Ley 67-1993 sec. 7 — Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción / Ley de la Administración de Servicios de / Sec. 7
Sección 7. Secretario
Status: in_force

Dentro del marco de esta Ley, el Secretario tendrá las siguientes funciones y poderes: (a) Nombrar y supervisar al Administrador, así como fijarle sueldo. (b) Asesorar al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa en la formulación e implantación de la política pública relacionada con la salud mental y la adicción. (c) Coordinar con el Administrador la asignación del personal del Departamento a la Administración y de la Administración al Departamento, a base de criterios que propicien el uso más eficiente de los recursos humanos, sin que se afecten las funciones asignadas Revisado 02 de enero de 2025 www.ogp.pr.gov Página 5 de 17 “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción” [Ley 67-1993, según enmendada] por ley a la Administración o al Departamento. La asignación de empleados estará vigente mientras el Secretario y el Administrador entiendan que lo requiere la necesidad del servicio. Los empleados así asignados conservarán sus derechos y escalas salariales. Se dispone que ninguna asignación de empleados del Departamento a la Administración o de la Administración al Departamento, podrá afectar negativamente o reducir las escalas salariales, derechos y beneficios de los empleados así asignados. (d) Autorizar a distribuir, dispensar, fabricar y prescribir sustancias controladas de uso médico; fiscalizar la fabricación, distribución dispensación y entrega de cualquier sustancia controlada incluida en las clasificaciones de la II a la V; confiscar sustancias controladas de uso médico y propiedad relacionada con la posesión no autorizada de sustancias controladas de uso médico. (e) Investigar toda violación de naturaleza criminal o administrativa a la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico” (24 L.P.R.A. § 2101 et seq.), cuando dichas violaciones estén relacionadas con la fabricación, distribución, dispensación y entrega de cualquier sustancia controlada incluida en las clasificaciones II, III, IV y V de dicha Ley y aquellas relacionadas con las sustancias controladas en la clasificación I, cuando en relación con la misma se haya expedido un certificado de registro para llevar a cabo investigaciones con dichas sustancias. (f) Delegar a los inspectores de sustancias controladas las facultades correspondientes a un agente del orden público, las cuales incluyan, entre otras: la facultad de tener, poseer, portar, transportar y conducir armas de fuego bajo las disposiciones de la Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico” [Nota: Derogada por la Ley 404-2000; derogada y sustituida por la Ley 168-2019, “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”] la facultad para efectuar arrestos, para cumplir y diligenciar órdenes de allanamiento y citaciones, la facultad para incautarse de propiedad de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 512 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, y la facultad para tomar juramentos y declaraciones juradas, así como facultades relacionadas con los trámites del registro de fabricantes, distribuidores y dispensadores; y cualesquiera otras que estime necesarias o convenientes. (g) Luego de ser notificado por el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico de toda resolución u orden imponiendo sanciones a un médico, el Secretario tomará las medidas necesarias con relación a los registros de personas debidamente autorizadas para prescribir sustancias controladas.