Ley 66-1989 art. 4 — Ley Orgánica de la Administración de Vivienda Pública de Puerto Rico / Ley Orgánica de la Administración de Viv / Art. 4
Artículo 4. Junta de Gobierno; Administrador
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Los poderes, funciones y responsabilidades de la Administración se ejercerán y su política pública se determinará por una Junta de Gobierno que será conocida como la Junta de Gobierno de la Administración de Vivienda Pública y estará compuesta y regida de la forma que se provee a continuación: (a) Composición de la Junta. — La Junta se compondrá de los siguientes siete (7) miembros: el Secretario de Vivienda, quien ocupará el cargo de Presidente de la Junta; el Secretario del Departamento de la Familia, el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Director Ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, quienes servirán como miembros ex-oficio de la Junta; y tres (3) representantes del sector privado nominados por el Secretario con la aprobación del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dos (2) de éstos seleccionados de entre los residentes de dos (2) residenciales públicos del país distintos y un (1) representante del sector privado con preparación o experiencia profesional, sin que se entienda como una limitación, en una o más de las siguientes áreas: trabajo social, psicología, salud mental, sociología, planificación familiar, contabilidad, gerencia o administración pública, administración de empresas, educación física, urbanismo o planificación. A este último se aplicarán las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como la "Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado" [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 1-2012], requiriéndose la radicación de informes ajustados a la función no asalariada de sus funciones. La Junta elegirá anualmente un Vicepresidente de entre sus miembros. Revisado 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 4 de 13 “Ley Orgánica de la Administración de la Vivienda Pública de Puerto Rico” [Ley 66 del 17 de agosto de 1989, según enmendada] (b) Término del Cargo. — Los tres (3) miembros del sector privado servirán términos de tres (3) años cada uno. Cualquier vacante creada por la renuncia, muerte, inhabilidad o remoción de un miembro del sector privado nombrado a la Junta será cubierta por el nombramiento de un miembro sucesor por el Secretario con la aprobación del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien servirá por el resto de dicho término. (c) Compensación. — Ningún miembro de la Junta recibirá compensación por sus servicios. Los miembros de la Junta, excepto los que sean funcionarios del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recibirán una dieta equivalente a la dieta mínima establecida por el Código Político para los miembros de la Asamblea Legislativa, por cada reunión de la Junta a la que asistan, la cual será establecida en el reglamento adoptado por la Administración. (d) Quórum y Votación. — Cinco (5) miembros de la Junta constituirán quórum para propósitos de llevar a cabo cualquier reunión de la Junta. Todas las acciones de la Junta deberán ser aprobadas por el voto afirmativo de por lo menos cinco (5) miembros, lo cual constituirá una mayoría de la Junta; disponiéndose, sin embargo, que en relación con aquellos asuntos para los cuales los miembros de la Junta del sector privado no puedan votar por existir un conflicto de interés conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 (f) de esta Ley, un mínimo de tres (3) miembros del sector público constituirá quórum y todas las acciones relacionadas a dichos asuntos deberán ser aprobadas por el voto afirmativo de por lo menos tres (3) miembros del sector público, los que constituirán mayoría de la Junta para dichos asuntos. (e) Administrador. — El Administrador será nombrado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Administrador desempeñará el cargo a voluntad de la Junta y deberá ser una persona de amplia preparación y experiencia profesional en las áreas de gerencia y administración pública, haber demostrado un genuino interés en el estudio y la aplicación de las ciencias sociales y estar comprometido con la consecución de los objetivos de esta Ley. La Junta fijará el sueldo o remuneración del Administrador de acuerdo a las normas acostumbradas en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para cargos de igual o similar nivel, funciones y responsabilidades. El Administrador podrá acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades", o a cualquier otro sistema de retiro subvencionado por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al que esté cotizando al momento de su nombramiento. También podrá acogerse a la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 9-2013], que establecen el Fondo de Ahorro y Préstamo de los empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Administrador, podrá recomendar para la aprobación de la Junta el nombramiento de un Subadministrador el cual ejercerá aquellas funciones, responsabilidades y deberes que le asigne o delegue el Administrador, por estar dichas funciones, responsabilidades, y deberes, dentro de las facultades de dicho Administrador. La persona nombrada como Subadministrador deberá reunir los requisitos exigidos en este Artículo para el cargo de Administrador. (f) Conflicto de Intereses. — Ningún miembro de la Junta que tenga cualquier interés personal o económico (según dichos términos son definidos más adelante) podrá participar en cualquier decisión o tener acceso a cualquier información relacionada al asunto o a los asuntos en el cual tenga dichos intereses y esté bajo la consideración de la Junta. Para propósito de este subpárrafo, el término "interés económico" significará cualquier beneficio económico, que pueda recibir Revisado 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 5 de 13 “Ley Orgánica de la Administración de la Vivienda Pública de Puerto Rico” [Ley 66 del 17 de agosto de 1989, según enmendada] directamente un miembro de la Junta o un miembro de su "unidad familiar" (según definido adelante), como consecuencia de una determinación ante la consideración de la Junta, relacionado con la administración de la vivienda pública del país o la titularidad directa o indirecta, ya sea legal o en equidad, de un individuo o un miembro de su unidad familiar (según definido más adelante), de (1) por lo menos 10% de las acciones emitidas de una corporación; (2) por lo menos un 10% de interés en cualquier otra entidad; o (3) la titularidad de suficientes acciones 0 participaciones en una entidad que le conceda a dicha persona un control efectivo de las decisiones de dicha entidad. El término "interés personal" significará cualquier interés personal o económico de un miembro de la Junta o de las personas relacionadas con él, que esté o pueda razonablemente estar en pugna con el interés público o que exista apariencia de conflicto de interés personal. El término "unidad familiar" significará el cónyuge de una persona, sus hijos, dependientes o aquellas personas que compartan su residencia legal o cuyos asuntos financieros estén bajo el control de jure o de facto de dicha persona. No se entenderá por conflicto de interés, con relación al miembro de la Junta residente de un residencial pública del país, el hecho de que éste o ésta, resida en un residencial público del país, excepto cuando alguna determinación ante la consideración de la Junta, afecte exclusivamente, al residencial público donde resida el miembro de la Junta. La Administración podrá emitir todas las reglas, reglamentos o cartas circulares que estime necesarias para implementar las disposiciones de este subpárrafo.