Cód. Mun. P.R. art. 3.025 — Código Municipal de Puerto Rico (2020) / Código Municipal / Art. 3.025
Artículo 3.025. Poderes y Responsabilidades
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Además de los otros deberes que se impongan en virtud de otras leyes, el Cuerpo de la Policía Municipal tendrá, dentro de los límites territoriales del municipio correspondiente, los deberes que en virtud de este Código se autoricen y de conformidad a la reglamentación adoptada en virtud del mismo. A esos fines, la Policía Municipal tendrá los siguientes poderes y responsabilidades: (a) Cumplir y hacer cumplir la ley, proteger la vida y la propiedad de los ciudadanos, velar por la seguridad y el orden público, prevenir la comisión de actos delictivos y realizar investigaciones de conformidad a la jurisdicción que se les concede en este Código. Además, podrán en el desempeño de sus funciones, efectuar arrestos sin orden judicial como funcionarios del orden público, según establecido en la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento Criminal vigentes. Rev. 17 de julio de 2026 www.ogp.pr.gov Página 197 de 580 “Código Municipal de Puerto Rico” [Ley 107-2020, según enmendada] (b) Compeler la obediencia a las ordenanzas y reglamentos promulgados por el municipio correspondiente y ofrecer la debida orientación de las ordenanzas relacionadas con la seguridad y el orden público. (c) Hacer cumplir las disposiciones de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", exceptuando casos de accidentes fatales o cuando hubiere grave daño corporal, y expedir los correspondientes boletos por faltas administrativas de tránsito en caso de infracción a dichas disposiciones y las relativas a los límites de velocidad. (d) Ofrecer adecuada protección y vigilancia a la propiedad municipal, sus edificios, oficinas y dependencias. (e) Establecer un servicio de patrullaje preventivo. (f) Mantener la debida vigilancia en las áreas de estacionamiento y zonas de cruces de escolares y dirigir el tránsito en las áreas de mayor congestión vehicular. (g) Prestar la debida protección al público reunido en las actividades recreativas, deportivas, sociales, cívicas y religiosas que se celebren en el municipio y velar por el mantenimiento del orden en tales actividades. La Policía Municipal no podrá intervenir ni prestar servicios como tal en ningún conflicto huelgario u obrero patronal, excepto cuando el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico requiera sus servicios o a tenor con lo dispuesto en el Artículo 3.035 de este Código. (h) Hacer cumplir las disposiciones de la Ley Núm. 21 de 4 de junio de 1969, según enmendada, que impone penalidades por arrojar basura a las vías públicas o privadas. En todo caso en que un Policía Municipal expidiere una infracción bajo este inciso, el setenta y cinco por ciento (75%) del total de las multas que se impongan por virtud de este delito se remitirán al municipio que originó la infracción. (i) No obstante, lo dispuesto en la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, y sus reglamentos, o lo indicado por luces y señales, cualquier miembro de la Policía Municipal, de ser necesario a su juicio para despejar el tránsito congestionado de una vía pública, podrá variar lo que en las mismas se indicare, y será la obligación de todo conductor de vehículo de motor o peatón obedecer dicha orden o señal. (j) Los miembros de la Policía Municipal podrán usar cualquier aparato electrónico o mecánico de reconocida exactitud a los fines de determinar y comprobar la velocidad de los vehículos de motor que transitan por las vías públicas. (k) Ninguna persona podrá desobedecer o negarse a cumplir una indicación u orden legal que se imparta en la forma dispuesta en este Código por un miembro de la Policía Municipal con autoridad legal para dirigir, controlar o regular el tránsito. Toda persona que incumpla con esta disposición incurrirá en delito menos grave y, convicta que fuere, será castigada con multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de mil (1,000) dólares, o cárcel por un término que no excederá los noventa (90) días, o ambas penas a discreción del Tribunal. (l) Hacer cumplir las disposiciones dirigidas a prevenir y combatir la violencia doméstica en Puerto Rico, contenidas en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, conforme los parámetros dispuestos en la misma. (m)Los municipios podrán crear divisiones de investigación interna y en aquellos casos en que como resultado de una investigación surja un motivo fundado sobre la comisión de un delito, Rev. 17 de julio de 2026 www.ogp.pr.gov Página 198 de 580 “Código Municipal de Puerto Rico” [Ley 107-2020, según enmendada] deberán someter el asunto al Negociado de la Policía de Puerto Rico y/o a cualquier otra agencia pertinente. (n) Realizar investigaciones criminales en los delitos de violencia doméstica, conforme a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, investigar en todas sus modalidades los delitos de acecho, escalamiento, agresión, apropiación ilegal y los delitos menos graves conforme al Código Penal de Puerto Rico; y el delito de Posesión de Sustancias Controladas bajo el Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”. A tales efectos, el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, en conjunto con los Comisionados de las Policías Municipales establecerán un protocolo en el cual se dispondrán los acuerdos de intervención e investigación de los delitos enumerados. (o) Establecer acuerdos de colaboración con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, y/o las agencias de seguridad pública del Gobierno federal (task force) para efectuar aquellas tareas que dichas entidades entiendan necesario delegarles. Disponiéndose, que en dichas circunstancias, los miembros de la Policía Municipal estarán cubiertos por los mismos derechos y garantías que le asisten a los Policías estatales, y el Gobierno de Puerto Rico vendrá obligado a responder por las actuaciones de estos, conforme a lo establecido en este Código, los beneficios que les conceda el Gobierno de Puerto Rico no afectarán cualquier otro beneficio al que éstos tengan derecho en el municipio donde presten servicios. (p) Los municipios podrán contratar recursos técnicos que faciliten la labor de investigación de los Policías Municipales. (q) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1.008 y en este Capítulo, la jurisdicción de la Policía Municipal se extenderá al interior de las facilidades de transportación colectiva y vial que operen dentro de los límites territoriales de cada Municipio respectivamente, así como a las zonas de influencia de dichas instalaciones, según definidas en el Artículo 8.001 de este Código. En consecuencia, la Autoridad de Transporte Integrado, sus entidades sucesoras o cualquier otra entidad del Gobierno de Puerto Rico con competencias en esta materia, podrán establecer acuerdos colaborativos con los municipios para implementar las disposiciones descritas en este inciso. Será discrecional de cada Municipio, formalizar dichos acuerdos colaborativos. A tenor, del municipio considerar conveniente y viable, formalizar dichos acuerdos colaborativos, la Policía Municipal velará por la seguridad y el orden en dichas instalaciones y hará cumplir las disposiciones legales aplicables a su función. En caso de formalizar los acuerdos colaborativos anteriormente mencionados, será responsabilidad de la Autoridad de Transporte Integrado, reasignar los fondos a los Municipios para tales fines. Dichos acuerdos colaborativos deberán establecer, con carácter obligatorio, las condiciones sobre la cantidad de efectivos necesarios, los turnos de trabajo, la duración del acuerdo, los parámetros de vigilancia a proveerse, las métricas de cumplimiento, y la garantía de que dicha asignación de recursos no menoscabe las funciones ordinarias de la Policía Municipal. La reasignación de fondos por parte de la Autoridad de Transporte Integrado deberá ser suficiente para cubrir los costos de personal, equipo, adiestramiento y otros gastos operacionales incurridos por el municipio en virtud del presente acuerdo. La Policía Municipal podrá ejecutar las nuevas facultades y poderes contenidas en este Artículo, en el Reglamento que se promulgue al efecto, excepto en las áreas en las que Rev. 17 de julio de 2026 www.ogp.pr.gov Página 199 de 580 “Código Municipal de Puerto Rico” [Ley 107-2020, según enmendada] explícitamente estén excluidos por este Código y/o por el Reglamento que se promulgue, una vez completados todos los requisitos de adiestramientos igual al del Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico certifique tal hecho al Alcalde. Será responsabilidad del municipio cubrir todos los gastos relacionados con el adiestramiento inicial, y subsiguientes para capacitar los miembros de la Policía Municipal que ingresen en dicho Cuerpo, los cuales recibirán un adiestramiento igual al del Negociado de la Policía de Puerto Rico. Igualmente, se dispone que todos los miembros de las policías municipales existentes cumplan con un requisito mínimo de doce (12) horas anuales de educación continua. El municipio podrá contratar los servicios profesionales que entienda sean necesarios para ofrecer cursos de educación continua. Como parte de los cursos a ser brindados, se incluirán los siguientes tópicos: ética, manejo y control de la fuerza, destrezas de defensa personal que eviten o minimicen los daños hacia los ciudadanos intervenidos, funciones del trabajo policial, regulación y estándares del uso de la fuerza, corrupción y mal comportamiento policial, derecho penal aplicable, derechos humanos, derechos civiles y otros temas, con el propósito de mejorar el desempeño de dichos agentes del orden público. Los mismos serán costeados por los municipios correspondientes, tomando en consideración las disposiciones de este Código. [Enmiendas: Ley 45-2025]