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Cód. Mun. P.R. art. 3.030 — Código Municipal de Puerto Rico (2020) / Código Municipal / Art. 3.030
Artículo 3.030. Faltas Graves, Informe, Resolución del Caso, Castigo y Suspensión
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(a) En toda acción disciplinaria por faltas graves, el Comisionado preparará un informe completo al Alcalde en torno a las imputaciones hechas contra el miembro o miembros del Cuerpo. (b) El Alcalde, luego de examinar y analizar el expediente y de dar al querellado la oportunidad de ser oído, resolverá el caso absolviendo al querellado o imponiendo el castigo que estime razonable según lo dispone el inciso (d) de esta sección. Si se declara culpable el miembro o miembros del Cuerpo concernidos así lo harán constar por escrito bajo su firma. El Comisionado entregará copia al querellado del documento contentivo de la decisión, lo que se comprobará por medio de la firma del Alcalde e indicando la fecha y la hora de la decisión. El procedimiento para estos casos se determinará mediante reglamento. (c) Los cargos por faltas graves serán formulados por escrito y firmados por el Comisionado entregando copia de éstos al miembro del Cuerpo a quien corresponda. (d) El castigo a imponerse por faltas graves podrá ser uno de los siguientes: expulsión permanente del Cuerpo, degradación o suspensión del Cuerpo, sin sueldo, por un período no mayor de tres (3) meses. (e) El Comisionado, con la autorización previa del Alcalde, tendrá facultad para suspender temporalmente de empleo y sueldo a cualquier miembro del Cuerpo mientras se practica cualquier investigación que se ordene relativa a incompetencia, mala conducta o crimen de que se acuse a dicho miembro. En tal caso, el Comisionado hará que se formulen los correspondientes cargos sin demora innecesaria; investigará e informará al Alcalde tales casos a la mayor brevedad posible, para que este imponga el castigo que estime razonable dentro de los límites de este Código y sus reglamentos o disponiendo la reinstalación al servicio de dicha persona con devolución de los sueldos devengados o sin ellos durante el período de la suspensión, si a su juicio los hechos lo justificaren conforme lo dispuesto en el inciso (d) de este Artículo. En el caso de que el miembro así sancionado, no esté de acuerdo con tal determinación, tendrá derecho a apelar, dentro de los diez (10) días de haber sido notificado por escrito, ante la Comisión Apelativa del Servicio Público. (f) Cuando un miembro del Cuerpo estuviere suspendido de empleo y sueldo por cualquier concepto estará inhabilitado para ejercer sus funciones como tal. Tampoco disfrutará de los derechos y privilegios que por ley se conceden a miembros del Cuerpo mientras dure dicha suspensión. Rev. 17 de julio de 2026 www.ogp.pr.gov Página 205 de 580 “Código Municipal de Puerto Rico” [Ley 107-2020, según enmendada]
Cód. Inc. P.R. sec. 2100.03 — Código de Incentivos de Puerto Rico (2019) / Código de Incentivos / Sec. 2100.03
Sección 2100.03. Programa de Incubadoras de Negocio
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(a) Para propósitos de esta Sección, el término “Incubadora de Negocios” significa una organización o Entidad establecida y certificada por el Secretario del DDEC para fomentar el comienzo de nuevos negocios o acelerar el crecimiento de empresas incipientes al brindarle a los empresarios los recursos y servicios necesarios para producir negocios viables que ayuden a cumplir la política pública del Gobierno de Puerto Rico de creación de empleos, y de restaurar la vitalidad de las áreas rezagadas. Esta definición no incluye organizaciones o Entidades con fines de lucro. (b) El DDEC explorará las formas de estimular la expansión de incubadoras de negocios en Puerto Rico mediante la adopción de los incentivos contenidos en este Código para fortalecer la Rev. 16 de julio de 2026 www.ogp.pr.gov Página 200 de 290 “Código de Incentivos de Puerto Rico” [Ley 60-2019, según enmendada] autogestión empresarial en la Isla y procurando la capacitación necesaria para la creación de negocios sustentables que generen nuevos empleos. A estos fines, el Secretario podrá otorgar incentivos para: (1) el desarrollo de estudios de viabilidad y planes para la creación o expansión de incubadoras de negocios; (2) la implementación de dichos estudios y planes al apoyar la creación o expansión de incubadoras de negocios, junto a la asistencia técnica y programática apropiada; (3) el apoyo temporal de las operaciones de incubadoras de negocios hasta donde determine que dicho apoyo es esencial para que las incubadoras de negocios puedan ser auto sustentables. (c) El Secretario del DDEC establecerá mediante reglamento los criterios y requisitos a considerarse en cualquier proceso competitivo para la selección de los proponentes elegibles para los incentivos, incluyendo requerimientos relativos a: (1) el número de empleos a crearse durante los primeros cinco (5) años luego de la fecha de recibo del incentivo; (2) los fondos requeridos para crear o expandir una incubadora de negocios durante los primeros cinco (5) años luego de la fecha de recibo del incentivo; (3) los tipos de negocios y entidades de investigación que se espera participen de la incubadora de negocios y la comunidad circundante; (4) cartas de intención de negocios y entidades de investigación para establecer un espacio en la incubadora de negocios; y (5) cualquier otro factor que el Director entienda apropiado para adelantar la política pública y los propósitos de este Código. (d) Los fondos para los beneficios provistos en esta Sección provendrán del Fondo de Incentivos Económicos. CAPÍTULO 11 — OTRAS INDUSTRIAS
Ley 179-2007 art. 2 — Código de Protección y Seguridad de Visitantes, Empleados e Inquilinos de Centros Comerciales / Código de Protección y Seguridad de Visi / Art. 2
Artículo 2. Definiciones
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Los términos que se mencionan a continuación, como se usan en esta Ley, tendrán los siguientes significados: Rev. 15 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 2 de 6 Ley del “Código de Protección y Seguridad de Visitantes, Empleados e Inquilinos de Centros Comerciales” [Ley 179-2007] (a) Centro Comercial — Se define como una propiedad comercial privada con áreas de estacionamiento vehicular, áreas de servicio para carga y descarga, donde ubican un conglomerado de establecimientos u oficinas comerciales. (b) Establecimiento — Se define como tienda, kiosco, oficina y cualquier otro lugar dedicado a la venta de mercancía, comestibles, productos, bienes, valores, servicios y entretenimiento. (c) Administrador — Se refiere al administrador o dueño del Centro Comercial, ya sea persona natural o jurídica, o los representantes o agentes autorizados por éste. (d) Inquilino — se refiere a cualquier persona natural o jurídica que sea arrendatario, inquilino o concesionario de un Establecimiento dentro de un Centro Comercial o sus representantes o agentes autorizados. (e) Persona — Se refiere a una persona natural. (f) Infractor — Se refiere a persona natural que mediante su conducta o actos viola el Código de Conducta del Centro Comercial o incurre en comportamiento que resultare detrimental a las normas, la propiedad, el disfrute y los derechos de los demás Usuarios. (g) Usuarios — Se refiere a aquellas personas presentes en el Centro Comercial y/o en cualquier Establecimiento, sean éstos visitantes, consumidores, suplidores o empleados del Centro Comercial y/o de sus Establecimientos para llevar a cabo actividades conforme con las que se dan en los Centros Comerciales de nuestro país. (h) Código de Conducta — Aquellas reglas adoptadas por la administración del Centro Comercial que establecen las normas de comportamiento aceptadas y otros asuntos que estén razonablemente encaminados a evitar la conducta impropia y otras actividades que pudieran resultar ofensivas al disfrute o derechos de los Usuarios del Centro Comercial y/o de sus Establecimientos, o interfiera con la naturaleza o función del Centro Comercial. (i) Aviso de No Admisión — Notificación escrita que expide el Administrador del Centro Comercial o cualquiera de sus Inquilinos al Infractor solicitando el abandono inmediato del Centro Comercial y/o de un Establecimiento, detallando las razones por las cuales le retira el consentimiento de admisión al Centro Comercial o al Establecimiento, y el tiempo en que debe abstenerse de visitar dicho Centro Comercial o Establecimiento, según sea el caso. (j) Oficial del Orden Público — Se refiere a cualquier miembro de la Policía de Puerto Rico o cualquier miembro de la Policía Municipal del municipio en el que ubique el Centro Comercial.
Ley 67-2022 art. 11 — Ley del Distrito Deportivo Roberto Clemente / Ley del Distrito Deportivo Roberto Cleme / Art. 11
Artículo 11. Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente
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Se crea un Fondo en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico el cual se denominará Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente para uso exclusivo del Secretario del Departamento de Recreación y Deportes de Puerto Rico para todo lo concerniente a la operación, administración y conservación del Distrito Deportivo Roberto Clemente. (a) El Fondo se nutrirá, además, de tiempo en tiempo, de (i) aportaciones y cualquier otro tipo de asistencia del Gobierno Federal para la que cualifique; (ii) aportaciones e inversiones de personas y entidades privadas o públicas, locales, nacionales o internacionales; y (iii) aportaciones de la Asamblea Legislativa. (b) Los desembolsos del Fondo se harán conforme a esta Ley y a los reglamentos y los presupuestos aprobados por el Departamento de Recreación y Deportes. (c) El remanente de los fondos que al 30 de junio de cada año no haya sido utilizado y obligado para los propósitos dispuestos, será reprogramado en el mismo Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente para el próximo año fiscal, de manera que se garantice la utilización de los fondos recolectados específicamente para este fin y se cumpla con la intención del ciudadano al realizar el pago y/o donación adicional del marbete y tablilla conmemorativa a los cincuenta (50) años del “Hit 3,000” de Roberto Clemente Walker para el año 2022. Anualmente, el Departamento de Recreación y Deportes, asignará a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico, la cantidad de ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) provenientes del Fondo del Distrito Deportivo Roberto Clemente, para la planificación y la organización de las facilidades. El Departamento de Recreación y Deportes y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico deberán someter anualmente, tanto a la Oficina de Gerencia y Presupuesto como a la Asamblea Legislativa, a través de la Secretaría de cada Cuerpo Parlamentario, un informe auditado sobre la utilización planificada de los recursos que serán depositados en la cuenta especial y de los fondos que el Departamento de Recreación y Deportes asigne a la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico. El informe anual auditado requerido será presentado no más tarde del 30 de enero de cada año.
Ley 81-1983 art. 18 — Ley para la Prevención y Tratamiento de Enfermedades de Transmisión Sexual / Ley para la Prevención y Tratamiento de  / Art. 18
Artículo 18. 
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Se deroga la Ley Núm. 94 aprobada en 11 de mayo de 1944, según enmendada, la Ley Núm. 92 aprobada en 27 de junio de 1969, y la Ley Núm. 68 aprobada en 9 de mayo de 1944, según enmendada.
Ley 248-2018 art. 5 — Carta de Derechos de las Personas Portadoras del Virus VIH/SIDA en
Puerto Rico / Carta de Derechos de las Personas Portad / Art. 5
Artículo 5. Procedimiento para Reclamo de Derecho
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Toda persona con diagnóstico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas, por sí, por medio de su tutor o por medio de un funcionario público, podrá acudir ante la Unidad para Investigar y Procesar Violaciones de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, o a cualquier sala de Tribunal de Primera Instancia de la región judicial donde resida para reclamar cualquier derecho o beneficio estatuido en esta Ley, o para solicitar que se suspenda una actuación que contravenga las disposiciones de esta. Los tribunales tendrán facultad para designarle una representación legal o un defensor judicial a la persona con diagnóstico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas, cuando esta no cuente con recursos económicos para contratar abogado. El tribunal tendrá facultad para dictar cualquier orden o sentencia conforme a derecho y que sea necesaria para llevar a cabo las disposiciones de esta ley. El incumplimiento de las órdenes y sentencias dictadas por el tribunal en virtud de este Artículo constituirá desacato civil.
Ley 77-1964 art. 23 — Ley Antimonopolística de Puerto Rico / Ley Antimonopolística de Puerto Rico / Art. 23
Artículo 23. (Vigencia)
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Esta ley empezará a regir inmediatamente después de ser aprobada. Rev. 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 11 de 12 Ley Antimonopolística de Puerto Rico [Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada] Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en conocimiento son corregidos de inmediato (mail: biblioteca OGP). En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. ⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—MONOPOLIOS Rev. 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 12 de 12
Ley 33-2017 art. 16 — Ley para las Iglesias-Escuela / Ley para las Iglesias-Escuela / Art. 16
Artículo 16. 
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La intervención del Departamento con las Iglesias- escuela se regirá única y estrictamente por las disposiciones de esta Ley. El Departamento, de ningún modo, aplicará sus criterios, interpretaciones o funciones que efectúa sobre las instituciones educativas sujetas a su licenciamiento en virtud de otras leyes. La certificación a la que se refiere el Artículo 12 de esta Ley y que deberá emitir el Departamento deberá incluir literalmente lo siguiente: El Gobierno de Puerto Rico reconoce la existencia de las Iglesias-escuela por lo que su legitimidad educativa está protegida en nuestro sistema jurídico constitucional. Por lo tanto, las notas, grados, diplomas, certificaciones y graduaciones emitidas por éstas tienen la misma validez jurídica que la de las otras instituciones educativas licenciadas por esta agencia. Por todo lo cual emitimos esta certificación de existencia para los propósitos que sean necesarios.
Ley 212-2018 sec. 14 — Ley de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación / Ley de Registro y Licenciamiento de Inst / Sec. 14
Sección 14. Custodia de expedientes de instituciones que cesen operaciones
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(a) Cuando una Institución de Educación se disponga a cesar operaciones, tendrá el deber de notificarlo al estudiantado con no menos de sesenta (60) días de anticipación. (b) Previo al cese de operaciones, cuando no exista una entidad sucesora encargada de la custodia de los documentos, una copia de los diplomas y las transcripciones de crédito de cada estudiante deberá ser radicada en el Departamento de Estado por la Institución de Educación en el formato que disponga el Secretario y le certificará que los documentos están completos y son fidedignos. (c) En cuanto a estos documentos, por ser de génesis privada, no será de aplicación lo dispuesto en la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”. El Departamento dispondrá mediante reglamento el formato en el cual se conservarán estos documentos y el protocolo para la digitalización, retención o destrucción de estos. Se le autoriza expresamente para que, de entenderlo conveniente, externalice estas funciones a una entidad con capacidad de llevar a cabo estas funciones con efectividad y eficiencia.
Ley 152-1997 art. 3 — Premio por Promover la Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Empleo / Premio por Promover la Igualdad de Oport / Art. 3
Artículo 3. [1 L.P.R.A
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§ 574 Inciso (c)] El galardón que se instituye en el Artículo 1 de esta Ley consistirá de una medalla y un pergamino, cuyo diseño y texto en todos sus detalles será determinado por la Comisión para la Evaluación y Adjudicación de este premio que se establece en el Artículo 5 de esta Ley.
Ley 171-2002 art. 15 — Ley de la Autoridad de Ponce / Ley de la Autoridad de Ponce / Art. 15
Artículo 15. Acuerdos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
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El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se compromete por la presente y acuerda con cualquier persona, que suscriba o adquiera bonos de la Autoridad, a no limitar ni restringir los derechos o poderes que por la presente se confieren a la Autoridad, hasta tanto dichos bonos, de cualquier fecha que sean, conjuntamente con los intereses sobre los mismos, queden totalmente solventados y retirados. El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se compromete y acuerda, además, con cualquiera agencia federal que, en caso de que cualquiera agencia federal construya, extienda, mejore o amplíe, o contribuya con cualesquiera fondos para la construcción, extensión, mejora o ampliación de cualquier propiedad de la Autoridad, no alterará ni limitará los derechos o poderes de la Autoridad en forma alguna que sea incompatible con la continua conservación y explotación de dicha propiedad, o de la extensión, mejora o ampliación de la misma o que sea incompatible con la debida ejecución de cualesquiera convenios entre la Autoridad y dicha agencia federal; y la Autoridad continuará teniendo, y podrá ejercer, por todo el tiempo que fuere necesario o conveniente para llevar a cabo los fines de esta Ley y el propósito de cualquiera agencia federal al construir, extender, mejorar, o ampliar, o contribuir con fondos para la construcción, extensión, mejoramiento o ampliación de dicha propiedad o parte de la misma, todos los derechos y poderes que por la presente se le confieren. Rev. 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 20 de 25 “Ley de la Autoridad de Ponce” [Ley 171-2002, según enmendada]
Ley 123-2014 art. 18 — Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico / Ley de la Autoridad de Transporte Integr / Art. 18
Artículo 18. Fondos
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(a) A fin de permitirle a la Autoridad llevar a cabo las funciones, facultades y poderes que le encomienda esta Ley, se dispone expresamente un período de transición de catorce (14) años a partir de la vigencia de esta Ley para que la Autoridad no dependa de asignaciones del Fondo General. Durante este período, la Autoridad procederá de la siguiente forma: (1) Durante cada año fiscal dentro del periodo de transición de catorce (14) años, la Oficina de Gerencia y Presupuesto incluirá una partida de hasta treinta millones de dólares ($30,000,000) en el Presupuesto General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (2) Para los años fiscales subsiguientes al periodo de transición de catorce (14) años, si las fuentes de ingresos recurrentes de la Autoridad no son suficientes para cubrir los costos de mantener la operación y servicios de la Autoridad, la Autoridad someterá anualmente su petición a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la cual recomendará, para que la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su discreción apruebe una partida de fondos para mantener la operación y servicios de la Autoridad. Sobre cualquier partida asignada por la Asamblea Legislativa, la Autoridad someterá a la Oficina de Gerencia y Presupuesto o al Departamento de Hacienda cualesquiera informes que le sean requeridos por estas con relación al uso de los fondos que se han asignado en virtud de esta Ley o cualesquiera otros fondos recibidos mediante otras asignaciones legislativas. (b) La Autoridad queda por la presente autorizada para comprometer o pignorar el producto de la recaudación recibida bajo el inciso (b) de este Artículo al pago del principal y los intereses de bonos u otras obligaciones de la Autoridad. (c) Se ordena al Secretario realizar un estudio para identificar posibles fuentes de ingresos que puedan ser destinados y dedicados para sufragar la operación y servicios de la Autoridad. El Secretario deberá someter los resultados de dicho estudio y sus recomendaciones a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y a la Comisión de Hacienda del Senado en un término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de aprobación de esta Ley. (d) La Autoridad y todos sus componentes vendrán obligados a terminar su año fiscal con un presupuesto balanceado. Con ese fin deberán realizar todos los ajustes fiscales necesarios conforme a los principios de sana administración pública. Cualquier obligación en la que se incurra deberá ser cónsona con la realidad fiscal de cada componente. Rev. 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 28 de 31 “Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico”, [Ley 123-2014, según enmendada]