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Estos objetivos y estos principios justificaron que el legislador de la Unión estableciese , en el artículo 24 del Reglamento n.o 2201 / 2003 , la prohibición de todo control de la competencia del órgano jurisdiccional del Estado miembro ( 49 ) y « precis [ ase ] incluso explícitamente que el artículo 23 , letra a ) , del mismo Reglamento no puede utilizarse para proceder a tal control » ( 50 ) refiriéndose a los artículos 3 a 14 de dicho Reglamento . ( 51 ) Este pilar , al que no es posible establecer excepciones ni directa ni indirectamente , se deriva asimismo de la uniformización de las normas de competencia y de la presunción de la regularidad de la verificación de estas por todo órgano jurisdiccional en el momento en que se interpone la demanda ante él . 75 .
Por todos estos motivos , el Tribunal de Justicia extendió en la sentencia P la prohibición de la aplicación del criterio basado en la contrariedad con el orden público del Estado miembro requerido al artículo 15 del Reglamento n.o 2201 / 2003 . ( 52 ) 76 .
Sin embargo , si bien el artículo 19 de este Reglamento forma parte , como el citado artículo 15 , de su capítulo II , titulado « Competencia » , no completa las disposiciones específicas destinadas a atribuir competencia que figuran en las secciones 1 y 2 , dado que se sitúa en la sección 3 , relativa a las « disposiciones comunes » . 77 .
Sin embargo , considero que la solución de la sentencia P debe extrapolarse .
En efecto , cuando el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda en primer lugar , al pronunciarse sobre una demanda incidental de reconocimiento , verifica si las normas de litispendencia han sido aplicadas correctamente por el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda demanda y , por tanto , las razones por las que este segundo órgano jurisdiccional no ha declinado su competencia , el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda en primer lugar controla la verificación por este de su competencia .
Pues bien , el artículo 24 del Reglamento n.o 2201 / 2003 se lo prohíbe . 78 .
Además , debido a los requisitos para la aplicación de las normas de competencia , tal como se han expuesto anteriormente , este control no puede limitarse a la verificación de las fechas en que se interpusieron las demandas .
En consecuencia , la apreciación de la gravedad del incumplimiento de estas normas en la fase del reconocimiento de la resolución puede resultar igualmente problemática .
En efecto , es concebible , especialmente en materia de responsabilidad parental y en caso de prórroga de la competencia , que , como consecuencia de las comunicaciones entre los órganos jurisdiccionales , el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la demanda en primer lugar decline su competencia , en particular debido a criterios de competencia , a saber , la proximidad con el lugar de residencia del menor y el interés superior del mismo . ( 53 ) 79 .
Por otro lado , como señaló el Tribunal de Justicia en la sentencia P , « el juez del Estado requerido no puede , sin poner en peligro la finalidad del Reglamento n.o 2201 / 2003 , denegar el reconocimiento de una resolución emanada de otro Estado miembro por el mero hecho de que considere que , en esa resolución , se ha aplicado mal el Derecho nacional o el Derecho de la Unión » . ( 54 ) De este modo , parece difícil justificar que la falta de resolución del conflicto de competencia ( 55 ) en caso de procedimientos paralelos reciba un trato más estricto que la falta de verificación de la competencia , ( 56 ) o los errores que se cometan a tal respecto , que escapan a cualquier control de conformidad con las disposiciones del artículo 24 del Reglamento n.o 2201 / 2003 y de algunos otros reglamentos europeos . 80 .
Del conjunto de consideraciones que antecede deduzco que , pese a la falta de referencia expresa al artículo 19 del Reglamento n.o 2201 / 2003 en el artículo 24 de este Reglamento , este debe interpretarse en el sentido de que la prohibición del control de la competencia del órgano jurisdiccional de origen que establece se aplica asimismo en caso de infracción de las normas de litispendencia . ( 57 ) 81 .
Por lo que se refiere a las demandas relativas a los alimentos , es preciso señalar que el tenor del artículo 35 , apartado 3 , del Reglamento n.o 44 / 2001 no plantea ninguna dificultad . ( 58 ) 82 .
A la vista de todas estas consideraciones , propongo al Tribunal de Justicia que declare que el artículo 35 , apartado 3 , del Reglamento n.o 44 / 2001 y el artículo 24 del Reglamento n.o 2201 / 2003 deben interpretarse en el sentido de que prohíben que la infracción de las normas de litispendencia , previstas en el artículo 27 del Reglamento n.o 44 / 2001 y en el artículo 19 del Reglamento n.o 2201 / 2003 , por parte del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda demanda constituya un motivo de denegación del reconocimiento de la resolución dictada por este , basado en la contrariedad con el orden público del Estado miembro requerido . 83 .
En aras de la exhaustividad , me gustaría precisar que , en caso de que se declare que el criterio de orden público es aplicable , la sentencia P fija , también en este caso , los límites que deben reafirmarse . ( 59 ) 84 .
En efecto , esta sentencia se basa en los principios enunciados reiteradamente con ocasión de la interpretación de los motivos de denegación del reconocimiento que figuran en varios reglamentos que regulan la libre circulación de sentencias ( 60 ) y en la exigencia del legislador de la Unión de tener en cuenta el « interés superior del menor » ( 61 ) en caso de denegación del reconocimiento de una resolución dictada en materia de responsabilidad parental , teniendo presente al mismo tiempo la posibilidad constante de modificar las resoluciones relativas al menor . 85 .
En consecuencia , es preciso declarar una vez más que « el artículo 23 , letra a ) , del Reglamento n.o 2201 / 2003 debe interpretarse en el sentido de que , cuando no exista una violación manifiesta , habida cuenta del interés superior del menor , de una norma jurídica considerada esencial en el ordenamiento jurídico de un Estado miembro o de un derecho reconocido como fundamental en ese ordenamiento jurídico , dicha disposición no permite al órgano jurisdiccional de ese Estado miembro que se considera competente para resolver sobre la custodia de un menor denegar el reconocimiento de la resolución de un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro que ha resuelto sobre la custodia de dicho menor » . ( 62 ) 86 .
El órgano jurisdiccional remitente considera que la infracción de las normas de litispendencia vulnera , teniendo en cuenta su función en el sistema de reconocimiento automático de las resoluciones judiciales en la Unión , un principio de orden público procesal que garantiza la circulación de las resoluciones judiciales . 87 .
Pues bien , esta calificación no puede acogerse , dado que estas normas no tienen una importancia comparable a las aplicadas por el Tribunal de Justicia para considerar que el reconocimiento de la resolución perjudicaría el orden público procesal de la Unión . ( 63 ) Tal apreciación debe ser coherente con los principios antes expuestos , a saber , la limitación de los motivos de denegación del reconocimiento enunciados en el 23 del Reglamento n.o 2201 / 2003 , el carácter excepcional del recurso a la cláusula de orden público y la prohibición de que el juez del Estado miembro requerido se niegue a reconocer una resolución que emana de otro Estado miembro por el mero hecho de que considere que el Derecho de la Unión se ha aplicado mal . 88 .
Soy perfectamente consciente del impacto de mi análisis en el contexto sobradamente conocido de la instrumentalización de las normas de litispendencia , promovida por la amplia gama de criterios de competencia que ofrece el Reglamento n.o 2201 / 2003 , especialmente en caso de interposición de una demanda ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro cuya legislación no permite solicitar el divorcio inmediatamente . ( 64 ) 89 .
Podría argumentarse asimismo que , debido al alcance muy amplio de la solución , que no puede limitarse a los reglamentos aplicables en materia familiar , existe el riesgo de que los pilares del principio de reconocimiento de pleno derecho de las resoluciones judiciales puedan verse seriamente debilitados debido a la falta de sanción de la infracción de una norma imperativa que figura en numerosos reglamentos europeos . 90 .
No obstante , este temor no puede prosperar dado que tales reglamentos se basan precisamente en la cooperación y en la confianza mutua entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y que debe aplicarse la misma lógica que subyace al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones dictadas en el seno de cada Estado miembro . ( 65 ) 91 .
Por consiguiente , en principio , no es concebible que los casos de infracción de las normas de litispendencia se multipliquen , máxime cuando , a diferencia del órgano jurisdiccional rumano en el litigio principal , los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros conocen desde el año 2015 la interpretación del artículo 19 , apartado 1 , del Reglamento n.o 2201 / 2003 y dispondrán en el futuro , gracias al litigio principal , de la interpretación complementaria del Tribunal de Justicia sobre los requisitos y modalidades de aplicación de las normas de litispendencia en los conflictos familiares . ( 66 ) 92 .
Por otra parte , es necesario insistir en la facultad que se ofrece a los órganos jurisdiccionales de prevenir las dificultades inherentes a los conflictos de procedimiento gracias a la cooperación judicial y al diálogo entre los órganos jurisdiccionales , tal como se han descrito anteriormente , ( 67 ) inspirándose asimismo en las disposiciones del artículo 29 , apartado 2 , del Reglamento n.o 1215 / 2012 y en las de los artículos 17 de los Reglamentos n.os 2016 / 1103 y 2016 / 1104 . ( 68 ) 93 .
Sostengo asimismo que , en materia de responsabilidad parental , habida cuenta del interés superior del menor que debe guiar cualquier solución , ( 69 ) la prevención de las dificultades de reconocimiento de las resoluciones es obligatoria .
A este respecto , habría sido oportuno en el litigio principal permitir al Tribunal de Justicia pronunciarse antes ( 70 ) sobre los requisitos de la litispendencia .
La aplicación del procedimiento previsto en el artículo 15 del Reglamento n.o 2201 / 2003 también podría haberse contemplado a instancia de parte o de oficio . ( 71 ) 94 .
Por otra parte , si , en circunstancias excepcionales , la infracción de las normas de litispendencia resultara del desconocimiento de los reglamentos aplicables y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o si hubiera dado lugar a la vulneración de derechos procesales de valor superior como los que , por ejemplo , garantizan la expresión de las alegaciones del progenitor en cuyo domicilio no reside el menor ( 72 ) así como la observancia de plazos de enjuiciamiento razonables , me parecería entonces justificado invocar el motivo de denegación del reconocimiento basado en el orden público del Estado miembro requerido que contempla los derechos fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unión . 95 .
Por último , es preciso recordar que la Comisión puede examinar la oportunidad de interponer un recurso por incumplimiento , ( 73 ) en caso de aplicación errónea del Derecho nacional o del Derecho de la Unión y de fallo en el sistema de recursos establecido en cada Estado miembro , completado por el mecanismo de remisión prejudicial , regulado en el artículo 267 TFUE , que debe aplicarse para impedir con anterioridad la violación del orden público . ( 74 ) IV .
Conclusión 96 .
A la luz de las consideraciones anteriores , propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Corte suprema di cassazione ( Tribunal Supremo de Casación , Italia ) del siguiente modo : « El artículo 35 , apartado 3 , del Reglamento ( CE ) n.o 44 / 2001 del Consejo , de 22 de diciembre de 2000 , relativo a la competencia judicial , el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil , y el artículo 24 del Reglamento ( CE ) n.o 2201 / 2003 del Consejo , de 27 de noviembre de 2003 , relativo a la competencia , el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental , por el que se deroga el Reglamento ( CE ) n.o 1347 / 2000 , deben interpretarse en el sentido de que prohíben que la infracción de las normas de litispendencia , previstas en el artículo 27 del Reglamento n.o 44 / 2001 y en el artículo 19 del Reglamento n.o 2201 / 2003 , por parte del órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda demanda constituya un motivo de denegación del reconocimiento de la resolución dictada por este , basado en la contrariedad con el orden público del Estado miembro requerido . » 1 Lengua original : francés . 2 DO 2003 , L 338 , p . 1 . 3 C ‑ 455 / 15 PPU ; en lo sucesivo , « sentencia P » , EU : 4 Por lo que se refiere a la necesidad de remitirse a este Reglamento , véanse los puntos 43 y 44 de las presentes conclusiones . 5 DO 2001 , L 12 , p . 1 . 6 GURI n.o 306 , de 3 de diciembre de 1970 , p . 8046 . 7 En la sentencia firme n.o 1072 , dictada por la Curtea de Apel București ( Tribunal Superior de Bucarest , Rumanía ) , Sala Tercera de lo Civil de Menores y Familia , de 12 de junio de 2013 , anexa a la resolución de remisión y presentada por el Sr .
Liberato , se precisa que « el tribunal declaró que las partes contrajeron matrimonio en Italia en octubre de 2005 y han vivido alternativamente en Rumanía y en Italia hasta octubre de 2006 .
Desde entonces , las partes se han separado de hecho , puesto que la demandada y el hijo menor de edad fruto de la unión han vivido exclusivamente en Rumanía .
Así pues , la demandada ha vivido exclusivamente en Rumania desde 2006 , donde posee su única residencia » .
De la resolución de remisión se desprende que la licitud del desplazamiento o de la retención del menor no es objeto de debate . 8 El órgano jurisdiccional remitente precisa que esta sentencia ha adquirido fuerza de cosa juzgada . 9 Por lo que se refiere a los detalles de la motivación , véase el punto 61 de las presentes conclusiones . 10 DO 2009 , L 7 , p . 1 . 11 Según el artículo 76 , párrafo tercero , del Reglamento n.o 4 / 2009 , este último es aplicable desde el 18 de junio de 2011 . 12 Esta propuesta de reformulación de la cuestión está relacionada con la que efectuó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 15 de febrero de 2017 , W y V ( C ‑ 499 / 15 , EU : C : 2017 : 118 ) , apartados 44 a 46 y jurisprudencia citada . 13 El Tribunale di Teramo ( Tribunal de Teramo ) conoció de la demanda principal el 22 de mayo de 2007 , ordenó el traslado del examen de las demandas dependientes mediante resolución de 19 de enero de 2012 y se pronunció sobre las mismas mediante una sentencia no firme de 8 de julio de 2013 . 14 Cabe indicar que la obligación de respetar la cronología de las interposiciones de demandas figura asimismo en el Reglamento n.o 4 / 2009 , en el artículo 12 , que es más estricto que el artículo 19 del Reglamento n.o 2201 / 2003 en la medida en que exige una triple identidad de causa , de objeto y de partes .
Lo mismo puede decirse respecto de los artículos 17 de otros tres reglamentos , a saber , el Reglamento ( UE ) n.o 650 / 2012 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 4 de julio de 2012 , relativo a la competencia , la ley aplicable , el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones , a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo ( DO 2012 , L 201 , p . 107 ) , el Reglamento ( UE ) 2016 / 1103 del Consejo , de 24 de junio de 2016 , por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia , la ley aplicable , el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales ( DO 2016 , L 183 , p . 1 ) , y el Reglamento ( UE ) 2016 / 1104 del Consejo , de 24 de junio de 2016 , por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia , la ley aplicable , el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas ( DO 2016 , L 183 , p . 30 ) .
En estos dos últimos reglamentos se precisa que , en caso de suspensión del procedimiento por razón de litispendencia , « a instancia del órgano jurisdiccional ante el que se haya sustanciado el litigio , cualquier otro órgano jurisdiccional ante el que se haya interpuesto una demanda informará sin dilación al primero de la fecha en que se interpuso la demanda » .
El artículo 29 del Reglamento ( UE ) n.o 1215 / 2012 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 12 de diciembre de 2012 , relativo a la competencia judicial , el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( DO 2012 , L 351 , p . 1 ) , está redactado en términos similares .
Cabe observar que el mecanismo previsto en el artículo 33 de este Reglamento en caso de litispendencia extraeuropea , que constituye una innovación importante , no es comparable . 15 Este Reglamento derogó el Reglamento ( CE ) n.o 1347 / 2000 del Consejo , de 29 de mayo de 2000 , relativo a la competencia , el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes ( DO 2000 , L 160 , p . 19 ) .
El artículo 11 , apartado 2 , de dicho Reglamento establecía condiciones que constituían una excepción a la triple identidad de objeto , de causa y de partes únicamente para el divorcio . 16 Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( DO 1998 , C 27 , p . 1 ) , en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio . 17 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015 , A ( C ‑ 489 / 14 , EU : C : 2015 : 654 ) , apartado 27 . 18 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015 , A ( C ‑ 489 / 14 , EU : C : 2015 : 654 ) , apartado 29 . 19 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015 , A ( C ‑ 489 / 14 , EU : C : 2015 : 654 ) , apartado 30 . 20 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015 , A ( C ‑ 489 / 14 , EU : C : 2015 : 654 ) , apartado 34 .
Esta interpretación , inspirada en la del artículo 27 del Reglamento n.o 44 / 2001 , es válida también para la aplicación del artículo 19 , apartado 2 , del Reglamento n.o 2201 / 2003 .
Esta solución permite resolver aquellos casos en los que el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda no se ha pronunciado explícitamente sobre su competencia . 21 Véase la sentencia de 9 de noviembre de 2010 , Purrucker ( C ‑ 296 / 10 , EU : C : 2010 : 665 ) , apartado 81 .
A este respecto , la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil ( RJECC ) desempeña un papel fundamental a fin de simplificar y acelerar la cooperación judicial en caso de aplicación de estas disposiciones en materia de litispendencia o del artículo 15 del Reglamento n.o 2201 / 2003 . 22 Lo mismo cabe decir del artículo 27 del Reglamento n.o 44 / 2001 , contrariamente a las disposiciones aplicables en caso de conexidad ( artículo 28 de dicho Reglamento ) .
Es preciso observar que el Reglamento n.o 2201 / 2003 , al igual que el Reglamento anterior n.o 1347 / 2000 , no contiene ninguna norma específica relativa a la conexidad . 23 Véase la sentencia de 6 de octubre de 2015 , A ( C ‑ 489 / 14 , EU : C : 2015 : 654 ) , apartado 29 y jurisprudencia citada . 24 Véase la sentencia de 9 de noviembre de 2010 , Purrucker ( C ‑ 296 / 10 , EU : C : 2010 : 665 ) , apartado 66 y jurisprudencia citada . 25 C ‑ 489 / 14 , EU : Cabe observar que esta sentencia se dictó más de dos años después de la sentencia firme del órgano jurisdiccional rumano que se examina en el litigio principal .
Sin embargo , el Tribunal de Justicia ya había pronunciado en esa fecha varias sentencias en las que se afirmaba el carácter autónomo del concepto de « litispendencia » . 26 Apartado 33 de dicha sentencia .
Estos casos se califican asimismo de « cuasi litispendencia » o de « falsa litispendencia » .
Borrás utiliza esta expresión en el Informe explicativo del Convenio celebrado con arreglo al artículo K .3 del Tratado de la Unión Europea , sobre la competencia , el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial ( DO 1998 , C 221 , p . 27 , en particular , punto 54 ) .
Tal explicación se refiere al artículo 11 del Reglamento n.o 1347 / 2000 , cuyos términos se reproducen , en lo fundamental , en el artículo 19 del Reglamento n.o 2201 / 2003 de forma simplificada , exigiendo únicamente que las acciones relativas al divorcio , la nulidad matrimonial o la separación judicial sean formuladas entre las mismas partes , sin importar su situación procesal . 27 Véase , en este sentido , Gaudemet-Tallon , H . , « Divorce — Divorce prononcé en France — Introduction — Compétence des tribunaux français — Particularités de l ’ instance » , JurisClasseur — Droit international , LexisNexis , París , marzo de 2017 , fascículo 547 - 10 , en particular punto 135 . 28 Véase , en cuanto a la interpretación de estos conceptos , la sentencia de 9 de noviembre de 2010 , Purrucker ( C ‑ 296 / 10 , EU : C : 2010 : 665 ) , apartados 67 y 68 y jurisprudencia citada .
Véase también , a modo de ejemplo , la sentencia de 22 de diciembre de 2010 , Mercredi ( C ‑ 497 / 10 PPU , EU : C : 2010 : 829 ) , apartados 68 y 69 . 29 Así sucede también cuando , con arreglo al artículo 15 del Reglamento n.o 2201 / 2003 , a iniciativa de cualquiera de los dos órganos jurisdiccionales , se favorece la competencia del órgano jurisdiccional que esté mejor situado para conocer del asunto . 30 Véanse , por lo que se refiere a la importancia de esta verificación en materia de responsabilidad parental y de la motivación de las sentencias dictadas en este sentido , las sentencias de 15 de julio de 2010 , Purrucker ( C ‑ 256 / 09 , EU : C : 2010 : 437 ) , apartado 73 y jurisprudencia citada , y de 15 de febrero de 2017 , W y V ( C ‑ 499 / 15 , EU : C : 2017 : 118 ) , apartados 51 y 54 .
En cuanto a la obligación de realizar verificaciones en cada fase del procedimiento , puede llevarse a cabo una aproximación con la sentencia de 12 de noviembre de 2014 , L ( C ‑ 656 / 13 , EU : C : 2014 : 2364 ) , apartado 58 y jurisprudencia citada , así como con el asunto IQ ( C ‑ 478 / 17 ) , actualmente pendiente , que versa sobre los requisitos de aplicación del artículo 15 del Reglamento n.o 2201 / 2003 .
Véanse las conclusiones del Abogado General Wathelet presentadas en dicho asunto ( C ‑ 478 / 17 , EU : 31 Con arreglo al artículo 12 , apartado 1 , del Reglamento n.o 2201 / 2003 , la prórroga de la competencia supone la falta de impugnación por parte de la madre de la competencia del órgano jurisdiccional italiano ( véase el punto 23 de las presentes conclusiones ) y la verificación por este último de que su competencia se corresponde con el interés superior del menor ( véase , por analogía , la sentencia de 1 de octubre de 2014 , E . , C ‑ 436 / 13 , EU : C : 2014 : 2246 , apartado 44 ) .
Esta postura debe considerarse junto con la del auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 16 de enero de 2018 , PM ( C ‑ 604 / 17 , no publicado , EU : C : 2018 : 10 ) , apartados 27 a 29 , y la de la sentencia de 19 de abril de 2018 , Saponaro y Xylina ( C ‑ 565 / 16 , EU : C : 2018 : 265 ) , apartados 23 , 24 y 33 a 35 y jurisprudencia citada . 32 Véanse las notas 25 y 26 de las presentes conclusiones . 33 Las consecuencias del pronunciamiento de la sentencia relativa a la separación judicial no parecen haber sido debatidas , pese a que , después de esa fecha , se dictaron dos sentencias en Rumanía , a saber , las sentencias de 3 de diciembre de 2012 y de 12 de junio de 2013 , por las que se desestimó el recurso interpuesto por el Sr .
Liberato . 34 En efecto , según el artículo 12 , apartado 2 , letra a ) , del Reglamento n.o 2201 / 2003 , la prórroga de la competencia cesará en cuanto sea firme la resolución relativa a la separación judicial .