Ley 14-2025 sec. 8 — Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico / Ley del Derecho Fundamental a la Liberta / Sec. 8
Sección 8. Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa de pacientes y residentes en instituciones médico-hospitalarias y para adultos mayores, públicos o privados:
Status: in_force

A) Disposiciones Generales: 1. Si la política de visitas de un hospital o institución para adultos mayores, tanto pública como privada, permite visitas de personas de cualquier tipo, incluidas personal médico o de otros servicios, deberán permitir a miembros del clero religioso visitar a un residente o paciente que solicita dicho servicio para fines religiosos, incluso durante un estado de emergencia declarado. 2. Si por demencia o deterioro cognoscitivo un residente está imposibilitado para solicitar una visita de un miembro del clero religioso, la solicitud o consentimiento podrá ser realizado o dado por un familiar o representante legal del residente o paciente. 3. Cuando la muerte del residente o paciente es inminente, el hospital o institución para adultos mayores deberá permitir a un miembro del clero religioso visitar al paciente o residente en persona para fines religiosos si cualquiera de los siguientes apartados aplica: a) El residente o paciente solicita, ha solicitado o consiente ser visitado por un miembro del clero. b) El familiar o representante legal del residente o paciente solicita, en su nombre, que el mismo sea visitado por un miembro del clero religioso. 4. Por otro lado, los hospitales e instituciones para adultos mayores pueden requerir que el clero religioso cumpla con precauciones razonables de salud y seguridad, incluyendo medidas de salud, exámenes y uso de equipo de protección personal, que son impuestos por la institución de atención médica o la institución para adultos mayores en relación con todas las visitas en persona de los médicos o de cualquier otro profesional de servicio para la prevención de la propagación de enfermedades transmisibles. Sin embargo, tales exigencias de precauciones de salud deben ampararse en un interés apremiante y deben ser el medio menos oneroso al ejercicio de la libertad religiosa del paciente o residente que pide la visita del miembro del clero. 5. Los hospitales e instituciones para adultos mayores pueden restringir las visitas de un miembro del clero religioso que falla en el cumplimiento de las medidas razonables de seguridad y de salud antes descritas. Sin embargo, esto no debe interpretarse como una autorización para eliminar el servicio o la atención religiosa si otro miembro del clero, autorizado por el paciente o residente, sus familiares o representante legal, cumple con las medidas razonables requeridas. B) Reglamento y orientación del personal. Todos los hospitales e instituciones para adultos mayores deberán tener un reglamento adecuado sobre las exigencias de esta ley, y estarán obligados a orientar a todo su personal sobre los derechos de libertad religiosa de sus pacientes o residentes y sus familiares, según los parámetros de este estatuto. El incumplimiento con este inciso se entenderá como una falta según los parámetros de lo siguiente. Rev. 09 de junio de 2025 www.ogp.pr.gov Página 12 de 17 “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico” [Ley 14-2025] C) Investigaciones, sanciones y responsabilidades civiles por incumplimiento de esta Ley. 1. Una persona u organización religiosa puede iniciar una acción civil contra una institución hospitalaria o para adultos mayores que haya violado las disposiciones de esta ley. Cualquier persona u organización religiosa que inicia una causa de acción civil podrá reclamar daños, medidas preventivas y cautelares, acomodos razonables, honorarios y costas de abogados. 2. El Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Salud y/o el Departamento de la Familia, podrá iniciar investigaciones por iniciativa propia o por querellas de los ciudadanos ante violaciones de esta ley. 3. Las instituciones señaladas aquí que resulten responsables del incumplimiento de esta Ley podrán ser sancionadas por un máximo de $5,000.00 por cada violación y de surgir un patrón continuo de violación a esta Ley, podrían ser sancionados con la revocación de su licencia para operar.