Ley 74-1965 art. 4 — Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico / Ley de la Autoridad de Carreteras y Tran / Art. 4
Artículo 4. Poderes
Status: in_force

Sujeto a las disposiciones del Artículo 5 de esta Ley, la Autoridad queda por la presente facultada a: (a) Tener sucesión perpetua como corporación. (b) Adoptar, alterar, y usar un sello corporativo del cual se tomará conocimiento judicial. Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 4 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] (c) Adoptar, enmendar, y derogar estatutos para reglamentar sus asuntos y para establecer normas para el manejo de sus negocios. (d) Tener completo control y supervisión sobre cualesquiera facilidades de tránsito o de transportación poseídas, operadas, construidas o adquiridas por ella bajo las disposiciones de esta Ley, incluyendo, sin limitación, la determinación del sitio, localización y el establecimiento, límite y control de los puntos de ingreso y egreso de tales facilidades, y los materiales de construcción y la construcción, mantenimiento, reparación y operación de las mismas. (e) Preparar o hacer que se preparen planos, diseños, estimados de costo de construcción, extensión, mejoras, ampliación o reparación de cualesquiera facilidades de tránsito o de transportación o cualquier estructura o edificación, ya sea para uso residencial, comercial, turístico, mixto o industrial o cualquier otro uso público o privado que se permita en una Zona de Influencia o en un Distrito Especial de Desarrollo o parte de las mismas y modificar tales planos, diseños y estimados. (f) Tener completo control y supervisión sobre la naturaleza y necesidad de todos sus gastos y la forma en que los mismos han de incurrirse, autorizarse y pagarse sin sujeción a ninguna disposición de ley que regule los gastos de fondos públicos. (g) Demandar y ser demandada, querellarse y defenderse en todos los tribunales de justicia y cuerpos administrativos. (h) Hacer contratos y ejecutar todos los documentos o instrumentos necesarios o incidentales en el ejercicio de sus poderes. (i) Adquirir cualquier propiedad mueble o inmueble o interés sobre la misma en cualquier forma legal, incluyendo, sin que ello implique una limitación, la adquisición mediante compra, bien sea por acuerdo o a través del ejercicio del poder de expropiación forzosa, o mediante arrendamiento, manda, legado, donación, permuta, cesión o dación y poseer, conservar, usar y explotar dicha propiedad o interés sobre la misma para llevar a cabo los fines de esta Ley; y a tal fin, sin que se entienda como una limitación, adquirir propiedades de cualquier forma, salvo expropiación forzosa, en una Zona de Influencia o en los Distritos Especiales de Desarrollo propiamente, cuando dicha adquisición tenga como propósito evitar la inflación que producen las prácticas de especulación en la compraventa de bienes raíces o para encausar todo tipo de proyectos que propicien el desarrollo de las Zonas de Influencia o los Distritos Especiales de Desarrollo, por sí misma o por conducto de o conjuntamente con agencias, instrumentalidades o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado o del Gobierno de los Estados Unidos, o con entidades privadas. (j) Ejercer el poder de expropiación forzosa a nombre del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para la adquisición de terrenos, propiedades inmuebles, estructuras, o derechos reales y derechos de vía necesarios para la planificación, desarrollo, construcción, mantenimiento y reconstrucción de proyectos a cargo del DTOP que sean financiados con fondos estatales, federales o de cualquier otra fuente pública, siempre y cuando dichos proyectos estén alineados con los objetivos de transportación y mejoramiento de infraestructura vial de la Autoridad. A tales efectos, el Gobierno de Puerto Rico cede, de forma concurrente, el poder de representación legal al amparo del derecho de expropiación forzosa a la ACT para actuar a nombre del DTOP en aquellos proyectos consignados por convenio Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 5 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] expreso. De igual manera, se dispone que, el ejercicio del poder de expropiación forzosa delegado a la ACT será opcional y concurrente con los mecanismos disponibles al DTOP, incluyendo aquellos canalizados por el Departamento de Justicia. Por tanto, el ejercicio del poder de expropiación forzosa requerirá un convenio previo entre ACT y DTOP, que especifique el proyecto y sus particularidades. No se permitirá su ejercicio de manera general o indefinida. La expropiación se llevará a cabo conforme a las disposiciones de ley aplicables y con sujeción a los procedimientos de justa compensación establecidos en la Constitución de Puerto Rico y las leyes estatales y federales pertinentes. No obstante, todos los gastos, incluyendo compensaciones por justo valor, honorarios legales, y cualquier responsabilidad contractual o extracontractual, presente o futura, que surjan del ejercicio del poder de expropiación a nombre del DTOP, serán sufragados exclusivamente por el DTOP. Dichos gastos estarán sujetos a las limitaciones de cuantía y presupuesto vigentes del DTOP. La ACT no estará obligada a sufragar, ni en todo ni en parte, ninguno de estos costos. (k) Determinar, fijar, imponer, alterar y cobrar portazgo o peaje, rentas, tasas, tarifas y otros cargos razonables por el uso de las facilidades de tránsito o de transportación poseídas, operadas, construidas, adquiridas o financiadas por la Autoridad o por los servicios que rinda. Al fijar o alterar estos cargos la Autoridad tendrá en cuenta aquellos factores que fomenten el uso de las facilidades de tránsito o de transportación que posea u opere, en la forma más amplia y variada que sea económicamente posible. Para fijar o alterar tales cargos la Autoridad celebrará una vista pública de carácter informativo y cuasi legislativo, ante cualquier funcionario o funcionarios que para ese fin designe la Autoridad. Las citadas vistas serán anunciadas con antelación razonable, indicando en el anuncio, el sitio y hora en que se llevará a efecto, y los cargos o alteración de los mismos que se propone adoptar. (l) Nombrar un Director Ejecutivo y un Secretario, ninguno de los cuales será miembro de la Junta, y otros oficiales, agentes y empleados, y conferirles aquellos poderes y obligaciones, y pagarles por sus servicios la compensación que la Junta determine. (m) Tomar dinero a préstamo para cualesquiera de sus fines corporativos y emitir bonos de la Autoridad en evidencia de tales obligaciones y garantizar el pago de dichos bonos y sus intereses mediante pignoración u otro gravamen sobre todas sus propiedades, rentas, o ingresos, y, sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, pignorar para el pago de dichos bonos y sus intereses, el producto de cualesquiera contribuciones u otros fondos que puedan ser puestos a la disposición de la Autoridad por el Estado Libre Asociado. (n) Emitir bonos con el propósito de consolidar, refundir, comprar, pagar, o retener cualquiera de sus bonos u obligaciones ya emitidas. (o) Aceptar donaciones o préstamos y hacer contratos, arrendamientos, convenios, otras transacciones con cualquier agencia o departamento de los Estados Unidos de América, de cualquier Estado, del Estado Libre Asociado, o cualquier subdivisión política de éste e invertir el producto de tales donaciones o préstamos para cualesquiera de sus fines corporativos. (p) Vender, permutar y otorgar opciones de venta, vender a plazos y garantizar el precio de compra mediante hipoteca sobre la propiedad vendida; Disponiéndose, que dicha hipoteca devengará intereses y constituirá un gravamen preferente no subrogable, dentro de una Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo y sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 6 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] 10 de Diciembre de 1975, según enmendada (28 L.P.R.A. § 31 et seq), y sin sujeción a la Ley Núm. 47 del 18 de junio de 1965 según enmendada (28 L.P.R.A. § 221 et seq.); y en cualquier otro caso vender o de cualquier otro modo disponer de cualquier propiedad mueble o inmueble de la Autoridad o cualquier interés sobre las mismas que a juicio de la Autoridad no sea ya necesaria para llevar a cabo los propósitos de la Autoridad o cuya disposición sea consistente con los fines de esta Ley; y arrendar las propiedades adquiridas dentro de una Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo bajo aquellos términos y condiciones que resulten convenientes a los fines de esta Ley y sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de Diciembre de 1975, según enmendada (28 L.P.R.A. § 31 et seq), y sin sujeción a la Ley Núm. 47 del 18 de junio de 1965 según enmendada (28 L.P.R.A. § 221 et seq.); y en cualquier otro caso arrendar propiedades bajo términos y condiciones que resulten convenientes a los fines de esta Ley. (q) Entrar, previo permiso de sus dueños, poseedores o representantes en cualesquiera terrenos, cuerpos de agua o propiedad con el fin de hacer mensuras, sondeos o estudios a los fines de esta Ley. Si los dueños o poseedores, o sus representantes, rehusaren dar su permiso para entrar a los terrenos, cuerpos de agua o propiedad, a los propósitos expresados, cualquier juez del Tribunal de Primera Instancia, al presentársele una declaración jurada expresiva de la intención de la Autoridad de entrar a dichos terrenos, cuerpos de agua o propiedad para los fines indicados, deberá expedir una orden autorizando a cualquier o cualesquiera funcionarios o empleados de la Autoridad a entrar en los terrenos, cuerpos de agua o propiedad que se describa en la declaración jurada, a los fines indicados en esta disposición. En caso de que no aparezcan dueños, poseedores o representantes conocidos, la Autoridad, a través de sus funcionarios o empleados, podrá entrar sin permiso alguno. (r) Realizar todos los actos o cosas necesarias o convenientes para llevar a cabo los poderes conferidos a la Autoridad por esta Ley o por cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; Disponiéndose, sin embargo, que ni el Estado Libre Asociado, ni ninguna de sus subdivisiones políticas será responsable del pago de principal o intereses de cualesquiera bonos emitidos por la Autoridad, siendo tal principal e intereses pagaderos únicamente de los fondos de la Autoridad pignorados o comprometidos para tal propósito de acuerdo con el inciso (l ) de esta Artículo. (s) Adoptar, proclamar, enmendar y derogar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para desempeñar sus poderes y deberes de acuerdo con esta Ley. (t) Construir o reconstruir cualquier facilidad de tránsito o de transportación o parte o partes de ésta y cualesquiera adiciones, mejoras o ampliaciones a cualquier facilidad de tránsito o de transportación de la Autoridad, mediante contrato o contratos o bajo la dirección de sus propios funcionarios, agentes o empleados, o por conducto o mediación de los mismos; Disponiéndose, que igual facultad tendrá, dentro de una Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo, en relación a cualquier estructura o edificación, ya sea para uso residencial, comercial, turístico, mixto o industrial o cualquier otro uso público o privado que sea permitido dentro de la Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo. (u) Contribuir al desarrollo del Plan de Transportación y, bajo las directrices del Secretario, establecer e implantar los mecanismos necesarios para planificar, evaluar y desarrollar eficientemente el sistema vial y de transportación colectiva. Estos mecanismos incluyen entre Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 7 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] otros los siguientes: realizar estudios sobre las necesidades de transportación colectiva en Puerto Rico; contratar dentro de la jurisdicción territorial operacional de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que no debe exceder los límites municipales de San Juan, Cataño, Bayamón, Toa Baja, Guaynabo, Trujillo Alto y Carolina, la prestación de servicios de transportación colectiva cónsonos con el Plan de Transportación sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 109 de 28 Junio de 1962, según enmendada; y la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959 (23 L.P.R.A. § 601 et seq.); promover la búsqueda de alternativas para el financiamiento de la transportación colectiva; y realizar a solicitud del Secretario otras tareas afines y necesarias para implantar la política pública sobre transportación colectiva. (v) Establecer, al disponer de cualquier propiedad inmueble, que al presente posea o en el futuro adquiera, todas aquellas condiciones y limitaciones, en cuanto a su uso y aprovechamiento, que considere necesarias y convenientes para asegurar el cumplimiento de los propósitos de esta Ley, de modo que el destino que se le dé no facilite o propenda a crear condiciones indeseables o adversas al interés público que esta Ley interesa proteger. Cuando la Autoridad venda o de cualquier otro modo disponga de propiedad en una Zona de Influencia o en un Distrito Especial de Desarrollo con el propósito de que el adquirente la desarrolle, esto se hará, en el caso de una Zona de Influencia y en Distritos Especiales de Planificación, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Junta de Planificación, y la Autoridad podrá recomendar, y la Junta de Planificación impondrá, excepto que medie justa causa, lo que se consignará por escrito, aquellas restricciones que entienda necesarias para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. En todos los casos deberá la Autoridad incluir una cláusula en la que se disponga el grado de participación, y las ganancias, que tendrá la Autoridad en, y de, las rentas, valores, volúmenes de venta o ingresos de todo tipo que respecto del terreno, el desarrollo y todo otro aspecto o actividad del proyecto habrá de tener el adquiriente. (w) Presentar mapas ilustrativos de las Zonas de Influencia y proponer proyectos específicos dentro de las mismas; recomendar planes para establecer y definir Distritos Especiales de Desarrollo, planificar proyectos específicos para tales Distritos y a esos efectos sugerir enmiendas y suplementos a los planes, mapas, planos, reglas y reglamentos relativos a la planificación, el diseño, el control de diseño, el desarrollo y el control de desarrollo de dichos Distritos. (x) Se faculta a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico para establecer en los expresos, avenidas, calles o vías públicas principales, pizarras o vallas publicitarias electrónicas destinadas para la difusión de información sobre la desaparición de menores en caso de la activación de un Alerta Amber (“America's Missing: Broadcast Emergency Response”), tales como el vehículo utilizado y la dirección en que transitaba el vehículo, entre otros, o para la emisión de información de alerta o emergencia del "Emergency Broadcast System", en caso de emergencias meteorológicas. También se permite la colocación de información relevante sobre las condiciones de las carreteras. La Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico no estará sujeta a las disposiciones de cualquier otra ley estatal que reglamente la localización de pizarras o vallas publicitarias, al establecer o erigir pizarras o vallas publicitarias electrónicas destinadas a la difusión de información sobre la desaparición de menores en caso de la activación de un Alerta Amber ("America's Missing: Broadcast Emergency Response"), o para la emisión de información de alerta o emergencia del Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 8 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] "Emergency Broadcast System", en caso de emergencias meteorológicas. No obstante, se prohíbe el uso de dichas pizarras o vallas publicitarias para cualquier tipo de propaganda o anuncios no relacionado a la emisión de información sobre un Alerta Amber o de alerta o emergencia del "Emergency Broadcast System", en caso de emergencias meteorológicas o con información relevante sobre las carreteras. Artículo 4-A. — Contratos de Construcción, operación, mantenimiento de facilidades de tránsito y transportación, puentes, carreteras, avenidas y autopistas con entidades privadas así como de financiamiento y de emisión de bonos. (9 L.P.R.A. § 2004a) (1) La Autoridad o el Departamento de Transportación y Obras Públicas podrán contratar con entidades privadas, y mediante el uso de fondos privados, el diseño final, la construcción, operación y mantenimiento de nuevas facilidades de tránsito y transportación, carreteras, puentes, avenidas, autopistas y las facilidades de tránsito anejas a las mismas, y de pizarras o vallas publicitarias electrónicas destinadas para la difusión de información sobre la desaparición de menores en caso de la activación de un Alerta Amber (“America’s Missing: Broadcast Emergency Response”), o para la emisión de información de alerta o emergencia del “Emergency Broadcast System”, en caso de emergencias meteorológicas, o información relevante sobre las condiciones de las carreteras, sujeto a las siguientes condiciones: (a) La facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida o autopista y sus facilidades de tránsito anejas, o la pizarra o valla publicitaria electrónica destinada para la difusión de información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia, serán de dominio público. (b) El diseño preliminar del proyecto podrá ser encomendado a cualquier persona natural o jurídica competente, legalmente autorizada, que escoja el Secretario de Transportación y Obras Públicas o la Autoridad, salvo que no podrá ser la misma entidad privada que se contrate para la construcción. La entidad privada contratada para la construcción estará a cargo del diseño final, el cual deberá ser realizado por una persona legalmente autorizada, así como de la operación y conservación de la facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida o autopista y las facilidades de tránsito anejas, o de la pizarra o valla publicitaria electrónica para la emisión de información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia o información relevante sobre las condiciones de las carreteras. (c) Las servidumbres necesarias para la operación de la facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida o autopista y sus facilidades de tránsito anejas; o para localizar la pizarra o valla publicitaria electrónica para información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia, o sobre información relevante sobre las condiciones de las carreteras serán del Estado Libre Asociado o de la Autoridad. (d) Los terrenos y otras propiedades o derechos necesarios para la construcción de la facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida o autopista y sus facilidades de tránsito, o para el establecimiento de la pizarra o valla publicitaria electrónica para información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 9 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] alerta o emergencia o con información relevante sobre las condiciones de las carreteras serán adquiridos por el Estado Libre Asociado, y financiados o no por la entidad privada con la que se contraten los trabajos de diseño final, construcción, operación y conservación de los mismos. La entidad privada contratada para tales propósitos podrá adquirir, sujeto a las normas establecidas para estos propósitos por la Autoridad, los terrenos, propiedades o derechos directamente de sus dueños, por compra, en cuyo caso los transferirá inmediatamente al Estado Libre Asociado. De ser necesaria la adquisición por expropiación forzosa, se podrá requerir a la entidad privada contratada que adelante al Estado Libre Asociado todas las cantidades necesarias para la adquisición de los terrenos, propiedades o derechos de que se trate. Tanto en los casos de compra voluntaria como en los casos de expropiación forzosa, los costos de adquisición incluirán los de realojo de las personas afectadas en conformidad con las leyes aplicables, y los demás gastos incidentales a la adquisición del derecho de que se trate. (e) El contrato, además del diseño final y la construcción, incluirá la operación y mantenimiento de la facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida o autopista y las facilidades de tránsito anejas a las mismas, o de la pizarra o valla publicitaria electrónica para información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia o con información relevante sobre las condiciones de las carreteras. (f) La entidad privada a la que se otorgue el contrato deberá prestar una fianza que garantice al Estado Libre Asociado de Puerto Rico el fiel cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, cuya cuantía será determinada por la Autoridad o el Secretario de Transportación y Obras Públicas, tomando como criterio la inversión prevista para el proyecto, o para la obra o etapa de que se trate. (g) El contrato contendrá una cláusula de indemnidad por la cual la entidad privada se comprometa a defender y a pagar por el Estado Libre Asociado y la Autoridad cualquier reclamación incoada al amparo de los Artículo 404 del Código Político de 1902, según enmendado, o de los artículos 1802, 1803, 1807, 1808 y 1809 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado. Esta obligación deberá estar afianzada o cubierta por una póliza de seguro de responsabilidad pública que incluirá al Estado Libre Asociado y la Autoridad como coasegurados. Las sumas o cuantías a ser garantizadas en dicha póliza serán fijadas por la Autoridad o el Secretario de Transportación y Obras Públicas y su decisión deberá estar respaldada por la evaluación de un profesional competente en el campo de los seguros en torno a los riesgos involucrados en las fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la facilidad de tránsito y transportación, de la vía pública o de la pizarra o valla publicitaria electrónica para información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia, o con información relevante sobre las condiciones de las carreteras objeto del contrato. (h) El contrato podrá ser cedido o gravado con el previo consentimiento escrito de la Junta de Adjudicaciones. La Junta no podrá denegar su consentimiento a menos que medie justa causa. La cesión sólo será autorizada si el cesionario es una entidad privada que Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 10 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] reúna los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley. Este requisito no se le requerirá al mero tenedor de un gravamen. (i) El contrato, en lo que atañe a la fase de operación, administración y mantenimiento del proyecto no tendrá un término mayor de cincuenta (50) años. (j) Una vez extinguido el término del contrato, la fase de operación, administración y mantenimiento del proyecto pasará a manos del Gobierno, sin costo alguno para éste. (k) Concluida la fase de construcción del proyecto, la entidad privada será responsable de conservar la facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida, autopista y las facilidades de tránsito anejas, o de la pizarra o valla publicitaria electrónica para información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia, o con información relevante sobre las condiciones de las carreteras, en condiciones adecuadas de utilización. (2) Las fases del contrato relacionadas con la construcción, operación, administración y mantenimiento de las vías públicas y sus facilidades anejas, serán consideradas a todos los fines legales una actividad elegible cubierta por el Suplemento P de la Ley Núm. 91 de 29 de Junio de 1954, según enmendada [Nota: Sustituido por el Subcapítulo D del Capítulo 11 del Subtítulo A de la Ley 1-2011, según enmendada, “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”] (3) La Autoridad podrá negociar y otorgar contratos de financiamiento, de emisión de bonos y otros contratos e instrumentos necesarios o convenientes para el ejercicio de los poderes y funciones conferidos a la Autoridad y al Secretario bajo los Artículos 4-A, 4-B y 4-C de esta ley (9 L.P.R.A. § 2004a a 2004c) con el propósito de facilitar el financiamiento de cualquier proyecto autorizado bajo los Artículos 4-A, 4-B y 4-C. (4) Los contratos a los que se refiere éste y el Artículo 4-B cuyo fin sea la construcción y reparación de puentes peatonales o por donde discurran vehículos y peatones, y que ubiquen sobre una vía pública y cuya etapa de diseño inicie a partir del 1 de junio de 2012, incluirá una verja de seguridad como parte esencial de la obra, siempre que las condiciones estructurales del puente permitan así contemplarlo en el diseño y que medie una certificación de un ingeniero estructural debidamente licenciado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. La misma cubrirá los puentes peatonales o cumplir con la altura establecida mediante reglamento adoptado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en aquellos puentes en que transiten vehículos y peatones. Artículo 4-B. — Peaje, cargo o Portazgo. (9 L.P.R.A. § 2004b) La entidad privada contratada para el diseño final, la construcción, operación y mantenimiento de la facilidad de tránsito y transportación, vía pública y/o sus facilidades de tránsito anejas tendrá la facultad de cobrar al público por el uso de las mismas el monto del peaje, cargo, o portazgo que establezca el contrato negociado por el Secretario o la Autoridad, o por cualquier agencia o departamento del Estado Libre Asociado, o cualquier subdivisión política del mismo a la que se le haya delegado, y ratificado por la Junta de Adjudicaciones establecida en esta Ley. Los ingresos derivados del peaje, cargo, o portazgo serán aplicados a los siguientes fines: Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 11 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] (a) Recuperación del capital invertido y de los gastos incurridos relativos al desarrollo, construcción y financiamiento de las obras de construcción de la facilidad de tránsito y transportación, la vía pública y/o sus facilidades de tránsito. (b) repago o amortización de cualquier deuda incurrida por la entidad privada en la construcción y operación del proyecto; (c) Pago de los costos relativos al cobro del peaje o portazgo y la operación, administración y mantenimiento de la facilidad de tránsito y transportación, la vía pública y/o sus facilidades de tránsito anejas. (d) reembolso al Gobierno de los costos por los servicios que se le asignen a éste en el contrato o que sean solicitados por la entidad privada; (e) una ganancia razonable para la entidad privada que será determinada a tenor con lo dispuesto específicamente en el contrato. Artículo 4-C. — Requisitos y Condiciones Aplicables a la Entidad Privada. (9 L.P.R.A. § 2004c) La entidad privada que aspire a ser contratada para la construcción, operación y mantenimiento de la facilidad de tránsito y transportación, la vía pública y/o sus facilidades de tránsito y transportación anejas deberá cumplir con los siguientes requisitos y condiciones: (a) Ser una corporación, compañía de responsabilidad limitada, o sociedad autorizada para realizar negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (b) Disponer de un capital corporativo o social que en modo alguno podrá ser inferior al cinco (5) por ciento de la inversión total prevista para la construcción de la facilidad de tránsito y transportación, la vía pública y/o sus facilidades de tránsito y transportación anejas. (c) demostrar la viabilidad económica y financiera del proyecto; (d) demostrar capacidad gerencial, organizacional y técnica para desarrollar y administrar el proyecto. Artículo 4-D. — Representante del Interés Público. (9 L.P.R.A. § 2004d) El Secretario de Transportación y Obras Públicas, o el funcionario que él designe, será el representante del interés público. En tal capacidad tendrá las siguientes facultades y deberes: (a) Velará que la entidad privada contratada cumpla con sus obligaciones contractuales. (b) Velará por el fiel cumplimiento del plan financiero contemplado en el contrato. (c) Podrá inspeccionar, cuantas veces lo estime conveniente, y sea razonable, las obras de construcción y las instalaciones y servicios relacionados con el proyecto. (d) Podrá recabar de la corporación o sociedad contratada los datos e informes que considere necesarios y sea razonable exigirlos, en relación con el desarrollo del proyecto y tendrá facultad, además, para examinar sus libros y cuentas relacionados con el mismo. (e) Rendirá al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa un informe anual en relación con el desarrollo del proyecto. Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 12 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] Artículo 4-E. — Operación y Administración por Entidades Privadas de Vías Públicas Existentes. (9 L.P.R.A. § 2004e) Cuando la Autoridad de Carreteras y/o el Secretario de Transportación y Obras Públicas determinen que el interés público requiere que una carretera, o un tramo de la misma, puente, avenida o autopista existente, con sus facilidades de tránsito anejas, sea convertido en una carretera de peaje, operada y mantenida por una entidad privada, deberán proponer el proyecto a la Asamblea Legislativa, el cual estará sujeto a la aprobación por ésta mediante resolución conjunta. Una vez aprobado el proyecto por la Asamblea Legislativa, el mismo estará sujeto a las disposiciones de esta Ley. En los casos en que se convierta una carretera existente a una carretera de peaje, deberá existir una vía alterna a la ciudadanía que no esté sujeta al pago de peaje. Artículo 4-F. — Junta de Adjudicaciones. Se crea una Junta de Adjudicaciones de contratos de diseño final, construcción, operación y mantenimiento de carreteras compuesta por el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico quien será su presidente, el Secretario de Asuntos del Consumidor y el Secretario de Hacienda. Esta Junta tendrá las siguientes funciones: (a) Recibir las recomendaciones del Secretario de Transportación y Obras Públicas, o de a quien éste le delegue, y realizar las adjudicaciones de las subastas negociadas a las que se refiere el Artículo 4-G de esta Ley. (b) Ratificar los contratos a que se refieren los Artículos 4-A y 4-B de esta Ley, una vez estos hayan sido negociados por el Secretario, la Autoridad y/o aquellos en quien éstos hayan delegado, los cuales deberán contener el término del contrato, la estructura de los derechos de peaje, cargos o portazgo a ser pagados por los usuarios así como la fórmula para ajuste durante la vida de cada contrato. (c) Velar por el cumplimiento adecuado con los reglamentos y procedimientos establecidos para la negociación y adjudicación de contratos y subastas. (d) Aprobar el reglamento a que se refiere el inciso (b) del Artículo 4-G de esta Ley. (e) Someter al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe sobre las subastas y contratos que adjudique y ratifique y una certificación haciendo constar que se cumplió con todos los procedimientos y requisitos dispuestos por ley y reglamentos para dicha adjudicación y contratación. Artículo 4-G. — Subasta Negociada. (9 L.P.R.A. § 2004g) Los contratos a que se refieren los Artículos 4-A y 4-E de esta ley, se adjudicarán por medio de subasta negociada. El Secretario de Transportación y Obras Públicas, el Director Ejecutivo de la Autoridad o cualquier agencia o departamento del Estado Libre Asociado, o cualquier subdivisión política del Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 13 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] mismo a la que éstos le hayan delegado, será responsable de negociar los términos y condiciones de los contratos a que se refieren los artículos 4-A y 4-E de esta Ley, sujeto a las siguientes normas: (a) El Secretario de Transportación y Obras Públicas y el Director Ejecutivo establecerán administrativamente los procedimientos y guías que habrán de regir los procesos de las subastas negociadas, a los fines de obtener el mayor número de licitadores, promover la competencia entre éstos y mantener la confidencialidad del proceso de negociación anterior a la adjudicación. (b) El reglamento para la subasta negociada deberá incluir los criterios de cualificación de los licitadores y de adjudicación de los contratos, entre los que se incluirán los siguientes: (i) El costo total estimado del proyecto propuesto. (ii) Un estimado de la tarifa de peaje que se propone solicitar. (iii) La capacidad profesional y experiencia del licitador para desarrollar, construir, operar y mantener carreteras y facilidades de tránsito anejas. (iv) La calidad y adaptabilidad de la tecnología, materiales de construcción propuestos, así como los servicios a ser ofrecidos por el licitador; disponiéndose que a partir del 1 de julio de 2011, en la construcción de nuevas carreteras se habrá de incorporar al material de base o sub-base, materiales áridos reciclados, u otros materiales similares cuya calidad, estándares y/o especificaciones cumplan con las establecidas por la “Enviromental Protection Agency (EPA)” y la “Federal Highway Administration (FHA)”; y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas por cualesquiera de las anteriores, adopten providencias reglamentarias para el cumplimiento con esta Ley. (v) La capacidad económica del licitador, sus afianzadores y aseguradores para responder por las obligaciones contraídas por razón del contrato que se adjudique. (vi) Los planes de financiamiento del proyecto que proponga el licitador. (vii) La calidad de la propuesta sometida por el licitador en cuanto a los aspectos de diseño, ingeniería, tiempo estimado de construcción, inversión de capital requerida, plan de financiación, tiempo de recuperación del capital, tasa interna de rendimiento utilizada por el licitador, el flujo de ingresos netos proyectados y los derechos de peaje o portazgo estimados para recuperar el capital y cubrir los costos del proyecto durante la vida del contrato. (viii) El que todo licitador que interese la adjudicación de un contrato que incluya la construcción o reparación de un puente peatonal o por donde discurran vehículos y que ubique sobre una vía pública cuya etapa de diseño inicie a partir del 1 de junio de 2012, quede notificado de que tiene que incluir la instalación de una verja de seguridad como parte esencial de la obra, la construcción de una obra nueva, o la reparación o construcción en obra existente. La misma cubrirá el puente, los puentes peatonales o cumplirá con la altura establecida mediante reglamento adoptado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para aquellos puentes en que transiten vehículos y peatones. Rev. 21 de abril de 2026 www.ogp.pr.gov Página 14 de 31 “Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico” [Ley 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada] (c) El reglamento para la subasta negociada deberá incluir en su procedimiento, entre otros, los siguientes procesos: (1) Publicar en un periódico de circulación general un aviso solicitando cartas de cualificación. (2) Comunicar a los interesados la información que han de someter con sus cartas de cualificación e información general sobre los proyectos a realizarse. (3) Evaluar las cartas de cualificación y escoger los solicitantes con las puntuaciones más altas para solicitarles propuestas. (4) Solicitar propuestas de cómo realizar el proyecto a los solicitantes. (5) Evaluar las propuestas y remitirlas a la Junta de Adjudicaciones. (6) Adjudicar, por parte de la Junta de Adjudicaciones, la propuesta que mejor cumpla con los requerimientos del proyecto y establecer el orden de preferencia de las próximas propuestas. (7) Establecer los términos para iniciar, por parte del Secretario de Transportación y Obras Públicas y/o el Director Ejecutivo de la Autoridad, las negociaciones con la persona que haya obtenido la puntuación más alta en la adjudicación de la Junta de Adjudicaciones, así como los procedimientos para continuar las negociaciones con las otras personas solicitantes en estricto orden de adjudicación, en caso de que no se logre convenir un contrato con la persona a la que se le adjudicó el primero. El proceso se continuará hasta que se pueda convenir un contrato o el Secretario determine que no es posible conseguirlo bajo las circunstancias imperantes, en cuyo caso se podrá descartar el proyecto, iniciarse un nuevo proceso de subasta negociada, o realizarse el proyecto por el Estado Libre Asociado o la Autoridad directamente. La Junta adjudicará la subasta al licitador que mejor cumpla con los criterios establecidos en esta Artículo y en el reglamento aprobado a su amparo.