Ley 123-2014 art. 5 — Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico / Ley de la Autoridad de Transporte Integr / Art. 5
Artículo 5. Poderes de la Autoridad
Status: in_force

(a) La Autoridad tendrá poder para desarrollar y mejorar, poseer, contratar, adquirir, operar y manejar todo tipo de Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial, y servicios de Transportación Colectiva, Transportación Marítima y Transportación Vial entre cualesquiera puntos dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Autoridad podrá ejercer todos los poderes necesarios o inherentes para llevar a cabo sus propósitos corporativos, incluyendo, pero sin limitarse a: (1) Tener sucesión perpetua como corporación. (2) Adoptar, alterar, y usar un sello corporativo del cual se tomará conocimiento judicial. (3) Adoptar, enmendar, y derogar estatutos para reglamentar sus asuntos y para establecer normas para el manejo de sus asuntos o negocios. (4) Poseer a título propio o de cualquier otra manera Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima, Facilidades de Transportación Vial y cualquier otra propiedad que sea utilizada o útil con relación a las mismas, y administrar y operar por sí misma o bajo contrato con cualquier persona, o bajo la dirección de sus propios funcionarios, agentes y empleados, o por conducto o mediación de los mismos dichas facilidades. (5) Tener completo control y supervisión de cualesquiera Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial que posea, maneje u opere, bajo las disposiciones de esta Ley, incluyendo, sin limitarse, la determinación del sitio, localización, y establecimiento y control de los puntos de ingreso y egreso de tales facilidades, y la construcción, mantenimiento, reparación y operación de las mismas. (6) Preparar o hacer que se preparen planos, diseños, estimados de costo de construcción, extensión, mejoras, ampliación o reparación de cualesquiera Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima, y Facilidades de Transportación Vial, o cualquier estructura o edificación, ya sea para uso residencial, comercial, turístico, mixto o industrial o cualquier otro uso público o privado que se permita en el lugar en donde esté localizada la estructura y modificar tales planos, diseños y estimados. (7) Demandar y ser demandada en todos los tribunales y cuerpos administrativos. (8) Hacer contratos y ejecutar todos los instrumentos que fueren necesarios, incidentales o convenientes en el ejercicio de cualquiera de sus poderes. (9) Adquirir cualquier propiedad mueble o inmueble o interés sobre la misma en cualquier forma legal, incluyendo, sin que ello implique una limitación, la adquisición mediante compra, bien sea por acuerdo o a través del ejercicio del poder de expropiación forzosa, o mediante arrendamiento, manda, legado, donación, permuta, cesión o dación, y poseer, conservar, usar y explotar dicha propiedad o interés sobre la misma para llevar a cabo los fines de esta Ley; y a tal fin, sin que se entienda como una limitación, adquirir propiedades de cualquier forma en una Zona de Influencia o en los Distritos Especiales de Desarrollo propiamente, cuando dicha adquisición tenga como propósito evitar la inflación que producen las prácticas de especulación en la compraventa de bienes raíces o para encauzar todo tipo de proyectos que propicien el desarrollo de las Zonas de Influencia o los Distritos Especiales de Desarrollo, por sí misma o por conducto de o conjuntamente con agencias, corporaciones públicas, Rev. 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 10 de 31 “Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico”, [Ley 123-2014, según enmendada] instrumentalidades o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o del Gobierno de los Estados Unidos, o con entidades privadas. (10) Nombrar, a través de su Junta de Directores, un Director Ejecutivo y un Secretario de la Junta, ninguno de los cuales será miembro de la Junta, y otros oficiales, y conferirles aquellos poderes y obligaciones, y pagarles por sus servicios la compensación que la Junta determine. (11) Tomar dinero a préstamo para cualesquiera de sus fines corporativos y emitir bonos de la Autoridad en evidencia de tales obligaciones y garantizar el pago de dichos bonos y sus intereses mediante pignoración u otro gravamen sobre todas sus propiedades, rentas, o ingresos, y, sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, pignorar para el pago de dichos bonos y sus intereses, el producto de cualesquiera contribuciones u otros fondos que puedan ser puestos a la disposición de la Autoridad por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (12) Emitir bonos con el propósito de consolidar, refinanciar, comprar, pagar, o retener cualquiera de sus bonos u obligaciones ya emitidas; disponiéndose, sin embargo, que ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni ninguna de sus subdivisiones políticas será responsable del pago de principal o intereses de cualesquiera bonos emitidos por la Autoridad, siendo tal principal e intereses pagaderos únicamente de los fondos de la Autoridad pignorados o comprometidos para tal propósito de acuerdo con el inciso (11) de esta Sección. (13) Aceptar donaciones o préstamos y hacer contratos, arrendamientos, otras transacciones con cualquier agencia, corporación pública o departamento de los Estados Unidos de América, de cualquier estado, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cualquier subdivisión política de éste e invertir el producto de tales donaciones o préstamos para cualesquiera de sus fines corporativos. (14) Vender, permutar y otorgar opciones de venta, vender a plazos y garantizar el precio de compra mediante hipoteca sobre la propiedad vendida; disponiéndose, que dicha hipoteca devengará intereses y constituirá un gravamen preferente (subrogable si así la Autoridad determina que es necesario y conveniente), dentro de una Zona de Influencia y sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, y sin sujeción a la Ley Núm. 47 de 18 de junio de 1965, según enmendada; y en cualquier otro caso vender o de cualquier otro modo disponer de cualquier propiedad mueble o inmueble de la Autoridad o cualquier interés sobre las mismas que a juicio de la Autoridad no sea ya necesaria para llevar a cabo los propósitos de la Autoridad o cuya disposición sea consistente con los fines de esta Ley; y arrendar las propiedades adquiridas por la Autoridad o por la Autoridad de Carreteras y Transportación dentro de una Zona de Influencia bajo aquellos términos y condiciones que resulten convenientes a los fines de esta Ley y sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de diciembre de 1975, según enmendada, y sin sujeción a la Ley Núm. 47 de 18 de junio de 1965, según enmendada; y en cualquier otro caso arrendar propiedades bajo términos y condiciones que resulten convenientes a los fines de esta Ley. (15) Entrar, previo permiso de sus titulares, dueños, poseedores o representantes en cualesquiera terrenos, cuerpos de agua o propiedad con el fin de hacer mensuras, sondeos o estudios a los fines de esta Ley. Si los titulares, dueños o poseedores, o sus representantes, rehusaren dar su permiso para entrar a los terrenos, cuerpos de agua o propiedad, a los propósitos expresados, la Autoridad podrá acudir al Tribunal de Primera Instancia para solicitar, mediante una petición jurada, que se expida una orden para autorizar a cualquier o Rev. 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 11 de 31 “Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico”, [Ley 123-2014, según enmendada] cualesquiera funcionarios o empleados de la Autoridad a entrar en los terrenos, cuerpos de agua o propiedad que se describa en la petición jurada, a los fines indicados en esta disposición. La petición jurada deberá expresar la intención de la Autoridad de entrar a dichos terrenos, cuerpos de agua o propiedad y deberá ser notificada simultáneamente con su presentación al Tribunal, por correo o cualquier otro medio de comunicación escrita, a los titulares, dueños, poseedores o representantes. El Tribunal de Primera Instancia, previa celebración de una vista dentro de un término que no excederá de diez (10) días de presentada la petición jurada, podrá expedir la orden solicitada. En caso de que luego de realizar diligencias razonables, no se pueda identificar a los titulares, dueños, poseedores o representantes, la Autoridad, a través de sus funcionarios o empleados, podrá entrar a la referida propiedad a los únicos fines de realizar los estudios dispuestos en esta Ley. En este caso, la Autoridad deberá mantener en sus expedientes documentos que acrediten las diligencias realizadas para identificar los titulares, dueños, poseedores o representantes. (16) Adoptar, proclamar, enmendar y derogar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para desempeñar sus poderes y deberes de acuerdo con esta Ley. (17) Construir, rehabilitar, reparar, preservar, reemplazar, extender, mejorar, renovar, surtir, equipar, mantener, planificar y operar cualesquiera Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial, y sus facilidades y equipos anexos, mediante contrato o contratos o bajo la dirección de sus propios funcionarios, agentes o empleados, o por conducto o mediación de los mismos; disponiéndose, que igual facultad tendrá, dentro de una Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo, en relación a cualquier estructura o edificación, ya sea para uso residencial, comercial, turístico, mixto o industrial o cualquier otro uso público o privado que sea permitido dentro de la Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo. (18) Procurar seguros contra pérdidas y reclamaciones en las cantidades que considere deseable y conforme a las normas establecidas por Ley o Reglamento. (19) Tener completo dominio e intervención sobre todas sus propiedades y actividades, incluyendo el poder de determinar el uso y la inversión de sus fondos propios (sujeto a lo establecido en la política para la inversión de fondos públicos establecida por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y al resto de las disposiciones de esta Ley). Para aquellos años fiscales en los que la Autoridad reciba asignaciones legislativas del Fondo General, la Autoridad estará sujeta a todas las medidas de monitoreo, control y ejecución del presupuesto autorizadas en la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como la “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto”, o emitidas por la Oficina de Gerencia y Presupuesto a su amparo, incluyendo transferencias, congelaciones, reservas, requisitos de pre-aprobación de transacciones de personal y contratación, entre otras. (20) Determinar, fijar, imponer y cobrar rentas, derechos, tarifas y otros cargos (colectivamente, “Cargos”), para el uso de cualesquiera de sus Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial, u otras propiedades, y por sus servicios. (21) Contribuir con el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, y la “Junta Asesora sobre Transportación de Puerto Rico” creada por la Ley Núm. 16 de 8 de octubre de 1980, en desarrollar un Plan de Transportación Colectiva para Puerto Rico y establecer e implantar los mecanismos necesarios para planificar, evaluar y desarrollar Rev. 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 12 de 31 “Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico”, [Ley 123-2014, según enmendada] eficazmente un sistema coordinado de Facilidades de Transportación Colectiva, Facilidades de Transportación Marítima y Facilidades de Transportación Vial. (22) Vender, arrendar, transferir o de cualquier otra forma disponer de aquella propiedad que, previo al cumplimiento con los reglamentos que a tales efectos se aprueben, ya no tengan utilidad para llevar a cabo los fines de esta Ley. (23) Establecer, al disponer de cualquier propiedad inmueble, que al presente posea o en el futuro adquiera, todas aquellas condiciones y limitaciones, en cuanto a su uso y aprovechamiento, que considere necesarias y convenientes para asegurar el cumplimiento de los propósitos de esta Ley, de modo que el destino que se le dé no facilite o propenda a crear condiciones indeseables o adversas al interés público que esta Ley interesa proteger. Cuando la Autoridad venda o de cualquier otro modo disponga de propiedad en una Zona de Influencia o en un Distrito Especial de Desarrollo con el propósito de que el adquirente la desarrolle, esto se hará, en el caso de una Zona de Influencia y en Distritos Especiales de Desarrollo, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Autoridad, y la Junta de Planificación impondrá, excepto que medie justa causa, lo que se consignará por escrito, aquellas restricciones que entienda necesarias para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. En todos los casos deberá la Autoridad incluir una cláusula en la que se disponga el grado de participación, y las ganancias, que tendrá la Autoridad en, y de, las rentas, valores, volúmenes de venta o ingresos de todo tipo que respecto del terreno, el desarrollo y todo otro aspecto o actividad del proyecto habrá de tener el adquirente. (24) Establecer consorcios regionales de transporte colectivo, con el objetivo de articular la cooperación económica, técnica, operacional y administrativa entre los municipios, regiones autónomas, agencias, corporaciones públicas y privadas, operadores privados independientes y cooperativas o asociaciones de operadores privados dentro del consorcio, a fin de ejercer de forma coordinada las competencias que le correspondan en materia de creación, planificación y operación de los servicios de transporte colectivo en el ámbito territorial de los municipios pertenecientes al consorcio. (25) Presentar mapas ilustrativos de las Zonas de Influencia y proponer proyectos específicos dentro de las mismas; recomendar planes para establecer y definir Distritos Especiales de Desarrollo, planificar proyectos específicos para tales Distritos y a esos efectos sugerir enmiendas y suplementos a los planes, mapas, planos, reglas y reglamentos relativos a la planificación, el diseño, el control de diseño, el desarrollo y el control de desarrollo de dichos Distritos. Disponiéndose que: i) La Junta de Planificación, o los municipios que tengan jurisdicción sobre el área en cuestión, en coordinación con la Autoridad, establecerán Distritos Especiales de Desarrollo en áreas en torno a estaciones o terminales de Transportación Colectiva, Transportación Marítima y/o Transportación Vial. Dichos Distritos abarcarán un área geográfica no menor de la Zona de Influencia en torno a cada estación y podrán incluir uno o más solares o pertenencias, o solamente parte de los mismos bien sean de propiedad privada o pública; disponiéndose, que previo a establecer un Distrito Especial de Desarrollo se celebrará una vista pública según lo dispuesto por el Artículo 27 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio del 1975, según enmendada, o por las disposiciones para reglamentación de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. La Autoridad podrá tomar la iniciativa de solicitar la designación de uno o más Distritos Especiales de Desarrollo, en cuyo caso la Rev. 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 13 de 31 “Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico”, [Ley 123-2014, según enmendada] Junta de Planificación, o el municipio en cuestión, deberá iniciar el proceso de vista pública dentro de un término no mayor de treinta (30) días, contados a partir de que la Autoridad complemente y se dé por radicada la solicitud correspondiente. La designación de estos Distritos se resolverá de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. Igual procedimiento se observará para la eliminación, ampliación, reducción, o cualquier modificación del área de tales Distritos. Una vez designado un Distrito Especial de Desarrollo, su plan regirá sobre cualquier otro plan aprobado previamente; disponiéndose, que en caso de que cualquier persona o entidad hubiese adquirido, conforme a derecho, unos derechos de desarrollo incompatibles con los nuevos planes, la Autoridad podrá, si así resulta conveniente a sus fines, adquirir los mismos por cualquier modo disponible en ley, excepto mediante la expropiación forzosa. ii) La Junta de Planificación, o el municipio en cuestión, previo a la aprobación de cualquier proyecto de construcción público o privado que haya de realizarse dentro de una Zona de Influencia o dentro de un Distrito Especial de Desarrollo, solicitará el endoso de dicho proyecto a la Autoridad. La Autoridad responderá a la referida solicitud en o antes de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su notificación. (26) Nombrar o contratar funcionarios, agentes y empleados y fijar sus poderes y deberes según la Autoridad determine y delegar las funciones y poderes que se otorgan en esta Ley en aquellas personas que la Autoridad designe, y fijar y pagar la remuneración que corresponda. Los directores, oficiales y empleados de la Autoridad estarán sujetos a las disposiciones de la Ley 1-2012 mejor conocida como “Ley de Ética Gubernamental de 2011”, según enmendada. (27) La Autoridad recomendará para la aprobación del Secretario las franquicias, rutas, tarifas y reglamentación para la operación de vehículos públicos dedicados al servicio de transporte colectivo, incluyendo recomendaciones sobre (i) los tipos de vehículos dedicados al servicio público cuya operación no confligirá con el servicio prestado por la Autoridad, y (ii) los sectores y rutas en las que la operación de dichos vehículos no conflija con el servicio prestado por la Autoridad, así como decretar las tarifas aplicables para la prestación de estos servicios. Disponiéndose, que dichas franquicias se concederán para aquellas rutas y áreas en las que no haya transporte colectivo adecuado y siempre que no conflijan con las rutas servidas por la Autoridad. Nada de lo contenido en esta Sección se interpretará en el sentido de menoscabar o limitar las disposiciones de cualquier autorización o franquicia otorgada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas que estuviese vigente a la fecha de vigencia de esta Ley. El Secretario tendrá facultad para suspender, enmendar o derogar tales autorizaciones y ejercerá todos los derechos y facultades reservadas al Departamento de Transportación y Obras Públicas por dichas autorizaciones o por cualquier ley. (28) Adquirir, poseer y disponer de acciones, preferencias en su emisión, contratos, bonos u otros intereses en otras corporaciones y ejercitar cualesquiera y todos los poderes o derechos en relación con los mismos, y obtener la organización de acuerdo con las leyes aplicables y ejercitar dominio parcial o total sobre corporaciones subsidiarias, afiliadas o asociadas, siempre que, a juicio de la Junta, tal arreglo sea necesario, apropiado y conveniente para efectuar los fines de la Autoridad o el ejercicio de sus poderes; y vender, arrendar, donar o de otro modo conceder cualquier propiedad de la Autoridad, o delegar o traspasar cualquiera de sus derechos, poderes, funciones o deberes a cualquiera de dichas corporaciones que esté sujeta a su dominio. La facultad de delegar o traspasar antes mencionada no será extensiva al derecho Rev. 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 14 de 31 “Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico”, [Ley 123-2014, según enmendada] de expropiación o de fijación de tarifas, las cuales deberán ejercitarse directamente por la Autoridad. (29) Establecer los requisitos de los operadores y conductores de los vehículos de transporte colectivo, ya sea de servicios públicos o privados, a tenor con lo establecido en el “Federal Public Transportation Law”, según enmendada, del 49 USC 5301 et. seq., o en cualquier otra Ley o Reglamento aplicable. (30) Contratar con cualquier entidad gubernamental, municipal, región autónoma, consorcio municipal, entidad pública, departamento, agencia o corporación pública, persona natural, o entidad privada legalmente organizada o autorizada para hacer negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la prestación por la Autoridad (directamente o a través de subcontratistas) de servicios de Transportación Colectiva, Transportación Vial y/o Transportación Marítima. (31) Hacer, realizar y ejercer todos los actos o cosas necesarias o convenientes para llevar a cabo los poderes inherentes a las funciones, prerrogativas y responsabilidades conferidos a la Autoridad por esta Ley o por cualquier otra Ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para la promoción de sus propósitos y el bienestar general de la Autoridad. (b) Sin perjuicio de los poderes antes descritos, la Autoridad tendrá además los mismos poderes, derechos y facultades que se le conceden a (i) la Autoridad Metropolitana de Autobuses bajo las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959, según enmendada; (ii) la Autoridad de Transporte Marítimo bajo las disposiciones de la Ley 1-2000, según enmendada; y (iii) la Autoridad de Carreteras y Transportación relacionados con Facilidades de Transportación Colectiva y Facilidades de Transportación Vial bajo las disposiciones de la Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965, según enmendada. (c) Se autoriza a la Autoridad a solicitar y obtener ayudas o aportaciones en dinero, bienes o servicios del Gobierno de Estados Unidos de América, agencias federales, los estados federados, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cualesquiera de sus agencias, corporaciones públicas o subdivisiones políticas, los municipios e instituciones sin fines de lucro, o consorcios de éstas, para la promoción de sus servicios y el bienestar general de la Autoridad, y para efectuar las facultades otorgadas a la Autoridad por esta Ley o cualquier otra Ley. Sujeto a la obtención de cualquier designación, nominación, autorización, permiso, o aprobación necesaria o requerida por las leyes y reglas aplicables, el Director Ejecutivo y la Autoridad constituirán el funcionario y la agencia designados a los fines de administrar cualquier programa federal relacionado con las funciones que se encomiendan a la Autoridad por esta Ley. En esta capacidad, el Director Ejecutivo deberá concertar y tramitar los convenios o acuerdos necesarios para que la Autoridad pueda recibir todos los fondos y beneficios federales para llevar a cabo dichos programas, así como concertar y tramitar convenios y acuerdos con los correspondientes organismos gubernamentales de los estados federados y el Gobierno Federal, debidamente autorizados para ello, con respecto a intercambio de información, estudios e investigaciones relacionadas con los programas que se llevan a cabo, siempre y cuando dichos convenios o acuerdos estén dentro del marco de sus funciones y de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Rev. 16 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 15 de 31 “Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico”, [Ley 123-2014, según enmendada]