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En primer lugar , entiendo que la mera imposición de una condena penal firme contra un agente de policía debía considerarse , por definición , un incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo .
Está bastante claro que el nivel de corrección de la conducta que deben mostrar los agentes de policía va más allá de « no cometer delitos » .
En este sentido , resulta lógico , por tanto , que la imposición de una condena penal incidiera directamente , por definición , en el tipo de sanciones posibles y conllevase sanciones « ( mucho ) más severas » que de no mediar condena penal alguna . ( 7 ) En segundo lugar , entiendo también que , más allá de esta implicación unilateral ( la imposición de una condena penal resulta en una sanción disciplinaria ) a efectos de la gravedad de la sanción disciplinaria , una condena penal no era un requisito imprescindible para adoptar la sanción disciplinaria . 1 .
Ámbito de aplicación temporal de normas nuevas a ) Enfoque general 44 .
Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia , en principio , una norma nueva se aplica inmediatamente « a los efectos futuros de una situación nacida durante la vigencia de la norma anterior » y el principio de protección de la confianza legítima no puede extenderse hasta el punto de impedir , « de manera general , que una norma nueva se aplique a los efectos futuros de situaciones nacidas durante la vigencia de la norma anterior » . ( 8 ) 45 .
En cambio , con el fin de garantizar el respeto de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima , las normas sustantivas del Derecho de la Unión deben interpretarse en el sentido de que solo son aplicables a « situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor » en la medida en que « de sus términos , finalidad o sistema se desprenda claramente que debe atribuírseles dicho efecto » . ( 9 ) 46 .
Según los términos empleados por el Tribunal de Justicia en otra ocasión , una norma jurídica nueva « no se aplica a las situaciones jurídicas nacidas y definitivamente consolidadas bajo el imperio de la antigua norma , [ sino que ] se aplica a los efectos futuros de tales situaciones , así como a las situaciones jurídicas nuevas .
Únicamente deja de ser así , sin perjuicio del principio de irretroactividad de los actos jurídicos , cuando la nueva norma va acompañada de disposiciones particulares que determinan específicamente su ámbito de aplicación temporal » . ( 10 ) 47 .
Las normas generales que se deducen de estos asuntos pueden describirse , por tanto , como sigue : i ) no puede aplicarse una norma nueva a « situaciones definitivamente consolidadas » nacidas o resueltas con arreglo a la normativa anterior , pero sí ii ) a las repercusiones futuras de « situaciones existentes » que siguen produciendo efectos .
Además , únicamente podrán tenerse en cuenta circunstancias anteriores al realizar una nueva apreciación jurídica con arreglo a la nueva normativa si dicha apreciación está prevista o resulta necesaria atendiendo al carácter o a la estructura de la norma nueva . 48 .
Este es también el criterio adoptado en relación con la adhesión de un nuevo Estado miembro a la Unión Europea , ( 11 ) tanto en cuanto atañe a la aplicación nacional de ( nuevas ) normas de la Unión como en lo relativo a la competencia del Tribunal de Justicia para conocer de peticiones de decisión prejudicial sobre dichas situaciones .
Los hechos pasados ( esto es , previos a la adhesión ) pueden tomarse en consideración si son pertinentes y si es necesario apreciarlos ( nuevamente ) en el proceso de aplicación de las nuevas disposiciones tras la adhesión . ( 12 ) De este modo , por ejemplo , no incumbía al Tribunal de Justicia , en lo esencial , volver a apreciar jurídicamente sobre el fondo , tras la adhesión , si las cláusulas de un contrato celebrado con los consumidores antes de la adhesión eran injustos o no , aun cuando dicho contrato se estaba ejecutando efectivamente tras la adhesión . ( 13 ) En cambio , el Tribunal de Justicia sí se declaró competente para apreciar si la legislación nacional que limitaba el importe de los intereses de demora vinculados a una operación comercial celebrada mucho antes de la adhesión , pero que seguía produciendo efectos ( y el cálculo definitivo de esos intereses ) tras la adhesión , era compatible con el Derecho de la Unión . ( 14 ) b ) Asunto Ciola 49 .
En sus observaciones escritas y orales , tanto el recurrente como la Comisión se han basado profusamente en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto Ciola . ( 15 ) En efecto , esta sentencia debe examinarse con detalle , dado que demuestra cómo se aplican en un asunto concreto las pautas generales señaladas en la letra a ) de esta sección . 50 .
La fecha clave en Ciola era el 1 de enero de 1995 , fecha en la que Austria se adhirió a las Comunidades Europeas .
En ese momento , sin perjuicio , por supuesto , de las excepciones expresas , todo el Derecho comunitario , incluidas las disposiciones en materia de libre circulación , entró en vigor y pasó a ser inmediatamente aplicable en ese nuevo Estado miembro . 51 .
La sociedad del Sr .
Ciola era titular y arrendataria de 200 puestos de atraque para embarcaciones de recreo situados en la parte austriaca del lago Constanza .
Una resolución administrativa de 1990 establecía que podía arrendarse a residentes en el extranjero un máximo de 60 puestos de atraque . ( 16 ) Además , obligaba a presentar todos los años una lista de los puestos de atraque concedidos a personas residentes en el extranjero . ( 17 ) 52 .
El 10 de julio de 1996 ( 18 meses después de la adhesión ) , se adoptó una nueva resolución administrativa individual que declaró a la sociedad culpable de arrendar a residentes en el extranjero dos puestos de atraque , en enero y mayo de 1995 , que rebasaban el contingente máximo de 60 .
Por cada una de estas infracciones de la resolución administrativa de 1990 se impusieron sendas multas al Sr .
Ciola . ( 18 ) El Sr .
Ciola recurrió la resolución sancionadora de 1996 .
Cuando el asunto se remitió al Tribunal de Justicia , en su segunda cuestión prejudicial , el órgano jurisdiccional remitente preguntó expresamente por el ámbito de aplicación temporal de esa limitación , dado que la resolución administrativa original había adquirido firmeza antes de la adhesión . 53 .
El Tribunal de Justicia comenzó su razonamiento confirmando que el contingente de puestos de atraque para residentes en el extranjero era contrario a las disposiciones sobre libre circulación de servicios .
Sin embargo , añadió que « el litigio no versa sobre el destino del propio acto administrativo , en el presente asunto la resolución de 9 de agosto de 1990 , sino sobre la cuestión de si tal acto debe dejarse inaplicado al apreciar la procedencia de una sanción impuesta [ después de la fecha de adhesión ] por el incumplimiento de una obligación que deriva de él , debido a su incompatibilidad con el principio de libre prestación de servicios » . ( 19 ) El Tribunal de Justicia concluyó que dicho acto debía dejarse inaplicado . 54 .
En el presente asunto , el recurrente se basa en la sentencia de 29 de abril de 1999 , Ciola ( C ‑ 224 / 97 , EU : C : 1999 : 212 ) como si esta ratificara efectivamente que una persona que sufre los efectos negativos de una resolución administrativa tiene derecho a que estos se neutralicen si , hipotéticamente , la resolución administrativa hubiera sido incompatible con una nueva normativa , de haber sido adoptada tras la entrada en vigor de esta . 55 .
Ahora bien , esta conclusión no se deduce de la sentencia de 29 de abril de 1999 , Ciola ( C ‑ 224 / 97 , EU : En ella , el recurrente impugnaba la validez de una multa que había sido impuesta mediante una resolución posterior a la entrada en vigor en Austria de las disposiciones en materia de libre circulación .
Además , la multa se impuso por determinadas acciones que había llevado a cabo la sociedad del Sr .
Ciola — el arrendamiento de puestos de atraque en enero y mayo de 1995 — que en sí mismas eran posteriores a la adhesión . 56 .
Por tanto , resulta bastante evidente que en el asunto Ciola ( sentencia de 29 de abril de 1999 , C ‑ 224 / 97 , EU : C : 1999 : 212 ) resultaba aplicable la nueva ley posterior a la adhesión y que , como es lógico , dicha aplicación era necesaria para apreciar una nueva situación .
Los hechos posteriores a la adhesión ( arrendamiento de puestos de atraque ) debían apreciarse con arreglo a la nueva legislación en vigor tras la adhesión y ser conformes con ella ( la legislación nacional tenía que adaptarse prospectivamente para adecuarse a la normativa de la Unión que acababa de entrar en vigor ) .
Además , es evidente que no se produjo una « neutralización » de los efectos ( anteriores ) de la resolución de 1990 en el sentido que sugiere el recurrente .
El Tribunal de Justicia no declaró que debiera revisarse dicha resolución ni pagarse ninguna compensación al respecto .
En cambio , únicamente se exigió que la resolución anterior , incompatible ya con las nuevas disposiciones posteriores a 1995 , dejara de aplicarse tras la adhesión en el contexto de la imposición de sanciones administrativas . 2 .
Jurisprudencia específica en materia de pensiones 57 .
El enfoque general descrito en la sección anterior resulta asimismo aplicable en el contexto de la Directiva 2000 / 78 y los regímenes de pensiones . ( 20 ) Ahora bien , la manera en concreto en que estas normas se aplican a casos particulares no es necesariamente evidente .
No pueden obviarse las particularidades de los regímenes de pensiones .
Los derechos se devengan y las pensiones se pagan durante décadas , a lo largo de las cuales las disposiciones normativas pueden sufrir cambios significativos .
El hecho de que los litigios relativos a pensiones puedan tener repercusiones dinerarias tan elevadas para el particular y , en su conjunto , para el Estado y para los fondos de pensiones privados , hacen que este sea un ámbito muy delicado . 58 .
Esta es , sin duda , una característica importante que puede apreciarse en la jurisprudencia en materia de pensiones que se examinará en la presente sección .
La mayor parte de esas sentencias versa sobre resoluciones en materia de pensiones que han sido adoptadas después de la entrada en vigor de normas nuevas . a ) Hechos anteriores , nueva normativa y necesidad de una nueva resolución 59 .
El Tribunal de Justicia ha dictado muchas sentencias específicamente en materia de pensiones en las que ha confirmado que , al establecer el derecho a una pensión , deben tenerse en cuenta los hechos anteriores a la entrada en vigor de nuevas normas que prohíben la discriminación ( en particular , los períodos de servicio ) . 60 .
Así , por ejemplo , los asuntos Bruno y otros y O ’ Brien ( 21 ) versan sobre la igualdad de trato de trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo , consagrada en la Directiva 97 / 81 / CE . ( 22 ) En estos asuntos , el Tribunal de Justicia declaró que , para determinar si una persona tenía derecho a una pensión , debían tenerse en cuenta los períodos de trabajo a tiempo parcial anteriores a la entrada en vigor de dicha Directiva . ( 23 ) Tanto en Bruno y otros como en O ’ Brien se concluyó que la pensión debía calcularse tras la entrada en vigor de la Directiva . ( 24 ) 61 .
La conclusión fue similar en los asuntos Barber ( 25 ) y Ten Oever , ( 26 ) relativos a una supuesta discriminación por razón de sexo contraria al artículo 119 CE .
En estos asuntos , la pensión se calculó tras la entrada en vigor del artículo 119 CE . ( 27 ) 62 .
En el asunto Maruko , ( 28 ) se examinó la negativa a otorgar una pensión de supervivencia basada en una supuesta discriminación por motivos de orientación sexual contraria a la Directiva 2000 / 78 .
Al igual que en el asunto Ten Oever , ( 29 ) el hecho pertinente se había producido y la nueva resolución se había adoptado tras la expiración del plazo de transposición ( fallecimiento del cónyuge y resolución denegatoria de la pensión de supervivencia , respectivamente ) . ( 30 ) 63 .
Los asuntos Kauer y Duchon , ( 31 ) por su parte , versaban sobre una discriminación por razón de la nacionalidad .
En estos asuntos , los demandantes solicitaron una pensión en Austria después de la adhesión y pidieron que se tuvieran en cuenta determinados hechos acaecidos en otros Estados miembros antes de la adhesión ( en el caso de Kauer , períodos dedicados al cuidado de hijos en Bélgica , y en el caso de Duchon , un accidente laboral en Alemania que dio lugar a una incapacidad ) . 64 .
En resumen , todos los anteriores asuntos en materia de pensiones tienen por objeto situaciones en las que se toman en consideración determinados hechos anteriores a una nueva normativa al adoptar una resolución posterior a esta .
Esto se adecua perfectamente al patrón de la jurisprudencia general citada anteriormente : existe una situación fáctica continuada que , tras la entrada en vigor de una nueva normativa , debe ser objeto de una nueva apreciación jurídica .
En tales situaciones y , en particular , en el ámbito de la seguridad social , es totalmente lógico que se tengan en cuenta todos los elementos fácticos pertinentes anteriores a la nueva normativa . 65 .
Por este motivo , en mi opinión , esta jurisprudencia no puede aplicarse en el presente asunto , en el que los hechos , las disposiciones aplicables y la propia resolución administrativa son anteriores a la nueva normativa .
Los únicos hechos posteriores a la nueva normativa son los pagos de la pensión que recibe el recurrente . 66 .
Ello es tanto más cierto cuanto que la resolución supuestamente discriminatoria objeto del presente asunto versa sobre la apreciación jurídica y la aplicación del Derecho a hechos que , como tales , no están directamente relacionados con el derecho a pensión o con el cálculo de esta .
La supuesta discriminación atañe a una resolución disciplinaria en la que , tras confirmarse la culpabilidad del recurrente , se impuso a este una doble sanción disciplinaria . ( 32 ) Por supuesto , no puede negarse que dicha resolución incidiera en la pensión del recurrente . ( 33 ) Sin embargo , a diferencia de los asuntos examinados en esta sección , el presente litigio no tiene por objeto , por ejemplo , ninguna condición objetiva del derecho a pensión , relativa a situaciones personales o a los períodos de servicio , sino una resolución disciplinaria subyacente y autónoma inducida por un conjunto concreto de hechos . b ) Pensiones existentes , nueva normativa y situaciones actuales 67 .
La sentencia recaída en el asunto Römer , ( 34 ) que ha sido citada por todas las partes , tampoco encaja demasiado bien en el patrón anterior .
Por tanto , es conveniente examinarla con mayor detenimiento . 68 .
En ese asunto , el demandante , en efecto , estaba jubilado y cobraba su pensión cuando en 2001 ( es decir , antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2000 / 78 ) constituyó una pareja estable inscrita con su compañero .
Al Sr .
Römer se le denegó la escala de gravamen que le habría resultado aplicable en circunstancias normales de haber contraído matrimonio ( heterosexual ) ( 35 ) y que le habría dado derecho a una pensión mayor . 69 .
El Tribunal de Justicia señaló , en esencia , que , en la medida en que se había producido una discriminación , el Sr .
Römer podía exigir que se le dispensara igualdad de trato a efectos fiscales a partir de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2000 / 78 .
Ahora bien , a diferencia del resto de asuntos antes citados , en el asunto Römer ( sentencia de 10 de mayo de 2011 , C ‑ 147 / 08 , EU : C : 2011 : 286 ) la pensión se había calculado mediante resolución antes de la entrada en vigor de la nueva normativa .
La cuestión versaba sobre el mantenimiento de la discriminación en los ulteriores pagos y en la situación fiscal del demandante . 70 .
Pues bien , ese asunto es diferente del que nos ocupa , por dos motivos en particular . 71 .
En primer lugar , es cierto que la situación fiscal del Sr .
Römer se había determinado antes de la expiración del plazo de transposición de la Directiva 2000 / 78 , de modo que , en este sentido , se trataba de una resolución « firme » .
Sin embargo , también es cierto que la ley nacional aplicable contemplaba la posibilidad de revisar el tratamiento fiscal en caso de producirse un cambio en las circunstancias personales .
Por tanto , como señaló el Tribunal de Justicia , si , con arreglo a la normativa nacional aplicable , « los requisitos [ de aplicación de una escala de gravamen más favorable ] solo concurren después de que comience a abonarse la pensión de jubilación , a partir de ese momento se aplicará esta última disposición , si el interesado así lo solicita » . ( 36 ) 72 .
En el asunto Römer ( sentencia de 10 de mayo de 2011 , C ‑ 147 / 08 , EU : C : 2011 : 286 ) , por ende , existía un mecanismo que permitía adoptar nuevas resoluciones teniendo en cuenta nuevas circunstancias personales y , a efectos del cálculo de prestaciones sociales , cambios pertinentes en tales circunstancias . 73 .
En segundo lugar , y de mayor importancia , al margen de la cláusula de revisión mencionada , la sentencia de 10 de mayo de 2011 , Römer ( C ‑ 147 / 08 , EU : C : 2011 : 286 ) , examina la manera en que una nueva normativa ( la Directiva 2000 / 78 ) puede aplicarse a la situación personal actual de un individuo al objeto de revisar una resolución sobre sus derechos de pensión . 74 .
En mi opinión , esa situación es completamente diferente del tipo de aplicación temporal que defiende el recurrente en el presente litigio .
En el asunto que nos ocupa , lo que se propone no es la posibilidad ( legalmente prevista ) de tener en cuenta las circunstancias personales en relación con un ajuste futuro , sino la revisión , a la luz de normas nuevas , de un conjunto de hechos cerrado que tuvo lugar hace muchos años y de la resolución disciplinaria adoptada al respecto , con el objetivo de modificar sus repercusiones sobre los derechos de pensión . c ) ¿ Hay excepciones a la norma ?
Es cierto que el Tribunal de Justicia ha dictado algunas sentencias aisladas en la que la resolución de conceder una pensión y todos los hechos pertinentes son de fecha aparentemente anterior a la nueva normativa .
En otras palabras , ya se ha adoptado una resolución por la que se concede ( o deniega ) una pensión y se fija la cuantía de esta , pero se invocan nuevas normas que permiten reconsiderar tal resolución sin que existan nuevos hechos ni hayan cambiado las circunstancias personales . 76 .
Ahora bien , en la práctica , tales sentencias son excepcionales y , si se analizan con detalle , permiten observar fácilmente sus características distintivas .
En el asunto P .
/ Comisión , ( 37 ) la demandante se había divorciado de un funcionario de la Comisión .
Cuando el funcionario falleció , P . no tenía derecho a una pensión de supervivencia porque la « responsabilidad » del divorcio no recaía exclusivamente en el difunto .
Pocos meses después del fallecimiento , entró en vigor una nueva normativa que habría dado derecho a P . a una pensión de supervivencia . ( 38 ) El Tribunal de Justicia aplicó la nueva normativa y reconoció un derecho a pensión a favor de P . a partir de la fecha de la entrada en vigor de tal normativa . 77 .
El asunto P .
/ Comisión ( sentencia de 5 de febrero de 1981 , 40 / 79 , EU : C : 1981 : 32 ) presenta , sin embargo , algunas características particulares .
En efecto , la Comisión presentó sólidos argumentos a favor de la aplicación de la nueva normativa ( se opuso al pago de la pensión por otros motivos ) .
Otras instituciones aplicaban la normativa con efectos inmediatos y , en opinión de la Comisión , el no hacerlo hubiera dado lugar a una discriminación entre funcionarios .
Además , la resolución original por la que se denegó la pensión a P . se había adoptado , en la práctica , algunos días después de la entrada en vigor de la nueva normativa ( aunque el fallecimiento del exmarido se produjera con anterioridad ) . 78 .
En el asunto Brock , ( 39 ) se concedió a la demandante una pensión de invalidez en 1958 .
En 1961 , dicha pensión se transformó en una de vejez .
La cuestión radicaba , en esencia , en determinar si la nueva normativa , que exigía tener en cuenta las contribuciones en otros Estados miembros y había entrado en vigor el 1 de enero de 1964 , era aplicable .
El Tribunal de Justicia concluyó que sí lo era . 79 .
En mi opinión , resulta significativo que en ese asunto la normativa pertinente contenía una disposición que contemplaba expresamente la posibilidad de revisar las pensiones que habían sido calculadas antes de su entrada en vigor . 80 .
Sin embargo , el elemento que más diferencia los asuntos P .
/ Comisión ( sentencia de 5 de febrero de 1981 , 40 / 79 , EU : C : 1981 : 32 ) y Brock ( sentencia de 14 de abril de 1970 , 68 / 69 , EU : C : 1970 : 24 ) del que nos ocupa es que , en aquellos , las resoluciones pertinentes versaban sobre la apreciación de las condiciones de concesión de la pensión con arreglo a la nueva normativa . 81 .
Obviamente , esto difiere de la apreciación de una conducta anterior con arreglo a la nueva normativa a efectos de determinar lo distintas que habrían sido una resolución ( disciplinaria ) y las repercusiones de esta en los consiguientes derechos de pensión . 82 .
Así , por ejemplo , en el asunto P .
/ Comisión ( sentencia de 5 de febrero de 1981 , 40 / 79 , EU : C : 1981 : 32 ) , la exmujer no solicitó una nueva apreciación de su divorcio al objeto de determinar si su exmarido había sido el único responsable de este .
En el asunto Brock ( sentencia de 14 de abril de 1970 , 68 / 69 , EU : C : 1970 : 24 ) , el trabajador incapacitado no solicitó una nueva apreciación de las circunstancias de su accidente para establecer si podía considerarse un accidente laboral .
Las resoluciones relativas a la responsabilidad del divorcio o al accidente tenían carácter firme , al igual que la resolución disciplinaria objeto del presente asunto . 83 .
En resumen , sentencias como P .
/ Comisión ( sentencia de 5 de febrero de 1981 , 40 / 79 , EU : C : 1981 : 32 ) y Brock ( sentencia de 14 de abril de 1970 , 68 / 69 , EU : C : 1970 : 24 ) tienen , a primera vista , mayor efecto retroactivo que otros asuntos antes expuestos .
Sin embargo , al margen de que son asuntos relativamente antiguos y aislados , pueden distinguirse claramente del presente litigio .
En cualquier caso , está claro , en mi opinión , que esas sentencias no pueden interpretarse en el sentido de que la adopción de normas nuevas genera un derecho absoluto a revisar una resolución administrativa subyacente anterior , que ha adquirido firmeza , a la luz de dichas normas nuevas y a realizar los ajustes correspondientes en los pagos de pensiones . d ) Disposiciones transitorias 84 .
Por último , conviene examinar otra línea jurisprudencial en el ámbito de las pensiones relativa a la Directiva 79 / 7 / CEE . ( 40 ) Esta Directiva exigía a los Estados miembros aplicar el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social .
En el marco de dicho proceso , los Estados miembros modificaron su normativa nacional en materia de prestaciones para eliminar toda discriminación por razón de sexo . 85 .
Tales cambios legislativos dieron lugar a varios procedimientos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia .
Por cuanto aquí interesa , en dichos asuntos , se había denegado a las demandantes , con arreglo a normas nacionales discriminatorias , determinadas prestaciones de seguridad social mediante una resolución adoptada antes del plazo de transposición de la Directiva .
En efecto , trataban de obtener esos beneficios una vez transcurrido el plazo de transposición , mediante la aplicación de normas nuevas no discriminatorias . 86 .
El Tribunal de Justicia ha confirmado en reiteradas ocasiones que , tras la expiración del plazo de transposición , los efectos de la discriminación deben eliminarse .
Ahora bien , si se examinan con atención , estos asuntos son , de nuevo , muy distintos del presente . 87 .
Por ejemplo , en el asunto Borrie Clarke , ( 41 ) la legislación nacional imponía un requisito adicional a las mujeres que solicitaban una pensión de invalidez en comparación con los hombres ( la falta de capacidad para realizar tareas domésticas ) .