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Además , como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia de 28 de junio de 2018 , HR ( C ‑ 512 / 17 , EU : C : 2018 : 513 ) , apartado 59 y jurisprudencia citada , que versa sobre la interpretación del artículo 8 , apartado 1 , del Reglamento n.o 2201 / 2003 , « el legislador de la Unión considera que los órganos jurisdiccionales cercanos en el ámbito geográfico [ a la residencia habitual del menor ] generalmente pueden apreciar mejor qué medidas deben adoptarse en su interés » . 35 El Tribunal de Justicia no se ha pronunciado expresamente sobre la aplicación de esta disposición .
Véanse , en este mismo sentido , las conclusiones del Abogado General Wathelet presentadas en el asunto IQ ( C ‑ 478 / 17 , EU : C : 2018 : 552 ) , punto 45 .
Esta interpretación podría resultar del comentario de Pataut , É . , y Gallant , E . , « Article 12 : Prorogation of jurisdiction » , en Magnus , U . , y Mankowski , P . , European Commentaries on Private International Law , Brussels IIbis Regulation , vol .
IV , Sellier European Law Publishers , Otto Schmidt , Colonia , 2017 , punto 41 ( p . 160 ) .
Dicha hipótesis no la contempla Joubert , N . , « Autorité parentale — Conflits de juridictions » , JurisClasseur — Droit international , LexisNexis , París , marzo de 2009 , fascículo 549 ‑ 20 , en particular punto 44 . 36 Este análisis debe relacionarse con el que figura en las sentencias de 1 de octubre de 2014 , E .
( C ‑ 436 / 13 , EU : C : 2014 : 2246 ) , apartados 45 a 47 y 49 , y de 15 de febrero de 2017 , W y V ( C ‑ 499 / 15 , EU : C : 2017 : 118 ) , apartados 51 y 52 . 37 A mi parecer , debe deducirse con claridad de la resolución dictada por el último órgano jurisdiccional italiano que este se pronuncia después de haber verificado , a la luz del interés superior del hijo , la prórroga de la competencia admitida después de que se interpusiera en 2007 la demanda ante el primer órgano jurisdiccional italiano . 38 Cabe recordar que la identidad de las partes se exige en relación con la demanda en materia de alimentos .
Por lo que se refiere a la demanda relativa al vínculo matrimonial , el órgano jurisdiccional italiano ha dictado una sentencia firme . 39 C ‑ 497 / 10 PPU , EU : 40 Véanse los apartados 68 y 69 de dicha sentencia . 41 Véase el apartado 70 de dicha sentencia . 42 C ‑ 497 / 10 PPU , EU : 43 Sobre la imposibilidad de conciliar una sentencia de divorcio con una sentencia de separación judicial , véase el informe explicativo de la Sra .
Borrás citado en la nota 26 , en particular punto 71 . 44 Lo mismo cabe decir en materia de obligación de alimentos .
El artículo 34 , punto 1 , y el artículo 35 , apartado 3 , del Reglamento n.o 44 / 2001 son aplicables . 45 La resolución controvertida fue dictada por el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda .
El litigio versaba sobre el lugar de residencia del menor y , en consecuencia , sobre la competencia de este órgano jurisdiccional y la acusación de que se había pronunciado al respecto incumpliendo las obligaciones previstas en el artículo 15 del Reglamento n.o 2201 / 2003 . 46 C ‑ 681 / 13 , EU : C : 2015 : 471 , apartados 40 a 42 y 44 . 47 Apartado 35 de la sentencia P . 48 Apartado 36 de la sentencia P .
Muy recientemente , el Tribunal de Justicia recordó en la sentencia de 15 de febrero de 2017 , W y V ( C ‑ 499 / 15 , EU : C : 2017 : 118 ) , apartado 50 y jurisprudencia citada , que el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales es la « piedra angular de la creación de un auténtico espacio judicial » , dado que estos términos se desprenden del considerando 2 del Reglamento n.o 2201 / 2003 . 49 Esta prohibición figura en la mayoría de los reglamentos puesto que es consustancial al principio de confianza mutua .
Véanse , en particular , el artículo 45 , apartado 3 , del Reglamento n.o 1215 / 2012 y los artículos 39 de los Reglamentos 2016 / 1103 y 2016 / 1104 .
Se trata para el Tribunal de Justicia de un principio fundamental , véase la sentencia de 28 de marzo de 2000 , Krombach ( C ‑ 7 / 98 , EU : C : 2000 : 164 ) , apartado 31 . 50 Véase el apartado 42 de la sentencia P . 51 Esta referencia hace que el tenor de este artículo difiera del artículo 35 , apartado 3 , del Reglamento n.o 44 / 2001 , redactado en términos generales : « [ … ] no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal del Estado miembro de origen .
El orden público contemplado en el punto 1 del artículo 34 no afectará a las reglas relativas a la competencia judicial » . 52 Véase el apartado 45 de la sentencia P . 53 Véase la sentencia de 28 de junio de 2018 , HR ( C ‑ 512 / 17 , EU : C : 2018 : 513 ) , apartado 59 y jurisprudencia citada . 54 Véase el apartado 46 de la sentencia P , que recuerda una regla constante basada en la prohibición de la revisión de una resolución ( véanse , en particular , los artículos 36 y 45 , apartado 2 , del Reglamento n.o 44 / 2001 y el artículo 26 del Reglamento n.o 2201 / 2003 ) . 55 Expresión que se utiliza en las sentencias de 16 de julio de 2009 , Hadadi ( C ‑ 168 / 08 , EU : C : 2009 : 474 ) , apartado 56 , y de 9 de octubre de 2014 , C ( C ‑ 376 / 14 PPU , EU : C : 2014 : 2268 ) , apartado 37 . 56 Véanse , a modo de ejemplo , la sentencia P y la sentencia de 15 de febrero de 2017 , W y V ( C ‑ 499 / 15 , EU : Véanse , asimismo , las observaciones de Joubert , N . , « La résidence de l ’ enfant du divorce face à la demande de modification de la décision relative à la garde et aux aliments » , Revue critique de droit international privé , Dalloz , París , 2018 , pp . 138 a 142 , en particular punto 9 ( pp . 140 y 141 ) . 57 Habida cuenta de la importancia de esta cuestión , así como de la que se resolvió en la sentencia P , cabe sugerir que se añada una propuesta relativa a dicho artículo 24 con ocasión de la refundición del Reglamento n.o 2201 / 2003 .
Puede observarse que no se ha presentado ninguna modificación relativa a las normas de competencia en el proyecto inicial , a saber , la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia , el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental , y sobre la sustracción internacional de menores [ COM ( 2016 ) 411 final ] , ni en la resolución legislativa del Parlamento Europeo de 18 de enero de 2018 sobre dicha propuesta , disponible en : http : / / www.europarl.europa.eu / sides / getDoc.do ?
pubRef = - / / EP / / TEXT + TA + P8 - TA - 2018 - 0017 + 0 + DOC + XML + V0 / / FR .
Sobre la fase en la que se encuentran actualmente los debates en el Consejo de la Unión Europea relativos a ese proyecto , véase el Bulletin Quotidien Europe n.o 12033 , Agence Europe , de 5 de junio de 2018 , p . 2 . 58 Véase la nota 51 de las presentes conclusiones . 59 Véanse los apartados 35 a 39 de esta sentencia y la sentencia de 16 de julio de 2015 , Diageo Brands ( C ‑ 681 / 13 , EU : C : 2015 : 471 ) , citada en los apartados 37 y 39 de la sentencia P , lo que permite adoptar la misma solución en materia de alimentos , regulada por el Reglamento n.o 44 / 2001 . 60 Véase , en relación con el Reglamento n.o 44 / 2001 , a modo de ejemplo reciente , la sentencia de 25 de mayo de 2016 , Meroni ( C ‑ 559 / 14 , EU : C : 2016 : 349 ) , apartados 38 a 42 y jurisprudencia citada . 61 Véase el apartado 39 de la sentencia P .
Véase , asimismo , el punto 93 de las presentes conclusiones . 62 Véase el apartado 53 de la sentencia P . 63 Véanse las sentencias de 28 de marzo de 2000 , Krombach ( C ‑ 7 / 98 , EU : C : 2000 : 164 ) , y de 2 de abril de 2009 , Gambazzi ( C ‑ 394 / 07 , EU : C : 2009 : 219 ) , que han de relacionarse con la sentencia de 25 de mayo de 2016 , Meroni ( C ‑ 559 / 14 , EU : 64 Véanse , a modo de ejemplo de tácticas dilatorias que se benefician de la asimilación de la separación al divorcio y del retraso de la tramitación de la demanda de divorcio resultante de la norma de litispendencia , Bonomi , A . , « La compétence internationale en matière de divorce , quelques suggestions pour une ( improbable ) révision du règlement Bruxelles II bis » , Revue critique de droit international privé , Dalloz , París , 2017 , pp . 511 a 534 , en particular pp . 528 a 530 [ letra a ) ] y la referencia , en la nota 80 , al comentario de Mankowski , P . , « Article 19 : Lis pendens and dependent actions » , en Magnus , U . , y Mankowski , P . , op . cit . , punto 37 ( pp . 249 y 250 ) . 65 Véase , en este sentido , la sentencia de 16 de julio de 2015 , Diageo Brands ( C ‑ 681 / 13 , EU : C : 2015 : 471 ) , apartado 40 . 66 Esta interpretación deberá combinarse con las sentencias que el Tribunal de Justicia ya ha dictado en relación con el Reglamento n.o 4 / 2009 , aplicable en materia de obligaciones de alimentos desde el 18 de junio de 2011 . 67 Véase el punto 50 de las presentes conclusiones . 68 Véanse , a este respecto , las propuestas sumamente interesantes de Niboyet , M .
‑ L . , y de Geouffre de la Pradelle , G . , Droit international privé , 6 . ª edición , Librairie générale de droit et de jurisprudence , Colección « Manuels » , París , 2017 , puntos 621 y 622 ( pp . 424 a 426 ) . 69 Véase , a modo de ejemplo , por lo que se refiere a los límites para la suspensión del procedimiento por razón de litispendencia fijados por el Tribunal de Justicia en caso de falta de respuesta del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda , la sentencia de 9 de noviembre de 2010 , Purrucker ( C ‑ 296 / 10 , EU : C : 2010 : 665 ) , apartados 82 a 84 .
Véase , asimismo , en el proyecto del Consejo de refundición del Reglamento n.o 2201 / 2003 , citado en la nota 57 de las presentes conclusiones , una afirmación más pronunciada de este principio . 70 Es preciso observar que , en el presente asunto , por lo que se refiere a las demandas en materia de responsabilidad parental y de alimentos , relativas a un menor nacido en febrero de 2006 y que vive en Rumanía desde octubre de 2006 , el procedimiento sigue pendiente en Italia desde hace once años ( tras la interposición de la demanda en mayo de 2007 , la primera resolución en cuanto al fondo se dictó en julio de 2013 después de que se ordenase el traslado del asunto en enero de 2012 ) y que el litigio versa sobre el reconocimiento de la sentencia dictada en Rumania , que adquirió firmeza hace cinco años ( 12 de junio de 2013 ) . 71 Véase , en particular , como recordatorio de los principios generales en caso de aplicación del artículo 15 del Reglamento n.o 2201 / 2003 , la sentencia de 27 de octubre de 2016 , D .
( C ‑ 428 / 15 , EU : C : 2016 : 819 ) , apartado 43 . 72 Ha de relacionarse con el apartado 44 de la sentencia de 28 de marzo de 2000 , Krombach ( C ‑ 7 / 98 , EU : C : 2000 : 164 ) , con arreglo al cual « la aplicación de la cláusula del orden público es posible en los casos excepcionales en los que las garantías establecidas en la legislación del Estado de origen y en el propio Convenio [ , de 27 de septiembre de 1968 , sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil , en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio , ] no bastan para proteger al demandado de una violación manifiesta de su derecho a defenderse ante el tribunal de origen , tal como está reconocido por el [ Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales , firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 ] » , y con la sentencia de 25 de mayo de 2016 , Meroni ( C ‑ 559 / 14 , EU : C : 2016 : 349 ) , apartados 44 a 46 y jurisprudencia citada . 73 Véase la sentencia de 16 de julio de 2015 , Diageo Brands ( C ‑ 681 / 13 , EU : C : 2015 : 471 ) , apartado 55 . 74 Véase la sentencia de 25 de mayo de 2016 , Meroni ( C ‑ 559 / 14 , EU : C : 2016 : 349 ) , apartado 47 y jurisprudencia citada .
Sentencia del Tribunal de Justicia ( Sala Cuarta ) de 12 de julio de 2018 ( petición de decisión prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia ) — VAR , Srl , Azienda Trasporti Milanesi SpA ( ATM ) / Iveco Orecchia SpA ( Asunto C - 14 / 17 ) 1 ( Procedimiento prejudicial — Contratos públicos — Directiva 2004 / 17 / CE — Artículo 34 — Suministro de repuestos para autobús y trolebús — Especificaciones técnicas — Productos equivalentes — Posibilidad de aportar la prueba de la equivalencia tras la adjudicación del contrato ) Lengua de procedimiento : italiano Órgano jurisdiccional remitente Consiglio di Stato Partes en el procedimiento principal Demandantes : VAR , Srl , Azienda Trasporti Milanesi SpA ( ATM ) Demandada : Iveco Orecchia SpA Fallo El artículo 34 , apartado 8 , de la Directiva 2004 / 17 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 31 de marzo de 2004 , sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua , de la energía , de los transportes y de los servicios postales , debe interpretarse en el sentido de que , cuando las especificaciones técnicas que figuran en los documentos del contrato hacen referencia a una marca , a un origen o a una producción determinada , el poder adjudicador debe exigir que el licitador aporte , ya en su oferta , la prueba de la equivalencia de los productos que propone en relación con los definidos en las citadas especificaciones técnicas . 1 DO C 168 de 29.5.2017 .
Sentencia del Tribunal de Justicia ( Sala Tercera ) de 11 de julio de 2018 ( petición de decisión prejudicial planteada por el Korkein oikeus — Finlandia ) — Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp .
Rajavartiolaitos ( Asunto C - 15 / 17 ) 1 ( Procedimiento prejudicial — Convención de Montego Bay — Artículo 220 , apartado 6 — Ejecución por los Estados ribereños — Competencia del Tribunal de Justicia para interpretar disposiciones del Derecho internacional — Directiva 2005 / 35 / CE — Contaminación procedente de buques — Artículo 7 , apartado 2 — Convenio Marpol 73 / 78 — Descarga de hidrocarburos en la zona económica exclusiva por un buque extranjero en tránsito — Circunstancias en las que un Estado ribereño puede iniciar un procedimiento contra un buque extranjero — Libertad de navegación — Protección del medio marino — Graves daños o amenaza de graves daños a las costas , los intereses conexos o a cualesquiera recursos del mar territorial o de la zona económica exclusiva — Prueba objetiva y clara ) Lengua de procedimiento : finés Órgano jurisdiccional remitente Korkein oikeus Partes en el procedimiento principal Demandante : Bosphorus Queen Shipping Ltd Corp .
Demandada : Rajavartiolaitos Fallo El artículo 220 , apartado 6 , de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar , firmada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 , y el artículo 7 , apartado 2 , de la Directiva 2005 / 35 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 7 de septiembre de 2005 , relativa a la contaminación procedente de buques y a la introducción de sanciones , incluidas las sanciones penales , para las infracciones de contaminación , en su versión modificada por la Directiva 2009 / 123 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo , de 21 de octubre de 2009 , deben interpretarse en el sentido de que las expresiones « prueba objetiva y clara » y « pruebas objetivas claras » , empleadas respectivamente en estas disposiciones , se refieren no solo a la comisión de una infracción , sino también a la prueba de las consecuencias de esa infracción .
Las expresiones « costas o [ . . . ] intereses conexos » , que figura en el artículo 220 , apartado 6 , de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar , y « costa o intereses conexos » , que figura en el artículo 7 , apartado 2 , de la Directiva 2005 / 35 , en su versión modificada por la Directiva 2009 / 123 , deben interpretarse en el sentido que , en principio , tienen el mismo significado que la expresión « costas o intereses conexos » , empleada en el artículo I , apartado 1 , y en el artículo II , apartado 4 , del Convenio Internacional relativo a la Intervención en Alta Mar en Casos de Accidentes que causen o puedan causar una Contaminación por Hidrocarburos , celebrado en Bruselas el 29 de noviembre de 1969 , debiendo puntualizarse que ese artículo 220 , apartado 6 , se aplica igualmente a los recursos no vivos del mar territorial del Estado ribereño y a cualesquiera recursos de su zona económica exclusiva .
El artículo 220 , apartado 6 , de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el artículo 7 , apartado 2 , de la Directiva 2005 / 35 , en su versión modificada por la Directiva 2009 / 123 , deben interpretarse en el sentido de que los recursos del mar territorial o de la zona económica exclusiva a los que se hace referencia en estas disposiciones incluyen tanto a las especies capturadas como a las especies vivas asociadas con las especies capturadas o dependientes de ellas , como son las especies de flora y fauna utilizadas como alimento por las especies capturadas .
En principio , no procede tener en cuenta el concepto de « contaminación considerable » al que se hace referencia en el artículo 220 , apartado 5 , de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar al aplicar el artículo 220 , apartado 6 , de dicha Convención y el artículo 7 , apartado 2 , de la Directiva 2005 / 35 , en su versión modificada por la Directiva 2009 / 123 , ni tampoco al apreciar las consecuencias de una infracción , tal y como se definen en dichas disposiciones .
Para apreciar las consecuencias de una infracción , tal como se definen en el artículo 220 , apartado 6 , de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y en el artículo 7 , apartado 2 , de la Directiva 2005 / 35 , en su versión modificada por la Directiva 2009 / 123 , han de tomarse en consideración todos los indicios que permitan demostrar que se ha causado o que se amenaza con causar un daño a los bienes y a los intereses conexos del Estado ribereño y evaluar la importancia del daño causado o que se amenaza con causar a dichos bienes o intereses , teniendo en cuenta , en particular : el carácter acumulativo de los daños causados a varios de esos bienes e intereses conexos , o incluso a todos ellos , y el distinto grado de vulnerabilidad del Estado ribereño en lo que concierne a los daños causados a los diversos bienes e intereses conexos ; las consecuencias desfavorables previsibles de las descargas sobre los referidos bienes e intereses conexos , basándose no solo en los datos científicos disponibles , sino también en la naturaleza de la o las sustancias nocivas contenidas en la descarga en cuestión y en el volumen , el sentido , la velocidad y la duración de la propagación de la descarga .
Las características geográficas y ecológicas particulares y la vulnerabilidad de la zona del mar Báltico influyen en las condiciones de aplicación del artículo 220 , apartado 6 , de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y del artículo 7 , apartado 2 , de la Directiva 2005 / 35 , en su versión modificada por la Directiva 2009 / 123 , en lo que concierne a la definición y a la calificación de la infracción y , aunque no de modo automático , en la apreciación del alcance del daño causado por dicha infracción a los bienes y a los intereses conexos del Estado ribereño .
El artículo 1 , apartado 2 , de la Directiva 2005 / 35 , en su versión modificada por la Directiva 2009 / 123 , debe interpretarse en el sentido de que no permite a los Estados miembros imponer medidas más restrictivas , conformes al Derecho internacional , que las establecidas en el artículo 7 , apartado 2 , de esta Directiva , cuando este sea aplicable , si bien los Estados miembros tienen la facultad de adoptar otras medidas de alcance equivalente a las previstas en dicho artículo 220 , apartado 6 . 1 DO C 86 de 20.3.2017 .
SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL ( Sala Cuarta ) de 11 de septiembre de 2018 ( * ) « Dumping — Importaciones de baldosas de cerámica originarias de China — Artículo 11 , apartados 3 y 5 , y artículo 17 del Reglamento ( CE ) n.o 1225 / 2009 [ actualmente artículo 11 , apartados 3 y 5 , y artículo 17 del Reglamento ( UE ) 2016 / 1036 ] — Denegación de una solicitud de reconsideración provisional parcial , limitada al dumping , del derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento de Ejecución ( UE ) n.o 917 / 2011 — Cambio durable de circunstancias — Muestreo — Examen individual — Falta de cooperación en la investigación que llevó a la adopción de las medidas definitivas » En el asunto T ‑ 654 / 16 , Foshan Lihua Ceramic Co .
Ltd , con domicilio social en Foshan City ( China ) , representada por los Sres .
Spinoit y D .
Philippe , abogados , parte demandante , contra Comisión Europea , representada por los Sres .
França , T .
Maxian Rusche y N .
Kuplewatzky y por la Sra .
Demeneix , en calidad de agentes , parte demandada , que tiene por objeto un recurso basado en el artículo 263 TFUE por el que se solicita la anulación de la Decisión de Ejecución C ( 2016 ) 4259 de la Comisión , de 11 de julio de 2016 , por la que se deniega una solicitud de reconsideración provisional parcial limitada a aspectos del dumping en relación con las medidas antidumping definitivas establecidas por el Reglamento de Ejecución ( UE ) n.o 917 / 2011 del Consejo , de 12 de septiembre de 2011 , sobre las importaciones de baldosas de cerámica originarias de la República Popular China , EL TRIBUNAL GENERAL ( Sala Cuarta ) , integrado por el Sr .
Kanninen , Presidente , y los Sres .
Schwarcz ( Ponente ) y C .
Iliopoulos , Jueces ; Secretario : Sra .
Heeren , administradora ; habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 28 de noviembre de 2017 ; dicta la siguiente Sentencia Antecedentes del litigio 1 La demandante , Foshan Lihua Ceramic Co .
Ltd , con domicilio social en Foshan ( China ) , es un fabricante de baldosas de cerámica . 2 El 12 de septiembre de 2011 , el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento de Ejecución ( UE ) n.o 917 / 2011 , por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de baldosas de cerámica originarias de la República Popular China ( DO 2011 , L 238 , p . 1 ; en lo sucesivo , « Reglamento definitivo » ) .
Los tipos de derechos antidumping se basaron en los márgenes de dumping establecidos por la investigación dado que estos eran inferiores a los márgenes del perjuicio . 3 Durante la investigación que llevó a la adopción de esas medidas definitivas , la Comisión Europea recurrió al muestreo , según el artículo 17 del Reglamento ( CE ) n.o 1225 / 2009 del Consejo , de 30 de noviembre de 2009 , relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea ( DO 2009 , L 343 , p . 51 ) , en su versión modificada en último lugar por el Reglamento ( UE ) n.o 37 / 2014 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 15 de enero de 2014 ( DO 2014 , L 18 , p . 1 ) ( en lo sucesivo , « Reglamento de base » ) [ sustituido por el Reglamento ( UE ) 2016 / 1036 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 8 de junio de 2016 , relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea ( DO 2016 , L 176 , p . 21 ) ] .
A los productores exportadores incluidos en la muestra , a los que se había concedido un trato individual , conforme al artículo 9 , apartado 5 , del Reglamento de base ( actualmente artículo 9 , apartado 5 , del Reglamento 2016 / 1036 ) , se les aplicaron tipos individuales de derechos antidumping .
A los productores exportadores que cooperaron en la investigación , pero que no fueron incluidos en la muestra , así como a un productor exportador que fue incluido en la muestra , pero al que no se le había concedido un trato individual , se les impuso un tipo de derechos antidumping calculado , con arreglo a lo establecido en el artículo 9 , apartado 6 , del Reglamento de base ( actualmente artículo 9 , apartado 6 , del Reglamento 2016 / 1036 ) , como la media ponderada de los márgenes de dumping de los productores exportadores incluidos en la muestra , es decir , el 30,6 % .