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Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar la existencia de un vínculo auténtico entre la financiación concedida y la “ educación ” . » 1 Lengua original : inglés . 2 « Ὅτι μὲν οὖν τῷ νομοθέτῃ μάλιστα πραγματευτέον περὶ τὴν τῶν νέων παιδείαν , οὐδεὶς ἂν ἀμφισβητήσειε … τίς δ ᾽ ἔσται ἡ παιδεία … δεῖ μὴ λανθάνειν » .
Aristóteles , Política , libro viii . 3 Artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ( DO 2000 , C 364 , p . 1 ; en lo sucesivo , « Carta » ) . 4 Directiva de 29 de junio de 2000 , relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico ( DO 2000 , L 180 , p . 22 ) . 5 Artículo 1 . 6 De acuerdo con sus estatutos , el objetivo de la Fundación es fomentar la educación universitaria de los jóvenes cuyo destacado talento científico o artístico y personalidad permitan esperar aportaciones especiales al servicio del interés general .
El programa « Bucerius-Jura » persigue transmitir a licenciados en Derecho en Alemania especialmente cualificados el conocimiento de sistemas jurídicos extranjeros e idiomas , así como la experiencia de vivir en el extranjero . 7 Véase , en este sentido , la sentencia de 2 de marzo de 2017 , J .
( C ‑ 4 / 16 , EU : C : 2017 : 153 ) , apartados 23 y 24 y jurisprudencia citada . 8 Sentencia de 3 de septiembre de 2014 , Deckmyn y Vrijheidsfonds ( C ‑ 201 / 13 , EU : C : 2014 : 2132 ) , apartado 19 y jurisprudencia citada . 9 Esa es la definición de educación que recoge el Collins English Dictionary .
El Oxford English Dictionary la define como « el proceso de dar o recibir instrucción sistemática , especialmente en una escuela o universidad » .
En conjunto , las dos definiciones se corresponden con lo que habitualmente se entiende por « educación » . 10 En francés , la definición de « educación » del Petit Robert me parece aún más amplia : « mise en oeuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d ’ un être humain » .
En alemán , la lengua del procedimiento en el presente asunto , el Duden — Deutsches Universalwörterbuch define « Bildung » como : « a ) das Bilden ( 5 ) , Erziehung : die B . der Jugend ; mehr für die B . tun ; b ) das Gebildetsein ; das Ausgebildetsein ; erworbenes Allgemeinwissen : eine wissenschaftliche , künstlerische , humanistische B . ; seine B . vervollständigen , vertiefen ; eine umfassende B . besitzen ; eine vorzügliche B . erhalten ; ein Mann von B .
( das sollte jeder Gebildete wissen ) ; c ) ( seltener ) gutes Benehmen : sie hat keine B .
( weiß nicht , was sich schickt ) » .
Desde una perspectiva etimológica , un estudio de las diferentes versiones lingüísticas de la Directiva muestra que siete de ellas ( inglés : « education » , francés : « éducation » , maltés : « edukazzjoni » , polaco : « edukacji » , portugués : « educação » , rumano : « educația » y español : « educación » ) usan una palabra etimológicamente derivada del verbo latino educare , « criar , educar , formar » , relacionado con educere « sacar , guiar » . 11 La Clasificación Internacional Normalizada de la Educación es la referencia propuesta por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación , la Ciencia y la Cultura para la clasificación internacional de programas educativos y sus correspondientes calificaciones por niveles y campos .
Esta definición de « educación » coincide parcialmente con la del artículo 2 , letra d ) , del Reglamento ( CE ) n.o 452 / 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 23 de abril de 2008 , relativo a la producción y al desarrollo de estadísticas sobre educación y aprendizaje permanente ( DO 2008 , L 145 , p . 227 ) . 12 El Reglamento ( UE ) n .
o 1288 / 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 11 de diciembre de 2013 , por el que se crea el programa « Erasmus + » , de educación , formación , juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n .
o 1719 / 2006 / CE , 1720 / 2006 / CE y 1298 / 2008 / CE ( DO 2013 , L 347 , p . 50 ) , define el « aprendizaje permanente » como « todas las actividades de educación general , educación y formación profesional , aprendizaje no formal y aprendizaje informal emprendidas a lo largo de la vida , que permitan mejorar los conocimientos , las capacidades y las competencias o la participación en la sociedad con una perspectiva personal , cívica , cultural , social y / o laboral , incluida la prestación de servicios de asesoramiento y orientación » . 13 Artículo 1 . 14 Sentencia de 16 de julio de 2015 , CHEZ Razpredelenie Bulgaria ( C ‑ 83 / 14 , EU : C : 2015 : 480 ) , apartados 58 y 72 y jurisprudencia citada . 15 Considerando 3 . 16 Véase , asimismo , la sentencia de 16 de julio de 2015 , CHEZ Razpredelenie Bulgaria ( C ‑ 83 / 14 , EU : C : 2015 : 480 ) , apartado 74 . 17 Artículo 3 , apartado 1 , y considerando 16 .
La protección otorgada se extiende , cuando proceda , a las personas jurídicas en aquellos casos en los que sean discriminadas por el origen racial o étnico de sus miembros . 18 Artículo 3 , apartado 1 . 19 Véanse el considerando 12 y la sentencia de 12 de mayo de 2011 , Runevič-Vardyn y Wardyn ( C ‑ 391 / 09 , EU : C : 2011 : 291 ) , apartados 41 y 42 .
A este respecto , su ámbito de aplicación es más amplio que el de la Directiva 2000 / 78 / CE del Consejo , de 27 de noviembre de 2000 , relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación ( DO 2000 , L 303 , p . 16 ) . 20 Sentencia de 16 de julio de 2015 , CHEZ Razpredelenie Bulgaria ( C ‑ 83 / 14 , EU : C : 2015 : 480 ) , apartado 42 y jurisprudencia citada . 21 Véase , a tal efecto , en relación con el acceso a bienes y servicios [ artículo 3 , apartado 1 , letra h ) , de la Directiva 2000 / 43 ] , la sentencia de 16 de julio de 2015 , CHEZ Razpredelenie Bulgaria ( C ‑ 83 / 14 , EU : C : 2015 : 480 ) , apartado 43 . 22 Me permito este excurso para señalar que la segregación en la educación por motivos raciales o étnicos era la norma bajo el régimen del apartheid en Sudáfrica ; en la Universidad de Cambridge , las mujeres no fueron admitidas hasta diciembre de 1947 a pesar de que superaban exactamente los mismos exámenes que sus homólogos masculinos . 23 Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato sin distinción por motivos de origen racial o étnico [ COM ( 1999 ) 566 final ] ( en lo sucesivo , « propuesta de la Comisión » ) , p . 5 . 24 Reglamento del Consejo , de 15 de octubre de 1968 , relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad ( DO 1968 , L 257 , p . 2 ; EE 05 / 01 , p . 77 ) , derogado por el Reglamento ( UE ) n .
o 492 / 2011 del Parlamento Europeo y del Consejo , de 5 de abril de 2011 , relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión ( DO 2011 , L 141 , p . 1 ) .
Obsérvese que la Comisión se inspiró en este Reglamento al explicar algunos de los términos utilizados en la Directiva 2000 / 43 ; véase la propuesta de la Comisión , p . 7 . 25 Véase la sentencia de 15 de marzo de 1989 , Echternach y Moritz ( 389 / 87 y 390 / 87 , EU : C : 1989 : 130 ) , apartado 33 .
El Tribunal de Justicia , en un asunto previo también referido al artículo 12 del Reglamento n .
o 1612 / 68 , declaró en la sentencia de 3 de julio de 1974 , Casagrande ( 9 / 74 , EU : C : 1974 : 74 ) , apartado 7 , que « integración supone que , en caso de que un hijo de trabajador extranjero desee asistir a la escuela secundaria , ese hijo pueda beneficiarse de las ventajas [ … ] para fomentar la formación , en las mismas condiciones que sus nacionales » . 26 Sentencia de 26 de febrero de 1992 , Raulin ( C ‑ 357 / 89 , EU : C : 1992 : 87 ) , apartado 34 . 27 Sentencia de 15 de marzo de 2005 ( C ‑ 209 / 03 , EU : C : 2005 : 169 ) , apartados 39 a 42 .
Dicha sentencia supuso una evolución respecto a la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia que sostenía que , en el estado de desarrollo del Derecho ( en aquel momento ) comunitario , la educación y una ayuda concedida a los estudiantes para su manutención y formación rebasaban el ámbito de aplicación del Tratado CEE ; véase la sentencia de 21 de junio de 1988 , Lair ( 39 / 86 , EU : C : 1988 : 322 ) , apartado 15 . 28 Reglamento n .
o 1288 / 2013 . 29 Directiva de 25 de noviembre de 2003 , relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración ( DO 2004 , L 16 , p . 44 ) . 30 Propuesta de la Comisión , p . 8 . 31 Artículo 3 , apartado 1 , de la Directiva . 32 Véase la sentencia de 2 de febrero de 1988 , Blaizot y otros ( 24 / 86 , EU : C : 1988 : 43 ) , apartados 10 a 24 , en particular apartados 19 , 20 y 24 . 33 Propuesta de la Comisión , p . 7 . 34 Véase la sentencia de 15 de diciembre de 2016 , Depesme y otros ( C ‑ 401 / 15 a C ‑ 403 / 15 , EU : C : 2016 : 955 ) , apartado 38 y jurisprudencia citada .
La propuesta de la Comisión se inspira expresamente ( p . 7 ) en el Reglamento n.o 1612 / 68 en relación con el concepto de « ventajas sociales » . 35 A este respecto , considero que el Derecho de la Unión ha evolucionado claramente desde que el Tribunal de Justicia , en su sentencia de 21 de junio de 1988 , Brown ( 197 / 86 , EU : C : 1988 : 323 ) , apartado 18 , declarara que « en el estado actual de desarrollo del Derecho comunitario , una ayuda concedida a los estudiantes para su manutención y formación , rebasa , en principio , el ámbito de aplicación del Tratado CEE a los efectos de su artículo 7 » .
Véase la sentencia de 15 de marzo de 2005 , Bidar ( C ‑ 209 / 03 , EU : C : 2005 : 169 ) , apartados 39 a 42 , citada en el punto 38 anterior .
Lo mismo cabe afirmar , con mayor razón , en el marco de la Directiva 2000 / 43 , teniendo en cuenta su objetivo y régimen , tal como se analiza en los puntos 24 y ss . anteriores .
CONCLUSIONS DE L ’ AVOCAT GÉNÉRAL M .
NILS WAHL présentées le 11 septembre 2018 ( 1 ) Affaire C ‑ 378 / 17 The Minister for Justice and Equality , The Commissioner of An Garda Síochána contre The Workplace Relations Commission en présence de Ronald Boyle , Brian Fitzpatrick , Gerard Cotter [ demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court ( Cour suprême , Irlande ) ] « Renvoi préjudiciel – Règle répartissant la compétence pour examiner des affaires spécifiques entre deux organes en fonction de la nature du grief formulé – Plaintes pour discrimination en matière d ’ emploi – Compétence limitée d ’ un organe établi par la loi – Absence de compétence pour traiter les affaires dans lesquelles la législation nationale en conflit avec le droit de l ’ Union doit rester inappliquée – Primauté du droit de l ’ Union – Pleine efficacité – Autonomie procédurale des États membres – Équivalence et effectivité » 1 .
Quelles sont les limites de l ’ autonomie procédurale des États membres ?
Ou , plus précisément , dans quelle mesure le principe de primauté du droit de l ’ Union limite-t-il la possibilité laissée aux États membres d ’ appliquer des règles ( constitutionnelles ) d ’ attribution de compétence dans un domaine particulier du droit ?
Telle est , en substance , la question que la Supreme Court of Ireland ( Cour suprême d ’ Irlande ) pose à la Cour dans la présente affaire . 2 .
La question porte plus concrètement sur la conformité au principe de primauté du droit de l ’ Union d ’ une règle qui divise la compétence pour examiner des affaires spécifiques entre la High Court ( Haute Cour , Irlande ) et un organe établi par la loi , la Workplace Relations Commission ( commission des relations professionnelles ; ci‑après la « CRP » ) . 3 .
La nature du grief formulé détermine l ’ organe compétent pour traiter l ’ affaire .
Alors que la CRP est généralement compétente pour connaître des recours portant sur l ’ égalité en matière d ’ emploi sur la base de la directive 2000 / 78 / CE ( 2 ) et de la législation nationale transposant cette directive , elle n ’ a pas la compétence pour examiner les affaires qui , s ’ il est fait droit aux recours , impliquent de laisser inappliquée une norme de droit national primaire ou dérivé .
En raison de cette règle , la CRP n ’ est pas compétente pour examiner si une disposition du droit national est contraire au droit de l ’ Union relatif à l ’ égalité en matière d ’ emploi .
La compétence pour connaître des recours en matière de discrimination dans les affaires qui requièrent de ne pas appliquer le droit national revient à la High Court ( Haute Cour ) . 4 .
La question qui est soumise à la Cour dans la présente affaire nécessite de prendre en compte la logique qui sous-tend le courant jurisprudentiel issu de l ’ arrêt de principe rendu par la Cour dans l ’ affaire Simmenthal ( 3 ) .
Elle invite la Cour à examiner si le principe constitutionnel de primauté et , par extension , la pleine effectivité du droit de l ’ Union exigent qu ’ un organe tel que la CRP soit compétent pour examiner les affaires susceptibles d ’ impliquer la non-application du droit national , même s ’ il existe une autre voie de recours qui , selon les conclusions de la juridiction de renvoi , respecte les principes d ’ équivalence et d ’ effectivité .
Le cadre juridique A .
Le droit de l ’ Union 5 .
La directive 2000 / 78 établit des règles relatives à l ’ égalité de traitement en matière d ’ emploi et de travail .
Conformément à son article 1er , elle vise à lutter contre la discrimination et à mettre en œuvre , dans les États membres , le principe de l ’ égalité de traitement . 6 .
L ’ article 3 définit le champ d ’ application de cette directive .
Il dispose : « 1 .
Dans les limites des compétences conférées à la Communauté , la présente directive s ’ applique à toutes les personnes , tant pour le secteur public que pour le secteur privé , y compris les organismes publics , en ce qui concerne : a ) les conditions d ’ accès à l ’ emploi , aux activités non salariées ou au travail , y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement , quelle que soit la branche d ’ activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle , y compris en matière de promotion ; 7 .
Le chapitre II de la directive 2000 / 78 est consacré aux voies de recours et à l ’ application du droit .
L ’ article 9 , paragraphe 1 , de cette directive concerne la défense des droits .
Il dispose : « Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et / ou administratives , y compris , lorsqu ’ ils l ’ estiment approprié , des procédures de conciliation , visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s ’ estiment lésées par le non‑respect à leur égard du principe de l ’ égalité de traitement , même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s ’ être produite se sont terminées . » B .
Le droit irlandais 1 .
La Constitution 8 .
Selon l ’ article 34 du Bunreacht na hÉireann ( Constitution irlandaise ) ( ci‑après la « Constitution » ) : « 1 .
La justice est rendue au sein de juridictions établies par la loi , par des juges nommés conformément à la présente Constitution , et , sauf dans les cas spéciaux et limités prévus par la loi , elle est rendue publiquement . 2 .
Les juridictions comprennent : i des tribunaux de première instance ; ii une cour d ’ appel ; et iii une cour d ’ appel en dernier ressort . 3 . 1º Les tribunaux de première instance comprennent une Haute Cour investie d ’ une compétence de pleine juridiction au premier degré et du pouvoir de trancher toutes matières ou questions de droit ou de fait , au civil ou au pénal . 2º Sauf disposition contraire du présent article , la compétence de la Haute Cour s ’ étend à la question de la validité de toute loi au regard des dispositions de la présente Constitution , et aucune question de ce type ne peut être soulevée ( par des conclusions , un moyen ou autrement ) devant une juridiction établie par le présent article ou un autre article de la présente Constitution autre que la Haute Cour , la Cour d ’ appel ou la Cour suprême . » 9 .
L ’ article 37 , paragraphe 1 , de la Constitution est rédigé comme suit : « Rien dans la présente Constitution ne permet d ’ interdire l ’ exercice de fonctions et de pouvoirs limités de nature judiciaire , dans des matières autres que les affaires pénales , par toute personne ou organe dûment autorisé par la loi à exercer ces fonctions et pouvoirs , même si ladite personne ou ledit organe n ’ est pas un magistrat ou une juridiction désigné ou établi comme tel en vertu de la présente Constitution . » 2 .
La législation pertinente en matière d ’ emploi 10 .
En Irlande , l ’ interdiction de la discrimination fondée sur l ’ âge est énoncée dans les Employment Equality Acts ( lois sur l ’ égalité en matière d ’ emploi ) ( 4 ) . 11 .
La CRP [ auparavant l ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité , Irlande ) ] est l ’ organe quasi judiciaire institué pour instruire , examiner et statuer sur les plaintes en matière de discrimination ( 5 ) .
En application des dispositions pertinentes des lois sur l ’ égalité en matière d ’ emploi , la CRP peut ordonner l ’ indemnisation sous forme d ’ arriérés de rémunération , ordonner l ’ égalité de rémunération , ordonner l ’ indemnisation pour discrimination , ordonner l ’ égalité de traitement , adopter une ordonnance portant injonction , ou ordonner à un employeur d ’ engager de nouveau un plaignant , avec ou sans indemnisation . 12 .
Conformément aux Garda Síochána regulations ( décrets Garda Síochána ) ( 6 ) , une personne ne peut pas être admise à la formation pour devenir agent de la police nationale si elle n ’ a pas au moins 18 ans et au plus 35 ans le premier jour du mois au cours duquel un avis de vacance de l ’ emploi correspondant a été publié pour la première fois dans un journal national .
Les faits , la procédure et les questions préjudicielles 13 .
Entre 2005 et 2007 , messieurs Ronald Boyle , Brian Fitzpatrick et Gerard Cotter ( ci-après les « parties intervenantes » ) se sont portés candidats à la formation pour devenir membres de la Garda Síochána ( forces de police nationale , Irlande ) .
Leurs candidatures ont été rejetées au motif que les décrets Garda Síochána fixent l ’ âge maximal d ’ admission à la formation à 35 ans ( ci-après la « mesure de restriction fondée sur l ’ âge » ) . 14 .
Les parties intervenantes ont formé des recours contre ces refus sur la base des lois sur l ’ égalité en matière d ’ emploi devant ( ce qui était alors ) l ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité ) .
Elles ont soutenu que cette mesure de restriction fondée sur l ’ âge entraîne un traitement discriminatoire en matière d ’ emploi en fonction de l ’ âge . 15 .
Contrairement à ce que suggère sa dénomination , l ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité ) n ’ était pas une juridiction mais un organe établi par la loi .
Jusqu ’ en 2015 , cet organe était compétent pour examiner les recours portant sur l ’ égalité en matière d ’ emploi .
Ses compétences ont ensuite été transférées à la CRP . 16 .
Selon la juridiction de renvoi , l ’ article 34 , paragraphe 3 , deuxième alinéa , de la Constitution réserve aux juridictions la compétence de laisser la législation nationale inappliquée .
Par conséquent , en leur qualité d ’ organes établis par la loi , l ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité ) et la CRP , qui lui a succédé , ne sont pas compétents pour examiner les affaires dans lesquelles un recours effectif exigerait la non-application d ’ une règle nationale en vertu du droit national ou de l ’ Union . 17 .
Au cours de la procédure devant l ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité ) , le Minister for Justice and Equality ( ministre de la Justice et de l ’ Égalité , Irlande ) ( ci-après le « ministre » ) a soulevé la question de la compétence .
Parce que les parties intervenantes considéraient que la mesure de restriction fondée sur l ’ âge était contraire à la directive 2000 / 78 et aux lois sur l ’ égalité en matière d ’ emploi qui ont transposé cette directive , leurs recours revenaient à demander la non-application de cette mesure de droit national .
Invoquant l ’ incompétence de l ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité ) pour laisser une législation nationale inappliquée , le ministre a demandé à cet organe d ’ examiner la question de compétence à titre préjudiciel , avant de traiter le fond de l ’ affaire . 18 .
L ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité ) a refusé de le faire .
Il a organisé , le 11 juin 2008 , une audience durant laquelle tant la question de compétence que les questions de fond relatives à la discrimination fondée sur l ’ âge devaient être examinées . 19 .
Face au refus de l ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité ) d ’ examiner la question de compétence à titre préjudiciel , le ministre a saisi la High Court ( Haute Cour ) . 20 .
Le ministre a tout d ’ abord demandé à la High Court ( Haute Cour ) d ’ interdire à l ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité ) de poursuivre l ’ examen des recours des parties intervenantes .
Il lui a ensuite demandé de déclarer cet organe incompétent pour traiter les recours . 21 .
Le 17 février 2009 , la High Court ( Haute Cour ) a jugé qu ’ en vertu du droit national , l ’ Equality Tribunal n ’ avait pas le pouvoir d ’ organiser une audience qui reconnaissait implicitement sa compétence pour écarter ou laisser inappliquée une disposition de droit national telle que la mesure de restriction fondée sur l ’ âge . 22 .
L ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité ) a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Supreme Court ( Cour suprême ) .
Lorsque cette juridiction a commencé à examiner le pourvoi , l ’ Equality Tribunal ( tribunal pour l ’ égalité ) était devenu la CRP . 23 .
La Supreme Court ( Cour suprême ) a rendu le 15 juin 2017 une décision ( ci‑après la « décision du 15 juin 2017 » ) ( 7 ) par laquelle elle a confirmé la conclusion de la High Court ( Haute Cour ) selon laquelle la CRP n ’ est pas compétente pour décider de ne pas appliquer le droit national .
Elle a toutefois ajouté que les affaires qui relèveraient normalement de la compétence de la CRP mais dans lesquelles cet organe administratif pourrait être tenu , en vertu du droit national ou du droit de l ’ Union , de ne pas appliquer une législation nationale doivent être portées devant la High Court ( Haute Cour ) . 24 .
Éprouvant des doutes sur la compatibilité avec le droit de l ’ Union de cette division de la compétence entre un organe établi par la loi et une juridiction , la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de déférer à la Cour la question préjudicielle suivante : « Lorsque a ) un organe national est établi par la loi et a une compétence générale pour , entre autre , garantir l ’ application du droit de l ’ Union dans un domaine particulier ; b ) le droit national voudrait que cet organe ne soit pas compétent pour une catégorie restreinte de cas dans lesquels un recours effectif exigerait la non-application d ’ une règle nationale en vertu du droit national ou de l ’ Union ; et que c ) des juridictions nationales appropriées seraient compétentes pour prendre toute décision appropriée de non-application du droit national requise pour garantir le respect de la règle du droit de l ’ Union en cause , seraient compétentes pour traiter des affaires dans lesquelles un tel recours est nécessaire , seraient compétentes , dans ces affaires , pour prononcer toute mesure requise par le droit de l ’ Union et jugée conforme aux principes d ’ équivalence et d ’ effectivité dans la jurisprudence de l ’ Union , l ’ organe établi par la loi doit-il toutefois être considéré comme étant compétent pour examiner un recours dirigé contre une règle de droit national à laquelle il est fait grief de violer le droit de l ’ Union pertinent et , s ’ il fait droit à ce recours , doit‑il ne pas appliquer cette règle nationale bien que le droit national attribue compétence à une juridiction établie en vertu de la Constitution , et non à l ’ organe en question , dans toutes les affaires dans lesquelles la validité d ’ une règle est contestée pour quelque motif que ce soit ou dans lesquelles la non-application d ’ une règle est demandée ?
» 25 .