 , Tomadini ( 84 / 78 , EU : C : 1979 : 129 ) , apartado 21 , y de 6 de octubre de 2015 , Comisión / Andersen ( C ‑ 303 / 13 P , EU : C : 2015 : 647 ) , apartado 49 . 9 Sentencia de 6 de octubre de 2015 , Comisión / Andersen ( C ‑ 303 / 13 P , EU : C : 2015 : 647 ) , apartado 50 . 10 Sentencia de 26 de marzo de 2015 , Comisión / Moravia Gas Storage ( C ‑ 596 / 13 P , EU : C : 2015 : 203 ) , apartado 32 . 11 Que , en cierto modo , no difiere en cuanto al principio , sino por cuestiones de magnitud ( se « modifica » , en efecto , todo el ordenamiento jurídico ) . 12 Véanse , por ejemplo , las sentencias de 14 de junio de 2007 , Telefónica O2 Czech Republic ( C ‑ 64 / 06 , EU : C : 2007 : 348 ) ( procedimiento ante la autoridad pendiente en la fecha de adhesión , resolución posterior a la adhesión ) ; de 22 de diciembre de 2010 , Bezpečnostní softwarová asociace ( C ‑ 393 / 09 , EU : C : 2010 : 816 ) , apartados 22 a 27 ( solicitud de autorización previa a la adhesión , resolución adoptada tras la adhesión ) ; de 24 de noviembre de 2011 , Circul Globus Bucureşti ( C ‑ 283 / 10 , EU : C : 2011 : 772 ) , apartado 29 ( contrato de licencia previo a la adhesión , supuesto incumplimiento de derechos de propiedad intelectual tras la adhesión ) ; de 12 de septiembre de 2013 , Kuso ( C ‑ 614 / 11 , EU : C : 2013 : 544 ) , apartado 30 ( contrato de trabajo previo a la adhesión , jubilación posterior a la adhesión ) , y de 3 de septiembre de 2014 , X ( C ‑ 318 / 13 , EU : C : 2014 : 2133 ) , apartados 21 a 24 ( accidente laboral previo a la adhesión , correspondiente acto jurídico objeto de impugnación posterior a la adhesión ) . 13 Sentencia de 10 de enero de 2006 , Ynos ( C ‑ 302 / 04 , EU : 14 Sentencia de 15 de diciembre de 2016 , Nemec ( C ‑ 256 / 15 , EU : 15 Sentencia de 29 de abril de 1999 ( C ‑ 224 / 97 , EU : 16 Sentencia de 29 de abril de 1999 , Ciola ( C ‑ 224 / 97 , EU : C : 1999 : 212 ) , apartados 3 y 4 . 17 Conclusiones del Abogado General Mischo presentadas en el asunto Ciola ( C ‑ 224 / 97 , EU : C : 1998 : 598 ) , punto 5 . 18 Véanse la sentencia de 29 de abril de 1999 , Ciola ( C ‑ 224 / 97 , EU : C : 1999 : 212 ) , apartado 8 , y las conclusiones del Abogado General Mischo presentadas en el asunto Ciola ( C ‑ 224 / 97 , EU : C : 1998 : 598 ) , punto 6 . 19 Sentencia de 29 de abril de 1999 , Ciola ( C ‑ 224 / 97 , EU : C : 1999 : 212 ) , apartados 25 y 34 ; el subrayado es mío .
Véanse asimismo las conclusiones del Abogado General Mischo presentadas en el asunto Ciola ( C ‑ 224 / 97 , EU : C : 1998 : 598 ) , puntos 40 a 43 . 20 Sentencias de 1 de abril de 2008 , Maruko ( C ‑ 267 / 06 , EU : C : 2008 : 179 ) , y de 10 de mayo de 2011 , Römer ( C ‑ 147 / 08 , EU : Debe tenerse en cuenta , no obstante , que el artículo 3 , apartado 3 , de la Directiva 2000 / 78 excluye del ámbito de aplicación de esta algunos regímenes de pensiones . 21 Sentencias de 10 de junio de 2010 , Bruno y otros ( C ‑ 395 / 08 y C ‑ 396 / 08 , EU : C : 2010 : 329 ) , y de 1 de marzo de 2012 , O ’ Brien ( C ‑ 393 / 10 , EU : 22 Directiva del Consejo , de 15 de diciembre de 1997 , relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial concluido por la UNICE , el CEEP y la CES — Anexo : Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial ( DO 1998 , L 14 , p . 9 ) . 23 Sentencias de 10 de junio de 2010 , Bruno y otros ( C ‑ 395 / 08 y C ‑ 396 / 08 , EU : C : 2010 : 329 ) , apartado 55 , y de 1 de marzo de 2012 , O ’ Brien ( C ‑ 393 / 10 , EU : C : 2012 : 110 ) , apartados 24 y 25 . 24 En el asunto O ’ Brien ( sentencia de 1 de marzo de 2012 , O ’ Brien , C ‑ 393 / 10 , EU : C : 2012 : 110 ) , en 2005 .
En la sentencia de 10 de junio de 2010 , Bruno y otros ( C ‑ 395 / 08 y C ‑ 396 / 08 , EU : C : 2010 : 329 ) , el Tribunal de Justicia no confirmó este extremo de manera explícita , si bien el apartado 12 de la sentencia permite inferir que ninguno de los demandantes se había jubilado .
En las conclusiones presentadas en los asuntos acumulados Bruno y otros , la Abogado General Sharpston señaló que , « por tanto , la Directiva 97 / 81 es aplicable al cálculo de las semanas computables para el acceso a la pensión objeto del litigio principal , siempre y cuando ninguno de los demandantes se hubiera jubilado definitivamente antes de la entrada en vigor de la Directiva .
Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si este es el caso » .
Véanse las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en los asuntos acumulados Bruno y otros ( C ‑ 395 / 08 y C ‑ 396 / 08 , EU : C : 2010 : 28 ) , punto 40 .
El subrayado es mío . 25 Sentencia de 17 de mayo de 1990 ( C ‑ 262 / 88 , EU : 26 Sentencia de 6 de octubre de 1993 ( C ‑ 109 / 91 , EU : 27 En la sentencia de 6 de octubre de 1993 , Ten Oever ( C ‑ 109 / 91 , EU : C : 1993 : 833 ) , el supuesto derecho a una pensión de supervivencia nació tras el fallecimiento de la esposa en 1988 .
Barber había sido despedido en 1980 . 28 Sentencia de 1 de abril de 2008 ( C ‑ 267 / 06 , EU : 29 Sentencia de 6 de octubre de 1993 ( C ‑ 109 / 91 , EU : 30 Véase la sentencia de 1 de abril de 2008 , Maruko ( C ‑ 267 / 06 , EU : C : 2008 : 179 ) , apartado 21 . 31 Sentencias de 7 de febrero de 2002 , Kauer ( C ‑ 28 / 00 , EU : C : 2002 : 82 ) , y de 18 de abril de 2002 , Duchon ( C ‑ 290 / 00 , EU : 32 La parte dispositiva de esta resolución se reproduce en el anterior punto 19 . 33 Véanse los anteriores puntos 21 y 22 . 34 Sentencia de 10 de mayo de 2011 ( C ‑ 147 / 08 , EU : 35 Más concretamente , la escala de gravamen de los ingresos netos ficticios utilizada para el cálculo de la pensión . 36 Sentencia de 10 de mayo de 2011 , Römer ( C ‑ 147 / 08 , EU : C : 2011 : 286 ) , apartado 19 . 37 Sentencia de 5 de febrero de 1981 ( 40 / 79 , EU : 38 En esencia , el requisito de que el difunto fuese el único responsable quedó derogado y fue sustituido por uno nuevo que exigía que el cónyuge supérstite no fuese el único responsable . 39 Sentencia de 14 de abril de 1970 ( 68 / 69 , EU : 40 Directiva del Consejo , de 19 de diciembre de 1978 , relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social ( DO 1979 , L 6 , p . 24 ; EE 05 / 02 , p . 174 ) . 41 Sentencia de 24 de junio de 1987 ( 384 / 85 , EU : 42 Sentencia de 24 de junio de 1987 , Borrie Clarke ( 384 / 85 , EU : C : 1987 : 309 ) , apartado 12 . 43 Véase , por ejemplo , la sentencia de 8 de marzo de 1988 , Dik y otros ( 80 / 87 , EU : 44 Sentencia de 30 de noviembre de 2000 ( C ‑ 195 / 98 , EU : 45 Sentencia de 30 de noviembre de 2000 ( C ‑ 195 / 98 , EU : 46 Véanse , por ejemplo , las sentencias de 30 de septiembre de 2003 , Köbler ( C ‑ 224 / 01 , EU : C : 2003 : 513 ) ; de 26 de octubre de 2006 , Comisión / Italia ( C ‑ 371 / 04 , EU : C : 2006 : 668 ) , y de 18 de junio de 2009 , Hütter ( C ‑ 88 / 08 , EU : 47 Sentencias de 18 de junio de 2009 , Hütter ( C ‑ 88 / 08 , EU : C : 2009 : 381 ) ; de 28 de enero de 2015 , Starjakob ( C ‑ 417 / 13 , EU : C : 2015 : 38 ) , y de 14 de marzo de 2018 , Stollwitzer ( C ‑ 482 / 16 , EU : 48 De nuevo , de conformidad con las reglas generales según las cuales el contenido específico de los derechos y obligaciones mutuos en el marco de relaciones jurídicas que perduran — como , por ejemplo , contratos celebrados con arreglo al régimen jurídico anterior — deberá modificarse prospectivamente para adecuarse a la nueva normativa ; a este respecto , véanse , verbigracia , mis conclusiones presentadas en el asunto Nemec ( C ‑ 256 / 15 , EU : C : 2016 : 619 ) , punto 41 . 49 Véanse los anteriores puntos 67 a 74 . 50 En la resolución de remisión se explica que , técnicamente , la « relación laboral en activo » se ha transformado en una « relación laboral de jubilación » .