Ley Pol. Púb. Amb. P.R. art. 32 — Ley sobre Política Pública Ambiental (2004) / Ley sobre Política Pública Ambiental / Art. 32
Artículo 32. Definiciones
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A los fines de esta Ley, los siguientes términos tienen el significado que a continuación se expresa: 1. Emergencias ambientales. Significa cualquier descarga o amenaza de descarga, escape accidental o intencional no autorizado, filtración, bombeo, inyección, vertido, emisión o disposición o aquella situación causada por el derrame o abandono de un contaminante o substancia o desperdicio peligroso o radiactivo de bajo nivel o hidrocarburos o sus derivados en o sobre el terreno o cualquier cuerpo de agua superficial o subterráneo al o disperso en el aire, o que gane acceso a cualquier área pavimentada o cubierta con asfalto, cemento, brea, algún tipo de material hecho por el hombre que ocasione un riesgo o amenaza de riesgo a la salud o seguridad pública, al bienestar general o al medio ambiente. 2. Sustancias peligrosas. Significa cualquier elemento, sustancia, compuesto o mezcla que pueda ocasionar daño al organismo vivo o al ambiente. 3. Desperdicios peligrosos. Significa cualquier elemento, sustancia, compuesto o mezcla utilizado en algún proceso productivo que se reutilice, destruya, almacene o deseche y que pueda ocasionar daño al organismo vivo o al ambiente. Incluye también, cualquier elemento, sustancia, compuesto o mezcla que exhiba las características de un desperdicio peligroso según establecidas y definidas en la reglamentación adoptada por el Departamento aplicable a tales desperdicios, que exhiba las características de desperdicio peligroso según definido en la Ley Federal de Conservación y Recuperación de Recursos bajo 42 U.S.C. § 6903, el cual esté o que tenga las características identificadas bajo 42 U.S.C. § 6921. Rev. 15 de abril de 2024 www.ogp.pr.gov Página 46 de 62 “Ley Sobre Política Pública Ambiental” [Ley 416-2004, según enmendada] 4. Persona responsable. Significa cualquier persona natural o jurídica o grupo de personas privadas o públicas, incluyendo agencias, instrumentalidades del gobierno, municipios y corporaciones cuasipúblicas, que ejerza dominio o supervisión o que tenga la titularidad, posesión o el control parcial o total de establecimientos, estaciones de trasbordo o de disposición final, instalaciones o servicios que generen, almacenen o transporten, distribuyan o de otra forma manejen sustancias, contaminantes o desperdicios peligrosos o radiactivos o hidrocarburos o sus derivados, cuya persona por acción u omisión haya ocasionado la emergencia ambiental. 5. Acción Responsiva (AR). Todas aquellas acciones técnicas, administrativas y legales dirigidas a responder, controlar, investigar y mitigar los impactos directos o indirectos resultantes de una emergencia ambiental. Estas acciones comprenden las siguientes fases: Acción de Respuesta Inmediata (ARI) o Acciones Correctivas (AC). 6. Acción de Respuesta Inmediata (ARI). Se refiere a todas las medidas de intervención inicial e inmediata dirigidas a controlar los eventos o factores que causan una emergencia ambiental a fin de prevenir, evitar, minimizar o mitigar los impactos negativos o nocivos que puedan ser ocasionados a la salud o seguridad pública o al ambiente. Si las medidas tomadas como parte de la respuesta inmediata no lograsen corregir de forma permanente o final la emergencia ambiental, se comenzará con la implantación de las actividades correspondientes a la acción correctiva. 7. Acciones Correctivas (AC). Se refiere a todas aquellas actividades de investigación, evaluación, análisis y planificación dirigidas a establecer una corrección final o permanente a los impactos adversos resultantes de la emergencia. Esta fase incluye, pero no se limita a las siguientes etapas: Etapa I. Desarrollar un Plan de Trabajo para la acción correctiva. Este Plan de Trabajo deberá incluir como mínimo: 1) la caracterización de los impactos identificados en la emergencia; 2) los estudios investigativos a realizarse; 3) la evaluación y análisis técnico; y 4) los planes de remediación. Etapa II. Consiste en la evaluación de efectividad en la implantación del Plan de Trabajo Etapa III. Implantación del Plan de Trabajo