Ley 118-1974 art. 3 — Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra / Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra / Art. 3
Artículo 3. Autoridad, Poderes y Deberes de la Junta
Status: in_force

La Junta de Libertad Bajo Palabra tendrá la siguiente autoridad, poderes y deberes: (a) Podrá decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico que hubiere sido o fuere convicta por delitos cometidos con anterioridad a la fecha de vigencia de la ley que establece el Sistema de Sentencia Determinada en Puerto Rico, o que hubiere sido o fuere convicta por delitos bajo la ley que establece el Sistema de Sentencia Determinada en Puerto Rico, cuando haya satisfecho la multa dispuesta en el Artículo 49-C de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, y haya cumplido la mitad de la sentencia fija que le ha sido impuesta, excepto cuando la persona haya sido convicta bajo dicho sistema de sentencia determinada por asesinato en primer grado, en cuyo caso el convicto no será elegible para el beneficio de libertad bajo palabra. De igual forma, en los casos de asesinato en primer grado cometidos bajo la modalidad comprendida en el inciso (b) del Artículo 83 de la derogada Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada, la Junta no podrá decretar la libertad bajo palabra. Podrá así mismo decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico que ha sido convicta conforme a la clasificación de gravedad del delito y a las condiciones para su concesión que establecía la derogada Ley 149-2004, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico de 2004”: (1) Si la persona ha sido convicta de delito grave de primer grado o se ha determinado reincidencia habitual, puede ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir Rev. 06 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 3 de 17 Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra [Ley 118 de 22 de Julio de 1974, según enmendada] veinticinco (25) años naturales de su sentencia, o diez (10) años naturales, si se trata de un menor procesado y sentenciado como adulto. (2) Si la persona ha sido convicta de delito grave de segundo grado, puede ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir el ochenta (80) por ciento del término de reclusión impuesto. (3) Si la persona ha sido convicta de delito grave de tercer grado, puede ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir el sesenta (60) por ciento del término de reclusión impuesto. (4) Si la persona ha sido convicta de delito grave de cuarto grado, puede ser considerada para libertad bajo palabra al cumplir el cincuenta (50) por ciento del término de reclusión impuesto. (5) Si la persona tiene entre sesenta (60) a sesenta y cuatro (64) años de edad, y ha cumplido un mínimo de diez (10) años de su sentencia o; si tiene sesenta y cinco (65) años o más de edad, y ha cumplido un mínimo de cinco (5) años de su sentencia. La Junta deberá evaluar estos casos en un término no mayor de sesenta (60) días a ser contabilizados a partir de la fecha en que la persona sea referida para ser considerada por la Junta de Libertad Bajo Palabra. Solo será elegible el convicto que, además de cumplir con la edad requerida: (a) La sentencia que esté cumpliendo no sea por: asesinato, secuestro, agresión sexual, incesto, genocidio o crímenes de lesa humanidad, venta o distribución de sustancias controladas a personas menores de dieciocho (18) años, venta o distribución de armas ilegales, utilización de un menor para la producción, publicación o venta de pornografía infantil, y maltrato mediante la restricción de la libertad y los delitos de agresión sexual en la relación de pareja, según contemplados en las en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada. De igual forma, las personas convictas por los delitos de agresión sexual en todas sus modalidades, incluyendo la tentativa, violación, actos lascivos, sodomía, incesto, secuestro, secuestro agravado y pornografía infantil no podrán beneficiarse del privilegio de libertad bajo palabra, indistintamente de la fecha de la comisión del acto delictivo ni el código penal o la ley especial utilizada para dictar sentencia, incluyendo los códigos penales de 1974, 2004, y 2012. (b) no ha sido un reincidente, en la modalidad agravada o habitual, según definido en el Código Penal, y (c) ha observado buena conducta en la institución por un lapso razonable de tiempo que no será menor de un año natural, ininterrumpido, a la fecha de cumplir con las condiciones para el privilegio. (6) En aquellos procesos judiciales en que se encuentre al acusado culpable por más de un delito y se le imponga una sentencia a ser cumplida de manera consecutiva, la persona convicta tendrá derecho a cualificar para libertad bajo palabra al cumplir Rev. 06 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 4 de 17 Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra [Ley 118 de 22 de Julio de 1974, según enmendada] con el término concerniente a la pena mayor recibida por alguno de los delitos cometidos. Cuando más de uno de los delitos cometidos conlleve la misma pena, la persona convicta cualificará para el beneficio de libertad bajo palabra con el mero hecho de haber cumplido con el término de una de ellas. Lo dispuesto en este párrafo será de aplicabilidad, independientemente si la Ley en virtud de la cual resulta convicto, sea una Ley Penal Especial. Podrá así mismo decretar la libertad bajo palabra de cualquier persona recluida en cualquiera de las instituciones penales de Puerto Rico que haya sido convicta conforme a las disposiciones de la Ley 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto Rico de 2012” al cumplir el setenta y cinco por ciento (75%) del término de reclusión impuesto. Este cómputo nunca excederá de quince (15) años cuando se trate de un adulto o de cinco (5) años cuando se trate de un menor sentenciado y procesado como adulto en delitos para los cuales al realizarse el cómputo jurisdiccional para cualificar ante la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra este sea mayor a lo requerido para delitos con pena fija señalada en el tipo de cincuenta (50) años. En caso de la persona convicta de asesinato en primer grado bajo la Ley 146-2012, esta podrá ser considerada para libertad bajo palabra por la Junta de Libertad Bajo Palabra al cumplir veinticinco (25) años de su sentencia, o diez (10) años, si se trata de un menor de edad procesado y sentenciado como adulto. La Junta podrá considerar para la libertad bajo palabra a aquellas personas que hayan utilizado o intentado utilizar un arma de fuego ilegal en la comisión de un delito grave o su tentativa, según definido en la Ley 146-2012, según enmendada. La Junta podrá conceder el beneficio cuando se ha determinado reincidencia habitual por delitos no violentos al cumplir veinticinco (25) años de su sentencia de reclusión, pero no podrá conceder el beneficio cuando la persona haya resultado convicta por delitos de agresión sexual o pornografía infantil en cualquiera de sus modalidades, según definidos en la Ley 146-2012, según enmendada. Antes de conceder el beneficio, la Junta considerará todas las disposiciones contenidas en el Artículo 3-B de esta Ley y lo que contemplan en la Ley 22- 1988, mejor conocida como la Ley de la “Carta de Derechos de Víctimas y Testigos de Delito”, según enmendada, para garantizarle a las victimas todos los derechos. En cualquier caso en que la Junta ordene que la persona recluida quede en libertad bajo palabra, podrá imponer las condiciones que creyere aconsejables y fijar condiciones que podrán ser alteradas de tiempo en tiempo, según cada caso lo amerite. Esta impondrá y hará constar por escrito, como parte de las condiciones de libertad bajo palabra, el compromiso del liberado de no incurrir en conducta delictiva y de no asociarse con personas reconocidas por su participación en actividades ilegales mientras esté disfrutando de los beneficios que le concede esta Ley. Como condición a la libertad bajo palabra, la persona consentirá a someterse a un programa regular para la detección de presencia de sustancias controladas mediante pruebas confiables que permita su orientación, tratamiento y rehabilitación y deberá, además, tener registrado su nombre, dirección y demás datos en el “Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales Violentos y Abuso contra Menores” que se crea por ley en el Sistema de Información de Justicia Criminal, así como en el “Registro de Personas Rev. 06 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 5 de 17 Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra [Ley 118 de 22 de Julio de 1974, según enmendada] Convictas por Violaciones a la “Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, cuando le sea requerido por disposición estatutaria. Además, el liberado, como condición a su libertad bajo palabra, consentirá a que si un tribunal en vista preliminar determina que hay causa probable para creer que ha cometido un delito grave, no sea necesario celebrar la vista sumaria inicial que dispone el Artículo 5 de esta Ley y se le recluya hasta que la Junta emita su decisión final. La determinación de causa probable de la comisión de un delito grave constituye causa suficiente para que el liberado sea recluido hasta que la Junta emita su decisión final. La libertad bajo palabra será decretada para el mejor interés de la sociedad y cuando las circunstancias presentes permitan a la Junta creer, con razonable certeza que tal medida habrá de ayudar a la rehabilitación del delincuente. Para determinar si concede o no la libertad bajo palabra, la Junta tendrá ante sí toda la información posible sobre el historial social, médico, ocupacional y delictivo de cada confinado, incluyendo la actitud de la comunidad respecto a la liberación condicional del sujeto, y una evaluación que deberá someter la Administración de Corrección. (b) En el uso de su discreción y tomando en cuenta la evaluación de la Administración de Corrección, tendrá facultad para revocar la libertad bajo palabra a cualquier liberado que, por su conducta, revele no estar aún preparado para beneficiarse plenamente del privilegio y el tratamiento que implica la libertad bajo palabra. La Administración de Corrección en consulta con el Instituto de Ciencias Forenses adoptará la reglamentación necesaria y establecerá el procedimiento de pruebas para detectar la presencia de sustancias controladas a todos los liberados. La negativa de éstos a someterse al programa de pruebas o al tratamiento de rehabilitación que diseñe la Administración de Corrección dará lugar a que la Junta revoque la libertad bajo palabra y ordene la reclusión de la persona conforme lo dispuesto en esta ley. (c) Podrá ordenar el ingreso de una persona en libertad bajo palabra a cualquier institución médica para tratamiento, cuando tenga la razonable certeza de que su presencia en la comunidad es incompatible con la seguridad o bienestar de la propia persona, o de la comunidad. El tiempo que la persona estuviere recluida en la institución médica le será acreditado a su sentencia, como si estuviera disfrutando de libertad bajo palabra en la comunidad. Los casos de personas recluidas en una institución médica, a virtud de esta facultad, serán revisados periódicamente en períodos que no exceden de seis (6) meses por la Junta para, de común acuerdo con las autoridades médicas de la institución donde se encontraren recluidas, determinar la conveniencia de su regreso a la comunidad. (d) La Junta, a su iniciativa, o a petición del Gobernador, asesorará a éste en la concesión de cualquier forma de clemencia ejecutiva. En los casos en que el Gobernador conceda la clemencia ejecutiva sujeta a condiciones, éste podrá delegar en la Administración de Corrección la supervisión de las personas a quienes se les haya concedido la clemencia ejecutiva condicional. Estas personas quedarán bajo la custodia legal del Gobernador, quien podrá, a recomendación de la Junta, o a iniciativa propia, cancelar la orden concediendo clemencia ejecutiva condicional y ordenar que la persona de que se trate sea ingresada a cumplir el resto de la sentencia que faltare por extinguir en la institución que designe el Administrador de Corrección. Nada de lo aquí dispuesto menoscabaría la Rev. 06 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 6 de 17 Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra [Ley 118 de 22 de Julio de 1974, según enmendada] facultad del Gobernador para ejercer la clemencia ejecutiva que le conceden la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes de Puerto Rico. (e) La Junta queda autorizada para restituir a las personas en libertad bajo palabra aquellos derechos que, a su juicio, sean necesarios para el logro de su rehabilitación, excluyendo el derecho al voto y ocupar puestos electivos. La habilitación para ocupar puestos públicos estará sujeta a lo dispuesto en la Ley Núm. 70, de 20 de junio de 1963 (3 L.P.R.A. secs. 556a a 556e). (f) Podrá designar examinadores para recibir prueba sobre cualquier caso o asunto pendiente de determinación por parte de la propia Junta. (g) Tendrá facultad para adoptar, modificar y derogar los reglamentos necesarios para implantar esta ley. Los reglamentos, una vez aprobados por el Gobernador y cumplido lo dispuesto en la "Ley de Reglamentos de 1958" [Nota: Derogada por la Ley 170-1988; derogada y sustituida por la Ley 38-2017], tendrán fuerza de ley. Toda persona que viole cualquiera de las disposiciones de esta ley o de los reglamentos aprobados bajo autoridad de éste, incurrirá en delito menos grave. (h) Rendirá anualmente un informe sobre sus actividades al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y al Administrador de Corrección. (i) Podrá recibir donativos de instituciones públicas y/o privadas con el fin de generar fondos propios para la realización de actividades con el propósito de ayudar a agilizar la rehabilitación de los confinados en el disfrute de la libertad bajo palabra; a través de campañas educativas y de orientación a éstos, a sus familiares y otros miembros de la comunidad. (j) Podrá coordinar con otras agencias gubernamentales, programas o instituciones subvencionadas por fondos estatales y/o de cualquier otro financiamiento que ofrezcan servicios de empleo, adiestramiento o capacitación a referirle los clientes aptos para dicho privilegio, para que éstos se beneficien de los servicios que se brinden, en aras de fortalecer su rehabilitación. Artículo 3-A. — Definición del término víctima del delito. (4 L.P.R.A § 1503a) Para los propósitos de esta ley, el término “víctima del delito” significa: (a) Cualquier persona natural contra quien se haya cometido o se haya intentado cometer cualquier delito tipificado en las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o en las leyes de los Estados Unidos de América, o (b) el tutor o custodio legal de tal persona, cónyuge sobreviviente o un pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, cuando aquélla hubiese fallecido, fuese menor de edad o estuviere física o mentalmente incapacitada para comparecer a prestar testimonio. (c) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en aquellos casos en que una persona haya sido convicta por cometer cualquier delito contra los bienes y/o derechos patrimoniales públicos o contra la función pública, tales como los siguientes, establecidos en el Código Penal de Puerto Rico de 2012, o sus equivalentes en los Códigos Penales de 2004 o 1974: 1. - Recopilación ilegal de información personal (Art. 167); 2. - Apropiación ilegal agravada de fondos públicos (Art. 182); Rev. 06 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 7 de 17 Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra [Ley 118 de 22 de Julio de 1974, según enmendada] 3. - Extorsión (Art. 191); 4. - Daño Agravado contra propiedades públicas (Art. 199 (d) y (e)); 5. - Fraude que afecte bienes del Estado (Arts. 202 y 203); 6. - Falsificaciones, cuando debido a las mismas se afecten bienes del Estado (Arts. 211-220); 7. - Utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, cuando las mismas estén garantizadas con fondos públicos (Art. 228); 8. - Sabotaje de servicios esenciales (Art. 240); 9. - Conspiración (Art. 244); 10. - Delitos contra el ejercicio del cargo público (Arts. 250-263); 11. - Delitos contra los fondos públicos (Arts. 264-266); 12. - Ayuda a fuga (Art. 276); 13. - Posesión e introducción de objetos a un establecimiento penal (Art. 277); 14. - Manipulación o daño al sistema de supervisión electrónica (Art. 278). 15. - Delitos contra la función legislativa (Arts. 295-297). Artículo 3-B. — Derechos de la víctima de delito. (4 L.P.R.A § 1503b) En los procedimientos correspondientes a la consideración de la concesión o modificación del privilegio bajo palabra se garantizará a la víctima del delito por el cual fue convicto el liberado o la persona recluida, los siguientes derechos: (a) Recibir un trato digno, compasivo y respetuoso por parte de todos los miembros de la Junta y los empleados de dicha entidad. Comparecer y ser escuchado, ya sea oralmente o por escrito a su discreción, para presentar ante los miembros de la Junta o del panel correspondiente de la Junta su opinión sobre: (1) El proceso de rehabilitación y la determinación que en su momento deba tomarse con relación al beneficio del privilegio, y/o (2) el impacto económico, emocional o físico que ha causado la comisión del delito sobre la víctima y su familia. (b) Estar presente como observador en la vista. (c) Mediante solicitud al efecto, testificar en la vista en ausencia del liberado o confinado. (d) Tener acceso a la totalidad de la información contenida en cualquier expediente o forma de documentación sobre el liberado o persona recluida, así como cualquier expediente relacionado con su salud física o mental cuando la solicitud de información está directamente relacionada con la administración de la justicia en casos criminales, cuando sea pertinente y en conformidad a las leyes y reglamentación aplicables, y salvo aquella información ofrecida en carácter de confidencialidad por terceras personas no relacionadas y que pueda revelar la identidad de éstas. Tener acceso incluye proveerle a la víctima copias certificadas de toda documentación solicitada, de conformidad con las normas establecidas por la agencia en lo que respecta al cobro por reproducción. Será responsabilidad de la Junta mantener la confidencialidad de la identidad de aquellas terceras personas que brinden información a ésta para el alcance de una determinación. Además, la víctima deberá utilizar la información de carácter confidencial única y exclusivamente para el propósito de emitir una opinión informada sobre la determinación de la consideración del Rev. 06 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 8 de 17 Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra [Ley 118 de 22 de Julio de 1974, según enmendada] privilegio de libertad bajo palabra dentro de los parámetros de las leyes, jurisprudencia y reglamentación aplicables. (e) Estar asistido de abogado o de cualquier perito que le facilite el entendimiento de los procedimientos o de la información a la que tiene derecho. (f) Exigir que se mantenga la confidencialidad de la información sobre su dirección residencial y de negocios, así como los números telefónicos, cuando las circunstancias particulares del caso y la seguridad personal de la víctima y de sus familiares lo ameriten. Al igual que cualquier documento, papel, fotografía que contenga esta información y que se encuentre bajo custodia de la Junta y de sus empleados, exceptuando aquellos casos conforme lo dispone la Ley Núm. 22 de 22 de Abril de 1988 (25 L.P.R.A. § 973 et seq.), según enmendada. (g) Ser notificado del resultado de la vista cuando el responsable del delito vaya a ser puesto en libertad bajo palabra, previo a su salida o traslado a la libre comunidad. (h) Acudir en revisión administrativa ante el pleno de la Junta sobre cualquier determinación, orden o resolución dictada por el panel correspondiente, según se disponga mediante reglamento. (i) en revisión judicial ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, en conformidad a la Ley Núm. 170 del 12 de Agosto de 1988, según enmendadas [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017], sobre cualquier determinación, orden o resolución dictada por la Junta. Artículo 3-C. — Solicitud de privilegio de libertad bajo palabra. (4 L.P.R.A § 1503c) Una persona recluida en una institución carcelaria en Puerto Rico o en cualquier Programa de Desvío que cumpla con los requisitos establecidos por la Junta mediante reglamento o en esta ley, que muestre un alto grado de rehabilitación y que no represente un riesgo a la sociedad, podrá solicitar formalmente el privilegio de libertad bajo palabra dentro de la jurisdicción de la Junta mediante los mecanismos que disponga la misma, igualmente mediante reglamento. La solicitud por parte de la persona recluida conllevará el consentimiento de ésta para que la Junta pueda revisar y obtener copia de todos los expedientes sobre dicha persona en poder de la Administración de Corrección, a fin de que pueda ser considerada para la concesión de los privilegios contemplados en esta Ley. Recibida la solicitud, la Junta referirá la evaluación de la misma a uno de los paneles para el trámite y la adjudicación correspondiente. Artículo 3-D. — Elegibilidad a programas de libertad bajo palabra. (4 L.P.R.A § 1503d) La Junta tendrá facultad para conceder el privilegio de libertad bajo palabra a una persona recluida en una institución penal en Puerto Rico, tomando en consideración los siguientes criterios: (1) La naturaleza y circunstancias del delito o delitos por los cuales cumple sentencia. (2) Las veces que el confinado haya sido convicto y sentenciado. (3) Una relación de liquidación de la sentencia o sentencias que cumple el confinado. (4) La totalidad del expediente penal, social, y los informes médicos e informes por cualquier profesional de la salud mental, sobre el confinado. Rev. 06 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 9 de 17 Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra [Ley 118 de 22 de Julio de 1974, según enmendada] (5) El de ajuste institucional y del social y psicológico del confinado, preparado por la Administración de Corrección y el médico y psiquiátrico preparado por Salud Correccional del Departamento de Salud. (6) La edad del confinado. (7) El o los tratamientos para condiciones de salud que reciba el confinado. (8) La opinión de la víctima. (9) Planes de estudios, adiestramiento vocacional o estudio y trabajo del confinado. (10) Lugar en el que piensa residir el confinado y la actitud de dicha comunidad, de serle concedida la libertad bajo palabra. (11) Cualquier otra consideración meritoria que la Junta haya dispuesto mediante reglamento. La Junta tendrá la discreción para considerar los mencionados criterios según estime conveniente y emitirá resolución escrita con determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. Artículo 3-E. — Notificación de la vista a la víctima de delito. (4 L.P.R.A § 1503e) La Junta será responsable de notificar por escrito a la víctima sobre la celebración de la vista en la cual se considere la concesión, modificación, reconsideración, seguimiento e investigación del privilegio de libertad bajo palabra con no menos de quince (15) días laborables de anticipación. En ausencia de respuesta de parte de la víctima, si ésta opta por no comparecer a la vista o probada la incapacidad de la Junta de localizarla se continuará con el procedimiento sin su participación. Dicha notificación deberá enviarse a la última dirección postal conocida de la víctima e incluirá: (1) La fecha, hora y lugar donde se celebrará la vista; (2) una breve explicación sobre las razones para la celebración de la vista, incluyendo mención del delito o delitos por los cuales fue convicto el cliente; (3) una relación de las disposiciones de ley o reglamento aplicables a la participación de la víctima en el procedimiento, y (4) la dirección y número de teléfono de la oficina o el funcionario con el cual la víctima pueda comunicarse para recibir mayor información sobre su participación en la vista. En aquellas circunstancias en las cuales el Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea considerado víctima de delito según se establece en esta Ley, la notificación se llevará a cabo por escrito al Secretario de Justicia, y mediante la publicación en por lo menos un (1) diario de circulación general de un anuncio en el cual provean los detalles antes mencionados. La Junta realizará todos los esfuerzos a su alcance para localizar y notificar la víctima del delito, manteniendo evidencia de ello en el expediente del caso. De ser necesario, y luego de agotar todos los recursos a su alcance, la Junta podrá publicar un aviso en un periódico de circulación general. En la eventualidad de que la víctima renuncie al derecho que le asiste de comparecer a la vista de modificación, reconsideración, seguimiento e investigación del privilegio a libertad bajo palabra, deberá consignarlo por escrito en el documento provisto por la Junta. Copia de esa renuncia será notificada al sistema correccional y eventualmente a la Junta de Libertad Bajo Palabra, que a su vez mantendrá un archivo de las renuncias que hayan suscrito las víctimas. Rev. 06 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 10 de 17 Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra [Ley 118 de 22 de Julio de 1974, según enmendada] En caso de renuncia expresa, el deseo de la víctima será respetado y no procederá la notificación dispuesta por ley. El incumplimiento con las disposiciones de los Artículos 3-A a 3-F de esta ley (4 L.P.R.A. secs. 1503a a 1503f) constituirá un impedimento para que la Junta ejerza su jurisdicción en el caso particular. Las disposiciones de este Artículo aplicarán a los convictos por cualquier delito, aun cuando no sea requerido por la Ley Núm. 91 de 13 de junio de 1988 (25 L.P.R.A. § 972h nota), según enmendada. Artículo 3-F. — Procedimientos relacionados con la vista. (4 L.P.R.A § 1503f) Las vistas de modificación, reconsideración, seguimiento e investigación o revocación de libertad bajo palabra serán grabadas y públicas, pero la Junta podrá limitar el número de deponentes por razones de seguridad. No obstante, se podrá optar por mantener dichas vistas cerradas al público con el fin de poder recibir información o testimonio oral relevante que provenga del propio liberando o de la víctima, cuando éstos así lo soliciten. Cuando el Secretario de Justicia así lo solicite mediante escrito al efecto, la Junta podrá disponer que las vistas de modificación, reconsideración, seguimiento e investigación o revocación de libertad bajo palabra sean privadas, a fin de proteger una investigación criminal en proceso. Toda víctima de delito será notificada mediante correo certificado o entrega personal, con acuse de recibo, de así solicitarlo en la vista donde se atendió su opinión sobre la consideración del privilegio de libertad bajo palabra, de la determinación de la Junta en caso de haber otorgado la Junta la concesión del privilegio de libertad bajo palabra, se notificará, además, a la víctima la fecha en que el convicto se reintegrará a la libre comunidad. Artículo 3-G. — Registro de víctimas. (4 L.P.R.A § 1503g) Será obligación del Departamento de Justicia mantener un registro confidencial de las personas que han sido víctimas de delito, así como su dirección postal y residencial. Este registro se hará manteniendo un expediente aparte de cada caso, que acompañará el expediente del convicto. Dicho Registro de la información sobre la víctima se mantendrá sellado para uso exclusivo de los funcionarios llamados a notificarlo para su participación en los distintos trámites de justicia criminal. Será responsabilidad de los funcionarios autorizados sellar nuevamente dicho expediente inmediatamente después de utilizarlo para los fines de notificar a la víctima. El convicto, ya sea directamente o a través de su representante legal, por ningún motivo tendrá acceso a la información relacionada a la víctima. De ninguna forma, el Departamento de Justicia podrá mantener un directorio que contenga el nombre, dirección física, postal o electrónica y teléfono o cualquier otra información de carácter personal de la víctima y sus allegados. Cualquier persona que divulgue, sin la debida autorización, cualquier información confidencial contenida en dicho Registro, incurrirá en delito grave de cuarto grado. En aquellos casos en que la víctima renuncie a su derecho a ser notificado podrá igualmente solicitar que se elimine su nombre del Registro. Rev. 06 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 11 de 17 Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra [Ley 118 de 22 de Julio de 1974, según enmendada]