Ley 77-1957 art. 40.040 — Código de Seguros de Puerto Rico / Código de Seguros de Puerto Rico / Art. 40.040
Artículo 40.040. Jurisdicción y competencia
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(1) Ningún procedimiento de cobro será iniciado bajo este Capítulo por persona alguna que no sea el Comisionado y ningún tribunal tendrá jurisdicción para aceptar celebrar vistas o llegar a determinaciones en un procedimiento iniciado por cualquier otra persona. (2) Ningún tribunal de Puerto Rico tendrá jurisdicción para considerar, celebrar vistas o llegar a determinaciones sobre ninguna acción donde se solicite la disolución liquidación, rehabilitación, embargo, conservación o administración de un asegurador o donde se solicite un interdicto u orden restrictiva u otro remedio preliminar, incidental o con relación a, tal procedimiento que no sea de conformidad con este Capítulo. (3) Además de otros fundamentos para jurisdicción provistos por las Leyes de Puerto Rico, un tribunal de Puerto Rico que tenga jurisdicción sobre el asunto tiene jurisdicción sobre una persona que hubiere sido emplazada conforme a las Reglas de Procedimiento Civil u otras disposiciones legales aplicables en una acción radicada por el administrador de un asegurador del país o de un asegurador foráneo domiciliado en Puerto Rico: (a) si la persona emplazada está obligada de algún modo con dicho asegurador por virtud de un contrato como agente general, representante autorizado o apoderado que pueda existir o haya existido entre el asegurador y el agente general o representante autorizado o apoderado, en cualquier acción sobre, o incidental a la obligación, o (b) si la persona emplazada es un asegurador o reasegurador que haya suscrito en cualquier momento una póliza de reaseguro para un asegurador contra quien exista al iniciarse la acción una orden de rehabilitación o liquidación o si es un representante autorizado o productor de o para el reasegurador, en una acción sobre o incidental al contrato de reaseguro; o Rev. 10 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 428 de 622 “Código de Seguros de Puerto Rico” [Ley 77 de 19 de Junio de 1957, según enmendada] (c) si la persona emplazada es o ha sido un funcionario, gerente, síndico, organizador o promotor u otra persona en posición similar de autoridad o influencia en un asegurador contra quien hubiere en efecto una orden de rehabilitación o liquidación cuando se inicie la acción, en cualquier acción resultante de tal relación con el asegurador; o (d) si la persona emplazada tiene o tuvo, al momento de iniciarse el procedimiento de rehabilitación o liquidación contra el asegurador, dominio sobre activos en los cuales el liquidador o rehabilitador reclama un interés a nombre del asegurador, en cualquier acción relacionada con los activos; o (e) si la persona emplazada está, de alguna forma, obligada con el asegurador por cualquier litigio pendiente o por un incidente sobre tal obligación. (4) Si el tribunal, mediante moción de cualquiera de las partes, determina que una acción debiera, como cuestión de justicia sustancial, ventilarse en un foro fuera de Puerto Rico, podrá emitir la orden correspondiente para paralizar los procedimientos sobre la acción en Puerto Rico. (5) Cualquier acción así autorizada deberá radicarse y ser asignada al Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, a la cual se le haya asignado el procedimiento de rehabilitación o liquidación. (6) El emplazamiento deberá hacerse a la persona nombrada en la petición de acuerdo a las Reglas de Procedimiento Civil vigentes. (7) No se le permitirá a ninguna persona intervenir en un procedimiento de liquidación con el propósito de procurar u obtener el pago de alguna sentencia, gravamen, u otra clase de reclamación. El procedimiento de reclamación dispuesto en este Capítulo constituye el único método para procurar el pago de reclamaciones del caudal de la liquidación. (8) Ninguna ley, reglamento o resolución que disponga para la desestimación de una demanda, por razón de inactividad, será aplicable a los procedimientos de sindicatura. (9) El rehabilitador o liquidador estará exento del pago de cualquier derecho, arancel o contribución impuesta por el Estado o cualquiera de sus instrumentalidades, dependencias o municipios.