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La demandante no reunía dicho requisito adicional , por lo que , en 1983 , se denegó su solicitud de pensión .
La legislación nacional se modificó posteriormente para adecuarse a la Directiva .
La pensión de invalidez se sustituyó por una prestación por invalidez y se exigieron nuevos requisitos , iguales para ambos sexos .
Sin embargo , como parte de la transición , las personas a las que se habían concedido pensiones de invalidez antes de la nueva legislación recibieron automáticamente la prestación por invalidez , sin necesidad de que concurrieran los nuevos requisitos .
Por consiguiente , las disposiciones transitorias confirmaron y perpetuaron la discriminación . 88 .
El Tribunal de Justicia señaló que « si , a partir del [ plazo de transposición ] , un hombre que se encontraba en la misma situación que una mujer tenía derecho automáticamente , con arreglo a las disposiciones transitorias antes mencionadas , a la nueva prestación por invalidez grave sin tener que probar nuevamente sus derechos , la mujer [ tenía ] igualmente derecho a ello sin tener que cumplir un requisito adicional aplicable , antes de esa fecha , únicamente a las mujeres casadas » . ( 42 ) 89 .
En mi opinión , las circunstancias de Borrie Clarke son similares a las del resto de los asuntos relativos a pensiones antes expuestos en la letra a ) .
Las disposiciones transitorias suponían , en efecto , una nueva forma de aplicación ( o , al menos , una renovación de la resolución anterior con arreglo a la nueva normativa ) de las normas discriminatorias en el futuro .
En consecuencia , esta línea jurisprudencial también es diferente del presente asunto . 90 .
El resto de sentencias versan sobre un tipo de situación similar , aunque en referencia a distintos tipos de prestaciones . ( 43 ) 3 .
Relaciones que perduran en el tiempo 91 .
En sus observaciones escritas , la Comisión cita asimismo el asunto Österreichischer Gewerkschaftsbund ( 44 ) y establece un paralelismo con el mantenimiento de la discriminación en el pago de salarios mensuales .
Esto está en línea con las alegaciones del recurrente , que en reiteradas ocasiones se refieren al mantenimiento de la discriminación consistente en la reducción de los pagos periódicos de la pensión . 92 .
En la medida en que la alusión a esta línea jurisprudencial podría considerarse favorable a una argumentación contraria a la expuesta en la sección anterior , no veo cómo podría respaldar las pretensiones del recurrente .
A mi juicio , también en esta ocasión , esta jurisprudencia es , simplemente , distinta . 93 .
En el asunto Österreichischer Gewerkschaftsbund , ( 45 ) a efectos del cálculo de la retribución de los profesores contratados , la legislación austriaca tenía en cuenta toda la experiencia docente anterior adquirida en Austria .
La experiencia docente en otros Estados miembros únicamente se tomaba en consideración de forma limitada .
El Tribunal de Justicia consideró que tal limitación era contraria a la libre circulación de trabajadores .
Asimismo declaró que , para subsanar la discriminación , la experiencia docente en otros Estados miembros debía tenerse en cuenta íntegramente , aun cuando hubiese sido adquirida antes de la adhesión de Austria . 94 .
En realidad , la sentencia de 30 de noviembre de 2000 , Österreichischer Gewerkschaftsbund ( C ‑ 195 / 98 , EU : C : 2000 : 655 ) forma parte de un conjunto de sentencias en las que , en efecto , el Tribunal de Justicia ha señalado esencialmente que , en el ámbito laboral , los hechos previos a la entrada en vigor de normas nuevas deben tomarse en consideración para calcular la retribución de los empleados si son pertinentes a tales efectos con arreglo al nuevo régimen legal . ( 46 ) Así , por ejemplo , en una serie de casos que empezó con el asunto Hütter , el Tribunal de Justicia señaló que las normas austriacas que prohíben tener en cuenta la experiencia profesional adquirida antes de los 18 años para determinar la escala salarial de los funcionarios eran contrarias a la prohibición de discriminación por razón de edad con arreglo a la Directiva 2000 / 78 . ( 47 ) Las escalas salariales debían ajustarse para eliminar la discriminación , incluso en los casos en los que la experiencia pertinente se había adquirido antes de la expiración del plazo de transposición de dicha Directiva . 95 .
En mi opinión , no es posible establecer un paralelismo directo entre tales asuntos , relativos a la aplicación de ajustes salariales con el objetivo de suprimir una discriminación , y asuntos como el presente , por una sencilla razón : la relación laboral en asuntos como Österreichischer Gewerkschaftsbund ( sentencia de 30 de noviembre de 2000 , C ‑ 195 / 98 , EU : C : 2000 : 655 ) perduraba en el tiempo , con sus consiguientes derechos y obligaciones recíprocos .
El empleado pertenece a un nivel o categoría y cuenta con un determinado número de años de experiencia pertinente , que se utilizan cada mes para calcular su retribución .
Por tanto , todos los meses se produce una « renovación » , es decir , una nueva aplicación de la normativa existente a efectos del cálculo adecuado de su retribución , que requiere realizar continuos ajustes a la luz de las nuevas normas y de los cambios en su situación personal . ( 48 ) Esta situación es , de hecho , similar en cierto modo a los hechos del asunto Römer ( sentencia de 10 de mayo de 2011 , C ‑ 147 / 08 , EU : C : 2011 : 286 ) , en el que determinadas disposiciones legales específicas relativas al cambio de la situación personal del demandante permitían una « renovación » similar . ( 49 ) 96 .
En cambio , en asuntos como el presente , la relación laboral ha finalizado , ( 50 ) todos los derechos de pensión se han devengado antes de dicha finalización y la resolución disciplinaria consistente en la reducción del 25 % se adoptó en 1975 sobre la base de hechos pasados y es firme .
Los efectos prácticos de dicha resolución siguen sintiéndose , al igual que sucede con cualquier hecho acaecido en el pasado , pero no perdura ninguna relación jurídica que exija una nueva apreciación con arreglo a la nueva normativa .
Ningún hecho pasado sigue siendo pertinente .
En este sentido , los efectos jurídicos de los hechos pasados se han extinguido . 4 .
Reconsideración de resoluciones anteriores 97 .
Por último , en aras de un examen exhaustivo , debe añadirse que , en el Derecho de la Unión , además de las normas relativas a la aplicación temporal de normas nuevas a hechos pasados o relaciones jurídicas que perduran , también existe una obligación limitada de volver a considerar resoluciones anteriores si estas son incompatibles con el Derecho de la Unión . 98 .
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia señala la importancia del principio de cosa juzgada para garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de justicia .
Las resoluciones judiciales que han adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos no pueden impugnarse . ( 51 ) Esto es así aun cuando ello permitiera a un órgano jurisdiccional nacional subsanar una vulneración del Derecho de la Unión por la resolución en cuestión . ( 52 ) 99 .
Es cierto que las resoluciones firmes se pueden reconsiderar , pero únicamente cuando concurren circunstancias verdaderamente excepcionales .
Estas circunstancias engloban el pronunciamiento de una sentencia basada en una interpretación del Derecho de la Unión que es errónea y que se ha adoptado sin someter la cuestión ante el Tribunal de Justicia , con carácter prejudicial , y el hecho de que el interesado se haya dirigido al órgano administrativo inmediatamente después de haber tenido conocimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia . ( 53 ) 100 .
Ahora bien , al margen de cómo delimitar exactamente el umbral de « excepcionalidad » , el denominador común de estos pocos asuntos en los que se imponía tal obligación era , como es lógico , que la incompatibilidad ya existía en el momento en el que se adoptó la resolución en el ámbito nacional .
Por tanto , la resolución original ya vulneraba el Derecho de la Unión . 101 .
En cambio , en el presente asunto , en el momento en el que se adoptaron las resoluciones pertinentes ( la resolución disciplinaria y la resolución por la que se concedió una pensión al recurrente ) , Austria no era un Estado miembro y la Directiva 2000 / 78 aún no se había adoptado .
Además , tal como alega el Gobierno austriaco , sin que el recurrente lo haya negado , la resolución disciplinaria era compatible con el Derecho nacional cuando fue adoptada en 1974 . 102 .
Por tanto , no concurre en este asunto ninguna circunstancia excepcional que justifique reconsiderar resoluciones administrativas firmes ni , con mayor motivo , ningún elemento que justifique una norma más general y de mayor alcance sobre la aplicación temporal del Derecho de la Unión destinada a alcanzar el mismo resultado . 5 .
Aplicación al presente asunto 103 .
Las principales conclusiones que pueden extraerse de la jurisprudencia antes examinada son las siguientes . 104 .
En primer lugar , la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los efectos temporales de la nueva normativa y los derechos de pensión se centra en gran medida en situaciones en las que el derecho de pensión se estableció después de la entrada en vigor de la nueva normativa . 105 .
En segundo lugar , la jurisprudencia relativa a relaciones ( laborales ) que perduran y al ajuste de la escala salarial y de la retribución mensual no puede aplicarse al pago de pensiones , calculadas y satisfechas desde ( mucho ) antes de la entrada en vigor de la nueva normativa . 106 .
En tercer lugar , la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no permite respaldar con una base sólida la propuesta general según la cual los efectos continuados sobre las pensiones que tienen las resoluciones administrativas que han adquirido firmeza antes de la entrada en vigor de la nueva normativa deben revisarse teniendo en cuenta la forma en que se habría aplicado la nueva normativa .
Además , dicha propuesta es contraria a la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia en materia de cosa juzgada . 107 .
Ya he tratado de señalar las peculiaridades del presente litigio y de explicar por qué no puede englobarse en ninguna de las categorías descritas en las correspondientes secciones de las presentes conclusiones .
En resumen , considero que , en este asunto , la jubilación forzosa y la fijación de una pensión reducida pasaron a ser una « situación definitivamente consolidada » en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior punto 46 antes de que expirase el período transitorio de la Directiva 2000 / 78 .
El pago continuado de una pensión al recurrente no puede considerarse un « efecto futuro » de una situación que surgió antes de dicha Directiva , en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia , y que exige que tales efectos sean eliminados o modificados . 108 .
La resolución disciplinaria se impugnó sin éxito en la década de los 70 .
La cuestión jurídica de la condición de agente de policía jubilado del recurrente y de la reducción de su pensión ya se resolvió en ese momento .
El recurrente ha estado percibiendo su pensión desde 1976 .
No se ha adoptado ni debería haberse adoptado ninguna resolución nueva tras la extinción del plazo de transposición de la Directiva 2000 / 78 . 109 .
Además , todos los hechos pertinentes del presente asunto , en los que se basó la resolución disciplinaria , sucedieron en los años 70 .
Por tanto , a diferencia de lo que sucede en el asunto Römer ( sentencia de 10 de mayo de 2011 , C ‑ 147 / 08 , EU : C : 2011 : 286 ) , no existe ningún hecho actual relativo a la situación personal existente del recurrente que deba reconsiderarse con arreglo a la Directiva 2000 / 78 . 110 .
No creo que asuntos como Brock ( sentencia de 14 de abril de 1970 , 68 / 69 , EU : C : 1970 : 24 ) y P .
/ Comisión ( sentencia de 5 de febrero de 1981 , 40 / 79 , EU : C : 1981 : 32 ) puedan servir para fundamentar la propuesta general según la cual existe un derecho a revisar las pensiones consistente en la aplicación retroactiva de una nueva normativa a una resolución anterior que afecte al derecho a pensión y a la cuantía de esta .
Además , en mi opinión , Brock y P .
/ Comisión son asuntos muy distintos del presente asunto .
En esos dos asuntos , la resolución administrativa anterior se adoptó aplicando una serie de requisitos bastante específicos y objetivos en relación con el derecho a la pensión y la cuantía de esta .
Los cambios legislativos ulteriores modificaron tales requisitos .
Esto contrasta con el presente asunto , en el que lo que se propone de hecho es reconsiderar un procedimiento disciplinario de hace 40 años a la luz de nuevas normas en materia de discriminación y realizar una apreciación cualitativa de si la correspondiente resolución habría sido diferente y en qué medida . 111 .
En sus observaciones , el recurrente insiste en el carácter « continuado » de la discriminación , que se traduce en una reducción de la pensión mensual .
Ahora bien , de los asuntos relativos a las relaciones jurídicas que perduran en el tiempo y a la necesidad de adaptar tales relaciones gradualmente a la luz de la nueva normativa , como los asuntos Österreichischer Gewerkschaftsbund ( sentencia de 30 de noviembre de 2000 , C ‑ 195 / 98 , EU : C : 2000 : 655 ) o Römer ( sentencia de 10 de mayo de 2011 , C ‑ 147 / 08 , EU : C : 2011 : 286 ) , se deduce claramente que la mera percepción de pagos mensuales con arreglo a resoluciones firmes de 1975 y 1976 no requiere una nueva apreciación de ningún hecho pertinente . 112 .
Lo que en realidad se solicita en el presente asunto es una nueva apreciación de una resolución disciplinaria subyacente , de carácter firme , a la luz de nuevas normas en materia de prohibición de discriminación , al objeto de establecer las repercusiones en la pensión mensual .
El tenor de la versión alemana de la última frase de la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente — que se refiere a la adopción de un nuevo tipo de resolución « gedachte » que , de haber sido adoptada tras la entrada en vigor de la Directiva 2000 / 78 , sería contraria a esta última — quizás capte mejor la verdadera esencia de la pretensión del recurrente .
« Gedachte » puede traducirse , en efecto , como « hipotética » , aunque su verdadero significado en este contexto es más bien ( completamente ) « imaginaria » . 113 .
En mi opinión , en un asunto como el presente , es evidente que el Derecho de la Unión no reconoce a los particulares el derecho a solicitar la revisión , a la luz de una nueva normativa , de una resolución administrativa que les afecte durante toda su vida y que tenga o pueda haber tenido un efecto negativo en su pensión ( o en otras prestaciones ) .
Simplemente , no hay ningún fundamento en el Derecho de la Unión que permita mantener una propuesta de tal alcance . 114 .
Por último , para examinar de manera exhaustiva las alegaciones formuladas por el recurrente , ha de observarse el argumento moral mucho más profundo , en parte interrelacionado con la alegación « técnica » relativa a la aplicación temporal de normas nuevas y en parte independiente de ella , presente en las observaciones del recurrente .
Si se examina separadamente , como de hecho sugirió el recurrente en la vista , dicho argumento deviene ciertamente independiente de cualquier revisión de una resolución disciplinaria de 1975 .
Lo que se reprocharía a Austria no es el hecho de no haber revisado hechos pasados , sino el de no haber compensado de forma activa y prospectiva sus errores anteriores , tras 2003 , cuando la Directiva 2000 / 78 ya estaba en vigor y el país había sido condenado por las sentencias del TEDH . ( 54 ) 115 .
A este respecto , conviene reiterar que , en mi opinión , tal obligación no se deduce del Derecho de la Unión .
El propio artículo 17 de la Directiva 2000 / 78 , que exige a los Estados miembros establecer sanciones efectivas , proporcionadas y disuasorias , está vinculado , lógicamente , con el ámbito de aplicación temporal de dicha Directiva . 116 .
Además , las resoluciones administrativas se adoptan en contextos específicos al momento concreto .
Los marcos penales , disciplinarios y morales en Austria han cambiado considerablemente desde 1975 , al igual que en el resto de Europa .
Por tanto , en Austria , por ejemplo , en el presente solo se impondrían sanciones disciplinarias a agentes de policía cuyos actos menoscabasen la confianza pública en las fuerzas policiales .
Sin embargo , una condena penal conllevaría la separación automática del servicio , hasta donde yo conozco , sin derecho a pensión alguno .
Actualmente , en Austria , la edad de consentimiento sexual tanto para personas homosexuales como heterosexuales , es de 14 años .
Sin embargo , se prevén excepciones expresas para menores de 16 años que no se consideran suficientemente maduros . 117 .
En resumen , la moralidad es un objetivo cambiante .
Además , los argumentos morales suelen ser un arma de doble filo .
En asuntos complejos en lo que a los hechos se refiere , que implican la necesidad de realizar múltiples juicios morales , como sucede en el presente asunto , pueden justificar lo propio y lo contrario .
Por tanto , al margen de situaciones extremas en las que se produce un atentado obvio y patente contra los valores humanos fundamentales , que podría decirse que desencadenan la obligación moral de remediar los errores pasados con independencia del tiempo , ( 55 ) las sociedades y sus ordenamientos deberían poder evolucionar paulatinamente , dejando el pasado en el pasado . 6 .
Conclusiones sobre la primera cuestión prejudicial 118 .
A la vista de las consideraciones anteriores , propongo responder a la primera cuestión prejudicial en los términos siguientes : El artículo 2 de la Directiva 2000 / 78 no se opone a que se mantenga el efecto normativo de una resolución administrativa en materia de sanciones a los funcionarios ( resolución disciplinaria ) que ha adquirido firmeza con arreglo a la legislación nacional , por la cual se dispuso la jubilación de un funcionario con reducción del importe de la pensión , cuando : – en el momento de su adopción la citada resolución administrativa aún no estaba sujeta al Derecho de la Unión , en particular a la Directiva 2000 / 78 , si bien – una ( hipotética ) resolución similar sería contraria a la Directiva 2000 / 78 si hubiese sido adoptada durante la vigencia de dicha Directiva .
Cuestiones prejudiciales segunda y tercera 119 .
A la luz de la respuesta que propongo dar a la primera cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente , no es necesario responder a las cuestiones prejudiciales segunda y tercera .
Sin embargo , para el caso de que el Tribunal de Justicia alcanzase una conclusión diferente , a continuación examinaré brevemente estas cuestiones . 120 .
Si el Tribunal de Justicia considerase que los efectos de la resolución disciplinaria discriminatoria no pueden mantenerse , la cuestión que se plantea debe ser precisamente cuáles son las repercusiones de « no mantener tales efectos » en un asunto como el presente . 121 .
Salvo que la respuesta a dicha cuestión sea independiente de las resoluciones adoptadas en la década de los 70 , que contienen una declaración similar a lo que se ha debatido en relación con la obligación activa y prospectiva de pagar una compensación ( presumiblemente , de un importe a tanto alzado ) , el órgano jurisdiccional remitente tendría que examinar el contenido de la resolución disciplinaria para comprobar si esta fue adoptada de un modo compatible con la Directiva 2000 / 78 , en cuyo caso resultaría aplicable la fecha de esa nueva resolución imaginaria .
En lo sucesivo , me referiré a este enfoque como « teoría de la hipótesis » . 122 .
En mi opinión , la reconstrucción de una resolución de hace 40 años y de los efectos de esta entraña muchas dificultades .
No obstante , el órgano jurisdiccional remitente es bastante específico en las cuestiones prejudiciales segunda y tercera , y elabora un « guion » muy particular para desarrollar esta ficción jurídica .
En consecuencia , salvo que el Tribunal de Justicia se limite a declarar que « no pueden mantenerse los efectos » y que incumbe al órgano jurisdiccional nacional decidir cómo detectarlos y « neutralizarlos » , el Tribunal de Justicia , inevitablemente , se convertirá en su coautor .
A continuación , expongo algunas consideraciones sobre cómo podrían desarrollarse estos hechos . 1 .
Segunda cuestión prejudicial 123 .
La resolución disciplinaria estableció la jubilación anticipada del recurrente y una reducción del 25 % de la pensión de este .
Mediante su segunda cuestión prejudicial , el órgano jurisdiccional remitente pregunta si , para eliminar la discriminación inherente en la resolución administrativa , basta con suprimir la reducción del 25 % de la pensión o si habría que calcular la pensión como si el recurrente hubiese estado en activo desde que se le obligó a jubilarse .
¿ Basta con neutralizar los efectos futuros de la reducción del 25 % o también hay que neutralizar los efectos futuros de la jubilación forzosa anticipada ?
En sus observaciones , el recurrente aduce que la reducción del 25 % debería eliminarse íntegramente y que su pensión debería calcularse como si hubiera trabajado para las fuerzas policiales durante el período de transición .
En otras palabras , debería recrearse la situación que habría existido si la resolución disciplinaria no se hubiera adoptado en absoluto ( o si no se hubiera impuesto ninguna sanción ) . 125 .
La Comisión defiende la aplicación de la teoría de la hipótesis únicamente en relación con la reducción del 25 % , aunque admite que , incluso sin discriminación homófoba , es posible que también se hubiera reducido la pensión del recurrente para sancionar su conducta .
En cambio , la Comisión considera inadecuado aplicar la teoría de la hipótesis a la jubilación propiamente dicha .
La reducción de la pensión motivada por la jubilación anticipada no es , de hecho , un « efecto futuro » de una situación que surgió en el pasado y a la que deben aplicarse normas nuevas .
En opinión de la Comisión , los efectos jurídicos de la jubilación se extinguieron cuando finalizó la relación laboral .
En consecuencia , pueden mantenerse los efectos de la jubilación anticipada , consistentes en el no incremento de la pensión . 126 .
A continuación realizaré una serie de observaciones . 127 .
Si , en 1975 , la resolución disciplinaria hubiera sido adoptada de un modo que sí fuera compatible con la prohibición de discriminación por motivos de orientación sexual establecida en 2000 , no está claro si el recurrente habría estado obligado a jubilarse .
De hecho , la naturaleza « mucho menos severa » ( 56 ) de la sanción a la que hace referencia el órgano jurisdiccional remitente podría entenderse asimismo en el sentido de que el recurrente podría no haber sido jubilado . 128 .
En tal caso , en línea con la respuesta a la primera cuestión prejudicial , los « efectos futuros de la jubilación forzosa anticipada » no podrían mantenerse .
Estos efectos engloban , sin duda , que el recurrente dejó de trabajar para las fuerzas policiales , dejó de devengar derechos en materia de pensiones y no pudo tener en cuenta esos « años perdidos » para calcular su pensión .
Ciertamente , en este sentido , los efectos de la sanción todavía « perduran » .
Neutralizar los efectos futuros de una jubilación forzosa anticipada debería , por tanto , tener en cuenta ( de algún modo ) esos años perdidos . 129 .
La Comisión se opone a esta conclusión .
En su opinión , pueden mantenerse los efectos de la jubilación anticipada , que se tradujo en el no incremento de la pensión . 130 .
A mi juicio , las alegaciones de la Comisión sobre este extremo son imposibles de reconciliar con su postura según la cual la reducción del 25 % impuesta por la resolución disciplinaria sí produce « efectos futuros » en el sentido que se ha expuesto anteriormente .
Ambas sanciones — la jubilación forzosa y la reducción del 25 % — se impusieron teniendo en cuenta los mismos hechos y mediante la misma resolución disciplinaria .