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Ley 61-1990 art. 7 — Ley para el Fomento y Desarrollo de la Industria Pesquera y la Acuicultura / Ley para el Fomento y Desarrollo de la I / Art. 7
Artículo 7. Funciones y deberes del Programa
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El Programa tendrá aquellas funciones que propendan a promover y desarrollar la industria pesquera, incluyendo, pero sin limitarse a: (1) Llevar a cabo o patrocinar programas de investigación y de desarrollo de los recursos pesqueros del país, que incluirán pero que no se limitarán a la investigación y el desarrollo biológico, químico, tecnológico, hidrológico, de procesamiento, mercadeo, financiero, económico y promocional. El Programa podrá llevar a cabo tales actividades o proyectos en cooperación con otras agencias estatales, entidades gubernamentales federales, regionales o locales, instituciones privadas o individuos. (2) Establecer programas para la educación relacionados con el uso, conservación, desarrollo y mejoramiento de los recursos pesqueros. (3) Formular planes y alternativas estratégicas para el fomento y desarrollo integral de la pesca, incluyendo la capacitación de los pescadores. (4) Promover el consumo de los productos de la pesca local. (5) Promover y fomentar actividades de adiestramiento, formal o informal, para pescadores, empleados, trabajadores o profesionales relacionados con el Programa y la industria de la pesca, incluyendo aspectos de producción, mercadeo o elaboración de productos, entre otros. (6) Llevar a cabo la coordinación necesaria con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y con otras agencias o entidades públicas y privadas, tanto del Gobierno Estatal o Federal, relacionadas con la industria pesquera y áreas relacionadas a la misma. (7) Llevar a cabo los arrendamientos, usufructos o transferencias de facilidades a pescadores cuando esto se considere conveniente y necesario para el fomento y desarrollo de la pesca.
Ley 214-1995 art. 17 — Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera / Ley para Reglamentar el Negocio de Inter / Art. 17
Artículo 17. Penalidades
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El Comisionado queda autorizado a imponer y cobrar multas administrativas no menores de ($100) dólares ni mayores de cinco mil ($5,000) dólares por cada violación a las disposiciones contenidas en las reglas y reglamentos promulgados en virtud de la misma. Cuando la naturaleza de la infracción a esta Ley o a las reglas o reglamentos u órdenes y resoluciones emitidas por el Comisionado lo justifiquen, además de la imposición de la multa administrativa autorizada en el párrafo precedente, el Comisionado promoverá acción criminal contra el infractor. Cada violación a las disposiciones de esta Ley o a las disposiciones contenidas en las reglas o reglamentos promulgados en virtud del mismo o a las órdenes y resoluciones emitidas por el Comisionado constituirá delito menos grave (misdemeanor) castigable con multa no mayor de quinientos ($500) dólares o con reclusión que no exceda de seis (6) meses o ambas penas a discreción del tribunal. Se exceptuarán las violaciones a los incisos 3, 6, 8, 9 y 13 del Artículo 11, la cual constituirá delito grave, castigable con multa no mayor de cinco mil ($5,000) dólares por cada violación o con una pena establecida de seis (6) años de reclusión o ambas penas a discreción del tribunal. La pena de reclusión para delito grave podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años de mediar circunstancias agravantes; de mediar circunstancias atenuantes se podrá reducir a un mínimo de cuatro (4) años. En cualquiera de los dos casos el Tribunal impondrá la pena de restitución cuando corresponda, además de la pena establecida. Rev. 28 de diciembre de 2020 www.ogp.pr.gov Página 12 de 13 “Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera” [Ley 214-1995, según enmendada]
Ley 111-1961 art. 10 — Ley de la Fianza de Pago que Todo Contratista debe de Prestar al Comienzo de Toda Obra de Construcción para Garantizar el Pago de Salarios de Obreros y Empleados / Ley de la Fianza de Pago que Todo Contra / Art. 10
Artículo 10. 
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Toda causa de acción bajo esta ley se instará a nombre de la persona o personas interesadas, pero el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos podrá demandar también a iniciativa propia, o a instancias de uno o más trabajadores con interés en el asunto y en representación y para beneficio de uno o más de los mismos que se encuentren en circunstancias similares, el pago de cualquier suma que se les adeude por concepto de salarios. La acción podrá instarse en la sala del Tribunal de Primera Instancia o de Distrito correspondiente al sitio en que se realice el trabajo o en que resida el obrero o empleado en la fecha de la reclamación. Todo trabajador tendrá derecho a cobrar en la acción civil que se establezca, en adición a las cantidades no pagadas, otra suma igual por concepto de compensación adicional, además de las costas, gastos y honorarios de abogado, y la fianza responderá por el pago de la sentencia que se dicte hasta el monto de la fianza.
Ley 147-2024 art. 3.13 — Ley de Arbitraje de Puerto Rico / Ley de Arbitraje de Puerto Rico / Art. 3.13
Artículo 3.13. Incumplimiento con las Disposiciones de este Capítulo
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a) El árbitro tendrá la autoridad para imponer las sanciones que estime adecuadas por el incumplimiento significativo de cualquiera de las partes con lo dispuesto en este Capítulo o con las órdenes del árbitro. Las sanciones pueden incluir la emisión de un laudo en rebeldía. b) Ante el incumplimiento significativo de una parte, el árbitro conminará al cumplimiento y concederá plazo para ello, antes de considerar proceder en rebeldía. c) Un laudo en rebeldía debe, en cualquier caso, estar basado en la prueba.
Ley Condominios P.R. art. 19 — Ley de Condominios de Puerto Rico (2020) / Ley de Condominios / Art. 19
Artículo 19. Elementos Procomunales
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La enajenación de un elemento procomunal no podrá ser gratuita y requerirá la aprobación mayoritaria del Consejo de Titulares siempre que el producto de la venta o enajenación se destine a cubrir deudas o gastos para el mantenimiento de las áreas comunes. La enajenación para cubrir cualquier otro gasto o costear proyectos de mejoras, requerirá el consentimiento de los titulares, conforme a lo requerido para la aprobación del gasto o proyecto en cuestión. Una vez enajenado el apartamento cesará su afectación como elemento procomunal.
Ley 39-1954 art. 4 — Ley del Programa de Cooperación Técnica / Ley del Programa de Cooperación Técnica / Art. 4
Artículo 4. 
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El Secretario de Estado o su representante oficial tendrá la responsabilidad de aprobar todo contrato de ayuda técnica y de supervisar y coordinar todos los programas en operación. Esa responsabilidad abarca todos los programas bilaterales y multilaterales de la Administración de Operaciones Extranjeras (FOA ); de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas, de la Organización de Estados Americanos, la Comisión del Caribe y cualquier agencia o agencias nuevas que sean creadas en el futuro para atender esta actividad, así como cualquier acuerdo con un gobierno o institución del extranjero. Rev. 15 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 1 de 3 Ley del Programa de Cooperación Técnica [Ley 39 de 27 de mayo de 1954]
Ley 141-2018 sec. 10.1 — Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018 / Ley de Ejecución del Plan de Reorganizac / Sec. 10.1
Sección 10.1. Omitida
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[Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 272-2003, según enmendada, conocida como “Ley del Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”]
Ley 388-1951 art. 5 — Ley de la Fianza en los Contratos de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Alteración de una Obra Pública / Ley de la Fianza en los Contratos de Con / Art. 5
Artículo 5. 
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Toda persona, natural o jurídica, que haya trabajado como obrero o empleado en, o que haya suplido, vendido o entregado materiales, equipo y herramientas para la obra a que hace referencia el Artículo 1 de esta ley, respecto a la cual se haya prestado la fianza que por esta ley se exige, y a quien no se haya pagado en total o en parte, según esta ley lo requiere, sus sueldos o jornales, o el importe de materiales, equipo y herramientas vendidos, entregados o suplidos para la obra, tendrá derecho a instar acción judicial, sin necesidad de previa notificación o requerimiento, contra el contratista, contra la fianza del contratista, contra los fiadores del contratista, o contra cualquiera de ellos, en cobro de la cantidad que por tal concepto pueda adeudársele. Cualquier persona o personas que tengan una relación contractual directa con un subcontratista de la obra y que tengan o no tengan relación contractual expresa o implícita con el contratista de la obra que haya prestado la fianza, tendrán una causa de acción contra el contratista, la fianza del contratista, los fiadores del contratista, o contra cualquiera de ellos, para recobrar la totalidad o cualquier parte de: (1) cualquier cantidad que pueda adeudársele por el subcontratista de la obra por concepto de sueldos o jornales devengados como empleados u obreros del subcontrato de la obra, y (2) cualquier cantidad que pueda adeudársele por concepto de materiales, equipo y herramientas suplidos, vendidos o entregados para el subcontrato de la obra. Los suplidores o vendedores de materiales, equipo y herramientas del subcontrato vendrán obligados antes de instar acción judicial contra el contratista, su fianza o sus fiadores a notificar al contratista, por correo certificado, de su reclamación. Transcurridos 30 días del envío de dicha notificación podrán instar la acción que aquí se autoriza. Los obreros o empleados del subcontrato podrán instar la acción en cualquier momento sin notificación o requerimiento previo de su reclamación al contratista. En todo lo demás se atendrán a los derechos y remedios que esta ley concede a los obreros, empleados y suplidores de materiales, equipo y herramientas del contratista; y sobre el contratista, su fianza y sus fiadores pesarán las mismas responsabilidades que esta ley les impone.. Rev. 15 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 2 de 5 Ley de la Fianza en los Contratos de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Alteración de una Obra Pública [Ley 388 de 9 de mayo de 1951]
Ley 40-1948 art. 4 — Ley para la Reclamación de Tierras Áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico / Ley para la Reclamación de Tierras Árida / Art. 4
Artículo 4. Derogado. [Ley 79-1957, Sec. 3]
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Rev. 15 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 2 de 4 “Ley para la Reclamación de Tierras Áridas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico” [Ley 40 de 9 de junio de 1948, según enmendada]
Ley 160-2006 art. 7 — Ley del Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación / Ley del Colegio de Profesionales de la C / Art. 7
Artículo 7. Requisitos para pertenecer al Colegio
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Pertenecerán al Colegio toda persona que posea una licencia expedida por la Junta que le autorice a ejercer la profesión de Consejería en Rehabilitación en Puerto Rico, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 58, supra. Todo profesional de la Consejería en Rehabilitación deberá tener vigente la licencia y haber cumplido con los requisitos de certificación, o de re-certificación que le sean aplicables. Pertenecerán al Colegio todo Consejero en Rehabilitación que trabaje o preste servicios sin paga en áreas relacionadas a la conducta humana y que dependiendo de la visión y misión de la agencia, organización o entidad tenga título como: Consejeros en Rehabilitación, Manejador de Casos, Orientadores, Consejeros, Consejero Vocacional, Consejero Evaluador, Especialista en Rehabilitación, Asesores en organizaciones públicas, privadas o en organizaciones no gubernamentales de base comunitaria, sin que ello se entienda como una limitación.
Ley 15-2023 art. 4 — Miércoles Naranja / Miércoles Naranja / Art. 4
Artículo 4. [1 L.P.R.A
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§ 5348 Inciso (d)] El (La) Presidente(a) de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública deberá, a través de todos los medios de comunicación del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, promover esta iniciativa al menos una (1) vez en semana durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de cada año.
Ley Veh. y Tráns. P.R. art. 19.03 — Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (2000) / Ley de Vehículos y Tránsito / Art. 19.03
Artículo 19.03. Forma de aplicar suspensiones y revocaciones de licencias de conducir
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Cuando una persona fuere convicta de un delito que, de haber sido conductor autorizado, le hubiere acarreado la suspensión de su licencia, el Secretario no le expedirá licencia de conducir por un período igual al que hubiere aparejado dicha suspensión, contado desde la fecha de la convicción. Cuando a un conductor cuya licencia esté suspendida se le imponga otra pena de suspensión, el término de la última empezará a correr cuando termine la anterior. Rev. 17 de julio de 2026 www.ogp.pr.gov Página 186 de 226 “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” [Ley 22-2000, según enmendada] En caso, de que cualquier disposición de esta Ley provea para la revocación permanente de la licencia o licencias, el acusado convicto quedará impedido para siempre de ser autorizado a conducir vehículos de motor en las vías públicas. Si el acusado convicto poseyere una licencia de aprendizaje, toda suspensión de licencia se entenderá que incluye la licencia de aprendizaje.
Ley 214-1995 art. 3 — Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera / Ley para Reglamentar el Negocio de Inter / Art. 3
Artículo 3. Aplicabilidad, Exclusiones y Prohibiciones
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(a) Aplicabilidad. — Esta ley aplicará a toda persona que ofrezca o preste servicios como corredor de préstamos y financiamientos y a todo prestamista, agente planificador financiero, consultor o asesor financiero, según estos términos se definen en el Artículo 2 de esta Ley. (b) Exclusiones. — Esta Ley no aplicará a cualquier persona que actúe en su capacidad de dueño, socio, director, oficial, agente o empleado de cualquier negocio autorizado por ley tales como: bancos, asociaciones y bancos de ahorro y préstamos, compañías de financiamiento, financieras, instituciones hipotecarias y otras similares cuya actividad principal sea el conceder préstamos o financiamientos, con licencia para ello. Tampoco aplicará a aquella persona que como dueño, socio, director, oficial, agente o empleado se dedique a cualquier negocio en que la obtención de préstamos o financiamientos para los clientes de dicho negocio sea inherente, incidental o necesario al mismo, tales como los negocios de venta o arrendamiento de bienes y servicios, a los agentes, corredores-traficantes, consultores o asesores de inversiones y valores cubiertos por la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, y la Ley Núm. 6 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocidas respectivamente como “Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico” y “Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico” [Nota: Sustituida por la Ley 93-2013, “Ley de Compañías de Inversión de Puerto Rico de 2013”] ni a un abogado, contable, economista, ingeniero o maestro cuya prestación de estos servicios sea meramente incidental al ejercicio de su profesión. Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER de Puerto Rico) y el Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Humano de Puerto Rico, según el mismo ha sido creado y es operado bajo la Escritura Núm. 135 de 7 de mayo de 2004, otorgada ante el Notario José Orlando Mercado Gely, están exentos de la aplicación de esta ley. (c) Prohibiciones. — Las personas excluidas de la aplicación de esta ley, descritas en el inciso anterior, podrían dedicarse al negocio de intermediación financiera sin licencia para ello, exclusivamente para beneficio de su negocio, pero al hacerlo no podrán cobrarle comisión o cargo alguno por dichos servicios en su carácter personal. Rev. 28 de diciembre de 2020 www.ogp.pr.gov Página 3 de 13 “Ley para Reglamentar el Negocio de Intermediación Financiera” [Ley 214-1995, según enmendada]
Cód. Rent. Int. P.R. sec. 6041.12 — Código de Rentas Internas de Puerto Rico (2011) / Código de Rentas Internas / Sec. 6041.12
Sección 6041.12. Penalidad Por Dejar de Depositar Contribuciones Retenidas Bajo las
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Secciones 1062.08, 1062.10, 1062.11 (a) En caso de que cualquier persona dejare de depositar las contribuciones deducidas y retenidas bajo las Secciones 1062.08, 1062.10 y 1062.11 de este Código dentro del término establecido por ley, a menos que se demuestre que tal omisión se debe a causa razonable, se impondrá a tal persona una penalidad del dos (2) por ciento del monto de la insuficiencia si la omisión es por treinta (30) días o menos, y dos (2) por ciento adicional por cada período o fracción de período adicional de treinta (30) días mientras subsista la omisión, sin que exceda de veinticuatro (24) por ciento en total. (b) Para fines de esta sección, el término “insuficiencia” significa el exceso del monto de la contribución que debió ser depositada sobre el monto, si alguno, de la misma que fue depositada no más tarde de la fecha prescrita para ello. (c) Limitación.- Para fines del apartado (a), la omisión no se considerará continuada después de la fecha (determinada sin considerar prórroga alguna) prescrita en la Sección 1062.08(b)(1) para el pago de la contribución o después de la fecha en que la contribución sea pagada, lo que ocurra primero.
Ley 246-2015 art. 22 — Ley de Análisis de ADN Post Sentencia / Ley de Análisis de ADN Post Sentencia / Art. 22
Artículo 22. Reglamentación
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El Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, atemperarán cualquier reglamento, carta circular u orden general a lo establecido en esta Ley.
Ley 59-2023 art. 3 — Ley para Garantizar el Acceso a Servicios Esenciales en Situaciones de Emergencia / Ley para Garantizar el Acceso a Servicio / Art. 3
Artículo 3. Aplicabilidad
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Desde que la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) emita un aviso de tormenta tropical o huracán para Puerto Rico, o desde que el Presidente de los Estados Unidos o el Gobernador de Puerto Rico declare un estado de emergencia o desastre relacionado con el paso, o debido a los efectos, de una tormenta tropical o huracán en Puerto Rico, quedará prohibido interrumpir por falta de pago los servicios de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados hasta pasados diez (10) días de la culminación del estado de emergencia o tras el paso del huracán o fenómeno atmosférico.
Cód. Civ. P.R. art. 940 — Código Civil de Puerto Rico (2020) / Libro Tercero: Los Derechos Reales / Art. 940
Artículo 940. Indivisibilidad
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Las servidumbres son indivisibles. Si la finca sirviente se divide en dos o más partes, la servidumbre no se modifica, y cada titular del derecho de propiedad o de los derechos reales posesorios sobre las fincas resultantes tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. Si es la finca dominante la que se divide entre dos o más, cada partícipe puede utilizar por entero la servidumbre sin alterar el lugar de su uso ni gravarla de otra manera. No obstante, las modificaciones físicas de las fincas pueden dar lugar a la extinción de la servidumbre en los casos contemplados en el Artículo 966.
Ley 8-2017 sec. 7.1 — Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico / Ley para la Administración y Transformac / Sec. 7.1
Sección 7.1. Política Pública
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La política pública de retribución del Gobierno de Puerto Rico reconoce como valores principales la capacidad demostrada por el empleado en el desempeño de sus tareas; el compromiso demostrado con las metas y objetivos de su organización; la adhesión a las normas de orden y disciplina; y el trato sensible, respetuoso y diligente hacia nuestros ciudadanos. Para alcanzar estos valores, los sistemas de retribución gubernamentales estarán orientados a atraer y retener el personal idóneo; a reconocer los logros grupales e individuales de los trabajadores, a fomentar el trabajo en equipo y a propiciar que los trabajadores tengan una vida digna. Todo lo anterior, sobre bases de equidad y justicia, y en consideración a la realidad económica de los organismos gubernamentales. Este sistema retributivo, además de reconocer y retribuir justamente las aportaciones de los empleados al logro de las metas organizacionales, le permitirá a la Oficina mayor flexibilidad en la administración del sistema de retribución. Esto resultará en un sistema de gerencia de recursos humanos más dinámico y efectivo.
Ley 3-1978 art. 8 — Ley de Control de Productores y Refinadores de Petróleo y sus Derivados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolina y/o Combustibles Especiales de Motor / Ley de Control de Productores y Refinado / Art. 8
Artículo 8. Violación de competencia justa
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Cualquier violación a los Artículos 2, 2-A, 4, 4-A, 5 y 5-A constituirá una práctica o acto injusto o engañoso y estará sujeto a las disposiciones de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada. No obstante, cualquier persona, natural o jurídica, que sea perjudicada en sus negocios o propiedades, o intereses propietarios, por otra persona, por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos o declarados ilegales por las disposiciones de dichos Artículos, y en cuyo caso presentado ante la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) no se haya entregado al menos, un informe preliminar que contenga la determinación de si procede o no iniciar un proceso adjudicativo ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en sesenta (60) días calendario después de haber sido radicado, podrá presentar una reclamación o demanda por causa de dichos actos ante el Tribunal de Primera Instancia y tendrá derecho a recobrar los daños y perjuicios que haya sufrido, más las costas del procedimiento y una suma razonable para honorarios de abogado. Será obligación de la parte demandante notificar a la Oficina de Asunto Monopolísticos (OAM) la radicación de la demanda el mismo día en que se presente la misma ante el Tribunal de Primera Instancia. [Enmiendas: Ley 60-2020]